La Situación de Inseguridad

en Venezuela

AUTORES

Arístides Higuera - Manuel Pérez Nixon Castillos - Raúl Graham

Rosmary Vargas - Víctor Hurtado

2011

Introducción El primer trimestre del año resultó ser un período de cambios abruptos, coyunturas, crisis y mucha incertidumbre para todos los venezolanos, y para el mundo en general. El 2010 se inició con una grave crisis hidroeléctrica que, acompañada con la severa sequía que padeció el país entero, empujó al Ejecutivo Nacional a tomar decisiones tales como la creación de nuevos Ministerios, destitución de Ministros y la imposición de sanciones que conllevarían a unos meses de sacrificios importantes de parte de toda la población, especialmente del sector productivo. Esa profunda sequía también trajo como consecuencia la ocurrencia lamentable de numerosos incendios forestales a lo largo del país, que pusieron en riesgo la salud de muchos venezolanos y que ahora nos dejan como dura labor la reforestación de miles de hectáreas que albergaban la más diversa flora y fauna autóctonas. En el ámbito económico se devaluó la moneda y se establecieron dos tipos de cambio, lo cual elevó el costo de las importaciones y de buena parte de los productos y servicios de mayor consumo en el país, devaluó el salario mínimo y, por ende, impactó significativamente en la capacidad de consumo del venezolano y su calidad de vida. A nivel político el mes de enero quedó marcado por 9 días de protestas en la capital e interior del país, que dejaron como saldo 85 personas detenidas, 30 estudiantes pasados a tribunales, 100 heridos y 2 fallecidos. También en este contexto las elecciones de Diputados para la Asamblea Nacional han capturado la atención de buena parte de los venezolanos, que ven este año electoral como uno clave para el devenir político de la nación. Asimismo, la aprobación de la Ley de Consejo Federal levantó la suspicacia de muchos, quienes consideran el instrumento una amenaza para la figura de alcaldías y gobernaciones que, viéndose en el ejemplo de la Alcaldía Metropolitana, temen ser desplazadas de sus funciones por estas instancias. Del mismo modo, durante el primer trimestre del año, los venezolanos nuevamente fueron testigos de expropiaciones e invasiones arbitrarias de terrenos y edificaciones que marcaban hitos en las zonas donde estaban ubicados, como los edificios que rodean la Plaza Bolívar de Caracas, el conocido edificio La Francia y la Hacienda “La Guachafita”, propiedad de la Familia Quintero en Caruao. En materia de Seguridad Ciudadana, durante este trimestre se recrudeció la violencia los fines de semana, llegándose a registrar cifras sumamente altas de homicidio; las evidencias de la presencia de redes criminales involucradas en delitos complejos se materializaron cada vez más en los índices

de robos (genéricos, de automóviles, etc.) y hurto, sobre todo de cargamentos de compuestos químicos y medicinas en los puertos nacionales. Como respuesta a estos fenómenos delictivos el 1ro. de marzo se implementó el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, que contó con una inversión significativa de recursos humanos y económicos para atender al problema de la delincuencia en el país, principalmente desde una perspectiva de contención y control. En lo que respecta a contingencias especiales, este trimestre, como todos los años, implicó la realización de operativos especiales durante dos de los asuetos más importantes del país en términos de movilización y duración, carnaval y semana santa, donde se pusieron a prueba las capacidades reales de planificación, coordinación y ejecución de los principales organismos de seguridad ciudadana del país. A nivel internacional resultaron importantes los terremotos de Haití y Chile que, con la intensidad mostrada y lo trágicas que resultaron sus consecuencias, pusieron una vez más al venezolano a confrontar sus propias amenazas y vulnerabilidades geológicas, forzando a las autoridades y a la opinión pública a abordar con seriedad las medidas de prevención para este tipo de eventos adversos. Todos estos hechos han tenido un impacto significativo sobre el cuerpo social, especialmente en lo relativo a la seguridad y convivencia en el país. En los apartados siguientes se revisará cómo ha sido esa influencia, y se exponen una serie de consideraciones especiales que deben revisarse para poder comprender y hacer frente eficientemente a los problemas de seguridad ciudadana que afectan a la nación actualmente.

La Violencia como Cotidianidad En este inicio del 2010 se ha evidenciado una vez más que en Venezuela la muerte y la violencia se convirtieron en lugares comunes entre sus habitantes. Día a día los y las venezolanas se aventuran sobre la hostilidad de la calle y su gente para buscar sustento, compañía, entretenimiento o asistencia; en la travesía algunos sobreviven y otros miles no. La violencia homicida, de género e intrafamiliar le arrebataron al país durante tres meses más de 4.000 futuros, y afectaron indirectamente la vida de más de un millón de personas. A continuación revisaremos estos indicadores de violencia. Violencia Homicida El homicidio como máxima manifestación del absoluto desprecio por el valor de la vida del otro, durante todo el año 2009, reportó en el país 13.985 casos (49 homicidios por cada 100.000 habitantes), una cantidad inferior a la del año anterior de 14.584 (52 homicidios por cada 100.000 habitantes) y, sin embargo, cifra aún alarmante, que de hecho nos ubica en los primeros puestos del ranking en la región, muy por encima de Colombia con una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, o de Uruguay con ocho (8).

n c i s c o 6 M u n i c i p i o s – C r i s t ób a l R o j as - S u c r e – B ar ut a

A n z o 4 M u n i c i – S i m ón B ol - A n a c o

n 4 5 e s F u e D i a r 2 0 1

r a g u a 4 1 2 M u n i c i p i o s B o l í a r d ot – Z a m o r a – S an t i ag o M a r i ñ o 2 M u n i c r e – M a r i o B r i c e ñ o I .

E S T A D O S M Á S V I O L E N T O S 20 1 0

Z u li a 5 6 6 3 M u n i c i p i o s

L a r a 36 0 2 M un i c i p i o s - I r ii i b a rr en – P a ll l a v e c ii in o

C a r a b o b o 41 1 5 M u n i c i p i o s - V a ll l en c ii i a – L ii i b e r t a d o r – P ue r t o C a b e ll l ll l o - Lo s G u a y o s - G u ac a r a

D i st r i t o C a p i t a l 1 3 3 5 1 M u n i c i p i o s – L ii i b e r t a d o r

M i ra n d a 58 0

- M a ra c a ii i bo – C a b ii i m a s – S a n F r a n c i s c o

6 M u n i c i p i o s – C r i s t ób a l R o j as – I n d ep e nd e n c ii i a – T o m á s L an de r

- S u c r e – B ar ut a – U rd ane t a

A n z o á t eg u i 42 2 4 M u n i c i p i o s

– S i m ón B ol í v a r – J u a n A . S o t i i l l l l o – S i i m o n R o dr í g ue z

- A n a c o

T á c h i r a 2 0 2 5 M u n i c i p i o s - S an C r ii i s t ó b a ll l – C ár den a s – J un í n - B o ll l í v a r – G a r c í a de H e v ii i a

B a r i n a s 5 6 3 M u n i c i p i o s - B ar ii i na s – E z e q u ii i e ll l Z a m o r a - A nt o n ii i o J o s é d e S u c r e

4 5 2 7 H o m i c i d i o s a e s c a l a na c i o n a l . F u e n t e s : E x t r a o f i c i a l e s , pu b l i c a d a s e n

D i a r i o Ú l t i m a s N o t i c i a s , 0 1 d e M a r z o d e 2 01 0

Ar ag ua 4 12 5 M unic ipios - G iira rd ot – Z a m ora – S an tiag o M a riñ o

- S uc re – Ma rio Bri ce ñ o I . B o líva r 18 3 2 M unic ipios

Posterior al 1ro. de marzo, fecha de implantación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DiBiSe), no se cuenta con cifras para el país completo, sin embargo, para la región capital, en los primeros 15 días ya se contaban al menos 200 homicidios, concentrados principalmente en los fines de semana; en los estados de Anzoátegui, Carabobo, Zulia y Miranda, la reducción de casos era muy baja y no queda claro si se debió, en efecto, a la acción eficiente del dispositivo. Esto último pareciera corresponderse con la tendencia que se observó durante el año 2009 y la reducción tan baja de casos de homicidios, que llevó al Ministro El Aissami a afirmar que, en materia de seguridad, no se habían conseguido logros importantes, pues la reducción había sido tan sólo de 4,2% (Declaraciones publicadas en el diario 2001, lunes 25 de enero 2010.

Venezuela. Homicidios por Cantidad de Disparos

63%

21%

7%

5%

4%

1 disparo

2 disparos

3 disparos

4 disparos

5 o más disparos

Se observa entonces como el irrespeto por el valor de la vida está acompañado por un nivel

de hostilidad muy alto, catalizado a su vez por una elevada disponibilidad de armas de fuego en

manos de la población civil y la inexistencia de un sistema eficiente de registro y control de ese

armamento, que se ha ido diversificando en calibre y peligrosidad.

ÁÁrrbbooll ddee PPrroobblleemmaass

Indiiccadoorreess

13.985 homicidios durante el año 2009 en

Venezuela, es decir 49 por cada 100.000

habitantes (CICPC)

Venezuela se encuentre entre los primeros

puestos del ranking de países con mayor

número de homicidios de la región. (Últimas

Noticias)

El 78% de los delitos se concentran en diez

estados del País. (MPPRIJ)

4.527 homicidios en el país en tan sólo dos

meses (CICPC)

Los estados con más homicidios del país son

Distrito Capital, Miranda, Zulia, Anzoátegui,

Aragua. (Cifras extraoficiales publicadas en

Últimas Noticias)

En el 63% de los casos de homicidios se

efectuaron 5 o más disparos. (Cálculo

INCOSEC. Estudio hemerográfico)

FFaactoorress aasocciiaadoss

Nivel general de

violencia

PPrrobblleemaass

Nivel ggeeneerral dde

vioolleencciiaa

Violencia Intrafamiliar y de Género

En lo que respecta a violencia intrafamiliar y de género la situación no deja de

ser alarmante. Hasta agosto de 2009, según las cifras manejadas por INCOSEC, cada 2 días

por lo menos una mujer era asesinada por razones de género y su homicida podía ser cualquier

persona. Durante este primer trimestre del 2010, cada 2 días, murió al menos una mujer a

manos de su pareja. En total, contando los homicidios de hombres y mujeres a manos de sus

parejas, actuales o previas, en el país 36 personas perdieron la vida, de ellas, 23 eran mujeres

(enero y febrero).

Este incremento en el riesgo de ser agredidas es lo que probablemente ha aumentado

las denuncias en instituciones regionales de mujeres, como el caso de Monagas, donde se

recibieron en promedio 25 casos diarios de violencia, o Miranda que sólo entre enero y

febrero ya habían registrado 2.100 denuncias.

Asimismo, ese nivel de violencia evidente en las relaciones de pareja de nuestro país,

se pudo observar también en las dinámicas intrafamiliares de por lo menos 10 estados,

donde 22 personas perdieron la vida a manos de un familiar. Sobre estas muertes cabe acotar

que, en su mayoría, están vinculadas a historias de agresión física y psicológica previa, que

podía tener como agresor al que luego pasó a ser víctima de homicidio o, en el caso de dos niñas

menores de 5 años, seres humanos que finalmente mueren luego de golpizas y torturas

parentales.

Esta acelerada descapitalización que está padeciendo la sociedad venezolana, se ve aún

más acentuada cuando observamos con detenimiento las cifras de homicidio de la

población infantojuvenil, de su participación en actividades delictivas y del incremento

alarmante de casos de violencia extrema en los contextos escolares. Así, durante este

trimestre, sólo en Caracas, fueron asesinados 12 niños y adolescentes, y el Ministro del

Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, aseveró que en 90% de los delitos

cometidos en el país existe un adolescente involucrado, bien sea como víctima y/o victimario

(Declaraciones publicadas en el diario El Siglo,

11 marzo de 2010).

Si bien se han anunciado durante estos primeros meses del 2010 las iniciativas de

varias entidades federales de crear sus Casas de Abrigo regionales, la apertura de más

Institutos y Casas de la Mujer y el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a

prevenir y controlar la violencia escolar, el cumplimiento de tales promesas aún está por

verse y se espera que los responsables de estos importantes proyectos comprendan los

requerimientos y funciones con las cuales deben cumplir estas instancias, y aseguren con ello

que estás serán realmente soluciones en materia de protección y prevención tanto de la

violencia de género como de la intrafamiliar y contra menores.

ÁÁrrbbooll ddee PPrroobblleemmaass

Indiiccadoorreess

Cada 2 días murió al menos 1 mu jer a

manos de su pareja (INCOSEC. Estudio

h emerográfico)

En total, contando lo s homicidios de h ombres y mujeres a manos de sus parejas,

a ctuales o pre vias, en el país 36 personas

p erdieron la vida. (INCOSEC. Estudio

h emerográfico)

FFaactoorress aasocciiaadoss

Violencia de

pareja

PPrrobblleemaass

En el Instituto Estatal de la Mujer de

Monagas se recibieron en p romedio 25

casos diarios de violencia co ntra la mujer.

Violencia c ontra la

mujer

En Mujeres Miranda, e ntre enero y fe brero

se recibieron 2.100 denuncias de violencia

d e géne ro.

VViioolleenncciiaa iinnttrraaffaammiilliiaarr

yy ddee ggéénneerroo

2 2 personas fueron asesina das por u n

familiar en 10 estados del país (INCOSEC.

Estudio h emerográfico)

Violencia

intrafamiliar

Al menos 12 niños, niñas y adolescentes

asesinados sólo en Caracas (INCOSEC.

Estudio he mero gráfico)

El 90% de hech os delictivos en el p aís

involucra adolescentes (MPPRIJ)

Violencia contra

menores

Déficit de Capital Social y

Factores de Riesgo

Déficit de Capital Social

Las relaciones interpersonales resultan de trascendental importancia para el desarrollo

de una sociedad, y las redes sociales que en ella se construyen son un activo de gran valor

que se debe estimular y fomentar más allá de la cotidianidad y las rutinas propias de los grupos

sociales.

En la medida en que esas relaciones entre individuos se construyen y orientan hacia

un objetivo común, estando inmersas en un ambiente de confianza y cooperación, se

fortalece el sentido de pertenencia e identidad con un colectivo y se hace más probable la

aparición de tolerancia y respeto entre las personas de una comunidad.

Tomando en consideración lo expresado hasta el momento, existe déficit de capital

social cuando en la comunidad y la sociedad en su conjunto, antes que la confianza y

cooperación entre los ciudadanos, predominan la falta de asociatividad para crear normas y

resolver los problemas, el constante incumplimiento y violación de normas de convivencia,

además de la valoración negativa hacia instituciones como el sistema de administración de

justicia (policía, tribunales, sistema penitenciario, fiscalía y prefectura), llegando a

traducirse en un estado de anomia generalizada y propiciando con ello el incremento de los

problemas sociales.

Contextos Sociourbanos Inseguros

En este inicio del 2010, aunado al recrudecimiento de la violencia y a la

desarticulación social en el país, los ciudadanos continúan abandonando espacios

públicos de encuentro, sobrepoblando espacios semiprivados de consumo y limitando cada vez

más sus derechos, siendo testigos y partícipes de un desmejoramiento acelerado de su calidad

de vida.

A lo antes dicho deben señalarse los factores determinantes del problema y todo lo

que contribuye, además, a incrementar la percepción ciudadana de inseguridad, entre

ellos: mala iluminación, acentuada hoy día por la crisis energética del país; ineficiente

recolección de basura, agravada en estos últimos meses por los problemas con las compañías

recolectoras de desechos; incremento en la presencia y acción de grupos invasores, mal estado

de las vías de comunicación, mala condición y mantenimiento de los espacios públicos y su

mobiliario.

Al analizar problemas concretos anteriormente señalados como, por ejemplo, el de

la basura; apreciamos como la recolección de desechos sólidos origina la acumulación de

gases y líquidos tóxicos, y una imagen de descuido que también afecta en la decisión y

posibilidades del ciudadano a la hora de disfrutar del espacio público.

Presencia de Delincuencia Organizada

Otro de los riesgos evidenciados en seguridad durante este primer trimestre fue

la presencia de delincuencia organizada dentro del país, responsable de crímenes

como el narcotráfico, el robo de vehículos, equipos de telefonía móvil, secuestros y hurtos en

puertos del país, entre otros.

De hecho, con relación al robo y hurto de vehículos, sólo en la capital, en los primeros

53 días del 2010, ya se habían iniciado 583 expedientes por robo, y 614 por hurto, es

decir, un promedio de desapariciones de 23 vehículos diarios. El problema se agrava cuando,

al comparar las cifras y detalles de otros delitos como el de homicidio en la ciudad, nos damos

cuenta que el

30% de ellos tenían como móvil principal el robo de vehículos.

Asimismo, el robo y hurto de equipos inteligentes de telefonía celular ha cobrado auge

en el país, llegando a tener consecuencias similares a las del delito descrito anteriormente.

Es así como, de los 5 millones de equipos de última generación existentes en el país

actualmente, 23.400 fueron robados sólo en el mes de enero, y el homicidio por resistencia al

robo de un BlackBerry ha cobrado la vida de por lo menos 5 jóvenes en el país.

Debilidad Institucional e Insuficiencia

Policial

Uno de los factores que ha sido decisivo en el incremento de la delincuencia en el país

ha sido la debilidad institucional del sistema de justicia penal venezolano y, especialmente,

de la institución policial; que hasta el año 2008 permanecía desregulada y que, como se

evidenció en la CONAREPOL del 2005, estaba plagada de deficiencias, derivando en un

incremento en los niveles de impunidad, frustración de los funcionarios, corrupción y

desconfianza.

En Venezuela, entre los años 2007 y 2008, según cifras del Ministerio Público, hubo

un incremento de 32% en los casos de homicidios en presuntos enfrentamientos policiales, si

bien no se ha hecho pública aún la Memoria y Cuenta del Ministerio Público del año 2009, según

las cifras del CICPC y el registro hemerográfico de esta institución, esa tendencia

incremental pareciera haberse continuado el año pasado. Durante este primer trimestre, al

menos 129 casos aparecieron reflejados en prensa nacional.

Transcurrido el mes de enero de 2010 tres casos de ejecuciones extrajudiciales por

parte de la Policía Científica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas fueron registrados; actualmente estos se encuentran sin la apertura de

procedimiento judicial alguno por parte de las autoridades y gozan de una solidaridad de los

cuerpos de seguridad que, ante casos de violación de derechos humanos, ofrecen protección a

los funcionarios implicados. Ante estos señalamientos, la directiva del CICPC expresó que

estos casos responden a muertes por enfrentamientos entre funcionarios policiales y

bandas criminales (Dávila, L., en el diario El Universal, 24 de enero de 2010, cuerpo 4, pág.

10).

Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero

y marzo de 1989 (COFAVIC), señala como preocupación importante que, en materia de

ejecuciones extrajudiciales, el CICPC es quien posee exclusividad en la investigación y plantea

esta situación como agravante, puesto que son quienes investigan los que llevan esos

casos donde los funcionarios implicados pertenecen a la Policía Científica. Ortega sugiere

que los casos de ejecuciones extrajudiciales deberían ser procesados por el Ministerio

Público porque, de esta manera, no puede hablarse de imparcialidad en el proceso de la

investigación (COFAVIC, 2010 cp. El Universal, 2010).

Por otra parte, dentro del sistema de administración de justicia venezolano también se

ha observado la presencia de ciertas irregularidades, señaladas tanto por autoridades del

Gobierno Nacional como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su

informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela 2010.

En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, la Ministra María

León, titular de la cartera de Asuntos para la Mujer, señaló las deficiencias de la

legislación penal venezolana y afirmó que “el código penal venezolano es una

vergüenza”, planteando la obligatoriedad de trabajar y reformar al mismo para atender

eficientemente a las víctimas de los delitos y procesar de forma efectiva a los implicados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la falta

de autonomía del Poder Judicial es uno de los principales problemas del sistema de penal

venezolano, como consecuencia de una justicia que es impartida a través de decretos

presidenciales; situación que fue igualmente señalada en el Informe titulado “Políticas Públicas

de Convivencia y Seguridad Ciudadana para el Distrito Metropolitano de Caracas” elaborado por

este instituto.

De la misma manera, se ha indicado que el gobierno nacional utiliza la justicia como

una herramienta política y no para la protección del ciudadano de la delincuencia; esto último

se ha asociado con una ausencia de voluntad política que no es favorable para la tarea que

tiene como objetivo principal solventar los problemas de seguridad (OVV, 2010).

Esta ausencia de autonomía se hace notoria en las declaraciones de la Presidenta

del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa E. Morales, quien en el marco del inicio del año judicial

2010 exigió la creación de nuevos valores para los jueces socialistas y plantea como condición

necesaria que el personal que conformará al Tribunal Supremo de Justicia debe ser

egresado de la Universidad Bolivariana de Venezuela, institución de educación superior

cuyos ideales coinciden con los de la Revolución Bolivariana promovida por el Jefe del

Ejecutivo Nacional desde el año

1999.

En cuanto a la estructura judicial la CIDH denuncia que el 52% del total de jueces

del sistema penal venezolano son provisorios y, por tanto, no gozan de estabilidad en sus

cargos, pueden ser fácilmente removidos sin la apertura de procesos judiciales formales, ser

encarcelables y como consecuencia directa, no brindan seguridad jurídica al Sistema de

Justicia Penal Venezolano (CIDH, 2010).

Según el Director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado,

otros factores han afectado el desempeño institucional del sistema de administración de

justicia. La crisis eléctrica nacional ha tenido influencia puesto que el nuevo horario de los

funcionarios públicos, que reduce la jornada laboral a cuatro horas, ha aumentado en un

70% el retardo procesal de la población reclusa, que en un 80% no ha sido sentenciada ni

procesada. De la misma manera indica que los procesos de juramentación y designación de

jueces han comenzado a ser establecidos bajo otros criterios, que no reconocen como

principio primordial la calidad y profesionalidad de los aspirantes a tan importante cargo del

sistema de administración de justicia venezolano. (OVP, 2010)

Conclusión

El enfoque del problema continúa siendo incompleto, desarticulado y sin atender a

un verdadero concepto estratégico que ataque las causas esenciales originadoras.

La criminalidad e impunidad se encuentran creciendo diariamente con un ritmo

acelerado, mientras que los juzgados, procesos judiciales y sentencias no se comportan de la

misma manera, dejando clara esa insuficiencia institucional que se ha vuelto característica del

Sistema de Justicia Penal Venezolano.

En los próximos meses el cuerpo social seguirá enfermo y la inseguridad continuará

siendo el problema que más afecta y preocupa a los venezolanos.

Anexos

Comparativo de Homicidios en la Ciudad de Caracas

1800

1600

1400

1200

1000

1535

800

654

844

600

400

200

0

Primer trimestre de 2008 Primer trimestre d e 2009 Enero - Feb rero - 15 Mar 2010

Comparativo de Homicidios en Venezuela

5000

4500

4000

3500

3562

4659

* En los dos primeros

meses del año el numero de homicidios registrados alcanzó el

97% de la cifra del primer trimestre de

2009

4527