No. 20 Enero - Abril 2016 ISSN: 2215-9436

www.prensarural.org

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AuspiciadoresAuspiciadores

Administración distrital ataca la economía

campesina

¿Es posible materializar los acuerdos de La Habana en

medio del paramilitarismo en Remedios y Segovia?

Así será el V encuentronacional de ZRC 2016

¡Indignante! No puede triunfar la impunidad

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2 Enero - Abril

La paz completa es ahora

El año 2016, avizora la concreción de la esquiva paz que ha anhelado el pueblo

colombiano por más de cincuenta años. El sangriento conflicto ar-mado, desatado por las élites polí-ticas y económicas articuladas al modelo de exclusión, ha afectado profundamente la Colombia rural, ha condenado a generaciones en-teras a la desgarradora tragedia de la confrontación y su subsecuente impacto en la vida cotidiana de toda la población: gigantes inver-siones en el aparato militar en des-medro de la inversión social, jóve-nes lanzados como carne de cañón a la vorágine de la guerra, millones de desplazados despojados de su tierra y otros tantos condenados a la miseria y la desesperanza.

Los enemigos de la paz acechan, los bárbaros de todos los tiempos, actúan desde todas las esferas contra la esperanza de todas y todos los colom-bianos

Esa es sólo una arista de la miseria de la estela que deja la guerra, quie-nes pretenden perpetuarla actúan desde sus frívolos intereses, ya que la infamia impuesta a la mayoría, llena sus arcas y acrecienta sus propiedades, en una vulgar lógica de acumulación. Es así, que la luc-ha del movimiento popular y sus organizaciones, de los defensores de derechos humanos, de la rurali-dad colombiana, ha sido la que ha develado la siniestra égida de esa brutal agresión histórica contra el pueblo colombiano y ha desple-gado en su resistencia a la muerte, en su lucha por la salida política al conflicto, la búsqueda incansable por alcanzar la paz real, democrá-tica, con justicia social y duradera.

Los terribles costos del conflicto armado los han pagado los más pobres, es momento de su re-dención. La perspectiva real, más cercana que nunca, de llegar a un acuerdo con la insurgencia de las FARC – EP y la instalación de la fase pública de negociaciones go-bierno - ELN, potencian esta as-piración. La agenda discutida en la Habana ha avanzado casi en su totalidad.

Los ejes del acuerdo impactan po-sitivamente en clave de superar las inequidades históricas de la tenencia y uso de la tierra, ubican la participación política transver-salmente al contenido del acuerdo, abriendo el camino a la democra-tización de la sociedad colombiana, y colocando de relieve y al centro del mismo a las víctimas, que lle-van consigo el dolor de los avata-res de la guerra, y establecen con rigor un sistema restaurativo de Justicia que garantizará verdad y reparación evidenciando las res-ponsabilidades históricas en el conflicto.

La paz completa, es mo-tivo de alegría para esta sufrida Colombia, la muerte jamás va a cose-char en nuestros surcos ni en nuestros sueños, vamos por la paz, vamos por la vida.

Se afinan aspectos concernien-tes a la implementación de los acuerdos y el comienzo en firme de los diálogos anunciados en Caracas, permitiendo con certeza esperar más temprano que tarde el fin de la guerra.

Sin embargo, los enemigos de la paz acechan, los bárbaros de to-dos los tiempos, actúan desde to-das las esferas contra la esperanza de todas y todos los colombianos.

Enfilan baterías desde sus tribu-nas contra los aspectos sustancia-les de los acuerdos, satanizan sus contenidos, desdeñan de sus avanzadas iniciativas tendiendo cortinas de humo y confundiendo sectores de la población.

Estos tenebrosos personajes agazapados en el mismo estado, promueven el terror con las ja-más desarticuladas y siniestras estructuras paramilitares, esta felonía amenaza con sus atroci-dades permanentes la implemen-tación misma de los acuerdos y la articulación de hombres y mu-jeres que se han comprometido con la construcción de la paz, po-niendo en riesgo la aspiración de poner punto final al espiral de la tragedia y de esa forma pretender condenarnos a la guerra eterna.

No podemos permitir echar atrás lo que con tanto esfuerzo ha cos-tado que avance, la paz es el bien superior de la nación, no sólo un derecho consagrado en la Cons-titución, sino una conquista de la lucha del pueblo colombiano. La movilización es garantía para concertar ese esquivo sueño.

los enemigos de la paz acechan, los bárbaros de todos los tiempos, actúan desde todas las esferas contra la esperanza de todas y todos los colom-bianos.

Hay que conocer y defender los acuerdos, en el sentido de ser la herramienta para superar el con-flicto armado, promover la peda-gogía por la paz como ejercicio colectivo e incluyente, mantener en alto la bandera del cese bilate-ral, ya que el gobierno está obligado por la consecuencia de la contraparte en el cese de hosti-lidades a declararlo y con carácter definitivo. Debemos exigir del estado en su conjunto, la imp-lementación de profundas y re-sueltas medidas para desarticular el paramilitarismo, eufemística-mente llamado bacrim y tratado como un simple fenómeno de bandalismo, desconociendo su carácter y profunda relación con niveles del establecimiento; sólo de esta manera se abrirán los ca-minos de la vida y la alegría, don-de ya no habra retorno al pasado del que los canallas pregoneros de la muerte no quieren dejarnos salir.

Estamos en un punto de inflexión, el compromiso de gobierno e in-surgencias al avanzar en la de-finición de un acuerdo, pone al centro - hoy más que nunca - la lucha por la paz, eso definirá que la firma de éste (el acuerdo) no quede en el papel, garantizará su implementación para superar las trabas económicas y sociales que nos han condenado a esta larga noche de penumbra.

La paz completa, es motivo de alegría para esta sufrida Colom-bia, la muerte jamás va a cosechar en nuestros surcos ni en nuestros sueños, vamos por la paz, vamos por la vida.

Enero - Abril 3

De los acuerdos de La Uribe a los acuerdos de La Habana: Buscando la fórmula de la paz

Por Oficina de Prensa Marcha Patriótica

El documento que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Re-volucionarias de Colombia

(FARC) y el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) suscribieron en La Uribe (Meta) en 1984, repre-senta el primer escalón en la búsque-da de una salida política negociada al conflicto armado.

Luego de tres décadas de confron-tación y de frustrados procesos de paz, la mesa de La Habana se cons-tituye hoy día como una opción fac-tible para concretar esa fórmula.

Despues de tres años de negociacio-nes, si bien quedan temas cruciales por resolver, son importantes los avances que se han logrado.

Actualmente existen borradores o acuerdos parciales en cuatro temas de la agenda, aunque sólo serán válidos tras la firma de un acuerdo final, lo que genera la necesidad de culminar el proceso para materia-lizar lo alcanzado.

Desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas, y víctimas son los temas evacuados de la agen-da (aunque con salvedades o puntos pendientes), que a pesar de lo no-vedosa que resulta para algunos ana-listas, tiene muchos paralelos con el proceso de paz que se negoció con Betancur.

Mientras en La Uribe se acordó un cese al fuego que se prolongó por tres años, los actuales diálogos de paz han transcurrido simultánea-mente a la confrontación por impo-sición del gobierno.

Para el actual proceso, las FARC han decretado en varias ocasiones un cese al fuego de carácter unila-teral y temporal, que poco a poco se ha vuelto indefinido. Desde el 20 de julio del 2015, éste arroja un balance positivo de parte de veedo-res y organismos que monitorean el conflicto. Como contraparte, el go-bierno suspendió los bombardeos contra esa guerrilla e implementa otras medidas de desescalamiento.

Hoy por hoy, las entidades que mo-nitorean el conflicto hablan de un cese al fuego bilateral de facto, y resaltan que los indicadores de la confrontación son los más bajos en los últimos 50 años.

Sin embargo, sigue pendiente la fi-jación de un cese al fuego bilateral y definitivo, punto pendiente de la agenda que aún está en trámite, con diferencias importantes en el tema de las zonas de ubicación.

De otra parte, las temáticas aborda-das en La Uribe y La Habana tienen algunos puntos de coincidencia, como la existencia de una amnistía para el delito político, la prosc-ripción de la práctica del secuestro (a la que renunció las FARC antes de los actuales diálogos) y el impul-so a reformas sociales, como en los temas de tierras y de participación política.

Otro elemento fundamental es que mientras en La Uribe se dio creación a la Unión Patriótica cuando las FARC seguían en armas, en el ac-tual proceso se acordó su “dejación” como requisito para su conversión en fuerza política legal.

A diferencia de este planteamiento, en la década de 1980 la UP desar-rolló su actividad política en un con-texto en que grupos paramilitares y agentes del Estado la convirtieron en blanco, con el estigma de ser par-te de la subversión.

Aunque la UP se desligó de la in-surgencia y prosiguió su lucha política más allá de la finalización

del proceso de paz, sus miembros fueron objeto de una persecución que cobró miles de víctimas y que ha sido considerado como un “ge-nocidio”.

Pese a que su personería jurídica fue restablecida recientemente, la UP padeció el exterminio de la mayoría de su militancia. Actual-mente su potencial está menguado con respecto a la experiencia elec-toral de los años 80.

En este sentido, el tema de las ga-rantías políticas sigue siendo crucial para la eventual implementación de los acuerdos. Sin la persistencia de la lucha armada, el debate político y las contiendas electorales no tend-rán pretextos para descalificar y per-seguir propuestas alternativas, como las que impulsan la UP, Marcha Pat-riótica o los nuevos movimientos que surjan tras un acuerdo de paz.

Fotografía: La Uribe

Los “acuerdos de La Uribe” entre el gobierno colombiano y las FARC fueron el primer escalón en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. Hoy en La Habana, esa opción está mucho más cerca

Administración distrital ataca la economía campesina

Por Agencia Prensa Rural

La Agencia Prensa Rural dia-logó con Carlos Julián Co-rredor, miembro de la Fede-

ración Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa) y del Co-mité de Interlocución Campesina y Comunal (CICC), para conocer la postura de los campesinos frente a la intención de recortar recursos para esa iniciativa.

Iniciativa que se convierten en la más reciente víctima de las deci-siones políticas de la nueva Admi-nistración distrital, donde los más afectados son las organizaciones campesinas que durante doce años desarrollaron la estrategia de Merca-dos Campesinos y los ciudadanos de a pie que se beneficiaron de ella.

APR: ¿Quiénes se han beneficia-do con esta iniciativa?

CJC: El secretario de Desarrollo Económico, Fredy Castro, dijo que

solo se habían beneficiado dos orga-nizaciones campesinas y que había unos intereses económicos por parte de éstas. Eso es mentira, ya que des-de el año 2004 hay vinculadas doce asociaciones campesinas de carácter nacional y regional.

Así mismo, son más de 70 comités campesinos municipales, pequeñas asociaciones que se han estructu-rado con un mínimo de 25 campe-sinos, y hay otras más grandes que vinculan hasta 150 campesinos en un municipio. Estas pequeñas asociaciones y cooperativas hacen parte de esas organizaciones de carácter nacional o regional, y en el periodo 2007-2015 han participado más de cinco mil campesinos, en su gran mayoría pequeños productores caracterizados como minifundistas o microfundistas, que es la carac-terística de la economía campesina en la región central.

Además están beneficiados cientos de miles de bogotanos que adquie-

ren productos de calidad y a precio justo, ya que lo que se hace en Mercados Campesinos es eliminar a los intermediarios que elevan en un 30% los precios de los produc-tos y disminuyen entre un 30% y un 120% las ganancias de los pequeños productores campesinos.

APR: Si son recursos de Bogotá, ¿por qué se invertían en otros mu-nicipios?

CJC: La nueva Administración argumenta que esta iniciativa be-neficia a campesinos de afuera de Bogotá y que es dinero mal inver-tido, pero olvida que en los estu-dios iniciales para el Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario, a principios de la década del 2000, se planteaba que Bogotá no tiene la ca-pacidad de producir alimentos para sus más de siete millones de habi-tantes.

Bogotá no es que quiera o no inver-tir en seguridad alimentaria en los

4 Enero - Abril

“Participa de la primera asamblea de procesos constituyentes por la paz con justicia social y ambiental”

Por Constituyentes por la paz

Constituyentes por la Paz con Justicia Social consi-dera importante contribuir

a la unidad y articulación de un am-plio movimiento social con vocación constituyente para la construcción de la Paz con Justicia social y ambiental y de la solución política al conflicto social y armado que vi-vimos desde hace más de 60 años.

Uno de sus propósitos es construir con las organizaciones sociales y políticas, una hoja de ruta que nos conduzca a la convocatoria y rea-lización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual cuen-te con la participación activa de éste nuevo sujeto político y popular y en donde se construyan las trans-formaciones sociales, económicas, políticas y culturales que requiere el país.

Los límites que presenta la Consti-tución del 91 debido a su carácter neoliberal, junto a la profunda cri-sis social, económica y política que atraviesa el país (Crisis de repre-sentatividad; modelo extractivista y reprimarizador, desigualdad, pérdi-da de la soberanía, cultura narcopa-ramilitar, entre otras) y el desarrollo de los diálogos entre el Gobierno nacional y las insurgencias de las FARC-EP y ELN, se constituyen como espacios para hallar la solución política al conflicto ar-mado, oportunidades para que el movimiento social organizado im-pulse las transformaciones sociales, económicas, políticas y ambienta-les que requiere nuestra Colombia.

Finalmente, el contexto de movi-lización y discusión social reciente que ha puesto en marcha múltiples procesos con trayectorias dispersas y alcances diferenciados de carác-ter constituyente en ascenso, nos sitúa ante la posibilidad de desatar la capacidad y las fuerzas necesarias para convocar y participar en una ANC, con posibilidad de redefinir el campo del poder constituido y sentar las bases hacia la democracia política, económica y social.

Por ello convocamos a la I Asamblea Nacional De Procesos Constituyen-tes Por La Paz Con Justicia Social 20, 21 y 22 de Mayo en Bogotá, escenario democrático y popular de participación donde confluiremos organizaciones sociales en proceso constituyente, con el propósito de alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General

• Generar un espacio de discusión y construcción social y popular que potencie las apuestas políticas del Proceso Constituyente. Objetivos específicos

• Construir elementos de programa a partir de la relación entre los ejercicios de legislación popular y los acuerdos - salvedades de la Mesa de diálogo de La Habana y la mesa de conversaciones con el ELN. Este será un ejercicio de peda-gogía de paz desde las propuestas de legislación popular, ubicando los elementos estratégicos y reivindica-tivos.

• Discutir y definir los princi-pios fundamentales de una Consti-

tución democrática para la paz con justicia social y ambiental, así como una idea de nuevo Estado a partir de los siguientes temas: Nueva de-mocracia, Derechos y Garantías y formas de Estado y Ordenamiento Territorial.

• Elaborar lineamientos de una hoja de ruta para potenciar el

demás departamentos, es que le toca debido a su dependencia, y eso está explícito en la política de seguridad alimentaria, está explícito en el Plan Maestro de Abastecimiento.

Bogotá tiene esa obligación porque depende de los demás departamentos, tiene la obli-gación de invertir recursos no solo para el tema de alimen-tación, sino también para el tema hídrico, pues depende del agua de más de 100 municipios

a su alrededor y de las cuencas hidrográficas de Cundinamarca y otros departamentos.

APR: La Administración dice que se contrató personal no idóneo. ¿Cuál es la realidad?

CJC: Una de las condiciones para poder realizar el mercado es la convocatoria y eso se hace a través de estrategias de merca-deo y publicidad, sin contar que para poder garantizar que el mercado se regule por unos

precios justos tiene que haber un estudio de precios y eso es lo que algunos medios han dicho sobre los hallazgos de la Cont-raloría, donde se presenta que en los convenios de asociación se hacían unos gastos a partir de contratos de prestación de ser-vicios con unas personas, pero lo que se hacía era contratar un grupo de técnicos profesio-nales que hacían un estudio de mercado para poder garantizar la regulación de la oferta, la de-manda y los precios al interior

del mercado. Ahí están las hojas de vida del personal calificado con experiencia en estrategias de mercado.

Así mismo están los gastos en publicidad, donde lo único que se contrataba en el marco de los mercados era la realización de unos volantes que no pasaban de 21 mil por fecha de mercado. A través de estos volantes con-vocaba a los consumidores en los barrios donde se realizaban los mercados.

Proceso Constituyente Democrá-tico y popular, donde una de sus metas sea la realización de un Asamblea Nacional Constituyen-te. Más información: www.cons-tituyentesporlapaz.org consti-tuyentesporlapaz@gmail.com

Enero - Abril 5

Ola de persecución y asesinatos no detendrá el anhelo de paz con justicia social del pueblo colombiano

Por William Monsalve / Secre-tario General / Juventud Co-munista Colombiana, JUCO

El pasado mes de marzo del presente, las organizacio-nes sociales, populares,

democráticas y revolucionarias, hemos sido víctimas del recru-decimiento de la ola de violencia que se ha diseñado por parte de fuerzas oscuras, paramilita-res, sectores del militarismo y la ultraderecha, que pretenden ge-nerar terror a fin de frenar el ma-lestar social que se ha expresa-do en la indignación del pueblo colombiano contra las políticas neoliberales del establecimiento, en medio de una etapa decisoria para el país, como lo es el logro de la solución política al conflicto armado.

Defender el proceso de paz, avanzar en la con-solidación de mayores conquistas a favor del pueblo colombiano, exi-gir el cese bilateral del fuego y hostilidades y desescalar la violencia contra el movimiento social y popular

El asesinato de Klaus Zapata, mi-litante de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, en el mu-nicipio de Suacha, mientras juga-ba un partido de micro futbol, el pasado 6 de marzo, fue tan solo el preludio de lo que sería una serie de agresiones contra la inte- gridad física de dirigentes socia-les y populares. En la misma se-mana, también fue asesinado un dirigente de la Marcha Patriótica en el Noreste Antioqueño y con ello se arreciaron las amenazas, persecuciones y hostigamien-

tos en diversas regiones del país, contra este movimiento socio político y la JUCO. Ya existe una larga lista de asesinatos en lo que lleva el inicio del 2016, a lo cual existe el silencio y la negligencia del gobierno nacio-nal para comprometerse a bri-dar las garantías necesarias para proteger la vida de los dirigentes sociales y populares en el país.

El país atraviesa una seria crisis humanitaria y de derechos hu-manos, que se ha profundizado en los últimos meses, ante el po-sible alumbramiento del logro de un acuerdo de paz entre en las FARC-EP y el gobierno nacional.

Hecho que se avista con mayor asomo en la vida política del país, con el anuncio de los diá-logos con el ELN, lo que ha ge-nerado mayores preocupaciones en los sectores del bloque de po-der que se lucran de la guerra y el derramamiento de sangre en todo el territorio nacional.

La combinación de formas de luchas legales e ilegales, entre las cuales el narcotráfico, el parami-litarismo, fracciones de los mili-tares y policías aupados por sec-tores de ultraderecha que juegan un papel desestabilizador para fraguar golpes al proceso de paz e imponer la agenda programática de la guerra en un escenario de nuevas confrontaciones territori-ales contra el movimiento social y popular. La disputa de la paz con justicia social contra la gue-rra ahora se encuentra en el plano de la movilización y la lucha ca-llejera, quienes tengan el movimi-ento de masas a favor de la paz o la guerra es la dinámica de la eta-pa actual del proceso. Es la razón por la cual se pretende con la ola de terror, persecución y asesinato, desactivar la movilización a fa-vor de la paz con justicia social y debilitar el proyecto unitario de transformaciones sociales, polí-ticas, económicas y culturales que se está construyendo en el país.

Ya existe una larga lista de asesinatos en lo que lleva el inicio del 2016, a lo cual existe el silencio y la negli-gencia del gobierno nacio-nal para comprometerse a bridar las garantías nece-sarias para proteger la vida de los dirigentes sociales y populares en el país.

Defender el proceso de paz, avanzar en la consolidación de mayores conquistas a favor del pueblo co-lombiano, exigir el cese bilateral del fuego y hostilidades y desescalar la violencia contra el movimiento social y popular es la tarea inmediata de la lucha unitaria. El pueblo colombiano anhela la paz con justicia social y es ahora que debemos derrotar la guerra en las calles, con la acción y movi-lización unitaria de todas las fuerzas que anhelamos cambios y transfor-maciones para el logro de una patria nueva

Fotografía: La Habana

6 Enero - Abril

¿Es posible materializar los acuerdos de La Habana en medio del paramilitarismo en Remedios y Segovia?

Por Corporación Acción Hu-manitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño / Cahucopana

La firma de los diálogos de la Habana entre el Gobier-no Nacional y la insurgen-

cia de las FARC- EP, trae consigo la esperanza de vivir en campos y ciudades la tan anhelada paz que durante tantos años hemos esperado, es claro la paz debe estar acompañada de la solución de los problemas estructurales que dieron origen al conflicto y que se sienten con más rigor en las zonas rulares históricamente abandonadas por el Estado co-lombiano.

Ante este panorama, las comuni-dades del Nordeste antioqueño que han soportado el conflicto social y armado, esperan el día de la firma de dicho acuerdo para tener una paz estable y duradera. Sin embargo, las inquietudes gi-ran en torno a cómo se materiali-zarán los acuerdos en los cascos urbanos y rurales de su territorio.

La situación en materia de dere-chos humanos y derecho interna-cional humanitario actualmente

en los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia), tiende a empeorar y con ello nos lleva a pensar ¿es posible materializar los acuerdos de paz en medio del aumento de violencia por parte de los grupos paramilitares que operan en Remedios y Segovia?

De esta manera ¿po-dríamos pensar que si se firma el acuerdo de paz, cambiará en algo esta situación? ¿Continua-remos siendo objetivo militar y se profundizará la persecución de nues-tra labor de defensa de derechos humanos sin que se desmantele las bandas paramilitares?

Desde la “desmovilización” de las AUC en 2005, el Estado ha ido posicionando la idea de que di-chas estructuras paramilitares no existen, sin embargo, las organi-zaciones defensoras de derechos humanos continuamos denun-ciando que no se desmovilizaron ni se han desestructurado; eso se

evidencia en los informes que hemos emitido anualmente como Corporación CAHUCOPANA, los cuales evidencian cifras alar-mantes de hechos violentos que han ido en aumento, así como lo demuestra también el informe del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo N° 002-12 A.I. desde el año 2012, donde identifica la presencia de varios grupos paramilitares que se dis-putan el control territorial y que además de ello ponen en riesgo a la población en general.

No obstante, no se han observado actuaciones contundentes contra esas estructuras por parte del Es-tado Colombiano. Solo en lo que transcurrió en el mes de marzo de 2016, se distribuyeron tres pan-fletos intimidatorios en los mu-nicipios antes mencionados. El primero de ellos firmado por las

“Autodefensas Campesinas de co-lombia (A.C.C)” en éste amena-zan de muerte a las bandas crimi-nales entre los que se encuentran los Rastrojos, los Urabeños y el Clan Úsuga, además de declarar toque de queda a partir de las 11 p.m., y un denominado “plan limpieza” que incluye a presun-tos ladrones, delincuencia común y violadores. Otro de los panfle-tos con la autoría de “la mano que limpia” amenaza no solo a los jóvenes que estén por fue-ra del toque de queda desde las 10 p.m. en Remedios y Segovia, sino que también a los de Vega-chí, declarando a la mesa de mi-neros como objetivo militar y a los “politiqueros”. Por último, el

suscrito por “la nueva generación de Segovia”, amenaza de muer-te a integrantes de grupos como

“Urabeños”, “Águila Cinco” y a prestamistas.

Los últimos acontecimientos en el municipio de Segovia muestran la magnitud de la problemática, en donde el pasado 23 de febrero se produjo una masacre, presun-tamente por retaliaciones entre bandas criminales y grupos para-militares, el cual dejó un saldo de cuatro personas muertas, según lo manifestado por varios medios de comunicación. Además, la captura el 9 de marzo de 2016 de Eduardo Otoya Rojas, presunto empresario al servicio del Clan Úsuga, presidente de la empresa Frontino Gold Mines, en Segovia (Antioquia), y vicepresidente de la firma Continental Gold, en Bu-riticá (Antioquia).

Finalmente, cabe destacar que en las zonas rurales la situación no es diferente, se manifiesta por la presencia de hombres desco-nocidos y por las amenazas y la zozobra que generan a la hora de salir al pueblo a hacer mercado o entrar insumos a las comunida-des. De esta manera ¿podríamos pensar que si se firma el acuerdo de paz, cambiará en algo esta si-tuación? ¿Continuaremos siendo objetivo militar y se profundizará la persecución de nuestra labor de defensa de derechos humanos sin que se desmantele las bandas paramilitares? Muchas preguntas a las que hoy día, el gobierno no da solución.

Fotografía: Cahucopana / Panfletos de grupos paramilitares

Fotografía: Cahucopana / Panfletos de grupos paramilitares

Enero - Abril 7

Seguimientos y amenazas a dirigente de Ascamcat Olga Quintero

Por Asociación Campesina del Catatumbo / Ascamcat

La Asociación Campesina del Catatumbo –Ascamcat–, organización defensora de

derechos humanos que agrupa a los campesinos residentes en la re-gión del Catatumbo, denuncia los siguientes hechos sucedidos en la ciudad de Bogotá.

Uno de los escoltas de Olga Quintero, Hugo Casilimas, fue objeto de seguimiento el pasado 30 de enero por parte de un sujeto en una motocicle-ta de alto cilindraje con placas XTZ 250

El pasado martes 23 de febrero de 2016 en la capital de Colombia la dirigente y defensora de derechos Humanos Olga Lucia Quintero Sierra, quien hace parte actualmen-te de la directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo y es vocera de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo y de la Cumbre Agraria, Campesina, Ét-nica y Popular, fue objeto de se-guimientos ilegales. A las 2:30 pm Olga se movilizaba, con el esque-ma de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección desde el año 2013, cuando se dis-ponía a llegar a la Universidad La Salle para un conversatorio sobre la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. En el camino, sob-re la carrera 17 con calle 39, los escoltas se percataron de que una camioneta Toyota Prado, color perla, con vidrios polarizados, de placas BKG 272 de Bogotá, iba si-guiéndolos.

se exige que cesen los ataques y señalamientos a los habitantes del Ca-tatumbo y a los líderes y defensores de DDHH miembros de Ascamcat, especialmente a Olga Lucia Quintero Sierra

Antes de llegar a la Universidad La Salle los escoltas se parquea-ron en una esquina para ver qué movimiento hacía la camioneta

Prado, efectivamente el vehículo se parqueó delante del esquema de protección. Los escoltas hicieron el intento de girar a la derecha y la ca-mioneta también hizo el intento de girar, pero finalmente decidieron seguir. Al ver que la camioneta siguió su rumbo los escoltas de Olga siguieron también con desti-no a la universidad creyendo que el percance había sido superado. Sin embargo a las 3:00 pm los escoltas le informaron a Olga Quintero que la camioneta sólo había dado la vuelta a la manzana y que se había parqueado a una cuadra subiendo a la universidad, específicamente en la calle 59 con carrera 7.

Uno de los escoltas tomó foto-grafías a la camioneta y pudo ob-servar que dentro del vehículo se encontraban dos sujetos. Inme-diatamente se llamó al cuadrante 17 que corresponde al sector de la Universidad La Salle y tras 20 mi-nutos de espera la camioneta se fue y los policías del cuadrante nunca llegaron.

se responsabiliza al Gobi-erno Nacional, a las Au-toridades Militares y a la Fuerza Pública, a los ór-ganos de control y demás organismos estatales encargados de garan-tizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por los derechos políticos, por las posibles violaciones que por cualquier hecho, bien sea por acción o por omisión de estas entida-des

Este hecho ha sido recurrente en los últimos días con persecuciones a los líderes de Ascamcat, como es el caso de Guillermo Antonio Quintero Sierra quien fue objeto de seguimiento por sujetos arma-dos en un vehículo en la ciudad de Cúcuta y que posteriormente señalaron a uno de sus escoltas y a Guillermo Quintero. De la mis-ma manera María Jesús Carvajal el pasado 19 de febrero fue vícti-ma de amenazas en el centro de Cúcuta por parte de dos hombres

y una mujer que se movilizaban en motocicletas y que, gracias a la reacción de la comunidad, los sujetos abandonaron el lugar. Tam-bién uno de los escoltas de Olga Quintero, Hugo Casilimas, fue objeto de seguimiento el pasado 30 de enero por parte de un sujeto en una motocicleta de alto cilind-raje con placas XTZ 250, quien lo siguió desde la salida del edificio donde vive Olga Quintero hasta el parqueadero donde se guarda la camioneta blindada del esquema de seguridad.

Por todo lo anterior se exige que cesen los ataques y señalamientos a los habitantes del Catatumbo y a los líderes y defensores de DDHH miembros de Ascamcat, especial-mente a Olga Lucia Quintero Sier-ra. Que por estos hechos y antece-dentes presentados se investigue y se tomen los correctivos necesa-rios por parte de la Fiscalía Gene-ral de la Nación y la Procuraduría, para que cese la ola de amenazas, persecución, señalamientos y ter-ror que atenta contra la integridad física y psicológica de los campe-sinos del Catatumbo, contra los miembros de la Asociación y cont-ra quienes ejercen cargos de direc-tivos en la misma pues estos hec-hos implican graves violaciones a

los Derechos Humanos y al DIH. Se exige también que el Gobierno Nacional tome las medidas necesa-rias para que se garantice el respe-to a la vida, la integridad y demás derechos humanos de quienes op-tan por la organización social en procura de la consecución de sus derechos, sin que esto sea causante de persecución.

Igualmente se insta a la comunidad nacional e internacional y defenso-res de DDHH a que se pronuncien en favor de la defensa de los derec-hos civiles y políticos que tienen todos los colombianos que luchan por las reivindicaciones sociales de una región azotada por el conf-licto armado y el abandono Estatal.

Por último se responsabiliza al Go-bierno Nacional, a las Autoridades Militares y a la Fuerza Pública, a los órganos de control y demás organismos estatales encargados de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y en general el respeto por los derechos polí-ticos, por las posibles violaciones que por cualquier hecho, bien sea por acción o por omisión de estas entidades, afecten la integridad de Olga Quintero Sierra y demás mi-embros de la Asociación Campesi-na del Catatumbo.

Fotografía: Vehiculo que realizo los seguimientos / Ascamcat

8 Enero - Abril

El “fantasma” paramilitar sigue cobrando vidas en El Bagre

Por Asociación de Hermanda-des Agroecológicas y Mineras de Guamocó / Aheramigua

El 9 de enero, como era cos-tumbre, Jair de Jesús Suárez salió de su casa ubicada en

la zona rural del corregimiento de Puerto Claver, para llevar comida y acompañar a un paseo matutino a su vecino, un hombre de la tercera edad con problemas motrices que vivía en la finca aledaña. Era un pa-seo rutinario, o eso creía Etilza, la esposa de este joven de veinte años, hasta que en horas de la tarde em-pezó a llamarlo en voz alta a casa del vecino, primero sin obtener respuesta, y luego, recibiéndola de voces desconocidas que de manera vulgar le instaban a callar.

Tragedias como está y como las de los 117 acti-vistas de Marcha Patrió-tica asesinados en todo el territorio nacional en el marco de su activismo social como defensores de derechos humanos, contrastan con las decla-raciones del ministro Vi-llegas

Un mal presentimiento se tomó su mente y fue en busca de su amado sin hallarlo, así que volvió a su finca, esperando que estuviera allí o que llegara pronto, sin saber que no lo vería de nuevo; los paramilitares de las Autodefensas “Gaitanistas” (AGC) lo habían secuestrado, tortu-rado y presuntamente descuartizado, junto con otro hombre de este corre-gimiento ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia. Jair era Her-mano de Levinson Suárez, miembro de AHERAMIGUA y de la Juven-tud Rebelde de Antioquia.

El 7 de marzo aproximadamente a las 6pm, esta vez en la cabecera mu-nicipal de El Bagre, William Casti-llo fue acribillado por paramilitares de la AGC luego de una jornada de trabajo, como todas aquellas que tuvo en los últimos diez años, en los que se desempeñó como líder social y defensor de derechos huma-nos en la región de Guamocó. Había estado reunido hasta las 4pm con la administración municipal y departa-mental, delegados de Mineros S.A y organizaciones sociales con el fin de discutir las necesidades de los cam-pesinos y mineros tradicionales del Bajo Cauca en el plan de desarrollo.

Este hombre, descendiente de si-núes y padre de cinco hijos, tenía un conocimiento estupendo de los te-

rritorios que le permitía transitar por ellos, dialogando con sus habitantes, aprendiendo y construyendo expe-riencias democráticas de paz desde las bases campesinas. La última acción en la que participó, y la que tal vez costó su vida, fue la Misión de Verificación que la sociedad civil realizó del 23 al 28 de enero como respuesta a las acciones paramilita-res que generaron el desplazamiento forzoso de cerca de 600 personas de la zona rural de Puerto Claver y las desapariciones de Francisco Mo-reno y Jair Suárez. En esta misión, William reiteró su compromiso con las comunidades de Guamocó tra-bajando hombro a hombro con las personas que habitaban el refugio humanitario.

Tragedias como ésta y como las de los 117 activistas de Marcha Patrió-tica asesinados en todo el territorio nacional en el marco de su activis-mo social como defensores de de-rechos humanos, contrastan con las declaraciones del ministro Villegas, quien afirma de manera ofensiva e irresponsable que el paramilitaris-mo es un fantasma que solo tiene presencia regional. En todo caso, el pueblo Guamoqueño se reafirma en la búsqueda de la paz y seguirá de-nunciando la actividad paramilitar, aunque el gobierno se empeñe en negar su existencia.

Como la inexplicable borrasca, no retrocedemos(nuestro proceso político y social, sur de Santander)

Por Asociación de comunidades campesinas y populares del sur de Santander

La belleza y majestuosidad de los paisajes , los caminos polvorientos pisados por el

día a día de los habitantes y los sueños basados en esperanzas ig-nífugas de toda una comunidad, de pronto se vieron desde hace más de 30 años, bajo la penumbra del olvido y el silencio, bajo el terror y la sombra del fantasma paramili-tar; oscuridad que parecía perpetua y que lentamente se transformaba en años de flagelo, una historia de nunca acabar y una verdad que duele al recordar, plaga intensa que azotó las fértiles y luchadoras tie-rras del sur de Santander.

Solo hasta el 2011, como el tenue resplandor de un faro entre la bru-ma, que guía las naves en el mar, fue el fulgor que emanó de los gri-tos de lucha y el ejemplo organiza-do de los hermanos campesinos, indígenas y afrodescendientes de toda la nación, quienes en un acto de valentía decidieron enfrentar al terror y llamar a la unión con la consigna de buscar la paz, pero no una cualquiera, una con justicia social, una por la que sin duda al-guna debíamos luchar, romper las cadenas del miedo y batallar sin descanso para despertar y seguir las sendas de la lucha y que el miedo solo fuera estelas en la mar y noso-tros el timón y el capitán de esta nave cargada de valientes dis-puestos a lo que sea por nuestra paz, corregir el rumbo, sin duda alguna a babor la hemos de encontrar.

¿Pueden imaginar? Las tierras al-tas, bajas y medias de Jesús María, La Belleza y Guavata también Vélez, Barbosa y Puente Nacional, con el temple de Bolívar, Peñón, Landázuri y Santa Helena, Sucre, La India, Cimitarra son algunos de los 22 municipios donde ya em-pezamos a trabajar, a proyectar a construir desde las Constituyentes Por La Paz, Asociaciones Y Or-ganizaciones Municipales y los comités veredales, municipales y subregionales de Marcha Patrio-tica son las velas que nos han de impulsar, ya nutridas y zurcidas por el compromiso y la unidad, están listas y las empezamos a izar y no es el viento el que nos dará velocidad, es la pasión, la lucha, la articulación y la justicia social

porque es un solo aliento el que de combustible servirá, el recuerdo del ayer, la lucha del presente y preparados para lo que vendrá, las consignas de esperanza para una nueva Colombia ya empezamos a sembrar.

No solo nos basta hacer un recuen-to de lo que ya hemos alcanzado, no es una lista de mercado lo que hay que mostrar, a veces es bueno recordar que el dolor, el sacrificio y la lucha también de la mano del romance está, como Asociacion De Comunidades Campesinas Y Populares Del Sur De Santander queremos escribir nuestra propia historia como un cuento mítico ya que la guerra jamás tendrá que ser

algo normal y la paz un todo por lo que luchar. Nuevo, al igual que nosotros es la forma de expresar lo que hemos tenido que pasar y llamamos a todas las comunidades

del país a no desfallecer en esta lar-ga lucha; saben, también nosotros podemos llegar a nuestra propia Ítaca y que como para Ulises, la paz será por fin nuestro hogar.

Fotografía:Nuestro proceso, Marcha 9 de abril en Bucaramanga

Enero - Abril 9

La generación de la paz, la esperanza en el Magdalena Medio

Por Juventud Rebelde Magda-lena Medio

Luego de grandes esfuerzos, de luchas infatigables y de utopías inquebrantables,

se ha venido consolidando paso a paso el proceso organizativo Juventud Rebelde, organización política de masas que le devuel-ve la esperanza a la sufrida pero resistente región del Magdalena Medio.

Las y los jóvenes ya encontra-mos hoy un espacio de y para jóvenes donde podemos poner a volar nuestros sueños, donde po-demos compartir nuestras expe-riencias y entre todas y todos construir en el presente el futuro que se quiere, una Colombia en paz con justicia social donde la nueva realidad sea del tamaño de nuestros sueños.

No cabe duda, es el mo-mento de empoderarnos y contribuir activamen-te en la construcción de la Colombia nueva, y alentando por supuesto a que se logre la termi-nación del conflicto ar-mado que lleva más de medio siglo sembrando muerte

No ha sido fácil darle forma a este maravilloso proceso que encanta y enamora no sólo a los que somos jóvenes, si no también, a los viejos que por décadas también han luc-hado incansablemente por su tierra, sus derechos y su dignidad. Por los campos y las calles ya se ven andar las masas de jóvenes caminando hacia la conquista de nuestros de-rechos, pero también, detrás de noso-tros van nuestros padres, abuelos y vecinos animándonos e impul-sándonos para mantener el rumbo trazado.

Esta gesta la iniciamos el 21 de marzo del año pasado cuando deci-dimos dar el primer paso hacia la construcción de la Juventud Re-belde con las y los 100 jóvenes que desde los municipios de Si-

mití, San Pablo, Cantagallo, Yondó, Puerto Wilches, Puerto Nare, Puer-to Triunfo, Sabana de Torres y Bar-rancabermeja, nos encontramos para proyectar lo que sería la orga-nización que iba a recoger nuestras aspiraciones, sueños y anhelos para dar la batalla por hacerlos realidad. Luego de ese primer encuentro, nos reunimos en el congreso cons-titutivo en la ciudad de Bogotá para darle el carácter y la estructura a esta naciente organización, des-bordando todo su fervor Rebelde, soñador, enérgico y lleno de ale-gría el día 9 de abril en las ca-lles de Bogotá con la fuerza de diez mil jóvenes de todo el país.

Ya habiendo cumplido un año de ese primer congreso constitutivo, damos un parte de satisfacción con lo que hemos venido construyendo, desarrollando y consolidando en nuestra región. Hoy somos más los que creemos en esta apuesta por la unidad de los jóvenes y en la capacidad transformadora, con-sustancial al espíritu joven, que te-nemos como generación llamada a ser, la generación de la paz y de la segunda y definitiva independencia.

En este corto camino que ya se ha transitado se han realizado importantes acciones que van mostrando nuestro compromiso con las juventudes y sus dere-chos, van visibilizando muchas de nuestras problemáticas, pero también, proyectando las corres-pondientes acciones para superar-las. Juventud Rebelde Magdalena Medio, en este año de existencia ha logrado realizar un encuentro juvenil por lo social, lo político y la paz de Yondó con la partici-pación de 120 jóvenes, un torneo juvenil de microfútbol por la paz, varias jornadas de anti milita-rización de la vida social y juve-nil, la primera escuela regional de formación política, la primera escuela de formación política del Nororiente, hemos participado en diferentes eventos de movi-lización popular.

No obstante, para este año las proyecciones son bastante am-biciosas pero necesarias en aras de lograr los objetivos como or-ganización y como sector juvenil que debe ponerse a la altura del momento histórico. El impulso y desarrollo de una Pedagogía de

paz en colegios, la campaña por la desmilitarización de la vida social y juvenil, la campaña por el desmonte del ESMAD, cam-pañas de objeción de conciencia (Mambrú se fue a la guerra y nunca más volvió), foros, con-versatorios, movilizaciones por la reivindicación de nuestros derechos juveniles, espacios de articulación con otras expresio-nes juveniles y la realización del gran Festival Juvenil por la paz del Nororiente colombiano en la ciudad de Bucaramanga con un estimado de mil jóvenes par-ticipantes desde todas las expre-siones y con un solo objetivo, la paz; son algunas de nuestras apuestas para este año 2016, año que debe ser el año de la paz, y el año en que las y los jóvenes le apostamos a ser protagonistas de la nueva historia.

la paz; son algunas de nuestras apuestas para este año 2016, año que debe ser el año de la paz, y el año en que las y los jóvenes le apostamos a ser protagonistas de la nueva historia.

No cabe duda, es el momento de empoderarnos y contribuir acti-vamente en la construcción de la Colombia nueva, y alentando por supuesto a que se logre la terminación del conflicto arma-do que lleva más de medio siglo sembrando muerte. Instamos al gobierno a ser consecuentes con lo pactado y a las FARC-EP a mantenerse firmes en su decisión de no levantarse hasta lograr un buen acuerdo. Esperamos con muchas expectativas que el ELN y el gobierno también encuent-ren una salida dialogada a este devastador conflicto.

Somos la generación de la paz, somos la es-peranza, somos la ge-neración de la segunda y definitiva indepen-dencia, somos Juventud

Rebelde.

Fotografía:Juventud Rebelde

10 Enero - Abril

Hacer, informar y trabajar en un barrio popular.“Una reflexión desde la apuesta comunicativa del

Noticiero Barrio Adentro”Por Noticiero Barrio Adentro

El noticiero barrio adentro hace parte de los que infor-man lo que no se escucha,

de los que queremos contar una verdad que no es la de los mono-polios financieros en Colombia, somos de ese grupo que desde abajo cuenta y participa de las rea-lidades que se viven en los barrios populares de la ciudad de Bogotá.

Cuando nos encontramos para re-flexionar sobre nuestro que hacer informativo, que se debate entre lo convencional de los medios hege-mónicos y lo popular de lo elabo-rado en un barrio, podemos decir que lo que nos deja este que hacer es; el continuar haciendo colecti-vamente con un enfoque definido en la búsqueda de encontrar esas voces populares de la urbe.

Informar desde la periferia urbana, es un reto el cual nos hemos atre-vido a afrontar, desde hace ya seis años, en búsquedas por encontrar un formato propio que logre ge-nerar identidad en los procesos organizativos que acompaña-mos, identidad que no solo la he-mos logrado con la cámara en la mano, sino también con costales de balones en la construcción de escuelas de futbol, con espacios de educación popular en la for-mación de bibliotecas populares y con el ejercicio de informar en el voz a voz cotidiano sobre lo que sucede en nuestros territorios, es ese trabajo dialógico en el hacer y el informar lo que construye y fortalece nuestra propuesta comu-nicativa.

Aunque aún falta bastante por construir en este proceso en for-mación, las experiencias dan ex-celentes resultados que nos ponen un reto mayor en este ejercicio de informar, haciendo comunica-ción popular; ejercicios como los programas Voces de Barrio, La esquina del barrio, los Artistas de mí barrió y los noticieros tanto en formato audio visual como radial son muestra de ello. Pues el pro-poner ejercicios que logren cohe-sionar una realidad barrial y po-derla hacer visible ante los ojos de un público difícil de atraer con la

realidad que nos rodea, es para el colectivo lo que nos anima a avan-zar en esta ruta por dar a conocer la verdad de los pueblos.

Ante esta decisión de comunicar desde la barriada, también pode-mos encontrar otras apuestas po-líticas que fortalecen este espacio, dado a que consideramos que la democratización de los medios de comunicación, la libertad de información y la ampliación total de la democracia es fundamen-tal para lograr verdaderamente impactos comunicativos efecti-vos que cambien un formato ne-tamente comercial por algo más educativo, popular y cultural que verdaderamente nos identifique, es por ello que consideramos que el acompañar los diálogos de paz que se desarrollan en la Habana,

Cuba, entre la Insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional, es fundamental para poder lograr estas transformaciones que son necesarias para iniciar el camino del cambio comunicativo que se hace ya necesario en Colombia.

El ejercicio de potencializar des-de nuestro hacer-comunicando el escenario de una posible asam-blea nacional constituyente y el de exigirle al gobierno nacional el cese al fuego de los fusiles del estado, para avanzar en la con-clusión de la guerra y poderle dar una solución dialogada y política al conflicto armado, es parte de nuestra tarea como comunicado-res que reflexionamos desde las comunidades urbanas, el país que queremos y es en esa reflexión en donde encontramos en el diálogo

Fotografía: Trabajo voluntario / Stephanie Angel

un espacio propicio para avanzar hacia la conquista y ratificación de derechos en esta lucha por la verdad de los silenciados.

Como proyecto comunicativo consideramos que estas reflexio-nes políticas, que atraviesan nues-tro proceso y que pasan desde como informar lo más local hasta de pensar lo nacional, hacen parte de lo que por décadas ha faltado en Colombia, una misión barrio adentro para lograr desescalar el lenguaje violento de la TV y la ra-dio, así como de sanear comunica-tivamente a todos los que hemos estado expuestos a la información basura de los grandes grupos y empresas de la comunicación, que han construido una opinión públi-ca violenta y decadente en su for-ma de ver y entender el mundo.

Trabajo voluntario en la ZRC- ACVCPor Katherin Carrillo / Stephanie Angel

Bien lo decía el Che acerca del trabajo con comunidades y de lo que recibimos como

jóvenes, que es más de lo que da-mos a las comunidades campesinas:

“adquieren experiencias nuevas, una nueva experiencia del contacto hu-mano, nuevas experiencias de cómo viven nuestros campesinos, de cómo es el trabajo y la vida en los lugares más apartados, de todo lo que hay que hacer para elevar aquellas regio-nes al mismo nivel que los lugares más habitados del campo y de las ciudades.

Del 21 al 25 de marzo se realizó la entrada de trabajo en campo por parte de estudiantes y profesionales en las áreas de ingeniería, salud y ciencias sociales. Para dar desarrollo a actividades de voluntario y acom-pañamiento al equipo técnico de la ACVC con las comunidades en las veredas de Carrizal y Lejanías en el Nordeste Antioqueño, en los temas de agroecología, medicina tropical y el diseño de un acueducto comunita-rio con miras a contribuir a la cons-trucción de propuestas que permitan un avance en el mejoramiento de

condiciones que determinan la salud de las comunidades.

Con estrategias como el fortaleci-miento de huertas, en conjunto con el equipo de DDHH de Cahucopana, y talleres para elaboración de abonos orgánicos, dentro de lo que le llama-mos “semilleros de paz”, se trabajó en un taller de primera siembra con niños, con los cuales se pretende in-centivar el interés por el cuidado de las semillas y la importancia de culti-var diferentes tipos de alimentos, te-niendo en cuenta que ellos son la es-

peranza y el futuro en la continuidad de un proceso en el que se alberga la esperanza de que llegue el día en el que se tenga una región con sosteni-bilidad alimentaria.

Todo esto, reafirmando el compromi-so con la construcción de una acade-mia critica que contribuya a la trans-formación de la realidad a partir de la praxis y la comprensión dialéctica de las realidades de nuestro país desde los sitios más olvidados por el estado, de la mano con organizaciones y co-munidades en resistencia.

Enero - Abril 11

La paz se construye en los territorios con procesos sociales

Por Neyder Salazar / Comunicador social y periodista

Diversas organizaciones socia-les del país, vienen desarro-llando procesos para la cons-

trucción de una paz territorial que va más allá de pensar una ejecución presupuestal. Parte del empodera-miento ciudadano en los territorios para garantizar en el escenario del posconflicto una seguridad integral rural, territorios de paz, convivencia y vida digna.

Según el investigador de La Fun-dación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, en los diálogos de la Habana se acuerdan unos mínimo y de ahí se debe empezar a construir Nación fundamentada en la movilización social. Por lo tanto este proceso debe llevar a ser un motor de cambio social que tiene el reto de construir Estado en los territorios y la adecua-da ejecución de recursos para la paz territorial. Es claro que no basta con silenciar las armas, para el profesor e investigador, Gustavo Briñez se trata de una paz para el pueblo que lleve a la autonomía y la vida digna.

En el sur del país el despojo y con-trol de los territorios por la política minero-energética y las corporacio-nes transnacionales es una constan-te, frente a esta arremetida, se cons-truyen procesos de movilización y resistencia en defensa de la vida y los territorios.

La economía extractiva de minera-les - especialmente petróleo -, acecha al Putumayo y al Caquetá. Para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el 50% del Caquetá se puede hacer explotación petrolera, mien-tras en Putumayo hay 27 pozos que afectan territorios indígenas. Por eso, campesinos se han organizado y movilizado para evitar la entrada de multinacionales concesionadas para la explotación del crudo. Se-gún el representante de la Mesa de Organizaciones Sociales de Putu-mayo, Armando Guerrero, una de las causas históricas de la guerra, es la desigualdad y la pobreza impulsa-da por megaproyectos, evidente en el Putumayo, “nos hemos organizado y movilizado para enfrentar el extracti-vismo que tuvimos del caucho y aho-ra del petróleo”.

Una paz territorial, pasa por empo-deramiento social para defender los territorios de esa política extractivis-ta que afecta los proyectos y planes de vida. En este sentido, el repre-sentante de la Coordinadora de Or-ganizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coord-osac, Yesid Doncel, agrega que hay una lucha frente al saqueo de recur-sos que se agudiza en los territorios.

“Hay una arremetida de las multi-nacionales, tienen los ojos puestos en el petróleo del Caquetá. Por eso

hay que dar la lucha para que termine el conflicto, pero una lucha también por la defensa del territorio”, afirma el líder campesino.

El caso del Huila

El departamento del Huila ya tiene dos represas sobre el río Magdale-na. Según La Asociación de Afec-tados por el Proyecto Hidroeléct-rico El Quimbo, Asoquimbo, en el proyecto de aprovechamiento del río Magdalena se quieren construir 17 hidroeléctricas, es decir 7 más para el Huila. También imponer 50 pequeñas centrales hidroeléctricas, de las cuales hay 14 solicitudes que afectan ríos y quebradas del departa-mento. A lo que se suma 12 áreas de exploración petrolera.

El investigador y ambientalista, Miller Dussán manifiesta que en el Huila se viene participando de un proceso de construcción de La Agenda Común para la Paz desde los Territorios, “durante 7 años hemos mantenido un proceso de resistencia contra la política minero energética y

de Defensa del Territorio, el agua, la vida y las comunidades que han sido despojadas por el Estado y las Em-presas transnacionales”. Proceso que busca una política minero energética soberana y autónoma sustentada en otras alternativas.

En los territorios, los sectores socia-les se organizan, movilizan y gene-ran acciones para la construcción de su propia agenda de paz y esta parte de la defensa del territorio para ga-rantizar una vida digna. Ahí está el reto de la paz.

Salud para el campesinadoPor Jenny Cristina Gutiérrez García / jenny-gutierrez@javeriana.edu.co

Para conversar con algunas de las mujeres de la Zona de Reserva Campesina del

Valle del Río Cimitarra, es indis-pensable buscarlas en la ciénaga de San Lorenzo, en la mina Cano de socavón en Carrizal, en las riberas de los ríos Ité y Cimitarra y en las oficinas de la Asociación Campe-sina del Valle del río Cimitarra – ACVC- en Barrancabermeja San-tander.

Tras varios filos de montañas o ca-denas interminables de árboles que siguen el curso de los ríos, entre la espesura se levantan los pequeños caseríos. Allí están ellas. Siempre ocupadas, en el cuidado de sus hi-jos, nietos o esposos, en los que-haceres del hogar, en reuniones, chatarreando, haciendo el pan para vender, trabajando en las tiendas, pescando, preparando los alimen-tos, cultivando la tierra o sentadas frente a sus casas bajo la sombra, abanicándose por las altas tempe-raturas.

Sin embargo, hay tiempo para dia-logar sobre la grave situación de

salud que se vive en las áreas rura-les donde ellas habitan. Los espa-cios de encuentro son compartidos con el bebe que alguien lleva en brazos y con dos o tres niños que llegan corriendo y jugando tras ellas y que permanecen allí todo el tiempo. Son hijos o nietos que hay que cuidar o amamantar.

Ante un Estado indiferente ellas hacen frente a la malaria, al den-gue, a la tuberculosis, a enfermeda-des respiratorias, a las mordeduras de culebras venenosas, a la falta de luz, agua potable, saneamiento bá-sico y educación adecuada.

Sus reivindicaciones en torno a la salud, tienen como presupues-to básico la vida y la defensa de la misma. Reclaman servicios y asistencia médica oportuna, para el cuidado de ellas, de sus familias y de la comunidad. Muchas vences han sido medicas de sus propios hijos.

Conceden al entorno una condición significativa. Viven en una región donde los recursos naturales se han puesto en detrimento por el avan-ce de la locomotora minera, de los monocultivos y de los agro nego-cios que destruyen la biodiversidad,

contaminan los ríos, y enferman a las personas, por lo que demandan vivir en una ambiente sano.

En condiciones de hambre y des-atención, no por falta de alimentos o recursos para la vida sino por el control que ejercen las multinacio-nales, terratenientes y otros, sobre los recursos alimentarios y de sa-lud, ellas procuran una vida salu-dable para sus familias a través de una buena alimentación, principal requerimiento para “estar aliviado” y parte indispensable del cuidado para los niños y niñas, sus hijos.

Esos que paren criar entre todas. Mientras conversamos, unos duer-men en los brazos de quien los pario y hacen parte de historias de alumbramientos apurados en casa o en un hospital lejano. Otros sentados en el regazo, permanecen quietos pues tienen gripa o algún virus que les quita la energía y nos los deja jugar. Están ahí, corrien-do, riendo o mirando de lejos, pero con ellas.

Finalmente, una idea de salud como derecho, y obligación del es-tado, se configura como exigencia de las mujeres rurales. “Salud para el campesinado”.

Fotografía:La paz en los territorios / Neyder Salazar

Zonas de Reserva Campesina14 Enero - Abril

Zonas de Reserva Campesina Enero - Abril 15

Zonas de Reserva Campesina16 Enero - Abril

Zonas de Reserva Campesina Enero - Abril 17

18 Abril - Junio18 Enero - Abril

¿Educación para la paz?Por Federación de Estudiantes Universitarios

Esta pregunta es a la vez un cuestionamiento y un llama-do. Cuestionamiento a la polí-

tica educativa del gobierno nacional que ha tomado como discurso la paz, mientras de manera contradictoria continúa consolidando la educación como una mercancía. Y un llama-do a toda la sociedad colombiana a dotar de contenido el papel fun-damental de la educación en la construcción de la paz, que permita profundizar las luchas por un nuevo modelo educativo.

En cuanto al primer aspecto, las me-didas en educación que el Gobierno Nacional ha adoptado no podrían reflejar otra cosa distinta que sus rea-les intereses de seguir fortaleciendo las ganancias particulares de unos cuantos dueños de instituciones privadas, peor aún, de someter la construcción del conocimiento a los vaivenes de las multinacionales y de ese sector productivo que atenta contra la vida misma de la sociedad colombiana y la salud de nuestros territorios. En nombre de la paz, el Gobierno ha avanzado en una refor-ma silenciosa de la educación, bajo horizontes como “Colombia la más educada” y “Ser pilo paga”, entre otros programas que surgieron a partir de la formulación de la polí-tica pública “Acuerdo por lo supe-rior 2034” que como su nombre lo indica, fue el acuerdo entre quienes son superiores en dinero y poder en el país.

En nombre de la paz, se intervienen universidades bajo la excusa de una corrupción que ellos mismos se han encargado de implementar, se desfi-nancia el sector público, se otorgan grandes recursos a las institucio-nes privadas y se “regionaliza” la educación para estrechar los víncu-los con las empresas que explotan los territorios en cada región. Nada más claro, se han encargado de construir una educación que profun-diza las desigualdades sociales en el país y que le da la espalda a sus rea-lidades: una educación cómplice del conflicto en el país.

Es allí, donde se hace necesario ana-lizar entonces el segundo aspecto: ese llamado necesario a la defensa de una educación que realmente contribuya a la construcción de la paz anhelada. Pero ¿Cuál podría ser esa educación? Sin el ánimo de exponer toda una propuesta educa-tiva construida por las y los estu-diantes y que requiere un diálogo con toda la sociedad colombiana, se hace necesario esbozar algunos ele-mentos principales:

1. El reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y un bien común de toda la sociedad co-lombiana.

2 El fortalecimiento de la educación pública como aspecto central para la garantía del derecho; 3. Una educación que construya y reco-

nozca los conocimientos que la sociedad colombiana necesita para mejorar sus condiciones de vida y satisfacer sus necesidades e intereses.

3 La construcción de memoria histórica desde la relación con la sociedad en los territorios para reconocer una historia que debe ser transformada.

4 La edificación de una sociedad democrática desde la educación requiere del fomento del pensa-miento crítico en un marco de profundización de la democracia desde los colegios y las universi-dades.

Es la educación un pilar funda-mental para la construcción de la paz y la reconciliación y es por ello necesario defenderla desde la unidad y la propuesta.

Junta nacional de la ACEUPor Asociación Colombiana de Es-tudiantes Universitarios -ACEU

Durante los días 1, 2 y 3 de abril del presente años, se realizó la Junta Nacional de la Asocia-

ción Colombiana de Estudiantes Uni-versitarios -ACEU-. Delegaciones de universidades de todo el país partici-paron de este escenario desarrollado en la Universidad del Tolima, que reflexionó sobre la situación política del país, el estado de la educación su-perior y los desafíos del movimiento estudiantil.

Los informes presentados por las distintas delegaciones sobre la situa-ción de sus respectivas universida-des señalan que la crisis estructural continúa siendo el rasgo central de la educación superior y la política de des-financiación la medula espinal de la crisis y el efecto devastador de la profundización del modelo neoliberal en el campo de la educación superior en la actual etapa.

Se asiste a un fuerte proceso de finan-ciarización de la educación que se está dando a partir del endeudamien-

to de miles de familias y, en la recien-te etapa, el endeudamiento de las uni-versidades vía solicitud de cupo de créditos con instituciones financieras.

La tendencia de la política oficial en materia presupuestal, como se puede evidenciar en el programa “Ser Pilo Paga”, apunta a que el país avance hacia un esquema de inversión pre-supuestal proporcional del Estado en las universidades públicas y en las privadas. Las primeras vía ICETEX y las segundas vía transferencias de la Nación. Con esto se descarga el costo de la educación superior a los hogares más pobres y a las propias universi-dades.

Ante la crisis capitalista que se de-sarrolla a escala planetaria y que ha golpeado al país obligándolo a entrar en un periodo de recesión económica, la salida del gobierno Santos ha sido descargar la crisis en el pueblo casti-gando la política social, y en el caso de la educación superior se manifies-ta con la profundización de la política de des-financiación. Actualmente el abandono del Estado se manifiesta en los cerca de 12 billones de pesos

que se le adeudan a las universidades públicas.

La Junta Nacional de la ACEU hizo el llamado a participar del 23 y al 26 de mayo del presente en la marcha nacional Ibagué-Bogotá por la defen-sa de la Universidad del Tolima. Así mismo, a la unidad, la organización y la movilización por ¡Que la crisis no la pague la educación: Por el pago del déficit presupuestal!

Por otra parte, reafirmó su compro-miso en la lucha por la solución po-lítica y la construcción de la paz con justicia social; saludó los importantes avances que se han dado en la Mesa de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y llamó al es-tudiantado a abrir escenarios en las universidades para la pedagogía de paz alrededor de los acuerdos, así como la necesidad de movilizarse por el cese bilateral de fuegos y hostili-dades. De igual manera, expresó su llamado a dar apertura oficial a los diálogos con el ELN y abrir con esto de manera definitiva los caminos ha-cia la superación de la confrontación armada en el país, la cual debe pasar por los compromisos reales que debe asumir el Estado para el desmonte del paramilitarismo.

Finalmente, la Junta Nacional de la ACEU convocó el VI Congreso Na-cional de Estudiantes Universitarios

“Klaus Zapata”, a realizarse en el se-gundo semestre de 2016 en la ciudad de Cartagena, como una iniciativa en clave de proceso constituyente que permita articular la dinámica del mo-vimiento estudiantil alrededor de la lucha por una reforma democrática de la educación superior para la paz.

abril de 2016

Fotografía: Federación de Estudiantes Universitarios Cauca 2016

Fotografía:Junta nacional ACEU

Enero - Abril 19

COMPAÑERO DAVID RAVELO CRESPO

ES INOCENTEEXIGIMOS

SU LIBERTAD INMEDIATA!

¡Indignante! No puede triunfar la impunidad

Por Maureén Maya Sierra

Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los penales de Valledupar y

Bucaramanga, que fueron denuncia-das por Noticias Uno el pasado 21 de febrero no pueden ser ignoradas por la prensa nacional ni por la justicia. Ante semejante abuso de poder y las aberraciones expuestas no son admi-sibles el silencio, la complicidad ins-titucional ni la impunidad.

Tampoco es admisible el cinismo del director del Inpec que, hacien-do alarde de una frialdad extrema y contrariando toda evidencia sobre las graves condiciones de hacinamiento en que se encuentran la mayoría de penales del país, dónde los presos son víctimas de permanentes torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia injustificada y corrupción, se atreve a hablar de derechos humanos. “No-sotros tenemos unos protocolos que son netamente respetuosos de los derechos humanos; hay que hace uso de la fuerza, pero es que el uso de la fuerza, la herramienta que nos ha dado la ley no es extralimitarnos en la misma”, afirmó tajante. Sólo le faltó esbozar una gran sonrisa.

Colombia no necesita un director que hable de protocolos netamente respetuosos de los derechos huma-nos, sino de un director totalmente consciente de su deber, con enorme solvencia ética y moral y que esté cien por ciento comprometido con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todos los reclusos y de todas las reclusas del país. Su desti-tución como la de los guardias que participaron o guardaron cómplice silencio ante estos crímenes, debe ser

inmediata, así como las investiga-ciones y sanciones a que haya lugar de modo ejemplarizante.

Asimismo las prisiones que se han convertido en centros de tortura bajo el dominio de perversas redes mafiosas, deben ser cerradas de in-mediato y los detenidos han de ser trasladados a sitios en los que se les garantice dignidad, desarrollo humano y sus derechos a una vida productiva y libre de violencia.

No darle la importancia que mere-cen estos hechos y negarse a impul-sar las acciones correspondientes dentro de un Estado Democrático Social de Derecho que se apresta a asumir el gran reto de construir una

“nación de paz, progreso y bienestar para todos”, no sólo pone en entre-dicho la publicitada vocación de paz de las instituciones, del gobier-no y de la sociedad en su conjunto, además cuestiona las verdaderas intenciones y reales posibilidades de construir una paz cierta, estable y duradera en el país.

Más de dos mil tutelas han recibido jueces de la República por violacio-nes a los derechos humanos en las cárceles del país, sin embargo, pese a ello, los mismos jueces, la gran prensa, la adormecida sociedad y el gobierno nacional prefieren mirar para otro lado mientras aumenta la violencia física y psicológica en los penales colombianos. Es intolerable.

Una nación en la que se puede cues-tionar seriamente el valor de la jus-ticia y la eficacia e idoneidad de sus instituciones, en la que existen ciu-dadanos de primera y de tercera, y en la que la justicia sólo actúa como co-

rresponde de acuerdo al valor social o monetario que se le adjudique a la víctima, claramente no es un Estado democrático ni una nación dispuesta a transformarse para superar las cau-sas estructurales de la violencia; por el contrario, se trata de un país que insiste neciamente en profundizar la ira y la guerra; ambas hijas legítimas de la injusticia y la impunidad.

La reforma total del código peniten-ciario y carcelario es una prioridad, no un capricho de organizaciones sociales.

Nota 1: Pésimo mensaje es el silen-cio cómplice que la prensa y las ins-tituciones le envían a la sociedad, y más grave todavía cuando sabemos que se trata de una sociedad proclive

al estrabismo, a la acción violenta, al crimen impune y a la corrupción. La justicia es el pilar de una sociedad democrática, y sin justicia no es posible hablar, ni siquiera soñar, con una paz real en el país.

Nota 2: ¿Algún medio de infor-mación o juez del país han co-rroborado si el prisionero de la Tramacúa que enseñó ante las cámaras de televisión las mar-cas que dejaron la esposas en sus muñecas, y denunció haber sido víctima de choques eléctricos e intentos de asfixia, aún está con vida? ¿Se le brindó algún tipo de seguridad o se le dejó a merced de la guardia criminal del Inpec para que le cobrara con sangre su valiente denuncia?

La reforma total del código penitenciario y carcelario es una prioridad, no un capricho de organizaciones sociales.

20 Enero - Abril

Tiempos de reflexión y de combate

Por Ángel Guerra Cabrera

Las recientes derrotas electorales de distintas categorías sufridas por algunos de los gobiernos

independientes, que no comparten el dejar todo al mercado y partidarios de la unidad e integración de Améri-ca Latina y el Caribe, han generado

–tanto a la derecha como a la izquier-da– ideas erróneas sobre un supuesto futuro desfavorable para las luchas populares en nuestra región, o uno

“verdaderamente revolucionario”, “de abajo a arriba”, a diferencia de esos gobiernos “progresistas”, supuesta-mente verticalistas, “extractivistas” y autoritarios.

Algunos llegan al extremo de afirmar sin argumentos que ahora viene el momento de los movimientos socia-les y termina el de los partidos políti-cos y gobiernos “progresistas” como si esos sujetos fueran necesariamente excluyentes entre sí por más que en-tre ellos existan contradicciones, pero en modo alguno antagónicas. Pues lo que enseña la historia pasada y recien-te de nuestra América es que la clave del éxito de las luchas populares es su adecuada y coordinada combinación, en las que los movimientos sociales, los partidos de izquierda o nacional-populares y los gobiernos pueden y deben complementarse, cada uno en su papel, para alcanzar sus objetivos liberadores a corto, mediano y largo plazo.

Puntualizo, mejor que el vocablo pro-gresistas, prefiero los adjetivos que enumero en el primer párrafo para de-nominar a esos gobiernos puesto que definen con mayor precisión lo que les es común en cuanto a su contenido político y social y objetivos. Además, aquel vocablo, como tantos otros pro-cedentes de la cultura política europea, no se ajusta a las realidades históricas y socio-culturales latino-caribeñas, no es preciso para definir a esos gobier-nos y ha sido desprestigiado por parti-dos y organizaciones supuestamente socialdemócratas, pero que suscriben el dogma neoliberal.

Otro gravísimo error es desconocer el papel histórico de esos gobiernos surgidos a partir de la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela, que han hecho una contri-bución sin precedente a la concreción del proyecto nuestroamericano de Simón Bolívar, José Martí y otros de nuestros insignes libertadores. Esos gobiernos promovieron y promue-ven una elevación de la conciencia política de nuestros pueblos, lograron la instauración de una nueva genera-ción de derechos humanos de hondo contenido social y democrático y la

creación de todo un entramado de or-ganizaciones de unidad e integración latino-caribeña como Unasur, la Ce-lac, Petrocaribe, el Mercosur antineo-liberal y la ALBA.

Su gestión ha estado marcada por el surgimiento de un nuevo sujeto histórico-social en Venezuela y otros países de la región que ha llegado a acceder a cuotas de poder y partici-pación política de los pueblos nunca antes alcanzadas en nuestra región. El chavismo es, por cierto, aunque no el único, el primero en constituirse y posiblemente el más combativo de ellos, acaso junto a los movimientos sociales bolivianos.

Esta etapa, marcada por la elección de un grupo de presidentes que con la conducción de Fidel, Chávez, Kir-

chner y Lula consiguieron la derrota del ALCA y el impulso a un nuevo sentido común antineoliberal no ha concluido por el hecho de que algu-nos de los gobiernos surgidos en ella hayan sufrido derrotas electorales.

No terminó la lucha social y revo-lucionaria en Venezuela porque el chavismo perdiera la mayoría en la Asamblea Nacional, al contrario, se ha intensificado; ni en Bolivia, por la derrota del referendo que proponía la repostulación de Evo Morales; ni tampoco en Argentina, mucho más grave al ser desplazado el kirchneris-mo del Ejecutivo y desencadenarse con el gobierno de Macri una ofen-siva desmanteladora de las conquis-tas sociales logradas, que pretende llevar la entrega de la soberanía y las riquezas del país, así como su en-

deudamiento externo, a extremos sin precedente en la historia nacional, no alcanzados ni bajo el régimen entre-guista de Carlos Menem.

Lo que nos enseñan estos tiempos es que la conciencia política y el empo-deramiento de los pueblos que se lo-gró a partir de Chávez difícilmente se borre de su memoria. Eso es lo que Macri no puede arrebatar a los argen-tinos por más que desmantele las con-quistas del periodo kirchnerista.

Así lo demuestran las gigantescas marchas y articulaciones populares que se producen hoy en Argentina y Brasil, y la batalla contra el imperia-lismo que siguen dando el chavismo y los movimientos sociales de Bolivia con inteligencia y resolución. Volveré sobre el tema.

La cruda verdadPor Luis Britto García

Venezuela vivía del crudo a 100 dólares por barril; ahora vive de un barril a 26 dólares,

y producirlo cuesta unos 18 dólares.

Esto equivale a que tengamos un sueldo de Bs 10.000 y nos lo rebajen a 800.

La caída brutal de la demanda petrolera no es culpa nuestra, sino de la sobreventa por las monarquías del Golfo Pérsico, la entrada en el mercado de las reservas de Irán, la disminución del consumo por la crisis económica, el auge de los hidrocarburos de lutita estadounidenses.

Los precios volverán a subir, porque el mundo se mueve con petróleo, las empresas de los países desarrollados tienen costos tan altos que quebrarían, los hidrocarburos de lutitas destrozan el ambiente y la sobreoferta parece estar sobreestimada.Esto no ocurrirá hoy, ni mañana, sino en un plazo razonable.

El gobierno venezolano realiza ingentes sacrificios para mantener misiones sociales, elevar periódicamente salarios y subsidiar alimentos y productos básicos para las mayorías necesitadas.

Estos colosales esfuerzos no benefician al votante por tres

Lo que nos enseñan estos tiempos es que la conciencia política y el empoderamiento de los pueblos que se logró a partir de Chávez difícilmente se borre de su memoria. Eso es lo que Macri no puede arrebatar a los argentinos por más que desmantele

las conquistas del periodo kirchnerista.

factores, contra los cuales el gobierno no actúa con energía suficiente.

Primero, la proliferación de mafias de intermediarios que acaparan y revenden bienes subsidiados con márgenes de ganancia superiores a los del narcotráfico.

Segundo, el contrabando de extracción, que según el presidente Maduro desaparece el 40% de cuanto Venezuela produce o importa.

Tercero, la corrupción que ampara las corruptelas anteriores y que según el presidente Maduro desapareció 60.000 millones de dólares en importaciones fantasmas y empresas de maletín.

La falta de acción contundente contra estos flagelos determina la masiva deserción de votantes que entregó el Poder Legislativo a una oposición que sólo creció electoralmente 4,22%.

Durante 16 años, la derecha acumula un prontuario de crímenes horrendos y delitos de lesa humanidad que ahora intenta autoperdonarse para seguirlos cometiendo.

Quien así delinque como oposición, si llegara a ser gobierno erradicará brutalmente el bolivarianismo y anulará todas las conquistas sociales de éste.

El bolivarianismo no puede darse el lujo de seguir inactivo mientras lo destruyen.

Montaje: Andrés Pedraza / Agencia Prensa Rural

Enero - Abril 21

Una piedra en el caminoPor Luisa Becerra

Aunque el título recuerda la letra de uno de los éxitos de Vicente Fernández, este no es

un artículo sobre música. Sin embar-go, guarda relación con piedras en el camino y referencia a la muerte.

La mortalidad es inminente, pero el derecho a la vida es innegociable, sobre esa base la memoria histórica atiende a personas o comunidades con una carga de dolor acumulativa.Muchos pensaran que los epitafios son formas de memoria histórica más que suficientes, un registro pun-tual del tránsito por el mundo. Por lo contrario, los sobrevivientes y sus entornos necesitan representaciones materiales o simbólicas, lugares don-de guardar los restos de sus víctimas o una mención de ellas, para dignifi-carlas, repararlas, y borrar estigmas.

Stolpersteine

Aquí aparece la piedra en el camino o Stolpersteine, una iniciativa del ar-tista alemán Gunter Demnig, puesta en marcha desde 1992 que refleja la solidaridad del dolor con desconoci-dos y extraños, evoca a las personas deportadas y asesinadas en campos de concentración nazis. Las piedras han rodado, y de Alemania han lle-gado a otros países de la unión euro-pea.

Los Stolpersteine son piedras desni-veladas puestas en las calles, con la intención de hacer tropezar a los ca-minantes desprevenidos e inmediata-mente informales que, un vecino de la localidad fue deportado a un cam-po de concentración nazi.

En el País Vasco los tropezones han sido acogidos y adaptados por la asociación "LA ILUSIÓN", que tiene como misión seguir el rastro de los republicanos españoles deporta-dos durante la segunda guerra mun-dial, para que no haya repetición de hechos victimizantes. Porque, sin la menor consideración, la lógica doctrinaria de cualquier conflicto es dejar claro quiénes son los buenos y quienes los malos.

La memoria es un ejercicio incompleto

La memoria histórica, reconstruye los hechos históricos a la luz de los relatos colectivos, es decir, trascien-de la cuestión del bando. Ustedes recordaran, o si me lo permiten les contaré que cuando los republicanos españoles salieron de su país por el golpe de estado de Francisco Franco, sus oponentes antifascistas quedaron apátridas, los hijos de nadie, sin la posibilidad de volver a su tierra por el riesgo de ser asesinados.

Los que se quedaron en el continente europeo fueron dispersados, y otros encerrados en campos de concentra-

El modelo territorial rural y las organizaciones campesinas: una mirada

desde afuera para la acción localPor Andrés Felipe López Galvis / @pipelebron5

Es muy común escuchar entre los dirigentes que están en el poder político en Colombia

que el desarrollo rural que se propone para el post acuerdo debe ir acompañado de una inversión privada (preferiblemente extranjera) a la que se le debe dar todo tipo de incentivos en busca de que se implante en las diferentes regiones. Estas propuestas que tienen su última versión en la llamada ley ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) responden a un modelo agroindustrial que privilegia los monocultivos, suponiendo que son la única forma de producir alimentos suficientes para toda la población.

Esto que en la primera parte del siglo XX se llamó la "revolución verde" en Norte América y una parte de Europa buscando aumentar la productividad, en Colombia se ha querido imponer literalmente

a sangre y fuego bajo unas características de conflicto armado.

¿Pero qué puede suceder ahora cuándo nos encontramos en un proceso de negociación y con la firmeza de querer alcanzar una solución política y no violenta?

Existen dos modelos rurales diferentes que responden a intereses distintos: el primero ya descrito que quiere aumentar sus áreas de explotación estableciendo zonas francas agroindustriales y concentrando aún más la propiedad de la tierra, y el modelo que ha ido madurando desde las organizaciones sociales hasta llegar al punto actual de las actuales propuestas territoriales, las Zonas de Reserva Campesina y los territorios interculturales entre otros.

El modelo agroindustrial es mostrado actualmente cómo un ejemplo en diferentes partes del mundo, desde la Pampa argentina hasta la producción intensa bovina, porcina y de legumbres en Francia.

Sin embargo, estos modelos de producción que el gobierno quiere vender como ejemplos para proyectar el desarrollo rural integral atraviesan grandes períodos de crisis. Crisis que ligadas al modelo económico neoliberal se vuelven estructurales.

Las grandes áreas cultivadas de soja en Argentina vienen de la mano de la desaparición de las pequeñas y medianas propiedades, de los campesinos y de productos para la alimentación básica del país. Igualmente en Francia, que se jacta de ser el primer productor agropecuario de la Unión Europea, atraviesa desde hace varios años una crisis sin precedentes que acorrala a campesinos y productores de todas las escalas. ¿La causa? La Política Agrícola Común (PAC) que la UE desarrollada a partir de 1992 cambia su tradicional regulación de la postguerra para dejar al mando al mercado que en teoría debería regular la producción por cuotas en cada país; resultado, la asfixia inicial de los medianos productores y actualmente de los grandes productores bovinos y porcinos.

Por encima de la inversión que se haga en términos de infraestructura, tecnología y articulaciones entre mercados, vemos que lo que está en el fondo es la discusión del modelo territorial. La elección de uno u otro tipo de producción tiene que ver con el modelo de sociedad, la campesina y popular debe ser la que continúe enseñando los caminos alternativos y propositivos.

ción. Siete mil españoles hombres murieron en el campo de exterminio de Mauthausen. Los sobrevivientes

después de la deportación, las tortu-ras sistemáticas y el trabajo esclavo, padecieron el exilio.

Muchos no volvieron a España te-merosos de las revanchas franquistas, algunos exiliados para siempre, por-que la guerra fría restauró la imagen de Franco, en medio de un ambiente anticomunista.

Los relatos no resueltos, son doloroso para los afectados e incómodo para los negacioncitas. No obstante con las iniciativas ciudadanas, pueden sanear una comunidad, acabar con la especulación, con comentarios fuera de criterio, como, ‘si lo cogieron fue por algo’, ‘algo debía’, porque debe primar el derecho por la vida.

Fotografía: Francia Huelga general pequeños medianos y grandes productores agrícolas, marzo 2016

Fotografía: Placa conmemorativa / Igor Artigúez / Agencia Prensa Rural

22 Enero - Abril