Farc debe tener claro que redefinición de FF.MM. no se negocia: general Mora

EDICIÓN

555DICIEMBRE 2015

El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel respondió duramente a las Farc sobre la creación de territorios de paz, en los que propone una desmilitarización de las zonas de Colombia donde concentrarían a sus combatientes.

“Los famosos terrepaz hacen parte únicamente del imaginario de las Farc. Queremos una Colombia con un futuro de fortaleza, de superación, de bienestar. Dividirnos es imposible. Esta misión no la hemos recibido y por lo tanto no hace parte, ni remotamente, de nuestro comporta-miento”, expresó.

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EDITORIALACORE y sus cincuenta y cinco años de creación

En este año hemos celebrado cincuenta y cinco años de lucha por nuestros más caros principios y valores, haciendo honor en esta tarea a los pilares fundamentales de nuestra institucionalidad, que no son otra cosa que enaltecer ese gran compromiso que adquirimos desde temprana edad en nuestras escuelas de formación y, en particular, con todo aquello que concierne a la seguridad y defensa nacional, razón de ser de nuestra formación profesional.

General Douglas Mc ArthurPasa Pág. 3

Instrumentos para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública

En mayo del presente año, las diferentes asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. y la Policía Nacional, hicieron pública su preocupación y extrañeza ante la inexplicable proposición que fue interpuesta por el Gobierno Nacional con a fin de modificar el proyecto de acto legislativo que cursaba en el Congreso de la República para reformar el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, en materia de Fuero Penal Militar y Policial. A través de esa proposición modificativa, el citado proyecto de acto legislativo quedó reducido a un solo artículo, en el cual se estableció que sobre todas las conductas cometidas por miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo, conocerían las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarían integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

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Reflexiones sobre Fuero y Justicia Penal Militar o Policial Carlos Alberto Castillo L., un señor periodista

Inicialmente quiero agradecer a la coronel Rosa María Llovera, directora del Departamento de Comunicaciones de ACORE, por su invitación para ocupar este espacio y referirme a un tema de aquellos que como persona, como colega y como amigo, nunca creí que, al menos en un futuro próximo, tendría que escribir.

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Quincuagésimo quinto aniversario de ACORE

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In memoriam

¡Un muy buen feliz año 2016!

2 - EDICIÓN 555

Cuando hablamos del futuro, lo relacionamos con la presencia del hombre en el espacio y de lo bueno que puede ser para nuestros hi-jos y demás descendientes, todo lo que se aproveche de este. Esta conjetura del futuro genera expectativas en la humanidad y en es-pecial cuando se trata de mejorar lo existente.

En Colombia lo relacionamos con la paz y no alcanzamos a visualizar ese anhelo de muchas naciones. Visto de ésta manera, el futuro en Colombia gira alrededor de una tran-quilidad, de una paz, que tengamos mayores oportunidades y que nuestras expectativas de vida aumenten. Por lo que observamos actual-mente, muchos lo ven incierto y el horizonte no es claro para los colombianos. La razón: hay mucha confusión, falta de claridad y de información. Recordemos que el proceso de paz cambiará la sociedad colombiana y esto preocupa al común de los colombianos.

Dejamos en manos de unos pocos el destino de Colombia. Algunos gobernantes nos con-minan a ahorrar electricidad, agua, recursos y elaboran decretos para obtener, según ellos, sus objetivos. De igual manera, elaboran dis-cursos haciéndonos creer que todo es color de rosa y que lo que viene es mucho mejor. Se in-ventan lemas para afirmar esa realidad, según ellos. El pueblo a veces no les cree.

Hoy no sabemos que quieren las Farc. No sé si esta inquietud está en el argot de los políticos o peor si se han hecho preguntas en este sen-tido. Se han preguntado ¿por qué unos pocos están en el proceso de paz, tomando decisio-nes de gran calado para el destino de todos los colombianos? Si realmente desean la paz, ¿por qué no hacen participe al común de las perso-nas? ¿Habrá un objetivo superior? El Gobierno ha sostenido que los acuerdos de La Habana serán avalados por el pueblo y

¿Qué nos depara el futuro?Por: Vicealmirante (RA) Luis F. Yance V.

Opinión

estudia caminos. ¿Cuáles serán esos caminos? Algunos impulsan una séptima papeleta; los más osados manifiestan que no hay necesidad de una refrendación popular, como lo señaló el Fiscal; otros hablan de una constituyente. La pregunta que nace es: ¿por qué tanto baile y engaño al pueblo? Eso es lo que entristece y confunde.

Existen aquellos que, por su parte, quieren cambiar la Constitución para satisfacer in-tereses propios. Sería de buen recibo que el pueblo pueda manifestarse en cumplimiento de la palabra empeñada por el presidente; de no ser así, otra mentira más sería la ocultación a la verdad. Recordemos que un mentiroso se diferencia de una persona que dice la verdad en el hecho de que el primero (mentiroso) qui-ere esconder la verdad, mientras que el otro la quiere revelar.

El temor al fracaso lleva a un gobierno a des-carrilar al país, con sus propios argumentos y sus estrategias erradas. Lo peor que le pu-ede pasar a un presidente es creerse virtuoso,

La torpeza e ignoracia jurídica de las Farc re-sulta cada vez más evidente. La mayoría de sus pronunciamientos desde La Habana evidencia que a los negociadores de esta organización armada ilegal con el Gobierno, les hacen falta asesores que les permitan comprender adecua-damente el universo del derecho público inter-nacional.

“En ningún caso se dijo que fuéramos a retirar de las filas a menores que ya habían ingresa-do”, señalaron a mediados de año cuando se les preguntó sobre la exisetncia de niños y ni-ñas ‘encuadrilladas’.

Negarse a retirar de sus filas a los menores de edad reclutados a la fuerza constituye per se un crimen de guerra a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 8) y una flagrante violación de la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 38).

De contera, esta posición ortodoxa del grupo armado pisotea las reglas 136 y 137 del Estudio sobre Derecho Internacional Consuetudinario, que en 1977 elaboró el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).

Si bien es cierto que estos instrumentos fijan la

edad de 15 años como límite para reclutar o enlistar niños –al tiempo que instan a las par-tes en conflicto a tomar las medidas para que aquellos que estén por debajo de esa edad no participen directamente en las hostilidades–, también lo es el hecho de que no pretenden pasar por encima de las normas internas de la alta parte contratante –término utilizado para designar a los Estados signatarios de los trata-dos–, dado su carácter subsidiario.

La explicación es simple. Como quiera que Colombia es Estado parte en todos estos trata-dos y convenios internacionales, los cuales, en primer lugar, ha suscrito y ratificado y, en se-gundo lugar, incorporado a la legislación nacio-nal por vía del llamado bloque de constituciona-lidad, resulta oportuno señalar que en nuestro país la edad para reclutar o alistar es 18 años.

En Colombia, la Ley 27 de 1977 fijó la mayoría de edad a los 18 años, cuando se considera que la persona ha alcanzado plena capacidad de obrar. La mayoría de edad otorga a la persona los derechos políticos –verbo y gracia, elegir y ser elegido– facultades a las que comúnmente se les conoce como ciudadanía.

Después de este análisis jurídico de soslayo,

es decir, justificar todo sin importar qué, al mejor estilo del pensamientode Maquiavelo. Estamos ante un ser sin principios éti-cos y oportunista.

Estar convencidos de tener una razón moral es un error común en los mandatarios. Hitler fue un caso ellos, al igual que Lenín. La historia ha sido impla-cable con ellos.

En Colombia tenemos muchos casos. El más reciente fue el que nos llevó a perder más de 75.000 kilómetros cuadrados de aguas jurisdic-cionales por un mal planeamiento en la defensa de los intereses de la Nación, culpa de nuestros mandatarios. No observan la conducta de ad-mitir la única verdad: “nos equivocamos”.

Proceso de paz

A cuenta gotas nos dicen lo que está pasando en La Habana: los 75 puntos negociados es-tán listos, pero el Gobierno presenta sólo 10; otra cosa dicen las Farc; algunos políticos manifiestan que se está entregando la Nación; que vamos por buen camino; que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”; los gremios apoyan el proceso pero hacen reparos al mismo; el Fiscal confunde a la opinión con sus conceptos jurídicos; De la Calle afirma que necesitamos la paz en La Habana, pero tam-bién en Colombia (sic); el Procurador insiste en que no pretende atravesársele al proceso, pero que es enemigo de la impunidad; el Papa manifiesta que la paz en Colombia es necesaria

y a veces tratan de utilizar su imagen para beneficio propio; la UE apoya el proceso en for-ma oral y en términos cuantitativos en nada; el CICR anuncia que está listo para la búsqueda e identificación de desaparecidos y no dice cómo; los políticos oportunistas son áulicos para ben-eficio de la mermelada; el Gobierno asegura que en el centro de las negociaciones de paz están las víctimas, pero no tiene el censo real de las mismas.

Todo es confuso, espeso, cosas diversas y que se traduce en errores. Este es el panora-ma actual. No hay consistencia. Al parecer el planeamiento de la paz no es adecuado. Se podrán tener pergaminos intelectuales, per-sonajes con títulos y acreditaciones, pero lo primero es señalar una estrategia para lograr el cómo. Aquí se ha adolecido de este rigor y de esta disciplina; en el camino se van ajustando cargas y salir adelante ante la eventualidad. Es tal la confusión que se llega irremediable-mente al error y esto preocupa. En el argot mar-inero siempre señalamos el rumbo, la dirección y el destino; todo obedece a un planeamiento detallado; observar el medio circundante y no dejar nada al azar.

La planeación es un arte y ciencia de formu-lar para evitar errores. En el logro de la paz al parecer no hay una buena estrategia; sólo hay unos objetivos que irremediablemente traerán muchos errores. El plan es la sumatoria de prever posibles acciones acompañado de esce-narios, herramienta útil para el éxito.

Los que han leído al general Eisenhower saben que nunca dejó nada al azar, siempre actuó con lógica como un patrón de conducta. La paz o el proceso tiene fisuras de principios, es decir, normas de ética: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, que otros llaman preceptos para lograr los propósitos.

Farc y reclutamiento forzado de menoresPor: Coronel (RA) José Obdulio Espejo Muñoz.

los pronunciamientos de las Farc sobre esta materia carece de contexto y reflejan una con-tradicción que desdice de la capacidad interpre-tativa de los negociadores de las Farc frente a las exigencias de la comunidad jurídica interna-cional.

Un paso en falso si se quiere, pues resulta in-comprensible que las Farc estén dando palos de ciego, precisamente cuando se encuentran en la picota pública internacional tras el fallido proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango, a lo que se suman sus comprobados nexos con el tráfico interna-cional de cocaína y otras sustancias sicoactivas derivadas de la cannabis y la amapola.

Por consiguiente, las Farc deberían dejar de re-clutar a menores de edad y retirar de sus filas a aquellos que vincularon en el pasado.

De ahí que extraña enormenente el silencio cómplice de los negocidadores del Gobierno frente a las declaraciones de las Farc en Cuba sobre este particular, máxime cuando voceros oficiales vienen denunciado que esta práctica no ha cesado pese a los compromisos públicos anunciados por los voceros del movimiento ar-mado desde La Habana.

¡Todo un contrasentido!

Por esta razón, nadie se explica de dónde salió la edad límite de 17 años que anunció ‘Iván Márquez’ en un escueto comunicado del 12 de febrero de este año. Es claro que no tiene ningún asidero normativo, ni en el ámbito ju-rídico doméstico ni mucho menos en el inter-nacional.

Mucho menos comprensible que las Farc nieguen abiertamente haber “reclutado forzosa-mente ni a menores ni a ningún combatiente”. Los más de 18 mil niños y niñas desvinculados del conflicto armado que en la última década figuran en las bases de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) contra-dicen esta afirmación.

Creo abiertamente en la paz y en la necesidad de allanar caminos que fortalezcan el proceso que se desarrolla en la isla de los Castro. Mas recurrir a la falacia no es una práctica sana en el marco de las conversaciones y mucho menos cuando la mentira proviene de un movimiento que se ha caracterizado por su discurso acomo-dado y su doble moral. “Amanecerá y veremos”, reza el refranero popular.

DICIEMBRE 2015 - 3

Editorial

En este año hemos celebrado cincuenta y cinco años de lucha por nuestros más caros prin-cipios y valores, haciendo honor en esta tarea a los pilares fundamentales de nuestra institucio-nalidad, que no son otra cosa que enaltecer ese gran compromiso que adquirimos desde tem-prana edad en nuestras escuelas de formación y, en particular, con todo aquello que concierne a la seguridad y defensa nacional, razón de ser de nuestra formación profesional.

Fieles a este magno compromiso y consecuen-tes con lo que significa esa gran enseñanza, desde la reserva activa continuaremos edifi-cando la unidad e integración necesaria para lograr este cometido, entendiendo con sufici-ente claridad que nuestra institución militar es una sola y que en ella se encuentran, no únicamente quienes aún portan las armas de la República, sino también los que temporalmente hemos dejado de hacerlo, pero que por propia decisión o por mandato superior estamos dis-puestos a tomarlas nuevamente, cuando las circunstancias así lo determinen… ¡somos una sola institución!

Para este propósito, es importante fortalecer la estrecha relación que debe existir con los distin-tos niveles del mando, a fin de lograr la misma unidad e integración que hemos alcanzado con todas las asociaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. y de la Policía Nacional.

En función de este compromiso, como es de todos conocido, se ha constituido una Mesa de Trabajo Permanente (MPT), que como tarea prioritaria viene estudiando distintos temas de interés nacional e institucional, íntimamente re-

lacionados con la misión constitucional que le corresponde a nuestra Fuerza Pública, y sus graves efectos, tanto para sus integrantes, en actividad y en retiro, como también para con todo aquello que tiene relación directa con seguridad, defensa nacional y vigencia de nuestras instituciones democráticas.Sobre este particular, solo haré referencia a dos temas específicos de mucha actualidad: La intensificación de una ofensiva judicial contra miembros de la Fuerza Pública y el proceso de negociaciones con las Farc y sus efectos inme-diatos.

1. Intensificación de una ofensiva judicial contra miembros de la Fuerza Pública.

Sobre este tema debemos recordar que no se trata de algo nuevo, sino que viene de mucho tiempo atrás en forma persistente y sistemática. Últimamente esta ofensiva se ha intensificado mediante un habilidoso uso de los distintos medios de comunicación, para comprometer y poner en la picota publica a miembros de la Fuerza Pública de la más alta graduación, en distintos procesos sobre supuesta violación de derechos humanos en materia de torturas, de-saparición forzada, uso excesivo de la fuerza, homicidio en persona protegida, homicidio fuera de combate, etcétera.

Se utiliza como argumento principal la nece-sidad de buscar a los ‘máximos responsables’ y la ‘priorización’, como recurso indispens-able para resolver estos casos. A este coro se unen varias ONG y organismos internacionales de justicia, para los cuales tradicionalmente hemos sido personas de muy pocos afectos, dada nuestra condición de militares.

Este es un tema muy preocupante y que tiene que ver en forma directa con la guerra jurídica de que es víctima el Estado y particularmente sus Fuerzas Armadas. Esta guerra jurídica que tanto nos afecta, requiere en forma urgente la atención debida por parte del gobierno y de las instituciones afectadas, para contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal estab-lecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en el menor tiempo posible, sus peli-grosos efectos, particularmente en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de nuestros combatientes.Por otra parte, no entendemos aun la extraña posición asumida por nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de aceptar inexplicablemente la responsabilidad de agentes del Estado en desapariciones y tor-turas en el holocausto del Palacio de Justicia, sin existir hasta el momento plena prueba ni verdad jurídica sobre tales hechos.

Sobre este particular, ya se ha demostrado plenamente que no hay desaparecidos, sino muchos cuerpos sin identificar. ¡Esa es la ver-dad verdadera sobre estos trágicos acon-tecimientos! Ajuicio nuestro, tal determinación constituye una ofensa a la institución y al honor de nuestros soldados y policías con efectos muy, muy preocupantes.

Como complemento de toda esta habilidosa estrategia que se viene utilizando exitosamente contra la Fuerza Pública, se ha constituido últi-mamente una nueva técnica de investigación penal bajo la denominación de Unidad de Contexto.

Mediante este procedimiento, un grupo de in-vestigadores con dedicación exclusiva, vienen adelantando su gestión en asocio con reconoci-dos colectivos de abogados y varias ONG que les son afines, escudriñando todo tipo de archi-vos, información de internet, registros periodísti-cos, y cualquier fuente de información que con-sideren útil, tal como los llamados carruseles de falsos testigos, para abrir investigaciones contra distintos mandos por presuntas violacio-nes a los derechos humanos y al derecho inter-nacional humanitario. Según información hecha pública, en el momento actual existen cerca de 25.000 expedientes debidamente clasificados por hechos, épocas y zonas geográficas deter-minadas.

2. Proceso de negociaciones con las Farc y sus efectos inmediatos

Desde la reserva activa de la Fuerza Pública, por su experiencia en materia de seguridad y defensa nacional y también en lo relacionado con su participación directa en estos últimos años de conflicto armado que ha experimenta-do el país, se ha insistido en aportar juiciosas y constructivas recomendaciones, a fin de evitar la comisión de gravísimos errores del pasado y poder facilitar de alguna manera, un cierre

ACORE y sus cincuenta y cinco años de creaciónBrigadier General (RA) Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional de ACORE

definitivo y apropiado de este proceso, dentro de las muchas expectativas que tiene la gran mayoría de los colombianos.

Estas juiciosas y constructivas recomendacio-nes se han dado a conocer permanentemente en forma pública y privada, señalando de manera pormenorizada las principales dudas y preocupaciones frente al actual proceso de negociación del conflicto armado con las Farc. Cabe destacar, que estas asociaciones de la reserva activa son enemigas de la paz bajo ninguna circunstancia, ni tampoco conforman grupos políticos de oposición como se les ha querido señalar mal intencionalmente.

Sus comentarios y opiniones siempre han sido de carácter eminentemente institucional y solo constituyen un aporte más de quienes somos testigos de excepción de pretendidos acuerdos de paz que terminaron en rotundos fracasos, particularmente con este grupo armado ilegal.

Todos estos planteamientos, han sido enmar-cados dentro del gran respeto y admiración que siempre hemos prodigado a nuestras institucio-nes democráticas, particularmente a la Fuerza Pública y, sobre todo, a quienes en el momento actual portan el mismo uniforme que en su mo-mento nosotros también lucimos en defensa y seguridad de la patria. Esta sana y verdadera intención, tal como ya se dijo, es la de evitar la comisión de los mismos errores del pasado. ¡El país no puede equivocarse tantas veces en este tipo de negociaciones!

No se trata de información tendenciosa, ni mucho menos manipulación o alarmismo injus-tificado para atemorizar o confundir a la gente respecto a esta cuestionada negociación, en aras de buscar su eventual rechazo. La am-bigüedad de lo que en ocasiones se dice y cómo se dice, sumado a los frecuentes mensajes de los voceros de esta organización terrorista con contenidos muy cuestionables, son los que generan esta preocupante situación.

Es importante destacar que todo esto que tienen relación con el proceso de negociaciones que se adelanta, ha sido y siguen siendo amplia y permanentemente debatido en la Mesa de Trabajo de carácter permanente que representa al Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.

Como colombianos, como soldados y como ciu-dadanos del común, solo esperamos que este proceso de negociaciones tenga un buen final, por estar plenamente conscientes que la paz, según la Constitución Nacional, debe entender-se como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Tal mandato impone negociar dentro de sus preceptos, el respeto total al estado de derecho y sobre todo dentro del marco que rige los va-lores fundamentales de soberanía y defensa de nuestra institucionalidad democrática.

“Nuestra milicia es y siempre será jerarquizada... Los viejos Generales, Coroneles y otros superi-ores, que ayer fungieron como jefes o comandantes,… siguen y seguirán siendo, la guía espiritual y el mejor ejemplo, para las nuevas generaciones que hoy tienen bajo sus hombros, la misma responsabilidad que ellos tuvieron en la defensa de la patria”

General Douglas Mc Arthur

NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de ex-clusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados.La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

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Los de la Armada, Vicealmirante Sergio Oliveros Castro, contralmirante Edgar Spiker Guzmán, Capitán de Navio carlos Prieto Ávila y Capitán de Fragata Ernesto Cajiao Gómez

4 - EDICIÓN 555

Mesa de trabajo

Es grato informar que la Fiscalía General de la Nación, fruto de la reunión con la Mesa de Trabajo Permanente de ACORE, comunicó formalmente que la prueba de contexto a que se hace referencia en el artículo que aquí se reproduce, será eliminada del proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso de la República para modificar el Código de Procedimiento Penal.

Sobre este particular, tal como se informó oportunamente a nuestros asociados, el pro-nunciamiento de la reserva activa, junto con la del Ministerio de Defensa, de varios juristas y periodistas de opinión, surtió efecto con los argumentos expuestos en materia de inconsti-tucionalidad y violación de varios principios de legalidad.

Cordial saludo,Brigadier General (RA) Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional de ACORE

Prueba de contexto: ¿nueva estrategia de la guerra jurídica contra miembros de la Fuerza Pública?

de investigación, mediante el cual ya se han abierto innumerables procesos contra miem-bros de la Fuerza Pública. De este organismo, según se anunció recientemente a través de los medios de comunicación, saldrán cerca de 25.000 expedientes con destino a la nueva ju-risdicción de paz que se pretende crear como parte de los acuerdos de la mesa de conver-saciones de La Habana, en relación con justicia transicional. Actualmente cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley para reformar el Código de Procedimiento Penal Acusatorio, ad-mitiendo esta técnica de investigación y prue-ba de contexto, con el propósito de perseguir nuevas formas de criminalidad en el marco de distintos factores de orden político, económico, social, histórico, cultural y geográfico, donde se hayan generado distintas conductas delincuen-ciales. Esta novedosa técnica investigativa de carácter penal determina como procedimiento esencial, establecer dentro de cualquier contexto y como resultado final de una investigación, pruebas

Obedeciendo uno de sus mandatos, cual es propiciar niveles de mayor seguridad jurídica para los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional –bien sea que estén en servicio activo o hagan parte de la reserva activa–, la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) envío una nueva carta al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, en la que manifiesta sus reparos frente a temas que hacen parte de las agendas legislativas y del ente acusador.

Los “aparatos organizados de poder”, la “prueba de contexto” y la acción penal contra los mal llamados “falsos positivos”, hacen parte de estos temas controversiales que la MTP refiere en su comunicación al Fiscal, texto que el periódico ACORE reproduce por considerarlo de máximo interés para sus lectores asiduos y ocasionales, según detalle:

Bogotá, D.C., 19 de noviembre de 2015 Señor doctorEDUARDO MONTEALEGRE LYNETTFiscal General de la NaciónCiudad

Referencia: Determinaciones Fiscalía General respecto a autoría mediata a través de “Aparatos Organizados de Poder” – “Prueba de Contexto” – Acción penal contra “Falsos Positivos”.

Señor Fiscal General:

La Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, reconoce y respalda plenamente su clara determinación en cuanto a la definición de temas jurídicos de conducta penal, que en ciertas circunstancias podrían afectar a miembros de la Fuerza Pública por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado que actualmente estamos enfrentando.

Sobre este particular, reconocemos y respaldamos, como ya se dijo, su posición como responsable constitucional para ejercer la acción penal y su participación en el diseño de la Política Criminal del Estado, en cuanto a:

1. Determinar que la autoría mediata a través de “Aparatos Organizados de Poder” no es aplicable penalmente a los miembros de la Fuerza Pública en su condición de agentes del Estado.2. Excluir del proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal que actualmente cursa en el Congreso de la Republica, la denominada “Prueba de Contexto”, como resultado de investigacio-nes de orden político, geográfico, económico, histórico, cultural y social donde se hayan perpetrado conductas punibles en el marco de un fenómeno delincuencial.

3. Definir los procedimientos aplicables dentro del marco de una eventual justicia transicional y jurisdicción especial para la paz, respecto a:

• Todas las conductas relacionadas directamente con el conflicto armado serán considera-das dentro de esta jurisdicción especial. La naturaleza del hecho es determinante, no la voluntad del actor.

• Se incluirán los mal llamados “falsos positivos”, previo estudio en forma individualizada en que se evidencie relación directa con el conflicto armado.

• No habrá indulto ni amnistía para miembros de la Fuerza Pública. Para casos no relevantes se aplicaría la renuncia del Estado a la acción penal contra los sindicados.

• Esta jurisdicción constituye el cierre penal y jurídico definitivo de todos los procesos relacio-nados con violaciones a los DD.HH y al DIH generados dentro del conflicto.

• Los hechos prescriben con el cierre definitivo del proceso. Esto constituye el blindaje de carácter universal para cesar todo procedimiento hacia el futuro.

Señor Fiscal, este reconocimiento y respaldo a que se hace referencia, conlleva un buen mensaje a todos los miembros de la Fuerza Pública, por cuanto genera confianza y seguridad jurídica para el cumplimiento de la misión constitucional que les corresponde.

Para terminar, consideramos pertinente y oportuno, insistir nuevamente y de manera respetuosa en la necesidad de definir lo más pronto posible, lo relacionado con las observaciones formuladas en el mes de enero del presente año, respecto al proyecto de Directivas Interpretativas que cursa actualmente en la Fiscalía General de la Nación, particularmente en lo concerniente con delitos de lesa humanidad, máximos responsables, prescripción de la acción penal y otros principios de legalidad.

Gestión de Acore elimina polémico artículo en reforma al Código de Procedimiento PenalBrigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera

de características muy especiales (pruebas de contexto), con las cuales se puede llegar a condenar sin formula de juicio, cualquier ciu-dadano por la comisión de presuntas conductas punibles, dentro de un procedimiento, donde olímpicamente y de manera ilógica, se invierte la carga de la prueba, obligando al inculpado, como único recurso, a demostrar rigurosamente su inocencia, so pena de ser encarcelado. Este mecanismo, de aplicarse tal como lo proyecta la ley, afecta todo tipo de garantías procesales, que por principios elementales de legalidad, son fundamentales. Bajo el concepto de con-texto, no puede constituirse arbitrariamente una prueba, para privar de la libertad a un inocente. En este mismo orden de ideas, la prueba de contexto, según múltiples conceptos de pres-tigiosos juristas, pretender usarla para atribuir responsabilidad penal, es inconstitucional y violatoriamente flagrante de la presunción de inocencia. Deja también por fuera el valor su-premo de la plena prueba, como requisito deter-minante para condenar a un culpable. En igual sentido, públicamente se han hecho distintos pronunciamientos por parte de algunas instituciones del Estado, como la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, y también por destacados penalistas participantes en un reciente foro organizado por la Corporación Excelencia de la Justicia, con-siderándose esta figura jurídica, como no ad-misible dentro de nuestro ordenamiento penal acusatorio, por tratarse de una aberración pro-cesal de grandes y graves consecuencias, que afectaría, a cualquier ciudadano y particular-mente lo relacionado con la seguridad jurídica que requieren los miembros de nuestra Fuerza Pública.

Carta de la Mesa de Trabajo Permanente al Fiscal General de la Nación

A través de diferentes medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación ha expre-sado textualmente que “se trata de un espan-tajo procesal como instrumentación política de la justicia que constituye un gran retroceso al sistema inquisitivo vigente en la nación”. De la misma manera, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de una reciente comuni-cación dirigida al Congreso de la República, ex-presa que la prueba de contexto no puede ser utilizada para juzgar y condenar a una persona investigada, especialmente cuando se trata de un miembro de la Fuerza Pública, que bajo concepciones subjetivas de los investigadores, se le podría crear el contexto y circunstancias apropiadas para comprometerlo penalmente y dificultar el uso de su legítima defensa. En caso de aprobarse esta anunciada reforma dentro del Código de Procedimiento Penal Acusatorio y se establezca la llamada prueba de contexto, esta se materializara, como ya se dijo, mediante la comisión de hechos punibles recurrentes y sistemáticos bajo el presupuesto de estarse delinquiendo con un mismo propósi-to.

En estas condiciones, agentes del Estado con responsabilidad de mando y control o en su condición de garantes (Fuerza Pública), se verán continuamente involucrados por la comisión de muchos hechos que se produzcan en su jurisdicción y se enmarquen dentro del presupuesto establecido. Todo lo anterior, sin lugar a dudas, será hábil-mente utilizado como nueva estrategia para fortalecer la guerra jurídica que estamos en-frentando.

Fiscal anuncia retiro de la prueba de contexto

A través de la Fiscalía General de la Nación, últimamente se ha estado for-taleciendo un organismo de in-vestigación crimi-nal, denominado Unidad de Análisis y Contexto, con el propósito de apli-car un nuevo pro-cedimiento penal

La Mesa de Trabajo Permanente en reunión con la Fiscalía General de la Nación, discutiendo sobre la Prueba de contexto

DICIEMBRE 2015 - 5

Mesa de trabajo

A finales de octubre, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, hizo un análisis a la justicia transicional en el marco de una de las sesiones de la Mesa de Trabajo Permanente.

Una visión sobre el comunicado conjunto en el que el Gobierno y las Farc dieron a conocer los avances en esta materia desde La Habana a través del ojo crítico del máximo representante del ministerio público. He aquí un resumen que contiene los apartes más significativos de su intervención:

Se necesita conocer lo pactado

Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son las discrepancias que surgieron luego del día histórico en que se anunció un acuerdo, que hoy aún no está.

No se debe tener miedo a revelar ese texto; por el contrario, darlo a conocer permitiría que los colombianos vean con claridad las dificultades que se debaten en la mesa de conversaciones.

La justicia transicional es una decisión de las instituciones

Los procedimientos de justicia deben apuntar a robustecer el estado de derecho y para garanti-zar la legitimidad de las instituciones democráti-cas es indispensable individualizar las respon-sabilidades.

El marco normativo debe otorgar seguridad jurídica, que exista certeza sobre los pro-cedimientos y las consecuencias atribuibles a quienes sean responsables.

La justicia transicional para agentes estatales debe fortalecer la institucionalidad democrática; por lo tanto, la justicia que se aplique a los miembros de la Fuerza Pública y demás agen-tes estatales no puede ser negociada con las Farc; no es aceptable que la suerte jurídica de los militares, policías y otros agentes estatales de Colombia se defina en La Habana.

Los servidores públicos deben rendir cuentas ante la justicia cuando desconocen la ley y de-ben comparecer ante las víctimas y la sociedad para decir la verdad sobre sus graves actuacio-nes.

Para la Procuraduría no importa quién sea el victimario, importa la víctima y sus derechos.

Lo que está en juego es la seguridad jurídica Lo que se defina en materia de justicia se debe cumplir y se debe poder cumplir.La seguridad jurídica de los militares y policías depende de que se cumplan los mínimos pe-nales respecto a la sanción de los crímenes atroces.

De las normas de DIH y de la jurisprudencia se derivan unos mínimos que no se pueden desconocer sin correr el riesgo de que más adelante la CPI intervenga.

¿Cuáles son esos mínimos?

Los crímenes atroces conforme al derecho in-ternacional deben ser sancionados con pena de reclusión. Se dice, la reclusión no es obliga-toria, pero el DIH señala lo contrario.

En referencia al Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Procurador señala que se po-drá imponer una de las penas siguientes:

1. La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o

2. La reclusión a perpetuidad cuando lo justi-fiquen la extrema gravedad del crimen y las cir-cunstancias personales del condenado.

La Procuraduría advierte que penas diferentes a la reclusión para esta clase de crímenes po-drían constituir penas puramente simbólicas, in-adecuadas o manifiestamente groseras debido a su desproporcionalidad.

Reclusión, pena aplicada por los tribunales penales internacionales

Para que la pena de reclusión sea efectiva se requiere que el condenado esté sometido a condiciones de dependencia y sujeción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que “el principal elemento que define la privación de la libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentra recluido. Es decir, las autori-dades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia”.

Los estatutos de los tribunales penales inter-nacionales coinciden en que la fijación de la pena se deriva de la gravedad del delito y de las circunstancias personales del condenado; la pena depende de la gravedad del delito, no de la aceptación o negación de responsabilidad.

La pena debe ser proporcional a la gravedad del crimen cometido, esto quiere decir que para cumplir con el DIH la pena no puede ser simbólica, ni una comedia. Sobre este punto, la Fiscal de la Corte Penal Internacional se-ñaló en carta a la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz: “Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, te-niendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la actuación del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas del proceso hayan sido auténticas (…) “… la duración de la pena de prisión puede ser un factor relevante en los casos en los que la pena resulta tan desproporcionada que se puede cuestionar la intención de someter a las personas a la acción de la justicia…”

¿Qué preocupa de lo que se conoce del acuerdo en materia de justicia?

Según el comunicado, hace parte del acuerdo: “aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restric-

ción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas, mediante la re-alización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

Las Farc dejaron claro que tal restricción no implica reclusión alguna, ni siquiera restricción derivada del arraigo, menos someterse a con-trol o vigilancia efectiva. De eso se desprende:

1.En el Acuerdo los máximos responsables de las atrocidades que reconozcan sus crímenes van a ser sancionados con trabajo comunitario y con una restricción a la libertad que no consti-tuye reclusión.

2.La omisión de reclusión configura una san-ción que no cumple con la proporcionalidad que debe tener con la gravedad de los crímenes perpetrados.

3.La sanción de trabajo comunitario, obras o actividades resulta una pena grosera o manifi-estamente inadecuada a la luz del DIH.

Otras preocupaciones

Hay quienes interpretan que el “reconocimien-to” que evitaría la cárcel se reduce a la acep-tación de lo que en la jurisdicción especial se recopile y se le presente al agente estatal; por tanto, la actuación judicial terminaría con una sentencia sobre los hechos reconocidos, sin que el condenado tuviera que revelar en detalle lo que conozca del crimen, entre otras cosas, quiénes fueron sus cómplices y si sus superi-ores conocían los hechos.

Parecen más preocupados por la impunidad que por la justicia.

La amnistía

El acuerdo ata la concesión de amnistía al deli-to político y a los delitos que le sean conexos.Conforme al DIH consuetudinario, norma 159: “Cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por con-ceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de lib-ertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guer-ra, o que estén condenadas por ello”.

El condicionamiento que el Gobierno y las Farc pactaron busca excluir a los agentes estatales de la amnistía. ¿Por qué? Esa distinción es un privilegio para la guer-rilla. Busca favorecer con amnistía a todos los miembros de las Farc por todas las conductas cometidas durante el conflicto, ampliando los criterios de conexidad con el delito político.

Selectividad y priorización

La selección de casos debe permitir al Estado concentrarse en los casos más graves y repre-sentativos.

También posibilita que el Estado se concentre en los máximos responsables, definidos como lo indica la sentencia de la Corte Constitucional, esto es “aquella persona que tiene un rol esen-cial en la organización criminal para la comisión de cada delito, es decir, que haya: dirigido, teni-do el control o financiado la comisión de los del-itos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

Dentro de este concepto se deben incluir enton-ces, no solamente líderes que hayan ordenado la comisión del delito, sino también conductas a través de las cuales este se haya financiado, como el narcotráfico”.

Las FF.MM. no son iguales a las Farc

Finalmente, a las FF.MM. no se les puede igualar con las guerrillas. Nuestras FF.MM. son legítimas, son las defensoras de la Constitución y las mayores defensoras de los derechos hu-manos en Colombia; no obstante debe haber igualdad de penas, pues estas corresponden a la gravedad del crimen cometido.

Quienes siendo miembros de la Fuerza Pública y cometieron tales crímenes, no actuaron como militares o policías, actuaron como criminales y al deshonrar a las Fuerzas Armadas, le dieron la espalda a la Constitución, al honor militar y a las instituciones.

Con sus crímenes, esos agentes estatales, a título individual, se marginaron de las Fuerzas Militares y de Policía. Es por eso que la pena recae en su conducta individual y nunca, en la Fuerza Pública como institución

Ahora, las penas deben ser iguales para quienes sean objeto de una condena judicial, independiente de que sean miembros de las guerrillas o de la fuerza pública. La razón es la siguiente:

•A iguales crímenes igual reacción del Estado y de la sociedad.

•Los derechos de las víctimas desde el punto de vista del respeto a la dignidad humana son los mismos, sin importar si el victimario fuera de las guerrillas o un integrante de la Fuerza Pública.

•El derecho internacional humanitario impone la misma obligación a las guerrillas y a la Fuerza Pública. La prohibición de infringir el DIH es igual para ambos.

•Si bien los agentes del Estado tienen la carga de actuar bajo la ley, lo cual agrava su respon-sabilidad, respecto a las Farc la responsabilidad también se agrava debido a que los miembros de ese grupo crearon con dinero del narcotrá-fico y de otros delitos como el secuestro, una máquina de crímenes sistemáticos contra la humanidad sin antecedente en el hemisferio, similar a los ejecutados por los paramilitares, quienes pagaron penas de cárcel efectivas.

Finalmente, el Procurador fue enfático en lo siguiente: Hablar de penas iguales para miem-bros de la Fuerza Pública que cometieron crímenes y miembros de las guerrillas no es igualar a las Fuerzas Militares y de Policía con las Farc.

Apuntes del Procurador General de la Nación sobre justicia transicionalFructífera reunión con la Mesa de Trabajo Permanente

Procurador general de la nación en reunión con la Mesa de Trabajo Permanente

6 - EDICIÓN 555

Sector defensa

A lo largo de 15 años, la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial, Cotecmar, ha recorri-do un océano de conocimiento para desarrollar ciencia, tecnología e innovación, actividades que la ubican en una importante posición en Colombia y Latinoamérica.

Gracias a múltiples esfuerzos de directivos,

gerentes, jefes y personal operativo, Cotecmar ha puesto en las aguas de América más de 94 embarcaciones. En su portafolio de clientes se cuentan la Armada Nacional de Colombia, la Armada de la República Federativa de Brasil y particulares, entre otros.

Estas operaciones le han permiti-do a Cotecmar consolidarse en la industria regional como referente

en el ámbito naval, marítimo y fluvial.

Un nuevo escenario para el 2015 denominado ‘Máquinas todo avante’, llevará a Cotecmar a una etapa importante en la consecución de sus objetivos de crecimiento y a alcanzar su visión que le apuesta a la innovación como el génesis de grandes ideas convertidas en realidad.

Cada miembro del equipo se caracteriza por su constante disposición al servicio, responsabi-lidad y compromiso, aplicando conocimientos y capacidades en el logro conjunto las metas. Este equipo está dispuesto a asumir y cumplir

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) gerencia centros de repara-ción, mantenimiento y servicios de aeronaves, al tiempo que adquiere nuevas capacidades para la modernización y la fabricación de aero-naves y partes aeronáuticas, a través de la in-vestigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología y el know how.

Con la firma de acuerdos y acercamientos co-merciales con Suecia, España, Italia, Canadá y Estados Unidos, la Ciac se fortalece para con-vertir a Colombia en un mercado atractivo para Latinoamérica y el resto del mundo.

Muestra de ello es que Airbus Defence & Space certificó a la Ciac como Centro de Servicios Mro Airbus para sus aeronaves C-295 y CN-235. Se reconoce así el esfuerzo y el constante trabajo que viene desarrollado la Ciac con talento hu-mano calificado y con los más altos estándares de calidad y seguridad aeronáutica.

Promotora de la industria aeronáutica colombianaPor: General del Aire Flavio E. Ulloa Echeverry.

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana

1.Así mismo, la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos (FAA) otorgó a la Ciac el certificado O32Y396C, a través del cual la reconoce como estación reparadora con las siguientes capacidades: categoría limitada en instrumentos, radio, accesorios y pruebas no destructivas.

2.En este orden de ideas, Airbus, Boeing y Embraer, continúan trabajando de la mano con la Ciac para certificar sus procesos de modernización de aeronaves y desarrollo de productos, procurando que Colombia se con-vierta a futuro en uno de sus proveedores de partes aeronáuticas.

Para contribuir a estas iniciativas, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fomenta la creación de un Sistema Nacional de Certificación que permita avalar las capacidades para proveer servicios aeronáuticos y fabricar productos tanto en el sector civil como militar.

Colombia debe hacer un mayor esfuerzo por incentivar el desarrollo de la infraestructura aeronáutica en materia de mantenimiento may-or de aeronaves y en generar una capacidad industrial de alta tecnología. El reto de Ciac es constituirse en una empresa competitiva de clase mundial, que exporte las capacidades aeronáuticas del país y aporte con un mayor retorno y crecimiento económico y social.

Cotecmar, bienestar y desarrollo para el paísQuince años navegando con buen viento y buena mar

el reto: entregar cuatro nuevas embarcaciones en el mercado regional.

Los productos diseñados y construidos por Cotecmar, así como los servicios de nuestras cuatro líneas de negocio, tienen mayor alcance gracias al posicionamiento generado por sus procesos de clase mundial con certificaciones de alta calidad.

Desde sus inicios, Cotecmar se ha propuesto ser líder científico y tecnológico para la industria astillera de la región. Por esta razón, es el es-pacio de convergencia de todas las entidades poseedoras de importantes recursos que, en torno a este objetivo compartido, pueden llevar hacia adelante esta prominente industria naval marítima y fluvial.

Para Cotecmar, la transferencia, el desarrollo y la innovación, son insumos fundamentales para avanzar y lograr la diferenciación en el merca-do. El cambio tecnológico es el principal con-ductor de competitividad en la industria astillera y, por tal razón, está en el origen de la creación de estrategias sustentables y sostenibles para

el sector.

Este año, la corporación ha tenido un creci-miento notorio: ha entregado productos navales como las CPV (Coastal Patrol Vessel) ‘ARC Punta Espada’, ‘ARC Punta Ardita’ y ‘ARC Punta Soldado’, embarcaciones que hoy reali-zan importantes operaciones en los mares del territorio.

Expediciones a la Antártida llenan de orgullo el corazón de los colombianos, dónde la Armada Nacional de Colombia participó con el ‘ARC 20 de Julio’, patrullera de zona económica exclusi-va construida en Cotecmar; también en motivo de satisfacción que el ‘ARC 7 de Agosto’ haga parte de una importante operación en los mares de África.

Cotecmar continuará con su misión alineada al desarrollo del poder naval, marítimo y fluvial de país y la región, generando riqueza, bienestar y desarrollo, contribuyendo con la consecución de la paz y soberanía nacional.

La joya de la corona del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (Gsed) se prepara para nuevos retos en el 2016. En este artículo una breve semblanza de Cotecmar.

Con ocasión del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2012, decisión con la que Colombia perdió 75 mil kilómetros cuadrados de aguas juris-diccionales, dos oficiales de insignia de la Armada nacional, con sus propios recursos y en un período de tres años, escribieron el libro Una luz en el túnel, obra que tiene el suficiente rigor académico y cultural para detallar el mapa político de lo que fue y de lo que es hoy la geografía patria.

En estas páginas, los autores analizan el re-sultado adverso del fallo y sus consecuen-cias sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre estas el hecho de que los cayos de Quitasueño y Roncador quedaron en una especie de celda acuática o que el Gobierno cambió la totalidad de los integrantes de la mesa de negociadores de la Cancillería ante la Corte Internacional de Justicia.

Además del análisis riguroso y metódico, la publicación de los Almirantes William Porras Ferreira y Luis Fernando Yance Villamil narra las circunstancias de tiempo modo y lugar de las reuniones preliminares efectuadas para afrontar esta demanda hasta llegar al fatídico fallo.

En el libro también se abordan temas como la construcción de un canal, tal y como en su momento anunciaron Miguel Ángel Ceballos y Nohemí Sanín, proyecto que se tiene previsto llevar a feliz término en el 2020.

El periódico ACORE da cabida a temas de interés nacional, con trabajos y opiniones cimentadas en el rigor académico y con la prospectiva de que se mejoren las cir-cunstancias del país y de la Fuerza Pública, como es el caso del texto que se comenta en estas líneas.

Una luz en el túnel

Periódico ACORERecuerde enviar sus artículos y

colaboraciones

al correo: periodico@acore.org.co

http://www.ciac.gov.co http://www.ciac.gov.co

DICIEMBRE 2015 - 7

Actualidad

El general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel respondió duramente a las Farc sobre la cre-ación de territorios de paz, en los que propone una desmilitarización de las zonas de Colombia donde concentrarían a sus combatientes.

“Los famosos terrepaz hacen parte únicamente del imaginario de las Farc. Queremos una Colombia con un futuro de fortaleza, de su-peración, de bienestar. Dividirnos es imposible. Esta misión no la hemos recibido y por lo tanto no hace parte, ni remotamente, de nuestro comportamiento”, expresó.

El oficial enfatizó que no está en la mesa de diálogos para hacer entrega de territorios in-gobernables.

“Nuestra Constitución no es para re-emplazarla en la mesa. Nunca hemos pensado en una Colombia fragmen-tada”, indicó.

Mora también dijo que “una cosa es la ilegalidad y otra es el Estado” y que por lo tanto las Farc deben tener claro que el futuro de las Fuerzas Militares no se negocia en La Habana.

“Las Farc deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las Fuerzas, tam-poco a su organización. Como equipo no lo vamos hacer y las instrucciones que hemos re-cibido del señor Presidente de la República han sido claras y precisas. Por lo tanto, los extensos y diarios comunicados de los últimos días car-gados de temas, propuestas y mensajes rela-cionados con las Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional, simplemente reflejan aspi-raciones de las FARC que no tienen futuro”, expresó.

Este es el texto completo de las declaraciones del general:

“Considero de la mayor importancia hacer referencia a temas delicados para la institucio-nalidad y en general para la sociedad colombi-ana que han sido presentados en los reiterados y extensos comunicados de los últimos días ar-gumentados por miembros de la delegación de las Farc en el proceso de conversaciones.

Hace parte de nuestras convicciones el inmen-so anhelo de los colombianos por la paz, así como la posibilidad de llegar al fin del conflicto, conceptos estos soportados en el favorable balance para el Estado en el desarrollo del con-flicto armado interno. Como equipo nos acom-paña la certeza del fortalecimiento del sistema democrático, de la solidez de sus instituciones y, como fin último, el bienestar de todos los co-lombianos.

No estamos en este proceso para dividir el país, ni para hacer entrega de territorios in-gobernables. Nuestra Constitución no es para reemplazarla en la Mesa. Al contrario, en ella se habla de una Colombia única e indivisible. Nunca hemos pensado en una Colombia frag-mentada, no hace parte de nuestro imaginario, ¡jamás lo hemos pensado!

Los famosos terrepaz hacen parte únicamente del imaginario de las Farc, queremos una Colombia con un futuro de fortaleza, de su-peración, de bienestar.

Dividirnos, ¡imposible! Esta misión no la hemos recibido, y por lo tanto no hace parte ni re-motamente de nuestro comportamiento. Es cierto que en la mesa nos encontramos en la búsqueda para llegar a unos acuerdos y poner fin a un conflicto armado interno. Pero una cosa es la ilegalidad, es la violencia, la amenaza. Y otra muy distinta es el Estado, la sociedad, la legitimidad. Y son estos conceptos en los cu-ales nos movemos para recibir a las Farc des-movilizados, desarmados y reintegrados a la sociedad a la cual se comprometen respetar en su integralidad.

Tenemos certeza de que la solución del con-flicto armado interno nos debe llevar al trán-sito de las FARC a un movimiento o partido político. Nuestro compromiso como Gobierno y sociedad es facilitarlo, asegurarlo y honrarlo. El futuro del nuevo movimiento o partido político estará sujeto única y exclusivamente al favor de los colombianos, ¡jamás a conveniencias, intereses o imposiciones!

La seguridad en su forma, modelo, visión y doc-trina es un tema de la mayor actualidad que adquiere especial importancia en los tiempos presentes, su aplicación, contextualización y definición es autonomía de los Estados y espe-cíficamente de las sociedades que la reclaman y exigen. Por lo tanto, la reiterada argumen-tación de cambios en doctrinas que no fueron aceptadas, ni practicadas por nuestras institu-ciones y que son más el producto de imagi-narios superados hace muchos años, no hace ninguna contribución a las expectativas de paz.

Las Farc deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos adelantando no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y presupuestos, al tamaño de las Fuerzas, tam-poco a su organización. Como equipo no lo vamos hacer y las instrucciones que hemos re-cibido del señor Presidente de la República han sido claras y precisas. Por lo tanto, los extensos y diarios comunicados de los últimos días car-gados de temas, propuestas y mensajes rela-cionados con las Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional, simplemente reflejan aspira-ciones de las Farc que no tienen futuro.

Al final del proceso con la firma del mismo, las FARC reintegradas a la sociedad dentro de la legalidad sin armas y habiendo abandonado su famosa doctrina de todas las formas de lucha, el Gobierno Nacional y las propias instituciones en su autonomía, responsabilidad y obligacio-nes harán los cambios pertinentes en el mo-mento adecuado pensando siempre en el futuro y bienestar de todos los colombianos.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son los que han garantizado la supervivencia del Estado Colombiano. Son esos hombres y mu-jeres quienes hasta con su vida han protegido a la sociedad y son los que por siempre están y estarán en la mente y corazón de nuestro pueblo. Son los propios colombianos los que exigen unas instituciones fortalecidas que en el presente y futuro jugarán un papel de gran importancia desestimulando el retorno a la vio-lencia o criminalidad, generando la seguridad que los colombianos anhelan con el fin del con-flicto, como garantes de una democracia que se fortalecerá en la medida que sus Fuerzas Militares y Policía Nacional se fortalezcan. Es en ellas que descansa la confianza del pueblo, instituciones profesionales comprometidas con su misión y subordinadas al poder civil”.

En mayo del presente año, las diferentes aso-ciaciones del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las FF.MM. y la Policía Nacional, hicieron pública su preocupación y extrañeza ante la inexplicable proposición que fue interpu-esta por el Gobierno Nacional con a fin de modi-ficar el proyecto de acto legislativo que cursaba en el Congreso de la República para reformar el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia, en materia de Fuero Penal Militar y Policial. A través de esa proposición modificativa, el cita-do proyecto de acto legislativo quedó reducido a un solo artículo, en el cual se estableció que sobre todas las conductas cometidas por miem-bros de la Fuerza Pública, en servicio activo y en relación con el mismo, conocerían las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarían integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. Se adicionaron dos párrafos complementarios, donde en el primero se estableció que en la investigación y juzgamiento de las conductas de los miembros de la fuerza pública, en re-lación con un conflicto armado o un enfrenta-miento que reúna las condiciones objetivas del derecho internacional humanitario, se apli-carían las normas y principios de este. En este mismo párrafo inexplicablemente se determinó lo siguiente: “Los jueces y fiscales de la Justicia Ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miem-bros de la Fuerza Pública, deberían tener for-mación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario”. En el segundo y último párrafo de este mismo artículo, se estableció que la Justicia Penal Militar o Policial sería independiente del mando de las distintas fuerzas. Del proyecto original, tal como ya se dijo, se modificó lo pertinente a las infracciones al derecho internacional humanitario, donde se señalaba con suficiente claridad que tales con-ductas serían de exclusiva competencia de la Justicia Penal Militar o Policial. Aquí radica nuestra preocupación y extrañeza. En tales circunstancias, estas infracciones o conductas penales, también podrían ser inves-tigadas por la justicia ordinaria, sin establecer los procedimientos o mecanismos de carácter jurídico que garantizaran la debida competen-cia con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Por fortuna, con este nuevo articulado, se de-terminó por mandato constitucional que las conductas a que se hace referencia siempre serian investigadas, juzgadas y sancionadas en concordancia con las normas del derecho in-ternacional humanitario y, bajo ninguna circun-stancia, dentro de las prescripciones propias de los derechos humanos. Después de un minucioso análisis del conteni-do y modificaciones realizadas a este proyecto, surgieron las siguientes preocupaciones: 1. La dualidad de competencia que se esta-blecía, no generaba ningún mensaje de seguri-

dad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública que por cualquier circunstancia fueran procesados penalmente por actos relacionados con el servicio. 2. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial, al tener la misma facultad que les permitía conocer este tipo de conductas dentro del marco del derecho internacional humanitario, tendrían que en-frentar necesaria y continuamente, múltiples confrontaciones en materia de colisión de com-petencias. No había delimitación alguna que determinara estas responsabilidades respecto a la jurisdicción ordinaria y la especializada. 3. La exigencia respecto a quienes conocieran este tipo de procesos en cuanto a tener for-mación y conocimiento adecuado del derecho internacional humanitario, no era suficiente ga-rantía para sustentar el debido proceso. 4. Por principios razonables de seguridad y de garantía jurídica, los miembros de la Fuerza Pública deberían ser juzgados por sus pares y jueces naturales, tal como lo establece la Constitución Nacional respecto a los delitos co-metidos en relación con el servicio. En estas circunstancias, no era aceptable delegar esta misma responsabilidad a la jurisdicción ordina-ria. Tampoco se entendían las razones por las cuales fueron excluidos de este proyecto, lo concerniente a la creación de un tribunal de ga-rantías integrado por magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial y de la justicia ordinaria, cuyo propósito era el de resolver cualquier conflicto de competencia que se llegare a pre-sentar. Igualmente los motivos que gener-aron la suspensión de la Comisión Técnica de Coordinación que se activaría por la Fiscalía General y por la Fiscalía Militar y Policial, la cual tendría a su cargo, la tarea de resolver la com-petencia inicial de los hechos que fueran motivo de investigación. Sobre este particular, se reafirmaron una vez más, los siguientes conceptos que en esta ma-teria se han expuesto como pilares fundamen-tales del verdadero significado de lo que es el Fuero y la Justicia Penal Militar o Policial: 1. Bajo ninguna circunstancia constituyen un privilegio. Se trata de un derecho constitucio-nal que garantiza el marco legal que requiere la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus misiones institucionales. 2. Tanto la Justicia, como el Fuero Penal Militar y Policial, sin duda alguna, fortalecen la seguri-dad jurídica de los combatientes y de los agen-tes del orden, en actuaciones propias del con-flicto armado y de seguridad ciudadana que les compete. No constituyen factor de impunidad. 3. Estimulan también la voluntad de lucha y es-píritu de sacrificio que requieren los soldados y policías para la defensa de la soberanía, de las instituciones patrias y lo concerniente a la seguridad ciudadana. 4. Proporcionan igualmente legitimidad e insti-tucionalidad al Estado, generando seguridad jurídica frente a la amenaza terrorista y del cri-men organizado.

Farc debe tener claro que redefinición de FF.MM. no se negocia: general Mora

Instrumentos para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza PúblicaPor: Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera.

Reflexiones sobre Fuero y Justicia Penal Militar o Policial

8 - EDICIÓN 555

Actualidad

Víctimas de agentes del Estado y congresistas del Polo piden a la Corte Constitucional tumbar una de las leyes más reclamadas por el gobier-no Santos, la que reformó los juicios en contra de militares y policías. Las ejecuciones extrajudiciales, o mal llama-dos ‘falsos positivos’, se han convertido en el mayor pecado que han manchado el honor de las Fuerzas Militares y de Policía. Varios gene-rales y coroneles han sido cuestionados y son numerosos los soldados y policías investiga-dos por haber presentado como guerrilleros en combate a civiles o ciudadanos inocentes.

Aunque varios de los investigados son de la jus-ticia ordinaria, una ley recientemente expedida por el Congreso, que reforma la justicia penal militar, cambiaría la competencia sobre estos casos y serían los tribunales marciales los que se ocuparían de estas conductas. Las víctimas de agentes del Estado temen porque estos pro-cesos queden en la impunidad.

Gustavo Trejos es una de las víctimas más emblemáticas. Él es el padre de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero que fue asesinado en agosto del 2011 por el patrullero de la Policía Wílmer Alarcón. Las autoridades, en principio, justificaron el procedimiento al señalar al joven Becerra como un atracador.

Trejos ha esperado más de cinco años una sen-tencia que haga justicia, pero nada que llega. Y teme que con la reforma a la justicia penal militar el proceso por la muerte de su hijo quede sepultado bajo el precepto de que en la justi-cia castrense no haya imparcialidad. Por eso, junto a otras víctimas de agentes del Estado, y varios congresistas, presentarán este martes una demanda de constitucionalidad contra esta reforma ante la Corte Constitucional.

Semana.com conoció el texto de la demanda. En ella, se plantea que la ley de reforma a la justicia penal militar es “violatoria de principios básicos de la administración de justicia como la autonomía e imparcialidad”, al tiempo que “desconoce la competencia restrictiva para conocer de delitos distintos a los propios del servicio, viola derechos de las víctimas, atenta contra la prohibición de juzgamiento de civiles por parte de militares y la restricción para otor-gar funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares”.

Así mismo, los demandantes consideran que esta reforma revive aspectos ya declarados in-constitucionales y desconoce estándares inter-nacionales en materia de investigación y juzga-miento de graves violaciones a los derechos humanos.

“Diversos contenidos de la ley demandada vio-lan el debido proceso, el carácter de las Fuerzas Militares en un estado social y democrático de derecho, la prohibición expresa de juzgamiento de civiles por parte de militares, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víc-timas y desconocen contenidos de tratados in-ternacionales vinculantes para Colombia, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros”, se lee en la demanda.

Para explicarlo, Trejos asegura que delitos como los homicidios e incluso las interceptacio-nes ilegales pasarían a ser competencia de la Justicia Penal Militar, actuaciones que actual-mente son juzgadas por la justicia ordinaria.

También argumentan vicios de forma, como que ha debido ser tramitada como ley estatutaria y no ley ordinaria, lo que en criterio de los demandantes es motivo suficiente para tumbar todo el contenido de la ley.

De la justicia ordinaria a la penal militar

Pero en los temas de fondo, se argumenta en la demanda que la reforma amplió las competen-cias de la justicia penal militar, al entregar para su conocimiento delitos que no son propios del servicio militar ni guardan la necesaria conexi-dad con este, como aquellos que implican violación de derechos humanos, atentados con-tra la población civil, la seguridad y la adminis-tración pública.

“Estos delitos incorporan bienes jurídicos cuya protección no guarda estrecha relación de conexidad con el servicio militar activo, y por lo tanto, la competencia para el juzgamiento y sanción de las conductas que los vulneran, deben estar radicadas exclusivamente en la ju-risdicción penal ordinaria y no en la penal militar como lo establecen los artículos 7 y 8 de la ley 1765, que por esto son demandados”, se lee en el documento.

Irregular ampliación del fuero militar

Aseguran que con esta ley se está ampliando el fuero militar a dos categorías de personas diferentes de los miembros activos de la fuerza pública que cometan conductas punibles en servicio activo y en razón del mismo.

En primer lugar lo hace extensivo a los civiles que desempeñen cargos en la justicia penal militar y policial, y en segundo lugar, a los mili-tares retirados que cumplan las mismas funcio-nes.

“Tal estipulación, además de los principios de independencia judicial, derecho a la igualdad y derecho al juez natural, vulnera de manera di-recta el párrafo 5 y final del artículo 213 de la Constitución Política, que literalmente consagra que en ningún caso los civiles podrán ser inves-tigados o juzgados por la justicia penal militar”.

Sin independencia

También formulan cargos de inconstitucionali-dad por la falta de independencia y autonomía de la justicia penal militar. Argumentan que la justicia penal militar hace parte del poder ejecutivo y no de la rama judicial; que la es-tructura orgánica y la composición de los tri-bunales militares supone que en general, sus integrantes sean militares en servicio activo y estén subordinados jerárquicamente a los su-periores a través de la cadena de mando; que el nombramiento de sus miembros no depende exclusivamente de su competencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judicia-les y sus integrantes no cuentan con garantías suficientes de inamovilidad, y que no hay su-ficientes garantías contra presiones externas porque se mantienen para los militares activos disposiciones sobre ascensos que impiden esta independencia.

Bajo la competencia del Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, quedó la revisión del indulto y la amnistía que en 1989 el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco otorgó a los integrantes del M-19, en el marco del proceso de paz que se llevó a cabo poco después a la entrega de armas de esa guerrilla.

Lo que buscará establecer el organismo in-vestigador, según lo anunciado por el Fiscal Eduardo Montealegre, es si esos beneficios penales cobijaron también los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el grupo guerrillero, en particular los del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Mientras que por la retoma hay un General y un Coronel del Ejército condenados y varios mili-tares más serán vinculados a la investigación, ningún integrante del M-19 ha sido procesado por lo ocurrido el 5 y 6 de noviembre de 1985. La posición asumida por Fiscal, en el sentido de revisar los beneficios otorgados a los miem-

bros del M-19, es coincidente con mi posición, la cual expuse en un artículo publicado en el periódico ACORE (edición 503, de septiem-bre 2010), con fundamento en el Código Penal Colombiano.

El actual Código Penal define los delitos contra la seguridad pública en los siguientes términos:

“Artículo 343. Terrorismo: El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante ac-tos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edifica-ciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuer-zas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos…”

“Artículo 467. Rebelión: Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el ré-gimen constitucional o legal vigente…”

Pasa a la pág 7.

Instrumentos para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza PúblicaPublicado en: Revista Semana | Autor: Nación | Fecha: 23/11/2015

Dudosos acuerdos

La ley también habilita, según los demandantes, acuerdos penales entre el acusado y el fiscal, no tienen en cuenta a las víctimas y descono-cen flagrantemente los derechos de estas últi-mas a la verdad, la justicia y la reparación.

Fiscalía sin independencia

También cuestionan que la creación y la con-formación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar y Policial viola la pro-hibición constitucional de atribuir funciones de policía judicial a las Fuerzas Militares, al tiempo que desconoce el diseño constitucional que creó una única Fiscalía General de la Nación, que ahora se ve adicionada por una segunda Fiscalía para lo militar y policial.

Los demandantes también demandaron el artículo que dispuso que si la víctima no con-tare con medios suficientes para contratar un abogado, la Fiscalía Penal Militar le designará uno de oficio. “Lo anterior significa que para esta representación se acudirá a la estructura administrativa de dicha jurisdicción y será en-tonces un militar o civil al servicio de esta quien defienda los intereses de las víctimas en la actuación penal”.

La demanda fue elaborada durante tres me-ses por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y será presentada por víctimas de agentes del Estrado, como Trejos, y por los congresistas Ángela María Robledo, Alirio Uribe, Germán Navas Talero e Iván Cepeda. Ellos, hace tres años, demandaron la reforma al fuero penal militar y la Corte Constitucional les dio la razón. Con ese antecedente, ahora esperan una nueva victoria, esta vez contra la reforma a la justicia penal militar.

Revisión de indulto al M-19 desata polémicaPor: Mayor (RA) Lauro Vicente Muñoz Sotelo.

Apuntes sobre Fuero y Justicia Penal Militar o Policial

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DICIEMBRE 2015 - 9

Opinión

El sólo título de este escrito nos llena de in-certidumbre y temor sobre lo que está suce-diendo hoy, en este nuevo orden mundial. La región de Siria fue el centro de una civilización semita de gran importancia. Tierra de paso por su situación estratégica que ha estado domi-nada por egipcios, cananeos, hititas, hebreos, asirios, persas, griegos, imperio seléucida (im-perio sucesor de Alejandro Magno), romanos, árabes, mongoles, otomanos y franceses hasta su independencia en 1946.

En 1948, Siria estuvo involucrada en la guerra árabe-israelí, logrando mantener los límites del Golán. Durante la crisis del canal del de Suez, tras la invasión de la península del Sinaí por tropas israelíes y la intervención de tropas bri-tánicas y francesas, en Siria se declaró la ley marcial. En 1956, Siria firmó un pacto con la Unión Soviética, proporcionando un asidero al comunismo. Hoy Rusia mantiene una gran base naval asentada en territorio sirio.

Viene de la pág 8. “Artículo 468. Sedición: Los que mediante el empleo de las armas pretendan impedir transi-toriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes…”

“Artículo 469. Asonada: Los que en forma tu-multuaria exigieren violentamente de la autori-dad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones…”

Con las definiciones jurídicas de estas con-ductas punibles, planteo algunas reflexiones sobre el indulto (no pagar la pena impuesta) otorgado por el Estado colombiano con funda-mento en la Ley 77 de 1989 (Ley de perdón y olvido), norma que facultó al presidente Virgilio Barco para conceder este beneficio a los miem-bros del M-19. Hubo casos de cesación de pro-cedimiento penal y de expedición de autos in-hibitorios (incluida la toma violenta del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985), en desarrollo de la política de reconciliación, como se despende de la lectura de los artículos siguientes:

“Artículo 3º. Para los efectos de esta Ley, en-tiéndase por delitos políticos los tipificados en el Código Penal como rebelión, sedición, asonada y los delitos conexos con los anteriores”.

“Artículo 4º. El indulto se concederá en cada caso particular, una vez cumplidas las condicio-nes establecidas en esta ley, cuando a juicio del Gobierno nacional, y la organización rebelde de la cual forman parte quienes lo soliciten, haya demostrado inequívocamente su volun-tad de incorporarse a la vida civil. Parágrafo. Igualmente el indulto se podrá otorgar a la per-sona o personas que fuera de la organización rebelde de la cual forme o haya formado parte, lo solicite y, a juicio del Gobierno nacional, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil”.

“Artículo 5º. La demostración definitiva de la voluntad de reincorporación a la vida civil im-plica por parte de la respectiva organización rebelde y por sus miembros, la dejación de las armas en los términos de la política de recon-ciliación. El Gobierno valorará dicha conducta para efecto de la concesión de los beneficios consagrados en esta Ley”.

“Artículo 6º. El indulto no se aplicará a los homi-cidios cometidos fuera de combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de inde-fensión, ni a los actos de ferocidad o barbarie. Tampoco se aplicará a quienes formen parte de organizaciones terroristas”.

Resulta oportuno aclarar que el Decreto No. 100 de 1980, que aprueba el Código penal vi-gente para la época de los hechos del Palacio

de Justicia, menciona el terrorismo sin es-tablecer el concepto de tipicidad cuando en su artículo 127 hace referencia al tema de la exclusión de la pena para casos de rebelión, sedición y asonada. La norma reza: “Los rebel-des o sediciosos no quedarán sujetos a la pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo”. La realidad de los actos protagonizados por los miembros del M-19 in-dica que estos fueron de ferocidad, barbarie o terrorismo.

Durante el juicio de juzgamiento que se adelantó contra los miembros del M-19, el Estado esquivó la imputación de la conducta punible del delito de terrorismo previsto en el Código Penal vigente para la época. También las graves violaciones a los derechos huma-nos, que no fueron evaluadas, investigadas, y sancionadas, repito, como actos de terrorismo, generando impunidad total por crímenes de lesa humanidad.

Hoy, el injusto juicio que se adelanta contra oficiales del Ejército que participaron en la retoma del Palacio de Justicia, obliga a re-vivir el proceso contra los miembros de esta organización insurgente, previa decisión de inconstitucionalidad del indulto por parte de la Corte Constitucional o con la intervención de la ONU, que puede instituir un Tribunal Internacional para juzgar a los responsables de estos hechos, como quiera que los mismos constituyen un delito de lesa humanidad (im-prescriptible) y de violación de los derechos humanos, al tenor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que los acuerdos internacionales priman sobre las leyes nacionales. Se ha definido por diferentes tratadistas del derecho que los crímenes de lesa humanidad son actos inhumanos que lle-van a violaciones generalizadas y sistemáticas contra la población indefensa.

Por las reflexiones anteriormente expuestas, es necesario plantear interrogantes de interés jurídico basados en los acontecimientos históri-cos comprobados, invitando a los magistrados de los altos tribunales, juristas, profesores, jueces, fiscales, Procurador, oficiales y subo-ficiales de la Fuerza Pública a buscar con el debido rigor académico la necesaria aclaración y profundización respecto a la responsabi-lidad por el holocausto del Palacio de Justicia, generando con sus conceptos una confront-ación jurídica seria, profunda y respetuosa. No olvidemos que en algunos casos, la justicia es una telaraña: atrapa al débil y es rota por el más fuerte.

¿Cuál es la verdad de Siria, del sionismo, del Isis, de las potencias?

Por: Vicealmirante (RA) Luis F. Yance V.

¿Será la tercera guerra mundial?

También se destaca la intervención de Siria en la confrontación bélica de 1973, conocida como Guerra del Yon Kippur o del Ramadán. Recordemos que enfrentó a Israel contra la coalición integrada por Egipto y Siria. Los sirios querían recuperar el Sinaí y los Altos del Golán, en tanto que Anwar Sadat deseaba reabrir el Canal del Suez.

Israel era apoyado por los Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Los países de la coalición árabe que apoyaban a Egipto y Siria eran Irak, Jordania, Arabia Saudita, Argelia, Marruecos, Libia, Túnez, Kuwait, Sudán y Pakistán, con apoyo de la Unión Soviética y Cuba.

El hecho más significativo es el de Arabia Saudita, donde el islam se aplica crudamente, país que hoy mantiene relaciones tensas con Siria e Irán y es un aliado vital para la Unión Europea, Japón y especialmente los EE.UU. Ganaron Egipto, porque recuperó el Sinaí, e Israel, porque más tarde efectuó el acuerdo de paz con el mayor país árabe: Egipto. Fue la última gran guerra convencional de Israel.

La guerra civil siria inició a principios de 2011. Se enfrentan fuerzas armadas fieles al gobierno del presidente Bashar Al-Asad, con grupos ar-mados rebeldes de diversa índole. Una parte del territorio es controlado por el gobierno sirio (occidente y cerca a Damasco, su capital), con apoyo de Rusia y China; la parte central hacia el este es controlada por el autodenominado Estado Islámico; al norte, cerca de la frontera con Turquía, están las milicias kurdas; más al norte, por el frente Al-Nusra, actúa Al Qaeda; el norte y el sur es controlado por cerca de 70.000 hombres apoyados por los EE.UU. y sus alia-dos.

¿La tercera gran guerra?

Los yihadistas quieren trasladar la guerra santa a China con apoyo de los rebeldes (los yihadis-tas uigures) que provienen de la provincia de Xinjiang, situada al norte del país y de mayoría musulmana. Algunos, incluso, combaten en Siria junto a Isis.

Por esta razón, China ha enviado su portavio-nes Liaoning con mil infantes de marina, es-coltado por cruceros lanzamisiles para unirse a Rusia en la lucha contra el Estado Islámico (Isis).

Este pacto ruso-chino incluye atacar a Isis en territorio Sirio y de Irak y evitar que el au-toproclamado califato se extienda a zonas de influencia de Rusia y China. Recordemos que Rusia apoya también al régimen de Bashar-Al-Sad, cuyas fuerzas están siendo atacadas por fuerzas opositoras apoyadas por la Otan y 60 aliados.

Observamos que los EE.UU. y China practi-can un doble lenguaje, fruto de la desconfianza

mutua. De igual manera, el Estado Islámico ha desafiado a China, al asesinar a uno de sus ciu-dadanos, en protesta por la intensificación de los bombardeos rusos y franceses

Conclusiones

Para nadie es un secreto que Siria es un pol-vorín del cual puede surgir la tercera guerra mundial. Siria pide apoyo a Rusia, Irak y China. Los aliados apoyan al ejército opositor del presidente sirio (que a su vez es apoyado por Putin). Aesta mezcla explosiva se agrega el Estado Islámico que combaten los aliados (62 Países), los chinos, los rusos.

A su vez, el Estado Islámico ataca al régimen sirio que apoya Rusia. Turcos y griegos apoyan a otras fracciones opositoras al régimen sirio. En resumen, los rusos atacan a las fuerzas opositoras apoyadas por los EE.UU. y sus alia-dos y también al Estado Islámico.

Lo que me impresiona es que Israel, que limita al suroeste con Siria, se encuentra expectante Irán y Hesbolá han fortalecido la ayuda a Assad y esto le hace creer que puede aferrarse al poder y prevalecer militarmente o por lo menos controlar una franja estratégica, mientras sus aliados lo apoyan. Israel no hace nada porque su archienemigo Irán apoya al régimen sirio y no quiere encender más la hoguera. A su vez hace acuerdos con Obama, en caso de un po-tencial conflicto en el área.

Para que no suceda lo que puede ser inevitable (una tercera guerra mundial), Assad, a mi modo de ver, debe ceder del poder a una junta de go-bierno auspiciada por todas las potencias que combata al Estado Islámico. Panorama bien difícil. Sumado a lo anterior, están los miles de refugiados sirios que están generado prob-lemas en varios países de Europa que ven la posibilidad del éxodo de terroristas a sus territo-rios, temor que comparte Estados Unidos. Ayer, verbo y gracia, encontraron sirios en la frontera de Honduras.

Colombia no debe hacerle el quite a sus fron-teras y mantener un control territorial razon-able. Los mandos deben dejar de pensar en reducir fuerzas y más bien emprender la tarea ineludible de estructurar las fuerzas para afrontar las llamadas guerras de cuarta gener-ación, que es la guerra asimétrica que nos han propuesto los grupos terroristas, de narcotrá-fico, de violencia criminal, en los niveles táctico, operacional y estratégico.

Los roles deben cambiar por este nuevo con-cepto. Lo de Siria es un ejemplo de ello y pensar que lo asimétrico rompe el esquema tradicional de los niveles de conducción del conflicto, al no darle la importancia debida. Allí debemos apun-tar y es mi recomendación respetuosa para los comandantes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía.

http://www.google.com.co/search?q=SISIS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHs_Hl7_JAhUC8CYKHa6ZBJ0Q_AUIBygB&biw=1280&bih=923#q=isis&tbs=isz:l,imgo:1&tbm=isch&imgrc=TS5kX5ihWvDqIM%3ª

10 - EDICIÓN 555

Quincuagésimo quinto aniversario de ACORE

Cumplir cincuenta y cinco años de servicio ininterrumpido es un lujo que pocas organizaciones alcanzan en Colombia, máxime cuando se hace afrontando las adversidades propias de un país que en ocasiones no reconoce el esfuerzo y el sacrificio de aquellos hijos capaces de entregar hasta su propia vida para alcanzar los intereses superiores de la patria.

Es el caso de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ACORE, que este año conmemoró su quincuagésimo quinto aniversario.

Los actos fueron variados y comenzaron el pasado 12 de noviembre, cuando la Sede Nacional se engalanó con pinturas de artistas nacionales. La muestra artística se prolongó hasta las horas de la noche del miércoles 18 de noviembre.

La muestra pictórica dio paso a una tertulia cultural que fue amenizada por el cuarteto de chelo Arts Nova Antiqua y la agrupación de canto lírico Internacional Montecarlo. Los asistentes disfrutaron verdaderos momentos de emoción, en especial cuando corearon el repertorio de boleros y algunas piezas clásicas de gran recordación.

Los oficiales del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana que hace cincuenta años egresaron de sus respectivas escuelas de formación, asistieron a la misa de ac-ción de gracias que se celebró en la capilla de la Escuela Militar de Cadetes en el marco de esta efemérides. La homilía fue oficiada por monseñor Fabio Suescún Mutis, obispo castrense.

Del mismo modo, en la plaza de armas del alma mater del Ejército, la Escuela Militar de Cadetes

Los oficiales egresados de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares hace 50 años, en perfecta formación en la

Plaza de Armas de la Escuela Militar de Cadetes.

Coronel Harold Certuche recibió la medalla Rafael Reyes al mérito, aquí acompañado de quienes fueron sus alféreces y hoy son los generales del aire: Mauricio Mancera y Marcos

Perdomo

Los de la Fuerza Aérea, brigadieres generales Miguel Darío Onofre Martínez, Guillermo Bastidas Ordóñez y Mayor General

Germán Castro Prieto.

Coronel Pablo Miranda Díaz, integrantes del curso de Ejército General Rafael Uribe

Uribe, atención fir!

La Capilla de la Escuela Militar de Cadetes enmarco la Santa Misa celebrada por Monseñor Fabio Suescun Mutis, Obispo Castrense, para elevar una oración de gratitud a Dios.

Coroneles Rafael Pérez Rojas, Héctor Rodríguez Velandia, Eduardo Romero Barrios y Ramón Santander Fuentes

María Elvia Ospina Mejía, auxiliar de odontología del centro asistencial recibe

la medalla Rafael Reyes al mérito.

DICIEMBRE 2015 - 11

Quincuagésimo quinto aniversario de ACORE

‘General José María Córdova’, se realizó la ceremonia militar que conmemoraba tan importante fe-cha para el Cuerpo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. La parada fue presidida por el Almirante Hernando Wills Vélez, encargado de las funciones de Ministro de Defensa

El alto mando militar, acompañado por los comandantes de las tres Fuerzas, impuso al estandarte de ACORE la medalla de Cincuenta Años, presea que otorga el Comando General de las Fuerzas Militares.

En el marco de esta ceremonia, el Brigadier General Jaime Ruíz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, impuso la medalla Rafael Reyes (gema de la asociación), en la categoría Bodas de Oro,

a un selecto grupo de oficiales que en sus carreras alcanzaron diferentes grados militares. Esta pléyade de viejos soldados volvió a marchar con la cerviz en alto y el pecho henchido de orgullo, fieles al juramento que un día hicieron ante la enseña sagrada de la patria: “¡Morir por defenderte!”

Los colaboradores incondicionales de ACORE también engalanaron su pecho con la medalla Rafael Reyes, en la categoría al Mérito.

Los eventos antes descritos, sirvieron como preámbulo para el evento más importante de la efe-mérides: la tradicional cena de gala. El Salón Dorado del Club Militar de Oficiales fue el escenario cómplice para cerrar con broche de oro este nuevo aniversario de la Asociación.

Y, eso sí, para bailar, todos las dolencias desaparecen y la fiesta es

pa’ amanece….

Todos muy elegantes y muy majos mantienen el ritmo de los años mozos, ¡como para concurso!

Cuarteto de Chelo Arts Nova AntiquaLa más joven participante en la exposición, Isabela Fuquen Paez,

su vestido de 15 la inspiróSerenata de voces liricas, por la agrupación de

canto lírico Internacional Montecarlo

12 - EDICIÓN 555

Análisis

No puede negarse que en la tarea de maquillaje emprendida por el se-ñor Maduro y los miembros de su gabinete –en aras de ocultar ante la opinión pública los sufrimientos de los hermanos venezolanos, causa-dos por los desastrosos resultados de su gestión de gobierno– se han empleado casi todos los recursos: mentira, cinismo, xenofobia, provo-caciones verbales, discurso populista e, inclusive, publirreportajes como el recientemente aparecido en el New York Times, uno de los más impor-tantes diarios del “imperio” que este presidente dice odiar, publicación con la que trata de mostrar la falsa verdad que lo ha impulsado a atacar a Colombia para mantener su super-vivencia política.

El mandatario venezolano aplicó una frase atribuida a Joseph Goebbels: "Si no puedes negar las malas noti-cias, inventa otras que las distraigan".

Pero tal vez, el máximo nivel del cinismo se observa en Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, quien, después de la reunión con su homóloga colombiana en Cartagena, tildó de “manipulación mediática” la denuncia de maltrato a los colom-bianos expulsados del país vecino, acciones clara y gráficamente de-nunciadas en vivo y en directo por los medios de comunicación, indicando además que se le había “mentido al pueblo de Colombia y a la comunidad internacional”.

“Ante la falacia mediática se im-pone la realidad, y la realidad es que Venezuela ha sido una patria de cobijo para millones de colombianos (…) Mal haríamos nosotros en es-tar maltratando a colombianos, que además son hermanos”, agregó.

Pero, las declaraciones de la cancil-ler venezolana el pasado 11 de sep-tiembre, sobrepasan cualquier imagi-nación, pues ataca a los medios de comunicación colombianos, diciendo que llaman al odio, promueven la guerra y hacen invitaciones abiertas al magnicidio de Maduro. Que proca-cidad. La canciller aplica el axioma atribuido a Lennin, el cual señala que una mentira dicha a menudo se con-vierte en verdad. ¿Qué busca con estas mentiras?

El presidente Santos fue muy claro y preciso al expresar que “la revolu-ción bolivariana se está destruyendo a si misma (…)”; actos hostiles como los que se vienen sucediendo contra ciudadanos colombianos que se en-cuentran en el vecino país, así como la carencia de artículos de primera necesidad, colas interminables en los supermercados, falta de me-dicinas, censura de prensa, falsas acusaciones contra los líderes de la oposición, inseguridad, justicia en entredicho, devaluación galopante

y la notable disminución de adeptos al régimen Maduro (encuestas de Venebarómetro indican que su par-tido cuenta apenas con un 20.8% en las preferencias para las próximas elecciones parlamentarias y un alto porcentaje de la población cree que la situación del país es negativa), hacen que el chavismo pierda la fuerza que logró Hugo Chávez, con el apoyo del buen precio del petróleo de la época. Esto nos muestra que el llamado socialismo del siglo 21 es un experimento fallido.

Indiscutiblemente, Maduro día a día ha escalado el espectro del conflicto; en lugar de solucionar la crisis, la profundiza. A toda costa desea generar una confrontación armada con Colombia, como único camino para recuperar popularidad, para im-pedir que se lleven a cabo las próxi-mas elecciones parlamentarias, para mantenerse “legalmente” en el poder, para ocultar ante sus nacionales los graves problemas sociales que están viviendo; no por culpa de los colom-bianos que habitan su país, como lo pregona este personaje y sus súb-ditos, sino por su mala gestión, así como también para justificar ante propios y extraños “la necesidad” de los descomedidos gastos en equi-pamiento militar de los últimos años y, además, para “cuadrar las cuentas” del tesoro público.

Lo que Maduro no ha podido visuali-zar es que su decisión de atropellar a los colombianos –violar los más elementales derechos humanos de esta población que ha sido expulsada sin que se haya cumplido el protocolo necesario para ejecutar esta acción administrativa y, además, cerrar la frontera en varios puntos de nuestra geografía, generar una crisis humani-taria en la zona fronteriza y desarrol-lar acciones típicas de un gobierno totalitario– tarde que temprano ten-drá una condena internacional y va a perjudicar más a Venezuela que a Colombia.

La reunión del 21 de septiembre en-tre los presidentes Santos y Maduro, apadrinada por los presidentes Correa y Tabaré Vásquez, produjo un

acuerdo de siete puntos, compromiso que se pensaba podría contribuir a solucionar la crisis fronteriza gen-erada por Venezuela. Entre los pun-tos acordados se tiene “la progresiva normalización de los pasos fronter-izos”, tema que por el contrario se ha agudizado por decisión de Maduro, quien quiere generar un conflicto de tal magnitud en la frontera, que le permita opacar su actual debilidad.

El 2 de octubre por fin se reunieron los ministros de Defensa de los dos países en Santa Marta y acordaron nueve puntos relacionados con la seguridad fronteriza. Sin embargo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, cerró con broche de oro sus declaraciones afirmando que pronto se cerrará la frontera en el Estado Amazonas, colindante con el departamento de Vichada.

Aunque se ha generado una gran problemática en esta frontera, el go-bierno colombiano ha tomado medi-das importantes que ayudan a mitigar este impacto. Lo que Maduro no ha comprendido es que a pesar de vend-er la idea a sus nacionales de que los colombianos son la causa de sus problemas internos, con las medi-das restrictivas adoptadas no puede solucionar las dificultades que hoy viven nuestros vecinos, como tam-poco ha comprendido que Colombia no depende económicamente de Venezuela y, por tanto, no se va a generar una hecatombe financiera, comercial, industrial y social con sus acciones arbitrarias y absolutistas, pues lo único que ha logrado es ais-larse aún más. Ahora falta que man-de construir un muro que separe a los dos países.

Es cierto que actualmente Venezuela ejerce una gran presión sobre algu-nos estados caribeños –especial-mente por la dependencia petrolera de estos, ya que por intermedio de Petrocaribe obtienen algunas condi-ciones favorables–, influencia que se observó claramente en forma recien-te cuando Colombia solicitó a la OEA citar a una reunión de cancilleres del área para discutir la crisis. El primero en oponerse fue Venezuela, quien

le dio un puntapié a la OEA con las declaraciones de Roy Chaderton, embajador de ese país ante esta or-ganización. Entre otras, hasta ahora no se ha escuchado ningún reclamo oficial de la OEA por esta afrenta; pero parece que Venezuela tomó la decisión de retirarlo, como lo infor-man los medios de comunicación.

A la iniciativa de Colombia, 17 esta-dos soberanos apoyaron la reunión de cancilleres; cinco países de la ór-bita chavista respondieron con un no y otros 11 países, posiblemente alca-huetas de la violación de los derechos humanos, se declararon como abstencionistas, especialmente algu-nos a cuyos representantes los voc-eros de Maduro les pudieron hablar en el oído antes de votar e, inclusive, a quienes el presidente venezolano personalmente contactó. Queda en el ambiente el tufillo de que algo muy extraño fue tratado a “sottovoce”.

En resumen, Venezuela sólo acepta que se trate la crisis fronteriza en Unasur, organización sobre la que ejerce una gran influencia, especial-mente porque la mayor parte de los países miembros se identifican ide-ológicamente con el socialismo del siglo XXI, a lo que se suman deudas con el país bolivariano por los favores recibidos desde la época de Chávez. Algunos ejemplos ilustran esta afir-mación:

Es el caso de Argentina, a quien en épocas difíciles Chávez les compró miles de millones de dólares en bo-nos de deuda y por acuerdos bilatera-les este país multiplicó el volumen de exportaciones a Venezuela, pasando de 148 millones de dólares en 2002 a 1.397 millones en 2008, ayudando así a mejorar la economía gaucha, así como los probables apoyos en efec-tivo para la campaña electoral por la presidencia de Cristina Kirchner.

Con Brasil existe igualmente una gran influencia comercial, la que ha crecido en los últimos años. En el 2014 Brasil logró un superávit en su intercambio comercial con Venezuela de 3.450 millones de dólares, lo cual influyó positivamente en la economía

brasilera, pues la balanza comercial de este país tuvo en el 2014 su primer déficit anual en lo que va corrido el siglo 21. Expertos calculan que las empresas brasileras tienen contratos en Venezuela por cerca de 20 mil millones de dólares.

Con Brasil, promotor de Unasur y del Consejo de Defensa Suramericano, Venezuela ha logrado apoyos muy importantes para superar sus actu-ales grandes deficiencias. En recien-te visita oficial a Brasil, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana aseguró tener el apoyo de este país para enfrentar la escasez de alimen-tos y medicinas; sin embargo, se han llevado la gran sorpresa al conocer el apoyo de Brasil a Guyana en el tema de la disputa del Esequibo.

Con Bolivia los lazos son diversos, comenzando por la influencia venezo-lana en los medios de comunicación, hablados, visuales y escritos, desde la época de Chávez, respaldando a Morales. Influencia extendida a la reconstrucción de yacimientos petrolíferos donde Venezuela finan-ció la renegociación de contratos, en el campo de la educación participó con miles de becas para preparar profesional e ideológicamente estu-diantes en Caracas, brindó apoyo financiero comprando bonos del tesoro boliviano, apoyó con recursos para la nacionalización de los recur-sos naturales e inclusive tomando parte en el transporte y seguridad de Morales, además de la compra de nueve aviones de entrenamiento mili-tar con dineros venezolanos.

Como Bolívia, Ecuador, miembro del Alba, se encuentra en deuda con Venezuela por los apoyos en el cam-po financiero gracias a la compra de títulos de deuda desde la época de Chávez, así como por el refinamiento del crudo ecuatoriano en Venezuela y el suministro de productos refina-dos en términos preferenciales: tam-bién por la inversión de capital para ampliar la capacidad de producción de crudo. Pero actualmente se en-frenta al grave problema del llamado “blanqueo de dinero” venezolano, delito denunciado ampliamente y el cual emplea el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), moneda virtual creada por los países del Alba, cuyo objetivo era el de re-emplazar el uso del dólar americano en la economía regional, el cual está siendo empleado para ocultar transacciones financieras ilícitas.

Lamentablemente el vecindario donde se encuentra Colombia no es muy amistoso; actualmente nuestro país está batiéndose entre varios fuegos. Por un lado, en el frente nororiental, Maduro creando la crisis humanitaria fronteriza, presionando y buscando la disculpa para hacer uso

Pasa a la pág 13.

Maduro tras bambalinas

Por: Almirante David René Moreno Moreno.

Apuntes sobre el cierre fronterizo

Han transcurrido varios meses desde la decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera con Colombia. El silencio del Gobierno y de los medios de comuni-cación habla por sí solo. Tras los resultados electorales en el vecino país, este artículo devela las verdaderas intenciones de este ardid con tintes populistas y politiqueros.

DICIEMBRE 2015 - 13

AnálisisViene de la pág 12. contra nuestra nación de los aviones de combate o de los misiles rusos y chinos de reciente adquisición, afectando el deteriorado comercio entre las dos regiones de frontera y tratando de justificar que las perso-nas que ha expulsado y a las que continúa expulsando son delincuen-tes y paramilitares, olvidándose que fue el gobierno de Chávez quien después del golpe del 2002 las pro-movió.

Al respecto, un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés), refiriéndose al gobierno vene-zolano, dice que “permitió a las Farc operar en su territorio”, les ofreció ayuda financiera e incluso les pidió “que entrenaran a grupos paramilita-res para defender la revolución frente a otros golpes de Estado o invasio-nes externas”, como lo afirma James Lockhart Smith. Este investigador llega a afirmar incluso que “el plan era utilizar fuerzas paramilitares para neutralizar opositores claves a través de asesinatos y sabotaje”.

Las actuaciones xenófobas de Maduro trata de escudarlas en que los colombianos que habitan en su territorio son un peligro para la se-guridad de ese país, pero lo que parece olvidarse este Presidente es que Venezuela si ha sido declarada oficialmente por los Estados Unidos como una amenaza para la seguri-dad nacional de ese país. Hay ver-siones internacionales afirmando que las verdaderas causas del cierre de la frontera ordenado por Maduro se deben a una “guerra entre carteles militares de la droga”, lo cual a to-das luces es totalmente diferente a la idea que están tratando de vender a la opinión pública. Por tanto, las recientes acciones de Maduro con-tra Colombia, que no tienen ninguna justificación real, muestran más bien que este señor si es un peligro para la región.

De otra parte, nuestro vecino Correa, en el frente sur occidental, también le ha declarado la guerra económica a nuestro país. Ha decidido cobrar unos impuestos considerables a los artícu-los adquiridos en Colombia, a fin de desmotivar a los nacionales ecuato-rianos para que no pasen la frontera y adquieran a precios favorables diferentes mercaderías, que debido a la devaluación del peso colombiano frente al dólar americano, permiten que los vecinos ecuatorianos se fa-vorezcan con los buenos costos del mercado. Esto afecta notablemente el comercio regional y genera igual-mente una crisis fronteriza.

Por último, afectando la totalidad del territorio nacional, tenemos el famoso fenómeno del Niño. Aunque se su-pone que va a faltar agua en nuestro territorio durante los próximos seis meses, se suceden inundaciones to-talmente inesperadas, al tiempo que se producen incendios forestales en muchas regiones del país. Ahora falta que Maduro diga que también el Niño es un invento de los colombianos para desestabilizar a su país.

Inicialmente quiero agradecer a la coronel Rosa María Llovera, directora del Departamento de Comunicaciones de ACORE, por su invitación para ocupar este espacio y referirme a un tema de aquellos que como persona, como colega y como amigo, nunca creí que, al menos en un futuro próximo, tendría que escri-bir.

Y en segundo lugar advertir que lo que voy a tratar de expresar en estas líneas, no busca exaltar las cualidades y calidades de un gran ser humano, como lo fue el periodista Carlos Alberto Castillo Lugo, porque quienes lo conocimos sabemos de ello y porque si algo rechazaba él de plano, eran los honores, las distincio-nes y las alusiones egocéntricas.

Bajo esos parámetros, lo único que Carlos buscó a lo largo de su vida profesional -como debe ser- fue que se le reconociera su trabajo y su en-trega a la causa en la que estuviera empeñado laboralmente. Nada más allá. Por lo mismo, mi propósito con estas líneas es recordar un poco de la historia reciente de ACORE, y relievar cómo el aporte de Carlos, a quien queremos brindar un sencillo homenaje, fue de especial importan-cia para el desarrollo de las comuni-caciones de la Asociación.

Dos cosas fueron trascendentales para él a lo largo de su vida: su fa-milia y su profesión, entendida ésta última no sólo como el amor que le tuvo al periodismo, sino también a la responsabilidad, al compromiso, a la lealtad, a la seriedad y a la entrega con las que cumplía sus funciones en cada cargo, en cada entidad, o con aquel a quien se debía en su momen-to en el campo laboral.

Apenas con 16 años, como lo se-ñalaba su esposa Cristina, Carlos decidió ingresar al diario El Tiempo, en donde comenzó realizando traba-jos menores, paralelamente con sus estudios de periodismo en Inpahu. Desde entonces no paró hasta llegar a convertirse en editor nocturno del diario, medio en el que estuvo por casi 15 años.

Más tarde ocupó el cargo de Subsecretario de Prensa de la Presidencia y luego se desempeñó como jefe de prensa del Ministerio de Desarrollo Económico y Director de Comunicaciones de Asocajas, hasta la fecha de su fallecimiento. Su labor como asesor, como hombre de confianza, siempre tuvo el sello de la honestidad, la responsabilidad y el compromiso.

El mismo sello que le imprimió a su trabajo desde el momento en que llegó a ACORE, por allá entre el 2001 y el 2002, cuando en mi calidad de asesor de comunicaciones del en-tonces presidente de la Asociación, general Rafael Samudio Molina, lo invité para que dictara un taller de redacción periodística a un excelente grupo de oficiales que por entonces colaboraba con empeño, aunque de manera empírica, con el periódico de la Asociación, que las directivas querían consolidar y fortalecer.

Aunque, debo decirlo, inicialmente no fue bien vista nuestra llegada a ACORE por algunos pocos oficia-les que preguntaban "¿qué hacían unos civiles en una Asociación de Militares?", con el paso del tiempo nuestra presencia se fue afianzando. Y del primer taller se pasó a otro y a otro y la pequeña "plantilla de re-dacción" del periódico, integrada por cinco o seis oficiales permanentes, se fue ampliando con la llegada de nuevas "plumas" que eran atraídas por las enseñanzas y orientaciones, los apuntes y las anécdotas que con buen criterio y algo de humor, entre-gaba Carlos en cada taller.

Así se conformó una impecable y no menos lujosa plantilla de re-dacción que, encabezada por el pro-pio general Samudio y por el director del periódico, coronel Manuel Darío Sosa, se nutría de los conocimientos de oficiales como el mayor Carlos Espinosa, el capitán Rodolfo Romero, los coroneles Germán Aragón, Luis Ernesto Cortés, Fabio Toro, Gustavo Rodríguez y Fernando Bernal; el may-or Roberto Olivos, el capitán de navío Jorge Orjuela y, cómo no, el general

José María Rivas y el vicealmirante José Ignacio Rozo. Grupo éste al que acompañábamos el teniente Enrique Franco, director del Departamento de Comunicaciones, Carlos Castillo y quien escribe estas líneas.

Ya para ese entonces habíamos in-stituido los consejos de redacción se-manales, en los que al puro estilo de un periódico comercial, se proponían temas, se debatían asuntos, se mira-ban y analizaban colaboraciones y se distribuían funciones.

Tras ello vinieron las tertulias, en las que después del consejo de re-dacción nos reuníamos un grupo más pequeño para analizar situacio-nes de carácter nacional o interna-cional, y claro, hacíamos énfasis en la problemática de las Fuerzas Militares, en el conflicto o en asuntos de importancia para impulsar y mejo-rar la labor de ACORE en beneficio de sus socios. En cada una de esas actividades, Carlos se empeñó y cada vez más se fue metiendo en el alma de la Asociación.

Vino su propuesta para dar un vuelco al periódico con el fin de convertirlo de tabloide a tabloide europeo, es decir, un formato un poco más grande, de manera que estuviera a la par de los nuevos tiempos en materia de medios escritos. Así se hizo y de inmediato el rotativo causó sensación, al tiempo que permitió ampliar el número de artículos allí incluidos, pero siempre guardando los preceptos aprobados para hacer más ágil la lectura.

Y llega lo que podría considerarse como el aporte o uno de los aportes más importante de Carlos a la Asociación, e incluso a las comunica-ciones (entendidas como la relación con los medios de comunicación y de información) de las Fuerzas Militares: el Manual de Redacción y Estilo (es-pecializado) que elaboró, escribió y entregó a ACORE en noviembre de 2004, como un regalo de aniversario.

"Lo bueno, si breve, dos veces bue-no" era una de las frases de cabecera de Carlos cuando era menester con-vencer a los articulistas de que lo im-

portante no era la extensión sino la calidad; de ahí los 'tijeretazos' que les aplicaba para poder acomodar la dia-gramación y el diseño del periódico a las necesidades mensuales, activi-dad que cumplió hasta el último día en la Asociación.Esa rigurosidad en el trabajo era matizada por su agudo humor, el comentario picante pero preciso o el infaltable chascarrillo, anécdotas que tenía por doquier, especialmente gra-cias a sus correrías como periodista o como subsecretario de prensa de Presidencia, cargo que desempeñó a mediados de los años 90 y que le per-mitió viajar por gran parte del mundo.

Una de las que más recordaba, con cariño, era la que se refería a una es-tancia en París, cuando un destacado oficial de la Policía, ahora mucho más destacado, le pidió que lo acompa-ñara a la Torre Eiffel. En principio, Carlos se negó porque tenía el día libre, ya había visitado ese monu-mento y estaba invitado a un deli-cioso recorrido en otra zona turística. Pero fue tanta la insistencia del oficial que el periodista terminó cancelando su paseo y accedió a acompañarlo. Se desplazaron al lugar, pero para sorpresa de Carlos, cuando el oficial leyó la tarifa que se cobraba para in-gresar a la torre, decidió cancelar la visita, dejando a nuestro amigo sin paseo y con la ‘piedra afuera’.

Otra de ellas, traída a colación el día de su sepelio por sus adorados hijos, tiene que ver y expresa a las claras el carácter firme, el temple y la respon-sabilidad de Carlos, aún a costa de su propio bienestar.

Alguna noche, en el desempeño de su labor como editor nocturno del diario El Tiempo, uno de los propietarios del periódico le dio por llamar seguidamente para saber cómo iba la edición. Fue tan insis-tente la ´telefoneadera' que en de-terminado momento Carlos levantó la bocina y frente a la pregunta ¿cómo va el periódico', el periodista respondió: "pues mal, porque si usted me sigue llamando no va a salir". Al día siguiente Carlos madrugó y les comentó a sus compañeros: "hoy me echan !pero qué carambas, saqué el periódico¡".

Ý así, con ese carácter, Carlos forjó también una muy bella familia. No po-dría concluir estas líneas sin destacar la unión, el amor y la comunicación que él y su esposa Cristina supieron forjar con sus hijos: Bianca, Juan y Estefanía. Los amores de su vida. A ellos se entregó y por ellos se le-vantó en momentos difíciles, que los tuvo, y bien difíciles, aunque fuimos pocos los que supimos de ellos, pre-cisamente por ese recato y por esa personalidad que siempre manejó.

Carlos Castillo, el asesor, el con-sejero, el amigo de sus amigos, el hermano del alma, pero ante todo, el señor periodista. ¡Dios lo guarde!

Carlos Alberto Castillo L., un señor periodista(junio de 1957- noviembre de 2015) Por: Carlos Osorio P.

14 - EDICIÓN 555

Sabia usted...

Un ranger es un combatiente, un guerrero, un hombre de armas, un luchador, un gladiador, un valiente. Esto es cierto. Un ranger es todo esto y mucho más.

Pero vamos al fondo de la pregunta. En primer lugar, la palabra ranger no tiene una tra-ducción precisa en castellano. Si buscamos re-spuesta en el afamado Appleton´s New Cuyas Dictionary encontramos lo siguiente: “Ranger: guardabosques, guardamonte, batidor, recorredor, vigilante”. En mi diccionario de bol-sillo encuentro: “Nómade, merodeador”.

Sobre estas acepciones no hacemos expli-cación alguna porque todos sabemos a qué nos referimos cuando las utilizamos. Por ejemplo, cuando hablamos de guardabosques sabe-mos que en estos momentos existen familias campesinas que cumplen con esmero esta fun-ción de protección y vigilancia ambiental recor-riendo las montañas en todo el territorio nacio-nal.

La palabra batidor es la que en esencia más se aproxima al significado de ranger. Batidor quiere decir explorador, guía, observador. Batidor es el que bate, el que combate, el que se bate en defensa propia o en defensa del bien puesto a su cuidado. Cuando se dice que se bate un récord quiere decir que este se rompe, pero cuando se dice que se bate un blanco qui-ere decir que este es derribado o destruido; en un acción de armas se dice que la persona se bate en franca lid.

El batidor es pues un combatiente, un hombre de armas, un luchador. El batidor en su oficio de guardabosques tiene que batirse contra ma-leantes, contra el fuego o contra las fieras. Y para esto tiene que poner en práctica su entre-namiento como vigilante. En este caso repre-senta a la autoridad y debe portar armas para cumplir su misión.

Range traduce serranía (range of mountains), es decir una cadena montañosa, una sierra, una cuchilla. De allí nace la palabra ranger, pues es la persona que recorre los montes, serranías y cuchillas en cumplimiento de su tarea. La denominación correcta debería ser “montero” como se denomina el útil y conocido campero “todo terreno”. Ahora, como su vida transcurre apartada del mundo civilizado debe conocer, practicar e innovar las distintas técni-cas de supervivencia:

• La brújula, el mapa, el sol, la luna y las es-trellas lo guiarán en sus senderos.

• Debe saber hacer fuego y controlarlo para cocinar sus alimentos.

• Debe conocer las especies vegetales para el sustento y para aliviar sus dolencias.

• Debe ser un hábil cazador de animales pequeños, aves y peces.

• Debe saber cómo curar sus heridas y pro-tegerse de las fieras, y las amenazas de la naturaleza.

• Debe saber cómo sortear obstáculos, descender rocas y vadear corrientes de agua.

• Debe tener los conocimientos y habilidades para sobrevivir en soledad.

• Debe saber comunicarse con señales im-provisadas en caso de falla de los equipos de comunicaciones de dotación.

• Si puede contar con compañía su tarea será

mucho más fácil, efectiva y llevadera.

Lo anterior nos sirve para perfilar la imagen del ranger, como la del hábil luchador que debe so-lucionar los problemas sin contar con la línea de mando sino, de manera independiente, con el entrenamiento recibido, su capacidad física, su olfato, su inteligencia y su sentido común.

Estas características dieron pie a los estrategas para idear la organización de peque-ñas unidades con hombres de estas altas cali-dades apropiados para combatir al adversario por sorpresa, en el momento y lugar menos es-perado. Estas pequeñas partidas serían lanza-das hacia la retaguardia enemiga para destruir centros de comunicación, puentes, almacenes, puestos de mando y, en fin, para desarticular la fuerza enemiga, su sistema logístico y sus apoyos.

El ranger en la historia

Las operaciones ejecutadas por pequeñas uni-dades reconocidas por su intrepidez y arrojo no son novedad reciente. Napoleón en 1809 tuvo que enfrentar este tipo de guerra que lo obligó a salir de España debido a su mortífero accionar. La lucha de toda la población levantada con-tra el ejército de Napoleón fue uno de los tres factores que obligaron al emperador a desistir de sus empeños, aunque este tipo de “petite guerre” como se le llamó en ese entonces, no fue el instrumento definitivo para la victoria.

Esta se logró además, por la catastrófica derrota de Napoleón en Moscú y por el decidido apoyo de las fuerzas británicas al mando del Duque de Wellington. En esta guerra que duró hasta 1814, murieron 500.000 españoles, 200.000 franceses y 65.000 británicos. Toda una guerra.

En 1898, durante la guerra de España contra EE.UU. y en 1899 en la guerra de los Bóers, las unidades de guerrilla contaron con “apoyo oficial”. Con base en esta experiencia, en 1914, el general Paul von Lettow-Vorbek organizó en el este de África una brillante unidad con-tra las fuerzas coloniales. Lo mismo hizo en 1917 Thomas Edward Lawrence – Lawrence de Arabia – en Oriente Medio en su lucha contra los turcos.

En 1899, las repúblicas Bóer invadieron las co-lonias británicas en el sur de África. El ejército Bóer fue vencido y optó por reestructurarse en comandos destinados a golpear y retirarse y acosar de manera permanente al ejército bri-tánico que era 40 veces superior. Esta táctica demostró que las tradicionales formaciones militares británicas de gran tamaño no eran efectivas en esta situación. Este tipo de guerra por medio de incursiones fue la aventura militar más influyente del siglo XX y tuvo una reper-cusión directa en la creación de los Comandos Británicos y todas las fuerzas especiales que se organizaron después en todo el mundo.

Estas experiencias fueron copiadas por los bri-tánicos, los norteamericanos y los alemanes. Así aparecen los Comandos Británicos, los Ranger y los Brandeburgers alemanes. Posteriormente aparecen los Chindits, el SAS, el Long Range Desert Group, los Sissit finlandeses, los torpe-dos humanos italianos, los paracaidistas hún-garos y los Álamo Scouts. Todos organizados en pequeñas unidades con la misma filosofía de combate: atacar por sorpresa y producir el mayor daño posible con el menor número de

bajas, actuando en apoyo de las operaciones mayores.

Los Comandos Británicos fueron organizados por encargo de sir Winston Churchill al Teniente Coronel Dudley Clarke Wrangler a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que no figuran en la historia bélica como decisivos en la marcha de la guerra, adquirieron tanta fama que en forma genérica se dio el nombre de comandos a todas las unidades que se crearon en ese tiempo y a muchas de las que se siguen organizando en la actualidad.

El Coronel Clarke Wrangler inició su tarea or-ganizando un mando encargado de las incur-siones en territorio enemigo. La selección de personal se hizo tomando como base a 2.000 voluntarios. Los hombres tenían que estar en extraordinario estado físico y demostrar que podían operar sin depender de la tradicional y restrictiva cadena de mando. El entrenamiento incluía cruce de ríos, alpinismo y largas mar-chas con todo el equipo de combate. Al finali-zar el entrenamiento, cada soldado, experto en armamento, escalada, señalizaciones, combate cuerpo a cuerpo, demoliciones y supervivencia, recibía una paga extra y el prestigio de llevar en su uniforme la codiciada insignia de la uni-dad. En un principio cada grupo contaba con 50 hombres y 3 oficiales. Al final de la guerra se contaba con cuatro brigadas de comandos.

En 1942, los Royal Marines crearon sus pro-pios comandos para tareas de establecimiento, mantenimiento y control de las cabezas de pla-ya. Fueron nueve comandos numerados del 40 al 48. La Royal Air Force –RAF– no fue inmune a la moda y también creó sus propios coman-dos. Fueron 18 destinados a asegurar aeródro-mos, reparar pistas y contribuir a su defensa.

Cuando EE.UU. entró a la guerra en diciem-bre de 1941, Lord Mountbatten se apresuró a ofrecer al General Marshall la creación de unidades al estilo de los Comandos Británicos. Marshall, quien había quedado impresionado cuando los había visto actuar, aceptó. Se orga-nizaron dos tipos de fuerzas: los Rangers para asaltar objetivos detrás de las líneas enemigas y los First Special Service Force – FSSF- para cumplir labores de destrucción y sabotaje.

El número seleccionado para formar el primer batallón fue de 500 hombres. El apelativo de Rangers lo eligió el coronel Lucian Truscott. El término venía del verbo to range – batir o ras-trear– y lo adoptó en recuerdo de las unidades especiales que desde Canadá hasta Florida enfrentaron a los franceses, españoles e in-dios. En junio de 1942 se creó definitivamente

el Batallón No 1 Ranger con 29 oficiales y 488 hombres de tropa. Tenía seis compañías ranger, cada una con tres oficiales y 65 subofi-ciales y tropa.

En 1943 aparecen los Álamo Scouts en el teatro del Pacífico. Los voluntarios debían aprobar un curso de seis semanas en que eran adiestrados en operaciones costeras y supervivencia en el mar y en la jungla. Siempre fue una unidad pequeña: 21 oficiales y 117 suboficiales y tropa. Estaba organizada en 10 equipos, cada uno con un oficial y seis soldados. Casi todos sus miembros eran indios de las diferentes tribus. Los Álamo Scout se regían por reglas curiosas: una, por ejemplo, decía que los oficiales podían elegir por votación secreta a sus compañeros de equipo. Hay otro dato asombroso: los Álamo Scout fue la única unidad de combate del ejér-cito de Estados Unidos que no tuvo un solo muerto a pesar de haber participado en 106 misiones. Algo bien difícil de creer.

Los Sissit

No todas las operaciones de comandos en-tre 1939 y 1945 fueron protagonizadas por alemanes, británicos o norteamericanos. En noviembre de 1939, tropas rusas cruzaron la frontera con Finlandia. Comenzaba así la Guerra de Invierno y los finlandeses tenían que organizarse, si no para contener la invasión, si para acosar a los invasores. Así que se orga-nizaron en pequeños grupos de largo alcance para obtener información, para atacar a las unidades soviéticas aisladas y a los nudos de comunicación para entorpecer la concentración de las tropas enemigas.

En el verano de 1941 se contaba con 150 hom-bres en 10 grupos de 15; al final del año es-tos grupos eran de 60, equipados con trineos y esquís de invierno. El personal seleccionado era muy idóneo: jóvenes atléticos, esquiadores, cazadores, con nervios templados y buenos conocedores de los bosques. Astutos, ágiles, con un gran conocimiento del terreno y conoce-dores de técnicas de supervivencia, los coman-dos finlandeses fueron la pesadilla de las tropas rusas que jamás lograron encontrar un sistema para neutralizar sus tácticas de infiltración y combate.

En esta breve ojeada, el lector habrá podido en-contrar respuesta sobre los ranger y sobre las unidades especiales que con esta filosofía de combate se han creado y han actuado en toda la geografía mundial. En nuestro caso apare-cieron los Lanceros en 1955, siguiendo el mod-elo de los Rangers estadounidenses.

¿Sabe usted qué es un ranger?Coronel (RA) Silvio Vallejo Rosero.

En los 60 años de la Escuela de Lanceros

DICIEMBRE 2015 - 15

Salud

¿Y ahora qué hago con mi abuelo, padre, madre o pareja?, pues me confirmaron que tenía al-zhéimer. Esta es la pregunta que se hace un familiar de un paciente diagnosticado con esta enfermedad.

En publicaciones anteriores he escrito sobre el diagnóstico oportuno, diagnóstico clínico, emo-ciones experimentadas, síntomas, prevención y hasta actividades alternativas. Sin embargo, en esta entrega haré énfasis en el papel crucial que tienen los familiares y/o los cuidadores a cargo de personas con este dictamen médico, incluso aun cuando se presentan los primeros síntomas.

En primer lugar, lea esta serie de recomenda-ciones que le serán muy útiles para el manejo adecuado del paciente:

• Aborde al especialista con toda clase de pre-guntas que a usted se le ocurra, pues así disipará las dudas y esclarecerá la información concreta; averigüe sobre los tratamientos más efectivos y los problemas de conducta, para el caso específico. Recuerde que en estos casos hay particularidades importantes que son pro-pias de cada paciente.

• Póngase en contacto con grupos espe-cializados como la Asociación de Alzheimer (Alzheimer’s Association - http://www.alz.org/) o el Centro de Educación y Referencia Sobre la Enfermedad de Alzheimer (Adear, por sus si-glas en inglés - www.nia.nih.gov/espanol) para obtener más información sobre la enfermedad, las opciones de tratamiento y los recursos dis-ponibles para la atención de las personas que sufren de alzhéimer. Algunos grupos comuni-tarios pueden ofrecer clases que enseñan cómo atender a la persona que tiene Alzheimer, cómo resolver problemas y cómo adquirir habilidades administrativas para manejar la situación.

• Vincúlese a un grupo de apoyo en el que usted pueda compartir sus sentimientos y preocupa-ciones. Los miembros de los grupos de apoyo a menudo tienen ideas útiles o conocen recursos prácticos basados en sus propias experiencias.

• Procure planear su día de trabajo para deter-minar si puede desarrollar una rutina que le per-mita cumplir sus labores diarias. Si hay momen-tos durante el día en que la persona que tiene alzhéimer está menos confundida o coopera más fácilmente; planee su rutina para sacarle

el mayor provecho posible a esos momentos.

• Si tiene los medios económicos, considere la alternativa de utilizar centros para el cuidado diario de adultos o servicios que ofrecen un descanso para aliviar el peso de las demandas diarias de atender a una persona que tiene al-zhéimer.

• Recuerde la importancia de conocer si el ser-vicio médico al cual está inscrito, cubre medi-camentos, tratamientos, terapias, exámenes y demás cosas que se puedan presentar en el camino.

Los anteriores consejos pueden ser útiles para que sentimientos como la frustración, la desesperanza, el miedo e incluso la soledad, no ataquen de manera frontal al cuidador, al tiempo que le permitan tener un manejo óptimo del paciente.

Sin embargo, también se debe tener en cuenta la forma de comunicarnos con personas con alzhéimer, pues recordemos que su retención de la información es limitada, así que tareas tan simples como doblar las medias, guardar la ropa u organizar algunos papeles, puede tonarse complejas y generar insatisfacción. ¿Cómo le digo qué debe hacer y cómo puede ayudarme?:

• Escoja palabras sencillas, frases cortas y uti-lice un tono de voz amable y tranquilo.

• Evite hablarle a la persona que sufre de alzhéimer como si fuera un bebé o hablar de él o ella como si no estuviera presente.

• Reduzca las distracciones y el ruido, como la televisión o la radio, para ayudarle a la per-sona a concentrarse en lo que usted le está diciendo.

• Mire a la persona a los ojos y llámela por su nombre, asegurando que tiene su atención antes de hablarle.

• Permítale suficiente tiempo para responder. Tenga cuidado de no interrumpirle.

• Si la persona con alzhéimer está luchando por encontrar una palabra o comunicar un pensamiento, trate amablemente de propor-cionarle la palabra que está buscando.

• Trate de presentar las preguntas e instruccio-nes de una manera positiva.

• Preste atención a las preocupaciones de la persona, aunque sea difícil entenderla.

Nuestros pacientes muchas veces piensan que pueden seguir su vida común y corriente y ac-tividades cotidianas como bañarse, vestirse, tomar los alimentos e incluso dormir, empiezan a convertirse en una lucha diaria. Por eso, re-visemos unas recomendaciones que pueden servir para tener un menor impacto en la alter-ación de las rutinas y una satisfacción por parte del paciente al momento de cumplirlas:

• Planee el baño o la ducha para la hora del día en que la persona está más tranquila y afable. Sea consistente y trate de desarrollar una rutina.

• Respete el hecho de que el baño produce miedo y es incómodo para algunas personas con la enfermedad de Alzheimer. Sea amable y respetuoso. Tenga paciencia y calma.

• Reduzca los riesgos utilizando una ducha de mano, un asiento para la ducha, barras para agarrarse y alfombras no resbaladizas para la bañera. Nunca deje a la persona sola en el baño o en la ducha.

• Trate que la persona se vista a la misma hora todos los días, para que eso se convierta en

parte de la rutina diaria.• Anime a la persona a que se vista sola hasta

el grado que sea posible. Planee y permita suficiente tiempo para que no haya presión o prisas.

• Permítale escoger de una selección limitada de prendas. Si la persona tiene un conjunto de prendas favorito, considere comprarle varios juegos idénticos.

• Entréguele a la persona una prenda a la vez o dele instrucciones claras paso a paso si la persona necesita ayuda.

• Evite cremalleras, cierres con botones o gan-chos que dificulten retirarse con agilidad las prendas.

• Conciba las horas de comidas como opor-tunidades para la persona que tiene alzhé-imer de interactuar socialmente y desenvol-verse bien. Trate de tener paciencia y evite las prisas, y esté pendiente de las señales de confusión y ansiedad.

• Trate de establecer un ambiente silencioso, tranquilo y sereno a las horas de comer, limi-tando el ruido y otras distracciones.

• Mantenga rutinas familiares a las horas de comer, pero adapte la situación de acuerdo a las necesidades cambiantes de la persona.

• Anime a la persona a que tome muchos líquidos a lo largo del día para evitar la des-hidratación.

• A medida que la enfermedad avanza, tenga en mente que el riesgo de que la persona se atragante con algo aumenta debido a dificul-tades al masticar y tragar.

• Cumpla con el horario de revisiones dentales rutinarias y cuide la salud oral diaria para mantener la boca y los dientes saludables.

• Anime a la persona a hacer ejercicios durante el día y limite las siestas que hace.

• Establezca un tono quieto y tranquilo en la noche para alentar el sueño. Mantenga las

luces bajas, elimine los ruidos fuertes e in-cluso ponga música relajante si parece que la persona la disfruta.

• Trate de establecer una hora promedio para acostarse todas las noches. Desarrollar una rutina a la hora de acostarse puede ayudar a lograr eso.

• Limite el consumo de cafeína.• Si la oscuridad asusta o desorienta a la per-

sona, use lamparitas de noche en el dormito-rio, en el pasillo y en el baño.

Estas recomendaciones permiten establecer una relación favorable con el paciente, no sólo atendiendo sus necesidades sino además las de los cuidadores, quienes gran parte del tiem-po no saben qué hacer en situaciones cotidi-anas, en las que el paciente, claramente, por la condición de la enfermedad, empieza a perder capacidad para desarrollarlas con la naturali-dad que antes lo hacía.

Es aquí donde el deterioro de la enfermedad puede empezar a ser menor, pues entre más tiempo el paciente de manera autónoma con-tinúe con sus rutinas diarias, ofrecerá satisfac-ción a sus familiares y/o cuidadores y por su-puesto a él mismo.

Esperamos que estas entregas sobre la enfer-medad de Alzhaimer hayan sido de su agrado. Continuaremos tratando temas de interés. Recuerde que cada uno de nosotros es respon-sable de nuestra buena salud mental. En próxi-mas entregas trataremos temas de relaciones intergeneracionales, tales como abuelos/nietos y las recomendaciones para evitar conflictos con los hijos y nuestros nietos. Para más infor-mación los invito a visitar el blog http://psicon-treras.blogspot.com.

El diagnóstico fue positivo… Por: Psicóloga Tatiana Contreras

Reflexiones sobre la enfermedad de Alzheimer

16 - EDICIÓN 555

Acorados

Acorados en la cuna de la civilización occidentalViajando con ACORE

Egipto fue el primer destino de esta travesía. La primera parada fue El Cairo, donde inició el recorrido por aquellos lugares emblemáti-cos: las pirámides, el museo, La Esfinge, la mezquita de alabastro, el valle de Luxor, el Valle de los Reyes, los lagos sagrados, los co-losos de Memnon y la estatua de Amenofis.

Nuestros viajeros también recorrieron las aguas del río Nilo. Allí conocieron a los vendedores que desde peque-ñas canoas lanzan al barco suvenires envueltos en bolsas y de regreso, en las mismas bolsas, los turistas les envían el dinero correspondiente. Luego apreciaron la danza de los derviches, mediadores en-tre el cielo y la tierra, lo infinito y lo finito, donde cada bailarín vacía su ser para convertirse en un canal de lo divino.

Grecia fue la segunda parada de esta aventura. En Atenas, nuestros acorados visitaron la Plaza de la Constitución, el Parlamento, la Academia, el Estadio Olímpico (donde na-cieron las olimpiadas), la Acrópolis, el Partenón y el Templo de Atenea. Luego viajaron en crucero a Mykonos, para dis-frutar las playas, tiendas, casas medievales y los museos arqueológico y folclórico.

En Estambul conocieron la Mezquina Azul con sus 21 mil azulejos y sus seis minaretes, que la hacen uno de los lugares más sagrados. También conocieron el Hipódromo Romano y el Gran Bazar para hacer compras, así como Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi y Efeso, sitios pletóricos de monumentos que atesti-guan la grandeza de los pueblos que han habitado esta península.

La tercera etapa llevó a nuestros peregrinos a Turquía, cuyas zo-nas históricas fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1985.

Dieciséis acorados levantaron vuelo el pasado 18 de septiembre para conocer la cuna de la civilización occidental, en un recorrido que también incluyó dos países emblemáticos del Medio Oriente.

Los jeques de Acore.

La embrujadora danza de los siete velos.

Paseo en camello, actividad obligada

En Grecia, mucha gafa…

Los Acorados haciendo amigos en todas partes.

Bienvenidos al grupo viajeros de otros lugares

Los Rubianogroot.

Amparito y Pili en el Castillo de Algodón, maravilla

natural de gigantescas cascadas blancas y pisci-nas naturales

El coloso de Rodas

DICIEMBRE 2015 - 17

Institucional

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía continúa edificando sueños con el corazón. Este año, la entidad decidió transfor-mar su nombre con el objetivo de crear un vín-culo más cercano con los afiliados.

Seguramente, algunos recordarán el acrónimo con el que se le reconoció en los últimos nueve años: Caprovimpo. Sin embargo, a partir de marzo de 2015, la institución pasó a llamarse Caja Honor.

El honor lleva a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública a enfrentar cualquier reto con valentía y gallardía, un concepto que aplican en todas las dimensiones de la vida, no solo en el nivel profesional, sino en el hogar y en su inter-acción social.

Según la Real Academia Española (RAE), la definición de honor es: “Gloria o buena repu-tación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las fa-milias, personas y acciones mismas de quien se la granjea”. Con este significado, se quiere honrar la digna labor de los héroes de la patria que trabajan en pro del bienestar y la seguridad de todos los colombianos.

La idea de hacer un cambio de nombre se con-solidó tras realizar más de 9.300 encuestas entre los afiliados. Más de 5.400 afirmaron que era necesario adoptar un nombre que generara mayor recordación, acorde a los servicios que se prestan y de fácil pronunciación. Se hizo una propuesta y fue así como con 5.331 votos a fa-vor se eligió Caja Honor.

Los usuarios han sido testigos de la re-vitalización de la imagen en la sede principal en Bogotá y en los demás puntos de atención en el ámbito nacional. El propósito es ofrecer una experiencia agradable, amable y atractiva. Así mismo, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, pensando en llegar a todos los héroes del país, ha dispuesto de un punto de información móvil que visita ciudades y muni-cipios ofreciendo sus servicios: orientación legal e integral, radicación de trámites, registro

biométrico y consulta.

El General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena, gerente de la entidad, asegura que “la finalidad de nuestras iniciativas y cambios es facilitar y mejorar el servicio a los afiliados; toda trans-formación requiere compromiso y constancia para obtener resultados destacables y ese ha sido el enfoque de las directivas y funcionarios, quienes, además de una nueva imagen, culti-van el sentido de pertenencia y se identifican con la causa que promovemos”.

Además, se ha implementado una serie de her-ramientas tecnológicas que, sumadas a los es-fuerzos humanos, han contribuido a mejorar los procesos de Caja Honor: los usuarios pueden realizar consultas a través de la aplicación para teléfonos inteligentes; se ha perfeccionado la navegabilidad en el portal web www.cajahonor.gov.co, donde los afiliados pueden acceder a todo tipo de información, actualizar sus datos, hacer solicitudes y descargar el formulario único electrónico y, finalmente, se ha dispuesto de una serie de contenidos que usan las redes sociales.

Caja Honor sigue trabajando con mística, energía, pasión y humanidad. El resultado de esta combinación de trabajo ha sido la entrega de inmuebles a más de 2.800 soldados, policías y sus familias, a través del fondo de solidaridad, un modelo de atención pensado para aquellos que en cumplimiento de su deber fallecieron o fueron retirados por disminución de su capaci-dad psicofísica.

Incluso, el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, resaltó la gestión de Caja Honor: “Entre 2010 y 2014 les dimos un hogar propio a casi 50.000 afiliados… Es decir, con respecto al objetivo inicial, cumpli-mos en cerca del 120 por ciento. Valga resaltar que 5.000 de esas viviendas las entregamos a través del fondo de solidaridad a beneficiarios de afiliados fallecidos y a quienes han sufrido alguna discapacidad”.

De hecho, se espera que para 2018 se hayan entregado más de 60.000 inmuebles entre los distintos modelos de atención, incluida la vivienda leasing, novedoso mecanismo de fi-nanciación para quienes hayan cumplidos dos años de afiliación y 24 cuotas aportadas.

Nace Caja Honor, para el bienestar de nuestros héroes

Caprovimpo cambia de nombre InstitucionalOctubre y noviembre de 2015

1. INGRESOS

La Junta Directiva Nacional de ACORE registra complacida el ingreso de los nuevos asociados y los invita a participar junto con sus conyugues de los planes de desarrollo y de las diversas ac-tividades que programa. Para todos nosotros es muy importante su presencia activa y su consejo oportuno.

GDO. FZA. NOMBRES Y APELLIDOS SECCIONAL Sra. Elena Montes de Pacheco BogotáSra. Luz Yaneth Ávila Pinzón RisaraldaSra. María Francisca Benavides de Paternina Díaz AtlánticoSra. Luz Carlina Gómez de Perilla BogotáCo. EJC Jaime Alberto Perilla Gómez BogotáMy. EJC Juan Rafael Antonio Lalinde Gómez AntioquiaMy. EJC Edilberto Charry Medina HuilaMy. EJC Harold Antonio Aldana Alvarado HuilaSra. Maríaa Mabel Bernal Uribe HuilaTe. EJC Germán Useche Rubiano BogotáCo . EJC Nelson Francisco Rocha Urbina BogotáMy. EJC Carlos Hugo Rincón Camargo BogotáSra. Graciela Mancilla de Murillo TolimaCt. EJC Daniel Eduardo Cotes Quijano BogotáCc. ARC Manuel Salvador Arroyabe Ochoa QuindíoBg EJC Wilson Neyhid Chawes Mahecha Honorario ValleCo EJC Leonard Yamid Infante León Honorario ValleCn ARC Mauricio Andrés De León Ospina Honorario ValleCo. FAC Rafael Ordoñez Merjech Honorario ValleCo. FAC Raúl Adolfo Jiménez Fonseca Honorario ValleTc. FAC Néstor Fernández Cortes Honorario Valle

2. FALLECIMIENTOS

Presentamos un saludo de solidaridad a las familias de nuestros amigos y compañeros que parti-eron para estar a la diestra del Todopoderoso.

GDO FZA NOMBRES Y APELLIDOS SECCIONAL Sra. Ana Isabel Sierra de Figueroa BogotáCc. ARC Álvaro de Jesús Sánchez Otero BolívarTe. EJC Alfonso Camargo Belen N/SantanderSra. María Nelly Bejarrano Vda de Valderrama BogotáTc. EJC Jorge Enrique Fajardo Chávez BogotáTc. EJC Carlos Humberto Gámez Parra BogotáTc. EJC Guillermo Vega Beltrán BogotáTc. EJC Carlos Pacheco Céspedes BogotáCo. EJC Avelino Perilla Vargas BogotáTc. FAC José Ancizar Almario Polanía Bogotá

3. APORTE VOLUNTARIO POR DEFUNCIÓN, AVODE

Relación de auxilios pagados por defunción. FALLECIDOS BENEFICIARIOS VALOR PAGADO

Gn. Fernando Tapias Stahelin Ana Lucia Díaz de Tapias $ 2’278.046 Fernando Augusto Tapias Díaz $ 2’278.046 Carlos Enrique Tapias Díaz $ 2’278.046 Nohora Cristina Tapias Díaz $ 2’278.046 Olga Lucia Tapias Díaz $ 2’278.046Bg. Luis Bernardo Urbina Sánchez Martha Claudia Trujillo de Urbina $ 5’691.616 Luisa Daniela Urbina Trujillo $ 5’691.616Tc. Sergio Leal Hernández Sergio Alfonso Leal Pinilla $ 5’745.314 Sandra Guiomar Leal Pinilla $ 5’745.314 Norma Claudia M. Leal Pinilla $ 5’745.314 Juan Carlos Leal Pinilla $ 5’745.314My. Orlando Castrillón Castrillón Helena Serrano de Castrillón $ 22’928.054My. Álvaro Daniel Morales Collazos Rocío Rojas García $ 22’940.454Co. Eliseo Flórez Bohórquez Sandra Lidia Flórez Bohórquez $ 9’080.222 Martha Teresa Flórez Bohórquez $ 9’080.222 Liliana Esther Mojica Herrera $ 4’540.111 TOTAL $ 114’323.781

Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado de afili-ación, acercarse a la Gerencia del Avode para su firma.

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18 - EDICIÓN 555

Actualidad

Las prestaciones laborales adeudadas a los funcionarios de la Fuerza Pública son un man-dato constitucional, por el cual, a estas perso-nas que han dedicado toda su vida al servicio del Estado en cumplimiento de los fines constitucionales, se les debe cancelar sus emolumentos sin necesidad de intervención judicial.

Las normas son para cumplirlas y no para de-jarlas en letra muerta, como pasa en la mayoría de los casos, máxime si a quienes reclaman les niegan el derecho, es decir coloquialmente que pierden con cara o con sello.

La conformación de la Fuerza Pública responde a los artículos 217 y 218 de la Constitución Nacional, de donde deriva su origen y su man-dato. Por lo tanto, no es justo que estos ser-vidores públicos tengan que esperar nivela-ciones salariales justas, acordes al mandato Constitucional y legal, dentro de las cuales se encuentra pendiente y vigente la Ley 2ª. de 1945, que en su artículo 47 señala lo siguiente: “El tiempo de servicio en guerra, desde la fe-cha en que se declare turbado el orden público, hasta la expedición del decreto por el cual se restablezca la normalidad, se computa doble para todos los efectos, con excepción del de ascensos”.

Retirados entre 1997 y 2004

Desde todo punto de vista, no es ecuánime ni legal que los operadores jurídicos se inventan condiciones no determinadas en la ley ni regla-das en los decretos para no otorgar el derecho.

En este sentido, está pendiente el reajuste de las diferencias salariales entre los decretos de oscilación y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al período comprendido entre el primero de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004, para quienes devengan asignación de retiro, sustituciones de asigna-ciones, pensiones de sobrevivencia y pensión de invalidez, otorgadas antes de esa última fecha.

En en su momento, los operadores judiciales, por la indebida y errónea interpretación de la ley y la jurisprudencia, les negaron el derecho. Se produjeron sentencias ejecutoriadas que dan tránsito a cosa juzgada, vulnerando con ello el derecho a la igualdad, el debido pro-ceso, la afectación al mínimo vital y demás derechos conexos constitucionales respecto de los demás funcionarios de la Fuerza Pública.

Esta nivelación pensional se dio conforme la Ley 238 de 1995, “Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993”, y la decan-tada jurisprudencia del Consejo de Estado. Se reconoce entonces el reajuste de las diferen-cias salariales entre los decretos de oscilación y el IPC en los términos de los párrafos ante-riores.

Pero hay más. La Ley 4 de 1992, en su artí-culo 13, señala: “En desarrollo de la presente Ley el Gobierno Nacional establecerá una es-cala gradual porcentual para nivelar la remuner-ación del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios esta-blecidos en el artículo 2.

Parágrafo.- La nivelación de que trata el pre-sente artículo debe producirse en las vigencias fiscales de 1993 a 1996”.

La denominada “prima de actualización” se creó como un factor adicional al sueldo básico, de carácter temporal, reconocido entre el prim-ero de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995, cuya finalidad era nivelar los salarios de los miembros de la Fuerza Pública hasta con-solidar la escala gradual porcentual única, pre-vista en la Ley 4 de 1992.

A través del decreto 107 de 1996 se consolidó la escala gradual porcentual única y, por ende, a partir de ese año “los aumentos de ley para la liquidación de las asignaciones de retiro in-corporaron en el sueldo básico del personal en actividad todos los incrementos que por prima de actualización recibieron entre 1992 a 1995”.

Recientemente, en Bogotá, el 26 de mayo de 2015, mediante Sentencia de Tutela 327 de 2015, instaurada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, la Corte Constitucional –con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva– sen-tenció lo siguiente:

“Dentro del proceso de revisión del fallo pro-ferido por el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta–, que resolvió confirmar el fallo de instancia “impugnado, en cuanto declaró improcedente la tutela frente a las sentencias del 26 de ju-lio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de 2012, dictadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar”; e igualmente decidió “Revocar el amparo del derecho al debido pro-ceso de CREMIL. En su lugar 2.1 Denegar por improcedente la tutela, respecto de la senten-cia del 13 de diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar”, al resolver las impugnaciones instauradas tanto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como por el señor Hernando Navas Zawadsky…

En las sentencias cuestionadas, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a CREMIL modificar la base de liquidación de las asig-naciones de retiro de los demandantes en el proceso ordinario, con inclusión de la prima de actualización, y reliquidarlas a partir del 1º de enero de 1996”.

En la Sentencia de Tutela 737 de 2012, la Corte Constitucional expuso normativa y jurispruden-cialmente los alcances de la prima de actu-alización de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Retirados desde el primero de enero de 2005

Como se puede apreciar, la ley definió la situ-ación de los oficiales y suboficiales retirados entre el primero de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2004. ¿Cuál es la situación de los uniformados que colgaron su uniforme a partir del primero de enero de 2005 hasta la fecha?

Bien es claro que los funcionarios que se en-contraban en actividad después de este lapso, también están afectados por la diferencias sala-rias de los decretos de oscilación y el IPC, en el entendido que para la época devengaban salarios por parte del ministerio de Defensa Nacional y hoy reciben asignación de retiro o equivalentes cancelados por las cajas de retiro o similares.

Son innumerables las sentencias negadas en reclamación de este derecho, toda vez que cada operador judicial es autónomo en su in-terpretar constitucional y legal. A la fecha, es-

tán en curso varias demandas por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las cuales se formaron con base en los distintos pronunciamientos jurídicos de las sentencias negadas. Esto contribuye a tener una luz jurídica que permita al operador judicial inaplicar (sic) la inconstitucionalidad de las nor-mas vigentes y otorgar el derecho de nivelación de quienes devengan asignación de retiro o similares después del primero de enero de 2015 con base el IPC.

En este orden de ideas, los funcionarios de la Fuerza Pública están en desigualdad de condi-ciones, máxime cuando la Ley 4 de 1992 parte de la premisa que “los activos y retiros deven-garan igual salario base”.

También está el caso de la prima de actividad (49 por ciento) que devengan los oficiales y suboficiales en servicio activo. Para el caso de aquellos que ostentan asignación de retiro o similares, la situación es la siguiente: a) No les ha sido reconocida, b) al 15%, c) al 22,5% d) al 33% e) al 37% f) al 41,5%.

Debido a este sin número de demandas, algu-nos tribunales han reconocido el 41,5% y otros la siguen negando. Se colige, por lo tanto, que prima el azar y no existe seguridad ni unifi-cación jurídica en el reconocimiento de esta prestación laboral reclamada, en favor de los funcionarios afectados.

La demanda

Es importante señalar que los derechos labo-rales de los funcionarios de la Fuerza Pública tienen carácter individual y la demanda se debe presentar en el último lugar donde laboró la persona, previa certificación de la entidad y conforme con la ubicación geográfica adminis-

trativa.

Para el efecto, el demandante recurre al me-canismo o medio de control denominado nuli-dad y restablecimiento del derecho (fundamen-tado en el numeral tercero del artículo 156 de la ley 1437 de 2011 y la decantada jurisprudencia respecto de la acción), siguiendo el siguiente camino: desarrollo procesal de una primera y segunda instancia; acción de tutela de ser procedente ante el Consejo de Estado en prim-era y segunda instancia y revisión de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

Si el demandante considera injusto el fallo judicial, procede la acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pre-vio agotamiento de la vía judicial interna y del cumplimento de los requisitos.

EDGAR A. VILLAMILA B O G A D O S A S O C I A D O S

Teléfono: 2838917 - 4660111 - 3118500865

Derecho Civil y de Familia

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Casos de Derecho Administrativo Laboral de la Fuerza Pública: Reliquidación IPC, Prima de Actividad, Nivelación Salarial y

Pensional, etc.

Deuda laboral constitucional para con la Fuerza Pública Por: abogado Conrado Lozano Ballesteros.

Sobre el reconocimiento del IPC. Información de mucho interés para miembros de la asociación.

El hecho de presentar una demanda no implica necesariamente la ob-tención de un resultado favorable. Depende de la academia, experien-cia, interpretar jurídico, de las preten-siones solicitadas y diligencia en el proceso por parte del apoderado, así como del fallo del operador judicial. Una vez quede la sentencia ejecuto-ria, da tránsito a cosa juzgada.

En este este tipo de demandas no se estila el afán. Por lo tanto, al mo-mento de decidir y otorgar poder para presentar una acción judicial, veri-fique que el apoderado sea idóneo, tenga experiencia, dominio del tema y esté inscrito con tarjeta profesional vigente en el registro de abogados del Consejo Superior de la Jurídica.

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BUFÓNEste crucigrama es casi normal. El único detalle es que sus definiciones están repletas de juegos de palabras, anagramas, bromas verbales y trampas lingüísticas. Tenga cuidado. No se sofoque.

Horizontales 1. Cantidad que un licitador ofrece. 4. Aireador del horno o forja. 10. Se atreve. 11. Relativos al viento. 12. Figuradamente, pachorra, lentitud. 14. Autillo, ave nocturna. 15. Vitupera, reprueba severamente. 17. Terminación de alcoholes. 18. Condición atmosférica de una región. 19. Ceda, regale. 21. Letra inicial, abreviatura. 22. Pelo de algunos animales. 23. Remolca la nave. 24. Dé fruto o utilidad algo. 25. Artículo determinado. 26. Correa que gobierna a la caballería. 29. Labra la tierra. 31. Natural de Cataluña. 33. Figuradamente, dormilón. 35. Prefijo que significa semejanza. 36. Enfrenta. 37. Hermano de Abel.

Verticales1. Orificio imperceptible de la piel. 2. Utilice. 3. Caballo flaco y desgarbado. 4. Pieza caliza porosa. 5. Aroma, fragancia. 6. Bismuto. 7. Repercusión, resonancia. 8. Plaza circular. 9. Pone al sol. 11. Ayuda, lavativa. 13. Relativo al sobaco. 16. Apéndice de un libro. 18. Harán mención de una persona. 20. Proceso judicial primitivo. 21. Embutido de carne de cerdo. 22. Tira larga y angosta. 24. Hilera de caballerías atadas. 27. La sangre de los dioses homéricos. 28. Arbolito tropical de fruto carnoso. 30. Prefijo: superioridad. 32. De esta forma. 34. Apócope de mamá.

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