LA MUERTE FCIL (O SOBRE EL HIPCRITA COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN MXICO)Felipe CurcFelipe CurC Cobos (1971- ). Filsofo mexicano. Obtuvo la licenciatura y la maestra en Filosofa en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (unam) y el doctorado en Filosofa y Teora Poltica en la Universidad de Barcelona, Catalua, Espaa, todos con suma cum laude. Ha sido becario de docencia e investigacin de la Universidad de Barcelona, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (ConaCyt), de la Fundacin Ford/Fullbright y del Instituto de Investigaciones Filosficas de la unam. Fue distinguido con el Premio pensa de Filosofa 2004 en el gnero de ensayo filosfico de la Universidad de Barcelona y la Medalla Gabino Barreda al mrito universitario 1997. Ha impartido cursos de tica y Filosofa Poltica en la unam, la Universidad de Barcelona, El Instituto de Investigaciones Polticas en Latinoamrica y el Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico (itam), en donde actualmente es profesor titular de tiempo completo. Su libro ms reciente se titula: El giro hermenutica en la poltica. Entre los ttulos de sus numerosos captulos de libros se encuentran: Dere chos, Constitucionalismo y Democracia; De la ilustracin al mito: ciudadana liberal y etnocultura nacionalista; La recepcin de la Filosofa de Ortega en Mxico; Sobre humanismo, cacahuetes y cartas a los amigos; La razn a la deriva: apuntes para una idea de la epistemologa en sentido pragm tico y Fernando Salmern: pensamiento, vida y obra. Algunos de sus artculos son: El etnocentrismo en Rorty; La paradoja de la tolerancia en la construccin de la identidad ciudadana; Donald Davidson y el argumento 1

de la conexin lgica; Desde un lugar en ninguna parte: Richard Rorty y Habermas en Dilogo; Utilitarismo y autoindulgencia moral, a propsi to de un texto de Bernard Williams; Nietzsche y la experiencia trgica del absurdo y Neomarxismo analtico y movimiento revolucionario indgena de cara al siglo xxi.

Del libro: La guerra perdida. Dos ensayos crticos sobre la poltica de combate al crimen organizado, 200620010, Mxico, Ediciones Coyoacn, 2010, Introduccin, pp. 7-51. 2

LA MUERTE FCIL (O SOBRE EL HIPCRITA COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN MXICO)

Introduccinxico es el pas donde la barbarie se ha vuelto parte del paisaje. iViolencia y muerte, cuerpos abandonados, impunidad atroz. Todos los das, a todas horas, en todos los lugares. Brutalidad, crimen, intimidacin, terror: la gente lo vive como parte de una vida. Monotona cansina, tragedia consuetudinaria. En cada momento y en cada espacio; las granadas contra civiles, los coches bomba, los decapitados, los quemados, los mutilados, los hurfanos, los heridos (slo en Ciudad Jurez, y desde el 2008, el Centro de Salud y Bienestar Comunitario sabiC prev poder atender al ao a casi diez mil vctimas del salvajismo entre lesionados, lisiados y expsitos de la violencia). Los ojos cerrados. La nota roja saturando los noticieros. La indiferencia, el callo, la costra insensible de proteccin que la fatalidad punzante produce en los nimos y las conciencias. Mxico es el pas donde la anormalidad se vive como algo normal. Aqu nada agravia, nada indigna lo suficiente. Porque sta es la tierra en que no hay remedio a nada. Donde leyes, autoridades, poltica y Estado no parecen ser parte de la solucin, sino del problema. Aqu la violencia va mucho ms all de las balas. El tejido social y poltico ha sido asaltado e infiltrado por los criminales. Mxico es el lugar donde los ciudadanos vivimos expuestos, inermes, indefensos. Entregados al abuso de criminales infames y autoridades cmplices e intiles. Porque no hay modo ya de saber quin comete los ultrajes. Funcionarios, policas y polticos han dejado de ser empleados al servicio del Estado para convertirse en dciles lacayos al servicio de los crteles que conforman el crimen organizado. Cerramos los ojos; frente a miles de personas acechadas, 3

M

maltratadas y masacradas, vivimos de reojo, cuidndonos las espaldas, no slo de los fraticidas, sino de un Estado complaciente con lo que pasa, insensible a lo que ocurre. Qu ha provocado esta situacin? En diciembre de 2006 el gobierno mexicano inici una serie de operativos policial-militares dirigidos a eliminar el narcotrfico en nuestro pas. Dichas acciones consistieron en uno de los primeros actos de Felipe Caldern Hinojosa al frente de la Presidencia de Mxico. Haba una realidad delictiva y de descomposicin social e institucional que obligara al Estado a intervenir y emprender una lucha contra el crimen? Desde luego que s la haba y hoy ms que nunca la sigue habiendo. Pero esta realidad obligaba a planear meticulosamente las acciones a desarrollar, hacer frente al crimen desde una estrategia definida que atendiera a los estndares y la experiencia internacional. En cambio, el gobierno decidi lanzarse a una lucha improvisada y costosa, carente de rumbo o planeacin, no slo estril e intil, sino de consecuencias devastadoras cuyos resultados van debilitando cada vez ms al Estado, masacrando a la poblacin, y fortaleciendo al crimen. Si algo pretendo demostrar en este libro es que el combate militar y policial contra el crimen organizado, iniciado por el actual gobierno en 2006, no ha sido ms que una mera puesta en escena para simular que se enfrenta un problema que en realidad ni gobierno ni partidos polticos de oposicin parecen estar de fondo interesados en resolver. Se trata, pues, de una farsa que est costando muchas vidas y la completa descomposicin poltica y social de la nacin. Su impacto trgico para Mxico slo el tiempo podr dimensionar y exhibir. El desprecio que el Estado mexicano ha parecido mostrar hacia nuestras vidas no tiene comparacin-ms que con el desprecio con el que los criminales acribillan a sus vctimas. El gobierno mexicano minimiza permanentemente las consecuencias atroces de su fallida e irresponsable poltica de combate policial a las mafias. Ha declarado una y otra vez que la tasa de homicidios desatada en Mxico a raz de que el gobierno del presidente Caldern inici su lucha militar contra los crteles organizados se encuentra muy por debajo de la tasa anual de homicidios que padecen otros pases donde no se est llevando a cabo una lucha similar (as, se dice, por mencionar slo algunos 4

comparativos, que la tasa anual de homicidios aos 2009/2010 es en Mxico de 14 por cada 100 000 habitantes, mientras que, por ejemplo, en Salvador es de 71/100 000, en Jamaica de 58/100 000, en Brasil de 25.2/100 000 o en Venezuela de 49 por cada 1.00000 habitantes).1 Tambin son conocidas las declaraciones hechas por Caldern el 15 de abril del 2010, un da despus de que en el otrora seguro puerto de Acapulco ocurriera un tiroteo en el que un taxista, una madre y su nia de 8 aos murieran por causa presunta de la imprudencia del fuego militar. En esa ocasin y luego de negar que hubiera civiles cados debido a los errores cometidos en retenes por las Fuerzas Armadas o a acciones de fuego cruzado, Caldern seal (sin precisar la fuente de sus datos) que 90% de las muertes violentas registradas en el pas corresponderan a miembros del crimen organizado, 5% a policas y soldados, y slo 5% a ciudadanos de a pie.2 Remat, minimizando la prdida de vida de inocentes, sealando que sus muertes han sido las menos lo que en un arrebato de sinceridad desdeosa quiz hubiera querido decir lo de menos. En un pas donde las vctimas inocentes de la violencia provocada por el mal llamado combate al narcotrfico son siempre criminalizadas por el Estado y sus rganos de informacin, es imposible que el Ejecutivo pudiera obtener esos datos de modo ms o menos fiable o seguro. Cuando el 31 de enero de 2010 quince jvenes de bachillerato que celebraban una reunin fueron cruelmente asesinados en Jurez por Los Aztecas (grupo de asesinos contratado por La Lnea, brazo ejecutor del Crtel de Jurez), el mandatario atribuy la masacre a un ajuste de cuentas entre delincuentes. Ante la indignacin y protestas de padres y familiares de las vctimas, Caldern rectific unos das ms tarde, en Aguascalientes, sealando que aquellas declaraciones haban correspondido a una lnea de investigacin que despus fue desdeada. Poco despus, el 19 de marzo del mismo ao, luego de que dos estudiantes de posgrado con becas de excelencia y brillante desemFuentes: Global Burden of Armed Violence Report y Geneva Declaration on Armed Violence and Development. Una actualizacin puede encontrarse en el vnculo electrnico: . 2 Vase prensa nacional del 15 de abril de 2010.1

5

peo fueran asesinados en las inmediaciones del Instituto Tecnolgico de Monterrey (teC) durante un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y autoridades, stas intentaron explicar la muerte de los alumnos Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo manipulando la escena de los crmenes y sealando en los reportes policiales que ambos estudiantes eran, en realidad, sicarios. Antes, las autoridades haban maliciosamente despojado ambos cuerpos de todas sus identificaciones. Finalmente, los cadveres de Jorge y Javier pudieron ser identificados gracias al papel que desempe el en aquel entonces rector del teC, Rafael Rangel Sostmann, al insistir que los jvenes eran estudiantes de su plantel y que los padres haban reconocido los cuerpos de sus hijos cuyo nico crimen, al final, fue el haber estado aquella fatdica noche estudiando en su universidad. Hay numerosos casos similares, todos documentados. Entre los ms trgicos sobresalen el de Martn y Bryan Alamanza Salazar de 9 y 5 aos. Ambos fueron asesinados a balazos por el Ejrcito en un retn militar. No conformes con ultimar la vida de los pequeos, los soldados del retn fabricaron evidencias argumentando fuego cruzado. Posteriormente, tanto los peritajes y testimonios, como las propias conclusiones del ombudsman nacional Ral Plascencia, desmintieron tajantemente las versiones brindadas por la Secretara de Defensa y de Gobernacin: el Ejrcito mat a inocentes; pero desde luego, y como siempre, eso no se tradujo en ninguna sancin para los culpables. Lo mismo puede decirse del lamentable suceso ocurrido el 5 de septiembre de 2010, donde el Ejrcito dispar sin aviso y a discrecin sobre una familia que viajaba en automvil por la carretera Monterrey-Laredo dejando gravemente lesionados a cinco de sus miembros y asesinando al padre que conduca y a su hijo de 15 aos. En un escenario de impunidad como ste, no existen datos confiables que permitan hablar de modo ms o menos veraz sobre cul es el porcentaje de civiles cados. Por otra parte, declaraciones como las ya referidas de Caldern el da 15 de abril de 2010 son sintomticas de un gobierno y un Estado que responden cuantificando lo que por definicin es incuantificable. El nmero de homicidios cometidos en Mxico tal vez pueda ser comparable al nmero de asesinatos que ocurren en otros pases (y digo tal vez, porque estudios serios como el realizado por Grupo 6

Multisistemas de Seguridad Nacional coloca ya a Mxico, segn su ndice internacional de homicidios del 2009, en el sexto lugar de dicho ndice, tan slo por debajo de Sudfrica, Colombia, Guatemala, Tailandia y Paraguay).3 Pero es que, adems, en Mxico la violencia se ha vuelto mucho ms brutal y corrosiva para la institucionalidad que en otros pases con tasas de homicidios comparables. En Mxico estas muertes estn ligadas a una brutalidad y una barbarie que no admiten anlogos y que se dan con la complicidad y la responsabilidad de una clase poltica que cada da se muestra ms incapaz de cumplir con aquella primera exigencia que desde Hobbes y a lo largo de toda la tradicin poltica de Occidente ha sido unnimemente considerada la condicin de posibilidad sine qua non y necesaria sin la cual la existencia del Estado no slo no se justifica, sino que ni siquiera se entiende como posible: brindar seguridad a los ciudadanos como la primera de sus obligaciones. Si el Estado falla en ese propsito primero, su existencia es fallida. En tal caso, la clebre frmula de Weber deja de satisfacerse: la violencia se privatiza en la misma proporcin en que el Estado va perdiendo el monopolio exclusivo de la fuerza. En tales circunstancias no hay duda de que ste se desvanece, quiebra, falla. Es, desde luego, en este contexto en el que debe leerse y entenderse la peticin hecha por diversos empresarios de Ciudad Jurez el 19 de noviembre de 2009, con el fin de solicitar la urgente intervencin de los cascos azules de la Organizacin de las Naciones Unidas (onu) en una poblacin devenida campo de exterminio, donde el Estado ha desaparecido ya por completo.4 Pero, qu acaso la lucha que el gobierno panista inici en diciembre de 2006 contra el crimen organizado no es un intento por revertir esta situacin?, un intento por recuperar la institucionalidad?, por proteger a los ciudadanos?3 Fuente: CNN Noticias Mxico. La lista para 2009 es la siguiente: Sudfrica (126 por cada 100 000 habitantes), Colombia (114.5), Guatemala (44), Tailandia (41.5), Paraguay (19.9) Mxico (12). Vase: . 4 Vase prensa nacional de ese da.Tambin puede leerse la noticia en: .

7

Responder a esto requiere hacer un breve recuento. Recordemos, para empezar, que originalmente la guerra del gobierno contra los crteles del narcotrfico se plante como un asunto de salud pblica. Segn el discurso oficial, se trataba de proteger a nuestra juventud del uso y abuso de las drogas. Tales motivos para iniciar una guerra de tamaa envergadura quedaron no obstante prontamente exhibidos y desmontados en el libro de Jorge Castaeda y Rubn Aguilar La guerra fallida.5 Ah, y con datos duros, los autores muestran que no existe evidencia para afirmar que Mxico hubiera pasado de ser un pas de trnsito de drogas a uno de consumo, y tampoco para afirmar que, de acuerdo a cifras oficiales del propio gobierno, la demanda de stas hubiera aumentado de manera significativa (de hecho, y segn datos de la propia Secretara de Salud, Mxico se encuentra entre los pases con menor demanda de drogas en el mundo);6 asimismo, el libro plantea que si la razn era hacer frente al aumento de la violencia en el pas, todos los estudios sealan que sta vena declinando notoria y progresivamente desde el inicio de los aos noventa (mientras, sin duda, hoy en da el aumento de la misma se ha incrementado a valores muy superiores respecto a aquellos que en teora se deseaba combatir). Ante tal evidencia, Aguilar y Castaeda concluyen que la nica razn desde donde se hace posible explicar la absurda poltica del gobierno gira en torno a la necesidad que Felipe Caldern tuvo de iniciar su sangrienta y costosa guerra para revertir el dficit de legitimidad con que lleg a la Presidencia tras unas muy empaadas y discutidas elecciones, con el fin de compensar la precariedad electoral con la que el Partido Accin Nacional (pan) obtuvo su triunfo en 2006 y, as, mediante un acto de fuerza, afianzarse en el gobierno. Lo cierto como veremos es que el discurso oficial ha invocado objetivos tan diversos como contradictorios a la hora de dar explicaciones que justifiquen las terribles y desastrosas consecuencias que para el pas ha tenido su fallida poltica de combate al crimen organi5 Rubn Aguilar y Jorge Castaeda, Narco: la guerra fallida, Mxico, Punto de Lectura, 2009. 6 Fuente: Secretara de Salud, .

8

zado. El 18 de febrero de 2009 el entonces secretario de Economa, Gerardo Ruiz Mateos, asegur en Pars durante un desayuno con la comunidad mexicana en la Embajada de Mxico que si el gobierno del presidente Caldern no hubiera acentuado la lucha contra el narcotrfico, el prximo presidente de la Repblica sera un narcotraficante.7 De declaraciones como sta poda colegirse, entonces, que el motivo profundo para enfrentar al crimen se situaba en la apremiante y acuciante necesidad de detener el constante proceso de cooptacin de la clase poltica y la captura de las estructuras estatales, a travs de lo cual el crimen no para de erosionar la institucionalidad de la Repblica apoderndose gradualmente del Estado. Pero semejante propsito qued una vez ms desmentido el 14 de junio de 2010 mediante el desplegado publicado por la Presidencia en todos los diarios de circulacin nacional, donde qued afirmado un nuevo objetivo en el combate al crimen. Conforme a lo ah publicado ese da, ste no sera ya nica ni principalmente combatir al narcotrfico, sino lograr la seguridad pblica de los ciudadanos. De acuerdo con ello, el punto crucial es reducir la accin del crimen organizado contra la poblacin. Ni una palabra se ley en aquel desplegado acerca de la perentoria necesidad de detener la infiltracin del crimen en el andamiaje institucional del pas que antao se invocaba. Con esto, la accin del gobierno devino del todo incomprensible. Porque si originalmente se supona, segn las propias declaraciones hechas por la Presidencia de la Repblica el 15 de abril de 2010, que las vctimas civiles haban sido las menos en el combate al crimen organizado y el narcotrfico en Mxico, cmo explicar, entonces, este giro en el discurso oficial en un lapso inferior a dos meses?8 EnVase prensa nacional del 19 de febrero de 2009. Datos duros desmienten, desde luego, esta afirmacin. Segn el ltimo informe de la propia Secretara de Defensa, 1 326 civiles menores murieron slo en 2006 ao que se tiene monitoreado en eventos relacionados con el combate al narcotrfico. Segn informes de Ririki Intervencin Social, A. C., cada da hay en el pas entre 5 y 10 eventos de violencia no denunciados relacionados con el crimen organizado donde mueren menores civiles e inocentes. Fuente: y .7 8

9

un primer momento el gobierno neg que el tema de la seguridad pblica fuese un verdadero problema en nuestro pas. El acoso del crimen a la poblacin nunca fue originalmente invocado como motivo para emprender la guerra. De pronto ocurri un cambio y el gobierno hizo del tema de la inseguridad que antes minimizaba la razn fundamental para pelear contra la delincuencia. Lo que realmente ocurri, entonces, es que precisamente los ndices de violencia empezaron a ser percibidos como efecto de la errtica lucha del Estado. Significa, por tanto, que la retrica oficial anunci primero una poltica de combate al narco para luego retractarse sealando que su verdadera meta no era otra que anular los efectos que su misma poltica haba provocado. Suena del todo incomprensible y absurdo, pero como veremos a detalle en el segundo ensayo que conforma este volumen, esto es as porque los objetivos perseguidos por la administracin de Caldern a lo largo de estos cuatro aos no podran resultar, ellos mismos, ms contradictorios entre s.

I.Lo evidente e innegable es que hoy en da las estadsticas hablan por s solas: a la fecha en que se escriben estas lneas el nmero de asesinatos vinculados al combate al crimen casi alcanza ya, segn conteo oficial, las treinta mil muertes (rebasando la cifra de ms de veinticino mil fallecidos durante la primera guerra del Golfo ocurrida en 1990-1991). El resto de los datos es infausto, funesto, de consecuencias incalculables y potencialmente irreversibles. Hablamos de empresas, microempresas y micronegocios fronterizos que han emigrado de forma masiva a Estados Unidos, destrozando la economa de ciudades otrora boyantes y productivas como Ciudad Jurez; el turismo y la inversin devastadas por la mala imagen del pas en el extranjero; por si fuera poco, presenciamos que las ltimas elecciones celebradas en julio de 2010 en 15 estados de la Repblica (12 de ellas para elegir gobernador y congresos locales) llevaron el signo de unas verdaderas narcoeleciones. En ellas, numerosos candidatos a alcaldes y diputados se vieron implicados en procesos judiciales de carcter delictivo: el candidato del Partido Revolucionario Institucional (pri) a la gubernatura de Tamau10

lipas fue asesinado por el crimen organizado y los del Partido de la Revolucin Democrtica (prd) a la gubernatura de Quintana Roo y del pan a la gubernatura de Aguascalientes resultaron imputados y detenidos en pleno proceso electoral.9 En el mismo escenario, un senador de la Repblica fue secuestrado, Mxico sigue ocupando el segundo lugar mundial en tasa de secuestros anuales slo por detrs de Colombia, y lo ms alarmante y escalofriante de todo: segn datos de los ms acreditados expertos internacionalistas en materia de seguridad pblica, un anlisis realizado en 107 pases, dirigido por el prestigiado especialista Edgardo Buscaglia como director del Centro Internacional de Desarrollo Legal y Econmico de la Universidad de Virginia con oficinas en Nueva York y la Unin Europea, a travs de una radiografa realizada sobre el alcance de la penetracin de la delincuencia organizada en la poltica y economa mexicana, arroj como resultado que 68% de los municipios de nuestro pas han sido penetrados y se hallan bajo el control de la delincuencia organizada, 40% del pib mexicano anual est ligado a actividades delincuenciales y 78% de los sectores econmicos del pib (en concreto, y principalmente, los sectores agropecuario, turismo, fideicomisos, sector qumico-farmacutico y la construccin) han sido infiltrados ya por el crimen organizado.10 El 30 de agosto de 2010,Adems, y segn informacin de la revista Proceso, nm. 1744 (27 de junio de 2010), pp. 16-19, documentos del Centro de Investigacin Seguridad Nacional en poder del semanario, mantendran bajo sospecha a numerosos empresarios y polticos contendientes a las diputaciones y gubernaturas disputadas en 2010. Destacara el caso de Jess Vizcarra Caldern, ex alcalde de Culiacn y candidato derrotado del pri al gobierno de Sinaloa, que segn dicho semanario podra ser compadre y aliado del poderoso narcotraficante Ismael el Mayo Zambada. Lo cierto es que, hasta el da en que se escriben estas lineas (ltimo trimestre 2010), Jess Vizcarra nunca ha negado pblicamente su vnculo con el narcotraficante, aun y cuando ha sido cuestionado sobre el asunto en numerosas ocasiones y de manera pblica por diversos periodistas. 10 A este respecto, vase Edgardo Buscaglia y Jan van Dijk,Controlling Organized Crime Linked to Public Sectorcorruption: Results of a Global Trends Study, en United Nations Forum, United Nations Press, 2003; Edgardo Buscaglia y Samuel Gonzlez-Ruiz, How to Design a National Strategy Against Organized Crime in the Framework of the United Nations Palermo Convention, en The Fight Against Organized Crime, undp Press, 2003. Tambin puede consultarse fuente periodstica en: .9

11

la propia Comisin de Desarrollo Municipal de la Cmara de Senadores present una radiografa sobre el control territorial del crimen en Mxico. En sus conclusiones, los legisladores establecen que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado no gobierna ya. El estudio maneja un dato revelador: 71% de los municipios se hallan bajo control total o parcial de las mafias. Conociendo este estudio, el 5 de octubre de 2010, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (Cnas, por sus siglas en ingls), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotrfico y el crimen organizado en su lucha por hacerse del control del Estado.11 Al referirse a ello, utilizaron por vez primera el trmino insurgencia criminal para describir el fenmeno por el cual estos grupos paulatinamente han ido imponiendo su ley en zonas cada vez ms amplias de lo que antiguamente definamos como Repblica Mexicana; zonas en las que, adems, y segn sabemos, cada vez es ms frecuente el secuestro masivo de turistas nacionales y extranjeros con el fin de obligarlos a trabajar como esclavos en rancheras y centros de cultivo y produccin de drogas. La realidad habla por s sola. El mismo presidente de la Repblica en su inslito diagnstico publicado el 14 de junio de 2010 al que ya hemos hecho alusin antes, deja ver su absoluta impotencia frente al problema criminal reconociendo por vez primera (aunque sin aceptar culpa o responsabilidad) lo que antes no reconocia: el crecimiento imparable de las organizaciones delictivas y su podero creciente frente a las instituciones. A pesar de ello, no obstante las fallas y el aumento de la violencia en todo el territorio, la feudalizacin del Estado y el fracaso rotundo en todos los indicadores, Caldern no ha dejado de insistir en que la suya era la mejor estrategia para enfrentar al crimen organizado. Esta insistencia, producto de que el gobierno enfrenta un momento de suma debilidad y agotamiento del Ejrcito (instancia en la que esta administracin ha descargado toda la responsabilidad de combate al crimen), resulta ya del todo incomprensible. Tal empecinamiento y falta de voluntad autocrtica para reconocer la11

Revista Proceso, nm. 1773 (24 de junio de 2010), pp. 7-9.

12

derrota estrepitosa de lo que una enorme cantidad de expertos en materia de seguridad pblica consideran un colapso institucional de dimensiones apocalpticas en todas los ejes y dimensiones de la vida estructural del pas,12 admite por ello una sola lectura: el combate al crimen organizado en Mxico no es ms que una farsa. Su rotunda ruina es, hoy por hoy, una realidad que ya nadie se atreve a negar.12 Slo algunos casos que sirven de muestra: Erubiel Tirado, maestro en Derecho por la London School of Economics y responsable de la ctedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana; ha declarado: En la medida en que se debilita el Ejrcito mexicano, el presidente va en cada libre. Su fracaso es ms que evidente y tan pobres son los resultados en materia de seguridad que, a mi juicio, no le alcanzarn para tener una salida decorosa cuando deje el poder [ hay muchos errores en la estrategia del combate contra las drogas; el principal es la corrupcin en su gabinete, la cual, por desgracia, no reconoce. La falta de autocrtica lo est hundiendo. Tenorio Tagle, profesor de la uam, maestro en Justicia Penal y Criminologa, autor de seis libros sobre criminologa y seguridad pblica, seala: el uso del ejrcito en el combate al crimen fue un instrumento de control social y la percepcin ciudadana nos dice, segn estudios que hemos realizado, que hay ms proteccin al narco que combate a ste. En todo el mundo, slo Mxico ha empleado ese slo instrumento para combatir al crimen. Fuente: revista Proceso, nm. 1757, 4 de julio de 2010, pp. 7-9. Echegollen Guzmn, especialista en gobernabilidad e investigador asociado del Centro de Estudios sobre Poltica Comparada, afirma: La presencia del crimen organizado en el Poder Legislativo mexicano, [] su incrustacin orgnica en los cuerpos legislativos, es un hecho. Revista Proceso, nm. 1754, 13 de junio de 2010, p. 18. Marco Vinicio Martnez Villacana, consultor en prevencin de lavado de dinero de Citibank Mxico y de la Asociacin de Bancos de Mxico, habla de una bancada de narcodiputados en el Congreso cuya funcin es obstruir toda iniciativa legislativa orientada a dificultar el lavado de dinero (ibid., p. 18) Edgardo Buscaglia, ex asesor de la onu en materia de seguridad y combate al crimen organizado, seala que Mxico est registrando un incipiente proceso de afganizacin o ausencia de Estado en 982 bolsones territoriales. La guerra contra el narcotrfico est completamente perdida en este momento. Ms de la mitad de los casi dos mil municipios del pas estn completamente feudalizados por el crimen organizado ya que sus figuras simblicas Joaqun el Chapo Guzmn Loera, Ismael el Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Eduardo Costilla, el Coss, entre otros ejercen no slo el poder criminal, sino que ya construyen andamiajes muy slidos para que sus cmplices se posicionen en las estructuras del poder poltico y empresarial del pas. Fuente: revista Proceso, nm. 1017, 19 de julio de 2009. Extracto: .

13

Este libro denuncia esta farsa a lo largo de dos ensayos: en el primero se narran los hechos, se expone la informacin y se fijan los criterios de opinin. En el segundo se lleva a cabo el anlisis de datos e informacin dada a conocer previamente en el primero. Finalmente se presenta la evidencia emprica que sustentan los criterios de opinin aqu vertidos. Entre ambos ensayos, el propsito es desmontar y desmantelar hasta donde un texto de esta naturaleza le resulta posible la hipocresa estatal y su maledicencia. No slo el gobierno mexicano, sino la clase poltica de nuestro pas en su totalidad, partidos de oposicin incluidos, mantienen una farsa de dimensiones indignas y deleznables contra los ciudadanos. Empecemos por hablar de la informacin que las autoridades nos dan a conocer. Habra que empezar diciendo que al informarnos de los resultados de esta guerra contra el crimen se nos insulta da a da, se nos ve la cara, se nos agrede con mentiras, con hipocresa, con falsedad supina, con cinismo vergonzante; en el discurso, en la informacin, en la publicidad, en los medios de comunicacin electrnicos y escritos. Un ejemplo de ello: cotidianamente se nos reporta a travs de estos medios sobre cientos de detenidos. Mxico es uno de esos pases en el mundo donde presuntos delincuentes son apresados, puestos ante cmaras y sentenciados da a da en televisin: en Mxico la televisin sustituye a los juzgados. Da a da vemos estas imgenes donde se nos informa que se detuvo a tal o cual gatillero, jefe de plaza o lugarteniente de este o aquel grupo criminal. Se nos exhiben sus rostros, sus caras, sus declaraciones. Es un ritual que se repite a diario: individuos acusados de narcotrfico y homicidio son expuestos ante los medios de comunicacin para mostrar que Mxico est ganando su guerra contra las drogas. Pero una vez que las luces de las cmaras se apagan y los estudios de televisin vuelven a su penumbra, ms de tres cuartas partes de ellos son puestos en libertad. Aun cuando el gobierno federal presume su rcord de arrestos, los casos armados por procuradores y policas bajo la enorme presin de hacer arrestos con rapidez se desbaratan por la falta de evidencia. Adems, Mxico carece de inteligencia efectiva para perseguir al crimen. Normalmente suelen ser los crteles de las drogas quienes deciden quin es 14

arrestado.13 La informacin para realizar las detenciones proviene siempre de ellos. De este modo cooptan y ponen al Estado a su servicio para dirigir su lucha contra otros crteles enemigos. Personas inocentes son torturadas para que confiesen. Los culpables son puestos en libertad, slo para ser detenidos en otra ocasin por otros crmenes. Que las escenogrficas detenciones a presuntos criminales en Mxico no son ms que eso, un espectculo meditico (el cual, por cierto, viola los derechos jurdicos de presuncin de inocencia de gente que pese a no haber sido todava juzgada es presentada ante cmaras como criminal), es algo cuya evidencia no deja lugar a dudas. En un significativo reportaje publicado por la periodista Nancy Flores en la revista mexicana Contralnea, se documenta que en la guerra contra el crimen, que ha costado ya casi treinta mil vidas, de un muestreo conformado por un total de 121 199 personas detenidas,Aunque en Mxico los ciudadanos no podemos de facto acceder a averiguaciones previas, pese a que stas hayan terminado ya en acciones policiales completadas o en sentencia firme e inapelable (debido a la cantidad innumerable de obstculos que los procedimientos legales establecen para allegarse la informacin pblica), pueden mencionarse, sin embargo, varios casos que muestran que en Mxico la inteligencia e investigacin del Estado se reducen a lo dicho por testigos protegidos y los avisos recibidos directamente por los criminales de los crteles. Slo menciono algunos ejemplos: la averiguacin previa pgr/siedo/ueidCs/0241/2008 menciona que la detencin de el Mochomo (que a la larga derivara en la escisin del Crtel de Sinaloa), se deriv de una llamada telefnica. A raz de ah, se sabe, por ejemplo, que el inspector Edgar Enrique Bayardo quien descubri la lujosa residencia en el Desierto de los Leones donde haba un zoolgico privado reciba del Mayo Zambada hasta 500 mil dlares por cada enemigo suyo que le haca favor de detener. Un comisionado de la Polica Federal Preventiva (pFp), Jos Luis Figueroa, dio a conocer que al director de la Agencia Federal de Investigacin (aFi) se le haban ofrecido cuatro millones de dlares por capturar a Osiel Crdenas, lder del Crtel del Golfo, con los datos e indicaciones que los mismos criminales aportaran (Nexos, nm. 386, p. 22). La averiguacin siedo/uet/6668/2008 relata planes para liberar al Chapo antes de ser recluido en el penal de Puente Grande. Declaraciones posteriores del testigo protegido Moiss narran la molestia de Beltrn Leyva por no haber sido avisado que su hermano sera detenido pese a tener a la Procuradura General de la Repblica (pgr) a sueldo. Se trata insisto slo de algunos ejemplos, si bien todos ellos son ms que significativos.13

15

nicamente se han dictado 735 sentencias firmes por delincuencia organizada y slo a 1 359 acusados por delitos contra la salud se les ha acreditado pertenencia a algn crtel. El dato es estremecedor, pues quiere decir que segn la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal dada en contestacin a la solicitud de informacin 00044844 hecha por la revista mexicana Contralnea, de las 121 199 personas detenidas entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 acusadas de algn delito de delincuencia organizada (segn la cifra de detenidos dada a conocer por el propio gobierno federal al Congreso el 12 de abril de 2010), los juzgados de distrito slo han dictado durante el mismo periodo 735 sentencias de ltima instancia por ese delito. Eso significa que de las detenciones reportadas por la administracin calderonista esto es, de los cientos de miles de detenidos que cotidianamente se nos informa en los noticiarios televisivos que han sido aprehendidos slo 0.6% termina con sentencia firme. Insistamos en que, de esos mismos 121 199 detenidos despus de 13 solicitudes basadas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental la Procuradura General de la Repblica (pgr) inform a Contralnea que slo a 1 194 personas se les pudieron probar crmenes vinculados al narcotrfico. Lo cual otra vez nos arroja un indicador de slo 1.21% de eficiencia punitiva sobre el total de detenidos acusados de este delito. Eso es lo que ha llevado a especialistas internacionalmente reconocidos, como el doctor Edgardo Buscaglia, a sealar que la estrategia del presidente Caldern es una mera farsa meditica implementada por medio de un mero criterio de mercadoctenia que no pretende desmantelar grupos criminales. A los ciudadanos se nos informa de las cuantiosas detenciones que da a da se realizan. Lo que nunca se nos dice es que la tasa punitiva real de esas detenciones es inferior al 2%. Ms del 98% de los supuestos criminales detenidos quedan, por tanto, libres.1414 Toda esta informacin puede consultarse y ampliarse en: .

16

Pero detrs de esta farsa meditica, el discurso oficial esconde una mentira an ms grave: la de que la estrategia del presidente Caldern para combatir el crimen organizado entre 2002 y 2006 era la nica posible o viable, puesto que se supondra la otra sola alternativa hubiera sido que el Estado continuar cediendo espacios a las mafias hasta desaparecer o difuminarse. Los dos ensayos que conforman este volumen muestran con contundencia tanto con datos como con material de estudio comparativo que esta execrable falsedad desde donde se articul el discurso oficial es doblemente dolosa e hipcrita; en primer lugar, porque resulta absolutamente falso que ante el embate del crimen las opciones viables de gobierno se hubieran tenido que reducir: a i) o bien asumir la estrategia del presidente, o bien, ii) rendir al Estado frente a la delincuencia. Pero en segundo lugar (lo que es ms trgico y absurdo) porque, de facto, y en la realidad, el supuesto combate al crimen que se lleva a cabo en Mxico (adems de implicar los desastrosos resultados que hemos brevemente reseado), resulta sin duda alguna y como iremos demostrando contraproducente, pues existen bases tericas y empricas contundentes y demoledoras para demostrar ms all de toda duda razonable que los trminos en que la actual administracin del pas ha planteado la lucha contra el narcotrfico durante ms de cuatro aos no slo no debilit nunca al crimen, sino que de hecho lo fortaleci. Sobre qu bases sustantivas puede afirmarse algo cmo esto? Abreviemos algunas de las razones que ms adelante encontrar el lector expuestas a detalle en el segundo de estos ensayos.

II.Mxico es el nico pas del planeta que durante ms de cuatro aos ha planteado la lucha al crimen organizado en trminos de un mero combate policial contra el narcotrfico. Esto de entrada constituye ya un error monumental. Ante todo hay que aclarar como reiteradamente lo ha hecho Edgardo Buscaglia que el narcotrfico representa slo una de las ms de 22 actividades ilcitas que llevan a cabo los 17

crteles criminales (entre estas 22 actividades ilcitas sobresalen la piratera, la prostitucin, la trata de blancas, el trfico de armas y de personas, la pornografa infantil, el robo de combustible, los robos de identidad, la extorsin, el chantaje y el secuestro, entre otras). Clculos de especialistas nos hablan de que el delito de narcotrfico representa aproximadamente entre 45 y 48% de los ingresos totales anuales que obtienen estos grupos (ms de 75 000 millones de dlares), mientras que el otro 52 a 55% de los ingresos brutos provienen de los dems tipos de ilcitos.15 Significa esto que los crteles criminales se estructuran a modo de empresas transnacionales, por lo que al igual que stas concentran su actividad en diversificar tanto riesgos como actividades. Hablar de combate al narcotrfico es, por tanto, incorrecto, pues cuando el esfuerzo del gobierno se concentra en combatir esa sola dimensin el resultado observado es que las empresas criminales tienden a canalizar recursos y medios en el resto de sus actividades lucrativas, lo que de hecho se traduce en el aumento de ilcitos mucho ms corrosivos para el tejido social que lo que puede ser el consumo de estupefacientes, tal y como ocurre con el aumento de los crmenes de extorsin y secuestro en nuestro pas (estudios prueban, de hecho, que slo 1% de la violencia que padece Mxico est ligado al narcomenudeo, mientras el 99% restante est ligado a los otros 21 tipos de delito en que han diversificado sus operaciones los crteles criminales).16 Una vez que se entiende esto, podemos asimismo comprender que el combate al crimen organizado no puede llevarse a cabo de forma policial y meramente represiva. Aceptar esta realidad le tom al discurso oficial cuatro aos y ms de treinta mil vidas, hasta que el 26 de agosto de 2010 el presidente pareci descubrir l solo el hilo negro de lo que acadmicos y expertos no hemos parado de denunciar durante ms de cuatro aos. En esa fecha, Caldern anunci el envoVase entrevista a Edgardo Buscaglia, en: . 16 Narco-Mxico, entrevista a Edgardo Buscaglia en: .15

18

de una propuesta de ley para reorientar su estrategia de combate centrndola en el mbito financiero buscando con ello debilitar las redes patrimoniales de las empresas dedicadas a la criminalidad. Aunque por vez primera desde el inicio de su mandato reconoci que sin este desmantelamiento de los activos de las mafias jams se lograr su derrota, jams explic por qu no adopt ese planteamiento desde que comenz su guerra en 2006 y por qu tuvo que esperar ms de cuatro aos y miles de numerosas muertes para intentar instrumentarlo. An as y no obstante, en el segundo de los ensayos que componen este libro expondremos las razones que nos impiden ser optimistas obligndonos a sospechar que esta iniciativa decaiga en un discurso ms de simulacin y tan vaco de medidas realmente eficaces como todos los anteriores. Cmo debiera, entonces, enfocarse una poltica verdaderamente eficaz de combate a la criminalidad? Primero que nada habra que atender a los estndares internacionales en la materia. Hoy da la enseanza de la poltica criminal muestra que no basta con actuar penalmente sobre individuos u organizaciones mafiosas si no se perturba o elimina el poder financiero acumulado mediante sus actividades presentes o pasadas. De hecho, en el mundo, ese aspecto financiero se ha convertido sin duda en el componente esencial de la lucha contra la delincuencia organizada. Esta toma de conciencia de la importancia de la lucha financiera contra los crteles se ha traducido internacionalmente en una amplia gama de convenios mundiales y regionales, recomendaciones, compromisos y acuerdos de cooperacin judicial que se resumen as: i) creacin del Grupo de Accin Financiera Internacional en 1989 (gaFi), ii) convenios internacionales de Naciones Unidas que integran compromisos relacionados contra la lucha de lavado de dinero, iii) Convencin de Viena de 1988 de prevencin de blanqueo de capitales y contra el terrorismo, iv) Convencin de Palermo contra la Delincuencia Organizada en el 2000 y v) Convencin Mrida contra la Corrupcin en 2003. La razn para explicar la aparicin de todos estos tratados que fijan el estndar internacional de combate a la delincuencia es algo muy simple: como los grupos criminales operan transnacionalmente, frecuentemente la evidencia en su contra se encuentra fragmentada en diversos pases y est sujeta a diversas jurisdicciones. Ello obliga 19

a homologar criterios y jurisdicciones bajo criterios globales que no se hallen parcelados. Debemos, por tanto, empezar por tener en cuenta que la globalizacin y las nuevas tecnologas implican nuevas oportunidades para las empresas y negocios legtimos, pero lamentablemente tambin para la delincuencia organizada. Esta ltima no slo aprovecha avances de toda ndole para modernizar y diversificar su accin criminal, sino que tambin utiliza en su favor la jurisdiccin territorial limitada de los pases y los huecos de oportunidad que dejan abiertos los diversos sistemas jurdicos debido a las diferencias en la aplicacin de polticas criminales. Frente a las dificultades padecidas durante aos por numerosos y diversos pases invadidos por el cncer del crimen para reunir evidencia y obtener pruebas contra los capos del crimen, la experiencia internacional fue, entonces, poco a poco acrisolndose hacia la promocin de un modelo jurdico y un protocolo internacional de combate a la delincuencia orientado a enfrentar precisamente su estructura transnacional organizada (para dimensionar esta caracterstica transnacional del crimen, sirva de muestra la informacin publicada por el diario Vanguardia, donde se seala que el Crtel de Sinaloa que encabeza la llamada Federacin de Carte les tiene al menos siete centros patrimoniales en Europa, a saber: Portugal, Espaa, Alemania, Italia, Polonia, Repblica Checa y Eslovaquia).17 Esta forma de orientacin cooperativa internacional conjunta ha arrojado un importante resultado. Mediante mltiples reuniones internacionales de expertos y responsables polticos de los Estados, termin consolidndose el consenso mundial para enfrentar colectivamente la delincuencia organizada, admitiendo que sta no limita su actividad al comercio de drogas ilegales. Se acept pues, la necesidad de disear una solucin transnacional para un problema transnacional: la Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus Protocolos adicionales. Este instrumento fue firmado en la ciudad de Palermo, Italia, en la ceremonia celebraEn .17

20

da del 12 al 15 de noviembre de 2000. Actualmente ha sido firmada por 147 pases y ratificada por 93, incluyendo Mxico, que sign el convenio el 13 de diciembre de 2000, mismo que fue ratificado por el Senado el 22 de octubre de 2002, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 2 de diciembre del mismo ao, entrando en vigor el 29 de septiembre de 2003. Eso significa que hoy da, y segn lo estipulado por el artculo 133 constitucional, la Convencin de Palermo tiene estatus de ley suprema en nuestra Repblica. En consecuencia, es necesario reflexionar acerca de su valor en el marco del derecho internacional y constitucional del pas, particularmente respecto a su articulacin con otros tratados signados por Mxico, como la Convencin contra el Financiamiento del Terrorismo en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Al no cumplir en la prctica segn veremos con ningn aspecto sustantivo de los protocolos establecidos en Palermo, lo cierto, entonces, es que el Estado mexicano viola su propio marco jurdico. La Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida tambin como Convencin de Palermo, tuvo como antecedentes la resolucin 53/111 del 9 de diciembre de 1998 en la cual se decidi establecer una convencin internacional amplia contra la delincuencia organizada. As, entre uno de sus ms importantes resolutivos se declara quela Convencin de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional constituir un instrumento eficaz y el marco jurdico necesario para la cooperacin internacional entre otros casos de actividades delictivas como el blanqueo de dinero, la corrupcin, los crecientes vnculos contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos de terrorismo.18

A lo largo de su articulado, el documento de la Convencin va detallando los fines, los mbitos de aplicacin, las medidas a tomar, las responsabilidades y las directrices que debe seguir la cooperacinPuede leerse el texto de la Convencin en, .18

21

internacional entre pases. Al establecer como propsito fundamental segn acabamos de decir, promover la cooperacin para prevenir y combatir ms eficazmente la delincuencia organizada transnacional, el documento determina los delitos que tienen carcter de este tipo, as como tambin deja en claro la proteccin de la soberana de cada Estado integrante, y lo ms importante de todo, define las medi das y protocolos que cada pas debe implementar en su orden y accin jurdica con el fin de mitigar o erradicar este grave problema. Podemos decir que los lineamientos fijados y establecidos por la Convencin de Palermo y la Convencin de Mrida para combatir al crimen, pueden resumirse en cuatro medidas o dimensiones (lo que Buscaglia ha denominado las cuatro ruedas) que la experiencia internacional (as como al menos un relevante estudio emprico que el lector encontrar explicado en el ltimo ensayo de este texto) exigen atender y atacar en paralelo como condicin indispensable para lograr una lucha verdaderamente efectiva contra el crimen organizado. Son las siguientes: i) ante todo, el desmantelamiento de las redes patrimoniales de los crteles delictivos y de sus redes de lavado de dinero en los sectores poltico y empresarial (las tcnicas y estrategias especializadas de investigacin que para ello deben implementarse se detallan en los artculos 12, 20.2 y 27-b de la Convencin); ii) combate a la corrupcin poltica en los ms altos niveles (Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupcin Convencin de Mrida, cap. III, artculos 5, 20-31); iii) prevencin social del delito orientada a darle presencia al Estado en sectores donde tradicionalmente ha estado ausente (construyendo obra e infraestructura social, sistemas de riego, escuelas, iglesias, campos de futbol, ofertas de trabajo no precarias ni temporales: los protocolos se detallan en los artculos 8, 9 y 31), y iv) combate policial utilizando una inteligencia civil que realice las investigaciones en contra de los crteles de la droga con una direccin jurdica apropiada para que los procesos judiciales no se caigan (alguno de los protocolos a este respecto se detallan en los artculos 7.4, 12 y 13.1 de la Convencin). El combate al crimen organizado en Mxico es una farsa, porque de estas cuatro dimensiones o medidas con rango de ley, dado que Mxico ha signado el documento que las delinea nuestro pas 22

no atiende prcticamente a ninguna de ellas. Simula concentrarse en la accin policial, pero como ya hemos visto lo hace slo mediante montajes televisivos y con resultados que arrojan una tasa punitiva real inferior a 2%. El combate a la corrupcin poltica se lleva a cabo, asimismo, de manera sesgada y nicamente a niveles medios e inferiores: por ejemplo, en mayo de 2009 se detuvo a 35 funcionarios municipales y estatales de Michoacn. Tan slo un ao despus y en la fecha que se escriben estas lneas han sido liberados 34 de ellos por falta de pruebas, exhibiendo as la debilidad con que la pgr suele armar expedientes e investigaciones. En Mxico nunca ha ocurrido que un funcionario de alto nivel involucrado en actividades delictivas (presidente, gobernador, fiscal general o legislador) haya sido detenido estando en funciones y puesto a disposicin de las autoridades. El dato contrasta con pases donde las cuatro ruedas fijadas por la Convencin de Palermo han sido aplicadas a cabalidad y con verdadera voluntad poltica: en Colombia, una vez alcanzado el punto de mayor deterioro y penetracin del crimen en el Estado durante la poca en que el Crtel de Cali lleg incluso a financiar la campaa poltica del presidente Ernesto Samper, la accin de combate a la corrupcin poltica termin arrojando como resultado que 32% de los legisladores en ese pas acabaran siendo juzgados y sentenciados (segn datos del libro compilado por Claudia Lpez Hernndez, hoy podemos saber que uno de cada tres congresistas colombianos reciba ingresos de la mafia).19 En contraste, mientras Mxico no alcanza a cumplir con ni siquiera 65% de las clusulas de la Convencin de Palermo y con tan slo 23% de la Convencin de Mrida contra la Corrupcin, Colombia ha alcanzado a implementar el 100% de las clusulas de ambas convenciones de la onu en sus instrumentos jurdicos; asimismo implementa activamente 94% de ellas.20Vase, Claudia Lpez Hernndez (comp.), Y refundaron la patria: de cmo mafiosos y polticos reconfiguraron el Estado colombiano, Colombia, Corporacin Nuevo Arcoris/Congreso visible de Justicia/Grupo Mtodo/MOE, 2010. 20 Vase, Edgardo Buscaglia, La capacidad de Mxico en su combate a la financiacin del terrorismo, en Andrs Roemer y Edgardo Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economa, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas, unam, 2006, p. 40.19

23

Aun y cuando la accin policial la nica dimensin de combate al crimen en la que nuestro pas se concentra desatendiendo todas las dems fuera eficiente (cosa que hemos visto de ningn modo ocurre), ello tampoco contribuira en lo absoluto a mermar el poder econmico, poltico y militar de los crteles criminales. stos estn estructurados lo hemos dicho ya a modo de poderosas empresas transnacionales. Su poder radica ante todo en su inmensa capacidad financiera, de la cual depende tanto su capacidad de fuego como su capacidad para cooptar todos los niveles polticos y administrativos del Estado. Incluso si se detuviera a todos sus lderes, estas empresas no encontraran obstculo para sustituirlos pronto. As como detener a un directivo de una franquicia internacional no elimina a la franquicia misma, detener a unas cuantas cabecillas sin tocar en lo absoluto el patrimonio de su organizacin no merma en lo absoluto el poder de la misma.21 La razn de ello, resulta obvio, es que el poder de los crteles criminales no radica en su capital humano, sino en su capital financiero.Apreciaciones como sta son respaldadas no slo por especialistas internacionales como Buscaglia, sino por investigadores como Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment de la Universidad de Oslo, Noruega, quien reiteradamente ha denunciado que la estrategia antidrogas mexicana slo ha apostado por el despliegue masivo de elementos de seguridad federal (policas y militares), sin que se aprecie una adopcin simultnea de otras acciones imprescindibles para lograr un resultado ms contundente en el abatimiento de la delincuencia organizada. Se ha dejado de lado el desmantelamiento de la estructura de proteccin poltica con la que todo grupo de esta naturaleza cuenta seala, no slo en Mxico, sino en todos los pases donde estos fenmenos han estado presentes; y se ha hecho muy poco esfuerzo por investigar sistemticamente los activos patrimoniales y financieros de este tipo de estructuras criminales. El investigador agrega que, incluso, las acciones que muestran una mejor coordinacin y eficiencia en su ejecucin como la urdida en contra de Arturo Beltrn Leyva, asesinado a manos de efectivos de la Marina son tcticamente efectivas, pero estratgicamente insuficientes si no van acompaadas del desmantelamiento de la proteccin poltica y de los bienes econmicos de la delincuencia. Pueden leerse sus declaraciones completas en: .21

24

sa es la principal razn por la cual la Convencin de Palermo establece como principal eje en el cmbate a la delincuencia organizada la imperativa y acuciante necesidad de realizar investigaciones patrimoniales sistemticas y proactivas. Las redes patrimoniales y financieras son base sustantiva de la capacidad de expansin y respuesta de los crteles organizados frente a los embates del gobierno federal. Por eso la Convencin de Palermo es clara al sealar que mientras stas permanezcan intocadas y no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre polticos y capos, la guerra contra el crimen estar destinada al fracaso. Actualmente, Mxico no ha incorporado a su legislacin 41% de las clusulas que pertenecen a la Convencin de Palermo, y en lo que respecta a la capacidad de implementacin de cada una de las clusulas del mismo, la conclusin es que Mxico no cumple con ms del 65% de lo estipulado.22 Parte relevante de este incumplimiento refiere al inobservancia de las 40 recomendaciones del Grupo de Accin Financiera Internacional (gaFi, por sus siglas en espaol, FatF, por sus siglas en ingls) para prevenir el lavado de dinero.23 Mxico tampoco utiliza el instrumental tcnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero.24 El International Narcotics Control Strategy Report 2010, afirma que Mxico sigue siendo un centro de lavado de dinero. Y aade: se estima queEdgardo Buscaglia, La capacidad de Mxico en su combate a la financiacin del terrorismo, en A. Roemer y E. Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organi zada, p. 40. 23 Ibid. Mxico se adhiri al gaFi en 1999. Actualmente es parte de este organismo internacional al lado de otros 30 pases. Tambin pertenece al Grupo Egmont para la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana. 24 El 26 de agosto de 2010, el presidente Caldern envi una iniciativa al Congreso en la que para intentar lograr este objetivo se prohibe pagar ms de cien mil pesos en efectivo por la adquisicin de algn bien. Sin embargo, y ese mismo da, ya se dejaron escuchar voces entre algunos diputados anticipando su oposicin a esta iniciativa. Por otra parte y de ello me ocupo en el segundo ensayo que compone este volumen, la medida constituye un paso sin duda encomiable (aunque tardo e insuficiente), pues de no tomarse las medidas adecuadas, la mayor parte del blanqueo de dinero en nuestro pas se seguir dando precisamente por medio del sistema financiero.22

25

los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscila entre quince mil y treinta mil millones de dlares. La mayora de estos ingresos que se obtienen en territorio estadounidense se repartirn principalmente por medio de envos de divisas y el lavado a travs de negocios legtimos en Mxico.25 De acuerdo con la Subprocuradura de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la pgr, entre diciembre de 2006 y enero de 2010 se consignaron 47 021 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y slo dos por operaciones con recursos de procedencia ilcita o lavado de dinero. Los resultados estn a la vista: a poco ms de cuatro aos de que el presidente Caldern lanzara su cruzada contra el narcotrfico, es evidente que la poltica criminal del rgimen carece tanto de voluntad como de instrumentos eficaces para desarticular los esquemas financieros del crimen organizado.26 La Ley de Extincin de Dominio, aprobada por el Senado de la Repblica el da 2 de abril de 2009, tendra que ser una importante herramienta jurdica para poder despojar al crimen organizado de sus bienes y mermar su fuerza, pero en, Mxico esto no es as debido a que se carece de un insumo indispensable; a saber, la informacin sobre los personajes y empresas que administran desde la poltica o el sector financiero el patrimonio de la delincuencia. Tal y comoVase informe en . Ciertamente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, promulgada en Mxico en el ao de 1996, fue un paso adelante en la lucha de combate al crimen. Hasta antes de ese ao no existan muchos dirigentes del crimen a los que se hubiera podido comprobar su participacin en delitos contra la salud. La mayora de ellos eran acusados de tenencia y posesin de armas o de homicidios asociados a la violencia que la delincuencia organizada genera. Entre sus armas ms positivas, La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada considera ya el delito de participacin o pertenencia a un grupo criminal organizado, tipificando como delito el puro hecho de organizarse para delinquir (artculo 2 de la Ley). Crea, asimismo, la figura de testigo protegido y la legitimidad de infiltrar agentes para desmantelar estructuras criminales. No obstante, en la prctica, ninguna de estas medidas tiene consecuencias operativas significativas, puesto que no existe la estructura logstica y de planeacin que se requerira para que su aplicacin fuera efectiva; esto es, no hay trabajo coordinado y conjunto entre las unidades de polica y la investigacin de inteligencia financiera especializada.25 26

26

lo demuestra el caso Colombia denunciado por el periodista Alberto Girardo en su libro Mi verdad (Planeta, 2005), la aplicacin de la Ley de Extincin de Dominio tiene como ventaja fundamental que las investigaciones puedan encausarse incluso por va civil o no penal, adems de bajar la carga de la prueba al Estado gracias a que opera con un principio jurdico inverso al de presuncin de inocencia: la Ley de Extincin de Dominio hace recaer la carga de la prueba en el sospechoso. Es l o ella quien tiene que probar su inocencia (en este caso la fuente legtima de sus bienes), antes de que el Estado compruebe su culpabilidad. No obstante, y para ser efectiva, la Ley requiere de respaldos informativos; esto es, insumos del mapa patrimonial completo en torno a grupos, familiares y personas tanto fsicas como morales vinculadas entre s, mapas que deben ser delineados a partir de la intervencin en el Registro Pblico de la Propiedad , la colaboracin operativa entre la Secretara de Hacienda, La Unidad de Inteligencia Financiera, las unidades de investigacin patrimonial y la pgr. De este modo, los fiscales como ocurri en Colombia podran actuar de oficio y usar los mapas de informacin patrimoniales para perseguir no slo a personas fsicas acusadas de delitos, sino a empresas legales que brindan apoyo logstico a crteles o que se alimentan de sus recursos. En esas condiciones, la Ley de Extincin de Dominio se convierte en un relevante instrumento proactivo en lugar de uno reactivo. En Mxico nada de esto se hace; por tanto, la Ley prcticamente no puede aplicarse o se aplica sin resultado efectivo alguno. Segn registros del Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes (sae), en una dcada el gobierno ha intervenido tan slo 55 empresas presuntamente ligadas al crimen, y de este nmero luego ha tenido que devolver 33 a sus propietarios. Segn esta informacin, los capos del crimen han ganado al gobierno 60% de los casos disputados. El dato contrasta con la base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que desde el 2002 incluye a 116 empresas mexicanas como sospechosas de mantener vnculos con el crimen organizado ninguna de las cuales ha llegado a ser investigada. En esos 10 aos el gobierno retir el dominio de bienes muebles e inmuebles por valor 27

de 900 millones de pesos.27 La cifra no corresponde ni al 7% de la fortuna de mil millones que la revista Forbes atribuye a el Chapo Guzmn. Si se compara con las ganancias anuales que se atribuyen a los crteles criminales que operan en Mxico (75 000 millones de dlares, segn expertos, 40 000 millones, conforme a datos del propio gobierno federal), la cantidad no equivale ni al 0.18% de tales ganancias.28 La atrofia institucional de Estado y gobierno en Mxico es, pues, alarmante. Aunado a esto se observa una ausencia total de programas de prevencin a la delincuencia. Los programas sociales son inexistentes. En febrero de 2010, Caldern anunci un plan social de inversin contra el crimen en sanidad, salud, educacin y ayudas sociales de ms de doscientos millones de dlares para Ciudad Jurez, mismo que hasta la fecha slo ha quedado en el anuncio.29 Adicionalmente a todo lo anterior, se observa un fenmeno an ms alarmante, ms perverso. Se trata de aquello que la mxima autoridad en el tema, Edgardo Buscaglia, ha denominado la parado ja del castigo esperado (The Paradox of Expected Punishment).30 BrevementeTal y como lo certifica el Informe 2010 sobre la violencia ligada al narcotrfico en Mxico (vase MidYear Report on Drug Violence in Mexico, Trans-Border Institute, Joan B. Kroc Rcholl of Peace Studies, University of San Diego, 2010), hay que sealar que en Mxico los ciudadanos debemos emprender largos, tortuosos y ms que complicados procesos para tener acceso a esta clase de datos. La opacidad en la informacin que los organismos pblicos dan a conocer es total. Recin en la primera semana de agosto de 2010 en que se llevaron a cabo las tres sesiones de los Dilogos por la Seguridad convocados por el presidente; Guillermo Valds, director del Centro de Investigacin y Seguridad Nacional (Cisen), dio a conocer una cifra que durante ms de tres aos ha sido reservada: segn l, el total de efectivo incautado a los crteles criminales es de 330 millones de dlares, 441 millones de pesos y 600 millones de pesos en vehculos. La cifra de confiscacin de activos, no obstante, es totalmente ridcula si se compara con los ms de 11 mil millones de dlares que el gobierno colombiano confisc al crimen organizado en un periodo slo dos aos mayor. 28 Todos estos datos fueron proporcionados a la revista Proceso con base a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin pblica, proporcionada por el sae a peticin del semanario. Puede consultarse en Proceso, nm. 1749,2 de mayo de 2010, p. 7. 29 Fuente: . 30 Vase Edgardo Buscaglia, The Paradox of Expected Punishment: Legal and Economic Factors Determining Success and Failure in the Fight against Organized Crime, en Review of Law and Economics, vol. 3, 2008, pp. 1-25.27

28

expuesta, lo que tal paradoja plantea es que de acuerdo con un estudio realizado en 107 pases, cuando la lucha contra el crimen organizado renuncia a obstaculizar la accin criminal mediante la incautacin de los activos financieros de los criminales para en vez de ello concentrarse exclusivamente en la confiscacin de armas y la detencin fsica de personas (tal como y ocurre exactamente en Mxico), lo que la investigacin emprica demuestra es que a mayor aumento de sanciones policiales y militares contra los crteles delictivos, ms tiende a crecer el incentivo para que estos grupos canalicen mucho mayor parte de sus recursos a corromper todas las esferas del Estado. A mayor persecucin y mayor represin se da invariablemente, por tanto, mucha mayor corrupcin. Resultado: el Estado tiende a feudalizarse y a volverse ms dbil. Con el fin de seguir protegiendo sus operaciones, el crimen extiende sus anillos de influencia hasta los niveles ms altos de gobierno. Clculos conservadores establecen que cada uno de los crteles organizados en nuestro pas destina al ao un promedio de ms de cuarenta millones de dlares anuales slo para sobornar a jueces y legisladores, a la par que ms de ochenta mil millones llegan a los polticos mexicanos slo para financiar sus precampaas.31 La vulnerabilidad al soborno es ms o menos generalizada si tomamos en cuenta que en Mxico no existe regulacin para los gastos de precampaa, o que un polica en la Ciudad de Mxico gana en promedio 4 500 dlares anuales lo cual, comparado con el salario anual promedio de un empleado de la clase obrera que es de alrededor de 7 900 dlares al ao, hace que el incentivo al soborno sea an mayor. Una de las principales finalidades hacia la que se orientan los protocolos y medidas establecidas en la Convencin de Palermo que Mxico no respeta consiste (ahora podemos entenderlo) en evitar precisamente la paradoja del castigo esperado. Por tanto, mientras ms insista el gobierno en seguir manteniendo los trminos carentes de sentido en que ha planteado este combaSamuel Gonzlez-Ruiz, Csar Prieto Palma et al., Causas y consecuencias del vnculo entre la delincuencia organizada y la corrupcin a altos niveles del Estado: mejores prcticas para su combate, en A. Roemer y E. Buscaglia (comps.), Terrorismo y delincuencia organizada, pp. 87-88.31

29

te, ms penetrar el crimen al Estado. En ms de una ocasin los mexicanos hemos visto crudas imgenes de televisin que por s solas explican el aumento del fenmeno de cooptacin institucional que, segn la paradoja del castigo esperado, es inherente al aumento del combate militarizado: ah estn las cada vez ms frecuentes escenas en que vemos a policas municipales y estatales encaonarse entre s. Ante este panorama, por qu el Estado no se decide a emprender una lucha verdaderamente eficaz contra el crimen? Por qu no hay una verdadera voluntad poltica para aplicar medidas integrales y de eficacia probada? En otras palabras: si su eficacia es demostrable, por qu Mxico no activa al 100% las medidas de las Convenciones de Palermo y Mrida contra la corrupcin y la delincuencia organizada? Cul es la razn de que a la hora de combatir el crimen el gobierno se ocupe y preocupe ms por las opiniones que vierten canta-autores de msica pop, como Joaqun Sabina (que al criticar la poltica de combate al crimen fue de inmediato invitado a Los Pinos a cenar con el presidente Caldern), que por atender las minuciosas denuncias crticas, estudios y argumentos que han brindado connotados acadmicos y especialistas con base a la inapelable evidencia de los datos duros? Por qu el Estado no atiende la experiencia internacional y la opinin de expertos en materia de seguridad nacional e internacional de prestigio mundial? La razn es muy simple: el Estado ha perdido su capacidad punitiva porque la corrupcin forma un tejido que hilvana tanto los intereses del poder poltico como los del econmico. Los agentes polticos que deberan conducir y direccionar la accin contra la delincuencia son, a su vez, los principales beneficiados de la misma. El Estado no desarticula el patrimonio de los grupos criminales porque el poder econmico que debera desactivar trastoca el mbito ms alto de su pirmide. La red de complicidad que penetra ya todas las esferas financieras y de gobierno inhabilita cualesquier poltica de combate realmente efectivo contra la delincuencia bloqueando cualquier tentativa que busque desmantelar el patrimonio de las redes mafiosas que feudalizan la Repblica y la convierten en botn de los crteles organizados que gobiernan el pas: crteles, empresarios y polticos son socios cupulares amalgamados para neutralizar toda amena30

za dirigida a la modificacin del statu quo que pudiera alterar el modus vivendi de su pacto delictivo. sa es, de fondo, la terrible y trgica paradoja que consume a Mxico. Para atajarla, el Estado tendra que volverse contra sus cimientos con el fin de extirpar la propia larva que lleva inoculada en su cuerpo orgnico. Resolver este problema, por tanto, no es tarea de un gobierno, sino del Estado mismo. De la clase poltica en su conjunto. Slo un gran pacto nacional a largo plazo y entre todas las fuerzas polticas podra revertirlo. Sin embargo, lo he dicho ya, estas fuerzas polticas son, por desgracia, parte del problema y parte del simulacro, no de la solucin.

III.El nivel de descomposicin de las fuerzas y organismos del Estado que debieran luchar contra el crimen organizado ha llegado ya a un extremo que no conoce lmites. La red de podredumbre que infiltra cada clula e institucin empieza a emular y en muchos casos anticipar el grado de caos, desorganizacin y evaporacin del Estado que se observa en realidades sociales tan descompuestas como las de Somalia o Afganistn. En nuestro pas, soldados, marinos, policas y sicarios del crimen portan las mismas armas y visten los mismos uniformes. Tambin comparten algo ms: obedecen por igual a autoridades que no son las de la ley. Por desgracia, no se trata de una metfora: el 22 de julio de 2010, la Secretara de la Defensa Nacional (Sedena) reconoci por vez primera que grupos de sicarios portan uniformes de soldados o marinos y clonan o utilizan vehculos oficiales del Ejrcito. Esto les permite desplazarse libre e impunemente por las carreteras del pas con el fin de cometer ejecuciones y secuestros. La misma Sedena report que personal de la Octava Zona Militar ha asegurado uniformes y vehculos con logotipos e insignias de uso exclusivo del Ejrcito en posesin de los criminales. Esto no es, sin embargo, ms que el punto de un vrtice terrorfico que apenas ilustra el grado en que las fuerzas del orden se diluyen y confunden por completo con las del crimen. Testimonios diversos revelan la 31

existencia en al menos algunos estados de la Repblica de un mismo esquema macabro estructurado a partir de dos unidades de polica; ambas especializadas en secuestro. La comisin oficial de ambas es impedir stos. Pero, en la realidad, una unidad de la polica secuestra a las personas y luego se la da a la otra para que las ejecute. Con este procedimiento, los grupos criminales que comandan las policas reducen costos y evitan tener que cuidar a las vctimas hasta que se pague el rescate. Por ltimo, la unidad encargada de ultimar a los plagiados simula descubrir el cuerpo das despus de ocurrido el plagio.32 Debido a que estas realidades estremecedoras solemos conocerlas los ciudadanos mediante declaraciones de presuntos delincuentes, el gobierno suele desestimarlas o desmentirlas. Sin embargo, ha sido la propia Secretara de Gobernacin (Segob) quien ha dado crdito a voces originadas en estas fuentes, cuando por medio de un vocero oficial, la pgr inform en su momento que a raz de las denuncias vertidas por un polica secuestrado en manos presuntamente del grupo criminal Los Zetas (el video donde lo torturan y ejecutan estuvo disponible unas horas en la pgina electrnica You Toube), se inici una investigacin que desemboc en mostrar a los responsables de las decenas de muertes perpetradas en el primer semestre de 2010 en Torren, Coahuila (entre ellos la ejecucin de 17 personas en una finca el 18 de julio). stas fueron responsabilidad de los presos de un reclusorio. El gobierno federal revel que internos del Centro de Readaptacin Social (Cereso) de Gmez Palacio, Durango, contaron con el respaldo y el apoyo logstico de las autoridades de ese penal (entre ellos, presuntamente, el de su directora Margarita, Rojas) para lograr salir de ah todos los das por la noche portando armas y usando vehculos oficiales facilitados por el propio penal con el fin de permitir a los delincuentes ejecutar a diversas personas y realizar venganzas por encargo. Despus de perpetrar los crmenes regresaban al penal donde cumplan sus penas, que en este caso ms bien funga como su santuario.Vase Charles Bowden, Sicario. Confesiones de un asesino de Ciudad Jurez, en revista Nexos, agosto de 2009, .32

32

Vivimos, pues, rehenes de una lucha entre grupos criminales que instrumentalizan lo que queda del Estado y lo ponen a su servicio. Si bien nada de esto alcanza a explicar por qu el gobierno ha montado una pantomima que resulta tan poco efectiva como costosa. Mxico es ya, como deca el gran poeta Xavier Villaurrutia, ese lugar en el que se tiene gran facilidad para morir. Mxico es el pas no hay otras palabras para decirlo donde la vida de los ciudadanos ha perdido todo contenido tico. Nuestra situacin deviene cada da ms trgica. Desde el 2006 los expertos alertaron al pas que de continuar el efecto corrosivo del crimen en las instituciones, los vnculos entre delincuencia organizada y terrorismo no tardaran en aparecer.33 En 2008 la granada lanzada durante los festejos de Independencia en Michoacn, los granadazos en ciudades como Nogales, Nuevo Laredo o Puerto Vallarta, los secuestros masivos de periodistas, as como la explosin de un coche bomba en Ciudad Jurez en julio de 2010 y otro ms en las puertas de la empresa Televisa en Tamaulipas en agosVase Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada, Todo lo que debera saber sobre el crimen organizado en Mxico, Mxico, Ocano, 1998, p. 71. Adicionalmente a esto hay que recordar que hay ya seales muy alarmantes que hacen anticipar atentados terroristas de proporciones nunca antes vistos en Latinoamrica. En un operativo llevado a cabo el 9 de julio, en la colonia Roma de la capital, por la Secretaraa de Marina (Semar), dicha Secretara inform el aseguramiento de 20 kilogramos de alto explosivo y cuatro detenidos gracias a la colaboracin conjunta y el intercambio de informacin con agencias de inteligencia norteamericanas. Estos explosivos de C-4 segn se dio a conocer en su momento eran lo suficientemente poderosos como para fundir estructuras de hierro y derrumbar un edificio de 20 pisos de alto. Sin embargo, el 10 de junio, tan solo un da despus de los hechos, la subprocuradura de la Siedo neg que el material incautado se tratara de explosivos. se mismo da la dea contradijo a la Siedo y confirm la versin de la Semar afirmando que haba participado en el operativo conjunto y que los 20 kilogramos hallados eran de material C-4. La Siedo neg tambin que hubiera habido detenidos. Ante la contradiccin en la informacin de las propias autoridades mexicanas la Semar se tard ms de una semana en deshabilitar de su pgina el comunicado 144/2010 que no qued fuera de su portal electrnico sino hasta el 17 de junio. Aun cuando al final se acab negando la incautacin de C-4, se reconoci que entre el material hallado haba 4 cordones de pasta blanca, algodn, cables, glicerina y cido ntrico, materiales todosque suelen usarse en la fabricacin de explosivos.33

33

to, muestran que tal nexo es ya una realidad por no hablar de los explosivos incautados encontrados por la Marina en casas de seguridad para producir bombas.34 Existen adems antecedentes: anteriormente, LosArellano haban hecho estallar un coche bomba en Guadalajara para asesinar a sus rivales y en 1996 estuvieron a punto de volar una presa en las inmediaciones de Tijuana. Por todo esto, no es de extraar que en agosto de 2010 los relatores sobre libertad de expresin de la onu y de la Organizacin de los Estados Americanos (oea), Frank la Rue y Catalina Botero, hayan advertido en su informe oficial de visita a Mxico que, como consecuencia de la ola de terror e indefensin que el pas vive, sta es la nacin de Amrica donde ms peligra la libertad de expresin y donde ms peligroso resulta ejercer el periodismo. Pese a ello, las autoridades insisten en hacer odos sordos a la voz de los expertos. Tan slo un da despus del atentado con coche bomba en Jurez, Chvez Chvez, procurador general de la Repblica, declar que los atentados de ninguna manera podan calificarse de narcoterrorismo y que ahora ms que nunca poda confirmarse que la estrategia del gobierno era la adecuada Cmo se ha podido llegar a esto? Cmo puede explicarse tal panorama trgico donde el absurdo es ya parte de lo cotidiano? No hay una respuesta sencilla. Aqu la reflexin debe ir ms a fondo e intentar profundizar en la enmaraada lgica del poder y su accin conflictiva. Por un lado, parece no haber ya duda que la poltica errtica y de simulacro de combate al crimen del gobierno del presidente Caldern (y de la clase poltica mexicana que se muestra igualmenEn julio 30 de 2010, la periodista Denise Maerker decidi junto a Televisa y su equipo de produccin suspender una noche la transmisin de su programa dejando la pantalla en negro en protesta por la indefensin total que vive su gremio ante el crimen y la incapacidad total del Estado para proteger a ciudadanos y periodistas. An mucho ms alarmante que lo anterior, result el editorial publicado por el Diario de Jurez el 19 de septiembre de 2010. Dicho editorial result estremecedor: en l, Diario de Jurez reconoce a los grupos delincuenciales que operan en esa ciudad como la nica autoridad de facto, razn por la cual se dirige a ellos para preguntarles en tanto autoridad qu es lo que esperan hagan los periodistas para que stos dejen de ser masacrados.34

34

te incapaz de proponer trminos de combate logstico-financieros que sugieran una agenda de combate alternativa), oculta en realidad la puesta en escena de un montaje en donde no parece haber, como hemos dicho, la ms mnima intencin de minar o debilitar al crimen. Por otro lado, sin embargo, observamos un efecto de militarizacin del pas (no sabemos si colateral o inducido) donde cada vez se instrumentan medidas ms claramente orientadas a instituir un estado de excepcin permanente. Dos muestras claras de ello son la propuesta de reforma judicial a los artculos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; fracciones XXI y XXIII del artculo 73; la fraccin VII del artculo 115, fraccin XIII, del apartado B, artculo 123 constitucional, aprobada en febrero de 2008 por la Cmara de Diputados, y la aprobacin el 27 de abril de 2010 en el Senado de la Repblica de la Ley de Seguridad Nacional (pendiente de aprobacin en la Cmara de Diputados). En la primera, saltaba a la vista el objetivo central en el proyecto de reforma judicial cuya intencin original claramente se diriga a instaurar un rgimen de excepcin indefinido y supresor de garantas en la propia Constitucin lo que en su momento mereci que el entonces ombudsman de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (Cndh) calificara la reforma de atroz. En concreto, se propona modificar el onceavo prrafo del artculo 16 constitucional, para introducir este otro donde textualmente se estableca que:La polica podr ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, as como en el caso de flagrancia cuando se est persiguiendo materialmente al inculpado, en los trminos del prrafo cuarto de este artculo, debiendo de informar de inmediato a la autoridad competente.35El subrayado es mo. Ese prrafo, actualmente, dice: En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr expedir a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe limitarse la diligencia.35

35

Conocida en el argot popular como Ley Gestapo (pues de fondo lo que se pretenda era instalar un Estado judicializado y policial, donde toda expresin de descontento social y disentimiento a las polticas nacionales sea criminalizado, dando pretexto a los cuerpos del Estado para allanar discrecionalmente los domicilios ciudadanos), la iniciativa no haca ms que intentar cerrar la pinza abierta por los cdigos penales mexicanos donde es comn encontrar el delito de secuestro equiparado; un perverso artilugio jurdico diseado a modo con el fin de poder castigar con fiereza a activistas y solicitantes que, viendo colmada su paciencia al exigir servicios o medidas de los que la ley les provee, llegan a retener por algunas horas o minutos en sus propias oficinas o espacios de trabajo a funcionarios con los que, al calor de las discusiones propias que suelen darse estos casos, llega a ocurrir algn desencuentro. Estas retenciones se hacen aparecer en la ley como privacin ilegal de la libertad, fijando a quienes son acusados de llevarlas a cabo penas equiparables al secuestro. En la aplicacin de este delito inventado por el Estado policial mexicano, donde lo que se equipara no es la conducta sino la penalizacin, se ha llegado a extremos deleznables, como el de acusar de dicha violacin a indgenas y ciudadanos que al verse virtualmente asaltados por la polica en su comercio habitual o en sus propiedades y terrenos originarios retuvieron, en defensa propia y durante unas cuantas horas a policas que los estaban agrediendo (es el caso de la indgena ah Jacinta Francisco Marcial, condenada a 23 aos de crcel, as como de al menos 13 personas ms presas en dos penales del Estado de Mxico por haber retenido momentneamente en seal de protesta a policas y funcionarios del gobierno que pretendan despojarlos de sus tierras). Hoy en da, gracias a la presin nacional e internacional y luego de varios aos de prisin, Jacinta e Ignacio del Valle (condenado originariamente a 67 aos de prisin) y algunos otros, han sido ya puestos en libertad. Gracias a la misma presin social, el onceavo prrafo del artculo 16 constitucional ha sido tambin suprimido del proyecto de reforma judicial toda vez que fue modificado el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales. En ambos casos, sin embargo, el mensaje qued servido: la ignominiosa ley de secuestro 36

equiparado sigue operando en el sistema penal mexicano, y el aadido al prrafo once del artculo 16 constitucional no fue introducido porque tal y como en su momento expresaron en tribuna algunos legisladores haberlo suprimido no afect en nada la intencin originaria del proyecto, pues en palabras de un legislador del pan hubo el convencimiento de que la atribucin discrecional que pretenda darse a la polica ya existe en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, donde sta se permite y autoriza.36 Respecto a la Ley Nacional de Seguridad, aprobada en abril de 2010, destaca el hecho oscuro de que el fuero militar permanezca intacto.37 A pesar de las denuncias llevadas a cabo por Amnista Internacional y Human Rights Watch, la reforma a la Ley Nacional de Seguridad sigue violando y desatendiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre el caso de desaparicin forzada del activista Radilla Pacheco, donde se ordena a Mxico compatibilizar el artculo 57 del Cdigo de Justicia Militar con los estndares internacionales en la materia. Lo aprobado en abril de 2010 no hace ms que modificar el artculo 72 de La Ley Nacional de Seguridad para volverlo compatible con el artculo 13 de la Constitucin, donde queda establecido que cuando en un delito o falta militar hubiese implicado algn civil quien deber conocer del caso ser la autoridad civil correspondiente. Ello habra de significar que ningn delito definido por la legislacin pueda convertirse en militar por el slo hecho de haber sido cometido por un miembro de las Fuerzas Armadas (pues de ser as el fuero militar de facto se convertira en un privilegio y en un sistema punitivo parcial en detrimento de la igualdad ante la ley y el principio de divisin de poderes que establece que las penas slo las puede imponer un juez ordinario, tal y como lo prev el artculo 21 constitucional).Vase Boletn, nm. 2295, Cmara de Diputados, 26 de febrero de 2008. Lo ms significativo en los cambios a dicha ley competen a la modificacin del artculo 21 donde queda establecido que la investigacin de los delitos compete, ahora, tanto al Ministerio Pblico como a los policas, quienes sern encargados de conservar la escena del crimen y realizar las primeras indagatorias; se enfatiza tambin el carcter preventivo de la seguridad pblica y el establecimiento de un Sistema de Desarrollo Policial (Sidepol).36 37

37

En la prctica, no obstante, el inciso (a) de la fraccin segunda del artculo 57 del Cdigo de Justicia Militar (que permanece intacto) estipula exactamente lo contrario, pues define como delitos contra la disciplina militar los del orden comn o federal bajo la nica clusula de que en su comisin haya concurrido cualquier militar al momento de estar en servicio. Con ello sigue garantizndose abierta impunidad a todos los delitos perpetrados por militares permitiendo que stos sean juzgados por las propias autoridades militares convirtiendo a stas en juez y parte, dejando as sin consecuencia los abusos cometidos contra los civiles. Tambin esto genera una laguna interna de contradiccin entre las propias leyes mexicanas, adems de violar abiertamente las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos a cuya jurisdiccin Mxico ha decidido voluntariamente someterse.38 La iniciativa de reforma al Cdigo de Justicia Militar enviada por el Ejecutivo federal al Senado el pasado 18 de octubre de 2010, es una simulacin ms orientada a responder hipcritamente a la Cidh en lo que respecta slo a los sealamientos que sta hizo respecto a casos de desaparicin forzada, tortura y violacin sexual. Como es costumbre en el Estado mexicano, la iniciativa busca slo maquillar el estado de excepcin que sita la accin militar al margen de la ley, mientras que en lo fundamental la iniciativa sigueEn este mismo tenor resalta el hecho d que a lo largo del periodo de gobierno del presidente Caldern se haya asignado a la tropa militar un aumento salarial del 46%, mientras que el aumento salarial promedio para maestros, burcratas y trabajadores universitarios enfrenta un tope de aumento salarial mximo inferior al 3.8%. Segn declaraciones del propio presidente, el soldado raso de menor ingreso, perteneciente a la primera Regin Militar, pas de obtener 3 500 pesos mensuales a ganar 5 200 pesos al mes. Tambin destaca que, segn la misma reforma a la Ley de Seguridad Nacional, las tropas slo podrn desplazarse a solicitud de autoridades locales y con la aprobacin del Consejo de Seguridad Nacional y del Senado. En este ltimo caso su funcin ser nicamente validar que la declaracin de movilizacin militar haya sido en los trminos previstos por la ley. Segn la misma, tampoco podr utilizarse el Ejrcito en conflictos que tengan origen social, laboral o electoral. El artculo 29 constitucional sigue reservando no obstante al presidente, la facultad (con la aprobacin del Congreso) de suspender de las garantas individuales en casos de invasin, perturbacin grave de la paz o el orden pblico, o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.38

38

orientada a fortalecer la impunidad y jurisdiccin militar en detrimento de la justicia, dejando cnica y ominosamente de lado (o protegidos por el fuero) delitos tipificados por la doctrina internacional de derechos humanos, tales como homicidios, ejecuciones, despojos y detenciones arbritrarias cometidos por los soldadeos que participan en la guerra contra el crimen. En el hipcrita simulacro de combate al crimen que el Estado ha montado contra sus ciudadanos, son muchas (incontables ya) las vctimas civiles que han cado muertas a manos de soldados en retenes o acciones militares. Si bien es verdad que, hoy da, no hay manera de saber a ciencia cierta si los ciudadanos acribillados mueren a manos de policas, militares o criminales, pues tal y como el propio gobierno reconoce todos stos visten ya los mismos uniformes; lo indudable, adems, es que sus delitos contra la humanidad quedan siempre impunes.

IV.A la luz de todo lo anterior es inevitable llegar a un corolario trgico pero cierto: Mxico padece ya de los altsimos niveles de captura de Estado por la que ya pasaron, parcial o completamente, todos los pases que han llegado a ser considerados Estados fallidos. Robert Rotberg, una autoridad en el tema, define los Estados fallidos como entidades institucional y polticamente vacas, donde no existe voluntad o capacidad alguna para llevar a cabo las tareas fundamentales de un Estado nacional en el mundo contemporneo, tal como proveer bienes pblicos principalmente seguridaden un entorno de debate democrtico inexistente y de debilidad estatal creciente y generalizada.39 En trminos anlogos, Foreign Policy describe el Estado fallido como aqul en el que el gobierno no posee control efectivo de su territorio, no es percibido como legtimo por una porcin significativa de su poblacin, no proporciona seguridad domstica o serviciosVase State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Harvard Brooking Institution Press, 2003.39

39

pblicos bsicos para sus ciudadanos, y carece del monopolio del uso de la fuerza.40 De ah que en el ndice anual de Foreign Policy, publicado cada ao, Mxico ocupe ya el lugar 98 en la lista de Estados fallidos 2010,41 sin variar demasiado respecto al ndice de 2009 que ubicaba a Mxico en el lugar 96 de 177 pases lo que en ambos casos corresponde a la franja amarilla que la publicacin califica como de lmite. Esto mismo parece confirmarlo un diagnstico elaborado en el exterior por expertos: el 25 de noviembre de 2008 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos public un informe llamado joe (Joint Operating Environment). En este documento se afirma que Mxico es un pas que podra ser objeto de colapso sbito y que ya ha dejado atrs las etapas iniciales que caracterizan a un Estado fallido.42 Detrs de todos estos datos que el gobierno y la clase poltica del pas se empecina en negar, minimizar o descalificar, se oculta no obstante una realidad que la frialdad de las cifras no refleja: el hecho de que el protagonista de toda esta historia es la vida humana de cada ciudadano. Vida humana que, en trminos de Giorgio Agamben, ha devenido nuda vida; es decir, vida en bruto, vida desposeda de nombre, de atributos, de cualidades. Eso es lo que permite al Estado mexicano referirse siempre a ella en el discursocomo un componente bruto, una materia amorfa y animal que su accin e inaccin puede acribillar, matar, desproteger, porque se trata de vidas que son las menos, que son inevitables; costos a pagar en una necesaria transaccin donde los pagos redituables compensarn las prdidas dolorosas. Mientras tanto, como el ruido que ha