La Orden de Malta y Su Naturaleza Jurídica

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La Orden de Malta y su Naturaleza Jurídica Copyright © 1999 por Analítica.com http://www.Analítica.com, Mayo 1999 http://www.Analítica.com/vam/1999.05/sociedad/01.htm Magaly Arocha Primer Cónsul del Consulado General de Venezuela en Nápoles Algunos datos históricos La Orden de San Juan fue fundada antes de la toma de Jerusalén en 1099 por los ejércitos de la Primera Cruzada. Comenzó como una comunidad monástica dedicada a San Juan Bautista, que administraba un hospicio-enfermería para los peregrinos que iban a Tierra Santa. En sus inicios estuvo vinculada a los Benedictinos, y bajo el Beato Gerardo se convirtió en una organización independiente. Con la Bula del 15-2-1113, del Papa Pascual II, se aprobó la fundación del Hospital de San Juan convirtiéndose en una Orden exenta de la Iglesia. La situación política, después de la fundación del Reino de Jerusalén por los Cruzados, obligó a la Orden, ya bajo su segundo titular (y el primero en llamarse Maestre), Frey Raymond du Puy, a asumir funciones militares para la protección de los enfermos, los peregrinos y los territorios cristianos que los Cruzados habían recuperado de los Musulmanes. Así la Orden del Hospital de San Juan adquirió el carácter de una Orden de Caballería. Los Caballeros eran al mismo tiempo religiosos sujetos a los tres votos de Obediencia, Castidad y Pobreza. De esta manera se convirtió en una persona mixta, una Orden religioso-militar. Tiene dos finalidades fundamentales: el servicio a los pobres y la defensa de la Cristiandad (protección de la fe). En 1291, Acre, el último baluarte cristiano en la Tierra Santa cayó y la Orden se estableció provisionalmente en Chipre. La independencia de la Orden de cualquier otro Estado, en virtud de los documentos pontificios, y su derecho a mantener fuerzas armadas y combatir guerras constituyeron la base de su soberanía internacional. Con la ocupación de la isla de Rodas, la Orden adquirió además soberanía territorial. Rodas se convirtió en un baluarte de la Cristiandad en el Mar Mediterráneo oriental. La Orden estaba regida por el Gran Maestre y el Consejo, acuñaba su propia moneda y mantenía relaciones diplomáticas con otros Estados. El Gran Maestre era Príncipe soberano de Rodas como después lo sería de Malta. En diciembre de 1522 el Sultán Solimán el Magnífico atacó Rodas y los Caballeros tuvieron que capitular, y en enero de 1523, abandonaron la isla. Durante los siguientes siete años la Orden, aun cuando conservó su soberanía internacional, estuvo sin territorio hasta que, por cesión del Emperador Carlos V

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La Orden de Malta y su Naturaleza Jurídica, por Magaly Arocha, Primer Cónsul del Consulado General de Venezuela en Nápoleswith English translation [The Order of Malta and Its Legal Nature,by Magaly Arocha, First Consul of the Consulate General of Venezuela in Naples]

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La Orden de Malta y su Naturaleza Jurídica

Copyright © 1999 por Analítica.com

http://www.Analítica.com, Mayo 1999 http://www.Analítica.com/vam/1999.05/sociedad/01.htm

Magaly Arocha

Primer Cónsul del Consulado General de Venezuela en Nápoles

Algunos datos históricos

La Orden de San Juan fue fundada antes de la toma de Jerusalén en 1099 por los ejércitos de la Primera Cruzada. Comenzó como una comunidad monástica dedicada a San Juan Bautista, que administraba un hospicio-enfermería para los peregrinos que iban a Tierra Santa. En sus inicios estuvo vinculada a los Benedictinos, y bajo el Beato Gerardo se convirtió en una organización independiente.

Con la Bula del 15-2-1113, del Papa Pascual II, se aprobó la fundación del Hospital de San Juan convirtiéndose en una Orden exenta de la Iglesia.

La situación política, después de la fundación del Reino de Jerusalén por los Cruzados, obligó a la Orden, ya bajo su segundo titular (y el primero en llamarse Maestre), Frey Raymond du Puy, a asumir funciones militares para la protección de los enfermos, los peregrinos y los territorios cristianos que los Cruzados habían recuperado de los Musulmanes. Así la Orden del Hospital de San Juan adquirió el carácter de una Orden de Caballería.

Los Caballeros eran al mismo tiempo religiosos sujetos a los tres votos de Obediencia, Castidad y Pobreza. De esta manera se convirtió en una persona mixta, una Orden religioso-militar. Tiene dos finalidades fundamentales: el servicio a los pobres y la defensa de la Cristiandad (protección de la fe).

En 1291, Acre, el último baluarte cristiano en la Tierra Santa cayó y la Orden se estableció provisionalmente en Chipre.

La independencia de la Orden de cualquier otro Estado, en virtud de los documentos pontificios, y su derecho a mantener fuerzas armadas y combatir guerras constituyeron la base de su soberanía internacional. Con la ocupación de la isla de Rodas, la Orden adquirió además soberanía territorial.

Rodas se convirtió en un baluarte de la Cristiandad en el Mar Mediterráneo oriental. La Orden estaba regida por el Gran Maestre y el Consejo, acuñaba su propia moneda y mantenía relaciones diplomáticas con otros Estados. El Gran Maestre era Príncipe soberano de Rodas como después lo sería de Malta.

En diciembre de 1522 el Sultán Solimán el Magnífico atacó Rodas y los Caballeros tuvieron que capitular, y en enero de 1523, abandonaron la isla. Durante los siguientes siete años la Orden, aun cuando conservó su soberanía internacional, estuvo sin territorio hasta que, por cesión del Emperador Carlos V

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(en su calidad de Rey de Sicilia), obtuvo como feudo soberano las islas de Malta, Gozo y Comino, así como Trípoli, en el norte de África.

El 26 de Octubre de 1530, el Gran Maestre Frey Philippe de Villiers de l’Isle-Adam tomó posesión de Malta con la aprobación del Papa Clemente VII. La Orden debía permanecer neutral en las guerras entre naciones cristianas.

En 1607 y nuevamente en 1620, a la dignidad de Gran Maestre fue unido el título de Príncipe del Sacro Romano Imperio y en 1630 se igualó a la dignidad de Cardenal de la Iglesia Católica Romana con el tratamiento de Eminencia.

En 1798, Bonaparte, durante su campaña contra Egipto, ocupó la isla de Malta y expulsó a la Orden. Los Caballeros se encontraron de nuevo sin sede territorial. A ello siguió lo que se ha llamado el golpe de Estado ruso (1798-1803).

El Emperador Pablo I de Rusia, se hizo proclamar Gran Maestre (de facto, no de iure) por un reducido grupo de Caballeros, en lugar del Gran Maestre Frey Ferdinand von Hompesch, quien se había visto obligado a abandonar Malta dejándola en manos francesas.

Esa proclamación no fue reconocida por la Santa Sede (condición necesaria para su legitimidad). Su sucesor, Alejandro I, en cambio, ayudó a la Orden a regresar a un gobierno legítimo y en 1803, Frey Giovanni Battista Tommasi fue elegido Gran Maestre.

Los ingleses habían ocupado Malta en 1801 y, aunque el Tratado de Amiens (1802) reconoció los derechos soberanos de la Orden sobre la isla, nunca le ha sido posible hacerlos valer.

Después de haber tenido sedes provisionales en Mesina, Catania y Ferrara, la Orden finalmente en 1834, se estableció en Roma, donde hasta ahora goza de extraterritorialidad en el Palacio de Malta (en el número 68 de la Via Condotti) y en la Villa del Aventino.

Desde 1805 la Orden había sido regida por Lugartenientes hasta que en 1879, el Papa Leon XIII, restauró el Gran Magisterio y los honores de Cardenal adjuntos al cargo. La labor hospitalaria volvió a ser su objetivo principal.

Estructura de la Orden

La Orden de Malta, una institución supranacional que, sin abandonar la defensa de los ideales cristianos, consagra sus energías y recursos a la asistencia humanitaria y social, es la única Orden religiosa de la Iglesia Católica en ser a la vez, una Orden Católica de Caballería.

Es la única en poseer Caballeros Profesos, llamados de Justicia, quienes son sucesores directos de los fundadores de la Orden y entre quienes se elige el Gran Maestre y la mayoría de los miembros del Soberano Consejo.

La soberanía de la Orden es ejercida por el Príncipe y Gran Maestre, quien es su Jefe Supremo, y de los Consejos (el Soberano Consejo, el Capítulo General y el Consejo Completo de Estado).

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El Capítulo General es la Asamblea Suprema de Caballeros, que se reúne normalmente cada cinco años y elige a los miembros del Soberano Consejo, mientras que el Consejo Completo de Estado es convocado con la finalidad de elegir al Gran Maestre o Lugarteniente.

Tanto el Capítulo General como el Consejo Completo de Estado incluyen representantes de los Grandes Prioratos, Prioratos, Subprioratos y Asociaciones Nacionales, organismos en los que se divide la Orden en los diversos países del mundo.

Por la precedencia correspondiente a un Cardenal, y por tanto Príncipe de Sangre Real, así como por la dignidad de Príncipe del Sacro Romano Imperio (reconocida por Austria e Italia) y siendo exPríncipe reinante de Rodas y después de Malta, el Gran Maestre goza del tratamiento de Eminencia y Alteza, o de Alteza Eminentísima, y es internacionalmente reconocido como Jefe de Estado al cual corresponden honores soberanos.

El Gran Maestre gobierna la Orden asistido por el Soberano Consejo, presidido por él y constituido por cuatro altos dignatarios (el Gran Comendador, el Gran Canciller, el Hospitalario y el Recibidor del Tesoro Común), cuatro Consejeros y dos Consejeros suplentes, todos ellos elegidos por el Capítulo General entre los Caballeros Profesos, o excepcionalmente entre los Caballeros de Obediencia.

El Sumo Pontífice nombra como su representante a un Cardenal de la Iglesia Católica Romana, quien tiene título de Cardinalis Patronus; este último es asistido por el Prelado de la Orden, también designado por el Sumo Pontífice.

La vida y la actividad de la Orden están regidas por la Carta Constitucional, aprobada por la Santa Sede, y el Código de Rohan, promulgado por el Gran Maestre Frey Emmanuel de Rohan-Polduc en el siglo XVIII.

Los asuntos jurídicos que interesen a la Orden son considerados por un órgano técnico-consultivo, llamado Consejo Jurídico, designado por el Gran Maestre con el consentimiento del Soberano Consejo.

La Orden tiene sus propios Tribunales de Primera Instancia y Apelación. Las apelaciones contra las sentencias de segundo grado de los Tribunales de la Orden pueden presentarse ante el Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano, que en dichos casos actúa por delegación de la Orden y hace las veces de Tribunal Supremo.

La Orden mantiene relaciones diplomáticas, según el Derecho Público Internacional, con la Santa Sede, de la cual depende en cuanto Orden religiosa pero es independiente de la misma en cuanto Orden caballeresca soberana, y con 71 países de Europa, América, Asia y África (datos de 1996-97).

La Orden acredita Representantes o Delegados en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Principado de Mónaco, Alemania y la Confederación Helvética y la Comisión Europea. Desde 1994, la Orden disfruta de la calidad de Observador Permanente ante las Naciones Unidas y en dicha calidad mantiene Delegaciones Permanentes en Nueva York, Ginebra, París, Roma y Viena.

EL “STATUS” DE LA ORDEN EN EL DERECHO INTERNACIONAL

La Orden de Malta se presenta con una plena personalidad de derecho internacional. Esta personalidad se comprueba por:

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• La existencia de un derecho de legación activo y pasivo, del “jus contrahendi”, el derecho de emitir pasaportes, las prerrogativas e inmunidades de las que goza el Gran Maestre y los órganos de representación externa , por la existencia de una organización interna que da vida a personas jurídicas reconocidas a la par de las personas jurídicas extranjeras, por la existencia de una jurisdicción propia alternativa a la territorial o de pertenencia, por el poder de conferir condecoraciones.

La Orden ocupa su proprio puesto en el ámbito de la comunidad internacional no distinto al de otros Entes, contribuyendo como ellos a formar reglas consuetudinarias – cuyo monopolio no es mantenido por los Estados – aunque, desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo, en medida reducida.

La Naturaleza jurídica de la Orden

La Orden en su ya plurisecular vida se presenta como independiente de cualquier Estado. No es una organización ni una institución intergubernamental. Ha afirmado, en las Constituciones que se han producido en el tiempo, su propia cualidad soberana, afirmación de gran importancia para evaluar la independencia del sistema.

La comunidad internacional, a través del comportamiento de los Estados, ha reconocido su derecho de legación activa y pasiva. Pocas dudas se presentan en el período anterior a 1798, cuando la Orden ejercía la soberanía territorial en Malta e islas vecinas.

El problema se presenta en el siglo XIX, la etapa más difícil para la posición internacional de la Orden, dada la vacante del Gran Magisterio (1805-1879). Período en el cual la Orden fue regida por Lugartenientes Generales.

Sin embargo, el estudio de las relaciones internacionales en ese período demuestra que la pérdida de la posesión del archipiélago maltés no afectó el derecho de legación activa y pasiva correspondiente a la Orden, lo cual es jurídicamente importante a fines de comprobar la absoluta continuidad de su status internacional independientemente de la posesión territorial de Malta.

Se puede decir que existe una continuidad entre la Orden como se estructura actualmente y como es reconocida por la Comunidad Internacional y la Orden como era al momento de ejercer poderes derivantes de la soberanía territorial.

Las únicas diferencias obviamente, son la ausencia de territorio y de ciudadanos no institucionalizados; pero al respecto se debe reiterar que esta condición no constituye una limitación de las características peculiares del Ente, tal como nació y se ha desarrollado en el tiempo, porque el ejercicio de la soberanía territorial no constituía, como tampoco lo constituye hoy, uno de los fines de la Orden ni ella ha tenido necesidad de una base territorial para ejercer su soberanía. Ese ejercicio fue un medio para conseguir sus objetivos, de naturaleza altamente espiritual.

Sin embargo, es innegable que la ausencia de territorio priva a la Orden de cierta independencia. Esta peculiar situación puede explicar la gradualidad con la que los Estados acceden al reconocimiento diplomático, gradualidad que es la misma manifestada en relación a los Estados de creación reciente o no muy estables todavía, pero ello no tiene ningún peso a los fines de encuadrar la naturaleza jurídica

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de la Orden a menos que se quiera atribuir al elemento territorial un peso condicionante que ya no posee o que no se quiera ver la importancia del reconocimiento por parte de los Estados.

Vale la pena preguntarse cómo puede justificarse la continuidad de relaciones a nivel internacional y diplomático (en el siglo XIX) desde el momento en que la Comunidad Internacional no conocía para la época otros Entes soberanos distintos a los Estados y, por otra parte, la misma doctrina internacional excluía la existencia de ordenamientos reguladores de las relaciones jurídicas fuera de los estatales.

Fue precisamente la independencia, siempre reafirmada, de la organización interna, el título que legitimó la persistente personalidad internacional de la Orden aunque con las peculiaridades que derivan de la ausencia de un territorio en soberanía, así como la relación particular con la Santa Sede. En esta su característica del todo individual, la Orden anticipó el fenómeno del reconocimiento de Entes no estatales.

En el siglo XX aumentó el número de Estados con los cuales la Orden mantiene relaciones diplomáticas. Sin duda los Gobiernos apreciaron su obra durante las dos guerras mundiales en favor de las víctimas de la guerra así como su lucha contra las enfermedades y el hambre, especialmente en África y en Centro-Sur América.

Los Estados reconocen su soberanía aun en ausencia de base territorial y aun ante la imposibilidad de configurar de algún modo la existencia de un Estado, por su independencia de organización interna, porque han comprendido que el pleno reconocimiento del status internacional de la Orden y el consecuente establecimiento de relaciones diplomáticas normales, es un instrumento indispensable para que cumpla su misión.

La estructura supranacional de la organización se manifiesta en la existencia de organismos periféricos que actúan en el ámbito de los territorios nacionales en los cuales los Caballeros están presentes.

Soberanía interna de la Orden Malta

La Orden como es soberana en las relaciones internacionales también lo es en el proprio ordenamiento interno. Si se revisan las manifestaciones de la soberanía interna de los Estados se evidencia que, con las adaptaciones necesarias, ellas están presentes en la Orden de Malta.

El primer elemento es la existencia de un poder de gobierno que no deriva de ningún otro poder (superiorem non recognoscens) y que se impone por fuerza a sus súbditos.

La Orden tiene un gobierno constituido por el Gran Maestre y por el Consejo Soberano que ejercen en autonomía plena el poder ejecutivo en relación a los miembros de la Orden y las instituciones de éste último (Prioratos; Subpriorados; Asociaciones Nacionales, Delegaciones, Bailiajes, Encomiendas).

El segundo elemento es la existencia de un sistema de normas jurídicas que tiene en sí mismo la propia justificación; una parte de la doctrina jurídica, habla de “ordenamiento jurídico originario”.

La Orden de Malta tiene un complejo sistema jurídico proprio representado por la Carta Constitucional, por el Código, por las otras leyes y reglamentos, que regula la organización interna de la Orden, el

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funcionamiento de sus instituciones, los derechos y los deberes de sus miembros en relación a las relaciones jurídicas que se constituyen como consecuencia de su pertenencia a la Orden.

El tercer elemento es la existencia de un poder judicial que decide la aplicación de las normas del ordenamiento en caso de controversia. La Orden tiene un poder judicial constituido por los Tribunales existentes ante el Gran Magisterio.

Lo esencial es que la soberanía de la Orden de Malta es una realidad histórica, social y política.

La Orden mantiene relaciones políticas y jurídicas con una buena parte de los Estados, cumple y ha cumplido un papel en la comunidad internacional con plena autonomía y ejerce un poder de supremacía sobre los propios miembros.

Las fórmulas jurídicas que explican su existencia son: la teoría del ordenamiento jurídico originario a carácter no estatal, teoría de la soberanía como instrumento para realizar las finalidades religiosas y humanitarias de la Orden, teoría de la existencia de una norma internacional de ius singular que atribuye la soberanía a la Orden como sujeto internacional sui generis.

Relaciones del Estado Italiano con la Orden

A los fines de estudio de la posición internacional de la Orden de Malta es de gran importancia la postura del Estado Italiano en cuyo territorio, desde 1870, el Gran Magisterio de la Orden tiene sede.

Italia sería el Estado que tendría mayor interés en contestar la soberanía de la Orden, porque de su reconocimiento derivan inevitables limitaciones a la soberanía italiana (la extraterritorialidad del Palacio de Via Condotti y de la Villa del Aventino, en Roma, donde tienen su residencia el Gran Maestre y los órganos centrales de la Orden.

Desde la constitución del Reino de Italia (1861) y antes de su unión a Roma (1870) la soberanía de la Orden es reconocida. Una comisión gubernamental de estudio sobre las órdenes caballerescas existentes en los distintos estados italianos, concluyó en 1868, que “la Orden de Malta en lo que al derecho público europeo se refiere, no ha cesado de ser soberana”.

La cuestión surgió después, a propósito de la aplicación del decreto del 7-7-1866 (en rigor hasta 1929, cuando se suscribe el Concordato con la Santa Sede) que suprimía “las órdenes, las corporaciones y las congregaciones religiosas”. Por decisión del Consejo de Estado del 2-8-1869, la aplicación de este decreto a la Orden de Malta es excluida, en consideración de su particular naturaleza jurídica.

Con decreto del 28-11-1929, no existiendo todavía relaciones diplomáticas entre Italia y la Orden, se establece que “la representación del Gran Magisterio de la Soberana Orden de Malta, regularmente acreditada con expresa delega del Gran Maestre”, estuviese presente en las ceremonias públicas inmediatamente después del Cuerpo Diplomático.

El carácter internacional de la Orden y su soberanía son reconocidos explícitamente por la Corte Suprema de Casación en diversas sentencias (desde 1913 en adelante). En particular la Corte Suprema ha observado que:

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“la Soberana Orden Militar Hospitalario de Malta constituye un sujeto internacional soberano, en todo equiparado, aunque privado de territorio, a un Estado extranjero, con el cual Italia sostiene relaciones diplomáticas, de modo que no hay dudas, como ya esta Corte de Casación ha advertido, que a ella compete el tratamiento jurídico relativo a los Estados extranjeros y por tanto también la exención jurisdiccional en los límites ya indicados, es decir, a la actividad concerniente a la consecución de sus fines públicos.”

En 1948 el Ministro de Relaciones Exteriores daba disposiciones a la Prefectura de Roma para que al Gran Maestre fuese reservado, en cada circunstancia, el tratamiento previsto para los soberanos extranjeros.

Después de la Segunda Guerra Mundial los Tribunales italianos han reiterado la soberanía de la Orden, extrayendo de este reconocimiento todas las consecuencias jurídicas. Así el Tribunal de Roma, con sentencia de junio de 1947, sostuvo que la Orden debía ser equiparada a los Estados extranjeros para la exención de los actos ejecutivos.

De modo que, cuando en 1956, Italia y la Orden decidieron establecer relaciones diplomáticas se trató simplemente de asumir las consecuencias lógicas de una situación de hecho y de derecho bien definida y consolidada.

Relaciones con la Santa Sede

Como se ha visto, la particularidad de la posición que ocupa la Orden en el ámbito internacional se debe, por una parte a la ausencia de un territorio y de ciudadanos no institucionales, y por la otra, al vínculo de dependencia en relación a la Santa Sede a causa de las interferencias subsistentes entre ordenamiento canónico y ordenamiento melitense.

De hecho, pueden evidenciarse vínculos especiales entre el ordenamiento melitense y ordenamiento canónico, a causa de la decisión de los Caballeros – organizados autónomamente en la Institución – de imponerse una regla religiosa y colocarse bajo la protección del Papa.

Las Cartas Apostólicas Intern illustra de S.S. Benedicto XIV del 12-3-1753 declararon a la Orden sujeta a la protección de la Sede Apostólica, e inmune a cualquier otra jurisdicción.

Por tanto, la Orden de Malta tiene una doble personalidad jurídica: en el derecho internacional y en el derecho canónico.

La Santa Sede confirmó las más importantes fuentes de Derecho de la Orden: la Carta Constitucional y el Código melitenses, a fin de cotejar la ortodoxia religiosa, así como también aprueba o ratifica la elección del Gran Maestre, tratándose de un religioso, y de un eventual Lugarteniente de Gran Maestre, como ocurría en el pasado y como está previsto en la Constitución.

Estas aprobaciones, sin embargo, no tienen carácter constitutivo sino de verificación ni disminuyen la autodeterminación de la Orden, porque son conformes a las relaciones tradicionales que se instauraron con la Iglesia desde que la Orden, asumió las características de una “Religión”: y se debe considerar que estando la organización melitense centrada – hasta el siglo pasado – exclusivamente en torno a los Caballeros profesos (primera Clase), la necesidad de intervenciones eclesiásticas era más neta.

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La soberanía de la Orden indujo a la Santa Sede a atribuirle, desde el punto de vista canónico, una posición del todo especial respeto a la disciplina jurídica de otras órdenes religiosas.

El vínculo con la Santa Sede deriva de la circunstancia – mencionada anteriormente - que algunos miembros pertenecientes a la Primera Clase (en el interior de la Orden los Caballeros se distinguen por clases, basándose en la nobleza de sangre, la emisión de votos religiosos o la promesa de obediencia (tienden a la perfección de la vida cristiana). Los de la Primera Clase, son Caballeros de Justicia, que profesan votos religiosos y Capellanes conventuales, que son sacerdotes ordenados.

Es evidente que para todo lo que no se refiere al perfil religioso de la asunción de los votos, el ordenamiento melitense está desvinculado del canónico, así como es claro que dependen únicamente de la Santa Sede los Caballeros de la Primera Clase, en los límites y en lo que concierne a la profesión de votos.

La Constitución y el Código de la Orden comprenden numerosas normas de Derecho Canónico Especial, las cuales, derogando el Derecho Canónico Común o citándolo, disciplinan las obligaciones de naturaleza canónica de los miembros de la Orden y especialmente de los que prestan votos religiosos. Bajo este perfil fue necesaria la aprobación por parte de la Santa Sede de la Constitución y el Código melitenses.

El nexo entre los dos Entes no excluye una amplia esfera de autonomía de la Orden dentro de la cual ella tiene la posibilidad de autodeterminarse soberanamente, presentándose autónomamente en sus relaciones con otros Estados, en vista de sus propios fines institucionales.

Debe excluirse que, en las relaciones internacionales, la Orden actúe en nombre e interés de la Santa Sede, pero es cierto que la relación de dependencia se presenta al exterior bajo la forma de “protección” como varias circunstancias históricas demuestran.

Esta situación de “dependencia”, o de presuntas limitaciones a la soberanía de la Orden, no se deriva ni del derecho constitucional ni del derecho internacional, sino que tiene su origen en la naturaleza de orden religiosa asumida por la Institución, por los votos profesados por los más altos dignatarios de la Orden – como ya señalamos – y por las finalidades típicamente cristianas perseguidas”.

El Gran Maestre de la Orden de Malta, es el único entre los Jefes de las órdenes religiosas que tiene derecho al título de Eminencia y a los honores de los Cardenales.

La Orden de Malta es el único orden religioso que cuenta con un representante del Sumo Pontífice, que debe ser un Cardenal (Cardinalis Patronus), con “la tarea de promover los intereses espirituales de la orden y de sus miembros y de tutelar las relaciones entre la Santa Sede y la Orden misma”.

Pero también en su aspecto de orden religiosa, la Orden goza de una posición particular, diversa de la de otros órdenes religiosos, tanto es así que incluso ese aspecto religioso es regulado por la Orden de Malta por las propias normas jurídicas (Carta Constitucional y Código) y, sólo en vía supletoria y cuanto éstas lo establecen, por el Derecho Canónico.

Si se estudian las incidencias que la naturaleza religiosa de la Orden tiene sobre su soberanía, se ha de notar que tal soberanía nunca ha sido puesta en discusión por la Santa Sede y que más bien ha sido reafirmada, en las formas más solemnes.

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La Santa Sede aceptó una representación diplomática de la Orden hasta el año 1834 y desde 1930 en adelante; en el período intermedio las relaciones diplomáticas fueron suspendidas simplemente porque, teniendo el Gran Magisterio su sede en Roma, pareció inútil la existencia de una legación en la misma ciudad.

El 30-10-1921, el Cardenal Pietro Gasparri, en su calidad de Secretario de Estado, declaraba que:

“La Santa Sede reconoce como orden internacional independiente con privilegios soberanos a la Orden de Malta”.

La Orden no puede ser confundida con una orden religioso-monástica, sea por la presencia de miembros laicos, sea por la ausencia de la obligación de la vida en común, que constituye una de las más típicas características monásticas.

Al respecto, vale recordar que en diciembre de 1951 surgió una controversia que se originó en la pretensión de la Sagrada Convención de los Religiosos de controlar e investigar la institución de los Caballeros de San Juan de Jerusalén como una orden religiosa común.

En esa circunstancia el Gran Maestre se valió de antiguas prerrogativas que afirmaban el privilegio de la Orden de no reconocer “otro Obispo por superior que no fuese el Romano Pontífice” y presentó una instancia directamente al Papa solicitando un juicio, que fue realizado por un Tribunal Cardenalicio especial instituido por Pio XII.

En la sentencia del 24-1-1953, fueron definidas las relaciones entre la Santa Sede y la Orden y determinadas las características de “soberano” y de “religioso” así como los respectivos ámbitos de competencia.

Sobre la “Naturaleza de la calidad de orden religioso de la Orden”, la sentencia afirmó que “la Orden Jerosomilitana de Malta, en cuanto compuesta por los Caballeros y los Capellanes, es una Religión y más precisamente una orden religiosa, aprobada por la Santa Sede”; afirmó además que “las condecoraciones de la Orden y de sus asociaciones dependen de ella …”

El 12-3-1953, la Orden comunicó a la Secretaría de Estado, por vía diplomática, la aceptación de la sentencia “condicionada” a la aceptación de una “interpretación específica” en tres puntos, de los cuales el segundo afirmaba que “la naturaleza religiosa de la Orden se limita a los Caballeros profesos y a los Capellanes que la componen”, y que la sentencia excluía cualquier injerencia de la Secretaría de Estado en la actividad diplomática de la Orden. La Santa Sede, siempre por vía diplomática comunicó “haber tomado nota”.

“El tomar nota”, sin rechazar o contradecir la interpretación propuesta, ha significado el perfeccionamiento “de un acuerdo internacional interpretativo, alcanzado por las partes interesadas, sobre algunos puntos controversiales, fijándose definitivamente una posición.

Sin embargo, las reafirmaciones más solemnes de la soberanía de la Orden están contenidas en la Carta Constitucional aprobada por S.S. Juan XXIII el 24-6-1961. El art. 1 afirma que “la Orden es persona jurídica solemnemente aprobada por la Santa Sede. Goza de la calidad de sujeto de derecho internacional”.

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El art. 3 precisa que “la íntima conexión existente entre las dos calidades de orden religioso y de orden soberano no se opone a la autonomía de la orden en el ejercicio de su soberanía y de las prerrogativas a ella inherentes como sujeto de derecho internacional en relación a los Estados.”

Prevé también una representación diplomática de la Orden ante la Santa Sede y el nombramiento del Cardinalis Patronus. Prescribe además (art.12) que “el Gran Maestre es el Jefe Supremo de la Orden. A él le corresponden prerrogativas especiales y honores soberanos según las normas en vigor”.

En definitiva, la situación actual no es distinta – en Derecho – de la que se ha consolidado históricamente, de manera que no puede afirmarse la inexistencia de una esfera de autodeterminación de la Orden en sus relaciones con los Estados, ni puede afirmarse el derecho de injerencia de la Santa Sede en los asuntos internacionales de carácter institucional, porque la protección acordada por la Santa Sede a la Orden, no significa protectorado, ni puede hablarse de vasallaje.

La distinción entre diplomacia vaticana y diplomacia de la Orden es tan neta que en ninguno de los Estados con los cuales la Orden mantiene relaciones diplomáticas, la representación de esta última es confiada a las Nunciaturas Apostólicas. La Santa Sede no interviene en modo alguno en las convenciones internacionales de la Orden.

Desde el punto de vista de la organización interna, no existe alguna interferencia de la Santa Sede en las elecciones y nombramientos a los cargos de la Orden, salvo la necesidad, en algunos casos, de la dispensa canónica (permiso) para el nombramiento de Caballeros no profesos a cargos para los cuales la Constitución de la Orden requiere calidad de profeso.

El Príncipe Gran Maestre es también Jefe de una orden religiosa y en tal calidad, su elección debe ser confirmada por la Sede Apostólica.

La Orden de Malta, en los límites que son compatibles con su actual posición de sujeto privado de territorio, es en la comunidad internacional, un ente soberano a la par de los Estados y, el Príncipe Gran Maestre es equiparable, desde el punto de vista del derecho internacional, a los Jefes de Estado.

Este informe está basado en el libro escrito por el Prof. Aldo Pezzana intitulado: “Il fondamento giuridico e storico della sovranita’ dell’Ordine Gerosomilitano di Malta”, 37 págs.; y en el libro del Prof y Abogado Francesco Gazzoni intitulado: “L’Ordine di Malta”, Milán, 1979, 137 págs.; A. Pecchioli: “Storia dei Cavalieri di Malta”, Editalia, Roma, 1978,125 págs.; y en el “Annuarie” 1996/1997, Oedre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem de Rhodes et de Malte, Roma, 1996, 142 págs. Fiesta del Patrón de la Orden, San Juan Bautista. “Annuarie” 1996/1997, Oedre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem de Rhodes et de Malte, p. 21-23. Vale recordar que los representantes melitenses acreditados ante los Estados gozan de inmunidades y privilegios no como funcionarios internacionales sino más bien en su calidad de funcionarios diplomáticos, con el rango de Embajador o Ministro plenipotenciario. Por un lado no existe, entre la Orden de Malta y el Estado italiano, en cuanto territorio, la neta separación de esferas soberanas que existe entre el Estado italiano y el Estado de la Ciudad del Vaticano, pero tampoco puede decirse que el tratamiento reservado a las sedes de la Orden (Aventino, Via Condotti) sea, simplemente, el reservado a las sedes de las misiones diplomáticas acreditadas ante el Estado italiano.

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De hecho, las sedes de la Orden gozan de extraterritorialidad diplomática (en su interior no pueden cumplirse actos autoritarios de ninguna índole – ejecutivos, de inspección, judiciales – ) pero además de ello, el Estado Italiano reconoce el ejercicio, en las sedes, de las prerrogativas de soberanía. Ello significa que la soberanía italiana y la soberanía melitense coexisten, sin sobreponerse, porque la Orden ejerce funciones soberanas en una esfera más amplia de la que se produce en las sedes diplomáticas de los Estados que, aunque gozan de la extraterritorialidad, ven limitada a la esfera puramente administrativa las garantías derivantes del privilegio de la inmunidad; la Orden, en cambio, se vale de la extraterritorialidad para cumplir los propios actos de autodeterminación soberana que son los mismos de los Estados (actos legislativos, judiciales, administrativos, financieros).

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Magaly Arocha

First Consul of the Consulate General of Venezuela in Naples

Some historical data

The Order of St. John was founded before the conquest of Jerusalem in 1099 by the armies of the First Crusade. It began as a monastic community dedicated to San Juan Bautista, which administered a hospice-infirmary for pilgrims to the Holy Land. In the beginning it was linked to the Benedictines, and under the Blessed Gerard became an independent organization.

With the Bull of 15 February 1113, approved by Pope Paschal II, the foundation of the Hospital of St. John became an Order exempt from the Church.

The political situation after the founding of the Kingdom of Jerusalem by the Crusaders, forced the Order, under its second leader (and the first to be called Master), Friar Raymond du Puy, to assume military duties for the protection of patients, pilgrims and the Christian territories that the Crusaders had recovered from the Muslims. Thus the Order of the Hospital of St. John acquired the character of an Order of Chivalry.

The Knights were all subject to the three religious vows of obedience, chastity and poverty. Thus it became a mixed person, a religious-military Order. It has two fundamental goals: serving the poor and the defense of Christianity (protection of the faith).

In 1291, Acre, the last Christian stronghold in the Holy Land fell, and the Order settled temporarily in Cyprus.

The independence of the Order from any other State, under papal documents, and its right to maintain armed forces and fight wars, formed the basis of international sovereignty. With the occupation of the island of Rhodes, the Order also acquired territorial sovereignty.

Rhodes became a bastion of Christianity in the eastern Mediterranean Sea. The Order was ruled by the Grand Master and Council, minted its own money and maintained diplomatic relations with other States. The Grand Master was Sovereign Prince of Rhodes and then of Malta.

In December, 1522, the Sultan Suleiman the Magnificent attacked Rhodes, and the Knights were forced to capitulate, and in January 1523, they left the island. For the next seven years the Order, even though

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it retained its international sovereignty, was without territory until, by assignment of the Emperor Charles V (in his capacity as King of Sicily), it obtained the islands of Malta, Gozo and Comino, as well as Tripoli in North Africa, as a sovereign fiefdom.

On 26 October 1530, the Grand Master Friar Philippe de Villiers de l'Isle Adam took possession of Malta with the approval of Pope Clement VII. The Order was to remain neutral in wars between Christian nations.

In 1607 and again in 1620, the title of Prince of the Holy Roman Empire was united with the rank of Grand Master, and in 1630 became equal to the rank of Cardinal of the Roman Catholic Church with the treatment of Eminence.

In 1798, Bonaparte, during his campaign against Egypt, occupied the island of Malta and expelled the Order. The Knights again found themselves without territorial headquarters. There followed what has been called the Russian coup (1798-1803).

The Emperor Paul I of Russia, proclaimed himself Grand Master (de facto, not de jure) through a small group of Knights, in the place of the Grand Master Friar Ferdinand von Hompesch, who had been forced to leave Malta in French hands.

This proclamation was not recognized by the Holy See (a necessary condition for legitimacy). His successor, Alexander I, however, helped the Order to return to a legitimate government in 1803; Friar Giovanni Battista Tommasi was elected Grand Master.

The British had occupied Malta in 1801 and, although the Treaty of Amiens (1802) recognized the sovereign rights of the Order on the island, it was never possible to enforce them.

Having had provisional seats in Messina, Catania and Ferrara, the Order finally in 1834 settled in Rome, where it now enjoys extraterritoriality in the Palace of Malta (at 68 Via Condotti) and the Villa of Aventine.

The Order was ruled by Lieutenants from 1805 until 1879, when Pope Leo XIII restored the Grand Master to the office of Cardinal and associated honors. The hospital work was again the main objective.

Structure of the Order

The Order of Malta, a supranational institution, without abandoning the defense of Christian ideals, their energies and resources devoted to humanitarian and social assistance, is the only religious order of the Catholic Church to be both a Catholic Order and Cavalry.

It is unique in possessing Professed Knights, called Justices, who are direct descendants of the founders of the Order and among whom is elected Grand Master and most members of the Sovereign Council.

The sovereignty of the Order is exercised by the Prince and Grand Master, who is the Chief Justice, and the Councils (the Sovereign Council, the General Chapter and the Complete Council of State).

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The General Chapter is the Supreme Assembly of Knights, which normally meets every five years and elects the members of the Sovereign Council, while the Complete Council of State is convened for the purpose of electing a Grand Master or Lieutenant.

Both the General Chapter and the Complete Council of State include representatives of the Grand Priories, Priories, Sub - and National Associations, bodies to which the Order is divided in different countries.

The Grand Master receives the treatment of Eminence and Highness (or Eminent Highness) corresponding by precedence to a Cardinal, and therefore Prince of Royal Blood, as well as for the rank of Prince of the Holy Roman Empire (recognized by Austria and Italy) and still reigning ex-Prince of Rhodes and later Malta, and is also internationally recognized as head of state with corresponding sovereign honors.

The Grand Master governs the Order assisted by the Sovereign Council, chaired by him and consisting of four senior officers (the Grand Commander, Grand Chancellor, the Hospitaller and Receiver of the Common Treasure), four directors and two alternate directors, all elected by the Chapter General among the Professed Knights or on exception among the Knights in Obedience.

The pope appoints as his representative a Cardinal of the Roman Catholic Church, who has title Cardinalis Patronus; the latter is assisted by the Prelate of the Order, also appointed by the Supreme Pontiff.

The life and work of the Order are governed by the Charter, approved by the Holy See and the Code de Rohan, promulgated by the Grand Master Friar Emmanuel de Rohan-Polduc in the eighteenth century.

Legal issues of concern to the Order are considered by an advisory technical body called the Legal Council, appointed by the Grand Master with the consent of the Sovereign Council.

The Order has its own Courts of First Instance and Appeal. Appeals against the judgments of the second degree of the Courts of the Order may be filed with the Court of Appeals of the State of Vatican City, which in such cases acts by delegation of the Order and serves as the Supreme Court.

The Order has diplomatic relations, according to public international law, with the Holy See, which is based on the religious Order but is independent of the chivalric sovereign Order, and with 71 countries in Europe, America, Asia and Africa (data from 1996-97).

The Order accredits Representatives or Delegates in Belgium, France, Luxembourg, Monaco, Germany and Greece and the European Commission. Since 1994, the Order enjoys Permanent Observer status to the United Nations and in that capacity maintains permanent delegations in New York, Geneva, Paris, Rome and Vienna.

THE "STATUS" OF THE ORDER IN INTERNATIONAL LAW

The Order of Malta is presented with full international legal personality. This personality is evidenced by:

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the existence of a right of active and passive legation, of the jus contrahendi, the right to issue passports, privileges and immunities enjoyed by the Grand Master and external representative bodies,

the existence of an internal organization that gives life to legal entities recognized on par with foreign legal entities,

the existence of its own legal jurisdiction as an alternative to territorial jurisdiction or membership, and the power of conferring decorations [of diplomatic honor].

The Order occupies its own place in the scope of the international community no differently than other entities, contributing as others do to forming customary rules – States do not have a monopoly over this – although, from a purely quantitative point of view, fewer in number.

The Legal Nature of the Order

The Order in its centuries-long life is presented as independent of any State. It is not an organization or a governmental institution. It has affirmed, in Constitutions that have been produced over time, its own sovereign quality, an affirmation of great importance in assessing its independence.

The international community, through the behavior of States, has recognized the right of active and passive legation. There are few doubts expressed about the period before 1798, when the Order exercised territorial sovereignty in Malta and neighboring islands.

The problem arises in the nineteenth century, the most difficult stage for the international position of the Order, given the vacancy of the Grand Master (1805-1879), a period in which the Order was ruled by Lieutenants General.

However, the study of international relations in this period shows that the loss of possession of the Maltese archipelago did not affect the right of active and passive legation for the Order, which is legally important for checking the absolute continuity of international status regardless of the territorial possession of Malta.

One can say that there is continuity between the Order as currently structured and as recognized by the international community and the Order as it was when exercising powers deriving from territorial sovereignty.

The only differences are obviously the lack of territory and non-institutional citizens, but in this respect it should be reiterated that this condition is not a limitation of the peculiar characteristics of the Entity, as developed over time, because the exercise of territorial sovereignty was not, nor is today, one of the purposes of the Order, nor does it need a territorial basis to exercise its sovereignty. This exercise was a means to achieve its objectives, of a highly spiritual nature.

However, it is undeniable that the absence of territory deprives the Order of unquestioned independence. This peculiar situation may account for the gradualness with which States agree to diplomatic recognition, the same gradualness expressed in relation to States that are recently created or not yet very stable, but it carries no weight in framing the Order's legal nature, unless one wants to

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conditionally weigh the territorial element that no longer exists or one does not want to acknowledge the importance of recognition by a subset of States.

It is worth asking how one can justify afterward the continuity of international and diplomatic relations (in the nineteenth century) when during that time span, the International Community did not know other sovereign Entities distinct from the States, and moreover, the same international doctrine precluded the existence of regulatory ordinances outside of States’ legal relations.

The independence of the internal organization, always reaffirmed, was precisely the quality that legitimized the persisting international personality of the Order, admittedly with the peculiarities arising from the absence of a sovereign territory, as well as its particular relationship with the Holy See. The Order, in its entirely individual characteristic, anticipated the phenomenon of recognition by non-state Entities.

The number of States with which the Order maintained diplomatic relations increased in the twentieth century. Without doubt other Governments appreciated its work during the two world wars on behalf of war victims as well as their fight against disease and hunger, especially in Africa and Central-South America.

States recognize its sovereignty even in the absence of a territorial base and in spite of the inability [perceived by those States] in some way to set up the existence of a State for its internal organization’s independence, because they understand that full recognition of the international status of the Order and the consequent establishment of normal diplomatic relations is an indispensable tool to fulfill its mission.

The supranational structure of the organization is manifested in the existence of peripheral agencies working in the field of those national territories in which the Knights are present.

Internal sovereignty of the Order of Malta

As sovereign as the Order is in international relations, it is also in its own internal law. If one reviews the manifestations of the internal sovereignty of States, it is evident that, with the necessary adaptations, they are present in the Order of Malta.

The first element is the existence of a governing power that is not derived from any other power (non recognoscens superiorem) and is never imposed by force on its subjects.

The Order has a government constituted by the Grand Master and Sovereign Council that exercises the executive power with full autonomy in relation to members of the Order and the institutions of the latter (Priories, Sub-priories, National Associations, Delegations, Bailiwicks, Parcels).

The second element is the existence of a system of legal rules that has in itself its own justification; a part of legal doctrine that speaks to a "native legal system."

The Order of Malta has a complex legal system represented by its own Constitutional Charter, by the Code, by other laws and regulations governing the internal organization of the Order, the functioning of

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its institutions, the rights and duties of its members in relation to legal relationships that are constituted as a result of their membership in the Order.

The third element is the existence of a judiciary that decides the application of the rules of law in case of controversy. The Order has a judiciary made up of the existing courts before the Grand Magisterium.

The point is that the sovereignty of the Order of Malta is a historical social and political reality.

The Order maintains political and legal relationships with many of the States, meets and has played a role in the international community with full autonomy and exercises supreme power over its own members.

The legal formulas that explain its existence are:

the theory of a native legal system of non-state character,

the theory of sovereignty as a tool for religious and humanitarian purposes of the Order,

the theory of the existence of an international norm of jus singular that attributes sovereignty to the Order as an international subject sui generis.

Relations of the Italian State with the Order

For the purpose of studying the international position of the Order of Malta, the posture of the Italian State in whose territory, since 1870, the Grand Master of the Order is based, is very important.

Italy would be the state that would have more interest in contesting the sovereignty of the Order, because of inevitable limitations on its recognition arising from Italian sovereignty (the extraterritoriality of the Palace of Via Condotti and the Villa del Aventino in Rome, where the Grand Master and the central functions of the Order have their residence).

The sovereignty of the Order is recognized after the establishment of the Kingdom of Italy (1861) and before its union with Rome (1870). A government commission to study the knightly orders in the various Italian States concluded in 1868 that "the Order of Malta as European public law is concerned, has not ceased to be sovereign."

The question then arose regarding the implementation of the decree of 7 July 1866 (in fact until 1929, when the Concordat with the Holy See was signed) abolishing "orders, corporations and religious congregations." By decision of the State Council of 2 August 1869, application of this decree to the Order of Malta is excluded, in consideration of its particular legal status.

The decree of 28 November 1929, with diplomatic relations between Italy and the Order still not existing, established that "the representatives of the High Magisterium of the Sovereign Order of Malta, regularly accredited and expressly delegated by the Grand Master," were present at public ceremonies immediately after the Diplomatic Corps.

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The international character of the Order and its sovereignty are explicitly recognized by the Supreme Court of Appeals in several judgments (from 1913 onwards). In particular the Supreme Court found that:

"The Sovereign Military Hospitaller Order of Malta is a sovereign international subject, although deprived of territory, equivalent to a foreign state, with which Italy maintains diplomatic relations, so there is no doubt, as the Court of Appeals has already advised, that it is premised upon the legal treatment relative to foreign States and therefore also the jurisdictional exemption limits already mentioned, i. e., the activity related to the attainment of its public purposes."

In 1948 the Foreign Minister gave provisions to the Prefecture of Rome so that the Grand Master was reserved, in each circumstance, the treatment intended of foreign sovereigns.

After World War II Italian courts have reaffirmed the sovereignty of the Order, extracting all the legal results of this recognition. Thus the Court of Rome, in a June 1947 ruling, held that the Order should be equated with foreign states for the exemption of executive acts.

So, when in 1956, Italy and the Order decided to establish diplomatic relations, it was simply assumed as the logical result of a situation of well-defined and consolidated law and fact.

Relations with the Holy See

As seen, the peculiarity of the position of the Order at the international level is due in part to the absence of territory and non-institutional citizens, and in part, the bond of dependence in relation to the Holy See because of the remaining differences between canonical law and Maltese law.

In fact, special links between Maltese law and canonical law can be demonstrated, because of the decision of the Knights – autonomously organized in the institution – to impose religious rule and to place themselves under the protection of the Pope.

The Apostolic Letters show that S. S. Benedict XIV on 12 March 1753 declared the Order subject to the protection of the Apostolic See, and immune to any other jurisdiction.

Therefore, the Order of Malta has a dual legal personality: in international law and in canonical law.

The Holy See confirmed the most important sources of Law of the Order: the Constitutional Charter and the Maltese Code, to verify the religious orthodoxy, as well as approve or ratify the election of the Grand Master, treating him as an eventual religious Lieutenant Grand Master, as in the past and as provided in the Constitution.

These approvals, however, establish character but no verification nor decrease in the self-determination of the Order, because they conform to the traditional relations that were established with the Church, after the Order assumed the characteristics of a "Religion," and should consider that – until the last century – the Maltese organization being exclusively centered around the professed Knights (First Class), the need for ecclesiastic interventions was clearer.

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The sovereignty of the Order led the Holy See to attribute, from the canonical point of view, a very special position of respect for the legal discipline of other religious orders.

The link with the Holy See comes from the fact – mentioned above – that some members belonging to the First Class (inside of the Order the Knights are distinguished by class, based on the nobility of blood, the issuance of religious vows or the promise of obedience (they tend to the perfection of Christian life)). Those in the First Class are Knights of Justice, who profess religious vows and Conventual Chaplains, who are ordained priests.

It is evident that not everything is about a religious profile of assuming vows, and that Maltese law is detached from canonical law, and it is clear that Knights of the First Class only depend on the Holy See within the limits and with respect to the profession of vows.

The Constitution and the Code of the Order include numerous rules of Special Canon Law, which, by repealing Common Canon Law or citing it, discipline the obligations of a canonical nature of the members of the Order, especially those providing religious vows. Under this profile the approval by the Holy See of the Constitution and the Maltese Code was necessary.

The link between the two Entities does not preclude a wide sphere of autonomy of the Order, within which it has the possibility of sovereign self-determination, arising autonomously in its relations with other States, in view of its own institutional purposes.

In international relations, it is ruled out that the Order act in the name and interest of the Holy See, but it is true that the dependent relationship is presented to the outside in the form of "protection" as several historical circumstances demonstrate.

This situation of "dependency," or alleged limitations on the sovereignty of the Order, is not derived from constitutional law or international law, but has its origin in the nature of religious order assumed by the Institution, by the professed vows by the highest ranks of the Order – as noted – and for typically persecuted Christian purposes."

The Grand Master of the Order of Malta is unique among the heads of religious orders in that he has a right to the title of Eminence and to the honors for the Cardinals.

The Order of Malta is the only religious order that has a representative of the Pope, who must be a Cardinal (Cardinalis Patronus), with "the task of promoting the spiritual interests of the Order and its members and to foster relationships between the Holy See and the Order itself."

But in the aspect of religious order, the Order has a particular position, different from that of other religious orders, so much so that even the religious aspect is covered by the Order of Malta in its own legal rules (Constitutional Charter and Code) and, only via an extra channel to establish it, under the Canonical Law.

If we study the issues of a religious nature that the Order has over its sovereignty, it must be noted that such sovereignty has never been put into question by the Holy See and has instead been reaffirmed in the most solemn ways.

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The Holy See accepted a diplomatic mission of the Order until 1834 and from 1930 onwards; in the interim period diplomatic relations were suspended simply because, with the Grand Master based in Rome, the existence of a legation in the same city seemed useless.

On 30 October 1921, Cardinal Pietro Gasparri, in his capacity as Secretary of State, declared that:

"The Holy See recognizes the Order of Malta as an independent international order with sovereign privileges."

The Order cannot be mistaken for a religious-monastic order, either by the presence of lay members or by the absence of a requirement of common life, which is one of the most typical monastic characteristics.

In this regard, we should recall that in December 1951 a controversy arose that originated in the pretense of the Sacred Religious Convention to monitor and investigate the institution of the Knights of St. John of Jerusalem as a common religious order.

In these circumstances, the Grand Master made use of ancient prerogatives that claimed the privilege of the Order of not recognizing "another bishop as superior that was not the Pope" and filed a request directly to the Pope asking for a trial, which was conducted by a Tribunal of Special Cardinals instituted by Pius XII.

In the judgment of 24 January 1953, relations between the Holy See and the Order were defined and the characteristics of "sovereign" and "religious" determined, as well as respective areas of competence.

About the "Nature of the quality of religious rule of the Order," the statement said that "the Jerosomilitana Order of Malta, as composed by the Knights and Chaplains, is a Religion and more precisely a religious order, approved by the Holy See;" it further stated that "the decorations of the Order and their associations depend on it ..."

On 12 March 1953, the Order informed the Secretary of State, through diplomatic channels, of the acceptance of the judgment "conditioned" on the acceptance of a "specific interpretation" in three points, of which the second affirmed that "the religious nature of the Order is limited to the professed Knights and Chaplains who compose it," and that the judgment precluded any interference by the Secretary of State in the diplomatic activity of the Order. The Holy See communicated as always through diplomatic channels, it "has taken note."

"Taking note," without rejecting or contradicting the proposed interpretation, has meant the improvement "of an international interpretative agreement, reached by the parties concerned, on some controversial points, setting a definite position."

However, the most solemn reaffirmations of the sovereignty of the Order are contained in the Constitutional Charter approved by S.S. John XXIII on 24 June 1961. Article 1 affirms that "the Order is a legal entity formally approved by the Holy See. It has the quality of a subject of international law."

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Article 3 states that "the intimate connection existing between the two qualities of a religious order and a sovereign order do not oppose the autonomy of the order in the exercise of its sovereignty and prerogatives inherent to it as a subject of international law in relation to States."

It also provides for a diplomatic mission of the Order to the Holy See and the appointment of the Cardinalis Patronus. It further provides (Article 12) that "the Grand Master is the Supreme Commander of the Order. Incumbent upon him are special prerogatives and sovereign honors under the rules in force."

In short, the current situation is no different – in law – from what has been consolidated historically, so that one cannot assert the non-existence of a sphere of self-determination of the Order in its relations with any State, nor may one assert the right of interference of the Holy See in international affairs of an institutional character, because the protection afforded by the Holy See to the Order does not mean protectorate, nor can one speak of allegiance.

The distinction between Vatican diplomacy and diplomacy of the Order is so clear that in none of the States with which the Order has diplomatic relations, is the representation of the latter entrusted to the Apostolic Diplomatic Missions. The Holy See is not involved in any way in the international conventions of the Order.

From the point of view of internal organization, there is no interference of the Holy See in the elections and appointments to the offices of the Order, unless canonical dispensation (permission) is needed, in some cases, for the appointment of non-professed Knights to offices for which the Constitution of the Order requires them to be professed.

The Prince Grand Master is also head of a religious order and as such, his election ought to be confirmed by the Apostolic See.

The Order of Malta, within the limits that are compatible with its actual position as a subject deprived of territory, is in the international community, a sovereign entity on par with the States, and the Prince Grand Master is comparable, from the point of view of international law, to the Heads of State.

This report is based on the book written by Prof. Aldo Pezzana entitled, Il Fondamento giuridico e storico della sovranita 'dell'Ordine Gerosomilitano di Malta, 37 pages, and the books by Prof. and Attorney Francesco Gazzoni entitled, L'Ordine di Malta, Milan, 1979, 137 pages; A. Pecchioli, Storia dei Cavalieri di Malta, Editalia, Rome, 1978, 125 pages; and in the Annuarie, 1996/1997, Oedre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jerusalem de Rhodes et de Malte, Rome, 1996, 142 pages ("Feast of the Patron of the Order, San Juan Bautista," Annuarie, 1996/1997, Oedre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean of Jerusalem de Rhodes et de Malte, p.21-23).

It is worth remembering that accredited Maltese representatives to the States enjoy immunities and privileges not as international officials, but rather in their capacity as diplomatic officials, with the rank of Ambassador or Minister plenipotentiary. On the one hand, the clear territorial separation of sovereign areas that exists between the Italian State and the State of Vatican City does not exist between the Order of Malta and the Italian State, but neither can it be said that the treatment given to the headquarters of the Order (Aventine, Via Condotti) is, simply, that reserved for the headquarters of diplomatic missions accredited to the Italian State.

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In fact, the headquarters of the Order have diplomatic extraterritoriality (authoritarian acts of any kind – executive, acts of inspection, judicial – cannot take place inside), but in addition, the Italian State recognizes the exercise, in the headquarters, of the prerogatives of sovereignty. This means that Italian sovereignty and Maltese sovereignty coexist without overlapping, because the Order exercises sovereign functions in a wider area than occurs in the diplomatic missions of the States for, although [those diplomatic missions] enjoy extraterritoriality, the guarantees deriving from the privilege of immunity are constrained to a purely administrative area; the Order, instead, makes use of extraterritoriality to meet the very acts of sovereign self-determination that are the same as the States (legislative, judicial, administrative, financial acts).