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Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las ujeres y la Equidad de Género Información analítica 2010 Mujeres privadas de su libertad y análisis de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los CERESOS del país
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Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de lasujeres y la Equidad de Género
Información analítica 2010
Mujeres privadas de su libertad y análisis de los derechos
de las mujeres privadas de su libertad en los CERESOS del país
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de lasujeres y la Equidad de Género CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO
DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Objetivo Parlamentarioclave
Título: Mujeres privadas de su libertad y análisis de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en los CERESOS del país
LXI.CEAMEG.DP1.IA02DF.NGHA.15-07-10
Presentación: El presente documento se desarrolla a fin de dar cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) 2010 en el proyecto denominado: Análisis sobre el acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad, víctimas de violencia sexual y en la administración e impartición de justicia del poder judicial, enmarca-do en los trabajos mandatados por el Programa Operativo Anual 2010.
Objetivo: Este documento tiene como objetivo establecer los argumentos teó-ricos en el tema, así como los instrumentos jurídicos, tanto a nivel internacional como nacional, relacionados con los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, así mismo pretende señalar cuáles son los derechos humanos que de una u otra forma les son violentados a las mujeres que se encuentran en prisión, a través de la revisión del marco jurídico internacional y las disposiciones nacionales en la materia, así como de la revisión de algunos casos reportados por autoridades responsables de la observancia del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad.
Utilidad Legislativa: Este documento plantea la necesidad de reflexionar so-bre la legislación en materia de mujeres privadas de su libertad y la necesidad de que dicha legislación este armónica a los instrumentos jurídicos internacionales, a fin de que las y los legisladores identifiquen algunas necesidades de reforma o creación de normas que abonen el camino en el acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad.
Otros documentos del CEAMEG sobre el tema:El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEA-MEG), además del presente documento pone a disposición de la lectora o lector algunos otros títulos relacionados con el tema de acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad.
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEA-MEG), (2009). Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mu-jeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas. Nuria Gabriela Herández Abarca, Coordinadora del Diagnóstico, Claudia Domínguez Hernández, Investiga-dora. Disponible en:http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224941/586815/file/Libro%20-%20Diagnosti-
co%20Mujeres%20Privadas%20Libertad.pdf
MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD Y ANÁLISIS DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS CERESOS DEL PAÍS
Este material es propiedad de la Cámara de Diputados y los derechos de autora
corresponden a la investigadora que elaboró el presente documento.
LXI.CEAMEG.DP1.IA02DF.NGHA.15-07-10
Contenido
Introducción
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I. Las mujeres privadas de su libertad y su situación al interior de los Centros de Readaptación Social
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II. Marco jurídico internacional en el tema de mujeres privadas de su libertad
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III. Marco jurídico nacional en el tema de mujeres privadas de su libertad
37
IV. Del fundamento del sistema penitenciario
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V. De la conformación del sistema penitenciario
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VI. Derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad
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VII. Derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares distintos a los designados a los hombres
55
VIII. Derecho a una vida libre de violencia
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IX. Derecho a un nivel de vida adecuado
61
X. Derecho a la no discriminación
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XI. Trabajo legislativo para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad
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Breves comentarios
82
Referencias
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2
Introducción
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala los derechos
fundamentales de todas y todos los mexicanos.
En sus primeros artículos, específicamente en el 1° y 4°, se estipula el derecho
a la igualdad ante la ley entre mujeres y hombres, el derecho a la protección de
la salud sin que para este derecho se señale distinción alguna en el ejercicio
del mismo atendiendo al sexo, o condición de libertad o privación de la misma,
así como también se establece el principio de no discriminación.
También se abordan los derechos a la satisfacción de las necesidades de
alimentación, salud y educación para alcanzar su desarrollo integral de los que
goza la infancia mexicana, comprendiendo dentro de esta infancia a las niñas y
niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social del país.
Constitucionalmente son los artículos 18 y 19 los que establecen como
derechos de las personas que se encuentran en reclusión los siguientes:
1. El lugar de la prisión preventiva (sujeción a proceso) y el destinado para
la extinción de la pena (cumplimiento de la sentencia) deben estar
completamente separados
2. El sistema penitenciario y penal será organizado en términos de la
readaptación social de la sentenciada o sentenciado con base en el
trabajo, la capacitación para el mismo y la educación
3. Toda forma de violación a los derechos humanos y violencia ejercida en
el momento de la aprehensión o en la compurgación de las penas, toda
molestia inferida sin motivo legal serán considerado como abusos que
deberán ser corregidos por la legislación y reprimidos por las
autoridades
4. Las mujeres deberán de compurgar sus penas en lugares separados de
los designados a los hombres para tal efecto
3
Aunado a los señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estado se ha comprometido, a nivel internacional, a observar y
atender una serie de instrumentos jurídicos internacionales aprobados por el
Senado de la República en materia de derechos humanos, mismos que deben
ser aplicables indistintamente a las mujeres y hombres que se encuentran
privados de su libertad.
Las mujeres privadas de su libertad representan uno de los grupos sociales
más marginados y se enfrentan, desde el inicio del proceso al que están
sujetas hasta la sentencia, a legislaciones androcéntricas e inequitativas, así
como a sistemáticas violaciones a sus derechos humanos, aún y cuando existe
normatividad internacional que las protege. La legislación nacional no es
armónica con la internacional por lo que los juzgadores, en la mayoría de los
casos, atienden únicamente lo señalado en la legislación nacional e ignoran y
desconocen las obligaciones internacionales del Estado en la materia,
ejerciendo contra ellas una justicia parcial.
El discurso legal de la igualdad en el acceso a la justicia y en la forma que las
mujeres se ven reflejadas en las leyes y en la teoría del derecho se observa
como una falacia, pues siempre éstas normas y teorías jurídicas tienen como
punto de partida y sujeto a los hombres. Y el tema de las mujeres privadas de
su libertad, tanto en la norma como en la doctrina y en la realidad, no está
ajeno a esta afirmación. Como se podrá observar en el desarrollo de la
presente investigación, la legislación, la reglamentación y, en algunos casos, la
arquitectura, el personal, los tratamientos y programas de los centros de
readaptación social, están pensados por y para el sector masculino de la
sociedad.
Las mujeres privadas de su libertad son discriminadas por su condición de
género en el funcionamiento del sistema penitenciario: las penas, el tipo de
delito, su papel en el hecho delictivo, las circunstancias y significados son
vistos como neutrales en términos de género (ILANUD, 1996).
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En el plano de la realidad que enfrentan las mujeres que están en proceso y
sentenciadas por algún delito, la desigualdad sistemática y jurídica a la que se
enfrentan con respecto a la que viven los hombres en la misma situación,
evidencia que este tema es un asunto de interés prioritario, atendiendo al
principio de igualdad en la impartición de justicia.
El conocimiento de la normatividad existente en materia penal y penitenciaria,
tanto a nivel nacional como internacional, y la visibilización de la ausencia de
perspectiva de género en la misma, así como el análisis y observancia de otras
practicas legislativas en este tema, permitirán visibilizar los derechos humanos
vulnerados de las mujeres que se encuentran en reclusión, así como brindar a
las y los diputados oportunidades legislativas para hacer un ejercicio de
modificación, creación o derogación de las mismas, a fin de contar con un
marco jurídico nacional que tutele los derechos humanos de las mujeres
privadas de su libertad.
El presente documento representa el marco teórico del proyecto denominado
“Análisis sobre el acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad,
víctimas de violencia sexual y en la administración e impartición de justicia del
poder judicial”, enmarcado en los trabajos mandatados por el Programa
Operativo Anual 2010. Es importante especificar que este documento aborda el
trabajo de análisis sobre el acceso a la justicia de las mujeres privadas de su
libertad correspondiente a la actividad 1 de dicho proyecto, y pretende
establecer los argumentos teóricos en el tema, así como los instrumentos
jurídicos, tanto a nivel internacional como nacional, relacionados con los
derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, así mismo pretende
señalar cuáles son los derechos humanos que de una u otra forma les son
violentados a las mujeres que se encuentran en prisión, a través de la revisión
del marco jurídico internacional y las disposiciones nacionales en la materia,
así como de la revisión de algunos casos reportados por autoridades
responsables de la observancia del cumplimiento de los derechos humanos de
las mujeres privadas de su libertad.
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En este sentido, se desarrollarán brevemente los principios que se encuentran
tutelados en dicha normatividad y se hará una reflexión sobre los mismos que
les permitan a las y los legisladores identificar algunas necesidades de reforma
o creación de normas que abonen el camino en el acceso a la justicia de las
mujeres privadas de su libertad.
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I.- Las mujeres privadas de su libertad y su situación al interior de los Centros de Readaptación Social Las mujeres privadas de su libertad están sujetas a un sin número de actos
discriminatorios y violatorios a sus derechos humanos, desde el momento en
que se les inculpa por un determinado hecho delictivo, hasta la forma en la que
son tratadas una vez que están cumpliendo una determinada pena privativa de
la libertad.
Estas mujeres privadas de su libertad enfrentan problemas muy similares en
sus respectivos centros penitenciarios.
En el documento denominado “Diagnóstico interinstitucional del sistema
penitenciario del Distrito Federal” se abordan y describen las recomendaciones
emitidas, en el 2002, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal sobre el tema penitenciario, se puede observar que las denuncias
sobre estos maltratos a las personas privadas de su libertad se encuentran, en
mayor medida, aquellas que tienen que ver con tortura, violencia en los centros
penitenciarios, homicidios o muertes por omisión del personal de custodia,
actos ilegales o no reglamentarios y por las condiciones de vida en los centros
penitenciarios y los servicios médicos (CDHDF, 2002).
Este mismo estudio señala que aunque se ha observado que el número de
internas es menor que el número de hombres internos, este simple hecho no
justifica la omisión en la creación de centros de readaptación social específicos
para que las mujeres cumplan sus penas privativas de libertad.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos1 establecen, en su
numeral 8, que:
8. Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en
diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los
1 Adopción: Consejo Económico y Social de la ONU. Resoluciones 663C (XXIV), del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII), del 13 de mayo de 1977.
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establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su
detención y el trato que corresponda aplicarles. Es decir que:
a) Los hombres y las mujeres deberán ser recluidos, hasta donde fuere posible,
en establecimientos diferentes; en un establecimiento en el que se reciban
hombres y mujeres, el conjunto de locales destinado a las mujeres deberá estar
completamente separado;
b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser separados de los que están
cumpliendo condena;
c) Las personas presas por deudas y los demás condenados a alguna forma de
prisión por razones civiles deberán ser separadas de los detenidos por infracción
penal;
d) Los detenidos jóvenes deberán ser separados de los adultos
Es en el inciso a) en donde se puede resaltar la necesidad de que las mujeres
tengan un lugar distinto al de los hombres. Este instrumento establece las
bases mínimas que se tendrán que cumplir para el cuidado y atención de los
locales destinados a la privación de la libertad, la alimentación de las internas e
internos, su aseo personal, el servicio médico, el cuidado de quienes integran
el personal penitenciario, así como las medidas que deberán de atenderse para
evitar que las internas o internos reciban malos tratos, humillaciones o torturas.
Dentro de las irregularidades y violaciones a los derechos humanos a los que
se enfrentan cotidianamente las mujeres privadas de su libertad encontramos:
- Carencia de espacios suficientes y adecuados para cumplir su pena
El porcentaje de hombres privados de su libertad ha fluctuado desde hace
varios años, alrededor de 90% en comparación con el porcentaje de mujeres
privadas de su libertad que ha fluctuado en 5%, según las estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2007).
Lo anterior ha tenido repercusiones delicadas para las mujeres en virtud de que
han sido tratadas bajo los parámetros masculinos, y no bajo su condición y
posición de género. Estas circunstancias se traducen en un trato discriminatorio
e inequitativo hacia las mujeres que delinquen, impidiéndoles su real acceso a
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la justicia penal y, por tanto, al ejercicio de su derecho a un debido proceso para
enfrentar una acusación penal, al encontrarse en condiciones de desigualdad
frente al sector masculino. La escasa creación de espacios específicos para la
compurgación de las penas impuesta a las mujeres privadas de su libertad,
aunada a la excesiva población penitenciaria masculina, origina que las mujeres
tengan que compurgar sus penas en lugares inadecuados y violatorios de sus
derechos humanos.
A su vez, la condición en la que se encuentran las mujeres origina una
discriminación hacia su persona y hacia el tratamiento que se les da como
internas, ya que en lugar de tener un espacio propio destinado para ellas son
agrupadas y aisladas en secciones de centros para hombres, con un espacio
sumamente reducido. Esta falta de espacio genera tensión entre sus
habitantes, ya que la lucha por tener un espacio más amplio genera
enfrentamientos violentos entre las internas. Esta situación también crea
problemas de higiene y propagación de enfermedades.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expone que el
Instituto Correccional de Mujeres, conocido como unidad 3 de Ezeiza en
Argentina, comunica, en su informe del 2004, que había 626 presas y se tenía
solamente capacidad para 374 plazas. Este solo dato ilustra que las
condiciones de alojamiento de las internas eran insuficientes, pues se
encontraba excedido en un 67,4%.
En México, la Recomendación General No. 3 de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) expone que no existe uniformidad en cuanto al
estado que guardan las instalaciones en las que se encuentran las mujeres en
comparación en las que se encuentran los hombres privados de su libertad.
A decir de esta recomendación,
En su mayoría, las estancias que las mujeres ocupan tienen poca ventilación e
iluminación natural, carecen de agua, y en general, sus condiciones de
habitabilidad, en comparación con las celdas de los varones, son peores.
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Como ejemplo, interesa mencionar cárceles en las que las internas no tienen
servicio sanitario, por lo que deben de compartirlo con los hombres; o no funcionan
las regaderas y las mujeres acuden a bañarse al área varonil.
Existen incluso cárceles en la que la estancia de mujeres también era ocupada
como bodega, y por tanto las reclusas debían de soportar el olor de sustancias
que se utilizan para el aseo.
- Discriminación al interior de los centros de readaptación social
La discriminación que sufren las internas es de diversos tipos. En primer lugar,
como ya mencionamos, el espacio destinado a las mujeres es inadecuado en
tipo e instalaciones necesarias pensadas para ellas.
Otro elemento es que al no tener un espacio suficiente, provoca que no se
pueda separar a las mujeres procesadas de las condenadas, como sería lo
adecuado.
Ahora bien, en el caso de las visitas íntimas se registra un proceso de
discriminación hacia el ejercicio de ese derecho, ya que en la mayoría de los
casos se les exige a las internas que se compruebe la relación sentimental que
tienen con la persona que va a visitarlas. No así en el caso de los internos.
- Acceso a los servicios de educación y salud
El sistema de salud destinado a estas mujeres, en la mayoría de los casos,
carece de medicamentos suficientes y de un servicio adecuado para las
enfermedades o necesidades femeninas. La atención a mujeres embarazadas
es complicada por no haber las condiciones adecuadas.
Esta una de las más graves realidades a las que se enfrentan las mujeres
privadas de su libertad la cual es, a todas luces, violatoria de sus derechos
humanos, es la falta de servicios médicos adecuados y suficientes al interior de
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los Centros de Readaptación Social. El estudio de la CDHDF referido señala que
el servicio médico en los centros de reclusión femeniles, “semejan simples
puestos de socorro, pues no cuentan con los recursos técnicos, personales y
materiales para ofrecer una atención inmediata”. Así mismo, el horario de
acceso es limitado y el trámite depende de que el personal de custodia lo
realice, por lo que se presentan situaciones de corrupción y privilegios.
Los programas de educación que se imparten en los centros de readaptación
no son los adecuados o los suficientes, en la mayoría de los casos repiten
patrones culturales que invisibilizan, discriminan y colocan a las mujeres en un
ámbito de inferioridad respecto a los hombres.
Por último, en cuanto a la capacitación para el trabajo y en las actividades
laborales a desarrollarse en los centros de readaptación social, se brinda a las
mujeres capacitación para actividades laborales que fomentan y repiten roles
tradicionales como lo son el coser, cocinar, entre otros, pero se carece de
programas que ofrezcan verdaderas propuestas de desarrollo profesional para
ellas.
A decir de la recomendación No. 3 de la CNDH, en muy pocos centros de
readaptación social las internas cuentan con un médico gineco-obstetra quien
las atienda, en muy pocos cuentan con programas de detección oportuna de
cáncer cérvico-uterino y mamario, así como carecen de educación para la
salud reproductiva y la prevención de enfermedades.
En la mayoría de centros los médicos están adscritos a la sección varonil, y solo
durante las mañanas uno de ellos, acude a dar consulta a las internas en el
edificio en el que están ubicadas; cuando ellas requieren el servicio en otro
horario, deben de trasladarse al edificio del centro varonil.
- Hechos de violencia
La violencia ejercida contra las mujeres privadas de su libertad es el común
denominador en su realidad. Son muchas las mujeres que desde antes de
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entrar en estos sitios son violentadas, ya sea por su entorno familiar, social o
por las autoridades en los procesos judiciales a los que se enfrentan, pero ya
estando dentro la violencia tanto física como emocional se vuelve permanente.
Son diversos los testimonios en donde las reclusas denuncian los golpes, las
humillaciones, las presiones para tener relaciones sexuales, el acoso sexual
del que son víctima de forma reiterada y sistemática, todo ello por parte del
personal del centro penitenciario, llámese celadoras, celadores, directores, etc.
Las mujeres que se encuentran privadas de su libertad están expuestas a
diario a situaciones de discriminación y violencia, en México los datos
aportados por la CNDH nos señalan que existen centros de readaptación en los
que:
- Una interna ocupa una celda mientras que las demás están hacinadas a otra.
- Una sola interna obliga a sus compañeras a realizar la limpieza de las estancias
y a que laven su ropa.
- Se permite que las internas elijan entre ellas a una “jefa” de “talacheras o
capataz” para que se encargue de coordinar las actividades de limpieza dentro del
Centro y sirva de enlace entre las autoridades y la población reclusa, además de
permitir que dicha persona cobre “cuotas para la compra de utensilios de limpieza”
- Limitantes e impedimentos al acceso a la justicia de las mujeres privadas de su libertad
Muchas de las mujeres que hoy se encuentran privadas de su libertad no
tuvieron una defensa adecuada y oportuna, en condiciones de igualdad y sin
discriminación.
Al interior de los centros penitenciarios sucede aún peor. No existen
condiciones adecuadas, ni mecanismos que permitan que estas mujeres
accedan a la justicia. Los mecanismos de queja contra la violación a sus
derechos humanos son ineficientes, dejando a la reclusa en una completa
vulnerabilidad. No se difunde entre las mujeres privadas de su libertad la
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información necesaria y oportuna para apresurar los procesos instaurados en
su contra, o para acceder a los beneficios a los que tienen derecho.
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II. Marco jurídico internacional en el tema de mujeres privadas de su libertad
El marco jurídico internacional en materia de derechos humanos ha tenido un
desarrollo importante, y en el tema de los derechos humanos de las personas
sujetas a una pena privativa no ha sido la excepción. De manera concreta el
artículo 133 Constitucional señala las obligaciones a nivel internacional para
nuestro país.
Este artículo 133 de la Carta Magna señala que:
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Ahora bien, de acuerdo con la tesis -192,867- en México los tratados
internacionales son superiores a las leyes federales y al derecho local, es por
eso que desde el momento en que se inicia la vigencia de un tratado
internacional de derechos humanos se hacen exigibles una serie de
obligaciones para los Estados Partes.
Los distintos órganos del Estado, se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
o Judicial, tanto en el orden federal como en el local, adquieren el deber de
abstenerse de determinadas conductas y de realizar actos positivos de
protección, adecuaciones legislativas y modificación de prácticas
administrativas con miras a garantizar la observancia de los derechos humanos.
Los deberes que adquieren de esta manera los Estados tienen una muy
importante dimensión interna y no pueden ser ignorados, a riesgo de incurrir en
una responsabilidad internacional. También los funcionarios públicos que
incumplen deberes que se derivan de las normas jurídicas contenidas en
tratados de los que México es Parte, incurren en responsabilidades.
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De esta forma, el deber de los Estados se transmite a todos los órganos que lo
componen y, de igual manera, cualquiera de los órganos mencionados puede
generar responsabilidad internacional del Estado por sus acciones y omisiones,
cuando éstas signifiquen una violación a los compromisos internacionales
derivados de un tratado de derechos humanos. Es así que en materia de
derechos humanos de las personas, específicamente de las mujeres privadas
de su libertad, el Estado mexicano deberá de atender a los instrumentos
jurídicos internacionales en la materia, entre los que se encuentran los
siguientes:
En el ámbito universal:
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año
de 1948, marca la historia del derecho internacional de los derechos humanos,
pues fue ésta la primera ocasión en que diversos países decidieron trabajar en
pro de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y a pesar de que
esta Declaración no es un tratado internacional en sentido estricto, y por ende
no es vinculante o de observancia obligatoria para los Estados signatarios, si
se erige como un documento de referencia fundamental para el abordaje de los
Derechos Humanos por parte de los países miembros de la Organización de
las Naciones Unidas.
Durante la proclamación de Teherán, adoptada por la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos en 1968, se llegó a la conclusión de que la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH) manifiesta un entendimiento
común de los pueblos del mundo en todo lo concerniente a los derechos
humanos inalienables e inviolables de todos los miembros de la familia
humana, y constituye una obligación para los miembros de la comunidad
internacional.
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Este instrumento internacional está compuesto por 30 artículos y a decir de
René Cassin2 se estructura en cuatro rubros fundamentales:
Los derechos personales que establecen los límites de la intervención estatal
hacia la persona, desarrollados a lo largo del artículo tercero a decimosegundo
Los derechos pertenecientes a los seres humanos con relación a un grupo
social, desarrollados a lo largo de los artículos decimotercero al decimoséptimo
Las libertades civiles y los derechos políticos desarrollados a lo largo del artículo
decimoctavo al vigésimo primero
Los derechos de naturaleza económica o social que abarcan el derecho al
trabajo y a la educación, desarrollados a lo largo del artículo vigésimo segundo al
vigésimo séptimo
En el tema de análisis del presente documento de estudio, esta Declaración
estipula, en 15 artículos, los derechos y prerrogativas de las personas privadas
de su libertad. Los artículos mencionados son los siguientes:
Como postulado fundamental el artículo 1° de este instrumento jurídico
internacional señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales, tanto
en dignidad como derechos y amplia, en su artículo 2°, que todas las personas
tiene todos los derechos y libertades proclamados en la misma, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición. Ahora bien, entre los derechos que señala el artículo 3° esta el
derecho a la libertad.
En este sentido señala, en sus artículos 9° y 10, que nadie podrá ser
arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado, y que todas las personas tienen
el derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oídas públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ellas
en materia penal. Estos artículos establecen una prohibición esencial para
salvaguardar el derecho a la libertad de las personas y, de manera particular el
artículo 10 establece lo que en el derecho interno mexicano se conoce como
2 Miembro de la Comisión redactora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales contienen o señalan
postulados importantes de protección de los derechos de las personas que se
enfrentan a un proceso penal.
Señala también, en su artículo 11, dos importantes garantías en materia penal,
la primera correspondiente a la presunción de inocencia y la segunda
correspondiente al principio de legalidad en materia penal o de reserva de ley.
En la primera se señala que toda persona acusada de la comisión de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Esta garantía de
presunción de inocencia obliga a los Estados a dar a todos los seres humanos
un trato de inocente, hasta el momento en que los tribunales competentes, y
sólo mediante sentencia firme, lo declaren culpable. A nivel constitucional, la
reciente reforma a nuestra Carta Magna, del 18 de junio del 2008, al artículo 20
fracción I del inciso b, señala explícitamente esta garantía:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
…
B. De los derechos de toda persona imputada:
A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad
mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Ejercicio legislativo con el cual la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos armoniza su legislación interna a los postulados de los instrumentos
jurídicos internacionales.
En cuanto al principio de legalidad en materia penal o de reserva de ley, la
Declaración enuncia que nadie será condenado por actos u omisiones que en
el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito. De acuerdo con este principio de legalidad,
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para que se pueda imponer legítimamente una pena o sanción es necesaria la
existencia de leyes previas que tipifiquen las conductas consideradas por el
legislador como delictivas. Tal existencia de los tipos penales y su sanción en
la legislación es el postulado obligado para que, previo juicio, se pueda aplicar
una pena. Por último, este artículo enuncia el principio de irretroactividad de la
ley, principio jurídico que impide la aplicación de una ley nueva a actos
cometidos de acuerdo a otra anterior que los autorizaba o a “hechos
producidos con anterioridad al comienzo de su vigencia” (De Pina, 1993 p.333).
Y aún cuando la Declaración no especifica el derecho al trabajo y a la
educación como derechos específicos de las personas privadas de su libertad,
señala, en sus artículos 23 y 26, que toda persona tiene derecho a los mismos,
implícitamente se entiende que el haber perdido su derecho a la libertad
temporalmente no los hace perder los otros derechos enmarcados en la
Declaración. En este sentido debemos mencionar que toda persona tiene
derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo, este derecho al
trabajo deberá ser garantizado sin discriminación alguna. En materia de
educación establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual
deberá ser gratuita y obligatoria en los casos de educación elemental, y la
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada.
Esta educación, a decir de este instrumento, tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Por su parte, el artículo 25 de la Declaración señala que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho
a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
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otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad. En el caso de la maternidad y la infancia, la
Declaración establece que tanto las madres como sus hijos tienen derecho a
cuidados y asistencias especiales.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) señala que, en un
primer momento en la toma de decisión en cuanto a la elaboración de un Pacto
regulador de derechos humanos, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) solicitó elaborar un único Pacto o Convención que
desarrollara derechos específicos y sus límites, complementando así los
principios generales y estándares en derechos humanos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, es así que después de amplios debates
sobre la necesidad de incluir los Derechos Económicos, Sociales, Culturales,
Civiles y Políticos en un sólo instrumento, la Asamblea General de las
Naciones Unidas le mandato a la Comisión de Derechos Humanos la redacción
de dos convenciones de derechos humanos que contuvieran los derechos
señalados. Estos dos instrumentos fueron redactados y adoptados en 1966 por
la Asamblea General de la ONU.
Estos dos instrumentos denominados, Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (PIDCP) y Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales (PIDESC) aunados a la Declaración Universal de Derechos Humanos
y los Protocolos adicionales al PIDCP, conforman lo que se conoce como la
Carta Internacional de Derechos Humanos (IIDH, 2008 p.64).
De manera particular, el PIDCP es un instrumento jurídico internacional
vinculante, adoptado, como ya se señaló, por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI) el 16 de diciembre de
1966, el cuál entro en vigor el 23 de marzo de 1976. Este instrumento incorpora
postulados señalados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, entre otros, y de
manera específica para el tema de los derechos de las personas privadas de
19
su libertad estipula, en sus artículos 9°, 10 y 14, postulados de protección a los
mismos.
De manera puntual, en su artículo 9°, el PIDCP señala que nadie podrá ser
sometido a detención o prisión arbitrarias o privado de su libertad salvo por las
causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta,
postulado que se encuentra también presente en la DUDH. Así mismo, amplia
estas prerrogativas señalando que toda persona detenida será informada, en el
momento de su detención, de las razones de la misma y notificada, sin demora,
de la acusación formulada contra ella y después de ésta detención deberá ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad. En cuanto a la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas
señala que su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de
las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Para las personas privadas de su libertad estipula que tendrán derecho a
recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la
legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. En caso de
que esta privación de la libertad haya sido ilegal se tendrá siempre el derecho
efectivo a la reparación del daño.
En cuanto al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad, la DUDH estipula que toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Explicita que los procesados estarán separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas.
En el caso de los menores de edad procesados, deberán estar separados de
los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor
20
celeridad posible para su enjuiciamiento, así como ser sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.
De manera más amplia que la DUDH, este Pacto establece las bases que deben
conformar el régimen penitenciario, y señala que éste consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de
los penados.
En su artículo 14 establece los derechos a un trato igualitario ante los
tribunales y cortes de justicia, en este sentido toda persona tendrá derecho a:
- Ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente
- A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley
- A conocer sin demora y en un idioma que pueda comprender de la acusación
formulada en su contra
- A disponer de los medios necesarios entre estos del tiempo para poder preparar
su defensa y elegir a su defensor
- A ser juzgado sin dilaciones
- A estar presente en el proceso instaurado en su contra y a defenderse de manera
personal o por el defensor elegido para tal fin o, en su caso, por uno de oficio,
cuyo trabajo será gratuito
- A que se interroguen a los testigos de cargo y a que comparezcan los de
descargo, ambos interrogados en las mismas condiciones
- A que en caso de no comprender el idioma que se emplea en el tribunal en el que
se ventila su caso, se le proporcione gratuitamente un intérprete o traductor
- A no declarar contra sí misma ni confesarse culpable
Así mismo, señala que toda persona que ha sido declarada culpable de un
delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la
ley.
En materia de indemnización por error el PIDCP estipula que cuando una
sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado
haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente
21
probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una
pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la
ley, a menos que se demuestre que le es imputable, todo o en parte, el no
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
Y de manera específica, señala que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por
un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme
de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Principio de
derecho penal conocido también como el ne bis in idem, el cual garantiza a toda
persona que no sea juzgada nuevamente por el mismo delito o infracción, a
pesar de que en el juicio inicial fue absuelta o condenada por los hechos que se
pretenden analizar por segunda ocasión. Es de señalarse que en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal principio es tutelado
en el numeral 23 que a la letra señala:
Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le
absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
El PIDESC es el instrumento jurídico internacional que, como señalamos en
párrafos anteriores, regula las obligaciones de los Estados Partes y de los
mecanismos de protección de los derechos económicos, sociales y culturales,
este Pacto al igual que el anterior son instrumentos jurídicos internacionales
vinculantes para los Estados Partes que lo hayan firmado y ratificado y, en
algunos de ellos, como en el caso de México lo obligan a observarlo pues su
sola ratificación los incorpora al marco normativo interno como Ley Suprema de
la Nación3.
Este instrumento internacional está dividido en cinco secciones, la primera
señala el derecho a la libre determinación de los pueblos, la segunda señala
3 Ver artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22
las obligaciones para los Estados Partes, la tercera enuncia un listado de
derechos que el propio Pacto protege, en la cuarta y quinta sección se
establecen la regulación del mecanismo de informes estatales, y las
disposiciones sobre entrada en vigor del mismo.
Para el análisis que estamos realizando, el grupo de derechos estipulados en
este Pacto para las personas privadas de su libertad se componen del derecho
a trabajar, el derecho a la alimentación, al disfrute del nivel más alto posible de
salud física y mental, y el derecho a la educación, mismos cuyo concepto
desarrollaremos brevemente a continuación. - Derecho a trabajar
La carta de la Organización de los Estados Americanos, señala que el trabajo
es:
Un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse
en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la
salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus
años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia lo prive de la
posibilidad de trabajar.
Y al igual que otros derechos contenidos en el PIDESC es abordado en
diferentes instrumentos internacionales y regionales de protección a los
derechos humanos.
El PIDESC señala, como obligación de los Estados Partes, el reconocer el
derecho de toda persona a trabajar, el cual comprende el derecho de toda
persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido o aceptado, y tomar medidas adecuadas para garantizar
este derecho.
Para el cumplimiento de dicha obligación los Estados deberá disponer y
propiciar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo
23
económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva, en
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana.
Aunado a lo anterior, este Pacto señala que para el goce de este derecho se
deberá asegurar, por parte del Estado, entre otras cosas, condiciones de
existencia dignas para ellos y para sus familias, así como seguridad e higiene
para su desarrollo, de esta forma el trabajo que se desarrolle en los Centros de
Readaptación Social deberán atender a estos postulados. Es de señalarse que
para el caso de nuestro país la ley que establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados señala, en su artículo 10, que:
La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la
vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el
tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del reclusorio.
El trabajo en los reclusorios se organizara previo estudio de las características de
la economía local, especialmente del mercado oficial a fin de favorecer la
correspondencia entre las demandas de este y la producción penitenciaria, con
vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento.
- El derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación adecuada, plasmado en este Pacto, es un derecho
importante a observar y garantizar en aras de lograr el cumplimiento de otros
derechos como el de un nivel de vida adecuado o el de salud, en el caso de las
mujeres privadas de su libertad este derecho es uno de los que más atención
debieran de recibir por parte de las autoridades penitenciarias, ya que su goce
es de importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos.
Este derecho se aplica a todas las personas; por ello la frase del párrafo 1 del
artículo 11 "para sí y su familia" no entraña ninguna limitación en cuanto a la
aplicabilidad del mismo. Es un derecho repetidamente establecido en instrumentos jurídicos
internacionales en materia de derechos humanos, entre otros, la Declaración
24
Universal de Derechos Humanos (DUDH), la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre (DADD), la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH), el Protocolo de San Salvador (PSS) y, de manera
particular, el PIDESC en cuyo artículo 11 numeral 2), se señala lo siguiente:
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de
toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y
mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas
concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los
regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales; b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con
las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los
países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.
Es este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el
que trata el derecho a una alimentación adecuada más extensamente que
cualquier otro instrumento internacional. Por su parte la observación General
número 12, adoptada por el Comité de Derechos4 Económicos Sociales y
Culturales, señala que el contenido básico del derecho a la alimentación
adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad
suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, y la
accesibilidad de los mismos deberá ser en forma sostenible, sin que esto
dificulte el goce de otros derechos humanos.
En cuanto a la obligación del Estado de garantizar el derecho a la alimentación,
esta recomendación general señala que las violaciones a la misma pueden
producirse por actos realizados directamente por los Estados o por otras
entidades insuficientemente reguladas por los mismos. Como una violación al
derecho a la alimentación se puede señalar el acto de negar el acceso a los
alimentos a determinados individuos o grupos, por lo que el no garantizarles a
4 Observación general 12 (el derecho a una alimentación adecuada), Articulo 11 del PIDESC, 20 periodo de sesiones Documento E/C, 12/1999/5.
25
las mujeres privadas de su libertad el acceso a una alimentación adecuada y
suficiente representa una violación a todos los derechos humanos de las
mismas.
- Derecho al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental
El derecho a la salud, a decir de la Organización Mundial de Salud (OMS), es
entendido como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este derecho a la salud
es un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social y, por ende, no esta
supeditado al ejercicio del derecho a la libertad.
El PIDESC lo estipula en su artículo 12 y señala, de manera específica, que los
Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mismo y
establece que entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin
de asegurar la plena efectividad del mismo se encuentran:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo
de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
Este derecho a la salud se erige como un derecho fundamental indispensable
para el goce y ejercicio de los otros derechos fundamentales plasmados en
este Pacto, lo anterior atendiendo al principio de interdependencia e
indivisibilidad de los mismos.
26
- Derecho a la educación El derecho a la educación se encuentra reconocido en los principales
instrumentos de protección de los derechos humanos de los sistemas Universal
y Americano como lo son la DUDH, el PIDESC, la DADD, la CADH y el PSS.
El PIDESC señala, en su artículo 13, que los Estados Partes del mismo
reconocen el derecho de toda persona a la educación, la cual debe orientarse
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Ésta debe de capacitar a todas las personas para
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones
Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
Señalan, también, que para el ejercicio de este derecho se deberán atender
los siguientes postulados:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en
particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo
completo de instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.
27
La educación a decir del Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, en su observación No. 13,5 señala que la educación es un derecho
humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos
humanos. Este derecho es el principal medio que permite a adultos y menores
marginados, económica y socialmente, salir de la pobreza y participar
plenamente en sus comunidades y desempeña un papel decisivo en la
emancipación de la mujer, de ahí la importancia de que las mujeres privadas de
su libertad gocen, en condiciones de igualdad y calidad, de una educación
acorde a sus necesidades como medio de supervivencia al salir de los Centros
de Readaptación Social.
4. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Tokio)
Estas reglas adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones
663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977;
constituyen principios cuyo objeto es establecer las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos. Enuncian, como principio fundamental, que las mismas deberán ser
aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato fundadas en
prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política
o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra
situación cualquiera, muy al contrario se deberá respetar las creencias
religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso.
En su apartado de observaciones preeliminares se señala que aunque se
entiende que por diversos factores no se pueden aplicar indistintamente todas
las reglas en todas partes y en todo tiempo, si deberán servir para estimular el
esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su
aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones mínimas
admitidas por las Naciones Unidas.
5 Observación general, no. 13 (el derecho a la educación), adoptada en el 21º período de sesiones (1999).
28
Dicha condiciones están divididas en dos partes, la primera parte aborda las
reglas concernientes a la administración general de los establecimientos
penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o
civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de
una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el
juez, mientras que la segunda contiene las reglas que no son aplicables más
que a las categorías de reclusos a que se refiere cada sección. Estas reglas
abordan los temas de registro, separación de categorías, locales destinados a
los reclusos, higiene personal, ropas y camas, alimentación, ejercicios físicos,
servicios médicos, disciplinas y sanciones, medios de coerción, información y
derecho de quejas de los reclusos, contacto con el mundo exterior, biblioteca,
religión, depósitos de objetos pertenecientes a los reclusos, notificación de
defunción, enfermedades y traslados; traslado de reclusos, personal
penitenciario e inspección. Es importante decir que en ningún apartado de este
instrumento internacional se visibiliza un lenguaje incluyente o perspectiva de
género en su redacción y por ende tampoco en su aplicación.
5. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Daniel O´Donell señala, en su estudio sobre la tortura y el trato cruel inhumano
y degradante, que la tortura ha sido prohibida en los instrumentos
convencionales en la materia, tanto en el Sistema Internacional como en el
Interamericano de protección a los Derechos Humanos, y que aunque su
referencia, más no su definición, se encuentra plasmado en un instrumento
declarativo y no jurídicamente vinculante, como lo es la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes, la tortura
constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o
degradante.
Esta Convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 1984, complementa lo señalado en el artículo 5° de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 7° del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativos al derecho de todo ser
29
humano a no ser torturado o tratado de manera cruel, inhumana y/o
degradante, y toma en cuenta lo señalado en la Declaración sobre la protección
de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de
diciembre de 1975.
En este instrumento internacional se señala que se entenderá por "tortura":
Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones publicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.
Y de manera importante señala que esta definición de tortura se entenderá sin
perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que
contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. Para lo cual insta
a los Estados Partes a tomar medidas de carácter legislativo, judicial o de otra
índole a fin de impedir la realización de actos de tortura en su territorio. Y
aclara que bajo ninguna circunstancia se podrá alegar o invocar circunstancias
excepcionales como justificación en la comisión de tal delito.
Es importante decir que el Estado mexicano atendió lo mandatado por esta
Convención, en cuanto a las medidas de carácter legislativo, al publicar en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 1991 la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, la cual señala como su objeto a la prevención y
sanción de la tortura en todo el territorio nacional. En cuanto a la definición de tortura establece que:
ARTICULO 3o.- Comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de
sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o
psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una
30
confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido,
o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.
Esta definición, armónica con lo señalado en la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos y Degradantes, sienta las bases
para la protección de las personas detenidas o privadas de su libertad en
cuanto a que dispone que no podrá ser utilizada la tortura para obtener de los
primeros alguna información o confesión. Y a mayor abundamiento sobre esta
protección a las personas privadas de su libertad el Código Penal Federal
establece, en la fracción XIII del artículo 215, que cometerá el delito de abuso
de autoridad aquel servidor público que obligue al inculpado o inculpada a
emitir su declaración, utilizando la incomunicación, la intimidación o la tortura.
6. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
Estos principios fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU mediante
la resolución 45/111 del 14 de diciembre de 1990. En ellos se establece que
todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y
valor inherente de seres humanos, y que no existirá para este trato respetuoso
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u
otros factores. Es importante resaltar que estos principios señalan que:
Todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades
fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y,
cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados
en otros instrumentos de las Naciones Unidas.
Del análisis de estos principios podemos señalar que casi en su totalidad
retoman los mismos principios señalados en las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, elaboradas trece años antes.
31
7. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
Estos principios fueron adoptados por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 y tienen por objetivo la
protección de todas las personas que se encuentran sometidas a cualquier
forma de detención o prisión. A lo largo de sus 39 principios señala los
postulados que deberán de aplicarse a las personas que se encuentran
privadas de su libertad. Entre los que destacan los siguientes:
- Deberán ser tratados con respeto y dignidad
- Serán aplicados a todas las personas sin distinción alguna por raza, color, sexo,
idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición
- El arresto o detención de cualquier persona deberá fundamentarse en la ley
- En todo momento se deberá observar el cumplimiento de los derechos humanos
de las personas detenidas
- El arresto o detención de cualquier persona deberá ser ordenada por un juez u
otra autoridad competente para tal efecto
- Las medidas especiales para proteger los derechos y la condición especial de la
mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los niños
y los jóvenes, las personas de edad, los enfermos o los impedidos no se
consideraran discriminatorias
- Esta prohibida el uso de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes
- Los Estados Parte, deben de prohibir por ley todo acto contrario a los derechos y
deberes que se enuncian en los presentes principios
- Toda persona detenida deberá de recibir un trato apropiado a su condición de
personas que no han sido condenadas y de ser posible deberán estar separadas
de las personas presas
- Las autoridades que arresten a una persona sólo podrán ejercer las atribuciones
que les confiera la ley
- Toda persona que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma
empleado por las autoridades responsables del arresto, detención o prisión tendrá
derecho a que se le comunique sin demora, en un idioma que comprenda, la
información relativa a su arresto
- Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado y a ser
visitada por sus familiares, y de tener correspondencia con ellos y tendrá
32
oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las
condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos
dictados conforme a derecho Así mismo, estos principios señalan en una cláusula general que ninguna de
las disposiciones señaladas en ellos se entenderá en el sentido de que restrinja
o derogue ninguno de los derechos definidos en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
8. Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
Estos principios, adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194
de 18 de diciembre de 1982, señalan las medidas que deberán de atender las
personas que presten servicios de salud a las personas privadas de su libertad,
entre los principios señalados se destaca lo siguiente:
- El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la
atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de
brindar protección a la salud física y mental de dichas personas, y de
tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las
personas que no están presas o detenidas
- Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito,
la participación activa o pasiva del personal de salud en actos que
constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos
- Constituye una violación de la ética médica el hecho de que el personal
de salud tenga con los presos o detenidos cualquier relación profesional
cuya sola finalidad no sea evaluar, proteger o mejorar la salud física y
mental de éstos
33
- Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud
contribuya con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas
presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud
física o mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los
instrumentos internacionales pertinentes, así como certifiquen, o
participen en la certificación de que la persona presa o detenida se
encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de tratamiento o
castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física y mental,
y que no concuerde con los instrumentos internacionales pertinentes, o
participen de cualquier manera en la administración de todo tratamiento
o castigo que no se ajuste a lo dispuesto en los instrumentos
internacionales pertinentes
- La participación del personal de salud, en la aplicación de cualquier
procedimiento coercitivo a personas presas o detenidas es contraria a la
ética médica
De manera importante mencionan que no se podrá admitir suspensión alguna
de estos principios por ningún concepto, ni siquiera en caso de emergencia
pública.
9. Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Este Código de conducta adoptado por la Asamblea General en su resolución
34/169 de fecha 17 de diciembre de 1979, señala los principios que deberán de
regir la conducta de los funcionarios que, de alguna u otra forma, se
encuentran a cargo del cumplimiento de la legislación. Y señalan, de manera
específica, que en el desempeño de sus tareas los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana, y mantendrán
y defenderán los derechos humanos de todas las personas. Y para hacer
cumplir la ley, sólo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario.
Así mismo, ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir,
instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos
34
o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales,
como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional,
inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Al igual que en casi todos los instrumentos internacionales analizados, el
derecho a la salud de los internos merece una atención especial por parte de
las personas que están a cargo de su cuidado y rehabilitación, en este caso,
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a asegurar
la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en
particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención médica
cuando se precise.
En el Ámbito Regional:
1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Esta Declaración fue aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana,
celebrada en Bogotá Colombia en el año 1948, y a lo largo de sus artículos dos
son los que, de manera particular, están dedicados a la protección contra la
detención arbitraria y al derecho al proceso regular.
De esta forma el artículo XXV señala que nadie puede ser privado de su
libertad sino en los casos y según las formas que establezca la ley
preexistente. Así mismo, señala que todo individuo que haya sido privado de su
libertad tiene el derecho a que el juez verifique, sin demora, la legalidad de tal
medida, a que se le juzgue sin dilación y a que se le de un tratamiento humano
durante la privación de su libertad.
Por su parte, el artículo XXVI señala que se presumirá la inocencia del acusado
hasta que se le pruebe lo contrario, en este sentido toda persona acusada de
la comisión de un delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, y
a ser juzgada por tribunales establecidos de acuerdo a legislación vigente
35
previamente y señala, de manera particular, que a ninguna persona privada de
su libertad se le podrá imponer penas crueles, infamantes o inusitadas.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos
Esta Convención aprobada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de
1969 señala, en su preámbulo, que tiene como propósito el respeto de los
derechos esenciales del hombre, y reconoce que estos tienen como
fundamento los atributos de la persona humana. Para el caso de las personas
privadas de su libertad, el artículo 5° enuncia que toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano y que, en este sentido, nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y amplia este artículo señalando
que la pena en ningún caso podrá trascender de la persona del delincuente,
al igual que los instrumentos internacionales y nacionales señalados con
anterioridad, esta Convención especifica que los procesados deben estar
separados de los condenados y deberán ser sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas. Como punto
fundamental a rescatar es el párrafo de dicho instrumento que señala que las
penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.
36
III.- Marco jurídico nacional en el tema de mujeres privadas de su libertad
México ha legislado en materia de derechos de las personas privadas de su
libertad, sin embargo es importante decir que aún la legislación nacional no
esta armónica con los compromisos adquiridos por el Estado en la materia. A
continuación se señalará cuales son los instrumentos jurídicos nacionales con
los que contamos en este tema.
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo 18 Constitucional señala, en su primer párrafo, que:
Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión
preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de
las penas y estarán completamente separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para
que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas
en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus
respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a
quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las
leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de
edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta
Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por
su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas
menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en
la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e
impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de
37
orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del adolescente.
Este artículo 18 señala diversos postulados relativos al régimen penal
mexicano, alude a la prisión tanto preventiva como punitiva, señala también
que este sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios
para lograr la reinserción del sentenciado, postulados que retoman lo señalado
en instrumentos internacionales en la materia como se observará a lo largo del
presente documento.
La Constitución, a partir de este artículo, asume la readaptación social de las
personas privadas de su libertad como una garantía en beneficio de las
personas presas, en el sentido de la reinserción del individuo en la sociedad
mediante el trabajo, la capacitación para este y la educación (CDHDF, 2003).
En cuanto a la visibilización de las mujeres en la norma, la única alusión que
hace, de manera específica sobre las mujeres, se presenta en su párrafo
segundo donde señala que éstas compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres, aun y cuando dentro de este
artículo, en algunos casos, se habla de “persona”, se sigue observando que en
su origen fue creado como un articulado pensando sólo para hombres que
delinquen. Es importante adelantarle a la lectora o lector, que esta misma
realidad se observa en la mayoría de los instrumentos internacionales que
tutelan los derechos de las personas privadas de su libertad, por lo que no es
de extrañarse, sin justificarse, que la legislación nacional al someterse a un
ejercicio de armonización legislativa repita estos mismos postulados
androcéntricos.
2. Código Penal Federal6
En su artículo 24 señala que la prisión se considerará como una de las
modalidades de la pena o medida de seguridad y establece, en su artículo 25,
6 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. Última reforma publicada DOF 28-05-2009.
38
que la prisión consiste en la privación de la libertad corporal, la cual podrá ser
de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al
límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Esta pena privativa de la libertad se extinguirá en las colonias penitenciarias,
establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad
ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva.
Señala, al igual que la mayoría de los instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que los
procesados sujetos a prisión preventiva y los reos políticos serán recluidos en
establecimientos o departamentos especiales.
En materia de rehabilitación de las personas privadas de su libertad, el artículo
99 señala que la misma tendrá por objeto reintegrar al condenado en los
derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de sentencia
dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere suspenso.
Es de observar que a lo largo de todo el Código Penal, únicamente cuatro
veces se menciona la palabra mujer y las mismas tienen que ver con funciones
de cuidado o maternidad.
Para el caso de los artículos relativos a las mujeres privadas de su libertad, no
existen señalamientos específicos para las mismas y el sujeto de derecho en
este Código Penal es, en todos los casos, el hombre.
3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación7
Esta legislación establece como su objeto el prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos del artículo 1°8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Señala
7 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. 8 En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
39
que corresponderá al Estado el promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
En las medidas para prevenir la discriminación que señala esta Ley se
considerarán como conductas discriminatorias el impedir que a las personas se
les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo en que se vean
involucrados, así como el negar la asistencia religiosa a personas privadas de
la libertad, que presten servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas
en instituciones de salud o asistencia.
El trato abusivo, la explotación o el trato degradante serán considerados, a
decir de esta Ley, como una conducta discriminatoria. Esta legislación observa
un lenguaje incluyente y las especificaciones destinadas a las personas
privadas de su libertad se entienden para mujeres y hombres, cabe la pena
decir que en esta legislación se pudieran abordar algunas otras formas de
discriminación para las personas que se encuentran en reclusión, atendiendo a
lo señalado en los instrumentos internacionales en la materia.
4. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura9
Esta legislación, creada en el año de 1991, tiene por objeto la prevención y
sanción de la tortura, y se aplicará en todo el territorio nacional en materia de
fuero federal y en el Distrito Federal en materia de fuero común. Define a la
tortura como el acto de infligir a una persona dolores o sufrimientos graves,
sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero,
información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se
sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una
conducta determinada.
Una de las medidas especificas de la Ley en cuanto a la protección de los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, es el postulado
legislativo que señala que ninguna confesión o información obtenida mediante
tortura podrá invocarse como prueba.
9 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1991.
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5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia10
Esta Ley de reciente creación señala a la igualdad jurídica entre mujeres y
hombres, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación,
y la libertad de las mujeres, como principios rectores para hacer efectivo el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y señala que éstos deberán
ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales
y locales, por lo que se entiende, en un ejercicio de armonización legislativa,
que las políticas públicas en materia de mujeres privadas de su libertad
deberían de atender lo mandatado por este artículo y por las autoridades
responsables en el tema.
6. Ley General de Salud11
Los derechos humanos constituyen el marco general en el cual se construye la
noción del derecho a la salud. En este sentido, éste derecho social se
encuentra plasmado en diversos instrumentos jurídicos en materia de derechos
humanos. La salud, para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), “es
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia
de afecciones o enfermedades”. Y señala que el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser
humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica o social.
Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
que le permita vivir dignamente12.
Este derecho a la salud se vincula estrechamente con el ejercicio de otros
derechos humanos, como el derecho a la alimentación, la vivienda, el trabajo,
la educación, la dignidad humana, la vida, la no discriminación, la igualdad y
que, en general, son los componentes integrales del derecho a la salud por lo
10 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007. 11 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 12 Art.1 de la observación general No. 14 adoptada el 11 de mayo de 2000.
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que su observancia es un imperativo para las autoridades que se encargan de
proporcionar atención y cuidado a las privadas de su libertad.
La Ley General de Salud señala la prohibición que tienen los profesionales,
técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, de realizar actos de
investigación clínica en seres humanos, entre los que especifica a los sujetos
privados de libertad.
Respecto a esta legislación es importante señalar que a lo largo de sus 472
artículos únicamente menciona ocho veces a las mujeres y estos ocho artículos
tienen que ver con funciones reproductivas, por lo que en principio se puede
señalar que aunque la salud es un derecho humano y no un derecho sólo para
los hombres, las mujeres quedan invisibilizadas en esta legislación como se
podrá observar en el siguiente artículo que establece las finalidades de la
misma:
Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
a) El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus
capacidades.
La Ley General de Salud, aunque menciona en un sólo aspecto de protección a
las personas privadas de su libertad, carece de más especificaciones que
pudieran ser plasmadas en la misma como forma de protección a los derechos
humanos de las personas y, en especial, de las mujeres privadas de su
libertad, tal y como lo señalan los instrumentos internacionales en la materia
analizados a lo largo del presente estudio.
7. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres13 El objeto principal de esta legislación es la regulación y la garantía del principio
de igualdad entre mujeres y hombres, para lo cual propone lineamientos y
mecanismos institucionales a fin de orientar a la Nación hacia el cumplimiento
de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.
13 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006
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Sus principios rectores son la igualdad, la no discriminación, la equidad y los
señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala
que tanto las mujeres como los hombres que se encuentren en territorio
nacional serán sujetos de los derechos establecidos en la misma. En este
sentido tanto las políticas públicas como la legislación relativa a las personas
privadas de su libertad deberá, en todo caso, atender a dicho principio.
8. Código Federal de Procedimientos Penales
Los códigos de procedimientos penales tanto el del Distrito Federal como el
Federal contemplan un titulo específico sobre cuestiones relativas a la
ejecución de las sentencias en materia procesal, sin que en ellos mencionen
criterios especifico sobre la ejecución penal. En cuanto a la visibilización de las
mujeres en la norma, el Código Federal señala, en su artículo 128, que:
Artículo 128.- Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente
ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente
forma:
V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los
lugares de detención o reclusión.
9. Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
Estas normas tienen como finalidad, según lo indica su artículo 1º, el organizar
el sistema penitenciario en la República a partir de señalar que el sistema penal
se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la
educación como medios para la readaptación social del delincuente.
Para lo cual la Secretaría de Seguridad Pública será la encargada de aplicar
estas normas en el Distrito Federal y en los reclusorios dependientes de la
Federación, así mismo establece que estas normas se aplicarán, en lo
pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se
promoverá su adopción por parte de las entidades federativas, para lo cual el
43
Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos
de las entidades federativas.
Dichos convenios podrán determinar la creación y manejo de instituciones
penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas al tratamiento de
adultos delincuentes, alienados que hayan incurrido en conductas antisociales
y menores infractores, especificándose la participación que en cada caso
corresponde a los gobiernos federal y locales.
Estas normas retoman postulados plasmados en instrumentos internacional de
protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad,
como se podrá observar en el capitulo respectivo al marco jurídico internacional
en la materia, como lo señalado en la designación del personal directivo,
administrativo, técnico y de custodia de las instituciones de internamiento
donde se deberá de considerar la vocación, aptitudes, preparación académica
y antecedentes personales de los candidatos.
La reciente reforma en la materia señala que los miembros del personal
penitenciario quedarán sujetos a la obligación de seguir los cursos de
formación y de actualización que se establezcan, así como de aprobar los
exámenes de selección y permanencia que se implanten fortaleciendo, de esta
forma, la idea de que el personal que trabaje directamente con las personas
que se encuentran privadas de su libertad sean las más capacitadas para tal
efecto.
Estas normas señalan que el tratamiento que se le dé a una persona privada
de su libertad deberá ser individualizado, con aportación de las diversas
ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorporación social del “sujeto”,
considerando en todo momento sus circunstancias personales, sus usos y
costumbres tratándose de “internos” indígenas, así como la ubicación de su
domicilio, a fin de que puedan compurgar sus penas en los centros
penitenciarios más cercanos a aquél.
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Establecen que el sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto
del que se destine para la extinción de las penas y estarán completamente
separados y, de manera específica, señala que las mujeres quedarán recluidas
en lugares separados de los destinados a los hombres, retomando el postulado
Constitucional en la materia.
Señala la progresividad del carácter del régimen penitenciario, el cual constará,
por lo menos, de períodos de estudio, diagnóstico y de tratamiento, divididos en
fases de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional.
Señala, así mismo, aspectos en la educación de las personas privadas de su
libertad, al decir que la educación que se imparta a “los internos” no tendrá sólo
carácter académico, sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y
ético.
En cuanto a las visitas íntimas señala que éstas tienen por finalidad el
mantenimiento de las relaciones maritales “del interno” en forma sana y moral.
Señala la existencia obligatoria de un reglamento interior del reclusorio en
donde se harán constar, clara y terminantemente, las infracciones y las
correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de
estímulo, para lo cual se deberá entregar a cada “interno” un instructivo en el
que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida
en la institución.
De manera explícita, y atendiendo a las recomendaciones internacionales en la
materia, se prohíbe todo castigo consistente en torturas o en tratamientos
crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del “recluso”.
10. Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social
Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 6
de abril de 2006, y tiene por objeto regular la organización, operación y
administración de los Centros Federales de Readaptación Social en
45
condiciones de seguridad, disciplina y orden, su aplicación corresponde a la
Secretaría de Seguridad Pública a través del órgano administrativo
desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Las disposiciones que señala regirán para todos los internos, para el personal
adscrito a los Centros Federales y para cualquier persona que ingrese o solicite
hacerlo a sus instalaciones. De manera específica, señala que en los Centros
Federales se prohíbe el uso de la violencia física o moral, y el de
procedimientos que provoquen cualquier tipo de lesión o menoscaben la
dignidad de las personas, para lo cual las autoridades se deberán de abstener
de realizar actos que violenten los derechos humanos de las personas que se
encuentran privadas de su libertad. Desarrolla, a lo largo de su articulado, doce
capítulos que despliegan las particularidades a observarse en el tratamiento de
las personas privadas de su libertad y el manejo que se deberá de observar en
los Centros de Readaptación Social Federales.
En la parte de las definiciones, este reglamento precisa al “interno” como la
persona que se encuentre privada de su libertad en un Centro Federal, al
“procesado” como la persona sujeta a proceso que se encuentre a disposición
de la autoridad judicial y está internada, en un Centro Federal, y al
“sentenciado” como la persona que esté compurgando en un Centro Federal
una pena privativa de libertad impuesta por sentencia ejecutoriada,
evidenciando la invisibilización de las mujeres privadas de su libertad en la
norma y el lenguaje no incluyente en su redacción.
Es importante señalar que este reglamento no señala la separación que deberá
de existir en los sitios señalados para la compurgación de las penas entre
mujeres y hombres al interior de los Centros de Readaptación Social, tal y
como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es importante decir que este Reglamento atiende, casi en su mayoría, lo
señalado por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, pero
que a su vez, en ambos casos, es evidente que el sujeto de tutela de uno y
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otro instrumento es el “hombre”, y las mujeres están invisibilizadas en dichos
los postulados.
47
IV. Del fundamento del sistema penitenciario
El segundo párrafo del artículo 14 Constitucional señala que ninguna persona
podrá ser privada de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las
leyes expedidas con anterioridad al hecho, por su parte el artículo 18 establece
que sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad, habrá lugar a
prisión preventiva para lo cual se establecerán sitios distintos para hombres y
mujeres con el fin de la extinción de las penas.
En este mismo artículo se señala que el sistema penitenciario deberá ser
organizado sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que las personas no vuelvan a delinquir,
observando los beneficios que la ley brinda para tal fin.
Señala, de manera específica, que en aras del cumplimiento de la separación
entre mujeres y hombres para la compurgación de las penas la Federación, los
estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los
sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en
establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
Así mismo mandata a la Federación, los estados y el Distrito Federal a
establecer, atendiendo a sus competencias, un sistema integral de justicia que
será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años de edad. Es importante observar que como postulado
constitucional se observa el mandato de que en el desarrollo de este sistema
integral de justicia, se garantice la observancia y cumplimiento de los derechos
fundamentales reconocidos a nivel constitucional.
Así mismo señala que las personas sentenciadas en los casos y condiciones
que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros
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penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a
la comunidad como forma de reinserción social, haciendo la salvedad de que
en caso de personas involucradas en la delincuencia organizada ó que
requieran medidas especiales de seguridad, no operara dicha disposición.
Como se observó en la primera entrega de este documento de investigación,
es mucha la normatividad nacional, pero más la internacional que tutela los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A manera de
repaso podemos recordar que es en los siguientes instrumentos
internacionales en donde se aborda de manera específica la normatividad
aplicable a las personas que se encuentran privadas de su libertad:
‐ La Declaración Universal de los Derechos Humanos
‐ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
‐ Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
‐ Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
‐ Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
Todos estos ordenamientos adoptados a nivel internacional, y signados y
ratificados por el Estado Mexicano, son de observancia obligatoria en todo el
territorio nacional en términos del artículo 133 Constitucional.
A nivel nacional, además de lo señalado anteriormente respecto a la
normatividad plasmada en la Constitución, la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Pública14 reglamentaria del artículo 21 Constitucional señala, en sus
artículos 30 y 31, la creación y funciones de la Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario la cual, a decir de esta norma, se integrará por los
titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus
equivalentes de la Federación, los estados y el Distrito Federal, y será
presidida por quien designe el titular de la Secretaría.
14 Publicada en el Diario Oficial de la federación el 2 de enero del 2009.
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Entre las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se
encuentran las siguientes:
I. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional;
II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de
seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social;
III. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de
reinserción social;
IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de
reinserción social;
V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción
social en las legislaciones aplicables;
VI. Plantear criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación,
los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del
ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios
dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones
legales aplicables;
VII. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de
seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, y
VIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo
Nacional.
50
V.- De la conformación del sistema penitenciario
El sistema penitenciario del país se compone de 433 centros de reclusión con
una capacidad total de 170 924 espacios (SSP, 2010).
La administración de los centros de reclusión por la autoridad responsable se
distribuye de la siguiente manera:
ESTRUCTURA Y CAPACIDAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO
Centros de reclusión
Número Capacidad
Gobierno Federal 6 6 595
Gobierno del Distrito Federal
10 19 088
Gobiernos Estatales 325 141 758
Gobiernos Municipales 92 3 483
Total 433 170 924
Fuente: Subsecretaría del Sistema Penitenciario (2010) consultada en http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/550126 Por su parte, el Sistema Penitenciario Federal cuenta con seis centros de
reclusión, y según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), en su tercer informe de labores, cuenta con capacidad conjunta
para 6 595 internos, distribuidos de la siguiente forma:
- Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N°1 “Altiplano”
Estado de México
- CEFERESO N°2 “Occidente” Jalisco
- CEFERESO N°3 “Noreste”
Tamaulipas
- CEFERESO N°4 “Noroeste”
Nayarit
- Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI)
Morelos
Colonia Penal Federal (CPFIM) Islas Marías FUENTE: Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, junio de 2009. SSP.
51
A decir del informe comentado, la población penitenciaria en Centros
Federales, a junio de 2009, fue de 5 082 internos, lo que representa un
crecimiento del 30% respecto a julio de 2008. Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal es el encargado de la
administración de los siguientes centros penitenciarios diferenciados entre
hombres y mujeres:
Reclusorios masculinos
1. Reclusorio preventivo varonil norte
2. Centro de ejecución de sanciones penales varonil norte
3. Reclusorio preventivo varonil oriente
4. Centro de ejecución de sanciones penales varonil oriente
5. Reclusorio preventivo varonil sur
6. Penitenciaria del Distrito Federal
7. Centro varonil de rehabilitación psicosocial
8. Centro de readaptación social varonil Santa Martha Acatitla
Reclusorios femeniles
1. Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla
2. Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan
52
VI.- Derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las
mujeres que se encuentra privada de su libertad tiene derecho a:
- No ser víctimas, de forma alguna, de acoso y a recibir la protección y
atención adecuadas, por parte de las autoridades del Centro de readaptación,
cuando se encuentre en riesgo de una agresión de ese tipo
- Recibir del personal técnico la tención adecuada de acuerdo a sus
condiciones particulares como madre
- Ser ubicada en un centro especial para mujeres o, por lo menos, en un
área exclusivamente femenil
- Recibir atención médica adecuada durante el embarazo, el parto y el
puerperio, así como los muebles, implementos y alimentos que requieran la
madre y su bebe
- Tener con ella a sus hijos, por lo menos, durante la lactancia y hasta que
cumplan seis años de edad, cuando sea benéfico para el menor; además
contar con las instalaciones adecuadas para ellos
- Recibir de la institución los productos de higiene personal que requiera,
tales como toallas sanitarias
- Participar en actividades laborales productivas y remuneradas, de
acuerdo con sus habilidades e intereses15
Sin embargo, aún y cuando existe legislación en la materia, es al interior de los
centros penitenciarios en donde se han documentado violaciones sistemáticas
a los derechos humanos tutelados en los instrumentos tanto nacionales como
internacionales en la materia. A decir de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF), el constante abandono y la crisis del sistema
penitenciario redundan en las violaciones a los derechos de personas que se
encuentra en esta situación.
15“Comisión Nacional de Derechos Humanos. Manual de Derechos Humanos del interno en el sistema penitenciario mexicano.
53
El diagnóstico interinstitucional del sistema penitenciario presentado por la
CDHDF, reporta que del año 1994 al 2002 se presentaron diversas quejas por
violaciones a los derechos humanos de las personas internas en centros de
readaptación social, entre las que se encuentran las siguientes:
Clasificación de quejas ante la CDHDF de carácter penitenciario del año 1994 al 2002
Clasificación Quejas % Presunción de violación a derechos humanos 5 072 62%
Inexistencia de violación a derechos humanos 1 931 24%
Orientación a la presunta víctima 901 11%
Imposible dictaminar por falta de información de la presunta víctima 189 2%
Casos de incompetencia de la CDHDF 75 1%
Pendientes de calificar por falta de información de la presunta víctima 1 0%
Total 8 169 100%
Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informe Dirección General de Quejas y Orientación. Octubre del 2002.
De estas quejas presentadas 213 corresponden a la Dirección del Centro
Femenil de Readaptación Social “Tepepan” y 196 a lo que antes se
denominaba como Dirección del Reclusorio Preventivo Femenil Norte. A
continuación se señalarán cuales son los derechos que, de manera específica,
son abordados en los instrumentos internacionales que tutelan los derechos de
todas las personas privadas de su libertad.
Es importante recordar que todos los derechos humanos de los que gozan las
personas no pueden ser restringidos a causa de su situación de reclusión al
interior de un centro penitenciario, y que en este sentido es una obligación del
Estado Mexicano crear las condiciones necesarias para que se garanticen
todos y cada uno de los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad. Entre ellos que las propias autoridades encargadas de los centros
penitenciarios se hagan responsables del cumplimiento de la normatividad
tanto nacional como internacional.
54
VII.- Derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares distintos a los designados a los hombres El derecho constitucional a tener un espacio específico y diseñado para que las
mujeres compurgen sus penas, es una de las principales violaciones a los
derechos humanos de las mujeres que se encuentran en reclusión. Y aún y
cuando son evidentes las diferencias en cuanto al porcentaje de mujeres
internas respecto al número de hombres que cometen una infracción penal,
también lo es que éstas necesitan al igual que ellos de espacios adecuados y
específicos a las necesidades de cada sexo, especializados en esta atención
diferenciada, con aras a una verdadera reintegración social.
A manera de ejemplo, podemos señalar que en el caso del Distrito Federal, tal
y como pudimos observar en párrafos anteriores, de los ocho centros
penitenciarios únicamente dos de ellos son creados de manera específica para
atender a la población femenina. Aún y cuando los datos arrojados por el
Diagnóstico interinstitucional, México, junio de 2002 de la CNDH; señalan que la
cantidad de mujeres recluidas en ese año en el Distrito Federal es de 1 179 lo
que representa un 5.03 % de la totalidad de la población penitenciaria.
Relacionado con este tema, se encuentra el del hacinamiento en los centros
penitenciarios, de manera específica la CDHDF reporta que en lo concerniente
a la Ciudad de México:
Una de las problemáticas que enfrenta el sistema penitenciario es la sobrepoblación y, consecuentemente, el índice de hacinamiento en las cárceles y centros penitenciarios, el cual sigue elevándose de manera alarmante; en total en el Distrito Federal existe 87.55% de sobrepoblación, ya que la capacidad instalada de todos los centros es de 21 639 espacios y la población total es de 40 264 personas.
Señala que la sobrepoblación en cárceles, producto del uso indiscriminado de
la prisión preventiva, es el factor determinante de reiteradas violaciones a
derechos humanos en agravio de las personas que se encuentran cumpliendo
una pena corporal.
55
Además, el hacinamiento es en sí mismo una violación al derecho a la
integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad y en este
sentido, y atendiendo a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia dictada en Caso Boyce y otros, Sentencia del 20 de
noviembre de 2007, párr. 88; los estados no pueden invocar privaciones
económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con los
estándares mínimos internacionales en esta área y no respetan la dignidad del
ser humano como a continuación se observa:
La Corte ya ha examinado en casos anteriores el deber que tienen los Estados Partes de la Convención, como garantes de los derechos de toda persona bajo su custodia, de garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten el artículo 5 de la Convención y cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área. De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente de todo ser humano. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. La falta de cumplimento con ello puede resultar en una violación de la prohibición absoluta contra tratos o penas crueles inhumanas o degradantes. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplen con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respetan la dignidad del ser humano (CIDH, 2007).
56
VIII.- Derecho a una vida libre de violencia El derecho a una vida libre de violencia, comprende entre otros derechos
humanos, el derecho a la integridad física y moral de las personas. En el caso
de las mujeres privadas de su libertad, este derecho está relacionado con la
protección en contra de cualquier acto que pueda dañarlas física, psicológica y
moralmente.
En el sistema penitenciario mexicano se establece que los internos tienen
derecho a:
- No ser torturados,16y
- No ser sometidos a castigos crueles, inhumanos o infamantes.17
Para garantizar la integridad física y moral de las personas internas en centros
de readaptación, se postula en los instrumentos internacionales el derecho a no
ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ello, nuestra
Constitución Política, en su artículo primero, prohíbe que las personas sean
objeto de tratos similares a la tortura como los golpes, azotes, administración
inadecuada de drogas y medicamentos, el aislamiento o encierro en lugares
oscuros, o la negativa a proporcionar alimentos y otros satisfactores vitales.18
1. Marco jurídico A nivel internacional, el Comité Sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra de la Mujer, emitió la Recomendación General número
19 referente a la violencia contra la mujer, por ser la forma más fuerte de
discriminación.19
16 Artículo 22 de la Constitución Política. 17 Artículo 5 de la Declaración Universal y numerales 31 y 32 de las Reglas mínimas. 18 Comisión Nacional de Derechos Humanos “Manual de Derechos Humanos del interno en el sistema penitenciario mexicano,” pág. 45 19 Durante su 11° periodo de sesiones, 1992.
57
Por otra parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, afirma que la violencia contra la mujer
trasciende todos los sectores de la sociedad y por ello, su erradicación es
necesaria para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de vida.20
De igual forma, la esfera de la Plataforma de Acción de Beijing titulada: “La
Violencia contra la Mujer”, señala que “algunos grupos de mujeres, como…las
mujeres recluidas en instituciones o cárceles…son también particularmente
vulnerables a la violencia”
Además, en esta Plataforma se menciona que “la capacitación de todos los
funcionarios en derecho humanitario y derechos humanos, y el castigo de
quienes cometen actos de violencia contra la mujer contribuirían a impedir que
esa violencia fuera cometida por funcionarios públicos en quienes las mujeres
deberían poder confiar, como los funcionarios de la policía y de las cárceles y
las fuerzas de seguridad”.
A nivel nacional, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados prohíbe “todo castigo consistente en
torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en prejuicio
del recluso”.21
Por otra parte, aunque existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia,22 ésta no contempla medidas para erradicar la
violencia contra las mujeres privadas de su libertad. Sin embargo, a nivel
estatal existen leyes de Acceso como la de Baja California Sur que agrega,
como parte de sus acciones para los municipios, “cuidar que dentro de sus
corporaciones policiacas se prepare personal femenino con enfoque de
equidad, para la atención de las mujeres privadas de su libertad”.23
20 Oficina de Derecho Internacional: Organización de los Estados Americanos Washington D. C., [en línea], Dirección URL: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm/. 21 Artículo 3° de la Ley que Establece las Normas Mininas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 22 Publicada en el diario oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 23 Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Baja California Sur.
58
Aún y cuando existen toda esta normatividad en el tema de la violencia que
sufren las mujeres privadas de su libertad, la realidad nos señala que la
violencia es una de las manifestaciones más observadas y una de las
violaciones más recurrentes a los derechos de las mujeres privadas de su
libertad. Como ejemplo de lo anterior, la recomendación 19/2009, emitida por la
CDHDF fue motivada por los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes inflingidas por personal de seguridad y custodia a internas e
internos adultos y adolescentes de los centros de reclusión del Distrito Federal.
Esta recomendación presenta un índice aceptable de cumplimiento debido a que fueron aceptados todos sus puntos recomendatorios; sin embargo, en materia penitenciaria existen graves asignaturas pendientes y las condiciones de las personas en reclusión se recrudecen cada vez con mayores índices de violencia. Por ello las acciones no deben hacerse esperar, y tanto la CDHDF como la ciudadanía esperamos que las instancias responsables den señales claras de tener la voluntad política que se requiere para intervenir en los reclusorios de la ciudad (CDHDF, 2009).
Por otra parte, es importante señalar que, a decir de la propia CDHDF, durante el
2009 se registraron 145 muertes de personas en reclusión, de las cuales más
de 10% se relacionaron con muertes violentas.
Así mismo en el 2009 la CDHDF registró un total de 2 138 menciones por
violaciones a los derechos humanos en agravio de las personas privadas de la
libertad, de las cuales 979 corresponden a la abstención u omisión de brindar
una adecuada protección a la integridad física o psicológica de las y los
internos.
2. Manifestaciones de violencia hacia las mujeres en los sistemas penitenciarios En el caso de la violencia hacia las mujeres dentro de las instituciones
penitenciarias, esta se puede presentar con la finalidad de obtener algo de
ellas, como confesiones, o información, o para que hagan o deje de hacer algo.
Las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, están expuestas
cotidianamente a situaciones de violencia en los centros de readaptación. De
59
igual forma, se ha descubierto que existen custodios que a cambio de “favores
sexuales” les permiten ciertos privilegios a algunas de las internas.
La violencia no ocurre únicamente por acción, sino también por omisión de
parte de las autoridades del sistema penitenciario, que permiten estas acciones
o no realizan las medidas preventivas adecuadas para evitar este tipo de
manifestaciones violentas hacia las mujeres.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define a los
castigos crueles, inhumanos o degradantes hacia las personas privadas de su
libertad, como:
- Las faltas al respeto, humillaciones, amenazas, ofensas o insultos a los
internos.
- Los castigos que, sin causar un daño físico, resulte indignante o humillante.
- La utilización como medio de sanción, de algún instrumento con el fin de
inmovilizar o atar a los internos.
- Las formas de trato indigno, como aplicar motes, o apodos, etc.
- El aislamiento permanente o cuando el encierro se dé en lugares obscuros
e insalubres, o la privación de alimento, de agua o de otros satisfactores
vitales.
- Los castigos excesivos que impliquen la sumisión ante las autoridades u
otras personas dentro de la institución.24
24 Comisión Nacional de Derechos Humanos “Manual de Derechos Humanos del interno en el sistema penitenciario mexicano,” pág. 45.
60
IX.- Derecho a un nivel de vida adecuado
Los artículos 25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; así como el derecho a la educación.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) también reconoce el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones
de existencia. Derecho que no es restrictivo para las personas privadas de su
libertad.
Entre los derechos estipulados en este Pacto se destacan los siguientes:
- El derecho a la salud física y mental,
- El derecho al trabajo,
- El derecho a la alimentación,
- El derecho a la educación, y
- El derecho a la cultura
1. Derecho a la salud La salud es un derecho social reconocido por la mayoría de los Estados, y
como lo establece la Organización Mundial de Salud (OMS) “es el estado de
completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o
enfermedades”. Asimismo, el derecho a la salud es un derecho fundamental de
todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición
económica o social, y por ende no está supeditado al ejercicio del derecho a la
libertad.
En este tenor, el derecho al grado máximo de salud se consagró por primera
vez en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, y
61
más adelante se reiteró en la Declaración de Alma-Alta de 1978 y en la
Declaración Mundial de la Salud, en 1998, y ha sido reafirmado en una serie de
instrumentos internacionales (OMS, 2002).
A. Marco jurídico internacional
La salud es considerada como un derecho humano, y al respecto la
Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.25
Además, el derecho a la salud se encuentra regulado en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)26 en el cual se
reconoce el derecho “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental”.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas del PIDESC, emitió su Observación General N° 1427, titulada
“El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud,” en la cual
recomienda que los Estados deben incorporar la perspectiva de género en sus
políticas, planificación, programas e investigaciones en materia de salud, a fin
de promover mejor la salud de la mujer y el hombre.
También, la Observación mencionada señala que un enfoque basado en la
perspectiva de género, reconoce que los factores biológicos y socioculturales
ejercen una influencia importante en la salud del hombre y la mujer. La
desagregación, según el sexo, de los datos socioeconómicos y los datos
relativos a la salud es indispensable para determinar y subsanar las
desigualdades en lo referente a la salud.
25 Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 26 Ratificado por el Estado mexicano el 23 de marzo de 1981. 27 En agosto de 2000.
62
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca tres aspectos
fundamentales para el logro de la equidad de género en salud:
· El estado de salud de las personas;
· El acceso a la atención de la salud, y
· La distribución de la carga de responsabilidades y el poder de decisión.
Además, la Organización Mundial de la Salud destaca que entre los factores
que más afectan la salud de las mujeres se encuentran la falta de
oportunidades en el acceso a la salud y en el control de su fecundidad.
Por otro lado, existen inequidades de género que se expresan en las
diferencias de mortalidad y morbilidad por sexo, que se derivan de condiciones
tanto biológicas, como del medio social (factores sociales, psicológicos y
culturales), en el que actúa la valoración que la sociedad hace, hacia el hombre
y hacia la mujer, en su comportamiento y actitudes, así como en el desigual
acceso y control de satisfactores de subsistencia.
Por otra parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su artículo 12, refiere explícitamente
al derecho a la salud, señalando que “los Estados Partes adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que
se refieren a la planificación de la familia”.
Además la CEDAW señala que los Estados Partes deben “garantizar a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo
posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y
le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Por su parte, el Comité de la de la CEDAW, (COCEDAW) emitió la Recomendación
63
General No° 15,28 en la cual se advierte que es necesario evitar la
discriminación contra las mujeres en las estrategias nacionales de acción
preventiva y lucha contra el SIDA, a través de medidas que intensifiquen la
difusión de información sobre el riesgo de infección, sobre todo para las
mujeres, niñas y niños, prestando especial atención a sus derechos y
necesidades y a los factores que se relacionan con la función de reproducción
de la mujer y su posición subordinada en algunas sociedades, lo que la hace
especialmente vulnerable al contagio del VIH.
Además, el COCEDAW exhortó a la eliminación de la discriminación de la mujer
respecto a los servicios de atención médica durante todo su ciclo vital,
prestándose especial atención a las necesidades y los derechos en materia de
salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos.
En el ámbito legislativo, se recomendó a los Estados Partes, entre ellos
México, a garantizar el acceso a los servicios de atención médica, la
información y la educación; a respetar y proteger los derechos de las mujeres
en materia de atención médica; y destinar recursos presupuestales suficientes
para que las mujeres puedan acceder a la atención médica.
Para el caso específico de México, el COCEDAW recomendó, en agosto de 2006,
ampliar la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la
salud reproductiva; promover la educación sexual entre mujeres y hombres de
ambos sexos; armonizar la legislación relativa al aborto a los niveles federal y
estatal; aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios
de aborto legal seguros y llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización
sobre los derechos humanos de las mujeres en al ámbito de la salud.
Por otra parte, en la Plataforma de Acción de Beijing29 de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer, se planteó como una de las esferas de
preocupación el tema de “la Mujer y la Salud”, en el que se reitera que las
mujeres tienen derecho a disfrutar el más alto nivel de salud física y mental, y
28 En el año de 1990. 29 Septiembre de 1995.
64
que el disfrute de ese derecho es esencial para su vida, bienestar y capacidad
para participar en todas las esferas de la vida pública y privada.
En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos, se señala que el aspecto de servicios médicos deberá ser el
suficiente para la atención sanitaria, psiquiátrica, y de salud en general,
utilizándose traslados a establecimientos penitenciarios especializados cuando
sea necesario debiéndose contar con servicios odontológicos y, en el caso de
establecimientos femeniles, instalaciones especiales para las reclusas
embarazadas, parturientas y convalecientes.30
Finalmente, como parte de los Principios Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos, se establece que “los reclusos tendrán acceso a los servicios de
salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica.”31
B. Marco jurídico nacional
Nuestra Constitución Política señala, en su artículo 4° párrafo tercero, que
“toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Asimismo, la Carta
Magna impone la obligación al Poder Legislativo de definir las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud, y dispone la concurrencia
entre los distintos niveles de gobierno en materia de salud.
Por su parte, el artículo 18 señala que el sistema penitenciario se organizará
sobre la base la salud, entre otros medios para lograr la reinserción del
sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
En este sentido la Ley General de la Salud regula el derecho a la protección de
la salud conforme a los términos del artículo 4° constitucional en materia de
salud.32 Además, establece la prohibición que tienen los profesionales, técnicos
o auxiliares de las disciplinas para la salud, de realizar actos de investigación
30 Mendoza, Bremauntz, Emma, “Derecho Penitenciario” pág. 134. 31 Principio No. 9 de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos. 32 Artículo 1°de la Ley General de la Salud.
65
clínica en seres humanos, entre los que especifica a las personas privadas de
libertad.33
Finalmente, aunque la Ley de Salud menciona aspectos para la protección de
las personas privadas de su libertad, carece de más especificaciones que
pudieran ser plasmadas en la misma como forma de protección a los derechos
humanos de las personas y el derecho a la salud, en especial, de las mujeres
privadas de su libertad, tal y como lo señalan los instrumentos internacionales
en la materia.
En materia de atención de la salud de las mujeres privadas de su libertad la
CDHDF señala que el servicio médico de los centros de reclusión femeniles,
lejos de ser lugares propicios para tal fin, estos:
Asemejan a simples puestos de socorro, pues no cuentan con los recursos técnicos, personales y materiales para ofrecer una atención inmediata. El horario de acceso es limitado y el trámite depende de que el personal de custodia lo realice, por lo que se presentan situaciones de corrupción y privilegios.
Y señala que ante situaciones de urgencias especializadas, sólo la torre
médica de Tepepan cuenta con personal médico las 24 horas del día. Y es
preciso decir que existe una carencia importante de atención ginecológica en
estos centros, por lo que no se desarrolla ningún tipo de trabajo con respecto a
la salud reproductiva.
Al respecto la CDHDF emitió la Recomendación 1/2002 motivada por la
violación al derecho de salud reproductiva en perjuicio de una interna del centro
de readaptación social Tepepan, la cual señalaba que:
Solicitó se practicara la salpingoclasia, en virtud de que diversos métodos anticonceptivos no le habían funcionado y que, de volverse a embarazar, podría enfrentar graves riesgos para su salud.
Tal servicio le fue negado con el argumento de que, según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud, “los internos en reclusorios o centros de readaptación social, son grupos subordinados en los que el consentimiento puede ser influenciado por alguna autoridad”, y que toda vez que esa intervención es definitiva, no debe llevarse a cabo en personas privadas de su libertad.
33 Artículo 465 de la Ley General de la Salud.
66
2. Derecho al trabajo
A. Marco jurídico internacional
Con relación al derecho al trabajo, a nivel internacional, el artículo 23 de la
Declaración Universal de los derechos Humanos reconoce que “toda persona
tiene derecho al trabajo, y a la libre elección de su trabajo”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), en su artículo 6°, reconoce el derecho de toda persona a
trabajar, para lo cual el Estado debe “figurar la orientación y formación técnico
profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a
conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación
plena y productiva”.
Este Pacto también señala, en su artículo 7°, que para el goce de este derecho
se debe asegurar entre otras cosas “condiciones de existencia dignas para
ellos y para sus familias, así como seguridad e higiene”.
Y en el caso de las mujeres se establece que se les debe asegurar condiciones
de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual.
En el Sistema Interamericano, el artículo 6° del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Sociales, Económicos y Culturales, señala que toda persona tiene derecho al
trabajo. Y específicamente se menciona que “los Estados partes se
comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a
una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con
una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”.
Además, se enlistan una serie de derechos que complementan el derecho al
trabajo, y que también son vigentes para las personas privadas de su libertad,
ya que el artículo 3° garantiza el ejercicio de estos derechos sin discriminación
de cualquier índole y sin restricciones para las personas privadas de su
67
libertad. Entre estos derechos se destacan: el derecho a la remuneración, a la
seguridad e higiene, y al descanso, entre otros.
Por su parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, en su artículo 11, reconoce “el derecho al
trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.”
Con relación exclusiva al tratamiento de las personas privadas de su libertad,
las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el
Consejo Económico y Social de la ONU, 34señalan que: “todos los condenados
serán sometidos a la obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y
mental, según la determine el médico”.
B. Marco jurídico nacional
Nuestra Constitución establece, en su artículo 123, que “toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil.”
Además, su artículo 18 menciona que el sistema penitenciario se debe
organizar sobre la base del trabajo y la capacitación para el mismo, para lograr
la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a
delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
Por su parte, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados, señala en su artículo 2° que el sistema penal “se
organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la
educación como medios para la readaptación social del delincuente”.
Además, señala que “la asignación de los internos al trabajo se hará tomando
en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el
34 Aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977
68
trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del
reclusorio.”35
Actualmente se dan casos en los que el trabajo mejor remunerado se da
solamente a los internos varones, dejándoles a las mujeres labores con
salarios menores
En resumen, las personas privadas de la libertad tienen derecho a36:
- Recibir una remuneración por el fruto de su trabajo,37y
- Que su trabajo sea tomado en cuenta para el otorgamiento de beneficios
de reducción de la pena, incluso el que haya desarrollado antes de que
fuera dictada su sentencia,38
- Recibir capacitación gratuita para el aprendizaje de una actividad
productiva organizada, impartida por instructores profesionales y con
experiencia en la materia que enseñan,39y
- Que sus actividades de capacitación sean tomadas en cuenta para el
otorgamiento de beneficios de reducción de la pena, incluso aquellas que
haya desarrollado antes de que le fuera dictada la sentencia.40
3. Derecho a la alimentación
A. Marco jurídico
A nivel internacional, el PIDESC reconoce el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado, incluso alimentación. Y señala que los Estados Partes
deben garantizar el ejercicio de este derecho sin discriminación alguna. 41 Por
lo que no existe restricción alguna de este derecho para las personas privadas
de su libertad.
35 Articulo 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. 36 Comisión Nacional de Derechos Humanos “Manual de Derechos Humanos del interno en el sistema penitenciario mexicano. 37 Numeral 76.1 de las Reglas Mínimas. 38 Artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas y 84 del Código Penal. 39 Artículo 18 de la Constitución Política y numeral 71.5 de las Reglas Mínimas. 40 Artículos 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas y 84 del Código Penal. 41 Artículos 11 y 2 del PIDESC.
69
Por su parte, la Observación General número 12,42 adoptada por el Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales, establece que el contenido básico
del derecho a la alimentación adecuada debe comprender la disponibilidad de
alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades
alimentarias de los individuos, y la accesibilidad de los mismos deberá ser en
forma sostenible, sin que esto dificulte el goce de otros derechos humanos.
En cuanto al Sistema Interamericano, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que “toda persona tiene derecho a
que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la
alimentación.”43
Así mismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala
que “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la
posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e
intelectual.”44
En cuanto a los derechos exclusivos de las personas privadas de su libertad,
en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, se menciona que
“todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
El derecho a la alimentación supone que se les brinden a las personas privadas
de su libertad “una alimentación proporcionada de manera gratuita por la
administración penitenciaria que cumpla con las características básicas de
nutrición.”45
42 Observación general 12 (el derecho a una alimentación adecuada), Articulo 11 del PIDESC, 20 periodo de sesiones Documento E/C, 12/1999/5. 43 Artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 44Artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 45 Posada Segura Juan David “Los derechos de las Personas Privadas de la Libertada en las Normas del Sistema Interamericano”.
70
Sin embrago, existe un gran vacío de este derecho en el marco jurídico
nacional, ya que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni
la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de
Sentenciados, así como el Código Penal Federal, mencionan este derecho de
manera específica para las personas privadas de la libertad.
4. Derecho a la educación
A. Marco jurídico internacional
El derecho a la educación se encuentra reconocido en el artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se señala que toda
persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo
concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y establece que debe
tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales.
Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) también reconoce este derecho en su artículo 13.
Por su parte, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, establece, en su artículo 10, que los Estados
Partes deben adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar la igualdad
de derechos en la esfera de la educación, así como las mismas oportunidades
de acceso para las mujeres a los programas de educación permanente,
incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos.
En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre establece, en su artículo 12, que “toda persona tiene
derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de
libertad, moralidad y solidaridad humanas.” Asimismo, se reconoce el derecho
a que se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del
nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
71
De igual forma, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, establece que el derecho a la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y
pluralista, y lograr una subsistencia digna.46
Finalmente, en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos se
establece que, para el tratamiento de los internos, se deberá recurrir a la
instrucción, a la orientación y la formación profesionales, en conformidad con
las necesidades individuales de cada recluso, para la cual se debe tener en
cuenta su capacidad y aptitud físicas y mentales, sus disposiciones personales,
la duración de su condena y las perspectivas después de su liberación.
En este tema la CDHDF señala que es evidente que aún el acceso a la
educación de las mujeres es menor que el de los varones, ejemplo de esto es
que mientras el 2.4 por ciento de hombres recluidos son analfabetas, el
porcentaje de mujeres es de 6.1 por ciento.
B. Marco jurídico nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 18
establece que el sistema penitenciario se debe organizar sobre la base de la
educación, entre otros, como medio para lograr la reinserción del sentenciado.
Por su parte, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación
Social de Sentenciados, señala que “el sistema penal se organizará sobre la
base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios
para la readaptación social del delincuente.” Además, establece que la
educación que se imparta a los internos no tendrá sólo carácter académico,
sino también cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético.47
46 Artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 47 Artículos 2 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
72
Por estos fundamentos jurídicos, este derecho tiene que ser garantizado por el
sistema penitenciario, no sólo por ser un derecho humano sino también por ser
una obligación que el Estado tiene que atender. La educación es una
herramienta fundamental para el cumplimiento de la resocialización como fin
legalmente otorgado a la pena privativa de la libertad, por lo que este, y otros
derechos deben garantizarse de manera gratuita de acuerdo con los niveles
para los que se encuentre capacitada la persona privada de su libertad.48
5. Derecho a la cultura
A. Marco jurídico internacional
Con relación a este derecho, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), reconoce el derecho de toda persona a
participar en la vida cultural y de gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones.49
En el Sistema Interamericano, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, señala que “toda persona tiene el derecho de participar
en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los
beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los
descubrimientos científicos.”50
Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, reconoce el derecho de toda persona a participar en la vida cultural
y artística de la comunidad; a gozar de los beneficios del progreso científico y
tecnológico, y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.51
48 Posada Segura Juan David “Los derechos de las Personas Privadas de la Libertada en las Normas del Sistema Interamericano” 49 Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 50 Artículo 13 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 51 Artículo 14 del Protocolo.
73
Con relación a este derecho, la CEDAW establece que los Estados Partes deben
adoptar medidas para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en
todos los aspectos de la vida cultural.52
Para la protección de las personas en reclusión, la Plataforma de Acción de
Beijing, en la esfera titulada “De los derechos humanos de las mujeres”,
establece que los gobiernos deben impartir enseñanza y capacitación sobre
derechos humanos en que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con
el género a los funcionarios penitenciarios.
En este mismo sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos, señalan que cada establecimiento deberá tener una biblioteca para
el uso de todas las categorías de reclusos, suficientemente provista de libros
instructivos y recreativos; y además, deberá instarse a los reclusos a que se
sirvan de la biblioteca lo más posible, y se señala que “para el bienestar físico y
mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en
todos los establecimientos.
Finalmente, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas
Sometidas a Cualquier forma de detención o prisión53 señalan que “la persona
detenida o presa tendrá derecho a obtener, dentro de los límites de los
recursos disponibles si se trata de fuentes públicas, cantidades razonables de
materiales educacionales, culturales y de información, con sujeción a
condiciones razonables que garanticen la seguridad y el orden en el lugar de
detención o prisión”.54
B. Marco jurídico nacional
Nuestra Constitución política, en su artículo 4°, reconoce el derecho de toda
persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta
52 Artículo 13 de la CEDAW. 53 Adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 09 de diciembre de 1988. 54 Principio no. 28 del Conjunto de Principios
74
el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, y
señala que el Estado debe promover los medios para su difusión y desarrollo.
Sin embargo, en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados, no se establece nada sobre el derecho
a la cultura de las personas privadas de su libertad.
75
X.- Derecho a la no discriminación
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el derecho a la
discriminación significa que toda persona “tiene derecho a que lo traten igual
que a los demás sin que importe si es mujer u hombre, de que país o Estado
de la República sea, si es indígena o extranjero, que lengua, su ideología o
cuál sea el color de su piel, o cualquier otra condición personal”.55
Así mismo su artículo 1° estable que “…todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos” y, por otra parte el artículo 7° señala que
todos “…son iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley contra toda discriminación y contra todo acto que
constituya una incitación a tal discriminación”.
1. Marco jurídico internacional Conforme a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer se establece, en su artículo 1°, que la
discriminación contra la mujer “denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera”.
De igual forma su artículo 2° establece que los Estados Partes condenan la
discriminación contra la mujer, por lo que se comprometen a: “Establecer la
protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con
los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales
competentes y de otras instituciones pública, la protección efectiva de la mujer
contra todo acto de discriminación.
55 Manual de Derechos Humanos del Interno en el Sistema Penitenciario Mexicano, CNDH.
76
A. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
El artículo 24 de esta ley se establece que todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección
de la ley.
B. Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos
Esta Declaración establece como uno de sus principios que “no existirá
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u
otros factores”.
Por otra parte también se establece que no habrá discriminación en lo
concerniente al acceso de los servicios de salud de los que dispone el país por
motivos de su condición jurídica.
C. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
En cuanto a la discriminación el punto número de artículo 2° de este pacto
señala que los Estados Partes “se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índoles, origen nacional,
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
2. Marco jurídico nacional Respecto al derecho a la no discriminación en el marco jurídico nacional
encontramos que esta es regulada en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y diversas legislaciones secundarias tal y como se establece
a continuación.
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Por lo que respecta a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ésta establece, en su párrafo tercero del artículo 1° que, “Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”.
Por su parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
establece, en su artículo 1°, que tiene por objeto prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.
Para efectos de este ordenamiento en su artículo 4° se establece lo que se
entiende por discriminación señalando que es “toda distinción, exclusión o
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, seo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas”.
Aunque la Ley Federal no establece acciones afirmativas y compensatorias a
favor de las personas privadas de su libertad, existen estados como
Chihuahua, Guerrero y Nayarit que si las establecen, sin embargo no hacen
una distinción entre mujeres y hombres.
78
XI.-Trabajo legislativo para la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad Con el fin de complementar el panorama en el trabajo realizado en materia de
mujeres privadas de su libertad, pero ahora desde el ámbito legislativo, a
continuación se presenta un resumen de los trabajos realizados desde la
Cámara de Diputados en el tema a partir de la LIX hasta la LXI Legislatura.
LIX Legislatura
En la LIX Legislatura se presento una iniciativa para reformar el artículo 18 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que
las mujeres deben compurgar sus penas en lugares separados, con las
consideraciones propias y especiales que los destinados a los hombres para tal
efecto.56
LX Legislatura En la LX Legislatura se presentaron 5 iniciativas, las cuales se encuentran
pendientes de dictaminar:
‐ Dos iniciativas que reforman la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para establecer que el sistema penitenciario se debe
organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos;57
‐ Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley General de Salud, para
enlistar una serie de principios que deben orientar y caracterizar al
sistema penitenciario;58
‐ Iniciativa que reforma las Leyes Orgánica de la Administración Pública
Federal, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social
de Sentenciados, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños
56 Gaceta Parlamentaria, número 1735-II, martes 19 de abril de 2005. (1539) 57 Gaceta Parlamentaria, número 2492-V, jueves 24 de abril de 2008. (1646)/ Gaceta Parlamentaria, número 2492-III, jueves 24 de abril de 2008. (1651). 58 Gaceta Parlamentaria, número 2460-I, jueves 6 de marzo de 2008. (1675)
79
y Adolescentes, la cual comprende el bienestar en salud y educación de
las hijas e hijos de las internas en los centros de readaptación social o
en su caso en las instituciones educativas correspondientes; y establece
que independientemente de que la madre se encuentre recluida en
algún centro de readaptación social, las niñas, niños tienen el derecho
de vivir con ella,59e
‐ Iniciativa que reforma los artículos 6o. de la Ley que establece las
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer
que las mujeres privadas de su libertad deben contar con la
infraestructura necesaria para el cuidado de sus hijos que permanezcan
con ellas así como para el desarrollo de actividades y capacitación que
responda a las circunstancias y necesidades para las mujeres y
menores, y el personal capacitado para brindar la atención necesaria.60
LXI Legislatura
En la LXI Legislatura se han presentado 3 iniciativas, de las cuales 2 se
encuentran aprobadas y una se encuentra pendiente de dictaminar:
Las dos iniciativas que se encuentran aprobadas, son las siguientes:
‐ Iniciativa que reforma los artículos 3 y 6 de la Ley que establece las
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para
asegurar el interés superior de las niñas y niños cuyas madres se
encuentran recluidas dotándolos de los servicios necesarios que
garanticen su desarrollo integral,61e
‐ Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a fin de que en
los Ceresos se brinden servicios ginecológicos integrales
especializados.62
59 Gaceta Parlamentaria, número 2471-II, miércoles 26 de marzo de 2008. (1708) 60 Gaceta Parlamentaria, número 2599-II, jueves 25 de septiembre de 2008. (2116) 61 Gaceta Parlamentaria, número 2960-II, martes 2 de marzo de 2010. (597) 62 Gaceta Parlamentaria, número 2983-II, miércoles 7 de abril de 2010. (751)
80
Y se encuentra pendiente de dictaminar una Minuta de la Cámara de
Senadores, por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título
Primero, y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 18, para establecer que el
sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los
derechos humanos.63
63 Gaceta Parlamentaria, número 2987-I, martes 13 de abril de 2010. (789)
81
Breves comentarios
De manera general se observa que son muchos los factores que influyen en la
violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de
manera específica a las mujeres.
Existen datos reveladores que evidencian esta realidad entre ellos los
producidos por el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CDHDF. A
manera de ejemplo señalaremos los siguientes:
De las 28 recomendaciones que emitió la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal durante el 2009, 19 estaban relacionadas con el sistema
penitenciario.
De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2009
un total de 17 personas murieron en actos violentos dentro de las cárceles; dos
fueron violadas y decenas de adolescentes y mujeres fueron agredidos por el
Grupo Táctico Tiburón, del personal penitenciario.
La Recomendación no. 19 fue emitida por el caso de “tortura, así como tratos
crueles, inhumanos y degradantes inflingidas a internas e internos adultos y
adolescentes de los Centros de Reclusión del Distrito Federal,” consistente en
ocho casos en los que se evidenció malos tratos en los que se involucran
decenas de agraviados y agraviadas, y en los cuales se violaron los siguientes
derechos humanos:
- Derecho a la integridad personal, a no ser sometido a cualquier tipo de
tortura;
- Derecho a la integridad personal, a no ser sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes;
- Derecho a la integridad personal, uso desproporcionado o indebido de la
fuerza;
82
- Derechos de las personas privadas de su libertad, abstención u omisión
de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de la
persona privada de su libertad, y
- Derechos de la niñez, obstaculización o negativa para la protección de la
integridad física o psicológica del niño o la niña.
En dicha recomendación, se menciona que estas acciones “hacen evidente la
doble victimización por parte de los servidores públicos, primeramente al usar
excesivamente la fuerza contra las y los internos, y en segundo lugar, cuando
en lugar de protegerlos, omiten la responsabilidad de implementar medidas
afirmativas que favorezcan a esta población.”
Entre las recomendaciones emitidas por el organismo se destacan las
siguientes:
- Que se lleve a cabo un censo de las personas privadas de su libertad
que fueron víctimas de agresiones físicas y/o psicológicas con el propósito de
llevar a cabo un diagnóstico individualizado de cada persona interna
agraviada que permita determinar el tratamiento médico y psicoterapéutico
más adecuado con el objeto de lograr su rehabilitación;
- La realización de acciones necesarias para que se le brinde la atención
médica y psicológica a la persona interna que haya sido vulnerada en su
derecho a la integridad física y emocional;
- La capacitación al personal de Seguridad y Custodia, por lo menos una
vez al año en materia de Derechos Humanos y en el uso racional de la
fuerza, y
- La prohibición del “Grupo Táctico Tiburón” en los casos donde existan
contingencias al interior de los centros de mujeres y adolescentes,
Aunado a lo anterior la Comisión registro un total de 2138 recomendaciones
por violaciones a derechos humanos en agravio de las personas privadas de
su libertad entre las que se encuentran las siguientes:
83
Número de
quejas
Garantía violentada
212 omisión por parte del personal de Custodia de los procedimientos que deben
observar para salvaguardar la integridad física de las y los internos 109 por aislamiento o incomunicación 112 por negativa, restricción u obstaculización de la visita familiar; 95 sobre negativa o
abstención a proporcionar una respuesta adecuada, fundada y motivada a la
petición de libertad anticipada 112 menciones por negativa u obstaculización de otorgar la libertad personal por
compurgamiento de sentencia 59 por negativa, restricción u obstaculización para otorgar a las y los internos una
estancia digna 37 por deficiencia o restricción de los alimentos 33 por insalubridad 390 relacionadas a la negativa, retraso u obstaculización de atención médica 348 Por agresiones que reciben las personas privadas de su libertad por elementos de
Seguridad y Custodia, como parte de una práctica de uso desproporcionado o
indebido de la fuerza, tratos crueles, inhumanos o degradantes 395 Por violación a la seguridad jurídica, omisión de observar la ley o normatividad
aplicable al caso y por la falta o deficiencias en la fundamentación o motivación
respecto la actuación del Consejo Técnico Interdisciplinario
En este documento se pudo observar algunas de las realidades que existen en
cuanto a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de su
libertad, situaciones que serán desarrolladas a profundidad en la próxima
entrega de este documento de investigación.
84
Referencias - Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, (2006) Mujeres Privadas de Libertad. Informe Regional: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Bolivia -CDHDF (2009). Balance de temas relevantes en el Distrito Federal en materia de derechos humanos. México DF. -CDHDF (2009). Diagnóstico Interinstitucional del Sistema Penitenciario. Recuperado línea en el mes de junio del 2010 de la página web: http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=diag_present -CIDH (2007). Recuperado de la página web: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf -De Pina, R. (1993) Diccionario de Derecho, México: Porrúa. -IIDH, (2008). Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano. -ILANUD. (1996). Las Mujeres Privadas de Libertad en El Salvador y el respeto a sus derechos humanos, consultado el 10 de junio del 2009 en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN029957.pdf. -Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2007) Estadísticas Judiciales en Materia Penal. -SSP (2010). Tercer Informe de Labores, Secretaria de Seguridad Pública. Recuperado en el mes de Junio del 2010 de la página web: http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/550126 Instrumentos nacionales
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Código Penal Federal
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
- Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Ley General de Salud
- Código Federal de Procedimientos Penales
- Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
- Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social Instrumentos internacionales
- Declaración Universal de los Derechos Humanos - Pacto Internacional de Derechos, Civiles y Políticos
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
85
- Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Tokio) - Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes - Principios básicos para el tratamiento de los reclusos - Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión
- Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
- Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Ámbito Regional
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre - Convención Americana sobre Derechos Humanos
86
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
CEAMEG
Cámara de Diputados LXI Legislatura
2010
www3.diputados.gob.mx/camara/CEAMEG [email protected] / 50-36-00-00 Ext. 59218
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Dip. Mirna Lucrecia Camacho Pedrero Presidenta
Dip. María Elena Pérez de Tejada Romero Dip. O. Magdalena Torres Abarca
Secretarias
Dip. Jaime Fernando Cárdenas Gracia Dip. Margarita Gallegos Soto
Dip. Diva Hadamira Gastélum Bajo Dip. Marcela Guerra Castillo Dip. Elvia Hernández García
Dip. Elsa María Martínez Peña Dip. Juan Carlos Natale López
Dip. Adela Robles Morales Dip. Enoé Margarita Uranga Muñoz
Integrantes
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género
Mtra. María de los Ángeles Corte Ríos Directora General
Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca Encargada de Despacho de la Dirección de Estudios Jurídicos de los
Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad de Género
Mtra. Adriana Medina Espino Directora Interina de la Dirección de Estudios Sociales de la Posición y Condición de las Mujeres y la Equidad de Género
Mtra. Nuria Gabriela Hernández Abarca Elaboró
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