Programa electoral de UPyD a la Comunidad de Madrid de 2011

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LA ALTERNATIVA NECESARIALA ALTERNATIVA NECESARIA

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Programa AutonómicoComunidad de Madrid

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PRESENTACION PROGRAMA AUTONOMICO 2011

Respetado conciudadano, Tengo el placer de presentarle el programa de nuestro partido, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para las próximas elecciones del 22 de mayo en la Comunidad Autónoma de Madrid. El mismo ha sido elaborado en un proceso democrático entre nuestros afilados, simpatizantes y voluntarios y en diálogo con los sectores ciudadanos. Queremos que con este Programa entren los ciudadanos en las instituciones de la Comunidad de Madrid y, con ellos, conceptos hoy olvidados como la transparencia, el control y la rendición de cuentas, la ética y la austeridad. En resumen, queremos hacer realidad la responsabilidad del político ante el ciudadano, algo que hoy ha sido también olvidado. Queremos una Comunidad de Madrid más democrática, con limitación de mandatos, sin mayorías absolutas, sin el control de Telemadrid, sin populismos que cuestan mucho dinero al contribuyente, sin corrupción. Queremos una Comunidad de Madrid que sea capaz de implantar políticas que, de verdad, favorezcan la creación de puestos de trabajo y de nuevas empresas. Todo el esfuerzo y una parte importante del presupuesto autonómico deben dedicarse a este objetivo prioritario. Queremos una Comunidad de Madrid más justa, con mayor equidad en la distribución de la renta. Nuestra Comunidad es una de las más injustas de España. Los insuficientes recursos públicos dedicados a sectores como la enseñanza, la sanidad y la dependencia son, entre otros factores, causa de ello. Le llamamos a votar y a hacerlo de una manera meditada y beneficiosa no para tal o cual partido sino para Vd. Eso es, para UPyD, el verdadero voto útil. Entendemos que ese voto útil es para nuestro partido, el único que es una alternativa, algo nuevo, y no una alternancia, es decir más de lo mismo. Reciba un cordial saludo,

Luis Velasco Rami Candidato UPyD

a la Asamblea de Madrid

PROGRAMA AUTONÓMICO DE MADRID 2011 – UPyD

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ÍNDICE CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 3

LA COMUNIDAD DE MADRID 4

LA POLÍTICA MADRILEÑA 5

UN MENSAJE NACIONAL 7

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 10

CAPÍTULO II. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LOS MADRILEÑOS 14

EDUCACIÓN 14

SANIDAD 19

SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 23

CAPÍTULO III. ECONOMIA Y EMPLEO 28

ECONOMIA Y FACTORES DE CRECIMIENTO 28

SECTORES ECONÓMICOS E INNOVACIÓN 29

TEJIDO EMPRESARIAL 31

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL 32

PRESUPUESTOS E INVERSIONES PÚBLICAS 34

RACIONALIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL GASTO PÚBLICO 35

EMPLEO 37

CAPÍTULO IV. EL CIUDADANO MADRILEÑO EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40

JUSTICIA 41

INTERIOR 44

CULTURA 45

ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID 47

DEPORTE 48

INMIGRACIÓN 50

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 51

CAPÍTULO V. EL ENTORNO DEL CIUDADANO 53

URBANISMO Y VIVIENDA 53

MEDIO AMBIENTE 57

CANAL DE ISABEL II 60

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE 61

I.1 I.2 I.3 I.4

II.1 II.2 II.3

III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7

IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 IV.7

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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Los próximos comicios autonómicos y municipales de mayo de 2011 no serán unas elecciones al uso, en las que primen las visiones particulares centradas en las necesidades concretas de cada uno de los distintos escalones del poder territorial. La crisis del sistema político español nos exige concurrir a las elecciones con una visión nacional y de conjunto que ponga en relación todas las partes de nuestro sistema político ahora que la aguda crisis económica ha desnudado otra crisis aún mayor y de consecuencias más peligrosas: la crisis política e institucional del modelo de Estado nacido de la Constitución de 1978. Una de las razones de que la crisis económica sea tan virulenta en España radica en que el entramado institucional tejido en los últimos años ha producido una estructura administrativa ineficaz, insolidaria y en gran medida inviable, que lastra nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro. Tener una visión nacional no significa que debamos desentendernos de los problemas y necesidades concretas de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de la región. Al contrario, UPyD sostiene que la política debe ejercerse a pie de obra, cerca del ciudadano y de sus problemas, y éste va a seguir siendo el compromiso de nuestros futuros representantes. Pero hay que explicar a la ciudadanía que en la hora presente las cuestiones más domésticas están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político en su conjunto, que es preciso regenerar de forma urgente si queremos encontrar solución a la mayoría de los problemas a los que debemos enfrentarnos diariamente los españoles. Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. Esto implica reformar la Administración y las instituciones públicas desde el punto de vista de sus competencias y su organización, y también acometer una verdadera regeneración de la vida pública española, aquejada por la demagogia y el desgobierno que permite campar a sus anchas al partidismo, la corrupción y la manipulación de las instituciones. Solo así será posible revertir el creciente y peligroso alejamiento entre la Política y el ciudadano. Como recogen las Resoluciones de nuestro I Congreso, hay que convertir el trabajo político en una herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos. Por eso nuestra primera aspiración es llevar a las instituciones a ciudadanos atentos a la defensa del interés general, rigurosos en el manejo de los fondos públicos y comprometidos con el impulso ético de la vida pública. Y por eso nuestros candidatos se comprometen, desde esta primera hora, a trasladar a todas las instituciones en que participen el Código de Buenas Prácticas Públicas que forma parte no sólo de nuestro Estatutos, sino que aspira a ser el código genético de este partido. Este Código exige a todos los cargos públicos, entre otras obligaciones, a hacer declaración notarial de sus bienes e intereses, a abstenerse de participar en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés personal y a ejercer el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos. Sabemos que ninguno de los cambios que España necesita será posible si no conseguimos que los ciudadanos asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política, si, en definitiva, no conseguimos una sociedad civil fuerte que sea capaz de liberarse del control oligopólico que actualmente ejercen los partidos políticos.


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LA COMUNIDAD DE MADRID El gran valor de la Comunidad de Madrid es haber sido capaz de construir una sociedad que acoge a todos sus habitantes, vengan de donde vengan. Madrid es un lugar donde nadie se siente extraño, y eso es algo que debemos mantener. En los últimos treinta años, Madrid ha sido partícipe de la evolución que ha vivido toda la sociedad española. Podemos afirmar que nuestra comunidad autónoma ha sido curiosamente la más beneficiada del tránsito de un estado centralista a otro descentralizado. Es una región donde ha crecido el espíritu emprendedor y el peso de su economía dentro del país. En la actualidad, la Comunidad de Madrid está a punto de ser la primera Comunidad Autónoma en PIB de España y se encuentra a la cabeza de la mayoría de los indicadores económicos. Como consecuencia, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas que más contribuye a la solidaridad con otras regiones españolas. Es algo de lo que nos sentimos orgullosos y queremos seguir estándolo. Pensamos que el gran impulso de Madrid ha sido consecuencia de su propia vitalidad, pero también de la ausencia de ejercicios identitarios estériles que han sumido a otras regiones −otrora a la vanguardia española− en un estado de letargo del que no saldrán hasta que no consigan desembarazarse de aquellos. Fue en Madrid donde UPyD consiguió su primer representante a nivel nacional y es donde ahora esperamos recibir un nuevo espaldarazo de la ciudadanía para poner en práctica nuestro mensaje de regeneración democrática. Es también en Madrid donde podemos hacer oír nuestro malestar por un Estado cada vez más débil, en el que las tensiones centrífugas, pero también una estructura ineficiente, ponen en riesgo su supervivencia. También queremos destacar la transformación humana que ha sufrido Madrid en los últimos 10 años. De una sociedad "homogénea", cuyos nuevos miembros eran compatriotas que venían de otras regiones españolas, hemos pasado a ser la región con más inmigrantes procedentes del exterior. En la actualidad en nuestra región reside aproximadamente un 17% de personas nacidas fuera de España. Eso ha supuesto un importante aumento de población y la entrada en pocos años de factores distintos y enriquecedores, pero al mismo tiempo, ha significado una prueba de la capacidad de adaptación de la sociedad madrileña, de la que hemos salido reforzados. El balance es en este apartado claramente positivo. Pero que lo haya sido hasta ahora no es garantía de que lo sea en el futuro, por lo que tenemos que perseverar en nuestros aciertos y corregir aquellos aspectos que hasta ahora han dificultado la integración y la convivencia pacífica. Pero junto a estas luces también hay sombras. Si bien Madrid ha crecido en términos económicos, no lo ha hecho en equidad y cohesión social. Los últimos años han contemplado la erosión de servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y los servicios sociales. La ideología del partido gobernante por un lado y la voluntad de favorecer a determinados intereses por otro han ocasionado que estos tres servicios que consideramos fundamentales se encuentren en la

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actualidad en retroceso. Es difícil encontrar en España comparativas por CCAA, pero en los casos en los que éstas existen, la mayoría indican que ese retroceso existe y que va a más. Asimismo, el crecimiento urbano desmesurado ha modificado intensamente la configuración territorial de nuestra Comunidad y puesto en peligro los escasos reductos rurales que todavía existen. Ese crecimiento desmesurado de "la ciudad" ha traído de la mano un afán especulador, directamente corrupto en ocasiones, que ha golpeado a los grandes partidos y a la sociedad española en su conjunto. La Comunidad de Madrid no es solo la ciudad de Madrid, como no lo son tampoco sus grandes urbes del norte o del sur. Madrid es una Comunidad Autónoma con un fuerte componente urbano, donde el 73% de sus habitantes vive en ciudades de más de 100.000 habitantes pero que no renuncia a contar entre su patrimonio con zonas naturales que precisan de protección, como el Monte del Pardo, la sierra de Guadarrama o la cuenca alta del Manzanares, entre otras; todas ellas exigen de los madrileños un especial cuidado en su conservación para su transmisión a las generaciones futuras.

LA POLÍTICA MADRILEÑA

Como partido nacido para la regeneración democrática, no nos sentimos cómodos en una Comunidad Autónoma donde se gobierna desde hace ya varias legislaturas a golpe de mayoría absoluta. Las mayorías absolutas en sí no son necesariamente malas pero sí el uso que habitualmente se hace de ellas en la política española. Y uno de los ejemplos más destacables es el ejecutivo madrileño. Además, los ciudadanos madrileños hemos tenido que observar cómo el caso Gürtel hundía sus raíces en nuestra Comunidad, cómo varios alcaldes se veían salpicados y cómo tres diputados autonómicos pasaban al grupo mixto como consecuencia de su supuesta implicación en la trama. A tal extremo llegó la situación que un Consejero cercano a la Presidenta se vio forzado a dimitir de su cargo. La impunidad con la que estas tramas, cuyas dimensiones reales todavía no conocemos, se han estado moviendo en la administración de la Comunidad de Madrid resulta escandalosa. Creemos que esto debe tener consecuencias políticas, sin perjuicio de las responsabilidades jurídicas que ya se están depurando en los órganos correspondientes. Asimismo, en la última legislatura hemos tenido que asistir al rocambolesco episodio de las acusaciones de espionaje dentro del propio Partido Popular y a que el presidente de la Comisión constituida en la Asamblea para su investigación tuviera que dimitir a los pocos días de tomar posesión por su supuesta implicación en la trama Gürtel. Ambos episodios ponen de manifiesto la impunidad de una determinada manera de actuar en política, que ha llevado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a calificar de “inevitable” la existencia de corrupción. Nosotros pensamos que es imprescindible una actuación decidida de los partidos contra todos sus militantes bajo sospecha. El gobierno de la Comunidad de Madrid no lo entiende así, por lo que es cómplice de la corrupción.

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En las dos últimas legislaturas, los ciudadanos madrileños hemos tenido que asistir también al enfrentamiento continuo entre las dos mayores instituciones madrileñas (la Comunidad y el Ayuntamiento), convirtiéndonos en rehenes del enfrentamiento personal entre dos líderes que anteponen su ambición personal al interés general. Es destacable también su continuo enfrentamiento con el Gobierno central, cayendo muchas veces en el victimismo nacionalista y en la protesta por el maltrato que Madrid sufre del gobierno Zapatero. Caso aparte merece el afán intervencionista del Gobierno madrileño, que contraviniendo su declarada ideología liberal, se ha esforzado por controlar el poder económico (Caja Madrid) y el mediático (Telemadrid). En el primer caso, de una manera absolutamente intervencionista, sin olvidar los comentarios inadecuados de nuestra Presidenta, consecuencia de su decepción por no conseguir colocar a uno de sus peones a la cabeza de la cuarta entidad financiera de España. En el segundo, el control férreo de la cadena pública ha traído como consecuencia, además de la manipulación informativa, el desplome de las cifras de audiencia, que se han reducido a casi la mitad en los últimos ocho años. En ambos casos, la actuación del gobierno madrileño ha puesto en riesgo la viabilidad de ambas entidades. Por otro lado, la oposición se ha mostrado ineficaz y conformista, incapaz de conseguir que la situación cambie y limitándose a actuar como mera correa de transmisión del gobierno Zapatero en la Comunidad de Madrid. Tenemos la sensación de que los actuales actores de la política madrileña se sienten satisfechos con el papel que les toca y no les importa demasiado que nada cambie siempre que mantengan su cuota de poder, por pequeña que sea. A lo más que aspiran es a una alternancia entre iguales y no a una alternativa, que es lo que verdaderamente representa UPyD. En los últimos meses también hemos asistido al bochornoso espectáculo del PSOE madrileño, que después de la condena judicial sufrida por destacados militantes de su organización −por el delito más grave que puede cometer un servidor público, la prevaricación−, han optado por minimizar su consideración, con evidente falta de convicciones democráticas o simplemente éticas. Esta actuación es otro ejemplo del deterioro de la política española y de los dos partidos mayoritarios. La complicidad entre ambos, aunque se enmascare en el ruido de las acusaciones mutuas, conduce al descrédito de lo público y a la desafección de la ciudadanía hacia la política. Pues bien, podemos decir bien alto que la presencia de UPyD en las elecciones de mayo va a significar un gran cambio en la política madrileña. Y es que realmente, la única posibilidad de que la situación cambie en Madrid pasa porque UPyD entre en las instituciones. Nuestra llegada supondrá que los partidos políticos establecidos se vean obligados a centrarse en la ciudadanía y en la defensa del interés general y no en sus propias ambiciones y rencillas partidistas. Por eso proponemos un amplio conjunto de medidas que iremos detallando en este programa. Todas ellas tienen como denominador común la regeneración democrática, la austeridad y la transparencia. Entre ellas está el rebajar al 3% el umbral de entrada en las instituciones políticas madrileñas, con el fin de dar entrada a corrientes políticas no mayoritarias, en línea con el resto de leyes electorales autonómicas; o exigir que Telemadrid sea realmente independiente y que solo esté controlada por la Asamblea de Madrid; o promover la igualdad de todos los españoles, para lo cual exigiremos que las competencias de Sanidad y Educación sean recuperadas por el Estado.


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UN MENSAJE NACIONAL Consideramos que el proceso de descentralización político-territorial previsto en la Constitución Española ha supuesto un impulso para la modernización de España, contribuyendo decisivamente a superar cuatro importantes retos: a) Económico: autonomía y redistribución territorial de la riqueza han ido de la mano desde

1978, de modo que la España autonómica es más equilibrada económicamente que antes del proceso.

b) Democrático: las instituciones autonómicas han impulsado la democratización horizontal de la sociedad.

c) Gobernabilidad: la democratización horizontal ha generado un complejo sistema de equilibrios de poderes.

d) Cultural: ha posibilitado la recuperación del patrimonio cultural marginado por décadas de centralismo.

Sin embargo, cada uno de estos éxitos parciales ha generado problemas y disfunciones, acentuadas por la presión nacionalista y por la permanente provisionalidad de un modelo territorial que, de no corregirse, amenaza la viabilidad del sistema político. La descentralización tampoco ha conseguido la satisfacción de los nacionalistas: al contrario, sus expectativas y reivindicaciones han ido creciendo a un ritmo superior al que lo hacía la descentralización política del Estado. Probablemente porque mantener abierta la cuestión territorial asegura a estos partidos nacionalistas no sólo influencia política, sino también sobrevivir como proyecto de partido autónomo. El desconcierto en el que nos hallamos sumidos, y que la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no ha conseguido mitigar, obliga a replantear el futuro. No es posible emprender una modificación sustancial del modelo territorial fijado en la Constitución sin dibujar un horizonte para el Estado en su conjunto. España no puede ser un mapa de excepciones que fácilmente derivan en privilegios, ni puede resistir sin pagar un alto costo la constante reivindicación territorial. El Estado existe y la Nación Española que proclama la Constitución también, y no por esencia mítica alguna sino porque así lo quieren sus ciudadanos. Como Estado y como Nación, España no puede soportar privilegios para los ciudadanos residentes en una parte del territorio. Fortalecer el Estado y conseguir la integración nacional son una obligación para las fuerzas políticas de carácter nacional que aspiran a dirigirlo. Ya no es posible seguir avanzando mediante modificaciones estatutarias parciales, en una carrera sin fin de emulación de los procesos de reforma constitucional encubierta iniciados por el Estatuto catalán. Es imprescindible un nuevo diseño constitucional estable, libre de las actuales presiones sobre la organización territorial del Estado que resultan de la negociación política de cada legislatura. En este sentido formulamos las siguientes propuestas nacionales en lo relativo al diseño autonómico y municipal para hacer frente a la crisis política y económica: El ciudadano debe ocupar el centro de la acción pública, convirtiendo la prestación de

servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones en el objetivo de toda reorganización

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administrativa. No se trata de que la titularidad de esta o aquella corresponda a la Comunidad Autónoma, al Ayuntamiento o al Estado, sino de que se ejerza adecuadamente, redundando en una mejor calidad de vida del ciudadano.

Promoción de cambios en el actual modelo de modo que permita más evaluación,

transparencia y rendición de cuentas, elementos imprescindibles de toda dirección pública como primer paso para reducir el coste de los servicios públicos, eliminando duplicidades y redundancias.

La organización y gestión de las CC.AA. debe someterse a criterios de simplificación,

evaluación y control que redunden en un mejor servicio público. Reconversión del sector empresarial y fundacional público. El Gobierno, en conjunción con las

CC.AA. y entes locales, debe elaborar un censo las de empresas y entes públicos existentes, presentarlo ante la Asamblea y elaborar un plan de simplificación administrativa para dejar sólo las realmente imprescindibles, sometidas en todo caso a evaluación y control público de sus presupuestos y deudas, con un sistema de selección, tanto de personal como de directivos, objetivo y riguroso.

La creación de nuevos entes o empresas públicas, así como cualquier reestructuración

ministerial o de gobiernos autonómicos o locales, debe ir acompañado de un “estudio de impacto organizativo” abierto al conocimiento público, que evalúe su necesidad, alternativas y oportunidad (incluidos los posibles beneficios de no crearlas), su eficacia y eficiencia, coste económico y cargas administrativas e implicaciones para el déficit y el desarrollo económico y social, así como su aportación a la mejora de los servicios a los ciudadanos. Los responsables rendirán cuentas anuales sobre los resultados conseguidos.

Hacer público anualmente el personal adscrito a las Consejerías autonómicas y Concejalías

para establecer posibles análisis y estrategias de eficacia y eficiencia, tratando de fijar módulos máximos y mínimos en función de criterios objetivos comparados. Proponemos una evaluación cooperativa de las CCAA efectuada por una terna de Administraciones: las dos mejores CCAA y la Administración General del Estado, que puede estar representada por la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. La AGE debe someterse a la misma evaluación.

Aplicación de algunos artículos de la Constitución en toda su virtualidad, como el art.149.1.1ª

o el 150.3, relativos a leyes de armonización, como paso previo a una reforma constitucional que solucione el actual caos competencial de las Administraciones. La reforma regulará las relaciones interadministrativas según principios de coordinación, no duplicidad, simplificación, austeridad, cooperación, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

Convertir la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en una Agencia Independiente

o, en todo caso, dependiente del Senado, con capacidad para influir en el diseño de las políticas públicas en fase piloto, velar para que la evaluación responda a los objetivos propuestos, distribuir libremente los resultados de las evaluaciones para favorecer la transparencia y la emulación, mejorando la gestión de los recurso públicos.

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El Gobierno Central debe tener poderes de coordinación de las CCAA equiparables, al menos, a los de la Comisión Europea sobre los Estados miembros de la Unión Europea (UE), con mecanismos de alerta y control del déficit de todas las Administraciones para que la mala gestión de una de ellas no redunde en graves problemas para el conjunto del Estado.

Despolitizar y profesionalizar los Tribunales de Cuentas estatales y autonómicos, que deben

trabajar de forma independiente, conjunta y coordinada, produciendo un informe técnico anual para el Parlamento y otro de divulgación, breve e inteligible. Las cuentas de los Parlamentos Autonómicos serán controladas por el Tribunal de Cuentas del Estado y no por los tribunales Autonómicos.

Ley de rendición de cuentas homologada y unificada para la totalidad de las Administraciones

Públicas, haciendo posibles su evaluación y el establecimiento de criterios de mejora. I.3.1 Un estado fuerte La Constitución debe fijar las competencias de cada entidad territorial; definir los instrumentos de cooperación, coordinación y solidaridad y la obligatoriedad jurídica de sus acuerdos; las reglas esenciales de relación entre los diversos entes territoriales; las reglas de financiación; los criterios de intervención estatal de las competencias autonómicas en caso necesario. Como mínimo, el Estado debería tener las siguientes competencias exclusivas: órganos constitucionales, derechos fundamentales, legislación civil, penal y laboral, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia y legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin desechar el estudio de otras materias como impuestos, seguridad social y función pública. Esta lista puede completarse con otra de materias que pueden ser compartidas entre Estado y CCAA, poseyendo el primero en cualquier caso la posición preponderante. Y dentro de éstas pueden identificarse las que solo pueden ser ejercidas por las CCAA en los términos que regule el Estado, y cuando proceda a tal regulación, mediante una Ley de Armonización. El objetivo es garantizar que todas las CCAA tengan las mismas competencias constitucionales, y que subsista un Estado con capacidad de intervención y regulación de obligado cumplimiento cuando aparezcan fenómenos de dispersión competencial, contradicción en el ejercicio o erosión de los objetivos constitucionales. Además, propondremos establecer una mayoría de dos tercios en cada Cámara para aprobar las reformas de los Estatutos de Autonomía. I.3.2 Revisión del sistema de financiación autonómica Nos oponemos al actual sistema de financiación autonómica porque instaura la negociación bilateral entre las CCAA y el Estado, según el modelo del Estatuto catalán. Rompe los cauces institucionales e impone al resto de las Comunidades los acuerdos alcanzados, vaciando de sentido el foro multilateral y la LOFCA.

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Es pues un sistema de financiación que será preciso reformar, porque de este depende en buena medida que las Comunidades Autónomas presten los servicios que configuran el Estado del Bienestar. El sistema de financiación debe adoptar un marco multilateral donde se contemplen las necesidades de financiación territorial según las competencias de cada entidad. La reforma debe definir un sistema estable aunque sometido a revisiones periódicas de los recursos atribuidos a cada CCAA en función de sus necesidades y objetivos.

LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Es urgente romper el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio tradicional de los dos partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, partidos que han perdido el sentido de Estado, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar severamente la voluntad popular. El crecimiento de la corrupción pública nos reduce a niveles de calidad de gobierno más propios de países autoritarios que de las democracias avanzadas. La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales. A finales del año 2009 había imputados más de 800 cargos públicos de todos los colores políticos. Esa cifra continúa en aumento. La percepción del aumento de la corrupción compromete el prestigio internacional de España y la credibilidad de nuestro sistema político, como lo revela que el Barómetro del CIS de los últimos trimestres sitúe el descrédito de los partidos políticos como el tercer problema principal, sólo aventajado por el paro y la situación económica. Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles: clientelismo, deficiencias de la transparencia en la gestión pública, proliferación innecesaria de normas y burocracia superflua, y Administración de justicia lenta y politizada, colonizada por los partidos tradicionales. Lo que se traduce en algo clave para la propagación de la plaga: impunidad. Sobran normas y faltan buenas prácticas. Necesitamos una sociedad de ciudadanos conscientes, capaces de exigir responsabilidades a sus representantes para que no resulte indiferente practicar una política o su contraria, para que la corrupción no salga gratis ni sea posible someter el interés general a los intereses particulares. Para devolver el control político a los ciudadanos es fundamental: a) La reforma de las leyes electorales, de modo que restituyan la igualdad de oportunidades en el acceso a la representación pública y el valor de la igualdad de voto de cada ciudadano más allá del territorio en el que resida, permitiendo una mayor intervención en la selección de sus representantes, fundamentalmente en el ámbito local, a costa del poder de los aparatos de los partidos. b) Una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública en todas las instituciones, que propicie la participación ciudadana partiendo de los niveles básicos de la actividad pública. Nuestros representantes públicos promoverán la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su funcionamiento, de modo que los ciudadanos

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podamos conocer y valorar las decisiones de nuestros gobernantes. El desarrollo actual de la tecnología facilita que toda la información, sobre todo la que afecta al manejo de los fondos públicos, sea accesible de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla que afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las personas. En este sentido, en el plazo de un mes a partir de la constitución de la nueva Asamblea, los diputados autonómicos de UPyD presentarán una moción estableciendo una disminución de las retribuciones totales percibidas (sueldos, dietas y cualquier otro concepto) por cada parlamentario autonómico, de un diez por ciento, con aplicación desde su aprobación. Asimismo, la moción pedirá el acuerdo para eliminar cualquier diferencia entre el régimen de pensiones de jubilación de los diputados, adaptando el mismo al régimen general. I.4.1 Reforma de las Leyes electorales La reforma de la ley electoral es parte esencial del programa político de UPyD desde su nacimiento. Por eso hemos presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que propone una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) compatible con la Constitución en su estado actual. Propuesta que ha sido rechazada por los partidos beneficiarios de un sistema injusto: PSOE, PP y nacionalistas. A nivel nacional proponemos las siguientes medidas:

1. Aumento del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada circunscripción (provincia) a 1.

2. Distrito único de ámbito nacional para la elección de parte de los 400 diputados. 3. Limitación del sufragio autonómico y local para residentes habituales en el extranjero. 4. Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente,

con domicilio fiscal en España, y tras un periodo mínimo de residencia legal y efectiva en nuestro país, puedan participar como electores y candidatos en las elecciones autonómicas y locales.

En lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, proponemos: La reforma del Estatuto con el fin de establecer un número máximo de 100 diputados

autonómicos, independientemente del tamaño de la población de la Comunidad Autónoma, más acorde además con los principios de austeridad que defendemos en la actividad pública.

Sustitución de la fórmula D’Hondt de reparto de escaños por la Hare, más proporcional. Unificación en el 3% de los votos válidos por circunscripción como umbral mínimo de acceso a

la Asamblea de Madrid, igual que la fijada por la LOREG para el Congreso de los Diputados. I.4.2 Transparencia y acceso a la información pública España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la transparencia y el acceso a la información pública de forma suficiente. 22 de los 27 Estados miembros tienen reconocido el


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derecho de cualquier ciudadano a conocer, con la correlativa obligación de informar de las administraciones, instituciones, organismos, empresas, asociaciones, fundaciones que realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la información registrada de cualquier forma, elaborada o recibida y en posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible a los ciudadanos de forma rápida, gratuita y comprensible. No se trata de una concesión graciosa de la Administración sino de un derecho del ciudadano. En este sentido, proponemos: Desarrollo legislativo y ejecución de una Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y su desarrollo legislativo correspondiente en las distintas Comunidades Autónomas, que comprenda en su ámbito de aplicación todas las administraciones y los organismos autónomos, entidades, empresas sociedades, institutos, fundaciones vinculados a ellas o sostenidos con fondos públicos, de tal forma que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, pueda acceder a toda la documentación de las administraciones públicas, incluidas las cuentas financieras, sin más excepción que aquella que afecte a la seguridad y defensa del Estado y la intimidad de las personas.

Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse todas las

contrataciones de las Administraciones Públicas, todos los Convenios de las mismas y todas las subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares, permitiendo la búsqueda tanto por adjudicadores o emisores como por contratistas o perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente los elementos esenciales de la contratación o convenio, el fin de la subvención y los mecanismos que se dispondrán para comprobar su correcta ejecución. Las mismas deberán estar visibles de manera pública en plataforma Internet y permitir conocer las adjudicaciones realizadas. También se desarrollarán herramientas de subasta u ofertas en línea y en tiempo real para los concursos públicos.

Creación de un Registro de estudios financiados con fondos públicos encargados a terceros

externos a la Administración y de acceso público, con los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto comercial. En todo caso, los estudios financiados con fondos públicos deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.

Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los

gabinetes de los miembros de los Gobiernos central, autonómico y municipales, y de empresas públicas. Detallando identidad, curriculum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación, funciones, salarios y retribuciones que perciban cualquier concepto (incluyendo disponibilidad de vehículos oficiales y tarjetas de crédito), jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación.

Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de Datos, de canales

éticos en todas las administraciones locales que permitan la comunicación confidencial, y sin temor a represalias, de malas prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y transgresiones de la normativa legal.

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Habilitación de una Oficina Independiente, vinculada a la Fiscalía Anticorrupción y a la Oficina del Defensor del Pueblo, para la gestión, tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal ético de las administraciones locales.

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CAPÍTULO II. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LOS MADRILEÑOS La crisis económica ha golpeado a nuestro país con especial fuerza. La negación reiterada de la crisis primero y las erróneas medidas del Gobierno después, la han agravado de forma sustancial. En dos años, las cuentas públicas han experimentado un deterioro espectacular, pasando de un superávit del 2% del PIB en 2007 al actual déficit superior al 11%. Es evidente que el equilibrio de las finanzas públicas es imprescindible para mantener nuestro incipiente Estado del Bienestar. La devolución de competencias al Estado sobre Educación, Sanidad o los Servicios Sociales no será solo una cuestión de justicia y cohesión social, sino condición necesaria para la supervivencia del Estado de Bienestar. Los grandes servicios públicos que lo definen serán nacionales o, sencillamente no serán posibles. La estructura territorial complica la situación: los principales servicios del Estado de Bienestar dependen hoy de la Comunidad de Madrid. Su gestión es en muchos casos descoordinada con el resto de CCAA, con notables diferencias de financiación y prestaciones. No será posible mantener un nivel adecuado de prestaciones sociales para todos los ciudadanos españoles, independientemente de la Comunidad donde residan, si continúa esta fragmentación de servicios públicos.

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II.1.1 Enseñanza no universitarias La educación española no está a la altura de lo que le corresponde, ni por el grado de desarrollo económico del país, ni por lo que demandan los ciudadanos. En ocasiones se atribuyen los malos resultados a los cambios en la sociedad y a la presencia de emigrantes. Sin negar la importancia de esos factores, pensamos que la causa de la situación está en que las leyes educativas han resultado fallidas, al haber impuesto un modelo pedagógico que no valora ni el esfuerzo, ni el aprendizaje, ni la excelencia ni la responsabilidad. En nuestra Comunidad, la Administración ha abandonado a su suerte a muchos centros públicos de enseñanza y a sus alumnos, principales víctimas de la aplicación las leyes educativas. Se ha abierto una brecha entre los centros de gestión privada y los de gestión pública que el gobierno de la Comunidad no parece dispuesto a cerrar, más interesado por una red pública subsidiaria donde marginar alumnos procedentes de familias desfavorecidas o de problemática integración cultural En Unión Progreso y Democracia defendemos un sistema educativo laico y de calidad, asentado sobre el saber, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades, en el que los poderes públicos prestan especial atención a la educación pública de la que son responsables. UPyD lucha por la igualdad, entendida ésta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos deben beneficiarse de la educación obligatoria. Pero somos contrarios a la igualación por abajo, que obliga a rebajar los niveles de calidad y perjudica, sobre todo, a los estudiantes de familias de

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menor renta, a quienes se les hurta la única oportunidad que tienen de adquirir una formación sólida. Para lograr estos objetivos y para garantizar un sistema educativo nacional unitario, compatible con la estructuración de España en comunidades autónomas, proponemos la devolución al Estado de las competencias en educación. Mientras esto no suceda, es necesario exigir que la Comunidad de Madrid ejerza las que tiene de forma responsable y para ello realizamos las siguientes propuestas: Ha de asegurarse la disciplina en las aulas y el respeto al profesor. Inspección y administración

deben involucrarse para asegurar el cumplimiento de las normas que hacen posible la convivencia y la enseñanza.

Ha de garantizarse el acceso gratuito a la educación infantil en toda la etapa, en especial para

los hijos de familias de menor renta, así como velar por que esta etapa tenga un carácter preparatorio para la educación primaria y no meramente asistencial.

La educación primaria es el pilar básico del sistema educativo. La Administración debe

intensificar sus esfuerzos en esta etapa, incubadora de posteriores éxitos y fracasos. Es imprescindible tanto un plan de estudios que proporcione una sólida base, como contar con maestros que sean un referente ético e intelectual para sus alumnos.

La educación secundaria debe proporcionar a los alumnos conocimientos de alto nivel

científico, técnico, artístico, literario, etc. Se estudiará la reducción del número de asignaturas en los primeros cursos, así como dedicar una hora diaria a las asignaturas de Lengua y Matemáticas, y a Inglés en los centros no bilingües. Se estudiará la posibilidad de, durante el mes de julio, ofrecer en los centros de secundaria clases de recuperación para aquellas materias con mayor número de suspensos, impartidas por licenciados contratados al efecto.

Se potenciará una iniciación profesional a partir de los 14 años que garantice tanto la

adquisición de competencias básicas como la formación específica propia del módulo o programa, y que permita la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Debe aumentarse el número y la efectividad de aulas de enlace para que alumnos

procedentes de sistemas educativos extranjeros puedan no solo aprender lengua española, sino también suplir carencias en otras materias.

Impulsar de manera decidida la enseñanza bilingüe, fomentando su extensión sin menoscabo

del nivel académico del conjunto del currículo de la etapa correspondiente. Debe limitarse la burocracia escolar. Los profesores deben centrarse en el aprendizaje de los

alumnos y deben estar enfocados a obtener buenos resultados. La Administración debe precisar claramente lo que se debe aprender cada año, así como establecer refuerzos que impidan que haya alumnos que pasen de curso sin el nivel necesario, y que limiten la repetición de curso y el abandono escolar.

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El trabajo del profesor debe ser reconocido, evaluado con criterios técnicos y objetivos, e incentivado en función de objetivos educativos alcanzados y de condiciones laborales de especial dificultad. Debe identificarse asimismo a aquellos docentes mediocres y tomar las medidas necesarias para mejorar su desempeño.

El acceso a la función docente debe valorar equilibradamente la excelencia académica, los

ejercicios desarrollados en la fase de oposición y la experiencia docente. Para acceder a los Cuerpos de Maestros y de Profesores debe aprobarse tanto la parte que demuestra posesión de conocimientos específicos, como la que demuestra dominio de técnicas para la docencia.

Debe fomentarse el control inspector de prácticas contrarias a la Ley que limiten o impidan la

admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Debe promoverse una distribución homogénea entre centros públicos y concertados de alumnos procedentes de capas sociales desfavorecidas, siendo para ello fundamental que la red pública recobre la calidad perdida y con ello la confianza de las familias.

Las evaluaciones externas han de servir para detectar los principales problemas del sistema.

Se ha de analizar los recursos humanos y técnicos de los centros y adoptar medidas para mejorar la formación de sus alumnos. Los resultados de esas evaluaciones −ocultando los datos personales de los alumnos− deben ser completamente accesibles para cualquier ciudadano, y el órgano encargado de su gestión independiente del poder político.

Debe aumentarse la cuantía de las becas y ayudas a la educación para familias de rentas bajas,

aunque no posean la condición de familia numerosa. Han de revisarse los criterios de baremación para el acceso a los centros educativos, con el fin

de adjudicar un punto extra a los alumnos y padres de alumnos de las etapas de infantil, primaria y secundaria, con movilidad reducida reconocida.

Debe reforzarse la Inspección, dotándola de funciones de apoyo y evaluación y no sólo de

fiscalización. En las zonas rurales de la Comunidad debe favorecerse el transporte escolar y la coordinación

entre los centros para mejorar la oferta educativa. La Comunidad de Madrid ha de garantizar en un plazo máximo de 2 años la total accesibilidad

arquitectónica en todos los Centros Educativos madrileños; así como el desarrollo normativo de lo dispuesto en la LOE para garantizar apoyos profesionales y técnicos, promoción de la formación del profesorado, identificación e intervención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo y creación de protocolos de acción común para la diversidad en los centros educativos, con el fin de hacer efectiva la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el sistema educativo general.


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Universidades La Comunidad de Madrid alberga en su territorio 6 universidades públicas (Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos), 7 privadas y de la Iglesia (Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Europea de Madrid, Francisco de Vitoria, Pontificia Comillas, y San Pablo-CEU), y la sede central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); lo que supone la mayor concentración de estudiantes de España y una de las mayores de Europa. Se puede afirmar que la universidad cuenta, en la Comunidad de Madrid, larga tradición, aunque ninguna de nuestras universidades figura entre las más importantes del mundo. En la actualidad, a pesar de la política de restricciones presupuestarias de la administración autonómica, la Comunidad de Madrid cuenta en algunas carreras y especialidades con un alto nivel docente e investigador en las universidades públicas, equiparable al de países de nuestro entorno. Esto, unido a la concentración de empresas multinacionales, hace de Madrid destino elegido por estudiantes de otras partes de España, Latinoamérica y Europa para la realización de sus estudios superiores. Por otra parte, la pérdida de alumnos por causas demográficas y la aparición de universidades y centros de estudios privados ha generado una fuerte competencia con la universidad pública. Esto ha llevado a que el alumno, haya pasado de jugar el papel de estudiante al de cliente. La lucha por obtener clientes (en función de cuyo número las universidades reciben financiación de la Comunidad Autónoma) está llevando a un proceso perverso inverso al deseable, donde el valor añadido de cada universidad está más ligado a la facilidad de consecución de titulaciones que a la calidad de la formación. En cuanto las nuevas generaciones de profesores, éstos son en una alta proporción contratados laborales con sueldos muy por debajo de la media europea y un futuro incierto. Provienen, además, de un amplio colectivo de becarios de investigación con salarios míseros, que sobreviven gracias a sus familias y a un cierto romanticismo vocacional que es difícil encontrar en otros países desarrollados. En cuanto a las universidades privadas, han optado por un modelo de profesor joven, con dedicación parcial, escaso currículo y pocas posibilidades de llevar a cabo investigación científica de calidad. Se está haciendo de muchas universidades públicas centros educativos superiores de baja calidad, para todos aquellos que no se puedan pagar una universidad privada de élite o irse al extranjero. Puede decirse que lo único que salva en este momento a la universidad pública madrileña es la financiación estatal de la investigación, pero en el proceso de desmantelamiento del Estado es posible que tarde o temprano la financiación quede completamente en manos de las Comunidades Autónomas. El día que esto ocurra si la política universitaria no cambia, la universidad pública madrileña generará titulados peor formados desde el punto de vista científico pero más atractivos para el empresario. Proponemos las siguientes medidas: Implantación de la competencia entre universidades para mejorar sus niveles de calidad y

eficiencia mediante sistemas de financiación con incentivos.


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Racionalización del número de universidades públicas mediante fusiones en función de la proximidad geográfica o la complementariedad académica, así como de titulaciones universitarias considerando el número de alumnos matriculados.

Apostamos por la integración de las universidades españolas en el Espacio Europeo de

Educación Superior. No obstante, rechazamos algunas de las reformas ajenas a la Declaración de Bolonia, que tomando a ésta como pretexto, se están imponiendo a las universidades. Entre éstas cabe citar la subordinación de los estudios universitarios a supuestas necesidades del mercado de trabajo, la privatización indirecta de las titulaciones en las universidades públicas, el intento de imponer en la enseñanza superior una metodología didáctica uniforme inspirada en reformas ya fracasadas de la secundaria o el nuevo master de formación de profesorado.

Proponemos retomar la idea de un catálogo nacional de titulaciones y la elaboración de

directrices específicas para cada una de ellas, a fin de obtener la homogeneidad necesaria para garantizar la movilidad de los estudiantes promovida por Bolonia.

Además de la de los estudiantes, debe facilitarse la movilidad del profesorado, superando la

endogamia, que constituye una de las principales lacras de la universidad española. Para ello es necesario reformar el sistema de selección del profesorado, personal investigador y de administración y servicio y restituir a los funcionarios universitarios el derecho al traslado en todo el territorio nacional. Ello exige sustituir la habitual interpretación estrecha de la autonomía universitaria (entendida como la discrecionalidad de cada universidad para contratar a su profesorado) por una interpretación más amplia (la autonomía de la academia respecto al poder político).

La evaluación de la calidad de la enseñanza de los centros y los profesores es una de las

asignaturas pendientes de la educación superior española. Desgraciadamente, los procedimientos de evaluación que se están implantando son insufriblemente burocráticos, además de arbitrarios e ineficaces. Como alternativa proponemos que la docencia universitaria sea evaluada por sus resultados, es decir, por la formación adquirida por sus titulados. Para ello deberá incentivarse a los titulados recientes para que realicen pruebas homologadas externas.

Debe existir un sistema de becas que garantice que toda persona tenga la oportunidad de

estudiar con dedicación y aprovechamiento. Las ayudas financieras podrán complementarse (no reemplazarse) con otros sistemas como becas de colaboración, préstamos a bajo o nulo interés, préstamos-renta, etc. Los estudios de postgrado deberán tener unas tasas fijadas similares a las de los de grado para evitar que factores económico-sociales prevalezcan sobre la capacidad y el mérito.

El alto fracaso estudiantil demuestra la conveniencia de implantar un sistema de acceso más

riguroso que permita la realización de pruebas específicas en las titulaciones en que se estime necesario. Al mismo tiempo, conviene reducir el número de convocatorias suficientes para aprobar una asignatura, y establecer unos límites de extensión del estudio de una carrera. Superados esos límites, únicamente se podrá continuar los estudios en centros públicos en la UNED.

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El fomento de la investigación exige desvincular las plantillas de los departamentos

universitarios de las necesidades docentes, pudiendo crearse itinerarios diferentes de selección del personal según el perfil docente o investigadora del contrato. Ello permitiría un aumento del personal investigador, que sería contratado sólo sobre la base de su productividad investigadora.

Es deseable una mayor interrelación entre la sociedad civil y la comunidad universitaria. Debe

incentivarse la colaboración entre las universidades y las empresas en el ámbito de la investigación y las prácticas de los estudiantes (sometidas a una supervisión que garantice su valor formativo). No obstante, esto no debe ser obstáculo para el impulso de la investigación básica, cuya financiación deberá hacerse fundamentalmente con fondos públicos.

Se debe incidir en el establecimiento de horarios de jornada lectiva continua (mañana

o tarde) que permitan a los estudiantes realizar prácticas en empresas e instituciones de media jornada, simultaneándolas con los estudios. Con ello se conseguirá la formación en competencias en diversos centros de trabajo y que se apliquen los conocimientos al entorno laboral con anterioridad a la finalización del período universitario.

SANIDAD

El mantenimiento de un sistema sanitario público, universal, garante de la igualdad de acceso a la prevención, educación y atención sanitarias, constituye uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar que debe ser conservado y mejorado con criterios de eficiencia y calidad. Una de las señas de identidad de UPyD, quizás la principal, es lograr que los españoles tengan igualdad de derechos efectivos, independientemente del lugar donde residan. El derecho que tienen los españoles a la Salud y el acceso a la Sanidad no deben estar condicionados por edad, sexo, raza o clase social, o por la comunidad autónoma donde se encuentren. Por eso consideramos que el Estado debe recuperar parte de las competencias en materia sanitaria. Como se recoge en el programa electoral de UPyD para las Elecciones Generales de 2008, en la sanidad española nos encontramos con diecisiete servicios regionales de salud, dando lugar a “la España de las desigualdades sanitarias”, tanto en prestaciones como en regulación de las condiciones de trabajo del personal sanitario. Un grave problema del sistema sanitario, que se arrastra desde hace muchos años y no se ha logrado atajar pese a la estabilidad del sistema democrático y la alternancia en el poder, es que los responsables de gestionar empresas sanitarias que manejan enormes presupuestos sean nombrados fundamentalmente según criterios de afinidad política en lugar de por criterios técnicos y de acuerdo a los principios de mérito y capacidad. Otro problema es la falta de continuidad en la gestión y los vaivenes que se producen como consecuencia de los cambios políticos. Se hace preciso y urgente profesionalizar, de una vez por todas, la gestión sanitaria. Los problemas de la sanidad madrileña están determinados por el desequilibrio que se registra entre las necesidades y los recursos económicos y humanos disponibles para satisfacerlas. Junto a

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este desajuste general, problemas derivados de la heterogeneidad social de las distintas áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid van a ensombrecer todavía más el panorama. Asimismo, queremos destacar las carencias de servicios sanitarios en determinadas zonas rurales de nuestra Comunidad alejadas de la capital, para lo cual promoveremos la realización de un estudio riguroso de la demanda y de sus necesidades que permitia ampliar en un futuro la oferta hospitalaria actualmente existente. El aumento de la demanda sanitaria y la inadecuada satisfacción de la misma se ha traducido en masificación de consultas, colapso de los servicios de Urgencia, bloqueo de los hospitales y crecimiento de las listas de espera de primeras consultas, diagnósticas y de tratamiento. Frente a esto, la respuesta ha sido poco planificada y en ocasiones atentando contra la calidad de la asistencia. Estas son nuestras propuestas en Sanidad: Propugnamos la recuperación por el Estado de parte de las competencias sanitarias para

poder reconstruir de nuevo un sistema armónico de sanidad pública en toda España, creando fórmulas que sirvan para imponer principios rectores, de racionalidad del gasto, igualdad y equidad en las prestaciones a los pacientes en todas las comunidades autónomas.

Establecer un Plan Estratégico de la Sanidad Madrileña encaminado a conseguir la cohesión en

sanidad dentro de la Comunidad de Madrid, donde se adopten las siguientes medidas:

o Tarjeta sanitaria única en toda España.

o Homogeneización de los sistemas informáticos, de forma que permitan el acceso a los datos en cualquier punto que el paciente solicite asistencia

o Cartera de servicios general de la Consejería de Sanidad para asegurar la igualdad en

la asistencia.

o Homogeneizar la cartera de servicios en todas las áreas sanitarias, teniendo en cuenta la demanda real en cada especialidad y las recomendaciones de demanda mínima que permita una atención de excelencia.

o Asegurar el acceso de todos los usuarios a las prestaciones de la cartera de servicios,

ya sea en su institución sanitaria de referencia o en las que se habiliten como referencia, cuando las necesidades reales de demanda no hagan necesario su desarrollo en todas aquellas.

o Asegurar el cumplimiento de la libre elección de médico de atención primaria,

especializada y centro sanitario.

o Proyectar la apertura de hospitales de acuerdo con criterios modernos, para áreas de influencia de 300.000-350.000 habitantes, que permitan un mejor aprovechamiento de recursos técnicos y humanos, con un mayor nivel asistencial y con atención a pacientes en un área geográfica adecuada.


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o Planificar la construcción de centros de salud en todos los distritos de la capital y

municipios de la comunidad, para evitar masificaciones innecesarias

o Incrementar el número de camas hospitalarias en la Comunidad de Madrid hasta alcanzar la media europea (superior a 5 camas por cada mil habitantes), y aproximándonos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija como recomendable entre 8 y 10 camas por cada mil habitantes.

o Asegurar que el incremento de camas se realiza de forma homogénea por área

sanitaria.

o Desarrollar una política de reordenación de recursos humanos real, basada en la densidad poblacional y las recomendaciones de la OMS en cuanto a ratio personal sanitario/número de pacientes.

o Creación de bolsas de empleo únicas de manera que se facilite el acceso a las mismas

y se incremente la transparencia en la adjudicación de los puestos de trabajo.

o Puesta en marcha de una política de recursos humanos que asegure la viabilidad de la sanidad pública. Control de las homologaciones de los títulos de los médicos extranjeros, con un examen para los extracomunitarios. Un buen médico puede ahorrar no sólo en el número de consultas si no también en la cantidad y calidad de las pruebas sanitarias y del tratamiento que precise el paciente.

o Plan de gestión de recursos económicos, estructurales y humanos transparente, que

permita la adecuada asignación de los mismos en todos los ámbitos de actuación, con la mayor eficiencia y que asegure la supervivencia del sistema de salud público.

o Incrementar el presupuesto en Sanidad Pública hasta igualarlo a la media del

presupuesto destinado a Sanidad por habitante de las demás Comunidades Autónomas.

o Asegurar un modelo de sanidad público de excelencia, contemplando alianzas

puntuales complementarias con la sanidad privada, siempre con contratación pública transparente y con control de calidad de resultados

Promover actuaciones en salud pública:

o Se debe volver a potenciar la Dirección General de Salud Pública, un elemento esencial en la política sanitaria de cualquier administración pública y que ha sido suprimida en la Comunidad de Madrid. Desde ésta hay que organizar y poner en práctica las siguientes medidas:

o Elaboración y mantenimiento de registros. Establecer mediante ley la obligación para

el médico de registrar todo nuevo diagnóstico de cáncer y enfermedades


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infectocontagiosas de interés epidemiológico. A tal fin se crearán plataformas de registro online a nivel estatal.

o Planes de prevención y control de factores de riesgo: tabaquismo, obesidad, consumo

de alcohol y drogodependencias.

o Programas de control de las patologías que por su prevalencia y relevancia social constituyen problemas de salud pública: cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica, asma, tuberculosis, diabetes, enfermedades infecto-contagiosas y de transmisión sexual, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades mentales, enfermedades ocupacionales y relacionadas con la contaminación medioambiental.

o Ejecutar específicamente los programas de salud pública dirigidos a jóvenes y

adolescentes: drogas, alcohol, salud sexual, trastornos de la conducta alimentaria.

o Potenciar la inspección y educación sanitaria como medida de protección para un buen control de la salud pública en restaurantes, tiendas de alimentación, gimnasios, clínicas médicas, estéticas, veterinarias, etc.) evitando posibles problemas: contagios, infecciones, epidemias, etc.

o Velar por el cumplimiento de la Ley para el control del tabaquismo como forma

fundamental de proteger la salud de los ciudadanos.

o Mayor control público y científico para todas las medidas sanitarias relacionadas con las vacunaciones masivas o fomento de determinados medicamentos.

o Prevención y control de riesgo laborales:

o Favorecer la participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, en

colaboración con el Servicio Madrileño de Salud, con el objetivo de desarrollar criterios de modernización en los ámbitos social, sanitario y laboral – redes asistenciales, recursos humanos, etc.

o Adecuar a la nueva realidad socio-laboral que estamos viviendo, los conceptos

clásicos de Enfermedad Profesional, dando cabida a procesos emergentes como el “mobbing”, acoso, etc.

Tenemos el pleno convencimiento de que la Atención Primaria es la base de la sanidad. Una atención primaria de calidad, con sus funciones de educación sanitaria de la población, prevención y tratamiento, mejoraría el resto de la sanidad, al filtrar y descargar la atención especializada y hospitalaria, así como el control del paciente y su tratamiento. Una buena red de Atención Primaría permite, además, gran ahorro en la atención especializada y hospitalaria, que es donde actualmente se sustenta la sanidad.

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Aumento de la plantilla en los centros de salud, imprescindible para una atención correcta al paciente. Proveer a centros de salud y hospitales con el personal necesario para la asistencia, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.

Mejorar la dotación de las consultas de Urgencia de los centros de salud para que sean más

resolutivos y conseguir que disminuya el porcentaje de pacientes vistos en Urgencias de los hospitales que no precisan ingreso.

Promover la autonomía de gestión de los centros o las zonas. Elaborar, de acuerdo con sociedades científicas y organizaciones profesionales, estándares de

tiempos de atención por paciente y proceso, tanto en atención primaria como en atención especializada, de forma que se puedan establecer las necesidades de profesionales de la salud para asegurar una atención de excelencia.

Dotar a los centros de salud mental de los recursos físicos y humanos necesarios. Incrementar unidades y recursos dirigidos al tratamiento de los trastornos de la conducta

alimentaria. Impulsar la creación de unidades para la atención domiciliaria, fundamentalmente dirigidas a

pacientes crónicos. Incrementar el número de camas disponibles para la atención a pacientes crónicos de larga

estancia. Implementar consultas de enfermería, tanto en atención primaria como en especializada. Potenciación de las funciones de los Consejos de Salud, en sus vertientes de control e

información, adaptándolos a las estructuras territoriales existentes. Desarrollo de cauces activos de participación social, dando cabida al mayor y más amplio

grupo de sectores: ciudadanos, profesionales, de representación local y regional, etc. Creación del Consejo de Participación Ciudadana en el Sistema Regional de Salud, como

órgano de representación activa, con funciones de vigilancia y control, evaluación y gestión de calidad; dotándolo de medios efectivos para ejercer sus funciones.

SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

El derecho a los servicios sociales y la atención a las situaciones de dependencia, junto con el derecho a la salud, la educación y las pensiones, constituye nuestro legítimo patrimonio de bienestar social, además de ser uno de los indicadores más fiables de la salud moral de una sociedad.

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La importancia que para los ciudadanos, así como para el progreso social y económico de un país y para la garantía de igualdad y equidad, tienen tanto los servicios sociales como la atención a la dependencia, hacen necesario que ambos adquieran el estatus de cuestión de Estado, siendo por tanto competencia de éste, quien delegará competencias de gestión en las CCAA y en los entes locales que son la verdadera piedra angular del Sistema. Los servicios sociales contribuyen activamente al progreso de nuestra sociedad, no sólo por los objetivos que les son propios, sino también por su capacidad para la creación de puestos de trabajo, más aún con la implantación del Sistema para la Atención a la Dependencia. La capacidad de gasto de una sociedad tiene que ser acorde con su capacidad para generar riqueza, por ello, la cuestión de la sostenibilidad del gasto, así como la rentabilidad que de la inversión se espera, en forma de empleo, riqueza, desarrollo tecnológico y bienestar, ha de ser siempre tenida en cuenta. El concepto de gasto social debe ser sustituido por el de “inversión social”, porque sólo así podrán aflorar nuevas oportunidades de desarrollo, tan necesarias para superar la crisis con un nuevo modelo productivo. En la actualidad, el Plan Concertado, instrumento para la cooperación en materia de servicios sociales entre administraciones que nació en los años 80, languidece tanto por la congelación de la financiación estatal, como por la falta de liderazgo. Esta situación, así como la fragmentación que se deriva de las competencias autonómicas actuales en la materia, hace imprescindible la existencia de un marco normativo estatal que garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y establezca una cobertura básica y una financiación estable del Sistema y de sus prestaciones; así como un soporte jurídico que establezca como estructuras básicas del Sistema de Protección Social, a las Entidades Locales. En cuanto a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la Dependencia, defendemos su modificación para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único sistema, coordinado con el sistema socio-sanitario por razones de eficiencia en la intervención social, e integrando en la gestión a los entes locales, puerta de entrada al sistema protector. Se debe también mejorar la implantación de la Ley y su financiación, con el objetivo de cumplir el principio de suficiencia financiera que se proclama en su art. 32, acometiendo la reforma de aquellos aspectos que conduzcan a los siguientes objetivos: asegurar la tutela efectiva del derecho subjetivo por parte de los poderes públicos, y garantizar los mismos derechos en todas las CCAA de manera igualitaria con independencia del lugar de residencia. No es admisible que el criterio de residencia impida que haya ciudadanos que se puedan beneficiar de los derechos que esta Ley reconoce al mismo nivel, intensidad, diligencia y garantías en toda España. El ritmo de despliegue de la Ley depende, en el momento actual, exclusivamente de cada Comunidad Autónoma y el de la Comunidad de Madrid es muy bajo en comparación con el resto de CCAA. Al mismo tiempo, el Estado central ha aceptado con complacencia una mera función pasiva de aportación de recursos, sin apenas capacidad de coordinación y cohesión.


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Exigimos de la Administración central que ejerza un auténtico papel de coordinador activo y fiscalizador de la actividad de las CCAA en materia de Dependencia y Autonomía Personal. Consideramos necesario distinguir entre discapacidad y dependencia, promoviendo planes concretos para cada uno de los colectivos. Nuestra formación, apuesta además decididamente por la promoción de la Autonomía Personal y la permanencia en el entorno familiar, para lo que es imprescindible garantizar: las ayudas técnicas necesarias, la ayuda a domicilio y la promoción de la Asistencia Personal y de las Oficinas de Vida Independiente (OVIs). Nuestras propuestas en Servicios Sociales y Dependencia son: Impulsar la promulgación de una ley Estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales, que

garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos y establezca una cobertura básica y una financiación estable del sistema y de sus prestaciones; así como un soporte jurídico que establezca como estructuras básicas del Sistema de Protección Social, a las Entidades Locales.

Promover el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad

de Madrid, con el objetivo de realizar una planificación realista de los recursos y servicios disponibles

Hacer partícipes a las personas con discapacidad y a sus asociaciones, en el estudio, propuesta

de soluciones, planificación y seguimiento de todas las políticas dedicadas al colectivo. Promover nuevas medidas de inserción laboral con el objetivo de mejorar la visibilidad de las

personas que conviven con una discapacidad, revisando el catálogo de ayudas e incentivos al empleo ordinario, centros especiales de empleo y empleo autónomo, servicios de orientación y asesoramiento al empresario, etc.

Establecer prioridades en el calendario de implantación de la Ley de Dependencia o niveles de

copago para adaptarla a la actual situación de crisis y atender con carácter urgente los casos más graves

Garantizar la suficiencia financiera del Sistema de Atención a la Dependencia, asegurando las

cargas de las diferentes administraciones implicadas y marcando unos criterios objetivos de reparto en las aportaciones, que no sean fuente de desigualdad entre los ciudadanos por razón de residencia.

Aumentar el número de personas con prestación de Dependencia en Madrid al menos hasta la

media nacional en un plazo de 12 meses (a día de hoy eso significaría doblar el número de personas atendidas) y corregir de manera drástica la posición de la Comunidad de Madrid en el furgón de cola de las CCAA españolas.

Creación de una partida específica en el Presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos

Sociales donde se gestionen de manera centralizada todos los costes de Dependencia, evitando la dispersión actualmente existente y que permita hacer realidad la transparencia que defendemos en la actividad pública.


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Dotar con carácter inmediato de los recursos humanos necesarios para el impulso urgente de

la Ley de Dependencia en Madrid en línea con los objetivos expresados en primer lugar. Homogeneizar las prestaciones y servicios, ortoprotésicos y homogeneizarlas respecto al resto

de CCAA a través del Catálogo Común de Prestaciones Básicas. Impulsar el reconocimiento de la figura del Asistente Personal; delimitando sus funciones y

creando un perfil profesional y académico; así como los cambios legales que favorezcan la creación de Oficinas de Vida Independiente, con financiación pública, pero gestionados por el colectivo de personas con discapacidad.

Avanzar en una mayor profesionalización de los órganos de valoración y establecimiento de un

sistema de valoración de la calidad en la prestación de todos los servicios a la dependencia. Apostar decididamente por la creación de plazas residenciales públicas de gestión directa y

ampliar la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia. Asimismo es imprescindible suscribir conciertos con entidades privadas acreditadas que complementen la oferta pública, y aumentar la colaboración entre las distintas administraciones involucradas Dicha apuesta permitirá además cumplir el mandato legislativo de priorizar las prestaciones de servicios frente a las prestaciones económicas. Con tal fin, en los Presupuestos de la Comunidad de Madrid deberá incluirse la creación de 1.500 plazas anuales durante los próximos 8 años.

Promover la realización de estudios de impacto social y convivencial junto a los preceptivos de

impacto medioambiental en el diseño de los Planes urbanísticos con objeto de favorecer la creación de espacios inclusivos.

La crisis económica está haciendo crecer exponencialmente el problema de las personas “sin techo”. Su proceso de inclusión social debe ser un proceso paulatino, en el que la persona reciba un apoyo continuado en primera instancia en la calle, y en segunda instancia en Centros de Acogida, para pasar después a las viviendas de inclusión para cuyo acceso será necesario el requisito de capacidad de convivencia. Consideramos que el camino para la inclusión social de los “sin techo”, pasa por apostar por la inversión en microestructuras (viviendas tuteladas donde reciben apoyo y acompañamiento social), que sustituyan progresivamente las grandes instituciones, con medidas de vigilancia y horarios restrictivos. Los Centros de Acogida para personas “sin techo” tienen que ser diversos, flexibles, favorecer la autonomía y proporcionar intimidad. La igualdad real de hombres y mujeres pasa por la posibilidad de conciliar trabajo y familia de tal forma que la co-responsabilidad en el cuidado de los menores y dependientes sea un hecho y ningún ciudadano renuncie a su trabajo o a su carrera profesional por incompatibilidad con sus obligaciones familiares.

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También consideramos necesario que desde nuestra administración autonómica se destinen más recursos para fomentar el trabajo de prevención con los colectivos más vulnerables, colectivo englobado dentro del grupo de personas sin hogar (familias a las que les embargan su casa por impago, inmigrantes, ex reclusos, personas que ejercen la prostitución en la calle, personas que viven en infraviviendas, etc.) para evitar que se llegue a la situación más extrema que es la de vivir en la calle y desde la que resulta más difícil la inclusión social. La conciliación familiar, laboral y personal se aborda desde tres planos: el doméstico (educación y sensibilización hacia la co-responsabilidad); el ámbito empresarial (flexibilidad, trabajo a tiempo parcial y tele-trabajo) y el de la Administración (apoyar y potenciar las buenas prácticas en el ámbito doméstico y en el empresarial). En este sentido, nuestras propuestas son las siguientes: Corregir los déficits que sigue padeciendo nuestro Estado del Bienestar en aspectos clave,

como la falta de guarderías públicas y/o concertadas que cubran el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) o el desarrollo de la Ley de Dependencia que permita a los cuidadores de dependientes (en la actualidad más del 90% son mujeres) volver al mercado laboral además de contratar a cuidadores profesionales

Elaborar un Plan integral de infancia en la Comunidad de Madrid con suficiente dotación

presupuestaria y en coordinación con el resto de políticas de familia y servicios sociales con todos los ayuntamientos de la región. Este Plan deberá contener acciones específicas que mitiguen los efectos de la crisis económica sobre los niños y que contribuyan a erradicar cualquier proceso de exclusión y pobreza.

Introducir en la Comunidad de Madrid unos horarios más racionales, semejantes a los del

resto de Europa: sin largas pausas al mediodía, finalizando la jornada laboral a horas más razonables e incorporando una mayor flexibilidad, así como potenciar el tele-trabajo y los contratos a tiempo parcial

Potenciar que los servicios que proporciona la Comunidad de Madrid al ciudadano sean

incrementados a través de contratos a tiempo parcial que potencien el horario de atención al público en las horas de mayor afluencia

Continuar el apoyo a las víctimas de violencia doméstica, equiparando en la atención a todos

los colectivos víctima de violencia (mujeres, hombres, niños, colectivo LGTB, personas mayores especialmente indefensas, padres de jóvenes y adolescentes de alta conflictividad…)

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CAPÍTULO III. ECONOMIA Y EMPLEO

ECONOMÍA Y FACTORES DE CRECIMIENTO De igual forma que el resto de las regiones de España, Madrid sufre las consecuencias de la doble crisis en que se halla inmersa la economía española: por una parte la crisis económica internacional, que en algunos países ya empieza a mostrar síntomas de recuperación, y por otra parte la particular crisis económica y también institucional que se vive en España. La Comunidad de Madrid se ha visto menos afectada que el resto de regiones debido a su estructura económica, en la que tiene un mayor peso el sector servicios. Madrid es la tercera comunidad más poblada de España. El porcentaje de población de Madrid sobre el total de España ha ido avanzando desde el 12,8% en 1995, al 13,9% en 2009. El Producto Interior Bruto a precios de mercado de la Comunidad de Madrid en 2009 asciende a 189.059 millones de euros, sobre un total de España de 1,05 billones, siendo la segunda región en valor absoluto después de Cataluña. El PIB ha ido ganando peso en el conjunto de España, desde el 16,7% en 1995, al 18% en 2009. En términos de PIB per cápita, Madrid es la segunda región de España, con 30.029 euros, después del País Vasco, con 30.703 euros. Pero al mismo tiempo, Madrid es la duodécima en igualdad de renta. Durante el periodo de 14 años entre 1995 y 2009, y considerando las tres variables: población, PIB y PIB per cápita; puede afirmarse que la Comunidad de Madrid crece de forma más rápida en esas tres magnitudes que el conjunto de España, ganando 0,9 puntos porcentuales en población, 1,3 en el peso del PIB, y 0,4 en el índice del PIB per cápita. El peso de los sectores productivos de la Comunidad de Madrid en la formación del Valor Añadido Bruto (VAB) refleja un perfil propio de una economía altamente desarrollada, en la que el peso del sector servicios está próximo al 80%. Un sector servicios heterogéneo donde conviven empresas de alta y de baja productividad. Según el Eurostat Regional Yearbook de 2010, en el año 2007 la Comunidad de Madrid ocupa el puesto número 23 en términos de paridad de poder adquisitivo entre las 301 regiones europeas consideradas. No obstante, siendo la primera región española en términos de poder adquisitivo, Madrid se halla muy lejos de las primeras regiones europeas (Inner London, Luxemburgo, Hamburgo o Ille de France). Los principales factores que contribuyen al crecimiento de la Comunidad de Madrid son los siguientes: excelente situación geográfica; capitalidad política; capital de servicios, especialmente financieros; importante centro de decisiones empresariales; centro de sedes sociales y sedes corporativas de las grandes compañías españolas y de compañías multinacionales con presencia en España; centro de producción y consumo que dispone además de abundantes polígonos de desarrollo y zonas logísticas; elevados niveles de educación y de salud; amplio desarrollo de la sociedad civil, con gran número de asociaciones. La conjunción de estos factores propicia que la Comunidad de Madrid, siendo uno de motores de la economía en España, lo sea por razones fundamentalmente ajenas al Gobierno de la Comunidad.

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Los retos económicos de la Comunidad de Madrid pasan por batirse a sí misma, mantener el liderazgo económico dentro de las regiones de España, seguir siendo uno de los motores económicos y avanzar posiciones en el ámbito de las principales regiones europeas. Para ello la CM cuenta con las bases necesarias en recursos humanos, infraestructuras y capital. Además, la Comunidad de Madrid ha de asumir como reto propio los objetivos económicos de la estrategia planteada por la Comisión Europea en el documento “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”:

a) Tasa de empleo o índice de ocupación mínimo de un 75% en la población entre 20 y 64 años, incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores con bajas cualificaciones e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular. Actualmente la tasa de empleo de la Comunidad de Madrid está en el entorno del 65%.

b) Invertir el 3% del PIB en I+D, pública más privada, mejorando las condiciones para la inversión en I+D por parte del sector privado, y adaptándose a los indicadores que ha de desarrollar la Comisión para I+D+i. Actualmente la inversión en I+D en la Comunidad de Madrid está en el entorno del 2% del PIB.

SECTORES ECONÓMICOS E INNOVACIÓN El sector industrial en la Comunidad de Madrid ha crecido en términos absolutos en Valor añadido, pero ha ido perdiendo peso en términos relativos de forma notable durante los últimos diez años. El empleo en el sector industrial de la Comunidad de Madrid, prácticamente se ha mantenido estable en términos absolutos en la última década, no así en términos relativos, pues ha pasado del 12,8% al 9,5%. El gasto en I+D en la Comunidad de Madrid ha ido bajando frente al total de España. En 2000 el gasto de la CM era el 30,72% del total, en 2008 es el 26,32%. No obstante, la CM está a la cabeza (2%) en cuanto al gasto en I+D, muy por encima de la media de España (1,35%). La política de I+D+i ha de tener como objetivos aumentar y mejorar la productividad de las empresas. Las claves del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid pasan por el apoyo a emprendedores y pymes para que puedan incorporar mejoras tecnológicas y de gestión, que les permitan ser competitivas y rentables en un mercado con mucho dinamismo, ayudarlas a crecer, hacerse sólidas y exportar e invertir en el exterior. Generalmente los emprendedores que lanzan las empresas ya escogen muchas veces sectores innovadores en los que su idea puede ser competitiva. Sin embargo, hay líneas de trabajo y de apoyo que son indiscutiblemente positivas y aplicables de manera transversal en todos los sectores. Éstas son nuestras propuestas: Aumentar el peso del sector industrial en la Comunidad. Para ello, son necesarias medidas de

tipo “horizontal”, como fomento de I+D+i, creación de recintos industriales y parques tecnológicos, facilidades financieras, estímulos fiscales, fomento de los “clusters”, o atracción de inversión extranjera. Es decir, medidas que faciliten el emprendimiento industrial.

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Aumentar el apoyo a los sectores de innovación que aportan mayor valor añadido, tales como:

aeroespacial (aeronáutico y espacial); audiovisual; farmacéutico y biotecnológico; Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería; tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC); agroalimentario; turístico; para que el peso del sector construcción en la CM sea más lógico y razonable.

Mantener y desarrollar incentivos fiscales y financieros (avales, capital riesgo, etc.) y ampliar la

financiación pública de las actividades de investigación, con el objeto de atraer inversiones en investigación a los sectores de mayor valor añadido.

Facilitar la puesta en marcha de pymes innovadoras, generando espacios de colaboración a

precios competitivos subvencionados, dotados de la infraestructura necesaria y facilitar la colaboración y el intercambio de ideas entre autónomos y pymes innovadoras. Generar centros públicos como espacios de co-working (colaboración) o enlaces entre pymes e innovadores, pues estos espacios han tenido un papel clave para el desarrollo de este tipo de proyectos en otros países.

Reforzar los mecanismos de transferencia del conocimiento desde las Universidades y desde

los centros públicos a las empresas y poner en práctica sistemas de evaluación permanente y de retorno de investigadores, así como potenciar y mejorar la creación y el funcionamiento de empresas de base tecnológica en las universidades.

Según datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el comercio de la Comunidad, constituido por cerca de 37.000 establecimientos mayoristas y más de 71.000 minoristas, es uno de los sectores empresariales productivos más relevantes, aportando el 13,2% del PIB Regional, del que el 7,4% corresponde al comercio minorista. La existencia del pequeño comercio es imprescindible como elemento no sólo creador de riqueza y empleo sino también como indispensable factor de cohesión en zonas urbanas. Su reforma y modernización, ya en marcha desde hace años, debe contar con el apoyo de la CM a través de diversos sistemas que van desde medidas financieras, fiscales, fomento del asociacionismo y la formación, hasta el establecimiento de horarios que garanticen igualdad de competencia. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas comerciales, de hostelería y servicios para

potenciar la innovación tecnológica, la modernización, la especialización y competitividad de las áreas, ejes y centros comerciales de la Comunidad de Madrid. Impulsar el asociacionismo y reforzar la promoción comercial, dando un alto valor a la formación y a la modernización de la red comercial por la vía de las reformas directas y de la renovación del equipamiento.

Durante los últimos años, la industria turística ha ido cobrando mayor importancia en la

Comunidad de Madrid, tanto en aportación al PIB como al empleo, que se estiman en los entornos del 11% y del 12% respectivamente.

Coordinar esfuerzos y llevar a cabo una política de potenciación de los destinos turísticos de la

región a través de la ejecución de diversos planes de desarrollo del producto turístico. Mayor coordinación entre la CM, Ayuntamiento, Administración central, y especialmente con las

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Comunidades Autónomas limítrofes, aprovechando las comunicaciones que ofrece la región. Todo ello teniendo en consideración y cooperando con el sector privado.

La dinamización de las zonas rurales requiere el aprovechamiento de las iniciativas comunitarias “Leader+”, el fomento del agroturismo, programas de formación de empleo rural, promoción de industrias artesanas, mejora de las infraestructuras rurales y modernización de las instalaciones agrícolas y ganaderas. Aplicar innovación y fomentar la agricultura y la ganadería ecológica, los productos con

etiqueta ecológica y con denominaciones de origen y procedencia y la venta directa de productores a consumidores eliminando intermediarios, muchas veces improductivos y encarecedores del precio final.

Aprovechar la riqueza forestal de determinadas zonas de la comunidad de Madrid (biomasa)

para la consecución de energías alternativas lo que redundaría también en la limpieza de los bosques, la creación de empleo, y evitar incendios.

TEJIDO EMPRESARIAL La Comunidad de Madrid cuenta con un importante grupo de compañías multinacionales que han realizado sus ajustes y reconversiones y que son competitivas en los mercados internacionales. De las principales empresas españolas, aproximadamente un 28,4% de los mayores 1.200 grupos tienen su sede social en Madrid, que representa el 60% de los ingresos de la muestra y el 56,6% de los empleados. La mayor parte de las empresas cotizadas en el IBEX-35 tienen su sede social o bien su sede corporativa en Madrid. Igualmente en la Comunidad de Madrid existe un gran número de empresas medianas y pequeñas que están luchando y tratando de adaptarse a las circunstancias adversas de la crisis. Desde el Gobierno de la Comunidad se han de crear las condiciones óptimas para que tanto las grandes empresas, como las medianas y pequeñas, puedan mejorar su competitividad, recordando siempre que lo más importante es la propia actitud emprendedora. Es necesario tener en consideración que una parte fundamental de la viabilidad de un modelo económico competitivo y generador de empleo son las pymes, los emprendedores y los autónomos, que deberán recibir una atención superior a la que han disfrutado hasta ahora por parte de la administración. Según datos del inventario de entes dependientes de las CCAA del Ministerio de Economía, a enero de 2010 existen en España un total de 2.181 Entes Públicos, de los cuales 152 corresponden a la Comunidad de Madrid, predominando en ella las Fundaciones, Consorcios y Sociedades Mercantiles. En este sentido, proponemos lo siguiente: Reducción considerable del número de entes dependientes de la Comunidad, hasta situarlos

en el nivel estrictamente necesario, siendo absorbidos sus cometidos por parte de las correspondientes consejerías.

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Suprimir consejeros de los entes dependientes de la Comunidad, reduciéndolos a los mínimos

establecidos por la ley o los estrictamente necesarios, y también reducir los cargos directivos a los funcionalmente necesarios, huyendo de utilizar estos entes como recurso de empleo clientelar.

UPyD ha venido planteando la despolitización de los Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorro. Caja Madrid, junto con otras Cajas de Ahorro, ha constituido un banco denominado BANKIA, que se ha convertido en una de las principales entidades financieras españolas y de la cual Caja Madrid será el primer accionista de referencia con un una participación inicial del 52,06%. De los 21 miembros del Consejo del nuevo banco 11 corresponden a Caja Madrid, y de estos, 8 tienen un perfil y procedencia política. En relación a esta nueva configuración de Caja Madrid, proponemos las siguientes medidas: Revisar la composición de los Órganos de Gobierno de Caja Madrid, en los cuales continúa

existiendo una desproporcionada representación de personas procedentes de la política. Evitar que en la salida a bolsa de BANKIA se produzca una dilución excesiva de la participación

de Caja Madrid. Mantener las señas de identidad de Caja Madrid, entendidas como la práctica de revertir a la

sociedad los dividendos que percibirá por su participación inicial del 52,06% en BANKIA. Esto se realizará a través de la Obra Social y/o la Fundación de Caja Madrid.

La decisión de las inversiones a realizar por la Obra Social y/o la Fundación de Caja Madrid se

harán con total transparencia y con criterios profesionales en sus respectivos ámbitos.

ECONOMÍA Y FACTORES DE CRECIMIENTO El sistema de financiación de las CCAA se ha acompasado al proceso de transferencia de competencias desde el Estado con tres importantes hitos: LOFCA 1980, Ley 21/2001 y la Ley 22/2009. Entre los gastos de las CCAA, la sanidad, educación y servicios sociales son calificados de “pilares del Estado del Bienestar”. UPyD, por razones tanto políticas, como de eficacia y eficiencia, considera necesario devolver determinadas competencias en materia de Educación y Sanidad. Con ello se pretende asegurar la igualdad de tratamiento a los ciudadanos cualquiera que sea el territorio de su residencia. Dado el peso relativo de estos servicios en el conjunto del gasto autonómico, la aplicación de tal medida comportaría una importante disminución del volumen de las necesidades de financiación de las CCAA. Con el sistema de financiación anterior (Ley 21/2001), la Comunidad de Madrid, dado el nivel medio de renta de sus habitantes, su grado de desarrollo y su capacidad fiscal no sólo no percibió subvención alguna con cargo a los Fondos LOFCA, sino que tuvo que devolver sus excesos de capacidad fiscal en relación con las necesidades de gasto que le fueron estimadas.

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Esta situación ha cambiado con el nuevo sistema (Ley 22/2009), si bien previsiblemente la financiación de la Comunidad de Madrid continuará basándose fundamentalmente en su capacidad fiscal, siendo anecdótica su financiación vía subvenciones. A pesar de ello, es de interés para la CM que el régimen de subvenciones con cargo a los Fondos LOFCA se ajuste a criterios de transparencia, eficacia y eficiencia, que eviten derroches injustificables y financieramente insostenibles. Consideramos necesaria la armonización de impuestos entre CCAA con el fin de evitar la competencia fiscal, proceso claramente perjudicial para todos. Debido a que los Ayuntamientos son la administración más próxima en la relación de los ciudadanos con los poderes públicos, reciben una doble presión: por un lado son los primeros receptores de las demandas de servicios por parte de los ciudadanos, y por otro reciben el rechazo ante cualquier subida de impuestos municipales. Es decir, sufren una cierta propensión al aumento del gasto y a la limitación de los ingresos. Durante los años de bonanza económica (2000-2007) los Ayuntamientos, además del aumento de ingresos por la actividad económica y por las transferencias del Estado, han recibido inesperadas cantidades de ingresos extraordinarios derivados principalmente del sector constructor e inmobiliario. Esta situación les ha animado a prestar servicios y realizar inversiones que en algunos casos se encuentran en la zona gris de sus competencias. Es decir, han asumido numerosas competencias calificadas como impropias, que probablemente corresponderían a otras administraciones. Ahora los Ayuntamientos se enfrentan a dos problemas: primero la caída de los ingresos (ordinarios y extraordinarios), y segundo la obligación que se han creado de seguir prestando determinadas competencias impropias. Derivado de la caída de ingresos y de la dificultad de reducir el gasto, se ha producido una situación de déficit generalizado, que ha derivado en un aumento de la deuda y en el retraso de los pagos a proveedores. Por eso proponemos: Clarificar la distribución de competencias entre las tres administraciones: estatal, autonómica

y local. Revisión de los servicios que prestan, de forma que se eviten aquellos que tengan finalidades exclusivamente clientelares y que no obedezcan a principios de solidaridad, justicia y equidad.

Revisión del modelo de financiación local, así como del escenario presupuestario que se aplica

a las Administraciones Locales, garantizando el principio de lealtad institucional de forma que cuando el legislador estatal o regional introduzca obligaciones de servicios a prestar por parte de los Ayuntamientos. éstas vengan acompañadas de la adecuada y suficiente dotación de recursos para llevarlos a la práctica. La Ley de Haciendas Locales ha de tener como principios el respeto a la autonomía municipal, la suficiencia, la corresponsabilidad fiscal y la transparencia.

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ECONOMÍA Y FACTORES DE CRECIMIENTO El déficit previsto de la CM para 2011 (-0,7%), la deuda en términos de PIB (6,6%), y la relación entre PIB y presupuesto (en el entorno del 10%), permiten concluir que la Comunidad de Madrid tiene recorrido para utilizar el presupuesto como elemento dinamizador de la economía, donde una acertada política de gasto e inversión puede tener un efecto directo en el nivel de actividad y de empleo. Esta política pasa por la implantación de un Presupuesto de Base Cero que permita replantearse los gastos y reducir todos aquellos que puedan considerarse innecesarios. La estrategia presupuestaria de la CM pasaría por reducir gastos innecesarios para liberar recursos y realizar aquellas inversiones que produzcan retornos positivos en términos de dinamización de la actividad económica y mejora de la competitividad. Éstas son nuestras propuestas: Racionalización de la estructura organizativa de la CM y de sus entes dependientes, así como

revisión del gasto de personal con disminución drástica de los eventuales, personal de confianza y similares, que en muchos casos duplican la estructura ya existente de empleados públicos.

Revisión profunda del gasto corriente que se traduzca en una gestión austera, eliminando el

abundante gasto superfluo y redundante. Las infraestructuras, incluyendo las tecnológicas y las de servicios sociales, son uno de los factores clave del aumento de productividad, crecimiento y desarrollo en cualquier región, y han sido fundamentales tanto en el crecimiento y desarrollo, como en la competitividad alcanzada por la Comunidad de Madrid. Realizar una apropiada planificación desde la formación de capital público hacia las

infraestructuras productivas y tecnológicas, potenciando y facilitando el dinamismo del sector empresarial y procurando siempre establecer un marco regulatorio estable y favorable para el desarrollo económico, al tiempo que se mantiene el equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo económico. El objetivo no es el equilibrio cada año sino en un ciclo completo, compensando déficits con superávits como política anticíclica.

Realizar las inversiones necesarias para un apropiado mantenimiento de las infraestructuras

existentes, y realizar solamente inversiones en nuevas infraestructuras que generen valor añadido, eliminando las destinadas a infraestructuras que en la actual situación económica pueden considerarse innecesarias.

Deberá también evitarse el exceso en la construcción de infraestructuras, especialmente obras

públicas, como ha ocurrido estos años con infraestructuras privadas que ha habido que rescatar con fondos públicos (caso de algunas Radiales de Madrid).

La realización de inversiones mediante las diferentes fórmulas existentes de colaboración público-privada, han permitido, en algunos casos, mejorar la eficiencia y la eficacia de las inversiones públicas, y también ofrecer ventajas para los ciudadanos, para la Administración pública y para el sector privado.

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La colaboración público-privada deberá ser siempre algo complementario y no se deberá

utilizar con el objeto de ocultar deuda pública ni para realizar inversiones faraónicas. Deberá haber también una detallada y cuidadosa evaluación previa de su coste final, muchas veces muy superior al inicialmente programado.

Promover el papel de la Administración de la CM como agente económico, explorando la

posibilidad de utilizar de forma muy selectiva el recorrido que pudiera existir en términos de incremento de gasto y de la inversión productiva.

La Comunidad de Madrid no presenta liquidaciones de los presupuestos por programas y, de la misma forma que sucede con las liquidaciones por capítulos económicos, tras el aparente ajuste global, existen importantes desviaciones que desvirtúan las políticas planificadas inicialmente. En aras a una mayor transparencia y evaluación de las políticas públicas, es necesario que la

Comunidad de Madrid presente las liquidaciones presupuestarias al nivel de programa y subconcepto presupuestario ejecutado.

El presupuesto, además de la función dinamizadora de la economía regional, tiene un segundo objetivo, igualmente importante. Es el de redistribución de la renta, sobre todo a través de los conceptos que integran el gasto de protección social. La crisis económica que dura ya tres años ha aumentado las desigualdades y las necesidades de una parte creciente la población madrileña. El sistema impositivo atenderá a los criterios de suficiencia y equidad. Por el primero, los

ingresos serán los necesarios para el equilibrio cíclico del presupuesto. Por el segundo, se buscará la mayor progresividad de los ingresos, gravando más a quienes más tienen.

Se procurará, dentro de las posibilidades presupuestarias, el incremento del gasto de

protección social, desarrollando programas específicos contra la pobreza y la exclusión social.

RACIONALIZACIÓN Y PEDAGOGÍA DEL GASTO PÚBLICO El Gasto Público requiere un profundo proceso de racionalización, cuyo origen está en la propia concepción que se tiene sobre lo que ha de ser el servicio a la sociedad y el desarrollo de la actividad política. Frente a la opinión generalizada de que lo público no es de nadie y no tiene coste, se ha de enfrentar la evidencia de que lo público es de todos y tiene un coste. Esta pedagogía pasa por una total transparencia y por informar a los ciudadanos sobre los costes de todo tipo de servicios públicos. También es conveniente recordar a la ciudadanía que al ser siempre los recursos finitos, toda inversión o gasto en algo supone no poder hacerlo para otra finalidad. Por eso proponemos lo siguiente: Evaluación sistemática de las Políticas Públicas y de la calidad de los Servicios.

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Introducción de auditorías funcionales y Presupuesto Base Cero en el sector público de la Comunidad, con el objetivo de detectar posibles ineficiencias, duplicidades, y gastos excesivos, y adopción de las medidas necesarias para solventar tales ineficiencias.

Revisión de las ayudas y subvenciones que se vienen concediendo y supresión de aquellas que

no respondan a una necesidad social real con un proyecto serio y consolidado. Las mismas han de tener en cuenta la capacidad económica del perceptor, ya que es injusto dar por igual a los desiguales.

Disponer de empleados públicos bien formados, motivados, con espíritu de servicio público y

bien retribuidos. Las remuneraciones deberían ser homogeneizadas entre las distintas administraciones territoriales.

Priorizar la ayuda a los mayores y conseguir en el caso de los jóvenes, su inserción en el

mercado de trabajo con salarios dignos. Buscar fórmulas para que los sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos se

autofinancien, limitando notablemente la financiación pública de la Comunidad. Limitación del número de asesores de los cargos públicos y de su sueldo, creando una base de

datos pública. Las funciones de asesoramiento deberían ser prestadas por funcionarios. Un asesor sólo sería permisible cuando esté justificada su necesidad y, además, no haya un funcionario público capaz de prestar el mismo asesoramiento.

Utilizar la información que suministra la Cámara de Cuentas no solo para la adopción de

medidas correctoras, sino también como instrumento para la lucha contra la corrupción. El Instituto de Estadística de Madrid se podría convertir en la delegación en la Comunidad de

Madrid del Instituto Nacional de Estadística. Eliminar toda la publicidad institucional vacía de contenido y cuya finalidad es sencillamente

darse autobombo. Incluir objetivos a las Consejerías y verificar anualmente su grado de cumplimiento. En

Transportes, kilómetros realizados; en Educación, número de alumnos que superan la selectividad; en Sanidad, camas/habitante o listas espera; en Vivienda, llegar a cupos sociales, etc.

Las causas que provocan variaciones en la economía sumergida son muy diversas, tales como el grado de desarrollo económico y social, la calidad de las instituciones, las tasas de paro, la rigidez del mercado laboral, la presión fiscal, las normativas legales poco apropiadas, la tolerancia social de los ciudadanos, o el grado de eficacia de la inspección. Una parte importante del dinero que pasa a la economía sumergida se genera utilizando empresas que pueden emitir facturas sin control. Proponemos revisar las leyes y normas de funcionamiento que dentro del alcance de la

Comunidad de Madrid propicien detectar el fraude y aflorar la economía sumergida. Reservar


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la utilización del régimen fiscal de módulos para aquellas actividades que puedan medirse con cierta precisión por ese procedimiento.

EMPLEO En 2009 la población de la Comunidad de Madrid se situó en el entorno de los 6,5 millones de habitantes y la densidad de población en el de los 800 habitantes por km2, siendo la región española de mayor densidad y una media de 2,8 habitantes por hogar en el año 2007. El número total de afiliados a la Seguridad Social es de 2,8 millones en mayo de 2010, aproximadamente el 44%. Existe una empresa inscrita en la Seguridad Social por cada 34,75 habitantes. La tasa de actividad es de 58,64% en Madrid (52,22% en toda España) y la tasa de paro es del 16,74% (20,40% en toda España) Desde el comienzo de la crisis, el desempleo en la Comunidad de Madrid se ha situado por debajo de la media nacional debido a la componente estructural de la economía madrileña, en la que tiene más peso el sector servicios. No obstante se da un fuerte desequilibrio entre unas zonas y otras, especialmente entre las zonas rurales y urbanas. Nos encontramos con poblaciones que alcanzan el 30% de desempleados o comarcas enteras que están 10 puntos por encima de la media. Lógicamente son datos a tener en cuenta a la hora de planificar un desarrollo más equilibrado y armonioso de la Comunidad que sin duda reportará otros beneficios colaterales: menos hacinamiento de la población, menos traslados y en consecuencia una mejora del medio ambiente y la calidad de vida. En términos demográficos, la inmigración es el fenómeno de mayor relevancia durante los últimos años, habiendo pasado de representar un 6,8% en el año 2001 (365.135 personas) hasta un 15,7% en el año 2009 (1.005.381), originando a su vez un rejuvenecimiento de la población de la Comunidad. El porcentaje de trabajadores extranjeros sobre la población activa, ha crecido desde el 17,39% (533.600) en 2005 hasta el 22,13% (751.200) en 2009. Mantener un 16,4% de paro no es propio de una Comunidad que se ha de comparar con las más desarrolladas de Europa, en las que el paro no supera el 10%. En consecuencia, éste ha de ser un objetivo prioritario, utilizando todas las posibilidades que ofrece el presupuesto que maneja la Comunidad. Tanto el Servicio Regional de Empleo, como los Ayuntamientos han de desarrollar un papel relevante y con mayor eficacia que la actual. Las competencias en materia de empleo de la Comunidad de Madrid son limitadas, aún así, cabe realizar sustanciales aportaciones en materia de racionalización administrativa, realización de propuestas en aras a obtener una mayor eficacia en la actividad formadora y, dentro de los escasos medios económicos disponibles, facilitar deducciones fiscales tendentes a facilitar el afloramiento del empleo sumergido. Éstas son nuestras propuestas en materia de Empleo: Reorganización de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid en esta materia

sobre la base de la simplificación administrativa, refundiendo o suprimiendo los diferentes

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órganos con competencias concurrentes tanto de la Administración autonómica como de las Administraciones Locales.

Reforzar los mecanismos de control y de evaluación de la Consejería de Empleo para mejorar

la eficacia de los recursos invertidos en políticas activas de empleo realizados de manera externalizada por entidades de naturaleza privada.

Desarrollar planes específicos de formación y de fomento del empleo para sectores

especialmente castigados por el desempleo orientados a la:

o Reconversión de trabajadores del sector de la construcción a otros sectores (especialmente del sector servicios).

o Reconversión de autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios, bien fomentando el inicio de nuevos proyectos, o bien orientándolos al trabajo por cuenta ajena.

o Potenciación de las PYMES en general y del comercio minorista en particular Adopción de medidas fiscales de incentivo para la creación de empleo por parte de las

economías domésticas:

o Introducción de una deducción relevante sobre la parte autonómica del IRPF de las cantidades invertidas (tanto en concepto de salarios como de cotizaciones a la Seguridad Social) en los servicios de empleadas/os de hogar, de la que serían beneficiados aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

Formar una unidad familiar en la que los dos progenitores sean trabajadores a

tiempo completo y tengan a cargo dos o más hijos menores o alguna persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33% o tengan a cargo un ascendiente dependiente.

Formar una unidad familiar monoparental en la que el progenitor sea trabajador a

tiempo completo y tenga a su cargo dos o más hijos menores o alguna persona con discapacidad reconocida igual o superior al 33% o tengan a cargo un ascendiente dependiente.

o Introducción de una deducción relevante sobre la parte autonómica del IRPF en la

contratación de conserjes o porteros de fincas urbanas en régimen de propiedad horizontal de los que el contribuyente sea copropietario. Para poder beneficiarse de esta deducción deberá acreditarse por el Administrador de la comunidad de propietarios la parte correspondiente a cada propietario en función de su porcentaje de participación, así como los datos relativos al contrato de trabajo que sean necesarios para verificar la existencia de la causa de deducción.

Los Centros de Iniciativas y Formación para el Empleo de los distintos ayuntamientos pasarán

a estar controlados y administrados por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la

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Comunidad de Madrid, y dejarán de depender de los consistorios, manteniendo su actividad actual.

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CAPÍTULO IV. EL CIUDADANO MADRILEÑO EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA El régimen de función pública de la Comunidad de Madrid se rige por la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la función pública de la Comunidad de Madrid, modificada parcialmente en materia de medidas relacionadas con la violencia de género por la Ley 5/2005 de 20 de diciembre. La Ley 1/1986 en tanto no ha sido modificada por los preceptos directamente aplicables de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado Público, es una transcripción prácticamente literal de los artículos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Esta fue una norma de carácter coyuntural que constituyó el único instrumento legislativo postconstitucional hasta la relativamente reciente aprobación del Estatuto Básico que ha regulado las relaciones de la Administración central del Estado con sus empleados. De esta forma, la totalidad de los defectos de la regulación del régimen de la función pública estatal han sido trasladados a la Comunidad de Madrid. Algunos de esos defectos pretenden ser mitigados con las siguientes propuestas: En tanto se desarrolla a nivel nacional de un modo adecuado el artículo 6 del Estatuto Básico

del Empleado Público, se propone un desarrollo propio para la Comunidad de Madrid con rango inferior al de ley para establecer provisionalmente un sistema de carrera horizontal que objetivice la retribución y designación de puestos directivos, impidiendo la aplicación de criterios discrecionales. Parte de la misma propuesta sería la elevación a las instancias correspondientes del Estado de la necesidad de acometer con carácter general el desarrollo legislativo indicado.

Una norma específica de la CM debe obligar a que todas las modificaciones que se lleven a

cabo en la estructura orgánica de la Comunidad, tanto en el número y denominación de las Consejerías como aquellas en el seno de cada Conserjería que impliquen creación, supresión o modificación de funciones, deberán ser aprobadas por la Asamblea de la CM.

Elaboración de Presupuesto de base cero: establecimiento de objetivos a alcanzar por cada

Centro Directivo como parte integrante de la Ley anual de Presupuestos de la CM y asignación de medios materiales y personales en función de esos objetivos, sin que las cifras correspondientes a ejercicios anteriores condicionen los nuevos objetivos.

Evaluación de los resultados obtenidos en la gestión por áreas funcionales y territoriales,

teniendo en cuenta no solo los indicadores objetivos incluidos en los Presupuestos sino especialmente la estimación sobre la calidad de los servicios prestados expresada por sus usuarios. Puede ser compatible con sistemas de evaluación individual del desempeño.

Delimitación de las funciones administrativas que han de se desempeñadas por personal de

carrera impidiendo que el ejercicio de estas funciones sea encargado a empresas o entes públicos creados para este u otros fines. Asimismo, deberá evitarse el desempeño de esas funciones por personal interino o laboral cuyo ingreso en la función pública no se haya

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realizado en condiciones similares a la de los funcionarios de carrera, es decir a través de sistemas transparentes de oposición. En el caso del personal eventual de confianza, adscrito habitualmente a los gabinetes, se deberá dar publicidad a los puestos existentes con indicación de sus funciones.

Catalogación de las funciones de carácter comercial o administrativo desempeñadas por entes

o empresas publicas de la Comunidad de Madrid que sirva de base para la supresión de entidades cuyos cometidos presenten duplicidad con organizaciones de carácter nacional, autonómico o local o que se consideren innecesarios por razón de su objeto social

Creación en el seno de la Asamblea de Madrid de una Comisión de Seguimiento de la

Contratación compuesta de forma igualitaria por los distintos grupos políticos representados en la Asamblea. La Comisión deberá disponer en “tiempo real” de la totalidad de la documentación técnica y contable generada por los órganos intervinientes en el proceso de contratación, incluyendo las ofertas solicitadas y presentadas por los diversos licitadores

Aplicación a la CM de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública que

se proponen en este programa.

JUSTICIA Tal y como establecen las Resoluciones de nuestro 1º Congreso, consideramos la Justicia como uno de los pilares esenciales de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Lo que nos jugamos en que la Justicia funcione o no, es mucho, ya que es un derecho fundamental del ciudadano reconocido en la Constitución. Asimismo, defendemos que todas las competencias de Justicia sean de la Administración Central, evitando así las incompatibilidades (especialmente graves en lo que se refiere a los sistemas informáticos) y duplicidades. Las propuestas van encaminadas a tres áreas que consideramos fundamentales en el ámbito de la Justicia de la Comunidad de Madrid: los medios y recursos disponibles, los menores infractores y la justicia gratuita y turno de oficio. IV.2.1 Medios y recursos en Justicia Partimos de considerar que los recursos materiales puestos a disposición de la Justicia deben ser adecuados y modernos. Entre los problemas específicos de la Comunidad de Madrid, podemos citar los siguientes, que consideramos especialmente importantes: a) Elevada dispersión de las sedes judiciales y soluciones parcheadas al problema. b) Fracaso estrepitoso de proyecto de la Ciudad de la Justicia c) Ineficacia en la gestión de los servicios comunes y necesidad de centralización de servicios. d) Gestión inadecuada del personal y elevada rotación del mismo e) Dificultades en solicitar y recibir medios materiales no inventariables.

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f) Implantación muy deficiente de las nuevas tecnologías: programas informáticos obsoletos, inexistencia de digitalización de documentos o firma electrónica, imposibilidad de compartir datos entre Juzgados y/o policía, escasez de bases de datos.

g) Falta de coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia. Estas son nuestras propuestas: Aplicación de la nueva Oficina Judicial lo antes posible en la Comunidad de Madrid.

Proponemos la mejora de los servicios comunes procesales, de acuerdo con el pacto para la Justicia de 2003 entre PP y PSOE, que cristalizó en la ley 13/2009, que la Comunidad de Madrid se ha negado sistemáticamente a llevar a cabo.

Investigación y depuración de responsabilidades políticas en el caso de la Ciudad de la Justicia,

y búsqueda de una solución alternativa agrupando sedes judiciales. Mejorar la gestión del personal de los juzgados, seleccionando personas con perfil jurídico y

con una formación más adecuada al puesto, y aumentando el control disciplinario. Favorecer la estabilidad en el puesto de trabajo.

Introducción de las nuevas tecnologías de una forma eficiente (digitalización de documentos,

firma electrónica, comunicaciones telemáticas, utilización de un solo programa a nivel nacional que permita crear bases de datos compatibles con Policía y Guardia Civil, y que permita ahorrar tiempo en el trabajo diario). Uso de aplicaciones informáticas dirigidas a los ciudadanos y los profesionales para evitar desplazamientos y poder realizar trámites on-line.

Revisión de la privatización de determinados servicios (seguridad, traducción jurada, etc.) para

una mayor optimización del gasto y mejor calidad de los mismos. IV.2.2 Menores infractores Consideramos preocupante la privatización de la privación de libertad y control de los convenios que redunda en un escaso control y en la disminución de la calidad de los centros de internamiento. Asimismo consideramos fundamental la coordinación entre comunidades autónomas, instando a que se lleven a cabo acuerdos con las CCAA limítrofes a Madrid para paliar situaciones deficientes, como por ejemplo, que un menor de Guadalajara pueda cumplir una medida de internamiento en un centro de Madrid (a 56 km de distancia), en lugar de tener que ir a uno perteneciente a su Comunidad Autónoma. Tal y como estableció la Ley 6/95 de garantías de los derechos de la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid, las medidas en medio abierto las tienen que ejecutar los municipios de más de 50.000 habitantes. En el caso de Madrid, la realidad es que es la Comunidad la que se hace cargo de las mismas, pese a la firma de convenios de colaboración, también contemplados en la norma citada. Por eso, proponemos lo siguiente:

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Gestión pública de todos los centros de internamiento para la ejecución de medidas privativas de libertad dictadas al amparo de la Ley 5/2000. Los centros de gestión privada no disponen de los medios y personal cualificado que tendrían si fuesen de gestión pública. La selección del personal, los controles de inspección, calidad, programación y evaluación, etc. con los que cuenta cualquier centro de gestión pública no están al alcance de los centros de gestión privada, que entre otras cuestiones han de dar prioridad a los criterios de rentabilidad económica. Además, los centros de gestión privada tienen el lastre de la alta rotación de personal, retribuciones bajas, escasa formación, estar sujetos a los vaivenes de los intereses políticos en lugar de tener como objetivo la correcta prestación de un servicio público, etc. Otros vicios derivados de la gestión privada los encontramos en un enriquecimiento de esas entidades concesionarias no controlado, en lo que se refiere a presupuestos, contrataciones a dedo, falta de servicios de inspección, auditorias contables; asimismo sin olvidar las inspecciones y evaluación de la atención que es manifiestamente deficiente.

Realización de un convenio interautonómico para que cualquier menor al que se le imponga

una medida privativa de libertad, pueda cumplir efectivamente la sanción impuesta en el centro más próximo a su domicilio, independientemente de la comunidad autónoma de residencia.

Colaboración en la gestión directa por parte de las entidades locales de las medidas de medio

abierto impuestas por los Jueces de Menores. El espíritu de la ley y la ciencia marcan que las medidas en medio abierto se han de ejecutar en el medio socio-familiar del menor. La existencia de los Consejos Locales de Atención a la infancia, así como los medios y recursos de los municipios con las correspondientes transferencias de las partidas necesarias, y la financiación de las mismas a largo plazo, redundarán en la mejora de la prestación del servicio y la efectiva reinserción, así como la no reincidencia de los menores infractores.

IV.2.3 Justicia gratuita y turno de oficio En los últimos años se ha producido un incremento de los asuntos, debido al aumento de la litigiosidad, (especialmente notorio en Madrid) y a la llegada de un gran número de ciudadanos extranjeros a la Comunidad, que gozan igualmente del derecho a la justicia gratuita, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa que es donde se dirimen los asuntos regulados por la Ley de Extranjería. Por último, la actual crisis económica ha disparado la solicitud de abogados de oficio en desahucios, procedimientos concursales, hipotecarios, monitorios y despidos. La situación actual del turno de oficio es muy preocupante, pues la dotación presupuestaria es totalmente insuficiente, al existir cada vez más demanda y mantenerse el presupuesto inalterado durante los tres últimos años. La situación deficitaria existente ha supuesto un retraso de hasta un año en el pago a los abogados de oficio (4.500 aproximadamente, en la Comunidad de Madrid) Nuestro sistema de Justicia gratuita lo podemos calificar de bastante bueno: ha sido copiado por diversos países, pues su funcionamiento es muy satisfactorio y las encuestas realizadas por el Consejo General de la Abogacía así lo indican, habiendo sido evaluado con un aprobado alto.

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Descartamos la privatización del servicio, ya que necesariamente se resentiría el servicio al prestarse por abogados más inexpertos y peor retribuidos, y no se reduciría la cuantía del gasto. También descartamos la creación de un cuerpo de abogados de la Comunidad para la realización del servicio. Es muy dudoso que con la contratación de un número muy importante de abogados se fuera a reducir el coste, pues la Comunidad tendría que asumir unos salarios elevados y la seguridad social de estos empleados públicos. Esto entraría totalmente en colisión con la filosofía de prestación del servicio y se perdería totalmente la independencia del abogado. Al igual que en el supuesto anterior choca con lo preceptuado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto a la prestación del servicio por parte de los Colegios de Abogados y Procuradores.

Esta situación se ha intentado paliar a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2009,

en la que se regula que debe constituirse un depósito para poder interponer un recurso, el 40% de estas cantidades se destina a la modernización de la justicia, la plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos de la Administración de Justicia y la justicia gratuita. Como la entrada en vigor de esta norma se produjo el 4 de noviembre de 2009, no se tienen datos de su incidencia en la reducción del déficit presupuestario de la justicia gratuita.

Mayor control de las personas que solicitan justicia gratuita para que no se preste a personas

que legalmente no tienen derecho.

INTERIOR Desde la consideración de la Policía Local como el cuerpo de Seguridad más próximo al ciudadano, consideramos imprescindible avanzar en políticas de colaboración, cooperación y coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Nuestras propuestas son las siguientes: Apostar por una renovación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de

Madrid, con el fin de dotar de unos medios acordes a la realidad social y seguridad en los Municipios.

Modificar el Convenio Marco que firman los Municipios con la Comunidad para la

implementación de la BESCAM, y que marca las funciones de éstos, de acuerdo a la última Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en los conflictos suscitados al efecto.

Impulsar e instar en el marco de políticas nacionales:

a) Modificación del Estatuto Básico de Policía Local, que subsane sus deficiencias y

diferencias. b) Establecimiento de un catálogo de enfermedades profesionales de Polícias locales y del

marco específico de prevención de riesgos laborales. c) Alinear las políticas de jubilación de la Policía Local a las del resto de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad.

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA En los tiempos actuales de crisis económica se hace más necesaria que nunca una política de austeridad y eficacia, también en Cultura. El presupuesto destinado por la Comunidad de Madrid a Cultura debe ser ajustado a esta situación. Se debe buscar, ante todo, la mayor de las eficacias posibles en la gestión de los recursos disponibles para esta partida. Nuestras propuestas en Cultura son los siguientes: Proponemos una explotación racional de recursos materiales y humanos en el área de

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. Para lograr este objetivo proponemos la reunificación de los Órganos colegiados en función de sus perfiles de competencia de gestión, y la transversalidad que imponen las nuevas tecnologías, haciendo además que la planificación de la gestión integre planes comunes transversales, programas, proyectos y ejecución y control de la gestión y el presupuesto.

Mejora de los servicios al ciudadano en las Bibliotecas dependientes o cofinanciadas por la

Comunidad de Madrid consistentes en los siguientes indicadores de calidad:

a) Aumento del número total de puestos de lectura actuales, en un 10% en municipios de más de 100.000 habitantes, un 6% en municipios de más de 50.000 habitantes, un 4% en poblaciones de más de 20.000 habitantes, un 1% en poblaciones de más de 5.000 habitantes y la instalación real y efectiva de Centros abiertos de lectura en municipios con más de 2.000 habitantes.

b) Conexiones WIFI en los puestos de lectura para acceso a canales de información y catálogos, en todas las Bibliotecas y Centros de Documentación.

c) Instalar PCs para uso público con conexión a Internet en todas las Bibliotecas y centros de documentación y aumento el tiempo de disfrute.

d) Mantener la dotación presupuestaria del año 2009 en el 2011 para adquisición de fondos de consulta en cualquier soporte.

Interoperatividad y conectividad de la red de información de bibliotecas y centros de

documentación. Proponemos así mismo que los procesos de digitalización de los fondos sigan un criterio de preservación del patrimonio documental y bibliográfico, digitalizando primero aquellos que se encuentren por la fragilidad de su naturaleza material, en mayor peligro de deterioro, estableciendo planes anuales de digitalización, estableciendo un mapa del estado de conservación de los ejemplares y unos criterios estándar para todas unidades de información (bibliotecas, hemerotecas, centros de información y documentación, archivos gráficos, etc.,)

Colaboración en materia artística entre la Comunidad de Madrid y los Municipios. Tal

colaboración es el complemento necesario para el desarrollo de «tejidos culturales residentes», tanto a nivel regional como municipal. Esta colaboración debe plasmarse en medidas concretas que fomenten acuerdos y coproducciones con distintas comunidades. La creación de tejido cultural residente se fomentará mediante «contratos-programa» para gestionar los espacios escénicos tanto comunitarios como municipales. También con la creación de fórmulas específicas de apoyo a artistas residentes.

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Racionalización de la gestión de los equipamientos culturales de la Comunidad de Madrid,

introduciendo en su gestión y en su estructura de producción criterios de calidad y transparencia que incluyan fórmulas de evaluación de ejecución de presupuestos y de resultados, así como procedimientos de comunicación pública de los mismos. Proponemos la implantación general de la fórmula del «contrato-programa» sujeta a la Ley de Contratos del Estado. Consideramos que estos objetivos de racionalización y transparencia en la gestión hacen imprescindible la creación en un plazo máximo de dos años de un Consejo Madrileño de las Artes Escénicas.

Colaboración entre las Instituciones Públicas y los agentes privados. Se elaborarán

documentos marco que orienten, a medio y largo plazo, la colaboración entre las instituciones públicas y los agentes privados. Esos documentos marco servirán ante todo para definir los respectivos ámbitos de actuación, así como para regular la utilización y la gestión por agentes privados de espacios escénicos cuya titularidad sea pública.

Colaboración entre las Instituciones Públicas y las Universidades en materia de difusión de la

cultura. Austeridad en la edición en formato papel por parte de la Comunidad de Madrid. Debe

reducirse de forma drástica la edición en papel de revistas y libros por parte de la CM. En lo que se refiere a narrativa y obras de carácter general o divulgativo, las administraciones públicas no deben de invadir el terreno de las editoriales comerciales privadas. Proponemos que las ediciones institucionales se hagan en soportes electrónicos que cumplan la normativa sobre ciclo de vida del software, los criterios de accesibilidad y usabilidad, e interoperabilidad recomendados en la UE para el e-gobierno y la e-administración para sitios web públicos, para que estén a disposición del público sujetos a la legislación de la Propiedad Intelectual vigente, a ser posible bajo licencia Creative Commons y con programas de software libre.

Pago de publicaciones de literatura gris o especializada, usada para fines particulares, diarios y

revistas nacionales y extranjeras a los cargos públicos. Proponemos que la adquisición y posesión de literatura especializada o gris, publicaciones periódicas y seriadas por parte de la Comunidad de Madrid debe limitarse a Bibliotecas, Archivos y Museos y centros de Información y/o Documentación, que necesiten de esas publicaciones para el desempeño de su trabajo o para consulta pública de los ciudadanos, según lo dispuesto en la normativa vigente para unidades de Información y Documentación.

Control y evaluación internos y externos: realización de auditorías operativas. En lo que

respecta a las ayudas públicas de distinto tipo que se otorgan a diversos proyectos de particulares, no existen criterios objetivos, ya que lo «artístico y su calidad» son criterios subjetivos no mensurables, lo que da lugar a todo tipo de arbitrariedades, y a la sospecha de irregularidades en su concesión. Para eliminarlas proponemos la elaboración de criterios tipo de calidad, como se hace con los «criterios Latindex» para calidad de publicaciones periódicas. Asimismo, consideramos que sólo el control externo de todas esas contrataciones y adjudicaciones podrá erradicar prácticas perversas en este terreno.

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Elaborar un Plan Director de Gestión eficiente de la red de Teatros Regionales y Municipales de la Comunidad de Madrid conforme a modelos de intervención transparentes, basados en criterios éticos y con responsabilidades precisas para los titulares de la política cultural de la Administración. A este respecto, proponemos tres medidas concretas: la creación de una red madrileña de centros de alquiler para uso de los profesionales, la generalización de la fórmula del contrato programa y la contratación de directores artísticos y gestores mediante concursos públicos con procesos de selección abiertos en los que se evaluará el curriculum y el proyecto de cada candidato.

Intervenir en el ámbito educativo con el objetivo de fomentar la afición a las artes escénicas, al

tiempo que se atiende las necesidades específicas de los estudiantes con altas capacidades. Nos proponemos por ello crear una Red Autonómica de Escuelas Artísticas financiadas de forma mixta (gobierno autonómico, ayuntamientos y cuotas de los usuarios) y con programación destinada a todas las edades y fundar un centro integrado de Enseñanzas Artísticas con prueba de acceso y especialmente dedicado a los adolescentes altamente dotados.

ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID La objetividad de las televisiones públicas es un asunto problemático, pero en el caso de Telemadrid, la falta de objetividad es flagrante, ya que se ha convertido en un instrumento de propaganda del Gobierno regional, que ha mermado además sus resultados económicos y de audiencia. Ante esta situación, planteamos la búsqueda de mecanismos que incrementen la objetividad de la cadena pública. Basta comparar el régimen de Telemadrid con el de TVE, que si bien puede no ser perfecto, sí ha supuesto un importante paso adelante en su neutralidad. Así, en Telemadrid, de acuerdo con la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente público de Radio-Televisión Madrid, existe un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea de Madrid, “reflejando la proporcionalidad del reparto de escaños en la misma”, es decir, que se traslada al Consejo de Administración la representación política, con un criticable mandato de cada grupo parlamentario, que puede disponer el cese o sustitución de sus representantes. La Presidencia es puramente funcional y rotatoria, y el verdadero poder lo ejerce un Director General nombrado por el Consejo de Gobierno (arts. 6 y 8). En cambio, para RTVE, la Ley 17/2006, de 5 junio, prevé la elección del Consejo de Administración por las Cortes Generales “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”, sin cuotas de partidos, y la de su Presidente por el Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3. Nos parece, evidentemente, un mejor sistema. Acaso no perfecto, pero tiene como objetivo claro buscar que el primer ejecutivo de la televisión pública lo sea por consenso parlamentario, al menos por mayoría de 2/3, mayoría a la que no suele alcanzar por sí mismo el partido en el Gobierno. Además, la falta de cuotas y la búsqueda de independencia en los demás miembros del Consejo es también positiva. Por ello, proponemos la transposición de este régimen a Telemadrid. Proponemos que la elección del Consejo de Administración de Telemadrid se realice por la

Asamblea de Madrid “entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional”,

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sin cuotas de partidos, y la de su Presidente con funciones ejecutivas (que asumiría las del actual Director General nombrado por el Consejo de Gobierno) por la propia Asamblea por mayoría de 2/3.

Asimismo proponemos introducir criterios de austeridad y eficiencia en la gestión de

Telemadrid, reduciendo su estructura a un único canal de televisión y radio y reforzando la objetividad y la calidad de los contenidos de este servicio público que debe ser reflejo de la pluralidad de la sociedad madrileña.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA La práctica de la Educación Física y del Deporte por parte de todos los ciudadanos es indispensable en su desarrollo: propicia la formación y el asentamiento de actitudes consustanciales a los sistemas educativos y a la vida social; facilita, estimula la relación con el medio y los próximos y engrandece el espíritu de quien lo practica. Consideramos que esta práctica debe ser favorecida por la Administración, generando condiciones particulares adaptadas a las necesidades específicas de los niños, escolares, jóvenes, de las personas mayores y de los discapacitados, permitiendo el desarrollo integral de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales. La práctica del deporte por parte de todos los ciudadanos es un derecho constitucional y facilitar su acceso es un mandato constitucional para los políticos. Muchas administraciones han dado en concesión a empresas privadas la gestión de instalaciones deportivas públicas lo que convierte a éstas en fuente de negocio por la obtención de ingresos y beneficios (algo absolutamente razonable para una empresa), pero que incrementa el pago que han de realizar sus usuarios por cualquier práctica. Esto genera la sinrazón de que ciudadanos se trasladen a municipios vecinos con instalaciones gestionadas por la administración pública y un coste asequible para ellos. Éstas son nuestras propuestas en Deporte: La gestión de las instalaciones deportivas públicas por parte de la Administración Pública debe

realizarse con estrictos controles y exigencia profesional. Los centros deportivos han de ser dinamizadores autonómicos, municipales o de barrio,

desarrollando programas de activación para que el ciudadano practique ejercicio como un hábito saludable, permanente y continuado.

Eliminar todas las barreras arquitectónicas de las instalaciones deportivas, que impiden o

dificultan la movilidad de personas con discapacidad y personas dependientes, y acondicionar las ya existentes.

Los Campeonatos Escolares abarcan solo un 10% de los deportes que chicos de esas edades practican. Además, esas competiciones, fundamentalmente municipales, se solapan o superponen sin ninguna coordinación.

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Estructurar y unificar los criterios de celebración de las competiciones deportivas escolares y municipales pues atañen a los mismos participantes y las mismas especialidades.

Unificación, regulación y ordenamiento de las competiciones de deporte escolar, desde las

etapas iniciales al preuniversitario. Crear un marco asociativo en los centros escolares en relación con las AMPAS u otros medios y

en colaboración con los Ayuntamientos con actividades que se desarrollarán por técnicos deportivos de las federaciones correspondientes tanto en la estructuración de competiciones como en la creación de escuelas deportivas.

Ampliar la oferta de programas deportivos en los centros escolares en colaboración con los

ayuntamientos y Federaciones. Fomentar la creación de la figura del “promotor de deportes” en el centro escolar, con el fin

de estimular a los niños y jóvenes la práctica del deporte dentro y fuera del horario escolar. Un alto porcentaje de practicantes del deporte, con o sin licencia federativa, se presenta ante el esfuerzo de un entrenamiento o competición deportiva sin el más mínimo control médico que avale su capacidad. Ante la evidente necesidad de un reconocimiento médico, que evite los episodios graves a los

que puede llevar una práctica descontrolada, propiciar la ficha de salud deportiva a través de un concierto con la Seguridad Social y protocolizar un reconocimiento básico en las consultas de los médicos deportivos, hoy día sin plazas asignadas.

Establecer bonificaciones o exenciones a través de una ley de patrocinio a empresas que

aporten recursos económicos a clubes, asociaciones, escuelas o deportistas para el apoyo de sus actividades, con la excepción de las Sociedades Anónimas Deportivas que desarrollan sus actividades en competiciones profesionales u otros clubes que, sin ser S.A.D., también participan en competiciones profesionales.

La organización de las competiciones deportivas carece de una coordinación suficiente, quedando en manos del criterio de los ayuntamientos y sin el control de las federaciones correspondientes, lo que genera problemas entre los participantes por coincidencias e interferencias. El asesoramiento, cuando no la coordinación organizativa de las competiciones deportivas,

debe ser prestado por las federaciones correspondientes, aportando monitores, reglamentación y árbitros.


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INMIGRACIÓN

La integración de los inmigrantes es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española y la madrileña. La exclusión nos perjudica a todos, mientras que la inclusión nos beneficia. Por lo que refiere a competencias de la Comunidad de Madrid, estas están repartidas en las áreas de empleo, sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, juventud, menores, etc., ya que el área de inmigración abarca muchas áreas de actuación dentro de una comunidad autónoma. Dentro de estos parámetros, habría que prestar una especial atención a la integración de los inmigrantes para que en los tiempos que corren, la crisis no sea la “excusa perfecta” para deteriorar la actual convivencia basada en la diversidad y en la integración. Éstas son nuestras propuestas en esta área: Sensibilización e información real a través de los órganos destacados de la Comunidad de

Madrid en los países de origen y emisores de inmigrantes (centros culturales, cámaras autonómicas de comercio, etc.). La información de la realidad socio-económica existente en España y en Madrid debe ser real, concreta y sin maquillaje, y debe servir para alertar a los inmigrantes potenciales de la perspectiva con la que se van a encontrar. No se debe confundir la promoción turística con la promoción de la inmigración y oportunidades de trabajo en España.

En colaboración con las principales asociaciones de inmigrantes con representación en nuestra

Comunidad, diseñar iniciativas de apoyo al retorno que faciliten el regreso definitivo de los inmigrantes que lo deseen o que hayan visto frustradas sus intenciones en Madrid en tiempos de recesión económica. Entre otras, se contempla la subvención parcial o total de los gastos del viaje de regreso al país de origen, así como la devolución de los impuestos correspondientes a los últimos uno o dos años que sean competencia fiscal de la Comunidad o el apoyo financiero y técnico a iniciativas de emprendimiento y codesarrollo en el país de origen. Esto facilitaría un incentivo doble: permitir que una familia o un individuo sin empleo o ingresos suficientes pueda costear su vuelta a casa y percibir una cantidad extra que le ayude a la re-incorporación laboral en su propio país, renunciando a regresar (excepto en condición de turista) a España por un periodo de 5 años.

Fomentar y extender la formación académica en español a países emisores potenciales de

inmigrantes por las Universidades de la Comunidad de Madrid, bien a través de sus sedes en el extranjero o con estudios a distancia. Estudiar la posibilidad de una serie de asignaturas sobre cultura y ciudadanía española en el programa lectivo.

A nivel local, fomentar, facilitar y subvencionar la realización de cursos gratuitos del idioma

español y de cultura española, así como la formación complementaria para la integración de menores en el sistema escolar.

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Fomentar cursos y acciones formativas y de sensibilización para la integración de inmigrantes dirigidos a ciudadanos españoles, así como cursos mixtos. La sensibilización de la población de acogida es tan importante como la de los propios inmigrantes.

Potenciar los centros de educación de personas adultas de la Comunidad de Madrid y sus

acciones educativas, con el objetivo de que sigan siendo referentes en la formación e integración de inmigrantes.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO La Comunidad de Madrid ejerce competencias de cooperación al desarrollo en virtud de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 1998, que considera a las comunidades autónomas y administraciones locales como actores de la cooperación, pero no se trata de competencias que le hayan sido específicamente atribuidas por vía constitucional o estatutaria. Dentro de este marco, la política de cooperación de la Comunidad de Madrid se ejerce fundamentalmente a través de la concesión de subvenciones a ONGs para la realización de proyectos de desarrollo y co-desarrollo en países en desarrollo y acciones de sensibilización y educación para el desarrollo en nuestra Comunidad. Proponemos lo siguiente: Adoptar los principios de coherencia de políticas, coordinación de actores,

complementariedad y asociación sobre el terreno como elementos estructurales de la política de cooperación de la CM y convertirlos en elementos evaluables del desempeño de la acción de cooperación de las administraciones públicas madrileñas, en línea con un modelo de gestión basado en resultados.

Enmarcar la política de cooperación de la CM en la agenda de eficacia de la ayuda y, por tanto,

hacer de la coordinación con otras administraciones, especialmente en el terreno, el eje vertebrador de la misma, apoyando e impulsando desde el Gobierno de la CM el pleno desarrollo y funcionamiento efectivo de los mecanismos de coordinación existentes, en especial de la Conferencia Sectorial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como de los Encuentros de Comunidades Autónomas para el Desarrollo, avanzando en la transformación de estos Encuentros, de espacios de diálogo político, en espacios de coordinación horizontal.

Revisar de forma crítica, a la luz de la gestión por resultados y el principio de coherencia de

políticas, la conexión entre las políticas de cooperación al desarrollo y de inmigración e integración de inmigrantes en la Comunidad de Madrid.

Impulsar un Pacto Autonómico de Lucha contra la Pobreza que vincule a todas las fuerzas

políticas con representación en la Asamblea de Madrid y que haga de la lucha contra la pobreza un compromiso estable de la administración autonómica madrileña, independientemente del color político del gobierno.

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Eliminar el programa “Madrid Rumbo al Sur”, de coste notable y efectividad más que cuestionable en cuanto a la educación para el desarrollo y sensibilización de los jóvenes madrileños.

Vincular las actividades de Cooperación al Desarrollo de la CM con la defensa de los Derechos

Humanos y la legalidad internacional mediante el establecimiento de criterios generales que impidan que el dinero público de la CM beneficie a regímenes que conculcan los Derechos Humanos o vulneran el Derecho internacional, tales como la dictadura castrista en Cuba o el gobierno represor de Marruecos que ocupa ilegalmente una gran parte del Sáhara Occidental.


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CAPÍTULO V. EL ENTORNO DEL CIUDADANO

URBANISMO Y VIVIENDA Es necesario reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística que recae casi de forma exclusiva en CCAA y Ayuntamientos, fomentando la dispersión del régimen de suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa. El Estado dispone de competencias mínimas. Entre las reformas constitucionales que consideramos ineludibles está la devolución al Estado de la gestión del territorio. La Ley del Suelo nacional debe abarcar mayor número de materias y garantizar una estructura de la gestión y un mercado del suelo mínimamente homogéneos. En tanto no se lleve a cabo la reforma constitucional, la Administración Central debería utilizar la potestad que le confiere el art.150.3 de la Constitución, dictando leyes armonizadoras. Todas las políticas que las Administraciones desarrollen en materia de urbanismo y vivienda tienen como punto de partida el mandato constitucional enunciado en el artículo 47, que exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dentro de este marco normativo, UPyD entiende que el Urbanismo y la Vivienda deben desarrollarse de acuerdo, al menos, a los siguientes principios:

a) Universalidad e igualdad de oportunidades: Principios que exigen que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho de cualquier ciudadano a disfrutar de una vivienda digna y adecuada con independencia de circunstancias personales tales como la edad, número de hijos, estado civil o condición económica; por tanto, dichas políticas estarán orientadas bien a eliminar los obstáculos que dificultan el acceso a la propiedad de una vivienda, bien a fomentar la posibilidad de disfrute de una vivienda para aquellos colectivos con menor capacidad económica. En el primer caso, fomentando la iniciativa privada y flexibilizando el desarrollo urbanístico y en el segundo dedicando los recursos públicos a favorecer la vivienda en alquiler pública, incorporando en su gestión a la iniciativa privada.

b) Cohesión social: La política de urbanismo y vivienda debe orientarse a evitar situaciones de exclusión social, facilitando en la medida de lo posible la integración de los ciudadanos y vecinos en sus barrios y municipios y eliminando la infravivienda y el chabolismo, así como otras situaciones de ilegalidad y marginalidad.

c) Sostenibilidad, participación ciudadana y transparencia: Las políticas de urbanismo y vivienda deberán diseñarse con pleno respeto a estos principios, que son la mejor garantía contra la especulación y la corrupción. Además, en la toma de decisiones deberá ponderarse también el respeto al medio ambiente, al patrimonio histórico-artístico, al paisaje urbano y las posibilidades financieras de los municipios; las Administraciones deberán facilitar la participación de los ciudadanos en el diseño de dichas políticas y buscando fórmulas que propicien dicha participación.

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V.1.1 SUELO La Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones de 1998, estatal, a la que se adaptó la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, actualizada en 2010, incorporó un criterio antiespeculativo que se ha demostrado ineficaz, según el cual "todo suelo no especialmente protegido es potencialmente edificable". Desde entonces, establece tres clases de suelo: urbano, urbanizable y no urbanizable de protección. Esto significa que sólo el suelo "no urbanizable de protección" queda libre de de desarrollos urbanísticos y por tanto de edificación. Por eso realizamos las siguientes propuestas: Ejecutar de forma estricta la legislación vigente a fin de racionalizar el incremento de la huella

urbana y la consiguiente ocupación innecesaria del escaso bien que constituye el suelo en la Comunidad de Madrid.

Modificar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid a fin de adecuar la oferta de suelo

residencial a la demanda real efectiva de los ciudadanos y no a la necesidad de los ayuntamientos de “hacer caja” mediante el uso asignado al suelo. Esta propuesta significa directamente la ampliación del actual porcentaje de Vivienda protegida en todos los desarrollos residenciales de la Comunidad de Madrid dependiendo de sus características.

Revocar la reciente reforma de la Ley del Suelo regional en dos graves aspectos que la misma

contiene, de forma que:

o Las modificaciones puntuales del Plan General sigan sin permitir cambios de clasificación del suelo.

o Las cesiones para redes supramunicipales mantengan la finalidad para las cuales fueron aportadas obligatoriamente por los propietarios, sin que se permita la venta de suelo por la Comunidad que hubiera debido destinarse a viviendas públicas o de integración social y a otras infraestructuras y servicios.

Fomento de las concesiones administrativas de suelo municipal a inversores privados para que

sean éstos los que, con su capital propio (con inversión privada) acometan proyectos que después serán alquilados a precio razonable por los usuarios finales. Estos proyectos serán principalmente de vivienda, pudiendo también realizarse sobre suelo de uso dotacional (hospitalario, docente, deportivo, etc.), terciario (oficinas, hoteles, comercial, etc.) e industrial.

Asimismo debe fomentarse el destino del Patrimonio Municipal del Suelo de forma sustancial

hacia la vivienda pública en alquiler. A tal efecto ha de asegurarse el cumplimiento efectivo de la prohibición de enajenación de dicho patrimonio para fines distintos a los que fue creado, especialmente en el caso de aquellos bienes que deriven de las cesiones obligatorias de los desarrollos urbanísticos o de cesiones pactadas en convenios.

V.1.2 VIVIENDA Es imprescindible fomentar el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento tanto del parque público como del privado de este tipo de viviendas, en consonancia con los países de nuestro

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entorno. En ellos, el alquiler representa el 40% de la vivienda frente al 11% en España. El resultado es una capacidad de movilidad laboral muy superior, que lleva aparejada mayores oportunidades de trabajo y contribuye a mejorar la movilidad en el transporte y como consecuencia un mejor tratamiento del medio ambiente. Asimismo es necesario aprovechar las sinergias con el sector privado, potenciando y haciendo eficaces las fórmulas que propicien la colaboración entre los agentes privados y los poderes públicos en estos tiempos en los que la Administración se encuentra ante una falta de liquidez sin precedentes. Para alcanzar el objetivo de una política generalizada de alquiler a corto plazo, proponemos una serie de iniciativas estratégicas: Reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, bien

directamente a través de las propias EMVS o IVIMA si éstas tuvieran financiación suficiente, bien por medio de una concesión a promotores privados que edifiquen los inmuebles y cobren un canon mensual a la Administración, la cual gestionaría los arrendamientos a través del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, con un precio máximo de arrendamiento establecido “políticamente” tomando como base el metro cuadrado útil de vivienda.

Estimular fiscalmente a los promotores inmobiliarios convencionales, comunidades,

cooperativas y a la iniciativa privada en general, para que desarrollen viviendas protegidas de Promoción Privada, patrimonializándolas en régimen de alquiler.

Impulsar la adecuación de los precios de alquiler respecto a los de compra y relacionarlos con

el porcentaje razonable de sus ingresos que debe destinar una persona al pago de la vivienda. Adoptar medidas que incentiven la puesta en el mercado del gran parque de viviendas vacías

pertenecientes a ahorradores privados:

o Promocionando las reformas legales necesarias para que se cumplan escrupulosamente los mínimos plazos procesales previstos para los desahucios,

o Creando un “Fondo de Garantía de Alquileres” a constituir con las fianzas en metálico de los contratos de arrendamiento, entregadas obligatoriamente en concepto de depósito sin interés en el organismo autonómico competente.

Incrementar el parque de “viviendas de alquiler tuteladas”, públicas y privadas, especialmente

acondicionadas para las personas con problemas de movilidad (tercera edad, discapacitados, etc.), a ser posible en el mismo barrio en que éstas residan.

Promover políticas de vivienda que tengan en consideración las diversas situaciones

personales de los ciudadanos, haciendo un especial hincapié en los grupos sociales con dificultades para acceder a las mismas o que habiten viviendas inadecuadas en situación de hacinamiento, así como en las personas con riesgo de exclusión social.

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En relación con lo anterior, tenemos un especial interés en eliminar el poblado de infraviviendas de la Cañada Real y procurar el disfrute de una vivienda digna a sus habitantes, junto con otras políticas sociales, educativas, etc.

Para contribuir a la preservación del patrimonio heredado y su transmisión a las generaciones

futuras, desde UPyD Madrid queremos impulsar políticas para alcanzar las metas siguientes:

o Dar prioridad al respeto del Patrimonio, ya sea histórico, edificado, o paisajístico, prohibiendo la descatalogación de elementos protegidos por causa de ruina o por modificaciones del Planeamiento.

o Tomar en consideración el Patrimonio Inmaterial, cuando sea una determinada configuración urbana la que le dé soporte físico, como mercadillos tradicionales, ferias, verbenas, etc., impidiendo modificaciones en esa configuración que lo pongan en peligro.

o Promover de forma generalizada políticas de conservación y puesta en valor de los centros históricos y de los cascos antiguos degradados de los distintos municipios, con planes actualizados de revitalización y regeneración que impidan que se conviertan en reliquias, impulsando actividades económicas y actuaciones de adecuación cultural que lo mantengan con vitalidad, no sólo como atracción turística. Dichas intervenciones significarán fundamentalmente la rehabilitación del parque edificado de viviendas, así como la mejora del espacio urbano.

o Impulsar organismos formados por asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, colegios profesionales, universidades y otros elementos de la sociedad civil que asesoren y colaboren con las administraciones públicas en la defensa del Patrimonio.

Consideramos fundamental el papel que desempeña la participación ciudadana en la

transformación de nuestras ciudades y por ello fomentaremos acciones que impulsen y enriquezcan el tejido social, tales como:

o Promover la transparencia, la información y la participación ciudadana, individual

o a través de asociaciones y colectivos en las fases previstas en la redacción, aprobación y modificación del Planeamiento Urbanístico, muy especialmente el que tenga que ver con la regeneración de los barrios degradados, en los que las personas que habrán de ser previsiblemente realojadas deben disponer de información actualizada sobre el desarrollo de las operaciones en los centros de información a nivel de barrio.

o Facilitar el movimiento asociativo vecinal previendo espacios y locales públicos para reunión, uso y disfrute de los ciudadanos, ya sean asociaciones de tipo social, político, cultural o deportivo.


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V.1.3 PLAN REGIONAL DE ESTRATEGIA TERRITORIAL (PRET) La ley 9/1995 de Ordenación del Territorio, Suelo y Urbanismo establecía en su art. 14.1 que la Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid se establece, entre otros instrumentos, a través de un Plan Regional de Estrategia Territorial. En la actualidad, después de quince años, no está aprobado ni redactado tan siquiera. A lo más que se llegó fue a aprobar un Documento de Bases para su redacción, sin eficacia jurídica alguna y, por tanto, sin influencia en las políticas sobre ordenación del territorio. El retraso del PRET tiene varias razones y dos de ellas son: a) La necesidad de someter el PRET a evaluación ambiental, pues se evidenciaría la aberración de

muchas de las actuaciones que se han realizado en los últimos años. b) La complicada ponderación de la inmensa cantidad de intereses públicos y privados en juego

que es necesario realizar. Las consecuencias negativas de la inexistencia del PRET son muchas y graves. • Proponemos la redacción urgente del Plan Regional de Estrategia Territorial cuyo diagnóstico

debe incluir las externalidades negativas del desenfrenado desarrollo reciente y que sirva de guía efectiva en la redacción de los planes en que se plasman las políticas sectoriales y las urbanísticas. Esta medida permite avanzar en la consecución de los siguientes objetivos:

o Dificultar y entorpecer la especulación con el Suelo y la corrupción urbanística.

o Compatibilizar racionalmente la defensa del medio ambiente natural con la necesidad de desarrollo del medio ambiente social.

o Facilitar el acceso a la vivienda sin que ello suponga el estrangulamiento financiero de los ciudadanos.

o Avanzar decididamente para alcanzar el ideal de que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos servicios públicos, de igual calidad, independientemente de donde residan.

o Conseguir que la Ordenación del Territorio y el Urbanismo se proyecten sobre ámbitos espaciales adecuados superando el reino de taifas localista cuya ineficacia y perversidad son evidentes.

o Reactivar la economía y poner las bases para reorganizar el sistema productivo de forma que “el ladrillo” no sea un factor de crecimiento esencial.

• El Plan Regional de Estrategia Territorial creará y regulará un Fondo de Compensación interterritorial para conseguir que en aquellos municipios en los que el desarrollo urbanístico no sea deseable o esté impedido por grandes infraestructuras o áreas de protección medioambiental se tengan los recursos necesarios para prestar a sus vecinos los mismos servicios que en el resto de municipios.


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• Asimismo este Plan adoptará las medidas necesarias que, vinculando al planeamiento urbanístico, eviten la incompatibilidad de usos en el entorno del futuro aeropuerto de Campo Real.

MEDIO AMBIENTE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como el “Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”. El medio ambiente (tanto urbano como natural) es uno de los factores principales que procuran a la sociedad un estado de bienestar y carencia de enfermedad. Además, la sostenibilidad medioambiental en el futuro se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para el desarrollo de una sociedad moderna. El deterioro medioambiental no solo elimina dicho bienestar sino que al propiciar la rotura del equilibrio entre desarrollo económico y el medio ambiente que lo soporta, pone en peligro el propio desarrollo. Además, este deterioro incrementará tanto el tipo como el número de enfermedades entre la población expuesta. En consecuencia, la inclusión del medio ambiente en las propuestas políticas de UPyD para la Comunidad de Madrid es una de las herramientas que producirán a medio y largo plazo no solo la deseada sostenibilidad ambiental, sino la recuperación de aquellos espacios ya deteriorados por el establecimiento de políticas desarrollistas equivocadas. Las propuestas de Medio Ambiente abarcan los siguientes aspectos: calidad del agua y cuencas hidrológicas, calidad del aire, energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, investigación, medio natural y rural, ruido y sanidad ambiental y las mismas se deberían incluir en el necesario Plan de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, que deberá ser uno de los objetivos legislativos prioritarios para la próxima legislatura. • Establecer planes de mejora de abastecimiento de agua basado en la mejora de la red de

distribución, potenciando el ahorro en el consumo. De manera paralela, plantear el ahorro en el consumo como estrategia permanente en la Comunidad de Madrid y no como respuesta a episodios ocasionales de sequía.

• Planificación hidrológica autonómica en conjunción con el desarrollo de un plan hidrológico

nacional y especialmente con los organismos, planes e instrumentos correspondientes a la Cuenca del Tajo.

• Mejora de la calidad de aguas continentales (ríos, embalses etc.), de la Comunidad de Madrid,

incluyendo las aguas subterráneas, aplicando íntegramente lo previsto en la Directiva Europea Marco de Agua. Se tendrá especial vigilancia en el uso recreativo de la cuenca del Alberche, teniendo en cuenta el posterior uso del agua para el consumo humano.

• Establecimiento de un plan regional 2012–2016 sobre contaminación atmosférica con el

objeto de mejorar la calidad del aire tanto de las zonas urbanas como rurales en cumplimiento de las Directivas Europeas al respecto, como mejora del denominado “plan azul” de la Comunidad de Madrid. El mismo incluiría un plan autonómico específico destinado a la

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disminución de los episodios de contaminación de ozono troposférico, así como una mejora de la calidad de los datos aportados por las redes de contaminación atmosférica en cumplimiento de la Directiva de Calidad del Aire de 2008.

• Apoyo al desarrollo e impacto medioambiental del plan nacional sobre energías propuesto por

UPyD a nivel nacional en la comisión que se establezca entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Consejería Autonómica correspondiente y el Consejo de Seguridad Nuclear.

• Establecimiento de un plan regional de mitigación y adaptación al cambio climático que

incluiría una disminución de la huella de carbono y la planificación sostenible de la utilización doméstica de energías renovables.

• Promover una participación activa en el programa 2000 ESE del Ministerio de Industria para

mejorar la eficiencia energética en edificios públicos y promover a su vez la eficiencia energética en edificios privados a través de una política de subvenciones a los propietarios que invierten en esta área. Asimismo es necesario profundizar en la mejora de la conciencia ciudadana de ahorro energético que disminuya el actual despilfarro de energía lumínica y térmica.

• Apoyar el plan regional de investigación (I+D+i) en cuanto a la mejora de las técnicas sobre

sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética, etc. • Establecer un programa de seguimiento de la evolución de la biodiversidad en la Comunidad

de Madrid con el objetivo cuantificable de detener la pérdida neta de biodiversidad antes de 2020.

• Utilizar los indicadores ambientales de la Comunidad de Madrid para la mejora

medioambiental, de forma que estos sean una herramienta adecuada, para que la Sanidad Pública pueda establecer los riesgos que el medio ambiente produce sobre los ciudadanos de la Comunidad.

• Plan de restauración ecológica (incluida la reforestación) prioritariamente de las zonas

degradadas del sureste y suroeste de la Comunidad con especial dedicación a los entornos de los ríos de la CM.

• Alcanzar la gestión efectiva de los espacios naturales de la región, con especial incidencia en la

aplicación de las Directivas Europeas (Aves y Hábitats). Realizar un seguimiento del grado de cumplimiento del Plan de Ordenación Rural de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra del Guadarrama.

• Establecimiento de un programa de vigilancia sobre el uso de plaguicidas en el medio rural con

el objeto de disminuir su utilización. • Establecimiento de un plan regional para la disminución del impacto (especialmente el ruido),

del Aeropuerto de Barajas en las poblaciones afectadas por su actividad aeroportuaria.

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• Establecimiento de un plan regional sobre sanidad ambiental que permita disminuir los riesgos sobre la salud de los contaminantes ambientales.

• Establecimiento de un plan regional sobre contaminación de ambientes interiores que permita

disminuir los riesgos sobre la salud de los ocupantes de edificios. Este plan deberá prestar especial atención a la protección de la población que pueda estar expuesta a altos niveles de gas radiactivo radón.

• Promover el uso de la comunicación y educación ambiental como herramienta de enlace

efectiva entre las políticas educativas y ambientales. Elaborar un plan de participación ciudadana en materia ambiental.

CANAL DE ISABEL II El Canal de Isabel II es una empresa 100% pública, que abastece a más de 6 millones de ciudadanos, tiene más de un millón de clientes, y ocupa a casi 2.500 empleados. Nuestra posición ante una eventual privatización del Canal de Isabel II no obedece a razones de carácter ideológico, sino a razones de carácter instrumental. No estamos ante una cuestión de la defensa de lo público o de lo privado porque se tenga fe en un tipo u otro de gestión, sino que estamos ante una cuestión cuya sustancia es continuar ofreciendo a los ciudadanos de Madrid un servicio público sostenible y con la mejor relación calidad/precio posible. El Canal es una sociedad bien capitalizada. Dentro de los activos, existen bienes no afectos a la explotación, contabilizados en su día a precio de coste, y cuyo valor actual de mercado es difícil evaluar, pero se puede presuponer que existen importantes plusvalías. El ratio deuda total/ebitda, incluyendo todas las deudas, asciende a 5,44, en diciembre de 2010, que para un negocio blindado y recurrente es un endeudamiento prudente. Ante una eventual privatización del Canal, con el argumento de que se han de acometer importantes inversiones en los próximos años, UPyD tiene en cuenta, además lo siguiente: a) Presta unos servicios de calidad y satisfactorios para ciudadanos y clientes. b) Dispone de un horizonte de 10 años para hacer las inversiones. c) Parece evidente que el Canal podría acometer perfectamente por si solo las inversiones

planteadas, en el supuesto de que estas fueran estrictamente necesarias para mantener la calidad del servicio.

Por otra parte, no podemos obviar el hecho de que una privatización estaría basada fundamentalmente en un contrato a largo plazo que suscribiría la Comunidad de Madrid con la compañía ya privatizada, y para ello los inversores privados solicitarían una tasa interna de rentabilidad que en última instancia repercutiría en un mayor coste para los usuarios. Así pues, y sin entrar en otro tipo de especulaciones, como a quién beneficiaria la privatización, las minutas millonarias que se contratarían, el proceso de venta de activos, la capacidad de gestión del actual presidente, la evolución de las cuentas en los últimos años, etc., la posición de UPyD

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ante esta eventual privatización es negativa. Esta posición negativa obedece básicamente a que las razones esgrimidas por los gestores de Canal parecen obedecer más a una cuestión ideológica, que no tendría justificación, que a una cuestión instrumental.

INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE Las propuestas de Infraestructuras y transporte cubren tres áreas: Movilidad, infraestructuras aeroportuarias y Logística. V.4.1 Movilidad Es necesaria una Ley de Movilidad para la Comunidad de Madrid, que analice la situación actual, ejerza un diagnóstico y establezca unas directrices básicas para una mejora tanto inmediata como a medio plazo. Como consecuencia de la citada Ley de Movilidad, será preciso establecer un Plan Director Autonómico de Movilidad, referido no sólo al conjunto de la Comunidad, sino también a las franjas adyacentes de las Comunidades contiguas. También se deben establecer Planes de Movilidad para el área metropolitana y para cada ciudad. Esto afectará a los planes generales de ordenación urbana, en la doble vertiente de modificarlos creando actuaciones nuevas, modificando y mejorando otras, y de fomentar y crear zonas de implantación de vivienda en alquiler que faciliten la movilidad laboral. Estas actuaciones se deben llevar a cabo mediante un pacto entre los propios ayuntamientos, es decir: mediante un instrumento de carácter supra-municipal que las coordine. Promoveremos que se facilite que los ciudadanos residan cerca de donde trabajen mediante el impulso de políticas favorecedoras de la movilidad residencial. En este sentido, es muy importante que las políticas de viviendas vayan en la misma dirección, favoreciendo las políticas de alquiler • Complementar la red radial de infraestructuras del transporte terrestre, implantada en Madrid

desde muy antiguo, con otros ejes circunferenciales (preferentemente mixtos, carretera y ferroviarios) que favorezcan otras pautas del desplazamiento por una red menos congestionada que la radial. Estos nuevos ejes pueden ser de nuevo trazado, o una potenciación de corredores existentes. Un ejemplo de los primeros puede ser la resolución del grave agotamiento del corredor de la A-6, afrontando con realismo los problemas ambientales que representa una posible afección al Monte de El Pardo; un ejemplo de los segundos sería la conexión entre los grandes municipios del Sur de la corona metropolitana.

• Favorecer la deslocalización de los grandes centros generadores y “atractores” de

desplazamientos de la almendra central, favoreciendo la implantación de otros, de calidad, en torno a los nuevos ejes de infraestructuras del transporte terrestre.

• Recuperar inmediatamente, de forma urgente y más realista, la iniciativa de plataformas

reservadas al transporte colectivo y vehículos de alta ocupación que ha abandonado el

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Ministerio de Fomento. En correspondencia con las estaciones de cercanías, es imprescindible disponer un importante conjunto de estacionamientos disuasorios, baratos y vigilados, para que se pueda llegar a la estación en vehículo particular y allí tomar el tren, y viceversa.

• Promover que el transporte de mercancías utilice otros modos diferentes de la carretera como

el ferroviario, mediante el desarrollo de inversiones que desarrollen este modo de transporte y den salida a las mercancías hacia Europa y el mar, la apertura del mercado a la libre competencia y mediante la integración de las externalidades de los diferentes modos de transporte.

• Crear un sistema de "título de transporte único" para toda la red de transporte público de la

Comunidad de Madrid que incluya y sea válido para todas las redes de Metro, empresas municipales de transporte y Cercanías RENFE, que operan en el territorio de la Comunidad, con objeto de facilitar y fomentar el uso del transporte público entre los madrileños, al estilo de los que ya funcionan en otras regiones europeas.

V.4.2 Infraestructuras aeroportuarias En la zona situada al Este y al Sudeste de la Comunidad de Madrid se ha previsto situar un segundo aeropuerto (Campo Real), donde están reservados los terrenos para ello. Este nuevo aeropuerto se planteó como alternativo, no como complementario, del aeropuerto de Barajas. Consideramos que se trata de una zona sin problemas ambientales y con poca población. Además, aprovecha muy bien las infraestructuras existentes de transporte terrestre y en lo que se refiere a accesos ferroviarios, se puede aprovechar la línea 9 de Metro, prolongándola desde Arganda del Rey. El planteamiento del nuevo aeropuerto de Campo Real debe ser reconsiderado a la luz de actual crisis económica que ha ocasionado la reducción de las proyecciones realizadas y con ese objetivo proponemos la ejecución por fases (15–20 años) del ambicioso plan original: construyendo más pistas y ampliando los terminales y aparcamientos a medida que vaya asumiendo más competencias, pero todo dentro de una operación planificada. • Dimensionar Campo Real para que absorba a corto plazo la aviación general y las escuelas de

vuelo, actualmente alojadas en el aeródromo de Cuatro Vientos, permitiendo el cierre de éste. • A continuación, trasladar la aviación ejecutiva, actualmente alojada en el aeropuerto de

Torrejón, de uso compartido con la Base aérea. Asimismo se podría trasladar, de forma voluntaria y nunca prioritaria, el transporte de pasajeros por compañías de bajo coste que actualmente operan en Barajas.

• Progresivo traslado al nuevo aeropuerto de aviones cargueros, de operación preferentemente

nocturna, que atienden al transporte de mercancías de gran valor añadido. Dicho traslado debe ir acompañado de la necesaria infraestructura logística de conexión con la red de transporte terrestre (carretera y ferrocarril); especialmente importante es una conexión específica con el Terminal de Carga de Barajas.

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V.4.3 Logística Consideramos necesario crear un gran centro logístico adyacente al nuevo aeropuerto de Campo Real, que canalice todo el tráfico de mercancías y coordine y complemente los subcentros asociados, existentes o proyectados: Arganda del Rey, Coslada y su Puerto Seco, etc. Sus conexiones de transporte con el resto de la Comunidad y de España se describen a continuación: a) La conexión radial con el casco urbano de Madrid se apoyaría sobre la R-3, actualmente

infrautilizada por ser de peaje.

b) Prolongación del ramal del Metro que actualmente acaba en Arganda del Rey.

c) La conexión circunferencial con los municipios del Sur y del Sudoeste de la Comunidad se apoyaría sobre el corredor de la M-404, complementándose con una línea ferroviaria, que conecte las cercanías radiales.

d) Las conexiones ferroviarias de mercancías deben proyectarse hacia los puertos de Algeciras (el mayor de contenedores), Valencia (el más próximo) y Barcelona.

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