ALICIA FRAERMANESPAÑA

Son pocos los casos en que elperiodismo de investigación se

dedica con tanta energía ytanta persisitencia a la

corrupción como en España,Las bien documentadasdenuncias se acumulandiariamente en el ámbitonacional y en las regionesautónomas. Los periodistas

ganan premios por su trabajoy arriesgan sanciones por

pane de los que ostentan elpoder o de los involucrados en

la oposición. Aunque seadifícil cuantificar su impacto,

la prensa cumple un papelimportante como incentivo a

las reformas y lamodernización. Su conductaprovoca las reacciones del

Estado que intenta legislar lamordaza codificando el delito

de difamación en formascuestionadas por juristas de

todas las orientacionespolíticas. El contrapoder estáamenazado y los periodistas se

unen en su defensa.

Enfrenta/vientos y desequilibrios

rnríiEL CONTRAPODERDE LA PRENSA

•na larga luna de mielentre los periodistas y lospolíticos españoles, quecomenzó con la muertedel dictador FranciscoFranco en 1975 se trans-

formó en los últimos años en un agitadodivorcio con separación de cuerpos y

ALICIA FRAERMAN, es periodista del Serviciode Información sobre Comunicaciones yMedios, COMUNICA, producido en Madrid,España.

bienes, como consecuencia deltratamiento que los informadores vienendando a los múltiples casos de corrup-ción, en las distintas esferas del poder, yque afectan tanto al gobierno como a laoposición.

El periodismo abandonó una etapade complicidad con los políticos y lejosde configurarse como un cuarto poder,pasó a constituirse en un temido y ver-dadero contrapoder, hasta el punto deque el gobierno ha propuesto al

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rParlamento la modificación del CódigoPenal, para introducir la figura del delitode difamación orientada a castigar aperiodistas díscolos.

Esa propuesta, que ha sido descalifi-cada por la casi unanimidad de la profe-sión por considerarla un atentado a lalibertad de expresión, tiene origen en lazozobra en que vive el gobierno de Fe-¡pe González desde que los medios sehan hecho eco de denuncias o haninvestigado varias irregularidades en lasque estaban involucrados dirigentes de¡sopartido o gente allegada a ellos.

Después de la muerte de Franco,hace 18 años, los políticos y la prensavivieron en una "complicidad democráti-ca" en la que se llegaron a confundir loslímites entre la profesionalidad y elamiguismo, en el afán compartido deallanar obstáculos en la transición haciaun régimen constitucional.

Sin embargo, una vez consoVidada \democracia y años después de que lossocialistas accedieran al gobierno, eseidilio se rompió y los medios de comuni-cación se han ido desligando de aquelcompromiso transformándose en lapesadilla de los poderes del Estado, dela oposición y de algunas grandesempresas, al sacar a luz múltiples casosde corrupción.

En los últimos meses han sido trata-dos ampliamente por los medios decomunicación españoles y en algunoscasos mediante investigaciones propias,los casos Juan Guerra, Naseiro, Filesa,Ibercorp, Casinos de Cataluña, el pedidode destitución del Fiscal General delEstado por la asamblea de la Asociaciónde Fiscales, la destitución de dos direc-tivos del Boletín Oficial por corrupción yla investigación en el parlamento deAndalucía por el cobro de comisiones ile-gales. Además, se han ocupado de losprocesos a Guardias Civiles (policía mili-tarizada) por casos de corrupción y ladetención del número dos de la comisiónantidroga de ese cuerpo por pagar aconfidentes con droga proveniente dedistintos alijos, como de procesos a pe-riodistas y policías acusados de cone-xión con el tráfico de drogas. Todosestos hechos, de una u otra manera,fueron destapados por la prensa.

Buscando la mordaza legal

La sola enumeración de estos casosque afectan al gobierno y a la oposición

La redacción de esenuevo delito dedifamación es

extremadamente peligrosa ysin duda va a sembrar, omultiplicar los temores deperiodistas y medios".Pedro Calvo Hernando

CORRUPCIÓN Y MEDIOS

conservadora ahorran comentarios, haseñalado el veterano periodista PedroAltares, próximo al partido de gobiernoPSOE, quien se plantea: "¿Cuántoscasos más necesitará el presidenteGonzález para considerar justificada laalarma social por la corrupción enEspaña?", en alusión a unas palabrasdel jefe del Ejecutivo, quien manifestóque no existe una corrupción generaliza-da sino sólo "una alarma social".

Otro periodista, Luis Herrero, escribióen el diario El Mundo, que "el periodista,convencido de que la prensa tiene quemantenerse fiel a su misión estricta,padece un acceso de rabiosa melan-colía: los reporteros investigan y denun-cian la corrupción, pero las institucionesse niegan a depurar las responsabili-

dades".Pero Alfonso Guerra, Vicesecretario

General del Partido Socialista, quien

deb'ró renunciar a \ vicepresidencia del

gobierno cuando arreciaba una campaña

en su contra a propósito de unos juiciospor corrupción a los que se sometió a suhermano Juan, cree decididamente quehay una campaña de la derecha, la pren-sa y determinados grupos financieros encontra de su partido, que se proponedesprestigiar a los socialistas mediantela mentira y la difamación.

Por el contrario, Joaquín Leguina,también dirigente socialista y Presidentede la Comunidad Autónoma de Madrid,dijo no creer en una conspiraciónorquestada, aunque mostró su preocu-pación por "cierta militancia de algunosmedios de comunicación y ciertaobsesión por identificar al poder (socia-lista) con el franquismo".

Juristas de prestigio consideran queel delito de difamación que el gobiernoquiere incorporar al Código Penal, esinconstitucional e innecesario, incluso enlas versiones más suavizadas que se lle-garon a estudiar.

Para la abogada Cristina Peña se"atentaría directamente contra el artículo20 de la Constitución, que reconoce yrecoge el derecho a comunicar y recibirlibremente información veraz". Por otraparte, "recoger en el Código un delito deinjurias que no tiene como eximente laverdad, también atentaría contra laConstitución". En su opinión, establecerpara estos delitos unas penas de arrestolos fines de semana a cumplir por el pe-riodista o por el editor, "supone dejar

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libre al arbitrio del denunciante y del juezla persona que en un momento dado tesinterese más arrestar. Se daría laparadoja que editores que no sonautores de la información enjuiciadaacabasen en arresto domiciliario".

Por otra parte, el catedrático deDerecho Penal, Enrique Gimbernat, con-sidera que es innecesario modificar lalegislación de los delitos contra el honor,ya que están suficientemente cubiertos yprotegidos "a no ser que se quiera entraren un terreno de inseguridad jurídica. Enestos momentos, añadió, el periodistasabe perfectamente cuál es su marco deactuación, sabe dónde están suslímites".

La prensa contra la guerra sucia

Uno de los primeros y más impor-tantes trabajos de investigación periodís-tica llevó a la liquidación de los GruposAntiterroristas de Liberación (GAL), crea-dos para hacer una guerra sucia contrala organización separatista vasca ETA yque si bien no fueron inspirados por elMinisterio del Interior tampoco fueronperseguidos por éste, en tanto que fun-cionarios suyos de alto rango se vieroninvolucrados.

Los resultados de la investigación,realizada por dos jóvenes periodistas deDiario 16, Melchor Míralles y RicardoArques, fueron calificados por autori-dades judiciales españolas y francesascomo de "capital importancia" para pro-seguir las investigaciones y condenar alos acusados.

Los dos periodistas descubrieron undepósito secreto con la documentación yelementos utilizados por los GAL, ele-mentos que constituyeron un hilo con-ductor para avanzar en la investigaciónjudicial y condenar a los culpables.

La investigación de Miralles yArques, a partir de la cual trabajó el juezBaltazar Garzón, permitió no sólo identi-ficar a los hombres claves de la organi-zación que dirigían el Comisario de laPolicía española, José Amedo, y sulugarteniente, el inspector Michel Domín-guez Martínez, demostrando su culpabili-dad y enviándolos a la cárcel, sino quelogró aclarar uno de los casos másoscuros que ha fabricado la violencia enel país vasco.

Por esta investigación ambos pe-riodistas recibieron en 1988 uno de losgalardones más prestigiados de España,

el Premio a la mejor labor en prensaescrita, otorgado por el Club Inter-nacional de Prensa, una institución quenuclea a corresponsales extranjeros yperiodistas españoles.

Otro premio importante, el Ortega yGasset, instituido por la empresa Prisa,editora del diario El País, fue concedidoen varias oportunidades a periodistasque investigaron y denunciaron casosde corrupción: en 1985 a JoaquínGarcía Cruz y José Luis Salanova, de LaVerdad, de Murcia, un periódico local,por sus revelaciones sobre un intento desoborno, que forzaron la dimisión delpresidente del gobierno de esa comu-nidad autónoma; en 1986, a JordiBordas y Eduardo Martín de Pozuelo, de

La Vanguardia, de Barcelona, por suinvestigación sobre el tráfico de heroín¡y la penetración de la mafia en Espen 1987 a José Díaz Herrera, Rafael Cidy Miguel Ángel Liso, de CambíoW, porsus reportajes sobre la mafia policial y elcaso de El Nani, un joven delincuentehecho "desaparecer" por la policía, y en1990 a Elisa Lois Bastida, Alfonso Freiré ]Benito, Benite Leiro Conde y JoséAntonio Pérez Docampo, de El CorreoGallego, por una serie de reportajessobre el contrabando de tabaco, alcoholy drogas en la ría de Arosa.

La prensa acusada de corrupción

Pero este frente periodístico, que hacerrado filas y respondido duramente al

¿Por qué doblan las campanas?

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CORRUPCIÓN Y MEDIOS

|| 4 pesar del nuevo* delito de

.difamación al quenos tenemos que oponer, lalibertad de expresión está ennuestro país sana, sanísima".Juan Tomás Salas, Grupo 16

proyecto mutilador de la libertad deexpresión, dista mucho de ser homogé-neo, y a pesar de que investiga y denun-cia, se enfrenta entre sí dándose casosen que los denunciados por unos suelenser defendidos por otros, publicandoconversaciones de periodistas captadasen escuchas telefónicas ilegales.

El que fue fundador y primer Directorde El País, Juan Luis Cebrián, manifestó,ante la 48 Asamblea de la SIP, que laprofesión en España se enfrenta a ungrave problema de corrupción, que seconcreta en una "red o sindicato" de pro-fesionales que se sirven de los mediosdonde trabajan para su propio enrique-cimiento. Según Cebrián, esa "red" cuen-ta con portavoces de gran prestigio en laprofesión periodística, pertenecientes ala derecha ultraconservadora que "sepasan el día hablando de la libertad deexpresión para confundir a la sociedad".En su opinión, el gobierno piensa en estereducido pero significativo grupo de pro-fesionales para establecer más restric-ciones jurídicas a la libertad deinformación. Aunque Cebrián no dionombres, otros medios afirmaron que sehabía referido al director del conservadordiario ABC, Luis María Ansón, y su her-mano Rafael, también periodista.

En la misma sesión, Juan Tomás deSalas, presidente del Grupo 16, se refirióa la "plenitud" de la libertad de prensaque existe hoy en España. "A pesar delnuevo delito de difamación al que nostenemos que oponer -dijo- la libertad deexpresión está en nuestro país sana,sanísima". Ansón, por su parte, impusoen su diario que toda mención a El Paíssea reemplazada por la de "el diariogubernamental", acusando a aquél decontubernio con el gobierno, algo quetambién sostiene el director de ElMundo, Pedro J. Ramírez.

Reacciones al intento de legislar eldelito de difamación

Ante estos ataques, la profesión pe-riodística reaccionó en dos sentidos. Porun lado, el Colegio de Periodistas deCataluña adoptó un Código Etico en sucongreso celebrado en noviembre, queestablece una serie de normas y salva-guardias morales.

La otra reacción ha sido encabezadapor la Asociación de la Prensa deMadrid, la más fuerte de todas las deEspaña, a cuyo amparo se creó una

Comisión Profesional que en pocos díasreunió casi tres mil firmas de periodistasmadrileños que se oponen a la reformadel Código.

La opinión de estos periodistaspuede sintetizarse en las palabras dePedro Calvo Hernando, uno de los quevivieron la complicidad con los socialis-tas: "La redacción de ese nuevo delito dedifamación es extremadamente peligrosay sin duda va a sembrar, o multiplicar lostemores de periodistas y medios. Elpoder socialista falló estrepitosamenteen las relaciones con los medios y, des-de luego, con los profesionales, cual-quiera que sea el tanto de culpa queestos tengan en el fracaso. Y ahora sedescuelga con este impresentable inten-to legislativo, que solamente conseguiráarruinar del todo los últimos vestigios decomunicación de mutua estima quequedan entre las dos partes".

La prensa atrapa sus presasOtro de los casos más escandalosos

involucró al Gobernador del Banco deEspaña (banca central, emisora de lapeseta), Mariano Rubio e hizo fracasarsu reelección en el cargo al concluir susegundo mandato. Fue el Caso Ibercorp,descubierto e investigado por los perio-distas Jesús Cacho y Casimiro GarcíaAbadillo, del diario El Mundo.

Al sacar a luz la trama financiera deIbercorp, en la que estaban involucradosRubio, su esposa, el ex-Ministro deEconomía, Miguel Boyer, su esposa yotro grupo de gente próxima al gobiernoy a la "beautiful people" (gente linda),ambos periodistas demostraron cómo sehabían beneficiado todas estas personasal obtener información confidencialemanada del Banco de España.

Rubio, a pesar de contar con elrespaldo del gobierno y de un sector dela prensa que lo ayudó recogiendo conamplitud sus declaraciones, no pudosoportar la presión de las informacionesque mostraban las irregularidadescometidas y debió renunciar a la reelec-ción para el cargo.

A pesar de todo esto, el Presidentedel Consejo General del Poder Judicial ydel Tribunal Supremo, Pascual Salas,dice que "Los casos son muy pocos.Niego que la corrupción sea generaliza-da, lo que ocurre es que en un sistemade libertades los casos de corrupciónafloran siempre, todos". ®

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