La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico fue

formulada bajo un conjunto de conceptos, valores y

orientaciones para la utilidad en cuanto a la elaboración

de su diseño, implantación, desarrollo y consolidación

con la intención de crear una herramienta que permita

mejorar e innovar en la gestión pública iberoamericana.

La referida carta le da a los ciudadanos la garantía en

el cumplimiento de sus derechos y la posibilidad a los

ciudadanos en general considerándolos ya sean personas

naturales o jurídicas y que requieran sostener una

relación con la administración pública dentro y fuera

del país siempre y cuando cumplan con los derechos para

tal efecto, permitir conocer con facilidad a nivel

electrónico lo que hacen tales administradores, hacerlos

más transparentes a través del control para combatir la

corrupción, eliminar barreras de tiempo y espacio que

impiden y cohíben al ciudadano de acceder a las cosas

públicas, promover la igualdad e inclusión de

oportunidades todo esto atendiendo a la construcción de

una sociedad orientada a la disponibilidad de información

y conocimiento con miras al desarrollo, incluyente y

centrada en las personas. Es importante la inducción que

en esta carta se hace a los sectores privados y

comunidades para que creen y mantengan espacios públicos

que cuenten con medios electrónicos de libre acceso para

permitir el acceso a todas las personas para cumplir así

con el principio de accesibilidad al que la mencionada

carta se refiere. Cada Estado será el encargado de

determinas su solución tecnológica de manera que se sea

de provecho tomando en consideración las condiciones de

su país. De igual forma cada Estado determinara el rol

que corresponderá a la participación del sector privado

ya sea como reguladores o prestadores del servicio

tomando en cuenta que al Estado le corresponde asegurar

el mantenimiento de obligaciones de servicios públicos y

en general incluso en presencia de competencia. Es

importante eliminar las brechas digitales y todas las

barreras que pueden existir que perturben el acceso a los

servicios electrónicos al igual que llegar a los lugares

populares y culturizar sobre el gobierno electrónico.