Informe de Reglas de Procedimiento Criminal

TRIBUNAL SUPREMO DE PUEIITO RICO· CONFERENOAJUDICIAL

Informe de Reglas de Procedimiento Criminal

Propuesta del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal

a la Decimonovena Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico

FEBRERO 1996

TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO· CONFERENOA]UDICIAL

Informe de Reglas de Procedimiento Criminal

Propuesta del Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal

a la Decimonovena Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico

FEBRERO 1996

rmROS Dl!:L éOMt'H: ASESOR~ m: :u:GI.1.S m: PJIOCED::tM:CEN'.l'O CR.IMIN1I.I,

DE 1995

Leda. Dora Nevares -Muñiz Presidenta

Hon. Carmen Ana Pesante Hon. Ygrí Rivera de Martínez Hon. Elpidio Batista Hon. Carlos Rivera Martínez Hon. Lourdes Velázquez Cajigas Hon. Pedro G. Goyco Amador Leda. Olga E. Resumil de SanFilippo Ledo. Manuel Martínez Umpierre Ledo. Ernesto L. Chiesa

MJ:EMBROS Dl!:L COMJ:'l'E ASESOR Pl!lRMANl!!N'l'E DE REGLAS m: PROCEDnaEN'l'O CRnDJmL

m: 1993

Leda. Crisanta González de Rodríguez Presidenta

Hon. Luis Jiménez Reverón Hon. Lourdes Velázquez Cajigas Dra. Dora Nevares Muñiz Ledo. Manuel Martínez Umpierre Ledo. Benigno Alieea Alieea Ledo. José M. Canals Ledo. Héetor Quiñones Vargas Ledo. Félix Fumero Pugliessi

1

~.ufrrr .!RsoriMr .te !Palmo f(j&.o · 'Irilnmal .Su¡,ret,W .Sw-ettz:rimío tfe /JJ Crmfemu:iJJJ .. áiriaC

J111 "'' 2MJ2 .. .$111, ,-. ~ f(j&.o OO!Jl12-2392

Hon. José A. Andréu García Juez Presidente Tribunal SUpremo San Juan, Puerto Rico

Sefl.or Juez Presidente:

15 de diciembre de 1995

En cumplimiento con la encomienda dada al Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal por el Tribunal Supremo en su Resolución de 16 de junio de 1995, el Comité somete a la consideración del Tribunal Supremo un proyecto de reglas de Procedimiento Criminal.

Conforme a la encomienda dada, el Comité evaluó el proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal previamente sometido al Tribunal Supremo en 1993, a la luz de las disposiciones de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, y plasmó en éste la presente realidad de un Tribunal ·de Primera Instancia consolidado así c.QIJIO de una etapa apelativa intermedia. También tomó en cuenta el Sustitutivo al P. de la C. 1701 y el Sustitutivo al P. de la C. 1717 ambos, a esta fecha, aprobados por las cámaras legislativas. Es por esta razón que, muy especialmente, el Capítulo VIII sufrió cambios significativos.

Durante sus deliberaciones, el Comité también tuvo en cuenta la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, que crea la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y establece nuevas modalidades de la libertad bajo fianza, así como el P. del S. 1262. Ello también produjo cambios de sustancia en el Capítulo X del proyecto.

El comité Asesor agradece al Tribunal la confianza depositada en designarlo para esta encomienda y agradece, además, la ayuda

2

decidida y constante que le brindó la Directora del Secretariado, Leda. Carmen :rrizarry de Dornínguez, su Asesora Legal, Leda. Marla D. Ríos Díaz, y el personal del Secretariado de· la Conferencia Judicial.

Respetuosamente sometido,

'5- .. 'V..,._ew¡'--Dara ~vares 1/uñiz

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Carlos Rivera Martínez

Cajigas Q

Pedro G.

.~ Ernesto.L. Chie■a - ~ Manuel

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Olga E. Resumil de San Filippo

3

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TABUI. m: BQDJ:VAI.,ENCJ:A •••••••.••••.••.•••.•••••...••••••• iv

CAPrrtJU> :r

Regla 101

Regla 102

Regla 103

Regla 104

Regla 105

Regla 106

Regla 107

Regla 108

Regla 109

Regla 110

Regla 111

Regla 112

Regla 113

Regla 114

Regla 115

Regla 116

Regla 117

Título e interpretación

Aplicación y vigencia •...••....•.........

Presunción de inocencia y duda razonable ................................

1

2

3

Presencia del imputado .•.•.........•..... •. 4

Notificación de órdenes.................. 7

Té:aninos; cómo se computarán............. 8

Derogación de leyes incompatibles........ 9

Separabilidad de disposiciones .......•... 15

Distrito judicial; definición ............ 15

Delitos enjuiciables en Puerto Rico ...... 15

Competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Desacato cr:illlinal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Sanciones económicas

Inhabilidad del juez

20

21

Autorepresentación ....................... 23

Certificación de antecedentes penales .... 27

Eliminación de convicción por delito ..... 28

CAPrrtJLO ::C::C

Regla 201

Regla 202

Regla 203

Regla 204

Regla 205

Regla 206

Regla 207

Regla 208

Regla 209

Regla 210

Regla 211

Regla 212

Regla 213

Regla 213A

Regla 214

Regla 215

Regla 216

Regla 217

Regla 218

LA INVEST::CGAC::CON Y LOS PROCED::cM::cDJ'.l'OS ~

Reglas a seguir al efectuar una rueda de detenidos • . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 31

Utilización de fotografías como procedimiento de identificación

Récord de los procedimientos

Arresto; definición; como se hará y por

35

36

quién; visita de abogado ••...•..•..•.•... 37

La denuncia; definición ..•.•.•....•...... 39

Capacidad para ser denunciante .•••.•..... 40

Causa probable para expedir orden de ar-resto • . . . • . • . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 40

Fianza hasta que se dicte sentencia; cuándo se exigirá • • • • . . . • . . • • . . • • • . . . . . • • 44

Citación por un juez • . • . • . • • • • . • . . . . . . . . . 45

Citación sin mandamiento judicial 47

Orden de arresto o citación; diligenciamiento . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . 4 7

Orden de arresto o citación defectuosa; enmiendas; expedición de nueva orden . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .. . . . . . • . 4 8

Arresto; cuándo se podrá hacer 49

Funcionario del orden público; definición... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 49_

Arresto por un funcionario del orden público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Arresto por persona particular ........... 51

Arresto; información al realizarlo ....... 52

Arresto; orden verbal .... : ............... 53

Arresto; requerimiento de ayuda .......... 53

Regla 219

Regla 220

Regla 221

Regla 222

Regla 223

Regla 224

Regla 225

Regla 226

Regla ;;¡27

Regla 228

Regla 229

Regla 230

Regla 231

Regla 232

Regla 233

Regla 234

Regla 235

Arresto; medios lícitos para efectuarlo . . • • • • . • • • • . . • . . • • • . . . . . . . . . • . • 53

Arresto; derecho a forzar entrada 54

Arresto; salida a la fuerza al ser detenido • . • . • • • • • • • . • . . . . • • . . . . . . . . . . 55

Arresto; desarme del arrestado; disposición de las armas .....•..........• 55

Arresto; transmisión de la orden .......•. 55

Arresto después de fuga 56

Procedimiento ante el juez .•..•.......... 59

Orden de registro o alJanamiP.nto; definición . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . 61

Orden de registro o allanamiento; fundamentos •.••.•••••..•..• ·.••.•......•.. 63

Orden de registro y allanamiento; requisitos_para su expedición; fo:cma y contenido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Orden de registro o allanamiento; diligenciamiento; regla de dar a conocer la autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8

Orden de registro o alJanamiP..nto; diligenciamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Orden de registro y allanamiento; diligenciamiento; irrupción en lugar para cumplimentar orden ............ 70

Orden de registro o allanamiento; remisión de orden diligenciada ........... 73

Registro y allanamiento sin orden; incidental al arresto; fundamentos

Registro y allanamiento por consentimiento; requisitos;

74

advertencias; diligenciamiento ............ 78

Testigos; quién podrá expedir citación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Regla 236

Regla 237

Regla 238

CAPrrtJLO :z::z::r

Regla 301

Regla 302

Regla 303

Regla 304

Regla 305

Regla 306

Regla 307

Regla 308

Regla 309

Regla 310

Regla 311

Regla 312

Regla 313

Regla 314

CAP:I'l'tJI,O :IV

Regla 401

Testigos; diligenciamiento de citación • . . . . . • . • • • . • . • • • • • • . . . • . . . . . . . . . 84

Testigos; adelanto de gastos ••••........• 85

Testigos; arresto y fianza para garantizar comparecencia .••..•...•....••. 85

ll!:L PROCESO ACDSA'l'ORJ:O

Vista preliminar . . . • • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . • 87

Procedimientos posteriores a la vista preliminar • • • . • • • • • . • • • . • • . . . . . . . • • 94

Procedimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Presentación y entrega de la acusación .•• 98

Lectura de la denuncia y la acusación 98

Defensas y objeciones; cuándo se proveerán; renuncia • • . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . 99

Los pliegos de cargos .•...•..•••......•.. 99

Contenido del pliego de cargos 100

Defectos de forma en el pliego de cargos •••••..•••• ;-. • . • • • . . . . . . . . . . . . • . 102

Acumulación de delitos y de imputados .... 103

Enmiendas al pliego de cargos ...........• 104

Omisiones en el pliego de cargos ......... 105

Presunciones rebatibles 106

Otras alegaciones en el pliego de cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

LA PREADJUD:ICAC:ION Y MOC:IONES AN'l'ERJ:ORES AL JU:IC:IO

Mociones antes del juicio; su forma, contenido y resolución ................... 109

(

Regla 402

Regla 403

Regla 404

Regla 405

Regla 406

Regla 407

Regla 408

Regla 409'

Regla 410

Regla 411

Regla 412

Regla 413

Regla 414

Regla 415

Regla 416

Regla 417

Regla 418

Fundamentos de la moción para desestimar . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 110

Jnbihición del juez ....................... Alegación de no culpable; notificación de defensa de inimputahilidad por

116

incapacidad mental o coartada •......•.••. 118

Deposiciones; medios para perpetuar testimonios • • . • . • . • . • . . . • • • • • . • . . . . . . • . . . 12 O

Descubrimiento de prueba del Ministerio Fiscal en favor del imputado ............. 124

Descubrimiento de prueba del imputado en favor del Ministerio Fiscal .......••.. 127

Normas que regirán el descubrimiento de prueba . . • . • . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . • . • • 12 8

La conferencia con antelación al juicio

Moción para ofrecer evidencia de conducta o historial sexual de

130

la víctima • • • . • . • • . • . . . . • • . . . • • . • . . . . . . . . 132

Registro o allanamiento; moción de supresión de evidencia . • • . • • • • . . . . . . . . . . . 134

Capacidad mental del·acusado imputado para ser procesado; procedimiento para determinarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Procedimiento para la determinación de inimputahilidad por incapacidad mental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 O

Procedimiento para imposición de la medida de seguridad . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Traslado; fundamentos .................... 147

Moción de traslado; cómo y cuándo se presentará .......................... _. . . 14 9

Moción de traslado; resolución ........... 150

Traslado; orden ...............•.......... 150

Regla 419

Regla 420

Regla 421

Regla 422

Regla 423

Regla 424

Regla 425

Regla 426

Regla 427

Regla 428

Regla 429

Regla 430

Regla 431

Regla 432

Regla 433

C11PJ:'l'DLO V

Regla 501

Regla 502

Regla 503

Traslado; si son varios imputados ......•. 151

Traslado; trámite en el tribunal al cual se traslada • • . • • • . • • • • . . . . . . . . . . . 151

Acumulación y separación de causas ....•.. 152

Juicio por separado; fundam<>ntos

Juicio por separado; en casos de declaraciones, admisiones o

. . . . . . . . . 153

confesiones de un coacusado •..•.•.••...•• 153

Acumulación o separación; cómo y cuándo se presentará la solicitud •..... 155

Orden para desestimar el proceso; cuándo impide uno nuevo .. ; •..•.•..•.••.•• 156

Sobreseimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Sobreseimiento y exoneración de acusaciones ............................... 158

Alegaciones preacordadas ••••.•••.......•. 160

Defensas y objeciones; cómo y cuándo se promoverán . • . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . 164 ·

Alegaciones; presencia del imputado; negativa de alegar .........•...•...•....• 165

Alegaciones; definiciones; advertencias 167

Alegación de culpabilidad; negativa del tribunal a admitirla; permiso para cambiarla . . . . • . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . 169

Transacción de delitos ................... 170

EI, JtJJ:CJ:O

Término para prepararse para juicio ...... 172

Derecho a juicio por jurado y su renuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Jurados; número que lo compone; veredicto ..................... ~ . . . . . . . . . . 17 5

Regla 504

Regla sos

Regla 506

Regla 507

Regla 508

Regla 509

Regla 510

Regla 511

Regla 512

Regla 513

Regla 514

Regla 515

Regla 516

Regla 517

Regla 518

Regla 519

Regla 520

Regla 521

Regla 522

Regla 523

Regla 524

Recusación; general o individual •........ 176

Recusación general • • • . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . 1 77-

Recusación individual; cuándo se solicitará . • • • • • . • • • . • • . . • . • . . . • . . . . . . . . . 17 8

Jurados; juramento preliminar y examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Recusaciones individuales; orden

Recusación motivada; fundamentos

Recusación motivada; exención del

178

179

sel:V'icio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 180

Recusaciones perentorias; número; varios imputados • . • . . • . • . . • . . . . • • . . . • . . . . 180

Jurados; juramento definitivo ............ 182

Jurados suplentes; requisitos; recusación; juramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Juicio; orden a seguirse ..•.............. 183

Testigos; exclusión y separación ......... 184

Reclusos; comparecencia .................. 184

Testigos; evidencia; juicio público; exclusión de público . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Suspensión de sesión; advertencia al Jurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Jurados; conocimiento personal de hechos ................................ 188

Jurado; inspección ocular ................ 189

Absolución perentoria

Juicio; instrucciones

190

191

Jurado; aislamiento ...................... 193

Jurado; deliberación; juramento del alguacil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Regla 525

Regla 526

Regla 527

Regla 528

Regla 529

Regla 530

Regla 531

Regla 532

Regla 533

Regla 534

Regla 535

Regla 536

Regla 537

Regla 538

Regla 539

Regla 601

Regla 602

Regla 603

Jurado; deliberación; uso de evidencia ... 195

Jurado; deliberación; regreso a sala a su solicitud . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 196

Jurado; deliberación; regreso a sala a instancias del tribunal ................ 197

Jurado; deliberación; tribunal constituido • • . . . • . . . • . • . . . . • . • • . . . . • . • . . . 197

Jurado; disolución ....................... 197

Jurado; veredicto; su rendición ......•... 199

Jurado; veredicto; fonna ................. 199

Jurado; veredicto; convicción por un delito inferior •.•.....•.......... 200

Jurado; veredicto; reconsideración ante una err6nea aplicación de la ley • . • • . . . . • . • . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . 202

Jurado; reconsideración de veredicto defectuoso . . . • • • • • . • . • • . • • . . • • . . . . • . . . . . . 2 03

Jurado; no veredicto 203

Jurado; comprobación del veredicto rendido • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 04

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en delitos menos graves sin derecho a juicio por jurado ... 204

Fallo; definición; cuándo deberá pronunciarse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Fallo; especificación del grado del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 08

WEVO JtT.IC:CO

Nuevo juicio; concesión 209

Nuevo juicio; fundamentos ................ 209

Moción de solicitud de nuevo juicio; cuándo se presentará; requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Regla 604

Regla 701

Regla 702

Regla 703

Regla 704

Regla 705

Regla 706

Regla 707

Regla 708

Regla 709

Regla 710

Regla 711

Regla 712

Regla 713

Regla 714

Regla 715

Regla 716

Moción de solicitud de nuevo juicio; cuándo se celebrará; requisitos •·• . • • • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . 212

Sentencia; definición; cuándo deberá dictarse . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 216

Informe presentencia • • • • • • • • • • . • • • . . . . . . . 217

Formulario corto de información, normas y procedimientos ..•.•.•••.......•• 221

Objeción o impugnación al informe ........ 223

Sentencia; prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes ••.••••••....••••. 225

Informes presentencia; circunstancias atenuantes o agravantes; consolidación de vistas .••.. ·. • . • . . • • • • . . . • . • . . . • . . . . . . . 226

Fallo y sentencia; sitio Y. forma de dictarlos ..............•.............. 226

Fallo absolutorio; consecuencias 226

Fallo y sentencia; comparecencia del imputado • . • • • • • • • . • . • • • • • . . . . . . . . . . • . 227

Sentencia; advertencias antes de dictarse . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7

Sentencia, causas por las cuales no deberá dictarse ....................... 230

Sentencia; incapacidad mental como causa por la cual no deberá dictarse ..... 231

Sentencia; prueba sobre causas para que no se dicte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Sentencia; prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes .................. 232

Sentencia; prisión subsidiaria ............ 236

Sentencia; multa; gravamen; pago de daños; cómo ejecutarla ................ 237

Regla 717

Regla 718

Regla 719

Regla 720

Regla 721

Regla 722

Regla 723

Regla 724

Regla 725

Regla 726

Regla 727

CAP::t'L'tJLO VJ::C:C

Regla 801

Regla 802

Regla 803

Regla 804

Regla 805

Regla 806

Regla 807

Regla 808

Regla 809

Sentencia; requisitos para su ejecución 238

Sentencia de reclusión; cumplimiento ..•.. 238

Sentencias fraccionadas; determinadas y a prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 239

Sentencias consecutivas o concurrentes 241

Términos que no podrán cumplirse de forma concurrente . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . . . . 241

Informe sobre confinado citado para juicio . • • . . . . . • • . • • • . • • . • . . • • . . . . • . . . . . • . 242

Tél:mino que el imputado ha permanecido privado de libertad .•.•....••..•.....••.• 243

Término de reclusión en espera del resultado de apelación contra la sentencia ................................ 243

Sentencia anulada o revocada .....•.•..... . 244

Corrección o reducción de la sentencia ... 244

Procedimiento posterior a sentencia; ante el Tribunal de Primera Instancia . . . . 245

PROCEDDCCEN'.t'OS Al'EiaA.'1':CVOS

Apelaci enes . • • • • • . . . • . • . . . • . . . • . . • . . . . . • . 2 4 7

Procedimiento para formalizar la apelación • . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Contenido del escrito de apelación ....... 253

Los efectos de la apelación sobre la orden de libertad a prueba . . . . . . . . . . . . . . . 255

Expediente de apelación; documentos ...... 255

Consolidación de recursos de apelación ... 257

Exposición de la prueba oral 258

Exposición estipulada; procedimiento ..... 260

Exposición narrativa ..................... 261

Regla 810

Regla 811

Regla 812

Regla 813

Regla 814

Regla 815

Regla 816

Regla 817

Regla 818

Regla 819

Regla 820

0,P:t'l'l:JI,() :ce

Regla 901

Regla 902

Regla 903

Regla 904

Regla 905

Regla 906

Regla 907

Regla 908

Regla 909

Regla 910

Transcripción . . . . • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 264

Procedimiento para la transcripción de la prueba oral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Expediente de apelación; archivo; remisión . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 269

Beneficio de pobreza • . • . . • . . • • . . • . . . . . . • . 270

Desestimación de la apelación ............ 271

Disposición del caso en apelación

Sentencia en apelación; errores no perjudiciales; errores

271

fundamentales • • • • • . • . . • • • • • . . • • . • . • . . • . . . 272

Certiorari • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Reconsideración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Remisión del mandato y devolución del ~e~ente de apelación o certiorari . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Auto de certificación .....•.......•...... 279

SELECC:CON m: CA!m:tnll.TOS A JtmAilO

Personas elegibles . . . . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . 2 81

E?cenciones y excusas • . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . 2 81

Ténnino de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Comisionado de Jurados •.•......•......... 283

Listas maestras . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 84

Listas de jurados cualificados ........... 285

Uso de computadoras ...................... 287

Falsedad o incumplimiento en la contestación del formulario; procedimiento de querella ................ 287

Orden y sorteo para comparecencia ........ 288

Citación de Jurados 289

Regla 911

Reglá 912

Regla 913

CAP:t'l'tJLO lC

Regla 1001

Regla 1002

Regla 1003

Regla 1004

Regla 1005

Regla 1006

Regla 1007

Regla 1008

Regla 1009

Regla 1010

Regla 1011

Regla 1012

Regla 1013

Servicio activo 289

Acción por incomparecencia .•.•......•..•• 290

Mantenimiento de la lista de jurados cualificados . . • . • . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 290

F:CllZA, COND:CC:COUS Y I.:CBER'!'Atl l'lU:117:cS:CONlU,

Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fianza, condiciones y libertad provisional no sujeta a condiciones pecuniarias; cuando se requerirán; criterios a considerar; revisión

292

de cuantía o condiciones en general ...••• 295

Fianza, condiciones y libertad provisional; requisitos •.•..••...•.....•• 301

Fianza luego de dictarse sentencia; condiciones . . . . . • • • • . . . . • . • • . • . • • • . . • . • • • 303

Fianza; requisitos de los imputados 305

Fianza; fiadores; comprobación de requisitos • . . . • • . • . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . 3 07

Fianza por el imputado; depósito en lugar de fianza ...••..........•....••.... 308

Sustitución de depósito por fianza y viceversa . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 310

Fianza; fiadores; exoneración mediante entrega del imputado . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 311

Fianza; fiadores; exoneración mediante entrega; arresto del imputado ... 312

Fianza; cobro de costas o multa

Fianza; procedimiento para su confiscación; incumplimiento de condiciones o libertad provisional;

312

detención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Fianza; condiciones; modalidad de libertad provisional; arresto del imputado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

P lR E J!I' A C J: O

Mediante resolución emitida por el Tribunal Supremo

en junio de 1995, el Tribunal reactivó el Comité Asesor

Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal.

Por espacio de seis intensos meses, el Comité de

Reglas de Procedimiento Criminal revisó el proyecto de '

reglas de lo criminal sometido al Tribunal Supremo en

1993 y lo adecuó a los cambios estructurales producidos

por la Ley de la Judicatura de 1994. El Comité también

tomó en cuenta la Ley NÚIII. 177 de 12 de agosto de 1995,

así como el P. del S. 1262 y el Sustitutivo al P. de la

C. 1717, piezas legislativas que se aprobaron por ambas

cámaras durante el transcurso de las deliberaciones del

Comité.

La presentación del trabajo incluye el proyecto de

Reglas de Procedimiento Criminal de 1993, según

posteriormente compilado por la Oficina de Compilación

del Tribunal Supremo para efectos de estilo y gramática,

y las adiciones o cambios efectuados ahora por el Comité

en 1995.

Las reglas propuestas y sus comentarios no

representan a esta etapa la posic.ión del Tribunal Supremo

y se someten para la critica y comentarios de la

profesión legal ante la Conferencia Judicial de febrero

de 1996.

Agradecemos a los distinguidos miembros del Comité

sus aportaciones y, además, reconocemos la ayuda

constante de la Leda. Marla D. Ríos Diaz, Asesora Legal

del Comité. También merecen reconocimiento la calidad y

dedicación del personal secretarial del Secretariado,

Sra. Glorimar Vázquez, Srta. Maribel Collazo y la

Srta. Gladys Figueroa.

::mTROOOCCZON

El Comité Asesor Permanente de Procedimiento Criminal, en

virtud de Resolución del Tribunal Supremo de 16 de junio de 1995,

tuvo la encomienda de evaluar el Proyecto de Reglas de

Procedimiento Criminal que se había sometido a la consideración de

éste en 1993, y posteriormente, en 1994, ya con los cambios

efectuados a tenor con las recomendaciones que se hicieron en la

Décimosexta Sesión Plenaria de la_ Conferencia Judicial de 1993. Se

le encomendó al Comité la evaluación del proyecto, a la luz de las

disposiciones de la nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de

1994 y de las experiencias habidas en el sistema judicial con su

implantación mediante la Orden Administrativa XI de 20 de enero de

1995.

Las enmiendas que al proyecto de 1993 el Comité propone

p_arten del sistema estructural creado -por la Ley de la Judicatura

de Puerto Rico de 1994. Este sistema consiste de un Tribunal de

Primera Instancia _consolidado, de jurisdicción original y con

competencia unificada para entender en todo tipo de casos y causas,

con jueces considerados, en virtud de la Ley, jueces de una misma

categoría. Componen el sistema, además, un tribunal intermedio-

Tribunal de circuito de Apelaciones--y un tribunal de última

instancia, el Tribunal Supremo.

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, a su vez

provee un proceso de transición, bajo el cual el actual Tribunal de

Distrito quedará abolido en ocho años a partir de la vigencia de la

Ley. Mientras tanto, dicho tribunal, a tenor con el Art. 9.l03(b)

de la Ley, permanecerá como una subsección del Tribunal de Primera

Instancia, el cual conocerá de manera concurrente con los jueces

superiores en toda causa por delito menos grave y en toda

infracción a estatutos y ordenanzas municipales.

Debido a que el Comité concibió que las reglas debían

trascender el período de abolición del Tribunal de Distrito,

prefirió eliminar de las mismas toda referencia a dicho tribunal,

así como al período de su abolición. También, eliminó toda

referencia al Tribunal Superior y a sus secciones. En su lugar, se

dispuso el término •sala correspondiente del Tribunal de Primera

Instancia" término que pretende abarcar tanto al Tribunal superior,

al Tribunal de Distrito, durante su período de abolición, y al

Tribunal Municipal. Las Reglas 118, 207, 301·, 303, 307, 308, 401,

402, 404, 411, 429, 727, 901, 906, y 909 propuestas sufren tales

cambios.

Así también, en algunas reglas (303, 401, 411, 502 y 537

propuestas¡ la referencia a tribunales específicos fue sustituida

en vez por una referencia al tipo de delito envuelto, a saber,

delito grave o menos grave, ya que con la consolidación del

Tribunal de Primera Instancia los jueces, considerados en virtud de

la Ley, de una misma categoría, pueden entender en cualquier tipo

de caso o causa, independientemente de la sala a la cual estén

asignados administrativamente.

El Comité actual decidió acoger la propuesta del Comité

anterior de organizar las reglas por Capítulos. Los temas no

siguen el orden de las Reglas de Pro~edimiento Criminal de Puerto

Rico de 1963. Las reglas propuestas se agruparon en diversos

conceptos que, a juicio del Comité anterior y de este Comité,

logran que se entienda con una mayor claridad la secuencia del

proceso criminal. Por esta razón, y porque se eliminaron reglas de

las vigentes, las reglas no figuran con la numeración que aparece

en 1963. Otras reglas del ordenamiento de 1963 desaparecieron por

haberse consolidado con otras reglas. Para una referencia

detallada a las reglas renumeradas, se ha incluido una Tabla de

Equivalencias que relaciona las Reglas de Procedimiento Criminal

de 1963 vigentes, con las equivalentes propuestas para los afies

1993 y 1995.

Por otra parte, en. el presente trabajo, ciertos capítulos

requirieron la renumeración de algunas reglas propuestas por el

Comité en 1993 por razón de la eliminación por el Comité de algunas

de éstas. Por ejemplo, en el Capítulo II (La investigación y los

procedimientos preliminares), se eliminó la anterior Regla 233

(Registro incidental al arresto) por razón de no haber sido

aprobada dicha regla por el Comité de 1993 e, inexplicablemente,

aparecer numerada en la secuencia nueva que dio el Comité de 1993.

Otras reglas numeradas por el Comité de 1993 fueron eliminadas

porque no tenían contenido alguno; sólo hacían referencia a otra

regla que absorbía el tema mediante consolidación con otra regla.

Así, por ejemplo, en el Capítulo IX (Selección de candidatos a

jurado) se eliminó la Regla numerada por el Comité de 1993 como 912

(Excusas y exenciones por el tribunal) porque ésta no tenía ningún

contenido y su comentario sólo mencionaba que la misma se había

consolidado con la Regla 902 propuesta (Exenciones y excusas). Por

su parte, el Capítulo VIII, (Procedimientos Apelativos), sufrió

modificaciones sustanciales que resultaron en la eliminación o

renwneración de la mayc~ía de sus reglas. En el Capítulo X

(Fianza, condiciones y libertad provisional) se hizo necesaria la

renumeración de sus reglas, por razón de haberse afiadido una regla

adicional (Definiciones).

Durante el transcurso de los trabajos del Comité, se

aprobaron por las cámaras legislativas varias medidas que tuvieron

el efecto de afectar el procedimiento criminal. El Comité

determinó tomar como base tales medidas y proponer unas reglas que

estuvieran, en su mayoría, acordes con las mismas ante la

inminencia de que se conviertan en ley próximamente.

El Sustitutivo al P. de la C. 1701 de 24 de octubre de 1995,

propone enmendar varios artículos de la Ley de la Judicatura de

Puerto Rico de 1994, en especial los relativos a las competencias

del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Por su parte, el Sustitutivo al P. de la C. 1717 de 24 de octubre

de 1995, pretende atemperar ciertas reglas de Procedimiento

Criminal a la nueva estructura judicial creada por la Ley de la

Judicatura de Puerto Rico de 1994 y a los cambios en competencia

prop~estos en el Sustitutivo al P. de la C. 1701.

Por motivo de la Ley de la Judicatura de 1994 y de los dos

proyectos mencionados, el Capítulo VIII sufrió modificaciones

sustanciales. El Comí té determinó cambiar el tí tul o de este

Capítulo de "La Apelación" a "Procedimientos Apelativos" para

incluir y reglamentar, además del rec:urso de apelación, el de

certiorari, recurso no regulado en las reglas de 1963 vigentes, ni

en las sometidas por el Comité de 1993.

La Regla 801 propuesta (Apelaciones) es nueva y regula tanto

las apelaciones al Tribunal Supremo como las apelaciones al

Tribunal de Circuito de Apelaciones. Esta regla, por tanto, altera

el proceso apelativo dispuesto en la Regla 193 vigente.

En virtud del Sustitutivo al P. de la c. 1701, se elimina

toda apelación al Tribunal Supremo excepto, en casos civiles,

cuando el Tribunal de Circuito de Apelaciones haya determinado la

inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución

concurrente, regla o reglamento de una agencia o instrumentalidad

pública u ordenanza municipal al amparo de la Constitución de los

Estados Unidos de Puerto Rico, o cuando se plantee la existencia de

un conflicto entre sentencias del Tribunal de Circuito de

Apelaciones. En las reglas, el Comité propone que esta opción de

doble apelación se haga extensiva a los casos de naturaleza

criminal con el propósito de proveer igual derecho al apelante en

~ases criminales que en casos civiles. Ello haría indudablemente

necesario enmendar el Sustitutivo al P. de la C. 1701. No

obstante, el Comí té aclara que considera que el recurso más

apropiado para estos tipos de asuntos es el del certiorari, tanto

en los casos de naturaleza civil como en aquellos de naturaleza

criminal. Ello también haría necesario una enmienda al Sustitutivo

P. de la C. 1701.

Por otro lado, el procedimiento· para la presentación del

recurso de apelación (Regla 802 propuesta) se mantuvo básicamente

igual al vig~te aunque se atemperó a los nuevos cambios de la ley

y a la creación del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por las

razones señaladas en el párrafo anterior, distinto a lo aprobado

por las cámaras legislativas en su Sustitutivo P. de la C. 1701, el

Comité determinó mantener la posibilidad de una apelación al

Tribunal Supremo y, por esta razón, se mantuvo un término de

treinta (30) días para presentar el escrito de apelación ante el

Tribunal Supremo.

En cuanto al contenido del escrito de apelación {Regla 803

propuesta), se incluyó un requisito adicional, mediante el cual

debe indicarse al tribunal si el convicto está en libertad bajo

fianza, probatoria o reclusión, con el propósito de que el tribunal

de apelación pueda determinar la premura con la cual deba atender y

resolver el caso.

El Comité, también a diferencia de lo propuesto por el

SusLitutivo al P. de la c. 1717, optó por seguir el mismo formato

que había propuesto el Comité en el 1993 de poner en reglas

separadas la exposición estipulada, la exposición narrativa y la

~ranscripción. También, disefió una regla que establece el orden de

preferencia de las mismas. Todo lo anterior se hizo para evitar

que tales procedimientos estuvieran contenidos en una sola regla

que resultara muy larga y para dar una mayor claridad al proceso.

Otro cambio sustancial en el Capítulo VIII del proyecto es la

reglamentación del recurso de certiorari bajo la Regla 817

propuesta. Dicha regla corresponde a los Arts. 3.002 y 4.002 de la

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y a las enmiendas

aprobadas por las cámaras legislativas en el Sustitutivo al P. de

la c. 1701 r~ferente tanto a los asuntos que serán atendidos

mediante este recurso ante el Tribunal Supremo y. el Tr_ibunal de

Circuito de Apelaciones como a los efectos que sobre los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia o el Tribunal

de Circuito de Apelaciones tiene la presentación del certiorari.

Así también, se introduce una regla nueva de Reconsideración (Regla

818) que recoge las enmiendas sobre este particular aprobadas por

ambas cámaras legislativas en el Sustitutivo al P. de la c. 1701 y

el Sustitutivo al P. de la C. 1717. Esta regla dispone todo lo

relacionado con la presentación y los efectos de una moción de

reconsideración de una sentencia o resolución.

El 12 de agosto de 1995, se aprobó la Ley Núm. 177, que crea

la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. El Comité estimó

que dicha ley hacía necesaria la reorganización del Capítulo X.

Esta ley, de vigencia inmediata, crea un organismo gubernamental

con el propósito de suministrar información verificada a los

tribunales al momento de estos fijar o modificar la fianza y dictar

las condiciones que mejor puedan asegurar la presencia del imputado

en las diversas etapas del juicio, así como regular el derecho del

acusado a obtener su libertad provisional. La Ley establece unas

modalidades de libertad provisional que no existen en las reglas

vigentes, a saber, libertad bajo propio reconocimiento, libertad

bajo custodia de tercero; libertad bajo condiciones no monetarias y

libertad bajo fianza diferida.

El sistema que crea la nueva Ley Núm. 177 no sustituye el

sistema de fianza actual, sino que crea un sistema paralelo alterno

que le provee al imputado nuevas alternativas a la detención

preventiva. Se desprende de la propia Ley que el imputado debe

someterse a la jurisdicción de la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio y cumplir con los requisitos· de la misma para

que el juez pueda ejercer su discreción de utilizar y aplicar las

condiciones.

Las disposiciones de la Ley Núm. 177 antes discutida,

requirieron· la alteración de varias reglas del Capítulo X (La

Fianza). El Comité determinó cambiar el título de este Capítulo X

a "Fianza, Condiciones y Libertad Provisional", para conformarlo al

nuevo estado de derecho que permite alternativas adicionales a la

fijación de fianza y la imposición de condiciones bajo el régimen

de libertad provisional dispuesto por la Ley Núm. 177.

En ánimo de que se puedan entender con mayor claridad los

conceptos establecidos por la Ley Núm. 177 y para distinguirlos del

término fianza tradicional el Comí té optó por comenzar el

Capítulo X con una regla de Definiciones (Regla 1001). Esta regla

contiene las definiciones de las modalidades de libertad

provisional según establecidas en la Ley. Se incluye una nueva

modalidad de fianza monetaria (fianza diferida) y se denominan·como

libertad provisional nuevas opcio_nes tales como libertad bajo

propio reconocimiento, libertad bajo -custodia de tercero, libertad

condicional y libertad bajo fianza diferida. La introducción de

esta regla tuvo el efecto de que las demás reglas de este Capítulo

fueran renumeradas.

La Regla 1002 (Fianza, condiciones y criterios a considerar)

fue enmendada para mencionar en ella las-excepciones a la concesión

de libertad provisional, según expuestas en la Ley Núm. 177, la que

excluye de sus beneficios a los imputados de los delitos de

asesinato, mutilación, lanzar ácido a una persona, violación,

secuestro, robo en todas sus modalidades, incendio agravado,

estragos, fuga, actos lascivos o impúdicos, cuando la víctima tenga

menos de catorce afies, violación a las leyes contra el crimen

organizado y violación a las leyes de explosivos. ·se incluye en la

regla el informe de la Oficina de Servicios con Antelación al

Juicio y los requisitos de elegibilidad para que el imputado pueda

acogerse al programa de dicha oficina conforme a la Ley Núm. 177.

En la Regla 1003 (fianza, condiciones y libertad provisional;

requisitos) se afia.de el concepto de la libertad provisional y se

dispone que en los casos en que el imputado no comparezca

injustificadamente, el tribunal podrá ordenar el arresto o la

prestación de la fianza diferida.

La Regla 1004, sobre Fianza luego de dictarse sentencia, fue

modificada para afiad.ir la facultad del Tribunal Supremo de revisar

la negativa del Tribunal de Circuito de Apelaciones de fijar

fianza, conforme a lo dispuesto por el Sustitutivo al P. de la C.

1717 que establece la facultad del Tribunal Supremo de admitir

fianza en recursos de certiorari ante sí.

En la Regla 1005 (Fianza; requisitos de los imputados) se

incorpora la mención al Proyecto de Fianzas Aceleradas, el que se

considera, para los efectos de la regla, como una compañía

autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico.

Por otra parte, se modificó la redacción del primer párrafo

de la_ Regla 1007 (Fianza por el imputado; depósito en lugar de

fianza) que había sido sugerido por el Comité de 1993, para exponer

con mayor clar~dad la figura del fiador y su responsabilidad. La

redacción anterior podría dar lugar a una interpretación a los

efectos de que el imputado podría prestar sólo hasta un diez (10)

por ciento de la fianza. Tal interpretación llevaría consigo el

que, de evadir el imputado la jurisdicción, se quedase al

descubierto la garantía del monto restante. La nueva redacción

recoge la práctica aceptada por el Tribunal Supremo en la

interpretación de la Regla 223 de las de Procedimiento Criminal

vigentes a los efectos de que el imputado, a manera de depósito

convertido en fianza, pueda prestar un anticipo no menor del (10)

por ciento, pero el noventa (90) por ciento restante quede bajo la

responsabilidad de un tercero fiador, Pueblo v. Morales Vázguez. 91

J.T.S. 90. A tenor con esta definición de la figura del depósito,

se enmendó también la Regla 1008 para eliminar toda referencia a la

prestación del depósito por fiadores extrafios a los imputados.

Las Reglas 1010 (Fianza; fiadores; exoneración mediante

entrega; arresto del imputado) y 1012 (Fianza; procedimiento para

su confiscación; incumplimiento de condiciones o libertad

provisional; detención) , fueron enmendadas a los efectos de

afía.dirles las modalidades provistas por la Ley Núm. 177.

Así también, en la Regla 1013 (Fianza, condiciones, modalidad

de libertad provisional; arresto del imputado) se incluyen los

efectos que tendrán las disposiciones relativas a las modalidades

de libertad provisional prescritas por la Ley Núm. 177. Se afiade,

a su vez, la facultad del tribunal para revocar o modificar una

concesión de libertad bajo fianza o alguna condición previamente

impuesta, cuando las circunstancias lo ameriten, conforme al P. del

s. 1262 apro~ado por ambas cámaras legislativas. Así también, se

incluye en la regla al funcionario de la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio a quien la Ley Núm. 177 le otorga la facultad

de arrestar cuando haya violaciones a las condiciones impuestas.

Por otro lado, en la Regla 1012 el Comité sugiere que hasta

tanto la Legislatura no lo disponga, el incumplimiento de las

condiciones o una modalidad de libertad provisional sea considerado

como un desacato civil y no ·como delito, según lo disponía el

Comité de 1993, ya que no existe, al momento, delito alguno bajo

esos términos en el Código Penal. Además, se provee para que se

ordene el arresto del imputado. A tales efectos, se sustituye en

la regla el término detención por el de arresto.

La Ley Núm. 177 hizo necesaria la aprobación del P. del S.

1262. Este proyecto pretende enmendar ciertas reglas de

Procedimiento Crminal vigentes con el propósito de conformarlas a

las disposiciones de la Ley Núm. 177 y hacer posible la

implantación de la misma. En específico, la Regla 6 de

P:¡:ocedimiento Criminal vigente se emnendaría para imponer al juez

la obligación de advertirle al imputado de delito la existencia de

la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, de modo que éste

pueda decidir si acogerse o no a los beneficios de la misma. Así

mismo en el P. del S. 1262 se propone enmendar la Regla 6.1 de -

Procedimiento Criminal vigente para disponer la facultad del juez

de permitirle al imputado permanecer bajo cualquier modalidad de

libertad provisional en los casos en que éste decida acogerse a la

Oficina de Servicios con Ántelación al Juicio. El Comité acogió

las enmiendas propuestas por la Legislatura y efectuó cambios en

igual sentido en las reglas equiva~entes a las Reglas 6 y 6.1

vigentes (207 y 208 respectivamente) en igual sentido.

El P. del s. 1262 también propone enmendar la Regla 22 de

Procedimiento Crimina] ·vigente para incluir como uno de los deberes

del juez en los casos bajo la supervisión de la Oficina de

Servicios con Antelación al Juicio hacer las determinaciones que

correspondan. De igual manera, el Comité procedió a enmendar la

regla equivalente en el proyecto, Regla 225.

Conforme a lo propuesto en el P. del S. 12 62, el Comité

recomienda además enmendar la Regla 301 del proyecto para· que

incluya las modalidades de libertad provisional que crea la Ley

Núm. 177 y para aclarar que el juez puede modificar la fianza

fijada o las condiciones impuestas sólo luego de celebrar la vista

preliminar y de que se haya determinado causa probable por un

delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Se

ai'íade además a la Regla 301 propuesta el requisito contenido en el

P. del S. 1262 de que la vista-sea pública.

Por último, mediante la Ley Núm. 220 de 14 de noviembre de

1995, enmendó la Regla 171 de Procedimiento Criminal vigente

relacionada con la prueba sobre circunstancia atenuantes o

agravantes y se dispuso como circunstancias agravante el que un

acusado haya utilizado en la comisión de un delito un unifonne que

lo identifique falsamente como un oficial de seguridad pública o

como funcionario de una agencia o dependencia gubernamental. El

Comité procedió también a enmendar en el mismo sentido, la regla

equivalente en el proyecto, Regla 714.

Aparte de los cambios relacionados, el Comité actual dejo

inalterado el contenido del Infonne de Reglas de Procedimiento

Criminal de 1993, pues no consideró parte de su encomienda la

revisión absoluta del mismo. No obstante, el Comité hace

reconocimiento de la enorme y encomiable labor realizada por el

Camité anterior.

'!l'ULA :m: E~ EN'1'RE I.AS REGLAS :t1E :,OIIQCED'TMD!:N'l'()

C"'O!t",ftT., :mi: 1963 Y I.AS UGU.S PROPOES'!l'AS

JRaq1@1 de 1963 Tnfwm, da 1993 Infome de 1995

1 101 101

2 102 102

3 derogada derogada

4 204 204

5 205, 206 205, 206

6 207 207

6.1 ·208 208

7 209, 210 209, 210

8 211 211

9 212 212

10 213 213

11 214 214

12 215 215

13 216 216

14 217 217

15 218 218

16 219 219

17 220 220

18 221 221

19 222 222

20 223 223

21 224 224

22 225 225

23 301 301

24 302, 303 302, 303

25 110 109

26 111 110

27 112 111

28 112 111

29 112 111

30 112 111

31 112 111

32 112 111

33 112 111

34 307 307

35 308 308

36 309 309

37 310 310

38 311 311

39 312 312

40 312 312

41 314 314

42 314 314

43 314 314

44 314 314

45 312 312

46 314 314

47 314 314

48 314 314

49 312 312

50 314 314

51 derogada derogada

52 304 304

53 305 305







60 304 304


62 429 429

63 306, 429 306, 429

64 402 402

65 401, 429 401, 429

66 429 429

67 425 425

68 430 430

69 430 430

70 431 431

71 432 432

72 428 428

73 431 431

74 404 404

75 431 431

76 403 403

77 403 403

78 403 403

79 403 403

80 403 403

81 415 415

82 416 416

83 417 417

84 418 418

85 . derogada derogada


87 419 419

88 420 420

89 421 421

90 422 422

91 423 423

92 423 423

93 424 424

94 405 405

95 406 406

95 A 407 407

95 B 408 408

95.1 409 409

96 901 901







103 903, 909 903, 909

104 909 909

105 910 910

106 902 902


108 902 902

109 501 501

:..10 104 103

111 502 502

112 503 503

113 504 504

114 505 505

115·· · 505 505

116 505 505

117 505 505

118 506 506

119 507 507

120 508 508

121 509 509

122 510 510

123 511 511

124 511 511

125 512 512

126 513 513

127 513 513

128 514 514

129 515 515

130 516 516

131 517 517

132 518 518

133 519 519

134 520 520

135 521 521

136 514 514

137 522 522

138 523 523

139 524 524

140 525 525

141 526 526

142 527 527

143 528 52B

144 529 529

145 530 530

146 531 531

147 532 532

14B 533 533

149 534 534 (

150 535 535

151 536 536

151.1 derogada derogada




154.1 410 410




158 -derogada derogada

159 537 537

160 538 538

161 539 539

162 701 701

162.1 702 702

162.2 703 703

162.3 704 704

162.4 705 705

162.5 706 706

163 707 707

164 708 708

165 709 709

166 710 710

167 710 710

168 712 711

169 713 712

170 714 713

171 715 714

172 716 715

173 717 716


175 718 717

176 717 716

177 720 718

178 721 719

179 722 720

180 723 721

181 724 722

182 725 723

183 726 724

184 727 725

185 728 726

186 115 114

187 601 601

188 602 602

189 603 603

190 603 603

191 604 604

192 603 603

192.1 730 727

193 801 801

194 802 802

195 802 802

196 803 803

197 804 804

198 1003 1004

199 806 805

200 809 810, 811

201 809 810, 811

202 809 810, 811

203 812, 813 812, 813


205 813 805

206 806 805

207 806 805

208 808 809

209 811 808

210 812 812

211 815 813

212 816 814

213 817 815

214 819 819

215 820 820

216 801, 819, 1003 801, 819, 1004

217 801 801

218 1001, 1003 1002, 1004

219 1002 1003

220 1004 1005

221 1005 1006

222 1006 1007

223 1007 1008

224 1008 1009

225 1009 1010

226 1010 1011

227 1011 1012

228 1012 1013

229 226 226

230 . 227 227

231 228 228

232 230 230

233 232 232

234 411 411

235 236 235

236 237 236

237 238 237

238 239 238


240 412 412

241 414 414

242 113 112

243 105 104

244 106 105

245 106 105

246 433 433

247 426 426

247.1 427 427


249 107 106



252.1 201, 203 201, 203

252.2 202, 203 202, 203



255 108 107

CAPZ'l'O'LO J:

l!llllgla l.Ol. '!'itul.o e inta:protaciém.

COMl1!N'l'All0

(a) Estas reglas serán conocidas y citadas como "Reglas de Procedimiento Criminal• . Se interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento a las partes y eviten atrasos y gastos innecesarios.

(b) Estas reglas tendrán como propósito:

l. instrumentar el mandato constitucional de garantizar el debido proceso de ley en el derecho procesal penal;

2. garantizar los derechos constitucionales del imputado de delito;

3. garantizar los derechos de las víctilllas y de los testigos;

4. inocente y culpable;

adjudicar la la convicción

absolución del y sanción del

5. agilizar los procedimientos penales, y

6. ordenar el derecho procesal penal para que las controversias en los tribunales sean resueltas en forma uniforme, clara y libre de confusión.

. El inciso (a) corresponde a la Regla l de Procedimiento

Criminal de Puerto Rico de 1963.

Las Reglas de Procedimiento Criminal pretenden proteger el

interés legítimo del Estado y del ciudadano a una justa y eficiente

administración de la justicia criminal, sal va guardar los

derechos de todas las partes y evitar los atrasos y gastos

innecesarios. La regla recoge el principio de que las reglas

procesales no se han dictado para ahogar la voz de la justicia, si

no que tienen el propósito de garantizar los derechos del imputado

2

de delito, de los testigos, de las víctimas del crimen y de

los componentes del sistema de Administración de Justicia Criminal.

El derecho a juicio rápido y la pronta solución de casos no

es interés exclusivo del imputado sino de toda la

comunidad. Pueblo y, Rivera Navarro. 113 D.P.R. 642 (1982); Pueblo

Y, Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo Y,

Rodríguez. 118 D.P.R. 515 (1987).

bgla 102 llplicaciém y vir;JeDCia

COMEN'l'JI.Rl:O

Estas reglas regirán el procedimiento en el Tribunal General de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos los procesos de naturaleza penal iniciados en o con posterioridad a la fecha en que entren en vigor y en todos los procesos entonces pendientes, siempre que su aplicación sea practicable y no perjudique J,os derechos sustanciales de la persona imputada de delito.

L6pez

La regla c9rresponde a la Regla 2 de Procedimiento Criminal

de Puerto Rico de 1963.

Recoge el principio de que las nuevas Reglas de Procedimiento

Criminal se aplicarán en forma prospectiva a los procesos penales

iniciados en o con posterioridad a la fecha de su vigencia y a los

procesos pendientes cuando las reglas sean aplicables y no

perjudiquen los derechos sustanciales de las personas imputadas de

delito. Se varía la fraseología para incluir los derechos

sustanciales de la persona imputada de delito.

La regla guarda· estrecha relación con el Art. 4 del

Código Penal de Puerto Rico, que determina la apiicación temporal

3

de las leyes penales, y con la garantía del Art. II, Sec. 12 de la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A.,

Tomo I, que consagra el principio de que •no se aprobarán leyes~

122.tl facto•.

Regla 103 Pramwaci6n de inocencia y duda rascmab1e

En todo proceso criminal, se presume inocente al imputado mientras no se pruebe lo contrario. En caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Una vez se establezca la culpabilidad del imputado, de existir duda razonable entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, sólo podrá ser declarado convicto por el de grado inferior o por el de menor gravedad.

COMl!:N'l'AllJ:0.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 110 de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

En nuestro sistema de derecho procesal penal es

principio fundamental que todo ciudadano al que se le imputa delito

tiene el derecho constitucional a que el Ministerio Fiscal

demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio

público, justo e imparcial. Art. II, Sec. 11, Constitución E.L.A.

La "duda razonable" es definida como aquella insatisfacción o

intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la

culpabilidad del imputado luego de desfilada la totalidad de la

prueba de cargo.

La prueba del Ministerio Fiscal debe establecer, por motivo

de ser la presunción de inocencia parte del debido procedimiento de

4

ley, todos los elementos del delito y vincular al imputado con los

mismos con prueba suficiente y satisfactoria que produzca

certeza o convicción moral ·en una conciencia exenta de

preocupación o en un ánimo no prevenido. Véanse: Pueblo Y, Cabán

Torres. 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo y. Rarnos y Alvarez. 122

D.P.R. 287 (1988); Pueblo y, Maisonave Rodríguez, 91 J.T.s. 67, 129

D.P.R. _ (1991).

lRegla 104 Prescmcia del imputa&> (a) Delitos grave■ . En todo proceso

por delito grave el imputado podrá estar presente· en t·odas las etapas del juicio, incluso la constitución del Jurado, la rendición del veredicto o fallo y el pronunciamiento de la sentencia. Si el imputado, .luego de haber sido ·advertido conforme a la Regla 301 y haber sido citado para juicio no se presenta· el tribunal, luego de determinar a su satisfacción la presunta voluntariedad de la ausencia, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que recaiga fallo o veredicto y el pronunciamiento de la sentencia, siempre que el imputado esté representado por abogado. Si en cualquier etapa durante el juicio el imputado no regresa a sala para la continuación del mismo, el tribunal, luego de determinar a su satisfacción que la ausencia es voluntaria, podra dictar mandamiento y ordenar su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del imputado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo y el pronunciamiento de la sentencia.

(b) Delitos menos gravas. En todo proceso por delito menos grave, siempre que el imputado esté representado por abogado, el tribunal podrá proceder a la lectura de la denuncia o acusación, al juicio, a¡ fallo y al pronunciamiento de la sentencia y podrá recibir una alegación de culpabilidad en ausencia del imputado. Si la presencia del imputado es necesaria, el tribunal podrá

COIMl!2ll'ARJ:0

5

dictar mandamiento que ordene su asistencia personal. Si en cualquier etapa durante el juicio el imputado no regresa a sala para la continuación del mismo, el tribunal, luego de determinar a su satisfacción que la ausencia es voluntaria, podra dictar :mandamiento que ordene su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del imputado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo y el pronunciamiento de la sentencia.

(c) Corporac.icmas. Una co:z:poración podrá comparecer representada por abogado para todos los fines.

(d) COD4ucta del imputado. En procesos por delito grave o menos grave, si el imputado incurre en ~onducta tal que impida el desarrollo normal del juici_o, el tribunal podrá:

l. tramitar un desacato sumario;

2. tomar las medidas coercitivas pertinentes, u

3. ordenar que el imputado sea removido y continuar con el proceso en ausencia.



El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, consagra, en lo

pertinente, el derecho de todo imputado de delito a que se

demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en juicio

público, justo e imparcial. Pueblo v. Robles González. 90 J.T.s.

41, 125 D.P.R. _ (1990).

Según indicó el Tribunal Supremo en el caso Pueblo y. Pérez

Santaliz, 105 D.P.R. 10, 13 (1976):

6

Como sabemos, el juicio va dirigido a la búsqueda de la verdad. Nuestro ordenamiento procesal prescribe como garantía del derecho a un juicio justo .e imparcial que la culpabilidad del acusado ha de fundarse en la prueba desfilada y en los argumentos aducidos ante el tribunal. El acusado tiene derecho a confrontarse con la prueba en su contra y a que se le pruebe la acusación mediante prueba admisible conforme las normas de relevancia, confiabilidad y certeza que la experiencia secular ha consagrado en el proceso adversativo ...•

El derecho de todo imputado a estar presente en toda etapa

del juicio tiene raíces tanto en el derecho común (Snvder v.

Massachusetts, 291 u.s. 97 (1934)), como en la cláusula de

confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos, la _cual se aplica a los estados a través de la Enmienda

Décimocuarta .• Iál~l-i~u~o~i-·~s __ v.._.. _ _..,A~l~lwe..-n, 397 u.s. 337 (1970). Las

fuentes en Puerto Rico son la citada Sexta Enmienda y el Art, rr,

Secs. 7 y 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, L.P.R.A., Torno l. Pueblo y. Lourido Pérez. 115 D.P.R.

798, 801 (1984).

Tal derecho a estar presente puede ser objeto de renuncia.

Pueblo v. López Rodríguez. 110 D.P.R. 515 (1987); Pueblo v.

Bussrnan. 108 D.P.R. 444 (1979). La perrnisibililad de la renuncia

no adolece de falla constitucional. Pueblo y. Colón Colón. 105

D.P.R. 880 (1977).

La renuncia puede manifestarse por la ausencia voluntaria del

imputado, mas visto el rango constitucional del derecho, la

ausencia debe ser equivalente a "una renuncia o abandono

intencional de un derecho o privilegio reconocido". (Traducción (

7

nuestra.) Johnson v. zerbst. 304 u.s. 458, 464 (1938). La

renuncia es voluntaria si se detennina que el imputado conoce de su

derecho y obligación de estar presente y carece de razón válida

para ausentarse.

El tribunal siempre debe cerciorarse que se cumpla con los

tres (3) requisitos que exige la jurisprudencia para que se pueda

celebrar un proceso en ausencia del imputado de delito, a saber:

(1) que haya sido citado o notificado del primer sefialamiento para

juicio; (2) que haya sido apercibido que de no comparecer en dicho

día se podrá celebrar el juicio en su ausencia, y (3) que ante su

incomparecencia en dicho día, el tribunal realice gestiones

razonables tendentes a cerciorarse que su ausencia es voluntaria.

La regla no requiere a los .tribunales de instancia agotar o

realizar todo esfuerzo para investigar y precisar si existe una

renuncia voluntaria del derecho. El tribunal sólo tiene que

d~terminar a su satisfacción la presunta voluntariedad de la

ausencia del imputado. Una vez haya fundamento para una

determinación preliminar de voluntariedad, el imputado debe

refutarla aunque la carga de probar en última instancia la

voluntariedad de la ausencia cuando media refutación recae en el

Ministerio Fiscal. De lo contrario, la desaparición intencional

debe estimarse como una renuncia al derecho a estar presente en el

juicio, y a que su caso se ventile ante Jurado.

Regla 105 Hotificaciém de órdenes

(a) Notificación. Siempre que se requiera o permita notificar a una parte

Cmmr.t'Alu:O

8

representada por abogado la notificación se hará al abogado. De ser necesaria la notificación a cualquier parte interesada, la notificación se hará a la parte, a menos que se disponga lo contrario en estas reglas.

(b) Orden CD 11.UIIICDCia.. Al ser dictada una orden en ausencia de cualquier parte que resulte afectada, el secretario la notificará a dicha parte imnediatamente.

(c) Pozma. La notificación al abogado o a la parte será efectuada entregándole copia, remitiéndole por correo a su última dirección conocida o vía facsímil.

Entregar una copia, conforme a esta regla, significa ponerla en manos del abogado o de la parte, o dejarla en su oficina en poder de su secretaria . o de otra persona a cargo de la misma. Cuando la oficina esté ce=ada o la persona a ser notificada no tenga oficina, se dejará en su domicilio o residencia habitual en poder de alguna persona que no sea menor de dieciocho (18) afies que resida allí. La notificación por correo quedará perfeccionada al ser depositada en el co=eo.

El inéiso (a) corresponde a la Regla 244 y el inciso (b) a la

Regla 245 de Procedimiento Criminal de 1963. El segundo párrafo

del inciso (c) corresponde, en parte, a la propuesta Regla 70.2

<Forma de hacer la notificación! del Proyecto de Reglas de

Procedimiento civil, discutido en la Conferencia Judicial de 1991.

Rag-la 106 Térmiilos; cámo se cc:111Q;1Utarán En el cómputo de cualquier término

establecido o concedido por estas reglas, o por· orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no contará el día en que fue realizado el acto, evento o incumplimiento después del cual el término concedido empieza a correr. El último día del término así

C<ml!:N'l'NU:O

La

9

computado será incluido siempre que no sea sábado, domingo ni dia de fiesta legal, quedando entonces extendido el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo o día legalmente feriado. Cuando el término concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios serán excluidos del cómputo. Medio día feriado ,será considerado como feriado en su totalidad.

regla corresponde, en parte, a la Regla 249· de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y a la propuesta

Regla 71.1 /Cómo serán computados), del Proyecto de Reglas de

Procedimiento Civil discutido en la Conferencia Judicial de 1991.

La regla equivale, en parte, a la Regla (6a) de Procedimiento Civil

fedP.ral.

bg-la 107 Derogación de leyes inccrm,patil:lles

Las Reglas de Procedimiento Criminal aprobaias el 30 de julio de 1963, según han sido enmendadas, y cualesquiera otras leyes, en todo . cuanto se relacione o refiera a

___ derecho procesal penal que sea incompatible o contrario a estas reglas, quedan derogadas. Se derogan las secciones, los capítulos y las leyes siguientes del Codigo de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico.

(1) Sección 6. prohibid.o

Seg-un4o proceso,

Esta sección corresponde al Art. 6 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935.

El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, , L.P.R.A., Tomo 1, y la Regla 402 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal hacen innecesaria esta di~posición.

JO

(2) Sección 7. Autoincriminación; reatricción mitas de aamtencia


El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo l y las Reglas 101 y 225 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal hacen innecesaria esta disposición.

(3) Sección 11. Derechos del acusado en general.


(4) Sección 51. Juez de paz que deja de eump1ir deber- (Art. 18) ,

(5) sección 86. Facu1tades general•• (Art. 56)1

(6) Sección 87. Entrega de registro y récords al 111Uce111or (Art. 57) ;

(7) Sección 88. Co•t- (Art. 58);

(8) Sección multas y derechos; (Art. ,60);

89. :Depósito de costas, inspección de registros

(9) Sección 90. Castigo por desacato (Art. 61)

Estas son las disposiciones vigentes en el Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, relativas al juez de paz.

La derogación se hace por entender que el Art. 7 de la Ley Núm. 7 de 8 de agosto de 1974 (4 L.P.R.A. Sec. 217) dispuso la eliminación de los jueces de paz y su sustitución por jueces municipales y que la Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991 incluyó al Tribunal Municipal corno parte del Tribunal de Primera Instancia.

(10) sección 182. Proceso por cauciones juratorias quebrantadas, multas, penas pecuniarias, etc.

11

Esta seccion corresponde al Art. 107 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935.

La Regla 226 de Procedimiento criminal de 1963 y la Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A.sec. 1723 et seq., hacen innecesaria esta disposición.

(11) Ca.pi tul o 33 11!:D::luiciamianto Crimina.l, L.P.R.A. BIIIC&. 521 a 577)

del Código Qr111.n Jurado

La Ley Núm. 58 de 18 de junio de 1919 estableció el Gran Jurado en Puerto Rico. Esta institución carece de propósito en el derecho procesal penal puertorriqueño.

(12) Cap:í. tulo 39 dal Código 11!:D::luiciamianto, Jurado (34 111. 640)

l .. P.lt..A. IHICII.

de 636

Las secs. 9 y 10 de la Ley de 10 de mayo de_ 1904 y de los Arts. 205 y 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 son innecesarias.

Las Reglas de Procedimiento Criminal cubren todos los aspectos de la selección de candidatos a jurado y del juicio por jurado.

(13) Sección 750. Costa■ criminal.11111; pago por el iLcu11ad.o

(14) · Sección 751. Coata■ impue■ta■ 111.l acuaad.o; inllolvmicia

Esta disposición corresponde a la Sec. 1 de la Ley Núm. 11 de 9 de marzo de 1911.

(15) Sección 752. teatigc,11 y :jura.dos

Honorario■ para

Esta disposición corresponde a la Sec. 1 de la Ley Núm. 338 de 10 de mayo de 1947, enmendada mediante la Ley Núm. 31 de 9 de julio de 1969.

Se deroga por considerar que el Reglamento que fija tipos de honorarios, gastos de viaje y dietas para jurados y testigos debe reglamentar está materia ( 4 L.P.R.A. Ap. X).

12

En la alternativa, el Comité Asesor recomienda que la parte correspondiente a los Honorarios para testigos sea incluida en una regla especial para testigos y víctimas del crimen.

(16') Sección para jurad.o

781. Bllbitaci6n o l.ocal


Se deroga por ser asunto incluido en la Regla 523 del nuevo proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal.

(l.7) Sección 782. Camida y alojamiento

Esta sección corresponde al.Art. 273 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935. Se deroga por ser asunto incluido en la Regla 523 del nuevo proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal.

(18) Sección 96'9. Rogiatro do la aontancia con&mntoria; 11D0tación del.a cauaa

Esta sección corresponde al Artículo 326 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, según enmendada por la Ley Núm. 35 del 10 de abril de 1979.

(19) Secciém 970. lli■poaiciém de aml.t-, penas pecuniarias y costas en casos crimin•l•s

(20) Sección ebolida

995. Pana da muerta,

Esta prohibición está incluida en la Sec. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(21) Sección 1026'. · Sistema da l.ibartad a prueba - Establecimiento en l.os tribunal.as

(22) Sacciém 1027. libertad a prueba; custodia y supervisión

Sentencia suspendida y multa; restitución;

(23) Sección 1027a •. · adicional.es

Condiciones

13

(24) Sección 1028. Duración de l.a l.il:ie:rtad a pruaba; ricriman 4i111cipl.i:aario y pl.an de tratamimito

(25) Sección 1029. Revocación de l.a l.:l.bertad a prueba; info:cmelil lilobre -con&lcta

(26) Sección 1030. Smitencia mu111pemd.ide. Glll c111.u1111a111 por d111l.i tOIII meDOII grav11111 cuanc!lo a.cu111ado e• menor de 16 o mayor de 60 afio•

~7) Sección 1031. Condiciones; co:avicción de un nuevo delito

(28) Sección 1039. Término cumplido a.ntelll de la EN&pllllllSión de la IIGllltmicia

(29) Sección 1040. Aplicación a 111mitcm.cias ccmcur:rtmtes y ccmaecutivas

(30) Sección 10.41. Preferencia de 484uccicmas

(31) Secci6n 1042. Santcm.cias 11u~ndi&u! - delitos graves y en ciertos delitos -o• gravas cmendo el convicto e11 menor de 21 aii.os ella edad

(32) Sección 1043. Ca.sos pculiantes

(33) Sección 1044. Sist--. de sentmicia cilat•rmin•d• mi condenas de reclu11iém.

La vigencia o derogación de esta seccion dependerá del modelo de sentencias que sea aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

(34) Sección 1171. Errores que no afectan derechos o que no fueron excepciona.dos; errores f'11:adamant:al.es

(35) Sección 1465. Penalidad por dasobediancia a citació:a o negativa. a declarar


Se recomienda que la disposición sea incluida en el Código Penal de Puerto Rico.

14

(36) Sección 1471. Ley unifo2:111e para 11U111agu:ar l.& asiatcmcia ele teati110s qua se &DCUentren en o fuera ele Puerto Rico en CILBOII cri.miDILllllS - Citación ele testigos en Puerto Rico para declarar en otro estac!lo o territorio

(37) Sección 1472. Citación c!la t111ati11oa c!la otro e111tac!lo o te=itorio para c!laclarar en Puerto Rico

(38) Sección 1473. lbumc~ón c!la -=esto o proceso

(39) Sección :I.Dtw:pretaciáz:i.

1474. 'Ozlifo2:1Dic!la4

(40) Sección 1475. ~itulo abreviac!lo

(41) Sección 1475a. Confinac!loa como testigos en causas criminales c!lentro o fuera ele Puerto Rico Audiencia con vista ele certificación c!la otro estac!lo o territorio

(42) Sección 1475b. Orden del Juez Superior; ccmaicicma11

(43) Secciáz:i. 1475c. A cu ar el o a Secretario ele Juaticia con juriac!liccicmas

c!lal otras

(44) Sección 1711. Moción c!la reducción; procedimiento; exclusión

(45) Sección 1712. Má.vimo11 por c!lalitos :menos gravas; excepción; c!laro11aciones

(46) Secciones 1725, 1725a., 1725b., 1725c. y l.725c!l

La Regla 117 (Certificación de antecedentes penales) hace innecesarias estas secciones.

(47) Secciones 1731, 1732 y 1733

La Regla 118 (Eliminación por convicción por delito) hace innecesarias estas secciones.

15

COMl!!:.N'.l.'.!lm:O

La regla co=esponde, en parte, a la Regla 255 de

Procedimiento Crimina] de Puerto Rico de 1963.

bgla l.08

cmmrr.iuu:o

Separabiliclaa ae cli111POsicicme111

Si cualquier regla o parte de ésta es declarada inconstitucional, esto no afectará, periudicará o invalidará el resto de las reglas y su efecto quedará limitado a la regl~ o a parte de ésta que si haya sido declarada.

La regla es nueva. Se deja consignado que una declaración de

inconstitucionalidad por un tribunal competente de cualquier

regla o parte .de ésta no afectará o invalidará el resto de las

Reglas de Procedimiento Criminal.

Regla l.09 Dist:rit:o :fwlicial; aGfim.ci6zl

En las Reglas de Pro.cedimiento Criminal, "distrito judicial" significa una de las

··· · regiones judiciales en que . Puerto Rico está dividido para fines judiciales, e incluirá las unidades correspondientes a las salas del Tribunal de Primera Instancia.

COMEN'l'AllO



Regla l.l.O Delit:01111 en;luiciabla111 en Puerto Rico Cualquier persona que cometa un delito

dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sea dentro o fuera de.la extensión territorial de Puerto Rico a la fecha de su

CCIMDn'ARJ:O

16

comisión, podrá ser juzgada en los tribunales de Puerto Rico.

Se entiende por •extensión territorial" el espacio de tierra, mar y aire sujeto a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.



El segundo párrafo corresponde al Art. 3 del Código Penal

de Puerto Rico de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3003).

Rag1a 111 Campetam.cia (a) BD genera1. En todo proceso

criminal el juicio se celebrará en la sala correspondiente a la región judicial donde se cometió el delito, excepto lo que en contrario se provea en estas reglas.

Cuando un juez asuma jurisdicción sobre una persona a quien se le imputa la comisión de un delito y la Sala donde actúa el juez _carezca de competencia para la celebración del juicio, trasladará el caso a la Sala correspondiente para la continuación del proceso criminal.

(b) Coautor•• en distintas regiones judicial••· Cuando en una región judicial una persona ayude, induzca, procure o provoque la comisión de un delito en otra región judicial, podrá ser juzgada por dicho delito en cualquiera de las dos (2) regiones.

(c) Actos realizados en más de una región judicial. Cuando para la comisión de un delito se requiera la realización de varios actos, el juicio podrá celebrarse en cualquier región judicial donde ocurran dichos actos, pero nunca en más de una re1¡1ión.

COMDrl'JIRJ:O

17

(d) Delitos IIIID UZl.lll r1111gió11. judicial CCIIIIIGltidos desde otra regiém judicial. Cuando desde una región judicial una persona corneta un delito en otra región judicial, el .juicio podrá celebrarse en cualquiera de las dos (2) regiones.

( e) Delitos coaetidos OD trlÍZl.sito. Cuando se corneta _un delito en cualquier vehículo público o privado en el curso de un viaje, y no pueda determinarse el sitio donde se cometió, el juicio podrá celebrarse en cualquier región judicial a través de la cual. dicho vehículo transitará durante el viaje.

(f) Delitos CIIZI. o coDtra naves aéreas. Cualquier persona que corneta un delito en o contra cualquier nave aérea mientras sobrevuele el territorio de Puerto Rico, podrá ser juzgada en cualquier región judicial del Tribunal de Primera Instancia.

(g) Delitos CIIZI. o coDtra embarcacioZ1.e111 marítima.a. Cualquier persona que corneta un delito en o contra cualquier embarcación marítima mientras navegue en aguas sujetas a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá ser juzgada en cualquier región judicial.

(h) Propiedad tZ'IIZl.8PO:z:tada 4e UZI.& regián judicial a otra. cuando una persona adquiera bienes mediante la comisión de un delito en una región judicial y transporte los bienes a otra región judicial, podrá ser juzgada en cualquiera de las dos (2) regiones.

El primer párrafo del inciso (a) corresponde, en parte, a la

Regla 27; el inciso (b), en parte, a la Regla 28; el inciso (c)

corresponde, en parte, a la Regla 29; el inciso (d), en parte, a

la Regla 30; el inciso (e), en parte, a la Regla 31; el inciso (f),

en parte, a la Regla 32, y el inciso (h), en parte, a la Regla 33

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

18

El inciso (g) de la regla es nuevo. En las Reglas de

Procedimiento Criminal de 1963 no existe regla de competencia

sobre delitos cometidos en aguas territoriales puerto=iquefías. Al

este inciso se cubren situaciones de delitos adoptar

cometidos, por ejemplo, en la embarcación que viaja entre San

Juan y Cata.f!.o o entre Fajardo y Vieques.

La definición de •extensión territorial• está contenida en la

Regla 110, !Delitos enjuiciables en Puerto Rico).

illllgla 112 Daaacato ~iminn3 (a) Proceclimi11Uto awnario. El desacato

criminal podrá castigarse en forma sumaria si el juez certifica que vio u oyó la conducta constitutiva de desacato y que se cometió en presencia del tribunal. La orden que se dicte expondrá los hechos, será firmada por el .juez y se hará constar en la minuta del tribunal.

(b) Proceclimi11Uto ordinario. Salvo lo provisto en el inciso (a) de esta regla, en todo caso de desacato criminal se le dará al imputado la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, la hora. y la fecha de la vista, concederá al imputado un tiempo razonable para preparar su defensa, le informará que se le imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esenciales constitutivos del mismo. El imputado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se funda en actos o conducta irrespetuosa o en crítica irrespetuosa hacia un juez, el juicio o la vista se celebrará ante otro juez.

Esta regla no afecta la facultad concedida por ley a una agencia, organizacion o funcionario público para castigai; por· desacato.

19

La regla corresponde; en parte, a la Regla 242 de

ProcediJniento Criminal de Puerto Rico de 1963.

Todo abogado tiene el deber ineludible de ceder a las

decisiones de la corte, sean éstas correctas o equivocadas,

reservando los derechos del cliente mediante la correspondiente

excepción. Basta que la orden dictada por un juez sea legal para

que exista el deber de obedecerla, sin deternerse a cuestionar si

las circunstancias del momento demandan o no su cumplimiento.

Aunque el lenguaje por sí solo no sea constitutivo de desacato, sí

podría serlo si se dice de forma insolente o desafiante. Hay que

tomar en consideración no sólo las palabras dichas sino también las

circunstancias, el motivo que dio lugar a ellas, el tono de voz, la

mirada, los gestos y el énfasis. Ex parte Lastra. 56 D.P.R. 559

(1940). El Tribunal Supremo ha expresado que •el respeto hacia los

tribunales, y su exaltación como uno · de los postulados

deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de una

censura previa. Tampoco el que no reconozcamos la más amplia y

dilatada libertad de defensa al abogado en el ejercicio de su

profesión. Incuestionablemente, la crítica sana y oportuna es un

instrumento necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas

y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones. Tal crítica

es un interés legítimo constitucional que debemos proteger. Es un

vehículo apropiado para producir cambios favorables en el sistema

de administración de justicia. Nuestro deber es escuchar esa

20

crítica sin infundada sensiblería•. In re Cardona Alyarez. 116 D.P.R. 895, 904 (1986).

bgl.a l.l.3 &mciOZ111111 eccmómi ("'IUI

(a) :De las firma.11. Las alegaciones, las mociones y los escritos a ser presentados deberán estar firmados por el abogado de la defensa, por el representante del Ministerio Fiscal o por el imputado cuando se autorepresente. Se incluirá el nombre completo del firmante, su número de colegiado, su dirección postal y residencial u oficial de trabajo. Cuando el firmante sea el imputado incluirá su número de seguro social. Excepto cuando una regla o ley disponga otra cosa, las alegaciones, las mociones o los escritos no serán jurados.

La firma de la parte constituirá certificación de haber leido el documento, que está fundamentado en hech~s y en derecho. La falta de firma en el documento equivaldrá a la eliminación de las alegaciones, las mociones o escritos, a menos que sean firmados cuando el tribunal notifique la omisión.

Si un documento es firmado en violación a este inciso, el tribunal, a moción de parte o a iniciativa propia, podrá ordenar el reembolso a la parte perjudicada de una cantidad razonable por los gastos y molestias en los cuales incurrió con motivo de la presentación de la alegación, moción o escrito. La sancion podrá incluir los honorarios de abogado.

(b) Por demora i:anecaaaria. Cuando el imputado, el abogado de la defensa o el representante del Ministerio Fiscal permita que la fecha de la vista preliminar o del juicio sea señalada a sabiendas que en esa fecha un testigo esencial no estará disponible; presente una moción de suspensión con el fin de ocasionar atrasos a sabiendas de que es frívola y sin mérito; haga una declaración con el propósito de obtener una suspensión a sabiendas de que es falsa y ello sea relevante a la concesión de la suspensión;

COMEN'l'ARJ:O

21

solicite una transcripción de evidencia a los únicos fines de entorpecer los procedimientos o se proponga incumplir de mala fe con las disposiciones de juicio rápido, el tribunal podrá imponer al imputado, al abogado de la defensa o al representante del Ministerio Fiscal, además de las costas, gastos y honorarios de abogado, la sanción económica que estime . apropiada hasta un maximo de doscientos cincuenta dólares ($250.00).

(c) Proced.:!JailllZl.to. Antes de imponer una sanción el tribunal notificará de los cargos al ofensor y le perJ!litirá presentar evidencia o argumentos para explicar su conducta.

El juez ante quien ocurrió la conducta impropia podrá imponer la sanción y referir el asunto a otro juez cuando su objetividad y conducta sea un hecho en controversia, o lo solicite la parte sancionada.

Nada de lo dispuesto en esta regla se interpretará como que el ofensor tiene derecho a un juicio plenario.

La regla sugerida es nueva.

Ynheb~.lidiicl clel juez

(a) Durante al juicio.· Si después de comenzado el juicio, y antes del veredicto o fallo, el juez ante quien sea juzgado el imputado está impedido de continuar con el juicio por razón de muerte, enfermedad u otra inhabilidad, o por haber cesado en el cargo, cualquier otro juez de igual categoría en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, siempre y cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a partir de su nombramiento, que se ha familiarizado con el expediente y el récord del. caso.

(b) Después del veredicto o fallo de culpabilidad. Si-por razón de haber sido sustituido, suspendido, o cesado en el cargo, por muerte, enfermedad u otra inhabilidad, el

22

juez ante quien fuera juzgado el imputado está impedido de desempeñar los deberes del tribunal después del veredicto o fallo de culpabilidad, cualquier otro juez en funciones o asignado al tribunal podrá desempefíar dichos deberes.

(c) Ca1110111 por Jurado y tribunal cie derecho. La sustitución a que se refiere el inciso (a) de esta regla sólo podrá ser efectuada en aquellos casos que se estén ventilando ante Jurado. Por estipulación de las partes, podrá haber sustitución de juez antes de mediar fallo en aquellos casos que se estén ventilando por tribunal de derecho.

(d) lllc:aabramianto cie :luez au111tituto. El juez sustituto deberá ser nombrado por el Juez Administrador del tribunal al cual pertenecía el primer jue·z o, en su defecto, por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro de dos (2) días de recibir notificación de inhabilldad del juez.

(e) Autoric!lac!l ciel juez lliu111tituto. El juez sustituto mantendrá el mismo poder, autoridad y jurisdicción en el caso como si hubiese comenzado ante él mismo.

(f) Deber ciel 111ecretario. En aquellos tribunales donde hay asignado un solo juez, el secretario del tribunal, inmediatamente que

·· conociere de la inhabilidad . del juez deberá:

1. Notificar al Administrador de 1 os Tribunales y al Juez Presidente ·del Tribunal Supremo.

2. señalamiento menor de diez (15) días.

Citar a las partes para un que en ningún caso podrá ser

( 1 O) días ni mayor de quince

(g) Nu.evo juicio

1. Si el juez sustituto queda de que no puede continuar los deberes· del anterior juez

convencido desempeñando podrá conceder un nuevo juicio.

2. La imposibilidad no atribuible

com:N'l'ARJ:0

23

al imputado, de cumplir con los trámites dispuestos en esta regla, sería motivo para conceder un nuevo juicio.

La regla co=esponde a la Regla 186 de Procedimiento Criminal


l'tlllgla 115 Autorepnis1mtacicm Toda persona natural imputada de delito

que anuncie que ejercerá su derecho a la autorepresentación hará constar que su decisión ha sido hecha en forma voluntaria, inteligente y con pleno conocimiento de causa.

El tribunal le hará las advertencias siguientes:

(a) Estará impedido de ser asistido por abogado mientras comparece por derecho propio;

(b) el tribunal no estará obligado a nombrarle abogado asesor durante el juicio, y

(c) estará obligado como autorepresentado de cumplir en forma adecuada con las reglas procesales y el derecho sustantivo aplicable, aunque no le será requerido un conocimiento técnico de las mismas.

El tribunal al conceder o denegar el derecho a la autorepresentación tomará en consideración lo siguiente:

(a) Lo adelantado del proceso;

(b) la demora o interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada administración de la justicia;

(c) la calidad de la representación que el imputado de delito habrá de ser capaz de procurarse, y

(d) la complejidad del juicio y de las

CClmN'l'ARXO

24

controversias a ser adjudicadas. De haber coacusados en un solo Juicio, y

uno o varios de éstos exprese su interés en autorepresentarse, el tribunal concederá el mismo sólo si concluye que esto no interferirá de modo sustantivo con los derechos de los otros coacusados. Del tribunal concluir que la concesión del derecho a autorepresentarse de uno o varios de los coacusados interferirá con los derechos del resto de los coacusados, la solicitud deberá ser denegada.

La regla es nueva. El texto es una codificación del caso

Lizarríbar v. Martínez Gelpí. 121 D.P.R. 770 (1988).

Las personas jurídicas no podrán autorepresentarse en

procedimientos penales.

La concesión del derecho a la autorepresentación en el caso

de coacusados del que habla el cuarto párrafo del texto es la

excepción y no la regla. Con anterioridad a Faretta y. california.

422 U.S. 806 (1975), se resolvió a nivel apelativo que a todo

coacusado le asist~ un derecho a autorepresentarse. Del tribunal

considerar que la concesión del derecho constituirá una injusticia

para los otros coacusados, o hará el caso inmanejable, el remedio

reside en la separación de juicios. United States Y, Doughertv.

473 F.2d 1113 (Cir. D.C. 1972).

La mayoría de los estados (treinta y seis (36) en total)

reconocen en sus respectivas constituciones el derecho a la

autorepresentación en casos criminales. Ro obstante, al mismo Do

sa ba acogido como UD derecho absoluto. Es apreciable el

desarrollo de una vasta jurisprudencia estadual que ha puesto

contornos y limitaciones precisas al mismo.

25

A manera de resumen de lo resuelto por la jurisprudencia

señalamos lo siguiente:

l. Rechazo a la representación híbrida, esto es,

representarse a sí mismo y por abogado.

2. No hay obligación del tribunal de informar al imputado

de su derecho a la autorepresentación.

3. El derecho tiene que ejercitarse voluntaria e

inteligentemente y con pleno conocimiento de causa.

4. El propósito o interés de representarse a sí mismo tiene

que expresarlo el imputado de manera inequívoca. No debe deducirse

de que comparezca sólo.

5. Se exige, igualmente, que el pedido sea hecho

oportunamente, esto es, al inicio o en las etapas tempranas del

procedimiento. BDtre má111 avanzado ••té •l proceso, mayor

di.111CZ'CIIICiÓD del tribuDal para. denegar Clill p.di&,.

6. Se ha dado, además, seria consideración a la indebida

dilación de los procedimientos así como a los trastornos,

inconvenientes e interrupción de los mismos. Bate factor podría

ser &llficiente GU1 ca110111 apropiadc,111 para. DlllllBZ' e111te deZ'Clllcho a quiGUI.

lo 111olicite.

7. .l\élanás, se ha decidido en varios estados gµe el inputado,

aun cuando sea un lego, tiene el deber de cumplir esencialmente con

las reglas procesales y con el derecho sustantivo más relevante al

proceso aunque no se requiera de su parte un conocimiento técnico-

jurídico preciso.

dictaminado que:

Cabe agregar, también, que varios casos han

(a) el juez no tiene la obligación de infonnar o

26

ilustrar al imputado acerca de estas reglas o leyes; (b) el juez

tampoco tiene que instruirle sobre su derecho a la no

autoincriminación; (c) el juez no tiene el deber de nombrar un

abogado stand-by o un asesor para un imputado que ha optado por

ejercer este derecho, y (ch) el tribunal no tiene que inquirir

acerca de las razones por las·cuales ha optado el imputado por la

autorepresentación.

B. Finalmente, algunos estados han expresado que aun cuando

el imputado haya optado por representarse a sí mismo, podría

renunciar a este derecho y solicitar ser asistido por abogado. Sin

embargo, ello habrá de estar sujeto a la sana discreción del juez,

el cual decidirá conforme a los mejores intereses del imputado y de

la administración de la justicia.

En la jurisdicción federal algunos tribunales han acogido

muchos de los criterios y sefialamientos antes expuestos al ponderar

el alcance de este derecho en esa jurisdicción.

No ·obstante, existe discrepancia en las jurisdicciones

estatales en cuanto:

(1) si denegar a un imputado el derecho a representarse por

sí mismo acarrea, necesariamente, la revocación de la sentencia o a

si, por el contrario, ésta sólo procede si se demuestra grave

perjuicio;

(2) al alcance de este derecho en procesos apelativos.

a. algunos tienden a no conferirle rango

constitucional al mismo a este nivel bajo la Enmienda VI,

particularmente en lo que respecta a l,as comparecencias orales .

27

b. otros se inclinan a reconocer que la naturaleza

constitucional de este derecho se extiende a la fase apelativa,

aunque de manera más limitada que en los procedimientos en primera

instancia.

Certificaci6n d• antecedentes penele11

(a) Autorisaci6n a la polic:í.a.. La Policia de Puerto Rico expedirá una certificación, denominada •certificado de Antecedentes Penales•. Esta tendrá una relación de las sentencias condenatorias que aparezcan archivadas en el expediente de cada persona sentenciada en cualquier tribunal de justicia del Estado Libre Asociado.de Puerto Rico.

(b) Contenido. Antecedentes Penales información siguiente:

El Certificado deberá contener

de la

1. Nombre completo de la persona sobre la cual se certifica;

2. número del caso y tribunal que dictó la sentencia;

3. fecha de la sentencia;

4 • delito por el cual se dictó sentencia;

5. pena impuesta;

6. si la sentencia está en etapa de apelación;

7. fecha del certificado, y

8. firma del funcionario que expide el certificado.

(c) Sentencia revocada. No se· certificará sobre una sentencia condenatoria que haya sido revocada.

28

(d) Carti:ficado negativo. Cuando en los archivos de la Policía de Puerto Rico no exista un expediente para determinada persona, se deberá expedir un certificado negativo.

(e) Cualquier persona podrá solicitar un Certificado de Antecedentes Penales de determinada persona, siempre que pague los co=espondientes derechos que se fijan por ley y cumpla con los procedimientos establecidos por el Superintendente de la Policía de Puerto

• Rico. Las secs. 952 a 954 del Titulo 3 no serán de aplicación a los procedimientos dispuestos en esta regla.

(f) Término. El Superintendente de la Policía deberá expedir en un término de quince (15) días laborables el certificado solicitado.

COMl!:m'ARJ:O

El inciso (a) corresponde, en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1725;

el inciso (b) en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1725a; el inciso (c)

corresponde en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1725b; el inciso (d)

corresponde en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1725c, y el inciso (e)

corresponde en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1725d del Código de

Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico. El inciso (f) es nuevo.

Regla 117 Elimin•~ión dll!I convicción por dlllito (a) Procedimill!IDto; circunstancias. Toda

persona que haya sido convicta de delito menos grave o delito grave que no sea asesinato, homicidio voluntario, robo, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, robo de menores, escalamiento agravado, incendio agravado, venta y/o distribución de sustancias controladas, sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación a la Ley Núm. 134 del 28 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Explosivos de Puerto Rico, que constituya delito grave y.cualquier

{

29

delito grave que surja como consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por dichas secciones, .podrá solicitar y obtener de la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico una orden para que dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal, siempre que en el caso concurran las circunstancias siguientes:

l. Los delitos por los cuales fue convicto no inq:)liquen depravación moral;

2. tenga buena reputación moral en la comunidad, y

3. hayan transcurrido cinco (5) afies desde la .última convicción en los casos de delitos menos graves y quince ( 15) afies desde la última convicción en los casos de

-delitos graves y durante ese tiempo no haya cometido otro delito.

En los casos de convicciones por delitos menos graves, cuando el término transcurrido sea de diez (10) afies o más, dichas convicciones podrán ser eliminadas por el Superintendente de la Policía a solicitud de la parte interesada mediante declaración jurada acompafiada de un comprobante de Rentas Internas por la suma de cinco (5) dólares.

Si la petición es denegada por el Superintendente, el interesado podrá comparecer ante la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia.

A los efectos de este inciso, las únicas infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico que se considerarán como delito serán las convicciones por haber abandonado el sitio de un accidente sin haber cumplido con la sec. 1-101 de la Ley Núm. 141 del 30 de mayo de 1973, según enmendada, convicciones por imprudencia o negligencia temeraria a tenor de la sec. 5-201 de dicha ley o convicciones por conducción de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes conforme a las secs. 5-801 y 5-802 de la ley.

COMEN'l'AR:CO

30

(b) Pre1111e:a.t111.ci611 da avida:a.cia. Para obtener la orden del tribunal a que se refiere el inciso (a) de esta regla, el peticionario deberá presentar una solicitud jurada en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia de su domicilio, que incluya la prueba documental necesaria en apoyo de su solicitud. El peticionario enviará al Ministerio Fiscal y al Superintendente de la Policía de.Puerto Rico copia de la solicitud y de la prueba documental.

El tribunal celebrará vista en la que el peticionario, por sí o por medio de su abogado, podrá someter al tribunal toda la evidencia oral o escrita necesaria para probar su caso.

En cualquier vista a celebrarse en el Tribunal de Primera Instancia bajo las disposiciones de esta regla será obligatoria la comparecencia de los abogados de la Policía de Puerto Rico o del Fiscal de distrito correspondiente. En uno u otro caso la comparecencia podrá ser en persona o· por escrito.

(c) Apalació:a.. La decisión del Tribunal de Primera Instancia podrá ser apelada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y la sentencia que éste dicte será final y concluyente.

El inciso (a) corresponde, en parte, a 34 L.P.R.A. Sec.

1731; el inciso (b) corresponde, en parte, a 34 L.P.R.A. Sec. 1732,

y el (c) corresponde a la Sec. 1733 del Código de Enjuiciamiento

Criminal de Puerto Rico.

31

a.Prl'OLO :c:r: LA :CNVEST:CGACI:ON Y LOS

bs;rla 201

PJIOCEDnaEIIJ'l'OS ~

1'legla111 a 111111guir al efectuar una ruada ele clatamido111

(a) A,plic:abiliélacl. Un "sospechoso•, posible autor de un hecho delictivo, será sometido siempre a una rueda de detenidos a menos que sea una persona conocida del testigo identificante con anterioridad a la comisión del delito; que éste haya sido identificado en forma espontánea o que el sospechoso se niegue a participar.

En caso de no ser posible la celebración de la rueda de detenidos antes de la vista para la determinación de causa Probable para el arresto, porque el sospechoso se haya negado o no esté disponible para participar, se realizará la identificación mediante el uso de fotografías.

Cuando para la identificación, antes de la celebración de la vista para la determinación de causa probable para el arresto, se utilicen fotografías por no estar disponible el sospechoso, la rueda de detenidos deberá celebrarse tan pronto esté disponible en tiempo razonable y antes de la vista preliminar.

(b) A111i11tenc:ia. de a):)ogado. Si al momento de celebrarse la rueda de detenidos se ha presentado denuncia o acusación contra la persona que moti va el procedimiento, ésta tendrá derecho a que su abogado se encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos efectos le será notificado con suficiente antelación.

La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia de abogado durante la rueda de detenidos mediante una -renuncia escrita ante dos (2) dos testigos, quienes también deberán firmar.

En caso de que el sospechoso interese que su abogado esté presente y así lo manifieste,· se notificará al abogado que éste designe. De tratarse de una persona insolvente se

32

realizarán gestiones para designarle uno. En el ·acta de la celebración de la rueda de detenidos se hará constar las gestiones realizadas para que el sospechoso esté asistido de abogado.

(c) Participaci611. del abogado del 1110111p11cho1110 e11. la rueda d111 det111111.ido111. La participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos se regirá por las reglas siguientes:

1. · El abogado del sospechoso podrá presenciar el proceso completo de la rueda de detenidos.

2. Durante la celebración de la rueda de detenidos podrá escuchar cualquier conversación entre los testigos y la Policía.

3. a testigo detenidos.

No le será pe:cmitido interrogar alguno durante la rueda de

4. Podrá indicar al oficial o funcionario encargado de la rueda de detenidos cualquier infracción a estas reglas y si el primero entiende que dicha infracción se comete corregirá la misma.

(d) Compo111ici611. de la rueda de c!atlllll.ido111. La rueda de detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro ( 4) personas, inclusive el sospechoso, y la misma estará sujeta a las condiciones siguientes:

l. Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del sospechoso.

2 . En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada rueda de detenidos.

3. No estarán permitidos indicios visibles que de manera ostensible señalen dentro de la rueda la persona que es la sospechosa o detenida.

COMEN'l'ARJ:O

33

(el Procedimientos en la :ruada da clatanidos. -El procedimiento durante la rueda de detenidos se realizará de acuerdo a las reglas siguientes:

l. No será permitido que los testigos vean al sospechoso o a los demás integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad.a la celebración de ésta

2. No se ofrecerá información alguna al testigo identificante sobre los componentes de la rueda.

3. Si dos (2 l o más testigos fueran a participar como identificantes, no se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la identificación y cada uno hará la identificación por separado.

4. El testigo observará la rueda y con la menor intervención de los agentes o funcionarios de orden público identificará de manera positiva al autor de los hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda.

5. Si el sospechoso es requerido para que diga alguna frase, haga algún movimiento·o vista algún atavío, se requerirá de los demás integrantes alguna expresión, actuación o vestimenta parecida.

6. En ningún caso le será sugerido al testigo la persona que debe seleccionar, ya sea en forma expresa o de cualquier otra forma.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 252 .1 de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. El contenido del

texto del inciso (f) que se eliminó fue reubicado en la Regla 203.

El derecho procesal peaaJ.. entieooe que confcmre los postuJ ados

jurisprudenciales, la rueda de detenidos. es el procedimiento de

identificación más valioso y confiable. Pueblo v. G6mez Incera. 97

34

D.P.R. 249 (1969); Pueblo v. Candelario Coµyertier. 100 D.P.R. 159

C1971J y Pueblo y. suárez sánqhez. 103 n.P.R. 10 Cl974).

La regla no es una norma rígida que obligue a la formación de

una rueda de detenidos en todos los casos en la etapa de

identificación de un sospechoso. Su propósito es ofrecer unas

directrices en aquellas ocasiones en que deberá celebrarse la

rueda, incluso excepciones a su utilización, conforme han sido

establecidas por nuestra jurisprudencia.

La norma vigente para evaluar la confiabilidad de la

identificación del imputado de delito es la de conjugar la

totalidad de las circunstancias. Los elementos a considerar

son: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al

sospechoso en el momento en que ocurre el acto delictivo; (2) el

grado de atención del testigo; (3) la corrección de la

descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación, y (5)

el tiempo transcurrido entre el acto delictivo y la confrontación.

Los incisos (b) y (c) de la regla garantizan el derecho a

asistencia de abogado en la rueda de detenidos desde que se

presenta la acusación o la denuncia .

. La participación del abogado que prevé la regla es

pasiva. El abogado debe ser un espectador del procedimiento de

identificación por rueda de detenidos, sin embargo, tiene el

derecho a llamar la atención y a objetar cualquier desviación del

procedimiento al funcionario a cargo de la identificación. Se le

fija esta participación pasiva, ya que ésta es una etapa temprana

del procesamiento y se desea acelerar el proceso de identificación

35

del sospechoso. En procedimientos posteriores se podrá plantear

cualquier violación al procedimiento de identificación o cualquier

elemento que convierta la identificación así obtenida en poco

confiable.

El inciso (d) permite una rueda de identificación de tres (3)

personas además del sospechoso. Este cambio responde a la

dificultad de obtener diferentes personas de rasgos similares al

sospechoso.

b9'l& 202 Utilizaci611. e!• foto9'rafia11 como procec!liJlli911.to c!le iclamtificaci6n

(al Los agentes y funcionarios del orden público podrán hacer uso de fotografías para identificar el posible autor de un acto delictivo en las circunstancias siguientes:

1. Cuando no exista sospechoso del acto delictivo.

2. Cuando hay un sospechoso y se niega a participar en la rueda o su actuacion o ausencia impide que la misma se efectúe en forma adecuada.

{b) La utilización de· fotografías como medio de identificación se · regirá por las reglas siguientes:

l. Le serán mostradas al testigo al menos nueve (9) fotografías, ncluso la del sospechoso, y éstas presentarán, además del sospechoso, personas de rasgos similiares a éste.

2. Si dos (2) o más testigos fueran a hacer la identificación fotográfica, cada uno hará la identificación por separado.

3. En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, mediante la forma de llevar a cabo el

C01m1'1'All0

36

procedimiento, por marcas hechas en las fotografías o por cualquier otro medio.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 252.2 de


Al ser un método alterno de identificación por excepción a la

rueda de detenidos, el procedimiento debe proteger los postulados

de certeza y confiabilidad que deben permear toda identificación.

Por tal motivo se debe cumplir con las formalidades de la

regla.

La identificación por fotografías bajo circunstancias que no

induzcan a sugestividad o que no exijan la utilización de otros

métodos es permisible. La validez de la identificación

debe determinarse a la luz de las circunstancias particulares de

cada caso. Pueblo y. Rosso Vázauez. 105 D.P.R. 905 (1977); Pueblo

'Jl..... Lebrón Bones. 110 D.P.R. 780 (1981).

Regla 203 llácord cla loa p:rc:-edim:l 11Dto■ En todo procedimiento de identificación

realizado de acuerdo con estas reglas se preparará un acta breve que será hecha por el funcionario del orden público encargado del proceso de la identificación del sospechoso. El acta se preparará aunque no haya sido positiva la identificación del sospechoso.

(a) En caso de que se haya celebrado una rueda de detenidos el acta incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, el nombre de otras personas presentes y un resumen sucinto de los procedimientos observados.

Deberá tomarse además, cuantas veces sea necesario para su claridad una f~tografía de

COMEN'.l'AXrO

37

la rueda tal y como le fue presentada a los testigos.

(b) Utilizado el método alterno de identificación mediante fotografías, se indicará el procedimiento seguido y se identificarán los fotografías utilizadas, de manera que luego pueda establecerse cuáles fueron las fotografías presentadas al testigo. Se indicarán, además, las. razones por las cuales no se pudo utilizar el método de identificación mediante rueda de detenidos.

Toda fotografía y acta levantada formará parte del expediente policíaco o fiscal correspondiente y su obtención por un imputado se regirá por las Reglas de Procedimiento Crimlnal.

La regla es nueva. El texto procede, en parte, de las Reglas

252.1 y 252.2 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

La regla requiere que el acta sea detallada y pretende

conservar un récord completo que perpetúe con detalle el evento de

la identificación si es impugnada su confiabilidad y certeza.

Rar;rla 204· Arresto; 4efiniciózi; céímo se hlu:á y por quJ.áD; visita da abogado

Un •arresto• es el acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza. Podrá ser efectuado por un funcionario del orden público o por una persona particular. El arresto se hará por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona o al someter a dicha persona a la custodia de un funcionario presentándola sin dilación innecesaria ante un juez. La persona arrestada no habrá de estar sujeto a más restricciones que las necesarias para su arresto y sujeción, y tendrá derecho a que su abogado o un familiar cercano lo visite. Las autoridades que mantengan bajo arresto al imputado están obligadas a facilitar a que este derecho se ejercite.

38

CCIIMl!:NTAlUO

La regla corresponde, en parte, a la Regla 4 de Procedimiento


La regla garantiza el derecho del imputado de delito a ser

llevado sin dilación innecesaria ante un juez y de estar acompa:fiado

de abogado o familiar.

El arresto es la primera fase del procedimiento criminal a la

que se expone un ciudadano. Ante la importancia que conlleva

determinar la legalidad de un arresto, es indispensable definir el

concepto.

El •arresto• es el·acto de poner a una persona bajo custodia

en los casos y del modo que la ley autoriza. La regla describe la

manera en que ha de efectuarse.

Un arresto se efectúa con la sujeción efectiva de

la persona o anunciando a la persona que está bajo arresto,

acompafiado de una demostración de fuerza y autoridad, a la que se

somete el imputado.

Es evidente pues, que para que se configure fácticamente un

arresto, la regla exige una restricción efectiva. Una orden

verbal de detención no es suficiente a menos que sea obedecida.

Por sí sola, una demostración de fuerza tampoco configura

un arresto, ya que bajo -este supuesto es imprescindible que

la persona se someta.

Recientemente el Tribunal Supremo federal analizó el concepto

"arresto" y cuándo ocurre. california v. Hodari. 59 L.W. 4335

(1991), específicamente señaló que s~ requiere el uso de fuerza l

39

física o, en su ausencia, la sumisión a una aserción de autoridad.

Allí unos agentes que transitaban en un vehículo no rotulado

notaron a un grupo de jóvenes reunidos cerca de un automóvil rojo.

Cuando los jóvenes vieron que el vehículo de los agentes se les

acercaba comenzaron a huir. Al percatarse de lo que ocurría, sin

motivo fundado alguno, los agentes emprendieron su persecución.

Cuando uno de los agentes casi alcanza al joven Hodari, éste dejó

caer un pequefio objeto. El agente lo de~uvo y lo esposó. El

objeto abandonado resultó ser una piedra de •crack•. El Tribunal

Supremo federal resolvió que la persecusión -antes de que Hodari

soltara la piedra- no constituyó un arresto, ya que.si bien hubo

una demostración de fuerza {show of force>, Hodari no se sometió al

mismo. Tampoco hubo uso de la fuerza física. Al no haberse

configurado un arresto antes de que Hodari arrojara la piedra de

•crack", ésta resultó ser evidencia abandonada, no ocupada en el

transcurso de un registro incidental al arresto.

Regla 205

COMl!:N'l'AJ!l:0

I.a denuncia; daf:1.zúci6zi.

La "denuncia• es un escrito firmado y jurado ante un juez u otro funcionario autorizado que imputa la comisión de un delito a una o a varias personas.

La regla corresponde a la primera oración de la Regla 5 de


se elimina del texto de la regla toda mención de las personas

con capacidad para ser denunciantes. Es innecesario incluir en

una regla de definición que los Fiscales, los miembros de la

40

Policía Estatal y otros funcionarios públicos en los casos

relacionados con el desempefio de sus deberes y sus funciones,

podrán fi%111ar y jurar denuncias cuando los hechos constitutivos

del delito le consten por información y creencia.

!Ragla 206

COMl!:N'l'ARJ:0

Cllpac:iaad para 11er denw,ci.11mt111

Tendrá capacidad para ser denunciante:

(a) cualquier persona conocimiento personal de los constituyen el delito imputado en

que tenga hechos que

la denuncia;

(b) los fiscales y los funcionarios del orden público por información y creencia, y

(c) otros funcionarios y empleados públicos en los casos relacionados con el desempefio de sus deberes y funciones por información y creencia.

La regla es nueva. El texto procede de la Regla 5


Regla. 207 Ca.usa. probal>la para. mcpaair orden a. a.rraato

(a) 0rdGm de arresto. La causa probable para arresto deberá estar fundada total o en forma parcial en uno o varios -de los siguientes:

1. La declaración o las declaraciones juradas escritas sometidas con la denuncia, en cuyo caso el imputado tendrá derecho a su entrega, y se incluirá copia en el ·expediente del tribunal.

2 . El examen bajo juramento del denunciante o sus testigos.

(

41

3. Una declaración oral por información o creencia y bajo juramento con suficiente garantía circunstancial de confia1:>ilidad siempre y cuando se presente ante el juez la razón por la cual el testigo con conocimiento personal no puede estar presente.

El juez hará constar en la denuncia los nombres de las personas examinadas por él para determinar causa probable.

Un juez podrá determinar causa proba1:>le, sin necesidad de que se presente ante él una denuncia, cuando haya examinado bajo juramento algún testigo que tenga conocimiento personal del hecho delictivo. En tales casos, el juez ordenará la preparación de la denuncia una vez determine causa probable para el arresto.

(b) ZX;pacliciÓII. da la or&m. Si el juez determina que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito, podrá expedir la orden de arresto con excepción de lo dispuesto en la Regla 209.

(c) l"o:z::ma y raqu.i11ito11 da la ordan da azrasto. La orden de arresto se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico bajo la firma y el titulo oficial del juez que la expida, dirigida para su ejecución y diligenciamiento a cualquier funcionario del orden público. Ordenará el arresto de la persona a quien le sea imputado el delito y que una vez arrestada se conduzca sin dilación innecesaria ante un juez, según se dispone en la Regla 225. La orden debe describir, además, el delito imputado y especificar el nombre de la persona a ser arrestada y, si el nombre es desconocido, designará a dicha persona mediante la descripción más adecuada posible que la identifique con razonable certeza. La orden deberá expresar también la fecha, el sitio de su expedición y el monto de la fianza fijada por el juez que la expidió.

(d) Dllte:i:minaciém de :ao CllUBll. Si. de la. declaración o del examen bajo juramento del denunciante o sus testigos, si algunos, el juez determina la inexistencia de causa

42

probable, no podrá presentarse denuncia o acusación.

(e) :Data:nnin .. ción do cau111a probable en alzada. cuando no se determine causa o cuando la determinación de causa probable sea por un delito inferior o distinto a aquél que el Ministerio Fiscal entienda procedente, éste podrá someter el asunto en una sola próxima ocasión, con la misma o con otra prueba a otro juez del Tribunal de Primera Instancia, designado para entender en la celebración de vistas prelimnares en alzada, dentro de un término que no podrá exceder de sesenta (60) días a partir de la resolución.

El juez, una vez tenga ante sí dicha solicitud, podrá expedir u ordenar al secretario del· tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por el Ministerio Fiscal o por la Polic'ía.

El tribunal, en los casos que corresponda, notificará al imputado que el Ministerio Fiscal ha anunciado su intención de acudír en alzada para solicitar ante otro juez del Tribunal de Primera Instancia designado para entender en la celebración de vistas preliminares en alzada una determinación de causa probable para el arresto. Le advertirá al imputado que su incomparecencia injustificada equivaldrá a su anuencia a la celebración de la vista en su ausencia.

El juez advertirá al Ministerio Fiscal que en esta vista en alzada no tendrá que presentar toda la prueba que posea en contra del imputado. No obstante, la única prueba que podrá presentar será mediante la declaración de testigos y estará impedido de someter el caso mediante declaraciones juradas.

(f) pro?able derecho a

En la determinación de para el arresto el imputado estar asistido de abogado.

causa tendrá

(g) Cuando se determine causa probable por un delito de los no excluidos para los beneficios de libertad provis~onal, se

COffl!N".l'AJUO

43

notificará al imputado de los mecanismos alternos que ofrece la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio.



El inciso (a) (3) afiade el requisito de fundamentar las

razones por las cuales la mejor prueba no está disponible y es

necesario descansar en prueba de referencia para una

determinación de causa. Es necesario poner al juez en condición de

saber el porqué se utiliza esta prueba..

El inciso (e) pretende simplificar el lenguaje de las

advertencias que hará el juez a un sospechoso del derecho del

Ministerio Fiscal de acudir en alzada para solicitar una

determinación de causa probable para el arresto de su persona.

Se afíade un inciso (g) para conformar la regla a la Ley Núm.

177 de 12 de agosto de 1995. Esta Ley crea la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio, un organismo gubernamental encargado de

evaluar y hacer recomendaciones relacionadas con la imposición de

fianzas o las condiciones que aseguren la presencia del imputado en

las diversas etapas del juicio. A su vez, la Ley dispone que el

juez debe indicar al imputado la existencia de tales alternativas

para que éste pueda decidir si se somete o no a la jurisdicción de

dicha Oficina.

44

Fi.mnza o :modal.i.dad de l.i.bertad provi.111i.cmal.; ,:o,•éndo IHI i.m;pmu:lré.

Las personas arrestadas por delito no serán restringidas en forma innecesaria de su libertad antes de mediar fallo condenatorio.

(a) ll!!:l:l c11U111011 :IIUDDOII i;irava11. En todo caso menos grave, a excepción de los delitos de homicidio involuntario, agresión agravada en su modalidad de menos grave, apropiación ilegal, restricci·ón de libertad, amenazas, o perversión de menores, no será necesaria la prestación de fianza para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. En todo caso en que motu proprio o a solicitud del Ministerio Fiscal, el juez determine que existen circunstancias de orden o interés público podrá imponer, además, fianza o establecer condiciones de conformidad a la Regla 1003. En ese caso el juez expondrá las razones de orden o interés publico que ameriten imponer fianza.

En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen el tribunal motu propio o a solicitud del Ministerio Fiscal podrá ordenar la prestación de una fianza, o imponer condiciones de conformidad a la Regla 1003, antes del fallo condenatorio a cualquier persona que esté en libertad aunque no haya prestado fianza.

(b) li!:l:l C&IIOII grave11 O -DOII grave11 eD que hubi.ere derecho a :luic.io por Jurado. En todo caso grave o menos grave con derecho a juicio por Jurado el Juez exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional hasta que se dicte sentencia. El tribunal podrá imponer motu proprio, o. a solicitud del Ministerio Fiscal, condiciones de conformidad con la Regla 1004. Disponiéndose que en caso de todo imputado de delito que se haya sometido voluntariamente a la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, el juez podrá permitirle permanecer bajo cualquier modalidad de libertad provisional.

(c) si la persona dejada en libertad sin la prestación de fianza luego de ser citada y notificada conforme a la Regla 209 no

Com:N'l'ARJ:O

45

comparece, y es detenida fuera de Puerto Rico, se considerará que ha renunciado a impugnar su extradición.

(d) No se admitirá fianza de imputados que se encuentran fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Tampoco se impondrán condiciones ni se admitira fianza con relación a un imputado que no haya sido arrestado o comparecido ante un juez para ser informado del delito o los delitos por los cuales ha sido denunciado o acusado de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Regla 225.

La regla co=esponde, en parte, a la Regla 6.1 de


La modificación del inciso (b) de la regla corresponde al

texto aprobado en votación final por el Senado de Puerto Rico el 17

de noviembre de 1995, en el P. del S. 1262 (Art. 1), que propone

enmiendas a varias reglas de Procedimiento Criminal de 1963, entre

ellas la Regla 6.1 (208 propuesta) con el propósito de atemperarlas

a la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995 que crea la Oficina de

Servicios con Antelación al Juicio.

Regla 209 Citación por un juez

(a) Citación. El juez ante quien se presenta la denuncia podrá expedir una citacion en lugar de una orden de arresto conforme a las Reglas 208 y 1001 de Procedimiento Criminal, o si la persona es una corporacion. Se podrá expedir más de una citación fundada en un solo delito imputado. La citación informará a la persona que· de no comparecer se expedirá una orden de a=esto en su -contra y que de ser arrestada fuera de Puerto Rico se considerará que renunció a su derecho a impugnar la extradición.

COMEN'l'AJU:O

46

El juez apercibirá a la persona citada que si no comparece en forma voluntaria a la vista podrá celebrarse ésta en su ausencia, incluso los procedimientos contenidos en la Regla 225.

(b) Procac!limia:a:i.to 111i 1a par1110Z1.a 11.0 comparece de111pué111 de citac!la. Si la persona citada no comparece o si hay causa razonable para creer que no comparecerá se expedirá una orden de arresto contra ella. Si la persona es una corporación y no comparece después de haber sido citada, se hará constar ese hecho en el expediente y el procedimiento continuará como si la corporación hubiese comparecido.

(c) Forma y requi111ito111 de 1a citación. La citación se expedirá por escrito a nombre de El Pueblo de Puerto Rico y será firmada por un juez. Requerirá que la persona mencionada en ella comprezca delante del juez ante quien se haya presentado la ~enuncia, con expresión del día, la hora y el sitio e informará a la persona que si no comparece se expedirá una orden de arresto en su contra y se considerará que ha renunciado a impugnar su extradicion si es arrestado fuera de Puerto Rico. Si la persona fuera una corporaci.on, se le advertirá que de no comparecer los procedimientos· continuarán de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (b) de esta regla.



La eliminación del segundo párrafo del inciso (a) de la Regla

7 de 1963 obedece al hecho de que nuestro sistema judicial es

unificado y cualquier Sala tiene competencia para considerar un

asunto aun cuando le corresponda a otra Sala.

palabra misdemeanor por.ser improcedente.

Se elimina la

(

bgla 210

COMEN'l'AllO

47

Citación sU, m•mdmoi cito judicial

En los casos de delito menos grave en que un funcionario del orden público pueda arrestar sin orden de un juez podrá, en la alternativa, citar por escrito y bajo su firma a la persona para que comparezca ante un juez en vez de realizar el arresto. La citación informará a la persona que si no comparece se solicitará una orden de arresto en su contra.

La citación contendrá, información siguiente.

además, la

(a) El día, la hora y el sitio en que debe comparecer la persona ante el juez.

(b) El nombre y la dirección de la persona citada ..

(c) La firma de la persona citada.

La regla es nueva. El texto procede, en parte, de la Regla 7


Ragla 211 Orden de arresto o citaciém; c!iligenciamiento

(a) Persona.a autorizadas. La orden de arresto o citación será diligenciada por el Ministerio Fiscal, por la Policía o por cualquier otro funcionario que ordene el tribunal.

(b) LÍlllites territoriales. La orden o citación podrá ser diligenciada en cualquier sitio dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(c) Manara de hacerlo. La orden de arresto será diligenciada por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona. El funcionario . que diligencie la orden no estará obligado a tenerla en su poder al hacer el arresto. Si la tiene deberá mostrarla al detenido al momento del arresto, si no la tiene deberá en dicho

COMEN'.l'AI!.l:0

48

momento informar al detenido el delito que se le imputa y el hecho de que se ha expedido una orden para su arresto. En estos casos deberá swninistrarse una copia de la orden tan.pronto sea posible.

La citación se diligenciará al entregar copia a la persona. Si la persona es una corporación se diligenciará entregándole copia a uno de sus directores, funcionarios o a su agente residente o enviándosela por correo con acuse de recibo.

(d) Constancia. El funcionario que diligencie la orden de arresto o citación certificará el diligenciamiento de la misma ante el juez, según se dispone en la Regla 225.



Regla 212 Orden de arresto o citación defectuosa; mmillDclaa; expedición de nueva orden

No se pondrá en libertad a persona alguna arrestada mediante una orden de arresto o que comparezca ante un juez por el mandato de una citación, por defectos de forma de la orden de arresto o citación. El juez podrá enmendar dichos defectos.

Si al llevar ante el juez a la persona arrestada o citada se demuestra · que la denuncia, la orden de arresto o citación no nombra o describe con certeza a la persona o al delito que se le imputa, pero hay fundamentos razonables para creer que la persona ha cometido el delito u otro delito, el juez no libertará o exonerará a la persona sino que hará que se presente una nueva denuncia o expedirá una nueva orden de arresto o citación según proceda.

49

La regla corresponde a la Regla 9 de Procedimiento Criminal


La regla concede amplia libertad al juez para retener al

arrestado o citado mientras se corrige la denuncia o la orden de

arresto o de citación. Véanse: Pueblo y. García Millán, 89

D.P.R. 550 (1963), y Pueblo Y, De La Cruz 106 D.P R. 378 (1977).

bliJl.a 213 Ju:re111to; "lHíndo 111111 pocS:á. hacer

COMl!:N'l'AlUO

Si el delito imputado en la denuncia conforme a la cual se expidió la orden de arresto es un delito grave, el arresto se podrá hacer en cualquier hora del día o de la noche. Si el delito imputado es menos grave, el arresto no se podrá hacer por la noche a menos que lo autorice en la orden el juez que la expidió.


Procedimiento Criminal de.Puerto Rico.de 1963.

El texto de la_ regla aclara la circunstancia en que se puede

arrestar por la noche cuando se imputa la comisión de un delito

menos grave. Se elimina, además, la palabra misdemeanor ?or ser

improcedente.

ReliJla 213 (AJ Funcionario del orden público; defin.i.ciÓD

(a) Se considera funcionario del orden público para efectos de estas reglas aquella persona que tiene a su cargo proteger a las personas y a la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública mientras se encuentre en el desempeño de sus funciones ..

coemn-uxo

so

Todo miembro de la Policía de Puerto Rico y de la Guardia Municipal se considera funcionario del orden público en todo momento.

(b) Se considera funcionario del orden público de carácter limitado a todo empleado publico estatal o federal no comprendido por el inciso (a) de esta regla con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempefio de sus funciones.

La regla es nueva. El inciso (a) define y aclara quién es un

funcionario del orden público. El texto recoge en parte

resuelto en Pueblo y. yelazco Bracero. 91 J.T.s. 32, 128 D.P.R.

(1991), y Pueblo y. Rosario !gartúa, 92 J.T.s. 24, 130 D.P.R.

(1992).

lo

El inciso (b) es necesario por razón de que la Asamblea

Legislativa ha creado otros cuerpos policiales con el propósito de

proveer seguridad en unos sectores que por su naturaleza

requieren una vigilancia particularizada. Entre estos cuerpos se

encuentran los agentes investigadores del Negociado de

Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia

(3 L.P.R.A. sec. 138d.)¡ los oficiales de custodia de la

Administración de Corrección (4 L.P.R.A. sec. 1126)¡ el Secretario

de Salud, los inspectores, médicos y los oficiales de salud a cargo

de implantar la Ley de Sanidad (3 L.P.R.A. sec. 186)¡ el Cuerpo de

Vigilantes de Recursos del Departamento de Recursos Naturales (12

L.P.R.A. sec. 1205); el Director Ejecutivo de la Autoridad de los

Puertos; cualquier empleado de la. Autoridad de los Puertos

designado por aquél para vigilar en los aeropuertos (23 L.P.R.A.

51

sec. 465) y el Cuerpo de Seguridad Escolar (18 L.P.R.A. sec.

141b.) .

Regla 214

COMEN'l'AIUO

Ar.rellltO por ,m fw:M::iODIII.Z'iO del o:rdan p,ílilico

Un funcionario del orden público podrá realizar un arresto sin orden en cualesquiera de las circunstancias siguientes:

(a) Si tiene motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido o intentado cometer un delito en sú presencia. En este caso deberá realizar el arresto de inmediato o en un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario, el funcionario deberá solicitar del tribunal .que expida una orden de arresto.

(b) Si la persona a ser arrestada ha cometido o intentado cometer un delito grave, aunque no en su presencia.

( c) Si tiene moti vos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido o intentado cometer un delito grave, independiente de que el delito se cometió o no en realidad.


Criminal de Puerto Rico en 1963.

Regla 215 Arresto por per111aaa particular

Una persona particular podrá arrestar a otra:

(a) Por un delito cometido o que se intente cometer en su presencia. En este caso deberá realizar el arresto de inmediato.

(b) Cuando en realidad se cometa un delito grave y tenga moti vos fundados para

COMDn'JUUO

52

creer que la persona a quien arrestará lo cometió.


de Puerto Rico de 1963 .

COMDrl'JUUO

.r.J:resto; info:cD111.ciém al real.izarlo

La persona que fuere a realizar un arresto deberá info,rmar a la persona a quien se propone arrestar de su intención de arrestarla, de la causa del arresto y de su autoridad para hacerlo, excepto:

(a) cuando la persona que realizará el arresto tenga-motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada cometió o intentó cometer un delito;

(b) cUando se persigue a la persona arrestada después de haberlo cometido, o

(c) luego de una fuga o cuando la persona ofrece resistencia antes de que sea posible informarle o cuando surge el peligro de que no pueda hacerse el arresto si se ofrece la información, .en cuyo caso le será notificado después.



La enmienda sugerida lo que persigue es que aún cuando surjan

situaciones especiales donde no pueda notificarse la causa del

arresto y la autoridad para hacerlo, una vez eliminadas esas

situaciones se notifique los datos mencionados a la persona

arrestada.

Rsigla 2l.7

CW'A!U:O

53

Un juez o un Fiscal podrá ordenar, en forma verbal, a un funcionario del orden público o una persona que. arreste a cualquier otra persona que cometa, o intente cometer un delito, en la presencia de dicho juez o fiscal.



bgla. 218

Com!:N'l'AlU:0

Arrlllsto; raquarimicmto de ayuc!la

Cualquier persona que vaya a realizar un arresto podrá requerir, en forma verbal, el ~uxilio de tantas personas como estime necesarias para realizar el mismo.



Regla. 219 Arresto; medios licitos para. efectuarlo

Cuando el arresto lo vaya a efectuar un funcionario del orden público, con la autorización de una orden de arresto, o sin orden de arresto por un delito grave cometido en su presenciá y después informar a la persona que ha de ser arrestada de la intención de verificar el arresto, ésta huye o se resiste en forma violenta, o el funcionario tiene moti vos fundados para creer que la persona ha cometido un delito grave en que se ha inflingido o se ha in_tentado inflingir grave daño corporal y dicha persona constituye_ un riesgo para su propia seguridad o la'de la comunidad, el funcionario podrá usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto.

54

Para realizar un arresto en otras circunstancias, cualquier funcionario del orden público o persona podrá emplear todos los medios necesarios, excepto que no podrá infligir grave dafio corporal.

CCIIMl!:N'.l'ARJ:O



La regla no favorece la utilización de fuerza mortal para

arres_tar a una persona sino reconoce que habrá ocasiones en que un

funcionario del orden público tendrá motivos fundados para creer

que la persona sospechosa a ser arrestada constituye un riesgo

para su propia seguridad o para la comunidad.

a.111111. 220

COMl!:N'l'ARJ:O

.11%:reato; a.rec:bo a forzar entrada.

Cuando una persona intente un arresto por un delito grave y cuando en cualquier caso lo intente un funcionario del orden público, podrá forzar cualquier puerta o ventana del mueble o inmueble en que esté la persona que se intenta arrestar o de aquél en que tenga motivos fundados para creer que está la persona, después de haber exigido la entrada y explicado el propósito para el cual se solicita la entrada, a no ser que existan circunstancias apremiantes que justifiquen la entrada sin explicar el propósito.



La regla aclara que el derecho a forzar la entrada no se

limita a edificios sino que incluye vehículos, barcos o cualquier

otro sitio en que se encuentre la persona que ha de ser arrestada o

detenida.

bgla 221

55

Arresto; salida a la fuerza al ser &!lt-.iclo

Cualquier persona que entre en forma legal en un edificio con el proposito de realizar un arresto, podrá forzar cualquier puerta o ventana si ha sido detenida dentro y si dicha acción es necesaria para obtener su libertad. Un funcionario del orden público podrá hacer lo mismo para entrar y liberar a una persona que haya entrado en forma legal a un edificio con el fin de realizar un arresto y sea detenida dentro.

COMDJ'l'AIU:O



Regla 222 Arresto¡ dasa%111a del arr111st1111do; disposición de 1- m:mas

Cualquier persona que realice un arresto podrá quitar al arrestado todas las armas que lleve encima y deberá entregarlas al juez ante quien se conduzca al arrestado. En el caso de que el arresto se realice por una persona particular y ésta entregue la persona arrestada a un funcionario•del orden público, según lo dispuesto en la Regla 225, dicha

-persona deberá entregar ai ·funcionario las armas que ocupe y éste, a su vez, deberá entregarlas al juez ante quien se conduzca a la persona arrestada.

COMEN'l'AlUO



Regla 223 Arresto; trensm;~ión éle 11111 orden

cualquier funcionario del orden público podrá transmitir una orden de arresto expedida por orden judicial mediante teletipo, radioteléfono o cualquier otro medio

COMBNTARJ:O

56

electrónico. Dichas copias tendrán completa validez y los funcionarios del orden público que las reciban procederán con ellas del mismo modo que si tuviesen una orden de arresto original.



La regla tiene el propósito de facilitar el uso de adelantos

tecnológicos para la comunicación y notificación de una orden de

arresto.

Regla 224

COMBNTARJ:O

Arresto deapu6a de fuga

Si una persona arrestada o bajo custodia se fuga con ayuda o sin ella, la persona encargada de su custodia deberá perseguir y detenerla de nuevo a cualquier hora y en cualquier lugar. Para ello podrá utilizar los mismos medios autorizados para realizar un arresto.



La regla vigente fue redactada utilizando como precedentes

los Art. 129 y 130 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935

(34 L.P.R.A. ant. secs. 256 y 257) y las Sec. 854 y 855 del Código

Penal de California (West's Ann. Penal Codes Secs. 854 y 855),

ninguno de los cuales utiliza el vocablo "bajo custodia". Sin

embargo, cuando se propuso un cuerpo de Reglas de Procedimiento

Criminal en 1960 se propuso que la Regla 21 determinara los

medios a utilizarse en caso de fugarse una persona

57

arrestada o bajo custodia. A. Oquendo Maldonado y F. Agrait

oliveras, Seminario Sobre las Propuestas Realas de Procedimiento Criminal. 21 de enero de 1960, pág. 50.

Se define •custodia• como guarda, vigilancia, protección,

persona o escolta encargada de la seguridad de un detenido o preso.

G. cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho usual. 20 ma.

ed. revisada, Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1986, pág. 454. Sabemos

que el proceso penal adversativo comienza "desde el momento en

que la investigación del poder ejecutivo se centraliza sobre

un sospechoso• bajo custodia. D. Nevares-Mufíiz, Sumario de Derecho

Procesal Penal· Puertorriguefio. 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst.

Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 27. La profesora Nevares-Mufiiz

sefíala que a tales efectos "bajo.custodia• significa, de por sí, y

en términos de una persona sujeta a interrogatorio policíaco:

... la privación efectiva de la libertad de acción de una persona por parte del Estado. El concepto de interrogatorio bajo custodia policíaca ... incluye:

1) toda detención de un sospechoso en el cuartel, ya sea por el delito del que se le sospecha o por cualquier otro delito;

2) la detención en el hogar o lugar, al interrogarle mantiene incomunicado; .

en cualquier otro mientras se le

3) cualquier detencion bajo arresto donde hay restricción efectiva de libertad.

4) entre los factores a considerar para determinar si una persona a quien no se ha arrestado formalmente está bajo custodia están: libertad para abandonar el 1 ugar, propósito, lugar y tiempo que tardó el interrogatorio por parte de los policías. El primero de los criterios es fundamental y se ha interpretado que la persona está bajo

58

custodia cuando se limita su libertad de accion a un grado asociado con un arresto formal, aunque tal arresto todavía no se haya efectuado, California y, Beheler, 103 s. et. 3517 (1983). En Berkemer y. Mccarty. 104 s. Ct. 3138 (1984) se aplican los criterios mencionados e indica que una detención por breves minutos, en un lugar expuesto al público, donde la persona no siente aprehensión de que está detenido, y las preguntas están dirigidas a identificar identidad o para confirmar o disipar las sospechas del policía, no equivale a estar bajo custodia. D. Nevares-Mufiiz, supra. pág. 32.

En Pueblo v. Tribunal superior. 97 D.P.R. 199, 200 (1969),

nuestro Tribunal Supremo estableció que custodia policíaca ·.incluye

... no sólo la detención en el cuartel, sino también cualquier otra detención aunque no sea por la comisión del delito de que se le sospecha y por el cual posteriormente se le procesa, y aún en el propio hogar del acusado, al interrogársele mientras éste se encuentra incomunicado. (Citas omitidas.)

O sea, el lugar de restricción no tiene relevancia; lo

importante es que la libertad de la persona haya quedado

restringida de manera tal que ésta haya sido privada de su libertad

de actuación de cualquier manera. Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436

(1966).

La jurisprudencia federal establece un escrutinio para

determinar cuándo una persona está bajo custodia. En California y.

Beheler. 463 u.s. 1121, 1125 (1983) el Tribunal expresó que el

tribunal en Oregon v. Mathiason. 429 u.s. 492 (1977), no excluyó la

doctrina de la totalidad de las circunstancias al determinar si una

persona está bajo custodia:

Although the circumstances of each case must certainly influence a·determination of

Regla 225

59

whether a suspect is • in custody" . . . the ultimate inquiry is simply whether there is a •formal arrest or restraint of movement" of the degree associated with a formal arrest.

Prooeclimiento ante el juez:

(a) Comparecencia ante el juez:. Un funcionario del orden público que realice un arresto autorizado por una orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante eL juez disponible más cercano. Cualquier otra persona que realice un arresto sin orden de arresto deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante el juez disponible más cercano, o podrá entregar a la persona arrestada a cualquier funcionario del orden público, quien a su vez deberá llevar a la persona arrestada sin demora innecesaria ante un juez, según se dispone · en esta .:regla. ... Cuando se arreste a una persona sin haberse expedido orden de arresto y se lleve ante un juez, .se seguirá el procedimiento que disponen las Reglas 207 y 209, según corresponda.

(b) Deber•• 4•1 juez:1 a4vertencia•. El juez informará a la persona arrestada o que comparezca por citación, del contenido de la

·denuncia o acusación presentada contra ella, de su derecho a comunicarse con su familiar más cercano o ~on un abogado y a obtener sus servicios, y de su derecho a una vista preliminar si el delito imputado es grave. Le informará además, a la-persona, que no viene obligada a hacer declaración alguna y que cualquier declaración que haga podrá usarse en su contra. El juez impondrá condiciones o admitirá fianza, con o sin condiciones, según se dispone en estas reglas o hará las determinaciones correspondiente en los casos de imputados de delito que se hayan sometido voluntariamente a la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. De no obligarse a cumplir con las condiciones, o no prestar la fianza, ordenará su encarcelación.

El juez apercibirá al imputado que si no comparece en forma voluntaria a la vis-ta preliminar o ál acto del primer señalamiento

60

de juicio podrán celebrarse éstas en su ausencia, incluso la selección del Jurado y todas las etapas hasta el veredicto o el fallo y el pronunciamiento de la sentencia.

( c) C0D11tanci11L11 cm l.a orden &11 arresto o citación; r-1siÓD. En la orden de arresto o citación el juez hará constar la comparecencia de la persona y las advertencias hechas y en los casos de delito grave la circunstancia de que dicha persona alegue ser indigente y que por ese motivo no puede obtener los servicios de un abogado para asistirle en el juicio o en la vista preliminar. En tal caso, el juez le advertirá de su responsabilidad de acudir a una entidad dedicada a la defensa de personas indigentes o de contratar a un abogado para la vista preliminar, el juicio o el acto de lectura de la acusación, según sea el caso. El juez remitirá la denuncia, y la orden de arresto o citación a la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia para el cumplimiento de los trámites posteriores que ordenan éstas reglas.

COHEN'l'AIUO

La regla corresponde,

Procedimiento


en parte, a la Regla 22 de

La enmienda al inciso (b) es necesaria para armonizar con el

inciso (b) de la Regla 301, Vista Preliminar. Como uno de los

deberes del juez para con la persona que comparece ante él, ya sea

por arresto o citación, se incluyó la de hacer las determinacio~es

correspondientes en casos de imputados que se hayan sometido

voluntariamente a la supervisión de la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio creada con la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de

1995. A su vez, se conforma la regla con el texto aprobado en

votación final por el Senado de Puerto Ri90 el 17 de noviembre de

1995, en el P. del s. 1262 (Art. 2), que propone enmiendas a varias

~A!U:O

0:dltlllll d.Elll á;'Elllllil'illli:il:'@ @ &J..11 ll"llllllil'i ®l!:11.i:@3

mfil!:11.i@ill!m

Une orden de registro o allanamiento es el mandamiento expedido a nombre de El Pueblo de Puerto Rico, finnado por un juez y dirigido a un funcionario autorizado por ley a .diligenciarlo, que ordena registrar determinada persona o lugar y obtener evidencia u ocupar determinados bienes, incluso cualquier cosa corporal que tenga sustantividad propia.



Conforme las recomendaciones de la American Láw Institute, en

A Model Code of Pre-Arraignment Progedure. sec; 210.1, pág. 122 n.l

(1975), y de nuestro Código Civil, se recomienda la sustitución del

vocablo "bien• por •propiedad":

... The definition is intended to describe the corporeal and incorporeal features of personality which are protected against official intrusion in the absence of authorization by law, including sufficient consent. The tradi tional search is for the purpose of finding and seizing some_physical object. Sta.tutes generally refer to objects of search as •property•, but of course there may be no known proprietor, and therefore "things• is a more appropriate designation, especially since it is the word used in the Fourth Amendment.

El Art. 252 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1021, al

'iefinir "bienes" y "cosas" señala:

La ~alllll:!ra bi<i'll:les es aplicable en ge.,ei::ffil a cualquier eosfil que puede constituir riqueza o fortima. Esta palllll:!ra bfilc~ relación al mismo tiempo a la palabra cosas que constituye el segw:¡.do objeto de la jw:isprude.ncia, segó..~ la cual sus principios y reglas se refiere a las personas, a l!:!.s .cosas y ·a las aeeiones. (Enfasis en el original.)

El Ledo. José R. Vélez Torres, al explicar el significado de

este articulo sefiala a la página 33 de su obra:

Este precepto procede del Código Civil de Luisiana que, a su vez, tiene origen en el Derecho civil francés. Puede notarse que al referirse, en la primera oración, a los bienes como ºcualquier cosa que puede constituir riqueza o fortuna•, está implicando que sólo las cosas que son susceptibles de aprobación pueden considerarse bienes. Curso de Derecho civil. 1983, T. II.

En la pág. 35 concluye el licenciado Vélez To=es:

Podemos decir, pues, que en su sentido juridico, atendida la primera oración del articulo 252, el concepto "bienes• significa: cosas, corporales o incorporales, ·susceptibles de apropiación por el hombre, que reportan a éste una utilidad desde el punto de vista económico o-moral, siempre que tengan sustantividad propia.

La palabra "bienes• es más general y abarca:

(a) el bien incautado que tenga duefio, esté sólo · en la

posesión de alguien o carezca de ambos, y

(b) cualquier cosa tangible que tenga sustantividad propia.

La inclusión de lo relativo a determinado lugar surge del

lenguaje de la cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos

que ordena la descripción particulár del lugar a ser registrado y

de las personas o bienes a ser detenidos o incautados lparticularly

describing the place to be searched. and the persons ar things to

(

~L@~;j,;¡;¡¡¡g,J. 1!,íl!l\ªl l®n0UªJ~ ~©:nti®ne li!!. S@e. 10 del ~>Xt. 11 de li!!.

Cm1stituei6:n d@l l.:sti!!.do Lihza@ Al,;©ei¡;,do de Puerto Riiao, L.l!'.R.JL,

COHDITUJ:O

Ord@!!I. 41!1 :!!;'@i:j'illllti:'lli @ a:il.'.il1'1Eillli!i!:I@!!l.to;

h'fl'demen~@@

Podrá expedirse orden. de registro o allanamiento para. buscar y ocupar:

(a) bienes adquiridos mediante la comisión de un delito,

(b) bienes que fueron, son o se proponen ser utilizados como medio para cometer un delito;

(c) evidencia relacionada comisión de un hecho delictivo, pruebas científicas, y

con la incluso

(d) bienes cuya posesión o tenencia sea

ilícita.


• Procedimiento Criminal de PUerto Rico de 1963.

La regla adopta palabras que conllevan mejor su significado,

como por ejemplo: •expedir• por •librar• y "bienes• por

•propiedad". El vocablo "bienes• incluye cualquier objeto

tangible, sea o no propiedad de la persona registrada o allanada.

El inciso (c) de la regla sigue la doctrina enunciada en

Warden v. Hayden. 387 u.s. 294 (1967), en el cual se eliminan las

trabas constitucionales a la incautación de •mera evidencia" .

Antes del caso Warden y. Hayden, supra, se requería un elemento de

posesión. ilegal para registrar e incautarse de la evidencia.

~;l_c¡,JC'L;v ,__ __ J!ni~l;lJ'!-_S1;:.M."'isi , 2 5 5 u. S • 2 !il ¡¡¡ 11 !il :21 l , r!!!voa::&do po:,;: !JJ11¡¡1,l:'den

JL Hmyd<S\!L supr®. Asi i,:e ~®ndó liill ley fedez-llll pmra pe:i:mi t.ir 1m

nuevo fw:i.dM!ento para la expedición de wia orden de registro y

alll!irulllliento, el cual señaliill en su p¡,u:-te pertinente:

... A wiillrrmit may be issued to search for and seize mny property that constitutes evidence of a criminal offense in violation of the iaws of the United States. 18 u.s.c. Sec. 3103a.

El inciso (c) pretende hacer una distinción entre los objetos

tangibles y el registro y la posible ocupación de evidencia

intangible relacionada con la comisión de un delito tales como

manchas de sangre, huellas dactilares, huellas de pisadas, etc. Es

importante que una disposición de este tipo esté disponible para

aquellos casos en que un funcionario del.orden público ~o pueda

tener acceso por consentimiento al lugar de los hechos delictivos o

no haya f\ 11-,darnento disponible mediante el cual se pueda expedir una

orden de registro o allanamiento.

1t.esla 228 Ord-en d-e regi11t:ro y all•n•mi -nt:o; requi11it:os para 11N expeclici6n; forma y cont:enid-o

No se expedirá orden de registro o de allanamiento sino en virtud de declaración escrita, bajo juramento o afirmación, prestada ante un juez dentro de un término de diez (10) dias luego de la última observación del declarante o desde la recopilación de la evidencia que establece la comisión de un delito, y _que relacione a la persona objeto del registro con la misma. En la orden se exp.ondrán todos los hechos y las circunstancias que justifiquen la existencia de causa probable para expedir la orden. Si de la declaración jurada y dél examen del declarante, de ser necesario, el juez se

~uxo

c©nvence de que e:i;:iste causa probal::lle para el registro o el allmi.Mliento, este expedirá la orden en la cual se nombrará o describirá con particularidad la persona o el lugar a ser registrado, los bienes a ser ocupados o la evidencia obtenida relacionada con la comisión del hecho delictivo a ser incautada. La orden expresará que existe causa probable para expedirla y los nombres de las personas en cuyas declaraciones juradas se funda. Ordenará, además, al funcionario autorizado a registrar de inmediato a la persona o el sitio que se indique, en busca de la evidencia específica a obtenerse o los bienes a ocuparse, y devuelva al juez la orden diligenciada junto con la evidencia obtenida o los bienes ocupados. Se dispondrá que la orden será diligenciada durante las horas del día o de la noche.


Procedimiento Criminal en Puerto Rico de 19963.

La fijación de un término de diez (10) ~ías dentro del cual

el observador de los hechos presente la declaración jurada asegura

que las_~ircunstancias que han dado margen para la determinación de

causa probable para la expedición de la orden estarán todavía

presentes cuando se vaya a diligenciar la misma. También evitará

que hechos y detalles remotos a la observación fundamenten una

orden de registro y allanamiento. Así la regla garantiza la

veracidad de lo relatado y protege la privacidad del hogar y de la

persona objetos del registro o allanamiento. Pueblo y. Tribunal

superior. 91 D.P.R. 19 (1964), determinó que el término de .sesenta

y dos (62) días que medió entre la observación de los hechos y la

declaración era excesivo y perjudicial al acusado. La regla

también incluye el requerimiento de que la. declaración jurada

nuevo fundamento para la expedición de una orden de registro o

allanal!liento para 1&1 búsqueda de evidencia relacionada eon la

comisión del hecho delictivo.

La regla exige que la declaración jurada incluya la fecha de

la observación de los hechos. Se adopta la.norma jurisprudencial

que ha resuelto que una orden de registro o allanamiento es nula

cuando la misma se expide fundada en una declaración jurada que no

contiene la fecha en que el deponente alegadamente observó la

comisión del acto o la conducta delictiva.

Romero. 120 D.P.R. 92 11987).

Pueblo y. Bonilla

El texto de la regla se modifica para que resulte más

compatible con las opiniones del Tribunal Supremo en Pueblo y.

Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 11989), y en Laureano Maldonado y.

Tribunal Superior. 92 D.P.R. 381 (1965). En el primero el Tribunal

expresó: Resolvemos ahora que si la declaración

jurada prestada es completa, clara y detallada, libre de contradicciones y el juez que la revisa no tiene dudas sobre algún extremo de la misma, no es requisito indispensable que el juez. interrogue al declarante. No obstante, la declaración debe ser rigurosamente examinada por el magistrado y, si tiene alguna duda sobre su contenido, debe formular las preguntas necesarias antes de llegar a su determinación. Pueblo Y, Rivera Rodríguez, supra, pág. 477.

El declarante tiene que comparecer en persona ante el juez y

estar disponible para ser examinado. Pero la causa probable puede

67

ill!JZ!Ji;;: 'i;,II!Z! elffiZillrn@l:lt:c. @<ll 1® dc.c:L@z®eión ju;:¡,¡d¡¡¡ q¡,¡,e el juez estil!le

que l:lO es neeesiru:io 'W'l. e:i::i!lllile:n persol:lal ulterior del deelari!!nte.

El C0mi té Asesoz ®nt:ie¡¡u::!e que li:! reglia permite que li!!

dete:rmini:!ción de einl!.s® pro:bable puede estl!!.r fundada, total o

parcialmente, en prueba !:!e referencia. Est1:1 disposición está

contenida en la Regla 41(c) 11) federal, la cual expresa: ºthe

finding of probable cause may be based upan hearsay evidence in

whole or in part. • La misma es compatible con toda nuestra

jurisprudencia sobre determinación de causa probable por

infonnaci6n de terceros o confidencias. Véanse: Pueblo v. Aceyedo

Escobar. 112 D.P.R. 770 (1982); Pueblo Y, Díaz Diaz. 106 D.P.R. 348

(1977);

Para que la información · provista por un confidente sirva

parcialmente de base para detezminar causa probable, la confidencia

debe haber sido corroborada por el agente, ya sea mediante

observación personal o por información· de otras fuentes. La

corroboración es el mecanismo efectivo que permite evaluar las

fuentes del conocimiento del confidente, su credibilidad y la

confiabilidad de la información provista. Pueblo v. Muñoz

santiago, 92 JTs 149 y Pueblo v. 0rtiz Alyarado. 94 JTS 6.

Con relación a los criterios para determinar causa probable

fundada en información de terceros y confidencias hay diversidad de

opiniones y esto no debe ser objeto de disposición en las reglas.

La norma bajo la Enmienda Cuarta es la más flexible ("totalidad de

las circunstancias"), adoptada en Illinois Y, Gates. 462 u.s. 213

(1983), en el cual se abandonó el criterio más estricto de Aquilar

X., Ae@vedg Eseooªr. $Upra, $©~ miis flexible que ®l cit~do Illinois

y, Pites. V@i!inSe l~s @pi~io~@$ particulares emitidas en Pueblo v.

sobre iutisarud@neia reciente del Tribunal Supremo en la zona

criminal, V::CII Rev. Jw:-. U.P.R. 19, págs. 37-43.

Las Reglas de Procedimiento Criminal federal proveen para la

expedición de una orden de registro o allanamiento fundada en un

testimonio oral jurado, comunicado por teléfono o de cualquier otro

medio apropiado. Las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico no disponen nada sobre este particular. Anteriormente en

Puerto Rico se había recomendado que se legislara para permitir las

órdenes de registro o allanamiento mediante solicitud telefónica.

véase Informe sometido al Conseio sobre la reforma de la iusticia

en Puerto Rico Por la Comisión para el estµdio de la Policía, 1973,

págs .. 108-115. La idea, sin embargo, no progresó. Con relación a

esta regla véase informe del Secre_tariado de la Conferencia

Judicial: Tendencias r~cientes en torno a la aarantía

constitucional contra registros Y allanamiento. 1984.

Orc!en el.e rag-istro o alleu:>•mi•nto; c!ilii;renciamianto; regla c!e c!ar a ccmocer la autoriclac!

Un funcionario del orden público que diligencie una orden de registro o allanamiento .dará a conocer la autoridad de que está investido antes de proceder a efectuar el diligenciamiento, excepto:

~UJ:O

li.!!) pcarlll evi t;1,1r llll)Jffl®nt:ifilr <=l ri®sgo o

pelig.¡::-o d<=l funcionario mli¡;,encia:nte;

(bl parlll evitar la fuga de llll persona o la destrucción del~ evidencia gue se pretende obtener, o

(cJ cue.n.do la persona a ser registrada esté :bajo aviso.

La regla es nueva y expone la obligación de dar a conocer de

la autoridad investida para el diligenciamiento de una orden de

registro o allanamiento.

La jurisprudencia, en especial Pueblo Y, Bonet Flores. 96

D.P.R. 685, 688 (1968), adopta la doctrina esbozada en Ker y.

California. 374 u.s. 23 (1963), en donde_el Tribunal supremo

federal reconoció que bajo ciertas circunstancias tal anuncio de

autoridad puede dispensarse. Ejemplo de .estas situaciones son,

para evitar aumentar el riesgo o peligro del agente diligenciante

de la orden, para evitar la destrucción de la evidencia que se

pretende conseguir, o cuando ya las personas estén sobre aviso.

La entrada forzada sin previo anuncio no puede ser

justificada bajo una norma general, ya que constituye una seria

perturbación a la intimidad. Por lo tanto, sólo en las tres (~)

circunstancias mencionadas en la regla se puede dispensar el dar a

conocer su autoridad al diligenciar la orden de registro o

allanamiento.

Regla 230 Orden de rer;ristro o al, IUll'llmi e:a.to; clilir;re:a.ciamie:a.to

La orden de registro o allanamiento sólo podrá ser diligenciada y devuelta dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de

&lll! e:i."]Pe!:liciólcl. El :í:unci©l.1\illrie;; qu"" l¡¡¡ filligenc:ie eütr®gillrá ill la perso~¡¡¡ de quien ~e h® ©bt®i:.ido lm . evi©l®.:1c:ii:ll © que @sté en posesión del lug.u- registrilldo ©delos .bienes ocupados, copia ©le la ord-.m y un recibo de los bienes oc::upilldos o dejarª dic::ha c::opia y recibo en un sitio visible del lugar donde se filligenc::ió li;i ornen.

La constancia del diligenc::iamiento se someterá acompañada de un inventario escrito, hecho y jurado por el diliqenciante, de la evidencia obtenida y los bienes ocupados relacionados con la comisión del delito preparado en presencia de la persona de quien se obtuvo o :bajo cuyo control inmediato estaba el lugar donde se ocupo la evidencia, de estar dicha persona presente. De no estar presente ésta, el inventario se preparará en presencia de alguna otra persona digna de crédito. El juez entregará copia del inventario a la persona de quién se ha obtenido la evidencia o a quien le fueron ocupados los bienes, si éstas asi lo solicitan.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y a la recomendada

por el Comité de Reglas de 1985. Se ha dejado la vigente regla

básicamente inalterada excepto por el cambio de la palabra

•propiedad" por "bienes" y por la inclusión de •evidencia

relacionada con la comisión del delito• para que baya concordancia

entre esta regla y las restantes del terna de registros o

allanamientos.

El Tribunal Supremo al analizar el derogado Art. 515 del

Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. ant. sec. 1825,

nuestra actual Regla 232 de Procedimiento Criminal, indicó en

Pueblo v. Rodríguez. 73 D.P.R. 323, 325 (1952):

Wi el :ref®ri@o 11.rt.i~ulo ni ninguno otro que se :J:"<i;l1Reione ~on el in-venta:rio e:!e las prendms oi::n1p11.liiá!.LS -virtud de Y.na orden de all.mami@nt.©, dispone .en fo:,:m¡;¡ alguna que el heeho de n.o entregarse por el funcionario que diligenció la orden el referido inventario 11.l juez !;f!Je 11:ll libr6 anule el procedimiento y haga inl:lldmisible en evidencia el material ocupado.

Es preferible dar cumplimiento a las disposiciones del

estatuto sobre la materia. No obstante, como son requis~tos

ministeriales la preparación y la entrega de un inventario al

diligenciarse una orden de allanamiento, incumplir con estos

requisitos, no invalida en fonna alguna el procedimiento.

COMl!:N'l'llllO

Orél.en el.e rei:ri1111tro y al. 1 IPDl9mi l!IDto; &ligenciudlilDto; irrupción 111D lu11nr para emo;pl.i&mtwc- orcL!m ·

Cuando a un funcionario del orden público, luego de dar a conocer su autoridad y el objeto de su visita, le sea negada la entrada, podrá forzar o violentar con razonabilidad cualquier parte del inmueble, lugar u objeto con el propósito de diligenciar la orden .de registro o allanamiento.

También podrá forzar cualquier puerta o ventana del lugar registrado o allanado con el propósito de libertar a una persona que con el objeto de auxiliarle en el diliqenciamiento de la orden de registro o allanamiento, haya entrado en el sitio y esté detenida o cuando sea necesario para libertarse a sí mismo.

La regla es nueva.

A los funcionarios del orden público, que están en proceso de

diligenciar una orden de registro o allanamiento, se les requiere

dar a conocer la autoridad 'de que están facultados, previo a

ligenciar la misma. Este requisito, de naturaleza

liilinimizl.l!Z l¡¡¡¡ polilibilidad de -wi.:ilencia; · (2 l protege:,;:- (!;ll derecho 11.1 111.1

intimid/1.ld de '!Jnap©Zte inocente, y !3) evitar lilll desuucci6n fisiea

perjudicada con el diligencimniento ofrezca resistencia por

desconocer de la existencia de la orden y de la intención de los

agentes. La segunda premisa procura evitar el allanmniento y

registro del predio o lugar equivocado con la lógica consecuencia

de someter a sus ocupantes inocentes al temor y a la humillación de

la experiencia. Aún sin existir peligro de equivocación del lugar

a ser registrado, es deseable que los ocupantes sepan quién desea -entrar, la razón por la cual desea entrar y tener unos momentos

para prepararse. La tercera premisa es obvia, a una persona, de

ordinario, se le debe conceder la oportunidad de que permita

voluntariamente el ingreso del agente a su hogar,

necesario ocasionar da:fios a su propiedad.

sin que sea

La evaluación de estas circunstancias, en el contexto de un

caso en particular, es una manera útil_para poder determinar si el

allanamiento viola la Enmienda cuarta. W.R. LaFave, Searc;h and

Seizure; A Treatise on the Fourth Amendement. 2da. Ed. Minnesota,

Ed. West Publishing Co., 1987, Vol. 2, sec. 4.8, pág. 270 et. seg.

En relación con el diligenciamiento, la regla acoge lo

resuelto en Pueblo v. Bonet Flores, 96 D.P.R. 685 (1968),

a los efectos de que el agente que diligencie una orden

deberá dar a conocer la autoridad de que está investido

antes de proceder a ·efectuarse, ya que la entrada forzada

sin previo anuncio constituye

su autoridad: lll

evitar el aumento del riesgo o peligro del agente; (_2)

evitar la fuga o destrucción de la evidencia que se

pretende conseguir, y (3) cuando las personas concernidas

estén bajo aviso previo del registro o allanamiento a

realizarse.

La regla procura limitar la violencia sólo en situaciones

excepcionales y cuando ya no haya forma de le>grar la entrada

;)acífica al lugar. Por supuesto, le compete al tribunal decidir si

se actuó con razonabilidad al forzar la entrada. La norma de

razonabilidad la determinará ·las circunstancias particulares de

cada caso.

bgla 232

COMl!:N'l'Am:O

Orden de registro o alJanami•nto; r-.isión de o:i:d.am. dili11C1Ciada

El Juez a quien le sea devuelta una orden de registro o allanamiento ya diligenciada, unirá a la misma el inventario, las declaraciones juradas y cualesquiera otros documentos relacionados y los enviará a la fiscalía del distrito que corresponda o la oficina del Departamento de Justicia que originó la investigación.



de la ,;:¡z-den. La z-e~la di!iilpone que los mill!lmos sean susti tui©los poz

doc1m1entos que evidencien la i,btem::i® de tal evider.11:::ia y que éstos

se conse:;:ven bajo la custodiél. del Ministerio Fiscal como 1=1

represe.ntm:ite del Poder Ejecutivo.

!lffl~ist:J:'@ y sllen@mi"!ll!.to sin ori-; .incidm:l.t:!lll. !lll. ~st:o; :fwndem""'!lto111

(a) Un arresto legal, con o sin orden de arresto, no convalida, sin más, un registro o allanamiento sin previa orden judicial realizado por un funcionario del orden público. Sin embargo, cuando la atmósfera total y las circunstancias presentes lo conviertan en razonable se podrá efectuar un registro o allanamiento sin orden expedida por un juez en la persona del arrestado y del área que está a su alcance inmediato sólo con el propósito de:

1. ocupar armas que puedan ser utilizadas por el arrestado para agredir a los funcionarios del orden público, las personas que están a su alrededor, o a su propia persona;

2. evitar la fuga del arrestado;

3. ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podría destruir;

4. ocupar armas o instrumentos utilizados en la comisión de un delito, o

5. preventiva.

efectuar una inspección

(b) No será permisible el registro o allanamiento sin orden, aunque sea contemporáneo a un arresto legal, de aquellos lugares que no estén bajo el con~rol inmediato de la persona arrestada.

COMENTAR:X:0

75

(c) El funcionario del orden público que efectúe un registro o allanamiento, incidental a un arresto sin orden, deberá prestar ante un Fiscal una declaración jurada en la cual exponga los hechos y fundamentos que motivaron el registro y allanamiento sin orden y su participación en éstos dentro de un término no mayor de diez (10) días siguientes al registro o allanamiento, a menos que se demuestre justa causa para la demora en someter la declaración dentro del término indicado. La declaración así prestada formará parte del expediente fiscal.

Esta regla se convirtió en la 233, ya que la original

propuesta con igual número (Registro incidental al arresto) no fue

aprobada por el Comité de 1993. Lo anterior provoca una

reenumeración de las reglas subsiguientes de este Capítulo.

Un funcionario del orden público, al arrestar en forma legal

a un ciudadano, tiene autoridad para someter a la persona arrestada

a un cateo o registro superficial antes de conducirlo desde el

lugar en que es arrestado hasta la presencia de un juez. Este

curso de acción resulta necesario en protección de la vida y

seguridad del funcionario que efectúa el arresto y de todas

aquellas personas presentes en el tribunal al cual se conduce el

arrestado. Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987).

El hecho de que se efectúe un arresto válido no autoriza,

ipso facto, a los funcionarios del orden público a llevar a cabo un

registro minucioso y detallado de la persona del arrestado.

La jurisprudencia ha reconocido unas circunstancias

especiales en que resulta procedente o razonable el registro

minucioso, sin orden de allanamiento, de la persona del arrestado,

Al~s @e ~stias circ~tii!l:!lciias son: cui!!Zll@O ~l re~istro se reali~rn

con el p:i:-opósi to de ocupar = que pyedm\ ser ~miadas y

utilizadas por <l'll mcusado para agredir a los funcionarios @el

orden ptllilico o para intentar una fuga y para ocupar evidencia que

de otro modo el arrestado podría destruir. Pueblo y, Dolc;e. 105

D.P.R. 422, 434 (1976).

En nuestra jurisdicció:ri rige la norma de que el registro

:minucioso de la persona del arrestado, de sus pertenencias o del

área a su alcance inmediato tiene que ser razonable.

En la determinación de si el registro realizado como

consecuen~ia del arresto legal efectuado es razonable, se debe

distinguir entre categorías de situaciones, se debe adentrar

en la atmósfera total de cada caso para hallar el significado r

preciso, dentro de unas circunstancias especificas, de un concepto

tan elusivo y volátil como el de razonabilidad. La tarea debe ser

de conciliar los intereses en pugna y no permitir que uno

pulverice al otro. El sistema democr~tico de vida se funda en la

libertad con orden, no en el orden sin libertad o en la libertad

que lleve al caos. ·Pueblo y. Malayé González, 120 D.P.R. 470

(1988).

El Tribunal Supremo federal resolvió en el caso de Maryland

y. Buie. 58 L.W. 4281 (1990), que la cuarta Enmienda permite que

se hagan inspecciones preventivas (protective sweeps), debidamente

restringidas, conjuntamente con los arrestos efectuados en el

hogar, siempre que el agente que efectúe el. registro tenga motivos

Una inspección preven ti Vial (protecti ve sweep 1 , dice la

opinión, es un registro rápido y restringido del lugar. El mismo

es incidental a un =esto y se realiza con el propósito de

proteger la seguridad de los agentes u otras personas. Se limita a

una inspección rápida ocular de aquellos lugares donde pueda

ocultarse una persona.

La inspección preventiva ocurre como un complemento de la

medida más seria de poner a la persona bajo custodia a los fines de

procesarla criminalmente. Por otra parte, el arresto efectuado en

el hogar, contrario al que se realiza en la c.alle o en una

carretera, coloca al agente en la desventaja de encontrarse en el

•territ.orio" de su adversario. El temor de que haya una emboscada

en un escenario limitado y desconocido es mucho mayor que si se

trata de·--un espacio abierto y más familiar.

Concluye la opinión sefialando lo siguiente:

Debemos hacer hincapié en que dicha inspección preventiva, --cuyo propósito es proteger a los agentes que efectúan el arresto, siempre y cuando las circunstancias lo ameriten-- no representa un registro total del área sino que puede limitarse únicamente a una inspección rápida de los lugares donde pueda ocultarse una persona. Esta inspección no durará más del tiempo necesario para despejar cualquier sospecha razonable de peligro y bajo ninguna circunstancia se_ extenderá más allá del tiempo que· tome realizar el arresto y abandonar el lugar.

Sozt@n®~os, mdG!lmaíu,;, q¡a@ l©s m~®ntes podz'i¡¡¡i;n im,;pecciO!:l!ilZ =ios u otras áreas @n

las im11efilaciones @el lu~ffir del "1.'.é'resto, desde las ©llt!á\les pooo:ian ser 11\taeados, como W'J.;;i

medida preven.tiva ineidental 1'1.l lillrresto y si!:! que exista eauslill probable o sospecha ra:i:c:m.able. Fuera de eso, sin emhargo, sostenemos que deben existir hechos concretos que, junto con las inferencias razone.bles de estos hechos, justificarían el que un agente razonablemente prudente creyese que el área a ser inspeccionada alberga a algún individuo que pudiera·poner en peligro a las personas que se encuentren en el lugar del ~esto.

~egimtro y allanamiento por eonaentimiento; raquiaitoB; ~m:&eiUI; tiligcmeiamianto

Un funcionario autorizado podrá efectuar un registro o allanamiento sin orden, si la persona a ser regi~trada o aquella que tiene el control inmediato del lugar a ser registrado o allanado, presta · su consentimiento. Se entenderá por consentimiento una manifestación verbal, clara, inequívoca, libre de coacción, que autoriza al funcionario del orden público a llevar a cabo el registro o allanamiento del lugar o la persona. El funcionario no deberá excederse del límite del consentimiento otorgado.

Antes de comenzar un registro o allanamiento por consentimiento, por el funcionario autorizado, luego de identificarse, el informar a la persona que no está obligada a prestar dicho consentimiento y que cualquier evidencia que se encuentre y se ocupe durante el registro o allanamiento podrá ser utilizada en su contra será un factor adicional a considerarse a la luz de la totalidad de las circunstancias para evaluar la validez de la renuncia.

Si la persona cuyo . consentimiento se solicita está arrestado o bajo custodia, el consentimiento no surtirá efecto a menos que, además de la advertencia anterior, le sea informado de su derecho a consultarlo con su abogado.

COMEl.\lTARIO

79

El funcionario del orden público o funcionario autorizado que efectúe el registro o allanamiento por consentimiento, deberá cumplir con lo dispuesto en la Regla 230 y deberá hacer constar, además, las advertencias hechas y que el registro se efectuó libre de coacción.

La regla es nueva.

Para que el consentimiento sea válido, se requiere que sea

prestado por quien tenga autoridad para prestarlo. United States

v. Matlock, 415 U.S. 164 (1974). Sin embargo, no existe una regla

uniforme y categórica que ayude a determinar si el consentimiento

prestado es válido, por lo que es necesario analizar cada caso en

forma individual.

Establecer la existencia de un consentimiento válido para

autorizar o acceder a un registro sin orden judicial es un asunto

susceptible de controversia, ya que el alcance del registro será

tan amplio como los términos del consentimiento prestado.

Un registro por consentimiento será razonable siempre que se

mantenga dentro de los límites del consentimiento prestado y se

ajuste a los propósitos del mismo. Debe, además, limitarse a las

áreas donde razonablemente pueda encontrarse escondido el artículo o

la persona objeto del registro. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R.

429 (1988).

Sabido es que el "titular" de la protección constitucional

contra registros y allanamientos irrazonables puede renunciar,

expresa o tácitamente, a su derecho a un registro sin orden previa.

Esta renuncia se puede deducir del acto del imputado de permitir la

719, 728-729 !l96lJ; pueblo y. Acevedo Escobar. 112 D.P.R. 770, 776-

777 (1982). Entre los factores determinimtes sobre si medió=

renuncia expresa o tácita están: 1) si hubo fuerza o violencia; 2)

si el registro se realizó después de un arresto, y 3) si se

encontraban otras personas presentes. Pueblo Ye Na:rváeZ Cruz,

supra, págs. 444-445.

Según lo establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos

en United States y. Matl:Qck. supra, una persona no tiene que poseer

un interés legal en la propiedad para consentir valida.mente a que la

misma sea registrada.· Lo que se requiere es que la persona que

presta el consentimiento posea una autoridad común o cualquier otra

relación suficiente con respecto a la propiedad a ser registrada.

En Pueblo y, Narváez Cruz. supra, expresa el Tribunal Supremo,

citando con aprobación a United States y. Matlock, supra:

El concepto de · •autoridad común ..• con respecto a la propiedad" a su vez fue interpretado por dicho Tribunal·en el citado caso como que "depende del uso mutuo de la propiedad por personas que generalmente tienen un acceso o control conjunto [con respecto a la propiedad] en cuanto a varios propósitos, de tal forma que es razonable reconocer que cualquiera de los cohabitantes tiene el derecho de permitir la inspección por derecho propio y que los otros han asumido el riesgo de que uno de ellos pueda permitir que el área común sea registrada." ... De esta manera, se ha permitido que una tercera persona--quien no es la dueña de la propiedad a ser régistrada--preste un consentimiento válido para que se lleve a cabo el registro de la misma, siempre que cumpla con el citado requisito de "autoridad CO!llún u otra

rel®ei6n sufiei=te con respecta lll llll propied;¡,,d ª 8ier registrlll&" . l!1;sto ..i 81.U vez implielll que Ulmiill t @re "'r 1:1 pe r s ©l:Alll no r,ru e de Ji:) r es t e,.r un conseintimiein'i::© válido pmrm que me regis'i::r(!; pr¡:¡piedad que está oojo llll posesión exclusiva de otrl<l persona.

Sobre el coinsent.imiento de· terceros, véase: Pueblo ex. rel.

F,J.M.R., 111 D.P.R. 501 (1981). En este caso el Tribunal Supremo

resuelve que el padre, en su calidad de propietario del interés

legal en la propiedad, puede transferir a un policía el derecho

limitado de entrar y registrar· las dependencias que han sido

asignadas para el uso de su hijo. Véase, también, Pueblo y. Riyera

Romero, 83 D.P.R. 471 (1961), caso en que el Tribunal acept6 como

válido el consentimiento prestado por una hermana del acusado.

La Cuarta Enmienda de la· Consti tuci6n de Estados Unidos

describe el ámbito mínimo de la garantía contra registros y

illanamientos irrazonables. Los estados federados no pueden achicar

las fronteras de la Cuarta Enmienda pero s.í pueden expandirlas.

Esta vitalidad independiente de la que gozan los estados la tiene

Puerto Rico. La forma de la Secc. 10 del Art. II de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre registros y

allanamientos irrazonables es análoga a la Cuarta Enmienda, pero el

contenido es distinto, puesto que responde a circunstancias

diferentes. Pueblo y. Dolce. 105 D.P.R. 422 11976).

La Regla 235 garantiza los derechos de todas las partes,

incluso al Ministerio Fiscal, a quien la Regla le permite tener un

c~so más completo. Ya que la Regla 235 trata sobre penetrar al

hogar del ciudadano, la misma le exige al agente del orden público

-.le cumpla con todas las advertencias que allí aparecen.

resolvió los c¡¡¡sos Pueblo en interés del menor N.O.R., ~4 J.T.S. 118

y Pueblo v. Sant.i.,g-o ilicea, ~5 J.T.S. 45, que resuelven que no es

segundo párrafo sugerido de esta regla para solici t,¡¡¡¡_r su

consentimiento al registro y alla.namient~; sino que lo anterior será

un factor adicional a considerarse, dentro de la totalidad de las

circunstancias, para evaluar la validez de la renuncia. El Comité

sugiere como regla alterna lo siguiente: Un funcionario autorizado podrá efectuar

un registro o allanamiento sin orden, si la persona a ser registrada, o aquella que tiene el control inmediato del lugar a ser registrado o allanado, presta su consentimiento. Se

_entenderá por consentimiento una manifestación verbal, clara, inequívoca, libre de coacción, que autoriza al funcionario del orden público_ para que lleve a cabo el registro o allanamiento del. lugar o la persona. El funcionario no deberá excederse del límite del consentimiento otorgado.

Antes de comenzar un registro o allanamiento por consentimiento, el funcionario• autorizado, luego de identificarse, [el] informar a la persona que no está obligada a prestar dicho consentimiento y que cualquier evidencia que se encuentre y se ocupe .durante el registro o allanamiento podrá ser utilizada en su contra, será un factor adicional a considerarse a la luz de la totalidad de las circunstancias para evaluar la validez de la renuncia.

Si la persona cuyo consentimiento se solicita está arrestado o bajo custodia, el consentimiento no surtirá efecto a menos que, además de la advertencia anterior, les sea informado de su derecho a consultarlo con su abogado.

El funcionario del orden público o funcionario autorizado que efectúe el registro

83

o allanamiento por consentimiento, deberá cumplir con lo dispuesto en la Regla 230 y deberá hacer constar, además, las advertencias hechas y que el registro se efectúo libre de coacción.

Tsstigos; citación

quién podrá expedir

Cualquier juez podrá expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos para la investigación de un delito o para cualquier vista. Cuando el Ministerio Fiscal, en los casos y bajo las condiciones que estas reglas lo permitan, provea al tribunal el nombre y la dirección residencial correcta de imputados o testigos, ello se entenderá como una solicitud de citación, bien para el trámite de determinación de causa, para el acto del juicio o para cualquier procedimiento pendiente de vista. En estos casos será deber del tribunal expedir con prontitud u ordenar al secretario del tribunal que expida la citación o las citaciones correspondientes, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados, siempre que se provea al tribunal el nombre y la dirección residencial correcta-del testigo.

El tribunal podrá expedir u ordenar al secretario que expida citación para la comparecencia de cualquier testigo a juicio a la toma de su deposición o a cualquier vista. El secretario del tribunal, a petición del imputado, podrá expedir citaciones libres de costas.

El Ministerio Fiscal podrá expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos para la investigación de un delito. Si un testigo no cumple su citación, el tribunal a solicitud del Ministerio Fiscal podrá expedir mandamiento para su compareciencia ante dicho funcionario en la fecha y hora que señale, bajo apercibimiento de desacato.

•cualquier vist.ra•, c@n el propósito de incluir en la re~la las

distintas vistas investig~tivas y judiciales.

El requisito de

residencial correcta• es

que

por

se

la

provea la "dirección

frecuencia en que

Ministerio Fiscal solicita del tribunal que ordene

el

el

diligencianú.ento por un alguacil de una citación, sin proveer

la dirección exacta, y resulta que no se logra citar al testigo

por dicha omisión.

'!l'GII III ti 110111 3· c:i tllLCi&m

La citación podrá ser diligenciada por cualquier persona mayor de edad, que no sea el imputado-o sus familiares. Los alguaciles del tribunal o sus delegados tendrán la obligación de diligenciar en su·región judicial cualquier

--~itación que le sea entregada por el imputado o por el Ministerio F"iscal. Quedará dilienciada la citación con mostrar el original al testigo y entregarle copia o enviándole copia por correo a su última residencia, con acuse de recibo. La persona que la diligencie, lo hará constar por escrito en el original de la citación o a su dorso, con expresión del tiempo y lugar. En los casos en que la citación se envíe por correo deberá acompañarse el. acuse de recibo.

COMl!:N'l'Ul:0



C:UiiimÓo W"J.a persona comparece en virtud de citación ~te un ju~z como testigo y carece de medios para pagar los gastos de su comparecencia, el tribunal podrá ordenar, a su discreción, al Secretario que entregue al testigo una cantidad de dinero que no excederá de las dietas a que tenga derecho y será cargada a cuenta de dichas dietas. La orden del tribunal será por escrito, pero podrá dictarse en Sala, en cuyo caso se anotará en la minuta del tribunal.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico.de 1963.

El pago de los gastos deberá cumplir con el Reglamento

Fijando Tipos de Honorarios, Gastos de Viaje y Dietas para

Jurados y Testigos, 4 L.P.R.A. Ap. X.

ll:1a¡;rla 238 '.l'e111tigo1111; arra1111to y . :fi&Aza para ga,rantizar C"CllllQj)•l:'lllcmu::ia

Si una de las partes infonna al tribunal, mediante declaración jurada, que existen motivos fundados para creer que algún testigo en una causa criminal dejará de co111Parecer a declarar, el juez que actúa en la investigación preliminar o· la sala C0111Petente podrá ordenar al testigo que preste fianza, por la cantidad que estime suficiente y de no prestarla ordenará su arresto hasta tanto preste la fianza o se le tome una deposición. El documento de fianza cumplirá los requisitos que se fijan en estas reglas a las fianzas para la libertad provisional del imputado y garantizará la comparecencia del testigo ante cualquier sala del tribunal en.que el juicio se celebre o

m lm ~iIB~m ~r@l:wiincaz @n lm f@chm ~m lm cuml s® l@ cit@ •. De no compffirec@r el testigo .luego ©ie $er citmdo, se [email protected]á lm fi=~m co~fo=e el procediw.ento ®$t!l!.blecido en los clll.sos d~ fian:i:"1 plll.r@ lm libertmd pr©visional del .imputiado.

Procedimiento criminal de Puerto Rico de 1963.

La enmienda propuestm clarifica el propósito de la regla.

Según el texto vigente, basta que una parte le informe al

tribunal del temor fundado de que el testigo no comparezca para

que el juez le imponga una fianza. De la redacción actual

parece ser que es la parte quien deterrnina si se le debe imponer

fianza al testigo.

87

(a) Se celebrará una vista preliminar dentro de los treinta (30) días siguientes a la determinación de causa probable para el arresto o la citación en todo caso en que le sea imputada a una persona la comisión de un delito grave, delitos menos grave que surjan del mismo acto o evento relacionado con el delito grave imputado y aquellos delitos menos grave que conlleven el derecho a juicio por jurado.

La presencia de un representante del Ministerio Fiscal será obligatoria para la· celebración de la vista preliminar.

(b) Renuncia. Luego de haber sido citada, la persona imputada de delito podrá renunciar a la vista preliminar mediante escrito presentado al juez antes de comenzar la vista o en cualquier momento durante la vista. Si la persona imputada de delito no comparece a la vista luego de ser citada, se entenderá que ha renunciado a su celebración. Cuando el imputado renuncie a la vista, ya sea por escrito o por incomparecencia, el juez podrá determinar causa probable para que responda del delito o de los delitos imputados ante la sala. correspondiente del Tribunal de Primera Instancia.

(c) Procedimiento durante la vista. Si la persona comparece a la vista preliminar y no renuncia a ella el juez deberá oír la prueba. La persona podrá contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba a su favor. El Ministerio Fiscal podrá estar presente en la vista y podrá también interrogar y contrainterrogar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Al ser requerido para ello el Ministerio Fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los testigos que haya puesto a declarar en la vista. El Ministerio Fiscal no vendrá obligado a ofrecer o presentar toda la prueba que posea en contra del imputado, sino aquélla suficiente para esiablecer la probabilidad razonable de que se cometió el

delito y de cy.Re el il:liputmdo es el ~utorº Si&. Juicio del ju®z lffi prueba demuestra que ®Jdste CillUS&. prob!il.bl e plllra creer qu® se ha cometido u:in deli t© y que la persox,.a lo cometió, el juez detllll.ndré imnediaté:üilent.e i1l. lll! persox,.a pl:!.X:&. que respondia por la comisión de un delito ante la sala correspondeinte del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrlll'io ..monerw:-á a la persona y ordenará que sea puesta en libertadº

La vista preliminar será pública a menos que el juez determine, previa solicitud del imputado, que una vista pública acarrea una probabilidad sustancial de menoscabo a su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial, y que no hay disponibles otras alternativas menos abarcadoras y razona.bles que una vista privada para disipar tal probabilidad. En tales casos la decisión del juez deberá fundamentarse en fonna precisa y detallada.

También se podrá limitar el· acceso a la vista preliminar cuando el juez determine, previa solicitud .a tales efectos, que tal limitación es necesaria para proteger cualquier otro interés de naturaleza apremiante y que no existen otras .alternativas menos abarcadoras y razonables. La decisión del juez deberá fundamentarse en fonna precisa y detallada.

Se dispone _qu el juez deberá limitar el acceso a la vista preliminar, previa solicitud del Ministerio Fiscal, en aquellos casos en que éste interese presentar el testimonio de un agente encubierto o un confidente que aún se encuentre en esas funciones o cuando esté declarando la víctima de un caso de violación o actos impúdicos o lascivos.

(d) Disposiciones generales a,plicmhles a :La vista p:n,Jiminer.

l. La determinación de probabilidad razonable goza, como todo dictamen judicial, de presunción legal de corrección.

2. ~l tribunal ll~r~ = récord @e los proe~dimie:ntos.

3. Las Reglas de !!:videncia aplicarlin a la vista preliminar, pero serlin interpretadi.s y aplicadas de acuerdo al propósito y a la naturaleza de los procedimientos en esta etapa.

4. En todo caso y para los unicos efectos de la determinación de probabilidad razonable, los informes y las certificaciones periciales podrán ser admitidas en evidencia sin la presencia del perito que los haya suscrito, excepto que el imputado tendrá el derecho a contrainterrogar a dichos peritos si así lo solicita. Si el imputado interesa contrainterrogar a un perito, lo notificará al tribunal con veinte (20) días de antelación y justificará las

-razones por las cuales desea llevar a cabo dicho contrainterrogatorio.

5. Las mociones sobre descubrimiento de prueba, de exclusión de evidencia obtenida en forma ilegal o exclusión de confesión o admisiones no se presentarán o resolverán en los procedimientos de vista preliminar. Estas se presentarán en el término fijado por la Regla 401 ante el tribunal _con competencia para juzgar el delito.

6. La defensa afirmativa de minoridad y las causas de extinción de la acción penal contenidas en el Código Penal serán promovibles y adjudicables en ocasión de la vista preliminar. La defensa de insanidad mental será promovible sujeto a lo dispuesto en el inciso (d) de la Regla 412. Las restantes defensas afirmativas y causas de exclusión de responsabilidad serán promovibles cuando surjan de la prueba del Ministerio Fiscal o cuando luego de hacerse la oferta de prueba no requieran, a discreción del tribunal, ser dilucidadas con mayor amplitud en el juicio y que no sean de carácter controvertible.

~AlUO

1@» @,;2;'&:18 :!l:ui!@\l1.:l!.\l:;B@®IB ©J@:i!. ::i)lllCll!E ®mi :l!.iE1 w.ií,@í'S;m ll,)g'@~ füm,llil®"' º

.1. El j '!llez podrá mantener en libertiE1d iE1 la person¡¡¡¡ Mjo la misma fi.mza o determinación de fi12n:i:a diferid¡;¡, libert1:1d bajo propio reeonocilll.iento o libertad bajo custodi1:1 de tercero o blil!j o las mismas condiciones que hubiere impuesto un juez al ser arrestada, o podrá alterar las mismas o imponer una fianza o tomar una determinación de firuiza diferida, libertad bajo propio reconocimieDto, libertad bajo custodia de tercero o condiciones de acuerdo con la Regla 1001 y 1003, si éstas no se le hubiesen impuesto y si a juicio del juez ello fuere· necesario.

2. El juez no podrá alterar la fianza fijada o la determinación de fianza diferida, libertad bajo propio reconocimiento, libertad bajo custodia de tercero o condiciones impuestas por otro juez, a menos que en la vista preliminar se determine causa probable por un delito inferior al que originalmente se le imputó a la persona. Después de que termine el procedimiento ante él, el juez remitirá inmediatamente a la secretaría de la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia todo el expediente relacionado con dicho procedimiento, incl_uyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se hará constar la fecha y la determinación del juez.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 23 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

El inciso (a) requiere la presencia obligatoria de un

representante del Ministerio Fiscal.

El inciso {c) dispone que la vista será pública, excepto

cuando el juez determine, previa solicitud del imputado, que una

vista pública podría menoscabar su derecho constitucional a un

juicio justo e imparcial. En tales casos se dispone que el juez

-

91

podrá ordenar cru.e la vista sea privada., cu.ya decisión deberá

estar fundamentada en forma detallada.

Lo que se persigue con el primer párrafo del inciso (c) de

la regla no es aumentar el quantum de la prueba exigible al

Ministerio Fiscal para efectos de la determinación de causa

probable para acusar. La "probabilidad razonable" de la que

habla la regla es equivalente a la causa probable para creer que

se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, lo cu.al

establece la actual Regla 23(c). El guantu.m de prueba que debe

probar el Fiscal es algo más que la mera inexistencia de prueba;

es aquél que sea necesario para establecer que existe causa

probable sobre todos los elementos del delito y para establecer

la conexión del delito con el imputado. Vázqu.ez Rosado v.

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972); Pueblo v. Rodríguez

Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985); El Vocero de Puerto Rico v. Estado

Libre Asociado, 92 J.T.S. 108, 132 D.P.R. _____ (1992).

Refiérase, además, al Comentario de la Regla 402 en lo relativo

al inciso (r) .

Se propone que una vez el juez determine causa probable para

acusar en la vista preliminar, excepto los casos en que no

comparece el imputado de delito, el juez informará verbalmente al

imputado de los cargos que se presentarán en su. contra y por los

cuales será juzgado en la sala correspondiente del Tribunal de

Primera Instancia.

En esta etapa el j u.ez le advertirá al imputado y a su.

abogado de su responsabilidad de comparecer ante la Secretaría de

la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia para el

/ll,;;\::g Gi!c;, élE:l\:::E:®!;Jfil º"' 11'1 /lli:ol!ls/llci6n c:J!U@ h/lll:Jxlfl !il® pr¡,,¡¡¡;¡e:ntmz el

MiZlis.:exio Fiscllll dein\::ro @el t~rmino @® se pxopoüe. El jue~,

/ll@!lm!~s de !ll®fi.llll~ llll fech/ll pa;oc/ll el juicio, entregará copilll de mu

resol1.u::i6n <ful impu\::lfü@o y al Ministerio J!"iscal, ii!.perc-ibirá al

irnput/lldo que de no comparecer /fu reco~er la copia de lii:L acusación

y al <1.cto del juicio, podrá ser celebrado el juicio 1en su

ausencia, incluso llll selección o renuncia al Jurado y toruis las

etapas hasta el veredicto o fallo, el pronunciamiento de la

sentencia y etapas posteriores, y que su incomparecencia

voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente en estas

etapas del proceso.

Natux:almente, en los casos en que se dete!:núne causa probable en

ausencia del :i.nputado, el juez que preside la vista. preliminar sefial.ará una

fec:ba para el acto de la lec:t:ura de acusación en la sala coz:,-eqp mi ente del

Trihma1 de Primera. Instancia.

El imputado tendrá derecho a contra.interrogar a los testigos

que sean presentados en la vista, a declarar en su propia defensa

y a presentar defensas .si luego de o.frecer éstas al juez éste

determina que dicha prueba pudiera tener el efecto de exculpar al

imputado.

El inciso (d) (2) de la regla establece que el tribunal

llevará un récord de los procedimientos. Para efectos de esta

regla, "récord" significa récord grabado.

El inciso (d) ( 3) sefíala que las Reglas de Evidencia

aplicarán a la vista preliminar, pero serán interpretadas y

aplicadas según el propósito y la naturaleza en esta etapa. Hacer

mandatoria la aplicación de las Reglas de Evidencia en esta etapa

93

tendría el efecto de convertir la vista preliminar, en un juicio.

Por otro lado, la no aplicación de estas reglas causaría un caos

en los procedimientos. Con el fin de cumplir con el propósito

del inciso (d) (3) de la Regla 301, las Reglas de Evidencia cuya

aplicación será de estricto cumplimiento en la etapa de vista

preliminar, son aquellas concernientes a los privilegios

(Capítulo V de las Reglas de Evidencia) y a los testigos

(Capítulo VI de las Reglas de Evidencia).

En todo caso y para ~os únicos efectos de la determinación

de probabilidad razonable, los informes y las certificaciones

periciales se admitirán en evidencia sin la presencia del perito

que los haya suscrito, excepto que el imputado tendrá derecho a

contrainterrogar a dichos peritos si así lo solicita.

La defensa afirmativa de minoridad y las causas de extinción

de la acción penal contenidas en el Código Penal serán

promovibles y adjudicables en la vista preliminar. ' .

Las restantes defensas afirmativas y causas de exclusión de

responsabilidad serán promovibles cuando surjan de la prueba del

Ministerio Fiscal o cuando luego de hacer la oferta de prueba no

requieran, a discreción del Tribunal, ser dilucidadas con mayor

amplitud en el juicio y que no sean de carácter controvertible.

El inciso (e) recoge lo propuesto en el texto aprobado en

votación final por el Senado de Puerto Rico, el 17 de noviembre

de 1995, en el P. del s. 1262 (Art. 3), que propone enmiendas a

varias Reglas de Procedimiento Criminal de 1963; entre ellas la

Regla 23, (301 propuesta) con el propósito de atemperarlas a la

94

Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, que crea la Oficina de

Servicios con Antelación al Juicio con el propósito de afiadir las

modalidades de libertad provisional que crea dicha.ley.

!tagla 302

COMENTAUO

l?roceclimie111to111 po111teriore111 111. la vista praliminer

(a) J>eli tOIII 111.91110111 gll:'ILVIIIII. Cuando de acuerdo con la Regla 225 sea recibido, el expediente de un caso en la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia procederá en dicha sala la celebración del juicio y la denuncia servirá de base al mismo.

Luego de·detenninada causa probable para acusar en la vista preliminar por un delito menos grave y el Ministerio Fiscal no acude en alzada, o si acude -en alzada y es confirmada dicha determinación de causa probable por delito menos grave y dicho caso no está relacionado con otro de naturaleza grave o no sea de los delitos menos grave en que el imputado tiene derecho a un juicio por Jurado, será remitido el expediente a la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia para la celebración del juicio con copia al Ministerio Fiscal. La denuncia original presentada servirá del pliego acusatorio para el juicio con las enmiendas que corresponda, a tenor con la determinación de causa probable hecha en la vista preliminar.

~a regla corresponde, en parte, al·inciso (a) de la Regla 24


El Comité discutió que una vez termine el proceso de

abolición del Tribunal de Distrito, las distinciones de denuncia

y pliego acusatorio no serán necesarias, ya que existirá un solo

95

tipo de pliego de cargos para presentarse ante una sola categoría

de juez.

bgla 303 lli'Z'oced.imimi.to1111

(al Delitos graves, delitos menos graves relacionados, delitos menos graves con derecho a juicio por jurado.

cuando de acuerdo con lo establecido en la Regla 301 es recibido en la Secretaría de la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia el expediente del caso grave y de los casos menos grave relacionados, o de casos menos grave con derecho a juicio por jurado, el Ministerio Fiscal presentará el pliego acusatorio en un término no mayor de diez (10) días laborables desde la fecha de determinación de causa probable en la vista preliminar so pena de archivo por el tribunal.

Si por causa justificada el Ministerio Fiscal considera que no debe presentar acusación, presentará una moción al juez administrador para solicitar el archivo del caso. Una vez decretado el . archivo, el Secretario expedirá una orden para la excarcelación_ de la persona si ésta se encuentra bajo custodia. Si está en libertad bajo fianza o condiciones, éstas quedarán sin efecto desde el momento del archivo de la causa y cualquier depósito deberá ser devuelto una vez acreditado el archivo. El Secretario guardará el expediente y registrará dicha causa en el "Registro de causas archivadas" que deberá llevar en su oficina.

Si a Juicio del Ministerio Fiscal el proceso por el delito imputado debe ser tramitado ante otra Sala del Tribunal de Primera Instancia, solicitará, mediante mee.ion, el traslado a la sala correspondiente, dentro de los diez (10) días laborables de haber sido celebrada la vista preliminar. La presentación de esta moción no interrumpirá el término para presentar el pliego de cargos.

96

(b) Efectos de la dete::cmiml.ciÓD de no haber causa probable para acusar. Si, en la vista preliminar, el juez hiciere una detenninación de que no existe causa probable para acusar, el Ministerio Fiscal no podrá presentar el pliego de cargos. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el Ministerio Fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a otro juez del Tribunal de Primera

· instancia . designado para entender en la celebración de vistas preJiminares en alzada.

(c) Vista preliminar en alzada. El Ministerio Fiscal deberá alegar mediante moción el fundamento para acudir en alzada y sus argumentos para rebatir la presunción de corrección que goza la vista preliminar. Si el tribunal considera la petición •sin mérito• procederá a declarar sin lugar la misma sin necesidad de celebrar la vista.

La vista se celebrará dentro del término de sesenta (60) días a partir de la fecha de la Resolución del juez conforme lo dispuesto en la Regla 301. El tribunal, en los casos que corresponda, notificará al imputado que el Ministerio Fiscal ha anunciado su intención de acudir en alzada. El juez procederá a citar al imputado y le advertirá que su incomparecencia injustificada equivaldrá a una renuncia a la celebración de la vista y a que el tribunal determine causa por incomparecencia.

(d) Efectos de la determinación de renuncia de juri■dicciÓD en procedimientos para asuntos de menores . Cuando el expediente sea remitido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, en virtud de una resolución de la sala del Tribunal para Asuntos de Menores para renunciar a la jurisdicción sobre un menor, el Secretario deberá referir el mismo al Fiscal de Distrito. El Fiscal deberá presentar la acusación que proceda en el término de diez (10) días a partir del recibo de la

notificación de renuncia.

No será necesaria la celebración de vista para determinar causa probable para

COIMDn'AllO

La

97

arresto conforme a la Regla 225, ni la vista preliminar en los casos que debe celebrarse conforme a la Regla 301, de existir determinación previa de un juez dictada según las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores.

regla corresponde, en parte, a la Regla 24


La celebración de la vista en alzada no debe ser automática.

El Ministerio Fiscal debe alegar mediante moción el fundamento en

:' ustifica su solicitud de acudir en alzada y los

_,;:...r,entos de derecho para rebatir la presunción legal de

corrección de la que goza la vista preliminar"

Si el juez del Tribunal de Primera Instancia designado para

e..-icender en la celebración de vistas preliminares en alzada,

considera sin méritos la petición del Ministerio Fiscal, debe

proceder a declarar sin lugar la misma sin necesidad de la

celebración de vista.

La referencia que la regla hacía al Tribunal Superior fue

sustituída por el tipo de delito envuelto. Lo anterior obedece a

que con la consolidación del Tribunal de Primera Instancia, -

conforme a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, los

jueces se consideran, en virtud de la Ley, de una misma

categoría, los cuales pueden entender en cualquier tipo de caso o

causa, independientemente de la sala a la que estén asignados

administrativamente.

bgl.a 304

CONEN'l'AlUO

98

Presentación y entrega da 1a &CWl&CiÓD

En los casos en que sea presentada la acusación, el Secretario del Tribunal le entregará al imputado o a su abogado una copia de la misma. El imputado tendrá un término de diez ( l O) días a partir de la entrega de . la acusación para presentar cualquier alegación a la acusacion. Si transcurre el término y el imputado no presenta alegación, será registrada una alegación de no culpable y solicitud de juicio por jurado.

Si en el acto de la entrega de la acusación ocurre alguna irregularidad, no se afectará por, ello la validez de- cualquier trámite del proceso si el imputado, por conducto de su abogado o por sí mismo si ha renunciado a tener asistencia legal, contesta la acusacion o se somete a juicio s_in objetar la omisión o irregularidad.

El primer párrafo corresponde, en parte, a la Regla 52 y el

segundo párrafo corresponde, en parte, a la. Regla 60 de


Regla 305

COMEN'l'AlUO

La

Lectura de 1a denuncia y la acusación

Luego de comenzado el Juicio, · 1e será leída al imputado la denuncia y la acusación, excepto en los casos en que se determine causa probable para acusar por incomparecencia. En estos se seguirá el procedimiento establecido en la Regla 301.

regla corresponde, en parte, a la


Regla 53

l!le¡;rla 306

99

tleftmsas y objeciones; eulÍDdo •• p:camoverllÍD; :z:eznz:ac; 11

Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales poélrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en la vista del caso en su fondo deberá promoverse mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal poélrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un término de hasta veinte (20) días antes de la fecha del primer sefialamiento para juicio.

La moción incluirá todas las defensas y objeciones de que pueda disponer el imputado. La. omisión de presentar cualquiera de dichas defensas u objeciones en el término dispuesto constituirá una renuncia a las mismas, pero el tribunal poélrá eximir al imputado, de los efectos de tal renuncia por causa justificada que deberá expresarse por escrito y estar

.bien fundamentada.

Una moción para desestimar basada en lo provisto en la Regla 402(0) deberá presentarse antes de iniciar el juicio.

COMEN'l'AR:cO


Procédimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

Regla. 307 I,os pliegos de cargos (a) La. acusación. La acusaciones un

escrito firmado y jurado por el Ministerio Fiscal y presentado en la Secretaría correspondiente a la sala del Tribunal de Primera Instancia donde se imputa a una o más personas la comision de hechos que constituyen ·un delito adjudicable en el Tribunal de Primera Instancia. ~a acusación será válida si los hechos en ella alegados han sido objeto de una determinación

COIMENTAl\l:O

100

afirmativa de causa probable conforme a lo provisto en la Regla 301~

(b) La éle11.uncia.. La denuncia es un escrito firmado y jurado por un agente o persona autorizada y presentado en la Secretaría correspondiente a la sala del Tribunal de Primera :Instancia donde se imputa a una o más personas la comisión de hechos que constituyen un delito adjudicable en el Tribunal de Primera Instancia. La denuncia será válida si los hechos alegados en ella han sido objeto de una determinación afirmativa de causa probable conforme a lo dispuesto en la Regla 205 ..



La regla propuesta aci.am el p¡:oµSsito del pliego aotsatorio.

El Comité discutió que una vez termine el proceso de

abolición del Tribunal de Distrito, las distinciones de denuncia

y acusación no serán necesarias, ya que existirá un solo tipo de

pliego de cargos para presentarse ante una sola categoría de

juez.

Regla. 308 Contenido élel pliego éle cargoa

Todo pliego de cargos deberá mencionar:

(a) La sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia donde habrá de celebrarse el juicio.

(b) El nombre del imputado y su dirección residencial. En caso de desconocerse, se incluirá la descripción más completa que se tenga de cada imputado. En ningún caso será necesario probar que el Ministerio Fiscal o el denunciante desconocen el verdadero.nombre del imputado. Se podrá usar el sobrenombre o apodo de un imputado cuando éste sea parte de la prueba de cargo y no resulte inflamatoria. Lo anterior regirá

COMl!:N'l'ARJ:O

101

en igual forma para el caso en·que el pliego de ·cargos haga mención de otras personas cuyos ncmbres se desconocen.

(c) cuando el imputado sea una persona jurídica bastará con que se identifique con razonable certeza. Igual norma regirá cuando se mencionen otras personas jurídicas en el pliego de cargos.

(d) Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, al alcance de una persona de inteligencia promedio. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ·1ey o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su acepción legal.

(e) La norma, que se alegue infringida, pero la omision o error al respecto se considerará como un defecto de forma.

(f) La firma y el juramento del denunciante o del Ministerio Fiscal.

La regla corresponde, en par.te, a la Regla 35 de


Se recomienda la identificación del imputado por su

verdadero nombre o por su nombre conocido. Se podrá utilizar un

nombre ficticio, seudónimo o apodo sólo cuando sea parte de la

prueba de cargo . No será requisito previo establecer el

desconocimiento del nombre. Será suficiente indicar "John Doe",

"Fulano de tal" u otro calificativo similar.

Cuando el ill\Putado es persona jurídica, podrá utilizarse su

nombre corporativo, razón social o por cualquier otro nombre

adecuado. Es innecesario alegar la existencia corporativa.

102

En la identificaci·ón de un grupo de personas sin

personalidad jurídica, será suficiente expresar el nombre de la

asociación u organización o el nombre de sus integrantes,

afiadiendo la fase •y otros•.

El tribunal prohibirá el uso de apodos o nombres ficticios

que sean peyorativos u ofensivos o que de alguna manera

relacionen al imputado con el delito contenido en el pliego

acusatorio.•

bgla 309

COMl!:NTARXO

Defectos da forma ezi. el pliego de carsc,s

Un pliego de cargos no será insuficiente ni podrá afectar el juicio, la sentencia o cualquier otro procedimiento que en él se funde, por causa de algún defecto, imperfección u omisión de forma que no perjudique los derechos sustanciales del imputado de delito.


Procedimiento Criminal de.Puerto Rico de 1963.

Los "defectos de forma• son aquellas imperfecciones u

omisiones en el formato del pliego acusatorio que no afectan

derechos sustanciales del imputado y que no hacen insuficiente el

pliego ni el proceso posterior. Se trata de un defecto

subsanable en cualquier momento.

Ejemplo de ello es la cita errónea en el cuerpo de la

acusación en cuanto al artículo del Código Penal por el cual ha

de responder el imputado (Vizcarra Castellón Y, El Pueblo, 92

D.P.R. 156 (1965)); la falta de especificación de la personalidad

jurídica o natural de la persona a quien se le sustraen

103

los bienes mediante apropiación ilegal (Pueblo v. Díaz. 60 D.P.R.

844 (1942)); el no especificar la naturaleza particular de

la negligencia criminal (Pueblo y. Pifiero, 31 D.P.R. 1 (1922)),

entre otros.

JRagla 310

COMl!:N'l'AlUO

Acumulaci6D de delitos y de

imputa&,111

(a) Acw1Nlaci6n de delito111. Un mismo pliego de cargos podrá imputar la comisión de dos ( 2 ) o más delitos , en cargos por separado, si los delitos imputados son de igual o similar naturaleza y surgen del mismo acto, gestión o de varios actos o gestiones que constituyeren partes de un plan común. Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse en los restantes cargos por referencia.

(b) Acwaulaciém. de imputados. En un mismo pliego de cargos se podrán incluir_dos o más imputados si se alegare que han actuado de común acuerdo.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 3 7 de


Las enmiendas recomendadas son para armonizar la regla con

el. inciso (f) de la propuesta Regla 402 CFunQaroentos Qe la moción

para desestimar), el que incorpora a nuestro derecho procesal

criminal la norma de la acumulación taxativa de delitos en un

solo juicio de delitos que surgen del mismo acto, omisión o

evento delictivo si estos son conocidos por el Ministerio Fiscal

al momento de comenzar el juicio.

bs;rl.a 3l.l.

COMEN'l'ARJ:O

La

104

EmD.iend•• al pli•110 de c::au:vo•

(a) SUbsammción 4a 4efactos 4e fo:z:ma. Los defectos de forma serán subsanados mediante enmienda a solicitud de parte y, de no solicitarse, se tendrán por subsanados tan pronto recaiga el fallo o veredicto.

(b) SUbsammci6n a. &ilf•cto 11u11tanci&l. Un defecto sustancial es la omisión por parte del Ministerio Fiscal de alegar en el pliego de cargos los hechos y los actos necesarios para hacer del acto imputado un delito. Los defectos sustanciales darán lugar a que, a instancia de parte, se ordene el archivo de la causa, sin perjuicio de que, con permiso del tribunal, el Ministerio Fiscal o el denunciante pueda instituir de nuevo la causa y presentar el pliego acusatorio.

(c) ll!:mllienc!a■ • Las enmiendas que sólo contemplen incorporar nuevos cargos o imputados se permitirán siempre y cuando cada nuevo cargo o imputado haya sido objeto de una determinación afirmativa de causa probable bajo las Reglas 207, 209 y 225, según sea el caso, y siempre que la inclusión de nuevos cargos o imputados no afecte derechos sustanciales de cualesquiera de los imputados.

(d) :tncompatibili4a4 •ntr• la• aleg-acion•• y la prueba. Si la prueba de cargo presentada durante el juicio resulta incompatible con las alegaciones contenidas en el pliego de cargos, se sobreseerá la causa.

regla corresponde, en parte, a la Regla 38 de


La enmienda sugerida en el inciso (b) se debe a la práctica

de representantes del Ministerio Fiscal que, conociendo de la

existencia de una incongruencia sustancial, esperan hasta el

(

105

último momento para solicitar la enmienda y ocasionan perjuicio

innecesario al i.mputado.

bgla. 312 0misicm411111 GIIZI. el pliego de c:m:go111 { a) Omisión de a.legar la fecha. El

pliego de cargos será suficiente aunque no especifique la fecha o el momento en que se alega que se cometieron los hechos, a menos que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar la comisión del delito o un grado del mismo.

{b) Omisión de a.legar el sitio. El pliego de cargos será suficiente aunque no especifique el sitio exacto donde se alega se cometieron los hechos. Será suficiente que se alegue que se cometieron en un sitio bajo la competencia del ~ribunal, a menos que una alegación precisa no sea necesaria para imputar la comisión del delito o de un grado del mismo.

Todas las alegaciones en un pliego de cargos se interpretarán en el sentido de que se refieren a un mismo sitio, a menos que se indique lo contrario.

{c) Omisi6D de alegar valor o precio. El pliego de cargos será suficiente aunque no

·~especifique el valor o precio de cualquier propiedad a menos que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar la comisión del delito o de un grado del mismo.

COMEN'.l'Altl:0

{d) Omisi6D de negar excapci0DG11111. Un pliego de cargos será suficiente aunque no se nieguen las excepciones o excusas establecidas por la ley, a menos que la excepción o excusa forme parte inseparable del delito i.mputado.

El inciso {a) corresponde, en parte, a la Regla 39; el

inciso {b), en parte, a la Regla 40; el inciso (c), en parte, a

106

la Regla 45, y el inciso (d), en parte, a la Regla 49 de


Ra11la 313

COHi!lN'l'AllO

Preanmcicmem z:-ablltiblelil Las alegaciones en un pliego de cargos

que imputan la comision de hechos constitutivos de del·ito establecerán prima facie que los hechos se cometieron vigente la norma aplicable, antes de presentarse el pliego y dentro del término de prescripción del delito.

La regla es nueva.

Otras ale11acionas en el plie110 4• caz:go111

(a) Ala11ación ra111pacto a · 111antancia o proc-adimiento. Cuando en un pliego de cargos se haga referencia a una sentencia o procedimiento ante cualquier tribunal, agencia o funcionario, bastará que se identifique con razonable precision la sentencia dictada o el procedimiento habido.

(b) Ale11ación errónea. en culllll.to a la perscma. par:ludicac5a. Una alegación errónea o insuficiente respecto a la persona perjudicada por unos hechos delictivos no viciará el pliego de cargos a menos que la identidad correcta u otras circunstancias personales del perjudicado sean elemento esencial del delito imputado.

(c) Zmputación a coautorelil. Para imputar a coautores la comisión de los hechos contenidos en el pliego de cargos, no será necesario hacer en cuanto a ellos más alegaciones que las requeridas contra el autor principal o material de los hechos.

(d) Ale11ación lilObre intención de defraudar. Una alegación sobre intención de defraudar será suficiente aunque se omita el

COMl!:N'.l'ARJ:O

107

nombre de la persona específica que se intentó defraudar, a menos que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar la comisión del delito o de un grado del mismo.

(e) Al•11ación r•111p111cto a c!locwnento111. Cuando un pliego de cargos contenga alegaciones respecto a un documento bastará que se describa éste en forma razonable para propósito de identificación y no tendrá que incluirse copia de todo o parte del mismo.

(f) Ala11aci6J:I. c!la convicción ant•rior. Un pliego de cargos no debe incluir alegaciones respecto a convicciones anteriores del imputado o imputados a menos que una alegación en tal sentido sea necesaria para imputar la comisión de un delito o grado del mismo, o para establecer la condición de reincidente o de delincuente habitual del imputado.

(g) Ale11acion111111 en la alternativa. Cuando en un pliego de cargos se alegue la comisión de un delito susceptible de cometerse mediante la realización de uno o más actos, o por uno o más medios, o con una o más intenciones, o con uno o más resultados, el pliego no será insuficiente por razón de que se aleguen en la alternativa dos ( 2) o más de dichos actos, medios, intenciones o resultados.

. (h) Alegaciona• contra encub:ric!lora111 . Un pliego de cargos donde se impute la comisión de hechos constitutivos del delito de encubrimiento no será insuficiente por no haberse alegado en dicho pliego que el autor del delito principal fue enjuiciado por ello.

El inciso (a) corresponde, en parte, a la Regla 41; el

inciso (b), en parte, a la Regla 42; el inciso (c), en parte, a

la Regla 43; el inciso (d), en parte, a la Regla 46; el inciso

(e), en parte, a la Regla 47; 'el inciso (f.), en parte, a la Regla

48; el inciso (g), en parte, a la Regla 50 y el inciso (h), en

108

parte, a la Regla 44 de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico de 1963.

CAPJ:'i'OLO :rv

bg-1111. 401

109

LA ~:rCACJ:ON y MOC:rONES »n'J!:IUOJU:S AL JtJ:rc:ro

MocioDIIIIIII IUl.tllillll de1 juicio¡ IIIU

fODIIIII., ccm.tllmicio y Z'IIIIII01uci6D

Cualquier moción antes del juicio deberá presentarse por escrito y estar firmada por el imputado, por su abogado o por el representante del Ministerio Fiscal, pero el tribunal por causa justificada podrá permitir su presentación oral. La moción deberá exponer en forma detallada los fundamentos de las defensas u objeciones al pliego acusatorio. El tribunal desestimará de plano, sin necesidad de vista, toda moción que no cumpla con los requisitos establecidos en esta regla.

(a) CUazu!lo 111a trata da da1ito grava. Cuando se impute la comisión de un delito grave o un delito que no siendo grave tiene

. derecho a juicio por jurado, las mociones sobre defensas u objeciones a la acusación o denuncia deberán presentarse en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia dentro de los diez (10) días siguientes al acto de lectura de acusación en los casos en que deba celebrarse dicho acto.

Cuando le sea entregado al imputado una ·copia de la acusación, el término para la presentación de estas mociones será de no más de quince (15) días desde que el imputado haya respondido.

Cuando no haya contestado, el término será de no más de quince (15) días después de registrada la alegación de no culpable.

El Ministerio Fiscal tendrá un término de diez (10) días para replicar a dicha moción.

(b) CuaDdo 111e trate de de1ito meD011 grave. Cuando se impute la comisión de un delito menos grave sin derecho a juicio por jurado, las mociones sobre defensas u objeciones a la denuncia serán presentadas, excepto por causa justificada y fundamentada, por lo menos quince (15) días antes del primer señalamiento para el juicio.

cmmJ'l'MaO

La

llO

El Ministerio Fiscal tendrá un término de diez (10) días para replicar a dicha moción.

(c) Reooluci6:a. judicial. El tribunal resol verá las mociones en un término de quince (15) días a partir de la presentación de la moción del Ministerio Fiscal, salvo justa causa o a no ser que ordene su consideración en J.a vista del. caso en su fondo. Todas J.as controversias de hecho o de derecho que surjan de dicha moción deberán ser juzgadas por el tribunal.

regla corresponde, en parte, a J.a Regla 65

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de J.963.

La referencia que la regla hacía a tribunales fue sustituída

por el tipo de delito envuelto. Lo anterior obedece a que con la

consolidación del Tribunal de Primera Instancia, conforme a la

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, los jueces se

consideran, en virtud de la Ley, de una misma categoría, los

cuales pueden entender en cualquier tipo de caso o causa,

independientemente de la sala a la que estén asignados

administrativamente.

Rer;rla 402 l!'u:a.dama:a.too da la moción para deoaotimzar

La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá fundarse en uno o más de los fundamentos siguientes:

(a) La acusación o denuncia no imputa un delito.

(b) El tribunal carece de jurisdicción para conocer del delito imputado.

(c) La acusación o la denuncia no han sido firmadas o juradas.

111

(d) El tribunal presentación-de un pliego y no ha sido suplido.

ha ordenado la de especificaciones

(e) El imputado ha sido convicto, ha estado expuesto a serlo o ha sido absuelto del delito. La moción para desestimar por este fundamento expresará el nombre bajo el cual el imputado fue convicto, expuesto a convicción o absuelto, y la fecha, tribunal y lugar de convicción, exposición o absolución. La moción la podrá presentar cualquier imputado que haya sido absuelto por los méritos del caso, no obstante exista cualquier defecto en la acusación o denuncia.

(f) El Ministerio Fiscal, con conocimiento previo de su exi'stencia y antes del inicio del juicio, dejó de acumular en forma taxativa en el juicio delitos que surgieron del mismo acto, omisión o evento atribuido al imputado.

(g) El imputado fue enjuiciado por jurado en dos (2) ocasiones anteriores sin haberse rendido un veredicto. La moción por este fundamento expresará el nombre bajo el cual el imputado fue sometido a juicio, la fecha y los tribunales donde fueron celebrados los juicios.

(h) La causa, o alguna controversia esencial de la misma, es cosa juzgada. La moción para desestimar por este fundamento expresará el nombre del tribunal, el título del caso y la fecha y el lugar del fallo anterior.

(i) El imputado ha sido indultado del delito. La moción para desestimar por este fundamento, expresará el nombre bajo el cual se indultó al imputado, el nombre del Gobernador que lo indultó y la fecha del indultó.

(j) Al imputado le fue concedida por ley la inmunidad contra un proceso por ese delito. La moción por este fundamento expresará la ley y los hechos a base de los cuales es reclamada la inmunidad.

112

(k) El Fiscal carecia de autoridad para presentar la acusación ..

( 1) Uno o más de 1 os cargos de la acusación o la denuncia imputan más de un delito.

(m) Existe una indebida acumulación de delitos.

(n) Existe una indebida acumulación de imputados.

(fil El delito ha prescrito.

(o) Existe una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio sea a solicitud del imputado o con su consentimiento:

1. El imputado estuvo detenido en la cárcel por un total de treinta ( 3 O) dias después de su arresto sin haberse presentado acusación o denuncia contra él, o ha estado detenido por un total de quince (15) dias sin haberse presentado una

acusación o denuncia contra él, de ser un caso en que un juez autorizó la presentación de dicha acusación o denuncia en conformidad con 10· dispuesto en la Regla 207.

2. No fue presentada acusación o denuncia contra el imputado dentro de los ciento veinte (120) días de su arresto o citación, o dentro de los treinta (30) dias, de ser un caso en que un juez autorizó la presentación de las mismas en conformidad con lo dispuesto en la Regla 207.

3. El imputado estuvo detenido en la cárcel un total de sesenta (60) días con posterioridad a la presentación de la acusación o denuncia, sin ser sometido a juicio.

4. El imputado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.

COMDl"l'ARJ:O

113

5. No se preliminar a la persona (60) días de su arresto deba celebrarse.

le celebró vista dentro de los sesenta

en los casos en que

(p) No ha sido notificado al imputado la lista de los nombres y direcciones de los testigos que el Ministerio Fiscal utilizará en·el juicio, con excepción de lo dispuesto en el inciso (c) de la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito Art. 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 (25 L.P.R.A., Sec. 973(a)).

(q) De los hechos expresados en el pliego de especificaciones consta que el delito imputado en la acusación o denuncia no fue cometido, o que el imputado no lo cometió. La moción será desestimada si el fiscal supliere otro pliego de especificaciones que obvie dichas objeciones.

(r) Ha sido presentada una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que un juez haya determinado causa probable o haya ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.

(s) El imputado no fue sometido a Juicio dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la disolución del Jurado o a la orden que concede un nuevo juicio, a la devolución de los autos del caso luego de un recurso de apelación o certiorari o a la presentación .de los autos· en la sala del Tribunal en aquellos casos en que proceda la celebración de un nuevo juicio.

Una moción para desestimar deberá presentarse por lo menos veinte (20) días antes del juicio, salvo lo dispuesto en la Regla 306.



El inciso (f) de la regla incorpora a nuestro derecho

procesal criminal la norma de la acumulación taxativa en un solo

114

juicio de delitos que surgen del mismo acto, omisión o evento

delictivo si son conocidos por el Ministerio Fiscal al momento de

comenzar el juicio. Ashe y. swenson, 397 u.s. 436 (1970),

González v. Tribunal superior, 100 D.P.R. 136 (1971).

Esta doctrina es una regla de necesidad tanto para el

imputado como para la Rama Judicial. cuando el Ministerio Fiscal

esté o deba estar consciente de que existe o puede imputarse más

de un delito en que el mismo acto o curso de acción desempefl.a un

papel importante, todos los delitos deben ventilarse en un solo

procedimiento.

Cuando la regla de acumulación taxativa requiere la

acumulación en un proceso de delitos graves y menos grave, es

razonahle y natural que se entienda que sólo aplicarán los

términos sobre el derecho a juicio rápido disefiados para los

delitos graves en procesamiento coetáneo.

El inciso (g) es para incorporar estatutariamente lo

resuelto en Plard Facundo y. Tribunal Superior. 101 D.P.R. 444

(1973). En este caso el Tribunal Supremo sefialó como motivo de

desestimación el que el imputado haya sido enjuiciado por jurado

en dos (2) ocasiones anteriores y en ninguna hubo un veredicto.

El inciso (k) proviene del inciso (i) de la Regla 64 de

Procedimiento Criminal de 1963, la cual proviene de los Arts.

145, 153, 161 y 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal de

1935, 34 L.P.R.A. ants. secs. 331, 364, 372 y 1631, y de las

Secs. 1004, 1012 y 1382 del Código Penal de California, West's

Ann. Cal. Penal Code. Ninguno de los referidos artículos utiliza

e 1 1 e n g u a j e q u e

115

emplea nuestra vigente Regla 64(i). Sin embargo, es de notar que

en 1960 un grupo de fiscales preparó un pliego de enmiendas a las

reglas y allí se recomendó eliminar lo que es el inciso (i) de la

Regla 64 de Procedimiento C:dm:inal.. A. Oquendo Maldonado y

F. Agrait Oliveras, Seminario sobre las Propuestas Reglas de

Procedimiento Criminal de 21 de enero de 1960, pág. 6.

La Prof. Dora Nevares-Mufíiz expresa que bajo el inciso (i)

de nuestra Regla 64 de Procedimiento Cr:im:inal:

Caen ••• las situaciones donde un fiscal especializado tiene nombramiento limitado a determinadas funciones e e. g. . fiscal de asuntos contributivos no está autorizado a radicar una acusación de asesinato). Igual cuando el nombramiento de fiscal ha expirado

.. y ya se ha nombrado su sucesor; o ha expirado un nombramiento de receso. (Enfasis en el original. ) D. Nevares-Mufíiz. Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño. 3ra. ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo ·del Derecho, 1989, pág. 107.

Desde luego, si ya se había determinado causa probable,

entonces un Fiscal con autoridad podría presentar una nueva

acusación.

El inciso (r) de la regla establece que será fundamento para

desestimar el que haya sido presentada una acusación o denuncia,

o algún cargo de las mismas, sin un juez haber determinado causa

probable u ordenado su detención para responder del delito, con

arreglo a la ley y a derecho. La no determinación de causa de la

que habla este inciso nada tiene que ver con determinaciones

incorrectas de derecho que haya hecho el juez que presidió la

vista preliminar. El propósito de usar el mecanismo procesal que

provee el inciso (r) es demostrar que existía una ausencia total

116

de prueba en cuanto a la probabilidad de que se hubiese cometido

el delito imputado o que no había prueba sobre uno o todos los

elementos del delito, o sobre :J.a conexión del acusado con el

delito imputado. Sólo en ausencia total de prueba sobre la

probabilidad de que estén presentes y probados uno, varios o

todos los elementos del delito imputado, o la conexión del

imputado con tal delito, procede decretar la desestimación de la

acusación.

125 D.P.R.

Pueblo y. Rivera Alicea, 89 J.~.s. 100, pág. 7279,

(1989); Pueblo .y. González Pagán. 120 D.P.R 684

(1988); Martínez cortés v. Tribunal superior. 98 n.P.R. 652

(1970); vázguez Rosado·y. Tribunal superior, 1oo·n.P.R. 592

(1972); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985).

Refiérase, además, al Comentario de la Regla 301 en lo relativo a

su inciso (c).

De haber récord de los procedimientos de la vista

preliminar, éste lo utilizará el juez que presida la vista

preliminar en alzada para revisar alegaciones bajo el inciso (r)

de la Regla 402. El propósito de esto es evitar que se presente

nuevamente toda la prueba que desfiló en instancia y, a su vez,

una diversidad de versiones sobre lo que se declaró en instancia.

Regla 403 Ynhib;ciózi él.al juez (a) FUndementos. En cualquier proceso

criminal, el Ministerio Fiscal o la defensa podrá solicitar .la inhibición del juez por cualquiera de los motivos siguientes:

l. el juez haya sido Fiscal o abogado de la defensa en el caso;

2. el juez sea testigo en el caso;

II7

3. el juez haya presidido con anterioridad un juicio del mismo caso;

4. el juez tenga interés en el resultado del caso;

5. el juez tenga relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el imputado, con la víctima del delito, con el abogado defensor o con el Fiscal;

6. el juez tenga opinión formada o preJuicio a favor o en contra de cualquiera de las partes, o haya prejuzgado el caso; o

7. que el juez haya intervenido en su capacidad oficial a los fines de expedir la orden de arresto o de citación, o a los fines de determinar causa probable en la vista preliminar.

(b) Fo:cma y roqui111ito. La moción para solicitar la inhibición del juez será por escrito, bajo juramento y especificará los fundamentos para su petición.

( c) ('uándo "º pro111on.tará. La moción de inhibición deberá presentarse por lo menos veinte (20) días antes del primer sefialamiento para Juicio, pero si los fundamentos de tal moción no son conocidos por el peticionario con veinte (20) días de antelación al juicio, deberá presentarse tan pronto como sea posible.

(d) Deber del :luez. Cuando sea presentada una mocion de inhibición debidamente fundamentada, el juez impugnado no podrá intervenir en su consideración. El JuezAdministrador de la Región Judicial ordenará que otro juez resuelva la moción en un · término no mayor de veinte ( 2 O) días laborables.

El juez intervención en de la moción.

impugnado cesará toda el caso hasta la resolución

(e) :Cnhibición a i11111tancia propia. Nada de lo dispuesto en estas reglas impedirá a un juez inhibirse a instancia propia por

118

los moti vos señalados en la regla o por cualquier otra causa justificada.

La regla propuesta procede, en parte, de las Reglas 76, 77,

78, 79 y 80 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

Alegación de no culpable; notificación de defan■a de inimputabiliclacl por incapaciclacl -tal o cCIII.Z'tll.cla

cuando el imputado haga alegación de no culpable e intente establecer la defensa de inimputabilidad por incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputado, o cuando su defensa· sea la de coartada, deberá presentar en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia dentro del té:cmino concedido en la Regla 401 un aviso al efecto, con notificación al Ministerio Fiscal.

El imputado de delito podrá notificar la defensa de coartada durante la celebración de la vista preliminar. El tribunal permitirá el desfile de prueba si el proponente de la defensa convence al juez de que la prueba a ser presentada puede ser dilucidada y adjudicada en forma objetiva. En las situaciones en que la prueba sea subjetivamente controvertible y fundamentada en hechos de credibilidad, el tribunal tendrá facultad para no permitir el desfile de prueba.

Si el imputado no presenta dicho aviso no tendrá derecho a ofrecer evidencia tendente a establecer tales defensas. El tribunal podrá, sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando sea demostrada la existencia de causa justificada para haberse omitido la presentación del aviso. En tal caso, el tribunal podrá decretar la suspension del juicio a solicitud del Ministerio Fiscal, conceder permiso para la reapertura del caso del Ministerio Fiscal o proveer cualquier otro remedio apropiado.

119

(a) I>111f111zu1a da inimputabilidad por izi.capacidad menta1. El imputado que desee establecer la defensa de incapacidad mental deberá suministrar al Ministerio Fiscal la información siguiente:

1. El nombre de los testigos, incluso los peritos, con los que se propone establecer la defensa de incapacidad mental;

2. la . dirección de dichos testigos;

3. los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, de no poseerlos, informar en poder de quién están;

4. hospital u tratamiento y

el nombre y la dirección del hospitales en que obtuvo

las fechas en que los recibió;

S. el nombre y la dirección de los médicos o facultativos que hayan tratado o atendido al imputado con relación a su incapacidad mental.

{b) I>ef111J1aa da coartada. "El imputado que desee establecer la defensa de coartada deberá suministrar al Ministerio Fiscal la información siguiente:

l. El sitio donde estaba el imputado a la fecha y hora de la comisión del delito;

2. desde qué hora estuvo en ese sitio;

3. hasta qué hora estuvo en ese sitio;

4. los documentos, los escritos, las fotografías o los papeles que utilizará para establecer su defensa de coartada e informar en poder de quién están, y

5. el nombre y la dirección de sus testigos.

El Ministerio Fiscal tendrá la obligación recíproca de informar al imputado el nombre y la dirección de los testigos que

COMl!:N'l'AiaO

La

120

utilizará para refutar la defensa de coartada o incapacidad mental.



Regla ,os J>apo111icimM11111; -clio111 pa:a ·perpetuar tell' .. i moni 011

(a) l"W1d@mento111; testigo bajo arre111to. Por circunstancias excepcionales y en interés de la justicia, el tribunal podrá ordenar en cualquier momento después de haberse presentado la denuncia o acusación, a moción de cualquiera de las partes mediante notificación a las demás partes, que el testimonio del testigo de la parte solicitante sea tomado por deposición o por cualquier otro medio de perpetuar testimonios y que cualesquiera libros, papeles, documentos u objetos no privilegiados designados en dicha moción sean presentados en el momento y lugar en que deba tomarse la deposición o perpetuarse el testimonio del testigo.

Si el testigo estuviese bajo arresto por no haber prestado fianza para comparecer a Uii juicio o a una vista, el tribunal, a solicitud escrita del testigo arrestado notificada a las partes, podrá ordenar la toma de su deposición o la perpetuación de su testimonio. Luego de ser suscrita la deposición o el testimonio, el tribunal podrá poner en libertad al testigo.

(b) Notificación.. La parte a cuya instancia sea tomada una· deposición o perpetuación de un testimonio, notificará con diez (10) días laborables de anticipación a cada parte, el día, la hora y el lugar de la toma de la deposición o la perpetuación del testimonio y especificará el nombre y la dirección de cada una de las personas a ser examinadas. A moción de cualquier parte notificada, el tribunal podrá, por justa causa, extender o acortar la fecha fijada o

121

cambiar el lugar señalado para la toma de la deposición o la perpetuación del testimonio del testigo. e

Una parte que ha sido notificada de la toma de deposición o intención de perpetuar el testimonio de un testigo, podrá solicitar al tribunal la suspensión de la misma mediante moción apoyada en declaración jurada en la cual s·e especifiquen los motivos para solicitar la suspensión. De ser la moción declarada con lugar, el tribunal sefialará en la misma orden el día, la hora y el sitio para la toma de deposición o la perpetuación del testimonio del testigo. La suspensión así concedida no será mayor de diez (10) dias laborables.

El imputado tendrá derecho a estar presente en el acto de la toma de deposición o el acto de perpetuarse el testimonio y a estar asistido por abogado. Si estuviese bajo custodia, le será notificado al oficial a su cargo y a su abogado de la fecha, la hora y el lugar de la toma de deposición o acto de perpetuación del testimonio y dicho oficial lo conducirá al mismo, a menos que el imputado renuncie por escrito a su derecho a estar presente. Si el imputado estuviese en libertad, además de notificársele la fecha, la hora y el lugar de la toma de la deposición o perpetuación de testimonio, le será advertido que de -no comparecer al acto, éste será celebrado en su ausencia. Dicha ausencia será considerada como una renuncia a su derecho a estar presente, a no ser que medie justa causa para ella.

La notificación efectuada a su dirección, según aparece en autos, o al lugar de su última residencia conocida, constituirá suficiente notificación a los fines de esta regla.

(c) Pago de gastos. Cuando el imputado sea insolvente, o la deposición o perpetuación del testimonio sea efectuada a instancia del Ministerio Fiscal, el tribunal ordenará que _el Estado sufrague los gastos de la toma de deposición o perpetuación del testimonio, incluso los de viaje y hospedaje del imputado y de su abogado. La solicitud

122

del imputado, a esos efectos, será bajo juramento con detalle de las razones para el requerimiento del pago de gastos y la condición económica de dicho imputado.

(d) FoJ:ma &11 t:Clllla%1-. La deposición o perpetuación del testimonio se realizará en la forma prescrita para la toma de deposiciones en las Reglas de Procedimiento Civil. El tribunal, a petición de cualquier

• parte, podrá ordenar. que una deposición o perpetuación del testimonio sea tomada por escrito de la manera prevista en las acciones civiles o por cualquier otro medio para perpetuar testimonios. En este último caso, la orden del tribunal dispondrá la manera en que habrá de tomarse la deposición o perpetuarse el testimonio del testigo, asi como el costo, la custodia y la disposición de la misma y·ordenará que dicho testimonio sea preservado en forma correcta y confiable .

. La solicitud de cualquiera de las partes para tomar una deposición o perpetuación del testimonio por determinado medio.constituirá una renuncia de su objeción a la toma y uso de la deposición o testimonio . perpetuado tomada por el medio solicitado.

Con anterioridad a la toma de la deposición o el testimonio del testigo, el Ministerio Fiscal pondrá a disposición del imputado o su abogado para su examen y uso en el acto de la toma de deposición o perpetuación de testimonio, cualquier declaración que haya prestado el testigo deponente que esté en posesión del Ministerio Fiscal y a la cual tuviese derecho el imputado en el juicio.

En ningún caso podrá tomarse una deposición o perpetuación del testimonio de un coacusado sin su consentimiento y sin advertirle de su derecho a estar asistido de abogado. La forma y manera del interrogatorio y contrainterrogatorio será aquella permisible en el juicio.

(e) Uso. Una deposición o perpetuación del testimonio podrá ser usada como prueba durante el juicio o durante la vista si se demuestra que el testigo deponente o declarante ha fallecido; que el deponente o

COMEN'l'Alo:O

123

declarante está fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a menos que resulte que la ausencia fue procurada por la parte que ofrece la deposición o testimonio; que el testigo está imposibilitado de asistir al juicio o de prestar su declaración debido a enfermedad, o que la parte que ofrece la deposición o el testimonio no ha podido conseguir la comparecencia del testigo mediante su citación u otros medios razonables. Cualquier parte podrá utilizar cualquier deposición o testimonio perpetuado con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del deponente o declarante como testigo.

Si una parte sólo ofrece una porción de la deposición o del testimonio perpetuado, cualquier parte contraria en el caso podrá requerirla para que ofrezca todo lo de la misma que sea pertinente a la porción ya ofrecida, y cualquier parte podrá ofrecer cualesquiera otras porciones de la deposición o del testimonio.

Las objeciones sobre la admisión como evidencia del todo o parte de una deposición o testimonio serán según lo provisto para las acciones civiles.

(f) Deposiciones por estipulación. Nada de lo dispuesto en esta regla impedirá la toma de deposiciones en forma oral, mediante interrogatorios escritos o por cualquier medio para perpetuar testimonios que acuerden las partes, previo consentimiento del tribunal.



El inciso (a) dispone que la deposición o perpetuación del

testimonio podrá tomarse luego de haberse presentado la denuncia

o acusación. En los casos donde se imp~ta la comisión de un

delito grave, el tribunal podrá ordenar su toma después de

124

celebrada la vista preliminar y presentado el pliego de cargos.en

la sala co=espondiente del Tribunal.

La regla introduce un nuevo concepto en el medio utilizado

para la toma de deposiciones o perpetuación de testimonios. El

lenguaje es abarcador, lo cual permite el uso de cualquier

mecanismo, equipo o técnica · moderna para grabar y conservar

imágenes, voces y actos.

El inciso (d) proviene, en parte, de la Regla 15 (d) de

Procedimiento Criminal federal. Se establece que la toma del

testimonio de un coacusado será con su consentimiento y el

interrogatorio y contrainterrogatorio será del modo peJ:Illitido en

un juicio.

El pz:q;xS..ito de la inclusión del inciso (e) es particularizar el uso

de lE' ciEp:>s;_ci6n en el área de procedimiento criminal. Esto en m:xlo alguno

es incatpatible can las reglas de evidencia.

llegle. 406 Descubrimiento de Ministerio Fiscal i.mpu.tado

prueba del en favor del

(a) Previa moción del imputado al Ministerio Fiscal, luego de presentada la acusación, éste permitirá al imputado inspeccionar, copiar, conocer o fotocopiar el siguiente material o información que esté en su posesión, custodia o control:

anterior imputado imputado.

l. Cualquier declaración oral o escrita que tenga del

o sea que fue efectuada por el

2. Cualquier declaración jurada prestada, escrito redactado o grabación del testimonio de los testigos de cargo que hayan declarado en la vista para determinación de causa probable para el arresto o citación, en

... '

(

125

la vista preliminar, en un juicio anterior o que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal y el Certificado de Antecedentes Penales de éstos.

3. Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de experimentos o pruebas cientificas que sea pertinente para preparar en forma adecuada la defensa del imputado aunque no vaya a ser utilizado en el juicio por el Ministerio Fiscal.

4. Cualquier libro, papel, documento, fotografía, objeto ·tangible, estructura o lugar que sea pertinente para preparar en forma adecuada la defensa del imputado que el Ministerio Fiscal se propone utilizar en el Juicio o que fue obtenido.o perteneciera al imputado.

5. El Certificado de Antecedentes Penales del imputado.

6. Nombre y dirección de los testigos de cargo que serán utilizados en el juicio, y de los testigos entrevistados por funcionarios del orden público que tengan conocimiento de los hechos, aunque no sean utilizados.

7. El acta, las fotografías y cualquier otro material relacionado con los procedimientos de identificación del imputado.

8. Una relación de los casos por violación de leyes similares por la que será enjuiciado el imputado y en los cuales hayan participado los funcionarios del orden público que declararán como testigos de cargo.

9. Todo acuerdo entre el Ministerio Fiscal y un coautor o cualquier persona para servir como testigo de cargo contra el imputado a cambio de la promesa de una sentencia reducida o más benigna.

10. Cualquier informe, escrito, o método para perpetuar testimonios de agentes

COMENTARIO

126

encubiertos de la Policía de Puerto Rico o agencia de seguridad pública del Estado, o funcionario del orden público relacionado con el delito imputado o relacionado con las causas seguidas contra la persona imputada de delito. Si dicho informe no está en su poder, deberá gestionar su obtención con dicho funcionario o con el jefe de agencia correspondiente.

El descubrimiento de esta prueba estará sujeto a las condiciones siguientes:

(A) ·oue los objetos, libros, documentos y papeles estén relacionados o descritos con suficiente especificación; o

(B) Que no afecte la seguridad del Estado ni las labores investigativas de sus funcionarios del orden público.

(b! aquella imputado

El Ministerio Fiscal revelará evidencia exculpatoria que

tenga en su poder.

toda del

(c) El Ministerio Fiscal deberá informar al tribunal si el material o la información solicitada no está en su posesión, custodia o control, en cuyo caso el tribunal ordenará a la persona o entidad que la posea, custodie o controle, que la ponga a la disposición del imputado.

(d) No estarán sujetos a descubrimiento o inspección de la defensa los escritos de investigación legal, informes, memorandos, correspondencia u otros documentos internos que contengan opiniones, teorías o conclusiones del Ministerio Fiscal.


Procedimiento·criminal de Puerto Rico de 1963.

Al aplicar esta regla el tribunal debe hacer un justo

balance entre los intereses del Estado y los derechos del

127

imputado. El tribunal deberá considerar, entre otros, el interés

del Estado en evitar expediciones de pesca por parte del

imputado; proteger la seguridad del Estado y la confidencialidad

de la labor investigativa vis-a-vis el derecho del imputado al

debido proceso de ley, a confrontar los testigos de cargo e

informarse debidamente para la preparación de su defensa. Pueblo

Y, Torres Rivera, 91 J.T.s. 82, 129 o.P.R. (1991); Pueblo

v. Romero Rodríguez, 112 o.P.-R. 437 (1982J; Pueblo v. Rodríguez

sánchez. 109 o.P.R. 243 (1979J; Pueblo v. Tribunal superior. 102

D.P.R. 470 (1974).

El tribunal debe considerar, además, la razonabilidad de la

petición tomando en cuenta sus propósitos para evitar atrasos en

el proceso judicial.

Regla 407 Descubrimiento da prueba del imputado •n favor del Ministerio Fiscal

{a) Previa moción del Ministerio Fiscal, luego de que el imputado haya solicitado el descubrimiento de prueba bajo las cláusulas (3) y (4) del inciso (a) de la Regla 406 y dentro del término prescrito para someterla, el tribunal ordenará al imputado que permita al Ministerio Fiscal inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que esté en posesión, custodia o control del imputado y que pretenda presentar como prueba en el juicio:

1. Cualquier libro, papel, documento, fotografía u objetos tangibles.

2. Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de pruebas científicas o experimentos realizados en

cmmr.ru.zo

La

128

relación con el caso en particular.

(b) Esta regla no autoriza inspeccionar, copiar o fotocopiar récord, correspondencia, escritos o memorandos que sean producto de la labor del imputado o de su abogado en la investigación, estudio y preparación de su defensa, o de cualquier comunicación o .declaración hecha por el imputado, así como tampoco de aquellas declaraciones hechas por los testigos o posibles testigos de la defensa o del Ministerio Fiscal para el imputado o para los agentes o abogados del imputado.

(c) El hecho que el imputado haya indicado al Ministerio Fiscal su intención de ofrecer determinada evidencia o de llamar a determinado testigo, no será admisible en evidencia como prueba de cargo. La información obtenida por el Ministerio Fiscal como resultado del descubrimiento que permite esta regla sólo será admisible en evidencia para propósitos de refutación o impugnación.

regla corresponde, en parte, a la Regla 95A de


El __ inciso C c) reglamenta el uso que puede hacer el

Ministerio Fiscal de la información obtenida mediante esta regla.

Véase el Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico de 1985, pág. 125.

Rei;rla 408 Normas que rei;rirán al c:l.eecubrimiento de prueba

(a) Deber continuo c!l.e informar. Si antes o durante el juicio una parte descubre prueba o material, además del que fue. requerido u ordenado, que esté sujeto a descubrimiento bajo las Reglas 406 y 407, deicha parte deberá notificar con prontitud la existencia de esa evidencia o material a la otra parte, al abogado de dicha parte o ai

129

tribunal.

(b) '!l'ármino para concluir el ds111c:w,rimiento de prueba. A partir del Acto de la Lectura de la Acusación o de la entrega de la acusación, las partes tendrán quince (15) días laborables para reunirse y concluir el descubrimiento de prueba provista en las Reglas 406 y 407. La reunión será en las facilidades del Ministerio Fiscal o lugar seleccionado por las partes. De surgir alguna controversia sobre la evidencia que viene obligado a descubrir y entregar en dicha reunión, cualquiera de las partes tendrá un término de cinco ( 5) días para solicitar la intervención del tribunal en la solución de la controversia. Finalizado el término de quince (15) días laborables sin solicitar la intervención del tribunal, será considerado concluido el descubrimiento de prueba y que · las partes han renunciado a cualquier planteamiento de derecho relacionado con estas reglas.

(c) Or4ene111 protectora■ . Mediante moción de cualquiera de las partes que esté fundamentada, el tribunal podrá ordenar que el descubrimiento o inspección sea dirigido, restringido, aplazado o condicionado, así como emitir cualquier orden que estime necesaria. Si el tribunal emite una orden protectora que afecte un escrito, el texto completo del escrito de la parte deberá ser sellado y mantenido en el récord del tribunal para que esté disponible al tribunal apelativo en caso de certiorari o apelación.

(d) Tiempo, lugar y forma del deacul)rimiento de prueba orde:a.ado por el tribunal . La orden del tribunal para el descubrimiento de prueba deberá especificar la fecha, el lugar y la forma en que se realizará la inspección, copia o fotocopia, y podrá establecer los términos y condiciones que el tribunal considere justos y necesarios.

(e) Efecto■ de negar■• a deacuhrir. Si en cualquier momento durante el procedimiento es traído a la atención del tribunal el que una parte no ha cumplido con la orden, el tribunal podrá ordenar a dicha parte que

cmmrrARXO

130

permita el descubrimiento o inspección del material o de la información, prohibir que dicha parte presente la prueba no descubierta en el juicio o emitir aquellas órdenes o remedios que estime necesarios de acuerdo con las circunstancias.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 95B de


Esta regla utilizada conjuntamente con las Reglas 406 y 407

pe:t'Illitirá que el descubrimiento de prueba sea lo más completo

posible. Se tiene el convencimiento de que mientras más amplio,

abarcador y continuo sea el descubrimiento de prueba, más corto,

sencillo y justo resultará el juicio en su fondo.

Ahc.ra bien, si se considera que la conferencia con

antelación al juicio (Regla 409) será mandatoria, con un buen

descubrimiento de prueba le será economizado tiempo y trabajo al

tribunal. Otro beneficio será que las partes estarán en mejor

posición de discutir. la conveniencia de una alegación

preacordada, por la posibilidad de anticipar el resultado de un

juicio.

11e11la 409 La conferencia con antelación al :juicio

(a) En cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia el tribunal, a solicitud de una de las partes o por iniciativa propia, ordenará la celebración de una o más conferencias con el propósito de considerar cualesquiera asuntos susceptibles de ser resueltos o estipulados con antelación al juicio. Al terminar la conferencia, ·las partes prepararán un _acta que consigne los acuerdos obtenidos y los dictámenes emitidos. El acta será presentada en autos una vez sea aceptada y firmada por

L

COMEN'l'ARJ:O

131

el imputado, su a.bogado defensor y el Fiscal. Ninguna admisión del imputado o de su a.bogado en la conferencia será usada en contra del imputado a menos que éste, mediante escrito fi:anado por él y su abogado, así lo autoricen y acepten.

(b) C111l111br11ci6n. La conferencia con antelación al juicio se celebrará en cámara por lo menos diez (10) días laborables con anterioridad al primer sefialamiento del juicio, excepto que por circunstancias excepcionales, o mediante solicitud de parte, el tribunal podrá autorizar su celebración en cualquier momento antes del juicio.

(c) ll!:f1111cto11 éle 1011 11cuerélo11. Las estipulaciones y otros acuerdos a que lleguen las partes constituirán la ley entre las partes y regirán los procedimientos posteriores del caso específico objeto de la conferencia.

(d) Juez podrá presidir 1111 juicio. El juez que presidió ia conferencia podrá entender y presidir la vista del caso en su fondo.

regla corresponde, en parte, a la Regla 95.1


Se recomienda la celebración de la Conferencia con

Antelación al Juicio por los beneficios y las razones siguientes:

l. El juez que verá el juicio podrá asumir control del caso

en una etapa temprana del procedimiento. Podrá dictar aquellas

órdenes que procedan en torno a las mociones presentadas y

aseguraría la preparación necesaria para un juicio justo.

2. Las partes tendrán que demostrar que han agotado los

procedimientos

satisfactoria.

de descubrimiento de prueba en forma

3. Se podrán estipular hechos sobre los cuales no hay

132

disputa entre las partes.

4. Se podrán examinar los documentos que serán ofrecidos

en evidencia y sobre los que no haya objeción, ·y marcarlos ya

como exhibits, y sobre los que haya objeción, y hacer constar los

documentos objetados y el fundamento de la objeción.

5. Las partes podrán discutir si el juicio será por jurado

o por tribunal de derecho, el número y el uso de las recusaciones

y las preguntas a ser sometidas en el proceso de desinsaculación

del Jurado.

6. Se podrán discutir todos los asuntos .relativos a los

problemas que surgen cuando hay coacusados en especial cuando los

coacusados están representados por abogados distintos,

establecer el orden de presentación de evidencia, de

contrainterrogatorio o cualquier otro asunto relativo a estas

situaciones.

7. Se podrán discutir en detalle y en presencia del juez

las distintas alternativas de una alegación preacordada y las

posibles sentencias.

Rag1a 410 Moción para ofrecer evidencia da conducta o historia1 saxua1 da 1a victima

Si el imputado se propone ofrecer evidencia de acuerdo a la Regla 404 de Evidencia de Puerto Rico de la conducta o el historial sexual de la perjudicada o evidencia de opinión o reputación acerca de esa conducta o historial sexual, bajo la excepcion de circunstancias especiales, deberá seguir el procedimiento siguiente:

(a) El imputado presentará una moción por escrito y bajo juramento que indique al tribunal y al Ministerio Fiscal la evidencia que se propone ofrecer y su relevancia para

COMD1'.l'All0

133

atacar la credibilidad o para establecer el consentimiento de la perjudicada. La moción deberá ser presentada dentor de los términos concedidos por Regla 401 (Mociones antes del juicio; su fonna, contenido y resolución).

(b) Si del examen de la moción el tribunal determina que la evidencia resulta pertinente, .ordenará una vista en privado. En la vista será permitido el interrogatorio a la perjudicada en relación con la evidencia propuesta por el imputado.

(c) ·Al terminar la vista, si el tribunal determina que la evidencia que se propone ofrecer el imputado es pertinente y que su naturaleza infamatoria o prjudicial no tendrá un peso mayor que su valor probatorio, dictará una orden que indique la evidencia que puede ser presentada por el imputado y la naturaleza de las preguntas permitidas. El in)putado, entonces, podrá ofrecer evidencia de acuerdo con la orden del tribunal.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 154. l de


La Regla 154.; de Procedimiento.Criminal de 1963 y la Regla

21 de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. -Ap. IV), excluyen, excepto

en circunstancias especiales, evidencia sobre conducta previa o

historial sexual de la víctima de violación o evidencia de

opinión o reputación para atacar su credibilidad o para

establecer su consentimiento.

El propósito de ambas reglas es proteger a la víctima de

violación o su tentativa. La regla hace extensiva esta

protección a víctimas de cualquier agresión sexual, por entender

que constituye un fin legítimo del Estado el proteger a las

víctimas de otras agresiones sexuales, además de la violación.

R&g.l.a 411

134

R&gi•tro o &l.1•n•mi"lllto; moción de su;presión de evicumcia.

•La persona agraviada por un registro o allanamiento podrá solicitar del tribunal que conociese o haya de conocer del delito en relación con el cual ha sido realizado el registro o allanamiento, la supresión de cualquier evidencia obtenida en tal registro o allanamiento o la devolución del bien incautado por cualqui·era de los fundamentos siguientes:

(a) Que el bien fue ocupado sin orden de registro o allanamiento.

(b) En caso de allanamiento con orden:

un registro o

l. Que allanamiento es faz.

la orden de registro o insuficiente de su propia

2. Que el bien incautado-o la persona o sitio registrado no corresponde. a la descripción de la orden de -registro o allanamiento.

3. Que no existían los fundamentos para la determinación de causa probable para expedir la orden de registro o

·-allanamiento.

4. Que la orden de registro o allanamiento fue expedida o diligenciada en forma ilegal.

5. Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de fundamento a la expedición de la orden de registro o allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso en parte o en su totalidad.

(c) En allanamiento arresto:

caso de un registro o sin orden, inciden:.al a un

l. El arresto fue ilegal;

135

2. el registro o allanamiento excedió del ámbito de la persona arrestada y del área bajo su control inmediato;

3. el registro, o allanamiento no fue realizado bajo los propósitos enunciados en la Regla [234];

4. el registro, luego del arresto por infracción menor de tránsito, no pudo ser justificado por circunstancias especiales; o

S. no fue prestada la declaración jurada dentro del término que establece la Regla [234] sin haber mediado justa causa.

(d) En caso de un registro o allanamiento fundado en consentimiento:

l. El consentimiento prestado no fue conforme a la Regla 235 o

2. el registro o allanamiento excedió el ámbito del consentimiento.

En la moción de supresión de evidencia deberán ser expuestos los hechos precisos o las razones específicas que sostienen la base en que está fundamentada la misma. El

·tribunal oirá.prueba sobre cualquier hecho necesario para la resolución de la solicitud. De ser declarada con lugar la moción, el bien será devuelto, si no hay fundamento legal que lo impida, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista alguno.

(e) Pra1111ant11.ción y r111111oluci6n da la. moción. cuando se trate de un delito grave o un delito que no siendo grave tiene derecho a juicio por jurado, la moción deberá ser presentada en la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia dentro de los quince ( 15) días siguientes al acto de lectura de acusación en los casos en que deba ser celebrado dicho acto. Cuando le sea entregada copia de la acusación, el término para la presentación de esta moción será de no más de quince ( 15) días desde que el imputado haya respondido. Cuando no haya contestado, el término será de no más de

136

quince (15) días después de registrado la alegación de-no culpable.

Cuando se trate de un delito menos grave sin derecho a juicio por jurado, esta moción será presentada, excepto por causa justificada y fundamentada, por lo menos quince (15) días antes del juicio. La moción será notificada al Ministerio Fiscal, quien deberá contestar dentro del término no mayor de díez (10) días de haber sido notificado. El tribunal resolverá la moción, en vista por separado, por lo menos quince (15) días antes del juicio, salvo justa causa o a no ser gue ordene su suspensión para ser considerada en la vista del caso en su fondo. El promovente de la mocion podrá ser eximido por el tribunal de cumplir con los términos de este inciso cuando, a pesar de haber mediado diligencia de su parte, no le consten los fundamentos de la moción o gue la ilegalidad de la obtención de la evidencia surge de la prueba del Ministerio Fiscal.

(f) Proce4imiaDto 8D 1• vista. En la vista de supresión, cuando sea impugnado un registro sin orden corresponde al Ministerio Fiscal la obligación de presentar evidencia y de persuadir al juzgador de la existencia de las situaciones gue hagan válido el registro o incautación objeto de impugnación. Cuando sea impugnado un registro con previa orden judicial, corresponde al promovente de la moción la obligación de presentar evidencia y de persuadir al juzgador sobre la existencia de razones que invalidan el registro o la incautación a pesar de la orden judicial.

El imputado, promovente de la moción, podrá testificar en la vista de supresión, incluso . lo relativo a una determinación inicial de su capacidad para solicitar la supresión sin que ello signifique una renuncia a su derecho a no declarar en el juicio. Nada de lo declarado por el imputado en esa vista podrá ser utilizado por el Ministerio Fiscal como prueba sustantiva en el juicio, aunque sí para impugnar la credibilidad del imputado si éste optara por declarar.

137

CCIMl!:lfJ'l'.allO

La regla corresponde, en parte, a la Regla 234


El segundo párrafo del inciso ( f) incorpora

principios reconocidos en la jurisdicción federal. El

imputado estará protegido en cuanto a que no puede ser utilizada

como prueba sustantiva de cargo en el juicio lo que testifique en

una vista de supresión.

En el caso de Simmons Y, u,s,, 390 u.s. 377, 394

(1968), el Tribunal sefialó:

We therefore hold that when a defendant testifies in support of a motion to suppress evidence on Fourth Amendment grounds, bis testimony may not thereafter be admitted against him at trial on the issue of guilt unless he makes no objection.

Las mismas razones que justifican el uso de evidencia

obtenida en forma ilegal para impugnar la credibilidad

del imputado en el juicio cu,s. v. Havens. 446 u.s. 620

(1980)), justifican también para ese fin limitado el uso de lo

que declaró en la moción de supresión.

La referencia que la regla hacía a tribunales fue sustituída

por el tipo de delito envuelto. Lo anterior obedece a que con la

consolidación del Tribunal de Primera Instancia, conforme a la

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, los jueces se

consideran, en virtud de la Ley, de una misma categoría los

cuales, pueden entender en cualquier tipo de caso o causa,

independientemente de la sala a la que estén asignados.

bg1a 412

138

Capacidad menta1 de1 acusado :l.mputado para ser procesado; procedimiento para det•:nninar1.a

(a) CCIIIIP8tencia. Los jueces de la sala superior del Tribunal de Primera Instancia tendrán competencia exclusiva para celebrar la vista de procesabilidad que ordena esta regla.

(b) Vista; peritos. En cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia y antes de dictar la sentencia, si el tribunal tiene motivos fundados para creer que el imputado está incapacitado para ser procesado, suspenderá los procedimientos y sefialará una vista para determinar el estado mental del imputado. El tribunal deberá designar uno . o varios peri tos para que examinen al imputado y declaren sobre su estado mental. Podrá ser presentada en la

.vista cualquiera otra prueba pertinente que ofrezcan las partes . ·

(c) ll!:fecto111 de 111. determinación. Si como resultado de la prueba el tribunal determina que el imputado está mentalmente capacitado, continuará el proceso. Si el tribunal determina lo contrario, podrá prdenar la reclusión del imputado en una institución adecuada. Si luego de recluir al imputado el tribunal tiene motivos fundados para creer que el estado mental del imputado permite la continuación del proceso, citará a una nueva vista a ser celebrada de acuerdo con lo provisto en el inciso (b) de esta regla y determinará, entonces, si debe continuar el proceso. Si el tribunal determina que el imputado no está ni estará procesable, podrá imponer medidas de seguridad contempladas en la Regla 414.

(d) Fiadores; depósito. Si el tribunal ordena la reclusión del imputado en una institución, según lo dispuesto en el inciso ( c j de es ta regla, quedarán exonerados sus fiadores, y de haber si~o verificado un depósito de acuerdo con la Regla 1006, será devuelto a la persona que acredite su autoridad para recibirlo.

139

(e) Pr0e1111dimi1111nt0 en la vi111ta pna1iminer Si el juez ante quien hubiere de ser celebrada una vista preliminar tuviere motivos fundados para creer que el imputado está mentalmente incapacitado para ser procesado, suspenderá dicha vista y levantará un acta breve al efecto, de la cual dará traslado inmediato, con los demás documentos en autos al Secretario de la Sala del Juez Superior correspondiente para la celebración de una vista según lo dispuesto en el inciso (b) . Si el tribunal determina que el

imputado está mentalmente capacitado, devolverá el expediente al tribunal de origen con su ·resolución, y los trámites de la vista preliminar continuarán hasta su terminación. Si el tribunal determina lo contrario, actuará en conformidad con lo provisto en el inciso (c), sólo que a los efectos de la vista preliminar.

El juez superior remitirá al tribunal ante el cual está pendiente la continuación de la vista preliminar el expediente y una resolución que contenga lo siguiente:

1. Los hallazgos periciales de la condición mental del imputado, en cuanto a su capacidad para comprender la naturaleza y el propósito del procedimiento seguido contra él, y la posibilidad dé asistir en su

__ ciefensa.

2. Una conclusión, como cuestión de derecho, de si el imputado es procesable e imputable de delito.

(f) .J:nimputabiliélaél. Si durante la vista de procesabilidad que ordena este inciso el Tribunal, motu proprio o a petición de parte, tiene motivos fundados para creer que el imputado estaba mentalmente inimputable al momento de los hechos, inmediatamente suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental de éste, conforme a la Regla 413.

140

com:N'l'AllO



Para el estado de derecho actual en Puerto Rico y otras

jurisdicciones, refiérase a •Procedimiento a seguir una vez

planteada la defensa de insanidad mental en diversas

jurisdicciones norteamericanas•, Secretariado de la Conferencia

Judicial del Tribunal supremo de Puerto Rico, 4 de abril de 1991.

bgla 413 Proceclimimito para la d•t~z:min•~i6n de :lnimpn~abilidad por iDca.pa.cidad mental

En cualquier momento, después de presentada la acusación, si se ha presentado uria moción que alegue la defensa de inimputabilidad, la defensa podrá solcitar al tribunal, mediante moción ex-parte o mediante estipulación, la designación de uno o varios peri tos para examinar al imputado con el propósito de determinar si éste era imputable al momento de los hechos.

El tribunal, ante una moción que alega -1.a defensa de inimputabilidad por incapacidad mental, a solicitud de las partes iniciará los trámites para determinar la condición mental del imputado mediante el procedimiento siguiente:

(a) El tribunal designará a petición de la defensa, del Ministerio Fiscal o a instancia propia, uno o varios peritos para que examinen al imputado y le rindan un informe sobre su condición mental dentro de los próximos treinta (30) días laborables. si el imputado demuestra su indigencia, los exámenes periciales necesarios a su defensa deberán ser pagados por el Estado.

Al finalizar el examen, el perito designado someterá un informe escrito al tribunal sobre sus hallazgos y conclusiones

141

con copia al Ministerio Fiscal y al abogado de la defensa.

(b) El examen mencionado en el inciso (a) se llevará a cabo con el único propósito de determinar la condición mental del imputado al momento de los hechos y no podrá ser unido a un examen para determinar procesabilidad a menos que se solicite y se demuestre la existencia de motivos fundados.

(c) El informe del perito incluirá los aspectos siguientes:

l. Relación del historial médico y síntomas que presenta.

2. Descripción de los exámenes, pruebas y técnicas utilizadas en la realización del examen.

3. Descripción de los hallazgos clínicos y el diagnóstico sobre la condición mental del imputado al momento de los hechos.

4. Opinión sobre la capacidad del imputado para haber tenido la actitud mental, requerido como elemento del delito imputado, y si la enfermedad o defecto mental contribuyó a dicha conducta criminal.

S. Identificación de las fuentes de info:cmación.

6. Sefialamientos de la base fáctica en que fundó su diagnóstico.

7. Descripción mental mediante el cual conclusiones.

del proceso llegó a sus

(dl De no poderse celebrar el examen por la negativa del imputado a participar, el informe deberá indicar si la negativa del imputado es el producto de su incapacidad menatl o de algún estado mental específico. De ser demostrado lo contrario, el tribunal podrá prohibirle a la defensa presentar prueba pericial con relación a su condición mental.

COMEN'rlllUO

142

El abogado de la presente durante el autoriza el perito.

defensa podrá estar examen sólo si lo

(e) Si notificadas las partes del informe que provee el inciso (c) de esta regla no son presentadas objeciones a éste dentro del té=ino de aiez (10) días a contar desde su notificación, el tribunal procederá a hacer una determinación a base de dicho informe. De ser presentadas objeciones dentro de tal período, el tribunal ordenará a la parte que lo objete a ofrecer cualquier otra prueba pertinente a la controversia.

El perito que haya suscrito el informe deberá, a solicitud de parte, estar disponible para declarar y podrá ser contrainterrogado respecto al contenido de su informe.

(f) El Ministerio Fiscal tendrá derecho a solicitar al tribunal que el imputado sea examinado para determinar su condición mental al momento de los hechos, sin que este derecho esté supeditado a que el imputado haya alegado la defensa de insanidad mental.

El informe a que hace referencia esta regla no podrá ser utilizado por el Ministerio Fiscal hasta que la defensa notifique la defensa de incapacidad mental.

(g) El testimonio ofrecido por el imputado durante el proceso debe ser sometido a examen conforme esta regla y el contenido del mismo no será admisible en evidencia en su contra en ningún procedimiento criminal o controversia que no esté relacionada la condición mental del imputado al momento de los hechos.

La regla es nueva. El texto procede, en parte, del Informe

sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1985.

143

La regla provee un procedimiento a seguir cuando es

levantada la defensa de insanidad mental y haya que determinar la

condición mental dél illlputado al momento de cometer los hechos.

El Secretariado de la Conferencia Judicial en su informe de

noviembre de 1983, El incapacitado mental en el proceso criminal,

presentado en la Décima Sesión Plenaria de la Conferencia

Judicial, recomendó la adopción de una nueva regla para permitir

un procedimiento cuando sea levantada la defensa de insanidad

mental y sea necesario determinar la condición mental del

imputado. Este es un procedimiento distinto y separado del ..

procedimiento utilizado para determinar la procesabilidad.

La r.egla provee para la designación de peritos para examinar

al imputado y rendir un informe escrito al tribunal sobre los

resultados. El examen practicado será a los únicos efectos de

determinar la condición mental del illlputado al momento de los

hechos. No podrá ser unido a un examen de procesabilidad a menos

que sea solicitada y demostrada la existencia de motivos

fundados.

En la esfera federal, mediante la Ley Pública Núm. 98-473 de

12 de octubre de 1984, 98 Stat. 2059 y 2065, se emnendaron las

disposiciones relacionadas con el procedimiento a seguir para

determinar si el imputado estaba mentalmente incapacitado al

momento de cometer los hechos. Dicha legislación titulada

Insanity Defense Refom Act of 1984 (18 u.s.c. secs. 4242 y 4247)

dispone un procedimiento sustancialmente similar en cuanto a la

preparación del informe del perito sicólogo o siquiátrico al que

144

ya propusiera el Secretariado de la Conferencia Judicial en su

informe de noviembre de 1983.

lRar;JlllL 414 Procaclimimi.to para imposicimi de la lllll!lclic!IIIL de 111aguriélad

Las medidas de seguridad sólo se impondrán mediante sentencia judicial en los casos de absolución por incapacidad mental, alcoholismo, toxicomanía, adicción o dependencia, o delincuencia sexual.

Cuando el imputado sea absuelto por razón de incapacidad mental y o en aquellos casos de personas convictas que podrían quedar sujetas a una medida de seguridad, el tribunal, luego del fallo o veredicto, no dictará sentencia hasta completados los procedimientos bajo esta regla. Los términos para dictar sentencia no aplicarán. El tribunal seguirá el procedimiento siguiente:

(a) bm1u1111 siquiá.trico o sicológico. El tribunal designará, a petición del Ministerio Fiscal o a iniciativa propia, un siquiatra o un sicólogo, o a ambos, para que examinen a la persona y rindan un informe sobre su estado mental. El examen será a los únicos fines de asistir al tribunal en la determinación respecto a la reclusión de la persona. El examen deberá ser efectuado y se rendirá un informe al tribunal con copia al Ministerio Fiscal y a la defensa dentro de los treinta (30) días siguientes al fallo o veredicto. Por justa causa el tribunal podrá extender el término.

(b) Custodia tamporara. Mientras se realiza el procedimiento que dispone esta regla, el tribunal podrá ordenar que la persona quede bajo la custodia de una institución adecuada.

(c) vista. Si notificadas las partes del informe no son sometidas objeciones a éste dentro del término de cinco (5) días a contar desde su notificación, el tribunal procederá a hacer una determinación fundada

145

en dicho informe. De ser presentadas objeciones dentro de tal período el tribunal sefialará una vista para dentro de los próximos cinco (5) días. A solicitud de parte, los autores de cualesquiera informes deberán ser llamados a declarar. La parte que objeta el informe tendrá derecho a contrainterrogar al autor del informe y a ofrecer cualquier otra prueba pertinente a la controversia.

La persona podrá solicitar ser examinada por profesionales de su elección para que éstos rindan, a su vez, informes al tribunal. Si el imputado demuestra su indigencia, tales exámenes serán sufragados por el Estado.

Las Reglas de Evidencia serán de aplicación en este procedimiento y la persona tendrán derecho a estar representada por abogado.

En la vista podrá ser presentada evidencia de convicciones previas para demostrar la necesidad de la imposición de la medida de seguridad.

(d) Ap1icaci6zi. de 1a medida de seguridad. Si el tribunal determina conforme a la evidencia presentada que por su peligrosidad la persona constituye un riesgo para la sociedad o que habrá de beneficiarse con dicho tratamiento, dictará sentencia que imponga medida de seguridad y ordene su reclusión en una institución adecuada para su tratamiento.

La reclusión se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona recluida.

En estos casos, será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar al tribunal cada trimestre sobre la evolución del.caso.

Si el tribunal determina no imponer medida de seguridad, ordenará que la persona sea puesta en libertad, si estuviese recluida.

146

(e) Revisión periódica. Anualmente, y previa vista en sus méritos, el tribunal hará un pronunciamiento_ sobre la continuación, modificación o terminación de la medida de seguridad impuesta sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia haya sido recluido.

Si del desarrollo favorable del tratamiento el tribunal puede deducir que la curación y readaptación de la persona puede continuar en la libre comunidad con supervisión, podrá concederla.

· (f) ::C11.forme111. A los efectos de la revision periódica de la medida de seguridad, el tribunal deberá tener el informe de un siquiatra, de un sicólogo o de ambos. En cuanto a estos informes, regirán las normas del inciso (c) de esta regla.

{g) motificació11.- ele la co11.ti11.ua.ci611., moclificaci611. o tez:milla.ciÓD ele la. m.eclicla. ele 111eguriela.el. Cualquier pronunciamiento del tribunal en relación con la ·medida de seguridad impuesta deberá ser notificada a las partes e instituciones interesadas.

{h) Récorel oficial. Se llevará un récord oficial de todos los procedimientos aquí establecidos para la aplicación, continuación, modificación o terminación de la medida de seguridad.

(i) Mega.tiva. ele la per111011.a a. cooperar 811. exá:mell.es. En los casos en que la persona rehúse participar o cooperar en los exámenes conducentes a la aplicación de una medida de seguridad, el informe siguiátrico o sicológico deberá indicar, en lo posible, si la negativa es el producto de su incapacidad mental o de algún estado mental específico.

(j) ::i:11.a.dmisibilida.d de testimonio ofrecido elurante •viirnene• o su c011.t811.ido. El testimonio ofrecido por una persona durante el proceso de ser sometido a exámenes conforme a esta regla y el contenido de dichos exámenes no será admisible en

eotmn'Am:O

147

evidencia en contra de la persona en procedimiento o controversia alguna, excepto en un procedimiento para la aplicación de una medida de seguridad.


Procedimiento Criminal de Puert:o Rico de 1963.

El Código Penal de Puerto Rico en el capítulo sobre Medidas

de Seguridad, 33 L.P.R.A. sec. 3351 et·seq., incorporó a nuestro

ordenamiento penal las medidas de seguridad que aplicarán en los

casos de incapacitados mentales, alcohólicos, adictos a drogas y

delincuentes sexuales peligrosos. Estas medidas tienen como

objetivo la protección de la sociedad y el tratamiento y ayuda al

delincuente.

Las enmiendas propuestas fueron recomendadas por el

Secretariado de la Conferencia Judicial en el infonne

"El incapacitado mental en el proceso criminal" de noviembre de

1983, presentado en la Décima Sesión Plenaria de la Conferencia

Judicial.

Regla. 415 T:a.alado; fvnde:men:toa

A solicitud del Ministerio Fiscal o del imputado, un tribunal ante el cual se halle pendiente una causa criminal podrá trasladarla a otra Sala dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los fundamentos siguientes:

(a) Cuando por cualquier razón que no sea una de las enumeradas en la Regla 403 no pueda celebrarse un juicio justo e imparcial en la región donde está pendiente la causa.

(b) Cuando por razón de ~esorden

COMl!:N'l'AltIO

La

148

público en la región, no pueda celebrarse un juicio justo e imparcial para el imputado y para el Ministerio Fiscal con seguridad y rapidez.

(c) Cuando la vida del :imputado o de algún testigo pueda ponerse en peligro si se juzga la causa en tal región.

(d) Cuando en dicha región no pueda obtenerse un Jurado imparcial para el juicio.

(e) cuando exista la probabilidad real de que la publicidad excesiva del caso tenga un efecto adverso y perjudicial contra la parte peticionaria y su derecho a un juicio justo.

(f) Cuando el imputado o un testigo esencial de alguna de las partes sea funcionario de una agencia del sistema de justicia criminal en la Región Judicial.

(g) Cuando el caso ha sido remitido a una Sala sin competencia o por 1-as causas de acumulación establecidas en la Regla 421.

A pesar de los incisos anteriores, el tribunal podrá motu proprio, previa audiencia al imputado y al Ministerio Fiscal, ordenar el traslado de la causa a .otra región judicial .cuando el balance de conveniencias y los fines de 1a justicia así 1o requieran.

regla corresponde, en parte, a 1a


Regla 81

El inciso (e) es una codificación de los casos siguientes:

Pueblo v. Pérez santaliz, 10s D.P.R. 10 (1976), y Pueblo v. Chaar

Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

La Constitución de Puerto Rico, en su Art. II, Sec. 11,

L.P.R.A., Tomo l, establece el derecho de todo acusado de delito

grave a que su juicio se ventile ante un Jurado imparcial

(

149

compuesto por doce (12) vecinos de la región. Según el Prof.

Ernesto Chiesa, dada la poca extensión territorial de Puerto Rico

y cierta homogeneidad en cuanto a divisiones territoriales, el

requisito de vecindad no es tan importante para propósitos de la

imparcialidad del Jurado. Si~ enü,,u-go, por ser este requisito de

índole constitucional considera que, a pesar de que bajo la

análoga Regla 81 se permitía, un traslado a solicitud del Fiscal

y con la objeción de la defensa debe permitirse sólo en

circunstancias extraordinarias.

Así, por ejemplo, si el tribunal concluye que celebrar el

juicio en la región judicial correspondiente conllevará una alta

posibilidad de revocar una convicción por parcialidad del Jurado,

el traslado es razonable. Por otro lado, si es prácticamente

imposible seleccionar un Jurado en la región •x•, es razonable el

traslado del caso a la región •y•, pero en ese caso debe oírse al

acusado en cuanto a su preferencia para el traslado. E •. L.

Chiesa, Derecho Procesal Penal · de Puerto Rico Y Estados

Unidos. Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. rr, Sec. 15.3{C), Págs.

316-319.

· Rag-1a 416 Moción de tras1ado; cómo y cuimdo 111e presentará

La moción de traslado se presentará por escrito, expresará los fundamentos de la solicitud y· deberá apoyarse en declaración jurada. Dicha moción y la declaración jurada se presentarán en el tribunal y se notificará a la parte contraria o a su abogado con no menos de veinte (20) días de antelación al primer senalamiento para el juicio, si los fundamentos para la misma son para ese

150

entonces conocidos. Se sefialará una fecha para discutirse antes del juicio. Si el peticionario no conoce los fundamentos para tal moción con antelación al juicio, la moción deberá presentarse y notificarse tan pronto como sea posible, pero nunca después de ser llamado el caso para juicio, y se debe demostrar que la misma no pudo presentarse antes. En tal caso el juicio podrá suspenderse hasta ·la resolución de dicha moción.

C0Nlm'J.'ARJ:0



Ragla. 417 ll50ei6:n de t:ra.11la.c!o; re110luci6:n

COMDl'l'ARJ:0

Al resolverse la moción de traslado, el tribunal considerará los hechos alegados y la declaración jurada que se acompafie, cualesquiera otras declaraciones juradas que se presenten y la evidencia admitida en la vista de dicha moción. Si el tribunal concede el traslado, dictará una orden que traslade la causa a otra sala del Tribunal de Primera Instancia donde pueda celebrarse un -juicio justo e imparcial ..



Ragla 418 'l'raslaclo; orden La orden de traslado se hará mediante

resolución escrita. El Secretario del tribunal enviará a la Sala a la cual se traslada la causa, el expediente original, incluso las fianzas que garantizan la comparecencia del imputado y de los testigos, si las hay. El tribunal conservará una copia simple del expediente trasladado.

com:m'JUUO

La regla

151

corresponde, en parte, a la Regla 84

de Procedimiento C,-iminal de Puerto Rico de 1963.

Las enmiendas propuestas tienen el propósito de actualizar

la regla a la realidad del trámite seguido en los tribunales.

lllagl11. 419 ftaalmclo; 111i 111cm -.rio111 :uirputmclolll

COMl!!N'l'AlaO

Si hay·varios imputados y se dicta una orden para el traslado de la causa a solicitud de uno o varios, pero no de todos ellos, el juicio de los imputados que no soliciten el traslado se celebrará ante la Sala que dictó.la orden de traslado.



COMEN'l'AlaO

'rrallllmclo; trámite 11111 el tribw:ml 11.l cwt.l. 111111 traslada

La Sala a la cual se traslade la causa procederá a juzgar el caso y a dictar sentencia igual que si se hubiese iniciado la causa ante ella.

La regla corresponde a la primera oración de la Regla 88 de


La derogación de la segunda oración es necesaria por la

propuesta enmienda a la propuesta Regla 418 (R-84).

152

Rsgla 421 Acumll.1acián y lllepllr/111.Cián de C/111.UIIIILllil

COIMZN'l'ARZO

La

El tribunal podrá ordenar que dos (2) o más acusaciones o denuncias sean vistas en forma conjunta si los delitos y los imputados, si hay más de uno, pudieron haber sido unidos en una sola acusación o denuncia. El proceso se seguirá como si se tratara de una sola acusación o denuncia.

Cuando a una misma persona se le impute la comisión de delitos menos grave que estén relacionados con algún delito grave por haber surgido del mismo acto o transacción, o de actos o transacciones relacionadas entre sí, o que constituyeren parte de un plan común, todos los delitos menos graves se consolidarán para ser vistos conjuntamente con el o los delitos graves imputados. Tal consolidación podrá hacerse a solicitud del acusado, el ministerio público o a instancia del propio tribunal.



Al considerar si debe ver las causas en conjunto, el

tribunal tomará en cuenta, en cada caso, si la economía procesal

lograda al eliminar una serie de juicios debe prevalecer sobre el

derecho del imputado de tener un juicio rápido, justo e

imparcial. El propósito de la regla es acelerar la

administración de la justicia y evitar los juicios en masa.

Habrá circunstancias en que la parte iirputa.da de delito _¡;x:xltá

beneficiarse de la acurrulación al evitar las m:>lestias de juicios en serie

porque cree tener una ll'ejor c¡;:ortunidad de recibir una sentencia en fOJ:Ita

c=ente y p.iede tener rrayor accesibilidad memoria del testigo

tiende a ser más clara y la efectiva comparecencia del mismo en

el juicio quedaría mejor asegurada. La visión del caso en la

153

mente del juzgado de los hechos resultaría más amplia y completa

al poder valorar toda la prueba en conjunto.

bgla 422 Juicio por 111eparado; fund•ment-0111

CONEN'l'AllO

Si se demuestra que un imputado o el Ministerio Fiscal ha de perjudicarse por haberse unido varios delitos o imputados en un acusación o denuncia, o por la celebración del juicio conjuntamente, el tribunal podrá ordenar el juicio por separado de delitos o de imputados, o conceder cualquier otro remedio que en justicia proceda.

La reg·la corresponde, en parte, a la Regla 90 de


bgla 423 Juicio por 111aparado; an caaoa da daclaracionaa, admiaion•• o cozd:aaionaa de UD coacuaado

A solicitud de un coacusado, el tribunal ordenará la celebración de juicios por separado cuando sean acusadas varias personas y una de ellas ha hecho declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que afecten adversamente a dicho coacusado, a menos que el Ministerio Fiscal anuncie que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio.

Esta regla no será aplicable a juicios en que los imputados sean acusados por el delito de conspiración, excepto cuando sean acusadas conjuntamente varias personas por dicho delito, ya sea como único delito imputado o en unión a otros delitos. El tribunal a solicitud de una de ellas, ordenará para ésta la celebración de un juicio por separado si demuestra que alguno de los otros coacusados en el cargo de conspiración, después de realizado o

CW'AllO

154

fracasado el objetivo para el cual se tramó la ·alegada conspiración, hizo declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que han de afectarlo, a menos que el Ministerio Fiscal anuncie que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio.

El primer párrafo de la regla corres~onde, en parte, a la

Regla 91 y el segundo párrafo, en parte, a la Regla 92 de

Proced.il!liento Criminal de Puerto Rico de 1963.

El propósito que se persigue con la fraseología de la Regla

423 es evitar confusión en cuanto a los fundamentos para separar

juicios en casos de coacusados, y lograr uniformidad en la

aplicación de la Regla, dejando claro las circunstancias bajo las

cuales operaría la separación de juicios.

La regla propuesta recoge la no%llla aplicable cuando el cargo

imputado o uno de ellos es el de conspiración.

Echevarría Rodríguez. 91 J.T.s. 43, 12s D.P.R.

En Pueblo Y,

(1991), el

Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que si uno de los cargos es

el de conspiración, aunque éste no sea el único delito imputado,

aplican las Reglas 91 y 92 de Procedimiento Criminal de 1963. En

este caso, el Tribunal Supremo explica la diferencia entre las

Reglas 90 y 91 de Procedimiento Criminal de 1963. La primera regla

provee para la celebración de juicios por separado cuando se

demuestre la existencia de perjuicio potencial para el coacusado o

para el Pueblo, de ventilarse todos los casos conjuntamente. La

segunda regla provee, sin embargo, un trato diferente en los casos

155

en que uno de los delitos imputados, o el único, es el de

conspiración.

El Tribunal Supremo explica en el caso Pueblo Y, Echeyarría

Rodríguez, .supra, que la razón de ser de que no se separen los

juicios en el caso de conspiración responde al razonamiento de que

dado el hecho de que lo declarado por un conspirador durante el

curso de la conspiración es admisible contra los demás

conspiradores, no hay peligro de perjuicio alguno y, por ende, no

encuentra justificación la celebración de juicios por separado.

La Regla 92 de Procedimiento Criminal de 1963 limita el

alcance de la Regla 91 a declaraciones de conspiradores que ocurren

durante el trámite delictivo.

AcW11.ula.ci6D o aepa.ra.ci6n; ·· cómo y cuéndo •• preaentlll%li. la solicitud

La sol·icitud para la acumulación o separación de causas debe presentarse por escrito y cumplir con lo dispuesto.en la Regla 401. Por causa justificada, el tribunal podrá permitir que la solicitud se presente en

-- · cualquier momento antes de ser llamado el caso para juicio.

COMl!:N'l'AllO



La regla está disponible, tanto para la defensa como para el

Ministerio Fiscal.

Rlili;rla 425

156

Orden para d111111e111timar el proce1110; (.9'Jéndo impide UDO nuevo

(a) una resolución que declara con lugar una moción para desestimar no será impedimento para iniciar otro proceso por el mismo delito a menos que se haya desestimado con anterioridad en más de una ocasion por cualquiera de los fundamentos de la Regla 402 (o) y cuando el tribunal determine que la última desestimación impide un nuevo proceso luego de considerar los factores siguientes:

l. La gravedad del delito.

2. Las circunstancias o razones que dieron lugar a la desestimación.

3. El impácto de un nuevo sobre el derecho constitucional a rápido y sobre la administración justicia criminal.

proceso juicio de la

(b) De111est:i.mación da delito JlllllDDS grava. Decretada una desestimación por los fundamentos de la Regla 402(0), y si el delito es menos grave, la desestimación será con perjuicio a menos que la nueva ·presentación sea por un delito grave.

(c) Desestimación de delito grave. Si el delito es . grave y se desestima por los

·-·· fundamentos de la Regla 402 (o), el tribunal hará un cómputo para determinar si desde la comisión de los hechos hasta la fecha de la nueva presentación el delito prescribió. Si el delito no ha prescrito y no se trata de una nueva acusación que contenga cargos distintos o nuevos o que incluya a otros imputados, el Ministerio Fiscal podrá presentar de nuevo el pliego acusatorio por ese delito grave, ya que los trámites anteriores válidos subsisten.

COMENTARJ:O

El inciso (a) de la regla corresponde, en parte, a la

Regla 67 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Elimina

la distinción de delito grave y menos grave e incorpora criterios

para guiar la discreción del tribunal al determinar si la

157

desestimación será o no con perjuicio cuando el caso se desestima

por incumplimiento de los términos de juicio rápido.

El inciso (b) es una codificación de los casos Pueblo y.

García, 71 D.P.R. 227 Cl95DJ, y Pueblo y. Maldonado, 77 D.P.R. 638

(1954).

El inciso (c) es una codificación del caso Pueblo y. Ortiz

.z2ill, 95 D.P.R. 244 (1967).

bgla 426 Sobnlse:imiemto (a) Por el Minimterio Fimcal. El

Ministerio Fiscal podrá, previa aprobación del tribunal, sobreseer una denuncia o acusación con respecto· a todos o algunos de los imputados. El sobreseimiento decretado a solicitud del Ministerio Fiscal no impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos a menos que éste en forma expresa solicite que el sobreseimiento sea con perjuicio. El tribunal no aprobará el sobreseimiento que solicite el Ministerio Fiscal durante la celebración del juicio a menos que medie el consentimiento del imputado.

(b) . Por al tribunal. Cuando ello sea conveniente para los fines de la justicia y previa celebración de vista en la cual participará el Ministerio Fiscal, el tribunal podrá decretar el sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento se expondrán en la orden que se dicte, la cual se unirá al expediente. En dicha orden, también se expondrá si el sobreseimiento será con o sin perjuicio de que se permita iniciar un nuevo proceso por los mismos hechos.

(c) Exclusión del imputado para prestar testimonio. En un proceso contra dos (2) o más personas el tribunal podrá, en cualquier momento después del comienzo del juicio pero antes de que hay¡;¡ comenzado la prueba de defensa ordenar, en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, que se

COMEm'AllO

158

excluya del proceso a cualquier imputado, de modo que pueda servir de testigo del El Pueblo de Puerto Rico en . el juicio. Luego de decretar el sobreseimiento o la absolución perentoria de algún coacusado, el tribunal podrá permitir que el coacusado exonerado sirva como testigo de defensa si no ha concluido la presentación de la prueba en el juicio.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Se elimina el

inciso (d) que requiere que todos los archivos sean con perjuicio.

Al permitir que los sobreseimientos puedan decretarse con o sin

perjuicio se le confiere mayor flexibilidad y agilidad al proceso

criminal. La regla permite disponer de casos cuyas circunstancias

lo requieran sin el agravante de impedir un nuevo proceso por los

mismos hechos, de surgir las circunstancias apropiadas. Esta

enmienda atempera, a su vez, nuestra regla de sobreseimiento con la

Regla 48 de Procedimien.to Criminal federal que no impide, como

norma, el inicio de un nuevo proceso cuando se decreta el archivo

de un caso.

Rei;rla 427 Sobreseimiento y exoneración de acusaciOD&s

El tribunal, luego de que el imputado haga una alegación de culpabilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, cuando el Ministerio Fiscal lo solicite y presente evidencia de que el imputado ha suscrito un convenio para someterse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio, podrá suspender todo procedimiento y

159

someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y las condiciones razonables que tenga a bien requerir y por el término dispuesto en el convenio para la rehabilitación del imputado, el cual no excederá de cinco (5) afios.

Como parte de los términos del convenio estará el consentimiento del imputado a que, de cometer un delito grave, se acumule con la vista de determinación de causa probable para el arresto la vista sumaria inicial que dispone la Ley Núm. 259 del 13 de abril de 1946, según enmendada. La determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito es causa suficiente para, en ese momento, revocar en forma provisional los beneficios de libertad a prueba y referir al imputado, al tribunal sentenciador para el acto de pronunciamiento de la sentencia. El imputado consentirá, además, a que le sea revocada su libertad a prueba en ausencia y a ser sentenciado si ~ste ha abandonado la jurisdicción o si se desconoce su paradero por haber cambiado de dirección sin haberlo informado a su oficial probatorio·.

En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, .el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en la Ley Núm. 259 del 13 de abril de 1946, según enmendada. ·

Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista en la cual participará el Ministerio Fiscal, podrá exonerar a la persona y sobreseer el caso en su contra. La. exoneración y el sobreseimiento bajo esta regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por parte del tribunal, en carácter confidencial, no accesible al público y s~parado de otros expedientes, a los fines exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinar si en procesos subsiguientes la persona cualifica bajo esta regla.

COMl!lN'l'AllO

La

160

La exoneración y el sobreseimiento del caso no se considerará como una convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas por ley a los convictos por la comisión de algún delito, y la persona así exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva el expediente de huellas digitales y fotografías que obren en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación con el caso sobreseído.

La exoneración y el sobreseimiento de que trata esta regla sólo podrán concederse en una ocasión a cualquier persona.

La aceptación de un imputado del sobreseimiento de una causa por el fundamento sefialado en esta regla constituirá una renuncia a la desestimación de la acción por los fundamentos relacionados en los incisos (e), (h), (o) de la Regla 402.

regla corresponde, en parte, a la Regla 247.1 de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Se incluyó la

condición de revocación en ausencia que incorporó la Ley Núm. 29

del 8 de diciembre de 1990 a las condiciones generales de libertad

a prueba.

Regla 428 AlegaciODas preacordadaa En·todos aquellos casos en que la defensa

del imputado y el representante del Ministerio Fiscal estén negociando una alegación preacordada se seguirá el procedimiento siguiente:

(a) El Ministerio Fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán •iniciar conversaciones con miras a acordar que a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el Ministerio Fiscal se obliga a uno o

161

varios de los cursos de acción siguientes: (l) solicitar el archivo de otros cargos

pendientes que sobre él; (2) eliminar alegación -de reincidencia o delincuencia habitual; ( 3) recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o (4) acordar que determinada sentencia específica es la que dispone en forma adecuada del caso.

El tribunal no participará en estas conversaciones.

(b) De llegar a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles al tribunal en sesión pública o en cámara si mediare j.usta causa para ello. Dicho acuerdo se hará constar en récord. Si el imputado se refiere a alguno de los cursos de acción especificado en los subincisos (l), (2) y (4) del párrafo que antecede, el tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y considerar el informe presentencia. Si el curso de acción acordado es del tipo especificado en el subinciso (3) de dicho párrafo, el tribunal advertirá al imputado que si la recomendación del Ministerio Fiscal o la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado .no tendrá derecho a retirar su alegación. ·

(c) · Si la alegación· preacordada aceptada por el tribunal, éste informará imputado que la misma se incorporará formará parte de la sentencia.

es al

y

(d) Si la alegación preacordada es rechazada por el tribunal, éste así lo informará a las partes y advertirá lo imputado en sesión pública o en cámara, si media justa causa para ello, que el tribunal no está obligado por el acuerdo y brindará al imputado la oportunidad de retirar su alegación. Le advertirá, además que si persisten su alegación de culpabilidad, la determinación final del caso podrá serle menos favorable que la acordada entre su abogado y el Ministerio Fiscal. De este trámite se tomará constancia en el récord.

162

(e) La notificación al tribunal sobre una alegación preacordada se hará mediante moción al efecto en un término no menor de treinta (30) días antes del primer sefialamiento para el juicio, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción y si las circunstancias lo ameriten, permitirlo en cualquier otro momento.

(f) La existencia de una alegación preacordada, sus términos o condiciones, y los detalles y las conversaciones conducentes a la misma no serán admisibles contra el imputado en ningún procedimiento criminal, civil o administrativo si la alegación preacordada ha sido rechazada por el tribunal, invalidada en algún recurso posterior o retirada por el imputado. Lo anterior será admisible por excepción en un procedimiento criminal pro perjurio contra el imputado si las manifestaciones fueron hechas por él bajo juramento.

(g) Al decidir sobre la aceptación de una alegación preacordada el tribunal deberá cerciorarse de que sirve al interés público, de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado, de que es conveniente a una sana administración de justicia y que ha sido lograda conforme a 'derecho y a la -ética.. A este fin, el Ministerio Fiscal y del abogado del imputado aquella información, aquellos datos y documentos que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea conveniente.

t:OME:m:'ARJ:0



Tanto en la jurisdicción federal como en las jurisdicciones

estatales y en Puerto Rico se ha establecido la validez

constitucional de las alegaciones preacordadas. Se reconoce,

además, que es un práctica de gran utilidad que debe estimularse.

{

163

Sin las alegaciones preacordadas sería difícil enjuiciar a todas

las personas acusadas de cometer delitos dentro de los términos

requeridos por el ordenamiento procesal y por la Constitución Brady

v. United states, 397 u.s. 742 (1970); Pueblo v. Mojica cruz, 115

D.P.R. 569 (1984); Pueblo v. Marrero Ramos. Rivera L6pez. 90 J.T.s.

1, 125 D.P.R. (1990).

Según lo dispuesto por el derecho procesal penal, ni el

Estado ni el imputado están obligados a inici!ll" conversaciones para

llegar a un acuerdo sobre alegación preacordada. De iniciarse

conversaciones al respecto, el tribunal no participará de las

misma. Si las partes llegan a un acuerdo, se le concede discreción

al tribunal para aceptarla o rechazarla, de modo que la realización

de sus respectivas expectativas depende totalmente de la discreción

del tribunal. Al hacer alegación de culpabilidad el imputado

renuncia a valiosos derechos constitucionales, tales como: el

derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable;

el derecho a un juicio justo, imparcial y público, el derecho a ser

juzgado ante un juez o Jurado, y a presentar evidencia a su favor y

rebatir la evidencia presentada en _su contra. Si la alegación

preacordada se retira antes de que el imputado haga alegación de

culpabilidad, no está involucrada la renuncia a derecho

constitucional alguno. Pueblo Y, Figueroa García, 92 J.T.S. 5,

130 D,P.R. _ (1992).

164

Defensas y abjecicmes; cámo y ,..,éndo 1118 Jjlral:IIOV8rml

(a) !:n peneral. La alegación de la acusacion o denuncia será la de culpable, no culpabilidad o nolo contender•. Cualquier otra alegación deberá presentarse mediante moción escrita para desestimar o para solicitar un remedio apropiado.

(b) !:n el Tribunal. d.o Primara :tmltancia. Excepto las defensas de·falta de jurisdicción del tribunal, la de que no se imputa delito, y que el imputado fue indultado por el delito imputado, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de· no culpabilidad o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período posterior que no será mayor de treinta (30) días a partir de que el imputado responda cuando le sea entregada la acusación en los casos en que así deba hacerse. Cuando no haya contestado, el término será de no más de treinta (30) días después de que se registre la alegación de no culpabilidad.

El tribunal resolverá la mocion antes del juicio, a.no ser que aplace su resolución para ser considerada en la vista del caso en su fondo. Todos los asuntos de hecho o de derecho que surjan de la moción deberán ser juzgadas.por el tribunal.

(c) Requisitos. La moción deberá incluir todas las defensas y objeciones de que pueda disponer el imputado. La omisión de presentarla en el término dispuesto constituirá una renuncia a la misma, excepto si el tribunal determina que existió causa justificada y lo exima de los efectos de incumplir con los.términos.

La moción deberá cumplir con la Regla 401.

(d) Defectos. Si la moción es por defectos de la acusación, denuncia o pliego de

~AR.XO

165

especificaciones y éstos pueden subsanarse mediante enmienda el tribunal ordenará que se haga la enmienda y denegará la moción. Si el tribunal declara con lugar la moción fundada en defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en la acusación o denuncia, podrá también ordenar que se mantenga al imputado bajo custodia o que continúe bajo fianza o condiciones por un término especifico sujeto a la presentación de una nueva acusación .o denuncia. Una enmienda a la acusación para subsanar un defecto de insuficiencia o la presentación de una nueva acusación o denuncia para subsanar el defecto, debe hacerse dentro del término prescriptivo co=espondiente.

El inciso (al corresponde, en parte, a la Regla 62, los

incisos (h) y (c), en parte, a la Regla 63 y el inciso (d), en

parte, a la Regla 66 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de

1963.

Be11la 430 Al.e11acic:m111a; prea11111cia del imputado; na11ativa a. ale11ar

El imputado hará alegación de culpabilidad o, no culpabilidad o de 11.olo co11.te11.dere. La alegación la formulará el imputado o su abogado dentro del término de treinta (30) días a partir de la entrega de la acusación. Una corporación o persona jurídica siempre comparecerá a alegar por conducto de su abogado.

Cuando el imputado se niegue u omita presentar alegación, o cuando una corporación o persona jurídica deje de comparecer, el tribunal anotará una alegación de no culpabilidad y solicitud de juicio por jurado en los casos que exista ese derecho.

La alegación se anotará en las minutas· del tribunal, pero la omisión de anotarla no afectará su validez en la tramitación del proceso.

CCIMElff.UU:O

166

Cuando la acusación impute un delito en grado de reincidencia o subsiguiente reincidencia agravada o reincidencia habitual, el imputado podrá, al momento de hacer alegación o en cualquier ocasión posterior siempre que sea antes de leerse la acusación al Jurado, admitir la conviccion o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al Jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones.

La regla corresponde, en parte, a las Reglas 68 y 69


Se adopta la alegación del nolo contendera, por cuanto hay

casos en que a una persona imputada de delito le resultaría

conveniente hacer una alegación de culpabilidad, pero prefiere no

hacerla para evitar que sea interpretada como una admisión de

negligencia en una posterior acción civil .. - Un ejemplo de esta

situación podría ser el homicidio voluntario. El imputado puede

estar dispuesto a hacer una alegación de culpabilidad y someterse a

una sentencia en probatoria, sin embargo, ante el riesgo de que esa

alegación sea posterio:z:mente admitida en un caso civil para probar

la negligencia del demandado-acusado, prefiere hacer alegación

de inocencia y obliga al tribunal a ver un caso que nonnalmente no

se tendría que ver si no fuera por el riesgo antes mencionado.

Estamos conscientes de que a tenor con las disposiciones de

la Regla 65(V) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, una alegación por

delito menos grave no es admisible. véase Maysonet v. Granda, 93

J.T.S. 101.

Rogla 431 Alegaciones; aclvart:enciu

167

definiciones¡

(a) lliJo culpable. La alegación . de no culpabilidad constituye una negación de todas las alegaciones esenciales de la acusación o denuncia. La alegación permitirá la presentación en evidencia de todos los hechos tendientes a establecer una defensa, sujeto a lo dispuesto en las reglas que reglamentan la presentación de defensas y objeciones.

(b) CUlpallle el.el cielito b,,putac!o y el nolo ccmtendere. La alegación de culpable del delito imputado o nolo ccmtenclere equivale a la aceptación de las alegaciones del pliego acusatorio o denuncia. Las alegaciones se convierten en hechos incontrovertidos ya probados. El Ministerio Fiscal queda relevado de su obligación de presentar prueba. No se admitirá una alegación de culpabilidad o nolo ccmtendere por un delito grave a no ser que el imputado esté presente y formule la alegación en persona.

La alegación de nolo ccmtendere no podrá utilizarse como admisión de culpabilidad en cualquier acción civil o criminal que surja de los mismos hechos que originan la acusación o denuncia. El propósito de la alegación es evitar sanciones civiles y responsabilidades que de otra forma pudieran ocurrir como

·-·resultado de una alegación de . culpabilidad.

El imputado que utiliza esta alegación renuncia a todas las defensas no jurisdiccionales.

El imputado sólo podrá hacer alegación de nolo contender• con consentimiento del tribunal. La alegación será aceptada después de la debida consideración de los puntos de vista de las partes y del interés público en la administración de la justicia.

( c) Advertencias al imputado. Antes de aceptar una alegación de culpabilidad o de nolo contendere, el juez se dirigirá en sesión pública al imputado y le informará, y determinará si el mismo entiende, lo siguiente:

168

l. La naturaleza del cargo por el cual se alega, la pena mínima mandatoria dispuesta por ley, si existe alguna, y la posible pena máxima dispuesta por ley, incluso el efecto de cualquier término especial de libertad condicional, si es aplicable, y que el tribunal podrá disponer que haga restitución a la víctima del delito.

2. Si el imputado no estuviera representado por abogado, que él tiene el derecho a ·estar representado por abogado en cada uno de los trámites del procedimiento en su contra y, si fuera necesario, que se nombrará uno para que lo represente.

3. Que tiene el derecho de hacer ·alegación de no culpabilidad o reiterar dicha alegación si ya la ha hecho, -y que tiene derecho a juicio por jurado y que en dicho juicio tiene derecho a asistencia de abogado, a carearse con y contrainterrogar a los testigos en su contra, y derecho a no ser obligado a incriminarse.

4. Que si la alegación. de culpabilidad o :a.olo ccmtendere es aceptada, no habrá juicio de forma tal que mediante la alegación de culpabilidad o n.olo con.teDdere renuncia a su derecho a juicio.

S. Que si el tribunal interroga al --imputado bajo juramento, para el récord, y en

presencia de abogado en relaéión con el delito respecto del que ha hecho alegación, que sus respuestas podrán usarse después contra él en un proceso por perjurio.

(d) Detez::min.ación. de voluntariedad. El tribunal no aceptará una alegación de culpabilidad o :a.olo con.tendera sin determinar primero, dirigiéndose al imputado, que la alegación ha sido voluntaria y no el resultado de fuerza, amenazas o de promesas salvo el caso se alegación preacordada. El tribunal inves~igará si el deseo del imputado de hacer alegación de culpabilidad o :a.olo ccmten.dere es el resultado de discusiones previas entre el Ministerio Fiscal, el imputado o su abog~do.

(e) Omisión. de alegar. El hecho de que el imputado deje de formular alegación no

169

afectará la validez de la tramitación de la causa si el imputado se somete -a juicio sin formular alegación.

CCNDl'l'Altl:O

La regla consolida las Reglas 70, 73 y 75 de Procedimiento

Criminal de 1963 y adopta parte de la Regla 11 de Procedimiento

Criminal federal, 18 u.s.c.

En la redacción del inciso (b) se utilizó el caso Pueblo y.

Pueblo International 106 D.P.R. 202 (1977!.

Regla 432

COMl!:N'.t'Altl:O

Alegación da culpabilidad; negativa del tribuna.la admitirla; pa:cm.iao para cambiarla

El tribunal podrá negarse a admitir una alegación de culpabilidad y podrá ordenar que se anote alegación d~ no culpabilidad. El tribunal podrá además, en cualquier momento antes de dictar sentencia, permitir que la alegación de culpabilidad se ·retire y se sustituya por la alegación de no culpabilidad o, previo el consentimiento del Ministerio Fiscal, por la de culpable de un delito inferior al imputado pero incluido en éste, o de un grado inferior del delito imputado.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. La alegación de

culpabilidad puede hacerse ante el Juez Municipal conforme lo

dispone el Art. 5.004 II (a)9 de la Ley de la Judicatura de Puerto

Rico de 1994.

Regl.a 433

COMl!:N'l'ARJ:O

170

~acciáD &li élel.ito■

Sólo podrá decretarse el archivo y el sobreseimiento en aquellos delitos . menos graves en los que la persona perjudicada pueda ejercer acción civil por los daños sufridos, o le sea informado al tribunal el resarcimiento de los dafios sufridos en la comisión del delito, excepto que los delitos menos graves estén relacionados con un delito grave y la solicitud de archivo responda·a una alegación preacordada relativa a todos los delitos. No podrá transigirse un delito grave o un delito cometido por o contra un funcionario judicial o funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones.

En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudicada comparece ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier momento antes de la celebración del juicio y reconoce que · ha recibido reparacion por el da:lio sufrido, el tribunal podrá decretar, en el ejercicio de su discreción y con la participación del Ministerio Fiscal, el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseimiento y archivo, los cuales se harán constar en la minuta. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso por el mismo delito contra el imputado.



El tribunal debe cerciorarse de . que la parte perjudicada

elige no continuar con el caso por efectivamente haber recibido

reparación por el daño recibido. No se ha de permitir que las

personas perjudicadas . utilicen esta regla, cuando pierden el

interés en continuar con el caso, y presten declaración falsa de

haber recibido resarcimiento por los daños sufridos.

171

La regla concede discreción al tribunal para no acceder a la

transacción cuando considere que, además de la lección de intereses

privados, se puedan afectar intereses sociales y comunitarios

(Pueblo y. Ramírez Valentín. 109 D.P.R. 13 (1979)). Pero la norma

procesal no permite una actitud judicial sistemática de rechazo o

de aceptación singue se ponderen las circunstancias que rodean el

delito y la seriedad de los daños causados (Pueblo y. Vázguez. 120

D.P.R. 369 (1988)).

CAPr.t'IJU> V Regla 501

172

EL .:rm:czo "'érmino para p:reparar111a para juicio

(a) Después de hacer su alegación, el imputado tendrá derecho a.por lo menos veinte (20) días laborables para prepararse para el juicio.

(b) Transferencias de vista aplicables al Ministerio Fiscal y a la defensa. Toda moción de transferencia de fecha para la vista del juicio se hará por escrito y por lo menos cinco (5) días laborables con anterioridad a la fecha del sefialamiento. En la misma se expondrá lo siguiente:

l. Los fundamentos para tal solicitud.

2. No menos de tres ( 3) fechas alternas disponibles del solicitante para la ventilación de la vista, si ésta se transfiere. Las fechas disponibles a ser consignadas deberán estar comprendidas dentro del período del calendario judicial, en el cual el tribunal señala para vista.

Cuando el fundamento para solicitar una transferencia de vista sea por motivo de conflicto de sefialamiento, la parte peticionaria deberá presentar, junto con la moción, prueba de que la vista cuya transferencia se solicita se sefialó con posterioridad a la otra.

Una moción de transferencia de vista que no cumpla con lo dispuesto en esta regla será declarada sin lugar de plano. Sólo podrá formularse una solicitud verbal de transferencia de vista el día de la vista fundada en circunstancias extraordinarias no anticipables y fuera del control de las partes o de sus abogados.

Si de la moción escrita o de la solicitud verbal surgiere causa justificada para la transferencia de vista, el juez expresará los. fundamentos para la concesión de la transferencia y sefialará nuevamente la vista para la fecha más cercana disponible.

173

COHEN'l'AllO


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Se elimina la

estipulación de suspensión de vista sometida por la defensa y el

Ministerio Fiscal. El método co=ecto debe ser que el proponente

de la moción exprese sus alegatos y el juez decida si concede la

transferencia de vista.

Regla 502 Derecho 111. juicio por jurado y 111u Z'GIDUDCilll.

Las controversias de hecho en casos·de delito grave y, salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de delito menos grave con derecho a juicio por jurado, en que se presente una acusación en una sal·a superior del Tribunal de Primera Instancia, habrán de ser juzgadas por un Jurado a menos que el imputado renuncie en persona y en forma expresa e inteligente al derecho a juicio por jurado, y el juez acepte la renuncia. Antes de aceptar la renuncia a su derecho a juicio por jurado, el juez tiene la obligación de explicar al imputado lo que significa la renuncia de dicho derecho y. de apercibirle de las consecuencias del mismo.

El tribunal podrá conceder el juicio por jurado en cualquier fecha posterior al acto de entrega o a la lectura de la acusación. Si la renuncia al Jurado es solicitada una vez le es tomado el juramento final al Jurado, estará dicho cuerpo sujeto a la discreción del juez que preside el juicio el autorizar a que el mismo continúe por tribunal de derecho, luego de conceder oportunidad al Ministerio Fiscal de exponer su objeción.

174

~ARJ:O

La regla corresponde, en parte, a la

Procedimiento Crirninal de Puerto Rico de 1963.

Regla 111 de

En Puerto Rico, si bien el juicio por jurado es un derecho

garantizado por la Constitución a partir de 1952, no puede

obligarse a un imputado a que su caso se _vea por Jurado por no ser

este derecho un elemento esencial en nuestro derecho procesal

penal. No obstante, la renuncia del derecho constitucional a

juicio por jurado debe ser hecha por el imputado en forma expresa y

en persona. El juez debe cerciorarse de que la renuncia es

inteligente y voluntaria. De ser ello así y de solicitarse la

renuncia al Jurado antes de comenzar el juicio, el tribunal tiene

que concederla. Pueblo y. pe Jesús cordero. 101 D.P.R. 492

(1973): Pueblo y. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968): Pueblo

y. Rivera suárez. 94 n.P.R. 510 (1967).

La situación es distinta cuando, luego de optar por que el

caso se vea ante Jurado y de comenzado el mismo, el imputado cambie

de parecer y opte por renunciar a ello. En ese caso ya se ha

movido la maquinaria de la justicia de acuerdo con lo pedido por

el imputado y es discreción del tribunal su concesión. Pueblo v.

Rivera suárez. ante: Pueblo v. Borrero Robles. 113 D.P.R. 387

(1982); Pueblo v. Riyero. Lugo Y Almodóvar. 121 D.P.R. 454 (1988).

Lo dispuesto en esta regla no significa que se le va a

conceder derecho a juicio por jurado a aquellos delitos menos

graves que no tengan tal derecho, por el hecho de que se radiquen

en una acusación.

175

El cani.té di soitió que una vez termine el pi.cx::e,,., ele al::olicián del

'ltib.ma1 ele Distrito, las dist:i=ianes ele :Jf!!l1lnCia y pliego ac:usatario no

serán :nec:esarias, ya que existirá un solo tipo ae pliego ele cargos para

presentarse ante una sola categoría de juez.

lfllllgla 503

COMl!:N'l'ARI:O

La

Juraclo; 11úmer0 qua lo comp011•1 v.roclic:to

(a) El Jurado estará compuesto por doce (12) vecinos de la región, quienes podrán

rendir veredicto por mayoría de votos con la concurrencia de no menos de nueve (9).

(b) El imputado de delito y el Fiscal podrán estipular que el Jurado esté compuesto por un número menor de doce ( 12). jurados. Cuando el número estipulado de jurados sea entre once (11) y ocho (8), el veredicto será por mayoría de votos, en el cual deberán concurrir no menos de tres cuartas partes del número estipulado. Cuando el Jurado esté compuesto por seis (6) o siete (7) personas, la decisión deberá ser unánime. Antes de aceptar una estipulación de esta naturaleza, el tribunal le advertirá al imputado del derecho garantizado en el inciso (a).

regla corresponde, en parte, a la Regla 112


El derecho constitucional a juicio por Jurado, al igual que

otros importantes derechos del imputado de delito, es renunciable.

El imputado la puede renunciar y someterse a juicio ante un

tribunal de derecho, o puede estipular que su caso se vea ante un

Jurado compuesto por once personas, independientemente del hecho

que en la Constitución de Puerto Rico se consigna~a que.el Jurado

se compondría de doce personas.

176

No existe consecuencia negativa en dejar a la entera elección

y voluntad del imputado el estipular a ser enjuiciado por un Jurado

compuesto por menos de doce (12) integrantes.

La decisión de estipular el número de integrantes del Jurado

puede ser en una determinada situación o ante determinadas

circunstancias de un caso, un hecho que forme parte de la

estrategia de defensa.

Ahora bien, al igual que la renuncia al Jurado, o a un Jurado

compuesto por menos de doce miembros requiere que se haga en forma

inteligente y con conciencia de lo que implica la renuncia y sus

consecuencias, igual debe ser cuando un imputado acepte ver su caso

ante un Jurado compuesto por seis personas.

La función primordial del Jurado es deliberativa y su

confiabilidad para determinar hechos no depende de forma exclusiva

de su tamafio, sino de cómo actúa en su función de juzgador de los

h~chos. Ello significa que es el Jurado el que determina no sólo

si el imputado es culpable o inocente, sino también el delito o

grado del mismo, por el cual éste debe responder a la sociedad.

Pueblo v. Bonilla ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989); Pueblo v. cruz

correa. 121 D.P.R. 210 (1988).

Regla 504 Recusación~ general o individual

El Ministerio Fiscal o el imputado podrán recusar a todo el grupo de jurados seleccionados de acuerdo con estas reglas o a cualquier jurado individual. La recusación a todo el Jurado se denominará "recusación general•, y la recusacion a un jurado •recusación individual".

177

COM!m'l'.NU:O

La regla corresponde a la Regla 113 de Procedimiento


blil'lll SOS Recusación liJ'GDera.l. (a) 1"'1:lndamentos. La recusación general

podrá estar fundamentada en que los procedimientos para la selección del Jurado se han desviado de las prácticas establecidas por estas reglas o en que se ha omitido citar, en forma intencional, a uno (1) o más de los jurados sorteados.

(b) cuándo se solicitará. La recusación general se hará antes de que los jurados presten juramento para ser examinados en cuanto a su capacidad para actuar corno tales, pero el tribunal podrá por causa justificada

_permitir la recusación en cualquier momento antes de que todos los miembros del Jurado presten el juramento definitivo para actuar en la causa.

COMEN'l'Alll:O

(c) Fo:rma y contenido. La recusación general expondrá los hechos en que se funda y siempre se hará constar en las minutas del tribunal.

(d) Resolución. El tribunal podrá oír prueba sobre las controversias de hecho promovidas por la recusación general. Si el tribunal autoriza la recusación, excusará a todo el Jurado y ordenará el sorteo de un nuevo Jurado, o en caso necesario, la preparación de una nueva lista definitiva de acuerdo con el procedimiento establecido en estas reglas.

El inciso (a) corresponde, en parte, a la Regla 114; el

inciso (b) a la Regla 115; el inciso (c), en parte, a la Regla 116

y el inciso (d), en parte, a la Regla 117 de las Reglas de


Regla 506

COMEN'l'ARJ:O

178

Recusación individual1 cuándo se 111olicitará

La recusación individual podrá ser perentoria o motivada. Sólo podrá hacerse antes de que el Jurado preste juramento para juzgar la causa, pero el tribunal podrá por justa causa permitir la recusación después de dicho juramento y antes de presentarse prueba en el juicio.



Regla 507

COME:N'l'ARJ:0

Jurados1 juramento preliminar y -(a) Los jurados prestarán juramento

individual o en forma colectiva según ordene el tribunal, de contestar con la verdad todas las preguntas que les sean hechas en relación con su capacidad para actuar como Jurado.

(b) El tribunal examinará al candidato a servir como jurado y hará las preguntas pertinentes a su capacidad para actuar. El tribunal permitirá a las partes efectuar un examen a los jurados potenciales.

(c) El tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá limitar el número de preguntas durante el proceso de la desinsaculación •voir dire• de jurados.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 119 de Proce

dimiento Criminal ~e Puerto Rico de 1963.

Regla 508 :aecusaci0111es individuales1 orden El orden de · las recusaciones a los

jurados individuales será el siguiente:

COMl!:rl1'1'.UUO

179

(a) Motivadas de la defensa.

(b) Motivadas del Ministerio Fiscal.

(c) Perentorias del Ministerio Fiscal.

(d) Perentorias de la defensa.

La regla corresponde a la Regla i20 de Procedimiento Criminal


Regla 509 Racu11111ción motiva.da; f11nd•ment:0111

La recusación motivada de un jurado podrá hacerse por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(a) No es elegible para actuar como tal.

(b) Existe parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con el imputado, su abogado, el fiscal, la persona que se alega agraviada o aquélla que motivó la causa.

(c) Tiene con el imputado o con la persona que se alega agraviada relaciones de tutor, y pupilo, de abogado y cliente, de patrono y empleado, o de propietario e inquilino; es parte contraria al imputado en una causa civil, o lo ha acusado o ha sido acusado por él en un proceso criminal.

(d) Ha actuado en un Jurado que ha juzgado a otra persona por los mismos hechos que motivan la acusación o ha pertenecido a otro Jurado que juzgó la misma causa.

(e) No puede juzgar la causa con imparcialidad. No será motivo de incapacidad para actuar como miembro del Jurado el hecho de que la persona haya formado o expresado su opinión acerca del asunto o causa que haya de someterse a deliberación si dicha opinión se funda en rumores públicos, manifestaciones de la prensa o en la notoriedad del· caso, siempre que a juicio del tribunal, previa la

COMEN'l'AIUO

180

declaración que bajo juramento o en otra forma preste, la persona esté en aptitud, no obstante dicha opinión, de actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto que a ella haya de someterse.

(f) Tiene conocimiento personal de hechos esenciales a la causa.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. El inciso ( f)

corresponde, en parte, a la última oración del inciso (d) de la

Regla 121 de 1963.

Regla 510

COMl!:N'l'AIUO

Recusación :motivada; exención del servicio

Hallarse exento del servicio de jurado no constituirá motivo de recusación y sí un privilegio de la persona exenta.


de Puerto Rico de 1963. ·

Regla 511 Recusaciones perentorias; número; varios imputados

(a) Número. En todo caso, por un delito que apareje la pena de reclusión perpetua, el imputado y el Ministerio Fiscal tendrán derecho a diez (10) recusaciones perentorias cada uno. En todos los demás casos, el imputado y el Ministerio Fiscal tendrán derecho a cinco (5) recusaciones perentorias cada uno. Formulada la recusación perentoria contra un jurado, éste deberá ser excluido y no podrá actuar en la causa.

(b) varios acusados. Cuando varias personas fueran sometidas en forma conjunta a

COMEN'l'AIU:O

181

juicio, podrán fonnular en forma colectiva el número de recusaciones perentorias especificado en el inciso (a) de esta regla; además, cada una podrá fonnular dos (2) otras recusaciones perentorias.

En tal caso, el Ministerio Fiscal también tendrá derecho a un número de recusaciones perentorias igual al total de recusaciones que esta regla fija para·todos los imputados.

(c) Otras recusaciones perentoria&. El tribunal podrá, motu proprio o a petición del imputado, otorgar más recusaciones perentorias en los casos objeto de excesiva publicidad por la notoriedad de las partes o de las víctimas de delito. El número de recusaciones a concederse será a discreción del tribunal y será equivalente para la defensa y el Ministerio Fiscal.

(d) Procudimianto. Las partes ejercerán su derecho de recusación mediante notificación escrita al tribunal. El tribunal excusará a los jurados recusados por escrito sin revelar el origen de la recusación. Los jurados así excluidos no podrán actuar en el juicio.

El inciso (a) corresponde, en parte, a la Regla 123 y el

inciso (b) corresponde, en parte, a la Regla 124, ambas de


El inciso (c) es nuevo y pennite al tribunal otorgar más

recusaciones perentorias en casos de notoriedad como medida

cautelar para seleccionar candidatos idóneos y minimizar los

efectos adversos de la publicidad anterior al juicio, confonne lo

resuelto en Pueblo v. Hernández Mercado. 90 J.T.s. 74, 126 D.P.R.

(1990).

El inciso (d) es nuevo y pretende impedir que algún jurado se

pueda prejuiciar contra una parte por ejercer su derecho a recusar.

182

Regla 512 Juraélas; jur1U1U11J1to definitivo

COMEN'l'ARJ:O

El juez o el Secretario del tribunal tomará el jura.mento oral a los jurados que han sido seleccionados para actuar en el juicio en la forma siguiente:

"Cada uno de ustedes, ¿jura de manera solemne desempeñar bien y fielmente su cargo, juzgar con rectitud .la causa que se ha de ventilar ante este Tribunal y emitir un veredicto imparcial en conformidad con la prueba producida y a las instrucciones de ley que le sean impartidas? Así les ayude Dios.•


Procedimiento Criminal de.Puerto Rico de 1963.

Regla 513 Jurado ■ suplente ■ ; requisitos; recuaacián; juramento

(a) Nombramiento. cuando el tribunal lo crea conveniente podrá ordenar, después de haber prestado juramento al Jurado, que se llame a uno o más jurados suplentes. Los jurados suplentes deberán llenar los mismos requisitos que los jurados que hayan_prestado juramento y quedarán sujetos a iguales exámenes y recusaciones. Tanto el Ministerio Fiscal como la. defensa tendrán derecho a una recusación perentoria contra tales jurados suplentes. Los jurados suplentes prestarán igual jura.mento que los ya seleccionados para actuar en el caso y serán considerados como miembros del Jurado hasta tanto les excuse el tribunal.

(b) Cuándo actuarán. Si en cualquier momento antes de someter el caso al Jurado uno de los jurados regulares muere o se incapacita de tal forma que esté imposibilitado para cumplir con sus deberes, o tenga que ser relevado por causa suficiente, el tribunal ordenará su sustitución por el jurado suplente si hubiere uno solo. Si hubiere más de uno, se sortearán los nombres para escoger al jurado sustituto.

C0Nl!:N'.l'ARJ:0

183

(c) Los jurados suplentes se mantendrán bajo las reglas del tribunal y excluidos del salón de deliberaciones hasta que recaiga un veredicto.

El inciso (a) corresponde, en parte, a la Regla 126 y el

inciso (b), en parte, a la Regla 127 de Procedimiento Criminal de

Puerto Rico de 1963. El inciso (c) es nuevo y tiene el propósito

de garantizar a todo imputado _de delito la disponibilidad de doce

(12) candidatos para juzgar su caso.

Regla. 5141. ;Juicio; orden 11. aeguirae

Seleccionado y juramentado el Jurado que entenderá en el caso, el juicio será celebrado de acuerdo con el orden siguiente:

(a) Lectura. de la. acu■ación. El Secretario leerá la acusación al Jurado. El tribunal concederá oportunidad al imputado de hacer alegación. Cuando la acusación contenga alegación de convicciones anteriores, el tribunal, en ausencia del Jurado, preguntará al imputado si las admit~. De ser admitidas, el Secretario omitirá todo lo relacionado con dicha convicción al leer la acusación a los miembros del Jurado.

(b) Teoría de la prueba. El Ministerio Fiscal iniciará el juicio y expresará ante el Jurado o el tribunal, según el caso, la naturaleza del delito que intenta probar, las circunstancias en que se cometió el hecho delictivo y los medios de prueba que pretende utilizar para justificar la acusación o denuncia.

El imputado podrá exponer la teoría o defensa que uti. .. izará en el juicio y los medios de prueba, si alguno, que habrá de utilizar. Podrá diferir el momento de su exposición para después de concluida la presentación de la prueba de cargo o abstenerse de presentar exposición alguna.

COMl!lN'.l'Alll:O

184

(c) Orden de la prueba. El Ministerio Fiscal procederá a presentar la prueba que tenga en apoyo de la acusación y, concluida ésta, el imputado podrá presentar prueba de defensa. Ambas partes podrán entonces presentar sólo prueba de refutación de las aducidas por la parte contraria a menos que el tribunal, por razones que estime buenas y en bien de la justicia, les permitiere ofrecer alguna otra prueba sobre el caso original.

(d) Znfo:cmes al Jurado. Finalizada la prueba, las partes harán sus informes. El Ministerio Fiscal comenzará los turnos e informes y, además, podrá cerrar el debate, limitándose a rectificar el informe del imputado. El tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, limitar la duración y el número de los informes.

Los incisos (a) y (b) corresponden, en parte, a la Regla 128,

y el inciso (d), en parte, a la Regla 136 de Procedimiento


Regla 515

COMl!:N'l'Alll:O

'l'estigos; exclusión y separación

Mientras sea examinado un testigo, el tribunal podrá excluir los demás que no hayan sido examinados. Podrá ordenar que los testigos permanezcan separados y les sea impedido conversar entre sí hasta que hayan sido examinados.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 129 de •


Regla 516 Reclusos; cc:imparecencia

Cuando a petición de parte interesada sea requerido que una persona recluida en una institución correccional comparezca ante un

COMl!!N'.l'ARJ:0

185

tribunal como testigo de cualquiera de las partes o para cualquier otro fin, el tribunal podrá expedir la orden necesaria con ese propósito, la cual será diligenciada por el alguacil o por una persona autorizada por el tribunal.

La regla co=esponde, en parte, a la Regla 130 de


lRllgla. 517

COMEN'.l'ARIO

Testigos; evidencia.; juicio púh1ico; exc1usión de público

Excepto ló que en contrario sea ordenado por ley y por estas reglas, en todos los juicios el testimonio de los testigos será oral y en sesión pública y la admisibilidad de evidencia y la competencia y privilegios de los testigos serán conformes a las disposiciones de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

En los casos de crimen organizado y en los procesos por delitos de violencia doméstica, de incesto, violación, sodomía, seducción, actos lascivos o impúdicos y exposiciones deshonestas, o por la tentativa de cualquiera de éstos, el tribunal podrá excluir al público de sala durante el tiempo que dure el testimonio de la persona perjudicada. El tribunal sólo permitirá el acceso de las personas que tengan un interés legítimo en el caso. Previo a la orden de exclusión, el tribunal celebrará una vista en privado, excepto que las partes estipulen la exclusión del publico, para determinar si la persona perjudicada necesita de esta protección durante su testimonio.



186

El derecho de toda persona imputada de delito a un juicio

público está reconocido tanto por la Sexta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos como por el Art. II Sec. 11 de

nuestra Constitución. Es un derecho fundamental del imputado y se

debe garantizar.

Pero el derecho a juicio público no es absoluto e invariable

y puede ser limitado. El derecho está sujeto a limitación

razonable por parte del tribunal, dentro de su poder inherente para

velar por que se guarde la habitual compostura y respeto que son

indispensables a un adecuado procedimiento. El tribunal tiene

facultad para dictar una orden para que toda persona que asista a

un juicio criminal sea registrado, sin que ello viole el derecho a

juicio público, y tiene poderes inherentes, como medida de

seguridad, para excluir al público y tomar las medidas necesarias

durante un juicio para prevenir incidentes que puedan interferir

con el decoro que ha de prevalecer en todo tribunal. El tribunal

tiene facultad para controlar el número de personas en su interior

a aquellas que quepan en los asientos que estén disponibles, y no

viene éste obligado a disponer de asientos para todos los que

quieran entrar.

Se ha reconocido a los tribunales la facultad de excluir al

público de los juicios en ciertos casos, -como por ejemplo cuando se

van a descubrir las características comunes del pirata aéreo;

cuando declara un agente encubierto para proteger su indentidad; en

un proceso criminal cuando se descubre un secreto de fábrica;

cuando el testigo es intimidado por espectadores por medio de

187

gestos, sonrisas y movimientos sospechosos, y cuando declara la

persona perjudicada o algún testigo esencial en ciertos delitos

sexuales.

El propósito de esta regla es facultar al tribunal a excluir

al público de sala en el juicio al momento en que la persona

perjudicada debe declarar sobre los detalles de ciertos delitos.

La finalidad de la exclusión del público de sala es la de

ofrecer a la persona perjudicada protección de sus derechos

constitucionales de ataque a su honra, a su dignidad y a su

bienestar síquico y físico.

La regla reconoce que en ocasiones -existe un interés

gubernamental apremiante que sólo es obtenible con el remedio

radical de la exclusión del público de sala mientras declare el

testigo que la regla desea proteger.

El tribunal, luego de conceder oportunidad a las partes de

expresarse sobre la exclusión del público, bajo las circunstancias

particulares del caso ante su consideración, deberá considerar,

entre otros, los factores siguientes de la víctima declarante:

(ll su edad;

(2) la naturaleza y forma en que se cometió el delito;

(3) su bienestar siquico e integridad y seguridad física;

(4) el parecer y deseo de la víctima;

( S J los intereses de los padres, del cónyugue y de los

parientes, y .

(6) que la secretividad sea elemento esencial y ~ecesario

para obtener el testimonio.

188

La exclusión del público no debe ser total. Deben permanecer

en la sala los funcionarios del tribunal, los abogados, la persona

imputada de delito y, si lo desean, los familiares de la víctima y

otras personas que le ofrecen apoyo y sostén emocional al testigo.

Sólo debe excluirse al público en el momento en que la

víctima va a declarar y mientras dure su testimonio.

Regla 518

COMEN'l'AlUO

SulllPGDlliÓD ele aasión; adve:ctancia al ol'u.rado

Cada vez que sea suspendida una sesión, el tribunal deberá advertir a los jurados, si les permite separarse o quedar a cargo de un funcionario del tribunal, que es su deber no conversar entre sí o con otra persona acerca de asunto alguno relacionado con el proceso ni formar o expresar juicio alguno sobre el mismo hasta que la causa haya sido sometida a su deliberación final.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 132 de Proce

dimiento Criminal de PUerto Rico de 1963.

Regla 519 Jurados; conocim.ianto personal da hachos

Si uno de los jurados tuviere conocimiento personal de cualquier hecho controvertido en una causa, deberá así declararlo en sala antes del inicio del Juicio. Si retirado el Jurado para deliberar, uno de los miembros manifestare que le consta algún hecho que pudiere servir de prueba en la causa, el jurado deberá regresar al tribunal y deberá prestar juramento y ser examinado como testigo en presencia de las par~es. Continuará actuando como jurado a menos que el juez determine que de permitirlo no habría una consideración imparcial de la causa por parte del jurado.

189

COMl!:N'l'AJUO

La regla corresponde, en parte, a la. Regla 133 de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico.

El conocimiento personal de algunos hechos controvertidos en

un juicio es algo que puede ser muy dañ.ino para la justicia en

muchos casos. No requiere, sin embargo, la descualificaci6n

automática de un miembro del Jurado, sino que amerita que el asunto

sea discutido en el juicio y que el jurado sea interrogado por las

partes para que el tribunal determine si podrá actuar en forma

imparcial y sin perjuicio para las partes. Esta sería una

alternativa menos drástica que la disolución del Jurado. Cf, Pueblo

v. González Olivero, 100 D.P.R. 737 (1972) .

Regla 520

COMl!:N'l'AJUO

.J'urado; inspección ocular

Cuando a juicio del tribunal sea conveniente que el Jurado examine el lugar en que fue cometido el delito, o en que haya ocurrido cualquier otro hecho esencial, podrá ordenar que sea conducido al sitio el Jurado bajo la custodia de un alguacil, el cual le será sefíalado por la persona designada por el tribunal para tal propósito. El alguacil prestará juramento de que impedirá que persona alguna, incluso el mismo, hable o se comunique con algún jurado acerca de cualquier asunto relacionado con el juicio y que regresará al tribunal con el Jurado sin dilación innecesaria. Al ser celebrada una inspección ocular, el juez siempre acompañará al Jurado al sitio de los sucesos.



190

Sobre inspecciones oculares, veánse: Pueblo v. Lebrón

González, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Ríos Alvarez, 112 D.P.R.

92 (1982); Pueblo Y, Paqán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981).

En Pueblo v. Burgos Hernández. 113 D.P.R. 834 (1983), el

Tribunal Supremo sefialó que un tribunal no abusa de su discreción

al denegar una solicitud de inspección ocular si la misma no.

afiadirá nada al proceso.

Regla 521 Absolución perentoria

COMl!:N'l'AlUO

a) El tribunal, a instancia propia, decretará la absolución perentoria de un imputado de delito en uno o varios cargos de la acusación o denuncia, luego de practicada la prueba de una o de ambas partes, si la misma es insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos.

(b) De presentarse por el imputado una moción de absolución perentoria, luego de practicada la prueba del Ministerio Fiscal, el tribunal podrá reservarse su resolución. Si la moción es presentada o reiterada, luego de practicada toda la prueba en el juicio, el tribunal .no podrá reservar su resolución. Si el tribunal declarare sin lugar la moción, ésta podrá reproducirse dentro de los tres (3) días de rendido el veredicto o disuelto el Jurado, siempre que no se haya dictado sentencia.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 135 Procedimiento

Criminal de Puerto Rico de 1963. El inciso (a) se activa a

instancias del tribunal, y el inciso (b) a instancias del imputado

de delito.

La regla hace mandatorio que el tribunal resuelva la moción

antes de quedar sometido el caso al Jurado.·

191

Una absolución perentoria constituye una absolución en los

méritos que impide cualquier procedimiento ulterior, incluyendo una

revisión de la decisión de absolución perentoria. Así lo resolvió

la Corte Suprema federal bajo la Quinta Enmienda en Smalis v.

Pennsylyania. 476 u.s. 140 (1986), que obliga a Estados Unidos y a

Puerto Rico. Declarada con lugar una moción de absolución

perentoria, luego de terminada la prueba de cargo, el Pueblo no

podrá revisar la resolución por impedirlo la protección contra la

doble exposición. Lo mismo ocurre del tribunal declarar con lugar

la moción de absolución perentoria luego de practicada toda la

prueba.

Si el tribunal se reserva su resoluclón de la moción y somete

el caso al Jurado, pero decla~a con lugar la moción antes de

rendido el veredicto del Jurado, el Pueblo no puede revisar la

resolución de absolución perentoria pues, aunque prevaleciera en

los méritos, habría que continuar con el procedimiento deliberativo

del Jurado, lo cual constituye la ulterior exposición prohibida por

la cláusula constitucional. E. L. Chiesa, Derecho procesal penal

de Puerto Rico y Estados unidos, Vols. II y III, págs. 369-371 y

410-419.

Reg-la 522 Juicio; instrucciones

Finalizados los informes, el tribunal deberá instruir al Jurado, hará un resumen de la evidencia y discutirá todos los asuntos de derecho para la información del Jurado. Por estipulación de las partes hecha antes de empezar las .instrucciones y aprobada por el tribunal, se podrá omitir hacer el resumen de la evidencia.

192

Todas las instrucciones serán verbales a menos que las partes estipulen otra cosa. Cuando el tribunal informe a las partes que impartirá determinadas instrucciones contenidas en el libro de instrucciones al Jurado aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, las partes, en ausencia del Jurado, señalaran sus objeciones y expresarán sus propuestas para que el tribunal la resuelva en sus méritos.

Cualquiera de las partes podrá solicitar determinadas instrucciones al terminar el desfile de la prueba. Las instrucciones serán solicitadas por escrito, a menos que el tribunal las permita de forma verbal o que las instrucciones solicitadas estén contenidas en el libro de instrucciones al Jurado aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando las instrucciones sean solicitadas por escrito, las partes deberán ser notificadas.

El tribunal podrá aceptar o rechazar ·cualquiera o todas las peticiones, escribirá su decisión en cada una y notificará. a las partes de su decisión antes de que éstas rindan su informe final ante el Jurado. Ninguna de las partes podrá sefialar como error cualquier porcion de u omision en las instrucciones, a menos que someta su objeción a éstas, solicite otras instrucciones antes de retirarse el Jurado a deliberar, y exponga los motivos de su impugnación o de su solicitud. Le será concedida la oportunidad para formular

... éstas en ausencia del Jurado. El tribunal procederá entonces a resolver la petición. La resolución constará en el expediente o impartirá cualquier otra instrucción pertinente.

COME:NTARJ:O

La

Al terminar las instrucciones, el tribunal nombrará al presidente del Jurado y ordenará que se retire a deliberar. En sus deliberaciones y veredicto, el Jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponga el tribunal en sus instrucciones.



193

El tribunal puede permitir que las partes soliciten

verbalmente las instrucciones. El tribunal siempre tendrá facultad

para exigir que dichas solicitudes sean por escrito.

El Tribunal Supremo decidió que las instrucciones al Jurado

deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos de

delitos inferiores al imputado, o comprendidos dentro de éste, sino

tambien los elementos esenciales de las defensas levantadas y los

puntos de derecho que puedan estar presentes. Pueblo y. González

Colón. 110 D.P.R. 812 (1981). En Pueblo y, Ortiz González, 111

D.P.R. 408 (1981), se resolvió que las instrucciones al Jurado no

pueden ser objetadas por-primera vez en apelación.

Regla 523 a1'urado; a.i111lamient0

La defensa o el Ministerio Fiscal podrá solicitar, o el Juez podrá ordenar, el aislamiento del Jurado. Cuando la solicitud se haga por la defensa o por el Ministerio Fiscal, el Tribunal, en interés de la justicia, accederá a lo solicitado y ordenará que el .:rurado quede bajo la custodia del alguacil, según lo dispuesto en esta regla.

Aislamiento del .Jurado. Con el propósito de evitar que el Jurado sea influenciado por información extrajudicial y cualquier otra materia que pueda interferir en forma perjudicial con su deber y obligación de rendir un veredicto justo, imparcial y libre de coacción, el tribunal podrá ordenar el aislamiento del Jurado. El aislamiento será realizado al poner bajo la custodia del Alguacil General del Tribunal al Jurado en un lugar seleccionado por éste, que permita disponer de suficiente persona: para la custodia y protección del Jurado.

El alguacil· prestará juramento de mantener juntos al Jurado hasta la próxima sesión del tribunal; de impedir que persona

194

alguna, incluso él mismo, hable o se comunique con los jurados acerca de cualquier asunto relacionado con el juicio, y de regresar al tribunal con el Jurado en la próxima sesión. Asimismo, durante el transcurso del juicio, cuando en el interés de la justicia sea necesario, tanto el imputado como el Ministerio Fiscal podrán solicitar del tribunal que ordene que el Jurado quede bajo la custodia del alguacil.

El Alguacil General y los alguaciles auxiliares estarán obligados a cumplir con las normas siguientes:

(a) Impedir a persona alguna el tener· contacto con los miembros del Jurado sin autorización judicial.

(b) Los alguaciles a cargo del Jurado no podrán hablar con sus integrantes, excepto cuando sea necesario o por autorización judicial.

(c) Toda comunicación de los miembros del Jurado con el tribunal será por escrito y en un sobre sellado y tramitado a través de un alguacil.

(d) Coordinar los arreglos necesarios para la transportación del Jurado del tribunal al lugar de alojamiento y a los lugares seleccionados para ingerir alimentos.

Durante el término que dure el aislamiento, el alguacil proveerá alimentación a los jurados. El consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido a menos que el tribunal disponga lo contrario.

Cuando el Jurado sea retirado al lugar seleccionado para su alojamiento, seguirán las normas siguientes:

(a) Podrán hacer y recibir llamadas telefónicas siempre y cuando un alguacil escuche la conversación por una extensión. De ocurrir un comentario relacionado con el caso, el alguacil deberá interrumpir la·comunicación de inmediato e informar al tribunal.

COMDITA1UO

La

195

(b) Podrán leer periódicos, excepto noticias relacionadas con el caso; será deber del alguacil examinar éstos antes de entregarse al Jurado.

( c) No podrán escuchar las noticias televisadas o por radio relacionadas con el juicio.

(d) Toda correspondencia o paquete recibido será examinado por el alguacil antes de entregarse al jurado.

Regla corresponde, en parte, a la Regla 138 de


Se incorporan, en parte, las disposiciones contenidas en los

Arts. 272 y 273 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935.

Regla 524

COMl!lN'l'AlUO

Jurado; deliberación; juramento del alguacil

Al retirarse el Jurado a deliberar, el alguacil prestará juramento de:

(a) mantener a los jurados juntos en el si tic destinado por el tribunal para sus deliberaciones,

(b) impedir a cualquier persona comunicarse con el Jurado o con cualquiera de sus miembros, y

(c) no comunicarse él mismo con el Jurado o con cualquiera de sus miembros acerca de asunto alguno relacionado con el proceso.


Procedimiento criminal de 1963.

Regla 525 Jurado; deliberación; evidencia

UBO de

COMEN'l'AJU:0

196

El tribunal permitirá que el Jurado, al momento de retirarse a deliberar, lleve consigo la evidencia objetiva o documental admitida en evidencia, excepto las deposiciones y declaraciones juradas o parte de estas. Éstas le serán leídas al Jurado por el Secretario del Tribunal en el momento en que se instruya al Jurado sobre el propósito para el cual se ofreció la deposición o declaración jurada. Al ejercer su discreción, el tribunal deberá considerar, entre otras cosas, si los objetos o documentos ayudarán al Jurado en la adecuada consideración del caso, si alguna parte resultará perjudicada por ello y si la evidencia podría ser utilizada en forma indebida por el Jurado.



La regla permite que las deposiciones y declaraciones

juradas, o partes de éstas, le sean leídas a los miembros del

Jurado antes de iniciarse el proceso de deliberación.

Regla 526

COMEN'l'AJU:0

Jurado; deliberación; r&!Jr8BO a sala a au solicitud.

Retirado el Jurado a deliberar, de surgir cualquier desacuerdo o confusión entre los miembros respecto a la prueba testifical, o si desean ser informados acerca de algún punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir al alguacil encargado de ellos que los conduzca a sala. Una vez en sala, la información solicitada será requerida por escrito y sólo les será ofrecida previa notificación al Ministerio Fiscal, al imputado y a su abogado. Se mostrará a las partes la solicitud del Jurado y se le ofrecerá la instrucción necesaria o se le permitirá escuchar el testimonio solicitado a todos los miembros del Jurado.

197


Procedimiento Criminal de 1963 .

bg-1111. 527

COMl!:m'AR%0

.:Jurado; deliberación; regrese a slll.1111. 111. izlstimcias del trilnmal

Retirado el Jurado a deliberar, el tribunal podrá ordenar su regreso a sala con el propósito de corregir cualquier instrucción errónea o para ofrecer otras instrucciones. Tales instru·cciones serán ofrecidas luego de haberse notificado al Ministerio.Fiscal, al imputado y a su abogado de la decisión del tribunal de· corregir o ampliar sus instrucciones al Jurado.


Procedimiento Criminal de 1963.

bg-la 528

COMl!!N'l'AR%0

Jurado; deliberación; tribunal ccmatituidc

Mientras el Jurado esté deliberando, el tribunal permanecerá constituido con el propósito de poder considerar cualquier incidente relacionado con la causa sometida a éste.



Regla 529 .-:ruradc; disolución El tribunal podrá ordenar la disolución

del Jurado antes del veredicto en los casos siguientes:

(a) Si deliberar,

antes algún

de retirarse el Jurado a miembro regular esté

de

de

de

198

imposibilitado de continuar sirviendo a consecuencia de enfermedad o de muerte, y no haya jurados suplentes disponibles según la Regla 513, y el imputado no acceda .a ser juzgado por un número menor de jurados.

(b) Si después de retirarse el Jurado a deliberar, ocurre la enfermedad o la muerte de un miembro del Jurado, y no hay jurados suplentes disponibles según la Regla 513, o surja cualquiera otra circunstancia que les impida permanecer reunidos y el imputado no accede a ser juzgado por un número menor de jurados.

(c) Si la deliberación se prolonga por un lapso de tiempo que el tribunal estime suficiente para concluir que resulta evidente la imposibilidad de que el Jurado pueda llegar a un acuerdo.

(d) Si ha sido cometido algún error o se ··haya incurrido en alguna irregularidad durante

el proceso que, a juicio del tribunal, le impida al Jurado rendir un veredicto justo e imparcial ..

COME:N'l'ARJ:O

(e) Por cualquiera otra causa que a juicio del tribunal impida al Jurado rendir un veredicto justo e imparcial si las partes consienten a ello.

Si de acuerdo con los incisos (a) y (b) el imputado acepta ser juzgado por un número menor de jurados, deberá cumplir con la Regla 503 para que sea válido el veredicto.

En los casos en que el Jurado sea disuelto, según lo provisto por esta regla, la causa podrá ser juzgada de nuevo.



El inciso ( a) dispone que la disolución del Jurado se

decretará únicamente cuando no haya jurados suplentes disponibles,

y se añade en los incisos (a) y (b) que no se disolverá el Jurado

199

si el imputado accede a ser juzgado por un número menor de jurados.

El inciso (e) especifica que, en tales circunstancias, para que el

veredicto sea válido se debe cumplir con las disposiciones de la

Regla 503.

El Tribunal Supremo indicó en Plard Fagundo y. Tribunal

Superior, 101 D.P.R. 444 (1973), que si no hay veredicto en dos (2)

juicios consecutivos y se disuelve el Jurado, en el tercer juicio

prosperará la defensa de doble exposición .

Rai;rla 530

COMl!:N'l'ARJ:0

.Ju:ado; veredicto; 1111 :rezulición

Una vez que el Jurado acuerde un veredicto, regresará a sala bajo la custodia del alguacil y el presidente de dicho Jurado entregará el veredicto por escrito al alguacil de sala para que éste lo entregue al tribunal. El juez preguntará al presidente del Jurado si dicho veredicto es el veredicto del Jurado y el número de jurados que votaron en favor del mismo. Si el presidente del Jurado respondiere en la afirmativa, y el veredicto rendido fuere conforme a la ley, el mismo será aceptado por el tribunal y leído por el secretario de sala.



Rei;rla 531 Jura.do; veredicto; fm:ma

El veredicto declarará al imputado "culpable", "no culpable" o "no culpable por razón de locura". No será necesario conformarlo estrictamente a esta terminología,· pero la intención del Jurado deberá constar en forma clara. Cuando el veredicto de culpabilidad esté relacionado a un delito con

COMEN'l'ARJ:O

200

distintos grados o a un delito con otros delitos inferiores comprendidos En el delito mayor, el veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual ha sido encontrado culpable el imputado.

Si el Jurado tiene que determinar la condición de subsiguiente del delito imputado y el veredicto es de culpabilidad, el mismo hará expresión sobre la alegación de subsiguiente y el ·grado de reincidencia alegada.

En todo caso, el veredicto expresará el número de los miembros del Jurado que concurrieron.



El Tribunal Supremo ha expresado que lo importante es·que la·

decisión del Jurado sea manifestada claramente. Veáse Pueblo y.

Martínez Ríos. 109 D.P.R. 303 (1979) .

Regla 532

COMEN'l'ARJ:0

.l'ura4o; veredicto; ccm.vicción por UD

delito inferior

Conforme a las instrucciones recibidas por el tribunal, el Jurado podrá declarar culpable al imputado de la comision de cualquier delito inferior comprendido en el delito imputado, de cualquier grado inferior del delito imputado, de tentativa de cometer el delito imputado o cualquier otro delito comprendido en él, o de cualquier grado que el mismo tenga si la tentativa constituye, por sí misma, un delito.


Procedimiento Criminal.

201

Dispone esta regla que la persona imputada de delito podrá

ser declarada culpable de la comisión de cualquier delito inferior

necesariamente comprendido en el delito que se le imputa. Se ha

resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que en un caso

donde algunos de los elementos del delito por el cual se acusa

también constituyen un delito menor, el imputado tendrá sin duda,

si la evidencia lo justifica, derecho a una instrucción que permita

un veredicto por el delito menor. Berra y. United States, 351 u.s.

131, 134 (1956); Pueblo y. del ya.lle. 91 D.P.R. 174 (1964); Pueblo

v. Medina ocasio, 98 n.P.R. 302 (1970); Pueblo v. Fiqueroa

Fiqueroa. 100 n.P.R. 213 (1971).

Puede deducirse de la razón de decidir del Tribunal que si no

se hubiera tratado de delitos que "comparten un elemento común de

negligencia criminal y los diferencia el grado• y el veredicto

fuera de diferente naturaleza a las instrucciones el tribunal,

antes de aceptar el veredicto y siempre que no sea absolutorio debe

devolver el veredicto al Jurado. Si regresa con igual veredicto,

deberá ser aceptado.

En Pueblo v. Rodríguez, 69 D.P.R. 546 (1949), el Tribunal

Supremo, al interpretar el Art. 288 del Código de Enjuiciamiento

Criminal, resolvió sobre el veredicto contrario a las instrucciones

del tribunal y sobre los veredictos probables.

En Beck v. Alabarna, 447 u.s. 625 ('1980), el Tribunal Supremo

de Estados Unidos resolvió que un Jurado debe tener la opción de

poder encontrar al imputado culpable de un delito inferior, ya que

de otra forma se viola la Octava Enmienda sobre castigos crueles e

202

inusitados. Para una discusión del tema, veáse E. Hernández Milán,

Los veredictos inconsistentes y la Regla 147 de Procedimiento

Criminal, 79 Rev. Der_ Pur. 229 (1981).

Regla 533

COMl!:N'l'ARJ:O

Jura4o;· vare4icto; reconai4aración ante w:ia. errónea aplicación 4e la ley

Si al rendirse un veredicto de culpabilidad el tribunal considera que el Jurado ha errado en la aplicacion de la ley, el juez podrá explicar sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el· veredicto. Si se emite el mismo veredicto, éste será aceptado por el tribunal y procederá conforme a lo provisto en la Regla 521 (Absolución perentoria) o en la Regla 602 (Nuevo juicio; fundamentos) . Nada de lo aquí dispuesto será aplicable a un veredicto absolutorio, el cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal.



Las Reglas de Procedimiento Criminal facultan al juez para

ordenar al Jurado que reconsidere un veredicto erróneo producto de

una equivocación del Jurado al aplicar la ley o un veredicto

defectuoso que no permita entender con razonable claridad la

decisión del Jurado respecto a culpar o absolver al imputado ;pero

las reglas colocan dicha orden para ulterior deliberación antes de

que el veredicto sea aceptado. La aceptación del veredicto por el

tribunal surge del texto de las reglas como punto final a la

intervencion del Jurado en ~l proceso y cierre de la función

deliberativa. Se concreta con esa aceptación del veredicto la

203

exposición del imputado a castigo y excluye ulterior riesgo.

Art. II, Sec. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado .

bg1a 534

COMl!:N'l'Alll:O

.Jurado; reccmsidoración do veredicto dofectuo1110

Si el veredicto resulta ser tan defectuoso que el tribunal no puede determinar la intención del Jurado de absolver o condenar al imputado por el delito bajo el cual el imputado pudiera ser convicto de acuerdo con la acusación, las instrucciones impartidas, o no puede determinar en qué cargo o cargos quiso el jurado absolver o condenar al imputado, el tribunal podrá instruirle para que reconsidere dicho veredicto y exprese con claridad su intención. Pero si el Jurado insiste en rendir el veredicto defectuoso, tal veredicto será aceptado y el tribunal dictará un fallo absolutorio.


frocedimiento Criminal de 1963.

La regla se refiere al veredicto que no permite al juez

entender con razonable claridad la decisión del Jurado de absolver

o culpar a la persona imputada de delito.

En esencia, lo importante es determinar cuál ha sido la

verdadera intención del Jurado. Pueblo v. Martínez Díaz, 90 D.P.R.

467 (1964).

Reg1a 535 .Jurado; 110 veredicto

El Jurado podrá emitir un veredicto o tantos veredictos como sea necesario respecto a uno o a más de los cargos del pliego acusatorio o a uno o más de los imputados incluidos en la misma sobre cuya culpabilidad o inocencia estén de acuerdo. Si el Jurado no

com:N'l'AlUO

204

pudiere llegar a acuerdo alguno respecto a cualquier cargo o imputado, el tribunal ordenará un nuevo juicio en cuanto a dicho cargo o imputado, siempre y cuando el imputado de delito no haya sido enjuiciado en más de una ocasión sin que el Jurado haya podido rendir un veredicto.



inciso (g) de la Regla 402.

Se armoniza esta regla con el

Regla 536

COMENTARIO

Jurado; C0111Probaci6n del veredicto nmdido

Cuando el Jurado emita un veredicto, a requerimiento de cualquier parte o a instancias del propio tribunal, tal veredicto deberá ser comprobado con cada jurado en cuanto a la proporción. Si como resultado de esta comprobación se determina que el veredicto no fue rendido, de acuerdo con la Regla 503 se ordenará el retiro para continuar sus deliberaciones o podrá ordenarse su disolución.



Regla 537 Procedimiento ante el 'l'ribuDal de Primera. Znsta.ncia en delitos menos graves sin derecho a :luicio por jurado

(a) Asistencia. de aboga.do. Al llamarse un caso para juicio, si el imputado no tiene abogado el tribunal deberá informarle de su derecho a tener asistencia de abogado, y si el imputado no pudiere obtener los servicios de un abogado, el tribunal le nombrará un apegado que lo represente, a no ser que el

COMEN'l'ARJ:O

La

205

imputado renuncie a su derecho a tener asistencia de abogado. El abogado nombrado por el tribunal ofrecerá sus servicios sin costo alguno para el imputado. El tribunal deberá concederle al abogado un término razonable para preparar la defensa del imputado.

(b) Juicio. Al comenzar el Juicio, se leerá la denuncia y el imputado hará su alegación. Si hiciere alegación de •no culpable", el fiscal (si lo hubiere) o el tribunal procederá al examen bajo juramento de los testigos de cargo; finalizado éste, el imputado ofrecerá la prueba de su defensa. En este mismo orden podrá ser presentada la prueba de refutación, aunque dicho orden podrá ser variado por el tribunal de acuerdo con su discreción. Finalizado el período de prueba e informado el caso por las partes, si así lo desearen, el tribunal pronunciará el fallo y dictará sentencia de acuerdo con lo dispuesto en estas reglas.


~rocedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

La referencia al tipo de delito envuelto que se hace en esta

regla sustituye la referencia anterior.al Tribunal de Distrito, por

la consolidación del Tribunal de Primera Instancia a tenor con la

Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

Regla 538 Fallo; definición; cuáll.do deberá pronunciarse

El término •fallo" significa el pronunciamiento hecho por el tribunal que declara culpable o no culpable al imputado.

Después de una alegación de culpabilidad, de nolo contendere o de de un veredicto, el tribunal pronunciará en sesión pública su fallo en conformidad con dicha alegación o el veredicto rendido. El fallo se hará constar

COM!m'l'ARIO

206

en el registro de causas criminales y en las minutas del tribunal no más tarde del segundo día de haberse dictado. cuando el juicio no haya sido por Jurado, el tribunal podrá reservarse el fallo por un término que no excederá de dos (2) días después de haberse sometido la causa.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 16 O de


Una visión sistémica del derecho procesal penal debe tornar en

cuenta una cierta apetencia de certidumbre por parte de varios o de

todos los componentes del sistema de justicia criminal.

Nadie duda que la misión fundamental del

enjuiciamiento criminal es castigar a los culpables y absolver a

los inocentes. Lo que no todos tenernos tan claro es que el

pronunciamiento condenatorio o absolutorio gira normalmente en

torno a dos ( 2) elementos que pueden y deben ser objeto de

adjudicación individual. Estos son.la autoría material y el juicio

social de reproche que se establece y se pronuncia como fundamento

de la culpabilidad del autor.

El fallo condenatorio incorpora por antonomasia ambos

elementos: el objetivo y el subjetivo. Por ello, cuando escuchamos

que alguien ha sido declarado culpable, asumirnos -y con razón- que

ese alguien fue el que configuró en la realidad objetivada el

conjunto de elementos materiales exigidos y tipificados en la norma

penal especial aplicable, y también que la apreciación realizada

sobre el conjunto de supuestos anímicos y axiológicos que

acompañaron la ejecución material permite. decretar su falta de

207

sensibilidad y altruísmo, en cuyo caso el juez no hace otra cosa

que verbalizar el juicio social de reproche.

Cosa bastante más complicada ocurre con respecto a los fallos

absolutorios. De los mismos no se puede colegir si el juez lo que

ha querido decir es que el imputado no fue el autor material de los

hechos punibles o si en realidad lo fue, pero por alguna razón de

carácter subjetivo no merece ser declarado culpable.

Frecuentemente, al escucharse un fallo absolutorio, los

policías que investigaron el caso se preguntan: "Bueno, pero el

acusado ¿fue o no fue autor de los hechos?"· La.pregunta tiene por

corolario una interrogante angustiosa para los que tienen por

misión intervenir con los supuestos autores de acciones punibles:

"si este acusado no fue el autor de los hechos, el verdadero autor

está todavía en la calle".

Sin pretender que un fallo, luego de un proceso criminal, se

parangone a una Opinión y Sentencia en un caso civil, donde se

destacan prolijamente los supuestos-hechos a los que se aplicará el

derecho·;·· se afiadiría cierto grado. de certidumbre ·al producto

adjudicatorio si el fallo penal se enfrentara a esta dualidad en el

esquema delictual y de alguna manera se pudiera distinguir

claramente entre tres (3) enunciados distintos:

"El punible y reproche"

acusado llevó a cabo la acción lo hizo de forma que amerita se le

"El acusado llevó a cabo la acción pllilible, pero no lo hizo culpablemente" y

"El acusado no fue el autor material de la acción punible"

208

En el primer enunciado, debe ser castigado; en el segundo, no

debe ser castigado, pero sí puede ser objeto de medidas

neutralizadoras o socioprotectoras, y en el tercero, el imputado

tiene derecho a que se le libere de cualquier intervención de tipo

penal por los hechos que un día se le imputaron.

Regla 539

COME'l'ARJ:O

Fallo; especificación del grado del delito

En todo fallo de culpabilidad por

~o clasificado en grados, el tribunal

~ará ei grado del delito por el cual

se conQe::-.· al imputado.

-egla corresponde a la Regla 161 de Procedimiento Criminal

~~ .?uerto Rico de 1963.

,, 209

CAPJ:'l'OLO VJ:

JRagla 601 Huevo :juicio; concesión

COMEN'.t'ARJ:O

El tribunal podrá conceder un nuevo juicio a solicitud del imputado luego de ser emitido el veredicto o fallo de culpabilidad en conformidad con lo que se dispone en la Regla 602.


·Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

Se enmienda la regla para incluir el veredicto y aclarar que

el nuevo juicio aplica a los casos ante Jurado y a los celebrados

ante tribunal de derecho.

La regla impide que el tribunal motu proprio, sin una

solicitud del imputado, pueda conceder un nuevo juicio. El

concederle esa facultad le crearía al imputado un posible problema

de doble exposición.

lRagla 602 Huevo juicio; "'"nd•mentos

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los fundamentos siguientes:

(al Que se ha descubierto nueva prueba, la cual debe cumplir con todos los requisitos siguientes:

l. no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del juicio;

2. no es meramente acumula ti va;

3 . no impugna la prueba aducida durante el juicio, y

4. probablemente diferente.

es prueba produciría

creíblé y un resultado

210

Al hacer la solicitud de nuevo juicio bajó este fundamento, el Íil'~utado hará constar las gestiones practicadas para obtener la nueva prueba y acompafiará la nueva prueba en forma de declaración jurada de los testigos que la ofrecerán.

(b) Que el veredicto se determinó al azar o por cualquier otro medio que no fuere expresión verdadera de la opinión del Jurado.

(c) Que el veredicto o fallo es contrario a derecho o a la prueba.

(d) Que medió cualesquier-a de las siguientes circunstancias y, como consecuencia, se perjudicaron derechos constitucionales del imputado:

1. el imputado en cualquier etapa del dispuesto en la Regla 105;

no estuvo presente juicio, salvo lo

2. el Jurado recibió·. evidencia fuera de sesión, excepto la que resulte de una inspección ocular;

3. los miembros del Jurado, después de retirarse a deliberar, se separaron sin el consentimiento del tribunal o que algún Jurado incurrió en conducta impropia, la cual impidió una consideración imparcial y justa del caso, y que tal conducta pudo variar el veredicto del Jurado;

4. el Ministerio Fiscal incurrió en conducta impropia,

S. el tribunal erró al resolver cualquier asunto de derecho surgido en el curso del juicio, instruyó erróneamente al Jurado sobre cualquier asunto legal del caso o se negó erróneamente a dar al Jurado una instrucción solicitada por el imputado que resultase en una violación al debido proceso de ley que pudiese variar el resultado del juicio.

(e) Que no ha sido posible preparar una exposición narrativa, según se dispone en las Reglas 807 y 809, y no es posible obtener una transcripción de los procedimientos debido a

COMl!:N'!'AIU:O

La

211

la destrucción de las cintas grabadas durante el juicio.

(f) El tribunal, además, concederá un nuevo juicio cuando, debido a cualquier otra causa de la cual no fuere responsable, el imputado considere que se ha cometido un error constitucional, y que de no haberse cometido, el resultado en forma probable y razonable habría sido diferente.



Esta regla enumera los distintos fundamentos por los cuales

es obligatorio conceder un nuevo juicio. La misma ha sufrido pocas

alteraciones dado el carácter específico de los fundamentos para la

concesión de nuevo juicio y el carácter obligatorio de la misma.

En el inciso (a) se ha incluido el requisito de hacer constar

en la moción de nuevo juicio por descubrimiento de nueva prueba las

gestiones practicadas por el imputado para obtener esa evidencia.

El propósito cie dicha inclusión es dar al tribunal mayores

elementos .de juicio para aquilatar si estas diligencias, de haberse

efectuado antes del juicio, hubiesen arrojado esa nueva prueba que

se aduce ha sido descubierta.

La moción de nuevo juicio va dirigida a la discreción del

tribunal sentenciador. De éste denegarla, un tribunal de

apelaciones no intervendrá en la misma a menos que el apelante

demuestre un claro e inequívoco abuso de discreción por parte del

juez.

bgla 603

COMENTAlUO

212

Moción-de 1111olicitud de nuevo juicio; c:•néndo se presentará; requisitos

La moción de solicitud de nuevo juicio deberá presentarse por escrito con notificación al Ministerio Fiscal antes de que se dicte la sentencia. La moción expresará los fundamentos para la petición.

Cuando la solicitud se funde en lo dispuesto en el inciso (e) de la Regla 602, deberá presentarse treinta (30) días después de dictarse la sentencia.

En caso de que la solicitud se fundamente en el descubrimiento de nuevos hechos o nuevos elementos de prueba, ésta deberá de presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba.

Tarobién podrá el tribunal, a solicitud del imputado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia adviene en conocimiento de nuevos hechos o de elementos de prueba que evidencien la inocencia del sentenciado.

Los primeros tres (3) párrafos corresponden, en parte, a las

Reglas 189 y 190, y el último párrafo, en parte, a la

Regla 192 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963.

bgla 604 Mociém de 1111olicitud de nuevo juicio; cuándo ee celebrará; requisitos

Al concederse un nuevo juicio, éste deberá celebrarse por un delito que no será mayor en grado, o que no podrá ser de mayor gravedad, que aquel por el cual fue sentenciado el imputado en el juicio anterior.

El Estado tendrá sesenta (60) días para comenzar el juicio si el imputado está sumariado, o ciento veinte (120) días si está bajo fianza, contados a partir de la fecha de

(

COMEN'l'ARJ:O

213

la orden que concede el nuevo juicio o de la devolución de los autos del caso luego de un recurso de apelación o certiorari. El Juicio será presidido por un juez distinto al que atendió el juicio anterior.

En el nuevo juicio no podrá utilizarse o referirse al veredicto o fallo anterior como prueba ni como argumento, ni podrá alegarse como fundamento para desestimar el pliego acusatorio por el inciso (e) de la Regla 402.

De encontrarse el caso pendiente en apelación o certiorari, el tribunal no entrará en los méritos de la moción de solicitud de nuevo juicio hasta tanto el tribunal ante el cual esté pendiente el recurso autorice al tribunal de instancia a evaluar los méritos de dicha moción o devuelva el caso al tribunal sentenciador.



Se establece el término de juicio rápido para la celebración

del nuevo juicio.

El término para celebrar el nuevo juicio se computará desde

que el tribunal emite la orden para conceder el nuevo juicio o

desde la devolución de los autos luego de un recurso de alzada o un

ataque colateral a la sentencia, según sea la situación del caso

en particular.

El nuevo juicio será presidido por un juez distinto al del

juicio original. Es razonable que así sea, pues ya el juez del

juicio anterior, al escuchar y valorar la prueba y resolver

controversias de hecho y de d~recho, ha formado opiniones sobre los

distintos aspectos del caso. Si un _juez que determina causa

214

probable está descalificado para presidir el juicio, más aún lo

debe estar el juez que presidió un juicio anterior.

Se ha considerado también en esta regla la situación de que

se presente una solicitud de nuevo juicio mientras está pendiente

un recurso de apelación. La Regla 33 de Procedimiento Criminal

federal provee que se podrá conceder el nuevo juicio sólo cuando el

caso sea devuelto por el tribunal de alzada. Así se expresa, en su

parte pertinente: • .•• if an appeal is pending the court may grant

the motion only en remand of the case." Por el contrario, la

Regla 552(b) de las Reglas Uniformes de Procedimiento Criminal

rechaza la posición adoptada en el foro federal y provee para que

el tribunal pueda conceder el nuevo juicio aunque el caso esté en

apelación. Se expresa que: "The court may grant the new trial

even though an appeal is pending. •

La solución dada por las reglas federales a esta situación es

más acertada, pues es cónsona con la práctica adoptada por los

tribunales. Al ser apelado un fallo o veredicto de culpabilidad,

el tribunal apelado pierde jurisdicción para ver la moción de nuevo

juicio hasta tanto el tribunal apelativo disponga del caso y provea

las medidas que en justicia crea pertinentes al caso. Luego de esto

se devolverá el caso al tribunal apelado. Esta es la mejor

práctica apelativa. Claro está, la misma autoridad de un tribunal

apelativo le permite en algunos casos, motu proprio, paralizar sus

procedimiento_s para que la solicitud de nuevo juicio sea resuelta

en sus méritos ante el tribunal sentenciador. De esta manera se le

da la oportunidad al imputado para que se le resuelva su moción de

215

nuevo juicio oportunamente. Si la solicitud es denegada, podrá ir

en alzada ante un tribunal apelativo de tal resolución.

216

CAPJ:~ V7J:

bgla 701

LA Sl!:N'l'ENCJ:A

SmiteDcia; élefinició:a.; cmíindn deberá dictarse

COMl!:N'l'ARJ:O

El término •sentencia" significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al imputado.

El tribunal, al tiempo de imponer sentencia, deberá explicar en forma oral o por escrito las razones para la imposición de la sentencia, además de las circunstancias agravantes o atenuantes tomadas en consideración.

Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en casos de delitos graves, el tribunal sefialará una fecha para dictar sentencia que será, por lo menos, tres (3) días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves, el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta cualquier moción de agravantes o atenuantes, de nuevo juicio o moción para que no se dicte sentencia, o antes de dar debida consideración al informe presentencia que se requiere de acuerdo con la Regla 702.

Las Reglas de Evidencia no aplicarán en la fase de sentencia, excepto lo concerniente a privilegios.



En la regla se incluye la definición del término •sentencia"

y cuándo deberá dictarse. Se afiade al requisito de no dictarse

sentencia hasta tanto se considere el informe presentencia.

El segundo párrafo de la regla indica que el tribunal, al

tiempo de imponer la sentencia, deberá explicar las razones para su

imposición e indicará las circunstancias agravantes o atenuantes

217

tomadas en consideración. Con esto se recoge una sugerencia de la

Sociedad para la Asistencia Legal en las vistas públicas que

celebró el Comité de Reglas de Procedimiento Criminal de la

Conferencia Judicial en 1989 y las expresiones del Honorable Juez

Asociado Sefior Rebollo López en su opinión disidente en Pueblo y.

Castro Mufiiz. 118 D.P.R. 625. (1987), a los fines de que es la

intención del Legislador que el juez explique las circunstancias

que tomó en consideración al determinar la sentencia para evitar

cualquier arbitrariedad en la imposición de la misma. Esto, a su

vez, ayuda a desarrollar una doctrina jurisprudencial clara en

torno a la imposición de sentencias que cumpla con el objetivo de

promover la imagen al público de que contamos con un sistema

racional y justo de imposición de sentencias.

Regla 702 %Dfo:cme pre11antencia

El tribunal, sujeto a lo dispuesto en el Árt. 59 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3283, antes de dictar sentencia podrá solicitar del Programa de Comunidad de la Administración de Corrección que lleve a cabo una investigación de los antecedentes familiares e historial social de la persona convicta y del efecto económico, emocional y físico que ha causado en la perjudicada y su familia la comisión del delito, así como cualquier otra información que el juez entienda pertinente al acto de imponer la sentencia, como podría ser información sobre el récord criminal previo de la persona, circunstancias económicas y financieras del convicto, historial social, sicológico y médico del convicto, de ser pertinente, y cualquier otra informaci6n que el tribunal entienda que le permitirá ejercer una decisión racional y justa al imponer la sentencia.

218

Plan de sentencia. No obstante lo anterior, si se trata de un delito menos grave o grave por el cual no hay derecho al informe presentencia, el tribunal podrá solicitar a la persona natural o jurídica un plan de sentencia a ser preparado a su costo.

I>ecl11%1P.ciém da impacto da la victima. El informe presentencia debe incluir una declaración prestada voluntariamente por la víctima o su representante sobre el efecto económico, emocional y físico que ha causado en ella y en su familia la comisión del delito. Cuando la víctim.i. o sus representantes no puedan ser localizados o no estén dispuestos a proveer la información necesaria para la preparación del informe, tal dato debe hacerse constar. El representante de la víctima para fines de este informe puede ser su cónyuge o un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad, o cualquier otra persona que el tribunal a su discreción determine que puede ser representante de la víctima.

Si la víctima lo desea, se hará constar en un folio separado su dirección residencial o postal. Dicha información será de carácter confidencial y se proveerá con el propósito de que la Administración de Corrección o el Tribunal mantengan informada a la víctima

__ ,sobre el desarrollo del cumplimiento de la sentencia del convicto y le garantice su derecho a ser oída en aquellos procedimientos en que así se disponga mediante legislación.

Término. El informe presentencia debe tramitarse en el plazo más breve posible, pero siempre dentro de un término no mayor de cuarenta y cinco ( 45) días si la persona convicta ha permanecido bajo custodia y de sesenta (60) días en los demás casos, salvo justa causa.

Acceso. El tribunal dará acceso a los informes previos a la sentencia, sujeto a lo dispuesto más adelante, a la persona convicta, a su abogado y al Ministerio Fiscal a los fines de que puedan controvertir el informe mediante la presentación de prueba.

219

Cu111todia. Se mantendrá como información confidencial no accesible al público y separado de cualquier otro récord aquella información que haya sido prestada por la víctima o por personas particulares a quienes se les hubiere ofrecido dicha garantía. En tal caso, el tribunal deberá hacer constar para récord que el declarante ha invocado que la información se mantenga como confidencial y proveer a las partes un resumen verbal o escrito de la información que aparece en aquellas porciones del informe que no deben ser objeto de divulgación y brindarle la oportunidad de comentar las mismas. El juez deberá asegurarse de que en ese resumen que les provee el convicto no pueda identificar· las fuentes de la información. Bajo ninguna circunstancia podrá ser llamada a declarar como testigo . una persona que ha provisto información bajo la protección de confidencialidad. Tampoco se podrán hacer

_ preguntas al funcionario que preparó el informe presentencia que vayan dirigidas a vulnerar la garantía de confidencialidad que se le dio a la persona que prestó la información.

COIMENTAllO

La regla procede, en parte, de la Regla 162.1


de

El informe presentencia continúa siendo preparado por el

programa de Libertad a PrUeba y Libertad Bajo Palabra de la

Administración de Corrección. Asimismo, se mantienen las

disposiciones de impacto sobre la víctima que se incorporaron en

1987.

Se señala un término para la preparación del informe

presentencia. Este término se adoptó del taller de trabajo que

auspició el Comité de Reglas de Procedimiento Criminal de la

Conferencia Judicial en 1989, luego de una recomendación a esos

fines de la Administración de Corrección. No obstante, se

220

reconoce que el Infonne sobre normas y objetivos para acelerar el

trámite de casos en el Tribunal de Primera Instancia. sometido al

Tribunal Supremo en enero de 1985, estudió este aspecto y

recomienda unos términos menores de tiempo, a saber, treinta

(30) días cuando la persona está bajo custodia y cuarenta y cinco

(45) días cuando está en libertad bajo fianza. Se ha optado

por utilizar el término recomendado en 1989 por entender que es

más razonable dentro de los problemas relacionados con que se

confronta la Administración de Corrección ante una clientela

creciente.

La inclusión de un término para la preparación del informe

presentencia también fue propuesta por el Comité de Reglas de

Procedimiento Criminal que revisó el proyecto de 1978 en 1985.

La regla que se recomienda amplía el ámbito de.la información

que puede ser objeto del informe presentencia y le da discreción al

juez de solicitar no sólo la información incluida en la regla, sino

cualquier otra información que entienda sea apropiada para una

imposición justa y racional de la sentencia.

Se incluye también una sección para delimitar claramente el

-acceso que tendrán las partes con respecto al informe

presentencia. Esta sección es una modificación a la Regla

163(d) del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico revisado en 1985. Se ha afladido, además, una expresión

respecto a la protección que debe darse a la persona que provee la

información bajo la garantía de confidencialidad Y_ al oficial que

lleva a cabo el informe presentencia frente a un problema que se

221

informó en las vistas que llevó a cabo el Comité de Reglas de

Procedimiento Criminal, a saber, que en muchas ocasiones se llama

a declarar a la persona que preparó el informe presentencia

y toda la línea de interrogatorio va dirigida a revelar quién es la

persona que dio información bajo la garantía de confidencialidad.

Lo hacemos para no vulnerar esta garantía tan importante en el

contexto de la preparación de los informes presentencia.

Se toma de la Regla 32(c) (3) de Procedimiento Criminal

federal la disposición de que cuando el juez tiene en el informe

presentencia información confidencial a la cual las partes no

tienen acceso, el juez hará un resumen oral o escrito y dará

oportunidad al convicto para comentar dicho resumen y objetar.

Se ha tomado en consideración, además, la jurisprudencia

sobre este tema, entre ellas, Pueblo y. Bou Neyárez, 111 D.P.R.

179 (1981); Pueblo y. Torres Estrada. 112 D.P.R. 307

(1982); Pueblo v. Rivera Rodríguez. 112 D.P.R. 149 (1982), y

Pueblo y. castro Mufliz, 110 D.P.R. 625 (1987).

Regla. 703 Formulario corto de información, normas y procedilDientos

(a) En toda sala del Tribunal de Primera Instancia deberá haber disponible un "Formulario Corto de Información" en el que se consignará información, entre otros, sobre los siguientes criterios orientados a permitir al Juez hacer un juicio racional al dictar sep.tencia:

1. empleo y fuentes de ingreso, 2. lugar de residencia y tiempo en

ella,

222

3◄ relaciones en la comunidad y lazos familiares,

4. referencias personales,

5. estado de salud mental y física,

6. récord criminal previo,

7. el efecto económico, emocional y físico que ha causado en· la víctima de delito y su familia la comisión del delito, y

8. cualquier otro extremo que pueda afectar la determinación final de la sentencia.

(b) Se aplicarán las siguientes normas y procedimientos en relación con el "Formulario Corto de Información•

l. La información que se consigne en el formulario será ofrecida . en forma voluntaria.

2. La negativa a dar información sólo constituirá un factor entre otros, considerará el juez determinar la sentencia a imponer.

la que, para

3. El juez no podrá tomar en cuenta la información en el formulario hasta el momento anterior a la sentencia.

4. Al momento de considerar la información en el formulario, el juez deberá leer al imputado el contenido de éste para cerciorarse de que la información que fue dada por el imputado es la misma vertida en el formulario.

5. En todo caso en que se requiera por estas reglas que el ju·ez consigne sus razones en el formulario al hacer su determinación sobre la sentencia, una copia del formulario se unirá al expediente del caso.

6. De encontrar el tribunal, luego de verificada la información en el formulario por el personal que designen para ello que la

cmmrl'ARJ:O

223

totalidad o parte de ésta es falsa, motu proprio o a petición del Ministerio Fiscal podrá variar las condiciones de la sentencia.

7. El • Formulario Corto de Información• deberá ser complementado por el tribunal una vez éste haya hecho una determinación de causa probable.



De las vistas y del taller de trabajo que celebró el Comité

de Reglas de Procedimiento Criminal de la Conferencia

Judicial durante 1989 y 1990 se concluyó que sería conveniente que

se implantara por parte de la Administración de los Tribunales la

preparación del "Formulario Corto de Información".

actualidad este informe no se utiliza.

Regla 704 Objeción o impugnación al info:z:ma

Sefialado el día de la sentencia, se discutirá el . informe presentenciá. si hay impugnación al informe. Se especificará qué partes del informe se pretende controvertir mediante la presentacion de prueba. Si los informes fueren objetados, el tribunal celebrará una vista.

De haber controversia en cuanto a hechos incluidos en el informe presentencia, el tribunal deberá hacer una determinación adjudicativa con respecto a los hechos en controversia o, de decidir no hacer tal determinación, indicar para fines del récord que no considerará tal hecho al imponer sentencia.

El tribunal, a petición de parte, podrá excluir al público de sala durante el tiempo· que dure la vista de impugnación al informe presentencia. Se admitirá sólo a aquellas

En la

COKEN'l'ARl:0

224

personas que tengan un interés legítimo en el caso.



Se ha tomado de la regla federal el requisito de que si

hubiera controversia en cuanto a hechos incluidos en el informe

presentencia y al resumen respecto a esa información confidencial

que ofrece el juez a las partes, el juez haga una determinación

adjudicativa de los hechos o indique que no la va a hacer por razón

de que no va a considerar tal información al impartir la sentencia.

En Townsend Y, Burke, 334 u.s. 736 (1948), el Tribunal

Supremo federal indicó que el derecho a un debido proceso en el

acto de sentencia no sólo requiere la pres~cia de un abogado, sino

que también se sentencie a la persona •sobre la base de información

correcta•. El derecho a que la información incluida en el

informe presentencia sea correcta, le impone una importante

función al abogado en cuanto a asegurarse en la vista para

controvertir el informe de que la información que le llegue al juez

sea correcta. En ese sentido, la defensa tiene derecho a conocer

la información incluida en ese informe y a controvertirla sujeta a

las limitaciones que por ley y jurisprudencia se han aceptado,

como es el caso de información provista por terceras personas bajo

la garantía de confidencialidad. Sin embargo, en tales casos se

adopta la norma provista en las reglas federales de sentencia, a

los fines de que el tribunal sentenciador, en forma oral o por

medio de un resumen escrito, informe los hechos contenidos en el

225

informe presentencia..que va a utilizar para imponer determinada

sentencia.

Regla 705

COMEN'.l'ARIO

Sentancia; prueba lllcbre circun111tancia111 atenuante• 0 111.gravant11111

Tanto la persona convicta como el Ministerio Fiscal podrán ·solicitar del tribunal que se escuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surge que existe controversia real sobre un hecho material que requiera la presentación de prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el plazo más breve posible en la cual:

(a) El Ministerio Fiscal podrá presentar prueba de circunstancias agravantes que, a su juicio, justifiquen que se dicte una sentencia agravada, que no se deban suspender los efectos de la sentencia o que se considere sentencia alternativa a reclusión.

(b) La persona convicta podrá presentar prueba de circunstancias atenuantes que, a su juicio, justifiquen que se dicte una sentencia atenuada, que se suspendan los efectos de la misma o que se considere sentencia alternativa a reclusión.


Procedintj.ento Criminal de Puerto Rico de 1963.

La expresión "o que se considere sentencia alternativa a

reclusión" en el inciso (b), se refiere a cualquier tipo de pena

distinta a la reclusión. Con ello está incluida la sentencia

fraccionada, el arresto domiciliario, la restitución y cualquier

otro tipo de pena distinto a la reclusión que en su día se legisle.

Regla 706

COMl!:N'.t'AllO

La

226

Informes presentencia; circunstancias aten·uantes o agravantes; consolidación de vistas

Si una parte presenta una moción bajo la Regla 702 y ella o la otra parte presenta otra moción bajo la Regla 705 o en la misma moción acumule reclamos bajo • ambas reglas, el tribunal considerará ambos asuntos en una misma vista a menos que esto no sea posible.

regla corresponde a la Regla 162.5

Procedimiento


Regla 707

COMENTAllO

Fallo y sentencia; sitio y fo:cma de dictarlos

Tanto el fallo como la sentencia se dictarán en sesión pública del tribunal y se harán constar en el registro de causas criminales y en las minutas del tribunal, si las hay, dentro de los dos (2) días siguientes al día de haberse pronunciado o dictado. El juez que presida el tribunal firmará la sentencia y el Secretario la unirá a los autos de la causa.

de



Regla 708 Fallo absolutorio; consecuencias Si el fallo es absolutorio y el

imputado se encuentra bajo custodia, se le pondrá inmediatamente en libertad a menos que por otras causas pendientes deba continuar detenido. Si está bajo fianza, se decretará la cancelación o la devolución de la misma, según proceda.

227

COMEN'l'AJ!IO



bgla 709

COMENTARIO

Fallo y santencia; CC131liP&recencia del 2lll!PUtado

Cuando la presencia del imputado sea necesaria, el tribunal podrá ordenarle a cualquier funcionario que tenga bajo su custodia al imputado que lo traiga ante el tribunal a oír el fallo o la sentencia que deba pronunciar o imponerle. Si el imputado está bajo fianza y no comparece a oír el fallo o la sentencia, el tribunal, además de la confiscación de la fianza, podrá ordenar el arresto del imputado.

Si el fallo es condenatorio y el imputado se encuentra bajo fianza, el tribunal decretará la cancelación de la fianza y ordenará la encarcelación del imputado hasta que se dicte sentencia en aquellos casos que por disposición expresa de ley no pueda suspenderse los efectos de la sentencia.

La·regla corresponde a la Regla 165 de Procedimiento Griminal


bgla 710 Sentencia; advertencias antes de dictarse

(a) En todo caso en que la persona imputada de delito comparece a escuchar su sentencia, el tribunal le informará de la naturaleza del cargo y le preguntará si desea hablarle al tribunal y si existe alguna causa legal por la cual no deba procederse a dictar sentencia. Si no existe tal causa legal, el tribunal dictará sentencia en ese momento.

(b) El tribunal le iniormará a la persona convicta de su derecho a apelar y del

COMEll1'l'ARJ:O

228

término jurisdiccional dispuesto por ley para formalizar el recurso.

(c) Si el tribunal dar cumplimiento a lo regla, deberá dejar la proceder de acuerdo con incisos (a) y (b).

dicta sentencia sin dispuesto en esta

misma sin efecto y lo dispuesto en los

Los incisos (a) y (b) corresponden, en parte, a la Regla 166

y el inciso (c), en parte, a la Regla 167 de Procedimiento


Se adopta para fines de esta regla la sugerencia de

la Sociedad para Asistencia Legal, en su presentación a las vistas

celebradas por el Comité de Reglas de Procedimiento Criminal de la

Conferencia Judicial de 1989, a los fines de que se elimine de la

regla vigente el requisito de que si la persona imputada de delito

no estuviera representado por abogado y desea apelar el caso, se

le exija al abogado que lo representó en el juicio preparar el

escrito de apelación y no al Secretario del tribunal. La razón

básica es que, según se requiere actualmente, en la solicitud de

apelación hay que hacer una referencia a los errores alegados, los

cuales el Secretario del tribunal no está en posición de conocer.

Por otra parte, la regla como está vigente se da en

el contexto de delitos graves únicamente, los que requieren de un

acto de pronunciamiento de sentencia, por cuanto en el esquema

vigente la sentencia en los delitos graves se debe imponer por lo

menos pasados tres (3) días, más no así en el caso de los delitos

menos graves en que se provee para la imposición de sentencia

dentro de las próximas veinticuatro (24) horas. Sin embargo, bajo

229

el esquema propuesto, como en los delitos menos graves . hay

alternativas a la sentencia donde es posible que el formulario

corto de información no sea suficiente para decidir la sentencia a

imponer, el juez, o puede ordenar un informe presentencia sujeto

a cierta y determinada información o incluso pedir un plan de

sentencia preparado por las partes. En ese caso, se eliminaría del

texto vigente la especificación a delitos graves únicamente.

En las recomendaciones sobre esta regla se ha tomado en

consideración, además, el caso de Pueblo y. González Polidura, 118

D.P.R. 813, 820 (1987), opinión concurrente y disidente emitida por

el Honorable Juez Asociado Señor Rebollo López, y el Canon 20 del

Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El inciso (c) trata del reconocimiento del acto de alocución,

según ha sido interpretado en los casos de Pueblo y. Llanos

Virella. 97 D.P.R. 95 (1969); Pueblo v. Hernández. 94 D.P.R. 116

(1967), y Pueblo v. Burgos Hernández. 113 n.P.R. 834 (1983).

El derecho a la alocución o a la expresión personal del

convicto con relación a la sentencia a imponer, viene desde el

derecho común (common law). Con el transcurso de los años ha

perdido importancia, porque entonces la mayoría de los delitos eran

castigables con pena de muerte y el imputado no tenía derecho a ser

representado por abogado, lo cual no ocurre en la actualidad. Sin

embargo, tradicionalmente se ha

derecho a la alocución, lo que es

percibe en el contexto del

reconocido al imputado el

parte de la equidad que se

debido proceso en los

tribunales. Incluso, el Tribunal Supremo federal en Green y.

230

United States. 365 u.s. 301 (1961), ha reconocido que en muchas

ocasiones el convicto es mucho más persuasivo que su propio

abogado con respecto a la sentencia a imponerle. En ese sentido

se recomienda que se mantenga la alocución.

Regla 711

COMEN'l'AlUO

Samtamcia; causam por 1am cuales :ao élaberá dictarse

El imputado podrá solicitar, y demostrar en el caso que proceda, que no debe dictarse sentencia en su contra por las causas siguientes:

(a) Que ha desarrollado una incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o haberse pronunciado el fallo.

(b) Que le ha sido concedido el indulto por el delito juzgado en la causa en que ha de ser sentenciado.

(c) Que no es él la persona contra quien se rindió el veredicto o se pronunció el fallo.

(d) Que no se ha cumplido con las disposiciones de la Regla 701.

(e) Que el tribunal actuó sin jurisdicción, que el delito por el cual se le declaró culpable estaba prescrito o que el pliego de cargos no imputaba delito.

(f) Por cualquier fundamento de desestimación de la Regla 402 de Procedimiento Criminal que no estaba disponible para ser alegado antes del fallo o veredicto, por cuanto el mismo se activó a raíz del fallo o veredicto.

Esta regla se convirtió en la 711, ya que la original

propuesta con igual número (Sentencia; omisión de advertencia) se

consolidó con la Regla 710 propuesta. Lo anterior provoca una

231

reenumeración de las reglas subsiguientes de este Capítulo. La

regla corresponde, en parte, a la Regla 168 de Procedimiento


A esta regla se le afiade en el inciso (e) las otras defensas

privilegiadas de la Regla 402 que pueden ser alegadas en esta

etapa del procedimiento. El inciso ( f) permite cualquier

fundamento de desestimación que no estaba disponible para ser

alegado antes del fallo o ·veredicto, por cuanto el mismo se

activó a raíz del fallo o veredicto.

Regla 712

COMl!:N'l'AlUO

Sentencia¡ incapacidad mental como causa por la cual. 110 éleberá dictarse

Cuando el imputado mental como causa para sentencia, se seguirá dispuesto en la Regla 412.

alegue incapacidad que no se dicte el procedimiento



Sentencia¡ prueba sobra causas para que-110 se dicte

Cuando se alegue como causa para que no se dicte sentencia que el imputado no es la persona contra la cual se rindió el veredicto o se pronunció el fallo, o que el imputado fue indultado del delito por el cual será sentenciado, el tribunal, si es necesario, suspenderá el acto de dictar la sentencia a fin de recibir la prueba pertinente sobre tal hecho. Si la prueba comprueba la causa alegada, el imputado será puesto en libertad de ir..::~.ediato, a menos que deba continuar deteni =-~' para responder por otros delitos. Cuando se alegue la causa de prescripción, que

COMl!!N'l'AlUO

232

el pliego acusatorio no imputa delito o la falta de jurisdicción del tribunal para conocer del delito por el cual se declaró culpable al imputado, una vez comprobada dicha causa el tribunal ordenará el sobreseimiento de la acusación y la inmediata libertad del imputado.



Se propone que la última oración de esta regla cubra, además

de la causal de prescripción del delito, las causales

privilegiadas; pliego acusatorio no imputa delito o falta

de jurisdicción.

Regla 714 Sentencia; -circunatanciaa a.gravante&

prueba aobre atenuante a o

El tribunal a propia instancia, o a instancia de la persona convicta o del Ministerio Fiscal, con notificación a las partes o a la parte contraria, podrá oír prueba de circunstancias atenuantes o agravantes en el más breve ,plazo posible, a los fines de la imposición de la pena.

(a) Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, entre otras, las siguientes:

l. Hechos relacionados con la comisión del delito, incluso, entre otros:

(A) un participante del delito;

la persona convicta fue pasivo durante la comisión

(B) la víctima provocó el incidente;

(C) la persona convicta participó en la comisión del delito bajo

coacción excusable constituye

233

o su conducta es parcialmente por alguna otra razón que no una defensa afirmativa;

(Dl lá persona convicta no sentía predisposición, sino que fue inducido por otros a participar en la comisión del delito;

de evitar persona o apropiada amenazas;

(E) la persona convicta trató el daño criminal causado a la a la propiedad, o la cantidad fue mínima o se le hicieron

(F) la persona convicta creyó que tenía un derecho o una reclamación sobre la propiedad objeto del delito, o debido a otras razones equivocadas creyó que· su conducta era legal, y

(GJ motivada por el necesidades básicas

la persona deseo de a su familia

convicta fue proveer las

o a sí mismo,

2. Hechos relacionados con la persona convicta, incluso, entre otros:

(A) no tiene antecedentes;

(B) su ·edad y condiciones físicas;

(CJ adolece de una condición mental o física que reduce su culpabilidad en forma significativa;

(D) aceptó su responsabilidad en las etapas preliminares del proceso criminal;

(El no cualifica para una sentencia suspendida;

(F) restituyó a la víctima por el da:ño causado, y

(G) la conducta y reputación en su comunidad es satisfactoria.

234

(b) S.e podrán considerar como circunstancias agravantes, entre otras, las siguientes:

l. Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona convicta, incluso, entre otros:

(A) el delito fue violencia y se evidenciaron hechos revelan crueldad, ningún respeto humano rechazo a las normas de la decencia;

de que

Y un

(B) utilizó un arma en la comision del delito, excepto que se le haya procesado y sentenciado por un delito en relacion con el arma;

(C) la víctima era vulnerable, ya fuese por minoridad o incapacidad mental o física;

(D) el delito involucró más de una víctima

(E) indujo a otros a participar en la comisión del delito u ocupó una posición de líder o dominante entre los demás participantes;

(F) utilizó a un menor como coparticipante;

(G) amenazó a los testigos, ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a cometer perjurio, o en cualquier otro modo obstaculizó el proceso judiclal, sin que se le haya acusado por estos hechos;

(H) es miembro de un grupo, una organización o una empresa criminal organizada,

(I) el delito evidencia unos designios criminales planificados;

(J) recibió paga por la comisión del delito;

COMEN'l'AIU:O

235

(K) mintió durante el juicio estando bajo juramento sin que se le haya procesado por perjurio;

(L) el delito involucró la apropiación de una gran cantidad de dinero, y

(M) tiene un historial delictivo, y tal hecho no se ha considerado para fines de una sentencia en grado de reincidenc,ia.

(N) utilizó en la cornision de un delito un uniforme que lo identificaba corno un oficial de seguridad pública, sea estatal, municipal o federal, o asociado con un empleado o funcionario de una agencia, departamento o dependencia gubernamental de las antes descritas.



Con relación a las circunstancias agravantes, el subinciso

(b) (1) (B) establece como excepción que no se considerará

agravante el hecho de usar un arma si se le ha procesado por un

delito en relación con el arma. De lo contrario, se tendría el

problema de castigos múltiples por un mismo hecho delictivo.

Con respecto a la circunstancia agravante que establece el

subinciso (b) (1) (M), se añade que no se considerará agravante

el historial delictivo del acusado si tal hecho se ha

considerado para fines de una sentencia en grado de reincidencia.,

ya que de lo contrario se consideraría doblemente este agravante.

El subin.ciso (b) (1) (N) conforma la regla con la Ley Núm. 220

de 14 de noviembre de 1995, a los efectos de disponer corno

circunstancia agravante que el imputado para cometer el delito,

236

haya utilizado un uniforme que lo identificaba con un oficial de

seguridad o un empleado o funcionario de una agencia gubernamental,

ya que estos uniformes infunden en la ciudadanía respeto, confianza

y seguridad.

El último párrafo de la regla vigente se deroga por

innecesaria y ser materia atendida por otras leyes.

Regla 715

..

COMl!:N'l'Al!.J:O

Santancia; prisión 111w,111idiaria Cuando el tribunal dicte sentencia que

ordene a la persona convicta el pago de una multa, si ésta deja de satisfacerla o al expirar el plazo fijado en la sentencia la misma se convertirá en p_ena de reclusión a razón de un (1) día de reclusión por cada cinco (5) dólares que deje de pagar.

El sentenciado podrá recobrar su libertad mediante el pago de la ·totalidad.de la multa y le será abonado el tiempo de reclusión que haya cumplido.

Si la multa ha sido impuesta en forma conjunta con una pena de reclusión,.la prisión subsidiaria será consecutiva con la pena de reclusión.

Cuando se imponga una pena de multa, su conversión no excederá de noventa (90) días de reclusión.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y, en parte, al

Art. 48 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3210.

COMENTAIUO

237

Sentencia; multa; gravamen; pa110 de daiios; cámc ejecutarla

Una sentencia que ordene al imputado el pago de una multa, más pena de restitución o el pago de dafios, constituirá un gravamen similar al de una sentencia dictada en una accion civil que ordene el pago de una cantidad, siempre que se anotare en el Libro de Sentencias del Registro de la Propiedad.

La pena de restitución o el pago de daños según dispuesto en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, o por cualquier otra ley especial, se ejecutará de igual forma que si se tratare de una sentencia dictada en un pleito civil que ordene el pago de una cantidad de dinero.

La ejecución de la sentencia corresponde a la parte beneficiada. El cobro de las multas y de las costas a favor del Estado le correponde al Departamento de Justicia.

La regla corresponde, en parte, a las Reglas 173 y 176 de


La regla es necesaria por razón de que la Asamblea

Legislativa ha aprobado legislación con el propósito de imponer una

pena de multa o de restitución por distintas conductas

tipificadas como delito en leyes especiales. Entre estas leyes se

encuentra la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular

(9 L.P.R.A. sec. 3214); Ley de Ética Gubernamental del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico (3 L.P.R.A. sec. 1828 (b) (3)) y la

Ley Contra el Crimen Organizado (25 L.P.R.A. sec. 971d), entre

otras.

Regla 717

COMDl'.l'AJU:O

Sentencia; ejecución

238

requisitos para su

Cuando se dicte una sentencia, se entregará al funcionario que debe ejecutarla una copia certificada de la misma, la cual será suficiente par asu ejecución, sin que sea necesaria otra orden o autorización para justificar -o pedir la ejecución de la sentencia.



Regla 718

COMEN'l'AJU:0

811111.tencia da reclusión; cumplimiamto

Si la sentencia es por condena de reclusión, el sentenciado será trasladado sin demora al cuidado del funcionario co=espondiente y será detenido por éste hasta que la sentencia se cumpla. Lo mismo se efectuará si la sentencia es para el pago de una multa, prestación de servicios comunitarios y reclusión subsidiaria cuando la multa o prestación de servicios comunitarios no se sat~sfaga. Si después de haber empezado a cumplir la sentencia subsidiaria por falta del pago el confinado desea satisfacer la multa o prestación de servicios en la comunidad, le será concedido un abono por cada día de reclusión sufrido por tal falta de pago.



Se sustituye el término "prisión" por el de "reclusión" en el

título y texto de la regla.

La regla dispone para la reclusión cuando la persona no

satisface la pena de prestación de servicios en la comunidad en

239

armonía con lo dispuesto en el Art. 49B del Código Penal de Puerto

Rico.

Regla 719

COMENTAIUO

Sentencias fraccionadas; detenninFP«'hlls y a prueba

El tribunal dictará sentencias fraccionadas, sentencias determinadas y sentencias a prueba en conformidad con el Código Penal y con las leyes especiales sobre la materia.·

El tribunal podrá dictar una sentencia fraccionada en aquellos delitos no excluidos de la Ley de Sentencia Suspendida. La sentencia dispondrá la reclusión del convictoprobando en una institución correccional durante un término que no podrá exceder de una cuarta ( l / 4) parte del término total de la sentencia impuesta. El término restante se cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con aquellas condiciones generales y especiales que el tribunal imponga.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y al P. del S. 6 de

1993, e incorpora, en parte, lo resuelto en Pueblo v. Vega Pérez,

90 J.T.S. 10, 125 D.P.R. _ (1990).

Las enmiendas sugeridas están en armonía con la propuesta

Regla 726, corrección o reducción de la sentencia. Así, el

tribunal mantiene jurisdicción sobre la persona sentenciada con

relación a cualquier aspecto referente a la ejecución de la

sentencia mientras la persona esté cumpliendo la misma y hasta su

total extinción.

240

El segundo párrafo de la regla es cónsono con el caso de

Pueblo v. Vega Pérez, supra, en donde expresó el Tribunal Supremo: Somos del criterio que la imposición de un período de reclusión como condición de la sentencia suspendida que se le imponga a un convicto en particular puede resultar ser, en determinados casos, de gran ayuda en la •rehabilitación moral y social• del mismo. Dicha condición, de -ordinario, no sólo tiene un efecto punitivo y disuasivo sobre el probando sino que crea consciencia en el convicto de la seriedad del delito por él cometido. (Énfasis suprimido.)

El Comité Asesor considera apropiado recomendar en nuestra

jurisdicción, como término máximo de una sentencia fraccionada,

hasta una cuarta (1/4) parte del total de la sentencia durante el

cual un probando puede ser recluido en una institución

correccional. También entiende que el reconocimiento del_~ribun~l

Supremo de la sentencia fraccionada como una condición de la

sentencia suspendida no impide que un juez, al evaluar un informe

presentencia, disponga un término de reclusión al conceder los

beneficios del sistema de libertad a prueba.

La alternativa de una sentencla · fraccionada, más que una

condición de un término de reclusión, es parte del pronunciamiento

hecho por el tribunal en cuanto a la forma de cumplir una pena que

se le imponga a una persona imputada de delito. Esto es cónsono

con el requisito de que el tribunal, al dictar una sentencia,

explique las razones para imponer una sentencia de reclusión e

indique las circunstancias agravantes o atenuantes consideradas y

las condiciones impuestas. Estos ,requisitos tienen dos (2)

objetivos: evitar arbitrariedad en la imposición de la sentencia y

241

proveer una imagen al .públlco de que existe un sistema racional y

justo de imposición de sentencias.

bgla 720

COMl!:N'l'JIIU:O

Sentencias coi:i.cur.rent111s

consecutivas o

Cuando una persona es convicta de uno o varios delitos cometidos como parte de un curso de conducta, el tribunal, al dictar sentencia, deberá disponer que se cumpla de forma concurrente, excepto cuando el delito o la legislación específica provea para la imposición de una pena consecutiva con cualesquiera otras penas que el tribunal imponga como parte de esa sentencia, o con cualesquiera otras penas que la persona esté cumpliendo con relación a otros delitos por los cuales fue previamente sentenciado.



Regla 721 Téxminos que DO podrán ~lirse de fo:cma CODCUrrlllDtlll

No podrán cumplirse de forma concurrente los términos de reclusión que deban imponerse en los casos siguientes:

(a) Cuando el convicto sea sentenciado por un delito cometido mientras esté bajo apelación de otra causa o mientras esté en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia condenatoria.

(b) Cuando el convicto esté recluido por sentencia de reclusión en defecto de pago de cualquier multa o de prestación de servicios en J.a comunidad.

(c) Cuando el convicto cometa el delito mientras esté recluido en un¡¡. institución penal o cumpliendo cualquier sentencia.

COMJ!!N'.l'ARXO

La

242

(d) Cuando el convicto corneta delito mientras esté en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de libertad condicional o supervisión en la cual se le considere cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal.

(e) Cuando el convicto sea sentenciado por delito cometido mientras esté en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave.

(f) Cuando el convicto sea sentenciado por delito grave o menos grave, y haya incitado a un menor de dieciocho (18) años de edad para que lo ayude en la comisión o tentativa de dicho delito.



La enmienda al inciso (b) cubre la situación cuando

el convicto esté en reclusión por razón de defecto de pago de multa

o de trabajo comunitario.

El inciso (d) se enmienda a los fines de incluir cualquier

medida de libertad condicional o supervisión en la cual se le

considere cumpliendo sentencia.

Regla: 722 Xnfo:cme sobre confinado citado para juicio

Cuando una persona esté cumpliendo sentencia y sea citada para comparecer a juicio ante cualquier tribunal, el director o encargado de la institución correccional donde esté confinada dicha persona enviará al juez del tribunal que requiera su comparecencia un certificado con copia que describa los detalles de dicha reclusión y la forma en que extingue condena dicha persona. Si la persona está aguardando la vista o apelación de su caso, se especificará el tiempo que ha

COMEN'l'ARJ:O

243

permanecido en tal estado, el delito y la orden de detención. En todo caso se enviará una relación de los antecedentes penales que tenga dicha persona que exprese el número de la causa, el delito, la penalidad impuesta, el tribunal sentenciador, la fecha de la sentencia, la fecha en que empezó a cumplirla y la gracia ejecutiva recibida, o la forma y fecha en que extinguió la penalidad. Si la persona tiene causa en apelación o existe mandamiento de reclusión en su contra, haya o no prestado fianza, se informará en la misma forma dispuesta en esta regla.



Regla 723

COMEN'l'ARJ:O

Término qua al imputado pc9%DIIIDacido priva.do de libertad

ha

El tiempo que haya permanecido privada de su libertad en una institución correccional cualquier persona imputada de cometer delito, se descontará del término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales haya sufrido privación de libertad.



Regla 724 Término de reclusión en espera del resultado de apelación contra la sentencia

El tiempo que haya permanecido privada de su libertad cualquier persona mientras esté pendiente un recurso .de apelación, se descontará del término de reclusión que deba cumplir dicha persona como consecuencia de dicha sentencia al ser ésta confirmada o modificada.

244

COIMEN'l'AR:tO


Procedimiento Crilllinal de Puerto Rico de 1963.

Regla 725

COMl!:N'.l'ARJ:O

El tiempo que haya permanecido privada de su libertad cualquier persona en cumplimiento de una sentencia que sea anulada o revocada, se descontará del término de reclusión que deba cumplir dicha persona en caso de ser sentenciada otra vez por los mismos hechos que motivaron la imposicion de la sentencia anulada o revocada.

La regla. corresponde, en parte, a la Regla 184 de

Procedimiento Crilllinal de Puerto Rico de 1963.

Regla 726 Corrección o reducción de la sentencia.

(a) Sentencia ilegal. El tribunal podrá corregir una _sentencia ilegal en cualquier momento.

(b) Modificación de la sentencia. Por causa justificada y en bien de la justicia, se podrá presentar una moción para solicitar reducción de la sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido dictada, siempre que la misma no esté pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después de haberse recibido el mandato que confirme la sentencia o desestime la apelación, o de haberse recibido una orden que deniegue una solicitud de certiorari.

(c) Errores de fo:cma. Errores de forma en las sentencias, órdenes. u otros documentos de los autos; y errores en el expediente que · surjan por inadvertencia u omisión, podrán ser corregidos por el tribunal en cualquier momento y luego de notificarse a las partes si

245

el tribunal estima necesaria dicha notificación.

COMl!:l!l'l'lllUO



lRagla 727 Procedimiento posterior a sentencia; ante al Tribunal da Primara Znllltanc:ia

(a) Quiénes pueden pedirlo.· Cualquier persona que esté confinada en cumplimiento de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: (a) la sentencia-fue impuesta en violación de.la Constitución, de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la Constitución y las leyes de Estados Unidos; (b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; (c) la sentencia impuesta excede la pena establecida por ley, o (d) la sentencia esta sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o co=ija la misma.

La moción para dichos fines podrá ser presentada en cualquier momento. En la moción deberán incluirse todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se considerará que los fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que el tribunal determine que no pudieron presentarse por justa causa en la moción original.

(b) Notificación y vista. A menos que la mocion y los autos del caso demuestren que la persona no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal dispondrá que se notifique con copia de la moción al Ministerio Fiscal y se incluya el nombre del fiscal que intervino en el caso. El.tribunal proveerá asistencia de abogado al peticionario si no lo tiene; señalará con prontitud la vista de dicha moción, se asegurará de que el peticionario

COMENTARIO

246

ha incluido todos los fundamentos que tenga para solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, establecerá los asuntos en controversia y formulará determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con respecto a la misma.

Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, que la sentencia impuesta excede la pena establecida por ley, que por cualquier motivo está sujeta a ataque colateral o que ha habido tal violación de los derechos constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la dejará sin efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, dictará una nueva sentencia o concederá un nuevo juicio, según proceda.

El tribunal podrá considerar y resolver dicha moción sin la presencia del solicitante en la vista, a menos que se plantee alguna controversia de hecho que requiera su presencia.

El tribunal sentenciador no vendrá obligado a considerar otra moción presentada por el mismo confinado para solicitar el mismo remedio.

La resolución dictada por el Tribunal de

Primera Instancia será ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones mediante certiorari.

La regla corresponde a la Regla 192.1 de Procedimiento


247

CAPJ:TtJI.O ~J:J: PROCEDIMCEN'l'OS APELA'l'IVOS

Regla 801 Jlpelacicmes

(a) .lmte el Tribl:m&l Supremo

l. El apelante podrá recurrir de:

(A) las sentencias finales del Tribunal de Circuito de Apelaciones en aquellos casos en que se plantee la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

(B) ·1as sentencias finales dictadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en las cuales se determine la inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla o reglamento de una agencia o instrurnentalidad pública u ordenanza municipal al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La presentación de un escrito de apelación ante el Tribunal Supremo suspenderá los procedimientos ante el tribunal apelado, salvo orden en contrario del Tribunal Supremo. Cualquier cuestión no comprendida en la apelación podrá continuar considerándose en el tribunal recurrido.

(b) .lmte el Tribunal de Circuito de Jlpela.ciODea.

El apelante podrá recurrir de toda sentencia final dictada en casos originados en el Tribunal de Primera Instancia, excepto en los casos de sentencia por alegación de culpabilidad en que procederá únicamente el recurso de certiorari el cual deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada.

La presentación de un escrito de apelación ante el Tribunal de Circuí to de Apelaciones suspenderá los procedimientos ante el tribunal apelado, salvo orden en contrario de este tribunal. Cualquier cuestión no

COMEN'.t'AllO

248

comprendida en la apelación podrá continuar considerándose en el tribunal recurrido.

La regla es nueva y corresponde, en parte, a los Arts. 3.001

y 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, así como

a las enmiendas aprobadas por ambas Cámaras Legislativas en el

Sustitutivo al P. de la C. 1701 de 24 de octubre de 1995, y al

Sustitutivo al P. de la C. 1717, de igual fecha, que propone

enmiendas a las Reglas de Procedillliento Criminal de 1963.

Se altera el proceso apelativo contemplado en la anterior

Regla 193 de Procedillliento Criminal de Puerto Rico de 1963, ya que

la regla propuesta incluye las apelaciones al Tribunal de Circuito

de Apelaciones. La Sec. 1 del Sustitutivo al P. de la C. 1701 que

enmienda el Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de

1994, modifica la competencia del Tribunal Supremo en apelación y

la limita solamente a las sentencias finales dictadas por el

Tribunal de Circuito de Apelaciones en recursos de apelación de

casos civiles, cuando se haya determinado la inconstitucionalidad

de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla,

reglamento u ordenanza, al amparo de la Constitución de los Estados

Unidos o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cuando se

plantea la existencia de un conflicto entre sentencias previas del

Tribunal de Circuito de Apelaciones. A su vez, la misma Sec. 1 del

Sustitutivo al P. de la C. 1701 propone que toda sentencia dictada

en apelación o certiorari por el Tribunal de Circuí to de

Apelaciones, así como de la resolución final en donde el Tribunal

de Circuito de Apelaciones haya denegado un auto de certiorari,

249

sean vistos por el Tribunal Supremo mediante el recurso de·

certiorari, expedido a su discreción. La Sec. 2 del Sustitutivo al

P. de la C. 1701 propone una enmienda a la competencia del Tribunal

de Circuito de Apelaciones para entender mediante el recurso de

apelación en toda sentencia final dictada en casos originados en el

Tribunal de Primera Instancia, excepto en los casos de sentencia

por alegación de culpabilidad en los que procederá únicamente el

recurso de certiorari.

El Comité Permanente está consciente de que lo dispuesto en

el inciso a(ll (Al de esta Regla sobre los casos en que se plantee

la existencia de un conflicto entre decisiones previas del Tribunal

de Circuito de Apelaciones, no está contenido en las enmiendas

aprobadas por ambas Cámaras Legislativas en. el Sustitutivo al P. de

la C. 1701, puesto que el Proyecto limita la apelación del Tribunal

Supremo de dichos casos únicamente a los de naturaleza civil. Sin

embargo, el Comité propone que esta opción se haga extensiva a los

casos de naturaleza criminal para que exista uniformidad en el

acceso al Tribunal Supremo, tanto en lo civil como en lo criminal,

y por estar en juego en estos últimos, la privación de la libertad

del imputado. No obstante, el Comité considera que el recurso que

parece más apropiado para este tipo de asunto es el de certiorari,

tanto para casos de naturaleza civil, como para los de naturaleza

criminal. Para esto se haría necesario enmendar el Sustitutivo al

P. de la C. 1701, a esos efectos.

En los casos contenidos.en el inciso a(l) (B) de la regla, se

hace extensivo a aquéllos de naturaleza criminal un derecho que el

250

Sustitutivo al P. de la C. 1701, que enmienda el Art. 3.002 (b) de

la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, reservó únicamente

para los casos de naturaleza civil, con el propósito de dar igual

derecho al apelante en casos criminales como en los -civiles cuando

se plantee la inconstitucionalidad de una ley. No obstante, el

Comité considera que el recurso que parece más apropiado para lo

anterior es el de certiorari.

Regla. 802 Procaelimianto para. formalizar la. apelación

(a) Anta al Tribunal Supremo. La apelación de una sentencia proveniente del Tribunal de Circuito de Apelaciones se formalizará presentando el escrito de apelación en la Secretaría del Tribunal Supremo dentro del término de treinta (30) días .. contados a partir· de la fecha en que se notificó la sentencia por el tribunal apelado.

El apelante deberá presentar o remitir por correo certificado con acuse. de recibo copia del escrito de apelación a la Secretaría del Tz,ibunal Supremo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito en el tribunal sentenciador, y deberá notificar al Ministerio Fiscal la presentación del escrito de apelación dentro del término para apelar. La notificación al Ministerio Fiscal se efectuará en la forma provista en estas reglas.

(b) Anta al Tribunal ele Circuito ele .1>,pelacionea.

1. Los recursos de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones serán presentados en la Secretaría de la Sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia o en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. si el escrito de

251

apelación es presentado en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, será responsabilidad del apelante notificar a la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación, las copias reglamentarias de tal escrito, debidamente selladas con la fecha y hora de su presentación. Si el recurso fue presentado en la Secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, será responsabilidad del apelante notificar a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la presentación del escrito de apelación, una copia de tal escrito, debidamente sellada con la fecha y hora de su presentación.

En ··aquellos casos en que el ordenamiento jurídico permita recurrir directamente al Tribunal Supremo y se presentare dentro del mencionado término una solicitud de nuevo juicio fundada en las Reglas 602 y 603, el término para apelar será interrumpido, y podrá presentarse el escrito de apelación dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que se notificó al acusado la orden del tribunal apelado denegando la moción de nuevo juicio.

2. La presentación de una apelación de una sentencia condenatoria en un caso criminal originado en el Tribunal de Primera Instancia suspenderá la ejecución de la sentencia una vez se cumpla con la prestación de fianza, salvo las excepciones dispuestas por estas reglas, en la ley y en los reglamentos aplicables.

(c) Apelación da confinados. Cuando el apelante se encuentre recluido en una institución penal y apele por propio derecho, la apelación se formalizará entregando el escrito de apelación dentro del término para apelar a la autoridad que tenga bajo su custodia al apelante. Dicha autoridad vendrá obligada a presentar inmediatamente el recurso en la forma provista en estas reglas y en las leyes y reglamentos aplicables. El Secretario del tribunal de apelación notificará al

CCllla:ll1'.l'AlUO

252

Ministerio Pllblico, al Procurador General y al abogado de autos.

(d) Varios convictos. Cuando dos (2) o más convictos apelen una sentencia y sus intereses son tales que permiten la consolidación de las apelaciones, podrán presentar un solo escrito de apelacion.

Los incisos (a) y (b) corresponden, en parte, a las Re~las

Núm. 16 del Reglamento del Tribunal Supremo y Núm. 14 del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, así como a la

Orden Administrativa Núm. XI(7) del Tribunal Supremo efectiva el 20

de enero de 1995. El inciso (b) (2) corresponde en parte a la

Regla 17-_B del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Así también, se confonna la regla con el Artículo 4 del Sustitutivo

al P. de la C. 1717 del 24 de octubre de 1995, ya que se dispone

que la apelación suspende los efectos de una sentencia condenatoria

sólo cuando se cumpla con la prestación de fianza. Por el

contrario, no se suspenderán los efectos cuando no se admita fianza

o así lo disponga alguna ley especial.

El inciso ( c) corresponde, en parte, a la Regla 19 5 de

Procedimiento Criminal de Pue_rto Rico de 1963. Este inciso

reglamenta el modo de formalizar la apelación en caso de que el

convicto esté recluido en una institución correccional y apele

por derecho propio. En esta situación se ha impuesto al Secretario

del tribunal apelado el deber de notificar -el escrito de

apelación,

recurso.

ello para facilitar y garantizar la tramitación del

Regla 803

COMJ!:N'l'ARJ:O

253

Ccmtam.i.do del escrito de apelacián

El escrito de apelación especificará lo siguiente:

(a) El nombre de las mismas partes que aparecen ante el tribunal que dictó la sentencia y la designación de •apelante" y •apelado". En ningún caso será cambiado el título de la causa por razón de la apelación establecida.

(b) La sentencia del Tribunal de Circuito de Apelac_iones y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, cuando la apelación sea ante el Tribunal Supremo y una referencia a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, cuando la apelación va dirigida al Tribunal de Circuito de Apelaciones. En todos los casos se hará constar la fecha en que se dictó la sentencia y el nombre del Juez y el del representante del Ministerio Fiscal.

(c) El tribunal ante el cual se presenta la apelación.

(d) Un breve señalamiento de los errores en los cuales se fundamenta la apelación.

(e) Una indicación de si el convicto se encuentra en libertad bajo fianza, en probatoria o recluido en una institución penal.

(f) Cualquier otro recurso sobre el mismo caso que se encuentre pendiente a la fecha de radicación.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y a la Regla 194 del

Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal de 1978.

La regla sólo dispone los requisitos mínimos que deben estar

contenidos en todo escrito de apelaciqn. Para apelaciones

particulares a determinado tribunal, se atendrá a lo dispuesto,

254

según sea el caso, en el Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto

Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, o en el Reglamento del Tribunal de

Circuito de Apelaciones.

En el inciso (a) se ha incorporado de la Regla lS(b) del

Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A,

el requisito de afiadir en los lugares apropiados la designación de

•apelante" y •apelado•. En el inciso (b) se ha afiadido el

requisito de sefialar el nombre del juez que dictó la sentencia y

del Fiscal que llevó el peso de la prueba. El inciso (b) ha sido

modificado conforme a las disposiciones del Reglamento del Tribunal

Supremo (Regla 17(c) y al Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones (Regla lS(c) (2). El inciso (d) procede de la Regla

194 de Procedimiento Criminal de 1963 y se ha incorporado en esta

parte por considerarse que este es el lugar que le corresponde.

Resulta conveniente que ·el sugerido inciso (e) que está

contenido en el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones

(Regla lS(é) (5)) se haga extensivo también a las apelaciones ante

el Tribuñal Supremo. Este inciso lleva el propósito de indicarle

al juez si el convicto está en libertad bajo fianza o recluido, a

los fines de determinar con cuanta premura debe atender el caso.

El inciso (f) incorpora lo dispuesto en el Sustitutivo P. de

la c. 1717 aprobado por ambas Cámaras Legislativas el que propone

una enmienda a la Regla 196 de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico de 1963.

Regla 804

COMl!:N'l'ARJ:0

255

Los efectos de la apelación sobre la ordm!. de libertad a prueba

La apelación no suspenderá los efectos de una orden que disponga que el apelante quede en libertad a prueba. Mientras se tramita la apelación, el tribunal sentenciador conservará su facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.

La regla corresponde, en parte, al inciso (b) de la Regla 197


Se elimina toda referencia al Tribunal Supremo, pues

esta regla también cubre las apelaciones

Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

ante el· Tribunal de

Ragla 805 J!:xpadiente de apelación~ docu:mentos

(a) Documentos originales. El expediente de apelación consistirá de los documentos originales que obren en autos y de la exposición de la prueba oral aprobada y certificada o de la transcripción, si ésta ha sido autorizada por el tribunal de apelación. El Secretario del tribunal. apelado unirá a dichos documentos originales una certificación que los identifique adecuadamente.

Los escritos y documentos originales del expediente de apelación se unirán en uno o más volúmenes y las páginas se numerarán consecutivamente. El Secretario del tribunal apelado preparará un índice completo bajo su certificación del contenido del expediente de apelación que incluya una lista que indique e identifique la evidencia adrni tida por el tribunal apelado durante el juicio.

(b} Corrección. No será necesaria la aprobación del expediente de apelación por el tribunal apelado, excepto en los casos a que se refieren las Reglas. Pero si surge alguna discrepancia respecto a si el expediente

C~AlUO

256

refleja lo ocurrido en el tribunal apelado, el asunto de la veracidad del expediente se someterá a dicho tribunal, el cual resolverá la controversia. Si por error o accidente se omite o se relaciona equivocadamente alguna porción del expediente de importancia para cualquiera de las partes, éstas mediante estipulación, o el tribunal apelado, antes o después de enviarse el expediente al tribunal de apelación, o el propio tribunal a solicitud de parte o a instancia propia, podrán ordenar que se supla la omisión o que se corrija la aserción errónea y, si fuere necesario, que se certifique o se envíe por el Secretario del tribunal apelado un expediente suplementario. Cualquier otro asunto relacionado con el contenido y la forma del expediente deberá someterse al tribunal de apelación.

(c) Varias apa1acionas. Cuando se presenten apelaciones de la sentencia por dos ( 2) o más apelantes, se preparará un solo expediente de apelación que contendrá toda la materia sefialada o estipulada por las partes sin duplicación.

Esta regla se convirtió en· la 805, ya que la Regla 805

original propuesta (Fianza luego de dictarse sentencia) se

convirtió en la Regla 1004 propuesta. El inciso (a) corresponde,

en parte, a la Regla 199, el inciso (b), en parte, a la Regla 206

y el inciso (c) a la Regla 207 de Procedimiento Criminal de Puerto

Rico de 1963.

La regla consolida el texto de estas reglas y la propuesta

Regla 197 del Comité de Reglas de Procedimiento Criminal de 1978,

el cual las unificó bajo un mismo encabezamiento, pero separadas en

tres (3) incisos. Por tratar todas del expediente de apelación, se

ha preferido seguir el estilo de la Regla 10 de Procedimiento

257

Apelativo federal. _ Esta es una enmienda para lograr unidad

temática.

El inciso (a) de la regla cumple con lo dispuesto en las

Reglas 39 y 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones. Específicamente, la Regla 40 de dicho Reglamento

dispone que, cuando sea necesario par.a el tribunal considerar

alguna porción de la prueba oral, se preferirá el siguiente orden:

(a) exposición estipulada

(b) exposición narrativa

(c) transcripción

Nótese que el Tribunal Supremo no favorece las

transcripciones de la prueba oral a menos que ello esté justificado

y dicho Tribunal así lo-acepte.

Regla 806 Consolidación de recursos de apelación

Cuando dos (2) o más convictos presenten escritos de apelación de una misma sentencia por separado y sus intereses sean similares, podrán solicitar la consolidación de las apelaciones.

La consolidación de las apelaciones se hará por orden del tribunal de apelación, a instancia propia o a solicitud de parte, o por estipulación de todos los apelantes. Cada apelante representado por un abogado distinto, tendrá derecho a presentar alegato por separado.

En ausencia de consolidación, los apelantes CUI11Plirán por separado estrictamente con lo dispuesto en la Regla 802. En todo caso, respecto al expediente de apelación, se hará según lo dispuesto en la Regla 805.

258

COMEN'l'ARJ:O

La regla es nueva. Procede, en parte, de la Regla 3(b) de

Procedimiento Apelativo federal y de la Regla 14(B) del

Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

El propósito es facilitar el trámite apelativo cuando sea posible

la consolidación de dos (2) o más rec=sos de apelación. La

regla propuesta simplifica el procedimiento apelativo y le imparte

una agilidad siempre necesaria en esta etapa procesal.

Rag-1a. 807 Ex;po111iciém. de 1a prueba ara.1 Cuando el apelante estime que para

resolver su apelación es necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada en el Tribunal de Primera Instancia, deberá incluir en el legajo una de las. siguientes o una combinación de ambas:

A) exposición estipulada B) exposición narrativa C) transcripción

La exposición narrativa procederá solamente en ausencia de una exposición estipulada. La transcripción procederá solamente cuando la parte que la interese demuestre al Tribunal de Circuito de Apelaciones que no es posible preparar una exposición narrativa o estipulada.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá ordenar, como excepcion, que se prepare una exposicion narrativa o una transcripción de la prueba oral o de una porción de ésta cuando estime que ello es necesario para una correcta o mejor dilucidación del recurso de apelación.

259

COMl!:N'l'ARXO

La regla corresponde! en parte, a la Regla 208 de

Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y a las Reglas 40 y

42 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Por

consideraciones de índole práctica y económica se preferirá en

primera instancia la exposición.estipulada. De ésta no ser posible

se preferirá en segunda instancia la exposición narrativa y vía

excepción, en tercera instancia, se ordenará la transcripción de la

prueba oral.

El Comité favorece el que todo apelante tenga el derecho a

una transcripción total o parcial de la evidencia. La experiencia

ha demostrado que en ocasiones no se puede tomar notas adecuadas en

algunos casos, que en otras el juez tampoco las toma y que, aun

cuando se hayan tomado, las mismas no se conservan

adecuadamente o no se consiguen debido al éxodo creciente de

jueces y fiscales y a la renuncia de abogadós defensores en etapa

apelativa.

La transcripción plantea una ulterior consideración de

justicia sustancial: la facultad del Tribunal Supremo para

conocer de errores fundamentales que aparezcan en los autos y

fallar sobre los mismos aun cuando no se haya interpuesto

objeción a ellos.

Hay casos, además, donde por la severidad de la pena impuesta

debería existir derecho absoluto a la transcripción

de evidencia. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos

sancionados con pena de reclusión perpetua. La conveniencia de la

260

celeridad administrativa debe ceder ante la posibilidad de

privar permanentemente de su libertad a un hombre a base de un

juicio en que ocurrieron errores no reconocibles en una simple

exposición narrativa.

Regla 808 E:x;po11ición •stipulada; procadillliG11Z1to

(a) Cuando los asuntos sometidos en apelación sean susceptibles de determinación sin un estudio de todas las alegaciones, de la prueba y de los procedimientos ante el tribunal apelado, las partes podrán preparar y firmar una relación del caso que demuestre cómo surgieron y cómo fueron resueltos los asuntos en dicho tribunal. Se expondrán únicamente aquellos hechos aseverados y probados o que se hayan intentado probar que sean esenciales para una resolución de los asuntos por el tribunal de apelación. Se incluirá una copia de la sentencia apelada y una exposición concisa de los fundamentos en que descansa el apelante. Si la exposición es conforme a la verdad, la misma, con todas las enmiendas que el tribunal apelado considere necesarias para dar a conocer en su totalidad los asuntos sometidos en la apelación, será aprobada por éste y se certificará al Tribunal de Circuito de .Apelaciones como el expediente de apelación.

(b) Procedimiento. Las partes se reunirán para preparar la exposición estipulada la cual deberá presentarse ante el tribunal apelado dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación del escrito de apelación. En ausencia de un acuerdo sobre el contenido de la misma o parte de ella, será deber del apelante informar tal desacuerdo al tribunal de apelación, no más ·tarde de treinta (30) días desde la presentación del recurso de apelación.

(c) El juez que presidió el juicio en un proceso criminal podrá usar sus notas, ordenar al taquígrafo la lectura de sus notas taquigráficas o escuchar la grabación en sus partes pertinentes para estar en condiciones

COMl!:N'l'ARJ:O

261

de aprobar la exposición narrativa de la prueba o re-lación del caso preparada por la parte apelante, a fin de que el tribunal de apelación esté en condiciones de revisar la sentencia apelada.

La regla corr~sponde, en parte, a la Regla 209 de


Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

El texto permite utilizar la regla para las apelaciones ante

cualquier tribunal apelativo. La regla de exposición estipulada,

distinta a la regla de exposición narrativa que requiere

una relación de todos los procedimientos, permite que las

partes convengan en reproducir sólo aquellas partes

pertinentes al recurso de apelación. Se incluyó un término de

treinta (30) días para presentar la exposición estipulada.

Se propone una regla separada para la exposición estipulada,

de la narrativa y la transcripción, para una mayor claridad del

procedimiento. Esto difiere de lo propuesto por el Sustitutivo al

P. de la C. 1717 de 24 de octubre de 1995, el cual dispone sobre

todos estos procedimientos en una sola regla.

Regla 809 Exposición narrativa

(a) Dentro de los veinte ( 2 O) días, contados a partir de la fecha de la notificación del desacuerdo para preparar una exposición estipulada, el apelante presentará al. Tribunal de Primera Instancia una exposición narrativa de_ la prueba oral. Acreditará en el mismo escrito haberle enviado copia de la exposición narrativq al Ministerio Fiscal y al Procurador General. El Ministerio Fiscal deberá presentar ante el foro de

COMl!:N'l'ARJ:0

262

instancia sus objeciones o enmiendas dentro de los diez (10) días siguientes.

Tanto la presentación de la exposición narrativa como de las objeciones deberán ser notificadas al Tribunal de Circuito de Apelaciones.

(b) Expirado los plazos contenidos en el inciso (a) de esta Regla, la exposicion narrativa, con las objeciones y enmiendas, de haberlas, quedará sometida para aprobación por el Tribunal de Primera Instancia, que deberá aprobarla dentro de los treinta (30) días siguientes. De haber enmiendas u objeciones, será necesaria la aprobación expresa de la misma.

(c) Los términos dispuestos en esta Regla podrán ser prorrogados mediante moción debidamente fundamentada y por justa causa. La parte apelante será responsable de desplegar toda la dil.igencia requerida para cumplir con los plazos y procedimientos dispuestos en los incisos (a) y (b) de esta Regla y de notificar al tribunal·de apelación cualquier incumplimiento. Su omision de cumplir con lo precedentemente expuesto podrá ser fundamentado para la desestimación del recurso de apelación o para no considerar cualquier sefialamiento de error del Tribunal de Primera Instancia en la evaluación de la prueba oral.

(d) A los fines de facilitar la preparación de una exposicion narrativa de la prueba, los abogados podrán utilizar las grabaciones efectuadas con sus propias grabadoras, según se autoriza en las Reglas de Administración para el Tribunal de Primera Instancia.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963 y a las Reglas 40 y

42 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto

Rico.

263

El problema que plantea la exposición narrativa de la

prueba se agrava cuando se trata de apelantes indigentes que han

sido representados por la Sociedad para Asistencia Legal, pues su

división apelativa tiene que hacer un alegato a base de una

exposición narrativa que no preparó y que por error humano

pudiera estar incompleta. Igual desventaja presenta para el

Procurador General que tiene que descansar en una exposición

narrativa en la que escasamente participa el fiscal debido al

cúmulo de trabajo que tiene y a la rotación de salas.

La práctica consuetudinaria apelativa en los tribunales ha

sido la preparación de una exposición narrativa de la prueba, ya

que la concesión de la transcripción de la prueba se

había convertido _en una pesada carga para el enjuiciamiento

criminal, unas veces por la lentitud del proceso de transcripción

Pueblo y. Toro Asencio. 104 D.P.R. 847 (1976); Pueblo y. colón

Obregón. 102 D.P.R. 369 (1974)- y por la desconsideración de los

abogados de los apelantes al solicitar transcripciones que

luego no utilizaban; -Pueblo v. Rolón Marxuach, 104 D.P.R. 690

(1976)- o que u ti 1 izaban es ca·s amen te, ,.P_.u..,e.,b,.l-=o __ v..._.. _ _._R.,o.,d..,r._1,._'.,gu.,..e=z

Irizarry, 103 D.P.R. 98 (1974). Tal fue la situación, que el

Tribunal Supremo llegó a expresar que la transcripción inútil de

prueba ha sido • la mayor causa de congestión y demora en el

perfeccionamiento del proceso apelativo". Pueblo v. Pérez

Santaliz, 105 D.P.R. 10, 26 (1976).

Para remediar la indiscriminada concesión de transcripciones

y así aligerar los procedimientos apelativos, y por ende

264

la administración de la justicia, el Tribunal Supremo adoptó normas

administrativas que establecían el uso de la exposición narrativa

como la norma general y la transcripción de evidencia como la

excepción. Desde entonces esa ha sido la práctica en los

procedimientos apelativos en Puerto Rico, a pesar de que

las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 proveen la

concesión de la transcripción de prueba como un derecho

del apelante.

El objetivo del inciso (b) es facultar al juez que preside el

juicio a tomar notas de lo que sucede en éste con el fin último de

impartirle su aprobación a la exposición narrativa de la prueba

para que ésta refleje fielmente los procesos judiciales, de modo

que se facilite la función revisora del tribunal de apelación.

Se propone una regla separada para la exposición narrativa de

la estipulada y la transcripción para una mayor claridad del

p~ocedimiento. Esto es distinto a lo propuesto por el Sustitutivo

al P. de la C. 1 717 del. 2 4 de octubre de 19 9 5, el cual dispone

sobre todos estos procedimientos en una sola regla.

Rer;rla 810 'rranscripción

(a) El apelante, peticionario o el Procurador General, podrán solicitar una transcripción únicamente de conformidad con la Regla 807.

(b) A esos efectos, el proponente presentará, no más tarde de treinta (30) días desde que se presentó el escrito de apelación, una solicitud debidamente fundamentada al tribunal de apelación. En ell~ expondrá las razones por las cuales considere que la transcripción es indispensable. El no haber

265

grabado o no haber tomado notas no será fundamento para solicitar transcripción de la prueba oral. Si el que solicita la transcripción es el apelante o peticionario deberá consignar las razones que imposibilitan la preparación de una exposición estipulada o narrativa de la prueba oral. Ante el foro de instancia el proponente deberá particularizar las porciones pertinentes del récord cuya transcripción interesa. Proporcionará además, la fecha del testimonio y los nombres de los testigos.

(c) Una vez ordenada la transcripción por el tribunal de apelación, el proponente deberá solicitar al Tribunal de Primera· Instancia la regrabación de la porción del récord que interesa se transcriba. Dicha solicitud se presentará dentro de los diez (10) días siguientes a la orden del tribunal de apelación concediendo la transcripción. Con la moción se acompañarán los aranceles correspondientes, de conformidad con las reglas aprobadas por el Tribunal Supremo.

(d) Una vez se concluya la regrabación, él secretario del Tribunal de Primera Instancia entregará la misma al proponente y notificará de ello a la otra parte y al tribunal de apelación.

(e) La transcripci_ón será realizada por el proponente· y a su costo. Para ello se servirá de un transcriptor privado autorizado. Cuando el· que solicite la ·transcripción sea indigente, o se trate del Pueblo de Puerto Rico, la transcripción será preparada de oficio por los funcionarios del Tribunal de Primera Instancia. Cuando no sea posible regrabar los procedimientos por un transcriptor privado o, de alguna otra· manera, la transcripción será preparada por los funcionarios del Tribunal de Primera Instancia, a costo del promovente.

(f) La transcripción deberá estar certificada por el transcriptor autorizado como una relación fiel y exacta de la regrabación transcrita.

(g) Toda transcripción será acompañada de un índice donde se indicarán los nombres y

COMEN'l'AlU:O

266

las páginas en que aparezcan las declaraciones de cada uno de los testigos.

(h) Las transcripciones se prepararán y presentarán en la Secretaría del tribunal de apelación dentro del plazo ordenado por ese tribunal, el cual será de estricto cumplimiento. El proponente suministrará copia de la transcripción a la otra parte dentro del mismo plazo. Este plazo podrá ser prorrogado mediante solicitud a esos efectos debidamente fundamentada y por justa causa. De no cumplir el transcriptor con los té:oninos aquí establecidos, será deber del proponente informar al tribunal de apelación y buscar otras alternativas para preparar la transcripción de la prueba oral dentro del plazo concedido por el tribunal.

(i) El proponente de una transcripción estará sujeto a sanción disciplinaria y/o económica en la eventualidad de que el tribunal de apelación pueda establecer. que su solicitud de transcripción total de la prueba oral ha sido efectuada con propósitos dilatorios o para obstruir la rapidez en los procedimientos judiciales.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 43 del Reglamento

del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

La regla propuesta recoge el principio de que la

transcripción se hará sólo en casos excepcionales cuando se baya

demostrado la necesidad de ello. Se ha establecido un té:nnino

durante el cual se deberá presentar la moción para la transcripción

de la prueba a fin de que el proponente actúe con la mayor premura

posible si considera que en su caso se debe conceder dicha

transcripción. El plazo para prepara~ y presentar la transcripción

lo detenninará el tribunal de apelación.

267

Con esta regla se incorpora el transcriptor privado

autorizado. Ella permitirá aliviar la carga de trabajo de los

taquígrafos del tribunal y redundará en agilidad y rapidez en la

preparación de las transcripciones. Para implantar el uso del

transcriptor privado autorizado se sugiere se adopte el sistema

estatuido en la Regla 39.3(d) del Reglamento del extinto Tribunal

de Apelaciones de Puerto Rico. Dicha regla disponía que el Juez

Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico· designará un número

de transcriptores privados, los cuáles serán autorizados a

certificar las transcripciones aludidas. El Juez Presidente con el

asesoramiento del Director Administrativo de los Tribunales, fijará

los honorarios máximos que éstos podrían cobrar por las

transcripciones preparadas por la autorización conferida. La

autorización de dichos transcriptores se renovará anualmente,

previa recomendación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, del

Tribunal de Circuito de Apelaciones y del Director Administrativo

de los Tribunales. El inciso (e), en parte, incorpora una norma

distinta a la dispuesta en el Sustitutivo al P. de la c. 1717

del 24 de octubre de 1995, con respecto a los casos en que sea

imposible la regrabación de los procedimientos.

Se dispone que en aquellos casos en que el proponente no sea

indigente, ni se trate del Pueblo de Puerto Rico, la transcripción

será preparada por los funcionarios del Tribunal de Primera

Instancia a __ costo del proponente, conscientes del trabajo que

conlleva el llevar a cabo tal procedimiento y, a su vez, para

-aliviarle la carga de trabajo a los taquígrafos del tribunal, lo

268

cual logra una mayor agilidad en el trámite. A tales efectos, el

Comité entiende que dicha disposición del Sustitutivo al P. de la

C. 1717 (Regla 201(f)) debe ser enmendada.

Se incorpora el inciso (i) con el propósito de facultar al

tribunal de apelación a imponer sanciones disciplinarias y

económicas cuando se establezca que el abogado del apelante ha

solicitado la transcripción con fines dilatorios. Con el

establecimiento de esta facultad se hace viable un método de

disuasión que limita la práctica de varios abogados de solicitar l_a

transcripción sólo con fines dilatorios, práctica que en el pasado

ha sido catalogada como de desconsideración hacia los tribunales,

según manifestaciones del Tribunal Supremo. Véase Pueblo v. Rolón

Marxuach, 104 D.P.R. 690 (1976). A estos efectos, el Secretariado

de la Conferencia Judicial recomendó en su informe "Nuevos Enfoques

en la Administración Judicial" la imposición no sólo de sanciones,

sino de costas y honorarios de abogado a aquella parte que solicite

una transcripción innecesaria.

Se propone una regla separada para la transcripción, a parte

de la exposición narrativa y la exposición estipulada, para una

mayor claridad del procedimiento. Esto es distinto a lo propuesto

por el sustitutivo al P. de la c. 1717 del 24 de octubre de 1995,

que dispone sobre todos estos procedimientos en una sola regla.

Regla 811 Procedimiento para la transcripción de la prueba oral

El procedimiento relacionado con la preparación de la transcripción •de la prueba oral se regirá por lo dispuesto en las -Reglas

COMEN'l'ARJ:O

269

para la Administración del TribWlal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Reglamento del TribWlal de Circuito de Apelaciones y el Reglamento del TribWlal Supremo.

La regla es nueva y recoge parte de las normas contenidas en

las Reglas para la Administración del TribWlal de Primera

Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha

reglamentación se halla al presente en la Regla 13 (4 L.P.R.A. Ap.

II-A) y su contenido es minucioso y abarcador. No se incorpora

literalmente dicha regla al texto presente por razones de estricta

conveniencia administrativa y por la posibilidad de que en el

futuro haya que enmendar dichas reglas por las circW1stancias

siempre cambiantes de Véase, también, la

los tribunales. Regla 43 del Reglamento del TribWlal de

Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

Regla 812

COMEN'l'ARJ:O

Expac!ianta c!a apelación; archivo remisión

Una vez perfeccionado el expediente de

apelación provisto en las reglas, el

Secretario del tribWlal apelado lo remitirá al

tribWlal de apelación dentro del término de

treinta (30) días.

La regla procede, en parte, de la Regla 203 de Procedimiento


Rei;rla 813

COMl!:N'l'ARJ:0

270

BEmeficio de pobreza

Cuando un apelante reclame ser insolvente y el tribunal de apelación haya ordenado la transcripción de la prueba oral, el apelante deberá presentar una declaración jurada para establecer su insolvencia y las razones por las cuales no puede pagar la transcripción. El tribunal apelado queda facultado para investigar en cualquier momento la veracidad del contenido de la declaración jurada suministrada por el apelante. La Sociedad para Asist'encia Legal, así como toda organización sin fines de lucro que ofrezca servicios legales a indigentes, estará exenta del requisito de juramentación para acreditar la insolvencia del apelante.

Si el tribunal apelado determina que dicha declaración jurada es parcial o totalmente falsa, denegará todo beneficio de pobreza y, además, podrá castigar al apelante por desacato.

Si, por el contrario, el tribunal apelado queda satisfecho de que el apelante es insolvente, ordenará expedir gratuitamente cuantas copias sean necesarias de la transcripción de la prueba oral solicitada.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, a la Sec. 5 de la

Ley de 10 de marzo de 1904 (32 L.P.R.A. sec. 1489) y a las Reglas

43 (A) (3) y 50 del Reglamento del Tribunal de Circuito de

Apelaciones de Puerto Rico.

De la Regla 24 de Procedimiento Apelativo federal se adoptó

el criterio de que la solicitud se haga bajo juramento. El

desacato se ha incluido como un disuasivo para las solicitudes

inmeritorias.

Regla 814

COMl!:N'l'AIUO

271

Desestimación de la apelación

El tribunal, a instancia propia o a petición de la parte apelada, podrá en cualquier momento desestimar una apelación por uno de los fundamentos siguientes:

(a) el Tribunal Apelaciones carece de considerar la apelación;

de Circuito de jurisdicción para

(b) no de acuerdo aplicables;

se ha perfeccionado la apelación con la ley y reglamentos

(c) no se ha proseguido con la debida . diligencia o de buena fe;

(d) el recurso es frívolo, o

(e) el apelante se ha evadido de la jurisdicción del tribunal. Este inciso no limita la facultad de considerar la apelación una vez el apelante se someta a la jurisdicción del tribunal.

La regla corresponde, en parte, a la Regla 212 · de


Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico

de 3 de febrero de 1995. La primera oración del inciso (e) es una

codificación de lo señalado en el caso de Pueblo v. Rivera Rivera,

110 D.P.R. 544 (1980).

Regla ·815 Disposición del caso en IÍ.palacián El tribunal de apelación podrá revocar,

confirmar o modificar la sentencia apelada, podrá reducir el grado del delito o la pena impuesta, o podrá, según proceda, absolver al apelante u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Podrá también anular, confirmar o modificar cualquier o todos los trámites posteriores a la sentencia apelada, o que de

272

ésta dependan, u ordenar el sobreseimiento de las acusaciones y sentencias objeto de la apelación por la muerte del apelante.

COMl!:N'J.'AllO


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. La enmienda es una

codificación del caso de Pueblo v. Morales Díaz, 120 D.P.R. 249

(1987). En este caso el Tribunal Supremo resolvió que la muerte de

un imputado de delito o convicto anula no sólo el trámite

apelativo, sino que pone fin a todos los procedimientos relativos a

la acusación desde su origen. El tribunal debe inmediatamente

poner punto final al proceso y ordenar, con efecto retroactivo, el

sobreseimiento de las acusaciones.

Re11la. 816

COMENTARIO

Sentencia. en apelación; errores DO

perjudiciales; errores fundameutalea

(a) Errores DO perjudiciales

La sentencia que dicte un tribunal sentenciador no será revocada a menos que surja de los autos que el error señalado perjudicó los derechos de las partes.

(b) Errores ~undarnente.las

El tribunal de apelación podrá motu proprio conocer de errores fundamentales aun cuando las partes no los señalen ni discutan.

La regla es nueva. Procede, en parte, del texto del

Art. 1 de la Ley de 30 de mayo de 1904, Código de Enjuiciamiento

criminal de 1902 (34 L.P.R.A. sec. 1171) y su· jurisprudencia

interpretativa.

JRsgl.a 817

273

Certiorari

(a) Ante el. 'l'ril:nm&l SUpramo.

l. El peticionario podrá recurrir mediante recurso de certiorari de toda sentencia dictada en apelación o certiorari por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, así como de.la resolución final en donde el Tribunal de Circuito de Apelaciones le deniegue un auto de certiorari. Se exceptúan de esta regla las sentencias finales que dicte el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en las cuales haya determinado la inconstitucionalidad de una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla o reglamento de una agencia o instrumentalidad pública o ordenanza municipal, al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o de la Constitución ·del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En estos casos se recurrirá al Tribunal Supremo mediante el recurso de apelación.

2. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días del archivo en autos de la notificación de la sentencia o de la resolución de una moción de reconsideración presentada en la forma dispuesta en la Regla 818.

3. La presentación de una ···solicitud de certiorari para revisar una

resolución u orden del Tribunal de Circuito de Apelaciones no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

La presentación de una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo suspenderá la ejecución de una sentencia condenatoria una vez se cumpla con la prestación de fianza y no haya una ley especial que disponga que no se suspenderá.

La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los efectos de una orden que disponga que el acusado quede en libertad a prueba. El tribunal sentenciador conservará la facultad para r;nodificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.

274

La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Circaito de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en contrario expedida, motu proprio o a solicitud de parte, por el Tribunal Supremo.

(b) Ante cal 'l'ribuna.l de Circuito de A,palaci0W11s.

l. El peticionario podrá recurrir mediante recurso de certiorari de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en casos de convicción por alegación de culpabilidad.

(A) El término jurisdiccional para presentar este recurso es de treinta (30) días contados desde que la sentencia recurr_ida es dictada.

(B) La presentación de una .solicitud de certiorari ante el Tribunal de

Circuito de Apelaciones suspenderá la ejecución de una sentencia condenatoria una vez se cumpla con la prestación de fianza y no haya una ley especial que disponga que no se suspenderá.

La presentación. de una solicitud de certiorari no suspenderá los efectos de una orden que disponga que el acusado quede en libertad a prueba. El tribunal sentenciador conservará la facultad para modificar las condiciones de la libertad a prueba o para revocarla.

La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

2. El peticionario podrá recurrir mediante recurso de certiorari de toda resolución u orcen dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

(A) El recurso de certiorari se formalizará presentando una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la resolución u orden. El término aquí dispuesto · es de cmnplimiento estricto, excepto cuando mediaren

CCllmN'.l'AIU:O

275

circunstancias especiales debidamente sustentadas en la petición de certiorari.

(B) La expedición de un auto de certiorari bajo este inciso no suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo orden en contrario expedida, motu proprio o a solicitud de parte, por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.


y 4.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, y a las

enmiendas aprobadas por ambas Cámaras Legislativas en el

Sustitutivo al P. de la C. 1701 de 24 de octubre de 1995; y en el

Sustitutivo al P. de la C. 1717 de igual fecha, los que proponen

enmiendas a varias reglas de Procedimiento Criminal vigentes.

El inciso (a) recoge la enmienda propuesta por la Sec. 1 del

Sustitutivo al P. de la C. 1701, el cual dispone que el Tribunal

Supremo revisará todas las sentencias o resoluciones finales del

Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de

certiorari. En estos proyectos se elimina la doble apelación al

Tribunal Supremo, excepto en los casos en que el Tribunal de

Circ~ito de Apelaciones determine la inconstitucionalidad de una

ley, resolución, ordenanza, etc. o cuando se plantee la existencia

de un conflicto entre sentencias del Tribunal de Circuito de

Apelaciones, en cuyos casos procede el recurso de apelación, aunque

según el sustitutivo al P. de la C. 1701 es sólo en casos civiles.

Sin embargo, véase Comentario a la Regla 801.

Así también, se dispone en la r~gla que la presentación del

recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo no suspende los

276

procedimientos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones o el

Tribunal de Primera Instancia; no así la expedición del mismo que

los suspende, salvo orden en contrario.

El inciso (b) por su parte, recoge la enmienda propuesta por

la Sec. 2 del Sustitutivo al P. de la C. 1701 que modifica la

competencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones y sólo se.

permite ver median~e certiorari, y no de otra manera, las

sentencias del Tribunal de Primera Instancia en casos de convicción

por alegación de culpabilidad.

A diferencia de lo que ocurre en el Tribunal Supremo, la

expedición del recurso de certiorari en el Tribunal de Circuito de

Apelaciones no suspende los efectos de una orden disponiendo que el

acusado quede en libertad a prueba, salvo orden en contrario. Las

enmiendas que propone el Sustitutivo al P. de la C. 1701 en su Art.

4. 002 (j) disponen que los casos criminales se regirán por lo

dispuesto en estas reglas.

Regla 818 Reccmsiélaración

(a) Anta ZDstancia.

al Tribunal éla Primara

1. Cualquier parte podrá solicitar la reconsideración de la sentencia dentro del término improrrogable de quince ( 15) días desde que la sentencia fue dictada.

2. El término para presentar un escrito de apelación o solicitud de certiorari quedará interrumpido con la presentación de la reconsideración y el mismo comenzará a correr a partir de la fecha en que se archive en autos la notificación de la resolución del tribunal en la que ·se adjudique. la moción de reconsideración.

COMEN'l'AJU:O

277

3. La presentación de una moción de reconsideración de una resolución u orden, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, cuyo término para la presentación del recurso de certiorari sea de cumplimiento estricto, no interrumpirá el término para solicitar un certiorari a menos que el Tribunal de Primera Instancia acoja la moción dentro del término de treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la resolución u orden.

(b) Ante el 'l'ril:nmal .él.e Circuito él.e ApelaciCIDIIIB .

1. La parte adversamente afectada por una resolución final o sentencia del· Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá presentar una moción de reconsideración dentro del término improrrogable de quince (15) días •_:esde la fecha del archivo en autos de una

~~ia de la notificación de la resolución o sentencia.

2. El término para recurrir al Tribunal Supremo comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones que resuelvan definitivamente la moción de reconsideración.


y 4.002 de la· Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. Así

también, la regla recoge las enmiendas aprobadas por ambas Cámaras

Legislativas en el Sustitutivo al P. de la c. 1701 del

24 de octubre de 1995 y en el Sustitutivo al P. de la C. 1717 de

igual fecha, que propone enmiendas a varias reglas de Procedimiento

Criminal vigentes.

La regla dispone todo lo referente a la presentación y los

efectos de una moción de reconsideración de una sentencia o

resolución. A su vez, hace una distinción de cuando la sentencia o

278

resolución es dictada por el Tribunal de Primera Instancia y cuando

es dictada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Se dispone

que en el caso del Tribunal de_ Primera Instancia, la presentación

de una moción de reconsideración no interrumpe el término para

solicitar un certiorari, cuyo término sea de cumplimiento estricto,

a menos que el Tribunal acoja la moción en treinta (30) días, luego

de notificada la resolución u orden. Salvo lo dispuesto

anteriormente, en los demás casos el término para recurrir en

apelación o certiorari quedará interrumpido.

Regla 819

COMl!:m.'ABJ:0

R.-1.sión del numdato del expedienta da cartiorari

y devolución apelación o

Transcurridos treinta (30) días laborables de haberse archivado en autos la notificación de la. sentencia dictada en apelación o certiorari, se devolverá al tribunal apelado todo el expediente de apelación o certiorari unido al mandato, a menos que se hubiere concedido o esté pendiente de resolución una solicitud de reconsideración o una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo, o a menos que de otro modo ordene el tribunal de apelación. Después de haberse emitido el mandato, el tribunal apelado expedirá todas las demás órdenes que sean necesarias para la ejecución de la sentencia.


Procedimiento Criminal de Pu~rto Rico de 1963 y al Artículo 3.001

incisos (h) e (i) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico

de 1994.

279

se sustituyó "Tribunal Supremo" por •tribunal de apelación" y

"Tribunal superior" por •tribunal apelado". Se ha dispuesto que

los días a que se refiere la regla sean laborables para

atemperarla al Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La regla propuesta, al unificar el procedimiento, sustituye

la disposición del último párrafo de la Regla 216(j) de


Se sustituyó "Dentro• por "Transcurridos" en la primera línea

para conformar dicha regla con lo dispuesto en la Regla 45 del

Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La Regla

54.13 de Procedimiento Civil de 1979 es similar a la· propuesta en

este aspecto.

Se modificó el término para enviar el mandato y se incorporó

el certiorari para atemperar la regla a las enmiendas aprobadas por

ambas Cámaras Legislativas en el Sustitutivo al P. de la C. 1717

del 24 de octubre de 1995, específicamente en su Art. 19, que

propone ·enmiendas a varias reglas de Procedimiento Criminal

vigentes.

Regla 820 Auto de certificación

En casos criminales, el auto de certificación se tramitará de acuerdo con el procedimiento dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia y de los Reglamentos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico.

280

COMl!:N'l'ARXO



(

281

CAPrrOLO:CX SELECCJ:ON DE CANDJ:DATOS A JtJ:RADO

Regla 901

COMl!!N'l'ARJ:O

Personas elegibles Serán elegibles para actuar

las personas que reúnan las siguientes:

como jurados condiciones

(a) Ser ciudadano de Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(b) Ser mayor de (18) dieciocho afies.

(c) Haber residido en Puerto Rico por un (1) afio y en la región judicial noventa (90) días antes de ser elegible e inscribir su nombre en la lista de jurados.

(d) Saber leer y escribir espafiol.

(e) No haber sido convicto de delito grave o de cualquier otro delito que implique depravación moral, o tener pendiente de juicio cargos por delito que implique depravación moral, con la excepcion de delitos por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

{f) Hallarse en posesión de sus facultades físicas y mentales.

(g) No haber sido designado para actuar como jurado en un panel regular en cualquier sala superior del Tribunal de Primera Instancia o no haber servido como tal durante el afio natural anterior.



Regla 902 Exenciones y excusas

{a) Derecho a. exención. de servir como jurados siguientes:

Estarán exentos las per·sonas

de

282

l. Todo fiscal, abogado u oficial jurídico del Tribunal General de Justicia.

2. Todo sacerdote, ministro de cualquier secta o religión y rabino hebreo debidamente ordenado y consagrado a su culto o religión.

3. Todo miembro activo de la Policía de Puerto Rico o funcionario o empleado de cualquier agencia estatal o federal encargada de velar por el mantenimiento del orden público.

4. Todo miembro de la Guardia Nacional o de la Reserva de las Fuerzas Armadas, o de cualquier servicio armado de Estados Unidos o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico qu-e esté activo en servicio al momento en que se le requiere para servir de jurado.

S. Todo guardia penal u oficial de custodia.

6. Todo maestro de escuela durante el calendario escolar.

(b) Excusas. Previa solicitud jurada, el tribunal podrá excusar de servir como jurado a las personas siguientes:

l. Todo funcionario o empleado de Estados Unidos o del Estado.Libre Asociado de Puerto Rico, de sus agencias o del gobierno municipal que se encuentre en servicio activo.

2. Todo médico o enfermero debidamente autorizado para el ejercicio de su profesión y que se encuentre en el ejercicio de la misma.

3. Todo funcionario o empleado de la penitenciaría estatal o de institución correccional que se encuentre trabajando como tal.

4. Toda persona que demuestre que ha · servido como jurado ante la Corte de Distrito Federal durante el año anterior natural o demuestre bajo juramento grave perjuicio, inconveniente extremo, necesidad

COMEN'l'ARl:0

283

pública o lo exiJa el estado de su salud o la enfermedad o muerte de algún miembro de su familia. Dicha excusa será por el período que el tribunal determine.

El tribunal no excusará a nadie de servir como jurado por motivo trivial ni por inconveniencias o molestias en sus negocios, sino exclusivamente en caso de existir peligro de grave daño o ruina a su propiedad o a la propiedad bajo su custodia: El tribunal deberá excusar del servicio de jurado a toda persona que lo solicite por razón de obligaciones indelegables en el hogar.

La regla corresponde, en parte, a las Reglas 106 y 108 .de


Regla 903

COMEN'l'ARl:0

TéJ:miDo de servicio

Ninguna persona será obligada a prestar servicio de jurado por .un término consecutivo mayor de un (1) mes ni por un término mayor de tres (3) meses durante el año, salvo que al finalizar el término para el cual haya sido llamado sea miembro de un Jurado en un caso.


Procedimient-0 Criminal de Puerto Rico de 1963.

Regla 904 Ca:mieionedo de Jurados

(a) El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico nombrará un Comisionado de Jurados, quien deberá ser ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de Estados Unidos, residir en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, gozar de buena reputación en la comunidad y estar cualificado para el cargo.

COMENTARJ:O

284

(b) El Comisionado de Jurados será nombrado de acuerdo con las normas establecidas por el sistema de personal de la Rama Judicial y tendrá aquellos deberes relacionados con el cargo que le asigne el Juez Presidente. Ocupará su cargo mientras goce de la confianza del Juez Presidente.

(c) Los funcionarios y empleados que se determine sean necesarios para C\lil\plir con los deberes que_estas reglas imponen se nombrarán en conformidad con las normas establecidas por el sistema de personal de la Rama Judicial.

La regla es nueva. La adopción de ésta hace necesario

derogar las Reglas 97, 98 y 99 de Procedimiento Criminal de

Puerto Rico de 1963.

Regla 905 Listas maestras

El Comisionado de Jurados compilará y mantendrá al día listas maestras de jurados para cada uno de las regiones judiciales existentes. Las listas contendrán los nombres de todas las personas que sean elegibles para servir como jurados y cualquier otra información que permita su identificación y cualificación inicial. En la preparación de las listas se utilizarán documentos oficiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus instrumentalidades y agencias que por razón de su naturaleza reflejen y contengan nombres de ciudadanos representativos de todos los sectores de la comunidad.

Los custodios de las listas estarán obligados a poner las mismas a disposición del Comisionado de Jurados para su inspección, reproducción o copia al ser requerido para ello.

Las listas maestras serán documéntos públicos.

285

COMEifl'AllO

La regla es nueva.

hliJ'l& 906 Listas c!le :lura.clos cualificados

El Comisionado de Jurados preparará y mantendrá actualizada una lista para cada sala superior del Tribunal de Primera Instancia que contendrá los nombres, las direcciones y cualquier otra información pertinente de todas aquellas personas que estén cualificadas para servir como jurados. La lista nunca será menor que el número de jurados necesarios en la sala correspondiente y se conocerá como "lista de jurados cualificados•. La lista se preparará conforme al procedimiento siguiente:

(a) 11!:stimacl.os. El Comisionado de Jurados calculará cada afio el número de personas que deberá componer la lista de jurados cualificados de cada sala superior del Tr'ibunal de Primera Instancia y calculará el número de personas que serán sometidas al proceso de cualificación con el propósito de obtener el número necesario· de jurados cualificados.

(b) Selección el.e cancl.idatos. El Comisionado de Jurados seleccionará de la lista·maestra ·correspondiente a cada sala los nombres de las personas que serán sometidas al proceso de cualificación mediante el procedimiento siguiente: el número total de nombres en la lista maestra se dividirá por el número total de nombres de personas que serán sometidas al proceso de cualificación; el número entero más cercano al cociente será el número clave, pero dicho número nunca será menor de dos. Un "número inicial" para hacer la selección se escogerá al azar de entre los números uno al número clave, ambos incluidos. El número de personas que serán sometidas al proceso de cualificación se seleccionará de la lista maestra. Se escogerá en primer lugar el nombre que corresponda al número inicial y después, sucesivamente, los nombres que aparezcan en intervalos iguales al número clave. Si fuese necesario, se comenzará nuevamente desde el principio de la lista

286

hasta que_ el número total de jurados requeridos sea seleccionado.

(c) Proceso de cualificación. Una vez seleccionados los nombres de acuerdo con el procedimiento anterior, el Comisionado de Jurados los investigará en cuanto a sus cualificaciones y posibles exenciones para servir como jurados. Además de otros métodos de investigación que estime adecuados, utilizará para ello un formulario uniforme que se le enviará a cada persona por correo con instrucciones precisas de cómo llenarlo y devolverlo dentro de un término específico. El formulario contendrá una declaración o certificación de la persona de que la información que ofrece es cierta a su mejor saber y entender, y lo apercibirá de la falta de contestación dentro del término especificado. La contestación incompleta o la falsedad en torno a algún hecho esencial dará lugar a que el Comisionado de Jurados presente una querella en su contra ante el juez

-administrador de la sala correspondiente. Si la persona estuviese impedida de llenar el formulario personalmente, cuálquier otra persona podrá hacerlo e indicará en el mismo su nombre, dirección y las razones por las cuales llenó el formulario en representación del candidato a jurado.

Las personas que sean elegibles para servir como jurados de acuerdo con estas reglas y que no estén exentas, y aquellas a quienes les sean denegadas sus solicitudes de exención o excusa pasarán a formar parte de la lista de jurados cualificados.

(d) Solicitud de exención o excusas en el foniulario; concesión. El Comisionado de Jurados podrá conceder cualquier solicitud de exención que se acredite en el formulario de cualificación de acuerdo con el inciso (c) de esta regla.

Si hubiese duda en cuanto a la solicitud de exención o si alguna persona indica en el formulario su deseo de . ser excusado, el Comisionado de Jurados enviará una copia del formulario al juez administrador de la sala correspondiente, quien podrá citar a la persona y decidirá:

COMl!:N'l'ARJ:0

287

1. si deniega la solicitud y ordena al Comisionado de Jurados incluir su nombre en la lista de jurados cualificados, y

2. si concede la solicitud y ordena al Comisionado de Jurados excluir su nombre de la lista de jurados cualificados permanentemente o por un período de tiempo determinado •.

(el ll!:Dvio de las listas. Tan pronto como se haya completado el proceso de cualificación y de preparación de las listas de jurados cualificados, el Comisionado de Jurados enviará a la Secretaría de cada sala superior del Tribunal de Primera Instancia la lista de jurados cualificados correspondiente y una relación de las personas excluidas de dicha lista con sus direcciones y con una breve exposición de las razones para la exclusión.

Una vez recibida la lista, el Secretario del tribunal preparará una tarjeta para cada una de las personas cualificadas y las colocará en una urna.

La regla es nueva.

Regla 907

COMEN'l'ARJ:0

Uso de ccmiputa&,ra.s

El Comisionado de Jurados podrá utilizar equipo de computadoras y programas compatibles en el cumplimiento de las funciones y deberes que estas reglas le imponen.

La regla es nueva.

Regla 908 Falsedad o incumplimiento en la contestación del formulario; procedimiento de querella

El Comisionado de Jurados podrá presentar querella ante el juez administrador de la sala

COMl!!N'l'AllO

288

correspondiente contra la persona que haya falseado algún hecho esencial al contestar el fcnnulario, que no_devuelva éste dentro del término especificado o que lo devuelva incompleto. El juez administrador, al recibir la querella, ordenará la citación de esta persona para que comparezca ante el Secretario del tribunal a llenar o completar el formulario. De comparecer, la persona procederá a llenarlo o completarlo en presencia del Secretario del tribunal y éste le tomará juramento en relación con todo lo que declare. De no comparecer, el juez administrador ordenará su arresto o citación para comparecer ante el tribunal para que muestre causa por lo cual no deba ser declarado incurso en desacato.

La regla es nueva.

Regla 909 -Orden y sorteo para cnmparecencia Siempre que los asuntos criminales de una

sala superior del Tribunal ·de Primera Instancia lo requieran, el tribunal dictará una orden para la comparecencia de aquel número de jurados que estime necesa:cios.

El Secretario del tribunal, en presencia pública, procederá a

de las personas que jurados cualificados en

----del juez y en sesión sortear los nombres componen la lista de la forma siguiente:

(a) Se agitará la urna que contenga las tarjetas con los nombres de todos los candidatos cualificados y se sacará de dicha urna el número de tarjetas ordenado por el tribunal.

(b) En las actas del tribunal se consignará el nombre contenido en cada tarjeta ext~aída de la urna.

La lista con los nombres de los jurados cualificados y el acta del tribunal será documento público accesible a la defensa y al Ministerio Fiscal.

COMl!:N'l'Ul:O

289

(c) Si de las tarjetas extraídas aparece el nombre de una persona que por alguna razón no fuese elegible para actuar como jurado, y se comprobara tal hecho a satisfacción del tribunal, el nombre de dicha persona se eliminará de la lista de jurados y se sorteará otra tarjeta.

Terminado el sorteo, el Secretario del tribunal certificará la relación de personas seleccionadas para actuar como jurados, certificará la corrección de la misma, consignará la fecha y el número de jurados designados e indicará el día, la hora y el sitio en que dichos jurados deberán COI!IParecer.

La regla corresponde, en parte, a las Reglas 103 y 104 de


Regla 910 Citación de jurados

COMENTUJ:O

El secretario del tribunal entregará una copia certificada de la lista de jurados seleccionados al alguacil, y éste los citará~ El alguacil informará e+ día y la hora en que deberán comparecer al lugar destinado para ser sorteados. El alguacil, al .devolver la lista al tribunal, informará las personas que fueron citadas y la manera en que se hizo la citación.



Regla 911 Servicio activo

Los tribunales que tengan salas en donde hay más de un salón de sesiones, asignarán los jurados a servir en un panel determinado mediante un sorteo que se llevará a cabo por el funcionario que el juez administrador

COMEN'l'ARJ:O

290

designe. El abogado de la persona imputada de delito y el Ministerio Fiscal podrán estar presentes.

Los candidatos que no sean seleccionados para entender en un juicio determinado regresarán al salón de jurados y estarán disponibles para sorteo.

La regla es nueva.

Rag-la 912 Acci6D por incomparecencia

COMEN'1'ARJ:O

De incomparecer el jurado en la fecha para la cual estaba citado, el tribunal ordenará se le cite en persona o por correo certificado con acuse de recibo a su dirección conocida para que comparezca ante el tribunal en una fecha, una hora y un lugar determinado bajo apercibimiento de desacato. De incomparecer, se ordenará su arresto por desacato al tribunal.

La regla es nueva.

Esta ·regla se convirtió en la 912, ya que la original

propuesta con igual número (Excusas y exenciones por el tribunal)

se consolidó con la Regla 902 propuesta. Lo anerior provoca una

reenumeración de las reglas subsiguientes de este Capítulo.

Rag-la 913 MaPtcenimiento de la lista de jurados cualificados

A medida que se utilicen los candidatos de la lista de jurados cualificados, el juez administrador ordenará su exclusión de la lista y enviará al Comisionado de Jurados una relación de los nombres de dichas personas con las fechas en que prestar~:>n sus servicios. También enviará los nombres de las personas excluidas por el tribunal conforme la Regla 902.

COMEN'.l'Alu:O

291

· El Comisionado de Jurados procederá a seleccionar y a cualificar otros candidatos de la lista maestra de cada sala para incluirlos en la lista de jurados· cualificados de manera que se mantenga siempre con el mayor número posible de personas cualificadas.

El Comisionado de Jurados enviará a cada sala una relación de las personas cualificadas y el Secretario del tribunal procederá a incluirlas en la urna.

La regla es nueva.

CAPITDLO X

Regla l.001

292

FUNZA, CONDICIONES Y LIBERTAD PROVXSIONUr

DefiDicicmes

A los efectos de .este capítulo los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

(a) ll"ia11.za. Garantía monetaria, hipotecaria o documental prestada para asegurar la comparecencia de un imputado a los procedimientos correspondientes.

(b) Co11.dicio11.es. Mecanismo alterno o concurrente a la imposición de fianza de prestación inmediata consistente en establecer limitaciones a la libertad de un imputado durante el transcurso del proceso penal.

(c) Depósito. Importe de la fianza en efectivo prestado por el imputado corno garantía de su comparecencia . El depósito servirá -asimismo como garantía del cumplimiento de condiciones y del pago de costas del proceso así corno de multas que fueran impuestas.

(d) Libertad Provisio11.al. Cualquier medida disponible para aquellos imputados bajo la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio. Consiste en la libertad de un imputado de delito después de comparecer ante el tribunal, decretada por autoridad judicial, durante el transcurso de una acción penal. La libertad provisional podrá obtenerse por cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes:

l. Libertad bajo reconocimiento propio. Libertad provisional de un imputado después de comparecer ante el tribunal, cuando se le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal bajo su promesa escrita de comparecer al tribunal cada vez que sea citado y de acatar las órdenes y mandatos judiciales, incluyendo las condiciones impuestas por el tribunal durante su libertad provisional.

2. Libertad bajo custodia de tercero. Libertad provisional condicional

COMEN'l'ARJ:0

293

cuando un tercero se compromete con el tribunal a supervisar a un imputado en el cumplimiento de ciertas condiciones y el tercero, además, se compromete a informarle al tribunal el incumplimiento por el imputado de cualquiera de esas condiciones. El tercero aceptará sus obligaciones personalmente ante el tribunal y de igual manera aceptará el imputado la supervisión del tercero.

3 . Libertac! ccmdicicmal. . Libertad provisional de un imputado de delito después de comparecer ante un tribunal, cuando el tribunal le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal con o sin la prestación de una fianza, siempre y cuando el imputado cumpla con una o varias condiciones que le sean impuestas por el tribunal mientras dure su libertad provisional.

4. Libertad bajo filUlZR diferida. Libertad provisional de un imputado de delito después de comparecer ante el tribunal, cuando éste le fija una fianza monetaria pero le permite permanecer en libertad durante el transcurso de una acción penal sin la prestación de la fianza fijada, - siempre y cuando el imputado cumpla con una o varias condiciones que le sean impuestas por el tribunal mi·entras dure su libertad provisional, disponiéndose que de determinarse que el imputado incumplió con cualquiera de dichas condiciones, se le requerirá la prestación de la fianza y de no prestarla se le encarcelará inmediatamente, sin menoscabo de lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Criminal.

Se sugiere la introducción de una nueva regla que contiene

las definiciones de las modalidades de libertad provisional

vigentes en el ordenamiento penal de modo que no se confundan con

las dispuestas por la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995 que crea

la Oficina de Servicios con 11:ntelación al Juicio.

294

Aunque el propósito de esta Ley es crear dicha oficina, la

misma establece medidas sustantivas que modifican el estado de

derecho actual en lo que respecta a la situación jurídica de una

persona imputada de delito, para proveerle con un sistema paralelo

al vigente que ofrece nuevas alternativas a la detención

preventiva. (véase esquema)

Las alternativas establecidas por la Ley representan

modalidades de una nueva figura jurídica denominada .Libertad

Provisional. La misma se define por el artículo 2 (i) de l_a Ley

como "la libertad de un imputado después de comparecer ante un

tribunal, decretada por autoridad judicial, durante el transcurso

de una acción penal".

A tenor con la misma disposición la libertad provisional

podrá obtenerse por cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse

a, la libertad bajo propio reconocimiento, bajo custodia de

tercero, bajo condiciones no monetarias o bajo fianza diferida.

A su vez la Ley define estas cuatro modalidades en los

incisos (e), (f), (g) y (h) de su Artículo 2, que se copian ad

verbatim en la regla sugerida.

Con dichas definiciones incluidas como parte de la Ley Núm. 177

se modifica el estado de derecho previo para incluir una nueva

modalidad de fianza monetaria (la fianza diferida) y denominar como

libertad condicional nuevas opciones adicionales a la imposición de

condiciones hasta entonces provistas exclusivamente por la Regla

218 de las de Procedimiento Criminal de 1963.

295

Es importante señalar que se mantiene la discreción del juez,

tras evaluar el informe presentado por la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio, para imponer o modificar las condiciones que

esta oficina le presente. No obstante, la imposición y supervisión

de condiciones corresponde a la Oficina de Servicios con Antelación

al Juicio, conforme lo dispone la Ley Núm. 177 en su Exposición de

Motivos.

Regla 1002 Fianza, condicionas y libertad provisional no sujeta a condicionas pecuniarias; cuando se requerirán; criterios a considerar; revisión da cuantía o condicionas; an general..

(a) :Daracho a fianza; quién la ac!mitirá; imposición da condicionas. Toda persona arrestada por cualquier delito tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza o bajo las condiciones impuestas en conformidad con el inciso (e) de esta regla hasta tanto sea convicta. La fianza, cuando se requiera, podrá ser admitida por cualquier juez, quien, podrá además imponer condiciones.

(b) Libertad Provisional. En el ejercicio de su discreción, el juez podrá conceder los beneficios de la libertad provisional a todo imputado que se someta voluntariamente a la jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio tras evaluar el informe preparado por ésta. Quedan excluidos de dicho beneficio los imputados de los siguientes delitos:

l. Asesinato

2. Mutilación

3. Lanzar ácido a una persona

4. Violación

5. Secuestro

296

6. Robo en todas sus modalidades

7. Incendio agravado

8. Estragos

9. Artículo 401 de la Ley de Sustancias controladas, cuando la transacción imputada envuelva medio (1/2) kilo o más de cocaína, heroína o cualquiera de sus derivados, o cuando se trate de una libra o más de marihuana, así como por la violación a los Artículos 405, 408 y 411 ·(A) de la referida ley.

10. Fuga

11. Actos lascivos o impúdicos, cuando la víctima tenga menos de catorce años

12. Violación a las leyes contra el crimen organizado

13. Violación a las leyes de explosivos

En aquellos casos en que se haya determinado causa probable para el arresto en ausencia, el juez ante el que se diligencia la orden de arresto podrá modificar· la fianza impue~ta o sustituirla por cualquier modalidad de libertad provisional cuando ello se justifique. Esto no impedirá que el imputado utilice el mecanismo de revisión de fianza o condiciones que dispone el inciso (g) de esta regla.

En aquellos casos en que el imputado estuvo_ presente en la determinación de causa probable, sólo se modificará la fianza impuesta o condiciones por el mecanismo que se dispone en el inciso (g) de esta Regla.

(c) Fijación de la cuantía de la fianza. En ningún caso se exigirá una fianza excesiva. Para la fijación de la cuantía de la fianza se considerarán las circunstancias siguientes:

l. La naturaleza y circunstancias del delito imputado.

297

2... Los nexos del comunidad, entre ellos, residencia, su historial de relaciones familiares.

imputado en su tiempo

empleo y

la de

sus

3. El carácter y condición mental del imputado.

4. Los recursos económicos del imputado.

S. El historial del imputado sobre previas comparecencias y cumplimiento de órdenes judiciales.

6. ·El Certificado de Antecedentes Penales.

(d) Libertaél provisional no sujeta a conélicionea pecuniarias. Para la imposición de cualquier modalidad de Libertad Provisional no sujeta a condiciones pecuniarias, además de las circunstancias enumeradas en el inciso (c), se tomará en consideración el informe rendido por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, en el cual se deberá consignar lo siguiente:

l. Que las condiciones monetarias no son necesarias para asegurar la presencia del imputado al juicio o a cualquier otro procedimiento judicial.

2 . Que la Libertad Provisional no pone en riesgo de daño físico a la comunidad o a persona alguna.

3. Que la Libertad Provisional no viola la integridad del proceso judicial.

(e) J:mposición éle comli.cionea. Sujeto a lo dispuesto en la Regla 208(a) y (b), podrán imponerse una o más de las condiciones siguientes:

1. Condiciones relativas a la persona del imputado:

(A) estar desempleado, obtenerlo.

Conservar el empleo o, de hacer gestiones para

298

(B) No consumir bebidas alcohólicas -0 drogas narcóticas, o cualquier otra sustancia controlada.

(C) Someterse a tratamiento médico o psiquiátrico, incluso tratamiento para evitar la dependencia a drogas o a bebidas alcohólicas.

(D) Cumplir otra condición razonable tribunal.

con que

cualquier imponga el

2. Condiciones relativas a la comparecencia del imputado:

(A) Quedar bajo la responsabilidad de otra persona de reconocida y buena reputación en la comunidad bajo la supervisión de un oficial probatorio u otro funcionario que designe el tribunal. El tribunal determinará el modo en que se ejercerá la supervisión, y la persona que actúe como custodio vendrá obligada a supervisarle, llevarlo al tribunal e informar de cualquier violación a las condiciones impuestas.

(B) Cumplir con determinados requerimientos relacionados con su lugar de vivienda o con la realización de viajes.

(C) Entregar al juez .u otra persona que éste designe el pasaporte o cualquier otro documento que acredite la residencia o ciudadanía del imputado.

(D) Cumplir otra condición razonable tribunal.

con que


3. Condiciones relativas a la seguridad de la comunidad:

(A) No cometer delito durante el término en que se encuentre en libertad ni relacionarse con personas que planifiquen, intenten cqmeter o cometan actos delictivos.

(B) Evitar todo contacto con la alegada víctima del crimen o con testigos potenciales.

299

(C) No poseer armas de fuego o cualquier otra arma mortífera.

(D) · No abandonar su lugar de residencia, vivienda o vecindad en determinados días y horas para proteger su seguridad o la de otros ciudadanos.

(E) Cumplir otra condición razonable tribunal.

con que


(f) Condicionas para 1a 1ibartad p:rovisiona1. En el ejercicio de su discreción, el juez podrá, tras evaluar el informe de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, además de las condiciones establecidas en el inciso (e) de esta Regla, en cualquier modalidad de libertad provisional imponer, entre otras, las siguientes condiciones:

l. Permanecer bajo la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y presentarse según se le ordene a su centro de supervisión con o sin el uso de un sistema aprobado de supervisión e+ectrónica.

2. Someterse todas las pruebas que le dicha oficina.

periódicamente a sean requeridas por

3. Observar cualquier horario prescrito por el tribunal.

(g) Revisión de 1a fianza, condiciones o mocla1idad da 1ibe:rt:ad provisional..

1 . Antes da 1a co:D.vicción. Una parte puede solicitar, mediante moción, la revisión de las condiciones o modalidad de Libertad Provisional impuestas o de la fianza fijada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior correspondiente a la región judicial competente para conocer la causa. La moción incluirá el número de seguro social del imputado. Si la moción solicita la ampliación de las condiciones, el aumento de la fianza, la prestación de la fianza diferida o la imposición de fianza en lugar de condiciones, el juez que considere la misma establecerá condiciones encaminadas a garantizar la comparecencia del imputado, incluso, la

COMl!:N'l'Alu:O

300

citación en la que se le notifique la resolución del tribunal sobre la moción de revisión.

Una moción para modificar ampliar o revocar las condiciones, o modalidad de libertad provisioanl, imposicion de condiciones en lugar de fianza o para aumentar o reducir la fianza se resolverá dentro de las veinticuatro (24) .horas siguientes a su presentación, previa audiencia al Ministerio Fiscal, a la persona imputada después de ser citada y al representante de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio en los casos bajo su jurisdicción.

2. Orcl.an el.e axca.rcala.ción. En todo caso en que un juez imponga condiciones, libertad provisional o acepte fianza, sujeto a los procedimi·entos que en esta regla se establecen, se expedirá orden de excarcelación.



La enmienda propuesta codifica lo resuelto en Pueblo y.

Morales y~zquez, 91 J.T.S. 90, 129 D.P.R. _ (1990) El Tribunal

Supremo aclaró que los procedimientos de fijar, revisar o modificar

una fianza variarán si el imputado estuvo o no presente en el acto

de detenninación de causa probable para el arresto.

El propósito del cambio al inciso (d) ( 1) de requerir el

número de seguro social es que el tribunal conceda una modificación

en forma responsable luego de tener el beneficio de haber hechÓ una

investigación en los sistemas de infonnación de justicia criminal.

Se propone enmendar la regla propuesta por el comité para

atemperarla a las disposiciones de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto

de 1995. A esos efectos las excepciones a la concesión de Libertad

301

Provisional que se recomiendan en el inciso (b) surgen de las

disposiciones de dicha Ley que en su artículo 2 (a) expresamente

excluye de sus beneficios a los imputados de los delitos allí

enumerados.

Cada vez que se utiliza el término Libertad Provisional se

hace en sentido genérico a tenor de la definición incluida en la

propuesta Regla 1001 propuesta de modo que se obvia la repetición

de sus modalidades que no constituyen modalidades cerradas por

definición de la propia Ley 177 ( art. 2 (i))

Se añade el inciso (d) que se refiere a la consideración del

informe de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio para

que se incluya la información relacionada con los requisitos de

eligibilidad para el programa que establece la Ley Núm. 177 en su

Artículo 9. La referencia en este inciso a libertad provisional no

sujeta a condiciones pecuniarias es una interpretación que hace el

Comité de la Ley Núm. 177. Se entiende que de las cuatro

modalidades de libertad provisional expuestas en la Ley hay tres

que no están sujetas a condiciones pecuniarias, a.diferencia de la

fianza diferida que si lo está.

El inciso (f) se añade para recoger aquellas condiciones que

se podrán imponer para la concesión de modalidades de Libertad

Provisional que no están contempladas en la Regla 218 de

Procedimiento Criminal de 1963 vigente y que están comprendidas en

el Artículo 10 de la Ley Núm. 177.

Regla 1003 Fianza; condiciones y libertad provisional; requisitos

COMEN'l'ARXO

302

(a) ADt1111111 de la convicción. La modalidad de libertad provisional, las condiciones impuestas y/o la fianza prestada en cualquier momento antes de la convicción, garantizarán la comparecencia del imputado ante el tribunal y su sumisión a todas las órdenes, citaciones y procedimientos judiciales, incluso el pronunciamiento y la ejecución de la sentencia.

En caso de incomparecencia injustificada el tribunal podrá ordenar el arresto del imputado o la prestación de fianza diferida. En los casos en que se hubiera prestado fianza, se iniciarán los procedimientos de confiscación a tenor con estas Reglas.



Se sugiere el cambio en el texto para atemperar la regla a

las disposiciones de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, y

para mayor claridad en su exposición. En específico, se añade la

libertad provisional conforme a la Ley y se añade un segundo

párrafo para disponer de los casos en que el imputado no comparece

injustificadamente.

La imposicion de una fianza y/o de condiciones debe tener

como objetivo el garantizar la comparecencia del imputado ante el

tribunal correspondiente y su sumisión a todas· las ordenes, las

citaciones y el procedimiento.

Todo imputado de delito debe tener derecho al beneficio de una

fianza adecuada que haga viable su derecho a la libertad

provisional antes del juicio a tenor con las circunstancias del

delito imputado y sus nexos con la comunidad ..

303

Las reglas relativas a la fianza deben, además, ir dirigidas

a lograr la uniformidad en cuanto al procedimiento de imposición

para dar certeza a la ciudadanía.

La tendencia con relación a la fijación de fianzas fundadas

en el factor económico debe ser la excepción solamente para

aquellos casos extremos en que no exista otra forma de garantizar

la comparecencia del imputado, en cuyo caso la cuantía impuesta

debe cumplir con ese propósito.

La regla general debe estar fundada en la imposición de

condiciones no económicas que aseguren la _comparecencia del

imputado en todas las etapas del procedimiento, que es en última

instancia el propósito que se debe perseguir.

:1Re11la. 1004 Fianza. lua110 da dictarse sentencia; condicionas

(a) Por delito menos grave. Cuando el imputado presente recurso de apelación o certiorari de una sentencia condenatoria por delito menos grave, permanecerá en libertad provisional mientras se resuelve la apelación bajo las mismas condiciones existentes antes de su convicción.

(b) Por delito 11rava. Después de convicto un imputado, excepto en el caso de delitos que aparejen pena de reclusión de noventa y nueve (99) años, si éste presenta recurso de apelación o de certiorari se admitirá fianza.

l. como cuestión de derecho cuando se apele de una sentencia que impone solamente el pago de multa.

2. A discrecipn del tribunal apelado, del Tribunal de Circuito de Apelaciones, del Tribunal Supremo o de uno de sus jueces, en todos los demás casos.

304

Sólo.se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso plantee un asunto sustancial. No se admitirá fianza cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del imputado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso. En estos casos debe darse oportunidad al Ministerio Fiscal o Procurador General a ser oído. Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resulte impracticable, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal apelado. Si éste la negare la podrá presentar al Tribunal de Circuito de Apelaciones o a uno de sus jueces, acompañados de copia certificada de la solicitud presentada al tribunal apelado, el dictamen, una transcripción o relación de la prueba--si se hubiere presentado alguna--y un breve informe explicativo de las razones por las cuales se considera errónea la resolución apelada.

El Tribunal Supremo podrá, en el ejercicio de su discreción admitir fianza en recursos de certiorari ante sí, cuando la misma haya sido denegada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

cuando el libertad bajo razonable la impondrá, a su fiada una o siguientes:

tribunal determina que la fianza no asegura en forma comparecencia del apelante discreción, sobre la persona más de las restricciones

l. Poner al apelante bajo la custodia de alguna persona o entidad designada por el tribunal que esté dispuesta a supervisarlo.

2. Restringir la facultad del apelante de lugar de pendiente su

viajar, asociarse o residencia mientras apelación.

establecer se halle

3. Exigir que parte de la fianza fijada se preste en efectivo.

4. Imponer condición razonable

cualquier otra para asegurar la

COMl!:N'l'AJU:O

305

comparecencia del apelante a todo trámite pos·terior.

(c) Revisión de la fianza en apelación. El tribunal o juez que fije una fianza en apelación tendrá facultad para aumentar o rebajar la cuantía de la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten.

El apelante y el Ministerio Fiscal o Procurador General serán citados y tendrán oportunidad de ser oídos.

La regla corresponde, en parte, a las Reglas 198, 216 y

218(c) de Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, y a las

enmiendas aprobadas por ambas Cámaras Legislativas en el

Sustitutivo al P. de la c. 1717 de 24 de octubre de 1995, que

propone enmiendas a · varias reglas de Procedimiento Criminal

vigentes.

Se añade la facultad del Tribunal Supremo para revisar la

negativa del Tribunal de Circuito de Apelaciones de fijar fianza,

conforme a lo dispuesto por el Sustitutivo al P. de la c. 1717 que

establece la facultad del Tribunal Supremo de admitir fianza en

recurso de certiorari ante sí. Se incluyó al Procurador General

para conformar la regla al Proyecto, ya que éste es el funcionario

al cual se hace referencia en el mismo.

Regla 1005 Fiw:i.za; requisitos de los imputados La fianza será suscrita o reconocida ante

un juez o secretario del tribunal, según corresponda.

La fianza se podrá prestar de las maneras siguientes:

(a) Por una compania autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico.

306

(b) Por el Director Ejecutivo del Proyecto de Fianzas Aceleradas al que se le considerará para los efectos de esta Regla corno una cornpafiía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico incluyendo específicamente, pero sin que ello se entienda corno una limitación, la potestad de prestar fianzas documentales o en efectivo incluyendo el diez (10) por ciento en efectivo del monto total de la fianza impuesta.

(c) Por un fiador que posea algún bien mueble en Puerto Rico no exento de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que obren sobre dicho bien.

(d) El juez o secretario ante quien se preste la fi~za podrá permitir a más de un fiador que se obligue, en fonna individual, por sumas inferiores, siempre que el total de

.. las obligaciones individuales equivalga al total de la fianza.

COMl!:N'l'AR:CO

(e) El juez o secretario ante quien se preste la fianza podrá permitirle al propio imputado prestar la fianza.

Dondequiera que en estas reglas se utilice el término •fiadores" se entenderá que lee •fiador o fiadores•.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963, según enmendada por

la Ley Núm. 24 del 14 de julio de 1993. (Ley del Proyecto de

Fianzas Aceleradas)

Se elimina "residente en Puerto Rico" por ser único requisito

el que el fiador posea algún bien inmueble en Puerto Rico. Al

decir "residente" se entiende que tiene que ser en Puerto Rico. Lo

esencial es que sea duefio de bienes inmuebles.

bgla 1006

307

FilLJ:lza; fiadores; comprobación de requisitos

Con excepción del Proyecto de Fianzas Aceleradas, los fiadores que no sean compañías autorizadas para prestar fianzas en Puerto Rico o que por disposición de ley se consideren corno compañías autorizadas, justificarán bajo juramento ante el juez que admita la fianza que los bienes que se ofrecen en respaldo de la misma reúnen las condiciones que exige la Regla 1005. El juez examinará a los fiadores bajo juramento para determinar si la propiedad cumple con lo dispuesto en dicha regla y levantará un acta de la prueba testifical y documental ofrecida.

Cuando la fianza sea prestada mediante garantía de bienes inmuebles, el fiador solicitará al Registrador de la Propiedad que emita una certificación registral de la propiedad. El Registrador deberá expedirla dentro del término de veinticuatro (24) horas de solicitada. · Cuando de la certificación registral surja que la propiedad está gravada, será necesaria una tasación de no más de un (1) año de haber sido expedida.

En el caso de que se admita la fianza con las garantías que se ofrecen, el tribunal expedirá el correspondiente mandamiento, que deberá ser diligenciado por el Ministerio Fiscal, dirigido al Registrador de la Propiedad a cargo de la sección del registro en que conste inscrita la finca que se ofrece en garantía para que el gravamen que impone la fianza se inscriba en el Registro de la Propiedad y, en consecuencia, tenga los mismos efectos de un derecho real de hipoteca aunque no será necesario tasar la finca o fincas para efectos de la subasta. Este mandamiento identificará la finca que se grave y contendrá toda aquella otra información que sea necesaria para lograr una inscripción conforme la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.

El Registrador de la Propiedad enviará por correo el documento de fianza ya inscrito. o cualquier notificación de defecto que haya señalado. si de la nota de inscripción surge que el bien no satisface las condiciones de la

•

COMZm.'AJU:O

308

Regla 1005 ni sustenta las declaraciones hechas por el fiador bajo juramento, el Ministerio Fiscal solicitará del tribunal la revocación de la fianza y procederá confo:nne a derecho. Cuando se cancele una fianza, el tribunal deberá emitir, a instancia de parte, un nuevo mandamiento que ordene al Registro de la Propiedad cancelar el gravamen. La inscripción de la fianza será libre de derecho.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. Se recomienda

enmendar la primera línea del primer párrafo de dicha regla para

atemperarla a la Regla 1005 propuesta.

El propósito es tener una certificación registral en un

término razonable que permita ·al tribunal conocer sobre los

gravámenes que afecten un bien inmueble. S_i está gravado, deberá

determinarse si el valor actual del inmueble sobrepasa al gravamen

en cantidad suficiente para responder por la fianza.

El término.de veinticuatro (24) horas, aunque parece corto

conforme a lo que ocurre en el Registro de la Propiedad, se

estatuye así para garantizar a un detenido que quiera salir bajo

fianza que pueda hacerlo rápidamente.

Regla 1007 Fianza por al iDIPutado; depósito en lugar de fianza

El imputado podrá depositar el importe de la fianza en efectivo. En el ejercicio de su discreción el tribunal podrá pe:nnitir que el imputado obtenga la libertad bajo fianza mediante el depósito en efectivo de una cantidad que no podrá ser menor del diez (10) por ciento. El restante del monto · de la fianza deberá ser prestado por un fiador el

COMl!:N'I'AllO

309

cual deberá aceptar bajo juramento que responderá con sus bienes por dicho suma.

El depósito hecho garantizará el cumplimiento de las condiciones impuestas a tenor de la Regla 1003 y el pago de las costas y de cualquier multa que se imponga. El funcionario que acepte el depósito expedirá certificado del mismo y el imputado será puesto en libertad por el funcionario bajo cuya custodia se halle al serle entregada la orden de excarcelación.



Aun cuando no queda afectada ni por la Ley de la Judicatura

de 1994 ni por la Ley 177 de 12 de agosto de 1995, tenemos duda en

cuanto al concepto de depósito que tuvo en mente adoptar el comité

anterior a tenor con lo resuelto en Pueblo v. Morales Vázguez, 91

J.T.S. 90, y la definición provista por las Reglas Vigentes. La

Regla 222 concibe la figura del depósito como una alternativa de

prestacipn exclusiva para el imputado. A su vez la R.223 contempla

la alternativa de sustituir el depósito por la fianza y viceversa.

En interpretación de esta Regla en la opinión emitida en Pueblo v.

Morales Vázguez el Tribunal Supremo expresó que:

La interpretación judicial que de la Regla 223 de Procedimiento Criminal han venido realizando los jueces de instancia durante los últimos años, a los efectos de que un imputado de delito puede obtener la libertad bajo fianza mediante el depósito en efectivo por un fiador de un determinado por ciento de la fianza originalmente fijada, es una razonable y permisible en nuestro ordenamiento a la luz de las disposiciones de la referida Regla 223 de Procedimiento Criminal. (Enfasis del Tribunal)

310

Nuestra interpretación se refuerza con la lectura de la

Regla 1012 propuesta, que en su tercer párrafo, al disponer para la

confiscación de la Fianza incluye lo siguiente: ... Si el imputado depositó el importe de la fianza en efectivo o un por ciento de la misma, le será confiscada luego de deducirse el pago d~ las costas y las multas impuestas •••

La lectura conjunta de ambas reglas indica que la conversión

del depósito en fianza podría tener el efecto práctico de rebajar

automáticamente al diez (10) por ciento del monto original la

fianza impuesta.

Ese resultado haría incluso más conveniente• conceder los

beneficios de la Fianza Diferida para aquellos imputados bajo la

Jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio,

creada al amparo de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995.

El Comí té, a su vez, recomienda la preparación de un

formulario en el cual se acredite los bienes con los qué responderá

el fiador.

Regla 1008

COMEN'l'ARIO

Sustitució:n de depósito por fianza y viceversa

El depósito podrá ser sustituido por una fianza y viceversa, con la aprobación del tribunal siempre que no se haya violado alguna de las condiciones que lo garantizan.

La regla corresponde, a la Regla 223 de Procedimiento


Ragla 1009

COMEN'l'ARJ:0

311

Fianza; fiadores; exoneración madiante entrega del imputado

Siempre que no se viole alguna de las condiciones de la fianza, cualquier fiador podrá entregar al imputado con el fin de ser exonerado de responsabilidad, --o el mismo imputado podrá entregarse,--al juez con competencia sobre el caso o al funcionario bajo cuya custodia estaba al prestar fianza, o haya estado de no haberse prestado, en la forma siguiente:

(a) Se entregará copia certificada de la fianza, o certificación del depósito, a cualquier persona con autoridad en ley para arrestar de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Criminal, quien detendrá al imputado como si se tratase de un mandamiento de arresto y expedirá un certificado que evidencie la entrega del imputado.

(b) La persona a_quien se le entregue el imputado remitirá la copia certificada de la fianza o certificación de depósito y el certificado de entrega al tribunal ante el cual estuviere pendiente la causa. El tribunal, previa notificación al Ministerio Fiscal, a quien se enviará copia de la fianza y del certificado, podrá ordenar la cancelación de la fianza o, en su caso, la devolución del depósito.



La responsabilidad del fiador concluye, en ausencia de

obligación contraria, cuando entrega la custodia de un imputado a

una autoridad competente del Estado.

312

Regla 1010 Fianza; fiadores; mediante entrega; imputado

exoneración arresto del

COMDl'l'ARIO

Con el propósito de entregar al imputado, los fiadores o la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio en los casos bajo su jurisdicción, podrán arrestarlo ellos mismos en cualquier momento antes de haber sido exonerados y en cualquier lugar dentro del territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o facultar para ello, por medio de una autorización escrita al dorso de la copia certificada de la fianza o certificación del depósito, o cualquier otra de sus modalidades dispuestas por leyes especiales, a cualquier persona con autoridad en ley para arrestar de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Criminal o leyes vigentes.


Procedimiento Criminal de Puerto Rico de 1963. se añaden las

referencias a las modalidades provistas por la Ley Núm. 177 de 12

de agosto de 1995.

La enmienda requiere que se cumpla con lo dispuesto en las

reglas de Procedimiento Criminal que disponen quiénes podrán

arrestar en Puerto Rico.

Se incluye certificación del depósito por ser otra de las

formas en que se presta la fianza y documento que se puede

endosar.

Regla 1011 Fianza; cobro de costas o multa Al expirar el término para apelar de una

sentencia que imponga multa, o multa y costas o transcurridos cinco (5) días desde el recibo del mandato confirmatorio; el tribunal, en caso de haberse hecho el depósito de la Regla 1007, dictará sentencia que ordene la

COME'N'l'ARJ:O

313

confiscación del depósito· hecho por el imputado hasta la cantidad necesaria para el pago de todas las costas impuestas, incluso las de apelación, y podrá ordenar al Secretario que aplique la parte que sea necesaria al pago de la multa impuesta.



El propósito de la fianza, cuando es depositada por un

fiador, es asegurar la comparecencia del imputado al proceso

judicial y no que el fiador responda al Estado por las multas y los

gastos en que se ha incurrido durante el proceso.

La ~egla 1007 se refiere al imputado como su propio fiador y

excluye a otros fiadores.

Regla 1012 Fianza; procedimiento para su confiscación; incumplimiento de condicione■ o libertad provisional; detención

(a) · Fianza; confiscación. Si el imputado incumple alguna de las condiciones de la fianza, el tribunal con competencia para conocer del delito ordenará a los fiadores o al depositante que muestren causa por la cual no deba confiscarse la fianza o el depósito. La orden se notificará en persona o se remitirá por correo certificado con acuse de recibo a los fiadores o a sus representantes, agentes o apoderados, o al depositante. En los casos en que el fiador tenga un apoderado, agente o representante, la notificación a este último surtirá los mismos efectos que si se hiciera al fiador.

Si los fiadores o el depositante justifican el incumplimiento de la orden, el tribunal podrá dej'arla sin efecto bajo las condiciones que considere justas.

De no mediar explicación satisfactoria

314

para tal incumplimiento, el tribunal procederá a dictar sentencia sumaria contra los fiadores o el depositante para confiscar el importe de la fianza y, si se depositó un por ciento en efectivo, se confiscará el monto total de la fianza. Si el imputado depositó el importe de la fianza en efectivo o un por ciento de la misma, le será confiscada luego de deducirse el pago de las costas y las multas impuestas. La sentencia será firme y ejecutoria cuarenta (40) días después de haberse notificado. Si dentro de ese término los fiadores llevan al imputado a presencia del tribunal, se dejará sin efecto la sentencia.

Transcurrido el período antes prescrito,· y en ausencia de muerte, enfermedad física o mental del fiado sobrevenida antes de la fecha en que sea dictada la sentencia que ordene la confiscación de la fianza, el fiador responderá al tribunal con su fianza por la incomparencia del imputado.

Convertida en firme y ejecutoria una sentencia para confiscar la fianza o el depósito, el Secretario del tribunal remitirá copia certificada de dicha sentencia al Secretario de Justicia para que proceda a la ejecución de la misma de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, y remitirá al Secretario de Hacienda el depósito o el por ciento de la fianza en efectivo en su poder.

El tribunal, a su discreción, podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación en cualquier momento anterior a la ejecución de dicha sentencia, siempre que medien las circunstancias siguientes:

l. Que los entregado al imputado.

fiadores hayan

2. Que el tribunal verifique el hecho anterior.

La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia se hará mediante moción, la cual se presentará dentro de un término razonable pero en ningún caso después de

COMEN'.l'AllO

315

transcurridos seis ( 6) meses de haberse registrado la sentencia u orden. La moción no afectará la finalidad de una sentencia o suspenderá sus efectos.

(b) ::C:a.cWDpl.imie:a.to 4e co:a.dicio:a.es o modal.ida.el 4e l.ibertad provi11io:a.al.; arresto. Si en lugar de una fianza, o además de ésta, el juez hubiese establecido alguna condición para la libertad, su incumplimiento constituirá un desactato civil. El tribunal procederá a ordenar el arresto del imputado. El tribunal podrá dejar ·sin efecto la condición impuesta y exigir en su lugar la prestación de una fianza o de la fianza diferida, confiscar la fianza o depósito prestado--sujeto a lo dispuesto en esta regla-requerir que la fianza sea prestada en su totalidad o aumentar el monto de ésta.



La enmienda tiene como propósito incluir tanto al fiador como

al imputado cuando es éste quien presta la fianza e incorpora lo

resuelto·por el Tribunal Supremo en Pueblo y. Morales yázquez. 91

J.T.S. 90, 129 D.P.R. _ (1990), de que la confiscación será por

el monto total de la fianza.

El Comité eliminó de la regla el que el incumplimiento a

alguna condición de libertad o fianza impuesta por el juez

constituye delito bajo el Código Penal ya que, luego de una

revisión de éste se encontró que no existe conducta alguna punible

bajo estos términos en el Código Penal. La redacción de la Regla

1012 copia la Regla 227 de Procedimiento Criminal de 19963 vigente,

la cual está en clara infracción al principio de legalidad. Si la (

316

intención del legislador fue castigar dicha actuación deberá

tipificarlo claramente en el ejercicio de su poder constitucional.

Hasta tanto la Legislatura no disponga sobre este asunto, el

Comité sugiere que el incumplimiento de condiciones o modalidad de

libertad provisional sea considerado como un desacato civil y se

ordene el arresto del imputado. A esos efectos se sustituye el

término detención por el de arresto.

La decisión del Tribunal Supremo Pueblo_ v. Rivera Segarra 95

JTS 137, sobre fianza, no afecta la regla.

Regla 1013 Fianza; condicione■ ; modalidad de libertad provisional; arresto del imputado

El tribunal ordenará el arresto del imputado a quien se le haya impuesto condiciones, cualquier modalidad de libertad provisional o que haya prestado fianza o hecho depósito en los casos siguientes:

(a) Cuando el imputado ha violado alguna de las condiciones impuestas o de las condiciones de la fianza o del depósito.

(b) Cuando el responsable del imputado bajo alguna modalidad de libertad provisional o los fiadores o cualquiera de ellos haya muerto, carezca de responsabilidad suficiente o deje de residir en Puerto Rico.

(c) Cuando se haya impuesto otras condiciones o se haya aumentado la cuantía de la fianza.

(d) cuando las circunstancias así lo justifiquen.

(e) cuando se deje sin efecto una orden de libertad bajo condiciones o fianza en apelación ante un tribunal apelativo.

COMEN'l'ARJ:O

317

Si la orden de arresto se dicta en condiciones en que el imputado tenga que someterse a nuevas condiciones o tenga derecho a prestar fianza, nueva fianza, o se exija la fianza que se impuso diferida, se fijarán en la orden las nuevas condiciones o el importe de la nueva fianza o la fianza según sea el caso. La orden expresará los fundamentos para el arresto, dispondrá que lo realice cualquier alguacil, funcionario de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, policía u otro funcionario de autoridad a quien hubiese correspondido su custodia de no haberse impuesto condiciones o de no haberse prestado fianza originalmente, hasta tanto sea legalmente excarcelado.



Se recomiendan las enmiendas para atemperar la regla con la

Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995 de modo que se incluyan los

efectos de las disposiciones relativas a las modalidades prescritas

por ésta.

Se afiade un inciso (d) que corresponde al texto aprobado en

votación final por el Senado de Puerto Rico, el 17 de noviembre de

1995, en el P. del s. 1262 (Art. 1) que propone enmiendas a la

Regla 6 .1 (c) de Procedimiento Criminal de 1963 vigente para

permitir que cuando las circunstancias lo ameriten, el tribunal

podrá revocar o modificar una determinación de libertad bajo propio

reconocimiento o bajo custodia de tercero, o una concesión de

libertad bajo fianza diferida o alguna condición previamente

impuesta.

Se incluye en el último párrafo de la regla que al

funcionario de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

318

podrá arrestar atener con la Ley Núm. 177, que otorga facultad de

arrestar cuando haya violaciones a las condiciones impuestas.

Informe de Reglas de Procedimiento Criminal

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