LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (I) - jmgaleja · Actos de la Administración General del Estado....

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OBJETIVOS DE LA UNIDAD

1. Actos de la Administración General del Estado. Introducción

2. Concepto de acto administrativo

3. Elementos del acto administrativo

3.1. Elemento subjetivo 3.2. Elemento objetivo: contenido del acto administrativo

3.2.1. El contenido natural 3.2.2. El contenido implícito 3.2.3. El contenido eventual o accidental

3.3. Elemento causal 3.4. Elementoteleológico:elfindelactoadministrativo

4. La forma del acto administrativo

4.1. Forma de integración 4.2. Forma de exteriorización

5. La motivación de los actos administrativos

6. La comunicación de los actos administrativos

6.1. Notificación(arts.58y59delaLRJPAC)

6.1.1. Actosquesenotifican

UNIDADDIDÁCTICA

5 LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS (I)

Sumario │"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

DERECHO ADMINISTRATIVO

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6.1.2. Plazoycontenidodelanotificación 6.1.3. Formaylugardondesenotifica 6.1.4. Naturalezadelanotificación

6.2. Publicación(art.60delaLRJPAC)

CONCEPTOSBÁSICOSARETENER

ACTIVIDADESDEAUTOCOMPROBACIÓN

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS

│ Sumario"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

R. Jiménez Zúñiga Los actos administrativos (I)


OBJETIVOS DE LA UNIDAD

La vida en sociedad supone una continua relación entre la Administración y el administrado, por lo que la actividad administrativa representa una parcela del derecho de extraordinaria importancia por su continua presencia en nuestras vidas. La Adminis-tración del Estado cuenta con una serie de instrumentos jurídicos a través de los cuales se afectan los derechos de terceros (administrados-sujetos pasivos), y se relaciona con estos, de manera que resulta fundamental precisar el concepto de uno de dichos instru-mentos, a saber, el acto administrativo y delimitar su extensión, así como los requisitos del mismo. Por ello en las próximas tres Unidades didácticas, se pretende dar una ima-gen clara de la teoría del acto administrativo, donde el alumno deberá reconocer cuándo se está en presencia de un acto de la Administración pública y los elementos que deben estar siempre presentes en el mismo para que despliegue todos sus efectos jurídicos. En esta Unidad, además, se conocerá qué actos de la Administración deben estar motivados y cómo se comunican los mismos al administrado.




1. ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. INTRODUCCIÓN

El acto jurídico es la principal categoría del concepto general de hecho jurídico y puede ser definido con Ennecerus como:

«La realización querida o al menos consentida de un resultado exterior, que produce, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, efectos jurídicos.»

Cuando tales actos sean imputables a la Administración tendremos el acto jurídico de la Administración.

En términos generales, puede hablarse de dos grandes categorías de actos jurídicos de la Administración pública:

• Los actos de la Administración sometidos al derecho común. Cuando la Administración no actúa como tal sujeta a su régimen especial y en ejerci-cio de una potestad administrativa, sino como cualquier otro sujeto de dere-cho, sus actos no son administrativos, sino civiles, mercantiles, laborales, etc., según el derecho a que estén sujetos.

• Los actos de la Administración sometidos al derecho administrativo. Son los auténticos actos administrativos. Son los actos jurídicos de la función administrativa.

Sobre la base de la distinción apuntada, cabe entonces preguntarse: ¿cuál es el cri-terio de nuestro derecho positivo para distinguir las dos categorías de actos de la Admi-nistración a que nos venimos refiriendo?

Para contestar a esta pregunta habrá que estar a lo que se deduzca en cada caso del tipo de acto realizado por la Administración pública, si bien resulta posible referirse a las categorías siguientes:

• Actos y contratos que la Administración realiza como persona jurídica pri-vada. Aparecen en aquellos casos en que la Administración se relaciona




con los particulares utilizando los mismos medios jurídicos que estos y sin pretender en ningún momento (como requiere lo jurídico-administrativo) ejecutar una ley en un caso concreto. En estos casos la Administración com-pra o arrienda los objetos y locales que necesita para sus fines, sin que tales negocios jurídicos ofrezcan ninguna peculiaridad respecto de los realizados por particulares.

• Actos administrativos con efectos jurídico-privados. La existencia de actos emanados de órganos administrativos con efectos inmediatos sobre el estado civil de las personas o sobre derechos civiles en general fue ya, desde hace años, puesta de manifiesto por la doctrina. A estos hay que añadir otras mani-festaciones más recientes de la actividad administrativa, cuyo resultado es la constitución o el condicionamiento de relaciones jurídicas entre particu-lares, y que es la consecuencia de la sustitución progresiva que en amplias zonas se viene realizando del principio de la autonomía de la voluntad por normas de derecho impositivo (ius cogens).

En orden al problema que estamos tratando, la cuestión se reduce a saber si los actos de referencia están sometidos o no al régimen de los actos administrativos.

Por lo que se refiere al primer grupo de actos –es decir, a los integrados en los que la doctrina llama la Administración pública de derecho privado–, nuestra opinión es que no pueden estar sometidos al régimen de fiscalización de los actos administra-tivos y que la jurisdicción contencioso-administrativa es, por consiguiente, incompe-tente, dado que, por lo general, no producen lesión de derechos administrativos de los particulares.

En cambio, por lo que se refiere a actos administrativos que presuponen o constitu-yen relaciones jurídicas entre particulares, la solución debe ser diversa. Cuando un acto administrativo concede a un particular un derecho frente a otro particular, impone a este último la correspondiente obligación respecto del primero, creando entre ellos una rela-ción jurídica propia y verdadera. Esta relación entre particulares es de derecho privado por la razón obvia de que toda relación entre particulares tiene tal carácter jurídico.

Pero, en cambio, hay también una relación jurídico-pública que puede surgir pre-cisamente entre uno de esos particulares y la Administración, sobre la base del acto administrativo constitutivo de la relación. Puede, por consiguiente, afirmarse que por consecuencia del acto se producen dos relaciones diversas: una, entre la Administración y un particular; otra, entre este particular y un tercero. El acto administrativo es único en su naturaleza, pero doble en sus efectos.




2. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO

Según la clásica definición de Zanobini: «Es acto administrativo cualquier decla-ración de voluntad, de deseo, de juicio o de conocimiento, realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa», distinta de la potestad reglamentaria, añade García de Enterría, para quien acto administrativo y reglamento son instrumentos jurídicos distintos.

Precisiones

Desglosemos la definición dada de acto administrativo para su mejor compren-sión. Así:

• Expresióndeunsimplejuicioestodoactoconsultivo(arts.82y83delaLRJPAC),ouninforme,ounarendicióndecuentas,olosactosdeinterven-ciónyfiscalizaciónfinancierarealizadosporlaIntervenciónGeneraldelaAdministracióndelEstado(arts.92ysiguientesdelaLGP),resoluciónderecursosopeticiones,actosdeaprobaciónengeneral,actividaddisciplina-riaosancionatoria,etc.

• Sonexpresionesdedeseolaspropuestasolaspeticionesdeunórgano(odeunente)aotro.

• Manifestacionesdeconocimientosonlosactoscertificantes,losdiligencia-mientos,anotacionesoregistracionesdetítulos,documentos,actosotrá-mitesyellevantamientodeactasolareferenciadeórdenesverbalesolosactosdeinformaciónodecomunicación(arts.58ysiguientesdelaLRJPAC).

Hay que recalcar que para un sector de la doctrina (González Pérez y García de Enterría), las disposiciones reglamentarias no son actos administrativos, pues no son expresión de la función administrativa sino de la función normativa de la Administra-ción. La distinción se basa en un criterio ordinamentalista en cuanto que los reglamen-tos forman parte del ordenamiento jurídico, mientras que los actos administrativos no.

Precisiones

Losactosadministrativossecaracterizanprecisamenteporoposiciónalasdispo-sicionesgeneralesdelasiguienteforma:

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• Seagotanensupropiocumplimiento,sinperjuiciodelaprolongacióneneltiempodesusefectos,inclusoindefinidamente;esdecir,tienencarácterconsuntivo.

• Sesometenarecursoadministrativo,ensucaso.

• Estánsujetosanotificación,noapublicación,salvoexcepciones.

• Losefectosdelassentenciasestimatoriasderecursosjurisdiccionalescon-traellosselimitanalcasoconcreto,sinperjuiciodeque,enciertoscasos,quepalaextensióndelaejecución(art.110delaLey29/1998,deJurisdic-ciónContencioso-Administrativa,enadelante,LJCA).

• Noseplantearespectodeelloselproblemadeladispensasubjetiva.

• Laomisióndeltrámitedeaudienciaenelprocedimientoadministrativodelqueresultannoproducenecesariamentelainvalidez.

• Admitenformaoralyescrita,mientrasquelasdisposicionesgeneralessonnecesariamenteescritas.

Por último, cabe indicar que el concepto de acto administrativo también puede deli-mitarse negativamente. Así, quedan excluidos del concepto de acto administrativo, ade-más del reglamento por las razones apuntadas:

• Las meras operaciones materiales realizadas por la Administración, ya que si bien indirectamente pueden producir efectos jurídicos, tales efectos no derivan de ellos de forma directa. Por ejemplo, el deber de indemnizar per-juicios causados.

• Los actos sometidos al régimen jurídico privado, que están sometidos por su naturaleza a la jurisdicción ordinaria (art. 3 de la LJCA).

• Los actos no emanados de la Administración sensu stricto, esto es:

– Los «actos políticos de gobierno», que no son actos administrativos en sentido estricto, lo cual no quiere decir, sin embargo, que no sean fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa [véanse arts. 2 a) de la LJCA y 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno].

– Los actos materialmente ejecutivos dictados por los poderes legisla-tivo y judicial.

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– Los actos de los administrados, aunque produzcan efectos jurídicos conforme a derecho administrativo. Por ejemplo, la toma de posesión de un funcionario.

3. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

González Pérez define los elementos o requisitos del acto administrativo como «aquellas circunstancias o conjunto de circunstancias que deben darse en un acto para que produzca todos sus efectos», es decir, para que el acto no resulte inválido, o válido pero irregular.

Se suelen mencionar como elementos del acto administrativo: el sujeto, objeto, causa, fin y forma.

3.1. ELEMENTO SUBJETIVO

Por definición, el acto administrativo debe ser dictado por un sujeto de la Admi-nistración pública. Se entiende a los efectos de esta ley por Administraciones públicas:

• La Administración General del Estado.

• Las Administraciones de las comunidades autónomas.

• Las entidades que integran la Administración local.

Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas tendrán asimismo la consi-deración de Administración pública. Estas entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.

Precisiones

Excepcionalmente,seconsideranactosadministrativoslosque,siendomaterialmentetales,provienendeinstanciasuorganizacionesexternasalconceptodeadministración

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[arts.58delaLeyOrgánicadelPoderJudicial(enadelante,LOPJ)y12.1delaLJCA],fundamentalmenteórganosconstitucionales(TribunalConstitucional,ConsejoGeneraldelPoderJudicial,elCongreso,elSenado,lasAsambleaslegislativasdelascomuni-dadesautónomas).Respectodelacasareal,sereconoceelcarácteradministrativodelosactosdeadministraciónygestióndelamisma,enaplicacióndesuestatuto.

Igualmente,elconceptodeadministraciónincluyealaUniónEuropea,yaquecabelaposibilidaddequesusinstituciones(normalmente,laComisión)tomendecisionesoadoptenactos,enejerciciodepoderesdeejecucióndenaturalezaadministrativa,comoporejemplosancionesporinfraccióndenormascomunitariasenmateriadelibrecompe-tenciaosancionesaEstadosporincumplimientodeobligacionesasumidas.Talesactua-cionessonverdaderosactosadministrativoscondestinatariosalosEstadosoapersonasfísicasojurídicasparticulares,quienespuedeninterponerelcorrespondienterecurso.

Ahora bien, los distintos sujetos de la Administración pública actúan a su vez a través de «órganos» y en este punto es donde se sitúa y aparece el requisito de la «competencia», pues para la validez del acto administrativo, es necesario que el mismo emane de un órgano que tenga competencia para ello. Así, según el artículo 53 de la LRJPAC, «los actos administrativos se producirán por el órgano competente». Se distinguen tres tipos de competencia:

• Competencia territorial: o por razón del territorio (autonómicas, provincia-les, comarcales, etc.).

• Competencia funcional: o por razón de la materia.

• Competencia jerárquica: o por razón del grado. En función de la jerarquía de los órganos, esos asuntos se reparten; lo que lleva, generalmente, a atri-buir los asuntos más importantes a los órganos superiores y los de menor importancia a los órganos inferiores –los inferiores no pueden invadir la esfera de competencia de los superiores–.

La consecuencia que deriva de la vulneración del requisito de la competencia en orden a la validez del acto administrativo así dictado (por «órgano incompetente») es distinta según el tipo o grado de «incompetencia» con que ha actuado el órgano. Así:

• Se considera «incompetencia absoluta» la vulneración de las competencias territorial y funcional, de modo que los actos administrativos dictados por órganos no competentes para ello, sea por razón del límite territorial de su

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actuación, sea por la materia misma del acto, adolecen de «nulidad abso-luta»: son radicalmente nulos o «nulos de pleno derecho».

• Por el contrario, los autores suelen entender que la violación de la «compe-tencia jerárquica» supone mera «incompetencia relativa» y, en consecuen-cia, los actos dictados por órganos así incompetentes no son nulos de pleno derecho, sino actos «relativamente nulos o anulables».

Por otro lado, la LRJPAC establece en sus artículos 12 y siguientes una serie de nor-mas generales sobre la competencia de los órganos administrativos. Entre ellas destacan:

• La irrenunciabilidad de la competencia (art. 12.1).

• La posibilidad de desconcentrar competencias (art. 12.2).

• La determinación del órgano competente en cada caso.

Precisiones

Respectodeladeterminacióndelórganocompetente,tienequeserefectodeunadeclaraciónnormativa,deuntítulonormativohabilitantedelaactuacióndeunaAdministraciónpública,ydentrodeella,deunórgano.Entodocasolaasigna-cióndecompetencianopuedeserambiguaoimprecisaporimpedirloelprincipiodelegalidad.SiseatribuyecompetenciaaunaAdministración,sinespecificarelórganoquedebeejercerla,seentenderáquelafacultaddeinstruiryresolverlosexpedientescorrespondealosórganosinferiorescompetentesporrazóndelamateriaydelterritorio,y,deexistirvariosdeestos,alsuperiorjerárquicocomún.Ningunaautoridadadministrativapuederealizarunactoválidodepoderesqueellamismasehayaotorgado.Noesposiblelaautoatribucióndecompetencias.

• La posibilidad de delegación de competencias (art. 13).

3.2.ELEMENTOOBJETIVO:CONTENIDODELACTOADMINISTRA-TIVO

El contenido es la declaración de conocimiento, voluntad o juicio en que el acto consiste. Se identifica así con el objeto del acto y en razón de él un acto admi-




nistrativo se diferencia sustancialmente de otro. Algunos autores (Royo Villanova, Fragola) identifican objeto y contenido, nociones análogas que indican la sustancia del acto jurídico.

Precisiones

Entendemosporcontenidouobjetodelactoadministrativoelefectoprácticoquecondichoactosepretendeobtener:nombramientodeunfuncionario,imposicióndeunamulta,requisadeunvehículo,etc.

Se distinguen tres partes en el contenido del acto administrativo:

3.2.1. El contenido natural

Es el que necesariamente forma parte del acto administrativo y sirve para individua-lizarlo respecto de los demás. También se le llama contenido esencial porque no puede faltar sin que el acto se desvirtúe.

EJEMPLO 1

CuandosehabladeexpropiacióntodossabemosqueserefierealatransferenciacoactivadelapropiedaddelparticularhacialaAdministración.Lalicenciaparaedificardeberácontener una declaración facultando para realizar la obra; en el caso contrario, no puede decirse que se ha otorgado dicha licencia.

3.2.2. El contenido implícito

Se refiere a aquellas cláusulas no expresas, pero que hay que entender inclui-das en el acto porque el ordenamiento jurídico las supone en todos los de la misma especie.




EJEMPLO 2

Así la indemnización o justiprecio en la expropiación, o el derecho a sueldo en el nombra-miento de un funcionario.

3.2.3. El contenido eventual o accidental

Es el integrado por aquellas cláusulas que el órgano administrativo puede introdu-cir en el acto, dirigidas a modificar, generalmente restringiendo sus efectos, el contenido esencial del acto. Estas son las cláusulas accesorias del acto jurídico; en particular, la condición, el término y el modo.

• Condición. Se subordina el comienzo o la cesación de los efectos de un acto al cumplimiento de un suceso fortuito o incierto. En el primer caso se habla de condición suspensiva y en el segundo de condición resolutoria.

EJEMPLO 3

Ejemplo de condición son las autorizaciones condicionadas a la acreditación en plazo determinadodeciertorequisito,quedandoensudefectoautomáticamentedenegadaslas correspondientes solicitudes, sin necesidad de evacuar pronunciamiento expreso en este sentido.

• Término. Es el momento, ordinariamente un día determinado, a partir del cual debe comenzar o cesar la eficacia del acto. El momento en que el acto administrativo adquiere eficacia es aquel en que alcanza la perfección y la expresión de un término distinto sirve para que el acto despliegue sus efec-tos en un momento anterior o posterior (ejemplo, el ascenso de un funcio-nario con efecto retroactivo en que se produjo la vacante). El término final significa que los efectos del acto terminan en el momento previsto.




• Modo. Consiste en una carga impuesta a la persona a favor de la cual se dicta el acto administrativo.

EJEMPLO 4

Seconcedeunalicenciadeconstrucciónconlacondicióndequehabrádeconstruirseunaparcamientosubterráneo.

En resumen, puede decirse que lo característico de las cláusulas accesorias o elemen-tos accidentales del acto administrativo estriba en que, como resultado de su inserción, los efectos jurídicos del acto son más limitados o más extensos de los que normalmente hubiere producido.

El contenido del acto administrativo deberá ser, según el artículo 53 de la LRJPAC, determinado y adecuado a los fines de aquellos. Pero además se exigen otros dos requisitos:

• Posible. Es preciso que la conducta que constituye el objeto del acto admi-nistrativo sea de posible realización. El acto de contenido imposible es nulo de pleno derecho [art. 62.1 c) de la LRJPAC].

• Lícito. Es decir, ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ya que según el apartado d) del artículo 62 de la LRJPAC, son nulos los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.

3.3. ELEMENTO CAUSAL

La causa constituye el porqué del acto, la razón que justifica que un acto adminis-trativo se dicte. De esta suerte, el presupuesto de hecho del acto se incorpora como ele-mento del mismo. Sin embargo, García de Enterría mantiene otra posición, pues para él la causa del acto es la adecuación del mismo a los fines propios de la potestad que se ejercita, fines específicos asignados por la norma a la potestad que se crea (el art. 53.2 de la LRJPAC dice que: «El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el orde-namiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos»).




La causa del acto administrativo, junto con el fin, se exteriorizan mediante la moti-vación del acto. Los motivos del acto administrativo están siempre, necesariamente, incorporados a la causa.

Precisiones

Seaplicaelprincipiosegúnelcual,cuandocesalacausa,cesanlosefectos;princi-piodelquehayaplicacionesimportantesennuestroderecho,talescomolareversiónexpropiatoria(arts.54y55delaLeydeExpropiaciónForzosa,enadelante,LEF),larevocacióndelicencias,oladevolucióndesubvencionesporincumplimientodelaactividadsubvencionada.

3.4.ELEMENTOTELEOLÓGICO:ELFINDELACTOADMINISTRA-TIVO

La Administración ha de someterse, en todo caso, a una especie de regla de con-ducta: la necesidad de perseguir el interés público en cada una de sus actuaciones. De ahí el gran acierto de la Constitución al determinar que los tribunales controlarán el some-timiento de la actuación administrativa «a los fines que la justifican» (art. 106.1 de la Constitución). Por esa vía el fin se erige en un nuevo elemento nada menos que de rango constitucional, del acto administrativo: este deberá encauzarse al logro de aquella fina-lidad que determinó el otorgamiento de la potestad ejercitada.

Precisiones

ConformealasentenciadelTribunalSupremo,de23deenerode2004,sirviendolaactuaciónadministrativaalinteréspúblicoqueleespropio,resultaindiferenteque,alavez,puedabeneficiarindirectamenteaunparticularoaparticularesconcretos.

Según Garrido Falla, así como el elemento causal se determina con la contestación a la pregunta «¿por qué?», el elemento fin del acto administrativo es la respuesta a la




pregunta «¿para qué?». Y así como la realización de actos de derecho privado por los particulares no responden a exigencias objetivas de la ley, sino a los motivos extrajurí-dicos que animan a cada sujeto, en cambio el acto administrativo se dirige siempre a una finalidad objetivamente determinada: el interés público o el interés del servicio público. En cada acto administrativo el fin viene dado, pues, por una especial manifestación del interés público.

EJEMPLO 5

Elfindelnombramientodeunfuncionarioesproveerunavacante;elfindeunasoposi-ciones,elegirelmásapto,etc.

Al separarse el acto de su elemento teleológico, estará viciado de «desviación de poder» (vicio legal que consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico: art. 70.2 de la LJCA), por ejemplo, una finalidad recaudatoria utilizando un poder de policía, supuesto muy normal en la jurisprudencia a propósito de las tasas municipales de inspección de aparatos e instalaciones industriales, inspección solo justificable por efectivas razones de seguridad y no con un fin fiscal. En este sentido el artículo 63.1 de la LRJPAC declara que son anulables los actos de la Administración que incurran en desviación de poder.

El acto administrativo, en cuanto ejercicio de una potestad, debe servir, necesaria-mente, a un fin, e incurrirá en vicio legal si se aparta de él o pretende servir para una finalidad distinta, aun cuando se trate de otra finalidad pública.

4. LA FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

En su acepción estricta la expresión «forma» se entiende referida al modo de decla-ración de una voluntad ya formada, actuando como medio de transporte de dicha volun-tad del campo psíquico al campo jurídico, a efectos de asegurar su prueba y de permitir el exacto conocimiento de su contenido. Con relación a los actos administrativos, la




expresión «forma» abarca el conjunto de formalidades y trámites a través de los cua-les la voluntad administrativa se configura; esto es, el procedimiento de formación de dicha voluntad.

En este sentido amplio, Garrido Falla distingue:

• La forma de integración de la voluntad administrativa o procedimiento administrativo.

• La forma de la declaración de la voluntad administrativa o forma de exteriorización.

4.1.FORMADEINTEGRACIÓN

La sumisión del actuar administrativo a un determinado procedimiento ha pasado a ser en nuestro derecho una exigencia constitucional [art. 105 c) de la Constitución]. El procedimiento sería un modo de producción de un acto por aplicación de normas jurí-dicas superiores a ese acto. El acto administrativo no puede ser producido de cualquier manera, a voluntad del titular del órgano a quien compete tal producción sino que ha de seguir para llegar al mismo un procedimiento determinado. El procedimiento es, por tanto, un cauce necesario para la producción de actos administrativos. Así, el artículo 53 de la LRJPAC dice: «Los actos administrativos se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido».

Por ejemplo, en supuestos en que el órgano que emite el acto es un órgano cole-giado, es decir, un órgano integrado por varias personas físicas, la ley señala los cauces y requisitos para llegar a la fusión de las distintas voluntades de los participantes que todos hemos oído: convocatoria, orden del día, forma de adopción de acuerdos por mayoría, etc.

4.2.FORMADEEXTERIORIZACIÓN

Tal y como establece el artículo 55 de la LRJPAC, los actos administrativos se pro-ducirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia. Es decir, como regla general, los actos administrativos se pro-ducirán o consignarán «por escrito». A veces, sin embargo, cuando su naturaleza o cir-cunstancia lo exijan o permitan otra forma de expresión o constancia, podrá emplearse la forma verbal e incluso la mímica.




EJEMPLO 6

Secitancomoejemplosdeformaverballasórdenesjerárquicasyalgunasórdenesexpe-didas por la policía de seguridad. Así ocurriría, por ejemplo, en la disolución de una reu-nión, mediante signos acústicos o visuales. Las señales de un guardia de la circulación ordenandoaunvehículogiraralaizquierda,porejemplo,constituyenmanifestacionesmímicas de un acto administrativo.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comu-nicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

Cuando el acto procede de determinados órganos, la forma escrita deberá adaptarse a unos «moldes» predeterminados en el ordenamiento jurídico, que constituyen el medio de jerarquizar los actos a que se aplica. Así, tratándose de la Administración del Estado:

• Adoptarán la forma de real decreto las disposiciones normativas del Con-sejo de Ministros y sus resoluciones, cuando así lo exija alguna disposición.

• Las disposiciones y resoluciones de los ministros adoptarán la forma de «Orden Ministerial» [art. 25 f) de la Ley 50/1997, del Gobierno].

Precisiones

Aunquelaleynofijaelcontenidoordinariodelaformaescritadelosactosadminis-trativos,unusomuyextendidosueleimponerparalosactosfinalesoresolutorioselsiguientecontenido,sinqueconstituyanpropiamenteensuconjuntounverda-derorequisitodevalidez:

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• Encabezamiento,conindicacióndelaautoridadqueemiteelacto.

• Preámbulo,quesuelereferirlosactospreparatorios(instancias,informes,propuestas)ylasnormaslegalesdecompetenciay,ensucaso,defondo,enqueelmismosefunda.

• Motivación,ensucaso.

• Partedispositivaoresoluciónpropiamentedicha,quehadecorresponderaloplanteadoporlaspartesyalosuscitadoporelexpediente.

• Lugar.

• Fecha.

• Firma.

La falta de «forma» establecida para la exteriorización de un acto administrativo debe considerarse como «vicio» de dicho acto, y en cuanto a las consecuencias que ello va a comportar, los autores entienden que si se trata de falta absoluta de forma se pro-duce la nulidad absoluta de dicho acto (propiamente no es que el acto sea nulo, sino que, en este caso, ni siquiera existe, pues no ha llegado a exteriorizarse). Cuando se trata de simple irregularidad (existe forma pero no todos los requisitos que se exijan), se produ-cirá una mera «anulabilidad» o nulidad relativa del acto.

Por otro lado, y en relación con la forma de los actos administrativos, se plantean otras dos cuestiones: la motivación y la comunicación.

5. LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Como requisito de forma de los actos administrativos, se ha impuesto en determi-nados casos la exigencia de expresar en el propio acto sus fundamentos, los motivos que lo justifican. Consiste concretamente en la explicación y enumeración de las razones que han llevado a la Administración a dictar el acto administrativo. Pensemos que no solo el poder ejecutivo debe motivar lo que hace. Las leyes tienen sus exposiciones de motivos y las sentencias son el ejemplo perfecto de un acto motivado.

Según la LRJPAC la motivación consiste en «una sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho». Pero el que sea breve, o lo más concisa posible, no implica

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que no haya de ser suficiente, no bastando formularios prestablecidos o la mera cita de los preceptos aplicados.

Precisiones

Síquebastarácomomotivaciónlaaceptacióndeinformesodictámenescuandoseacompañenoseincorporenaltextodelaresolución,yaquesípermiteconocercuálesfueronlascircunstanciasfácticasylasrazonesjurídicasenqueseapoyóladecisiónadministrativalitigiosa.

Es conveniente resaltar que la regla general en nuestro derecho es el carácter mera-mente facultativo de dicha «motivación», salvo en los supuestos expresamente señalados en el artículo 54.1 de la LRJPAC, conforme al cual serán motivados con sucinta referen-cia de hechos y fundamentos de derecho:

• Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. La fór-mula general es exigir la motivación siempre que se afecte negativamente a la esfera de los particulares. A este respecto, el Tribunal Supremo recoge que la falta de motivación afecta a la validez del acto, y establece que si es obligatorio en los casos que limitan derechos subjetivos, con mayor razón en los actos que los extinguen.

La Ley 30/1992 (LRJPAC) amplía considerablemente la exigencia de moti-vación, extendiéndola no solo a aquellos actos que afecten a derechos sub-jetivos sino también a los que lo hagan a «intereses legítimos», englobando, por consiguiente, cualquier expectativa legítima de un derecho o de una simple ventaja material o moral.

Sonejemplosdelosactosqueseconsideranlimitativosdederechosy,portanto,handesermotivados:

• Ladenegacióndeunaautorizaciónsolicitadaporelinteresado.

• Ladenegacióndeinclusióndeunafincaenelregistromunicipaldesolares.

• Eldespidodelpersonallaboral,etc.



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• Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de actos adminis-trativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

Es predicable, por tanto, de todos aquellos casos en que la Administración resuelve sobre la reclamación de un particular debiendo pronunciarse expre-samente sobre los vicios, si existieran o no, imputados a los actos. También lo es cuando la Administración decide, de oficio, revisar un acto.

• Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

Precisiones

Larazónúltimadelpreceptoesimpedirunaarbitrariedadencubierta.Laleyleobligaasolicitardictamen(informepreceptivo),apedirunasegundaopiniónaórganoscualificadosantesdedictarresolución,peronoleobligaaseguirlo,aunquesíamotivarelactosinolosigue.

• Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de la LRJPAC.

El fundamento radica en la excepcionalidad que la suspensión supone frente al principio general de ejecutividad. Siempre que se haga un trámite no habi-tual hay que motivar.

• Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

El fundamento aquí también radica en la excepcionalidad o la excepción a los principios generales del procedimiento en el caso de ampliación de pla-zos o reducción de los mismos.

• Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dis-pongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte (art. 54.2 de la LRJPAC).




Precisiones

Examinándolascondetalle,vemosquehaymuypocasocasionesenquelaacti-vidadadministrativanodebaserfundamentada.Solamenteconlosapartadosa)«actosquelimitenderechossubjetivosointereseslegítimos»yf)«losquesedictenenejerciciodepotestadesdiscrecionales»seabarcamásdel90%delosactosqueconvienealosciudadanosqueseanmotivados.

6. LA COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Para que los actos que afecten a los derechos e intereses de los particulares sean jurídicamente eficaces frente a los mismos es necesario que se les comunique.

La comunicación es el medio de llevar a conocimiento de los administrados el con-tenido de los actos administrativos. La LRJPAC distingue dos formas de comunicar los actos: la notificación y la publicación. La primera se utiliza cuando el acto se dirige a una persona o a un conjunto de personas determinadas. La segunda cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

De ambas vamos a ocuparnos a continuación.

6.1.NOTIFICACIÓN(ARTS.58Y59DELALRJPAC)

6.1.1. Actos que se notifican

Habrán de notificarse a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses (art. 58.1).

6.1.2. Plazo y contenido de la notificación

La notificación deberá ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recur-




sos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponer-los, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente (art. 58.2).

Las notificaciones que no contengan los requisitos señalados no producirán sus efectos propios.

Precisiones

Elpárrafo3delmismoartículo58prevélasubsanacióndelasnotificacionesdefec-tuosasalestablecerque:

«Lasnotificacionesqueconteniendoeltextoíntegrodelactoomitie-senalgunodelosdemásrequisitosprevistosenelapartadoanteriorsurtiránefectoapartirdelafechaenqueelinteresadorealiceactuacionesquesupon-ganelconocimientodelcontenidoyalcancedelaresoluciónoactoobjetodelanotificaciónoresolución,ointerpongacualquierrecursoqueproceda.»

A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debi-damente acreditado (art. 58.4).

Precisiones

ConformealaSentenciadelTribunalSupremo,de17denoviembrede2003(BOEde5deenerode2004),quefijadoctrinaenrelaciónconelartículo58.4,estableceque:elinciso«intentodenotificacióndebidamenteacreditado»queempleaelartículo58.4delaLRJPAC,serefierealintentodenotificaciónpersonalporcualquierpro-cedimientoquecumplaconlasexigenciaslegalescontempladasenelartículo59.1delaLey30/1992,peroqueresulteinfructuosoporcualquiercircunstanciayquequededebidamenteacreditado.Deestamanera,bastaráparaentenderconclusounprocedimientoadministrativodentrodelplazomáximoquelaleyleasigne,enaplica-cióndelreferidoartículo58.4delaLRJPAC,elintentodenotificaciónporcualquiermediolegalmenteadmisiblesegúnlostérminosdelartículo59delaLRJPAC,yquesepractiquecontodaslasgarantíaslegalesaunqueresultefrustradofinalmente,ysiemprequequededebidaconstanciadelmismoenelexpediente.

.../...




Enrelaciónconlaprácticadelanotificaciónpormediodecorreocertificadoconacusederecibo,elintentodenotificaciónquedaculminado,alosefectosdelar-tículo58.4delaLRJPAC,enelmomentoenquelaAdministraciónrecibaladevolu-cióndelenvío,pornohaberselogradopracticarlanotificación,siemprequequedeconstanciadeelloenelexpediente.

6.1.3. Forma y lugar donde se notifica

Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación efectuada se incor-porará al expediente (art. 59.1).

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practi-cará en el lugar que este haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dis-puesto en el anterior párrafo.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes (art. 59.2).

Precisiones

ConformealaSentenciadelTribunalSupremode28deoctubrede2004(BOEde27dediciembre),laexpresión«enunahoradistinta»contenidaenelartículo59.2delaLRJPACdeterminalavalidezdecualquiernotificaciónqueguardeunadife-renciadealmenossesentaminutosalahoraenquesepracticóelprimerintentodenotificación.

.../...




Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación admi-nistrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento (art. 59.4).

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el artículo 59.1, o bien intentada la notifi-cación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el BOE.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Con-sulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación com-plementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el BOE (art. 59.5).

Conforme al artículo 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las Administraciones públicas crearán regis-tros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones.

Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se reque-rirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de que conforme a al artículo 27.6 de la Ley 11/2007, regla-mentariamente, las Administraciones públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

Precisiones

Elsistemadenotificaciónelectrónicopermitiráacreditarlafechayhoraenqueseproduzcalapuestaadisposicióndelinteresadodelactoobjetodenotificación,así

.../...




comoladeaccesoasucontenido,momentoapartirdelcuallanotificaciónseenten-derápracticadaatodoslosefectoslegales.

Cuando,existiendoconstanciadelapuestaadisposicióntranscurrieran10díasnaturalessinqueseaccedaasucontenido,seentenderáquelanotificaciónhasidorechazada,yportantosetendráporefectuadoeltrámitesiguiéndoseelprocedi-miento,salvoquedeoficiooainstanciadeldestinatariosecompruebelaimposibi-lidadtécnicaomaterialdelacceso.

Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios elec-trónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la LRJPAC, excepto en los casos en los que, reglamentariamente, las Administraciones públicas puedan establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos.

Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electró-nico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso (art. 28 de la Ley 11/2007).

6.1.4. Naturaleza de la notificación

Sobre la naturaleza de la notificación podemos decir que no forma parte del acto, sino que es un nuevo acto, condicionante de la eficacia de los actos administrativos que afecten directamente a los administrados. Por eso, el acto no notificado válidamente (refiriéndonos siempre a los actos administrativos concretos o no normativos, pues los normativos no requieren notificación, sino publicación) no produce efectos, aunque esta regla debe matizarse:

• Si la notificación contiene el texto íntegro del acto y omite lo relativo a los recursos, el acto será eficaz, pero no comenzará el cómputo de los plazos para recurrir.

• Si se indica un recurso inapropiado y este es ejercitado por el interesado, conservará siempre su derecho a interponer el recurso pertinente, porque el error administrativo no debe perjudicarle.

.../...




• La infracción del plazo de 10 días para efectuar la notificación constituye una mera irregularidad de la misma, que no afecta a su validez (art. 63.3 de la LRJPAC).

6.2.PUBLICACIÓN(ART.60DELALRJPAC)

La publicación es la forma normal de comunicar los actos administrativos que ten-gan por destinatarios a una pluralidad indeterminada de sujetos.

Según el artículo 60 de la LRJPAC:

«Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo esta-blezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.»

Por su parte, el apartado 6 del artículo 59 añade dos casos en que la Administra-ción puede utilizar la publicación como medio de comunicar los actos administrativos, al señalar que la publicación sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:

• Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada.

• Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de con-currencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medio de comunica-ción donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.

Por lo demás, la publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el apartado 2 del artículo 58 de la ley exige respecto del contenido las notificaciones; siendo también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo respecto de las notificaciones defectuosas (art. 60.2).

Finalmente, en los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificán-dose solamente los aspectos individuales de cada acto (art. 60.2 in fine).




CONCEPTOS BÁSICOS A RETENER

• Es acto administrativo cualquier declaración de voluntad, de deseo, de jui-cio o de conocimiento realizada por un sujeto de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa.

• Se suelen mencionar como elementos del acto administrativo: sujeto, objeto, causa, fin y forma.

• Para la validez del acto administrativo es necesario que el mismo emane de un órgano que tenga competencia para ello.

• Son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

• En cada acto administrativo el fin viene dado por una especial manifesta-ción del interés público.

• Desviación de poder es un vicio legal que consiste en el ejercicio de potes-tades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico.

• El acto administrativo no puede ser producido de cualquier manera, a volun-tad del titular del órgano a quien compete tal producción, sino que ha de seguir para llegar al mismo un procedimiento determinado.

• Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su natura-leza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

• La regla general en nuestro derecho es el carácter meramente facultativo de la «motivación de los actos administrativos», salvo en los supuestos expre-samente señalados en el artículo 54.1 de la LRJPAC.

• La motivación consiste concretamente en la explicación y enumeración de las razones que han llevado a la Administración a dictar el acto administrativo.

• La LRJPAC distingue dos formas de comunicar los actos: la notificación y la publicación. La primera se utiliza cuando el acto se dirige a una persona o a un conjunto de personas determinadas. La segunda, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.

• Habrán de notificarse a los interesados las resoluciones y actos administra-tivos que afecten a sus derechos e intereses.



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• Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización.

• La publicación es la forma normal de comunicar los actos administrativos que tengan por destinatarios a una pluralidad indeterminada de sujetos.

ACTIVIDADES DE AUTOCOMPROBACIÓN

A partir del contenido de la presente Unidad didáctica, se propone la realización de las siguientes actividades de autocomprobación por parte del alumno, como ejercicio general de repaso y asimilación de la información básica proporcionada por el texto.

Enunciado 1

¿Qué actos administrativos deben ser motivados conforme a la LRJPAC?

Enunciado 2

¿Qué forma exterior deben tener los actos administrativos conforme a la LRJPAC?

Enunciado 3

Práctica de la notificación de actos administrativos por medios electrónicos a los interesados individuales.

Enunciado 4

¿Cuántas veces se intenta la notificación de un acto administrativo para conside-rar que se ha realizado correctamente dicho intento y que la Administración pública de turno ha cumplido con su obligación de notificar?



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Solución 1

Serán motivados conforme al artículo 54.1 de la LRJPAC, con sucinta referencia de hecho y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de actos adminis-trativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de la LRJPAC.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

f) Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Solución 2

Conforme a la LRJPAC, los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comu-nicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.



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Solución 3

Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se reque-rirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se pro-duzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practi-cada a todos los efectos legales.

Cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran 10 días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada, lo que se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedi-miento, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

Durante la tramitación del procedimiento el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las actua-ciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso.

Solución 4

Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

COSCULLUELA MONTANER, L.: Manual de derecho administrativo, Madrid, Civitas, 2009.




GAMERO CASADO, E. y FERNÁNDEZ RAMOS, S.: Manual básico de derecho administrativo, Madrid, Tecnos, 2008.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R.: Curso de derecho administrativo I, Pamplona, Civitas, 2008.

Avanzada

ANDRÉS PÉREZ, M. R.: La notificación y publicación de los actos administrativos, Barcelona, Bosch, 2006.

BOCANEGRA SIERRA, R.: Lecciones sobre el acto administrativo, Madrid, Civitas, 2006.

PALOMAR OLMEDA, A.: «La actividad administrativa efectuada por medios electrónicos», en A propó-sito de la ley de acceso electrónico a las administraciones públicas, Pamplona, Aranzadi, 2007.


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