Periódico Tierra N° 17

El “Watergate” criollo

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Sí; las víctimas son víctimas del conflicto

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El Catatumbo se prepara para el IV Encuentro

de ZRC.

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Andrés Flórez en la memoria

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No. 17 Abril - Julio 2014 ISSN: 2215-9436

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2 Abril - Julio

El proyecto Agencia Prensa Rurales auspiciado por la Asociación

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Portada:Andrés Pedraza

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Periódico Tierra No. 17Abril - Julio 2014

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¡No más Guerra!

Por Agencia Prensa Rural

El agitado transcurso del pri-mer semestre evidencia el momento político de este

periodo, la reelección de Juan Ma-nuel Santos fue un pulso entre las posiciones más reaccionarias, gue-rreristas y abiertamente agresivas frente a las negociaciones de paz en la Habana y la perspectiva del al-cance de un acuerdo para la supera-ción del conflicto social y armado, y los sectores que confluyen en la decisión de posibilitar escenarios reales que permitan alcanzar la añorada paz en Colombia.

El debate político se agudizo en esta etapa, y en medio de la confron-tación se evidencio con fuerza el antagonismo entre la paz y la gue-rra; los sectores de ultraderecha se constituyen como un proyecto polí-tico, centralizado y orgánico aupa-do en la formación con claros visos Fascistoides dirigida por Uribe y su sequito abiertamente opositores y saboteadores de los diálogos, y la distancia con estas posiciones de los partidos de la “Unidad nacional” que timoratamente y con matices reconocen la importancia de los acuerdos, por otro lado el enfoque del campo progresista y popular que reconoce en la posibilidad real de la paz la viabilización de la aper-tura democrática y el avance de reformas que abran camino a las transformaciones profundas que exige la sociedad colombiana para superar el conflicto.

Fue la participación de los sectores de avanzada lo que garantizo la reelección de Santos y puso en su agenda el tema de la paz, no como elemento accesorio, si no como eje central de su programa.

Pero la soberbia y los intereses de clase, siguen menoscabando la po-sibilidad de avanzar en los acuer-dos, y ponen en el filo de un abismo tenebroso el proceso de paz que se desarrolla en la Habana; las ame-nazas que Santos lanza a diestra y siniestra contra el proceso, argu-mentando la escalada del conflicto como responsabilidad exclusiva de la insurgencia, son la cortina de humo a las indecisiones y profun-das contradicciones de su gobierno

frente al avance de este. Entre tanto, arrecian los bombardeos y ame-trallamientos indiscriminados, la militarización de regiones agrarias (Catatumbo, Caquetá) con sus dra-máticas consecuencias: desplaza-mientos y daños irreparables a las comunidades, el asesinato de líde-res de la reclamación de tierras y de luchadores sociales.

Tales comportamientos expresan la necesidad de insistir en que la paz no es una concesión noble del régi-men político, por el contrario pro-ducto de la movilización social has-tiada de la guerra y comprometida con la construcción de un nuevo país con libertades y justicia social.

El desarrollo de los acuerdos a puesto al centro temas claves para abrir la posibilidad real de la paz, lo cual alimenta la arremetida de los señores de la guerra que cínica-mente niegan su histórica y crimi-nal responsabilidad en la confron-tación que asola y enlútese nuestra patria hace 60 años, es así como el tema de victimas pretende utilizar-se mediáticamente para endilgar la responsabilidad frente a los efec-tos del conflicto exclusivamente a la insurgencia y el movimiento popular, cuando esta radica en la exclusión política, la concentración de la propiedad, la miseria secular

impuesta a la mayoría de los co-lombianos, la violación sistemática a los DDHH y demás plagas sem-bradas por quienes han ostentado el poder político y económico, duran-te la historia republicana.

Es entonces nuestro papel, desen-mascarar esta patraña y evidenciar la responsabilidad del Estado, terra-tenientes, militaristas y sus repre-sentantes en la horda de violencia, que debe terminar y construir los espacios de participación real y de-mocrática que permita que avancen los acuerdos que se discuten en la Habana en la dirección de recono-cer el conflicto en toda su dimen-sión.

No podemos permitir que se re-troceda en la construcción de los acuerdos, hay que defender los diálogos en la movilización y en la exigencia de cese bilateral del fuego, poner nuestro esfuerzo en la concreción del frente amplio por la paz, caracterizado, de contenido popular y democrático que detenga las amenazas a la posibilidad de al-canzar la Paz y posibilite que el to-rrente popular, campesino, y social se constituya como alternativa po-lítica que garantice alcanzar el país que soñamos, nuestra acción ha de materializarse en un grito decidido por la vida, ¡NO MAS GUERRA!

Sonrisas. Bibiana Ramírez / Agencia Prensa Rural

Abril - Julio 3

El “Watergate” criollo


El “hacker” que espiaba la mesa de conversaciones de La Habana estaba estrecha-

mente vinculado con el candidato uribista a la Presidencia, que pese al escándalo pasó a segunda ronda. La paz amenazada.

El cierre de la campaña de la prime-ra vuelta presidencial colombiana estuvo marcado por los escándalos, las filtraciones y los señalamientos de “guerra sucia”. El más grave de los incidentes fue el descubrimiento de una oficina privada dedicada a espiar a los negociadores del proceso de paz de La Habana y a la campaña reeleccionista.

Dicha oficina, ubicada en el norte de Bogotá, era manejada por Andrés Sepúlveda, un “hacker” adepto del fascismo y con altos vínculos con la fuerza pública. La Fiscalía la intervi-no el 6 de mayo pasado y denunció que desde allí se adelantaban “chu-zadas” ilegales, es decir, intercepta-ciones ilícitas de las comunicaciones de la mesa de diálogos de La Habana, donde la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional negocian una sali-da política al conflicto armado.

El “hacker” y Zuluaga

El escándalo creció luego de que varios medios de comunicación pu-blicaran fragmentos de un video de Sepúlveda en compañía de Oscar Iván Zuluaga, el candidato del uribis-mo para recuperar la Presidencia de la República. En las conversaciones registradas se habla sobre manejo de información de inteligencia militar y estrategias propagandísticas para in-fluenciar la campaña electoral.

La paz que se viene cons-truyendo queda amena-zada y seguirá latente el fantasma del embrujo autoritario uribista que parecía superado

A pesar de la contundencia de las evidencias, la campaña de Zuluaga se declaró “víctima” de un “vulgar montaje”, y desvió la discusión hacia temas de forma como la calidad de la grabación. En todo caso, Zuluaga confirmó su relación con Sepúlveda.

La grabación de Zuluaga con Sepúl-veda fue proporcionada por un ciu-dadano español, Rafael Revert, que ingresó al programa de protección de testigos y dijo haber sido contratado para trabajar en el tema de seguridad informática. Pero según ha dicho en sus declaraciones, en su labor con “el hacker” empezó a evidenciar la prác-tica de actividades irregulares, por lo que decidió recurrir a las autoridades.

¿Qué información?

Según el testimonio de Revert, Se-púlveda tenía acceso a documentos clasificados de inteligencia, comuni-caciones de los negociadores de las FARC, e información confidencial de seis países latinoamericanos.

El “hacker” conocía documentos confidenciales, información de ser-vicios de inteligencia y material de las Fuerzas Armadas de Argentina, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Según Revert, Sepúlveda usó parte de su información en la página web

“Diálogos a voces”, creada para boicotear al proceso de paz de La Habana y torpedear la campaña por la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

Efectos en la campaña

Desde el inicio de los escándalos, una de las tendencias de la campaña fue el de la polarización en torno a las figuras de Santos y Zuluaga, en de-trimento de los otros tres candidatos.

Además, la discusión de los temas centrales, como los programas de gobierno y las propuestas para el país, le dio paso a las intervenciones so-bre los escándalos entre la campaña reeleccionista y la de Zuluaga.

En este ambiente, se destacó como un oasis la fórmula del Polo De-mocrático y la Unión Patriótica. Clara López y Aída Avella se dis-tanciaron de las posturas de guerra sucia electoral y resaltaron por de-sarrollar una campaña ajena a los escándalos.

¡Renuncie Zuluaga!

Algunos analistas hicieron un para-lelo del escándalo del “hacker” y Zuluaga con el del Watergate, caso en el que una investigación perio-dística reveló cómo el gobierno de Richard Nixon espiaba ilegalmen-te al Partido Demócrata durante la campaña de 1972.

Aunque Nixon ganó la reelección, la gravedad de las denuncias cau-só una crisis política que terminó con la renuncia del mandatario.

Al contrario de lo ocurrido en Esta-dos Unidos, la campaña de Zuluaga desestimó las evidencias de su par-ticipación en las “chuzadas” y se li-mitó a decir que eran un montaje en contra suya.

A pesar de los hechos, la candidatura uribista si-guió perfilándose entre el electorado y a la pos-tre se ubicó en el primer lugar de la votación del 25 de mayo pasado

El repudio que generaron estos hechos confluyeron en un sólo clamor: “Renuncie Zuluaga”, pe-dido que durante varios días se situó como tendencia en las redes sociales.

A pesar de los hechos, la candidatura uribista siguió perfilándose entre el electorado y a la postre se ubicó en el primer lugar de la votación del 25 de mayo pasado, con un treinta por ciento de la votación.

La paz que se viene construyendo queda amenazada y seguirá laten-te el fantasma del embrujo autori-tario uribista que parecía superado y que aspiró a volver al gobierno en cuerpo ajeno.

Proceso Constituyente

4 Abril - Julio

Gobierno y FARC llegan a acuerdo sobre cultivos ilícitos y narcotráfico


El 16 de mayo, las delegacio-nes de paz del gobierno y las FARC presentaron su acuerdo

en el punto de la agenda de diálogos denominado “solución al problema de las drogas ilícitas”.

El hecho es trascendental e histórico, ya que por primera vez en el conflicto colombiano se llega a un acuerdo en relación con este tema tan sensible para el país y para la comunidad in-ternacional.

Las delegaciones estudiaron las pro-puestas elaboradas en distintos foros por las comunidades afectadas, y por académicos y especialistas, y lle-garon a este acuerdo que se enfoca en la sustitución concertada de los cultivos, el tratamiento no punitivo a los consumidores, y el combate a las redes criminales del narcotráfico, incluyendo las de lavado de activos y el paramilitarismo.

Los cultivos, un problema social

Según el documento, se definiría una política para la lucha contra las drogas que dé un tratamiento dife-renciado a los eslabones más débiles del fenómeno: las comunidades rela-cionadas con los cultivos y los consu-midores. El énfasis de la persecución debe centrarse en los narcotrafican-tes. El tratamiento punitivo del asun-to quedaría relegado y se asumiría una visión que respete los derechos humanos.

Se pactó crear un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. La base de las decisiones serían las asambleas comunitarias, y la esencia del programa y de los pla-nes serían las soluciones sociales a los problemas de miseria de los cam-pesinos comprometidos con los cul-tivos. Este programa y los planes ha-cen parte de la reforma rural integral.

Consumo como problema de sa-lud pública

Al lado de esto se pactó la creación de un programa nacional de inter-vención integral frente al consumo de drogas, integrado al sistema pú-blico de salud. El Gobierno Nacional asume el compromiso de diseñar y poner en marcha un sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas que incluya acciones comple-mentarias de rehabilitación e inser-ción social.

Desarticular el narcotráfico y sus redes criminales

Finalmente está la solución al fenó-meno de producción y comerciali-zación de narcóticos. El propósito es desarticular las organizaciones crimi-nales comprometidas con este flage-lo, incluyendo las redes de lavado de activos.

Se propone esclarecer la relación en-tre producción y comercialización de drogas ilícitas y conflicto, incluyen-do la relación entre el paramilitaris-mo y el narcotráfico.

Para este subpunto se habló de ju-dicialización efectiva, de estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos, de control de insumos, de estrategia de lucha contra la corrupción, de la realización de una conferencia inter-nacional y espacios de diálogos re-gionales para tratar el tema.

Conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico

El acuerdo reconoce que “el con-flicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas que antecede y tiene causas ajenas a la aparición de los cultivos de uso ilíci-to de gran escala, y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio”.

También subraya que “la persis-tencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condi-ciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional”, sin descartar que también está de por

medio “la existencia de organi-zaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Pero “lograr tal pro-pósito depende también de con-sensos y definiciones de alcance global por parte de todos los Esta-dos, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este pro-blema de carácter transnacional”.

Responsabilidad colectiva

El compromiso del Gobierno Na-cional es poner en marcha políti-cas y programas para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

Por su parte, las FARC se com-prometen a contribuir con la so-lución definitiva al problema de las drogas ilícitas. También pon-drán fin a cualquier relación que se hubiese presentado con este fenómeno, fundamentalmente el impuesto que se cobra a los ma-fiosos en áreas donde la insurgen-cia tiene presencia.

Las salvedades

Quedan pendientes algunas sal-vedades:

En la redefinición de la política antidrogas se debe diseñar una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento

de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamien-to de las redes transnacionales de tráfico y de lavado de activos. Las FARC insisten en la confor-mación de una comisión para el diseño de una política nacional antidrogas democrática y partici-pativa, con grupos de trabajo de académicos y expertos que for-mule los lineamientos generales.

Las FARC consideran que se debe proceder con la suspensión inmediata de las aspersiones aé-reas con glifosato, o cualquier otro agente químico, y con la re-paración integral de sus víctimas

La delegación insurgente con-sidera necesario concretar el compromiso de transformación estructural del sistema de salud pública, que permita encuadrar el desarrollo del programa y de los planes; así como una conferencia nacional sobre política soberana de lucha contra las drogas.

Una de las tareas principales de esta conferencia nacional debe ser la de analizar y arrojar con-clusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La con-ferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la rela-ción entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.

Fotografía: Fumigaciones de cultivos de coca en San Miguel, Putumayo. Archivo ADN

Abril - Julio 5

Acta de acuerdos firmados entre la Cumbre Agraria - Gobierno nacional

Por Cumbre Agraria, Campesi-na, Étnica y Popular - Gobier-no Nacional

Los acuerdos fueron firma-dos y oficializados el pasa-do 13 de mayo en la sede

del Ministerio del Interior en Bo-gotá.

Bogotá, 13 de mayo de 2014.

Con la asistencia de los delega-dos de la Cumbre Nacional Agra-ria, Campesina, Étnica y Popular (en adelante la Cumbre) y delega-dos del Gobierno Nacional, se al-canzaron los siguientes acuerdos:

I. Sobre el Decreto de creación de la Mesa Única Nacional El Gobierno expidió el Decreto 870 de 2014 mediante el cual se crea la Mesa Única Nacional.

II. Sobre Derechos Humanos y Garantías

Se crea una Comisión conjunta de análisis y estudio de alterna-tivas penales, adscrita a la sub-comisión de garantías y derechos humanos, ésta estaría conforma-da por:

● Fiscalía General de la Nación en cabeza del Director Nacional de Fiscalías del Sistema Acusato-rio de la coordinación interinsti-tucional en materia penal, o su delegado.● Delegado del Ministerio de Justicia.● Invitado del Consejo Superior de la Judicatura.● Oficina Jurídica del INPEC y de Director de Custodia y Vigi-lancia.● Defensoría Pública (delegada de asuntos para política criminal trabajando en conjunto con la de-legada para indígenas y minorías étnicas)● Procuraduría General de la Na-ción (delegada para Ministerio Público).● Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Na-ciones Unidas representada por el delegado para asuntos peniten-ciarios y carcelarios.● Programa Presidencial de De-rechos Humanos y Derecho Inter-nacional Humanitario – Área de Lucha contra la Impunidad.● Delegados de la Cumbre.

● Delegado Ministerio de Defen-sa.● Delegado Ministerio del Inte-rior.

El Gobierno Nacional invitará al Consejo Superior de la Judica-tura para estudiar la posibilidad de crear nuevos jueces de des-congestión que se ocupen de los casos de las personas condenadas por las conductas punibles objeto de discusión.

El ministerio del interior recomendará a la fis-calía que las denuncias hechas por la cumbre, las recopile la Unidad de Análisis de Contexto y la Unidad de DDHH y DIH.

Las organizaciones e institucio-nes se comprometen a proveer la información de la que dispon-ga - siempre y cuando no tengan carácter de reserva legal - con relación a los casos que serán ob-jeto de estudio, con el fin de ana-lizar cada caso en concreto para precisar su situación jurídica, y discutir la misma y la viabilidad de aplicar las alternativas pena-les previstas en la ley. Del mismo modo las organizaciones presen-

tarán los casos que consideren prioritarios.

Se acuerda una primera reunión de esta comisión para el lunes 19 de mayo de 2014 a las 10:00 am en las instalaciones del Ministerio del Interior; dicha reunión convo-cada por el Ministerio del Interior tendrá por fin fijar el funciona-miento, la metodología y la ruta de trabajo de la Comisión conjun-ta de análisis y estudio de alterna-tivas penales. El 15 de Mayo la Cumbre entregará un documento de insumo para la discusión.

Se acordó discutir en Mesa Única Nacional la propuesta de creación de un fondo para sufragar los gastos de la Comisión conjunta de análisis y estudio de alterna-tivas penales. Del mismo modo se acordó que en el marco de la Mesa Única Nacional se identifi-quen las debilidades y problemá-ticas de fondo de la política cri-minal y penitenciaria del Estado Colombiano, y se discutan alter-nativas y procedimientos con las entidades correspondientes.

El Gobierno Nacional median-te acto administrativo creará el Comité de Evaluación y Regla-mentación de Riesgo (CERREM) Campesino. La Cumbre designa-rá cuatro delegados a esta instan-cia. El día lunes 12 de mayo de

2014 el Ministerio expedirá el acto administrativo que crea el CERREM campesino.

Como parte del protocolo básico de funcionamiento del CERREM se acuerda que los estudios de riesgo deben ser realizados por personal civil y que los escoltas deben ser propuestos por los be-neficiarios de las mediadas cum-pliendo requisitos establecidos por la Unidad.

La primera sesión del CERREM se realizará el martes 20 de mayo y tendrá como propósito definir su protocolo. Se tendrá en cuen-ta los elementos aportados por la comisión DDHH en el marco de la cumbre. Se acuerda un pronun-ciamiento del Ministerio del In-terior donde se respalda el papel de la Cumbre y la importancia de las organizaciones sociales que la conforman.

El ministerio del interior reco-mendará a la fiscalía que las de-nuncias hechas por la cumbre, las recopile la Unidad de Análisis de Contexto y la Unidad de DDHH y DIH.

El CERREM campesino, debe tener en cuenta que los contextos territoriales de las comunidades que privilegien medidas colecti-vas con enfoque diferencial.

Fotografía: Mesa de Cumbre Agraria con el Gobierno Nacional Jorge Acuña / Agencia Prensa Rural

6 Abril - Julio

En relación con las movilizacio-nes en curso se acuerda que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas acompañaran las carava-nas de retorno; Naciones Unidas se compromete a coordinar con la Policía. Los manifestantes indica-rán los puntos de salida y puntos de llegada. Se aclara que las cara-vanas no estarán acompañadas ni por Policía ni por Ejército.

La Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y las organizacio-nes de la Cumbre recogerán en terreno la información de las que-jas recibidas por parte de las co-munidades movilizadas. La ONU presentará, este informe de “ma-nera notarial” a la sub-comisión de garantías y derechos humanos de la mesa. Naciones Unidas, adi-cionalmente se compromete a dar trámite a las quejas recibidas.

El Ministerio del Inte-rior se compromete a promover y financiar iniciativas para el forta-lecimiento de las orga-nizaciones

Propuesta de la ONU:

Se abre la posibilidad para que se hagan diálogos regionales entre las organizaciones de la Cumbre y las autoridades de Policía y Mi-litares. Estos diálogos tendrán un carácter privado y servirán para presentar las quejas de las orga-nizaciones, previa presentación de éstas a la Oficina de Naciones Unidas. Las organizaciones de la Cumbre evaluarán la pertinencia o no de esta propuesta y la pre-sentarán a la subcomisión de ga-rantías y derechos humanos.

III. Sobre el Bloque Económico

Mediante una Línea de Financia-ción a través del Fondo de Fo-mento Agropecuario, el Gobierno Nacional destinará $250 mil mi-llones durante la vigencia 2014; se buscará garantizar que estos recursos respondan al principio de anualidad y en todo caso, dada la naturaleza de las organizacio-nes que conforman la Cumbre, no se les exigirá cofinanciación.Esta línea deberá realizarse a través de una modificación de la

Resolución 055 de 2014, con el fin de desarrollar los objetivos, criterios, lineamientos y demás particularidades correspondien-tes al tipo de iniciativas que serán objeto de financiación y que se han definido como prioritarias en conjunto por los miembros de la Cumbre. Para tal efecto la mesa elaborará los insumos y princi-pios que serán la base para esta modificación. En todo caso los recursos buscarán fomentar la economía campesina, indígena y afro .

Conjuntamente el Gobierno Nacional y los delegados de la Cumbre, revisarán el avance en la ejecución de estos recursos en el mes de septiembre de 2014, si la ejecución corresponde a la pla-nificación, se adicionarán más re-cursos para la vigencia 2014.

Con la aprobación del Gobierno Nacional se acuerda la creación de un mecanismo mediante el cual el DNP priorizara 30 proyec-tos presentados por la Cumbre, de acuerdo a los criterios de prio-rización establecidos por la Mesa Única Nacional. Estos proyectos deben ser financiados con recur-sos adicionales a los anteriores y provenientes del Presupuesto Ge-neral de la Nación. El mecanismo se creará a más tardar el 31 de Julio

Las Naciones Unidas a través del PNUD apoyara técnicamente este proceso.

Los proyectos podrán ser presen-tados en las siguientes áreas:

● Agua Potable y Alcantarillado● Educación● Salud● Vías terciarias

- Infraestructura agropecuaria

El Ministerio del Interior finan-ciará Foros regionales para la Paz, que alimentarán la realización de una Cumbre Nacional de Paz el marco de las competencias y atri-buciones del Ministerio del Inte-rior. Estos foros los realizarán las organizaciones de la Cumbre.

El Ministerio del Interior se com-promete a promover y financiar iniciativas para el fortalecimiento de las organizaciones que compo-nen la Cumbre Agraria, en el mar-co de las competencias y atribu-ciones del Ministerio del Interior.

El Gobierno se compromete a convocar a la instancia de in-terlocución de las comunidades negras, afrocolombianas y raiza-les – ANAFRO - que surgió del congreso realizado en Quibdó en agosto del 2013.

Se constituirá una comisión de seguimiento a los acuerdos que sesionará una vez al mes y estará constituida por un representante de cada uno de los procesos y or-ganizaciones que hacen parte de la Cumbre, y la delegación del Gobierno Nacional. Esta comi-sión hará un reporte mensual a la plenaria.

Esbozo inicial de una propuesta sobre meca-nismos de alternativi-dad en el tratamiento judicial para una re-conciliación con las co-munidades campesinas, indígenas y afros de Co-lombia.

La plenaria se reunirá una vez a la semana y una vez al mes revisará los avances en el cumplimiento de los acuerdos.

La Cumbre entrega insumos para la discusión de los 9 puntos agru-pados en los 3 bloques de discu-sión.

Para constancia se firma en Bo-gotá, el 13 de Mayo de 2014

Por el Gobierno Nacional

● Aurelio Iragorri Valencia (Mi-nistro del Interior)● Juan Camilo Restrepo (Vice Ministro de Relaciones Políti-cas)● Aníbal Fernández De Soto (Vice Ministro de Desarrollo Rural)● Jose Noé Ríos (Vice Ministro de Trabajo)● Mariana Escobar Arango (Subdirectora Departamento de Prosperidad Social)● Jaime Torres Melo (Subdirec-tor Sectorial Departamento de Planeación Nacional)

Por la Cumbre Agraria

● César Jerez (ANZORC)● Andres Gil Gutierrez (Marcha

Patriótica – MIA)● Olga Lucia Quintero (ASCA-MCAT- MIA)● Luz Perly Cordoba Mosquera (ACA- MIA)● Luis Fernando Arias Arias (ONIC)● Jose Santos Caicedo (PCN)● Marylen Serna Salinas (Con-greso de los Pueblos)● Rober Daza Guevara (Coordi-nador Nacional Agrario)● Gonzalo Wohlmeyer Gomez (MUA - Mesa Nacional de Uni-dad Agraria)● Luis Martínez (Movimiento por la Constituyente Popular)● Carlos Ortega Mora (ASO-NALCAM - Asociación Nacio-nal Agraria Campesina)● José Buriticá (COMOSOC)● Gustavo Arturo (ASOCAM-PO- Asociación Campesina y Popular)● Eberto Diaz (FENSUAGRO)● Angel Torres (ANZORC)● Jesús Alberto Castilla (Enlace de la Cumbre Agraria)

Por la Organización de Nacio-nes Unidas

● Fabrizio Hochschild (Coor-dinador Residente de Naciones Unidas y Representante del PNUD)● Todd Howland (Representan-te de la Oficina del Alto Comi-sionado de DDHH)

Propuestas y Constancias de la Cumbre

La Cumbre Agraria entregó los siguientes insumos anexos como propuestas:

“Lineamientos para una ruta de cumplimiento de las solicitudes de la Cumbre sobre Ley 160/94, Ley 70/93, y otras figuras territoriales de hecho, Ley Sobre Dere-chos Campesinos y Sustitu-ción de Cultivos Declarados Ilícitos.”

¿Por qué incluir la categoría campesino en el Censo Nacio-nal Agrario?

Esbozo inicial de una propuesta sobre mecanismos de alternati-vidad en el tratamiento judicial para una reconciliación con las comunidades campesinas, indí-genas y afros de Colombia.

Abril - Julio 7

Victorias de la unidad

Por: Paula Rodríguez / Comisión de comunicaciones Marcha Pa-triótica

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”Simón Bolívar

No es difícil entender las ra-zones por las que el campo colombiano ha decidido le-

vantar su voz, pues la desigualdad histórica, el avance del modelo neo-liberal, la explotación de los recursos públicos naturales y la pobreza gene-rada por las políticas aperturistas y de libre comercio, hicieron que miles de campesinos, afrodescendientes, indí-genas, trabajadores, estudiantes, mu-jeres y sectores sociales decidieran exigir verdaderos cambios, pero esta vez no por separado, ahora lucharían de manera conjunta, todos bajo la misma voz construyendo la unidad y reclamando sus derechos.

Esta esperanza se materializo el pa-sado mes de marzo, cuando cerca de cuatro mil personas provenientes de todas las regiones del país, de esa Colombia olvidada y marginada de-cidieron unirse y conformar la gran Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Luego de tres arduos días de discusión lograron construir el pliego único de exigencias que pre-sentarían al gobierno nacional; una jornada que concluyó con la movi-lización de más de treinta mil perso-nas desde el coliseo el campin hacia la plaza de Bolívar, espacio en el que se ratifico la decisión de volver a las calles y carreteras y se extendió un plazo al gobierno hasta la primera semana de mayo, para que atendiera las exigencias de la cumbre.

El pliego está compuesto de ocho puntos que giran en torno a la Tierra, territorios colectivos y ordenamiento territorial, una economía propia con-tra el modelo de despojo, la Minería, energía y ruralidad, los Cultivos de coca, marihuana y amapola, Dere-chos políticos, garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad, Paz, justicia social y solución política.

Llegada la hora cero y ante la falta de voluntad del gobierno por dar verda-deras soluciones al campo, la Cum-bre cumplió su palabra “Si el gobier-no miente que el paro reviente” fue la principal consigna para que las mo-vilizaciones dieran inicio, y así como lo habían anunciado comenzaron a marchar por las principales calles y carreteras del país.

A medida que pasaban los días au-mentaba la participación en el paro nacional agrario, campesino, étnico y popular, de manera escalonada, con más de 115 puntos de concentración, que congregaban cerca de 120 mil participantes, los cuales se dirigían hacia las principales ciudades del te-rritorio colombiano. Pero si el trase-gar por la lucha y resistencia campe-sina durante décadas no ha sido fácil, la llegada hacía los puntos de encuen-tro tampoco lo fue, pues se mantuvo la fuerte represión que obstaculizo el libre desarrollo de las movilizaciones, pero a pesar de los hostigamientos y violaciones a

los derechos humanos las marchas continuaban, mientras que en la ca-pital del país se mantenía una mesa de diálogo con los voceros de las organizaciones que representan la Cumbre.

Luego de quince días Ciudades como Popayán, Barranquilla, Antioquia, Mocoa, Florencia, Cali, Riohacha,

Vichada, Tumaco, Montería, Chocó, Sincelejo, Valledupar, Casanare, Yo-pal, Pamplona, El Socorro, Bucara-manga, Villavicencio, Arauca, Boya-cá y Santander vieron llegar a cientos de campesinos, indígenas, afros, sec-tores sociales y populares, estudian-tes y trabajadores que habían em-prendido el viaje para concentrarse de manera pacífica pero contundente en los principales parques y plazas de estas ciudades.

Los ríos de gente no cesaban, por el contrario iban aumentado a medida que pasaban los días, muy segura-mente esto fue lo que presionó al gobierno nacional para que luego de seis tensas jornadas de diálogos con los voceros de la Cumbre Agraria lograran llegar a acuerdos en puntos iniciales de confianza para la instala-ción de la Mesa Única de Diálogo y Concertación.

Acuerdo en el que se dio el primer parte de victoria de la Cumbre, pues se logró el reconocimiento de la

Cumbre Agraria como actor político en la definición de la política pública para el agro colombiano que aborda-rá los 8 ejes del pliego de exigencias, la creación de un Fondo Para el forta-lecimiento de la economía campesi-na, indígena y afrocolombiana; y ga-rantías en DDHH para movilización, entre otros acuerdos alcanzados; sin embargo, no hubo acuerdos en la normatividad que incluya la catego-ría de campesino al censo Nacional agropecuario realizado por el DANE, por lo tanto las organizaciones de la Cumbre Agraria Campesina, Étni-ca y Popular, por lo que se hizo un llamado a los territorios de las co-munidades campesinas para que se opongan en la aplicación de ese ins-trumento.

Finalmente la unidad del pueblo logró demostrar que nada podrá de-tenerlos en su lucha por la reivindi-cación de sus derechos y por las me-joras del campo colombiano.

8 Abril - Julio

"Sí; las víctimas son víctimas del conflicto, y el Estado es el máximo responsable por acción o por omisión":

FARCPor Mesa de Diálogos en La Habana

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, Junio 7 de 2014

Una Nueva Colombia, sí es posible

En este ciclo corto de conversacio-nes desarrollado en La Habana, hemos delineado la ruta de los de-

bates próximos en torno a un tema decisi-vo para la paz, como es el de las víctimas del conflicto social y armado, por el que dolorosamente ha transitado Colombia en las últimas décadas.

En la práctica, estamos dando los prime-ros pasos en un terreno plagado de difi-cultades, de enormes incomprensiones nacidas de la ignorancia de la historia, del origen, de las causas, desarrollos, y acto-res involucrados en el más largo conflicto interno del continente.

Nos hemos compenetrado con la idea de que en la vanguardia de este noble em-peño colectivo, debe tremolar al viento la bandera de la verdad. Dejemos que ella nos hable con su propia voz y nos conduzca de su propia mano al destino de paz, de justicia social, democracia e independencia, que nos espera desde los tiempos de Bolívar.

Sentimos, que cada vez estamos más cer-ca de la cumbre, del monte Everest de los derechos, que es la paz, sin la cual ningún otro derecho será posible. Por eso a ella los colombianos debemos consagrar to-dos nuestros esfuerzos para abrazarla, y hacer que marche con nosotros durante los siglos futuros. Con razón decía el Li-bertador, que la insurrección se anuncia con el espíritu de paz; se resiste al despo-tismo porque este destruye la paz, y no toma las armas si no para obligar a sus enemigos a la paz. Y ya empieza a verse una luz al final del túnel.

Sin verdad, no hay paz. Sin que emerja el humano sentimiento de la comprensión y el perdón, no hay paz. Hay que desterrar de los corazones la venganza y el odio, la maldita exclusión y la intolerancia para que haya paz. Debe entenderse que nadie ha escriturado el poder del Estado a unas élites minoritarias para que defiendan con violencia sus indignantes privilegios. Que la única salida a este conflicto es políti-ca, no exclusivamente jurídica ni militar, como piensan desde su intransigencia hirsuta, los que se creen amos y señores del poder. Necesitamos que haya demo-cracia verdadera, participación ciudadana en la articulación de los asuntos estratégi-cos de la nación.

Si examinamos desapasionadamente las causas y el origen del conflicto social y armado, podremos encontrar más fácil-

mente el camino que conduce a la supera-ción definitiva del mismo. Tal vez la ver-dad produzca en ciertos funcionarios del Estado, y en un puñado oligarcas egoístas, cierto temblor y miedo, porque descono-cen que la reconciliación es consecuencia de magnanimidad.

Sí; las víctimas son víctimas del conflicto, y el Estado es el máximo responsable por acción o por omisión. Esa es la verdad, y como dice el Libertador, la verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir. Ella no se oculta con artificios ni campa-ñas mediáticas que endilgan la responsa-bilidad a la rebeldía y a la inconformidad social. Pero lo incontrovertible de esta realidad encuentra redención en el pro-pósito de enmienda. La paz está primero que todo y ella sabe perdonar. Sabemos del respaldo y la disposición de las vícti-mas y sus familiares a facilitar el acuerdo de paz.

Las víctimas no son sólo las de la con-frontación armada y los errores de la gue-rra; Las políticas económicas y sociales son las peores victimarias porque ellas han causado la mayoría de muertes en Colombia, al negar derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida digna, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la tierra, a la participación política, al buen vivir, cuando se dispone de riquezas na-turales suficientes para resolver nuestra problemática social.

Colombia no puede seguir ostentando el deshonroso título del tercer país más des-igual del mundo.

El esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, la identificación de sus responsables, la rectificación y el fer-viente anhelo de reconciliación nacional, señalizan la vía que habrá de conducirnos a la paz con justicia social.

La actual carrera electoral por la Presi-dencia de la República ha sido una de las más vergonzosas de la historia del país, porque el guerrerismo quiere imponerse a toda costa, con engaños y mentiras, y con una taciturna guerra sucia que pone el énfasis en la chismografía y el rumor, y no en la solución de los graves problemas nacionales que atizan el conflicto.

Por obra y gracia de su campaña infer-nal están moviendo el sentimiento de algunos militares ingenuos, a quienes les han hecho creer que en La Habana ya se negoció o convino en torno al papel de las fuerzas militares y de policía en un escenario de post conflicto. En honor a la verdad a ese punto no hemos llegado. Lo que ocurre es que algunos intransigentes se molestan cuando hablamos de nuestra visión de país contenida en los lineamien-

tos generales para un proceso constitu-yente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia, en las que a propósito de las Fuerzas Armadas, planteamos la reconversión de las Fuerzas Militares ha-cia una fuerza para la construcción de la paz, la reconciliación y la protección de la soberanía nacional.

¿Qué de malo tiene esto? En el plantea-miento sólo hay paz y patriotismo. No entendemos por qué algunos salen con bravuconadas y a hablar de entrega de ar-mas, sin haber llegado aún a la discusión del punto 3 de la Agenda.

Y por allí andan otros personajes que con-siderábamos bien informados replicando falsedades como aquella de que el exmi-nistro Álvaro Leyva Durán, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la búsqueda de la paz para Colombia, transita por La Habana promoviendo las locuras que se le ocurren a una campaña. Y lo más grave y decepcionante es que se lo crean y protesten, como acaba de ha-cerlo el presidente del Congreso. El señor Leyva no ha hecho otra cosa distinta en los agites de los últimos días de campaña, que generar ideas para blindar este proce-so de paz y nos consta que su preocupa-ción es que la marcha de Colombia hacia la paz, se torne irreversible.

Es hora de poner fin a esa bazofia manipu-ladora de un supuesto“castro-chavismo” inventada por unos locos que no quieren la reconciliación ni la paz de Colombia y que sueñan en convertirse en cipayos de la desestabilización de la región, cuando Nuestra América, tiene que ser un territo-rio de paz.

La paz es más poderosa que la guerra, y tiene que vencer. Permítannos agradecer el clamoroso apoyo mundial a la paz de Colombia. Estimula los esfuerzos de so-lución política del conflicto el respaldo al proceso de paz de organismos multilate-rales como Naciones Unidas, la Unión Europea, la CELAC, UNASUR, OEA, el respaldo solidario de parlamentos de Europa, Norteamérica y Reino Unido, el Vaticano, y muchas organizaciones socia-les de todo el mundo, gobiernos, premios nobel, poetas, académicos, artistas, y una larga lista de militantes de la paz y periódi-

cos como The economist y de The Guar-dian. Gracias Cuba y Noruega, países garantes. Gracias Venezuela y Chile, paí-ses acompañantes. Gracias compatriotas. Con el respaldo del mundo y el concurso ciudadano, la paz tendrá que ser una reali-dad en Colombia.

A nuestros compatriotas los invitamos a construir, mediante la unidad, y la con-vergencia multitudinaria de la esperanza, una alternativa de poder que mediante la acción política de las mayorías excluidas, del pueblo y sus organizaciones, se trace la tarea de llegar a ser gobierno. Un nuevo país es posible si sumamos voluntades en torno a los siguientes propósitos:

● Democratización real y participación en la vida social.● Reestructuración democrática del Es-tado.● Desmilitarización de la vida social.● Desmonte de los poderes mafiosos y de las estructuras narcoparamilitares.● Justicia para la paz y la materialización de los derechos de las víctimas del con-flicto.● Desprivatización y desmercantiliza-ción de las relaciones económico-sociales.● Recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de los bienes comu-nes.● Reorganización democrática de los te-rritorios urbanos y rurales.● Nuevo modelo económico e instru-mentos de la dirección de la economía para el bienestar y el buen vivir.● Restablecimiento de la soberanía e in-tegración en Nuestra América.

Colombia reclama paz con justicia social, democracia verdadera y soberanía. Y esto no es terrorismo, como equivocadamen-te, seguro influido por la Doctrina de la Seguridad Nacional, piensa el Brigadier General Canal Albán.

Si algo debe quedar claro en esta coyun-tura, es que las FARC no tienen candida-to y que la alternativa que ha presentado al país, es la del proceso constituyente abierto para la transición hacia la Nueva Colombia. La unidad del movimiento social y popular va más allá de cualquier coyuntura electoral.

Urabá es Poder, Poder Constituyente

con Justicia Social

Urabá es una región de Co-lombia que se reparte a lo largo de tres departamentos

(Córdoba, Antioquia y Chocó), es

un extraordinario cruce de caminos, de etnias y de historias. En esta zona del país se encuentra el rostro sincero del campesino, la creatividad del in-dígena y la alegría del negro. Sobre su suelo se ha sostenido el ganado de

Abril - Julio 9

córdoba, las grandes extensiones del banano en Antioquia y por los ríos chocoanos navega una gran variedad de peces.

Paradójicamente esta tierra cuyo nombre en lengua katía significa

“Paraiso” ha sido también un ver-dadero infierno al ser testigo de algunas de las peores masacres y de los más duros desplazamientos que se han escrito en las páginas de la historia Colombiana. A nom-bre de la lucha contra la insurgen-cia las élites de la región armaron y financiaron grupos paramilitares; de la mano de esto sobrevinieron el desplazamiento y las amenazas para que esas élites pudieran adue-ñarse de las tierras ya colonizadas y para favorecer el desarrollo de megaproyectos en la región.

Pero fue justo allí en esta tierra tan golpeada, pero tan llena de esperanza, donde campesinos, in-

dígenas, negros, hombres, muje-res, víctimas se dieron cita para contarle a Colombia su historia pero también para hacerle al país una propuesta de construcción de paz con justicia social. Han sido más de cuatro meses de recorrer el Urabá por sus escarpadas carrete-ras, de navegar sus ríos caudalosos para encontrarse, para reconocer-se como poder constituyente y construir mandatos que ayuden a fortalecer sus procesos organizati-vos y que van en vía de construir una vida digna para los habitantes de esta región del país.

Primero se dieron cita los campe-sinos en Tierralta, Córdoba, en la constituyente del Gilgal, donde el mega proyecto de la represa Urrá tendrá que responder por los daños ambientales, sociales y politicos causados a las comunidades que habitaban la rivera del río Sinú.

Luego la esperanza se tomó San José de Apartadó, Antioquia, don-de al mejor estilo de la época en la que Unión Patriótica llenaba las plazas públicas, bajaron cientos de campesinos de las veredas, llega-ron los sobrevivientes de Apartadó y Chigorodó para mandatar por la reparación a las víctimas y la posi-bilidad de tener una vida tranquila lejos del militarismo y del miedo. Posterior a ello el encuentro se realizó en Riosucio, Chocó, donde comunidades negras, indígenas y de mestizos mandataron por una vida digna, contra el extractivis-mo y por la posibilidad de que los actores armados no involucraran a la población civil en la expresión armada del conflicto.

Finalmente los días 10 y 11 de Mayo bajo el cielo azul de Apar-tadó, se fundieron en un abrazo las tres subregiones del Urabá para

realizar una gran Constituyente por la Paz con Justicia Social. Al rededor de cuatrocientos delega-dos de Córdoba, Antioquia y Cho-có discutieron durante estos dos días problemáticas en común: la lucha por la tierra y la defensa del territorio, la vida digna, la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas del conflicto y el papel de las mujeres en la trans-formación del país; discusiones que aportaron a la construcción de un gran mandato popular por la paz de Colombia, una paz que sea integral y que sirva de insumo para la realización a futuro de una gran Asamblea Nacional de Cons-tituyentes por la Paz con Justicia Social.

Allí donde el horror del paramili-tarismo sembró terror, hoy se está cultivando esperanza y segura-mente se cosechará paz con justi-cia social.

Renace la esperanza, Insurge la paz

Por John Heiver Rada / Asocia-ción Campesina del Valle del Río Cimitarra

“Despierto cada cien años cuando despiertan los pueblos”Canto para Bolívar. Pablo Neruda

Colombia adolorida, aquejada por las heridas que vilmen-te le han infringido durante

siglos de dominación las élites po-líticas, bañando en sangre nuestros campos y ciudades, y que han clava-do en las entrañas de nuestro pueblo aguijones contaminados de guerra, violencia, miseria e injusticia, resiste y se niega a perecer. La historia pa-tria, es la historia de los cientos de miles de campesinos masacrados en los surcos de sus arados, las cientos de miles de mujeres campesinas vio-ladas y asesinadas por la violencia impuesta por un Estado que olvidó - quizá nunca lo ejerció -, el deber moral y ético que cualquier Estado debiera asumir, el deber de buscar la felicidad, la dignidad, la justicia y la libertad de su nación para conquistar uno de los bienes más preciados de la humanidad, la Paz. Sin embargo, en estos tiempos de convulsión social vemos soles de esperanza, destellos de luz que devuelven la esperanza de divisar un alba promisoria y cargada de grandes triunfos para la clase tra-bajadora; clase que se encarna en las y los obreros, en las y los campesi-nos, en las y los maestros, en las y los estudiantes, en las y los jóvenes for-zosamente llevados a la guerra -de la que no tienen culpa-, y que hoy se le-vantan entre campos y ciudades des-aprobando el actual estado de cosas.

Poco a poco, a modo de contagio, las juventudes le devuelven la esperanza a los viejos, a los que la creían perdida, pero que ahora, ya logran avizorar un nuevo horizonte, el ho-rizonte de una Colombia en Paz con Justicia Social

Es precisamente, en las juventudes, que en hora buena, se levantan em-puñando las banderas de la lucha por una paz con justicia social que, rena-ce la esperanza de construir un cami-no que nos conduzca a los más su-blimes anhelos que en los últimos 60 años han sido frustrados una y otra vez. Estos anhelos históricos son: tie-rra y territorio para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescen-dientes que, ejemplarmente han uni-do sus fuerzas en la magna Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular; derecho a una vida digna, en la que los derechos fundamentales sean una realidad y no una mera utopía; distribución equitativa de las rique-zas naturales que la madre tierra nos concede, y de la que con sudor y es-mero a diario producen los millones de trabajadores, hijos de esta tierra; y ver crecer a sus hijos sin la sombra de la guerra, quizá uno de los mayo-res anhelos de nuestra sociedad.

En este sentido, vale resaltar que en el Sur de Bolívar, las y los jóvenes se alistan para continuar labrando el ca-

mino hacia una paz duradera. Poco a poco, a modo de contagio, las ju-ventudes le devuelven la esperanza a los viejos, a los que la creían perdida, pero que ahora, ya logran avizorar un nuevo horizonte, el horizonte de una Colombia en Paz con Justicia Social.

Es así, que la experiencia de un na-ciente proceso de jóvenes en San Pablo (Sur de Bolívar), el de una Coordinadora Juvenil, ha logrado paso a paso hermanar a jóvenes y a viejos, a campesinos y citadinos, a estudiantes y raspachines, y a las mi-les de voluntades que luchan por lo-grar un cambio social que garantice a las nuevas generaciones escenarios

verdaderos de Paz y sueños hechos realidad.

Este espacio de jóvenes puede ser un referente de unidad, compromiso y organización social que merece toda la atención posible. Las y los jóve-nes, no sólo en San Pablo, sino en toda Colombia, en estos momentos se encaminan para ser sembradores de unidad, abonadores de alegría y cosecheros de paz.

Es por eso que, renace la esperanza e insurge la paz desde las entrañas de las y los millones de campesinos, de las y los millones de colombianos que hemos decidido luchar por el an-helo de una Colombia sin guerra.

Fotografía: Recorrido con la ACVC 2014. Anzorc

10 Abril - Julio

En Casanare, las soluciones son apenas “circunstanciales”

Por Jorge Acuña / Agencia Prensa Rural

Todos tienen culpabilidad en el de-sastre ambiental, pero en Paz de Ari-poro destacan la responsabilidad de la industria petrolera. La situación en el Casanare exige una política ambiental certera que genere un uso racional de los recursos naturales.

En las últimas semanas mucho se habló de la difícil situa-ción que atravesó el llano co-

lombiano, debido a la fuerte sequía que soportó y el deceso de miles de animales, teniendo como principal causa la escasez de recurso hídri-co. Las versiones sobre lo que pasó en el Casanare se centraron en los argumentos que presentan las ins-tituciones nacionales, regionales y locales por parte del gobierno, y lo que responden las empresas petro-leras que tienen fuerte presencia en la zona.

Dichas versiones omitieron y/o no permitieron - por el afán de no afectar intereses económicos de los grandes capitales (nacionales y transnacionales) - visibilizar la po-sición y los argumentos de actores principales del territorio, como son los habitantes de la zona, esos llane-ros, campesinos y jornaleros que de tiempo atrás son los verdaderos lla-mados a explicar cómo era la situa-ción de verano en la zona y cómo ésta ha ido cambiando.

Por este motivo, la Agencia Prensa Rural decidió trasladarse a la zona y escuchar la voz de esos individuos, de esos sujetos que tienen y cuentan su propia historia, con el ánimo de que, en un ejercicio de crítica y au-tocrítica, se pueda visibilizar la pro-blemática de la región, analizando las causas de tan triste realidad.

La región

Casanare es un departamento si-tuado en el oriente del país, en la región de la Orinoquia. Su econo-mía está basada principalmente en la producción ganadera, agrícola y en la explotación petrolera, de gran potencial en la zona. Cuenta con 19 municipios entre los que se destacan Yopal, como ciudad capital y Paz de Ariporo, zona de mayor afectación por la sequía en el pasado verano.

Los habitantes cuentan que nunca habían vivido un verano tan prolon-gado y con tan altas temperaturas, en donde existen zonas que alcan-zan los 40°C. Por tradición -según los llaneros- la temporada de verano empezaba a inicios de diciembre y terminaba en marzo, pero con po-sibilidades de trabajar en la tierra. Este año se inició antes y a la fecha está empezando a cambiar, cuestión que preocupa a muchos, pues lo comparan con profecías de la Biblia (sequías, exterminio de especies, guerras por el agua, etc.).

Las causas

Si bien es cierto que la causa funda-mental que se resalta es el cambio cli-mático a nivel mundial, en la región se pueden evidenciar otro número de causas particulares que han permiti-do este desastre ambiental.

Para Héctor Publio, docente del Co-legio Braulio González de Yopal, las causas de esta situación pueden estar en la fuerte tendencia de la comu-nidad a botar basuras en lugares no adecuados, la deforestación de los ecosistemas, las desviaciones de ríos para ser usados en exploraciones y explotaciones petroleras, en los cul-tivos de arroz y por los palmiculto-res; y por último, y de gran relevan-cia, la exploración sísmica.

A estas causas se le suma la quema indiscriminada de la sabana para la ganadería, destacada de manera au-tocrítica por Jorge Romero, finque-ro, cantautor llanero y presidente de Asojuntas en la región.

Todos tienen un grado de culpabili-dad en el desastre ambiental que vive el Casanare, desde botar las basuras en lugares inadecuados, hasta las po-líticas limitadas, por no decir nulas, y poco certeras que tiene el gobierno para el uso racional de los recursos naturales en Colombia. Pero en Paz de Ariporo destacan de manera pun-tual la responsabilidad de las empre-sas petroleras que han ingresado al municipio de manera intensiva.

Esta responsabilidad radica prin-cipalmente en la sísmica, afirman los campesinos, ya que el proce-so consiste en activar explosio-nes subterráneas, lo que produce cuarteamiento de la tierra y algu-

nos temblores que mediante on-das demarcan las zonas que pue-den ser fuente de petróleo.

Frente a esta afirmación las em-presas petroleras responden “Los periodos de sequía en Casanare no son nuevos, simplemente el cambio climático ha llevado a su prolongación y a las altas tempe-raturas. Hoy se le prestó más aten-ción que los otros años porque la problemática salió de lo local para convertirse en una noticia nacio-nal”; así lo afirmo el geólogo Al-cides Granados, llevado a la zona de afectación por Pacific Rubiales.

La ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, afirma: “nosotros tenemos en Casanare una población aproximada de un millón de chigüiros y se murieron seis mil chigüiros. Ve-nezuela tiene una población de cuatro millones de chigüiros y se le murie-ron 1'000.200 en esta misma época”.

Los campesinos replican: “si la mi-nistra logró recorrer la zona, no lo hizo sino en un 5%, pues la canti-dad de hectáreas afectadas debe es-tar alrededor de las 250 mil, en las que están las veredas Caño Chiquito, Centro Gaitán, Normandía y El Totu-mo; además, el número de animales muertos debe sobrepasar los 20 mil, a diferencia de lo que dice la ministra”.

¿Qué hacer?

El gobierno atendió la problemática con un campamento de manejo sa-nitario asentado en el hato Las Ta-paras, encargado del levantamiento de animales muertos, la desconta-minación de pozos y el envío de carrotanques llenos de agua con el

objetivo de mitigar la emergencia, lo que no fue una solución de gran alcance para la misma.

Para Álvaro Mendoza, miembro de la Corporación Técnica Ambiental Ecoverde, la situación es muy com-pleja y llevaría muchos años la res-tauración de los ecosistemas, pues el deterioro es muy avanzado. A esto se puede añadir lo que expone el profe-sor Publio: “Las soluciones que se han activado son simplemente circunstan-ciales, no son estructurales. […] Las políticas ambientales son reales en la televisión y la radio, la realidad nos muestra todo lo contrario”.

Hoy vemos como la situación sale del boom que tenía en la palestra pública del ciudadano, pues los me-dios dejaron en un segundo o tercer plano la noticia haciendo su “traba-jo”; trabajo que como “buenos” co-lombianos, nos lleva a pasar por alto cosas que en su momento generaron gran expectativa, pero que mediante una política editorial “x o y” pier-den fuerza, encasillándonos en otras direcciones que el establecimiento prefiere para el entretenimiento y la distracción de las audiencias.

La situación en el Casanare - y en ultimas en todo el territorio nacional

-, exige una política ambiental certe-ra que genere un uso racional de los recursos naturales que posee nues-tro país. Además, debe gestar un proceso que permita la formación de los ciudadanos para el cuidado de los ecosistemas, un tratamiento acelerado y preciso de reforestación, y políticas que piensen menos en los intereses económicos de las grandes multinacionales y se preocupen más por salvaguardar la vida.

Fotografía: Sequía en el Casanare 2014. Jorge Acuña / Agencia Prensa Rural

Abril - Julio 11

Una Zona de Reserva Campesina para el Valle del Cauca

Por Milena Ricaurte / Socióloga Universidad del Valle.

¿Sería utópico pensarse un territorio campesino en el Valle del Cauca? las comunidades se encuentran mate-rializando esta utopía. La forma de garantizar la persistencia del campe-sinado, en medio del latifundio de la caña de azúcar, se da en la medida que se amparen sus tierras, como un territorio en el cual la comunidad ten-ga la autonomía para desarrollarse y ser productiva a partir de su propio modelo de producción económica.

La trágica experiencia del des-plazamiento y los hechos de violencia sorteados por las

comunidades veredales del centro del Valle entre los años 1999 al 2004 con la incursión paramilitar del blo-que calima, sumando al actual esta-do de persecución y estigmatización por parte de la fuerza pública, ponen de manifiesto una vez más la vulne-rabilidad de las comunidades y la necesidad de mecanismos para su protección y la de su territorio.

La economía doméstica campesina, tiene como base la finca campesina que funciona como una empresa no

capitalista, y está conformada por todo un entramado de construccio-nes sociales, sujetos, lenguajes y una cultura que se ata al establecimiento de un territorio. No obstante, el cam-pesinado no ha contado con figuras de protección jurídica, por parte del Estado, que permitan la continuidad de su modelo económico y cultural, y que garantizen la titulación, acceso a la tierra y territorialidad campesina.

Una alternativa factible para fortale-cer y darle continuidad a la economía campesina, así como la protección de su cultura e identidad, es promul-gando una zona de reserva campesi-na para el centro del Valle del Cauca, incitativa que las mismas organiza-ciones campesinas representadas en

las juntas de acción comunal y aso-ciaciones de trabajadores agrarios se encuentra desarrollando. Esta es la única manera de proteger el modelo economico campesino de la feroci-dad de la agroindustria y el latifun-dio azucarero.

Es preciso resaltar que ciudades intermedias como Tuluá, Buga, Palmira, dependen de los produc-tos alimenticios de sus zonas rura-les. Tuluá tiene una población de 155.731 personas para el Censo de 2005, sin contar la población rural. Mientras que otras ciudades inter-medias como Buga tiene 95.181 habitantes para este mismo Censo. Por tal motivo la constitución de una zona de reserva campesina, ga-

rantizaría la seguridad alimentaria de estas ciudades, que se encuentra en un accenso demográfico. Es que en la zona rural del centro del Valle no solo se cultiva café, también se ha fortalecido la producción de hor-talizas, legumbres y frutas, que son comercializadas en estas ciudades.

En ese sentido la protección y for-talecimiento de espacios de produc-ción campesina posibilitarían gran-des beneficios, no solo para la zona urbana, que se verían reflejados en seguridad alimentaria y en precios mucho más accesibles para el con-sumidor. Sino también en la protec-ción de la flora y la fauna del bosque húmedo y el cuidado de las tantas fuentes hídricas.

Riosucio: Rasgos de un pueblo marginalPor Bibiana Ramírez / Agencia Prensa Rural

Riosucio es uno de los pueblos más importantes del Urabá chocoano. Está a casi cinco

horas de Mutatá. El río Atrato pasa por el lado y es la fuente principal de agua. Las casas están levantadas en palafitos porque llueve casi todo el año y es zona de inundación, por eso es difícil cultivar allí. Abundan los zancudos. La lluvia es fuerte. El invierno se apodera del pueblo e in-moviliza a toda la gente. Duros true-nos hacen la tierra temblar.

Hay dos puertos en Riosucio. Uno pequeño donde llegan las pangas, la gente se baña, lava sus ropas y sus platos. En el otro llegan em-barcaciones más grandes. Hay una zona inundada donde se bañan los niños y las mujeres, cargan el agua para sus casas y lavan sus cosas. El agua es estancada. Ellos dicen que hay días en que huele mal, sobre todo cuando no ha llovido y a los niños más pequeños les dan brotes en todo el cuerpo. El Chocó es uno

de los lugares de mayor pluviosidad del planeta. Más de 150 afluentes contribuyen a ese florecimiento hí-drico.

Cuando llueve, el río se crece inme-diatamente. La gente sabe que se puede meter al pueblo como ya lo ha hecho tantas veces. Siempre es-tán preparados, y hay veces que ni la preparación funciona. La mayoría de casas tienen varias huellas en la madera de aguas que ya se han en-trado y que sobrepasan la mitad. Les toca salir para lugares secos mien-tras vuelve a bajar el río. Hay inun-daciones que pueden durar meses.

Las mujeres llevan hermosos peina-dos que las hacen ver muy elegan-tes y exclusivas. Sus casas tienen un diseño bien pensado y trabajan la madera artesanalmente dándole un aire acogedor. El sustento lo obtie-nen de la pesca, que ya escasea, de la minería, la madera, el trabajo en el campo o el cuidado del ganado que también se está tomando el te-rritorio con grandes extensiones de potreros.

Territorio Embera

El Urabá es un territorio donde la población indígena es grande. Los Embera (gente) son los que se han resistido a dejar las tierras que sus ancestros les entregaron. Sin embar-go, también les ha tocado desplazar-se a las ciudades y pueblos a salvar sus vidas del fuego cruzado, pero a sufrir allí la miseria y el desamparo. A pedir para un bocado de comida.

La pobreza a la que han sido someti-dos los Embera es una de las mayo-res causas del deterioro de la etnia. Les ha tocado cambiar de costum-

bres. Por ejemplo el cultivo de pan coger ya no es tan importante, por-que les han impuesto otras modali-dades de vida. Cambiaron el maíz, el frijol, el plátano, la pesca, la caza, por la recolección de hoja de coca, la madera y la minería. Lo que sem-braban era robado o destruido. Sus aguas todas fueron contaminadas. Los católicos han querido darles religión y han satanizado a los Jai-banás.

En Riosucio hay un grupo de muje-res indígenas que se han organiza-do (Asociación de mujeres Wirana

Fotografía: Amanecer Atrato, Bibiana Ramírez / Agencia Prensa Rural

12 Abril - Julio

Las Víctimas del Nordeste le apuestan a la Paz

Por Cahucopana

Constantemente las comunidades campesinas del Nordeste Antioque-ño quienes vivimos la agudización de las históricas inequidades sociales impuestas por el modelo económi-co imperante en nuestro país, vemos como nuestros campos cada día se empobrecen, como los derechos se hacen más lejanos para el campesi-nado, como la tierra no es para el que la trabaja y la escuela, el hospital, las vías de acceso, el agua potable, la po-sibilidad de cultivar y de vivir de nues-tro suelo pareciera no ser un derecho para los campesinos y campesinas del nordeste.

También el conflicto social y armado continúa dejando en nuestros terri-torios dolor y daños que traspasan lo material y trascienden lo emocional en nuestras poblaciones campesinas victimizadas, como resultado de las graves violaciones a los derechos hu-manos y las infracciones al derecho internacional humanitario.Es así, que en un territorio tan diverso y rico como lo es el Nordeste Antio-queño, víctima de múltiples disputas y de diversos intereses, las comunida-des hemos tenido que construir meca-nismos para defender el derecho a per-manecer en el territorio, a partir de las experiencias organizativas; de alter-nativas y estrategias de afrontamiento ante los constantes atropellos a los que nos somete el conflicto, así mismo ante la constante persecución y estig-matización que contra nuestras comu-nidades y procesos organizativos se tejen para desvirtuar, deslegitimar y criminalizar el derecho a organizarse, reclamar y construir alternativas de y para la vida digna, ante las históricas y nuevas formas de saqueo de nuestros terruños.

Por ello y ante la crisis humanitaria que hemos padecido la tarea funda-mental es y ha sido la defensa de la paz. En esta medida nos urge, como a toda la población colombiana, que se consolide una paz estable, duradera y con justicia social. Por esto no hemos escatimado esfuerzos para unirnos al

clamor que se ha hecho sentir colecti-vamente a nivel nacional por la conti-nuidad de los diálogos de paz, pues en lo particular, el Nordeste Antioqueño necesita cesen las operaciones milita-res que ponen en riesgo la vida de los habitantes; que sean respetadas nues-tras labores desde la minería artesanal y la pequeña minería, labor hoy crimi-nalizada y por tanto perseguida lo que ha servido de excusa para acrecentar la sistemática violación de derechos humanos generando desplazamiento y desempleo; que paren las acciones amparadas en la permisibilidad del Estado colombiano ante la presencia y saqueo de las empresas multinacio-nales a nuestros territorios y la imple-mentación de las políticas extractivis-tas que ocasionan entre otras cosas, depredación del medio ambiente, des-plazamientos forzados y la alianza de grupos armados legales e ilegales convirtiéndose en un foco de disputa territorial.

En ese sentido en los municipios de Remedios y Segovia los grupos pa-ramilitares con la complicidad del Estado, nos dejan un sin número de víctimas entre ellos, niños, niñas, mu-

Cahucopana

jeres, adultos mayores, en los que se ha ensañado el conflicto, víctimas aún no reconocidas y mucho menos repa-radas, hechos aun no esclarecidos ni identificados y castigados sus autores intelectuales y materiales, sumergidos en una completa impunidad.

Ante esto, los familiares de las vícti-mas y la Corporación Cahucopana, exigen para los 16 casos de ejecucio-nes extrajudiciales, los desplazamien-tos internos, desapariciones forzadas, asesinatos, masacres, hechos de tor-tura, entre otros hechos contra la dig-nidad humana: el reconocimiento de cada uno de los casos que vincule una investigación de las unidades milita-res que estuvieron en las operaciones en la región o grupos al margen de la ley; esclarecimiento de los hechos es-pecificando el autor intelectual; repa-ración integral a la familia de las vícti-mas que incluya la posibilidad de que su vida vuelva a estar, en la medida de los posible, como antes de los hechos, posibilidad de educación gratuita y trato especial en la atención de salud, garantías de no repetición, devolución de tierras usurpadas y medidas simbó-licas, entre otras.

Por parte del Estado colombiano el reconocimiento de la gran responsabi-lidad en los hechos que han victimi-zado una gran parte de los pobladores de nuestra región, desde la implemen-tación de políticas represivas; de mar-cos jurídicos que han beneficiado más a los victimarios que a las víctimas y que en ultimas, han privilegiado y ca-tegorizado a unas víctimas, socavando y revictimizando los derechos de otras.

Aunque es un gran paso para la paz incluir a los más afectados en medio del conflicto en los acuerdos que se firmen en la Habana, también es ne-cesario que el Estado empiece a re-sarcir las necesidades que siempre ha dejado como privilegio de unos pocos, los campesinos, indígenas, afrodes-cendientes y los menos favorecidos en general seguiremos aportando, rei-vindicando y asumiendo nuestro rol de sujetos políticos que luchan por obtener la tan anhelada paz con justi-cia social.

¡Sin las voces de las víctimas la verdad no está completa!

Quincha, pensamiento de mujer indí-gena), primero porque casi todas son madres cabeza de familia (sus espo-sos han sido asesinados o reclutados para la guerra), y segundo para tratar de defender un poco su integridad, conservar su cultura y reclamar la tie-rra que les pertenece.

El conflicto sigue vigente

El Chocó es una tierra rica en recursos, por eso está en la mira de los grandes

empresarios, de las multinacionales. Ya muchos territorios han sido toma-dos por los explotadores. Masacres se han desatado allí y gran cantidad de desplazados habitan hoy los munici-pios cercanos y las ciudades.

Uno de los casos el del empresario de palma Danilo José Pacheco de la Hoz tendrá que pagar siete años de prisión por el desplazamiento forzado (en alianza con grupos paramilitares) de

afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en Riosucio, ocurrido entre 1997 y 2001. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena proferida en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de área de especial importan-cia ecológica. Pero apenas se viene a dar justicia frente a esto que ocurrió tantos años atrás.

A principios de mayo la comunidad de la cuenca del río Cacarica, hizo una alerta por la incursión de grupos paramilitares en la zona, y temen a un desplazamiento, como sucedió en 1997 donde dejaron 80 personas muertas y más de diez mil desplaza-dos. La comunidad dice que este tipo de amenazas ya las han llevado a la acción, y temen que se vuelvan a re-petir. El retorno de muchos de ellos no ha tenido garantías y les ha tocado salir varias veces de sus tierras.

Abril - Julio 13

Declaración política del refugio humanitario del Catatumbo

Por Asociación Campesina del Ca-tatumbo - Ascamcat

El 24 de junio de 2014, con la aprobación de 33 Juntas de Acción Comunal de la zona

media, El Tarra, San Calixto, Haca-rí, La Playa y Ábrego, se instaló el Refugio Humanitario en la vereda Mesitas en el municipio de Hacarí, el cual surgió como una iniciativa de paz, como un clamor del pueblo del Catatumbo que rechaza de ma-nera contundente las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario en su con-tra, como lo son: los bombardeos y ametrallamientos indiscriminados en contra de la población civil, las torturas, las detenciones arbitrarias y en general los abusos y las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo por parte de los actores armados del conflicto interno, económico, político, social y armado que atraviesa nuestro país; ante lo cual, El Catatumbo exige que se respeten los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la li-bertad de tránsito, la dignidad, honra y bienes de todos sus habitantes, es-pecialmente la zona media compren-dida en los municipios de San Calix-to, El Tarra, Hacarí, parte de la Playa y Abrego.

Los días 18 y 19 de julio del 2014, los campesinos y campesinas del Ca-tatumbo, en compañía de diferentes organizaciones defensoras de Dere-chos Humanos, estudiantiles, socia-les, políticas, populares, con presen-cia limitada de algunas Instituciones como la Defensoría del Pueblo y contando con el acompañamiento in-ternacional, nos hemos dimos cita en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí para participar en la mencio-nada acción humanitaria convocada por la Asociación Campesina del Ca-tatumbo ASCAMCAT con el fin de dar a conocer la grave crisis huma-nitaria por la que atraviesa la región.

Por nuestra parte, los más de 3.000 participantes de la acción humanita-ria, entre los cuales, contamos con delegaciones de los 10 municipios del CATATUMBO, de más de 100 Juntas de Acción Comunal, de 41 organizaciones sociales, de las auto-ridades locales como la de los alcal-des de San Calixto, Hacarí y el Tarra; además de los personeros municipa-les de Hacarí, El Tarra, Teorama y

San Calixto organizados en la Aso-ciación de Personeros del Catatumbo queremos expresar el producto de este espacio de trabajo y delibera-ción:

1. El Refugio Humanitario en la ve-reda Mesitas del municipio de Ha-

carí, es la exigencia de la población civil al Estado Colombiano a nivel nacional y regional del cumplimien-to de los tratados internacionales en Derechos Humanos y de manera especial respeto a los principios de distinción, humanidad consagrados en el Derecho Internacional Huma-nitario, y que en el caso concreto el Estado Colombiano a través de sus fuerzas militares y de policía ha sido incapaz de garantizar. Se ha determi-nado que la Fuerza Pública no tiene ningún tipo de respeto por la pobla-ción civil, violando de forma directa su mandato constitucional y por el contrario permanentemente estig-matiza, agrede, ataca y causa graves violaciones a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad indivi-dual de los habitantes rurales.

2 Durante más de 26 días de en-cuentros, jornadas de denuncia,

preocupaciones por bombardeos y ametrallamientos indiscriminados a menos de 200 metros del refugio, provocaciones por parte de algunos actores del conflicto, los sonidos de los fusiles en el marco de las accio-nes bélicas del actual conflicto arma-do, pudimos recepcionar y documen-tar un total de 244, hechos en su gran mayoría cometidos por agentes de la fuerza pública.

3Las actuales negociaciones de Paz, entre las insurgencias de las

FARC-EP y el Gobierno Nacional, y el reciente anuncio de inicio de los diálogos exploratorios con el ELN, nos llevan a exigir de manera inme-diata El CESE BILATERAL DE HOSTILIDADES, y de acciones mi-litares en contra de la población civil, las cuales deben ser el primer paso para la búsqueda de una Paz con Garantías y Justicia social. Nuestra región, clama de manera urgente el inicio de los diálogos de negociación con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación EPL, al ser uno de los grupos insurgentes con presencia his-tórica en la región del Catatumbo.

4 Invitamos a las diversas organi-zaciones campesinas populares,

étnicas y las diversas expresiones a construir el frente amplio por la paz con democracia y justicia social.

5 Nos sentimos consternados por los hechos ocurridos en la vere-

da Villa Nueva en el municipio de San Calixto, muy cerca al Refugio Humanitario; que producto de las ac-ciones realizadas por miembros de la Policía Nacional a través de los ame-trallamientos indiscriminados a una vivienda en la que residían tres fami-lias, incluyendo 4 menores de edad, con allanamientos ilegales, en dicha acción también se efectúan capturas ilegales a dos de los afectados direc-tamente, entre esos la persona que resultó herida, que posteriormente fueron puestos en libertad. Como co-mún denominador los afectados de las acciones de criminalidad estatal ha tenido como principales víctimas a los niños y adolescentes de la re-gión del Catatumbo.

6 Lo anterior evidencia la puesta práctica de una política sistemá-

tica y generalizada en la que los apa-ratos represivos del Estado y en par-ticular la Fuerza Pública actúa como verdaderos ejércitos de ocupación en territorios de conflicto aplicando la nefasta política de tierra arrasada proscrita de del Derecho Internacio-nal Humanitario.

Por todas estas razones el refugio humanitario, sus participantes y acompañantes EXIGIMOS al Go-bierno Nacional, a las autoridades departamentales, regionales y a los organismos de investigación, control y vigilancia:

1. Garantizar de manera integral el retorno a nuestros lugares de ori-

gen, en condiciones dignas, para que en todo momento de respeten los derechos humanos de las personas afectadas y que hoy formamos parte del refugio humanitario.

2 Cesar de manera inmediata las infracciones al Derecho Interna-

cional Humanitario, y velar por la protección a la población civil, en-marcado en los principios constitu-cionales amparados en el bloque de constitucionalidad exigiendo el debi-do respeto y el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y sus Protoco-los Adicionales y que no se siga uti-lizando a la población civil como es-cudo por parte de los diversos actores que hacen parte en conflicto armado interno que vive la región.

3 Que la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación investiguen,

individualicen y sancionen a los res-ponsables de los hechos denunciados en la región; para que cese la ola de amenazas, persecuciones, señala-mientos, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos y ame-trallamientos indiscriminados y en general el terror que atenta contra la integridad física y psicológica de los y las campesinas del Catatumbo, principalmente los daños causados a los niños con el fin de superar la gra-ve crisis humanitaria y que hechos como los acá denunciados no ocu-rran nunca más.

4 Que el Gobierno Nacional tome las medidas necesarias para ga-

rantizar el respeto a la vida, la inte-gridad y demás derechos humanos de quienes optan por la organiza-ción social, en especial a los miem-bros y dirigentes de ASCAMCAT.

Refugio Humanitario Mesitas. Hacarí 2014. Bibiana Ramírez / Agencia Prensa Rural

14 Abril - Julio

5 Se exige el CESE BILATERAL DE HOSTILIDADES y las ac-

ciones contra la población civil, re-cordando que la construcción de paz no pasa por la militarización del cam-po, sino por cambios estructurales que permitan garantizar los derechos fundamentales, económicos, sociales culturales y políticos de todos y todas las colombianas.

6 Exigimos se constituya la zona de reserva campesina en el Catatum-

bo, como figura importante para el desarrollo de la economía campesina y agraria especialmente en el polígo-no de Tibú, la cual ya ha surtido todos los trámites administrativos para ello.

7 Exigimos que por parte del Go-bierno Nacional en conjunto con

las organizaciones defensoras de de-rechos humanos, se realicen visitas periódicas en la región para verificar el cumplimiento de las reglas sobre DIH y el respeto y garantía de los DDHH.

8 Manifestamos nuestro apoyo a las conversaciones que se adelantan

en la Mesa Única Nacional con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y el Gobierno Nacional y exigimos que se cumplan los acuerdos enmarcados en la mesa de garantías del Gobierno Nacional, a la vez que se permita y existan espacios para que las perso-nas puedan movilizarse y manifes-tarse contra las agresiones hacia la comunidad campesina.

9 Exigimos al nuevo Congreso y en especial a la comisión de

Derechos Humanos y Paz que con-voque a un debate de control polí-tico sobre el comportamiento de la fuerza pública y sus efectos huma-nitarios en la región del Catatumbo.

Solicitamos a la Cumbre Agraria Étnica y Popular que convoque de manera urgente una comisión de verificación que cuente con la participación del Gobierno Nacio-nal, departamental y municipal, los organismos de control y la Oficina del Alto Comisionado para los De-rechos Humanos, con el fin de ha-cer un seguimiento permanente a la situación de derechos humanos y

realizar acciones contundentes que eviten que se sigan presentando las graves violaciones de derechos hu-manos e infracciones al DIH.

Solicitamos al Sistema de Naciones Unidas verificación del comporta-miento de la Fuerza Pública y se-guimiento a la situación de DDHH y DIH en a región del Catatumbo.

Exigimos al Gobierno Nacional la reactivación inmediata de la mesa de interlocución de acuerdo del Ca-tatumbo para los día 6 y 7 de agos-to para abordar como primer punto en la interlocución la grave crisis humanitaria en el marco de los eventuales acuerdos sobre el tema de derechos humanos y garantías en transcurso de las negociaciones.

De acuerdo a lo anterior, nosotros los miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCA-MCAT y participantes del refugio humanitario, en conjunto con las organizaciones de derechos huma-nos, después de debatir y deliberar en días de intenso trabajo, anun-

ciamos a la opinión pública, al Go-bierno Nacional, a los garantes del proceso y demás sectores sociales y populares del país que el refugio humanitario hace una pausa, sin embargo, de mantenerse la crisis humanitaria y no cumplirse los compromisos y exigencias firma-dos por las autoridades locales y municipales se reactivaran las ac-tividades del refugio. (Se anexan actas de compromisos y exigencias de autoridades locales al Gobierno Nacional)

VIVA LA REGIÓN DEL CA-TATUMBO

VIVA LA CUMBRE AGRA-RIA, ÉTNICA Y POPULAR

VIVA LA ZONA DE RESER-VA CAMPESINA DEL CATA-

TUMBO

NI CON BOMBAS NI CON BALAS AL CATATUMBO NO

LO PARAN

Informe de la acción humanitaria en el Catatumbo

Por Ascamcat

Delegación de Medellín 9 personasDelegación de Bogotá 12 PersonasDelegación de Cúcuta-Pamplona: 6 Personas

Acompañamiento Especial CPDH 3 Personas Colectivo de Abo-gados Luis Carlos Pérez 3 Personas

Total de Defensores de DDHH en la Comisión: 33 Personas

El día 18 de julio del 2014Se realizaron 3 actividades por parte de la Comisión de

DDHH.

La primera de ellas fue la misión de verificación a la vereda Villanueva debido al bombardeo indiscrimina-do por parte de la Policía Nacional quien además realizó actos de tortura, incendio, capturas ilegales, hurto y agresiones físicas y psicológicas con-tra la población. Dicha misión contó con la participación de representantes de la comisión de derechos humanos de las 3 delegaciones, miembros de ASCAMCAT, los personeros de Ha-carí, San Calixto y Teorama, los alcal-

des de Hacarí, EL Tarra y la defenso-ría del pueblo.

La segunda actividad fue la plenaria de denuncias donde los líderes de las diferentes comunidades y juntas de Acción Comunal expusieron cuales han sido las violaciones a los dere-chos humanos e infracciones al DIH que se han presentado en su región especialmente las cometidas por la fuerza pública. Se realizaron 8 inter-venciones de las cuales se destaca la intervención del líder de las Merce-des que entregó a la relatoría una serie de denuncias y actas firmadas por la comunidad para que sean conocidas e incorporadas al informe.

La tercera actividad que se realizó en simultáneo con la plenaria de denun-cias públicas fue la instalación de la mesa de recolección de denuncias y documentación de casos, ante lo cual hubo una buena respuesta por parte de los participantes del refugio, se instalaron 14 módulos de recolección de denuncias y fueron recibidas un total de 82 denuncias.

El día 19 de julio del 2014Se continuó con el trabajo de la mesa de recolección de denuncias y docu-

mentación de casos en la cual se ins-talaron 17 módulos de atención quie-nes recibieron 158 denuncias.

En total se recibieron 244 denuncias clasificadas de la siguiente manera Infracciones al DIH:- 143 de bombardeos y ametralla-mientos indiscriminados

- 43 de los hechos ocurridos vereda de Villanueva

Dentro de estos hechos y como con-secuencia del daño colateral o el ac-tuar posterior de la fuerza pública, se encuentran dentro de estas denuncias, hechos de desplazamiento, homicidio, daño en bien ajeno, lesiones persona-les con secuelas físicas y psicológicas dentro de estas menores y personas de la tercera edad, aborto, tortura, da-ños al medio ambiente y a los cultivos de los campesinos.

7 Acantonamiento y ocupación en bienes sitios protegidos por el DIHViolaciones a los DDHH

- 8 Tortura- 2 hurtos y daño en bien ajeno- 2 Capturas ilegales- 1 Allanamiento ilegal- 3 Desaparición forzada- 19 desplazamiento forzado- 14 intimidaciones, amenazas, seña-lamientos- 1 Proselitismo político por miem-bros de la fuerza pública

- 1 Mina

Apartar de estos insumos y de los hechos recolectados en cada una de las denuncias, se elaborará el infor-me sobre la situación de derechos humanos y DIH en el marco del re-fugio humanitario de Mesitas, Ha-carí; el cual, será puesto en conside-ración del gobierno nacional en los distintos espacios de interlocución y presentado ante los diferentes orga-nismos de control para lo pertinente.

“Porque donde quede un campesi-no sin tierra, no habrá paz.”

Abril - Julio 15

Persecución al movimiento social Agro minero

Por Yeimy, Tote y Equipo Técnico / Aheramigua

¿Por qué en Colombia se persigue a los movimientos sociales?, a lo mejor porque en ellos ha

emergiendo la voz represada de un pueblo que a gritos llama a la Paz, los colombianos han luchado du-rante muchos años por sus derechos, tales, como la libertad de pensamien-to, organización y el de la tierra, entre otros, pero también hemos estado buscando la alegría, la dignidad y la equidad, sin embargo, cuando he-mos estado al borde de conseguirlo oscuros intereses se han interpuesto, las clases dominantes rancias y ve-hementes de poder se han encargado que más de la mitad de la población viva en la pobreza. Salarios mínimos que no alcanzan para pagar arriendos, educación, aunque la salud supues-tamente es paga por miles y subsi-dia a otros en las EPSes niegan sus servicios a las comunidades y hacen de la salud un negocio y no un dere-cho, por otro lado, la seguridad social está en fondos de pensiones, entida-des privadas que invierten nuestros recursos ganan dividendos y no los reparten equitativamente, aunque si quiebran ésta si se reparten entre los afiliados.

En medio de tantas y tantas vertientes de desigualdad social y económica los colombianos luchan por la cons-trucción de una sociedad más justa, 200 años de vida “republicana” en medio de confrontaciones fratricidas, unos rojos otros azules, unos afros otros indígenas y mestizos, todas estas diferencias han sido utilizadas para dividirnos, para que perdamos el camino, en medio del recrudeci-miento de la violencia la sociedad civil no en armas, ha buscado una so-lución al problema social y al conflic-to que vive la nación, por ello desde estos movimientos sociales que han tomado fuerza en las últimas décadas, quienes han sido golpeados dura-mente por la violencia de los podero-sos, hoy se busca la construcción de una nación más justa e incluyente un lugar donde pensar distinto no se per-siga y donde la garantías de un estado social de derecho sean reales.

Salarios mínimos que no alcanzan para pagar

arriendos, educación, aun-que la salud supuestamen-te es paga por miles y sub-sidia a otros en las EPSes niegan sus servicios a las

comunidades.

Las asociaciones campesinas son la respuesta del movimiento popular y social del campesinado colombiano frente al gran abandono que las tie-rras, los territorios y las comunidades han padecido por décadas y quienes luchan por la reivindicación de sus derechos, cultura e identidad.

La Asociación de Hermandades Agroecológica y Mineras de Gua-mocó – AHERAMIGUA, es una asociación que nace en el seno de un histórico conflicto social y arma-do, raizado en la tenencia de la tierra, la propiedad de esta y el derecho de explotación de los recursos naturales propios de una región aurífera por tradición, como lo es la Serranía de san Lucas, donde se encuentra la re-gión de Guamocó.

Desde hace más de 4 años AHE-RAMIGUA ha venido sufriendo una oleada de persecución, ame-drentamiento, seguimiento, y fal-sos positivos judiciales, que ha llevado a la muerte, desaparición, encarcelamiento y/o ordenes de captura de líderes que representan oposición a la presencia de multi-nacionales, de esta manera se ha in-centivado desde el estado y el para estado la violación sistemática de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Al día de hoy a Aheramigua le han asesinado un joven líder (con quien las fuerza militares pretendían ge-nerar un nuevo falso positivo), han intentado asesinar a su presidente y a sus coordinadores regionales, hay dos líderes con órdenes de captura por montajes judiciales y persecu-ción política en los que se encuentra el señor José Ardila, quien fue con-denado y perseguido en los últimos años, toda la junta directiva ha sido señalada por algunos alcaldes muni-cipales y funcionarios públicos, te-nientes de la policía, comandantes del ejército, de ser guerrilleros o parami-litares, esto depende a lo que mejor se acomode a las necesidad inmedia-ta del estado, por otra parte hay vere-das enteras donde realizamos nuestro trabajo que han sido perseguidas y que a pesar de ser amenazadas por parte del ejército nacional presente en la zona siguen reclamando sus de-rechos, por ultimo cinco líderes han sido amenazados de muerte. (Yeimy, Victote, Ubaldo, José Ardila y Harry)Como si fuera poco esto, reaparece JHON JAIRO VEGA “el Diablillo” (ex miembro de AHEAMIGUA y declarado como desaparecido por

esta misma) con miembros de In-teligencia del estado, y quien bajo amenazas y disuasión quiso que Víc-tor Trujillo joven líder de la asocia-ción se incluyera según ellos, a la larga lista de infiltrados que tiene la inteligencia de instituciones estata-les colombianas a las asociaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales de base, con el fin de asesinarnos y de esta mane-ra acabar con el proceso organizati-vo regional.

Todo lo anterior no son acciones ais-ladas, hace parte de un modus ope-randi por parte de la fuerza pública; Identifican a líderes con necesida-des económicas, familiares, afec-tivas, baja formación política, los amenazan, amedrentan o disuaden para que como dice Jhon Jairo “den información sea cierta o no, igual pagan”, cuando se dan cuenta que el nivel de compromiso es tal que no son capases de denunciar o co-laborar con las fuerzas oscuras del estado y para estado , los amenazan a ellos, a sus familias, a sus amigos, y cuando esto tampoco sirve, le ad-vierten de ordenes de captura, les hacen saber que los están siguien-do, reciben llamadas intimidadoras. Hace más de un año se está vivien-do esto y se ha recrudecido desde la aparición del ex miembro de la Asociación; esto no es exageración, es lo que en Aheramigua han sufri-do sus miembros y tales son las co-sas que denuncian ante los mismos verdugos, por otro lado se ha busca-

do apoyo en procesos nacionales y extranjeros con el fin de encontrar un poco de garantías, ¿garantías de que? de que haya justicia, de que se reconozca lo que todas y todos sa-bemos, el Ejército Nacional, la Po-licía, la Sijin, la Dipol, todos están infiltrados de enemigos de la paz, enemigos de los diferentes procesos de resistencia, y es una política de estado la eliminación de los movi-mientos sociales de oposición polí-tica, económica e ideológica, esta eliminación es a sangre y fuego, a punta de desplazamiento, amenazas, y actos de terrorismo.

¿garantías de que? de que haya justicia, de que se reconozca lo que todas y todos sabemos, el Ejér-cito Nacional, la Policía, la Sijin, la Dipol, todos están infiltrados de ene-

migos de la paz

No es de extrañar, que Aheramigua sea una de las asociaciones más perseguidas en la actualidad puesto que el afán de echar a andar la lo-comotora minera es cada vez más evidente, el gobierno nacional no pudo consolidar la entrada de las di-ferentes multinacionales y transna-cionales, a pesar de que casi todo el país ya está concesionado. A pesar de que somos la vanguardia de las leyes más entreguistas, mas apátri-das de América Latina.

18 Abril - Julio

ANZORC exige al gerente del Incoder, Rey Borbón, que cumpla ley 160 y

mandato misional en Zonas de Reserva Campesina

Por Anzorc

La suspensión arbitraria de la Audiencia de Constitución de la Zona de Reserva Campesi-

na (ZRC) del Sumapaz, así como la de Losada-Guayabero; las constan-tes negativas para convocar al equipo técnico y darle vía a la constitución de las ZRC del Catatumbo, Guejar-Cafre y Montes de María; el desco-nocimiento de los acuerdos alcan-zados con el gobierno por parte del actual gerente del Incoder, Rey Bor-bón y el veto institucional ilegal que persiste sobre las ZRC, son, según la Anzorc, "indicadores claros de que el gobierno se mantendrá en su posi-ción de incumplimiento".

Igualmente hemos manifestado que el gerente del Incoder "ni siquiera da la cara", por lo que hemos enviado a su despacho un derecho de petición, recordándole los acuerdos, el manda-to misional y el articulado de la ley que debe cumplir.

El siguiente es el texto completo de la misiva:

Bogotá, enero 21 de 2014

Señor: Rey Borbón Gerente General Incoder

Ref.: Derecho de petición

Reciba un cordial saludo.

Ante la dilación en atender nuestra so-licitud de que nos atienda en su des-pacho, y entre tanto nos recibe, con la presente y en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, y en nuestra condición de integrantes de la Asociación Nacio-nal de Zonas de Reserva Campesina

-ANZORC-, nos permitimos solicitar la información abajo señalada, to-mando en cuenta que:

1. Ley 160/94, en los artículos 80, 81 y 84, crea las zonas de reserva cam-pesina con el objetivo de “Fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales, y crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social”, cuya constitución es reglamentada en

el decreto 1777/96 y en el Acuerdo 024 de 1996, proferido por el Incora.

2. Es mandato misional del Incoder consagrado en el artículo 4 numeral 14 del Decreto 3759/2009 la consti-tución de Zonas de Reserva Campe-sina.

3. El actual gobierno nacional repre-sentado por el Ministerio de Agri-cultura y el Incoder, y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Cam-pesina el 31 de agosto de 2010 en el marco del I Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, acor-daron la reactivación de las Zonas de Reserva Campesina dado su signifi-cativo valor de política

pública como contribución a la so-lución del crónico problema agrario que afecta al país y particularmente a las comunidades campesinas víc-timas de la exclusión y la violencia política.

4. Los ejes de la reactivación acor-dados son: i) Conformación desde el nivel central del Incoder un equi-po nacional de profesionales para la reactivación de las ZRC; ii) la conformación desde el nivel central del Incoder, de un equipo de profe-sionales que acompañen en el nivel territorial la gestión de cada una de las ZRC constituidas y en proceso de constitución, quienes deben ser conocedores de las dinámicas territo-riales y contar con la legitimidad en las comunidades campesinas como garantía de eficacia de su gestión; iii) inicio de procedimientos administra-tivos de delimitación y constitución de nuevas ZRC en cumplimiento del procedimiento señalado en el Acuerdo 024/96 iv) Actualización de los Planes de Desarrollo Sosteni-ble (PDS) de las ZRC constituidas y apoyo para el diseño de los PDS de las ZRC en proceso de constitución v) financiamiento de los programas y proyectos de los PDS de las ZRC, vi) las acciones a desarrollar en el marco del proceso de reactivación de las ZRC serán concertadas entre las organizaciones campesinas represen-tadas en ANZORC y el Incoder.

5. Este compromiso se ha venido cumpliendo paulatina y parcialmen-

te, es así que el Plan de Acción 2010-2014 del Incoder contempla este pro-ceso de reactivación, así como los planes anuales durante estos últimos 4 años con el respaldo de asignacio-nes presupuestales limitadas pero que han permitido algunos avances.

6. Estos acuerdos encuentran respal-do legal en las normas arriba citadas y especialmente en los artículos 3 y 4 del decreto 1777/96 que ordenan:

“Artículo 3. Acción Institucional La acción institucional del Estado en Zonas de Reserva Campesina será concertada, con el fi n de promover y encauzar recursos y programas que definan un propósito común de desa-rrollo en la región. La acción del Es-tado se realizará con condiciones pre-ferenciales en cuanto al otorgamiento de subsidios, incentivos y estímulos en favor de la población campesina en materia de créditos agropecuarios,

capitalización rural, adecuación de tierras, desarrollo de proyectos alter-nativos, modernización y el acceso ágil y eficaz a los servicios públicos rurales.

Artículo 4. Inversión y Plan de De-sarrollo Sostenible. Las entidades que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así como, el Fondo Nacional de Regalías, el Fondo Nacional Am-biental, el Fondo Ambiental de la Amazonía y los Planes y Programas especiales del Gobierno Nacional con recursos para la inversión social rural, financiarán o cofinanciarán, de acuerdo con sus competencias y con condiciones preferenciales y priorita-rias, la ejecución de actividades, estu-dios, investigaciones, planes, progra-mas y proyectos de utilidad pública e interés social en las Zonas de Reser-va Campesina. (…)”Con base en lo anterior le solicitamos respetuosamente nos informe:

Abril - Julio 19

1. Cuál es la ruta de cumplimiento de cada uno de los acuerdos alcan-zados entre el Incoder y Anzorc en el actual gobierno, señalados en el numeral 4 de este escrito.

2. Cuál es el Plan de Acción 2014 para la continuidad del proceso de reactivación de las ZRC, y cual es respaldo presupuestal detallado asig-nado para esta vigencia fiscal para el financiamiento de los programas y proyectos de los PDS de las ZRC en cumplimiento del artículo 4 del de-creto 1777/96 antes reseñado.

3. Cuándo se realizará consejo di-rectivo para delimitar y constituir las

ZRC de, Guejar-Cafre y El Catatum-bo que ya han cumplido el procedi-miento del Acuerdo 024/96 con el acompañamiento técnico y respaldo presupuestal del Incoder?.

4. En qué fechas, se van a realizar las audiencias públicas de las ZRC del Sumapaz, y Lozada-Guayabero?

5. Cuándo y como se va a concretar el escenario de articulación interins-titucional que requieren las ZRC y que ordena el artículo 3 del decreto 1777/96 antes reseñado.

6. Cuál es la ruta y el respaldo pre-supuestal para la continuidad de los

procedimientos de delimitación y constitución de las ZRC de Arauca y Cauca, cuya solicitudes han sido pre-sentadas al Incoder en cumplimiento de los requisitos ordenados por el Acuerdo 024/96?

7. Cuántas y cuales son las solicitu-des de inicio de proceso de constitu-ción de ZRC que reposan en el Inco-der?

8. Cómo se va a atender estas so-licitudes de constitución durante la actual vigencia?

9. Cuál es el mecanismo de cumpli-miento de los acuerdos en materia de

ZRC y desarrollo rural con la Mesa de Interlocución y Acuerdo – MIA del Catatumbo. Con qué presupuesto se va a atender estos compromisos?

10. Cuál es el mecanismo de cum-plimiento de los eventuales acuer-dos en materia de ZRC y desarrollo rural con la Mesa de Interlocución y Acuerdo – MIA Nacional. Con qué presupuesto se va a atender estos compromisos?

11. En qué estado se encuentra la constitución de las ZRC de Montes de María. Cuándo se realizará con-sejo directivo para delimitar y cons-tituir estas ZRC.

El Catatumbo se prepara para el IV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Por Anzorc

A la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campe-sina - ANZORC y sus 54

procesos vinculados, nos place anun-ciar que el lV Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina se realizará en la región del Catatumbo. Este Encuentro Nacional, que se ce-lebrará del 18 al 21 de septiembre en Tibú - Norte de Santander, se da en el marco del creciente señalamiento y la falta de cumplimiento por parte del Gobierno Nacional y sus insti-tuciones, como el INCODER, a los compromisos adquiridos con las co-munidades movilizadas en el 2013. Cabe recordar que la Asociación Campesina del Catatumbo (AS-CAMCAT), adscrita a la ANZORC, fue una de las organizaciones que protagonizó la prolongada jornada de protestas del año 2013. Durante los 53 días de movilización campe-sina en el Catatumbo, campesinos y campesinas de la región abande-raron la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC), exigiéndole al Gobierno el cumplimiento de la ley y por ende la constitución de dicha figura, luego de más dos años de haber cumplido con todos los proce-dimientos que exige la ley 160 y el decreto 1777.

A pesar de los compromisos adqui-ridos por el Gobierno Nacional fren-te el proceso de constitución de la ZRC del Catatumbo (ZRC-C), éste ha sido dilatado en oportunidades anteriores como en la actualidad, y aunque la Corte Constitucional de-

claró la exequibilidad de las ZRC en el país, a través del capítulo XIII de la Ley 160, sumado a que el tribunal Superior del Distrito Judicial de Cú-cuta afirmó que el proceso de cons-titución de la ZRC-C no representa

“perjuicio irremediable” contra los derechos del pueblo Barí, la figura continúa en veto institucional. Sin embargo, dichas decisiones juris-prudenciales nos brindan elementos que fortalecen las exigencias de re-conocimiento de las comunidades campesinas, al tiempo que imponen la necesidad de fundamentar, aún más, las apuestas programáticas de la ANZORC en materia de relacio-namiento intercultural.

Caracterizada por una gran variedad climática, riqueza en biodiversidad y minerales como el petróleo, carbón y uranio, esta región representa el hogar y sustento de más de 184,932 pobladores. Cultivos como el cacao, maíz, fríjol, plátano y yuca, entre otros, así como la ganadería y la gran variedad de peces que habitan en sus ríos, son la fuente de alimento en una de las tantas regiones del país que ha demostrado su capacidad de convivencia intercultural.

Hoy, el Catatumbo vive una grave crisis humanitaria causada por los constantes enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la insurgencia. El continuo desembarco de tropas del ejército, bombardeos y ametra-llamientos indiscriminados cerca y dentro de los cascos poblacionales, vulneran el principio de distinción, dejando a la población civil en me-dio de los enfrentamientos, con

amenazas, hechos de intimidación, señalamientos, tortura y daños am-bientales. Estas situaciones y hechos, se han presentado salvaguardados bajo la declaratoria de Plan de Con-solidación Territorial determinado para la región, por esto, se hace ur-gente la declaración de la ZRC del Catatumbo, ya que será únicamente a través del reconocimiento del cam-pesinado como actor e interlocutor político, permitiendo el desarrollo rural, económico, productivo, am-biental y cultural que beneficia la pequeña familia campesina, que se dará el primer paso para disminuir las desigualdades sociales en el cam-po colombiano, con un claro respeto por los derechos humanos y la cons-trucción de la paz con justicia social.

Debido a que la ZRC-C sería en principio un polígono del municipio de Tibú y acogería en promedio a 35,000 personas, aproximadamen-te 10,000 familias, el IV Encuentro Nacional de ZRC buscará ser espa-cio de debate en torno a la defensa de los derechos de campesinos y campesinas, encaminado a la cons-trucción de interculturalidad, tanto en el Catatumbo, una región donde la bomba social atizada por el con-flicto deja más del 40% de las per-sonas sin título de propiedad, como en todas las regiones del país con procesos de ZRC.

El 18 de septiembre se espera la lle-gada de todas las delegaciones, or-ganizaciones campesinas, Indígenas, afrodescendientes e internacionales, procesos académicos, Instituciones del Estado, alcaldías y gobernacio-

nes, que asistirán a este encuentro, durante el 19 y 20 de septiembre se desarrollarán las actividades en las distintas mesas de trabajo, finalizan-do con el regreso de las delegacio-nes a sus lugares de origen el día 21. Los temas a desarrollar son:

• Relaciones interculturales des-de las Zonas de Reserva Cam-pesina

• La economía y el cultivo de coca, marihuana, amapola, una problemática nacional aborda-da desde las Zonas de Reserva Campesina

• Derechos Campesinos, recono-cimento como sujetos político económico y cultural desde las Zonas de Reserva Campesina.

• Proyectos mineroenergéticos y agronegocios; las alternativas desde las Zonas de Reserva Campesina.

• Zonas de Reserva Campesina como territorios de construc-ción de Paz.

• Mujer campesina y las Zonas de Reserva Campesina.

• Política ambiental, conservación y áreas protegidas desde las Zo-nas de Reserva Campesina.

• Economías regionales y con-glomerados urbano-rurales en el fortalecimiento de la econo-mía campesina y las Zonas de Reserva Campesina.

Campesinos y campesinas de los 54 procesos de ZRC a lo largo y ancho del país, encuentran en los Encuen-tros Nacionales instrumentos que favorecen el fortalecimiento de las propuestas programáticas en torno a

20 Abril - Julio

El tal pacto Nacional Agrario, no existePor Anzorc

Y entonces las comunidades, olvidadas, empobrecidas, militarizadas, expropiadas

y desplazadas, harta de promesas in-cumplidas, cansadas de la delincuen-cia de cuello blanco instalada desde décadas en el poder, decidió parar el país en movilizaciones y huelgas, hasta tanto el gobierno no se dignara en atender y solucionar los pliegos: manifiestos de inconformidad, ma-nifiestos de política pública agraria redactados por los campesinos, indios y negros ignorados por décadas sino centurias.

Soberbio como perro rabioso, el go-bierno, pretendió diluir las protestas a fuerza de detenciones y a balazos, provocando un efecto contrario al pre-visto, el crecimiento del paro, la soli-daridad ciudadana, la ilegitimidad del fusil como medio para acallar la voz altiva del niño campesino; pero sobre todo, la comprensión de la ciudadanía de que los terribles impactos económi-cos, que llevaron a la pobreza a millo-nes en la zona rural, son derivados de las políticas agrarias de los gobiernos, de la necesidad de la nación entera de proteger el agua y los territorios de la megaminería, del imperativo derecho a la tierra para los pobres del campo, como del verdadero apoyo para supe-rar la condición de olvido; así también, entendieron que quienes se han lucra-do de la usurpación del trabajo y la tie-rra ajena, deben devolverlos, para que el país entero prospere.

En este contexto de impopularidad sin precedentes del candidato – presiden-te Juan Manuel Santos, tras 22 días de paros en las carreteras y poblaciones de Colombia, se instala una mesa de negociación con la Mesa de Interlo-cución y Acuerdo Agropecuario y Po-pular, MIA, previamente el gobierno, había instalado otras con las demás plataformas hacedoras del paro, para negociar los pliegos de exigencias.

Paralelo a la instalación de mesas de negociación, con la MIA, con las Dig-nidades, con el movimiento indígena, con los campesinos del Catatumbo, el gobierno del presidente Santos, el 11 de septiembre de 2013, lanzó el “Pac-to Nacional Agrario”, un salvavidas de rescate para las naufragadas loco-motoras agroindustriales, para sacar adelante la cien veces fallida política agraria gubernamental y de paso, ha-cerse a una histórica foto con los cam-pesinos, indígenas y afros que hasta ese momento, había desconocido, ile-gitimado, violentado, apaleado.

El Pacto Nacional Agrario, convidó a escuchar el gubernamental recetario de mágicas soluciones a los históricos problemas del agro colombiano, sen-tando en la misma mesa a delegados del gobierno, empresarios agroindus-triales hacedores de agronegocios y campesinos sin tierra.

Esto podría entenderse como un mo-desto gesto de “buena voluntad” si al menos, gobierno y empresarios, reco-nocieran la necesidad de desarrollar

una NUEVA POLÍTICA AGRARIA DEMOCRÁTICA que renegocie los Tratados de Libre Comercio y, reco-nozca que el modelo agroindustrial de inmensos latifundios, ha sido rentable, sólo gracias a la concentración arma-da de la tierra y a las onerosas cuantías con que han sido financiados los em-presarios, a costa del desplazamiento de millones quienes son en efecto marginados de la inversión social que debiera ser provista por las institucio-nes del Estado en favor de los produc-tores más necesitados.

Y sin embargo, este Estado siempre ha legislado bajo la ordenanza de las familias que lo controlan. No podría ser distinto, ahora. El Pacto Nacional Agrario, hasta la fecha, solo logró una foto, en la que la mirada incrédula de los campesinos, controvierte las sonrisas diseñadas en laboratorio de empresarios agroindustriales y tec-nócratas del gobierno. Sonrisas, gesto simbólico, de quienes auguran feli-ces, la desaparición del campesinado, como sujeto histórico olvidado de esta nación sudamericana.

Si por pacto entendemos, el acuerdo –tras el paro- que se logra por parte del gobierno con las comunidades cam-pesinas, indígenas y afrocolombianas, que se eleva a Política de Estado para solucionar los históricos problemas agrarios sintetizados éstos en: garan-tías para la producción nacional de alimentos, abastecimiento del merca-do y fortalecimiento de las economías rurales no agroindustriales; de recono-cimiento de la territorialidad; de rene-gociación de los TLC y de apoyo a las comunidades agromineras en contra de la megaminería; de reconocimien-to de derechos políticos y sociales de los pobladores del campo.

El Pacto del gobierno no solo no cum-ple con las condiciones expuestas, sino que además objeta aireadamen-te discutir siquiera cualquier punto de los pliegos, es fácil concluir que

“¡el tal Pacto Nacional Agrario, NO EXISTE!”.

No existe pacto, porque el pacto se hace entre las partes que negocian. En este caso, el Pacto los suscriben

Fotografía: Anzorc

la construcción de la unidad en las visiones de territorio y territorialidad de cada organización en las distintas regiones.

De esta forma, y con el fin de for-talecer las propuestas formuladas en la Cumbre Agraria Campesina,

Étnica y Popular, la ANZORC invi-ta a todos los procesos de ZRC, así como a organizaciones campesinas, étnicas y populares, a seguir y par-ticipar en el IV Encuentro Nacio-nal de ZRC, donde se compartirán y evaluarán propuestas de las ZRC para cohabitar, coexistir y compar-

tir territorios interétnicos e intercul-turales. Así mismo esperamos abrir espacios para discutir la pertinencia de la lógica de la inter y trans cul-turalidad a la hora de cualificar las reivindicaciones específicas de cada comunidad y organización asistente esto parte del proceso de construc-

ción de un enfoque de Derechos Campesinos.

Mayor información:

[email protected]. 320 891 1371www.anzorc.org

Abril - Julio 21

empresarios y gobierno, gobierno y empresarios. Si el pacto es del tipo del

“yo con yo”, entonces no existe pacto, sino un rentable negocio, que hecho público verbigracia de los medios, se convierte por la repetición forzada de los medios en un “pacto”, moldeado para calzar en la horma de subir la po-pularidad del candidato – presidente y reencauchar la desastrosa política agraria, esta vez con sumas inauditas de recursos, que lejos de invertirse en las marginadas zonas rurales, serán recursos ejecutados en los terrenos de aquéllas familias poderosas, que siempre se han lucrado de las finanzas del Estado.

Por esta razón, las organizaciones y plataformas que convergen en la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, en el Valle del Cauca, rechazamos la existencia del Pacto y manifestamos que no lo suscribimos, además de lo dicho, por las siguientes consideraciones:

1 Durante los 8 meses de duración de la mesa de negociación esta-

blecida entre el gobierno colombiano y la MIA, identificamos que no existe voluntad política por parte del gobier-no para solucionar el pliego de exigen-cias; por el contrario existe un proceso de invisibilización del movimiento agrario y sus propuestas. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en su arrogancia, niega la discusión del problema agrario y en un ejercicio coercitivo obliga a las organizaciones

a ratificar el Pacto Nacional Agrario, como el único medio para acceder a los recursos del Estado. Se ha de-mostrado la reticencia del gobierno a discutir el impacto de los Tratados de Libre Comercio o siquiera a estudiar los puntos en los que son lesivos.

2 El gobierno ha supeditado la sus-cripción del Pacto como la úni-

ca instancia para promover acuerdos, siempre y cuando éstos, no se salgan del marco de las iniciativas planteadas en el Pacto. Si bien el campo necesita proyectos de inversión, éstos solos, no necesariamente solucionarán los pro-blemas agrarios. No basta con asignar proyectos.

3 El Pacto no garantiza la democra-cia y mucho menos la participa-

ción efectiva de las comunidades; las decisiones al respecto de la política agraria e incluso aquellas relativas a ejecución de proyectos, son tomadas por los Consejos Departamentales, CONSEA, y por El Consejo Nacional por el Pacto Agrario, escenarios en donde los delegados de las comuni-dades son minoría absoluta. El Pacto, impuso un reglamento a los Conse-jos Municipales de Desarrollo Rural, obstaculizando su propio desarrollo y negando de facto lo reglamentado en la ley 160 de 1994, que a la fecha ha tenido un precario desarrollo.

4 El Pacto Nacional Agrario fue elaborado a la medida de los

requerimientos de los empresarios

del agro, ganaderos, terratenientes, agroindustriales de la palma, el bana-no, el azúcar, entre otros, de gremios como FEDEGAN y la SAC (que controlan el mercado, los subsidios, el crédito, la tierra, la infraestructura y el agua), que revive la aparcería como figura laboral, que refrenda los esque-mas de producción de externalización de los costos de producción, siempre en favor de los empresarios y en per-juicio de los productores.

5 El Pacto Nacional Agrario es una política impuesta, una jugada

clásica de gobiernos autoritarios que tienden al fascismo que, no solo, no reconoce los derechos políticos, so-ciales, culturales, ambientales y eco-nómicos de las comunidades indíge-nas, afrocolombianas y campesinas, sino que además niega de facto los convenios internacionales firmados por el Estado Colombiano, como el Convenio 169 de la OIT.

6 El Pacto Nacional Agrario, pretende refrendar el modelo

agroexportador de materias primas para la agroindustria y de este modo profundizar el fallido modelo neoli-beral que impide el desarrollo de la economía campesina, niega el deber del Estado de proteger la soberanía alimentaria de los colombianos y debilita la capacidad de autoabasteci-miento alimentario.

7 El Pacto Nacional Agrario, pre-tende legalizar el despojo de sie-

te millones de hectáreas usurpadas por el narcoparamilitarismo y viabi-lizar la concreción de mecanismos jurídicos para el acaparamiento ilegal de baldíos.

8 No tiene sentido vincularnos a un Pacto Nacional Agrario,

que profundiza los desequilibrios que venimos denunciando como organizaciones campesinas desde hace décadas; incluirnos en el pacto agrario se constituye en una afrenta a la dignidad de los campesinos que fueron detenidos, heridos, mutiliados y asesinados desde que iniciamos las jornadas de paros y movilizaciones a mediados de la primera década del siglo XXI.

La MIA aclara que hasta que de no cambiar la caracterización definida en los documentos del Censo Nacio-nal Agrario, las organizaciones que lo integran, se abstendrán de partici-par de este proceso. El Censo Nacio-nal Agrario, se enmarca en la política estatal de invisibilización y negación del campesinado como sujeto de de-rechos; desconociendo el importante aporte que hace el campesinado a la economía nacional y a la conser-vación de los frágiles ecosistemas que vienen siendo destruidos por los megaproyectos minero - energéticos, agroindustriales y de infraestructura.

De buenas intenciones está empe-drado el camino al infierno. En este caso, el gobierno ni siquiera ha teni-do “buenas intenciones”. De tenerlas debe hacerlas manifiestas solucio-nando el Pliego Nacional de Exigen-cias, emanado por la Gran Cumbre Nacional Agropecuaria.

Lo contrario será generar las condi-ciones para un próximo paro. Más fuerte y contundente que aquél en que la necesidad nos condujo a entre-gar la vida, la libertad y la integridad física de compañeros y compañeras, quienes serán reivindicados en semi-llas, en territorios, en tierras cultiva-das para el futuro de los hijos e hijas de la nación entera. La vida, la honra, la sangre derramada, no han sido y no serán en vano.

Tenemos en nuestras manos la histo-ria y esta vez hemos decidido trans-formarla, en bien de todos, en bien de todas. Sembremos unidos la tierra, rechacemos el Pacto Nacional Agra-rio, porque éste: no existe.Fotografía: Niño en la cancha/ANZORC

22 Abril - Julio

Somos pueblo tras las rejasPor Movimiento Nacional Carce-lario – ERON Picota Bogotá

A las organizaciones, funda-ciones, brigadas y todos los convocantes, miembros y

asistentes del presente encuentro re-gional de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, todos los presos del país, familiares y amigos. A la sociedad na-cional y comunidad internacional.

Colombia es un país dividido en cla-ses sociales, en el que las grandes ma-yorías del campo y la ciudad han sido históricamente sometidos a la pobreza, lo cual necesariamente ha generado acciones desesperadas para lograr el sustento del día a día, para sobrevivir junto con los suyos del hambre y la miseria. Esta misma situación de ex-clusión provocó el levantamiento de los excluidos, en ejercicio del derecho legítimo de los pueblos a rebelarse contra sus opresores.

Muchos en unas y otras circunstan-cias terminamos confinados tras los muros de las penitenciarías y cárceles del país, lo que significa que somos mayoritariamente pueblo tras las rejas, junto con nuestros familiares y ami-gos.

Somos entonces una parte de la so-ciedad que padece de la invisibiliza-ción premeditada de una grave crisis humanitaria, transversal a todas las cárceles del país. Una crisis estructu-ral que como una reacción en cadena degrada y deshumaniza todo a su paso, generada desde las más altas esferas del Estado; que involucra a todas las ramas del poder público y las institu-ciones a través de las cuales éste se ejerce: Gobierno, Congreso, jueces y fiscales, ministerio público, el Inpec, entre otros.

Desmedidas condenas, juicios injustos para los de a pie, hacinamiento, ina-sistencia en salud, corrupción, tortura, tratos degradantes e inhumanos con-tra la población carcelaria, precaria alimentación, inexistentes mecanis-mos de reintegración al tejido social

y productivo, violencia e inseguridad, desintegración familiar y la aplica-ción de una doctrina que asume a los internos como enemigos naturales del sistema, no es suficiente: acompañado tiene que ir de la muerte. Internos que pierden su vida por diferentes circuns-tancias, en su mayoría inasistencia médica y uso desmedido de la fuerza por parte de la guardia, se traducen en cifras que aumentan día a día.

A pesar de esto, los presos del país, fa-miliares y amigos no vislumbramos en horizonte alguno soluciones inme-diatas, mucho menos estructurales por parte del Estado colombiano.De tal manera que la pasividad de to-dos nosotros ante la indolencia estatal, e indiferencia del resto de la sociedad, solo puede ser asumida como una actitud cómplice de nuestra propia desgracia. Necesario es entonces que todos unidos como una sola fuerza, rompamos las cadenas, para terminar derribando los muros del silencio que nos rodean.

Y esto solo lo lograremos decidida-mente organizados de forma amplia e incluyente todos los sectores de la población carcelaria, pues todos final-mente somos presos, bajo el abandono y violación de nuestros derechos por parte de un mismo Estado, de una mis-ma clase dirigente. Todos, junto a nues-tros familiares y amigos, unidos en un Movimiento Nacional Carcelario, desde donde opinemos, propongamos y actuemos con el objetivo no sólo de mejorar nuestras condiciones de reclu-sión, sino de luchar por transformar y acabar con las condiciones que gene-ran esta crisis estructural mencionada. Transformación del sistema judicial, la política criminal y penitenciaria, el sistema de salud, el mismo Inpec y su doctrina.

Para ello es necesario contar con la ayuda de ustedes, organizaciones y fundaciones sociales, jurídicas, de-fensoras de los derechos humanos, sindicatos, comunidades religiosas, protestantes, estudiantiles, barriales, ambientales, femeninas, campesinas,

negritudes, indígenas, no creyentes, di-versas, movimientos sociales en gene-ral, todos somos pueblo y de todos us-tedes necesitamos el concurso; unidos en la solidaridad, no en el sectarismo; en la fraternidad, no en la prevención; en el afecto y cariño como hijos y lu-chadores contra los males que aquejan a nuestra nación con este movimiento nacional carcelario y el cumplimiento de los objetivos a nivel nacional que en consenso lleguemos.

Este, señoras y señores, es el sentir de los presos de ERON Picota Bogotá.

A continuación daremos a conocer a todos ustedes, así como a los presos de las demás cárceles del país, una propuesta para el debate que nos lle-ve muy pronto a la unificación en una gran propuesta representativa de todos a nivel nacional:

a. Consolidación del Movimiento Na-cional Carcelario (MNC) como un movimiento amplio de todos los pre-sos del país, familiares y amigos como herramienta de lucha organizada para la denuncia y conquista de reivindica-ciones que garanticen de forma afecti-va el respeto a los derechos humanos y trato digno, la abolición de tratos crue-les, inhumanos y degradantes para con los presos y familiares.

Además de llegar a generar propues-tas que lleven a la transformación de la política criminal y penitenciaria del país, del sistema judicial, con base en la promoción y el respeto a los dere-chos humanos, y el fortalecimiento del tejido social. Será a través de la con-cientización de los internos, familiares y amigos, el dialogo, la movilización, agitación y protesta, que logremos po-sicionar nuestra situación y propuestas en el debate nacional ante el Estado y sociedad en general.

Para ello invocamos el trabajo manco-munado, respetuoso, fraterno y solida-rio de todas las organizaciones socia-les, populares, de derechos humanos, sindicales, así como de los medios alternativos de comunicación y de la

comunidad internacional, en torno a la problemática de los presos colombia-nos y sus luchas, a través del MNC.

b. Como primer paso proponemos la preparación de una jornada nacional de movilización como relanzamiento del MNC bajo los siguientes puntos reivindicativos para el mes de octubre:

1. Instalación de una mesa nacional de concertación como espacio de diálogo de MNC, sociedad y gobierno, para tratar las problemáticas penitenciaria, carcelaria y judicial.2. Declaración de la emergencia so-cial y humanitaria carcelaria, la cual obligue a soluciones inmediatas a la problemática planteada que no se traduzca en la creación de más cupos carcelarios.3. Apoyo al proyecto de ley de rebaja de 20% de la pena a los presos sociales del país. Otorgamiento real y efectivo de subrogados penales y beneficios administrativos para todos los presos.4. Acercamiento familiar para todos los presos.5. No a la extradición y por la repatria-ción de los connacionales detenidos en cárceles extranjeras.6. Dos puntos reivindicativos de la problemática de cada cárcel y peniten-ciaria del país.

De lo anterior se desprende la nece-sidad de socializar y organizar patio por patio de cada cárcel-penitenciaría, a través de asambleas generales, reu-niones con todos los presos, así como trabajo de concientización individual. Romper con los concubinatos mafia-guardia así como con el miedo a re-presalias del Inpec. Fundamental es también concientizar a familiares y amigos de que la unidad y la lucha son el único camino para lograr la transfor-mación de esta crisis que afecta a más de cien mil seres humanos privados de la libertad y a quienes permanecen a su lado.

A medida que vayamos consolidando el MNC, se hará necesario una estruc-turación del mismo, para lo cual existe una primera propuesta nacida de la pe-nitenciaría La Picota, la cual consiste en términos generales en:

1. Comité de bases en cada patio. 2. Consejo carcelario en cada cárcel-penitenciaría. 3. Congreso Nacional Carcelario, constituido por delegados de cada consejo carcelario-penitencia-rio. 4. Estructura externa conformada por delegados de las organizaciones-fundaciones de asesoría jurídica, pro-moción y defensa de los derechos hu-manos.

Fraternalmente, por la dignidad y el respeto de los derechos humanos en las cárceles de Colombia. Por la libertad, la soberanía y una verdadera justicia.

Abril - Julio 23

La masacre de Shuyaiya mancha a los cómplices y a quienes guardan silencio

Por Popular Front for the Libera-tion of Palestine

El enemigo sionista llevó a cabo una masacre horrenda hoy contra los civiles de ba-

rrio Shuyaiya en el este de la ciudad de Gaza, apuntando con morteros, tanques, misiles y aviones a los ho-gares, matando a decenas de mártires e hiriendo a cientos, muchos de los cuales permanecen bajo los escom-bros de sus casas destruidas en medio de una lluvia de proyectiles y cohetes.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina jura que la sangre de los mártires de la masacre de Shuyaiya, de los crímenes de guerra y genoci-dio cometidos por tierra, aire y mar en cada centímetro de Gaza contra civiles en sus hogares, niños, muje-res y ancianos, no será en vano, y que el enemigo nunca podrá romper la voluntad y firmeza de nuestro pueblo, ni su valiente resistencia, que luchará contra este enemigo cobarde y crimi-nal hasta el último aliento.

La ocupación criminal sionista ha traído la muerte, la destrucción y la devastación de nuestros barrios, campos y ciudades. Las fuerzas de ocupación han sido incapaces de detener la resistencia y sus golpes cualitativos contra las fuerzas de ocupación, y expresan su cobardía atacando a inocentes civiles en sus hogares.

El Frente saluda la valiente resisten-cia de todas las organizaciones mili-tares palestinas que están dispuestas al sacrificio para bloquear el avance de las fuerzas de ocupación, para que nuestro pueblo sobreviva y enfrente a la máquina de guerra. Exaltamos sus ataques en curso, dolorosos para el enemigo.

Por otra parte, el Frente hace hinca-pié en que la comunidad internacio-nal es responsable de los crímenes contra nuestro pueblo en Gaza, por su apoyo militar, financiero y político a la entidad de ocupación, que le da una cobertura política para cometer crímenes contra nuestro pueblo.

El Frente exige que los funcionarios y voceros de la Autoridad Palestina dejen el lenguaje del derrotismo y

respeten el estado de ánimo popular palestino, que grita que ninguna voz es más fuerte que la de la resistencia. Nuestra resistencia legítima es un motivo de orgullo para todo nues-tro pueblo; estamos convencidos de que vamos a ganar y vamos a reparar nuestras heridas, nos levantaremos de entre los escombros y las ruinas para reconstruir nuestras casas de nuevo.

El Frente saluda con orgullo a la gente firme en Gaza, de Rafah a Beit Hanun, que han sufrido tanto dolor y sin embargo se niegan a ceder ante las amenazas de la ocupación. Un pueblo con semejante firmeza ine-vitablemente triunfará y no habrá máquina de guerra capaz de derro-tarlos u obligarlos a abandonar su resistencia.

El Frente saluda el inspirador sacrifi-cio y compromiso del personal mé-dico, trabajadores de ambulancias y protección civil, que se enfrentaron a un peligro extremo y cayeron bajo el fuego tratando de evacuar a los

muertos y heridos; así como los pe-riodistas que perdieron la vida a fin de entregar las trágicas imágenes de las calles de Gaza al mundo.

El Frente hace un llamado al pueblo palestino a través de Palestina, en Cisjordania, Jerusalén y la Palestina del 48, y en todas partes en la diás-pora y el exilio, para que la tierra de Cisjordania arda bajo los pies de los ocupantes, en sus asentamientos y en todas partes de la ocupación. Es hora de que la tierra se vuelva fuego bajo los pies del enemigo criminal. No se puede esperar más mientras las horribles masacres continúan en Bureich, Rafah, Jan Yunis, Beit Hanun, Shuyaiya y Gaza.

También exigimos al pueblo árabe y de las fuerzas democráticas y pro-gresistas del mundo permanecer en las calles y plazas, ocupar, rodear y asaltar las embajadas y consulados sionistas y estadounidenses en res-puesta a los crímenes de las fuerzas de ocupación, y condenar el silencio y la complicidad oficial árabe e in-

ternacional, exigiendo el cese inme-diato del asedio a Gaza y la apertura incondicional del cruce de Rafah, en particular para facilitar la entrada de personal médico y de ayuda.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina confirma que los críme-nes de la ocupación no quedarán en la impunidad. La resistencia al geno-cidio sionista contra nuestro pueblo es nuestro camino. La bandera de la resistencia y la confrontación será le-vantada por el pueblo palestino.

El FPLP exige a la dirección de la OLP de inmediato unirse a la Cor-te Penal Internacional y actuar para enjuiciar a los criminales de guerra de ocupación fascista por sus ma-sacres contra el pueblo palestino. El Frente expresa su más alto honor, el saludo y el luto más profundo por la sangre de los mártires cuya sangre fue derramada en la tierra de Gaza, comprometiéndose a marchar por el camino de la libertad, la autodeter-minación, el retorno y la liberación, por el que fueron asesinados.

Fotografía: Mural. Paulo Ito, Brasil 2014

24 Abril - Julio

Los niños y niñas no son culpables del odio de los adultos

Por Víctor Hugo

Uno de los hechos más graves en la historia de la huma-nidad es el uso de los fun-

damentalismos como argumento a la hora de asumir el diálogo social, porque este niega la diversidad y el reconocimiento de la diferencia que se expresan en nuestras sociedades.

Fundamentalismo, como el que usa Estados Unidos y la Unión Europea para imponer sus intereses geopolí-ticos y someter a los ciudadanos de Ucrania que quieren decidir sobre su país. De tal manera, que la potencia del Norte y el bloque de la UE, han decidido armar y promover la vio-lencia a través de grupos neofascistas que se toman las regiones en con-flicto; además, servirse del ejército ucraniano para dirimir la discusión. Esta misma estrategia ya la habían empleado en Yugoslavia: generar xenofobia y alimentar los odios para destruir a una nación.

Igualmente, sucede en Nigeria, don-de en nombre de Dios, el grupo Boko Haram, comandados por su líder, Abubakar Muhamad Shekau, se-cuestraron a 240 niñas, que quieren intercambiar por sus combatientes presos o tal vez vender como un acto de desafío yihadista.

Al tiempo que muchos ven con cierta indignación estos hechos y cómo-damente sentados en sus casas, al-canzan manifestarse con un simple reproche, que no es suficiente para detener la barbarie en la que se deba-te la humanidad.

Mientras tanto, frente al atroz crimen cometido por este grupo fundamen-talista islámico, se promueve una campaña internacional, que busca que usted se pronuncie y se solidari-ce con las niñas nigerianas secuestra-das en nombre de la religión.

Esta jornada de rechazo mundial contra Boko Haram, es lidera por la niña afgana Malala Yousafzai, que también fue víctima de un atentado por parte de los talibanes afganos; iniciativa internacional a la que tam-bién se sumó la Unesco.

Sin embargo, no hay que olvidar los otros secuestros a los que están con-denados los niños, niñas y jóvenes del tercer mundo, por ejemplo: De los 600 millones de Latinoamerica-nos, más del 26% están entre los 15 y 29 años de edad y sólo el 35% de es-tos jóvenes tienen acceso a la educa-ción. Mientras, que unos 20 millones de estos adolescentes con edades que oscilan entre los 15 y 18 no estudian ni trabajan, lo que representa uno(1) de cada cinco[1].

Y todavía usted se pregunta por qué tanta violencia y aún se rehúsa a aceptar como el fundamentalismo económico expresado en quienes defienden el neoliberalismo y sus tratados de libre comercio mantie-nen secuestrada y esclavizada a gran parte de la población de los países del tercer Mundo, mientras saquean sus recursos naturales.

De tal manera, que con la intención de pronunciarnos sin olvidar nues-tros propios secuestros, un grupo de

niños y niños de 6o. del Colegio San Juan Bosco del Municipio de Bos-conia, en pleno Caribe colombiano, pronunciamos porque los niños y niñas no somos los culpables de los odios enconados de los adultos.

Nota:[1] [On Line] FAIETA, Jessica. “Be-yond the street protests: Youth, wo-men and democracy in Latin Ameri-ca”. Publicación de UNDP, United Nations Development Programme. May 2 de 2014

Fotografía ©Hugsh, 2014, #BringBackOurGirls

Impacto e incidencia de la Industria Petrolera en el desarrollo social, económico y ambiental en el Magdalena

Medio Santandereano. Años 2000 al 2010.Por Lenin F. Patiño Gutiérrez y Oscar E. Mendivelso Orozco/ Equipo Dinamizador. Centro de Altos Estudios Minero Energéti-cos UIS. CAEM

Durante la realización de la primera FASE del trabajo de grado que realizamos en

la Universidad Industrial de Santan-der y como miembros del CAEM ( Centro de Altos Estudios Minero Energéticos UIS); planteamos de-sarrollar dentro de nuestro tema de trabajo de grado realizar un estudio pertinente acerca del IMPACTO E INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN EL DESARRO-LLO SOCIAL ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN LOS MUNICI-PIOS MÁS PRODUCTORES DEL MAGDALENA MEDIO SAN-TANDEREANO EN LOS AÑOS 2000 AL 2010 los cuales se realiza-rán en las ciudades de SABANA DE TORRES, PUERTO WILCHES, Y

BARRANCABERMEJA respecti-vamente.

La segunda FASE del trabajo de Grado de la UIS, consiste en promo-cionar e incentivar la CONVOCA-TORIA a reuniones previas en cada uno de los municipios del área de estudio con el fin de ambientar los FOROS, los objetivos que se consi-guen son Identificar los impactos e incidencias sociales que se han gene-rado, además realizar una evaluación económica respecto a los impactos e incidencias en el desarrollo de los municipios de los campos más pro-ductores y por ultimo caracterizar los impactos e incidencias ambientales que se llevaron a cabo en los munici-pios de los campos más productores del magdalena medio santandereano entre los años 2000 al 2010.

El alcance del proyecto consiste en entregar un documento riguroso y actualizado, el cual servirá de sopor-

te académico para el análisis de las responsabilidades sociales, económi-cas y ambientales que deben asumir las empresas petroleras operadoras en las regiones del magdalena medio santandereano, se recopilarán los cri-terios de los mecanismos de protec-ción, de defensa y de protocolo para la industria de los hidrocarburos en esta región del país. Además lograr incidir fuertemente en las decisiones de los diferentes entes involucrados en la actividad de la exploración y explotación petrolera ya que se con-tara con un documento compilado de la reglamentación para la ejecu-ción de proyectos a desarrollar por parte de las empresas nacionales, ex-tranjeras, operadoras o de servicios, protocolos y reglamentación de ley correspondiente, además con el im-pacto e incidencia social, económica y ambiental en la década comprendi-da entre el 2000 al 2010.

Se invita por tanto a las organiza-ciones y dinámicas de la región del

Magdalena Medio Santandereano a que participen en este planteamiento de Investigación que reúne a la aca-demia con los actores sociales; invi-tamos a los que quieran hacer parte de este equipo y de la feliz realiza-ción de este proyecto deben estar en comunicación con los responsables para definir la participación en estos municipios en las fechas establecidas para los FOROS, deben hacer parte de alguna organización social, invi-tado por alguna entidad académica, del equipo de impulso investigati-vo, organizadores y/o personas que previamente hayan hecho saber su interés en hacer parte de los espacios. Cualquier información o interés por favor ponerse en comunicación con el equipo de impulso de marcha pa-triótica magdalena medio quienes les darán información de los investiga-dores o de la metodología ya que con su apoyo, patrocinio y respaldo con el proyecto seguiremos adelante con el desarrollo del mismo.

Abril - Julio 25

Del Paro Nacional Agrario al Paro Cívico Nacional

Por William Ricardo Garavito / Colectivo Brecha / CEAR

En el marco del Paro Nacional Agrario que se dio el año an-terior en Colombia pudimos

ver la punta del iceberg que durante décadas ha vivido oculto bajo un gran mar de mentiras políticas y me-diáticas, donde nos han vendido la idea de que todo mejorará algún día, lastimosamente hemos sido testigos de lo contrario. El malestar agrario que tuvo que vivir oculto por más de 8 años debido a la persecución y la estigmatización materializada en la llamada “Seguridad Democrática” no aguantó más y estallo en diferen-tes zonas del país, iniciándose en el Catatumbo, seguido por Boyacá y otros Departamentos que se cansa-ron de estar bajo ese mar de engaños.

El campo se levanto e hizo temblar carreteras, trochas, plazas, y dijo ¡PRESENTE! Pero quien realmente tembló con ese levantamiento fue el gobierno, que se dio cuenta que ese Iceberg salía a flote y no había for-ma de evitarlo, por eso vimos que su salida más apresurada y la menos indicada fue la violencia y la repre-sión, dejando como resultado más de 10 muertos y centenares de heridos. Para desgracia del gobierno, la vio-lencia no pudo sumergir el Iceberg, sino que por el contrario fue causante de que éste saliera aún más a flote, ya no se oía el descontento social solo en la veredas y en las carreteras, ese eco ya estremecía a pueblos y ciuda-des, ya en las calles no veíamos a los de ruana, veíamos negros, indígenas, mujeres, ancianos, mineros, pesca-dores.

Después de una tensa calma e incum-plimiento reiterado del gobierno, que públicamente se comprometió a so-lucionar las problemáticas del agro, después de un año de negociaciones improductiva las carreteras se han vuelto a llenar, el pueblo vuelve a de-cir ¡PRESENTE! El contexto de co-micios electorales obligó al gobierno nacional a comprometerse con los campesinos a buscar una solución para sus problemáticas, para que es-tos no obstaculicen las aspiraciones reeleccionistas de Juan Manuel san-tos. Con lo que no contaba Santos y su gabinete es que las voces que este año llenaron las calles y las plazas no son las mismas del 2013, ya no son solo los campesinos quienes exigen un país con condiciones dignas para vivir, ahora en las calles encontra-mos maestros, transportadores, estu-diantes, desplazados, médicos, ven-dedores informales, desempleados, tejiendo lasos de unidad para poder reivindicar sus problemáticas.

A pesar que mediáticamente todo está bien y lo importante para el gobierno son las elecciones, en las ciudades, pueblos y veredas se si-guen organizando y construyendo un movimiento cívico con demandas diversas pero con objetivos comunes, el cual no estará dispuesto a aceptar las migajas que acostumbran a dar los gobiernos de turno, sino que ca-minará hacia la construcción de un nuevo país, caminará a una Asam-blea Nacional Constituyente donde se definan temas tan puntuales como la tenencia y el uso de la tierra para los campesinos, la protección territo-rial y cultural de los indígenas, el me-joramiento y el cambio de modelo en el sistema de educación, las condi-ciones salariales dignas que deberán tener los trabajadores, el respeto y el uso adecuado de los recursos natura-les, el reconocimiento del papel cen-tral de la mujer en la construcción de país, las condiciones dignas para la vejez, el cambio en la doctrina militar que se enfoque a la protección de sus nacionales, no de intereses privados,

Fotografía: Cumbre Agraria 2014. Por William Ricardo Garavito/ Colectivo Brecha / CEAR

Entre sueños rurales: un clamor por el territorio

Por Manuel Mateo Gómez / Di-namizadora ecológica y cultural Cacica Gatitana / Unidad de Pro-cesos Populares.

Durante décadas, una ola de gran tamaño ha ido aumen-tando sus dimensiones, a me-

dida que se alimenta de los pueblos que va ahogando a su paso. Capita-lismo. Su fin es sumergir a todos los grupos humanos bajo sus aguas; con-taminadas por la ambición y el poder de aquellos pocos privilegiados que ponen en funcionamiento todos sus mecanismos de dominio y control. Su fuerza aumenta mientras crecen sus fronteras territoriales, mientras dilatan sus lógicas individualistas, mercantiles, privadas… mezquinas. La tierra, y sus pobladores han sido unos de sus principales objetivos en su guerra frontal para aumentar sus dimensiones globales. Sin embargo, desde la tierra misma, han surgido, y se construyen, procesos que se re-sisten a ser ahogados por estas sucias aguas.

De tal forma, que no han sido po-cas las manos organizadas, que han levantado sus puños con machetes, azadones, picas y palas, gritando con fuerza y decisión por la apropiación de su territorio y por la defensa de su vida, como bien lo han demostrado las masivas movilizaciones que des-de el año pasado han hecho temblar

las carreteras del país. Manifestando con fuerza y contundencia los fru-tos del trabajo colectivo para buscar la solución a la crisis de producción agropecuaria, el acceso a la propie-dad de la tierra, el reconocimiento de la territorialidad campesina, la efecti-va participación de las comunidades y pequeños mineros tradicionales en la política minera del país, las ga-rantías del ejercicio político para los pobladores rurales e inversión social en materia de salud, educación, vías, viviendas y servicios públicos.

Exigencias todas ellas, que nacen como forma de resistencia a las po-líticas injustas de un gobierno ilegíti-mo, así como al avance de las lógicas capitalistas en el campo colombiano.

De allí que todas estas reivindicacio-nes no deben olvidar la importancia de romper con las lógicas individua-

listas, privativas y mercantiles, para abrir paso a las relaciones comunita-rias, solidarias y autónomas; donde la propiedad de la tierra no es de unas pocas manos que explotan a aquellas muchas quienes la trabajan, donde todos los esfuerzos se orientan para garantizar que todas las personas vivan dignamente, sin prejuicios ni exclusiones. Ejerciendo una apropia-ción del territorio que sacude la esta-bilidad del modelo cultural, econó-mico y político establecido, pues se piensa y se practica el territorio como un espacio donde prima la vida más que el dinero, donde es posible con-cebir formas de vida heterogéneas y donde la tierra no es un simple objeto para producir y explotar, sino un lu-gar donde se construye la vida y se tejen los sueños. Un lugar que resiste y lucha por la vida digna y la paz con justicia social.

estos y otros tantos temas que hacen parte de ese Iceberg que ha quedado al desnudo.

Nadie ha dicho que sea un proce-so fácil pero hemos sido testigos

que la movilización social y pacifi-ca funciona, así que es hora de que nos empecemos a pensar en un Paro Cívico Nacional, donde no seamos espectadores sino actores principales en la transformación de un país más distinto.

Fotografía: Movilizaciones. Bibiana Ramírez /Agencia Prensa Rural

26 Abril - Julio

Entrevista periódico amazónico El Arador

Por Marco Tobón

El Arador es un periódico pro-ducido por ciudadanos y es-tudiantes universitarios en

Leticia Amazonas, nació en 2010 y por sus páginas se han denunciado los abusos de las bases militares en el Amazonas, se han reconstruido memorias culturales olvidadas, se ha difundido la poesía y la literatura indígena de la región y se vigila, con mucho esfuerzo y compromiso, el ejercicio de los poderes regionales y locales. Hablamos con Fernanda Gonçalves, una de sus integrantes.

¿Qué es El Arador?: Como periódi-co es una apuesta moral. Si se refiere al nombre exclusivamente es un áca-ro de las selvas tropicales que genera mucho picor, comezón desesperante y ardor.

en El Arador escribe quién sienta que su voz debe ser amplificada. En su mayo-ría son estudiantes univer-sitarios de la región.

¿Qué significa una apuesta moral? Es la puesta en práctica de la libertad de pensamiento y expresión, la opo-sición crítica y permanente a quienes le han declarado la guerra a la liber-tad humana y a la vida, a lo que tie-ne vida. Con nuestras herramientas humanas, es decir, con la capacidad de pensar-sentir-razonar, nos hemos enfrentado al racismo, al machismo, al despojo, a la corrupción, a la mine-ría indiscriminada, a los abusos mili-tares y a las obscenidades del poder.

Su discurso parece copiado de los representantes de la ilustración, Vol-taire y Rosseau, quienes creían en el poder de la razón humana y el respe-to a la humanidad.

Mucho más importantes que Voltai-re y Rosseau en esa parte del mundo, estaría Sebastian Castellio, un hom-bre mucho más valiente, intrépido e inteligente, e injustamente menos conocido, quién solo y desarmado se enfrentó al brutal régimen de Calvi-no y desafió sus poderes utilizando únicamente sus herramientas inte-lectuales y humanas. Pero nuestras referencias principales se encuentran en los pueblos indígenas amazónicos, que son como una especie de Caste-llios vivos, en sus mambeaderos se respeta la libertad de pensamiento y expresión, confían en resolver los conflictos mediante la palabra, con-fían en aquello que nace del corazón y de la interlocución. Y mejor aún,

son seres extraordinarios, alegres, ge-nerosos, con muy buen humor, muy intuitivos y valientes.

El Arador es un periódico poco co-nocido, ¿por qué cree que el país no sabe casi nada de este periódi-co? En el Amazonas El Arador es más conocido que la chuchugüaza. Nuestro público y nuestros lectores son mayoritariamente amazóni-cos, en todos los corregimientos del departamento se lee El Arador y se usa de mil maneras también, usted se imaginará. Pero el interés no es el reconocimiento mediático, sino los aportes que la información produci-da pueda hacer en el ejercicio de la libertad y la defensa de principios éticos y ciudadanos. Además es a todas luces conocido que el perio-dismo popular en Colombia se hace con las uñas, con mucho esfuerzo y con aportes voluntarios y de buena fe. Nadie recibe honorarios, aun cuando muchos se lo merecen de sobra.

¿Reciben algún apoyo?, ¿Quién les paga la impresión? El apoyo en las columnas y artículos proviene de muchos ciudadanos de la región amazónica, en El Arador escribe quién sienta que su voz debe ser amplificada. En su mayoría son es-tudiantes universitarios de la región. Y pagar la impresión siempre es una dificultad, porque como diría Mara-dona del barrio en el que nació, que según él era privado, también somos

un periódico privado, es decir, pri-vado de recursos, de litografía, de sala de redacción, generalmente se cubre con aportes de quienes confor-mamos el comité editorial que edita, diseña y diagrama, a veces algunos ciudadanos solidarios aportan econó-micamente.

... ahí nace la idea del pe-riódico El Arador, fue la declaración en 2010 del ex presidente Uribe desde Da-vos Suiza en la que insistía que los estudiantes debe-mos conformar redes de información que denun-cien actos delictivos

¿Por qué nace El Arador? Antes de tener en mente El Arador, nos encon-tramos frente a unas circunstancias en las que confluyen varios senti-mientos y motivaciones, entre estos y quizá el más importante estaba el desprograme atroz en el que perma-necíamos -¿Se da cuenta de la impor-tancia del ocio en los movimientos de la historia?- Esta holgazanería se mezcló con la inconformidad frente al actual estado de cosas de la políti-ca y la ética regionales y nacionales, y así empezó a criarse en nosotros el sentimiento de que estábamos

siendo cómplices de la resignación, seguidores involuntarios de la me-diocridad, estados indeseables para cualquier ser humano. Entonces, fue así como en una tarde

Amazónica aquí en Leticia decidi-mos formar un grupo para intercam-biar ideas y espantar los males de la obediencia y la insensibilidad. Pero la chispa que hizo todo explotar, y ahí nace la idea del periódico El Arador, fue la declaración en 2010 del ex pre-sidente Uribe desde Davos Suiza en la que insistía que los estudiantes de-bemos conformar redes de informa-ción que denuncien actos delictivos y sospechosas prácticas terroristas.

¿El Arador fue una respuesta a la provocación de Uribe? No le atribu-yamos toda la responsabilidad, pero fue el detonante que motivó esa mo-vilización previa. Es que tal propues-ta no ha tenido precedente alguno en la historia de las dictaduras de Amé-rica Latina, pues constituye un teme-rario desafío desde el autoritarismo a la inteligencia de los estudiantes, no a proceder como soplones en alianza con la fuerza pública, sino a pro-ceder como ciudadanos que ejercen el derecho a producir información. Es decir, si Uri-be quería informantes, dijimos, actuaremos en consecuencia. Y aquí continuamos.

Memoria Abril - Julio 27

Andrés Flórez en la memoria

Por César Jerez

El Río Cimitarra es una serpien-te tatuada con meandros que se despierta todas las mañanas

y sale de su cueva, en el piedemon-te de la Serranía de San Lucas, para recordarle a su gente, con el primer destello matutino, que pese a todo, la vida sigue. Esta era la luz y este el paisaje que veía Andrés Flórez to-dos los días desde su finca ribereña, Las Peñas, en la vereda Don Juan de Yondó, a donde llegó con su familia, desde la lejana Moil, en Córdoba en 1967.

Su vida corrió como el río que lo aco-gió, de manera turbulenta e intensa. Andrés tenía 14 años cuando conoció el Valle del Río Cimitarra. El fenoti-po Zenú, su buen humor permanente, el sombrero vueltiao y la jocosidad caribe delataban su origen, en una región tri-étnica colonizada por san-tandereanos, paisas y costeños.

Se inició como dirigente comunal a los 20 años, creo la Junta de Acción Comunal -JAC de la vereda Don Juan y participó en la creación de las JAC de El Campo Cimitarra y el Ba-gre. Andrés siempre fue un hombre generoso, a comienzo de los años 90 fundó el caserío de Bocas del Don Juan en tierras donadas por él y por su familia.

Desde 1985 fue dirigente de la na-ciente Unión Patriótica - UP, su mi-litancia había empezado en el Par-tido Comunista y sus camaradas lo suelen recordar transportándose en un burro brioso por las veredas de la región, dicen que en un solo trayec-to podía ir desde su finca en el Don Juan hasta la finca de los Cifuentes, en la verada Las Lomas, o lo recuer-dan navegando por el Río Cimitarra en una canoa impulsada a canalete o a vara, haciendo el trabajo de célula partidaria.

En 1991 fue detenido por el ejército y encarcelado. Por esos días se había producido una fuerte operación mi-litar y el ejército había bombardea-do indiscriminadamente las fincas campesinas de la vereda La Concha, entonces fue sindicado de ser auxi-liador de la guerrilla de las FARC y liberado solo tres meses después.

Fue fundador de la Asociación Cam-pesina del Valle del Río Cimitarra

- ACVC , participó en la marcha campesina hacia Barrancabermeja en 1996, después de regresar de la movilización no dudó en afiliar a la JAC del Don Juan a la ACVC.

Durante los gobiernos de Uribe, en pleno paramilitarismo de Estado, en

un contexto de asesinatos, masacres y falsos positivos por todo el Mag-dalena Medio, cuando la ACVC fue duramente reprimida, perseguida y sus líderes fueron encarcelados y otros exiliados, cuando la Zona de Reserva Campesina recibía los ma-yores ataques, Andrés no dudó en asumir más responsabilidades políti-cas, fue parte de la Junta directiva de la ACVC como fiscal y vocal e hizo parte del equipo de la seccional me-dia de la ACVC, se afilió al proyecto de ganado blanco y a la trilladora de arroz de Bodega los 11.

Fue un hombre de familia campesi-na, poco dado a la parranda, aunque amante del vallenato "del viejo". Se había casado con María Estrada , campesina con la que tuvo un hijo y dos hijas.

La violencia política del terrorismo de Estado tocó a Andrés en sus fibras más sensibles y dolorosas. Su espo-sa y su hijo, Luis Fernando Flórez, fueron asesinados por sicarios para-militares el 25 de abril del 2002. Sus cuerpos vejados fueron arrojados al Río Magdalena en Barrancabermeja, luego serían encontrados flotando en el río cerca a Puerto Wilches. Los asesinos los habían matado en Los Chinchorros, en la entrada al caño de La Rompida, justo en frente a la base militar de la Armada Nacional. La ubicación del matadero de humanos de los paramilitares, a escasos minu-tos del puerto de Barrancabermeja,

Fotografía: Andrés Floréz

donde fueron ultimadas decenas de personas durante años, nos dice mu-cho de la responsabilidad estatal de esta barbarie de la que también fue víctima Andrés Flórez.

El horror de los asesinos no lo ami-lanó, por el contrario se dedicó a crear comités de derechos humanos y a pelear por el mejoramiento de las trochas y carreteras de Yondó. Su compromiso con la organización se mantuvo siempre. A finales de 2013 donó a la ACVC el lote para montar la futura empacadora y comercializa-dora de arroz. Llamaba todos los días a sus compañeros de organización para informar e informarse de las no-vedades desde su finca en Las Peñas.

Durante los últimos años, en nuestros encuentros, disfrutábamos mutua-

mente hablando de las tribulaciones amorosas de “El Bellaco”, de su gran capacidad para pescar con arpón, de las anecdotas sobre pescadores, de la culinaria del pescado, que mane-jaba a la perfección, y del sabor úni-co de la Doncella, su pesca favorita.

Andrés Flórez, viejo compañero y camarada, un campesino que vivió de la siembra del arroz y de la yuca, un cultivo del que se sentía pro-fundamente orgulloso, un hombre del campo que vivió del ganado y de la pesca, un hombre que luchó más allá de su propio dolor por esta tierra, tu memoria perdurará entre todos nosotros y nosotras, como ejemplo para los que vienen, para los que finalmente disfrutarán de la paz en esta tierra antes arrasada

Falleció Blanca Villamil, comunista de toda la vida

Por Semanario VOZ

E l domingo 13 de julio del pre sente año, falleció en Bogotá Blanca Villamil, destacada

dirigente comunista durante muchos años, que se desempeñó en las direc-ciones de la Juventud Comunista Co-lombiana (JUCO) primero y del Par-tido Comunista Colombiano después. Fue la compañera de Álvaro Oviedo, profesor universitario y miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano. Tuvieron un hijo, Álvaro Jr.

Blanca ingresó a la Juventud Comu-nista al final de la década de los años 60. Su familia siempre estuvo vincula-da a la militancia revolucionaria. En la JUCO escaló todas las posiciones has-ta ser integrante del Comité Central y del Comité Ejecutivo. Se destacó por la claridad política y el activismo en las responsabilidades que siempre asumió.

En la década de los años 80 del siglo pasado, pasó a las filas del Partido Comunista Colombiano, de cuyo Co-mité Central hizo parte. Su labor más destacada fue en el frente de la cultura. Desde allí fortaleció las relaciones del Partido Comunista con los artistas y a muchos de ellos los llevó a participar en los festivales mundiales de la ju-ventud y los estudiantes y en los festi-vales del semanario VOZ.

Ha sido considerada como uno de los cuadros femeninos de mayor nivel político y protagonismo organizativo en la vida del Partido Comunista Co-lombiano. Representó a la Juventud y al Partido en varias tareas internacio-nales.

Debido a sus quebrantos de salud, des-de hace varios años estaba marginada de la actividad militante, pero siempre pendiente de la vida del partido, de sus actividades y tareas. “Fue una co-

munista de toda la vida”, dijo Carlos Lozano, director de VOZ y dirigente del Partido Comunista, quien resaltó la personalidad de Blanca Villamil y destacó el aporte que le hizo a los festivales de VOZ en el campo de su organización y de la cultura.

El Comité Ejecutivo Central del Par-tido Comunista Colombiano lamentó el fallecimiento de Blanca Villamil y honró su memoria como una de las militantes y dirigentes de mayor tra-yectoria y aportes a la lucha revolu-cionaria y a la construcción del partido. Le hizo llegar a su compañero Álvaro Oviedo Hernández y a su hijo Álvaro Oviedo Villamil, así como a sus her-manos y familiares, los sentimientos de pesar, condolencias y solidaridad.

Las honras fúnebres se llevaron a cabo el martes 15 de julio en una ceremonia estrictamente privada por decisión de la familia.

Memoria28 Abril - Julio

Marquetalia y el inicio del conflicto armado contemporáneo

Por Camilo Rueda Navarro / Agecia Prensa Rural

Desde 1962, los discursos del congresista conservador Ál-varo Gómez sobre las “re-

públicas independientes” generan controversia nacional. Según el par-lamentario, en el país había 16 de éstas “repúblicas”, zonas que escapa-ban a la soberanía nacional y al con-trol del gobierno central. Producto de estos señalamientos, el gobierno pre-para un ataque militar oficial.

Un grupo de sacerdotes, catedráticos y políticos liberales plantea la nece-sidad de establecer diálogo con los campesinos, y proponen enviar una comisión a Marquetalia, antes de que se emprendan acciones represivas.

El arzobispo de Bogotá, Luis Concha Córdoba, niega el permiso solicitado por los sacerdotes Germán Guzmán, Camilo Torres y Gustavo Pérez para formar parte de ésa comisión. Los restantes miembros de la comisión, Gerardo Molina, Orlando Fals Bor-da y Eduardo Umaña Luna, desisten del viaje.

Además, un grupo de intelectuales franceses encabezados por Jean-Paul Sartre, Jacques Duclos y Simone de Beauvoir envían una carta al gobier-no colombiano en solidaridad con los campesinos.

Por su parte, el Partido Comunista y el Movimiento Revolucionario Liberal emprenden una campaña de solidaridad llamada “Defender a Marquetalia”. El PCC destaca a Luis Morantes (Jacobo Arenas) y la Ju-ventud Comunista a Hernando Gon-zález para que viajen a Marquetalia a asesorar a los campesinos.

El movimiento agrario, además de prepararse para la agresión, lanza una serie de proclamas, cartas y co-municados a todas las instituciones y organismos nacionales y extranjeros, denunciando el inminente ataque. Sin embargo, las iniciativas políticas no son atendidas por el presidente Guillermo León Valencia, que el 18 de mayo lanza un ataque con unos 2.400 hombres, según archivos del ejército consultados por la revista Semana.

La “Operación Marquetalia”

Marquetalia es una región de unos 800 kilómetros cuadrados sobre la cordillera central, ubicada entre las sierras de Atá e Iquirá, en cuya parte central hay un pequeño altiplano.

Las condiciones geográficas de esta zona la hacen casi impenetrable, fac-tor que en ese momento favorece al movimiento agrario, que se prepara para la operación organizando a los 48 hombres, y evacuando a las muje-res y a los niños.

Se forma un Estado Mayor y escua-dras de diez hombres para desarrollar una especie de guerra de guerrillas móvil. El 27 de mayo de 1964, en el cañón del río Atá, se produce el primer combate entre tropas del ejér-cito y los campesinos al mando del comandante Joselo. Dicho enfrenta-miento se toma como punto de refe-rencia del nacimiento de las FARC.

En junio prosiguen los combates en la zona, ocasionados principalmen-te por emboscadas tendidas por los guerrilleros. Con ametrallamientos y bombardeos, el ejército ingresa al área plana. Y el 18 de junio, los mandos oficiales hacen entrega al gobierno de “Marquetalia libre de bandoleros.”

Pero en las montañas sigue la acción de los marquetalianos. El ejército continúa con los bombardeos, mien-tras que el grueso de campesinos se traslada hacia Riochiquito (Cauca).

Algunos historiadores y analistas inscriben la agresión a Marquetalia en el “Plan LASO”, Latin American Security Operation, una especie de programa de asistencia militar es-

tadounidense para América Latina, enmarcados en la nueva concepción de la “Doctrina de la Seguridad Na-cional” dirigida contra los focos gue-rrilleros campesinos.

El Bloque Sur

En la conferencia se plantea la exten-sión de la lucha guerrillera, se nom-bra un Estado Mayor y se elabora un plan de acciones. Además, se da a co-nocer el “Programa Agrario”, docu-mento firmado el 20 de julio de 1964 en medio de la confrontación. En Riochiquito, el movimiento agra-rio se va a caracterizar por el esta-blecimiento de una alianza indígena, campesina, guerrillera, bajo el lide-razgo de Ciro Trujillo Castaño, cuya primera acción ofensiva es la toma de Inzá (Cauca).

El nacimiento del ELN

El entonces coronel del ejército Ál-varo Valencia Tovar es encargado de preparar una operación contra Riochiquito, pero a última hora es enviado a Santander a combatir otro levantamiento guerrillero.

El 4 de julio de 1964 se había dado creación al Ejército de Liberación Nacional, formado por un grupo de estudiantes inspirados en la Revo-lución Cubana y que con un grupo de campesinos emprende la primera marcha guerrillera en las montañas de Santander.

El 7 de enero de 1965 el ELN se va a dar a conocer ante el país con la toma

del municipio de Simacota, en la que difunde un manifiesto y su platafor-ma.

Valencia Tovar comanda operaciones contra el nuevo grupo y sus tropas dan de baja en un combate a Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólo-go que impulsó el Frente Unido del Pueblo y que decidió apoyar la lucha armada vinculándose al ELN.

Camilo cae el 15 de febrero de 1966 en un combate en Patio Cemento, municipio de San Vicente de Chucu-rí, y su figura va a inspirar internacio-nalmente al movimiento conocido como la “Teología de la Liberación”.

La segunda conferencia

Por su parte, Manuel Marulanda atra-viesa el páramo de Santo Domingo, en la cordillera central, llega al Huila y continúa hacia el oriente del Tolima. Y Jacobo Arenas cruzaba el Tolima hacia el Sumapaz, y luego se ubica-ría en el cañón del Río Duda, en el Meta.

En 1966, Marulanda y sus compañe-ros se plantean la creación de un pro-yecto militar nacional. Se convoca entonces a la Segunda Conferencia Nacional del Bloque Sur, constituti-va de las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia (FARC).

En la reunión se usa por primera vez la denominación de FARC. Además se adoptan unos estatutos, un regla-

Fotografía Riochiquito. Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo

En mayo de 1964 el ejército ata-có las “repúblicas independien-tes”, lo que generó la creación de la guerrilla de las FARC. El 4 de julio de ése año nació el ELN.

Memoria Abril - Julio 29

El 8 y 9 de junio siguen vivos en la memoria del movimiento estudiantil

Por Leonardo León / Agencia Prensa Rural

El día del estudiante revolucionario, 8 y 9 de junio, se conmemora a partir de dos hechos trágicos en la historia del movimiento estudiantil pero que demuestran el nivel de combatividad y resistencia que ha tendido desde hace casi un siglo.

El primero de ellos fue el 7 de junio de 1928 cuando la Universidad Na-cional, que para ese entonces for-maba principalmente a la oligarquía colombiana, fue escenario de una manifestación estudiantil en contra de la hegemonía conservadora tras haberse denunciado la masacre de las bananeras que dejó más de 3000 trabajadores asesinados en acción conjunta del terrorismo de Estado con la multinacional United Fruit Company, hoy Chiquita Brands.

Durante la jornada de protesta, las balas asesinas de la policía del ré-gimen penetraron los cuerpos de tres estudiantes, entre ellos Gonzalo Bravo Pérez quien cayó muerto en el

centro de Bogotá. Al día siguiente, el cuerpo del joven fue llevado al Ce-menterio Central en una gigantesca marcha en la que participaron miles de ciudadanos.

Desde entonces, cada 8 de junio se desarrollaba una marcha hacia el Cementerio Central de Bogotá en recuerdo al mártir caído hasta que en 1954, durante la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, luego del ritual, cuando ya habían regresado los manifestantes al campus y se en-contraban en actividades deportivas, la policía ingresó a la Universidad Nacional disparándole al estudiante Uriel Gutierrez en la cabeza.

Al día siguiente, el 9 de junio de 1954, una marcha de más de 10.000 uni-versitarios salió en protesta contra el asesinato de Uriel y en el centro de Bogotá, el Batallón Colombia, des-tacamento militar que la oligarquía arrodillada al imperialismo había mandado a la guerra de Corea bajo el mando del ejército de los Estados Unidos, abrió fuego contra la mani-festación sin mediar palabra, masa-

“Que la Universidad se pinte de negro, que se pinte de mulato, no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores; que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la Universi-dad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo”Che Guevara

crando a nueve estudiantes e hirien-do a más de veinte, hecho que quedó para siempre en la impunidad bajo la más completa censura de prensa im-puesta por la dictadura.

Los muertos de la jornada fueron los estudiantes Carlos Grisales, Álvaro

Gutierrez Góngora, Hernando Os-pina López, Hugo León Velásquez, Hernando Morales, Jaime Moore Ramírez, Rafael Chávez Matallana, Jaime Pacheco Mora, quien fue ase-sinado después a dos cuadras y Elmo Gómez Lucich, peruano, militante de la Juventud Comunista Colombiana.

A partir de ese hecho, el movimien-to estudiantil fue determinante en la caída de la dictadura aunque ésta desembocara en otra disfrazada co-nocida como “el Frente Nacional” en la que conservadores y liberales se turnaban el poder.

Por eso en Colombia se conoce como el día del estudiante revolucio-nario o caído al 8 y 9 de junio, fecha que sigue viva en la memoria junto a muchos otros como el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional en la que murieron por lo menos 17 personas tras una protesta estudiantil que terminó en una masacre perpe-tuada por el ejército y que llevó al cierre de la universidad por más de un año además del desmonte del bienestar estudiantil como el cierre de las residencias y el restaurante.

mento interno, un régimen discipli-nario y normas de comando.

También se propone el despliegue a nuevas áreas, se ratifica el carácter de guerrilla móvil ofensiva y se diseñan planes militares, políticos, de propa-ganda, entre otros.

La fuerza se organiza en seis desta-camentos guerrilleros, bajo la direc-ción de Ciro Trujillo, Joselo Losada, Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rojas Rivas (“Cartagena”) y Manuel Marulanda, respectivamente.

Marulanda, en compañía de Jacobo Arenas, se desplaza a la zona de El Pato, en límites de Huila y Caquetá. En el recorrido tiene varios choques con el ejército.

Por su parte, Ciro Trujillo concen-tra su destacamento junto con los

de Carmelo López, Rogelio Díaz y “Cartagena” sobre la cordillera cen-tral, en el Quindío, donde es detecta-do por el ejército, que les infringe un duro golpe con el que es exterminada más de la mitad de la fuerza guerri-llera.

30 Abril - Julio

Periódico Tierra N° 17

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