MÉXICO: SON MUCHÍSIMO MÁS LOS DESAPARECIDOS

SÁBADO 15 de noviembre de 2014 / Año 2 / N° 87

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Según datos de la Procuraduría General, los casos documentados de

desapariciones superan los 26 mil.

México: son muchísimo más los desaparecidos

INTRODUCCIÓNEl 26 de septiembre, la Policía Municipal de Iguala, en coordi-nación con los sicarios

del grupo de narcotraficantes Gue-rreros Unidos, atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzi-napa, asesinaron a varios e hicieron desaparecer a 43 normalistas.

El hecho, uno entre tantos de una cadena de crímenes de lesa humani-dad que vive el país azteca hace un par de décadas, parece que fue la gota que llenó el paso de agua. La indignación se generalizó en México como a escala internacional.

Han sido muy abundantes tanto el material informativo como el ana-lítico sobre el caso, pero muy pocos lo enfocaron desde una perspecti-va integral de los acontecimientos sociales, económicos de la sociedad mexicana en su conjunto y menos en el contexto continental latinoa-mericano.

Dentro las posibilidades dadas se intentará soslayar esta carencia, procurando arrojar luz sobre estas últimas décadas que vivió y sigue vi-viendo el país hermano.

En este contexto veremos la com-plejidad y ramificación del proceso de esta letal combinación del narco-tráfico con estructuras estatales y re-des de paramilitares para el control de la sociedad mexicana al servicio de los habituales intereses del siste-ma neoliberal.

Redacción internacional

2 15 de noviembrede 2014 315 de noviembre

de 2014

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO Y DE LAS INSTITUCIONES

Este es un campo abierto. Los datos son muchos y abarcarán un espacio casi infinito. Por tal motivo nos limitaremos a un solo caso elocuente al respec-to. Se trata del caso de Tomás Pérez Francisco, apa-recido en UnivisionNoticias.com.Según su hija Guadalupe, su padre era integrante de una organización de campesinos que defendía las tierras de los caciquismos priístas (Partido Revo-lucionario Institucional, PRI).“Regresaba del trabajo, iba montando a caballo en una zona rural cuando fue alcanzado por una camioneta con aproximadamente ocho hombres, entre los cuales iban dirigentes del grupo parami-litar de la Asociación Ganadera de Pantepec, del estado de Puebla. Guadalupe explicó que hubo dos personas que atestiguaron la detención de su padre pero además, cuando lo subieron a una ca-mioneta, pasaron por un río y ahí alcanzó a gritarle a la gente en qué lugar se encontraba para que avisaran a sus familiares.“Se lo llevaron a un rancho, propiedad privada, que era el destino de este grupo caciquil para to-dos los que eran opositores en ese momento. Ahí

los escarmentaban, los torturaban, los golpea-ban”, dijo Guadalupe, quien aseguró que a ese lu-gar llevaban a los campesinos antes de presentar-los al Ministerio Público.A partir de ese momento no volvieron a ver ni a sa-ber de Tomás. Conforme pasó el tiempo, Guadalupe y su familia comenzaron a documentarse y se en-teraron de más detenciones ilegales. Tomás nunca fue presentado ante las autoridades.Guadalupe y su familia denunciaron los hechos, pero aseguró que no se hizo un trabajo de inves-tigación.“Se menciona en el oficio a los probables responsa-bles, entre los cuales estaban este grupo de para-militares, pero ni siquiera se les llama a que vayan a declarar”, explicó.Guadalupe agregó que se han hecho varias denun-cias no sólo ante las autoridades sino ante la Comi-sión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, además de grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. No hace falta recalcar que no obtuvieron ningún resultado.

Madre de una de las víctimas desaparecidas que no puede contener sus lágrimas y el dolor.

Parte del armamento que el contrabando introdujo para el narcotráfico mexicano.

El Gobierno mexicano señala que el poder de fuego de los cárteles supera al de algunas corporaciones policiales.

AFP

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El conocido analista uruguayo Raúl Zibechi señala: “El Estado se ha convertido en una institución crimi-nal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se tra-ta de reprimir, desaparecer y tortu-rar militantes, sino algo mucho más complejo y terrible”.

En esta combinación criminal se actúa también para la apropiación de las tierras campesinas a favor de los grandes propietarios como a favor de empresas privadas, nacio-nales como transnacionales. Quizás el hecho explica la saña con que se procedió contra alumnos de una es-cuela normalista y rural, donde aún el imaginario colectivo de la revolu-ción mexicana se mantiene vivo, en relación con una reforma agraria, no sólo no concluida, sino que a partir de la firma en 1994 del Tratado de Li-bre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se abrió el camino a la mercantilización de la propiedad comunal que es el ejido.

La ofensiva imperial, en curso en Europa contra Rusia, como en Oriente Medio y en nuestro conti-nente, coordina las actividades de sus peones locales en función de sus intereses. Así veremos cómo el agen-te más ducho del paramilitarismo colombiano es actualmente asesor del gobierno del presidente mexica-no Peña Nieto y su presencia en tie-

rras aztecas es bien notable en los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario.

Esto sin obviar la actuación direc-ta de las instituciones oficiales del imperio con el tráfico de armas a fa-vor del narcotráfico y de los paramili-tares a través de la Operación Rápido y Furioso, con el pretexto de dar se-guimiento a este tráfico y capturar a los traficantes de droga. Hasta el mo-mento lo que es evidente es que, por un lado, no se ha detenido a ningún traficante en esta operación, en la medida en que ni las autoridades de Estados Unidos ni las de México efec-tuaron este seguimiento. Por el otro lado, este armamento terminó en manos del narcotráfico que supuesta-mente Washington quiere combatir, aumentando aún más los hechos de sangre que padece el hermano pue-blo mexicano.

Miles de latinoamericanos, no mexicanos, fueron víctimas de este complejo y criminal proceso. Aquí se hace referencia a los migrantes que tienen que cruzar tierra azteca en su penoso peregrinar hacia Estados Uni-das, donde son víctimas del accionar de las “autoridades del orden” y de los bandas del narcotráfico.

Finalmente, en esta parte intro-ductoria, no se puede dejar de men-cionar a las centenares de mujeres trabajadoras asesinadas en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Asesinatos no esclarecidos hasta el momento.

DIMENSIONES DEL CRIMEN Y LA TRAGEDIAEn primer lugar se tiene que advertir que las estadísticas que se van a mencionar no reflejan cabalmente estas dimensiones. Sólo se refieren a casos ‘documentados’ frente a la Procuraduría General del Esta-do mexicano, frente a instituciones de de-rechos humanos del país u otras de carác-ter regional o internacional. Los casos no documentados, dado el grado de intimi-dación que se da en estos casos, pueden ser mayor que los ‘documentados’.Un comunicado de Fundem, con moti-vo de la Tercera Marcha de la Dignidad

celebrada el mes de mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013 se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la guerra al nar-cotráfico, en 2006. En mayo de 2013, ChristofHeyns, relator especial de eje-cuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el Gobierno recono-ció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo, tras 14 meses del actual gobierno de Peña

Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).Son 22.322 casos documentados de des-apariciones forzadas en México. Datos de la Procuraduría General de la Repúbli-ca (PGR) señalaron que el actual sexenio se inició con 12.532 personas y que la cifra incrementó a 29.707 después de un proceso de depuración de listas.Los datos respecto del actual presidente, Enrique Peña Nieto, refieren que recibió al inicio de su administración, en diciem-bre de 2012, informes sobre 26.121 per-

sonas no localizadas. Desde esta fecha a la actual, los números se incrementaron hasta 29.707 después del proceso de de-puración de listas.Recientemente, la asociación civil Ciu-dadanos en Apoyo a los Derechos Hu-manos señaló que cerca del 60% de los casos de desaparición forzada, ocurri-dos durante el sexenio de Felipe Cal-derón (2006-2012), no fue denunciado ante el Ministerio Público debido a ac-tos intimidatorios contra los familiares de las víctimas.

México: son muchísimo más los desaparecidos

INTRODUCCIÓNEl 26 de septiembre, la Policía Municipal de Iguala, en coordi-nación con los sicarios

del grupo de narcotraficantes Gue-rreros Unidos, atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzi-napa, asesinaron a varios e hicieron desaparecer a 43 normalistas.

El hecho, uno entre tantos de una cadena de crímenes de lesa humani-dad que vive el país azteca hace un par de décadas, parece que fue la gota que llenó el paso de agua. La indignación se generalizó en México como a escala internacional.

Han sido muy abundantes tanto el material informativo como el ana-lítico sobre el caso, pero muy pocos lo enfocaron desde una perspecti-va integral de los acontecimientos sociales, económicos de la sociedad mexicana en su conjunto y menos en el contexto continental latinoa-mericano.

Dentro las posibilidades dadas se intentará soslayar esta carencia, procurando arrojar luz sobre estas últimas décadas que vivió y sigue vi-viendo el país hermano.

En este contexto veremos la com-plejidad y ramificación del proceso de esta letal combinación del narco-tráfico con estructuras estatales y re-des de paramilitares para el control de la sociedad mexicana al servicio de los habituales intereses del siste-ma neoliberal.

Redacción internacional

2 15 de noviembrede 2014 315 de noviembre

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COMPLICIDAD DEL GOBIERNO Y DE LAS INSTITUCIONES

Este es un campo abierto. Los datos son muchos y abarcarán un espacio casi infinito. Por tal motivo nos limitaremos a un solo caso elocuente al respec-to. Se trata del caso de Tomás Pérez Francisco, apa-recido en UnivisionNoticias.com.Según su hija Guadalupe, su padre era integrante de una organización de campesinos que defendía las tierras de los caciquismos priístas (Partido Revo-lucionario Institucional, PRI).“Regresaba del trabajo, iba montando a caballo en una zona rural cuando fue alcanzado por una camioneta con aproximadamente ocho hombres, entre los cuales iban dirigentes del grupo parami-litar de la Asociación Ganadera de Pantepec, del estado de Puebla. Guadalupe explicó que hubo dos personas que atestiguaron la detención de su padre pero además, cuando lo subieron a una ca-mioneta, pasaron por un río y ahí alcanzó a gritarle a la gente en qué lugar se encontraba para que avisaran a sus familiares.“Se lo llevaron a un rancho, propiedad privada, que era el destino de este grupo caciquil para to-dos los que eran opositores en ese momento. Ahí

los escarmentaban, los torturaban, los golpea-ban”, dijo Guadalupe, quien aseguró que a ese lu-gar llevaban a los campesinos antes de presentar-los al Ministerio Público.A partir de ese momento no volvieron a ver ni a sa-ber de Tomás. Conforme pasó el tiempo, Guadalupe y su familia comenzaron a documentarse y se en-teraron de más detenciones ilegales. Tomás nunca fue presentado ante las autoridades.Guadalupe y su familia denunciaron los hechos, pero aseguró que no se hizo un trabajo de inves-tigación.“Se menciona en el oficio a los probables responsa-bles, entre los cuales estaban este grupo de para-militares, pero ni siquiera se les llama a que vayan a declarar”, explicó.Guadalupe agregó que se han hecho varias denun-cias no sólo ante las autoridades sino ante la Comi-sión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, además de grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas. No hace falta recalcar que no obtuvieron ningún resultado.

Madre de una de las víctimas desaparecidas que no puede contener sus lágrimas y el dolor.

Parte del armamento que el contrabando introdujo para el narcotráfico mexicano.

El Gobierno mexicano señala que el poder de fuego de los cárteles supera al de algunas corporaciones policiales.

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El conocido analista uruguayo Raúl Zibechi señala: “El Estado se ha convertido en una institución crimi-nal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar la sociedad. Nada que ver con la genealogía de las desapariciones que conocemos en el Cono Sur. En México no se tra-ta de reprimir, desaparecer y tortu-rar militantes, sino algo mucho más complejo y terrible”.

En esta combinación criminal se actúa también para la apropiación de las tierras campesinas a favor de los grandes propietarios como a favor de empresas privadas, nacio-nales como transnacionales. Quizás el hecho explica la saña con que se procedió contra alumnos de una es-cuela normalista y rural, donde aún el imaginario colectivo de la revolu-ción mexicana se mantiene vivo, en relación con una reforma agraria, no sólo no concluida, sino que a partir de la firma en 1994 del Tratado de Li-bre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se abrió el camino a la mercantilización de la propiedad comunal que es el ejido.

La ofensiva imperial, en curso en Europa contra Rusia, como en Oriente Medio y en nuestro conti-nente, coordina las actividades de sus peones locales en función de sus intereses. Así veremos cómo el agen-te más ducho del paramilitarismo colombiano es actualmente asesor del gobierno del presidente mexica-no Peña Nieto y su presencia en tie-

rras aztecas es bien notable en los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario.

Esto sin obviar la actuación direc-ta de las instituciones oficiales del imperio con el tráfico de armas a fa-vor del narcotráfico y de los paramili-tares a través de la Operación Rápido y Furioso, con el pretexto de dar se-guimiento a este tráfico y capturar a los traficantes de droga. Hasta el mo-mento lo que es evidente es que, por un lado, no se ha detenido a ningún traficante en esta operación, en la medida en que ni las autoridades de Estados Unidos ni las de México efec-tuaron este seguimiento. Por el otro lado, este armamento terminó en manos del narcotráfico que supuesta-mente Washington quiere combatir, aumentando aún más los hechos de sangre que padece el hermano pue-blo mexicano.

Miles de latinoamericanos, no mexicanos, fueron víctimas de este complejo y criminal proceso. Aquí se hace referencia a los migrantes que tienen que cruzar tierra azteca en su penoso peregrinar hacia Estados Uni-das, donde son víctimas del accionar de las “autoridades del orden” y de los bandas del narcotráfico.

Finalmente, en esta parte intro-ductoria, no se puede dejar de men-cionar a las centenares de mujeres trabajadoras asesinadas en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. Asesinatos no esclarecidos hasta el momento.

DIMENSIONES DEL CRIMEN Y LA TRAGEDIAEn primer lugar se tiene que advertir que las estadísticas que se van a mencionar no reflejan cabalmente estas dimensiones. Sólo se refieren a casos ‘documentados’ frente a la Procuraduría General del Esta-do mexicano, frente a instituciones de de-rechos humanos del país u otras de carác-ter regional o internacional. Los casos no documentados, dado el grado de intimi-dación que se da en estos casos, pueden ser mayor que los ‘documentados’.Un comunicado de Fundem, con moti-vo de la Tercera Marcha de la Dignidad

celebrada el mes de mayo, destaca que “según la Secretaría de Gobernación, hasta febrero de 2013 se contaban 26.121 personas desaparecidas”, desde que Calderón declaró la guerra al nar-cotráfico, en 2006. En mayo de 2013, ChristofHeyns, relator especial de eje-cuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, dijo que el Gobierno recono-ció 102.696 homicidios en el sexenio de Calderón (un promedio de 1.426 víctimas por mes). Pero en marzo, tras 14 meses del actual gobierno de Peña

Nieto, el semanario Zeta contabilizaba 23.640 homicidios (1.688 al mes).Son 22.322 casos documentados de des-apariciones forzadas en México. Datos de la Procuraduría General de la Repúbli-ca (PGR) señalaron que el actual sexenio se inició con 12.532 personas y que la cifra incrementó a 29.707 después de un proceso de depuración de listas.Los datos respecto del actual presidente, Enrique Peña Nieto, refieren que recibió al inicio de su administración, en diciem-bre de 2012, informes sobre 26.121 per-

sonas no localizadas. Desde esta fecha a la actual, los números se incrementaron hasta 29.707 después del proceso de de-puración de listas.Recientemente, la asociación civil Ciu-dadanos en Apoyo a los Derechos Hu-manos señaló que cerca del 60% de los casos de desaparición forzada, ocurri-dos durante el sexenio de Felipe Cal-derón (2006-2012), no fue denunciado ante el Ministerio Público debido a ac-tos intimidatorios contra los familiares de las víctimas.

4 15 de noviembrede 2014

TRANSFUNDO Y ALIANZAS

El conocido organizador de paramilitares colombianos en tiempos de Uribe, general Oscar Naranjo, actual asesor del gobierno de Peña Nieto.

Desde que se cometió el crimen en Iguala, estado de Guerrero, el pueblo mexicano no ha dejado de expresar su indignación, su repudio a la continuidad del crimen y su amor a la vida.

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En 1994, Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comer-cio con Canadá y Estados Unidos, ese día el Ejercito Zapa-tista se da a conocer en el estado de Chiapas como protesta a la política neoliberal del Gobierno mexicano. Samuel Ruiz era entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, capital de Chiapas. Pero la Iglesia decide apartarlo por sus posi-ciones políticas y en su lugar designan a Raúl Vera, quien paradójicamente siguió igual camino que su antecesor. Vera enfoca su reflexión respecto a nuestro tema, hacia un punto neurálgico que permite desatar el nudo. “El crimen organizado ha ayudado al control de la sociedad y por eso es socio de la clase política. Ellos han conseguido que el pueblo no se organice, no crezca”. Palabras más o menos, es lo mismo que ha señalado el subcomandante Marcos, líder del Ejercito Zapatista.Diversos estudios y artículos periodísticos de investigación destacan la fusión entre autoridades estatales y narcos en México. La revista Proceso destaca que “desde el primer tri-mestre de 2013, el gobierno federal fue alertado por un gru-po de legisladores, activistas sociales y funcionarios federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de seguridad de varios municipios de Guerrero”, sin obtener la menor repuesta (Proceso, 19 de octubre de 2014).Analizando los vínculos detrás la reciente masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, el periodista Luis Hernández Navarro concluye que el hecho “ha destapado la cloaca de la narcopolítica guerrerense” (La Jornada, 21 de octubre de 2014). En ella participan miembros de todos los partidos, in-cluyendo al PRD, de centro izquierda, donde militaba el pre-sidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, directamente implicado en la masacre.No se trata de una confluencia casual sino de una estrategia. Uno de sus constructores sobre el terreno es el general Oscar Naranjo, quien fue uno de los más destacados “arquitectos de la narcodemocracia colombiana” bajo el gobierno de Ál-varo Uribe, como lo denunciara Carlos Fazio (La Jornada, 30 de junio de 2012). Naranjo, un protegido de la DEA y “pro-ducto de exportación” de Estados Unidos para la región, se convirtió en asesor del gobierno de Peña Nieto.Fazio destaca una información de The Washington Post, en la que el rotativo asegura que “siete mil policías y militares mexicanos fueron entrenados por asesores colombianos”. No hace falta hacer volar la imaginación para descubrir dón-de se comenzó a fabricar el Estado fallido mexicano.Pero hay más. “El Gobierno de Estados Unidos ha ayudado a algunos cárteles a través de la Operación Rápido y Furio-so” por la cual “involuntariamente” dos mil armas fueron a parar a manos de los narcos, recuerda la página antiwar.com. El caso, como se anticipó en la parte introductoria, es que no se dio ningún seguimiento ni por parte de Estados Unidos ni por parte de México. Ningún narcotraficante fue detenido mediante esta operación, pero las armas fueron a parar a manos del narcotráfico.

EL ESTADO MEXICANO NO CUMPLE CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALESEl rotativo El Financiero informa sobre la opi-nión de organismos internacionales de dere-chos humanos al respecto. “Los organismos internacionales defensores de derechos hu-manos debemos mantener una relación más severa y un diálogo más estricto con las autori-dades mexicanas que no han dado una debida respuesta a las denuncias por la desaparición forzada de 26 mil personas, sostuvo Javier Her-nández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos se pronuncia en términos parecidos: “El informe que el Gobierno de México presentó hace apenas unos cuantos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Or-ganización de Naciones Unidas deja mucho que desear, pues las investigaciones realizadas hasta ahora no han detenido y procesado a los responsables ni tampoco se han esclarecido tantos casos de denuncias por desaparición forzada de personas. En el periódico La Jorna-da del 30 de agosto de 2014 se señala que “el

Estado mexicano debería reconocer la compe-tencia del Comité contra la Desaparición For-zada de la ONU, tal como le fue recomendado por el Grupo de Trabajo sobre las Desaparicio-nes Forzadas o Involuntarias y el Consejo de Derechos Humanos en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal.De igual forma se hizo un llamado al Poder Legislativo para que emita una norma gene-ral e integral en materia de desaparición de personas acorde con los compromisos inter-nacionales adoptados por el Estado mexi-

cano, que retome y fortalezca las diversas iniciativas presentadas, incluida la del presi-dente de la República.Para concluir no se puede dejar de señalar cómo los monopolios de la información se han dedi-cado a publicar en letra mayúscula las supues-tas violaciones a los derechos humanos de parte del Gobierno Bolivariano de Venezuela, gobier-no nacionalista y antiimperialista y, en letras chiquitas, publican los crímenes de lesa huma-nidad de parte del Gobierno mexicano, uno de los aliados estratégicos de Estado Unidos.