PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL VENEZOLANO

8/18/2019 PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL VENEZOLANO

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Capítulo Criminológico Vol. 30, 4 Octubre-Diciembre 2002, 191-218

ISSN: 0798-9598

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

CONSTITUCIONAL VENEZOLANO *

Ricardo Colmenares Olívar**

El presente trabajo es parte de la investigación realizada por el autor como trabajo de grado para

optar a la Categoría de Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni

versidad del Zulia, presentado y discutido el día

18

de octubre de 2002.

Juez Titular de Corte de Apelaciones del Estado Zulia; Profesor Titular e Investigador adscrito

al

Instituto

de

Filosofía "Dr. José

M.

Delgado Ocando"

de

la Universidad del Zulia; Doctor en Dere

cho (L.U.Z., 1988), Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas (L.U.Z., 1992), Especialista en

Derechos Humanos (Costa Rica, 993) y en

Resolución de Conflictos (Suecia, 2000); Miembro del

Comité Académico de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de L.U.Z.

Instituto de Criminología "Dra. Lolita Aniyar de Castro". Facultad de Ciencias Jurídicas y Políti

cas. a

Universidad del Zulia. E-mail: [email protected]


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Principios

del

derecho

penal constitucional

venezolano

RESUMEN

a

Constitución Venezolana de 1999 ha consagrado un conjunto

de principios derechos y garantías que regirán los destinos del

derecho penal en sus aspectos sustantivo y adjetivo los cuales

encuentran su fundamento en el respeto de la libertad y dignidad

humana vale decir en los derechos humanos y que la convier-

ten en lo que se ha denominado en

l

doctrina el Estado Consti-

tucional. Este trabajo tiene como objetivo principal desentrañar

algunos de estos valores a la luz de

l

doctrina nacional e inter-

nacional y con el prisma amplio y garantista de

l

Sala Consti-

tucional del Máximo Tribunal de Justicia.

193

Palabras clave

Estado Constitucional Derechos Humanos Derecho Pe

nal Principios Garantías Constitucionales.

PRINCIPLES OF VENEZUELAN CONSTITUTIONAL

PEN LL W

ABSTRACT

The Venezuelan Constitution

of

1999 consecrates a series

of

principies rights and guarantees that govern the destiny

ofpen l

law in its substantive adjectival aspects which are founded on

the basis

of

respect for human liberty and dignity and human

rights and which convert this document into what has been

called the constitutional state doctrine. The objective

of

this

paper is to clarify sorne

of

these values in the light

of

national

and international doctrine and under the full guarantee focus

of

the Constitutional Chamber ofthe Maximum Judiciary Tribunal.

Key words

Constitutional state human rights penal law constitutional

principies and guarantees.

Recibido: 18-10-2002 • Aceptado: 14-11-2002


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INTRODUCCIÓN

Ricardo Colmenares

Olívar

Cap. Crim. Vol 30, Nº 4

Octubre-Diciembre

2002) 191-218

La visión del derecho penal en los últimos tiempos es, a nuestro criterio,

antropocéntrica

por cuanto el eje primordial de su estudio es la

persona huma-

na hombre y mujer, como ser individual y social, y todos sus derechos y atri

butos esenciales constituyen el objeto de protección del orden jurídico constitu

cional y legal. Como bien afirmaba Baratta, esta dualidad entre hombre y De

recho es un requisito indispensable para entender la categoría de los

derechos

humanos

pues los mismos son elementos complementarios y a la vez, contra

dictorios, pues muchas veces el derecho no le reconoce lo que en realidad le

corresponde a la persona (Baratta, 1985). A su vez, los derechos inherentes a la

persona humana reconocidos formalmente hasta ahora se convierten, dentro de

un Estado de Derecho, en

el

gran muro de contención contra los abusos y arbi

trariedades cometidos por los órganos del Poder Público.

Partiendo entonces de un Estado Constitucional, en el cual el contenido

del Texto Fundamental se encuentra íntimamente vinculado con

el

reconoci

miento de los derechos humanos, el presente trabajo tiene como finalidad la

sistematización de los principios constitucionales que se relacionan directa o

indirectamente con el derecho penal y el proceso acusatorio penal, a la luz de

los criterios que ha mantenido tanto la Comisión Interamericana como la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, y confrontarlos con las decisio

nes de los últimos tres años de la Sala Constitucional y la Casación Penal de

nuestro Máximo Tribunal en esta materia, para así determinar el alcance de

tales categorías, en función de su objetivo principal: la interpretación de las

normas constitucionales y su concordancia con tales valores, en función de la

protección efectiva de la persona humana dentro del proceso penal.

l CONSTITUCIÓN ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Y DERECHOS HUMANOS

En el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela

1

se establecen como objetivos del Estado, entre otros, las de am-

Publicada en Gaceta Oficial No. 36.860, de fecha 30 de diciembre

de

1999. En el Preám

bulo de la Constitución el Estado Venezolano se compromete a garantizar la universali

dad e indivisibilidad de los derechos humanos.


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del

derecho


venezolano

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parar la

dignidad humana,

promover el bienestar general la seguridad so

cial. Asimismo señala la obligación de contribuir con los fines de la comu

nidad internacional, en cuanto a la garantía universal de los derechos indivi

duales sociales de la persona humana. Por su parte, el artículo 2 del texto

constitucional declara que Venezuela es un Estado democrático

y

social de

Derecho

y

Justicia,

que protege la vida, la libertad, la justicia, la igualdad,

la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la

preeminencia de

los derechos humanos, la ética el pluralismo político, como valores supe

riores del ordenamiento jurídico de su actuación

2

.

Ahora bien, ¿Qué significado tiene este nuevo paradigma de Estado

Venezolano? En primer lugar, el concepto de Estado Social de Derecho sur

ge ante la desigualdad real existente entre las clases

y

grupos sociales

y

que

atenta contra el principio de igualdad reconocido en la misma Carta Funda

mental. En el campo penal, el Estado social de derecho -a diferencia del

Estado formal de derecho -, aumenta las limitaciones que se imponen l

sistema penal y asimismo, se examinan no sólo las formas estrictamente le

gales, como sucede en un Estado formal de derecho, sino que se estudian

.. . las condiciones sociales del sujeto a quien el sistema penal juzga

(Rossell, 2001). En un sentido complementario, se puede afirmar que el Es-

tado de justicia es el que tiende a garantizar

la

justicia

por

encima de

la

legalidad formal,

lo

que le lleva a regular expresamente el principio de tu-

tela judicial efectiva

y

de acceso a

la

justicia

(Rondón de Sansó, 2000), es

decir, se busca una justicia basada en valores o principios que están más

allá de las reglas normas.

De igual modo, el artículo 3 de la misma Carta Fundamental reafirma

el principio mediante el cual

el

Estado tiene como fin esencial la defensa

2 a Exposición de Motivos de la Constitución expresa de manera muy clara la nueva con

cepción del Estado, el cual

...

propugna el bienestar de los venezolanos, creando las

condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de

oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su persona-

lidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar la felicidad. Los prin-

cipios de solidaridad social y del bien común conducen al establecimiento de ese Estado

social, sometido al imperio

de

la Constitución y de la ley, convirtiéndolo en un Estado

de Derecho .. .


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desarrollo de la libertad y dignidad humana. En este sentido, el Constitu

yente reconoció en el artículo 3 la jerarquía constitucional de los instru

mentos internacionales de derechos humanos y su preeminencia sobre el or

den interno. El respeto a la libertad y a la dignidad humana, por tanto, viene

a constituir el fundamento ético de las normas internacionales de derechos

humanos (Martínez Rincones, 1990-1991), que como corpus iuris, se erigen

como un derecho complementario al derecho interno de los Estados que han

ratificado tales convenios y que los obliga a respetarlos. En la misma línea

garantista, el sistema acusatorio establecido en el Código Orgánico Procesal

Penal se perfila como un instrumento jurídico que salvaguarda todos los de

rechos y garantías del debido proceso consagrados en la Constitución, las

leyes, y .. los tratados, convenios

y

acuerdos internacionales suscritos

por

l

República (artículo

.

En consecuencia, dignidad humana y justicia social son los dos valo

res rectores de nuestro régimen democrático, aunque el primero viene a

constituir el fundamento del mismo, así como la afirmación de su vida y su

libertad como valores esenciales.

2 SUPREMACÍA DE

L

CONSTITUCIÓN

La Constitución viene a ser la columna vertebral de los postulados po

líticos e ideológicos de un país, pues regula la estructura del Estado y sus

instituciones, con el único fin de promover el desarrollo de todos los indivi

duos y de la sociedad. Por esta razón, la Carta Magna se convierte entonces,

en el pilar fundamental de todo el ordenamiento jurídico venezolano a cuya

observancia están sujetos todos los ciudadanos y los órganos del Poder Pú

blico. Así lo expresa el artículo 7 de la Carta Magna:

La

Constitución es

l

norma suprema

y

el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las per-

sonas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Cons-

titución . En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribu

nal, en sentencia

del25

de enero de 2001, sostuvo lo siguiente:

La

Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en

ella se encuentran reconocidos y positivizados los valores bá

sicos de la existencia individual

y

de la convivencia social,

al

tiempo que instrumenta los mecanismos democráticos y plu-


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del

derecho

penal

constitucional venezolano

ralistas de legitimación del Poder, tales como los relativos a la

designación de las autoridades y a los mandatos respecto

al

cómo y al para qué se ejerce la autoridad. Persigue con ello el

respeto a la determinación libre y responsable de los indivi-

duos, la tolerancia ante lo diverso o lo distinto y la promoción

del desarrollo armonioso de los pueblos. El

principio de supre-

macía de la constitución, responde a estos valores de cuya rea-

lización depende la calidad de vida y el bien común (Pierre

Tapia, 2001).

197

Tal como sostiene Rodríguez Morales, el carácter mandatorio y vincu

lante de la disposición constitucional antes señalada deja sin vigencia toda

norma del ordenamiento jurídico que sea contraria a la Constitución, confor-

me lo ordena la Disposición Derogatoria Única (Rodríguez Morales, 2001).

A su vez, lafundamentalidad del principio de Supremacía de la Cons-

titución implica cuatro aspectos esenciales: a) Fundamentalidad

Jerárquica,

que hace prevalecer este poder sobre las reglas y demás normas que lo desa-

rrollan, pero que no lo agotan, como es el caso de las competencias de la

Sala Constitucional previstas en los artículos 203 y 366 del Texto Constitu-

cional;

b

Fundamentalidad lógico-deductiva, porque comprende la posibili-

dad de derivar de este poder otras normas, tanto de origen legislativo como

judicial; e) Fundamentalidad

teleológica,

por cuanto fija los fines de las

normas que lo desarrollan y, d) Fundamentalidad axiológica, porque en él

están contenidos los valores provenientes de la ética pública que el cuerpo

político hace suyos y los plasma en las leyes (Pierre Tapia, 2001).

En otro orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

destacó como principio de carácter fundamental/a supremacía de la Consti-

tución, porque en ella

se encuentran reconocidos

y

positivizados los valo

res básicos e la existencia individual y de la convivencia social, al tiempo

que instrumenta los mecanismos democráticos y pluralistas e legitimación

del Poder, ... ,

3

advirtiendo además que el derecho a la libertad del ser hu-

mano es el valor fundamental y que éste presidía los demás derechos consti-

tucionales. Por otra parte, el artículo

25

del Texto Fundamental establece

3 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional: Sentencia No. 33 de fecha 25 de ene-

r

de 2001.


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que todo acto del poder Público que viole o menoscabe los derechos garan

tizados en la Constitución, son nulos, y los funcionarios públicos que orde

nen dichos actos incurrirán en responsabilidad penal, civil y administrativa,

sin que

le

sirvan de excusa las órdenes superiores.

De este carácter supremo

de

la Constitución se desprende el principio

de

inviolabilidad

de la misma, consagrado en el artículo 333 de la Carta Magna,

cuyo contenido quedará incólume y

no

perderá

su

vigencia aún en los casos de

actos de fuerza o por derogación de medios distintos a

los

previstos en ella. En

estos casos, todos los ciudadanos estamos llamados a reestablecerla.

2 1 Naturaleza de la Exposición de Motivos del Texto Fundamental

La Exposición de Motivos

de

la Constitución de 1999 fue aprobada

por la Asamblea Nacional Constituyente en el Estado Bolívar (Ciudad Bolí

var), el día 30 de enero del2000, es decir, posterior

al

referendo aprobatorio

de la Constitución

dell

de diciembre de 1999. Por ello,

al

analizar la natu

raleza de dicha Exposición de Motivos, la Sala Constitucional sostuvo que

la misma no es parte integrante de la Constitución, pues constituye

un

docu

mento independiente al Texto Constitucional; es decir, no posee carácter

normativo

ni

tampoco se le puede otorgar un carácter interpretativo de la

Constitución. Por tanto, la Exposición de Motivos no tiene carácter vincu

lante sino que constituye simplemente

...

una expresión de la intención

subjetiva del Constituyente y tiene el único fin de complementar al lector de

la norma constitucional en l comprensión de la misma

4

1 2 Las normas de Derechos Humanos dentro del Ordenamiento

Interno

La nueva Constitución Venezolana reconoció de manera expresa

y

sis

temática todos los derechos

individuales

(civiles y políticos) y

colectivos

(sociales, económicos y culturales) que habían sido reconocidos previamen

te en los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la lis

ta de derechos y garantías consagrados en la Carta Magna no queda agotada

4 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia No.

9

del 6 de febrero

de 2001.


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derecho

penal

constitucional

venezolano

199

en una enunciación meramente formal, sino que la protección de los mis-

mos se extiende a otros derechos que, siendo inherentes a la persona huma-

na, no se encuentren expresamente reconocidos en el texto constitucional,

tal como lo ordenó el artículo 22 de la Constitución de 1999

5

.

Dicha norma

guarda estrecha vinculación con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Ampa-

ro sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual garantiza para toda

persona natural o jurídica el amparo de sus derechos y garantías constitucio-

nales,

aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana

que no figuren expresamente en la Constitución,

... .

Por su parte, el artículo 23 Constitucional reconoce de manera expresa

el rango constitucional de las normas internacionales consagrados en los

instrumentos internacionales su aplicación inmediata en

el

orden interno:

Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscri-

tos y ratificados

p r

Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevale-

cen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su

goce y ejercicio más favorables a las establecidas

p r

esta Constitución y

la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tri-

bunales y demás órganos del Poder Público . Es decir, los derechos

ga-

rantías no son más que una respuesta

al

espacio que han abierto los dere-

chos humanos con ámbito universal dentro de los ordenamientos internos

de cada nación, los cuales buscan

... optimizar la gestión pública y

en

suma, a la propia sociedad para mejorar las condiciones de vida (Borre-

go, 2002). Por otra parte, el nuevo orden constitucional ha establecido insti-

tuciones políticas

y

jurídicas que tienen como fin la protección de los dere-

chos esenciales de la persona, así como también procedimientos

y

prohibi-

ciones para proteger asegurar su plena vigencia

6

.

5 Artículo 22 C.R.B.V.: La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta

Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe en-

tenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren

expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el

ejercicio de los mismos .

6 Así tenemos, por ejemplo, la creación de la Defensoría del Pueblo, cuya función es velar

por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos.


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De otro lado, el artículo 19 del Texto Fundamental garantiza a toda

persona el goce y ejercicio de los derechos humanos, sin discriminación al

guna, los cuales son irrenunciables, indivisibles e interdependientes, confor

me al principio de progresivid d

7

. Es decir, por ser los derechos humanos

inherentes a

la

persona humana, su existencia no depende del reconocimien

to de un Estado y siempre puede extenderse el ámbito de protección de tales

derechos en el tiempo (González, 2000).

El gobierno venezolano ha suscrito, entre otros, los siguientes instru

mentos internacionales de derechos humanos: la Declaración Universal de

los Derechos Humanos (10-12-1948), la Convención sobre la Eliminación

de todas las Formas de Discriminación Racial (4-01-1969), el Pacto Interna

cional de Derechos Civiles y Políticos 1 0-08-1978), el Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (10-08-1978) y la Conven

ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José ( 14-06-

1977); la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,

que entró en vigor en 1987, y que Venezuela ratificó en 1991; el Protocolo

Adicional a la Convención Americana, llamado Protocolo a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de

Muerte , que entró en vigor en 1991 y fue ratificado por Venezuela en

1993. En la Asamblea General de la OEA de 1994 se aprobaron otros dos

tratados sobre derechos humanos: La Convención Interamericana sobre De

saparición Forzada de Personas, que entró en vigor en 1996 y fue ratificada

por Venezuela en 1998, y la Convención Interamericana para Prevenir, San

cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem do

Pará , que entró en vigor en 1995, el mismo año en que el gobierno lo rati

ficó. Tales instrumentos internacionales,

al

ser ratificados por el Gobierno

mediante Ley Especial, forman parte de nuestro ordenamiento interno con

rango de normas constitucionales de inmediata aplicación, conforme a lo

7 Artículo 19 C.R.B.V.: El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de

progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e

interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para

los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre de

rechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan .


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Principios del derecho penal

constüucional

venezolano 201

establecido en el artículo 23 de la Carta Fundamental ya citado, en armonía

con el artículo 154 del mismo texto.

Se trata pues, de un sistema constitucional integrado por disposiciones

nacionales y supranacionales, las cuales

no

se anulan ni se neutralizan entre

sí, sino que se complementan, formando un conjunto de principios axiológi

cos a los cuales debe subordinarse la legislación sustancial y procesal a pro

mulgarse en el país

8

. Al respecto, la Sala Constitucional, al comentar sobre

la jerarquía de las normas internacionales o prevalencia de las mismas en el

orden interno, afirmó que las normas de los tratados, pactos y convenciones

no pueden ser consideradas como supraconstitucional , sino constitucio

nal, justamente ... porque la misma Constitución lo ordena cuando haya

principios más favorables (Pi erre Tapia,

2001 .

Es decir, la prevalencia de

las normas internacionales deviene por remisión que la Constitución misma

hace de esos tratados. En la misma decisión la Sala sostuvo que

Tales tra-

tados, etc., forman parte del sistema constitucional venezolano

p r

volun-

tad de

l

Constitución; pero en caso de que haya una antinomia o colisión

con el dispositivo de la Constitución, deberá sin ningún género de duda,

primar la Constitución . Por lo tanto, la Sala Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia declaró que los tratados de derechos humanos ratifica

dos por la República son aplicables por mandato de la Constitución. Sin

embargo, en nuestra opinión las normas de los instrumentos internacionales

de derechos humanos deben prevalecer siempre en su aplicación sobre las

normas internas, salvo que éstas últimas sean más amplias en la protección

de los derechos subjetivos que la norma internacional, tal como se puede in

terpretar del contenido del artículo 23 constitucional.

Se puede afirmar entonces, que el derecho Constitucional está íntima

mente ligado

al origen, evolución histórica y reconocimiento de los dere-

8 Comisión IDH, Informe No. 5/96, Caso 10.970, 1975. Incluso, la doctrina va más allá

sostiene que entre las medidas de otro carácter están las sentencias dictadas por los tribu

nales de la República.


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chos humanos, que a su vez se interrelaciona con el concepto de Estado de

Derecho o

Estado de Derechos Humanos,

como lo denomina Borrego

9

3 L NUEVA JUSTICIA PENAL CONSTITUCIONAL

La nueva Constitución Nacional consagró una serie de principios que

regirán la justicia formal, los procesos generales y el proceso penal en parti-

cular. En primer lugar, debemos mencionar que el Constituyente de 1999 es-

tableció en el artículo 253 que el origen de la potestad de administrar justicia

dentro de la República de Venezuela emana de los ciudadanos o ciudadanas,

es decir, de todos los miembros del pueblo venezolano. Como parte del pro-

yecto democrático, el artículo 62 Constitucional expresa:

La

participación

del pueblo

en

la formación, ejecución y control de la gestión pública es el

medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo de-

sarrollo, tanto individual como colectivo ... , En consonancia con estos pará-

metros constitucionales, el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal re-

coge este mismo principio de la función jurisdiccional en los siguientes tér-

minos:

La

potestad de administrar justicia penal emana de los ciudadanos y

se imparte en nombre de

l

Republica p r autoridad de

l

ley. Corresponde a

los tribunales juzgar y ejecutar, o hacer ejecutar lo juzgado .

De estas dos normas comentadas se extrae un primer elemento esen-

cial de la justicia venezolana, y en particular de la justicia penal, cual es la

participación ciudadana,

recogido en el artículo 3 del código penal adjeti-

vo, el cual reconoce el derecho que tiene todo individuo a ser juzgado por

sus iguales, es decir, por comunes y no por personas extrañas a su naturale-

za humana. Tal como afirmaba Cesare Beccaria,

Utilísima ley es la que ordena que cada hombre sea juzgado

por sus iguales porque donde se trata de la libertad y de la fortu-

na de un ciudadano deben callar aquellos sentimientos que ins-

pira la desigualdad, sin que tengan lugar en el juicio la superio-

ridad con que el hombre afortunado mira al infeliz, y el sagrado

con que el infeliz mira al superior (Beccaria, 1958).

Dentro de la misma disposición, el Constituyente concibió la adminis-

tración de justicia formal como un

sistema

dentro del cual sus componentes

se relacionan, cooperan e interactúan entre sí y cuya función esencial es


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Principios

del

derecho


venezolano

2 3

mantener el equilibrio, la paz la justicia dentro de la sociedad. De acuerdo

al

último aparte del artículo 253 de la Carta Magna, los componentes del

sistema de justicia son: a El Poder Judicial, integrado por el Tribunal Su

premo de Justicia demás Tribunales de la República; b) el Ministerio Pú

blico; e la Defensoría Pública; d los órganos de investigación penal de

más funcionarios auxiliares de justicia; e) el Sistema Penitenciario;

t)

los

ciudadanos ciudadanas que participan en la administración de justicia;

g

los abogados abogadas autorizados para tal ejercicio,

d

los Medios

Alternativos de Justicia. Podríamos decir entonces que el sistema de admi

nistración de justicia es el

conjunto de organismos por las actividades funciones

que realizan, destinadas al ejercicio del Derecho, esto es, a la

labor de mantenimiento de la legitimidad de las actuaciones de

los poderes públicos de los particulares, a la resolución de

las controversias hasta su etapa definitiva, que es la de ejecu

ción de las decisiones que para tal efecto se dicten (Rondón

de Sansó, 2000).

En segundo lugar, el artículo 257 de la Constitución establece los ca

racteres fundamentales de un proceso: El proceso constituye un instru-

mento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales

establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y

adoptarán un procedimiento breve, oral

y

público. No se sacrificará la

justicia

por

la omisión de formalidades no esenciales .

Por supuesto, la

justicia no debe entenderse como una entelequia abstracta que no tenga

concreción en la realidad misma, sino que, por el contrario, su fundamento

reposa en la proporcionalidad que debe existir entre el hecho cometido, la

responsabilidad del sujeto trasgresor el daño social causado. Así lo sos

tuvo recientemente la Casación Penal:

En la justicia es una condición in-

defectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad. Hay que pesar todas

9 Carmelo Borrego.

LA

CONSTITUCIÓN Y

EL

PROCESO PENAL.

Oh.

Cit., 2002: p.

29-30. Dicho autor sostiene que ..el Estado de los Derechos Humanos, entendido

como fenómeno en constante desarrollo, evolución y proyección, invade al Estado Cons-

titucional (por vía de la cláusula abierta) y éste a su

vez

al Estado democrático, al Esta-

do social

y

al Estado de Derecho

y

de Justicia .


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Crim.

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4 Octubre-Diciembre 2002}

191 218

las circunstancias

y p r

eso se simboliza la justicia con una balanza. Esta

implica en términos de justicia, ponderar los pesos de los diversos factores

de

l

realidad fáctica

y

mantener un equilibrio valorativo sólo posible con

l

proporcionalidad .

10

Igualmente, el artículo 26 de la Constitución garantiza el derecho al

acceso a la justicia gratuita, imparcial, autónoma,

indt::

pendiente, responsa-

ble, equitativa

y

rápida o expedita, sin formalismos rigurosos que conlleven

a dilaciones indebidas

y

reposiciones inútiles. En este sentido, la Sala Cons-

titucional ha reconocido el derecho a la gratuidad de la justicia, no como

una norma de procedimiento sino como un derecho constitucionalmente

consagrado, de naturaleza sustantiva,

que es parte del derecho más amplio, de rango constitucio-

nal, que se

ha

denominado derecho a la tutela judicial efectiva,

que pretende asegurar la posibilidad de acceso a los órganos de

administración de justicia, a todos los administrados, incluso de

aquellos carentes de recursos económicos que pertenece a

todo justiciable desde el momento mismo de entrada en vigen-

cia la disposición que lo consagra (Pierre Tapia, 2001

.

Para quienes solicitan el cumplimiento de las normas constitucionales,

este derecho significa además que ... no necesitan ceñirse a formas estric-

tas

y

a un ritualismo inútil .. .

11

Estos caracteres especiales pretenden esta-

blecer que el proceso no es más que un medio o canal esencial para la reali-

zación de la justicia, el cual debe responder a la simplificación, uniformidad

y

eficacia de los trámites.

También se establece en el artículo 30 el principio de la responsabili-

dad extra contractual del Estado, mediante el cual se obliga a indemnizar ín-

tegramente a las víctimas

y

a sus derechohabientes de violaciones de sus

derechos humanos cuando sean imputables a los órganos del Poder Público.

Esta obligación de indemnizar debe ser reconocida de manera expresa por

10 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia No. 076, de fecha 22 de

febrero de 2002.

11 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional: Sentencia de fecha 2 de febrero

de

2000.


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Principios del

derecho

penal constitucional venezolano

2 5

todos los jueces penales de la República

al

momento de dictar la dispositiva

de las sentencias condenatorias, incluyendo el pago de las costas y costos, a

los fines de obligar a la reparación del daño causado a la víctima.

Como afirmación de este derecho, la Corte Interamericana de Dere

chos Humanos, en el caso Velásquez Rodríguez, ordenó mediante sentencia

del 29 de julio de 1988, que el Estado de Honduras debía pagar una justa

in-

demnización compensatoria a los familiares de Ángel Manfredo Velásquez,

por la comisión del delito de Desaparición Forzada de Personas. Igualmente

debe recordarse que en los hechos ocurridos el 29 de octubre de 1988, en el

cual

16

pescadores del pueblo El Amparo del Estado Apure, fueron acri

billados por miembros militares y policiales del Comando Específico José

Antonio Páez , la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó senten

cia en fecha 18 de enero de 1995, en la cual decidió que la República de

Venezuela estaba obligada a reparar los daños y a pagar una justa indemni

zación a las víctimas sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos

12

.

3 1 Los Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos

La nueva Constitución promueve la aplicación y uso de los medios al

ternativos para la solución de los conflictos en atención

al

último fin de los

procesos, la justicia, entre los que se encuentran: el arbitraje la concilia-

ción la mediación previstos en el artículo 258 constitucional, así como

también cualesquiera otros medios alternativos para la resolución de con

flictos, como lo constituyen la

justicia de paz

consagrada en el mismo artí

culo 258 y la

jurisdicción indígena

reconocida en el artículo 260 de la mis

ma Constitución, como mecanismos de justicia no formales.

Con fundamento en los artículos 253, 254, 256 y en especial del 258

de la Constitución de 1999, la Sala Político Administrativa del Tribunal Su

premo de Justicia ha exhortado de oficio a las partes, respetando por su-

12 En dicha sentencia, la Corte IDH definió que

el

daño moral de una víctima no podía estar

en una relación directa con la posición social o económica de la víctima, así mismo es

timó que no

se

requerían pruebas para determinar el daño o sufrimiento moral de la per

sona.


15/27

206


Cap Crim. Vol 30,

Nº 4 Octubre-Diciembre 2002) 191-218

puesto la libre voluntad de los intervinientes, para que hicieran uso de los

Actos Alternativo de Resolución de Controversias .

omo

bien señala

C.

Escarrá Malavé:

El empleo

de

mecanismos alternativos contribuiría, igual-

mente, a reducir

la

conflictividad social al tiempo que simpli-

fican los procesos judiciales. Con ello, los profesionales

de la

justicia amplían su campo de acción incorporando nuevas ha-

bilidades a situaciones.

s

decir,

el uso de

estos medios alter-

nativos reitera la democracia, la búsqueda de la justicia, el

acercamiento a la verdad y a la paz social, todo

lo

cual permite

el

justo equilibrio entre

las

partes (Escarrá Malavé, 2000).

A criterio de Rossell Sehenn, los mecanismos alternos a la prosecu-

ción de los procesos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, es de-

cir, el Principio de Oportunidad (artículo

37),

los Acuerdos Reparatorios

(artículo

40),

la Suspensión Condicional del Proceso (artículo

42)

y el pro-

cedimiento especial de Admisión de los Hechos (artículo

376),

constituyen

formas alternativas de resolución

e

conflictos, los cuales ...no sólo to-

man en cuenta la ley, sino,

lo

más importante,

le

otorgan consideración es-

pecial a las personas involucradas en el hecho, procurando decisiones con

un

contenido mayor de justicia (Rossell Sehen,

2000).

3 1 1 La Jurisdicción Especial Indígena

La

nueva Carta Magna también reconoció la jurisdicción especial

in-

dígena para las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, como medio

alternativo de justicia, con potestad de resolver los conflictos entre sus

miembros dentro de sus espacios territoriales y de acuerdo al derecho con-

suetudinario. El artículo

260

reza lo siguiente:

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán

aplicar en su hábitat instancias de justicia con base

en

sus tra-

diciones ancestrales y que sólo afecten a

sus

integrantes, según

sus

propias normas y procedimientos, siempre que

no

sean

contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La

Ley

determinará la forma

de

coordinación de esta jurisdicción

especial con

el

sistema judicial nacional .

La

norma constitucional antes citada es la que posibilita hablar propia-

mente de un Estado pluricultural, es decir, se reconoce de manera oficial a


16/27

Principios

del

derecho

penal


2 7

una sociedad que no es

homogénea

y permite a

su

vez un doble reconoci

miento: en primer lugar, reconoce la función jurisdiccional o jurisdicción

indígena, ejercida por las autoridades legítimas y naturales de los distintos

pueblos y comunidades indígenas; en segundo lugar, reconoce el uso del

derecho consuetudinario indígena para resolver sus conflictos. Por supues

to, la potestad de administrar justicia de las autoridades indígenas tendrá ca

bida plena sólo dentro

de

las unidades político-territoriales, llámense Muni

cipios Indígenas, hábitats, entre conflictos suscitados entre miembros de un

mismo grupo étnico (Colmenares Olívar, 2001).

3 2 El Recurso de Amparo Internacional

La nueva Constitución ratifica en

su

artículo

3

el derecho de toda

persona sujeta a

su

jurisdicción a acudir ante los órganos internacionales de

derechos humanos a solicitar el amparo de sus derechos y consagra el deber

del Estado de cumplir con las decisiones de tales órganos. En tal sentido, di

cho artículo establece textualmente:

Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por

los tratados, pactos convenciones sobre derechos humanos

ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante

los órganos internacionales creados para tales fines, con el ob

jeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta

Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimien

to a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en

este artículo .

Sobre la nueva figura del amparo internacional, Ayala Corao ha expre

sado que la misma procede cuando agotados los recursos judiciales internos

de conformidad a las reglas del Derecho Internacional, sin que se haya obte

nido la protección efectiva de los derechos humanos reclamados, ...

las

personas tienen el derecho a acudir ante los órganos internacionales crea-

dos por los tratados a fin de obtener la reparación a las violaciones impu-

tables al Estado .. ; y la obligación consecuente de los Estados, de cumplir

o ejecutar de buena

f

las decisiones reparatorias que dicten esos órga-

nos ..

(Ayala Corao, 2000).


17/27

2 8


Cap Crim. Vol 30 Nº 4 Octubre-Diciembre 2002) 191-218

El artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión In

teramericana es un órgano competente junto con la Corte Interamericana

... para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los com-

promisos contraídos por los Estados partes , por lo que al ratificar dicha

Convención, el Gobierno de Venezuela se comprometió a atender las reco

mendaciones que la Comisión apruebe a sus informes; es decir, que las reco

mendaciones de estos organismos internacionales de protección generan

compromisos para los Estados a todos los niveles del poder público nacional.

En este orden de ideas, el artículo

23

de la Constitución dispone que los

tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ra

tificados por Venezuela, sean de aplicación inmediata y directa por los tribu

nales y demás órganos del Poder Público. De acuerdo con lo anterior, existe

la posibilidad de acudir a los órganos del sistema interamericano y

de

Nacio

nes Unidas mediante este recurso extraordinario previsto en la actual Consti

tución, y que el Profesor Cappelletti ha denominado recurso de amparo

in-

dividual a nivel supranacionaf'.

3

A este respecto, Ayala Corao señala que

la jurisdicción internacional

de

los derechos humanos puede configurarse,

bajo ciertas circunstancias,

en

una verdadera jurisdicción constitucional

in-

ternacional en materia

de

derechos humanos (Ayala Corao, 1998). Cierta

mente, aún cuando dichos órganos declaran expresamente no ser una cuarta

instancia , en la práctica parecen constituir una alternativa válida y única a la

que acudir cuando en un proceso judicial se produzcan violaciones de dere

chos humanos no reparadas por los tribunales nacionales.

Por último, cabe señalar que los órganos públicos del Estado, en espe

cial el Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, es

tán en la obligación de respetar y seguir la interpretación que sobre las nor

mas de derechos humanos realicen los organismos internacionales de pro-

13 Mauro Capelletti. Dimensiones de la justicia en el mundo contemporáneo, Editorial Po

rrua,

C.

A. México, 1993, p.

45

y ss citado en Carlos M. Ayala Corao. Del Amparo

Constitucional al Amparo Interamericano como Institutos para

la

Protección

de

los

e-

rechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José/Caracas,

Editorial Jurídica Venezolana, 1998: p. 77.


18/27


constitucional

venezolano

2 9

tección, bien a nivel regional (Comisión y Corte Interamericanas) o a nivel

universal (Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas)

14

.

3.3. La Imprescriptibilidad de elitos

Algo novedoso y que el Constituyente incluyó con buenas intenciones

para quizás ponerse a la altura de las exigencias de ciertas normas internacio

nales que sancionan los delitos contra los derechos humanos, es lo relativo a

la

imprescriptibilidad

de ciertas conductas reprochables señaladas en los artí

culos 29 y

271

de la Carta Magna. Así,

el

artículo 29 expresa que las accio

nes para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los de

rechos humanos y los crímenes de guerra serán imprescriptibles y estarán ex

cluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluyendo el

indulto y la amnistía. Por su parte, el artículo 271 constitucional, extiende la

imprescriptibilidad a los delitos contra el patrimonio público y el delito de

tráfico de estupefacientes, tal vez por considerarlos delitos

pluriofensivos

que

vulneran varios bienes jurídicos que afectan gravemente a la sociedad.

A nuestro modo de ver, tales preceptos constitucionales, al excluir be

neficios como el indulto y la amnistía a las personas incursas en los delitos

referidos, pudieran afectar el derecho de igualdad, pues, como afirma Bo

rrego,

no parece conveniente que haya semejante solución a

asuntos que muy bien pueden resolverse bajo el marco de la

ponderación y análisis particularizado de la situación jurídica

comprometida, ya que, en la secuencia de estos delitos que

perjudican al objeto de protección, existe todo un marco de re

ferencias que permite tratar los casos de modo separado y di

ferenciar cuando es de necesidad. De ahí, la regla de trato de

sigual cuando sea menester y estén dadas las condiciones para

ello (Borrego, 2002).

14

Véase: Guillermo Moncayo. Criterios para

l

aplicación de las normas internacionales

que resguarden los derechos humanos en el derecho argentino . CELS, 1997. Citado

en: Banco Interamericano de Desarrollo. LA DIMENSION INTERNACIONAL DE

LOS DERECHOS HUMANOS. Washington, D C American University, 1999: p

80-82.


19/27

210


Cap. Crim Vol. 30, Nº 4 Octubre-Diciembre

2002

191-218

Por otra parte tanto el artículo 6.4 del Pacto Internacional de Dere

chos Civiles y Políticos de Naciones Unidas

15

como el artículo 4.6

de

la

Convención Americana

16

permiten la aplicación del indulto la conmuta

ción de pena y la amnistía ...

en todos los casos ,

aún en aquellos en los

que las personas hayan sido condenadas a la pena de muerte; por lo que

consideramos que las disposiciones 29 y

271

constitucionales vulneran y

contrarían el contenido de las normas internacionales antes mencionadas.

De manera pues con base a la más estricta protección de los derechos

a la defensa e igualdad el juez es quien

dck

ponderar la situación personal

y jurídica del imputado en cada caso sea cualquier tipo de delito incluso

los prohibidos por los preceptos antes mencionados y establecer las cir

cunstancias probatorias por las cuales es responsable sin atender a condi

ciones objetivas pues también se podría vulnerar el principio de inocencia

de los procesados por tales delitos.

4.

EL

NUEVO

ENFOQUE DEL

DERECHO PENAL

La filosofía de los derechos humanos de garantizar la libertad y demás

derechos de la persona humana ha influido notablemente sobre la concep

ción de la justicia del derecho penal y del proceso penal moderno pues los

fines esenciales de este último son la de tutelar la libertad y la dignidad hu

mana dentro de un proceso. Siempre se ha entendido que dentro de la De

mocracia la función garantista que le corresponde al derecho y en especial

a la

jurisdicción penal,

es la de

prevenir

y

reprimir

el delito por una parte;

pero fundamentalmente debe contribuir a minimizar la violencia punitiva

del Estado aplicando los mecanismos que protejan los derechos fundamen-

15 Artículo 6.4 PIDCP:

Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el

indulto o l conmutación de l pena.

La

amnistía, el indulto o l conmutación de l pena

capital podrán ser concedidos en todos los casos .

16

Artículo 4.6 CADH:

Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar l am-

nistía, el indulto o l conmutación de l pena, los cuales podrán ser concedidos en todos

los casos. No se puede aplicar

l

pena de muerte mientras

l

solicitud esté pendiente de

decisión ante l autoridad competente .


20/27

Principios

del

derecho


venezolano

211

tales del ciudadano contra el abuso y la arbitrariedad de la fuerza por

parte de los órganos del poder público y otros particulares. Esto es lo que ha

denominado

A

Baratta la mínima intervención penal , propuesta como

una política alternativa del control social y basada en una serie de principios

intrínsecos ( intrasistemáticos ) y externos (extrasistemáticos) del sistema

penal, que deben de ser tomados en cuenta al momento de resolver los con-

flictos (Baratta, 1987).

Visto así,

el

garantismo

surge

de

la relación entre los derechos funda-

mentales o naturales de

las

personas consagrados en normas constitucionales

y el Estado de derecho; en este sentido Ferrajoli expresa: La garantía de estos

derechos vitales es la condición indispensable de l convivencia pacífica. Por

ello, su lesión p r parte del Estado justifica no simplemente la crítica o el di-

senso, como para las cuestiones no vitales en las que vale la regla de

la

mayo-

ría sino la resistencia a la presión hasta la guerra civil

(Ferrajoli, 1995).

La salvaguarda de esos valores significa un control de la constitucio-

nalidad, porque el Poder Judicial constituye el garante de la tutela efectiva

de las garantías ciudadanas frente a un potencial conflicto con los poderes

públicos y privados, cuando reivindica sus aspiraciones en cada sentencia.

En fin, constituye la garantía del Estado de Derecho. Así lo entendió recien-

temente la Sala de Casación Penal:

El proceso se presenta en consecuencia como una garantía

para todos los sujetos procesales y

no

tan sólo para el imputa-

do, sino también para todos aquellos que intervienen en el

conflicto penal planteado como consecuencia del hecho puni-

ble; en

el

cual pueden intervenir el imputado, la víctima, la so-

ciedad y

el

mismo Estado representado a través de cualquiera

de sus órganos procesales

7

.

El Derecho Penal aplicado por los órganos jurisdiccionales competen-

tes, viene a constituir una garantía para el respeto y vigencia de los Dere-

chos Humanos fundamentales, debido a su carácter represivo, a la vez que

es una exigencia de la seguridad pública demandada por el conglomerado

7

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia No. 003 del de ene-

ro de 2002.


21/27

1

212

Ricardo

Colmenares

Olivar

Cap.

Crim

Vol. 30, Nº

4

Octubre-Diciembre 2002) 191-218

social. Así lo expresó la Sala de Casación Penal de nuestro Máximo Tribu-

nal:

El Derecho Penal es la mínima fuente de libertad, ya que al reprimir

a quienes delinquen crea libertad para el sector que no delinque. Y esa no

ble ciencia rechaza

la

conducta de quienes agreden de manera ilegítima a

otros e instituye en estos el derecho natural de actuar

en

defensa propia y

de matar al atacante si fuere necesario

18

.

En otra oportunidad, la misma

Sala se pronunció sobre la relevante función del derecho penal dentro de la

sociedad, en los siguientes términos:

La

obligación principal de

la

Sala es

garantizar la libertad del pueblo y defender los derechos de los venezola

nos, mediante

la

certeza en

la

aplicación del Derecho Penal, cuyo funda

mento es proteger la libertad del ser humano .

Tal como bien afirma Thompson, la

existencia de un sistema puni

tivo

es

una forma de protección de los Derechos Humanos, ya que el carác

ter valorativo- del Derecho Penal encuentra paralelo en

la

materia

de

que

se ocupan los derechos fundamentales

(Thompson, 1993). Así por ejem-

plo, el valor trascendente del derecho humano a la vida , también es prote-

gido por la sanción establecida en los tipos del Código Penal Venezolano

(Delitos contra Las Personas). De allí que cuando el sistema penal no prote-

ja debidamente un valor fundamental del hombre, existirá entonces una vio-

lación de los derechos humanos.

4 1

l

Sistema Acusatorio Penal Venezolano

El reconocimiento que hiciera el Legislador de las garantías del

juicio

previo

y del

debido proceso

en el artículo del Código Orgánico Procesal

Penal de 1998 (en adelante COPP)

20

, apuntaba hacia el modelo de sistema

penal garantista deseado: el Sistema Acusatorio. Así lo afirma V ásquez

González, al referirse a las garantías mencionadas:

18 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia No. 862, del 20 de ju-

nio de 2000.

19 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia No. 445, del 07 de abril

de 2000.

20 Promulgado el 23 de enero de 1998, según Gaceta Oficial No. 5.208 Extraordinario, con va

catio legis de 18 meses, entrando en vigencia el ¡o de julio de 1999. La última reforma la su-

frió en fecha 14 de noviembre de 2001, según Gaceta Oficial No. 5.558 Extraordinario.


22/27


constitucional

venezolano

El solo hecho de que las anteriores garantías aparezcan con-

templadas en el primer artículo del código adjetivo proporcio-

na una idea de la importancia que le legislador les ha dado. En

efecto, así como el principio de legalidad material establece la

necesidad de que el delito y la pena estén descritos previamen-

te en la ley, la necesidad del juicio previo se erige como una

garantía procesal en la que descansa el sistema acusatorio que

desarrolla el COPP (V ásquez González, 1999).

2 3

El código adjetivo penal plasmó en sus normas un conjunto de princi-

pios y garantías judiciales esenciales reconocidas internacionalmente, que

pudieran avalar

un

proceso penal justo, no sólo para el imputado sino tam-

bién para la víctima: la participación ciudadana en la administración de jus-

ticia, la autonomía e independencia de los jueces, la garantía de ser juzga-

dos por jueces naturales, la presunción de inocencia, el principio de afirma-

ción y respeto de la libertad y en fin, toda una serie de derechos que perfi-

lan el sistema acusatorio venezolano como principist y garante efectivo de

los derechos humanos. En sentencia de fecha 1

O

de enero de 2002, la Casa-

ción Penal del Máximo Tribunal dejó sentado las bases del sistema acusato-

rio penal en los siguientes términos:

El sistema acusatorio contemplado en el Código Orgánico

Procesal Penal es de corte

principist

y no reglamentario, esta-

blece una serie de principios fundamentales que van a servir

como norte a las normas que regulan los distintos institutos

procesales. La anunciabilidad de un principio es suficiente

para que sistemáticamente en la misma ley procesal penal se le

busque la solución procedimental para salvaguardar el princi-

pio anunciado. Jamás podría concluirse que algunos de los

principios que constituyen reglas del debido proceso dejen de

aplicarse por carecer de procedimiento expreso que los con-

duzca al conocimiento del tribunal .

Otras dos características esenciales del nuevo sistema procesal vene-

zolano son la

publicid d

y la

or lid d

que rigen dentro de las distintas eta-

pas del proceso. El primero constituyó el rompimiento de unos de los aspec-

tos más negativos del sistema inquisitorio plasmado en el Código de Enjui-

ciamiento Criminal: el secreto sumarial , por medio del cual se fabricaba

el delito a espalda del imputado. Igualmente la oralidad, consagrada en el



23/27

214

Cap. Crim

Vol 30,

N°

4 Octubre-Diciembre 2002)

191-218

artículo 14 del COPP garantiza la transparencia durante el desarrollo del

juicio pues las partes involucradas pueden conocer de manera directa lo

que se decide en su contra; además garantiza seguridad jurídica a las partes

pues sólo podrán apreciarse las pruebas que sean incorporadas en la audien-

cia oral

y

pública.

CONCLUSIONES

Puede afirmarse que la Constitución Bolivariana de Venezuela de

1999 refleja formalmente un Estado Constitucional pues su fundamento

esencial es la protección de la libertad

y

dignidad de la persona humana

pues consagra todos y cada unos de los derechos y garantías reconocidos en

los instrumentos más importantes de derechos humanos relativos a los pro-

cesos judiciales y, en particular al proceso penal. Tan importantes son estos

valores que la violación o inobservancia de cualquiera de los principios

derechos y garantías establecidas en la Constitución el Código Orgánico

Procesal Penal y los tratados o convenios internacionales son consideradas

nulidades absolutas conforme lo establece el artículo

191

del referido Códi-

go adjetivo penal.

Por otra parte aún cuando la promoción

y

defensa de los derechos hu-

manos es una obligación de todos los ciudadanos según lo ordena el artícu-

lo 132 de la Constitución la protección en concreto la realizan los órganos

jurisdiccionales siendo el único intérprete auténtico de estas normas

y

prin-

cipios constitucionales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-

ticia la cual tiene el

control concentrado

de la constitucionalidad

y

sus de-

cisiones son vinculantes porque crean certeza judicial. De allí que su in-

cumplimiento implica un irrespeto a la Constitución y un quebrantamiento

del Estado de Derecho.

Finalmente considero que el auténtico cambio de paradigma en de-

rechos humanos dentro de la administración de justicia penal se dará en

Venezuela cuando los tribunales de la República además de la Sala Cons-

titucional imprimamos en nuestras decisiones la defensa efectiva de las

normas

y principios constitucionales a favor de la libertad y la dignidad

humana.


24/27

Principios del derecho


venezolano

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Convención Americana sobre Derechos Humanos: 22-11-1969.

Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura: 28-02-1987.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o

Degradantes de Naciones Unidas: 26-06-1987.

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a

Cualquier Forma de Detención o Prisión: 9-12-1998.

Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley:

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