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    /EL 8VO. LOCO EDICIONES

    05

    FRANQUISMO

    EN PARAGUAY

    ROCCO CARBONE

    LORENA SOLER(EDS.)

    el golpe

    COLECCIN A LA MANDBULAENSAYOS DE PELEA

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    Diseo de tapa: Laura Ojeda Br

    Contacto: [email protected] de tapa: Mnica Omayra R.

    2012, Rocco Carbone y Lorena Soler (por la edicin y compilacin) 2012, cada autor de su propio texto

    2012, El 8vo. loco ediciones Buenos Aires - Argentina www.el8voloco.com.ar [email protected]

    Hecho el depsito que marca la Ley 11.723Impreso en Argentina - Printed in Argentina

    Franquismo en Paraguay : el golpe / edicin literaria a cargo de Rocco Carbone y Lorena Soler

    -1 ed.- Buenos Aires: El 8vo. Loco, 2012.148 pp.; 13x20 cms - (A la mandbula. Ensayos de pelea / Rocco Carbone; 5)

    ISBN 978-987-27015-2-9

    1. Ciencias Polticas. I. Carbone, Rocco, ed. lit. II. Soler, Lorena, ed. lit.

    CDD 320

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    NDICE

    Acerca de este libro.Intervenciones urgentes,

    Rocco Carbone y Lorena Soler ....................................... 9Pretexto. Lbelo Acusatorio contra el Presidente de laRepblica Fernando Lugo Mndez ................................. 13Introduccin. Lugo: el palacio y la plaza,

    Lorena Soler............................................................... 23Breve panorama histrico. Autoritarismo y soja, unacombinacin letal,

    Waldo Ansaldi ........................................................... 31

    1. Golpe

    La rescisin del contrato social,Milda Rivarola .......................................................... 43

    Los motivos del lobo. O el Golpe parlamentario,Jos Carlos Rodrguez ................................................. 49

    La construccin de la democracia como relato nacional. Apropsito del Golpe parlamentario,

    Rossana Gmez .......................................................... 57

    2. Actores

    Franquismo (que no franqueza),Rocco Carbone ........................................................... 67

    Las causas de la destruccin del Estado de derecho,Ricardo Canese .......................................................... 78

    Los golpes. Algunas consideraciones sobre la reciente rupturadel orden democrtico,

    Ticio Escobar ............................................................. 85

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    3. Ideologa y cultura

    El presente del pasado. Apuntes para un porvenir poltico,Ana Ins Couchonnal Cancio ...................................... 95

    Golpe o no Golpe Es esa la cuestin?,Ignacio Telesca ......................................................... 105

    ABC de un Golpe,Gerardo Halpern...................................................... 111

    Paraguay o la democracia que nos proponen,Ricardo Aronskind ................................................... 122

    4. Contextos

    Paraguay, el eslabn ms dbil del Mercosur,Emir Sader .............................................................. 131

    Impresiones porteas,Martn Rodrguez .................................................... 133

    Bibliografa ................................................................ 139Los autores.................................................................. 143

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    Acerca de este libroINTERVENCIONES URGENTES

    Cuando la coyuntura poltica apremia el pensamiento intelec-tual es reclamado por una prctica vertiginosa y categrica. Sevuelve urgente y lo que puede ser intelectual-acadmico afloraen su faceta militante. Intervenciones urgentes componenFranquismo en Paraguay. El Golpey pretenden responder menosacadmica pero sin solapar las prcticas ms finas y sofisti-cadas de la academia que militantemente a lo acontecido enParaguay el 22 de junio de 2012 y a la perspectiva que el juiciopoltico al Presidente Fernando Lugo abri en la historia polticapresente y futura de ese pas. O al revs: pretenden responderms ensaysticamente con el vrtigo que reclama ese gneroque con una inflexin sosegada, plcida, apacible muchasveces en reposo, como agua de tanque de investigacin llevadaadelante en un gabinete. Y cuando decimos ensaysticamentepensamos al empirismo de la dupla ensayo/error.

    Franquismo en Paraguaycondensa una serie de intervencio-nes que reflexionan sobre el juicio poltico exprs que derroc

    a un Presidente democrticamente electo en 2008 y destituidopor el Congreso. Con motivo de ese Golpe a la democraciaparaguaya y de una nueva forma de consagrar los intereses delos sectores minoritarios y dominantes violando la voluntadsoberana, estas intervenciones urgentes nos parecen necesarias.Signo de solidaridad con la resistencia democrtica paraguayay signo sin nada de simblico de defensa de la democracia.Intervenciones: ensayospara sentar posicin respecto del presentepoltico de Paraguay, de la regin y en la sincrona de AmricaLatina. Textos que quiz dentro de un tiempo democrtico:como expresin de deseos nos reclamen a otros o a nosotrosmismos volver a pensar sobre estas estelas incipientes y hasta

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    opinables (pero totalmente esmeradas) que formulamos aqu en

    nexo con la realidad poltico-cultural que abrieron los sucesosinaugurados a fines de junio.Pues: con motivo del Golpe al gobierno de Fernando Lugo

    nos pareci necesario formular a todos los colaboradores deeste libro: a quienes aprovechamos para extender nuestro agra-decimiento por haberse entusiasmado con la propuesta, desdeun pensamiento acadmico-militante, un conjunto de urgencias.Intervenciones con el objetivo de analizar desde distintos puntosde vista el Golpe dado menos al Presidente Lugo que al sistemademocrtico paraguayo en su conjunto.

    La destitucin de un Presidente elegido democrticamente(en 2008) vuelve a evidenciar, luego de Honduras 2009 (porejemplo, aunque no exclusivamente), los nuevos mecanismosgolpistas puestos en prctica en Amrica Latina. Lo cual noslleva como mnimo a la pregunta sobre los alcances de los pro-cesos de integracin en la regin, sobre las formas en que seconsagran los intereses de sectores minoritarios y dominantes

    en clara violacin de la voluntad soberana. Las intervencionesque aqu juntamos, de alguna manera, responden a un mismointerrogante: qu implic el quiebre democrtico a nivel pol-tico pero tambin desde una perspectiva amplia en trminosculturales a escala nacional y latinoamericana, y desde laconstruccin poltica de los nuevos gobiernos posneoliberales?O, para ser ms precisos, se interrogan sobre qu implica, quimplic, el ademn del Golpe a nivel poltico regional, a escalalatinoamericana y en lo que concierne a una construccin pol-tica progresista (en Paraguay mismo y en la regin).

    Desde distintos lenguajes, tradiciones, perspectivas, disci-plinas, vectores intelectuales, reflexionan sobre la rescisin delcontrato social, los motivos del Golpe, la construccin de lademocracia y la ruptura del orden democrtico, las dificultadesde las construcciones colectivas bajo determinados modelos dedesarrollo, las causas que desarticularon el Estado de derecho,el autoritarismo, la soja round-up ready y sus consecuencias,

    la cuestin campesina y agraria, la necesidad siempre nuclearde una reforma agraria, el papel de los partidos tradicionales,el simbolismo franquista y la apelacin ideolgica a un na-

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    cionalismo vernculo, la situacin de Paraguay en el contexto

    latinoamericano, entre otros focos de discusin.Un relato del presente, desde el presente, visto desdeArgentina y desde Paraguay en la sincrona, que se proponecuestionar el relato conservador y pretendidamente no gol-pista de una clase poltica y social minoritarias que a fuerzade golpes quiere conservar sus privilegios, devolver la polticaparaguaya a su antiguo sistema de predominancia y mantener elcontrol sobre una ciudadana que movilizada y politizada noslo en la Plaza, sino tambin y quiz sobre todo en las redessociales pretende cuestionar ese relato.

    A esa ciudadana estn dirigidas stas, nuestras intervencionesurgentes.

    Rocco Carbone / Lorena Soler

    Buenos Aires, agosto de 2012

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    PretextoLIBELO ACUSATORIO

    A. artculo 1 inc. c) - resolucin h. cmara de diputadosn 1431/2012

    1. OBJETO

    El , se funda en las consideraciones dehecho y de derecho que pasamos seguidamente a exponer.

    Nuestra Constitucin Nacional, en su art. 225, establece:El Presidente de la Repblica, el vicepresidente, los minis-

    tros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema deJusticia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, elContralor General de la Repblica, el Subcontralor y los inte-grantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, slo podrnser sometidos a juicio poltico por mal desempeo de sus fun-ciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por

    delitos comunes.La acusacin ser formulada por la Cmara de Diputados,

    por mayora de dos tercios.Corresponder a la Cmara de Senadores, por mayora ab-

    soluta de dos tercios, juzgar en juicio pblico a los acusados porla Cmara de Diputados y, en su caso, declararlos culpables, alsolo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuestacomisin de delitos, se pasarn los antecedentes a la justicia

    ordinaria.

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    2. LOS HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACUSACIN

    2.1. Acto poltico en el Comando de Ingenierade las Fuerzas Armadas

    En el ao 2009, con autorizacin del Presidente Lugo, serealiz una concentracin poltica de jvenes en el Comando deIngeniera de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por ins-tituciones del Estado, incluyendo la Entidad Binacional Yacyret.Fernando Lugo, reconoci que la Entidad Binacional Yacyret

    financi el encuentro de jvenes socialistas de la regin, llevado acabo en el Comando de Ingeniera de las Fuerzas Armadas.Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunin de los

    jvenes, quienes colgaron banderas con alusiones polticas, lle-gando a izarse una de ellas en sustitucin del pabelln patrio.

    Ese acto de naturaleza netamente poltica y con los exabrup-tos ampliamente difundidos por los medios de prensa slo pudoser realizado con la autorizacin del Comandante en

    Jefe y prueba de que el Gobierno aval, instig y facilit

    esos actos polticos dentro del cuartel es que varios importantesfuncionarios del Gobierno participaron del evento pronuncian-do discursos instigando a la lucha de clases, como el pronun-ciado por el entonces ministro de la Secretara de EmergenciaNacional, Camilo Soares.

    2.2. Caso acunday

    Fue el Gobierno del Presidente Lugo el nico responsablecomo instigador y facilitador de las recientes invasiones de tie-rras en la zona de acunday. La falta de respuesta de las fuerzaspoliciales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras abienes del dominio privado, slo han sido parte de esa conductacmplice.

    El Presidente Lugo ha utilizado las fuerzas militares paragenerar un verdadero estado de pnico en toda esa regin,violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles decolonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamientode la franja de exclusin fronteriza. Sin embargo, esos trabajoseran acompaados por dirigentes de la Asociacin de Carperos,

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    quienes abiertamente dirigan la labor de los tcnicos y de los

    integrantes de las fuerzas militares, que han dado lugar a inter-minables denuncias de los propietarios y tambin incontablespublicaciones periodsticas referidas a esa situacin.

    Y mientras esas invasiones se producan y se daban a conoceramenazas de otras ms en otros departamentos de la Repblica,el Presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas alos lderes de esas invasiones, como es el caso de Jos Rodrguez,Victoriano Lpez, Eulalio Lpez, entre otros, dando un mensajeclaro a toda la ciudadana sobre su incondicional apoyo a esosactos de violencia y de comisin de delitos que eran propiciadosy desarrollados a travs de esas organizaciones.

    Fernando Lugo ha sometido las fuerzas militares a losdenominados carperos, quienes han realizado todo tipo deabusos, agresiones y atracos a la propiedad privada, a la vista delas fuerzas pblicas, quienes no actuaron por la indisimuladacomplicidad del Presidente de la Repblica con esos agresores.

    Los miembros de esta cmara recordarn lo ocurrido con

    la intendente municipal de Santa Rosa del Monday, MaraVictoria Salinas Sosa, quien fue vctima de un violento ataquede carperos quienes la golpearon, patearon y destrozaron el ve-hculo en el que se desplazaba.

    2.3. Creciente inseguridad

    El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de de-

    sarrollar una poltica y programas que tiendan a disminuir lacreciente inseguridad ciudadana.En estos cuatro aos de gobierno, a pesar de los importantes

    recursos financieros que le fueron provedos por el CongresoNacional para potenciar la fuerza pblica, los resultados hansido no slo insatisfactorios sino tambin ha quedado por demsdemostrado la falta de voluntad del Gobierno para combatir alEjrcito del Pueblo Paraguayo, que se ha convertido, al amparoy con la complicidad del Gobierno, en el azote de los ciudada-

    nos de los departamentos de Concepcin y San Pedro.Los distintos operativos emprendidos por el Gobierno, mu-

    chas veces con gran cobertura periodstica, han tenido como

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    nico resultado el total fracaso. Nunca en la historia de este pas,

    la Polica Nacional ha tenido tantas vctimas cobardemente ase-sinadas por los integrantes del EPP y, a pesar de ello, la conductacomplaciente del Presidente sigui inalterable.

    Todos los miembros de esta Honorable Cmara de Diputadosconocemos los vnculos que el Presidente Lugo siempre hamantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente sevinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militarhoy se denomina EPP.

    Los costosos operativos dispuestos por el Gobierno durantelos dos estados de excepcin no han dado resultado alguno y,por el contrario, slo ha generado una mayor fortaleza de esegrupo terrorista armado a travs del descrdito y las humillacio-nes a las que fueron sometidas las fuerzas militares y policialesasignadas al operativo.

    El Presidente Lugo es el responsable de la creciente insegu-ridad y es responsable tambin por haber mantenido por tantotiempo como ministro del Interior a una persona absolutamente

    inepta e incapaz para ocupar ese cargo. Esa ineptitud, sumada ala indisimulada relacin cmplice entre el Presidente Lugo y loslderes de la asociacin de carperos y otras organizaciones quefueron protagonistas de innumerables invasiones de tierras yotros tipos de agresiones son los que han propiciado y facilitadoel lamentable suceso que costara la vida a 17 compatriotas, 6de ellos pertenecientes a la Polica Nacional y que fueron cruel-mente asesinados y a sangre fra por autnticos criminales, quetambin han incitado y manipulado a campesinos del lugar.

    Luego de esa triste jornada, de la que felizmente se tienenimportantes datos y filmaciones que han sido generosamentedifundidas por distintos medios de prensa, slo se ha tenido unaposicin absolutamente equvoca del Presidente de la Repblicaen relacin a lo ocurrido.

    Fernando Lugo Mndez y varios de sus ministros, y en es-pecial Miguel Lpez Perito y Esperanza Martnez, han preten-dido tratar por igual a los policas cobardemente asesinados y a

    aquellos que fueron protagonistas de esos crmenes. El derechoa reclamar est consagrado por la Carta Magna pero nadie estautorizado a cometer crmenes so pretexto de reclamar derechosy, menos an, acabar con la vida de policas desarmados.

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    Esta misma actitud, se manifest en la conferencia de prensa

    brindada por Fernando Lugo con relacin a lo ocurrido en laestancia Morumb, en donde ni siquiera tuvo la delicadeza deprometer el castigo de los asesinos de esos policas y de quienesinstigaron a los campesinos a tomar las armas so pretexto deluchar por sus derechos.

    El Presidente Fernando Lugo est propiciando y fomentan-do, a travs de algunos miembros de su gabinete y de sus cm-plices que fungen de dirigentes carperos y otras organizacionescampesinas, un conflicto social de dimensiones impredecibles yque por su comprobada incapacidad no podr luego solucionar.

    Personalmente, desde luego, manifiesto mi conviccin deque el camino de la crisis y el conflicto social y armado no serel producto de negligencia o simple impericia del Presidentesino directamente el objetivo que el mismo ha buscado duranteel tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar paraproyectar y consolidar su anhelo de un rgimen autoritario,sin libertades, con la aniquilacin de la libertad de prensa y la

    imposicin del partido nico que profesan los enemigos de lademocracia y los adherentes del socialismo del siglo XXI.Fernando Lugo y sus ministros deben respetar el derecho de

    todos los ciudadanos pero resulta inadmisible e injustificableque pretendan poner en pie de igualdad a los criminales y a susvctimas, a los asesinos y a los policas que fueron cobardementeasesinados.

    Mientras los familiares lloran por sus muertos, FernandoLugo debe estar reunindose con los cabecillas e instigadoresde los sucesos ocurridos el viernes pasado en Curuguaty y no sevisualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique suconducta, que ya ha costado decenas de vidas de compatriotasque han cado vctimas de la inseguridad que l mismo se haencargado y esforzado de generar.

    2.4. Protocolo de Ushuaia II

    Este documento constituye - de la Repblica del Paraguay y ha sido suscrito por elPresidente con el avieso propsito de

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    obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la

    institucionalidad y el proceso democrtico de la Repblica.Dicho documento ya ha motivado un pronunciamiento dela Comisin Permanente del Congreso Nacional, destacndosela falta de transparencia en el procedimiento que dio lugar a lafirma del documento y a su contenido al punto de que hasta lafecha, el Poder Ejecutivo no lo ha remitido al Congreso parasu conocimiento y consideracin. A travs de ese documento,los pases vecinos podran cortar el suministro de energa a laRepblica del Paraguay.

    El documento firmado en Montevideo, en diciembrede 2011, para remplazar el Protocolo de Ushuaia (CartaDemocrtica del Mercosur), tiene sus orgenes en un docu-mento previo, presentado ante la Unasur (Unin de NacionesSuramericanas), que fue pergeado por los presidentes de laregin para protegerse unos a otros.

    La principal caractersticas del Protocolo de Ushuaia II es laidentificacin del Estado con la figura de los presidentes para,

    en el nombre de la defensa de la democracia, defenderse unosa otros.

    2.5. Caso matanza Curuguaty

    Ha quedado demostrado con los hechos acaecidos en losCampos Morombi, Curuguaty, Departamento de Canindey, lapatente inoperancia, negligencia, ineptitud e improvisacin de

    este Gobierno liderado por Presidente Fernando Lugo Mndez,que amerita la acusacin de la Cmara de Diputados por mal des-empeo de funciones ante la Cmara de Senadores.

    Fernando Lugo, hoy por hoy, representa lo ms nefasto parael pueblo paraguayo, que se encuentra llorando la perdida devidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia delactual Presidente de la Republica, quien desde que asumi laconduccin del pas,gobierna promoviendo el odio entre los para-guayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, la justicia por mano

    propia y la violacin del derecho de propiedad, atentando de esemodo permanentemente contra la Carta Magna, las institucionesrepublicanas y el Estado de derecho.

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    No cabe duda de que la responsabilidad poltica y penal de

    los trgicos eventos registrados 15 de junio del presente ao, quecost la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policas y cam-pesinos, recae en el Presidente de la Repblica, Fernando Lugo,que por su inaccin e incompetencia, dieron lugar a los hechosacaecidos, de conocimiento pblico, los cuales no necesitan serprobados, por ser hechos pblicos y notorios.

    El incidente no surgi espontneamente, fue una emboscadaa las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, producto de unplan debidamente concebido, planificado y llevado a la prctica,gracias a la complicidad e inaccin del Gobierno de FernandoLugo, responsable directo de la crisis que hoy atraviesa nuestraamada Patria.

    Ya desde la Honorable Cmara de Diputados se levantabanvoces de advertencia, ya se avizoraba lo que hoy es una realidad,la prdida de vidas humanas.

    Hoy, podemos afirmar que ste es el final que deseabaFernando Lugo, ste fue siempre el plan ideado por l mismo, con

    la nica finalidad de crear las condiciones de crisis social y, con-mocin interna que justifiquen un asalto del Presidente FernandoLugo y sus seguidores a las instituciones de la Repblica, conel propsito de instalar un rgimen contrario a nuestro sistemarepublicano. Este deseo desmedido, hoy nos hace lamentar laprdida de vidas humanas, en una cantidad nunca antes vista enla historia contempornea de la Repblica del Paraguay.

    Todas las evidencias, que son pblicas, nos demuestran quelos acontecimientos de la semana pasada no fueron fruto de unacircunstancia derivada de un descontrol ocasional, por el con-trario, fue un acto premeditado, donde se embosc a las fuerzasdel orden pblico, gracias a la actitud cmplice del Presidentede la Republica, quien hoy no slo debe de ser removido porjuicio poltico, sino que debe de ser sometido a la Justicia porlos hechos ocurridos, a fin de que esto sirva de leccin a futurosgobernantes.

    Estos grupos extremistas, como el autodenominado Ejrcito

    del Pueblo Paraguayo (EPP) o los mal llamados Carperos, sefortalecieron da a da gracias a la incompetencia y complacenciade Fernando Lugo, que en lugar de combatirlos, como era su obli-gacin, los reciba y apadrinaba. No cabe la menor duda de que

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    Fernando Lugo ha fortalecido a estos grupos criminales, quienes

    hoy no slo desafan y amenazan abiertamente a los ciudadanoshonestos, sino que llegan a lo ms bajo que puede caer un ser hu-mano, que es atentar contra la vida de otro. Tan poco hoy importaal Presidente Lugo el Estado de derecho y la vida humana, que enlugar de enderezar rumbos, se mantiene en su posicin, manifes-tando que seguir reunindose con estos criminales.

    Fernando Lugo es el directo responsable de que hoy nuestropas este viviendo das de luto. Tanto l como su incapaz exministro del Interior Carlos Filizzola, deben responder ante laciudadana por los trgicos acontecimientos registrados en elDepartamento de Canindey.

    No existe voluntad alguna de combatir estas formas de vio-lencia, que tanto dao ya han causado a nuestra sociedad, es porello que debemos de cumplir con nuestra obligacin constitu-cional e iniciar el proceso de juicio poltico por mal desempeocontra el Presidente de la Repblica, quien desde que asumiel gobierno ha instado al incumplimiento de rdenes judiciales

    de desalojo, as como a la promocin de mensuras judiciales sinmediar juicio entre las partes, o abasteciendo de provisiones yenseres a los ocupantes de tierras; estos han sido los signos quemarcaron las acciones y el temperamento de este Gobierno.

    3. PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIN

    Todas las causales mencionadas ms arriba son de pblica

    notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, con-forme a nuestro ordenamiento jurdico vigente.

    4. CONCLUSIN

    El Presidente de la Republica Fernando Lugo Mndez haincurrido en mal desempeo de sus funcionesen razn de haberejercido el cargo que ostenta de una manera impropia, negli-

    gente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad polticaen toda la Republica, generando as la constante confrontacin ylucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre

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    entre compatriotas, hecho indito en los anales de la historia desde

    de nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz.La causal de mal desempeo en sus funciones aparece en su

    actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones repu-blicanas, socavando los cimientos del Estado social de derechoproclamado en nuestra Carta Magna. Su complaciente actuarlo hace cmplice por accin y omisin en todos los casos antescitados, que legitiman la presente acusacin.

    5. DERECHO

    Se funda la presente acusacin por mal desempeo defunciones de conformidad a lo establecido en el art. 225 de laConstitucin Nacional.

    6. PETITORIO

    6.1 Definitivamente, la gestin del presidente FernandoArmindo Lugo Mndez ha perjudicado enormemente losintereses supremos de la Nacin, que de continuar, peligragravemente la convivencia pacfica del pueblo paraguayo y lavigencia de los derechos y garantas constitucionales, por lo quese halla sobradamente justificado hacer lugar a la presente acu-sacin contra el Presidente Fernando Armindo Lugo Mndezpor la Honorable Cmara de Senadores, por mal desempeo defunciones.

    6.2 En mrito a los argumentos precedentemente sealadosdicten resolucin, declarando culpable al Presidente FernandoArmindo Lugo Mndez y, en consecuencia, separarlo del cargoque ostenta, de conformidad a lo establecido en el art. 225 de laConstitucin Nacional.

    6.3 En consecuencia remitir los antecedentes a la JusticiaOrdinaria.

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    IntroduccinLUGO: EL PALACIO Y LA PLAZA

    Lorena Soler

    Visito Asuncin casi todos los aos desde hace ms de una

    dcada. Una bsqueda siempre me gua: desentraar algo delsentido de su existencia y bucear en las subjetividades miste-riosas del orden poltico. El viaje del mircoles 20 de junio erauno ms de esa secuencia obsesiva y predecible: vida acadmica,encuentro con nuevos libros y largas charlas sobre poltica localy latinoamericana. Todo eso formaba parte de lo predecible,porque nunca sospech que yo y mi generacin podamos sertestigos directos de la violacin de la voluntad popular.

    Pero as fue. En un vrtigo inimaginable para la modorraparaguaya, se consum en treinta horas un golpe de Estado.Como en Honduras, adopt una versin parlamentarista y sesirvi de fundamentos legales, como si estos fueran portadoresde una neutralidad valorativa que permitieran solapar el conte-nido profundamente ideolgico.

    Los argumentos esgrimidos por una clase poltica en deca-dencia para legitimar el nuevo orden, apelan a una obviedaddiscursiva que no merece repetirse. Ni tampoco recordar el

    fantasma de la lucha de clases, el demonio socialista venezolanoy un nacionalismo vernculo. Retrica que ni siquiera refinaronde cara a la nueva coyuntura poltica que acaban de inaugurar.

    Pese a la temporalidad fugaz de los acontecimientos, noscongregamos de inmediato en la Plaza de Armas, la plaza de laresistencia frente al Congreso. Antes de llegar: dos requisasmilitares, vallas, canas de civil. La ciudad pareca silenciada y enduelo. No haba transportes ni caminantes. Los puestos de chiphaban sido reemplazados por la venta de viejas radios. Slo enlas paradas de taxis, que conservan como estelas de la moder-nizacin setentista sus televisores colgados de viejas columnas,podan verse manifestantes que escuchaban entrecortada la

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    trasmisin en vivo de la procesin hacia la plaza. Importaba la

    inmediatez de las noticias.En la plaza se haba improvisado un precario escenario(siempre a punto de caerse) con audio desafinado. Subieronvarios ministros del frente poltico luguista, personalidades dela cultura y, paradojas de la historia, quien supo ser el gran lderpelilargo del Partido Liberal en la transicin a la democracia,Domingo Laino. En sus discursos, todos apelaron al guaran y ala consigna dictadura nunca ms.

    Frente al escenario, se congregaron ciudadanos sueltos, sobretodo jvenes urbanos, trabajadores del Estado y militantes uni-versitarios. No haba banderas ni grandes consignas. Algunoslevantaban pancartas de cartn hechas bajo la urgencia queexpresaban odio, tambin de clase, contra los senadores corrup-tos. Predominaba el silencio y, ante la ausencia de redoblantespara improvisar un grito a la patria, la msica provena de losringtonesque sonaban desconsolados trayendo an ms rumo-res. Todos permanecimos ah, en una suerte de vigilia infinita

    con final cerrado.Por ese instante fetichista que brinda la ilusin poltica,alguien se anim a decirlo: Parece que de un momento a otrollegan los campesinos. Pero eso nunca ocurri. Solo se asomun puadito de campesinos que, expulsados de sus tierras porlos agronegocios, habitan ahora los mrgenes de la gran urbe. Laorfandad social de esa plaza era acaso la orfandad poltica de unPresidente en retirada. Una ausencia que contrastaba con otrocontexto, el de la multitudinaria marcha de 40.000 personasdel ao 2006, que en el descrdito final del sistema poltico yde su clase, le ofreci a Lugo la postulacin como candidato ala presidencia. Pero mucho ms contrastaba con los 750.966votos (un 40,82%) obtenidos apenas cuatro aos atrs, uno deesos momentos excepcionales de la historia en los cuales todosestamos convencidos de que algo puede cambiar.

    El cura de los pobres era ante todo un personaje prudente.Su origen campesino y religioso le aportaba su mayor fuente de

    legitimidad. Lo curioso es que su desvinculacin del status quoy su arribo al poder por fuera del sistema poltico no lo convir-tieron en un lder (frmula que haba funcionado en lugares tandismiles como el Per de Fujimori o el Ecuador de Correa).

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    Inscripto en una crisis profunda del sistema poltico, el candida-

    to del consenso se reinvent, como buen hombre de la Iglesiaen tierra jesuita, bajo consignas lo suficientemente universalis-tas. La derrota del Partido Colorado1 fue sin duda un eslogande campaa eficaz, pero no lleg a fundar un mito de origen tanfuerte como para afrontar grandes cambios. Sin partido polti-co propio y con una casi inexistente representacin legislativa,todo se agrav con la Constitucin 1992 (concebida al calorde treinta y cinco aos de stronismo), que traa consigo la in-genuidad de la apertura democrtica: dej al Poder Ejecutivosin herramientas bsicas de intervencin, apostando a que la leyeliminara por fin a los grandes dictadores de dicho pas.

    En ese fro inusual del viernes 22 de junio, la nica esperan-za era Unasur. Los cancilleres de los distintos pases arribarona Asuncin, mantuvieron reuniones maratnicas con las msdiversas fuerzas polticas y pronunciaron un comunicado con-tundente. No reconoceran a un presidente surgido de un pro-ceso indebido como el que se estaba cursando. No obstante, la

    Unasur ya haba tomado el pulso poltico interno y en su decla-racin no pudo adjetivar el proceso golpista. Nicols Maduro,como buen chavista en tierras guaranes, fue por ms. Tom elmicrfono y gritando, dijo que Venezuela retiraba toda colabo-racin econmica. Pero nada ya alcanzaba: asumi el Ejecutivoel vicepresidente Federico Franco, primer presidente del PartidoLiberal desde 1939. El mismo partido que haba configuradosus imaginarios polticos en torno a la Repblica y a la demo-cracia impoluta, acceda al poder mediante un golpe de Estado.

    Mi amiga, la Monto, me escribi desde Buenos Aires.Escondete en la Embajada Argentina, ped asilo y de ah quete extraditen a tu pas. No corras peligro. Habr fuego. Cmoexplicar en un mensaje cifrado que no estbamos en el 55, ni el73 ni el 76? Y al mismo tiempo que Lugo era el mejor Presidenteposible de toda la historia poltica de Paraguay y que lo quehaba ocurrido era un golpe de Estado. Y que Franco era porello un dictador. En todo caso, las categoras utilizadas hasta

    ahora ya no podan explicar la complejidad de este proceso. No

    1. El nombre completo del partido es: Asociacin Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC). [N. de E.]

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    en vano, el campo acadmico las rechazara porque no captaban

    los nuevos acontecimientos, aunque era imposible no darles sig-nificaciones ideolgicas a los mismos. Se jugaba una novedosabatalla simblica: cmo adjetivar un proceso destituyente sinapelar a viejas categoras o concepciones.

    En pocos minutos, Lugo pronunci el discurso maldito, laspalabras de quien acepta sin ms la derrota con resignacin cris-tiana y siente alivio por abandonar una vocacin de poder quenunca sinti propia: Me someto a la decisin del Congreso. Ycomo si no alcanzara el teatro de la poltica, en su tono trgicoexpuso como argumento central que slo es posible gobernarParaguay si se pertenece a las mafias, la clase poltica o se pactacon el negocio del narcotrfico. En pocos minutos, la Plaza deArmas qued vaca. El sentido ltimo de lo pblico ya no tenaderecho a existir para los que se haban congregado en defensade la democracia. No haba lenguajes polticos disponibles parahabitar esa plaza. Slo quedaron las voces de las radios de fondo.Acaso, la consigna de campaa de Lugo El hambre no tiene

    ideologa quedaba perfectamente refutada.La desolacin nos oblig a buscar ms informacin que lediera inteligibilidad a lo sucedido; esa ingenuidad racionalistade creer que el dato emprico faltante puede explicar la fata-lidad. El zappingse agot pronto. Todos los canales retornarona su grilla de programacin habitual y los bares de la ciudadvolvieron a trasmitir ftbol, siempre ftbol. Ya nada ameritabacontinuar la trasmisin en vivo de un Golpe guionado. El fin delo noticioso cerraba un ciclo poltico que no deja de sorprenderpor la exactitud con la que se llev a cabo, un guin en el que nohubo lugar para la improvisacin. Ah quizs radique la eficaciade las nuevas formas de los golpes de Estado en Amrica Latina.Golpes de Estado en tiempos televisivos. La clase poltica predis-puso los cuerpos y sus gestualidades para una esttica televisiva.Los actores miraban a las cmaras, retocaban su maquillaje,combinaban colores y vestan de ocasin. El Parlamento fueesencialmente oligrquico: no se habl all el guaran.

    Las corporaciones del agronegocio (que el Estado paraguayodej crecer a falta de un proyecto regional de desarrollo econ-mico alternativo), junto con una la clase poltica alienada, bo-rraron de un plumazo a un Presidente constitucional. En pocas

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    horas, Federico Franco tena su nuevo gabinete. Quien gobierna

    con tanta normalidad en apenas unas horas despus de haberusurpado el poder es porque lo gobernaba todo antes.Sin embargo, el paso en falso provino del golpista Federico

    Franco. Como un gerente atento y conocedor de los carriles pordonde discurren los nuevos tiempos de la poltica, la primeramedida de su gobierno fue intervenir la TV Pblica, reciente-mente creada. Aun as, las redes sociales con un fuerte protago-nismo juvenil y rebelde impidieron que esto sucediera. A faltade plaza, la resistencia se movi a la puerta del canal pblico. Siel Golpe suceda en tiempos televisivos, la resistencia pasaba porocupar la pantalla. El nico espacio pblico posible era el quelograba ser trasmitido: era sa la plaza luguista? Desde el canal,con un micrfono y cmara abierta, los jvenes, adherentes antetodo al valor democrtico en s, intentaron ponerle palabrasa su poca: Franco golpista, vos sos el terrorista. Eran pibesde asamblea y barricada. Saban pararse frente a la multitud yarmar discursos con contenido ideolgico. Fueron los porta-

    dores de una promesa, como en Chile, Argentina y el Mxicoelectoral.

    Qu nos pas?

    Las encuestas que circulan en los bunkers de campaa indi-can que la mayora de la poblacin rechaza la orquesta golpista.El capricho de la voluntad aritmtica de las mediciones revela

    que los candidatos que provengan del espacio luguista o seandesignados (bendecidos) por ste tienen altas chances de obtenerel silln presidencial en 2013. Por eso, Qu nos pas? era lapregunta que recorra la extensa mesa de la militancia luguistadel sbado 23 de junio por la noche, donde los compaerosllegaban en busca de consuelo, cuando todo an resultabainconmensurable.

    Explcame cmo nos pas, me increp un ex ministro,como si los argumentos a ese padecimiento colectivo debieran

    provenir de un ente exterior. Ensayamos todas las hiptesisconspirativas posibles: la CIA, EE.UU., el narcotrfico, los co-lorados, los medios de comunicacin y ms. Armamos cuentosy novelamos la historia. Pero algo no cerraba.

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    Para qu sirve la mayora electoral si no puede constituirse

    en sujeto? fue la interrogante que alguien balbuce casi pidien-do permiso. Se cansaron de hacer guita con nosotros y ahoranos sacan como ratas del gobierno, agreg una de las pocasmujeres del encuentro. En la otra punta, el gramsciano delgrupo grit: Gobernamos sin preguntarnos cmo se construyehegemona despus del fracaso de los proyectos neoliberales ocmo se recrean actores sociales capaces de sostener un ordensocial!. Y tambin anot: Cul fue el relato que reinventamospara este cambio de poca? Slo nos mirbamos. All descansabaparte del problema.

    Sin Parlamento ni fuerza poltica propia y ante movimientoscampesinos a los que otra vez no les lleg la reforma agraria, elluguismo no construy un actor poltico que pudiera ocupar lascalles. Tampoco una nueva burguesa o algn tipo de alianza conla existente. De ah que se topara una y otra vez con el stronis-mo, el ncleo del problema hasta hoy no resuelto.

    Desde la crisis del stronismo en 1982, y con ella de una

    forma de acumulacin, latransicinperenneevidencia la impo-sibilidad de reemplazar o menguar el peso de las columnas dela dictadura. Ah estn los mismos dueos de las tierras que conganancias extraordinarias muestran la estructura de tenencia detierras ms desigual de Amrica Latina. Si la poltica no zanjaesa brecha, en tanto bsqueda ms o menos plausible del biencomn, la seguir resolviendo la fuerza de la historia (que siem-pre es desigual). Cmo ser un Estado soberano cuando los in-gresos dependen de la expropiacin que el Estado y la burguesabrasilea ejercen en Itaip o de las remesas de los inmigrantes?2Sin riqueza estatal, no hay soberana posible y, en consecuencia,condiciones mnimas para la constitucin de una voluntad p-blica que pueda imponerse en una trama de relaciones de fuerzasmuy asimtrica.

    En un escenario tan desigual, y frente a los poderes fcticosde los rdenes polticos actuales de Amrica Latina, FernandoLugo fue abatido por los gerentes de la palabra que, como ha ex-

    2. En el ao 2011, la mitad de la recaudacin fiscal se debi al IVA, elimpuesto ms recesivo, mientras que los ingresos provenientes de las prin-cipales actividades econmicas, la agricultura y la ganadera, no alcanzaronel 1%.

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    presado Jos Carlos Rodrguez, acusan al gobierno de izquierda

    para evitar que lo sea, al tiempo que el propio gobierno licusus apoyos sociales y electorales, expresados das antes del Golpeen las figuras de los ciudadanos indignados de las redes socialesy en los campesinos asesinados.

    Los argumentos jurdicos acerca del indebido proceso (o lainconstitucional de un juicio sin sustentos legales ni polticos)obliga a pensar en los actores y en una clase poltica que, porlo menos desde el stronismo, sigue manteniendo el control delEstado. Hoy, parte de esa clase poltica trasparentada en undecadente Congreso, sin representacin social y aislada de losprocesos latinoamericanos, se defiende aferrndose a los ele-mentos ms conservadores del sistema poltico: el control de lapresidencia. Cree que con ello puede asegurar su reproduccinen un sistema con una franca crisis de representacin, mientrasen cada uno de los rincones de ese dolorido pas hay muchosque esperan una fuerza poltica capaz de interpelarlos.

    En aras de legitimar la legalidad del golpe de Estado, sus

    responsables se preocuparon por articular las tramas del sentidopoltico a travs de la utilizacin de las herramientas legaleshabilitadas por la Constitucin y, con ellas, presentar una impe-cable continuidad institucional. La apelacin a la legalidad paraconservar el poder (incluso para violarlo) no es una novedad enel mundo occidental, y mucho menos en estas tierras, dondegran parte del basamento y de la estabilidad stronista3se expli-can gracias a ello. Sin embargo, la posibilidad de apelar a unalegalidad abstracta, profundamente ideolgica, pero disfrazadade imparcialidad, slo es posible cuando no hay actores conincidencia para disputar esos argumentos.

    El proceso luguista contiene algunas imgenes peronistas, entanto movimiento popular que plant sus bases en los sectoresms postergados, pero no puede ser asimilable. La diferenciams obvia es el sustrato del sujeto. Pero no slo. Tampocoes asimilable a lo acaecido en la Bolivia de Evo, la Venezuelachavista o el Ecuador de Correa. Los mismos relatos legales es-

    grimidos por los golpistas en esos pases no logran desestabilizar3. En lenguaje coloquial, en el Paraguay se emplea el trmino stronistaen lugar de stroessnerista para designar todo lo referente al dictador

    Alfredo Stroessner. [N. de E.]

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    los proyectos democrticos. En esos tres casos, la polarizacin y

    el conflicto eran pronunciados. El pueblo plebeyo tanto comolos sectores oligrquicos en pugna, perciban que lo que estabaen juego los afectaba de formas ms o menos directa. O ms:que un recambio presidencial tena alguna relacin con su vidacotidiana y mundana. Entonces, qu es lo que ha ocurrido paraque los cambios polticos e institucionales y su actual gravedadno repercutan en la vida diaria de muchsimos paraguayos? Ahse devela la gran deuda del luguismo. Gracias a esa brecha am-plsima entre dos mundos escindidos, desconectados la vidapoltica y la reproduccin social Lugo pudo ser Presidente.Pero lo mismo que lo instal en el poder fue quizs lo que selo quit: por la continuidad de esa misma brecha (o una repre-sentacin poltica hecha aicos) parti del Gobierno, sin que sudestitucin interpelara la normalidad.

    Fuerzas restauradoras del orden conservador siempre hanexistido. Es ms: si los actuales procesos latinoamericanos decambio afectan, en diversos grados, sus intereses ms concretos,

    seguramente no permanecern inmviles. Una pregunta se im-pone: porqu en determinados pases y tiempos histricos estasfuerzas reaccionarias logran su cometido.

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    Breve panorama histricoAUTORITARISMO Y SOJA,

    UNA COMBINACIN LETAL

    Waldo Ansaldi

    Como en todos y cualquier caso, la que vive hoy Paraguayslo se torna plenamente comprensible si se la inserta en la largaduracin, que no se denomina as slo porque se extiende a lolargo de un extenso arco temporal, sino, sobre todo, porquepermite apreciar la incidencia de lneas de continuidad que, sibien en interaccin, priman sobre las de cambio. En la tensinentre ambas, las lneas de continuidad expresan la resistencia alas transformaciones, la apuesta por la permanencia.

    Paraguay ha sido y es un caso particular, excepcional, en lahistoria de las sociedades latinoamericanos desde que el con-tinente fue conquistado y colonizado por los europeos. No esmi intencin resumir cinco siglos de historia (de los cuales lostres primeros bajo dominio colonial), ni tampoco buscar clavesexplicativas en el pasado ms lejano. Sin duda, haber sido con-siderado por los espaoles el Paraso de Mahoma, por la pro-

    miscuidad sexual a la que se aficionaron, y, en el otro extremo,vivir la experiencia controladora y disciplinadora de los jesuitas(sin duda ms decisiva que la del tupamba, propiedad y tra-bajo comunales en las estancias misioneras), no han sido datostriviales en el modelado societal. Como tampoco lo fueron lageneracin y continuidad de lo que Alexis de Tocqueville, en lasaga del barn de Montesquieu, llamaba costumbres y que aqu,a los efectos que nos interesan, preferir denominar culturapoltica, sin considerarlas sinnimos ni intercambiables.

    Como se ha dicho en otro lugar, Paraguay es un pas concaractersticas de larga duracin muy singulares: no conoci laindustrializacin sustitutiva de importaciones; ha tenido y tiene

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    una distribucin demogrfica mayoritaria y consistentemente

    rural,pari passuel peso decisivo de la produccin agraria en lacomposicin del PBI. Gobiernos fuertes, cuando no dictato-riales, algunos de muchos aos de duracin; recurrentes golpesde Estado y apelacin a la violencia; procedimientos electoralesfraudulentos; inexistencia de (o muy dbiles) prcticas, tradi-ciones y culturas democrticas. He ah algunas notas distintivasde la historia del pas. Entre 1811, cuando Paraguay, comoescribi Juan Bautista Alberdi, se independiz simultneamentede Madrid y de Buenos Aires, o 1814, si se prefiere partir de laasuncin de Jos Gaspar Rodrguez de Francia, hasta 1989, aode la destitucin del dictador Alfredo Stroessner, mediaron 178(o 175) aos, de los cuales 95 fueron gobernados por solo cincohombres (Francia, Carlos Antonio Lpez, Francisco SolanoLpez, Higinio Mornigo, Stroessner). Ms an: dos de ellos.Francia durante 26 y Stroessner a lo largo de 35 aos, suman61 de esos 95 aos. Tras la derrota frente a la Triple Alianza,desde 1870 hasta 1954 (comienzo de la dictadura stronista) el

    pas tuvo 44 presidentes (a un promedio de uno cada veintitrsmeses), 24 de los cuales fueron derrocados por acciones violen-tas. Significativamente, de los 44, slo 9 fueron militares, aun-que los 33 civiles estuvieron generalmente vinculados con lasFuerzas Armadas. Por lo dems, recurdese que Paraguay sufrilos estragos de dos guerras internacionales (la ya sealada contrala Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, 1865-1870; y ladel Chaco, contra Bolivia, 1932-1935; y de otras dos, civiles,1922 y 1947 (Ansaldi y Giordano, 2012, II: 203).

    Otra singularidad: entre 1814 (llegada de Francia al podersupremo) y 1865 (inicio de la Guerra contra la Triple Alianza),Paraguay fue el nico pas latinoamericano que no atravessituaciones de inestabilidad poltica, aunque tampoco experi-ment ensayos constitucionales.

    Dentro del universo de culturas polticas latinoamericanas,la de Paraguay destaca por su componente ms acendradamenteautoritario que las caractersticas de otras sociedades. Ms all

    de la incidencia del pasado colonial, el coeficiente histrico alque quiero prestar atencin es el que se construye a partir de laruptura de la dominacin colonial, desde la llegada al gobiernode Rodrguez de Francia en adelante, si bien, en razn del es-

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    pacio disponible para esta colaboracin, aqu slo me detendr

    sumariamente en la dictadura stronista, la expresin ms alta delautoritarismo paraguayo. Como otros dictadores tradicionales,Stroessner se haca legitimar por la va de elecciones, amaadasy no genuinamente competitivas (por tanto, no democrticas),en un contexto represivo y atemorizante. Empero, las sucesivasreelecciones de Stroessner no pueden explicarse solamente porel miedo. Por chocante que sea escribirlo, leerlo y admitirlo, noes buena tcnica de anlisis obviar la incidencia de una culturapoltica de larga duracin consistentemente autoritaria entrecuyos componentes el miedo no fue uno de menor incidencia.El estado de sitio permanente, levantado brevemente slo cuan-do las elecciones, coadyuv a reforzarlo.

    Paraguay tuvo partidos polticos ms o menos orgnicosdesde temprano: en 1887 se crearon el Partido Liberal (ini-cialmente Centro Democrtico) y la Asociacin NacionalRepublicana o Partido Colorado, continuadores de la LeginParaguaya (militares de la vieja clase propietaria que combatie-

    ron en las filas argentinas contra Lpez) y de los nacionalistas,respectivamente. Esquemticamente dicho, la base social delprimero era la burguesa comercial y agraria vinculada al capitalanglo-argentino y la del segundo, los terratenientes y militaresconservadores pro brasileos, con un plus fundamental alcanza-do ms tarde: la incorporacin del campesinado. Desde 1887,ao de fundacin de ambos partidos, hasta 1954, los liberalesgobernaron 42 aos y los colorados, 33. Pero en los siguientes54 aos (1954-2008), el Partido Colorado gobern sin inte-rrupcin alguna: 35 bajo la forma de la dictadura stronista y 19al frente de la transicin a la democracia. Esta es otra peculiari-dad de Paraguay: el mismo partido articul la dictadura, prime-ro, su derrumbe y la transicin, despus, todo en continuidad.En otros trminos: transicin sin alternancia.

    Comprensibles razones de espacio impiden tratar aqu lasecuencia de sucesos acumulativos que definen el coeficiente his-tricoque modelaron la cultura poltica autoritaria de Paraguay.

    En la larga duracin iniciada con la ruptura de la dominacincolonial se inscribe una coyuntura ms reciente, que remite a ladictadura del general Alfredo Stroessner y a su poltica agraria, alas que me referir muy apretadamente.

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    La peculiar dictadura stronista (1954-1989) fue articulada

    por el Partido Colorado, constituido como agente con poderexclusivo y excluyente de la construccin del orden. El resultadofue una repblica desptica (segn la denominara FranciscoDelich, 1981) o, si se prefiere la caracterizacin de Lorena Soler(2007), una productiva partidizacin del Estado y las FF.AA.conjugada con una buena dosis de personalismo. En breve:una dictadura de fusin Estado-Partido Colorado-FF.AA., conejercicio del poder fuertemente personalizado, culto al lder in-cluido. Significativamente, el Partido primaba sobre las FF.AA.El dictador fue simultneamente jefe de Estado, comandante enjefe de las FF.AA. y presidente honorario del Partido Colorado.La apelacin a la tradicin no fue bice para aplicar polticas demodernizacin econmica excluyente (sin industrializacin sus-titutiva de importaciones importante), pari passu la despolitiza-cin de la sociedad y la construccin de un orden de seguridadnacional, cada vez ms ajustado a los principios de la Doctrinade la Seguridad Nacional.

    Obviamente, la dictadura fue antiliberal, anticomunista ypro norteamericana. En materia de poltica exterior vir deposiciones pro argentinas, notables durante la presidencia deFederico Chaves (1949-1954), a las pro brasileas, en particulara partir de 1956, cuando Brasil concedi a Paraguay privilegiosde puerto libre en Paranagua, en el marco de acuerdos y tratadoscomerciales.

    En un pas consistentemente agrario (Delich, 1981), ladictadura modific sustancialmente la estructura econmicaal iniciar, a mediados de 1970, un proceso de modernizacinagrcola y de distribucin de tierras que hizo posible, con lmi-tes, una colonizacin campesina. Hacia 1973-1974 comenzun quinquenio de crecimiento econmico sin precedentes en elpas, basado en el sector agrcola pero con efecto multiplicadoren pequeas empresas industriales, en particular las metlicas yde la construccin vinculadas con la construccin de la represahidroelctrica de Itaip.

    La colonizacin agrcola llev conexa la redistribucin espa-cial de la poblacin, la cual fue una respuesta parcial al procesode diferenciacin campesina en la zona central minifundista yasalariada. A diferencia de las tradicionales migraciones campo

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    ciudad, ah se trat de un flujo poblacional intrarrural de los

    departamentos centrales, de campesinado minifundista, a los delEste. Si bien este proceso fue precedido por dos importantes co-lonizaciones notablemente concretadas por sujetos portadoresde valores autoritarios y no democrticos: la de los mennonitas,a partir de 1927, y la de los japoneses, en la segunda posguerramundial, lo distintivo de l fue la combinacin de una polticaoficial con una fuerte ocupacin de tierras (en su mayora fisca-les) no ocupadas haban sido de antiguos latifundios forestalesy ganaderos por parte de colonos brasileos ms tipo farmerque minifundista que antecedieron a los productores paragua-yos. El cultivo decisivo para la colonizacin del Eje Este fue lasoja, el cual requiere una alta inversin de capital. No existiendoste en su forma nacional, el Estado opt por una poltica muyflexible y permisiva, favoreci una adecuada atraccin de capi-tal, as como una singular distribucin de la tierra, tendiente afacilitar la constitucin de unidades econmicas. Junto con lainversin de capitales extranjeros se favoreci tambin un tipo

    de ocupacin y tenencia de la tierra fundado en la formacin deunidades econmicas empresariales. Los principales objetivosperseguidos fueron dos: atenuar las tensiones y las protestassociales campesinas en el centro del pas (en el plano poltico) y,mediante la expansin de la frontera agrcola basada en el incre-mento de las reas cultivadas y de la produccin, superar el atra-so tecnolgico y la baja productividad de las reas tradicionalesy as favorecer el incremento de la participacin paraguaya enel mercado mundial quaproductor de materias primas de altademanda: soja y algodn (Rivarola, 1982: 13-14). La coloniza-cin, tal como se concret, gener as profundos y complejoscambios en el interior del campesinado, toda vez que erosioncasi hasta la destruccin las bases de la sociedad campesina tradi-cional, con su uso comunal de los recursos (campos de pastoreo,agua para los arrozales), ayuda mutua semanal o quincenal enla realizacin de tareas agropecuarias, trabajo comunal (minga).

    La lucha por la tierra se convirti en el aspecto central y

    especfico de la organizacin campesina, resaltando que ellaera la base de las relaciones culturales y reflejando una especiede oposicin al proyecto dominante (Formento, 2003: 115).Segn algunas interpretaciones, los campesinos encontraron en

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    esa lucha, al menos durante un tiempo, un importante aliado

    en la Iglesia Catlica, cuya jerarqua se distanci, parcialmentey slo por un tiempo, de la dictadura en 1968-1969. A esapostura transitoria coadyuvaron las posiciones de grupos cat-licos en las Ligas Agrarias, sobre las cuales se hizo sentir fuertela represin del rgimen (secuestros, asesinatos y desaparicionesde sus dirigentes). Formento ofrece una hiptesis diferente:las acciones campesinas orientadas por social cristianos fueroncoordinadas por sacerdotes que operaron al margen de la pos-tura oficial de la jerarqua eclesistica paraguaya aliada de ladictadura (2003: 113). Esa lnea interpretativa fue tambin lade Jorge Lara Castro, quien destac el surgimiento de corrientesrenovadoras en el interior de la Iglesia perceptible en laicos ycuras (sobre todo jesuitas) , las cuales, invocando la encclicaRerum Novarum y la Biblia, persiguieron una nueva praxiscristiana comprometida con los oprimidos (Lara Castro, 1985:294-295).

    Las Ligas Agrarias fueron brutalmente reprimidas por la

    dictadura, sumndose a ello el distanciamiento de la jerarquaeclesistica que no vacil en caracterizar a los liguistas comocomunistas. La represin se acentu a partir de 1975, con elempleo de fuerzas militares, y alcanz su clmax en la Pascua de1976, con el resultado de 4.000 apresados y 250 campesinosdesaparecidos. La organizacin fue destruida, pero las basessobrevivientes no resignaron la lucha, si bien adoptando otrasformas organizativas.

    Tras la cada de la dictadura, la larga transicin a la democra-cia sin alternancia partidaria hasta 2008 no ofreci ningunarespuesta a las demandas de los campesinos, opuestos a losagronegocios y su opcin por la soja transgnica, cuyo cultivoconlleva el uso extensivo de la tierra e intensivo del capital yarrasa a la economa campesina. As, casi 400.000 campesinosfueron expulsados de sus lugares de origen, acentuando el pro-ceso migratorio.

    Los intereses corporativos agrarios (de ganaderos y sojeros)

    se expresan a travs de la Asociacin Rural del Paraguay (ARP),la Coordinadora Agrcola de Paraguay (CAP), la Asociacin deProductores de Soja (APS) y la Confederacin Paraguaya deCooperativas (CPC), mientras los de los campesinos sin tierra

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    y de los pequeos productores rurales lo hacen mediante la

    Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas(MCNOC) y en la Federacin Nacional Campesina (FNC).La cuestin de la tierra no est desvinculada de la renego-

    ciacin de los contratos de venta de la energa producida porItaip, represa en cuyas cercanas se asentaron empresarios agr-colas brasileos, compradores a muy bajos precios y productoresmecanizados de soja, amn de no abonar impuestos directosy utilizar fuerza de trabajo remunerada por debajo del salariomnimo (Nickson, 2008). As, los conflictos por la tierra conocupaciones de grandes latifundios se hicieron crecientes. Loscampesinos sin tierra actuaron organizados en un vasto movi-miento, representados por distintas avocaciones no articuladascon los partidos. Fue en esa lucha que se gest el liderazgo pol-tico del ex obispo Fernando Lugo.

    En 2008, varios partidos entre ellos el Liberal RadicalAutntico (PLRA)1 se coaligaron en la Alianza Patriticapara el Cambio (APC) y levantaron la frmula Fernando

    Lugo-Federico Franco, ex obispo vinculado a la Teologa de laLiberacin el primero, mdico y dirigente del PLRA el segundo,que conclua su mandato (2003-2008) como gobernador delDepartamento Central, el ms rico y poblado del pas. Hubo,desde el comienzo, diferencias ideolgicas fuertes, disimuladaspor lo que Jorge Luis Borges llamaba unidos por el espanto,no por amor. El espanto era la continuidad de la largusimaprimaca del coloradismo en el poder. Con el 41% de los votos,la Alianza triunf en las elecciones de abril de dicho ao y losnuevos gobernantes asumieron en agosto. Dentro de la APC,el poder de Lugo siempre fue dbil y, a diferencia de RafaelCorrea en Ecuador, no supo o no pudo generar una base socialy poltica propia. As, las diferencias ideolgicas se tradujeron endiferencias programticas, por lo cual desde el comienzo mismode la gestin gubernamental Lugo y Franco persiguieron obje-tivos diferentes, cuando no opuestos e incluso antagnicos. Elms importante de ellos fue el de la reforma agraria, demanda

    no ajena al proceso de movilizacin campesina con ocupacin

    1. El PLRA se cre en 1977 como una escisin del Partido Liberal. Fueilegalizado por la dictadura.

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    de tierras, accin respaldada por Lugo y censurada por Franco y

    la direccin de su partido, la cual se pronunci en defensa de lapropiedad privada, aunque reconociendo la necesidad de anali-zar la cuestin agraria y hallar una solucin de fondo e integral,pero slo bajo la consigna: Todo dentro de la ley, nada fuerade ella. Pero Lugo descrea de las intenciones de los liberales,a los cuales acusaba de estar escasamente preocupados por lasituacin real de los campesinos. Lo cierto es que incluso dentrodel PLRA haba otras posturas, a la postre minoritarias.

    En mayo de 2008 el Comit Poltico del PLRA se pronun-ci por la ms firme condena a la invasin de propiedades y atodos los actos de violencia o violaciones de las leyes nacionales,reclamando la proteccin de la inversin privada como una he-rramienta insustituible del desarrollo rural. Algunos dirigentesdel partido Blas Llano, Carlos Mateo Balmelli, Jos Ledesma,gobernador de San Pedro, en cambio, proclamaron todo loconcerniente a la propiedad privada y reforma agraria mereceun amplio debate en el seno del Directorio partidario, que ge-

    nuinamente representa la voluntad popular del pueblo liberal.Franco, que a poco de asumir amag renunciar en desacuer-do con nombramientos ministeriales hechos por Lugo, fueacentuando sus diferencias, incluso personales con el presidente,postulndose como una alternativa posible para el reemplazode ste. Su hermano Julio Csar, vicepresidente del pas entre2000 y 2002, sum su voz contra Lugo. En 2009, la oposiciny algunos ex aliados, montndose sobre el deterioro de la figuradel Presidente al cual contribuyeron sus desavenencias con losliberales, su cuestionada vida personal, y la adopcin de una po-ltica partidaria del Mercosur y la Unasur, leda como sujecina Hugo Chvez, llevaron adelante una campaa meditica antiLugo, reclamando su juicio poltico.

    Mariana Fassi (2010) ha hecho una excelente sntesis delimpacto del modelo agroexportador fundado en la soja transg-nica y a su trabajo remito. En el mismo nmero de ObservatorioLatinoamericano que incluye ese texto puede leerse otra tambin

    destacable sntesis, la de Gustavo Torres Gonzlez (2010) sobreel papel del paramilitarismo en la represin de los movimientoscampesinos, conforme su articulacin con las mafias polticasy los latifundistas.

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    Al no desarticular el fuerte poder defensor del orden estatui-

    do, Lugo no hizo ms que alfombrar el camino a los destituyen-tes. Parafraseando a Gabriel Garca Mrquez, cualquier analistaatento al movimiento coyuntural dentro de la larga duracin,podra haber escrito que el gobierno de Lugo deba leerse comola crnica de una destitucin anunciada.

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    EL GOLPE

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    LA RESCISIN DEL CONTRATO SOCIAL

    Milda Rivarola

    Las opiniones contradictorias sobre lo ocurrido el 22 de juniode 2012, dentro y fuera del Paraguay, delatan el carcter confusoy oscuro de ese evento. La variedad de categorizaciones orillanel absurdo: golpe de Estado, sustitucin constitucional, Golpeparlamentario (con o sin guantes blancos), quiebre institucio-nal, uso de atribuciones legales del Congreso, juicio exprs,mecanismo normal y legal, quiebre o ruptura democrtica, etc.

    Quiz porque la gravedad de lo ocurrido es, como todo loesencial, an invisible a los ojos. Porque en un solo da, a me-diados del ao siguiente al del Bicentenario, culmin el procesode degradacin de una dcada: se hizo trizas todo el contratosocial (Rousseau, 1762) aceptado por la sociedad paraguayatras la cada del dictador Stroessner. Sus clusulas ptreas,establecidas solemnemente en la Constitucin de 1992, venandesgarrndose paulatinamente, hasta que de golpe se rescinditodo el contrato.

    Por eso el estupor, de all el espanto colectivo. Lo brutal de

    esa rescisin explica el letargo inicial. El Golpe parlamentariorompa el ltimo de sus bastiones, segn el cual el gobernanteparaguayo era electo por la ciudadana. El principio esencial detoda Repblica, el ms clsico, segn el cual la soberana residaen el pueblo y no ms en monarcas ni jefes de tribus.

    Las otras clusulas de ese contrato social haban naufragadosilenciosamente en meses o aos anteriores. La del imperiode la ley se rompi en 2003, cuando Duarte Frutos, aliado alas bancadas parlamentarias, literalmente pulveriz la CorteSuprema de Justicia. En un juicio poltico algo menos torpe queel de junio de 2012, con veinte causales del libelo, el parlamento

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    forz la renuncia de cuatro ministros (respetados juristas, en su

    mayora) y conden a otros dos.1Esta decisin tuvo efectos demoledores sobre una justicia enlento proceso de reforma: se torn un poder lento e ineficiente,politizado, de baja integridad y credibilidad. De los seis indica-dores del Banco Mundial (Kaufmann & Kraay)para medir lagobernabilidad de los pases a nivel mundial, el de Imperio dela ley en Paraguay es el nico que permanece en su nivel me-diocre (17 a 19%), sin mejoras en la ltima dcada.

    Como la administracin de la justicia carece de una salaconstitucional cuyas sentencias sean acatadas como legtimas,cualquier autodenominado constitucionalista interpreta hoyla Carta Magna a piacere. La corte dicta sentencias definitivas amedida del demandante y no hesita en cambiarlas cuantas vecessean necesarias. Como ese bastin republicano se resquebrajhasta la ruptura, las crisis entre el Judicial y los otros dos poderesdel Estado se tornaron endmicas.

    El otro bastin, el de la democracia parlamentaria, con un

    Congreso electo que representa la diversidad de intereses ciuda-danos, vena zozobrando clientelismo y corrupcin electoralmediante hace tiempo. Pero la reaccin ante las reivindica-ciones de indignados de mayo de 2012 evidenci claramentela ruptura de ese otro pilar. El quiebre final sucedi en dostiempos: cuando la ciudadana exigi a sus representantes nodilapidar cincuenta millones de dlares adicionales para susoperadores en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, losparlamentarios se plegaron a regaadientes, desconcertados anteesta inslita exigencia del comn. No se trataba de funcionariospblicos exigiendo mejores salarios ni de campesinos deman-dando compensaciones por malas cosechas. Eran manifestantesurbanos, de clase media-alta, que no hacan demandas sectoria-les sino que exigan derechos ciudadanos.

    1. Una Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictami-n, en diciembre de 2009, la inconstitucionalidad del juicio poltico

    a estos dos ministros, ordenando su reposicin en los cargos. Al messiguiente presionada por el Senado, la misma corte dictamin locontrario: dichos acuerdos y sentencias carecan de validez jurdi-ca. El caso sigue judicializado ante la Corte Interamericana de DerechosHumanos (CIDH).

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    Cuando, alentada por el primer xito, la ciudadana reclam

    el desbloqueo de las listas partidarias, sus mandatarios pasarona la defensiva, reaccionando como minora compacta(Lechner).All acab la ilusin de la representatividad: los senadores tra-taron a sus mandantes de turba vendida y alcoholizada, dezurdos e ignorantes. En justa reciprocidad, fueron marcadosde inmediato como senarratas y dipuchorros, como constaen millares de posteos de redes sociales. Los integrantes delCongreso optaron por autorrepresentarse a s mismos y defenderapenas sus intereses partidarios, apropindose de la soberanapopular.

    Tambin segn este contrato social, los conflictos sociales seresolvan pacficamente, por la ley. El campesinado descrea yade la imparcialidad de los jueces y fiscales, tentados a favorecerintereses de los poderosos, en detrimento de los suyos. El cen-tenar de militantes campesinos muertos por fuerzas policiales oparapoliciales durante la transicin, y la ataraxia de la Justiciaparaguaya respecto de las tierras malhabidas, justificaban am-

    pliamente esta desconfianza.Pero el enfrentamiento entre fuerzas policiales y miembrosde la Liga Nacional de Carperos, con un saldo de al menos 17muertos el 15 de junio, echa por tierra lo que restaba de esteprincipio. A partir de all, la cuestin agraria amenaza litigarseya abiertamente con las armas. Las organizaciones campesinasentendieron antes que muchas otras la ruptura del contratosocial: ya desesperan de hallar justicia sobre tierras que el Estadoles niega para obsequiarlas a los grandes propietarios, ya noconocen fiscales capaces de separar culpables de vctimas en lamasacre de Curuguaty.

    Por fin, el juicio poltico del 22 de junio derog la ltimaclusula del contrato de 1992. La ms valiosa para la percepcinde la gente: el presidente no llega al poder por golpes de Estado,reelecciones amaadas, maniobras de minoras ni sucesionesmonrquicas, sino por el voto popular. Un campesino lo exprescon simplicidad y dolor en una entrevista radial: por qu no

    venderan ahora su voto la leccin repetida hace veinte aospor sus dirigentes si esa papeleta ya no vala nada? Si ahora sa-ban que la voluntad mayoritaria poda ser robada impunemen-te por treinta y nueve personas, en menos de veinticuatro horas.

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    Por eso la gente comn, el comn, reaccion con incerti-

    dumbre, miedo o silencio ante lo que pareca un cambio deGobierno, pero era en realidad un quiebre social y polticomucho ms grave. Gente comn, la que no lee a Hobbes ni aRousseau, no reconoce a Habermas, Montesquieu o Lechner,percibi con extrema lucidez que el contrato social bajo el cualhaban convivido mal o bien durante dos dcadas, acababade rescindirse.

    Y los letrados saben que al fenecer un contrato del tipo quesea se retorna al anterior, recupera vigencia el consuetudina-rio. Es as cmo la lite conservadora paraguaya se apresura rehabilitar con notable eficiencia y memoria las clusulasdel contrato social anterior: el Stronista. El alegato del abogadoAdolfo Ferreiro en el Congreso la tarde del 22 de junio no eljurdico, inservible ante ese auditorio, sino el poltico, el delespritu de las leyes y los principios democrticos confrontabiertamente este retorno.

    Porque ese libelo acusatorio proferido ms que presentado

    por un trnsfuga de las carpas oviedo-stronistas a las cartistas2recurra abiertamente a la clusula madre de la represin dic-tatorial: los delitos polticos no necesitaban ser probados, porser de pblico conocimiento. Esa acusacin, radicalmenteopuesta al contrato republicano y democrtico de 1992, fuepblicamente aprobada por la casi totalidad de la Cmara, quesancion de esta forma el retorno al contrato dictatorial.

    Cuando el contrato social fenece, se retorna a la barbarie. Unbrillante artculo de Luis A. Boh expresa ese retroceso al salva-jismo, al planeta de los simios. O al hobbesiano homen hominislupus est (Leviatn, 1651), cuando los lobos salen a los camposy entran a las ciudades, porque el contrato anterior ya no esvlido y las lites acaban de poner en vigencia el ms antiguo.Contrato expresado hoy en la violencia verbal de las redes, enla brutal prepotencia de los soberanos, en los editoriales de laprensa comercial y en prcticas policiales que recuperan, connaturalidad, sus aoradas arbitrariedades represivas.

    2. En julio de 2012, Jos Pepe Mujica, Presidente de la RepblicaOriental del Urugay, acus a Horacio Cartes candidato presiden-ciable del Partido Colorado de estar estrechamente ligado al nar-cotrfico. [N. de E.]

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    No es accidental que, de modo inconsciente, analistas loca-

    les e internacionales apelen a smbolos de bestialidad animal ohumana para calificar la praxis de la nueva poltica paraguaya:desde el retorno de los simios, pasando por el de manada dedinosaurios o bandada de avestruces asustados, hasta la de hom-bres caverncolas o trogloditas.

    Heridos de muerte los principios republicanos, roto el depor s endeble tejido social (dos de cada cinco paraguayos siguensin comer siquiera lo necesario), el contrato neostronista apelauna vez ms al peligro exterior (el de la Triple Alianza + uno)y al feroz aglutinante ideolgico del nacionalismo para recons-truir la fachada de la unidad nacional. Y exacerba el miedocolectivo, aludiendo al peligro de guerra civil, amenazando a loszurdos o bolivarianos asesinos en las calles y en las redes. Sefundamenta una vez ms en los arcaicos lemas de la Doctrinade Seguridad Nacional, que ven en los enemigos internos, enlos legionarios, en los malos paraguayos, el mayor peligrocontra la nacionalidad.

    Aunque, considerando sus consecuencias mediatas, la res-cisin de un contrato social paulatinamente resquebrajado enla transicin y en la alternancia, est generando un efecto noquerido por sus ejecutores. Nunca antes la sociedad paraguayadebati y reflexion como ahora sobre poltica. Est hoy pre-guntndose en centenares de espacios, foros, organizaciones ci-viles o sociales qu fue, como se quebr, que ser de hoy en msla democracia paraguaya. Inquiriendo qu hicieron mal, cmoquieren convivir civilizadamente los paraguayos hombres ymujeres despus de este quiebre brutal.

    Ni siquiera entre 1989 y 1992 ciudadanos de todas las edadesy condiciones sociales cuestionaron con tan intensa curiosidadqu fue realmente la dictadura, cmo pervivieron la corrupciny el clientelismo, cmo actan aqu y en otros pases los partidospolticos, qu son la globalizacin y la soberana regional, cun-to destruyen al pas la desigualdad y la concentracin de activose ingresos, cunto de verdad o mentira reproducen los medios

    y las redes sociales.Esta crisis se revela, para ellos, una terminal. Pertenecen auna nueva generacin paraguaya la que, al no haber aprendidoel miedo, no sabe repetir las miserias ni los oportunismos del

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    pasado que hoy est escribiendo, con libertad, igualdad y fra-

    ternidad, el contrato social del futuro.

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    LOS MOTIVOS DEL LOBOO el Golpe parlamentario

    Jos Carlos Rodrguez

    UN RETORNO A LAS TINIEBLAS

    Aunque siempre estuvo ah como amenaza, nadie entendi biencmo pudo tener lugar el juicio poltico, tan de golpe. Como enla fbula del pastor mentiroso, se haba amenazado tantas veces,que, cuando vino el lobo, nadie lo crey. En horas, se depusoal Presidente electo. El partido del gobierno (Liberal Radical) se

    ali para ello con el mayor partido opositor (Partido Colorado),su enemigo hereditario. Juntos arrastraron a las minoras ovie-dista, Patria Querida y Demcrata Progresista. De 80 diputados79 votaron por el juicio poltico, y de 45 senadores, 39 conde-naron al Presidente de la Repblica, en un juicio sumario, quese inici diecisiete horas antes y dur slo tres horas, sin acusa-ciones concretas ni presentacin de pruebas.

    En estos casos, para la conciencia de sus testigos, las causassuelen ser posteriores a las consecuencias. Termin la primaverainiciada con la primera alternancia electoral de la historia. ElPartido Liberal, que nunca haba llegado al Gobierno a travsde elecciones libres, limpias y competitivas, volvi a las suyas.Y, con la aprobacin de la gran prensa, la Iglesia catlica, casitodos los partidos parlamentarios, la Embajada Norteamericanay, sobre todo, a pedido de gremios empresariales latifundistas,hubo un regreso blando al discurso de la democracia sin comu-nismo, ideologa autoritaria que haba caracterizado la dictadu-

    ra derrocada hace veintitrs aos.Pero lo que vuelve no es lo mismo y tampoco regresa alsitio de antao. Se trata de otro retorno a las tinieblas, de unnuevo oscurantismo. Un guerrerismo sin Guerra Fra, un dis-

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    curso xenofbico sin el paraguas del imperio, sin ideologa de

    la Seguridad Nacional, una prepotencia sin podero, de lo queresulta una nostalgia pattica del tiempo que se fue y la expre-sin de un parntesis poltico, un purgatorio cuyo trmino serel inicio del prximo gobierno electo.

    LA SORPRESA DEL GOLPE ANUNCIADO

    Segn el Presidente depuesto Fernando Lugo, antes de que

    se materializara, fueron veintitrs las amenazas de juicio poltico.El hartazgo final comenz muy temprano. Apenas asumido elcargo, el vicepresidente Federico Franco ya hablaba de depo-ner al Presidente flamante. Los servicios de inteligencia de lasFuerzas Armadas interceptaron y presentaron esta informacina su comandante en jefe, al Presidente Lugo, lo que inici lahostil distancia entre Franco y Lugo que dur todo el tiempodel ejercicio de la chapa y termin con la presidencia de Franco.1

    La tradicin golpista era propia de los partidos tradicionalesy de las Fuerzas Armadas paraguayas. Pero la impericia de Lugojug un papel en el distanciamiento con el Parlamento. Electocon votos liberales, en el marco de la Alianza Patritica, habien-do derrocado a los colorados, el Presidente buscaba apoyarse ensus adversarios para conseguir un espacio propio que le permi-tiera gobernar a pesar de la liberal glotonera de cargos, y paragenerar un tercer espacio, calificado de zurdo por la derecha,y ciertamente ms de izquierda que aquella. El coqueteo con los

    colorados le sirvi un tiempo, pero, al final, le sali el tiro porla culata. Si es verdad que Lugo apenas coqueteaba con los co-lorados, distancindose de los liberales, fueron estos quienes sealiaron a los primeros para traicionar al Presidente. Predominla tradicin golpista y su desprecio al electorado y su voto.

    Como enfatiza la sociloga Milda Rivarola (en este mismolibro), el resultado es el fin de un frgil contrato social demo-crtico, celebrado como alternativa a la dictadura y creciente-mente erosionado durante los interminables aos de posdicta-

    dura. Empresarios, liberales y colorados, la Iglesia y la prensa

    1. Activo opositor a Lugo era su vicepresidente, quin afirmaba que estabapreparado para gobernar, desde el comienzo (Ultima Hora, 2009).

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    empresarial esperaban y deseaban otra cosa de la democracia.

    Buscaban hacer de otro modo lo mismo que haban hecho conla dictadura. Mantener uno de los sistemas ms oligrquicos delplaneta. Este punto lo enfatiz el antroplogo Bartomeu Meli.Se trataba de acelerar el saqueo ecolgico y econmico del pas,reforzando el modelo excluyente y depredador, dbilmenteamortiguado por el reformismo lugista.

    Despus del shock de los sucesos (al respecto, vase msadelante el trabajo de Carbone), resulta explicable que una expe-riencia de cambio social tan dbil haya provocado una reaccintan contraria. La historia recuerda que el cartero viene dos veces,y la primera vez no suele alcanzar a su destinatario. AmricaLatina est plagada con ejemplos como Hiplito Yrigoyen,Salvador Allende o Joo Goulart. En Paraguay, Rafael Franco(1936), el primero en proponer un programa reformista, durun ao y medio en el ejercicio de su mandato.

    Al hacer cuentas resulta que polticamente era muy frgil unPresidente que llamaba al cambio sin tener un partido, aliado al

    liberalismo, sin votos parlamentarios, sin prensa, sin influenciaen la administracin de la Justicia, sin un movimiento social ac-tivo que lo apoyara, y con slo cinco parlamentarios a su favor.Aunque lo esperable era que la oposicin le aplicara el tornique-te acostumbrado hasta el fenecimiento natural de su mandato,mantenindolo maniatado para hacer fracasar su gobierno, enlugar de deponerlo.

    Es difcil no pensar que los motivos del lobo hayan sido tam-bin emocionales. Se trata una reaccin desmesurada, miope,con un balance negativo para todos. Devastador para el dbilproceso de cambio iniciado, el Golpe constituye una victoriaprrica para sus triunfadores. El Gobierno est tan lejos de laciudadana como de la colectividad mundial. Ni logra consensodel Parlamento para hacer lo poco que le es posible en el cortotiempo que dispone y con la dbil autoridad que detenta.

    LOS FANTASMAS DEL TERRATENIENTE

    El causal oficioso del juicio poltico fue la muerte de seispolicas y once campesinos, una tragedia ocurrida durante un

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    desalojo realizado por la Polica en cumplimiento de medidas

    judiciales. No est aclarado si la balacera fue causada por la des-esperacin espontnea de los campesinos o si fue impulsada porterceros. La tragedia desencaden memorias histricas. 1931:un Presidente juzgado por la muerte a balazos de manifestantes.1999: un juicio poltico iniciado cuando los partidarios delGobierno mataron al vicepresidente y a siete manifestantes.Aunque el manipuleo de la memoria es evidente. Lugo no dis-par como los otros sobre gente desarmada.

    El Ejecutivo no tena control sobre este enfrentamiento ocu-rrido a ms de doscientos kilmetros de la capital, entre cam-pesinos armados y la Polica que cumpla una orden judicial.Habran sido los campesinos quienes emboscaron e hicieronfuego sobre los policas que estaban negociando con ellos, segnlas versiones existentes. Razn de ms. La muerte de campesinosgener exasperacin entre los partidarios de Lugo, quien habaprometido reforma agraria, no violencia contra el movimientocarpero de los campesinos sin tierra. Y la muerte de policas

    caus ms exasperacin entre los terratenientes, que vieron en elconflicto el resultado de la poltica oficialista de apoyo a la causade los sin tierra. La amenaza estaba ah.

    Si el establishmenthaba logrado impedir los actos institucio-nales de reforma agraria a travs del Parlamento, la militanciaempresarial, la prensa y los tribunales no podra esta reformaser impulsada a travs situaciones de facto? Todo se complicabaen las tierras de Morumb (Ybyrapyta). No eran propiedad dellatifundista Blas N. Riquelme, poltico colorado de peso quelas detentaba, sino del Estado. Eran tierras con negra historiade desalojo criminal de indgenas y, antes, propiedad de laIndustrial Paraguaya, una siniestra empresa yerbatera semies-clavista. sa era la cabeza del iceberg. Una inmensa parte dela tierra latifundista es mal habida: ocho de los cuarenta ycuatro millones de hectreas del Paraguay, segn la Comisinde Verdad y Justicia.2 No hay catastros rurales completos, la

    2. La Comisin de Verdad y Justicia trabaj slo con la ley y los registrosdel Instituto de Bienestar Rural, luego Instituto Nacional de DesarrolloRural y de la Tierra (INDERT), sealando las asignaciones ilegales.

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    empresa rural no paga ni el irrisorio impuesto a la tierra3 ni

    otras contribuciones;4 se incumplen las patentes ambientales yse hostiga a la secular poblacin campesina. El latifundio vea aLugo como una amenaza o peligro de que se destapara esta ollade enriquecimiento ilcito, paraso fiscal, depredacin ecolgicay exclusin social.

    TRANSPARENCIA Y DIPLOMACIA

    La geopoltica paraguaya fue simple en el siglo XIX, despusde la Guerra Grande. Se apoyaba en Brasil para compensar lainfluencia argentina y se apoyaba en Argentina para compensarla influencia brasilera. Eso cambi con la proyeccin polticanorteamericana, en vsperas de la Segunda Guerra Mundial.Desde entonces hubo armona tendencial entre la metrpoli delNorte, las submetrpolis argentina y brasilera, y el cuasi protec-torado paraguayo. Al fin de la Guerra Fra, con el reaparecer delmultilateralismo, Paraguay oscila en un nuevo eje Norte-Sur. Enese juego el Gobierno de Lugo era sudamericanista: partidariode la Unin de Naciones Suramericanas (Unasur), del MercadoComn del Sur (Mercosur), de la ratificacin de una nuevaclusula democrtica, el Protocolo de Ushuaia II, as como dela entrada de Venezuela al Mercosur. Partidario de todo aquelloque rechazaba la mayora parlamentaria que era norteame-ricanista. El golpe de Estado fue, desde este punto de vista,anti Lugo, anti Mercosur, y en particular anti Venezuela. Lugo

    dira luego, con irona, que aquello que no pudo conseguir entres aos, este gobierno lo haba conseguido en tres das, con lasuspensin de Paraguay: hacer que Venezuela fuera admitida alMercosur.

    El problema entre lasglobalizacionesen litigio no es slo po-ltico sino econmico y jurdico. El sistema econmico vigenteen Paraguay es altamente informal: baja fiscalidad, alta evasin.El gobierno de Lugo impulsaba reglas de juego ms transparen-

    3. El monto que no se paga, sino muy parcialmente, es de 25 centavos dedlar por hectrea por ao (Itriago, 2012).

    4. La empresa rural produce el 22% del PIB y tributa menos que el 1%(Itriago, 2012).

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    tes y mayor fiscalidad. En eso Lugo tena apoyo del Mercosur

    y de los EE.UU., que se oponen, por ejemplo, a ese comerciotriangular de Ciudad del Este, fuente de las fortunas de los can-didatos colorados articuladores del juicio poltico.

    Dado que la retaguardia del Golpe es la economa informal,los EE.UU. vacilan en dar su apoyo. La mafia y el contraban-do hacen lobby a travs de los agroexportadores antifiscalistaspropiciadores d