Periódico Tierra N°14

No. 14 Junio - Agosto 2013

Rompiendoel cerco

mediático

Pág. 20

En defensade

Cesar Jerez

Pág. 16

Pliego Nacionalde

peticiones

Pág. 3 y 4

La lucha campesina es la luchapor la paz

Pág. 2

ISSN: 2215-9436

www.prensarural.org

Distribución Gratuita

AssociacióCatalanaper la PauAuspiciadoresAuspiciadores

¡La lucha campesina es la lucha por la paz!

Junio - Agosto 20132

La lucha campesina es lalucha por la paz

El movimiento campesino se levanta en todo el país por sus derechos. El pliego na-

cional de peticiones, que presen-tamos en esta edición de Tierra, recoge las reivindicaciones funda-mentales del sector agrario en el momento actual. Pero no se trata sólo de las necesidades gremiales del campesinado: su solución está profundamente relacionada con la construcción de la paz que ne-cesita el pueblo colombiano.

Muchas de las peticiones del movimiento agrario ni siquiera son propuestas nuevas. En casos como las zonas de reserva cam-pesina, a las que se oponen sec-tores poderosos, simplemente se trata de aplicar leyes vigentes desde hace más de 15 años.

El pliego agrario tiene su fun-damento en un postulado de la Constitución Política: “La pro-ducción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Salta a la vista que desde su pro-mulgación en 1991 este artículo se ha violado abiertamente.Por eso el pliego habla de “obli-

gaciones políticas y legales bási-cas” del Estado. Obligaciones que ha dejado de lado por lo menos desde que los gobernantes es-cogieron el modelo neoliberal, abriendo la economía a la rapiña de los monopolios imperialistas y abandonando a su suerte la pro-ducción nacional. La situación empeora cuando se entrega el subsuelo para la extracción mi-nera, destruyendo la biodiversi-dad y desplazando al agricultor.

De esta lucha depende no sólo el bienestar del campesinado, sino la misma supervivencia de los co-lombianos. Perder la soberanía alimentaria nos obliga a pagar lo que nos quieran cobrar por la co-mida, que hoy parece más barato importar que producir. Seguire-mos amarrados al libre cambio... de nuestra riqueza por miseria y hambre para nuestra gente.

Los poderosos alegan que tras la protesta hay intereses políticos. ¡Desde luego! Es una lucha po-lítica por decidir sobre las cues-tiones que nos afectan directa-mente como trabajadores del

campo, y no permitir que sigan decidiendo otros desde sus lujo-sas mansiones y oficinas en los países del Norte.

Un gobierno que de verdad velara por los intereses de su pueblo, que realmente estuviera interesado en conseguir la paz para Colom-bia no debería temer a la protesta social. Por el contrario, debería abordar con entereza el pliego y garantizar su cumplimiento.

En vez de generar especulaciones sobre la posible infiltración de la guerrilla en los paros, el gobierno debería entender que resolver los problemas sociales es eliminar de raíz espinosos debates en la mesa de diálogos, y adelantar un buen trecho para acabar con el recurso a las armas para dirimir el con-flicto social y político, conflicto que es inevitable en la medida en que exista la desigualdad, pero sin el alto costo de muerte, dolor y destrucción que el pueblo viene pagando desde hace décadas.

Es el gobierno nacional el que tiene que dar garantías, ceder, facilitar las soluciones a los pro-blemas que aquejan al pueblo trabajador de campos y ciuda-des. Y al pueblo le corresponde tomar conciencia, organizarse y luchar con mucha constancia para que la justicia social sea una realidad y no sólo un discurso o un ideal hermoso pero ausente de la vida cotidiana.

Desde Tierra y la Agencia Prensa Rural apoyamos este esfuerzo de las organizaciones campesinas y seguimos a su servicio para lle-gar a cada región con la informa-ción oportuna, con la denuncia, con el análisis que alimente los procesos organizativos, y con la memoria histórica de las luchas que nos han configurado como pueblo protagonista de su pro-pia liberación.

Queremos que los hombres y mujeres de todas las regiones campesinas nos hagan llegar sus opiniones, sus observaciones, sus noticias sobre su vida, sus pro-yectos, sus conflictos y sus sue-ños. Sólo así romperemos la dic-tadura de los grandes medios que distorsionan la realidad, y hare-mos que nuestra voz suene más fuerte y sea más escuchada.Fotografía: Archivo Prensa Rural

3Junio - Agosto 2013

Pliego nacional de peticionesagropecuarias y populares

Las organizaciones agrarias y populares en la búsque-da de la Reforma Agraria

Estructural con perspectiva te-rritorial e intercultural que con-tribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Jus-ticia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la rei-vindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.

La Constitución Política de Co-lombia alega como derecho fun-damental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción al-guna, todos los colombianos te-nemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embar-go, a pesar de estar en la Cons-titución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesi-nos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vi-vido en la injusticia y la desigual-dad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.

Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanis-mos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situa-ción social, para saldar la deuda histórica que el Estado colom-biano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanti-cen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización he-mos logrado establecer reivindi-caciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pre-texto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundan-tes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el me-joramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legis-lativo y normativo en materia de producción agropecuaria, mine-ra, energética, vivienda y de ser-vicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y fa-vorecen los intereses del capital nacional e internacional.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las

poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten am-plias diferencias en las condicio-nes de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios pú-blicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de gene-ración de ingresos y empleo dig-nos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta si-tuación; por el contrario, el aban-dono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Huma-no del PNUD (2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, se-gún el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural re-presenta el 94,4% del territorio que ha estado históricamente ex-cluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.

No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupues-tales a cuánto asciende la deu-da social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refle-ja en el despojo, la no adjudica-ción y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multi-nacionales y en contra de comu-nidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inver-sión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.

Ante el tamaño de la crisis so-cial, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima políti-ca social que se ha enfocado a so-lucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Cons-titución Política de Colombia de 1991 define “La producción de

alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin em-bargo, la política agraria no ha resuelto la situación de insegu-ridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se en-cuentran en algún grado de inse-guridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en ac-ceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolon-gado por décadas en las pobla-ciones rurales y urbanas.

Ante las injusticias vividas, he-mos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos munici-pales, departamentales, e inclu-so con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la rurali-dad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemá-tica por el Estado y sus diferen-tes instituciones.

Frente a este panorama, se re-quiere una política pública agra-ria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la parti-cipación directa y decisiva del mo-vimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolom-biana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campe-sina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacio-nal y la fortalezca.

La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraes-tructura es fundamental para garantizar los derechos huma-nos que tenemos las comunida-des rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las car-teras de Salud, Educación, Ha-

Comisión de comunicaciones Marcha Patriótica Nariño sigue en la página 4


cienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de institucio-nes estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Ex-trema, ICBF y Fondo de Adapta-ción, en una acción coordinada para enfrentar de manera inte-gral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.

Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumpli-miento de 6 obligaciones políti-cas y legales básicas:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.

2. Exigimos acceso a la propie-dad de la tierra.

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tra-dicionales en la formulación y desarrollo de la política mi-nera.

5. Exigimos se adopten medi-das y se cumplan las garan-tías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivien-da, servicios públicos y vías.

Las organizaciones y comunida-des agrarias y populares presen-

tamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Es-tado nuestras demandas socia-les, económicas y políticas, bus-cando que mediante el dialogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económi-co, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los vo-ceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agrope-cuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peti-ciones y llegar a acuerdos.Anunciamos al país que nos su-mamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.

1. EXIGIMOS IMPLEMEN-TACIÓN DE MEDIDAS Y AC-CIONES FRENTE A LA CRI-SIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al com-portamiento de los precios en el mercado nacional e interna-cional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios

accesibles para los consumido-res. Para tal fin, se deberá im-plementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el pre-cio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y me-dianos productores agropecua-rios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.

2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Exigimos la adjudicación y dota-ción de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER ce-leridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en pro-gramas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el des-pliegue de la economía campesi-na, así como el de la pequeña y mediana producción.

3. EXIGIMOS RECONOCI-MIENTO A LA TERRITO-RIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS

La delimitación y constitución in-mediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territo-rios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su cons-titución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.

4. EXIGIMOS LA PARTICI-PACIÓN EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MI-NEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMU-LACIÓN DE LA POLÍTICA DE EXPLOTACIÓN MINE-RA Y ENERGÉTICA

Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesio-nes efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la políti-ca minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-RECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL

Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los dere-chos, plasmados en la Declara-ción sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las po-líticas públicas.

6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDU-CACIÓN, SALUD, VIVIEN-DA, SERVICIOS PÚBLICOS Y VÍAS

Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura inte-gral de población rural al siste-ma de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las co-munidades agrarias y la sosteni-bilidad de sus modos de vida.

MESA NACIONAL AGROPE-CUARIA Y POPULAR DE IN-TERLOCUCIÓN Y ACUER-DO (MIA)

*Ver el pliego completo en www.prensarural.org

Fotografía: Archivo Agencia Prensa Rural

viene de la página 3


Notas sobre el paro nacionalagrario y popular

Por Coordinación Campesina del Valle del Cauca – CCVC

La debacle económica de los pequeños y media-nos cafeteros, cacaoteros,

arroceros, paperos, lecheros, pequeños ganaderos, horti-fruticoltores, moreros, frijole-ros, maiceros, paneleros, etc., ha sido una política de Estado planificada y ejecutada por los gobiernos de los partidos tradi-cionales, que pretende princi-palmente tres cosas:

1. Que la producción agrope-cuaria colombiana se espe-cialice en la provisión de materias primas -“comodi-ties”- para la agroindustria, avanzando en el establecien-do del devastador modelo agroexportador que tantas miserias nos ha dejado a los colombianos y que entre otros efectos ha limitado y menguado el frágil sistema de autoabastecimiento ali-mentario garantizado, en gran parte, hasta el momen-to por el modelo de econo-mía campesina que resiste desde hace varias décadas en el país.

2. Abaratar los costos de pro-ducción de las empresas transnacionales acopiadores de las materias primas a tra-vés de la externalización del costo de los insumos, el tra-bajo, el empaque y el trans-porte de los productos.

3. El control directo de las poblaciones y los territo-rios a través del ejercicio de despoblamiento del campo mediante la violencia contra comunidades productoras conformadas por campesi-nos, indígenas, afrocolom-bianos; éstas habiendo sido despojadas de la tierra y los medios de producción son forzadas a aceptar los nue-vos enfoques de explotación económica de comodities agropecuarios o minero – energéticos.

Las comunidades han hecho re-sistencia desde tiempo atrás a esta política gubernamental, de hecho en los sucesivos paros, to-mas, bloqueos, manifestaciones,

las comunidades le han plantea-do al gobierno escenarios de con-certación basados en el respeto al territorio, la defensa de la so-beranía alimentaria, la inversión en infraestructura, el derecho a la protesta, el desarrollo efectivo de procesos masivos y democrá-ticos de democratización de la tierra, entre otros.

Y sin embargo, los gobiernos se han hecho los de la vista gor-da, en la mayor de las veces, rechazan con indiferencia las propuestas, pero la presión y la

firmeza de los movilizados han logrado en no pocas oportunida-des suscribir acuerdos con Mi-nisterios, Gobernaciones y Al-caldía; acuerdos que se incum-plen cínica y sistemáticamente por parte de los gobiernos.

Los estragos económicos causa-dos por el modelo agrario imple-mentado por el gobierno deben ser solucionados sin dilaciones. Por eso, el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica por la Segunda y Definitiva Inde-pendencia, conjuntamente con cientos de organizaciones cam-pesinas, indígenas, afrocolom-bianas de pequeños y medianos productores de toda Colombia, presentaron al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

el pasado 8 de Agosto un Pliego de 6 puntos que exigen solución por parte de gobierno a los si-guientes temas: implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agrope-cuaria y acceso a la propiedad de la tierra; reconocimiento a la territorialidad campesina; parti-cipación efectiva de las comuni-dades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera; adopción de medidas y se cum-plan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políti-

cos de la población rural; inver-sión social en la población rural y urbana en educación, salud, vi-vienda, servicios públicos y vías.

Estos 6 puntos, condensan las propuestas realizadas por cientos de organizaciones agrarias y millones de familias campesinas, afrocolombianas e indígenas que se encuentran hoy en condiciones de miseria y al no ser escuchadas por el gobierno se ven obligadas a hacerse reconocer por las vías de hecho.

El Gobierno Nacional y los ministerios tienen en sus ma-nos la posibilidad de resolver las exigencias del Pliego e ini-ciar la interlocución y acuerdo

para avanzar en la solución in-tegral de la problemática que aqueja a las comunidades ru-rales. Esperamos que tengan la suficiente voluntad política para solucionar las justas exi-gencias de las comunidades rurales del país por la vía de-mocrática del dialogo y la dis-cusión, que deben caracterizar a un estado social de derecho y al gobierno que lo representa en este momento.

No obstante, las organizaciones agrarias estamos preparadas

para que en caso de una nega-tiva presidencial y ministerial a discutir sobre los puntos del pliego, salgamos a un PARO NACIONAL AGRARIO INDE-FINIDO que iniciará el 19 de Agosto de 2013.

Desde ya, las organizaciones agrarias que confluimos en la Marcha Patriótica por la Segun-da y Definitiva Independencia, hacemos un llamado fraternal, a los comerciantes, a los inte-lectuales, a los estudiantes, a los obreros, a los artistas, a los obreros, a los docentes, a los viviendistas, a los defensores de derechos humanos y al mo-vimiento popular en general a sumarse y respaldar el Paro Na-cional Agrario.

Fotografía: Archivo Agencia Prensa Rural


¡Las Comunidades minero campesinas e indígenas del Nordeste Antioqueño Vamos al paro nacional! Pliego regional de peticiones agropecuarias y populares

El Nordeste Antioqueño aco-giendo las seis exigencias centrales del Pliego Nacio-

nal de peticiones Agropecuarias y Populares, traza su pliego de peticiones con base en las reivin-dicaciones propias como comuni-dades minero campesinas e indí-genas para nuestra participación de manera activa en las jornadas de agitación y movilización en el marco del gran Paro Nacional que iniciara el 19 de agosto del 2013, en el cual participarán más de dos mil personas de la región.

Las comunidades minero cam-pesinas e indígenas del Nordes-te Antioqueño históricamente se han convertido en poblaciones ol-vidadas por el Estado colombiano, donde el conflicto social y armado, como en muchos lugares del país, se ha vivido con gran intensidad, dejando centenares de familias sin tierra, despojados y desarrai-gados de sus territorios, invadidos por el militarismo y los planes de consolidación territorial, a la par de la alta presencia de empresas transnacionales que potencializan el accionar de grupos paramilita-res y delincuenciales en los cam-pos colombianos, sometiendo a la población rural y urbana a la cri-sis humanitaria por décadas.

El Nordeste Antioqueño no ha sido ajeno al olvido por parte del Esta-do colombiano, las comunidades minero campesinas e indígenas que habitan esta zona viven dia-riamente con la carencia de acceso a los derechos fundamentales, la falta de infraestructura e inversión social, haciendo de esta región una de Las zonas con más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfe-chas, contradictorio a ser esta una de las más ricas en recursos natu-rales y con un alta tasa de produc-tividad y explotación de oro.

Las ejecuciones extrajudiciales, la estigmatización y el señalamiento de líderes campesinos, los blo-queos económicos y sanitarios, los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, por parte de las fuerzas militares, son otras de las formas de violencia que ha teni-do que padecer la población de la región, siendo estas, las únicas muestras de presencia que ha he-cho el Estado en estos territorios.

Las zonas urbanas del Nordeste Antioqueño también padecen los rigores de la violencia y la falta de atención por parte del Gobierno Nacional, los municipios de Re-medios y Segovia dan cuenta de la disputa territorial que adelan-tan grupos paramilitares, en el aumento de asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forza-do, que vienen siendo perpetra-dos bajo el conocimiento pleno de la institución e inclusive bajo la gravedad de aceptación y posi-ble correlación entre las fuerzas militares y grupos paramilitares de la zona.

El rearme militar en la región au-menta en marco del lanzamiento del Plan Troya, que entro en rigor

desde octubre del 2012, como respuesta a las bandas crimina-les a nivel nacional para 4 muni-cipios históricamente mineros en el Nordeste Antioqueño. Este plan que cuenta con el respaldo de la Gobernación de Antioquia y está enmarcado en un proceso de con-solidación regional, es una estra-tegia política integral de control criminal a nivel departamental y que claramente hace parte de un proceso histórico de despojo y violaciones de derechos humanos en la región, se configura para las comunidades minero campesinas e indígenas del Nordeste Antio-queño en una amenaza inminente a su trabajo y a su vida.

Ante el tamaño de la crisis so-cial y humanitaria y ante la no respuesta por parte del Estado frente a la urgencia de solucio-nes a las causas estructurales que dan origen a estas problemáticas que afectan a los habitantes de

esta región, nos hemos declarado como comunidades en resisten-cia, porque nos asisten las razo-nes para protestar y convocar de manera unida y decisiva al gran Paro Nacional bajo la única con-vicción que solo la lucha y la mo-vilización popular son la vía para exigir al Estado que cumpla con el compromiso, que afirme y de cuenta de la deuda histórica que se tiene con los diferentes secto-res campesinos y populares . Por ello exigimos:

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones fren-te a la crisis de la producción agropecuaria.

2. 2. Exigimos acceso a la pro-piedad de la Tierra

3. 3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.

4. 4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradi-cionales en la formulación del desarrollo de la política públi-ca minera.

5. 5 Exigimos se adopten las medidas y se cumplan las ga-rantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.

6. 6 Exigimos inversión en la población rural y urbana en salud, educación, vivienda, servicios públicos y vías.

En este sentido, hacemos público un apartado de nuestras exigencias del pliego de peticiones de las comuni-dades del Nordeste Antioqueño.

1. Suspensión de los Tratados de Libre Comercio con Esta-dos Unidos, la unión Europea, China y demás países.

2. Detener la Política de Extranje-rización de Tierras, esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido su extranje-rización; revertir esas operacio-nes y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no las tienen.

3. Reforestación de las cuencas y creación de un banco de se-millas tradicionales.

4. Incentivo para los pequeños y medianos agricultores

5. Definición concertada con los mineros artesanales peque-ños y medianos y las comuni-dades de un nuevo Código de Minas. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la par-ticipación nacional y local de los réditos económicos.

6. Reconocimiento y fortaleci-miento en inversión a los res-guardos indígenas y afrodes-cendientes

7. La delimitación y constitu-ción inmediata de las zonas de Reserva Campesina en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su consecución

8. La financiación y ejecución de los planes de Desarrollo sos-tenible en las zonas de Reser-va Campesina constituidas y las que constituyan.

9. Detener la concesión de tí-tulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertada-mente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las co-munidades étnicas a ser bene-ficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.

10. Reconocimiento y formaliza-ción de la minería artesanal, pequeña y mediana.

11. Exigimos partidas presupues-tales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, pro-ducción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua po-table y alcantarillado.

12. Exigimos la no estigmatización y persecución del campesinado.

Fotografía: Cahucopana


Paro minero en Caucasia 2013Por Equipo Técnico AHERAMIGUA

La política minero energé-tica ha traído un danza de millones donde los intere-

ses económicos extranjeros han obtenido la mejor partida. La tie-rra y el territorio han sido conde-nados a la usurpación extranjera y a la muerte súbita de grandes ecosistemas que no se recupera-ran en miles de años, además el gobierno nacional ha continuado con la implementación de las po-líticas neoliberales que arruinan la economía nacional y regional, obligando a trabajar a los cam-pesinos en formas de producción extractiva, donde se abandona el agro colombiano y se prioriza la explotación de recursos minera-les. En medio de estas realidades el territorio de Guamocó, ha vivi-do una verdadera fiebre del oro que trajo gentes de otros lugares y que poso la mirada de multina-cionales sobre el territorio gene-rando así nuevos intereses, don-de los gobiernos de turno dieron garantías a grandes empresas para la obtención y tenencia del mineral precioso, desplazando la minería artesanal y ancestral practicada en estas tierras. Aho-ra también la pequeña y mediana minería son perseguidas, mues-tra de ello es el decreto 2235 de 2012 y las reglamentaciones del actual código minero.

Por todas estas razones el pueblo campesino y minero de Guamo-có se movilizo en una convoca-toria hecha por AHERAMIGUA en Caucasia, Antioquia, logrando movilizar en torno al paro mine-ro alrededor de 1000 personas, las cuales llegaron de las comu-nidades del rio Caribona, además de Puerto Claver y Puerto López corregimientos del municipio del Bagre y demás zonas aledañas.

El punto de convivencia de es-tas comunidades fue debajo del puente que conduce de Caucasia a Zaragoza y el Bagre, pero al igual que en la cotidianidad de muchos sectores de nuestro país el hosti-gamiento de la fuerza pública los hizo cambiar varias veces de lugar de asentamiento. Desde un co-mienzo la represión por parte del Estado se noto con las personas defensoras de Derechos Huma-nos, periodistas, al igual que con todos los participantes en la movi-

lización; ejemplo de ello tenemos, lo ocurrido al equipo técnico de AHERAMIGUA que fue constan-temente hostigado por la policía nacional en su desplazamiento de Medellín a Caucasia y que final-mente termino con una detención arbitraria en la estación de policía de Caucasia después de haber sido traslados en una tanqueta.

Mientras los campesinos y mine-ros arengaban por sus peticiones y ejercían su legitimo derecho cons-titucional a la protesta el escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) uti-lizaba armas no convencionales contra ellos ya que se convertían en su “blanco legitimo”; y es que en este paro minero al igual que en el Catatumbo la fuerza pública ha utilizado despliegues de fuerza incoherentes con la situación, no se entiende el por que quienes di-cen velar por el cumplimiento de la ley la incumplen y protegen leyes ilegitimas que afectan a las comu-

nidades en general. Pese a todos los pronósticos estos aguerridos campesinos estuvieron resistiendo bajo estas condiciones alrededor de 15 días y ahora se preparan para el Paro Nacional Agrario y Popular que se realizara 19 de Agosto.

Las exigencias de las comunidades mineras y campesinas no están ni estarán con los intereses del go-bierno por lo que de nuevo aflora y como constante en nuestra histo-ria colombiana como las tierras y territorios no han sido justamente redistribuidos sino que han sido asignados a los grandes intereses mercantilistas vendiendo así nues-tra autonomía y nuestra soberanía.

La protesta continua por la defen-sa de los derechos humanos, las tierras y el territorio, por la vida digna y la construcción de la Paz con Justicia Social, todo Guamocó se moviliza al Paro Nacional Agra-rio y Popular el 19 de Agosto.

Fotografía: Fred Emiro Nuñez


Escuela Agroecológica Campesina: un camino hacia la Soberanía Alimentaria y la Dignidad en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

Por Leonardo Sarmiento M.

Son las 5:30 de la mañana y el cielo de Puerto Matilde es una cascada inagotable de brillos

azules y dorados, en ese momento, cientos de loras que sobrevuelan el caserío anuncian el comienzo de un caluroso día de agosto.

Muy pronto, la aldea comunitaria se pone en movimiento, con sus abuelos que salen en busca del tinto mañanero en donde el veci-no, mientras resuena el golpeteo de las maderas en el puerto y los arrieros emprenden la jornada con sus recuas de mulas, hom-bres y mujeres se preparan a ini-ciar labores, los niños y niñas que también mañanean se levantan con la inquietud de un nuevo día en la aventura de vivir en el Valle del Río Cimitarra.Suenan los radios por doquier, suenan los vallenatos, suena una ranchera pero en la mayoría de las casas suenan las noticias de la mañana, contando de la situa-ción en Catatumbo, el paro mine-ro y las conversaciones en la Ha-bana. Las voces radiales dan las 6 y 30 de la mañana y despacio se van acercando a la casa de la ACVC, con el menaje en la mano, hombres y mujeres que llegaron a la aldea desde el día anterior, provenientes de distintos pun-tos del Sur de Bolívar, la zona

media y el nordeste antioqueño de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra. El de-sayuno está listo, hay saludos y bromas, se comparte el alimento, tanto como la camaradería y por supuesto la expectativa que llena el ambiente mientras se vacían los pocillos de tinto con panela pues, dentro de poco daremos comienzo al segundo encuen-tro de la Escuela Agroecológica Campesina.

Comienza la jornada de tres días y la gente de la Escuela hace memoria del encuentro que tu-vimos hace casi dos meses en Puerto Nuevo Ité (La Coopera-tiva), de los análisis y reflexio-nes que hicimos en torno a la situación alimentaria mundial, el papel del campesinado en el mundo y la producción agríco-la bajo el modelo actual: conta-minante, costoso e inequitativo con las personas y con el plane-ta, la manera en que este mo-delo nos toca y las maneras en que podemos superar las depen-dencias de insumos externos, de alimentos y de tecnologías inapropiadas con las condicio-nes de nuestra zona de reserva campesina, para transformar nuestras fincas en agroecológi-cas y encaminarnos de manera definitiva hacia la autonomía y la soberanía alimentaria.

Dado que la escuela agroeco-lógica fue definida por todas y todos como escenario de ense-ñanza y aprendizaje autónomo, que rescata el saber campesino y ancestral, en este encuentro también caminamos por la ruta del intercambio de saberes, en grupos, estudiamos y comparti-mos conceptos que alimentan la integralidad de nuestras fincas y que nos dan la claridad de por qué elaborar nuestros propios abonos y preparados orgánicos: bioles, purines, caldos microbia-les, compostes y de por qué re-cuperar, conservar y enriquecer nuestros suelos, que son la base de la producción y la permanen-cia de la población campesina en el territorio.

Así, pasamos de las exposiciones en la casa de la salud, a la huerta comu-nitaria de Puerto Matilde y también a la bufalera, conocimos la manera de sembrar las hortalizas y de abo-nar el suelo para tener abundantes cosechas, reconocimos la impor-tancia y el manejo de sistemas silvi-pastoriles que hacen más eficientes y sobre todo sostenibles en la pro-ducción ganadera campesina, así como de la planeación de nuestras fincas como sistemas, que conser-van el monte, articulan animales y cultivos, cierran ciclos y generan cadenas alimentarias, para romper la dependencia, aumentar la pro-ductividad y ser dueños y dueñas de nuestro sustento y bienestar.

Otra vez son las 5:30, las 6:30 y las 7:00 de la mañana y el ritual del nuevo día que comienza en Puerto Matilde se repite con su belleza y calidez. Ya han pasado los tres días de formación en la Escuela Agroecológica Campesina y las delegaciones se alejan por el río Cimitarra con el compromiso de aplicar y compartir lo aprendi-do en el encuentro, con el sueño de la siembra agroecológica de alimentos en sus fincas y en el te-rritorio; nos veremos en el próxi-mo encuentro en octubre, a seguir construyendo caminos de sobera-nía alimentaria y dignidad para la población campesina.

La Esuela Agroecológica Campe-sina se enmarca en el proyecto “Ganadería y huertas agroecoló-gicas, avances hacia la soberanía alimentaria en la zona de reserva campesina del valle del río Cimi-tarra “implementado por la ACVC y financiado por Manos Unidas.Fotografía: Diana Betancourt

Fotografía: Diana Betancourt


Realidades en los “desiertos verdes”Por Fred Emiro Núñez Santos / Colectivo Brecha

Frente a la invasión de las empresas palmicultoras, los legítimos propietarios de las tierras han tratado de resistir de forma pacífica. Los gobiernos responden en muchos casos con la violen-cia, enviando al ejército o a grupos paramilitares que han dado muerte, herido, amenazado, arrestado ar-bitrariamente o hecho des-aparecer a los representan-tes campesinos, indígenas o a grupos étnicos. Las em-presas mismas son protegi-das por guardias armados que desarrollan funciones parecidas, con la acción u omisión del Estado.

En los años 90, la guerra por el territorio colombiano se hizo más aguda, intere-

ses por la tierra, cultivos de coca, sector minero, monocultivos, en-tre otros, fueron los factores que intervinieron en dicha forma de control. Considera la Fiscalía que en el año 1999 se integraron alre-dedor de 200 paramilitares a Nor-te de Santander bajo el mando de alias ‘Camilo’ y alias ‘el Iguano’, aparentemente para combatir la subversión y proteger a gana-deros y comerciantes del sector. Igualmente, cobraban extorsio-nes, hacían la mal llamada “lim-pieza social” y traficaba droga. Las irrupciones y los primeros delitos de lesa humanidad que cometió el Bloque Catatumbo acaecieron desde mayo de 1999. Gradual-mente este grupo fue consolidan-do su poder y controló Cúcuta, El Carmen, Convención, El Tarra, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa, San Calixto, Teorema y El Zulia.

Luego de un sin número de ma-sacres y atrocidades solo conce-bidas bajo el orden paramilitar que tomo el control en la zona del Norte de Santander, se re-sume que las AUC con su bloque Catatumbo, en total, dejó 11.200 asesinados, 114.000 desplazados, 600 desaparecidos entre los hor-nos crematorios y los que fueron lanzados al río Catatumbo con piedras en el estómago. La voz de las víctimas a pesar de la perse-cución y el holocausto se ha he-cho escuchar, y no es un secreto para nadie que Colombia vive un conflicto armado complejo que empeora con la crisis social y de gobernabilidad, corrupción e in-diferencia, falta de voluntad por buscar el dialogo y la paz.

Después de casi 15 años de este periodo de violencia absurda, el control de la tierra se reconfigu-ró, el poderío paramilitar dejo el suelo en manos de terratenientes, latifundistas y empresarios que buscan la consolidación de mo-nocultivos en la zona. En Campo Dos, corregimiento del municipio de Tibú, se identifica un caso cla-ro de inequidad social en torno al problema de la tierra y su uso; el nombre de Javier Duque resuena en muchas conversaciones, pues-to que es uno de los “administra-dores” de una de las fincas con mayor número de palma africa-na sembrada (alrededor de 1600 y con una proyección de 2000 palmas sembradas). La finca “La Catorce”, se encuentra cerca al barrio de invasión “María Pau-la”, lugar donde viven alrededor de 400 familias, y muchos de sus miembros, son trabajadores ex-plotados por los grandes palmi-

cultores, quienes pagan $40.000 pesos el día de trabajo, de donde se les descuenta el uso de los ma-teriales de trabajo (rulas, cascos, guantes, fumigadoras y demás utensilios necesarios para el tra-bajo), más el cobro de un seguro de salud que en realidad no cubre ni siquiera el mismo daño que producen los pesticidas usados en el control de plagas de la palma; entonces, el día de trabajo resulta en unos $25.000 pesos por casi 10 horas de trabajo bajo el inclemen-te clima que cubre la zona; inclu-so, la labor de siembra se paga a $115 pesos por palma sembrada, uno de los más bajos puesto que en la zona se paga alrededor de $200 pesos por dicha labor.

“María Paula” es un barrio de in-vasión como muchos en cualquier parte del país, la autogestión en los proyectos es la única forma de funcionamiento, las redes eléctri-cas son instaladas por los mismos habitantes, el acueducto y alcan-tarillado inexistentes crean si-tuaciones de riesgo a la salud, en un barrio donde no hay asisten-cia médica situación igual o peor cuando se trata de la educación. Para recibir dichos beneficios bá-sicos, los pobladores tienen que recorrer aproximadamente 20 minutos, para encontrarse con que no hay ni médicos en los cen-tros de salud, ni profesores en las aulas de clase. A ésta precaria si-tuación de abandono estatal, se le suma el preocupante estado de las vías de acceso que más parecen caminos de herradura por el in-cesante paso de los carro tanque de Ecopetrol, lo que recuerda que hay un oleoducto casi tan antiguo como la explotación misma de la

región y que es la entrada econó-mica para muchos de los hogares, que incluso sirve de ante sala para tomarse un tinto y hablar un rato, pero que se encuentra en el mismo abandono que presenta la región, su cercanía con la zona habitada incluso con la escuela raya con lo absurdo, pues preocupa que en medio de los juegos de los niños se encuentre este tubo gigante ca-paz de causar una gran calamidad si algo llegara a fallar agravado por dicha cercanía a los hogares, escuela y centro de salud.

La desigualdad que se hace nota-ble en un recorrido de aproxima-damente un kilómetro muestra la realidad del país, entre “María Paula” y “La Catorce” solo hay 20 metros de separación, los mono-cultivos y la poca o nula equidad en la repartición y acceso a la tierra son la constante en el te-rritorio colombiano. Éste, es uno de los puntos que afirma la justa lucha del campesinado nacional, el derecho a la vida digna, la per-manencia y el acceso al territorio es una de las banderas que se izan como punta de lanza para conse-guir la paz tan anhelada por las personas que cultivan el alimento que cada día llega a la mesa de los privilegiados que encerrados en las urbes de concreto no pasan de la realidad que pintan los medios de comunicación masivos capa-ces de desfigurar esta triste rea-lidad, puesto que no les interesa informar el trasfondo del proble-ma de la tierra en Colombia, por-que no les sirve incomodar a los terratenientes o a las multinacio-nales que hacen fila para empezar a desangrar aún más los recursos naturales del territorio nacional.

Fotografía: Fred Emiro Nuñez


La unidad como la antítesisde la guerra territorial

Por Asociación nacional de Zonas de Reserva Campesina - ANZORC

Colombia es un país de ex-tensos y diversos climas, territorios y poblaciones

que relatan costumbres milena-rias de siembra, pesca, prácticas pecuarias y minería artesanal. A lo largo de su historia, desde la colonización española y la pos-terior liberación, pasando por la guerra civil bipartidista, el paramilitarismo, las guerrillas y el uso excesivo de la violencia por parte de las Fuerzas Arma-das al mando de las corruptas oligarquías colombianas y colo-nialistas que instigan el actual y ya conocido abandono estatal, ha sido la población campesi-na, afro e indígena la que, en medio del conflicto, ha sufrido el yugo de esta barbarie social y ambiental producto de la per-sistente guerra por el territorio y las riquezas del país.

Las Zonas de Reserva Campesi-na ZRC (ley 60 de 1994), son, así como los Territorios Colec-tivos para la población afro y los Resguardos Indígenas para la población indígena (ley 70 de 1993), territorios estabilizar y dignificar la vida campesina, para cuidar y proteger los eco-sistemas, ordenar los territo-rios, fomentar y estabilizar la economía campesina, contri-buir a la indispensable descon-centración de la tierra, y, reco-nocer y fortalecer las propues-tas campesinas de desarrollo humano sostenible, en medio de la concertación con las auto-ridades del Estado.

Pese a los cruentos ataques de los sectores aferrados al poder

derivado de la concentración de la tierra y la violencia, y los del propio gobierno, las zonas de reserva campesina se yerguen en la agenda política del país, dejando en evidencia varias ver-dades hasta ahora desconocidas para una institucionalidad esta-tal ciega, sorda y parlanchina, y para una sociedad atontada por la desinformación de los medios masivos de comunicación. De un lado, ha quedado en evidencia que en Colombia el campesina-do, contra todo pronóstico, lejos de desaparecer por causa de las políticas neoliberales que apues-tan por su destrucción, pervive persistiendo en sus modos de vida, que así confirman su ca-rácter sostenible. Que dicha per-sistencia está directamente rela-cionada con una alta capacidad organizativa de las comunidades campesinas, que por su propia

esencia y con ocasión del aban-dono estatal, han reafirmado su carácter solidario, y su vocación de autonomía.

La movilización del Catatumbo le ha mostrado al país que, como ocurre en todos los procesos que promueven zonas de reser-va campesina, las comunidades campesinas organizadas han desarrollado procesos de orde-namiento de sus territorios, de acceso a la tierra, de desarrollo alternativo, de convivencia ba-sada en la cooperación y la so-lidaridad, que tienen propues-tas viables para la gestión del territorio que se contraponen a la devastación neoliberal. En general, que las campesinas y los campesinos son sujetos polí-ticos plenos, a quienes el Estado y demás sectores de la sociedad colombiana están forzados a re-conocer, atender e integrar ple-namente si es que no se quieren perpetuar las causas estructura-les del conflicto armado.

De otro lado, la contundente irrupción de la zona de reserva campesina en la agenda políti-ca del país, lejos de explicarse en la defensa que de esta han hecho las FARC, se explica en la unidad de los procesos cam-pesinos que reconocen en esta figura de su autoría, un instru-mento que amparado en la vo-

luntad política estatal y en la continuidad de la acción cam-pesina organizada, tiene ca-pacidad para contribuir en la solución en la solución del pro-blema agrario, en el marco de una verdadera reforma agraria estructural con perspectiva te-rritorial e intercultural.

Sin duda, el fortalecimiento de la lucha social en unidad, es la ruta segura para garantizar el avance en la conquista de la tierra y el territorio, la digni-ficación del campesinado, la soberanía alimentaria y la paz con justicia social, que no se agota en la lucha por las zonas de reserva campesina, pero que encuentran en ésta un hito im-portante y un apalancamiento estratégico. La vinculación de la lucha por la zona de reserva campesina en las exigencias del Paro Agrario y Popular repre-senta un avance en este proce-so de unidad que estamos lla-mados a fortalecer y ampliar, reconociendo y agradeciendo a los demás sectores populares su compromiso y solidaridad con esta lucha. Así mismo, las or-ganizaciones que defendemos las zonas de reserva campesina, expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las justas causas de los mineros, trabaja-dores, estudiantes, camioneros y demás sectores en paro.

Fotografía: Veronica Luna

Fotografía: Veronica Luna


La actualidad del movimiento estudiantily de la MANE: movilización y lucha

para superar la crisis de la educaciónPor Oscar Londoño / Federación de Estudiantes Universitarios - FEU Colombia

Tras las memorables e his-tóricas jornadas de cien-tos y miles de estudiantes

que salieron a movilizarse du-rante el año 2011, derrotando la iniciativa del gobierno nacional por implementar una reforma regresiva para la educación su-perior, efectuando una primera manifestación de la capacidad en ascenso del campo popular para enfrentar las políticas del Estado colombiano, el movimiento es-tudiantil volvía a situarse como actor político central y demostrar que solo el ejercicio de la políti-ca mediante la protesta colectiva podría detener la profundización del modelo en curso y a su vez avanzar en el logro de las trans-formaciones sociales encamina-das hacia la democracia, la sobe-ranía y la paz, como lo enuncia su principal consigna.

Este proceso de manera simul-tánea desencadenaría en la rea-grupación del movimiento estu-diantil mediante la creación de la Mesa Amplia Nacional Estudian-til – MANE, referente que servi-ría para trazar la táctica política del movimiento y la construcción de un referente programático que consignara las motivaciones históricas por una educación in-tegral, democrática y critica. Di-cho referente seria el programa mínimo de los estudiantes y ser-viría como pilar para el inicio de la construcción de una propuesta

de educación superior alterna-tiva. Esta propuesta construida durante los últimos dos años con el concurso de los estamentos de la comunidad educativa y de los distintos actores sociales in-teresados, tiene como principal propósito, hacer de la educación un derecho fundamental y un bien común, de la que el Estado debe ser garante para su funcio-namiento, garantizar el acceso irrestricto y la apropiación so-cial del conocimiento y la cultura como aportes que esta brinda a la nación. Así mismo se trata de una propuesta que busca llevar a cabo la reorganización de la institucio-nes de educación superior para la democratización en la composición de sus órganos directivos, el ejerci-cio de su autonomía mediante la creación un sistema democrático que reúna de acuerdo a su natura-leza al conjunto de instituciones y una plena financiación estatal que fortalezca su dimensión pública y haga posible un modelo integral de calidad y bienestar.

Por su parte, el gobierno nacional, a pesar de no lograr una reforma integral del sistema educativo, con el propósito de profundizar la dinámica de privatización me-diante la financiación a la deman-da y la inclusión de la figura de la educación con ánimo de lucro, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica de acuerdo a las necesidades del mercado la-

boral en desmedro de la educación profesional, entre otros aspectos propios del modelo neoliberal, ha venido realizando reformas par-ciales (programas de educación a distancia, autonomía universi-taria, etc.), y discutiendo nuevas propuestas para la implementa-ción, de una política pública, invo-lucrando sectores afines al gobier-no, nuevamente sin la participa-ción del grueso de los estamentos que conforman la vida académica. Mas importante aún, el gobierno

nacional, bajo el actual esquema de financiación, promueve el de-sarrollo de la crisis de la educa-ción, representada en la deuda de alrededor 2 billones de pesos que por concepto de ley sostiene con las diferentes universidades y un déficit que, de acuerdo a los cálcu-los del SUE, representa alrededor de 11 billones de pesos como resul-tado del crecimiento de los gastos que demandan las instituciones, adicionándose el endeudamiento creciente de los estudiantes con la banca privada y aquellos que acce-den a préstamos con el ICETEX.

Ante este panorama, el movimien-to estudiantil reunido en la MANE, como resultado de las conclusiones del último plenario desarrollado los días 1, 2 y 3 de junio en la Uni-versidad de Antioquia, ha elabora-do una agenda de movilización que en perspectiva busca retomar una dinámica de lucha que resuelva la crisis de la educación superior

y avanzar en la conquista de las reivindicaciones que desde el mo-vimiento estudiantil se gestan en cada centro educativo en razón a sus problemáticas, además de pre-sentar la ley alternativa de Educa-ción Superior, como parte del ejer-cicio constituyente que ha venido realizando, aporte para la cons-trucción no solo de un modelo de educación distinto, sino también de un modelo alternativo de país de la mano de otros fuerzas socia-les al interior del campo popular.

La primera Cita es el 29 de agosto en las calles de todo el país, para dar a conocer nuestra propuesta, el 11 de septiembre marcharemos para exigirle al gobierno una so-lución a la crisis de la educación y finalmente trabajaremos para la organización de un gran PARO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR que nos permita situar nuestra demandas ante la sociedad y se inicie un dialogo amplio que resuelva un camino distinto para la educación en nuestro país.

Queda en perspectiva la posibi-lidad y la necesidad de sumar la acción política y reivindicativa del movimiento estudiantil a las luchas y las rebeldías de los otros sectores sociales para gestar el desenvolvimiento de un gran mo-vimiento constituyente por la so-lución política del conflicto social y armado y la consecución de la paz con justicia social, camino a la se-gunda y definitiva independencia.

Fotografía: Ernesto che Mercado


“Unidos por la paz a la medida de nuestros sueños”X festival nacional de la juventud

Por Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios - ACEU

Jóvenes siempre serán las y los que luchan por un país justo y en paz. Así re-

cordamos la obra que iniciaron hace treinta años, las jóvenes generaciones de la época que en la ciudad heroica se dieron cita para fundar el I Festival desde la diversidad, la pluralidad, la inclusión y la democracia. La capital organizaría el II festi-val en 1985, año mundial de la juventud. Cali lo haría en 1987 con el III festival que aportaría al debate de la democracia par-ticipativa. Bogotá repetiría en 1991 con el IV festival, donde se proyectó la participación en el movimiento por la séptima papeleta y posterior en la cons-titución de 1991. Barranquilla en 1993 realizaría el V festival, donde se la jugó por el vicemi-nisterio de la juventud, además de ayudar en la reconstrucción del movimiento estudiantil co-lombiano. El VI festival se rea-lizó en Bucaramanga en 1996, el cual impulsaría la creación de la ley nacional de juventud. 2001 Cartagena con la séptima versión, la cual contribuye al fortalecimiento del movimien-to juvenil por la paz. Bogotá en el 2005 y posteriormente en 2010 realizaría el VIII y el IX festival, centrando sus objeti-vos en la discusión sobre la po-lítica pública de juventud y la construcción del movimiento juvenil amplio y democrático por la paz.

Con la ilusión de lograr el gran objetivo de ver a nuestra patria realizada en la obra humana universal de la libertad y la dig-nidad, fue como jóvenes de di-versas latitudes que conforman este gran tejido de montañas, ríos, selvas, páramos, bosques y mares, se reunieron al son de la alegría y la rebeldía, para encontrarse en lo que sería una gran convocatoria del mo-vimiento juvenil que aspiraba sumar sus mayores esfuerzos, en la necesidad de aportar en la construcción de los caminos más oportunos para conquistar la democracia, la justicia, la dig-nidad de nuestro pueblo, como elemento fundamental en la búsqueda de la paz.

Es de esta manera como surgen los Festivales Nacionales de la Juventud, siendo parte de la tradición democrática del movi-miento social y se destaca como una gran iniciativa de la unidad de los jóvenes colombianos, que aspira vivir en un nuevo país, en el que se materialicen sus más sentidas necesida-des. Educación gratuita, Te-rritorio, Tierra, salud pública, trabajo digno, derecho a la libre expresión, son y siguen siendo, tres décadas después, parte de las grandes exigencias que rei-vindicamos las y los jóvenes colombianos y que lejos de ser promesas, son las motivaciones de las grandes luchas que han encarnado distintas generacio-nes que han asumido la batalla por lo que nos pertenece.

El X Festival Nacional de la Ju-ventud, es también un homenaje a las y los jóvenes colombianos

de pasado y presente, que han batallado por allanar ese cami-no hacia la paz. A lo largo de esta historia de guerra, sangre, muerte y despojo violento con-tra los pobres y explotados, la vida juvenil se ha nublado por la estigmatización, la persecución, la criminalización y la militari-zación, siendo obligados incluso por el Estado a través del Servi-cio Militar Obligatorio a vincu-larse en contra de su voluntad a la cruenta confrontación que acoge a los colombianos; sin embargo resaltan en grata re-cordación las resistencias de las históricas luchas estudiantiles por el derecho a la educación, los desafíos de los jóvenes tra-bajadores por su dignidad, las manifestaciones de las mujeres por sus derechos, la rebeldía de los jóvenes campesinos contra el militarismo y por el derecho a la tierra y el territorio, el cora-je de los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, el multicolor decoroso de los sectores LGBTI, los sabios bas-tones de lucha ancestrales de los pueblos indígenas, el senti-do de la libertad que encarnan nuestros afrodescendientes, y todo un sin fin de expresiones organizadas, en procesos, plata-formas, redes, entre otras, que hacen parte de la rica y diversa capacidad de lucha de las y los jóvenes colombianos, que en la

guerra hemos aprendido a re-sistir con toda nuestra creativi-dad para construir la paz!

En esta oportunidad, el X Fes-tival Nacional de la Juventud, se desarrollará en un momento significativo para el pueblo co-lombiano, que está atravesado por un nuevo marco de diálogos de paz entre el actual gobierno de Juan Manuel Santos y la in-surgencia de las FARC- EP, y la posibilidad de apertura de diá-logos con el ELN. Es una nece-sidad crucial que todos los acto-res armados estén en los diálo-gos, donde se pueda plantear el problema de la paz más allá del fin de la guerra. Es el momento para que la juventud unida se constituya en una gran fuerza determinante hacia el logro de este gran propósito nacional, en un proceso que desde la articu-lación territorial autónoma y múltiples formas de participa-ción e intervención en la reali-dad, se sostenga en el tiempo a través de los escenarios de uni-dad juvenil departamentales y locales, logremos sumar todas nuestras iniciativas a favor de la conquista de los derechos de las y los jóvenes colombia-nos, como parte esencial de esos grandes cambios y transforma-ciones que requerimos para la consecución de una paz estable y duradera.

Fotografía: Jorge Acuña / Agencia Prenda Rural

¡Las y los jóvenes colombianos, que

en la guerra hemos aprendido a resistir

con toda nuestra creatividad para construir la paz!


La crisis universitaria. Oportunidad para abrir un debate político

Por Federación de Estudiantes Universitarios - FEU / Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.

En el año 2011, la rebel-día e irreverencia del movimiento estudiantil

lo llevó a convertirse en el ac-tor político más importante del país. Contrario a los que algunos plantean, fue en la movilización social, y no en el marco de la fal-sa democracia parlamentaria, donde los estudiantes sepulta-mos el lesivo proyecto de refor-ma a la Ley 30, y proyectamos como bandera estratégica del pueblo colombiano la necesidad de construir un nuevo modelo de educación superior, proceso que hoy deja como resultado una propuesta de avanzada, única en la historia del país.

La crisis de la educación supe-rior es cada vez más evidente. La asfixia presupuestal a la que ha sido sometida la universi-dad pública colombiana desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, deja como saldo un gran número de universidades sin condiciones para ofrecer una educación digna y de calidad, que han recurrido a la lógica del autofinanciamiento como he-rramienta para alivianar la cri-sis. Por esta razón, los estudian-tes colombianos, agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estu-diantil, definimos como objeti-vo para este semestre generar un escenario de movilización que le exija al Gobierno Nacio-nal el pago de los 11.2 billones de pesos que hoy le adeuda el Estado colombiano a las 39 uni-versidades públicas del país, y el aumento del presupuesto destinado a la educación supe-rior pública en el país.

La crisis no da espera, debemos volver a las calles colombianas, debemos retomar las banderas del año 2011, las banderas que nos llevaron a ser poder en las calles, las banderas que no solo nos plantean como objetivo la solución de los problemas in-mediatos, sino además, la so-lución de la crisis general, que no es otra cosa que la materiali-zación de nuestra propuesta de educación.

La educación superior colombia-na ha sido hasta el momento el bastión desde el cual unas mi-norías poderosas han proyecta-do su proyecto de perpetuación. Por esta razón el sistema políti-co y económico colombiano está directamente entroncado con el actual modelo de educación. La exclusión de la estructura social del país extiende sus tentáculos sobre las dinámicas de la vida universitaria; así como se im-ponen las decisiones en el país, en nuestra universidades se nos imponen rectores y planes de desarrollo; así como se les nie-ga a los colombianos el acceso a derechos sociales, se les niega a los jóvenes el derecho a una educación de calidad; así como se persiguen a los opositores en el país, se persiguen y encarce-lan a los estudiantes que sueñan con una academia crítica y una Colombia distinta.

Hoy más que nunca debemos re-tomar esa consigna que plantea que a todo modelo de educación le corresponde otro modelo de país. Hay que salir a las calles a decir sin temores que la solución

a la crisis educativa solo es po-sible en la medida que logremos materializar nuestra propuesta de educación, y que a nuestra propuesta de educación le co-rresponde otro modelo de país, uno donde la exclusión y la vio-lencia sean el recuerdo de una larga pesadilla.

Aunque nuestra lucha tiene para este semestre un objetivo con-creto, la solución de la crisis presupuestal, debemos enarbo-lar la propuesta de educación elaborada desde la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en cada movilización, en cada foro, en cada discusión, para recordar-les a aquellos que se mantienen aferrados al poder, que nuestra lucha aun tiene un largo camino que recorrer, que nuestra lucha se enmarca en la lucha de todo el pueblo colombiano por cons-truir una Colombia en paz con justicia social.

El movimiento estudiantil ha puesto sus sueños sobre las mesa, y si el marco político que tenemos no nos permite con-quistar nuestra propuesta de

educación, si el actual sistema económico no admite su con-creción, si las herramientas ins-titucionales con las que conta-mos no son lo suficientemente democráticas como para permi-tir la construcción de una edu-cación superior como derecho fundamental y bien común del pueblo colombiano; nuestra lu-cha deberá allanar los caminos que la articulen con el grueso del movimiento social y popu-lar hacia la construcción de otro sistema social, político y econó-mico para el país.

DEDICAMOS ESTE SEMESTRE DE LUCHA A LOS COMPAÑEROS CARLOS LUGO, JOSE

OMAR MARIN Y JORGE ELIECER GAITAN,

COMPAÑEROS PRESOS EN LAS

CARCELES DEL PAÍS POR SOÑAR CON UNA

EDUCACIÓN CRÍTICA Y EMANCIPADORA

Fotografía: Documental Amarillo


Imagen: alpuerto

Absueltos líderes campesinos de La Marina (Tolima)

Por Agencia Prensa Rural

El viernes 12 de julio de 2013, un juzgado de Iba-gué absolvió a Saan Ma-

ceto Marín, Edwin Lugo, Fre-dynell Chávez Marín y Aycardo Morales Guzmán, de la Asocia-ción de Trabajadores Campe-sinos del Tolima (Astracatol) y habitantes de la vereda La Ma-rina en Chaparral. Los campe-sinos habían sido capturados en noviembre de 2011 y some-tidos a un proceso penal con base en testigos que afirmaban ser reinsertados de la guerrilla.

El 14 de febrero se evidenció que cinco de los supuestos des-movilizados que habían seña-lado a los presos de La Mari-na como “milicianos” y “auxi-liadores” del Frente 21 de las FARC, no habían pasado por la insurgencia, ya que no apa-recían en la base de datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.

Según Gustavo Gallardo, de la Fundación Lazos de Dignidad, estos testigos “no son reinser-tados, nunca fueron guerrille-ros, son testigos pagos de la fiscalía en Ibagué. Son merce-narios: utilizan a estos mismos testigos en otros procesos, por eso hay que cortar esto de raíz y se radicó la denuncia ante la Fiscalía General”.

Dentro de este proceso tam-bién fue capturado José Nor-bey Lugo Caballero, pero como fue torturado por el Ejército Nacional y obligado a aceptar cargos, su proceso fue trasla-dado a un juzgado en Chapa-rral, donde se deberá tener en cuenta la sentencia del juzgado de Ibagué.

El 25 de abril se acogió el testi-monio del comandante Estiven, del Frente 21 de las FARC, cap-turado hace unos meses, quien afirmó no conocer a ningún testigo de la parte acusadora, salvo a Lucero Váquiro, herma-na de un desertor de la guerri-lla conocido como Navarro. De los acusados, dijo referenciar-los como líderes comunitarios pero que jamás formaron parte de la estructura guerrillera.

Basta de persecución a Astracatol Existe una persecución contra los campesinos organizados: hay redadas masivas, les montan jui-cios y luego los dejan ir por falta de méritos.

Se les persigue por ser miembros del sindicato campesino, por participar en la organización comunitaria, y por oponerse al proyecto hidroeléc-trico de Isagén en el alto Ambeima.

El 4 de marzo, los dirigentes de Astracatol Maribel Oviedo, Onán Cortés y Osiel Giraldo fueron re-tenidos en el corregimiento de Riomanso, municipio de Rovira, por efectivos militares de la Sex-ta Brigada. Fueron liberados en 24 horas, pero antes amenaza-dos y atormentados.

Luego del paro cafetero (febre-ro-marzo), también se docu-

mentaron amenazas y acoso por parte de la Fuerza Pública contra los dirigentes de estas jornadas.

El 9 de mayo fueron capturados ocho dirigentes de Astracatol de Dolores: Ramiro Bazurdo Gon-zález, Guillermo Antonio Cano Borja, Floricel Buitrago Can-grejo, Norberto García García, Gonzalo Ernesto Pastor Mora, Constantino Mayorga García, José Guillermo Pacheco Cruz y Edilberto Mayorga García.

Guillermo Cano coordina el área de Derechos Humanos de As-tracatol y una semana antes ha-bía estado en el Foro sobre Parti-cipación Política organizado por el PNUD en el marco del proceso de paz de La Habana.

Estos campesinos son acusados de pertenecer al Frente 25 de las FARC, aunque en julio del 2011 el Ejército había anunciado que dicha estructura había sido des-articulada.

¿En qué quedamos? ¿El Frente 25 existe o no existe? ¿Desapa-rece y vuelve a aparecer cuando les conviene?

Por la persecución constante en contra de Astracatol, más de 300 personalidades firmaron una carta internacional de solidari-dad, en protesta ante la arbitra-riedad de las autoridades.

El apoyo a los campesinos per-seguidos es clave en el pulso en-tre el movimiento popular que busca la paz con justicia social y el régimen oligárquico. La lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad.


El caso Snowden y el ciberespionaje gringoPor Agencia Prensa Rural

El nombre de Edward Snowden era desconoci-do en todo el mundo has-

ta hace pocas semanas, cuando filtró documentos secretos en los que se evidencia la forma en la que las autoridades de los Es-tados Unidos espían a los usua-rios de internet.

Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dio a conocer archivos clasificados en los que se mues-tran escabrosos mecanismos de ciberespionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés) del gobierno estadounidense contra los na-vegantes de la web.

El caso ha desatado una gran polémica internacional y una crisis diplomática que ha revi-vido por momentos la época de la guerra fría. Snowden abando-nó su sitio de trabajo en Hawái, pasó por Hong Kong y China, y finalmente llegó a Rusia, donde pasó varias semanas en el aero-puerto de Moscú hasta que reci-bió asilo temporal del gobierno de ese país, lo que causó friccio-nes con Estados Unidos.

Las “chuzadas”de Obama

En junio, Snowden dio a cono-cer al mundo un poderoso pro-grama para intervenir la infor-mación personal de millones de usuarios de internet. En los diarios “The Guardian” y “The Washington Post” fueron pu-

blicados artículos que revelan cómo, según documentos de la NSA, esa agencia puede acce-der a bases de datos con correos electrónicos, chats e historial de búsqueda y navegación.

El programa se llama Prism y usa una aplicación denominada XKeyscore con la que se puede acceder a “casi todo lo que un usuario típico hace en internet”, según uno de los documentos de la NSA.

“Yo, sentado en mi escritorio, tenía la facultad de intervenir al que fuera, desde un contador hasta un juez federal e incluso el presidente", dijo Snowden, quien explicó que no quiere “vi-vir en un mundo donde se regis-tra todo lo que hago y digo”.

Según los documentos filtrados, un analista de la NSA puede ver sin autorización las bandejas de entrada y salida de cualquier persona sólo con tener su direc-ción de correo electrónico. Ade-más, el historial de búsqueda de internet con su nombre, direc-ción IP y palabras clave, entre otros datos.

Por si fuera poco, con otra he-rramienta llamada DNI Presen-ter, la NSA puede leer conversa-ciones privadas y chats en Face-book o cualquier otra red social con el nombre del usuario.

El plan de ciberespionaje, crea-do en el 2007, permite acceder a información de empresas y sitios como AOL, Apple, Face-

book, Google, Microsoft, Skype, Yahoo y YouTube, entre otros. Y según se ha conocido, afectó a sedes diplomáticas, gobiernos y ciudadanos de todo el mundo.

Impacto

Las revelaciones sobre el plan de ciberespionaje de la NSA pu-sieron en tela de juicio los mé-todos que usa la inteligencia estadounidense, aunque no han causado el mismo impacto como otras recientes filtraciones, como las que hizo el soldado Bradley Manning a través Wiki-leaks sobre crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak. O la publi-cación por parte del mismo Wi-kileaks de miles de cables de la diplomacia estadounidense.

Además, la filtración de Snow-den es sobre lo que se conoce como metainformación. Es de-cir, da cuenta de cómo se hace

inteligencia, pero no lo que esa inteligencia revela. En otras pa-labras, explica el método del es-pionaje pero no da la informa-ción que se ha recabado.

El presidente Barack Obama parece haber cedido ante las críticas, pues el pasado 9 de agosto prometió “más transpa-rencia” en la NSA. El mandata-rio anunció una revisión de los programas de vigilancia de su gobierno y dijo que atenderá las preocupaciones por el respeto de las libertades civiles.

Pero Obama también expli-có que su gobierno no está in-teresado en espiar a personas comunes y corrientes, y que la vigilancia tiene el objetivo de “proteger” a Estados Unidos y a sus aliados. El presidente de la mayor potencia mundial justifi-có así la existencia de estos pla-nes, lo que indica que el ciberes-pionaje continuará.

Cumbre antiimperialista en BoliviaPor Agencia Prensa Rural

La ciudad de Cochabamba fue el escenario en donde unas 2.000 personas de toda Bo-

livia y de más de 15 países de Amé-rica Latina, Asia y Europa celebra-ron la Cumbre Antiimperialista y Anticolonialista, clausurada por el presidente anfitrión, Evo Morales, el pasado 2 de agosto.

En el exitoso encuentro se for-mularon estrategias para afron-

tar la reciente ofensiva imperia-lista estadounidense, que se ha materializado en hechos como el apoyo a golpes de Estado contra gobiernos progresistas, el incremento de la presencia militar y la promoción de las políticas neoliberales.

En Cochabamba se analizaron las nuevas formas de intervención estadounidense en la región, que

ya no se da a través de los clásicos golpes militares, sino en formas desestabilizadoras que se valen de los medios de comunicación y de los poderes legislativo y ju-dicial, como pasó en Honduras y Paraguay.

La cumbre planteó la necesidad de conformar un instrumento político antiimperialista lati-noamericano, lo que implica la

unidad no sólo entre los gobier-nos progresistas, sino de los mo-vimientos sociales y populares. Además llamó a profundizar la integración política y económi-ca, y pidió el levantamiento de las bases gringas de la región. El evento fue convocado a princi-pios de julio con el fin de con-denar el bloqueo que sufrió Evo a su regreso de Europa el 2 de julio pasado.


En defensa de César JerezPor Leonardo León / Agencia Prensa Rural

Luego de que la Asociación Campesina del Catatum-bo se cansara de los in-

cumplimientos del ministerio de agricultura, se declaró una huelga contra la erradicación no concertada de coca y por la constitución de la zona de reser-va campesina que el gobierno se ha negado a declarar.

La respuesta a las peticiones no ha sido a la luz de la razón y el diálogo por parte del gobierno sino que ha sido la violencia y la combinación de todas las formas de terrorismo de Estado. Cuatro campesinos han sido asesinados y decenas más de heridos por las fuerzas armadas durante la actual crisis, que se suman a los más de 11.000 labriegos de la región que el paramilitarismo, en cabeza del bloque Catatum-bo, masacró, dejando más de 70.000 desplazados en la región.

Como las balas asesinas del Es-tado no han podido vencer la resistencia del campesinado, el régimen ha recurrido nueva-mente a la estigmatización, el señalamiento y la calumnia por medio de su aparato mediático (Caracol RCN, El Tiempo, en-tre otros) que se ha dedicado a ocultar los muertos, defender a los victimarios y criminalizar la protesta.

Han dicho que los campesinos están armados pero, gracias al valeroso trabajo de medios como Telesur y Prensa Rural, una parte del pueblo colombia-no ha podido ver la realidad de los hechos demostrando que los medios del establecimiento mienten descaradamente.

También han afirmado que la protesta está infiltrada y la ver-dad es que sí pero al revés de lo que el establecimiento dice. Hay varios videos y fotografías en la red que muestran paramilitares armados con cámaras y pistolas al lado de los uniformados pero ni una sola prueba de que los campesinos porten un solo ex-plosivo o algún revolver.

Ahora la estrategia es volver a la vieja mentira de los compu-

tadores mágicos. Varios medios han repetido la mentira de que las Farc están obligando a los campesinos a protestar, que in-formes de "inteligencia" mili-tar así lo indican e incluso dan nombres de quienes serían los comandantes a cargo.

Luego el ministro de guerra sa-lió a declarar que los líderes de las protestas no son campesi-nos sino que vienen de Europa (¡luego de que los medios ha-bían acabado de decir que era del monte!), en una clara refe-rencia al vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc.

Para no generar sospechas, la Agencia Prensa Rural publi-có con fotos, los perfiles de los voceros de los campesinos en-tre los que se encuentran, claro está, César Jerez.

El régimen ha perseguido a César desde hace tiempo por medio de calumnias origina-das por los representantes de la extrema derecha José Obdu-lio Gaviria y Fernando Londo-ño, ambos íntimos amigos del expresidente Álvaro Uribe. El primero, el Goebbels colombia-no y el segundo, el "héroe de Invercolsa", un fanático fascis-ta y corrupto que aún le debe

millones al Estado mientras cuenta fantásticas historias de Colombia que sólo él en su ce-guera ideológica cree.

Jerez fue relacionado con el mágico computador de Raúl Reyes como relacionista de las Farc en Europa pero no hubo ninguna prueba concreta y no hay ningún proceso vigente sobre el caso. Es geólogo de la Academia Estatal Azerbaija-na de Petróleos con maestría en geología industrial de pe-tróleo y gas en Bakú. El esta-blecimiento no "autoriza" que alguien con formación acadé-mica pueda representar a los campesinos y mucho menos si fue en la URSS como si aún vi-viéramos en la guerra fría.

Si bien Jerez no "ejerce" labores del campo, ha sido un destaca-do líder agrario que contribuyó a la construcción del plan de desarrollo del valle del río Ci-mitarra en 1998 y actualmente ha logrado una destacada labor en Anzorc, defendiendo con ar-gumentos la figura de zonas de reserva campesina. Mientras el gobierno pone burócratas y tec-nócratas al frente de los temas agrarios, se le hace extraño que el campesinado no pueda tener sus propios intelectuales. Por eso es que Ascamcat designó

como vocero a César aunque no haga parte orgánica de la aso-ciación.

Al ministro de guerra no le pa-rece que un académico defien-da los intereses del campesi-nado pero sí que el Ministerio de Defensa tenga capacidad de veto de un plan de desarro-llo económico, reduciendo las problemáticas causadas por el abandono estatal a un simple problema de orden público.

Además César es co-fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural, un medio que también es atacado sistemáticamente tan-to por las mentiras del régimen como por sus hackers que con-tinuamente logran sacarla de la red por algunos momentos.

Mientras el régimen señala y es-tigmatiza, el campesinado avan-za y obliga al gobierno a sentarse a dialogar sobre sus problemas. Esperemos que la Mesa de Inter-locución y Acuerdo llegue a feliz término, que el poder militar y el poder mediático cesen sus ac-ciones de odio contra el campe-sinado y que la zona de reserva campesina para el Catatumbo sea una realidad para frenar la gran minería y el latifundio en beneficio de las comunidades que sólo quieren vivir en paz.

Fotografía: El Espectador


¿Democratizar los medios de comunicación?Por Santiago Peña Aranza*

El pasado siete de agosto, desde La Habana, Cuba, la delegación de paz de la

guerrilla de las FARC presentó sus “diez propuestas mínimas para la democratización de la in-formación y la comunicación y de los medios masivos de comunica-ción”.

Estas diez propuestas, a mi juicio, son muy importantes porque sin democratizar los medios masivos de comunicación y la informa-ción, va a ser imposible que esa organización vaya a tener algún futuro político en un país como Colombia. Si difícilmente tiene un buen cubrimiento lo que hace la izquierda legal y democrática hoy, las FARC menos lo van a te-ner al dejar las armas.

No nos digamos mentiras. Así haya habido duros golpes, ni la fuerza pública ha podido derrotar a las FARC, ni viceversa. La gue-rra que perdieron las guerrillas fue la mediática. El triunfo sobre la insurgencia se dio en el campo de la propaganda. El Estado lo-gró construir e imponer, gracias a los grandes medios y los errores de la guerrilla, unos significados a la sociedad colombiana en ge-neral y estas no.

“Los ejércitos son inservibles y cualquier pueblo puede derrotar-los” dijo Fidel Castro alguna vez. Esta frase resume simplemente que para el triunfo de una fuerza política, las armas están de más y lo que realmente importa es el apoyo popular (entendido más allá de un simple voto). Y con esto no quiero decir que la fuerza pública lo tenga en su totalidad, lo que quiero decir es que gracias a la propaganda estatal, entre otras cosas que no desconozco (los errores), las FARC no tienen el apoyo popular suficiente para lograr una victoria por la vía ar-mada. El Estado, que ha logrado construir su legitimidad parcial, ha logrado impedir que la guerri-lla construya la suya.

Y quizá tengan un respaldo signi-ficativo en sectores rurales, y su lucha sea legítima para algunos o muchos, pero en un país centra-lista como Colombia, el grueso de la población –y donde se toman las grandes decisiones- está en las principales ciudades, espe-

cialmente en Bogotá, Cali y Me-dellín. Y en ellas los ciudadanos están alejados del campo y de los problemas rurales, y están en contacto permanente con unos medios de comunicación que re-saltan y condenan enfáticamente los crímenes de la guerrilla pero se hacen generalmente los de la vista gorda con los crímenes de Estado, con las injusticias socia-les, con las necesidades popu-lares. No hay que olvidar que el Estado pauta en los medios y las FARC no.

Con o sin FARC, los medios de-ben democratizarse

Como el Estado colombiano logró construir e imponer sus significa-dos a la sociedad en general, esta ya ni siquiera se molesta en anali-zar las propuestas de la guerrilla. Es por esto que seguramente esta propuesta de democratización de los medios será descartada ta-jantemente por la ciudadanía en general. Los medios de comuni-cación obviamente la rechazarán porque afecta su excelente nego-cio de la información y el entre-tenimiento. El Tiempo ya la re-chazó en un editorial, y la FLIP, la APA y el CPB (reconocidas organizaciones gremiales de pe-riodistas de grandes medios) ya hicieron sus críticas. Ignacio Gó-mez, periodista de Noticias Uno y presidente de la FLIP, afirma que más que democratizar, lo que hay que hacer es “crear más medios”, pero ¿estarán los grandes medios

dispuestos a compartir la gran torta de la pauta publicitaria?

Y como las propuestas emitidas por las FARC son descartadas de plano sin análisis previo, debo decir que con o sin las FARC, en cualquier país del mundo que pretenda ser democrático, es ne-cesario democratizar los medios.

Es que un Estado democrático es aquel en el que el poder está regulado y equilibrado para im-pedir que se cometan abusos.

Por eso Montesquieu propuso la tripartición del poder públi-co, para que el poder –divido en ramas- se controlara a sí mis-mo. Pero esta teoría de pesos y contra pesos es obsoleta en los Estados de hoy, donde el po-der privado ha emergido como una fuerza mucho más podero-sa que el poder público, y parte de este poder privado radica en los grandes medios de comuni-cación.

Empresarios y banqueros pode-rosos no se contentan con sus actividades originales y com-pran acciones en medios de co-municación. El espíritu original de la prensa y el periodismo pierde su sentido romántico y libertario, y pasa a ser entendi-do como negocio, poder y pro-paganda. Hoy la pauta manda y el publirreportaje es la piel de oveja que se ponen muchos lo-bos con capacidad de pago.

La democratización es necesaria para restarle poder a los grandes medios, banqueros, empresarios y políticos tradicionales. Para evitar la concentración del po-der y los abusos. Democratizar los medios es darle a los ciuda-danos más opciones para infor-marse, es permitirle a los medios alternativos surgir y no morir en el intento de competir contra los grandes, es dar acceso por igual a gobierno y oposición, es darle voz a los que tienen voz pero no dan rating. Es privilegiar la cultura

como una forma de educar para la paz, por encima de las grandes producciones que enaltecen la violencia y la cultura mafiosa del dinero fácil, las tetas operadas y el narcotráfico.

Democratizar los medios es nece-sario para tener un país más inclu-yente. Ahora, lo que hay que deba-tir es esa propuesta y contrastarla con otras que haga el gobierno, la sociedad civil, los grandes medios y sobretodo los medios alternati-vos. No nos quedemos entonces en la posición facilista y mediocre de pensar que “como lo dijeron las FARC y las FARC son narco terroristas, entonces no vale ni la pena debatirlo”.

*Periodista y PolitólogoDirector de La Tribuna ColombiaTwitter: @SantiagoPeye

Twitter: @LaTribunaColFacebook: La Tribuna Colombia

Imagen: Zurriago


Perspectivas y panoramasde la industria minero energética

Por Lenin F. Patiño Gutiérrez *

- ¿Qué situaciones particu-lares se encuentran los estu-diantes al salir al mercado laboral, consideran que es-tán lo suficientemente pre-parados, que dificultades se repiten en la mayoría de los casos?

Colombia es un país exporta-dor de materia prima y mine-rales preciosos esto sostiene en parte nuestra economía frente a otros países, pero esta susodi-cha tabla de salvación no es más que una espada de doble filo, ya que exportamos materia prima a un precio mínimo mientras los otros países las transforman en bienes y servicios que termi-namos comprando a más del doble de su valor real, por otro lado les damos a las empresas extranjeras todas las condicio-nes para que se lleven sin com-plicaciones nuestras riquezas minero energéticas; todo esto hace que la economía de un país como Colombia no progrese o lo haga de manera muy lenta, la malversación de fondos, el narcotráfico, la deuda externa que tiene Colombia que actúa como un contrapeso a nuestra economía, sin mencionar la dis-tribución interna de activos, el desempleo, la fuerte suma de dinero para mantener un siste-ma militar que le sirve a las cla-ses más favorecidas, las grandes extensiones de tierra utilizadas para la ganadería extensiva, el desplazamiento forzado pro-ducto de la intolerancia, la am-bición de poder y control, la abundada y abismal corrupción política en la que está sumida nuestro país.

- ¿Consideran que los estu-diantes conocen todos los campos de acción en los que se pueden desempeñar den-tro de sector?

La industria minero energética en Colombia está enmarcado en grandes alternativas y posibili-dades para el desarrollo y evo-lución de nuestro país ya que a través de los últimos aconteci-mientos ocurridos a través de la implementación de varios

recursos energéticos se está cambiando la mentalidad de la utilización de nuevas fuentes de energía como lo es la del gas, es menester mencionar que la industria gasífera se ha venido implementando y posicionando cotidianamente en nuestro que hacer y desarrollo tecnológico de nuestras empresas, medios masivos de transporte, necesi-dades de hogares, diversas apli-caciones en la industria, el co-mercio, la generación eléctrica, el sector residencial el transpor-te de pasajeros y la reutilización para la industria petrolera.

- Es cierto que la formación de los profesionales depen-de en mayor porcentaje de las universidades, pero ¿Qué creen que deben hacer los estudiantes de manera particular para así asegu-rar una mayor competitivi-dad dentro del sector?

No debemos quedarnos con lo aprendido únicamente en la universidad, debemos ser unos futuros profesionales íntegros, se deben plantear estrategias para buscar reales cambios y alternativas en el desarrollo del país, crear empresa y generar trabajo, de incidir fuertemen-te en las determinaciones de la industria y de la política mine-ro energética; además de apro-piarnos he interiorizar en lo nuestro no solo en esta temática

ambiental y minero energéti-ca, sino en otros campos como nuestra educación, vías públi-cas y riquezas, recordemos que el ser colombiano implica un orgullo y la capacidad de ad-ministrar y cuidar lo nuestro, colombianos somos todos y de todos dependen las garantías de nuestras generaciones futuras.

- Se espera que la futura producción de hidrocarbu-ros en el país se concentre en los proyectos denomina-dos como no convencionales y en las áreas Costa Afuera, ambas son ramas de la in-dustria aún no se han desa-rrollado completamente en el país, ¿Creen que los cen-tros de formación ya están dirigiendo la preparación de sus estudiantes hacia estas dos ramas del sector para que sus profesionales puedan cubrir una futura demanda de talento?

Actualmente existen algunas propuestas y proyectos en el país que vendrán a remplazar el agudo proceso de la crisis ener-gética mundial, estas reflexio-nes sobre los pro y los contra de la política petrolera en Co-lombia habré un escenario de debate del quehacer de la nueva industria y de las proyecciones de la empresa del estado ECO-PETROL llamado a buscar es-trategias de la nueva oleada de

cambios bruscos de la evolución del futuro de la geopolítica y la política petrolera, sobre todo en la exploración y explotación, situación que somete a pautar convenios necesariamente con todos los sectores sociales y así estar respaldado por las comu-nidades que se están viendo afectadas fuertemente en los últimos tiempos, estos escena-rios se deben propiciar y reali-zar para así estratégicamente desarrollar en conjunto las ne-cesidades de los pueblos lati-noamericanos, debemos pensar más en lo nuestro, prepararnos para los tiempos difíciles, regu-lar el consumo y propender por darle un mayor aprovechamien-to a esta tan importante fuente energética que poseemos en el país; construyendo una ley mar-co de hidrocarburos construida entre todos, incluyente, sin pre-determinaciones, ni intereses particulares.

Por tanto pienso que el desarro-llo de una política de explora-ción y explotación ligada a una ley marco Minero Energética y Ambiental; de los hidrocar-buros, de yacimientos de gas, de los proyectos denominados como no convencionales y en general le darían al país una gran posibilidad de seguir pen-sando en utilizar estos medios energéticos, es por ello que la implementación de nuevas tec-nologías como la sísmica 3D, la perforación direccional y el recobro mejorado acompaña-dos estos procesos de profesio-nales idóneos como geólogos e ingenieros de petróleos orienta-dos por unas políticas Marco o Leyes orgánicas que deben ser herramientas que permitirán constantemente evolucionar mejor esta industria de nues-tros recursos naturales a favor de lo nuestro y que necesaria-mente se deben tener en cuenta para el desarrollo del país y ser utilizadas para la sociedad.

* Miembro:CAEM.Centro de altos estudios minero energéticos

Fotografía: Documental Amarillo


La paz de Colombia y otros demoniosPor Milena Ricaurte B.

Siempre me ha gustado Ga-briel García Márquez, su realismo mágico es mas

realismo que magia, me encanta la manera como vuelve sorpren-dentes los pueblos polvorien-tos del Caribe, allí donde unas cuantas familias de adueñaron de la mayor parte de las tierras productivas para cultivar vacas y palmas, ese Caribe olvidado que tan orgullosamente se ha-bla en todo el país, pero que no cuenta con agua potable, ni ca-rreteras, ni escuelas, pero cuen-ta con un Nobel, con la leyenda de Francisco el hombre, el Pibe y Estercita Forero. Pero no solo evoco a Gabito por su maravillo-sa narración, sino por su célebre Macondo, si Macondo es el refle-jo de este país, y más ahora que estamos en diálogos de paz.

La Frase, “la paz de Colombia”, se ha incluido en el discurso de cuanto político de turno se ha disputado la presidencia de la república, una alcaldía, goberna-ción o junta de acción comunal, en las oraciones de todos los cre-dos, en todas las iglesias ya sean grandes catedrales o pequeños garajes, en las respuestas de las reinas de belleza, en las cancio-

nes de Juanes, en los murales de las escuelas, en fin, esta frase ha sido incluida y utilizada duran-te muchísimos años, y ahora, cuando estamos en diálogos de paz, nos quedamos anonadados como inertes pensando que en verdad Santos tenia la llavecita de la paz y que las FARC enten-dieron después de 50 años que eran el problema. Bueno, esto es lo que dice RCN y Caracol y hay gente que les cree que son medios de comunicación serios y responsables, otros pensamos diferente.

Lo cierto, es que esta célebre fra-se tiene otros demonios y se lla-man reformas: de educación, tri-butaria, de justicia, las locomo-toras del progreso, los tratados de libre comercio con E.U y Eu-ropa y el más reciente que llego cargado de impunidad el fuero militar, que legitima y favorece todos los desmanes y atropellos de las fuerzas militares contra la población civil. Yo digo que estas serian como los siete jinetes del apocalipsis que llegan con toda para imponerle al pueblo colom-biano la impunidad, el daño am-biental, el despojo de sus tierras y la pobreza, desde el afortuna-

do asalariado que tiene la fortu-na de ganarse el más alto sala-rio mínimo en dólares, según el brillante ministro de hacienda, hasta el que tiene la desventu-ra que su salario no llega hacer mínimo, pasando por el campe-sino, la indígena, los afros y en general a todos la gran mayoría de colombianos y colombianas que se esfuerzan por subsistir y que hacen parte de ese gran 56% de la población pobre, cifra que ni el DANE ha podido maquillar.

Creo que la paz de Colombia no se resume en un dialogo entre dos de los actores involucrados en la disputa armada, y los es-fuerzos para alcanzarla no se li-mitan a la pantomima que hipó-critamente muestran los medios de comunicación nacionales y locales, mostrando solamente un lado de la moneda, la discusión debe llegar al escenario público, a las calles, a los barrios vulne-rables, a las veredas, allí es don-de también se debe dar el debate frente a la paz que anhelamos y necesitamos, desde el recono-cimiento que esta guerra que padecemos desde hace más de medio siglo no se origina por la insurgencia comunista, sino que

precisamente esta consecuencia de un profundo conflicto social y político causado en gran medida por el despojo de la tierra y por la exclusión de la mayoría de las gentes de la discusión y partici-pación política y económica. Yo me pregunto ¿cuál será la paz que el Dr. Santos, “el cerraje-ro de la paz”, propone desde los micrófonos? Y me respondo a mí misma: seguramente será la que permita que esas instituciones que han permanecido, inamovi-bles y totalmente cerradas para el pueblo continúen ejerciendo el poder gubernamental, o quizás sea la que permita las garantías de seguridad para invertir, para que las multinacionales de todo el mundo vengan acabar con toda la selva y se lleven todos nuestros recursos.

Estos serían los demonios más grandes que acompañan el pro-ceses de paz, estos que son los que conforman un andamiaje de leyes que legitiman la acumula-ción de la tierra, la impunidad de los horrores del terrorismo de Estado, la represión y perse-cución del movimiento social. Amanecerá y veremos en el país del sagrado corazón.

Comunicación AlternativaJunio - Agosto 201322

Rompiendo el cerco mediáticoPor Marcelo Molano/ Agencia Prensa Rural / ITV

La lucha social y política de los campesinos en el Cata-tumbo duró 53 días, dejó

4 muertos y casi un centenar de heridos, fue un espacio donde los medios alternativos jugamos un papel de vital importancia para visibilizar e informar las peticio-nes campesinas.

Por primera vez los protestantes sintieron que nos estaban solos, que tenían medios de comuni-cación que estaban informando desde su posición y que acom-pañaban de manera fraterna su quehacer diario, su organización, sus reclamos y toda su protesta. Pero tal vez, una de las cosas mas importantes que se dio los días de movilización fue lograr rom-per el cerco mediático impuesto por las grandes corporaciones de la comunicación y que durante los primeros 10 días de la protes-ta mantuvieron un silencio sepul-cral, con el interés evidente de invisibilizar lo que allí sucedía.

La razón de cómo llego a romper-se el cerco, solo puede explicar-se por la mezcla de dos factores fundamentales. Por un lado el acompañamiento permanente y decidido de los periodistas en 53 días del Catatumbo, y el segundo, por un trabajo dedicado y juicio-so en las redes sociales. Hay que destacar aquí el papel que jugo la alianza de medios por la paz.

Desde el segundo día, periodistas de ITV y Prensa Rural, se hicie-ron presentes en Tibú, Norte de Santander, para informar las ra-zones del levantamiento campe-sino. Estos primeros días estuvie-ron marcados por choques con el cuerpo policial, ESMAD, que buscaba desalojarlos del caserío conocido como “La Cuatro”. Allí se dieron los primeros disparos intimidatorios contra los campe-sinos y que eran, en alguna medi-da, una advertencia de lo que se venia.

La fuerza de los campesinos de Catatumbo y el silencio mediáti-co sobre la protesta llevo a tomar la decisión de bloquear un segun-do punto neurálgico para la eco-nomía del país, la vía al mar en Ocaña. Hasta este punto también nos desplazamos periodistas de prensa Rural, ITV y Cine Latina que acompañamos la moviliza-ción.

La estrategia que impone el go-bierno y el establecimiento frente a estas situaciones pasa por una serie de medidas y acciones: La primera es no darle visibilidad mediática a la situación y así evi-tar que el país se entere de lo que esta pasando. La segunda, es re-primir por medio del ESMAD a las comunidades. Cuando se apli-ca la fuerza de manera tan severa y con el silencio de los medios,

los agentes suelen cometer todo tipo de abusos y arbitrariedades que se alejan de su función cons-titucional y violan de manera sis-temática los Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-nitario.

Estas violaciones, en la medida de que suceden ante el silencio cómplice de gran prensa termi-nan en la impunidad mas abso-luta. El colombiano del común, entretenido por los partidos de la selección Colombia y las modelos piernonas que desfilan a diario por los noticieros o los realitis, apenas se entera que existe una problemática social y menos aún la reprimenda desmedida y exa-gerada por miembros de la Poli-cía Nacional cuya función debe-ría ser la de proteger a la pobla-ción civil.

En el caso del Catatumbo esta ecuación se rompió. El estable-cimiento no contó, o no le dio importancia al hecho de la pre-sencia de los medios alternativos de comunicación, menospreció el poder de difusión de los mismos y mantuvo su estrategia.

Los dos primeros campesinos muertos en el paro se cayeron en el Aeropuerto, tras un enfrenta-miento que duro más de diez ho-ras. Los campesinos con la firme convicción de bloquear la llegada de aviones militares, que abas-tecían de hombres y armas a las

fuerzas del ESMAD, lograron to-mar la pista, los helicópteros de la policía lanzaban granadas de aturdimiento y gases lacrimóge-nos sobre las cabezas de los cam-pesinos que armados con cau-cheras y palos hacían retroceder a los hombres en tierra.

Cuando los campesinos estaban a menos de 50 metros de las ins-talaciones sonaron los primeros disparos, unos segundos de silen-cio y volvieron a sonar ráfagas de fusil, los campesinos atemoriza-dos empezaron a retroceder, las balas caían, levantaban el polvo de la tierra a sus pies y no tuvie-ron otra alternativa que replegar-se tratando de salvar sus vidas. Sobre la carretera empezaron a llegar heridos agonizantes, la angustia se apodero de todos mientras se escuchaban gritos llamando ambulancias, las cá-maras de los medios alternativos registramos todo con un nudo en la garganta y haciendo de tripas corazón, fuimos testigos de dos muertes y siete heridos por balas institucionales.

El desconcierto se hizo evidente, la rabia y la impotencia asaltó al campesinado. Esa misma tarde los videos fueron editados y subi-dos a los canales de difusión y en menos de 3 horas, 10 mil perso-nas reproducían los videos y los compartían, en 12 horas cientos de miles de colombianos vieron con dolor las aterradoras imáge-nes. Los medios de comunicación en su estrategia de silencio se vieron obligados a hablar de las protestas y los muertos. El cerco estaba roto y el Catatumbo reso-nó por el país.

Muchos colombianos jamás ha-bían oído hablar de una región llamada Catatumbo y menos aun que allí vivían campesinos, y que esos campesinos estaban protes-tando por el abandono estatal, que esos campesinos llevaban muchas décadas habitando esas montañas y que de esas mismas montañas el gobierno extrae des-de hace 80 años petróleo y car-bón, pero que allí mismo no hay puestos de salud, no hay carrete-ras, no hay escuelas, no hay agua potable, que el estado solo hace presencia allí por medio de las fuerzas armadas, que pisotean y violentan diariamente a los cam-pesinos, que los detienen y los acusan de delito de rebelión, los

Fotografía: Agencia Prensa Rural - Marcha Patriotica sigue en la página 21

Comunicación Alternativa 23Junio - Agosto 2013

Jaime Garzón un luchador por la paz “Olvidar es matar dos veces”

Por Sebastián Barragán / Agencia Prensa Rural

“¿Cómo sería el país si Jaime Garzón estuviera vivo?”. Esta es una pregunta que

no solo se hacen los más críticos al Estado, sino que es una pre-gunta que ha recorrido y recorre los diferentes hogares colombia-nos.

Por mucho tiempo Jaime Garzón fue la conciencia crítica de la so-ciedad colombiana; sus sátiras e imitaciones a los políticos de turno y a las diferentes persona-lidades influyentes en la política nacional permitían a los y las co-lombianas mirar desde otra óp-tica la realidad en la que vivían. Sus personajes siempre tenían una dosis de realidad y de ficción pero esta mezcla resultaba propia para el cambiante y cruel contex-to político y social colombiano.

A lo largo de la década del noven-ta del pasado siglo, Jaime Garzón se convirtió a fuerza de chiste y chanza, en una de las personas más influyentes y reconocidas por las y los colombianos. Jaime Garzón no hacía otra cosa que “burlarse en serio” de las diferen-tes problemáticas que aquejaban al país, empezando por la corrup-ción y avaricia de los políticos y sus partidos tradicionales, contra quienes nunca tuvo reparo en ha-cer quedar en ridículo, así como a los militares adictos a la guerra y al poder, a los que ridiculizo

por sus constantes ataques a la prensa, la justicia y la oposición democrática.

Pero Jaime Garzón no solo es recordado por su humor crítico y sus imitaciones a los políticos de turno, sino que también se le recuerda como un incansable luchador por la paz. Desde sus tiempos como Alcalde menor de la localidad de Sumapaz, locali-dad de Bogotá que colinda con los departamentos de Cundinamar-ca, Huila y Meta y que alberga al

Paramo más grande del mundo, Jaime Garzón había abogado por la liberación de un conocido suyo retenido por las FARC en la re-gión de Sumapaz, región histórica para el movimiento insurgente.

Desde entonces Garzón no dejo de colaborar a las familias de quienes tenían algún retenido por la insurgencia, pero claro está, de frente a la instituciona-lidad y acompañado por esta. Su labor humanitaria lo llevo en cierta ocasión a poner en riesgo

su vida, pero esta vez no directa-mente relacionada con la política y su ideología, sino porque por dirigirse a alta velocidad por una de las tantas trochas que comu-nican al Meta, Garzón se estrelló de frente contra una buseta de la “Flota la Macarena” donde resul-to con sus piernas rotas.

Fue esta labor, la de luchar y abogar por salidas dialogadas y concertadas al conflicto, la que desencadeno su muerte, además

masacran y los matan para pre-sentarlos cono guerrilleros dados de baja. El país se entero que es-tos campesinos protestaban y te-nían razones para protestar.

Para justificar la masacre, el Ge-neral Palomino, hoy director de la policía y quien tendrá que dar ex-plicaciones ante la justicia, pues fue quien dirigió los operativos en Ocaña y Tibú, salio a justificar la masacre por todos los medios masivos de comunicación, con la tesis de que esos no eran cam-pesinos sino guerrilleros de civil, tarde, el país ya había vistos por los Medios Alternativos los ros-tros de miles de campesinos que protestaban con razones justas, el colombiano de a pie no le creyó al General, sin embargo fue esta la amenaza para justificar las se-

Fotografía: Diego Hernan Perez

gunda masacre que se preparaba minuciosamente para los días si-guientes sobre la vía de Ocaña al caserío de Aguas Claras, junto al cementerio.

La Policía Nacional y el ESMAD prepararon una emboscada a los campesinos, los atrajeron y los entraron en la trampa, una vez allí volvieron a sonar las ame-tralladoras, las balas zumbaban sobre sus cabezas que presas del miedo replegándose desordena-damente. La Policía los siguió y cazo como animales, las cámaras de la Prensa Alternativa, una vez más, registramos la muerte y el dolor de los campesinos, el des-concierto y la angustia.

Nuevamente, las dolorosas imá-genes, se vieron por todo el país y

el mundo como una avalancha, la gente salió a solidarizarse con los campesinos y a reclamarle al es-tado por la sevicia con que actua-ron las fuerzas de policía. Todo el país tenia los ojos en el Catatum-bo. Los medios no tuvieron otra opción que trasmitir desde su lí-nea editorial lo que pasaba, “que fue fuego cruzado”, “que los cam-pesinos son guerrilleros”, “que los lideres de la protesta son peli-grosos guerrilleros entrenados en URSS”, etc.

El país no les creyó, tuvieron que cambiar el libreto. A raíz de esto, los Periodistas Alternati-vos fuimos atacados sistemáti-camente por la fuerza pública mientras cubríamos las protes-tas. Violación a la libertad de prensa y a los tratados interna-

cionales. La labor de la prensa alternativa fue gigante, puso al país en conocimiento de lo que sucedía. Hoy, el establecimien-to esta notificado de que ya no pueden actuar con la misma im-punidad con que lo vienen ha-ciendo.

En vísperas del paro agrario que amenaza con ser uno de los mas grandes de la historia, el papel que debemos jugar como pren-sa alternativa no puede ser in-ferior a lo ya hecho, éxito en su labor a todos y cada uno de los periodistas alternativos que se preparan para cubrir por todo el territorio nacional esta jorna-da histórica. Por que debemos construir un país del tamaño de nuestros sueños, movilización y lucha comunicacional.


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MemoriaJunio - Agosto 201324

de su constante critica y audacia para presentar una opinión alter-nativa a la de los medios masivos y políticos tradicionales. Por el año 1998 Jaime Garzón se invo-lucra como facilitador de la libe-ración de 38 personas entras la que se encontraban 4 norteame-ricanos. El trabajo de Garzón em-pezó a convertirse en una amena-za real para los mandos militares, especialmente el General Alfredo Mora Rangel, quien pide al en-tonces al zar antisecuestro inves-tigar a Garzón por sus nexos con la guerrilla.

Tiempo después las amenazas por parte de los grupos parami-litares no cesaban en contra del crítico periodista y humorista. “Que Garzón cobraba por las li-beraciones, que era miembro de la insurgencia o que era un opor-tunista”, estas fueron algunas de las razones que permitieron legi-timar su muerte. Pero la verdad se ha venido conociendo a gotas

(contadas), lo que ha permitido conocer que detrás de su muerte están miembros del Estado.

El pasado año, tras cumplirse exactamente 13 años de su impu-ne muerte, el paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Ber-na”, declaro desde una cárcel en los Estados Unidos, que el princi-pal determinador de la muerte de Garzón era José Miguel Narváez, ex subdirector del extinto DAS durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe. Este ex funcio-nario del aparato de inteligencia colombiana fue quien le presento pruebas e información al enton-ces jefe paramilitar Carlos Casta-ño, para que ordenara el asesina-to de Jaime Garzón.

Con este ya serán 14 los años de impunidad de la muerte del pe-riodista más crítico y mordaz de la historia reciente de Colom-bia. En la investigación que se sigue por su asesinato tan solo 1 proceso sigue abierto, y es el de

Narváez, y una persona fue con-denada, Carlos Castaño, quien se encuentra muerto. La impunidad continúa pero de a poco todos los hilos van dirigiéndose a un mis-mo nudo.

Durante casi una década la crí-tica, oposición, divergencia y hasta el sentido común fueron tachados de terrorismo. Un solo pensamiento reino en Colombia. Pero entonces vuelve la pregun-ta: ¿Cómo sería si Jaime Garzón estuviera vivo?

Si Garzón hubiese vivido, no po-dría haberse permitido el mismo Garzón no haber ridiculizado hasta el cansancio al terrate-niente y justiciero paisa que fue Uribe, a quien en palabras de uno de sus personajes, Godofre-do Cínico Caspa (un decrepito conservador a ultranza, defen-sor de la buena moral y la pro-piedad), consideraba como “el dictador y pacificador que este país necesita”.

Pero lo más importante, si Gar-zón hubiese vivido y siguiera con vida, tendríamos en él a uno de los más fervientes colombianos por la paz con justicia social. Si Jaime viviera, los diálogos de paz que sostienen hoy las FARC y el gobierno tendrían en él a uno de sus más apasionados defensores, pues nadie como Garzón para hacer tomar conciencia de que la única salida a este conflicto es la de los diálogos y la concertación.

Personas como Jaime Garzón no serán olvidadas jamás en Colom-bia, pues quien lucha por la paz vivirá en la conciencia de aque-llos que como él bregan día a día por labrar la paz. Jaime Garzón representa la conciencia viva del pueblo y por ello nunca podrá olvidársele; su crítica mordaz, su manera de dejar en ridículo a los poderosos y por sobretodo su incitación a la conciencia y la verdad, hacen de Jaime una figu-ra popular que como pueblo por siempre viviera.

La historia a contrapelo:UP y reparación integral

Por Sergio de Zubiría Samper

La sentencia del Consejo de Estado que restituye la personería jurídica de la

UP está colmada de paradojas, interrogantes y enseñanzas. La acción del poder judicial debe ser analizada en claves históricas, ju-rídicas y políticas. Su significado desborda los límites estrechos de una mera táctica electoral para permitir avales y candidaturas.

Las enseñanzas de esta tardía su-puesta reparación a las víctimas y al ejercicio de la oposición po-lítica en Colombia son múltiples. La primera es el predominio his-tórico de la impunidad en nues-tro país, al constatar que cerca del 98% de los crímenes contra la UP y el Partido Comunista aún permanecen sin investigación y responsables. Una secuela gene-ralizada de impunidad que cues-tiona las raíces de la justicia. La segunda es la inexistencia prácti-ca de un Estado social que garan-tice la efectividad de los derechos humanos. Por acción u omisión el Estado colombiano ha per-manecido indemne frente a un genocidio político. La tercera es la existencia de diversos dispo-sitivos represivos para promo-

ver el olvido y evitar el derecho a la memoria. En la vida social predomina el inmediatismo, la fragmentación y el consumismo. Los medios de comunicación se convierten en escenarios privi-legiados para reprimir y silen-ciar la verdad de los oprimidos. Construyen discursos ideológi-cos para justificar la exclusión política y la violencia.

Los interrogantes son profun-dos, pero, tal vez, el más urgen-te es el sentido que debe tener actualmente la Unión Patriótica en nuestra realidad política y social: ¿qué significa el proyec-to UP en la Colombia de hoy? ¿por qué y para qué tiene que existir la UP? Distintas son las posibles respuestas ante esta pregunta fundamental. La ma-yor paradoja sería que la UP se convierta en una simple re-ferencia al pasado sin ninguna proyección emancipatoria para nuestro presente y futuro. Aún más desolador, que termine en una “fábrica de avales” para so-lucionar los afugios electorales.

Planteamos que la Unión Patrió-tica representa actualmente el

Movimiento político con mayor dignidad por la memoria históri-ca contra los crímenes de Estado. Un genocidio que aún continúa. Simboliza la comisión de la ver-dad más fiable para una repara-ción integral de las víctimas y el ejemplo histórico de las dificul-tades estructurales para la par-ticipación política en Colombia. El Estado colombiano está en la obligación de reparar integral-mente a las víctimas de la vio-

lencia socio-política, tanto por su condición de garante de los derechos de las personas, como por las disposiciones internacio-nales. Esta reparación debe ser individual, colectiva, simbólica y material. Tiene que incluir accio-nes como la restitución, rehabili-tación, indemnización, satisfac-ción y garantías de no repetición. El próximo Pleno Nacional de la UP debe abordar colectivamente estos complejos interrogantes.

Fotografía: Agencia Prensa Rural - Marcha Patriotica


Memoria 25Junio - Agosto 2013

Fotografía: ETCE

Columna libre: La UP vuelve al escenarioPor Rodrigo López Oviedo

El fallo del Consejo de Es-tado que le devolvió la personería jurídica a la

Unión Patriótica no pudo ser más acertado al cuestionar el proceder de la Corte Electoral al cancelarle tal instrumento legal a un partido que por ser víctima de una orgía criminal en la que participaban el Estado, por ac-ción y omisión, y las bandas pa-ramilitares, parapolíticas y del narcotráfico, le fue imposible presentar candidatos a las elec-ciones del 2002.

No obstante la importancia de esta decisión, ella no repara ple-namente a los miembros de este partido, pues nada dice de la de-volución de las curules perdidas por el asesinato de sus senado-res, representantes a la Cáma-ra, diputados, concejales y al-caldes, además de que, ante las exigencias de umbral, debió de

conceder un razonable período de gracia para la recuperación de la indiscutible influencia de masas que se diluyó, merced a la inmensa base de activistas que también perdió su vida o su libertad, o se vio obligada a su-frir los caminos del exilio. No ol-videmos, además, que la Ley de Víctimas dejó por fuera de toda reparación a las víctimas del mismo partido.

No hay tal, entonces, que este fallo sea “un acto de justicia”, como lo manifestó el presiden-te Juan Manuel Santos. Le faltó mucho para serlo. Sin embargo, hay en su contenido un indiscu-tible triunfo para la izquierda y las fuerzas democráticas, que ahora podrán abordar con me-nos limitaciones la discusión acerca de las posibilidades de su participación electoral, además de que puede servir para amai-

nar la incertidumbre respecto de la vinculación de las FARC-EP a los escenarios legales de la polí-tica. No en vano esta organiza-ción guerrillera venía reclaman-do la restitución de la personería aquí comentada.

Obviamente, reiteramos que se trata de un logro, pero un logro incompleto. Del Foro de Partici-pación Política, celebrado bajo la tutoría de las Naciones Unidas

y el Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional, a instan-cias de la Mesa de La Habana, salió un arsenal de propuestas de cambios que, debidamente desarrolladas, podrían hacer de nuestro país un mejor escenario para la democracia. Entre ellos se destaca el reconocimiento institucional de la oposición y el otorgamiento de plenas garan-tías para que no vuelva a ocurrir lo mismo que a la UP.

Ese arsenal, de cuya aprobación parece que –como ocurrió con las propuestas agrarias- los únicos abanderados serán las FARC-EP, que ya lo sintetizó en 10 propues-tas, constituye una plataforma de lucha para quienes quieran un auténtico país democrático, y no una “urnocracia”, según término acuñado por el diario El Tiempo en reciente editorial que miraba la paja en el ojo ajeno.

No hay tal, entonces, que este fallo sea

“un acto de justicia”, como lo manifestó el presidente Juan

Manuel Santos. Le faltó mucho

para serlo.

Periódico Tierra N°14

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