Número 101 de abril de 2012

Notas del mes

La Huelga General del 29-M: un nuevo escenario social

Por La redacción de mientras tanto

Cuaderno de depresión: 8

Por Albert Recio Andreu

Mitos y mentiras sobre los sindicatos

Por Joaquim Juan Albalate

Una reforma del mercado laboral para situar a España en la

periferia de Europa

Por Ramon Alós y Pere Jódar

Invierno seco

Por El Lobo Feroz

La burbuja de las armas

Por Pere Ortega

El precio de la energía y la política energética

Por Juan-Ramón Capella

Eléctricas: ¿déficit de tarifa o déficit de vergüenza?

Por Joaquim Sempere

Petróleo por las nubes y tasas climáticas: la aviación turística,

en caída libre

Por Joan Buades

8 de marzo, convalidación de la Reforma Laboral y los

derechos de la mujer trabajadora

Por Vidal Aragonés

Robar el futuro

Por Agustín Moreno

Miedo a morir

Por Juan-Ramón Capella

Ensayo

Origen y recorrido del movimiento 15-M español

Armando Fernández Steinko

Reclusión residencial: casos ejemplares

Apolonia Manchón Restoy y Eduardo García Manzano

La Biblioteca de Babel

El lector de Julio Verne

Almudena Grandes

1

Desiguales

Lina Gálvez Muñoz y Juan Torres López

Confronting Equality

Raewyn Connell

En la pantalla

Nuestro veneno cotidiano

Marie-Monique Robin

Las comunicaciones internas de la policía durante el operativo

en la plaza de Catalunya el 27-M

El extremista discreto

Aforismos sectarios

Fuertebrazo

De otras fuentes

La huelga para el que (se la) trabaja

Isaac Rosa

El suelo de Tokio, gravemente contaminado por la radiación de

Fukushima

Washington's Blog

La corrupción de CiU que rebrota salpica también a Artur Mas

y Oriol Pujol

Sirius.cat

Vídeo-carta abierta al presidente de Cataluña, Artur Mas

Revista cafeambllet

Documentos

La austeridad (1977)

Enrico Berlinguer

Foro de webs

Plataforma Eurovegas No / Aturem Eurovegas

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Hendu

Biratán

2

La Huelga General del 29-M: un nuevo escenario social

La redacción de mientras tanto

Medir el éxito o el fracaso de una huelga general es siempre un ejercicio

complejo si se reduce a su evaluación cuantitativa. Y la evaluación cambia si

se tienen en cuenta el contexto y la forma en que se ha producido. La

evaluación cuantitativa es difícil porque no suele haber forma de contar quién

se ha adherido a la huelga, quién ha trabajado por imposición de servicios

mínimos o por coacción directa del empresariado (los sindicatos han recibido

un alud de denuncias anónimas de este tipo de presiones), quién no ha

trabajado finalmente por la acción colectiva y quién ha acudido el empleo de

forma vergonzante apelando a cualquier justificación individual. La única

posibilidad de paralización total de un país es la que generaría un lock-out

patronal, apoyado por el gobierno. Las huelgas generales de verdad son

siempre movilizaciones a medias, que permiten dar cuenta del grado de

malestar, de movilización, de apoyo que la propuesta alcanza entre las clases

trabajadoras.

Si, en cambio, se atiende a los condicionantes y al proceso, resulta claro que

esta huelga ha sido un éxito rotundo. No sólo porque el paro ha tenido un

amplio seguimiento en los sectores que tradicionalmente se movilizan

(industria, transporte público, etc.), sino también porque ha tenido un eco

importante en la Administración pública, un sector tradicionalmente poco

movilizado en anteriores huelgas generales. El colectivo Economistas Frente a

la Crisis (www.economistasfrentealacrisis.com) ha evaluado en un 87,7% la

caída del consumo eléctrico en las actividades económicas, por el método de

comparar el consumo de un día laboral normal con el de un día festivo normal.

Aunque se trata solo de un indicador, la cifra es bastante elocuente de lo que

muchas personas percibían: que la movilización era importante. Los mismos

medios de comunicación que hablan de éxito moderado alegan que la

apertura generalizada del comercio es lo que permite rebajar el impacto. Pero

es de sobra conocido que en el comercio coexisten empresas familiares,

centros de trabajo de pequeñas dimensiones y grandes empresas que

practican sistemáticamente una feroz actividad antisindical. Empresas que,

como El Corte Inglés o Caprabo, suman una buena serie de condenas por

violaciones de derechos laborales y colectivos, y que plantean el boicot a la

huelga como un objetivo irreductible. Sí, en cambio, que pudimos percibir el

cierre voluntario de pequeños comercios, incluso en algunos barrios con

escasa presencia de piquetes, lo que podría indicar una voluntad de quedar

bien con la clientela (y con la percepción de que las políticas que generan

paro, rebajan salarios y promueven la expansión de las grandes cadenas,

afectan también a su supervivencia).

3

Ésta ha sido una huelga convocada con escaso margen de tiempo para

“calentar motores”, que ha padecido una nueva edición de acoso a los

sindicatos en la prensa reaccionaria y un auténtico apagón informativo en los

medios “liberales”. Que ha tenido que hacer frente al machacón argumento

de su inutilidad, a la presión política y simbólica de las autoridades europeas,

al insistente discurso del “no hay alternativa”, de la necesidad de asumir el

ajuste con buen humor... Y a pesar de todo ello, y de los recelos que los

sindicatos mayoritarios generan en una parte no despreciable de la

ciudadanía activa, la movilización ha sido impresionante.

Lo que le ha dado el tono definitivo han sido las masivas manifestaciones de

la tarde, no sólo en Madrid y Barcelona, sino en muchas otras ciudades

menores donde el éxito de convocatoria ha sido notable. Cualquiera que tenga

memoria de otras huelgas recordará que la manifestación de la tarde era sólo

el encuentro de los activistas más resistentes, mientras que en esta ocasión la

manifestación ha servido para cerrar la boca a todos los que pretendían dar la

huelga por fracasada. No ha sido una casualidad. Las personas activas a lo

largo de toda la jornada ya contaban que las acciones de la mañana, los

piquetes informativos de barrio y las concentraciones locales ya habían

superado los niveles de otras veces, ya habían reunido a mucha gente. Las

manifestaciones de la tarde del 29 de marzo de 2012 muestran la continuidad

de un proceso movilizador que arrancó en mayo del año pasado y que, con

convocantes diversos (unas veces el 15M y otras los sindicatos y

organizaciones sociales tradicionales), han sacado una y otra vez a la calle a

cientos de miles de personas. Si por un lado hemos pasado de la crisis

financiera a la depresión generalizada y al asalto a los derechos sociales, por

otro se ha producido un cambio desde la expectación a la movilización activa.

* * *

El cambio se ha producido por la acumulación de factores. Del lado de las

organizaciones tradicionales, especialmente de los sindicatos, la creciente

conciencia de que las políticas neoliberales adoptadas por los diversos

gobiernos constituyen un ataque en toda regla a los derechos laborales y

sociales, a las condiciones de vida de sus representados y a su propio papel

organizativo e institucional. El cinismo con el que la patronal firmó un pacto

sobre el empleo pocos días antes de la aprobación de una reforma laboral que

lo dejaba totalmente inactivo, merecería por sí mismo una respuesta

contundente. A los sindicatos la reforma les cierra muchas puertas, es en sí

misma una declaración de guerra a la acción sindical y una amenaza al resto

de los derechos laborales aún vigentes. Puede criticarse la actuación sindical

como excesivamente zigzagueante, contradictoria, pero de lo que no cabe

duda es de que en los últimos meses han estado promovido una serie de

movilizaciones (contra la reforma de la Constitución, los recortes, el empleo

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público) e iniciativas (como en Cataluña las “Taules contra les retallades” o los

encierros en las escuelas) que han elevado la presencia pública y la acción

colectiva. A ello hay que sumar, y no es poco, que a la convocatoria de la

huelga se han sumado todos los sindicatos minoritarios, lo que ha permitido

plantear el día de huelga como una respuesta auténticamente de clase.

Por otro lado, la irrupción del 15M —con todas sus contradicciones, sus

discursos ambiguos en algunos casos, pero con un notable nivel de activismo

social— ha constituido un importante soplo de energía, de renovación y de

politización en sectores desencantados o ajenos a la acción colectiva. Sus

movilizaciones han tenido notables momentos de éxito, y la persistencia de

grupos locales ha permitido generar una nueva red organizativa que a veces

compite y a veces coopera con los viejos tejidos organizativos. En Barcelona,

donde tenemos nuestro particular observatorio social, ha sido esta red la

principal impulsora de los piquetes de huelga en los barrios, aunque en

muchos de ellos han contado con la participación de activistas vecinales

tradicionales y en unos pocos (allí donde ya existe una vieja tradición de

activismo organizado) se han incorporado a comités unitarios más amplios. En

conjunto su acción ha sumado, por más que persistan muchos resquemores

entre estos sectores y el movimiento sindical tradicional.

Más allá de estos activismos paralelos, hay un proceso social que favorece la

movilización masiva y la heterogeneidad social que se percibe en las grandes

movilizaciones. Hasta hace bien poco, la segmentación social que divide a la

población asalariada se reflejaba en una fuerte diferenciación de

comportamientos ante las grandes convocatorias. La mayor parte de las

huelgas generales anteriores eran, fundamentalmente, huelgas de los

trabajadores manuales, huelgas “obreras”, con poca participación de

empleados públicos y empleados de cuello blanco. Los ataques a las

condiciones laborales de los empleados públicos y los recortes en sanidad y

enseñanza están contribuyendo a generar otra percepción social, así como la

brutal destrucción de las expectativas laborales de la juventud educada y la

extensión de los empleos precarios. Las políticas neoliberales están golpeando

a mucha más gente, están mostrando de forma más descarnada la diferencia

radical entre capital y trabajo, y están destruyendo parte de las estructuras

que sostenían a las clases medias asalariadas. Aún de forma incipiente, la

brutalidad de la crisis abre las puertas a una reconstrucción del sujeto

colectivo, de la autorrepresentación de la clase obrera como un grupo social

diferenciado. Es sin duda un proceso en ciernes (por ejemplo, destaca la

mucha mayor presencia de los enseñantes respecto al personal sanitario en

las movilizaciones más recientes) y contradictorio, pero que debe

considerarse en serio a la hora de elaborar propuestas, movilizaciones,

discurso social.

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* * *

La suerte de este proceso depende de la inteligencia y la capacidad de sus

actores principales para desarrollar un nuevo proceso social. A corto y medio

plazo, la cuestión fundamental es cómo proseguir con la movilización. Parece

claro que las élites en el poder, en todos los niveles, están dispuestas a

sostener con intransigencia sus planteamientos. Y que no van a ceder con

unas pocas manifestaciones masivas (en este sentido, Grecia muestra el

camino). Cuentan con que el agotamiento y el desánimo conduzcan a la

rendición final de la población. Por eso es tan crucial saber elegir un camino

de movilización que sea capaz de resistir el desgaste pero que mantenga la

tensión. No hay una solución fácil a este dilema. Y es posible que florezcan las

respuestas centrífugas, separadoras.

La insistente demanda de negociación por parte de los sindicatos parece más

dirigida a neutralizar a las bases sociales de la gente de orden que a dar ideas

precisas a las suyas propias. Resultan un tanto incomprensibles cuando es

evidente que el antagonista no tiene, a corto plazo, ganas de negociar nada

serio. Generan resquemor en los aliados más alejados y no clarifican

socialmente lo que en este momento parece crucial: explicar bien al conjunto

de la sociedad cuáles son las líneas que ninguna sociedad decente puede

franquear, explicar muy bien cuáles son las contradicciones, las injusticias, las

sinrazones de las políticas actuales, explicar bien las propuestas básicas de

regulación que hay que conseguir imponer. Sólo generando en las propias

bases y propuestas claras podrán los sindicatos ampliar su legitimidad en

sectores sociales que deben ser sus aliados naturales, especialmente en una

coyuntura en que la negociación a puerta cerrada parece más bien a una vía

abierta a la concesión sin contrapartidas.

Pero, asimismo, el éxito de la huelga no puede hacernos pensar que la vía de

la movilización permanente es una vía posible. La huelga general es una

acción costosa, difícil. Es optar siempre por la ofensiva general. Los activistas

más decididos corren siempre el peligro de ignorar estos costes, de olvidar el

desgaste que afecta a la gente que no comparte por entero sus

planteamientos. Y que la propia clase trabajadora está ante un nivel tal de

indefensión (paro, endeudamiento, precariedad...) que limita sus fuerzas.

Sería bueno que todas las partes reconocieran, cuando menos, un marco

común de problemas y se centraran en elaborar propuestas para llevar a cabo

una campaña de movilización sostenida y sostenible, que avanzaran en

generar propuestas comunes y que abrieran espacios de confianza y de

unidad. Ésta es una tarea urgente y necesaria para todas aquellas personas

que lideran, promueven y alientan organizaciones y campañas, que siguen

pensando que es necesario oponerse a la barbarie actual. Empezando por los

principales líderes sindicales y siguiendo por toda la larga serie de activistas

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de los diversos movimientos sociales.

* * *

El único punto negro que ha podido explotar la derecha es el de las acciones

violentas que han tenido lugar sobre todo en Barcelona. De una violencia más

simbólica que real, pero totalmente gratuita e injustificada. Quemar

contenedores de basura no tiene ni siquiera el simbolismo que podía tener la

quema de coches ni el ataque a tiendas de lujo de otros tiempos; es

simplemente pensar que el enfrentamiento en sí mismo tiene algún

significado. Ni tiene que ver con los piquetes de huelga que actúan como

fuerza colectiva para extenderla y hacerla visible. Por desgracia, estos

grupúsculos aparecen a menudo en las grandes acciones y juegan un papel

distorsionador de la movilización social. Permiten crear una cortina de humo

que no sólo oculta la violencia patronal, la coacción individual que han

padecido miles de trabajadores para no ir a la huelga, sino también los

excesos de las propias fuerzas de orden público. Y es que, ciertamente,

muchos manifestantes pacíficos del 29-M se indignaban al ver el humo de los

contenedores. Pero también muchos padecieron el uso de porras metálicas,

pelotas de goma y gases lacrimógenos que utilizaron unos Mossos

d’Esquadra que, una vez más, demostraron su incompetencia en este tipo de

situaciones. Y muchos aún nos preguntamos cómo es posible que, si estos

grupos están tan identificados como pregona el conseller de Interior, señor

Puig, la policía es incapaz de realizar una acción preventiva eficaz. O es que, a

lo mejor, entre la incompetencia y la provocación circula alguna de esas

cloacas del Estado que tan eficaz resulta para mantener a raya a las clases

trabajadoras. En las semanas anteriores pudo percibirse, sobre todo en

algunas facultades, la aparición de propuestas sin firma que promovían la

violencia, cuyas características invitan a pensar que entre los organizadores

pueden facilmente convivir jóvenes inexpertos con provocadores organizados

desde espacios de poder. En todo caso, el agravamiento de la situación social

da alas a nuevas respuestas violentas (facilitando también la intoxicación de

agitadores pagados para desprestigiar las movilizaciones) y obliga, también

en este campo, a pensar en alternativas que impidan que lo vistoso sirva para

tapar lo necesario.

* * *

Esta huelga ha sido un éxito. Y deberíamos empezar por felicitar a toda la

gente que ha trabajado para que así fuera. Que ha demostrado que la

diferencia y la unidad podían convivir. Que las políticas neoliberales merecen

el rechazo masivo. Que somos millones de personas las que queremos un

orden social más justo. Y este éxito nos emplaza a no desfallecer, a seguir

peleando por generar un amplio movimiento de respuesta, a fortalecer la

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unidad frente a la minoría social que sigue concibiendo el mundo como una

finca particular y a las personas que la habitamos como esclavos de sus

intereses. Sindicalistas y activistas diversos hemos trabajado codo con codo

para que ello sucediera. Lo debemos considerar como un estímulo para dar

nuevos pasos, para generar sinergias, para encontrar nuevos caminos de

cambio social.

30/3/2012

8

Cuaderno de depresión: 8

Albert Recio Andreu

Presupuesto de 2012: un cuento para no dormir

I

No podía esperarse otra cosa de este gobierno y en este contexto. El

presupuesto de 2012 constituye un plan de ajuste en toda regla: reduce

drásticamente el gasto público y contiene un claro sesgo reaccionario en la

composición del mismo. El efecto final será más grave por cuanto al recorte

del presupuesto estatal hay que sumar el que aplicarán las Comunidades

Autónomas y las corporaciones locales. Dado que éstas concentran una parte

importante de los gastos sociales —sanidad, educación, servicios sociales—,

cabe esperar que el impacto social final sea mucho más radical.

A la hora de juzgar esta política conviene diferenciar dos planos: el

macroeconómico —su impacto sobre el conjunto de la actividad económica—

y el de su composición —sus efectos particulares sobre grupos sociales,

actividades, etc.—.

En el primer plano, el macro, el diagnóstico parece sencillo. A corto plazo, los

recortes presupuestarios van a deprimir aún más la vida económica y el

empleo. De hecho, puede ya constatarse que en los últimos trimestres los

recortes de las actividades públicas han afectado al empleo en sectores

relacionados con el sector público y que su efecto multiplicador se extiende al

conjunto de la economía. Es incluso dudoso que el presupuesto pueda

conseguir lo que se presenta como su única justificación —la reducción del

déficit público—, puesto que la caída de la actividad genera dudas sobre la

capacidad recaudatoria real en los próximos meses. Además, puede agravar

los problemas de endeudamiento privado.

Esto lo saben los promotores de la política actual, pero su dogmatismo y su

confianza ciega les lleva a pensar que la disminución de los salarios, la

reducción de la actividad pública y la orientación pro empresarial del gobierno

generarán por sí solas tal dinamismo privado que “a largo plazo” la economía

retomará su irrefrenable tendencia a la expansión. Basta que seamos dóciles,

obedientes y austeros, y el capital nos recompensará con un futuro brillante

de creación de empleo y prosperidad. Más o menos una versión sofisticada del

cuento de la lechera que elude explicar cómo soportaremos el tránsito, cómo

podremos aguantar con cifras insoportables de paro, con ausencia de

verdaderas políticas de reorientación productiva, de apoyo de rentas básicas.

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Los presupuestos los elaboran contables que siguen las órdenes de generales

que hace tiempo que han perdido la hoja de ruta, y a quienes no les tiembla el

pulso a la hora de exigir sacrificios a los demás porque ellos no los padecen

(por ejemplo, los directivos de las empresas que cotizan en el Ibex, que, pese

a ver reducidas ostensiblemente sus ganancias, del orden del 30%, han visto

recompensados sus esfuerzos con un modesto aumento del 1,5% de sus

ingresos), sin poder explicar las características, la duración y los efectos de

dichos sacrificios. De tanto decirnos que hemos vivido por encima de nuestras

posibilidades, están trabajando para que estemos mucho peor de lo que nos

merecemos.

II

Si el impacto global es más que discutible, el análisis pormenorizado induce al

terror. Los únicos ministerios que afrontan recortes moderados son los que

tienen que ver con la actividad represiva del Estado —Interior, Justicia y

Defensa—, prefigurando quizá que una sociedad con más desigualdades e

injusticias sólo se sostiene con medidas autoritarias.

Los recortes muestran una clara orientación antisocial: desaparecen por

completo las partidas de dependencia y el fondo de integración de

inmigrantes, y experimentan recortes significativos las ayudas al acceso a la

vivienda (lo cual contrasta con la reintroducción de la desgravación por

compra en el IRPF), los gastos en cultura, los de cooperación al desarrollo, las

subvenciones a la televisión pública... Y es difícil encontrar políticas orientadas

a promover un cambio de modelo económico, puesto que también padecen

recortes más que significativos las políticas activas de empleo, la promoción

de la investigación, Renfe (quizás el preludio de otra privatización), etc.

Lo que parece tener claro la derecha es su enfoque social. No es extraño que,

al calor de los recortes, las políticas sociales se hinchen a promover el papel

del voluntariado y de la familia como alternativas. Es la vuelta al rancio

modelo de la caridad cristiana y del “sálvese quien pueda”. En cambio, no hay

ningún atisbo de idea acerca de cómo va a reorganizarse la economía de este

país, de qué sectores hay que promover, de qué cambios en las pautas de

consumo hay que incentivar, de cómo reorientar las habilidades laborales de

la gente, de cómo impulsar un desarrollo inclusivo. Es un simple retroceso a

las políticas de toda la vida, las que descargan sobre las familias las tareas de

reproducción social, las que confían en la porra para mantener el orden

público, las que sueñan con que el mercado (un ente tan insustancial como

“Dios” o la “historia”) resolverá los problemas que no es posible resolver de

forma colectiva.

III

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Completa el paquete el ajuste fiscal, pues al ya anunciado aumento del IRPF

se suma ahora, como medida principal, la revisión del Impuesto de

Sociedades. Una necesidad ineludible en un impuesto que teóricamente grava

el 30% de los beneficios empresariales y que, en la práctica, sólo recaudaba

poco más del 10%. Y que el año pasado registró un descenso de la

recaudación que duplicó la disminución de beneficios declarada por las

empresas. La situación era tan escandalosa, y las probabilidades de obtener

buenos resultados tan claras, que no han tenido más remedio que introducir

cambios, aunque por su complejidad es posible que la reforma incluya más de

una trampa en términos de equidad.

Sin embargo, este componente aparentemente progresista de los ingresos

viene acompañado de otros anuncios claramente escandalosos. Por una parte,

el nuevo esquema de tasas judiciales. En España la justicia nunca ha sido

gratuita ni igualitaria. Los pobres saben que ir a los juzgados es cosa de ricos.

Ahora la barrera es más alta y está diseñada para evitar que aquel que se

sienta maltratado en primera instancia se atreva a recurrir. Puede

argumentarse que ello desalienta las prácticas obstruccionistas de

empresarios y poderosos, pero, en vista de la cuantía y el diseño de las tasas,

la barrera afecta especialmente a los litigantes de bajos recursos.

Especialmente significativa es la introducción de tasas en los juzgados

sociales, quizá porque la reforma laboral prefigura una mayor judicialización

de las relaciones laborales y lo que se pretende es desalentar a la gente a que

use esta posibilidad de último recurso. Y es que ya lo explicó Dickens hace

más de 150 años en Casa desolada: el sistema judicial no es recomendable

para la gente común.

Y, como colofón, la nueva amnistía fiscal a los poderosos poseedores de

dinero negro. Una medida que siempre se presenta como una operación de

limpieza a fondo y que, en la práctica, suele ser una mera actuación

cosmética que deja intactas las raíces del fraude fiscal. Máxime en un país

que acaba de desmantelar la cúpula de la inspección tributaria, que ha puesto

en su dirección a una persona, Pilar Valiente, que resultó más que quemada

en el affaire Gescartera, y donde tampoco se plantea una mejora sustancial

de la inspección fiscal. No deja de ser sospechoso que la reforma se plantee

justo en el momento en que la inspección tributaria había puesto de

manifiesto las irregularidades fiscales de poderosas familias como los Botín,

los Carulla o los Cuatrecasas. Ninguna amnistía fiscal anterior ha servido para

rebajar significativamente el fraude fiscal, pero sí que ha permitido a algunos

poderosos lavar responsabilidades hasta nuevo aviso.

IV

Si este cuento acaba mal —y hay bastantes probabilidades de que así sea—,

11

Rajoy y su “troupe” no van a ser los únicos en quedar en evidencia. Al fin y al

cabo, ellos podrán esgrimir que han sido fieles seguidores de las consignas

que les han dado los zares europeos, los políticos y tecnócratas que rigen con

mano de hierro y con falta de sentido común y sensibilidad social los destinos

de Europa. Aunque seguramente, si las cosas se complican, estos líderes

imperiales se laven las manos. La complejidad del mundo real siempre

permite salidas en falso, como culpar de los problemas a una mala aplicación

de la política, a la resistencia de las víctimas locales o a cualquier

perturbación externa imprevista. La preocupación por la situación española

que empieza a manifestar alguno de estos prohombres europeos no es más

que una expresión de cinismo con la que tratan de ocultar su propia

responsabilidad.

Hay algo más preocupante aún, y es que, además de no cejar en su empeño

por aplicar políticas que nos acercan al precipicio y que dejan intactas las

causas básicas de los problemas actuales (la excesiva y criminal

financiarización, los desequilibrios productivos, territoriales y sociales

generados por la globalización, las políticas neoliberales, los problemas que va

generando la crisis ecológica, etc.), exigen cada vez más aplicar medidas de

emergencia para llevarlas a cabo, eliminar las trabas democráticas para

imponerse a corto plazo. Y ello aunque después tengan la desfachatez de

reconocer que reformas estructurales como la laboral sólo generan resultados

a largo plazo (y, por tanto, que su implementación podría haber esperado a un

sosegado debate social, pues sus posibles efectos no servían para cubrir

ninguna emergencia). Se trata de medidas de emergencia que significan

recortes en la participación democrática, como la de imponer gobiernos

tecnocráticos, o la de aprobar reformas de la Constitución sin debate, o la de

llevar a cabo grandes reformas por la vía del decreto ley. O, como es

previsible, aplicar nuevos recortes a las libertades para impedir y coartar la

protesta social. También en esto, un análisis de lo que el nuevo presupuesto

recorta y no recorta resulta premonitorio de que nos enfrentamos a algo más

que una simple apretadura de cinturón. Nos jugamos los derechos

fundamentales.

Autopista de servidumbre

En 1944 Friedrich Hayek publicaba Camino de servidumbre, un libro

fundamental para el pensamiento antisocialista. Su argumento básico era que

la planificación y la propiedad pública eliminaban las bases de la libertad

humana y tendían a convertir a las personas en meros siervos de algún tipo

de Estado totalitario. Éste ha sido desde siempre uno de los iconos

intelectuales del pensamiento neoconsevador y neoliberal. En gran parte, la

contrarrevolución neoliberal tuvo bastante éxito en explotar una idea

reduccionista de libertad humana como base para obtener legitimidad y

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hegemonía cultural.

No voy a entrar aquí a discutir todo el razonamiento de Hayek, pero la

reflexión sobre la actual reforma laboral, y el conocimiento de lo que también

está ocurriendo en muchos países con políticas neoliberales, me han llevado a

repensar el tema. Un análisis de las formas de dominación humana en las

economías precapitalistas permite reconocer una elevada gama de

situaciones en las que un grupo de individuos ha coaccionado al resto, les ha

impuesto sus intereses, los ha obligado a una actividad laboral excesiva, les

ha coartado sus acciones, les ha vulnerado su dignidad. Alguna de estas

formas de dominación han tomado la forma de una relación entre individuos y

Estado, como el trabajo forzado en los imperios orientales o en las colonias del

siglo XIX. En otros, sin embargo, esta relación se ha basado

fundamentalmente en una relación personal, aunque claramente

predeterminada por un marco institucional externo, como es el caso de la

esclavitud (una relación amo-criado), la servidumbre feudal (una especie de

“contrato” entre un señor y un vasallo) o gran parte de las relaciones

patriarcales, siempre mediadas por relaciones familiares (en algunos casos

incluso camufladas por algo que tiene tan buena prensa como el amor). Los

liberales antisocialistas tienden a confundir la servidumbre sólo con las

variantes del primer tipo, pero suelen ser insensibles a las que existen en las

relaciones privadas. Posiblemente porque ello les conduciría a reconocer que

también en las relaciones laborales capitalistas se da una nueva forma de

servidumbre, camuflada bajo un contrato de trabajo estrictamente privado.

El grado de servidumbre en las economías capitalistas reales ha variado con

el tiempo en función de la lucha de clases, de las regulaciones públicas, de las

oportunidades de escapar a una relación indeseable (el pleno empleo es

siempre una oportunidad para relajar la dependencia). Por ello las peores

condiciones laborales, las dependencias más personales, se producen en

aquellos contextos locales en los que un patrono controla todos los resortes

del poder local (basta leer a un novelista conservador como Torrente Ballester

para aprenderlo).

En los últimos años, las contrarreformas laborales aprobadas en muchos

países —especialmente en los anglosajones pero también en otros— bajo el

camuflaje de la flexibilidad, la globalización y la competitividad, han tendido a

reforzar la dependencia personal de muchas personas (en el argot económico,

algunos autores hablan de la aparición de mercados “monopsónicos” u

“oligopsónicos”), con sindicatos debilitados o inexistentes, con leyes que dan

mucha manga ancha a las decisiones empresariales, con empleados

sometidos a un temor permanente al despido, con el uso de técnicas de

chantaje emocional.

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Vista desde esta perspectiva, la contrarreforma laboral en marcha constituye

una clara autopista a la servidumbre, pues, más allá de medidas concretas, lo

que realiza es una donación masiva de poder a los empresarios. Un poder que

reduce los derechos individuales, fracciona la acción colectiva, acalla

mecanismos de voz e impide la actuación de árbitros externos. Al final, reduce

la relación laboral a una dependencia personal en la que únicamente prima la

voluntad del empresario, su mayor o menor condescendencia y buena fe

(siempre ha habido amos mejores y peores). Y ya sabemos por experiencia

que son las personas sometidas a relaciones más personalizadas las que

tienen peores condiciones de trabajo y son más reacias a defender sus

derechos. La nueva ley laboral es una auténtica autopista de servidumbre. Y,

como tal, la debemos reconocer. Porque están en juego varios de los

elementos básicos del viejo programa emancipador: la igualdad, la libertad y

la fraternidad.

El plan de emprendedores

La Generalitat de Catalunya nos regala todos los meses una buena muestra

de imaginación. Si el mes pasado era el descubrimiento de que el futuro de la

economía catalana pasaba por atraer el modelo de Las Vegas, este mes nos

han obsequiado con un plan de emprendedores que, entre otras cosas, prevé

incluir su promoción en los programas docentes de la educación obligatoria.

Como no tienen ideas claras sobre cómo salir de la crisis, ya sólo les queda la

baza de esperar a que, por generación espontánea, surjan unos líderes

económicos que creen empleo y actividad de no se sabe dónde. El tema de la

“emprendeduría” y el liderazgo forma parte desde hace treinta años del

discurso ideológico neoliberal, pensado para reforzar la hegemonía de la clase

empresarial y minusvalorar la aportación del resto de la sociedad al bienestar

general. Y ahora, con la excusa de la crisis, se ha vuelto a poner en

circulación. Y hasta ha servido como coartada para diseñar una de las

modalidades más execrables de contratación laboral, combinando

subvenciones impúdicas con derogación de derechos (el período de prueba de

un año no es otra cosa).

Los que nos venden la idea de que toda la solución pasa por los

emprendedores, olvidan que han sido ellos los que nos han llevado a donde

estamos. ¿O es que no eran emprendedores los cientos de especuladores

inmobiliarios que asolaron el territorio y alimentaron la burbuja inmobiliaria?

¿O es que no lo son los miles de personas que todos los años abren negocios

de escasa viabilidad? Ignoran también que en el mercado real los nuevos

proyectos casi nunca salen por generación espontánea. Personas ambiciosas

las hay en todas las sociedades, pero la maduración de proyectos requiere a

menudo de fundamentos más sólidos. Como la existencia de políticas públicas

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que generen oportunidades de actividad (está bien estudiado que el impulso

básico a la revolución informática, incluida internet, provino del impulso de las

políticas militares estadounidenses). O que muchos innovadores han salido de

empresas maduras y se han limitado a desarrollar nuevas aplicaciones o

soluciones a viejos problemas conocidos. Ahora parece que lo que cuenta es

que descienda el Espíritu Santo e ilumine a una nueva generación de

individuos que desarrollarán alguna actividad ignota.

Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de uno de

estos “gurús” del nuevo liderazgo (un conocido profesor de la prestigiosa

escuela de negocios Esade, aunque algo “tocada” por las andanzas de su real

alumno). Su argumento era que el nuevo liderazgo ya no pasa por tener una

visión sobre qué hacer, sino por promover la reflexión entre los seguidores del

líder. O sea que, traducido al mundo económico, uno se pregunta cómo van a

desarrollarse nuevas actividades si el que las dirige no tiene una mínima idea

de cuáles son. Visto así, parece claro que promover emprendedores es sólo un

subterfugio para seguir subrayando la importancia social de los empresarios,

para seguir diciéndole al resto de la sociedad que debe plegarse a sus

intereses y sus caprichos, que ceda su confianza personal a cambio de nada.

Es indudable que para salir de la situación actual faltan iniciativas. Y que éstas

siempre son sostenidas por personas. Y que cualquier sociedad alternativa

debe seguir promoviendo la creatividad, la reflexión, la dinamización social.

Pero es seguro que el modelo de individuo autista, egotista y socialmente

miope que caracteriza a la figura del empresario capitalista-tipo no sirve para

resolver los problemas de un mundo que requiere sensibilidad ecológica,

igualitarismo social, trabajar con la complejidad de los procesos y cooperación

colectiva. Y que estos individuos difícilmente se desarrollarán sujetos a unas

reglas del juego que potencian la competitividad individual y el narcisismo de

los triunfadores, ni van a aparecer con la mera aplicación de conjuros como es

el de “desarrollar el espíritu emprendedor”.

Los individuos son ciertamente importantes. Pero el reto está en generar un

marco social donde todo el mundo tenga la capacidad de desarrollar sus

capacidades, donde todo el mundo sea respetado y reconocido por sus

aportaciones, donde la cooperación, el diálogo igualitario y la participación

permitan encontrar soluciones que vayan más allá de los proyectos que

permiten enriquecer a unos pocos. Es tiempo para que los movimientos

sociales y las experiencias de economía social permitan desarrollar otro

modelo de iniciativas y participación, un modelo más pleno de libertad y

desarrollo colectivo.

30/3/2012

15

Mitos y mentiras sobre los sindicatos

Joaquim Juan Albalate

Desde hace ya unos años, se viene difundiendo desde los medios de

comunicación que operan en España ciertas afirmaciones que cuestionan la

legitimidad de los derechos que se asignaron a los sindicatos —mediante

diversas leyes, empezando por la Constitución— a finales de los años setenta

y principios de los ochenta. Esta objeción ha empezado a adquirir durante

estos últimos tiempos visos de una auténtica ofensiva de las fuerzas políticas

y económicas de índole neoliberal, tanto a escala nacional como en la Unión

Europea. Determinados partidos políticos y gobiernos conservadores o

liberales españoles y europeos, pero también representantes cualificados de

los poderes económicos y financieros, están protagonizando una intensa y

persuasiva campaña de descrédito contra el rol y las funciones que, desde la

restauración de la democracia, vienen desarrollando los sindicatos.

Esta campaña pretende debilitar a una de las pocas instituciones que aún

subsisten en los países industrializados y que, junto con otras organizaciones

no gubernamentales y movimientos sociales, constituyen, por encima de los

partidos políticos, la más importante instancia colectiva que todavía planta

cara a los intentos de acabar con los derechos sociales y económicos

asociados al Estado del Bienestar, tan dura y costosamente conseguidos en

España a lo largo de los últimos treinta y cinco años. Ante esta situación,

algunos profesores universitarios, investigadores sociales, escritores,

periodistas, artistas, intelectuales y, en particular, sindicalistas, han

reaccionado contra semejante cruzada, recurriendo a diversas formas de

denuncia de dichos ataques.

Concretamente, hace unos meses apareció un artículo en la revista de la

Federación de Educación del sindicato CCOO, publicado en noviembre de

2011, en el que se apuntaban una serie de frases y expresiones, ampliamente

extendidas entre la población y difundidas desde casi todos los medios de

comunicación, de cuyo contenido se deducía un claro intento de degradar la

imagen de los sindicatos, con el beneplácito, más o menos confesado, de las

citadas organizaciones e instituciones. Pues bien, partiendo de esas

expresiones y de las contribuciones aportadas por otras personas al respecto

(V. Navarro, M. García Biel, J. López, J. Rodríguez, C. Barrera, etc.), cabe

realizar los siguientes comentarios a cada uno de tales enunciados:

1. “Los sindicatos tienen cada vez menos soporte laboral y social”

El soporte que reciben los sindicatos tiene, al menos, dos dimensiones: la

16

laboral y la social, ambas íntimamente relacionadas puesto que cualquier

suceso laboral tiene connotaciones sociales, aunque no siempre sucede lo

contrario.

Por lo que se refiere al soporte laboral, éste se puede “medir” a partir de la

confianza que depositan los trabajadores, bien cuando se afilian a un sindicato

pagando una determinada cuota, bien cuando respaldan a unos determinados

candidatos, participando en las elecciones sindicales.

Estos dos aspectos (afiliación y elecciones sindicales) son los que legitiman a

los sindicatos para que ejerzan la representación de los intereses de los

trabajadores, recogiendo sus demandas y trasladándolas a las mesas de

negociación con la patronal, o con el propio Estado cuando se trata de

empleados públicos.

Con respecto a la afiliación, debe tenerse en cuenta que, desde que se

legalizaran los sindicatos a finales de los años setenta, la afiliación sindical en

España no ha dejado de crecer. Mientras que en el año 1980 (aún en plena

transición democrática) los sindicatos apenas contaban con 500.000 afiliados,

esta misma cifra se había multiplicado por más de 6 a finales del primer

decenio de este siglo, de modo que eran más de 3 millones los afiliados a

alguno de los actuales sindicatos —encabezados por CCOO, que contaba con

1,2 millones—, a lo que habría que añadir la reciente tendencia que, desde

2009, han iniciado las tasas de afiliación, con un repunte de más del 40% en

2011.

Estas cifras contradicen el supuesto distanciamiento de los sindicatos de sus

bases sociales. Y ello a pesar de la grave crisis económica y de empleo que

está atacando, particularmente, a los colectivos de trabajadores que,

históricamente, más cerca han estado del sindicalismo. Si bien es cierto que la

tasa de afiliación sindical en España se sitúa por debajo de la de otros países

occidentales (en torno al 17% del total de asalariados), también lo es que

viene manteniéndose bastante estable durante los últimos años.

Y todo ello en un país que sigue caracterizándose por tener una patronal con

una cultura laboral esencialmente contraria a cualquier acuerdo que implique

una mínima renuncia a sus prerrogativas, pero también por poseer un tejido

empresarial con un porcentaje muy elevado de pymes, donde es más difícil

que arraiguen y se extiendan los valores de solidaridad de clase que se

derivan del trabajo colectivo. Además, a ello habría que sumar la no

obligatoriedad de afiliarse para poder beneficiarse de los resultados de la

negociación colectiva.

Una segunda fuente de legitimidad proviene de las elecciones sindicales que

17

se realizan, periódicamente, entre el “electorado” de los trabajadores

asalariados. Se trata de otro soporte, tan o más importante que el anterior, de

cuyos mejores o peores resultados se desprende un mayor o menor amparo

democrático con el cual se legitiman las decisiones que toman los sindicatos

en nombre de sus representados.

En este sentido, cabe decir que el porcentaje de participación de los

trabajadores en las elecciones sindicales es, desde que éstas se celebran,

muy elevado (alrededor de un 75-85% del total de asalariados que pueden

participar a lo largo de los cuatro años que dura el actual cómputo electoral).

Unas cifras que en modo alguno han obtenido los partidos políticos en todas

las elecciones políticas celebradas desde los años ochenta, tanto en las de

ámbito local como en las autonómicas, nacionales o europeas, y no por ello se

cuestiona el cada vez más mermado soporte que reciben de los ciudadanos.

Por último, vale la pena agregar a lo anterior que los sindicatos recaban

también un soporte que va más allá de la esfera laboral. Personas que están

en paro o en situación de inactividad también respaldan la actividad sindical,

a pesar de no trabajar ni estar afiliadas. Las miles de personas que congregan

los sindicatos cuando convocan manifestaciones, paros o huelgas, acogen a

muchas otras personas que apoyan a los sindicatos desde ámbitos distintos

del estrictamente laboral, puesto que muchas de las reclamaciones sindicales

son también demandas que afectan a la sociedad en su conjunto.

Y es que, aparte de la Iglesia, no hay ninguna otra institución ni organización

social de índole voluntaria en España que concite — contrariamente a lo que

algunos dicen— tanto soporte social como los sindicatos.

2. “Los sindicatos subsisten gracias a los fondos que les da el

Estado”

La financiación de los sindicatos españoles proviene, fundamentalmente, de

los ingresos que reciben de las cuotas de los tres millones de afiliados que

poseen: unos 250 millones de euros anuales que cubren el 60% de los gastos

corrientes. El Gobierno español sólo aporta (¿aportaba?) 16 millones de euros,

que se reparten en función de la influencia electoral de cada sindicato. El

resto de los ingresos se obtienen de otras fuentes privadas o públicas, como

la venta de servicios o, simplemente, de créditos bancarios.

Esos ingresos deben ser suficientes para cubrir los gastos de funcionamiento

ordinario y del mantenimiento y, en su caso, alquiler de los locales donde se

realizan las actividades ordinarias. Pero también para cubrir los costes de una

de las principales funciones sociales atribuidas a estas organizaciones: la

negociación colectiva —a veces a lo largo de muchas horas o jornadas— de

18

más de 4.000 convenios colectivos que, más tarde o más temprano, acaban

repercutiendo en la mejora de las condiciones de trabajo de millones de

asalariados.

En contraste con los 16 millones de euros que reciben los sindicatos españoles

del Estado, las ayudas con ese mismo origen que ingresan los sindicatos

británicos alcanzan los 98 millones, mientras que los italianos recaudan 600

millones y las organizaciones sindicales francesas del sector público, 700

millones.

Por su parte, las organizaciones patronales españolas reciben del Estado una

cantidad parecida a la de los sindicatos, criterio éste, como mínimo, discutible,

pues ni por el número de afiliados que aquéllas tienen, ni por la disponibilidad

de recursos que esos afiliados poseen para pagar sus cuotas o, más aún, ni

por el hecho de que esas mismas organizaciones disponen de otras fuentes de

financiación inaccesibles para los sindicatos, las patronales deberían obtener

el mismo volumen de financiación que el que reciben los sindicatos.

Pero, puestos a cuestionar la legitimidad —que no la legalidad— de los 16

millones de euros que reciben los sindicatos de los fondos públicos, nadie

pone en duda —y menos los dirigentes políticos o algunos medios de

comunicación que así se lo reprochan— la pertinencia de que los partidos

políticos se merezcan los 85 millones que también reciben del Estado —por

mucho que, según todas las encuestas, su credibilidad social sea bastante

menor que la de los sindicatos— o que, como recientemente se ha podido

saber, la Casa Real obtenga de los presupuestos generales del Estado una

renta de centenares de millones de euros cada año, sin contar el valor del

patrimonio que esa institución posee.

Y todo ello por no hablar —por mucho que lo merezcan— de la subvención de

90 millones que se concede al cine español, de los 360 millones que reciben la

prensa y las televisiones privadas o, en fin, de los 6.000 millones que percibe

la Iglesia para cubrir la parte de los gastos que no puede financiar con los

ingresos de sus feligreses, etc.

3. “Los sindicatos se lucran con las ayudas que reciben para la

formación profesional continua de los trabajadores”

Los sindicatos reciben unos 150 millones —al igual que la patronal— de fondos

públicos que se destinan a cubrir los gastos de profesorado, personal auxiliar,

instalaciones, material fungible, etc., de los miles de cursos de formación

continua que cada año se prescriben para el reciclaje voluntario de las

cualificaciones de los asalariados. Se trata de otra de las funciones sociales

más importantes con que los sindicatos colaboran, junto con la patronal y

19

algunas administraciones públicas, para que la competitividad de los bienes y

servicios que se producen en España vaya al alza, justamente, como resultado

de dichos cursos. No se trata de un gasto, sino de una inversión de futuro muy

importante aunque, no por ello, sometida, igualmente, al control y auditoría

de las autoridades públicas españolas y europeas.

Y es importante porque, además de que la formación continua se imparte de

forma gratuita a unos 2,5 millones de trabajadores al año por término medio

—que, de otro modo, posiblemente no recibirían, y menos de forma gratuita—,

lo es también por las repercusiones que tiene en el aumento de la autoestima

del trabajador, así como en las oportunidades de promoción interna y en las

de movilidad inter e intrasectorial, e incluso —con las matizaciones que se

quiera— en las de poder encontrar trabajo antes que quienes se forman

menos, cuando se está en el paro o, en fin, en las de eludir el despido en

mayor medida que estos últimos.

La formación continua sigue siendo una herramienta fundamental para

afrontar en mejores condiciones los cambios técnicos y organizativos que hoy,

tan rápida e intensamente, se producen en el mundo del trabajo. Y, aunque no

sea una condición suficiente para encontrar empleo —sobre todo en

situaciones de paro masivo como la que se vive en España desde hace

demasiados años—, sigue siendo un recurso útil para que los trabajadores que

siguen ocupados conserven el puesto de trabajo.

En definitiva, la inversión que hacen los sindicatos con los fondos recibidos no

sólo es rentable porque eleva las cualificaciones de los trabajadores, sino

porque las empresas se benefician también de contar con unos trabajadores

más formados y cualificados. En todo caso, ante cualquier sospecha de lucro

indebido siempre se tiene al alcance la correspondiente denuncia en los

tribunales.

4. “Los dirigentes sindicales ‘viven del cuento’ en vista de lo que

hacen”

Además de la financiación estatal o de los planes de formación continua, otra

de las críticas que se vierten contra los sindicatos se refiere a los sueldos que

cobran sus dirigentes. Si bien es cierto que los ingresos en concepto de

trabajo de los dirigentes sindicales proceden de una parte de las subvenciones

públicas que reciben sus organizaciones, también lo es que tales

remuneraciones no sólo están fiscalizadas por Hacienda y otros entes de

control público —como a cualquier otro ciudadano que cobra un salario o una

subvención del erario público—, sino que dichas cantidades son, como

mínimo, ridículas, atendiendo al volumen de horas que destinan a organizar y

resolver un conjunto creciente de problemas.

20

Si se compara con lo que ingresan otros cargos públicos, por no hablar de lo

que cobran algunos dirigentes o ejecutivos de organizaciones o empresas

privadas, las tareas que realizan los miembros de los sindicatos pueden ser

tantas, o tan o más estresantes y tener tanta o más responsabilidad social y,

por tanto, tanto o más riesgo por omitir o errar en la toma de decisiones, que

las que realizan aquéllos. Por ejemplo, una hipotética gestión deficiente de las

actuaciones que se llevan a cabo durante la negociación colectiva o en alguno

de los diversos servicios que ofrecen los sindicatos, podría repercutir muy

negativamente en las condiciones de trabajo de muchos miles de persones o,

en su caso, en la calidad de dichos servicios, con consecuencias igualmente

negativas para aquellos, al estar sometidos a la competencia del mercado.

Por tanto, que un alto dirigente de uno de los sindicatos españoles más

representativos ganara en 2011 unos 2.470 euros brutos mensuales, no

parece que se corresponda con la dimensión de las consecuencias que

pueden derivarse de una mala gestión de las responsabilidades que tienen a

su cargo. Se trata de una cifra que, a ojos de algunos dirigentes

empresariales, puede suscitar una cierta sonrisa sarcástica, pero que no sólo

se corresponde con los valores fundacionales de modestia y honestidad

propios de los sindicatos de clase, sino que constituye una remuneración

mínima por todo lo apuntado antes. Por cierto, no hay que olvidar que, a

diferencia de la inmensa mayoría de los dirigentes empresariales privados y

públicos, los líderes sindicales son escogidos democráticamente, por lo que

los sueldos que cobran están revestidos de un plus de legitimidad, como

mínimo, superior al de los que también cobran sin proceder de procesos

democráticos.

5. “Las horas sindicales se utilizan para excusarse del trabajo

mermando la productividad”

El número de horas sindicales que se prevé en el artículo 68 del Estatuto de

los Trabajadores aún hoy vigente es, en comparación con la mayoría de los

países europeos, escaso. Eso podría explicar, al menos en parte, por qué una

porción importante de los delegados que salen elegidos en las elecciones

sindicales tienen que dedicar un porcentaje significativo de su tiempo

personal, que a menudo va mucho más allá del número de horas que,

efectivamente, se remuneran.

En el citado artículo se notifican los "créditos" de horas a los que tiene

derecho cada uno de los miembros elegidos del comité de empresa y de los

delegados de personal, estos últimos en el caso de empresas de 50 o menos

trabajadores, con un mínimo de un delegado para las de 30 o menos

trabajadores.

21

El volumen de horas mensuales a que dan derecho tales "créditos" se

distribuye en función del tamaño del centro de trabajo: en los de 100 o menos

trabajadores, la ley concede 15 horas a esos miembros o delegados, en los

que tienen entre 101 y 250, 20 horas, y así sucesivamente, hasta llegar a los

que exceden de 750, que pueden disponer de 40 horas. En ese mismo artículo

se precisa que los "créditos" de horas que disponen los distintos delegados

pueden ser transferidos por parte de algunos de éstos y ser acumulados por

otros, algo que suele suceder en la práctica.

Es de ese modo que algunos de los miembros del comité o delegados elegidos

pueden quedarse sin “crédito” horario —porque lo han cedido a otros

miembros—, o bien ser “liberados", parcial o totalmente, según hayan

conservado el consiguiente “crédito” atribuido o, por el contrario, hayan

acumulado a los suyos los cedidos por otros, hasta un máximo del 100% de

las horas totales de la jornada, según sea el tamaño de cada centro de

trabajo, algo que rara vez sucede, pues, a la hora de la verdad, sólo puede ser

factible en algunos de los centros de trabajo de gran dimensión.

Pues bien, en España los delegados sindicales que estaban "liberados" en su

totalidad alcanzaba, aproximadamente, a unos 4.000, un 1,3% sobre un total

de más de 300.000 delegados sindicales escogidos en 2010.

Por tanto, cuando se acusa a los sindicatos de ser los responsables del gran

volumen de horas que se “pierden” cada año para la productividad de la

economía del país por "culpa" de ejercer un derecho legal como éste, habría

que advertir a quienes así lo afirman que, además de que no se comete

infracción alguna, sólo repercute en una ínfima parte de los delegados:

aquellos que, realmente, ejercen su derecho al "crédito" horario, sea éste

parcial o total.

Ahora bien, las horas que se "pierden” para la productividad económica son

relativamente pocas si se comparan con las que se (¿pierden?) también en

las, a veces, inacabables reuniones que tienen lugar en el seno de las

patronales o dentro de las mismas empresas, sin que por ello computen como

pérdidas para la competitividad de los bienes y servicios que se producen en

la economía española.

En realidad, no es ciertamente el coste de las horas sindicales lo que

preocupa a la patronal o a las fuerzas políticas que representan a sus

intereses en toda España. Lo que verdaderamente les inquieta es la misma

existencia de los sindicatos, hagan muchas o pocas horas sindicales.

Por ejemplo, sin ir más lejos, mejorar un 1% el salario de todos los

trabajadores españoles comporta, de media, diez veces más costes para los

22

empresarios que el de las horas sindicales que deben sufragar. Que los

sindicatos hayan logrado hace años que los padres o las madres puedan

disfrutar de permisos remunerados para cuidar de sus hijos equivale a un

coste tres veces mayor que el de las horas sindicales respectivas. Y así

sucesivamente, con otros derechos sociales y económicos conseguidos

durante las últimas décadas.

Y todo ello gracias a que los sindicatos han existido y siguen existiendo, mal

que les pese a algunos.

6. “Los sindicatos no sirven para nada”

Ésta comienza a ser también otra de las afirmaciones que se propaga cada

vez a mayor velocidad y que, aparentemente, ha calado con bastante

facilidad entre muchos trabajadores y entre la población en general. Al menos,

eso es lo que podría deducirse de los resultados de algunas encuestas sobre

la confianza de los ciudadanos en determinadas instituciones, patrocinadas

por una serie de entidades dedicadas al estudio de la llamada "opinión

pública" y que, periódicamente, aparecen en los medios de comunicación. En

estas encuestas se insiste en que, sin ser los "últimos de la cola", los

sindicatos son percibidos por estas encuestas como una de las instituciones

que, paulatinamente, mayor credibilidad pierden, a ojos de, por lo visto, una

mayoría creciente de ciudadanos.

Parecería como si, por arte de magia, un amplio conjunto de personas

consideraran, desde hace ya unos años, que los sindicatos ya no son

necesarios porque, por poner un ejemplo, las condiciones de vida y de trabajo

de una mayoría social han llegado a ser tales que, efectivamente, sobra su

presencia, al menos en España.

¿Se trata de una maniobra orquestada desde los diversos poderes políticos y

económicos —siempre reticentes, históricamente, a la existencia de los

sindicatos— que se sostiene en sólidos fundamentos o, por el contrario,

responde a la realidad porque los sindicatos ya no son capaces de dar

respuesta a los problemas sociolaborales de los trabajadores?

Todo indica que ambas preguntas tienen algo de verdad. Y es que, de ser

cierto que una gran mayoría opina que los sindicatos “no sirven para nada”,

éstos tendrían que replantearse a fondo el papel que juegan en los momentos

más recientes. Ahora bien, de entrada no parece que esto pueda sostenerse.

En primer lugar, aunque esas encuestas pueden haber recogido una cierta

sensibilidad social contraria a la pervivencia de los sindicatos, es lícito

preguntarse sobre el procedimiento seguido por dichas encuestas para llegar

23

a tales conclusiones. Como en otros escrutinios, y dando por correctos los

cálculos del volumen y la distribución de la muestra, del margen de error, etc.,

es importante saber cómo se ha recopilado y qué se ha preguntado a los

ciudadanos, pues, según se haya orientado el enunciado de las preguntas, se

podrían haber alcanzado otros resultados.

Por ejemplo, ¿la encuesta era específica sobre los sindicatos o trataba de más

temas?, ¿qué número de preguntas se incluían y qué se preguntaba

exactamente sobre los sindicatos?, ¿en qué lugar del cuestionario se situaban

estas preguntas?, ¿existían respuestas abiertas?, ¿cuáles eran?, etc. Éstas y

otras interpelaciones sobre la elaboración del instrumento utilizado para

recabar la información podrían deparar resultados distintos de los obtenidos

en esas encuestas.

En segundo lugar, aun aceptando que el diseño de dicho instrumento se

hubieran ajustado a los requisitos de objetividad científica y, derivado de ello,

se hubiera detectado que, efectivamente, existe una percepción social de los

sindicatos como entes superfluos, no significaría, necesariamente, que

muchos de los interpelados deseen prescindir de ellos. Algunas personas

pueden defender su inutilidad y, al mismo tiempo, estar afiliadas o votar por

un sindicato en las elecciones sindicales, en este caso si se es un trabajador

en activo. Es común observar que muchas personas pueden compatibilizan

ideas (“los sindicatos no sirven para nada”) con otras que se contradicen con

las que se llevan a la práctica.

No obstante, a pesar de todo lo dicho hasta ahora, es posible que dicha

percepción pudiera aproximarse a una cierta realidad, aunque llena de

matices. La crisis económico-financiera actual se ha encargado de reforzar el

desmantelamiento, iniciado ya en los años ochenta, de las bases materiales e

ideológicas con las que los sindicatos de clase encontraban el apoyo necesario

para afrontar las desigualdades laborales y sociales existentes.

Desde que esas bases declinaron en favor de otras, completamente, opuestas

a éstas, la sintonía de los sindicatos con las "nuevas" demandas sociales y

laborales planteadas por los jóvenes, pero también por otros no tan jóvenes,

se ha quebrado, dando paso a una desafección e inhibición sociales, propicias

a la aparición de, entre otras cosas, frases como "los sindicatos ya no sirven

para nada". Y eso, paradójicamente, cuando el empleo se encuentra en una

situación en la que cabría esperar, más que nunca, la adhesión masiva a la

lucha contra las causas que provocan el paro, históricamente encabezada por

los sindicatos.

El declive de las ideas críticas contra el sistema capitalista de una parte

importante de los trabajadores, pero también de los propios parados y de

24

muchos de aquellos jóvenes —algunos de ellos indignados con los intentos de

recortar los derechos conseguidos por sus homólogos de las anteriores

generaciones—, ha facilitado a los poderes económicos y políticos, y a los

medios de comunicación que estos mismos controlan, inculpar a los

sindicatos, unilateralmente, de la responsabilidad del actual paro masivo,

empezando, como ya se ha visto, por eliminar las horas sindicales.

Si bien algunas estrategias dudosas llevadas a cabo por las direcciones de los

sindicatos durante las épocas anteriores en relación con las políticas de

empleo podrían haber contribuido a un cierto descrédito, también es verdad

que, si alguien no es responsable de la destrucción de empleo y del paro

masivo existente, éstos son los sindicatos, sino aquellos que pueden crear

ocupación —empresarios y, cuando no, el propio Estado— y que, por motivos

económicos y políticos, respectivamente, no lo hacen.

Por tanto, aunque una potente socialización regresiva intenta revertir la

responsabilidad de la situación económica actual, los sindicatos no sólo "no

han servido para nada", sino que han servido, en la medida en que lo han

permitido sus escasos recursos, para concienciar y movilizar a los ciudadanos

a fin de denunciar a los auténticos causantes de dicha crisis y, con ello,

colaborar con otros colectivos para frenar, en la medida de lo posible, las

peores consecuencias de la crisis iniciada por aquéllos.

7. “Si no existieran los sindicatos la sociedad tampoco notaría su

ausencia”

Este enunciado aún no se ha extendido tanto como los anteriores, aunque,

puestos a imaginar lo peor, no es descabellado que, tal como se suceden los

acontecimientos, sea sólo una cuestión de tiempo. Se trata de una falacia más

que se deriva del enunciado anterior: si los sindicatos no sirven para nada,

entonces lo mejor es que desaparezcan.

La hipótesis de una supuesta desaparición de los sindicatos suscita la

existencia de, al menos, dos escenarios: el primero sería que, efectivamente,

los sindicatos “ya no sirven para nada”, algo que ya se ha intentado

desmentir en el anterior enunciado. El segundo, en cambio, haría referencia a

que los sindicatos “sí que sirven para algo” y, a pesar de ello, los poderes

económicos y/o políticos decidan, sea cual sea la opinión pública sobre ellos,

eliminarlos.

Este último escenario plantearía numerosos problemas que habría que

resolver. En primer lugar, tal desaparición nos remitiría, aunque con un

contexto histórico distinto, a otras épocas del pasado, no tan lejano, en las

que, tras ser proscritos, volverían a ser perseguidos, puesto que si “servían de

25

algo” antes de ser prohibidos, es lógico pensar que volverían a luchar para

salir de la clandestinidad y exigir, una vez más en la historia, su legalización.

Este escenario no parecería ser “funcional” para el propio sistema capitalista

actual, dado el “compromiso” de los poderes políticos y económicos para

mantener la democracia formal vigente y, por tanto, de las instituciones

básicas que la acompañan, como, por ejemplo, los sindicatos. Ahora bien, es

éste un compromiso al que hoy nadie podría asegurarle permanencia, vistos

los embates de que son objeto los sindicatos en la actualidad.

En segundo lugar, el cese automático de las funciones que desarrollan los

sindicatos, en particular la referida a las relaciones laborales y,

específicamente, a la negociación colectiva de los convenios con las

patronales y, en su caso, la concertación social con estas últimas y el propio

gobierno, quedaría sin efecto. Sin duda, los primeros perjudicados serían los

trabajadores, especialmente los de las pequeñas y medianas empresas (las

que acogen a menos de 50 trabajadores), en la medida en que son los que

más se benefician de la actual normativa que permite extender los logros

conseguidos en esa negociación a estos trabajadores, siempre y cuando los

sindicatos o, sobre todo, las patronales que los representan se adhieran a

tales acuerdos.

Cabe recordar que este tipo de empresa congrega en España a más del 95%

del total de empresas. Por tanto, aunque se conservaran el resto de las

funciones que desempeñan los sindicatos, la abolición de la negociación

colectiva, por sí sola, conduciría directamente a la negociación individual

descentralizada, empresa por empresa, con las más que probables

consecuencias negativas para las condiciones de vida y trabajo de una gran

mayoría de los asalariados, salvo los que, con la negociación individual de su

convenio, pudieran obtener, hipotéticamente, más o mejores beneficios, algo

que, como se ha venido demostrando durante los últimos treinta años,

contrasta con lo que ha sucedido en la realidad.

Pero, además de esas consecuencias directas para los asalariados, la

eliminación de los sindicatos conllevaría también otras secuelas. Por un lado,

la patronal tendría dificultades para legitimar sus decisiones en ausencia de

los sindicatos, al menos en el marco democrático europeo e internacional. Por

otro, aumentarían las probabilidades de una quiebra del mismo Estado del

Bienestar si, como sería de esperar, los salarios y el resto de las condiciones

de trabajo fueran a la baja, comprometiendo el consumo privado y los

ingresos públicos del Estado, a no ser que —algo bastante improbable en un

marco neoliberal dominante como el presupuesto en esta hipótesis— existiera

una intervención de éste que regulara esas condiciones por decreto.

26

Realmente, si ese hipotético escenario general se aproxima bastante a lo que

sucede en la actualidad habiendo sindicatos, es fácil imaginar, más allá de lo

relatado hasta ahora, qué acontecería de más si no existieran. Como ya se ha

apuntado, la presión contra el Estado del Bienestar repercutiría,

necesariamente, en la estabilidad del propio sistema democrático, de modo

que, más tarde o más temprano, afectaría no sólo a los sindicatos, sino

también a algunos partidos políticos e instituciones democráticas y, quizás,

quién sabe, a otros.

No hay que olvidar que, si alguien luchó por la restauración de la democracia

en España, fueron sin duda los sindicatos. No fueron los únicos, pero sí los

que, junto con otros líderes políticos de izquierdas, más arriesgaron su vida

por ella.

[Joaquim Juan Albalate es profesor de Sociología de la Universidad de

Barcelona]

25/2/2012

27

Una reforma del mercado laboral para situar a España en la

periferia de Europa

Ramon Alós y Pere Jódar

La reciente reforma del mercado laboral del gobierno del PP en España, con el

apoyo de CiU, es una apuesta firme para destruir los derechos de los

asalariados y reducir la capacidad de intervención de los sindicatos, en línea

con la política defendida, descarada y abiertamente, desde los ámbitos más

autoritarios y conservadores. Cuando escribimos este artículo ya han

aparecido diversos análisis rigurosos sobre dicha reforma, lo que nos permite

centrarnos, aunque sea brevemente, en explicar por qué un objetivo central

de la misma es limitar el poder y la capacidad de intervención de las

organizaciones legales y representativas de los asalariados. Dicho esto, nos

interrogamos sobre la finalidad y las consecuencias que se derivan de una

decisión de tal calibre, para terminar con una llamada a la necesaria

concienciación y movilización.

De entrada, podría sorprender el procedimiento de urgencia por el que se

tramita la reforma (RDL 3/2012, de "medidas urgentes para la reforma del

mercado laboral"), aunque ésta no sea una vía excepcional si se tiene

presente que apenas ocho meses antes ya se aprobó, también de forma

similar, otra reforma laboral (RDL 7/2011, de "medidas urgentes para la

reforma de la negociación colectiva"), que justo un año antes venía precedida

de otra reforma urgente (RDL 10/2010, de "medidas urgentes para la reforma

del mercado de trabajo"). ¿Tan cambiante es el mercado de trabajo español

que exige tamaña sucesión de urgencias en una línea ininterrumpida de

reformas (¡52 desde 1980! [1])? ¿O, simplemente, es la voracidad de los

mercados, léase los grupos de poder, la que marca la agenda económica,

política y social? Al fin y al cabo, estas prácticas les abren nuevas

oportunidades para incrementar sus beneficios, a la vez que les permite

imponer su modelo de sociedad, empobrecedor y reductor de los derechos

para la mayoría de los ciudadanos.

Pese a que en la exposición de motivos del reciente del RDL 3/2012 se

argumente que la reforma apuesta por el “equilibrio” en las relaciones de

trabajo, por la empleabilidad de los trabajadores y por su seguridad en el

empleo, lo cierto es que en la parte normativa estos tres objetivos brillan por

su ausencia [2]. Por el contrario, se amplía notablemente la capacidad de

disposición unilateral por parte del empresario para suspender o reducir

jornada, o para proceder a un despido colectivo u objetivo, así como para una

modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por otra parte, la

reforma introduce una nueva modalidad de contrato de trabajo para empresas

28

con menos de 50 trabajadores, que constituyen, según recoge la exposición

de motivos del RDL, el 99,2% de las empresas españolas; esta modalidad de

contrato incorpora un periodo de prueba de hasta un año que, como resulta

obvio, sitúa en la máxima incertidumbre a los trabajadores contratados por

esa vía. Otro aspecto clave de la reforma es el capítulo dedicado a la

negociación colectiva; y lo es por su contenido y por su momento. Por su

contenido, en cuanto da prioridad al convenio de empresa frente a la

regulación sectorial (¿será posible a partir de ahora la negociación colectiva

para el 15% de los trabajadores asalariados que trabajan en empresas de

hasta 5 trabajadores?), por ampliar considerablemente las facultades

empresariales de descuelgue (hasta el extremo de poder invalidar muchos

convenios, según los expertos) y por suprimir la ultraactividad, que limita a

dos años. Y por su momento, pues el RDL se aprueba cuando aún no han

transcurrido dos semanas desde la firma del II Acuerdo para el Empleo y la

Negociación Colectiva por parte de sindicatos y patronales, pacto que la

reforma invalida en varios de sus aspectos (flexibilidad interna, condiciones

para el descuelgue del convenio colectivo, etc.). Por ello, puede afirmarse que

la decisión del gobierno constituye un ejercicio flagrante de autoritarismo y

desprecio a las decisiones acordadas por los agentes sociales; es en este

sentido que pretende acabar con una de las escasas instituciones, la

negociación colectiva, que hacen posible la libertad real, que no formal, de

contratación en las empresas [3].

Por si ello fuera poco, no acababa de anunciarse en Consejo de Ministros el

RDL cuando ya los diversos promotores de las bondades de la reforma —los

mismos que unos meses antes anunciaban el carácter milagroso de las

medidas que pergeñaban— comenzaron a anunciar que no se esperara un

aumento del empleo, sino un nuevo incremento del desempleo en el corto y

medio plazo [4]. Asimismo, sesudos miembros de los centros de opinión

neoliberales, de forma displicente la calificaban de tímida e insuficiente y

afirmaban que, por ello, iba a ser poco efectiva (su capacidad de pedir

sacrificios a los demás, parece ilimitada). Todo en nombre de los cinco

millones de desempleados, motivo bajo el cual cualquier ataque a los

derechos de los asalariados parece tener justificación. El colmo del sinsentido

es que mentes tan preclaras y gobernantes tan desinteresados, atribuyan a

las regulaciones que protegen a los trabajadores y a los sindicatos todas las

causas y todos los orígenes de las deficiencias de nuestro mercado de trabajo.

Como si ellos mismos, junto con financieros y empresarios de corto vuelo y

amplios beneficios, no estuvieran detrás de la sinrazón que, poco a poco y en

nombre de la libertad individual y de los “mercados”, reduce derechos y

democracia [5].

En este sentido, cabe preguntarse: ¿por qué y a quién molestan los

sindicatos? ¿Son los sindicatos un impedimento para la creación de empleo en

29

la actual etapa de crisis económica? De entrada, las observaciones no lo

confirman; por el contrario, mientras que en el tercer trimestre de 2011,

según datos de Eurostat, la tasa de paro en España fue del 22,8%, en ningún

país escandinavo, que cuentan con tasas de afiliación sindical superiores al

65% (no llega al 20% en España), superó el 8%, mientras que en Alemania,

con sindicatos con fuerte capacidad de intervención reconocida en la empresa

bajo el sistema de codeterminación (Mitbestimmung), la tasa de paro no

llegaba al 6%. En cambio, los países europeos con mayores tasas de paro

(España, Grecia, Irlanda y Portugal, de mayor a menor por este orden) están

entre los que cuentan con sindicatos con menor reconocimiento institucional

en las empresas. En otras palabras, las comparaciones europeas permiten

constatar una asociación positiva entre capacidad de intervención del

sindicato y mayores tasas de empleo y menores de paro. Con todo, de ahí

sería erróneo deducir que los sindicatos generan empleo. Sería tan engañoso

como pensar que lo impiden o lo destruyen, como se han aventurado a

declarar diversos dirigentes políticos conservadores o neoliberales y algunos

destacados portavoces empresariales e ideólogos de la reciente reforma

laboral [6].

Sin embargo, la asociación comentada existe, es innegable a partir de las

estadísticas. Por ello, a nuestro juicio, encontrar el nexo entre sindicato y

empleo nos da una clave para entender el alcance de la reciente reforma. Y la

respuesta nos conduce al modelo de empleo y el modelo económico,

indudablemente vinculados. Así, una economía potente, desarrollada, "del

conocimiento" según la jerga comunitaria, requiere un mercado laboral con

formas de empleo estable, que permitan la planificación de carreras

profesionales y de la formación, con mercados de trabajo regulados, con

fuerte presencia y protagonismo de los distintos agentes sociales que en él

intervienen, entre ellos los sindicatos como representantes de los

trabajadores. La participación, la confianza en las reglas, la posibilidad de

desarrollar los saberes (el tan cacareado "capital humano"), son aspectos sin

los cuales no se puede sustentar una economía basada en la investigación, la

innovación y la sostenibilidad. Por el contrario, allí donde los sindicatos sobran

o se los limita a un papel residual, donde se debilitan o anulan las

regulaciones y garantías para quienes más las necesitan, donde el empleo se

ajusta al sistema de “usar y tirar”, obtenemos un modelo de empleo adaptado

a una economía de casino, turismo, ocio, espectáculo, ladrillo y negocio

empresarial fácil. Para este tipo de actividades económicas y empresariales, el

trabajo del conocimiento sobra, la estabilidad laboral es un estorbo, los

sindicatos son una incongruencia y la conciliación entre vida laboral y vida

profesional es un mito ante la opción de precarizar los empleos y reducir los

costes laborales. Para este tipo de actividades es más adecuado un entorno

en el que el empresario pueda imponer sus criterios y el trabajador deambule

de empleo precario en empleo precario, o del empleo al paro, sin importar el

30

sufrimiento, la pobreza ni la exclusión, pues no son variables que impidan el

funcionamiento del modelo que distribuye la riqueza sólo entre unos cuantos

elegidos. Una economía de bajo coste, de uso intensivo de mano de obra

barata, forzando a emigrar a la juventud más cualificada.

De este modo, consideramos que la reforma laboral es un paso decisivo, uno

más pero muy importante, en el proceso de convertir a la economía española

en más periférica, si cabe, en Europa; de transformar España en el destino

europeo del juego, el ocio, el entretenimiento y de servicios baratos. En otras

palabras, convertir a España en la Florida de Europa, un estado que, como se

sabe, cuenta con escasas regulaciones, sin salario mínimo entre muchas

otras, y a su vez con los índices más elevados de delincuencia de Estados

Unidos. Desde esta perspectiva no extraña, pues, la gran atención que las

autoridades políticas, estatales o de Comunidades Autónomas prestan a

proyectos como el de Eurovegas u otros similares. Ello encaja con la

complacencia con la que se ha llenado todo el litoral —y no sólo— de

urbanizaciones, parques temáticos y proyectos faraónicos de diversa índole.

Para esta concepción periférica de España los sindicatos son un obstáculo, ya

que, a pesar de sus limitaciones y defectos, hacen frente al discurso

autoritario basado en la ilusión ideal de unos mercados autorregulados y se

interponen en sus prácticas más nefastas. No es nada nuevo. Es bueno

recordar que, bajo el paradigma de la libre empresa, enarbolaron sus políticas

Bush, Thatcher y también Pinochet [7]. Pero una política cuyo punto de

partida es que los sindicatos molestan es algo que va más allá, que trasciende

aspectos como la libertad de empresa; implica, en definitiva, atentar contra

los derechos de ciudadanía de los trabajadores y un agravamiento de las

desigualdades sociales, como ponen de manifiesto nuevamente los datos

contrastados. Un reciente informe de la OIT (“Work Inequalities in the Crisis”)

destaca a España como un “mal” ejemplo en cuanto que la mayoría de los

ajustes aplicados han confluido en debilitar el empleo, especialmente para

jóvenes y mujeres, además de agravar las desigualdades existentes. Bajo la

libertad de empresa (eufemismo bajo el que se esconden monopolios y

oligopolios; es decir, poder y no mercado) se conforma, por lo tanto, un

modelo de país, de sociedad, de empresa, que en nuestro caso no hace más

que confirmar una trayectoria autoritaria que viene de lejos.

Y, como hemos dicho, todo ello conduce a un país de crecientes

desigualdades. Los datos ya recogen esta tendencia desde hace unos años:

los ricos son cada vez más ricos (el consumo de superlujo no conoce la crisis),

y para ser pobre no hace falta carecer de trabajo, aunque, evidentemente,

cuando no se tiene, el riesgo de pobreza es mucho mayor. El País del

30/10/2011 aportaba datos sobre como la relación entre el 20% de la

población que más ingresa y el 20% que menos ingresa había pasado de 5,4

31

en el año 2008 al 6,9 en 2010, un aumento enorme, de cerca del 30%, en

apenas dos años. Con ello, España se sitúa entre los países europeos con

mayores desigualdades, sólo superado en la UE-27 por Letonia, Rumania y

Lituania (Eurostat).

Solamente la movilización colectiva, la organización, la legitimación de la voz

(o de las voces) de los asalariados —entre ellas también la de los sindicatos—,

de los pobres y excluidos y de los que van camino de la exclusión, podrán dar

un vuelco a la situación actual buscando un equilibrio adecuado entre política,

mercado y sociedad. De ahí que, para los defensores del modelo Florida para

España, una reforma laboral que no innova ni mejora sea un paso clave en sus

pretensiones; pero de ahí también la necesidad de hacer frente de modo

contundente a estas políticas retrógradas y antidemocráticas.

[Ramon Alós es profesor titular de Sociología del Trabajo en la

Universidad Autónoma de Barcelona; Pere Jódar es profesor titular de

Sociología en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona]

Notas

[1] Fundación 1º de Mayo (2012), Las reformas laborales en España y su repercusión en

materia de contratación y empleo. Cincuenta y dos reformas desde la aprobación del Estatuto

de los Trabajadores en 1980. Madrid.

[2] Una forma de gobernar que cada vez resulta más habitual: repetir machaconamente, a

través de los medios de comunicación, lo contrario de aquello que se va a hacer.

[3] Desde el matrimonio Webb y Otto Kahn Freud en Inglaterra, pasando por Commons,

Mitchell o Veblen en Estados Unidos, las instituciones —y, entre ellas, muy especialmente la

negociación colectiva— se concibieron como un instrumento para equilibrar el enorme

diferencial de poder entre asalariados y empresas. Un diferencial basado en la necesidad de

todo asalariado y de sus familias de comer todos los días.

[4] Así, la CEOE prevé una destrucción superior a los 500.000 puestos de trabajo para este

año y algo menor en el próximo

(http://www.ceoe.es/ceoe/contenidos.item.action?id=2455868&menuId=5436374).

[5] Es significativo que, prácticamente por las mismas fechas en que se dio a conocer la

32

reforma laboral, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, indicara que “entre

2008 y 2010 —los datos del 2011 no están aún disponibles— los gobiernos de la UE utilizaron

1,6 billones de euros para rescatar a sus bancos, equivalente a poco más del 13% del PIB de

la UE” (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/122). ¿Se ha

interesado el gobierno para que este dinero fluya al crédito a empresas y particulares, o bien

los bancos que lo reciben están preparándose para obtener pingües beneficios de la compra

de deuda del Estado, o tal vez diseñando otra burbuja a base de seguros y pensiones?

[6] Durante la transición y la democracia, no han faltado destacados representantes

empresariales que han tolerado a regañadientes a los sindicatos, y que han intentado

deslegitimarlos sistemáticamente, al tiempo que reclamaban a los asalariados más trabajo y

menos salario y beneficios sociales. Como ejemplos recientes, y que en modo alguno cabe

interpretar como manifestaciones puntuales, véase el presidente de la comisión de economía

y política financiera de la CEOE, José Luis Feito, que ha declarado que los españoles deben ser

más flexibles a la hora de aceptar un trabajo, aunque sea en Laponia; o el presidente de la

cadena de supermercados Mercadona, Juan Roig, para quien los bazares chinos son el

ejemplo de cómo se debería trabajar. Asimismo, una buena parte de los dirigentes de los

gobiernos español y catalán, o del PP y CiU, previenen acerca del negativo efecto

internacional de manifestaciones y huelgas; no parece importarles tanto la imagen externa y

la negatividad social y política de los casos Gürtel, Palau de la Música y tantos otros que

coronan la corrupción en el Reino de España.

[7] Karl Polanyi ya nos advirtió de que, bajo la mercantilización extrema y la utopía del libre

mercado total, se ocultaba el huevo de la serpiente fascista. Un totalitarismo legado por el

siglo XX, seguramente tan nefasto como el estalinismo, pero con una diferencia: el nazismo y

el fascismo estuvieron al servicio del gran capital industrial y financiero de países

democráticos, que no hicieron ascos a su conversión en dictadura.

19/3/2012

33

Invierno seco

El Lobo Feroz

Los indultos del PP: maderos y cargos políticos

Los indultos del PP a los mossos condenados por torturas resulta que iban de

la mano de otros indultos: a cargos "de confianza" de Convergència i Unió.

Imaginad el patético esquema de la conversación entre el presidente de la

Generalitat catalana (o de Duran Lleida) y el del Gobierno: "De acuerdo en...,

y nos indultáis a...". "Hecho".

Como auténticos chalanes han destituido a todos los responsables de

Hacienda que investigaron el caso Gürtel y han decapitado la Oficina

Antifraude (donde además han colocado de responsable a una milady "poco

ejemplar", por decirlo así: Pilar Valiente, la que avisaba a los timadores de

Gescartera de que Hacienda les tenía echado el ojo). Por otra parte los del PP

se han apresurado a cambiar la Ley de Costas para sus chiringuitos presentes

y futuros. Los chalanes que gobiernan han aprendido de Berlusconi. La

corrupción está enroscada en las instituciones y las instituciones son anélidos

sin ojos, bestias adaptadas a no ver lo que pasa.

Cuando se pueda habrá que ingeniar otras instituciones, con focos hacia

dentro.

Y castigar no criminal sino políticamente, como hicieron los franceses de la

Convención, a los capetos que imponen sufrimientos a la gente. ¡No a la pena

de muerte, pero guillotina sí!

Algo verdaderamente amable

El partido (de fútbol) del Athletic de Bilbao en Manchester; el deportivo

comportamiento de sus jugadores y de su hinchada, y el del equipo y la

hinchada rivales: eso merece ser recordado. En ese microcosmos del fútbol a

veces se producen gestas épicas como las que materializaron los jugadores,

técnicos y partidarios del equipo vasco desplazados a Inglaterra. Gestas

ejemplares para los niños y para la memoria deportiva. Una lección para otras

aficiones y para otros clubes, que no saben centrarse en el fútbol y toleran a

grupos de partidarios suyos desde actitudes fascistas brazo en alto (Real

Madrid), insultos anticívicos irreproducibles (F.C. Barcelona) o comentarios

racistas. El Lobo se ha vuelto a hacer del Athletic, como Lobezno, antes de

que entrara por primera vez en un estadio de fútbol, hace muchos años, y

perdiera la virginidad futbolística. También ha disfrutado de veras con la

34

deportividad del partidazo de vuelta.

La ley es igual para todos... nosotros

O para todos ellos. Lo de Urdangarón terminará en una irregularidad fiscal de

los que se condenan con multa y tal vez con pena no superior a dos años, en

suspenso. Es un vaticinio nada seguro, porque tal como va la administración

de justicia española, incluso podría quedar en nada.

Sabiduría del Gran Madero

El ministro del Interior, Fernández Díaz de Vivar, o sea, el jefe de la pasma,

sostiene que el 90% de las embarazadas sufre acoso laboral. Lo del 90%

parece indicar que dispone de estudios sobre el asunto, que lo sigue de cerca.

Pero no persigue esos delitos de acoso: defiende endurecer la legislación

sobre el aborto. La lógica del mariscal madero en jefe apabulla.

Dulce Ponte y la teoría de la conspiración

El fiscal general da con unos vagones por desguazar, a instancias de Manos Ni

Se Sabe, y abre unas diligencias, que es como se llama en el lenguaje

procesal a marear la perdiz, en póstumo besamanos al gobierno de Aznar, que

al mentir sobre los atentados del 11-M a toda la población española ha

quedado para la historia con el culo al aire.

Las tropas en Afganistán y lo que vendrá

Lo venimos diciendo: las tropas españolas no pintan nada allí. Además los

yanquis perderán esa guerra. Que los políticos españoles que mandan sobre

los militares no actúan en nuestro nombre.

La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la guerra. Negro sobre blanco. Luego,

los de la pantomima del "derecho internacional humanitario" llamaron a las

guerras "intervenciones humanitarias", y así se puentean las constituciones

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estatales y la Carta de la ONU. Los ejércitos son presentados como oenegés,

la propaganda de reclutamiento ofrece trabajo y formación seguros (vaya por

dónde), y, al final, resulta que las guerras se hacen contra enemigos

supuestamente indeterminados: así lo dicen Bush y Obama, que sin embargo

han bombardeado a países tan determinados como Iraq y Afganistán (y a

Serbia si incluimos al angelical Clinton) dejando para sus socios europeos,

entre ellos el gobierno español, el saqueo de Libia.

Siempre no en nuestro nombre

Ahora parece que en el horizonte están Siria e Irán. Es evidente que el

régimen sirio reprime las protestas como suelen hacerlo todos los regímenes

autoritarios (y algunos de los no autoritarios). Sin embargo, no podemos

fiarnos de nada. Porque no podemos fiarnos de la televisión. Por la tele hemos

visto a gentes armadas contrarias al régimen sirio. ¿De dónde han salido esas

armas? Porque en Egipto o en Túnez no las vimos (en Libia sí, pero ya

sabemos quién las puso allí). Y las imágenes de pobres gentes destrozadas

pueden ser de Siria o de cualquier otro lugar. Sobre todo de Palestina,

golpeada por el estado de Israel en medida incomparablemente superior a

todo lo ocurrido en Siria. ¿De verdad estamos informados?

Al Lobo Feroz que suscribe le gustaría haber visto en la televisión alguna vez

una entrevista larga e inteligente, como las que hacen los buenos periodistas,

a algún profesor de universidad, cineasta o director o directora de hospital

iraquí, después de tantos años de intervención americana; o algo más de diez

segundos de imágenes rodadas en el centro de Kandahar o en Kabul, con

preguntas a personas que realizan sus tareas cotidianas; o alguna entrevista a

algún misionero en Iraq o Afganistán. Pero jamás se ha visto nada parecido.

Como si una mano invisible nos impidiera comprender sin demasiados

intermediarios a las gentes corrientes de esos desgraciados países a los que

se envían tropas españolas, desde luego no en nuestro nombre.

36

No en nuestro nombre, pero ¿imagináis cómo nos ven a nosotros en los países

árabes o africanos? ¿Cómo ven a los europeos? ¿Y cómo nos ven los africanos

y asiáticos que viven entre nosotros, que son nuestros vecinos? ¿Cómo nos

ven esas personas cuyos lugares de oración molestan a algunos de nuestros

conciudadanos, o que son clausurados por autoridades municipales con

cualquier pretexto administrativo?

Retratos de Estado

El gran público lo ignora, pero es costumbre del Estado hispano y de sus

diferentes personas jurídicas —de las universidades, de las empresas públicas,

etcétera—, empezando por los ministros, los presidentes de las Cortes, del

Tribunal Supremo, del Constitucional, del Banco de España, los rectores y un

larguísimo etcétera—, que a su cese sean inmortalizados en retratos al óleo

por más o menos insignes retratistas. Esta actividad, dedicada a prestigiar a

ese Estado que tan cicatero y hasta agresivo se muestra con los ciudadanos

que financian su existencia y su actividad, implica un gasto no despreciable

cada vez que se produce un relevo en las funciones públicas.

Recuerda pues, lector, que durante estas semanas un montón de honrados

pintores están inmortalizando para la posteridad a quienes tan bien

gobernaron, y que otros lo harán el día de mañana con los que nos gobiernan

hoy. Si la autoridad no dispone otra cosa y el tiempo no lo impide.

Trabajo fijo con poco sueldo y nada de sexo

37

La Iglesia católica promociona publicitariamente en España lo

que antes se llamaban vocaciones. El eslogan es: "No te prometo un gran

sueldo; te prometo un trabajo fijo". Sin sexo.

Si una empresa ofreciera trabajo a cambio de renunciar al sexo, ¿sería eso

constitucional?

20/3/2012

38

La burbuja de las armas

Pere Ortega

Poco espacio se ha dedicado en los medios a la noticia de que el Ministerio de

Defensa adeuda 27.000 millones de euros (que en 2015 serán 37.000) por

adquirir unos armamentos a cuyo pago hoy no puede hacer frente. Esta

realidad evidencia que nos encontramos ante una nueva burbuja, la de las

armas, que se viene a sumar a las burbujas inmobiliarias y la de los activos

tóxicos de las entidades financieras, y que sitúan al sector militar industrial

español al borde del colapso.

Esta situación empezó a gestarse en 1996 con la llegada al gobierno de José

María Aznar y la puesta en marcha de algunos grandes proyectos militares.

Algunos de ellos fueron iniciados en la etapa anterior por el gobierno del

PSOE. Estos grandes programas eran los aviones de combate Eurofighter, los

helicópteros Tigre, las fragatas F-100 y los blindados Leopardo. A los que

pronto se sumaron los aviones de transporte A400-M, los submarinos S-80,

diversos buques de guerra, más los misiles, torpedos y sistemas asociados.

Proyectos que tenían una etapa de desarrollo de larga duración, entre 10 y 25

años. Ello ocasionó que los compromisos de gasto del Ministerio de Defensa

hasta el año 2025 con las grandes industrias militares españolas (EADS-Casa,

Navantia, Santa Bárbara, Indra, ITP, Eurocopter…) alcanzaran las

astronómicas cifras citadas.

Estas enormes inversiones no podían llevarse a cabo sin incrementar de

manera importante el presupuesto de Defensa. Esto, evidentemente, tenía un

elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo

aumentando de manera importante el gasto militar, lo cual no sería bien

acogido por la opinión pública española. La solución la encontró la Gerencia

de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una fórmula de

“contabilidad creativa”, que consistía en conceder préstamos en I+D a las

industrias militares desde el Ministerio de Industria a interés cero a retornar

en veinte años. Se firmó un convenio entre ambos ministerios (Industria y

Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que

las empresas devolverían cuando Defensa llevara a cabo el pago de las

armas.

De este modo se conseguían dos objetivos: no incrementar en demasía el

gasto militar del Ministerio de Defensa y, en segundo lugar, la industria militar

veía satisfechas sus demandas de ayuda para financiar la investigación y

desarrollo de los nuevos prototipos de armas. Pero el problema de fondo

persistía, pues algún día Defensa tendría que hacer frente al pago de las

39

armas. Transcurridos dieciséis años, Industria ha adelantado a las industrias

militares 15.000 millones de euros en concepto de I+D que no ha recuperado,

pues Defensa no ha hecho efectivos los pagos de las armas a las empresas.

Ante estos hechos, el anterior secretario de Estado de Defensa, Constantino

Méndez, hizo unas declaraciones sorprendentes en la Comisión de Defensa del

Congreso (6/10/2011), según las cuales no se deberían haber adquirido unos

sistemas de armas para unos escenarios de confrontación que no existen y

que por tanto no se van a utilizar, y ello “con un dinero que no teníamos

entonces ni ahora”. Declaraciones reiteradas por Carme Chacón poco antes

de abandonar el Ministerio de Defensa y que no excusan al gobierno del PSOE

de su responsabilidad en este desaguisado. El resultado es que no hay

recursos suficientes para hacer frente al pago de unos programas de

armamentos que, además, no tienen ninguna utilidad.

Ante estos hechos caben varias medidas, como incrementar el capítulo de

inversiones en el próximo presupuesto de Defensa, algo difícil en la actual

coyuntura de reducción del déficit presupuestario. Una segunda sería aplazar

los pagos diez o quince años más, aunque esto añadiría costes de financiación

y aumentaría el precio final de las armas. Una tercera posibilidad sería

condonar los créditos avanzados en I+D a las industrias para aliviar las arcas

de éstas y, de paso, las del Ministerio de Defensa. Pero esto último

representaría incrementar en 15.000 millones el déficit público. Una última

alternativa sería la emprendida por otros países socios de la UE: reducir el

número de efectivos de las fuerzas armadas o suprimir algunos de los grandes

contratos de armas. Alemania lo ha hecho reduciendo la compra de los

aviones A400-M y Eurofighter; Italia también ha reducido la adquisición de los

Eurofighter y fragatas; Francia no adquirirá un portaaviones, y Reino Unido ha

retrasado la compra de los aviones Joint Strike Fighter.

Esta última opción sería la más acertada desde varios puntos de vista. En

primer lugar, desde el supuesto de la seguridad que proporcionan estas

armas, pues ¿para qué sirven unos artefactos que, una vez finalizados, no

tendrán ninguna aplicación y que acabarán su vida útil sin ser utilizados

nunca? La segunda razón es de tipo económico y de no menor calado: la

ineficiencia económica que rodea a la producción de armamentos debido a los

costes de oportunidad, al dedicar unos recursos que son escasos a producir

armas en vez de bienes y servicios de la economía productiva.

Así pues, una de las medidas a tomar para encontrar salidas a la crisis por la

que atraviesa la hacienda pública es paralizar tanto la adquisición como la

participación en programas de nuevas armas. Medida que tendría que ir

acompañada de otras en el mismo sentido. Por un lado, reducir el número de

efectivos de las fuerzas armadas para que se contraiga la demanda en

40

armamentos; detener la concesión de los créditos en I+D militar a las

empresas por parte de los ministerios de Industria y Defensa; y, por último,

iniciar estudios sobre la conversión de las industrias militares hacia la

producción de bienes civiles que impidan la pérdida de puestos de trabajo.

Medidas que, a buen seguro, ayudarían a reducir el endeudamiento y el déficit

público.

1/4/2012

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El precio de la energía y la política energética

Juan-Ramón Capella

Si algo hay oscuro en este país es el precio de la luz. La energía eléctrica

acabará produciendo un agujero económico, tal vez el mayor desde el

estallido de la burbuja inmobiliaria si no se rectifica a tiempo. Lectores:

prestad mucha atención.

El precio de la energía se calcula en España según fórmulas matemáticas

complejas que vienen publicadas en el Boletín Oficial del Estado y que no son

nada fáciles de desentrañar. Imposibles para un lego. De esas fórmulas se

deriva el concepto político de "déficit de tarifa", inventado por un ministro de

derechas, el señor Piqué, para admitir una enorme deuda del Estado —esto

es, de lo que pagamos los ciudadanos— con las compañías eléctricas.

Con las grandes compañías eléctricas, habría que decir; hoy

fundamentalmente, a este respecto, Endesa e Iberdrola.

En relación con la energía eléctrica, sin embargo, las oscuridades son infinitas.

Para empezar, ¿se puede fijar el precio de un bien si es impreciso su coste, si

el precio depende de los costes de producción de otros, o sencillamente si es

camaleónico? Obviamente, no. Pues eso sucede con los costes de producción

de la energía eléctrica.

La producción de electricidad no juega exactamente en un mercado de

electricidad, porque en algunos de sus campos de producción, el de las

centrales nucleares y las grandes centrales hidráulicas, la competencia es

inexistente: ahí no puede entrar ningún productor más.

En este momento se está viviendo una guerra entre los productores de

electricidad. Las grandes compañías, Endesa e Iberdrola, pretenden barrer

con la autoproducción eléctrica de empresas menores que recurren a energías

renovables. Y también pretenden luchar contra la producción de electricidad

termosolar y fotovoltaica de sus competidores en estos campos. Una política

contraria a todos los intereses de España como nación de ciudadanos.

Primera cuestión, que es preciso retener: el precio de la electricidad es un

precio político. Un precio que se fija en función del poder, de los poderes, y de

sus perspectivas, y no en función de los costes de producción del megavatio

eléctrico.

Entre paréntesis, los costes del megavatio nuclear no están claros: la propia

42

patronal del sector, Unesa, por boca de su presidente, dice que son 50 euros

por megavatio/hora, mientras que el Foro Nuclear habla de sólo 35. Todo esto

no es serio: parece más bien una cortina de humo para evitar que el gobierno

señale un impuesto importante a los productores esta energía.

La segunda cuestión es que, al no haber mercado eléctrico real, tampoco hay

un mecanismo que estimule producir al menor coste posible. Esto, que parece

paradójico en el capitalismo, se debe a que la fijación política de precios

favorece a unos productores en detrimento de otros. Unos productores han de

ser auxiliados para que mantengan la producción de energía eléctrica —las

centrales térmicas— pues sus costes son altos; otros son retribuidos aunque

estén parados (centrales de gas). Y otros, en cambio, perciben una retribución

muy superior a sus costes de producción: las centrales nucleares e

hidroeléctricas. El gran negocio de sus dueños está en la prolongación de su

vida útil.

Y aquí, una cuestión que el público debe saber: las grandes compañías

eléctricas españolas, sean cuales sean o hayan sido sus denominaciones,

siempre han tenido su lobby político directamente en los gobiernos, siempre

han actuado muy cerca de los gobiernos españoles, de cualquier signo, para

hacer valer sus intereses, y lo siguen haciendo. Eso se remonta a principios

del siglo XX. En el gobierno de Rajoy está Luis de Guindos, procedente de

Endesa; en el de Zapatero estaba Sebastián. Con Franco el lobbysta fue

mucho tiempo el conde de Vallellano. El lobby eléctrico penetra además las

informaciones o pseudoinformaciones de la prensa (véanse si no, un caso

entre muchos, El País, 6 de marzo, pág. 7, y 4 de marzo, con ejemplos del

modus operandi) para modelar —o confundir a— la opinión pública.

Por otra parte, las grandes compañías eléctricas no tienen intereses

únicamente en la producción de electricidad: también los tienen en otros

campos y negocios, y no sólo en España sino fuera de ella. Las pérdidas y

ganancias que contabilizan en sus balances no pueden tomarse como base

para calcular los costes de la producción de energía eléctrica.

Hay hechos sangrantes: por ejemplo, que entre 1997 y 2011 los propietarios

de centrales nucleares y de las grandes instalaciones hidroeléctricas se hayan

beneficiado de los llamados "Costes de Transición a la Competencia", que en

2005 ya habían cobrado en la cuantía de 8.600 millones y que siguieron

cobrando después; eso queda muy por encima de lo previsto en la Ley de

1997 y en el Protocolo Eléctrico de 1998, del gobierno del PP de Aznar, que ya

les favorecía.

Desde el punto de vista de la economía real, las inversiones en centrales

nucleares y en grandes obras hidráulicas están ya completamente

43

amortizadas desde hace tiempo, por mucho que las habilidades contables de

las compañías lo reflejen o no así en los balances correspondientes.

Otro hecho sangrante es que la prolongación de las concesiones de

explotación hidroeléctrica y del período de vida de la central nuclear de

Garoña —un ejemplo para el futuro— ha sido enteramente gratuita. (En

Alemania sólo se prolongó la vida de centrales nucleares a cambio de cientos

de miles de euros, aunque desde Fukushima esa prolongación se ha revocado,

como debería ocurrir aquí.)

Y, a todas éstas, las energías renovables —eólica, termosolar, fotovoltaica—,

pese a ser de costes bajos, parecen estar bajo sospecha, una sospecha

impulsada por el lobby nuclear. Como escribe Ana Marco, "quieren impedir por

cualquier medio que el ciudadano, individual o colectivamente, pueda escapar

al control de las eléctricas".

Las energías renovables, que no son peligrosas, resultan excelentes desde

varios puntos de vista: España dispone de una climatología muy adecuada

para la producción de estas energías; es pionera en algunos aspectos de esta

industria, y por tanto podrá exportar a la larga energía y sobre todo

tecnología; también a la larga, estas energías disminuirán el coste total de la

producción eléctrica; se trata de energías susceptibles de producción

descentralizada —lo que más temen los grandes cuasimonopolios eléctricos—,

capaces de satisfacer plenamente la demanda de ciertas factorías

industriales, pequeños núcleos de población y viviendas; esta producción

debe ayudar a a disminuir la debilidad de la economía española por su

dependencia del petróleo y del gas importados; estas energías disminuyen la

producción de gases contaminantes, y España está obligada a cumplir los

compromisos suscritos en este sentido con la Unión Europea, y, hablando en

serio y no formalmente, estamos obligados a actuar con decencia respecto de

la naturaleza.

De una manera general, resulta que los capitales invertidos en los métodos

tradicionales y los antiecológicos de producción de energía están

sobrerremunerados. Y se están pisoteando los intereses generales al no

abordar una política que tenga claramente por objeto:

a) No cargar a la población con el pago de tarifas eléctricas abusivas, que se

vienen imponiendo por el exceso de influencia política de los grandes agentes

económicos en el ámbito eléctrico. La noción de "déficit de tarifa", y en

cualquier caso su cuantía, deben ser revisados.

El déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que pagamos por la luz y lo que

cuesta producirla: es la "diferencia entre los costes reconocidos del sistema

44

eléctrico y lo que el sistema ingresa vía tarifas", algo completamente distinto.

Los costes reconocidos son cuestión política, al igual que la tarifa, y por tanto

el déficit de tarifa es también una cuestión política.

Tenemos la electricidad más cara de Europa y al mismo tiempo el político

déficit de tarifa crece cada año. Y no puede ser ni lo uno ni lo otro.

b) Es preciso que los beneficios del período de funcionamiento de las centrales

nucleares, así como los de la producción hidroeléctrica, se dirijan a la

financiación de nueva y masiva producción de electricidad mediante centrales

ecológicamente sostenibles y renovables, dado que el consumo de

electricidad está abocado a aumentar con la transición a los vehículos

eléctricos.

c) Se debe abrir la puerta a otros procesos y fomentarlos: el de la

desconcentración de la producción de energía eléctrica —en contra de la

política propugnada por las grandes compañías—, y el de la reordenación del

sector eléctrico como tal, obligando a las compañías a separar sus negocios

internos e internacionales y también sus negocios eléctricos de los demás.

Las personas que perciben la influencia de la política sobre nuestras vidas no

deben desinteresarse de procesos de transformación necesarios para volver

hacedera una sociedad menos angustiosa que la del presente. Únicamente

con cambios tecnológicos no podremos organizar un modo de vida adecuado,

pues se precisan también cambios sociales. Pero en períodos como éste, y con

lo que se avecina, no podemos mantenernos insensibles a la economía y a la

tecnología de la producción de algo tan básico como la electricidad.

13/3/2012

45

Eléctricas: ¿déficit de tarifa o déficit de vergüenza?

Joaquim Sempere

A partir del 1 de abril los consumidores españoles vamos a pagar más por una

electricidad que ya era la más cara de la Unión Europea, sólo por detrás de

Malta y Chipre. Se invoca, desde las eléctricas y el gobierno, el déficit tarifario

y las primas a las renovables —supuestamente demasiado elevadas— como

argumentos. Pero ¿qué hay realmente detrás de este asunto?

Cuando uno trata de aclarar las cosas choca con una maraña de datos e

interpretaciones difícil de desentrañar. No hay cosa más opaca en la economía

de este país que el precio de la electricidad. En el análisis que sigue voy a

basarme, sobre todo en datos y comentarios publicados por Expansión.com,

con fecha 21 de marzo de 2012. Cuando los datos tienen otro origen, se indica

la fuente.

Empecemos por los costes. El recibo de los consumidores acogidos a la tarifa

regulada o Tarifa de Último Recurso (TUR), que somos más de 20 millones

—es decir, la inmensa mayoría de la ciudadanía—, tiene dos partes que pesan

aproximadamente la mitad cada una: 1) costes variables y 2) costes

regulados. Los costes variables dependen del precio del combustible, más

algunos otros gastos. Así como las nucleares deben pagar el uranio y las

térmicas, el gas, fuel o carbón —de modo que sus costes variables dependen

del precio de estas materias primas—, las instalaciones de renovables no

pagan nada en concepto de combustible: el viento y el sol son —todavía—

gratuitos. En los costes regulados, o peajes, se incluyen a) las primas a las

renovables, pero también a centrales de gas con cogeneración y de quema de

residuos; b) gastos de transporte y distribución; c) sobrecostes del sistema

eléctrico de las islas Baleares y Canarias; d) anualidades del déficit tarifario; e)

subvenciones al carbón español y f) costes de la garantía de suministro de las

centrales térmicas. Esta última partida corresponde a la compensación que se

paga a centrales térmicas de gas, carbón, fuel o biomasa que se pasan

muchas horas sin funcionar (y por tanto sin producir ni cobrar), pero que

deben estar disponibles para cubrir la demanda cuando dejan de producir las

fuentes intermitentes (señaladamente la eólica, que sólo funciona cuando

hace viento, y la solar fotovoltaica, que sólo funciona cuando hay luz solar). El

pago de esta partida ha aumentado en el último año, medida muy

controvertida que favorece a las grandes compañías.

Veamos primero las cuantías de los costes variables. Según cifras de Endesa

para 2011, los costes en euros por megavatio-hora (€/MWh) se reparten así:

46

Nuclear Hidroeléctrica Carbón importado Ciclo combinado de

gas

Costes marginales 14 3 48 54

Costes fijos 16 12 12 18

Total costes no

financieros

30 15 60 72

Amortización y

retribución

34 49 25 30

Total 64 64 85 102

En 2011 la parte de costes variables en la tarifa final ascendió a 49,9 €. Esta

cantidad es la mitad de la que paga el consumidor y es a la vez la tarifa que

cobran todos los productores, independientemente de sus costes de

producción. ¿Cómo se fijan los precios para el consumidor final, esos 49,9 €? A

través de unas subastas trimestrales a las que concurren las empresas

productoras.

Compárese esta cifra con las de los totales de la tabla: todos los productores

estarían produciendo con pérdidas. Ésta sería la causa de que el déficit

tarifario no sólo no disminuyera, sino que aumentara. Pero ¿son así las cosas?

De hecho, estamos hablando de “costes reconocidos”, que las autoridades

reconocen como válidos. Ahora bien, ¿con qué criterio se miden?

En las centrales de carbón y de gas, la parte más importante del coste, el

coste marginal (llamado también “variable”, pero que no debe confundirse

con el “coste variable” antes mencionado), depende directamente del precio

del combustible, que además es de importación. Como se ve en la tabla, la

suma de costes marginales y costes fijos supera los 49,9 €/MWh. Pero ¿qué

ocurre con las nucleares e hidroeléctricas? Que la suma de costes marginales

y fijos está por debajo de esta cifra: 30 € y 15 € respectivamente. La

diferencia es aún mayor si se consideran sólo los costes marginales: 14 € y 3

€. ¿Qué es lo que encarece a la electricidad nuclear e hidráulica? Los costes

financieros. Volvamos a la tabla y veremos que representarían 34 € para las

nucleares y 49 € para las hidroeléctricas. ¿Es creíble este cálculo? Hay quien

dice que no, como Miguel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa,

una gran empresa que apuesta fuerte por las renovables. Sostiene Sánchez

Ortega que tanto las hidroeléctricas como las nucleares están ya amortizadas,

de modo que las empresas que poseen estas centrales obtienen un beneficio

extra injustificado y abusivo, concretamente la diferencia entre 49,9 € y los 30

€ de las nucleares y los 15 € de las hidroeléctricas por cada kWh. Sobre esta

base propone lo siguiente: “Si se corrigiera el régimen de retribución de la

hidráulica y la nuclear, que reciben [en 2010] un beneficio extra de 3.500

millones (1.705 para la hidráulica y 1.773 para la energía nuclear), podría

acabarse con el déficit tarifario”. Sin estos beneficios extraordinarios, el déficit

de 2010, que ascendió a 5.554 millones, se habría reducido hasta los 2.075

millones (es decir, en un 63%; véase www.energias-renovables.com,

47

21/11/2011) [1]. Recuérdese que en 1999 las eléctricas recibieron del Estado

los famosos 5 billones de pesetas (o sea, algo más de 30.000 millones de

euros) en concepto de Costes de Transición a la Competencia. Dicho con otras

palabras: si es cierto que las inversiones de las hidroeléctricas y nucleares ya

están amortizadas, estas empresas están cobrando un sobreprecio

injustificado, que encarece el precio final pagado por los consumidores y

mantiene artificialmente el déficit tarifario, instrumento permanente de

chantaje de las grandes eléctricas sobre el gobierno y los consumidores.

Hay razones de peso para desconfiar de las cifras de costes publicadas por

Endesa. Si las nucleares estuvieran ahogadas por los costes financieros, ¿por

qué han estado argumentando que la energía nuclear es tan barata? ¿Por qué

dan la batalla para alargar la vida útil de las centrales existentes? ¿Acaso les

gusta perder dinero?

Otro caballo de batalla en torno al déficit tarifario por parte de las eléctricas

es achacarlo a las elevadas primas que se pagan por la electricidad de fuentes

renovables. ¡Las renovables serían las culpables! El nuevo gobierno del Estado

ha aplicado esta doctrina en su primera medida sobre la energía: el

Decreto-Ley 1/2012, que elimina las primas a las renovables.

Para aclarar este punto, vamos a los costes regulados o peajes, que son la

otra mitad de la factura eléctrica que pagamos. Empecemos por las primas a

las renovables, que ya en 2010 habían experimentado un primer recorte. “En

el año 2011, las renovables representaron el 31% de los costes regulados, y,

por tanto, son responsables directamente, tan sólo, del 15% de los costes

totales incluidos en la [tarifa] TUR” (Luis Crespo, www.elconfidencial.com,

27/3/2012). Además de ese 31%, los costes regulados incluyen los otros

conceptos antes mencionados que no tienen nada que ver con las renovables

y que representan un 69% de esos costes. Algunos son tan irracionales como

la subvención al carbón nacional, que según algunos observadores deberían

considerarse gastos sociales destinados a conservar unos puestos de trabajo

condenados por la historia a desaparecer, y por tanto no deberían pagarse

con la factura de la luz. La Comisión Nacional de Energía propone sacar de los

“costes regulados” varias partidas más que permitirían abaratar la factura

para el consumidor final, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.

Pero volvamos a las renovables. El impacto en el precio de la luz de las

ayudas a las renovables —dice Luis Crespo en el artículo citado— “no hay que

mirarlo exclusivamente en ese 15% al que las eléctricas quieren demonizar.

[...] También tenemos que analizar el impacto que tienen las renovables en el

otro 50% de la tarifa”. ¿Cuál es el impacto de las renovables en las subastas

que fijan la otra mitad del recibo de la luz? En general, las renovables hacen

bajar la tarifa. En la última subasta el descenso por esta razón fue del 7%. “En

48

este resultado —dice Crespo— ha jugado un papel fundamental el hecho de

que una tercera parte de la electricidad que consumimos sea de origen

renovable.” En otras palabras: las renovables abaratan los precios que

resultan de las subastas, y el abaratamiento es tanto mayor cuanto mayor es

el volumen de corriente de origen renovable que entra en la red.

La CNE, en su informe del 7/3/2012, estima que la generación eléctrica de

origen renovable en Europa “ha contribuido a una reducción significativa, del

44%, de las emisiones de CO

2

del sector eléctrico entre 2005 y 2011”, y

justifica las primas a las renovables “como consecuencia de sus buenas

características energéticas y ambientales”. A eso se puede añadir que ahorran

las importaciones de petróleo, carbón y gas, y refuerzan la independencia

energética del país.

Las grandes compañías eléctricas que operan en España —prácticamente en

régimen de oligopolio— dominan la política energética [2]. Aunque algunas

han desplegado ya instalaciones eólicas y fotovoltaicas, son ellas las que

libran la batalla contra las renovables. Una explicación a esta aparente

paradoja es que desean amortizar al máximo todas sus inversiones en fuentes

convencionales y, además, lograr un doble objetivo en el campo de las

energías verdes. El primero, ahogar o aplastar todas las iniciativas

empresariales nuevas —muchas pequeñas y medianas empresas o

cooperativas—, que no podrán soportar la supresión de las primas. En España

hay mucha tecnología punta, muy competitiva a nivel mundial, y estaba

apareciendo un tejido empresarial prometedor. Sin primas, no salen los

números y hay que cerrar. En el sector se habla de un centenar de empresas

cerradas y unos 20.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos tiempos.

Las grandes eléctricas quieren desertizar el sector para ocupar ellas todo el

terreno.

El segundo objetivo es desanimar el modelo más deseable de desarrollo

renovable, que es el de la producción distribuida, consistente en instalaciones

pequeñas (fotovoltaicas, minieólicas, de biomasa...) en toda clase de

construcciones: viviendas, empresas, edificios municipales, etc. Éste es el

modelo predominante en Alemania, gracias a una legislación y a unas

condiciones de financiación muy favorables. Las grandes eléctricas no quieren

autonomía energética de la gente, sino disponer de millones de clientes para

su producción concentrada (y por eso prefieren las grandes “huertas solares”

fotovoltaicas o los grandes parques eólicos a las placas fotovoltaicas y a la

minieólica en los tejados de las casas).

La eliminación por decreto-ley de las primas a las renovables es una

catástrofe para el futuro energético del país. Va a suponer un retraso en la

necesaria transición energética. Va a destruir un tejido empresarial que había

49

dado pasos importantes en los últimos años, haciendo de España país pionero

del sector. Va a eliminar miles de puestos de trabajo, y además puestos de

trabajo con mucho futuro y estabilidad, porque el mercado de las renovables

va a crecer inexorablemente en los años próximos. Lo que encarece la

electricidad en España y eterniza el déficit tarifario no son las primas a las

renovables. Lo que desangra el sistema eléctrico español son los beneficios

hinchados de unas pocas grandes compañías.

Ante ello, y ante la opacidad del sistema, lo más urgente sería, como sugiere

Ana Marco, “reclamar una auditoría del déficit de tarifa, que es una deuda

ilegítima y odiosa, y recuperar la titularidad pública de las líneas eléctricas

para construir un sistema democrático dirigido al ciudadano”

(www.energias-renovables.com, 8/3/2012). Una auditoría fiable —cabe

añadir—, tutelada por instituciones públicas europeas, no condicionada por los

enormes intereses del oligopolio eléctrico español, debería permitir aclarar lo

que está ocurriendo realmente para iniciar el rumbo hacia un sistema nuevo

basado en fuentes renovables.

Notas

[1] Los 5.554 millones corresponden a 2010. El déficit acumulado a 6/3/2012 era de 21.812

millones, según cifras de la CNE (informe de 7/3/2012, p. 6).

[2] He aquí la lista de las grandes eléctricas, con los porcentajes que indican sus cuotas de

participación en el déficit tarifario: Endesa (44,16%), Iberdrola (35,01%), Gas Natural-Unión

Fenosa (13,75%), HC Energía (6,08%) y E.on España (1,00%). Recordemos que están

agrupadas en la entidad llamada UNESA y que Endesa está participada en un 92% por la

italiana Enel.

30/3/2012

50

Petróleo por las nubes y tasas climáticas: la aviación turística, en

caída libre

Joan Buades

A punto de entrar en el quinto aniversario de la crisis actual, parecería como si

el sector turístico lo estuviera resistiendo mejor que nadie. Para el 2012, su

lobby publicitario anuncia que se superarán los 1.000 millones de turistas

internacionales (Caribbean News Digital, 08/03/2012) con un crecimiento

envidiable del 2,8% del sector respecto de 2011. Para remachar el clavo,

Marriott International, la segunda cadena hotelera del mundo, se atreve a

proclamar una nueva "edad de oro" para el turismo global (01/25/2012).

Pero no haga caso de tan importantes lobbies de la "industria sin chimeneas".

En realidad, el 2012 podría representar el "cenit del turismo" planetario. El

punto débil es la aviación. El tráfico aéreo constituye uno de los sectores

punta del industrialismo, capitalista o no. Entre el año 2000 y 2007 ha crecido

de un 38% hasta alcanzar unas cifras totales de 2.000 millones de pasajeros,

una tercera parte de los cuales, aproximadamente, son turistas. La previsión

de crecimiento que se proclama desde el interés comercial directo sigue

siendo espectacular: ¡de las 815.000 millas viajadas en 2011, a 1,5 billones

dentro de 20 años! (AOPA Online, 15/03/2012).

El problema no radica en las expectativas de demanda turística ni de más

aviones. Ni que sea por las importantes reservas de deseos a satisfacer en las

economías "emergentes" (como China, India o Brasil) con cientos de millones

de nuevos clientes deseosos de disfrutar de los mismos niveles de consumo

del Norte, por aquí no hay "peligro". Para entender lo que realmente está

pasando y por qué estas previsiones fracasarán debemos fijarnos en dos

factores limitantes cruciales: ¿qué está pasando con los dos cenit silenciosos

que condicionan el futuro de nuestra especie?. El primero, el fin del petróleo

barato, el llamado "cenit del petróleo". El otro, el calentamiento global

galopante, el "cenit del clima agradable" para la vida humana sobre el

Planeta. No son preocupaciones de cuatro alocados, no creáis. Por ejemplo, el

Financial Times avisaba recientemente que los precios del petróleo estaban

más altos que nunca desde el verano de 2008, que alcanzaron el récord

histórico (147 $ el barril). De hecho, en septiembre de 2008, cuando quebró

Lehman Brothers y se iniciaba la crisis actual, el precio del Brent era de 99 $ y

ahora roza los 125 $ el barril. Si miramos un poco atrás, hace apenas ocho

años, en febrero de 2004, el coste era de apenas 30 $ (Index Mundi,

20/03/2012). Medido en euros, la crisis con Irán hacía que las últimas semanas

el petróleo batiera su coste máximo absoluto, 94,2 € a finales de marzo

respecto a los 93,1 € que valía el barril en julio de 2008 (Reuters, 23/02/2012).

51

Según Lloyds, una de las instituciones financieras más respetadas del orden

neoliberal, los costes del petróleo estarían subestimados y pueden esperarse

precios de hasta 200 $ / 150 € para el 2013, por el efecto combinado de

extracciones cada vez más raras y caras y la explosión de la demanda en

China e India (The Guardian, 11/07/2010).

Por el lado del clima, la cosa se está poniendo muy fea también. A pesar de

que la industria aérea consiguió no ser incluida en el Tratado de Kioto

(1997-2012), ahora se está imponiendo la evidencia de que el impacto

climático del transporte aéreo y marítimo es creciente, mucho más relevante

que lo que se había reconocido hasta ahora y que no puede seguir quedando

impune. Un reciente informe insólito encargado por los ministros de finanzas

del G20 propone gravar con una tasa de 25 $ la tonelada de carbono

quemada en aviones y barcos, lo que permitiría recaudar 40.000 millones de

dólares en 2020 y reducir las emisiones de este transporte entre el 5 y el 10%

(The Guardian, 21.7.2011). Todo ello mientras entraba en vigor el 1 de enero

de 2012 la tasa sobre el CO2 de los aviones que vuelan a y desde Europa. La

medida, inédita en el mundo, ha abierto una guerra comercial entre la UE y

China y EEUU, que se niegan a pagar por contaminar (El País, 06/02/2012).

Llueve sobre mojado porque, en medio de una enorme resistencia del lobby

de las compañías aéreas, los dos principales mercados europeos emisores de

turistas aéreos, el Reino Unido y Alemania, aplican desde el otoño de 2010

sendas tasas aéreas a cuenta del desgaste climático asociado (Wikipedia).

Sin perder de vista el sostenido impacto añadido de la crisis para el poder de

consumo de las clases medias y bajas del Norte, este doble "cenit" del

petróleo barato y del clima agradable está empezando a derrumbar los

cimientos del boom aéreo que hemos vivido durante la última década. A pesar

de que ni lo mencionen oficialmente, este es el trasfondo que explica el

derrumbe de los resultados de Thomas Cook, -70% del precio en las acciones

(El País, 11/22/2011), y de TUI (Financial Times, 07/02/2012), los principales

touroperadores europeos. Obviamente, el encarecimiento radical de los

precios del combustible está en la base de la reciente quiebra de una serie de

compañías low cost como la catalana Spanair (El País, 01/30/2012), una de las

seis que han cerrado definitivamente en lo que llevamos de 2012 desde

Australia a Europa (Hosteltur, 02/20/2012). El fin del petróleo a precio tirado

drena ahora mismo los resultados de compañías aéreas bandera como la

brasileña TAM, la primera de América Latina (Financial Times, 13/02/2012);

IAG, la alianza de British Airways e Iberia (Hosteltur, 01/03/2012); Vueling, la

división low cost de Iberia (Hosteltur, 02/20/2012), por no hablar del conjunto

de las norteamericanas (Reuters, 21/02/2012). De hecho, la propia IATA, el

organismo que regula el tráfico aéreo internacional, advertía hace poco que

en su conjunto el sector de la aviación podría llegar a perder 5.000 millones

de dólares este año debido al impacto de un incremento aún mayor del

52

combustible a raíz de un nuevo conflicto con Irán (US News, 03/20/2012). En

un mercado tan relevante como el alemán, Lufthansa ha entrado en pérdidas

por el efecto combinado de la explosión del precio del combustible y el coste

de la tasa climática sobre los billetes (Hosteltur, 16/03/2012), mientras que Air

Berlín, con gravísimos problemas de liquidez, se ha salvado del cierre in

extremis porque se ha vendido a Etihad, la compañía pública del emirato de

Abu Dhabi (Expansión, 19/12/2011). El impacto regional de la entrada en vigor

y el encarecimiento progresivo de la tasa aérea por pasajero británico está

teniendo un especial impacto en el Caribe, donde se habla de una reducción

de unos el 7% del número de turistas procedentes del Reino Unido (Caribbean

News Digital, 01/24/2012).

Como ciudadanía crítica, la contemplación de esta lluvia de noticias aisladas

en la prensa convencional debería ponernos en alerta sobre la realidad en la

sombra que se oculta. La edad de oro del turismo, basada en la multiplicación

de los vuelos a bajo coste gracias a un petróleo de precio irrisorio, ya ha

pasado y lo que tenemos por delante es una situación de creciente

emergencia planetaria en materia climática y de justicia global. En la carrera

para proteger el clima común, el fin de la aviación low cost está,

afortunadamente, muy cercano.

26/3/2012

53

8 de marzo, convalidación de la Reforma Laboral y los derechos de

la mujer trabajadora

Vidal Aragonés

Casi con toda seguridad, este 8 de marzo de 2012 pasará a la historia del

Estado español no como un día más de la Mujer Trabajadora sino como el de

convalidación del RD-Ley 3/2012. Más allá del mal gusto que supone situar en

el día de reivindicación de los derechos de la mujer la reaprobación de la

norma más regresiva en cuanto a derechos laborales, debemos subrayar la

especial afectación que para las mujeres supondrá la nueva normativa.

Unas semanas después de la publicación de la contrarreforma laboral, tan sólo

los sectores ultras han sido incapaces de reconocer la virulencia de las

medidas aprobadas por el gobierno. Seguramente, fruto de la habitual

insensibilidad existente para la realización de análisis de género de las

normativas, no se ha prestado la necesaria atención a la más gravosa

afectación que para la mujer trabajadora tendrán los ya vigentes cambios

normativos.

La desregularización del contrato a tiempo parcial (prácticamente impuesto a

una de cada cuatro trabajadoras y residual en los trabajadores) a través de la

legalización de las horas extraordinarias puede suponer trabajar a la carta

para gran parte de las mujeres que ostentan este contrato.

La eliminación de los salarios de tramitación y la reducción de la

indemnización convertirán en más inestable la relación laboral, especialmente

para quien ostenta menor antigüedad y salario, es decir, las mujeres.

Observarán que ahora sus contratos, más allá de temporales o indefinidos,

serán sometidos a término con indemnizaciones de 8, 9, 20 o 33 días por año

trabajado.

La clarificación y facilitación de las extinciones de contratos para el personal

laboral del sector público afectará más a las mujeres. Este ámbito es el que

había permitido que la mujer trabajadora tuviera mayor estabilidad laboral, y

allí la brecha de desigualdad retributiva es más reducida. A su vez, la

destrucción de empleo en empresas públicas y en la Administración será el

procedimiento a través del cual se intentará desmantelar gran parte de los

servicios públicos que han jugado un importante papel en la emancipación

social de las mujeres, en la medida en que las separa de su histórico rol de

trabajo reproductivo y familiar. Una amplia red de guarderías y escuelas

públicas de calidad, así como otros servicios sociosanitarios, son los que

facilitan un proceso de independencia de la mujer trabajadora.

54

Cobra también importancia la nueva forma de reducción de jornada por

guarda legal de menores, derecho ejercido básicamente por mujeres y

residualmente por hombres, cuyo nuevo requisito de desarrollo diario

supondrá una limitación real del derecho.

La contrarreforma laboral se convertirá en el punto de inflexión del

ascenso-descenso de los derechos laborales de la mujer durante los últimos

años. Aun así, debemos hacer crítica y autocrítica a algunas de las consignas

que formalmente defienden la tan necesaria igualdad retributiva. No se puede

reclamar igualdad salarial entre mujeres y hombres y negar que es la división

social del trabajo la que con la cuestión de género consolida esa realidad. A su

vez, desde sectores que solicitan sociedades radicalmente igualitarias no se

asume que en la medida en que no se incorpore a los hombres al trabajo

reproductivo o familiar no se conseguirá la tan anhelada igualdad en términos

de género.

8/3/2012

55

Robar el futuro

Agustín Moreno

Hace quince años, en un instituto público de un pueblo del norte de Madrid,

conocí a unos alumnos trillizos de 2.º de bachillerato: buenas personas,

brillantes, comprometidos con las causas justas. Les fui siguiendo la pista:

cursaron sus carreras y doctorados. Hace poco me encontré con su familia y

me contaron que el físico estaba en una universidad argentina, el ingeniero

informático en una universidad de Estados Unidos y la bióloga, en un centro

de investigación en Francia. No es una anécdota, cualquiera podría citar otros

casos. Es una metáfora de lo que está pasando en España: un nuevo exilio

laboral que afecta a unos 300.000 jóvenes cualificados desde que empezó la

crisis.

Nos vendían que apostábamos por otro modelo de crecimiento, por el I+D+i,

por la formación de calidad, que podíamos estar en el grupo de los poderosos

(G-20). Pero la crisis, el golpe de Estado financiero, son la gran coartada para

acabar con nuestros sueños.

Los recortes presupuestarios y la reforma laboral del gobierno apuntan al

modelo de un país en vías de desarrollo que basa su competitividad en bajos

salarios, un débil Estado del bienestar, un derecho del trabajo inexistente y un

sistema educativo clasista y, por ello, mediocre. Para que las empresas ganen

dinero sin modernizarse. Va a ser la reforma laboral de los 6 millones de

parados y la única vía del gobierno del PP para su reducción es la emigración.

Esto explica la ofensiva contra una educación pública de calidad. En la lógica

neoliberal, no interesa gastar en formación para empujar después a la

generación de jóvenes más brillante y preparada de nuestra historia a que se

vaya del país, presentando la emigración como si fuera una fiesta.

Todo tiene coherencia, el sistema educativo, el mercado de trabajo y el

modelo de sociedad al que nos quieren llevar: excelencia para unos pocos y el

resto, peones y trabajadores precarios y mal pagados en una sociedad cada

vez más dual y polarizada. Es evidente que la lucha por una educación pública

de calidad y por la derogación de la reforma laboral es la misma, y la marea

verde no puede faltar a la huelga general del 29 de marzo. Para que no les

roben el futuro ni a los jóvenes ni al país.

23/3/2012

56

Miedo a morir

La muerte entre el miedo y el derecho

Juan-Ramón Capella

La muerte no es plato de gusto para las personas jóvenes. Se suele reflexionar

sobre ella cuando su guadaña ya ha segado, una y otra vez, a personas a las

que queremos.

Hay grupos de personas que no temen la muerte. Uno es el grupo de los muy

ancianos, cuando vivir conlleva cargas pesadas y lo inevitable está cerca.

El otro grupo de personas que no la temen es el de los no creyentes, o ateos,

comoquiera que se les llame. Los no creyentes nos desasosegamos pensando

en que un día tendremos que dejar a las personas queridas, y en cómo las

tendremos que dejar. Pero sólo tememos, de verdad, el dolor físico. Y

carecemos de toda seguridad de poder escapar a él. No tememos la muerte,

pero sí el dolor del desajuste terminal.

Hay personas que palian su temor a la muerte mediante el expediente

religioso, esto es, adhiriéndose con toda la firmeza de que son capaces a la

por lo demás infundada creencia en la existencia de otra vida, en una

segunda oportunidad, consoladora además de las desgracias e injusticias de

la vida verdadera, la que viven. No todas las personas creyentes temen morir.

Pero sí la mayoría, y es cierto que en su creencia se sienten acompañados

gregariamente y reafirmados por quienes la comparten, y empujados por

pastores que les estimulan a temer y a creer. Estos pastores operan con

dogmas contrarios a la lógica, con relatos ajenos a la experiencia, y también

al idear ritos y rituales que tienen la función de suplir la falta de lógica y de

experiencia. Las prácticas religiosas afianzan la creencia.

Las personas son respetables siempre. Las creencias que sostienen no

siempre lo son. Nos vemos obligados a combatir ciertas creencias respetando

a las personas que las sostienen. Empezando por la creencia de que todas las

opiniones son igualmente respetables. Esto no es así. Las opiniones pueden

ser desinformadas, absurdas, disparatadas, infundadas, o compartidas,

coherentes, fundamentadas, etcétera. Por eso las creencias se pueden

combatir. Las evidencias, no.

Es particularmente enjoso, y en una sociedad bien ordenada debería ser

condenado y proscrito socialmente, inculcar creencias a los niños para que

desarrollen sentimientos y emociones de temor o de terror. La amenaza

tradicional de las eternas llamas del infierno a personas tan jóvenes que

57

difícilmente son capaces de hacer conscientemente el mal parece

especialmente repugnante. Es un signo, en realidad, de que los pastores

desean poder sobre los demás —y primero el más insidioso y opaco de todos:

el poder cultural— a costa de lo que sea, incluida la tortura psíquica infantil.

Éste es sólo un ejemplo de la fabricación emocional en que trabajan los

pastores de la Iglesia católica, diferenciados, por ejemplo, de sus colegas

creyentes evangélicos por erigirse en intérpretes autorizados de una supuesta

voluntad divina en materia de moral y costumbres, frente a una grey a la que

no se le reconoce capacidad para pensar por sí en tales materias (por

llamarlas de alguna manera).

Todo esto viene a cuento de lo siguiente: el deseo de las personas no

creyentes de evitar el dolor terminal, o la simple voluntad de disponer

libremente de sus vidas, conduce a su exigencia de reconocimiento de la

eutanasia como un derecho. Derecho a la eutanasia, esto es: el derecho a

poder ser auxiliados para morir por personal especializado en la evitación del

dolor, de acuerdo con una voluntad previamente expresada en forma y

sostenida en el tiempo (requisitos destinados a evitar decisiones inmeditadas

en situaciones de depresión psíquica).

Pero el reconocimiento del derecho a la eutanasia es combatido sobre todo

por personas creyentes.

Son personas creyentes del demos las inducidas a oponerse a reconocer el

pleno derecho a morir con dignidad. Inducidas por quienes las pastorean. Y

ello, sobre todo, porque el derecho a morir con dignidad afecta al monopolio

cultural que los pastores mismos tratan de mantener: el monopolio de las

ideas sobre la muerte.

La Iglesia católica ha alcanzado en España cuotas de poder político y cultural

de las que no ha dispuesto en ningún otro país de la Tierra. Eso se debe a los

réditos de la histórica alianza del trono y del altar, para la unificación de los

reinos de España en torno a una sola creencia impuesta a sangre y fuego: por

la sangre de las torturas inquisitoriales, por el fuego de las hogueras de la

Inquisición, por las expulsiones de los españoles hebreos o moriscos.

La Iglesia católica debe ser hoy ostracitada de la vida política del país.

Podemos aceptar sus manifestaciones folclóricas y turísticas —de la Macarena

al Rocío, o al Corpus de Toledo, la ciudad de las hogueras en Zocodover— e

incluso subvencionar el mantenimiento de las obras de arte de las que las

leyes la hacen todavía titular. Pero no podemos aceptar en modo alguno su

intervención empujando a masas de creyentes contra las aspiraciones de los

ciudadanos no creyentes.

58

No es sólo la doctrina sexual de la Iglesia, ni sólo su minusvaloración de las

mujeres, ni sólo el daño causado por sus sádicas prédicas a tantas personas:

también su oposición al reconocimiento de derechos motiva que hayamos de

combatirla mientras no acepte que su posición en una sociedad democrática

ha de igualarse con la que ocupa en las demás sociedades de Europa

occidental: fuera de la esfera pública.

Para que podamos vivir y morir tranquilos, cada uno con sus creencias.

5/3/2012

59

Ensayo

Armando Fernández Steinko

Origen y recorrido del movimiento 15-M español

El ciclo de protesta que comenzó en España en la primavera de 2011 ha

pasado la prueba del verano irrumpiendo con fuerza en las manifestaciones

de otoño. ¿Qué es exactamente el llamado "movimiento 15M" [1]? ¿Cuál es su

futuro?

La mejor forma de contestar a esta pregunta es combinando dos niveles de

análisis: 1) el de las tendencias profundas que se vienen acumulando desde

hace años en España y que han venido configurando nuevos sujetos políticos,

y 2) las coyunturas político-económicas que prendieron la mecha de la

protesta. Les añadiremos una tercera parte en la que describiremos el estado

del movimiento en la actualidad (noviembre de 2011) aventurando algunas

hipótesis sobre su futuro. Para el desarrollo del primer punto nos basamos

preferentemente en trabajos propios publicados en los últimos años y en una

sociología política del país publicada recientemente [2]. En ellos apuntamos la

acumulación de contradicciones de fondo que han resultado decisivas para

comprender la oleada de protestas en España. Para el segundo nos

basaremos en nuestra experiencia como testigo directo, así como en los

hechos mismos reconstruibles a partir de la prensa diaria. Para la tercera

parte nos basamos en una pequeña encuesta realizada entre actores directos

del movimiento repartidos por varios territorios del Estado, así como en

algunos datos aportados por Cuesta et al. (2011).

1. El nacimiento de nuevos actores

La democracia española, que se inicia con la Constitución de 1978, nace de

una ruptura político-institucional con el régimen anterior, pero también de una

continuidad notable en lo que se refiere al orden económico y empresarial. La

Constitución sanciona el derecho universal a la educación y pone en marcha

un sistema fiscal más o menos progresivo para financiarla. Sin embargo,

efectúa un rodeo alrededor del orden económico y sobre todo empresarial,

que deja completamente intactos. La transición refleja el pacto que firman los

social-liberales españoles —literalmente empujados al poder por la

socialdemocracia alemana— con los tardofranquistas sobre la base de un

programa que impide toda intervención pública en la esfera de las empresas

privadas [3]. Las empresas privadas heredadas del franquismo son

organizaciones jerárquicas, tienen estilos de dirección autocráticos y una

notable ausencia de actividades formativas para sus empleados. Las crisis de

los años 1980, 1990 y 2007, en las que el desempleo subió por encima del

60

20%, han demostrado su incapacidad para crear trabajo suficiente para la

población. Pero la falta crónica de trabajo hace imposible la financiación

sostenible del Estado del bienestar, lo cual bloquea de facto la posibilidad de

cumplir el programa de los grandes pactos de la transición política. Sólo las

administraciones y las empresas públicas, hoy privatizadas, crearon trabajo

de calidad en los años ochenta y noventa. El boom inmobiliario y el turismo de

masas, basados en tareas poco creativas, reforzaron el modelo posfranquista

debido a su particular capacidad de generar empleo.

Las afiladas tijeras de la "sobre"-cualificación

Uno de los resultados trascendentales de estas políticas fue el rápido aumento

de los egresados universitarios, que se produce en paralelo al estancamiento

relativo de las “ocupaciones-cabeza” en las empresas privadas españolas.

Esta tijera entre lo que el 18% de la población ocupada —sobre todo

femenina— sabe hacer y la oferta de sólo un 5% de ocupaciones realmente

cualificadas empezó a acumular, a partir de los años noventa, una

insatisfacción latente entre sectores inicialmente beneficiarios del Estado del

bienestar [4]. Esta insatisfacción irrumpió puntual e inesperadamente con las

movilizaciones contra el modo que tuvo el gobierno del Partido Popular de

gestionar el desastre ecológico del Prestige (2002) y con las movilizaciones

contra la participación del gobierno de Aznar en la guerra de Irak [5]. Produjo

una forma particular de precariado llamado “mileuristas”: una población

activa muy cualificada —y cada vez más feminizada— que, o bien no puede

aplicar sus cualificaciones en el trabajo, o bien, aplicándolas, gana un sueldo

que está muy por debajo de su competencia y de su productividad.

A la falta de trabajo y a la temporalidad del conjunto de la población activa se

suma este colectivo nacido de una contradicción política de fondo que late

desde los momentos fundacionales de la nueva democracia española. Sus

conocimientos les permiten conquistar una autonomía personal, pero el

blindaje (neo)liberal de la nueva democracia genera una situación que les

impide emanciparse de hecho, bloquea la conquista de una autonomía real. La

cultura juvenil y las drogas —legales e ilegales— evocan una autonomía que

en realidad no existe, aunque sí produjeron una innovación en el ocio juvenil:

el botellón. El botellón es un antecedente de la ocupación de plazas. Consiste

en comprar alcohol barato y consumirlo en una plaza pública que se convierte

así en lugar de socialización juvenil. La falta de un espacio propio, el

desempleo y la temporalidad que reducen los ingresos de los jóvenes, pero

que también les permiten trasnochar, han generalizado este fenómeno

exportándolo a otros países europeos [6]. El grueso de la oposición juvenil a

la guerra de Irak se fraguó en los círculos del botellón de las grandes

ciudades: los hijos y las hijas de profesionales urbanos con estudios, o en vías

de terminarlos, y padres ya politizados en la transición.

61

Esta tensión entre autonomía potencial y autonomía real es decisiva para

entender el 15-M. La composición social de sus actores es compleja y depende

de la zona del país, pero en general dominan los jóvenes entre 19 y 30 años

con formación universitaria o en vías de adquirirla, y domina la distribución

paritaria entre hombres y mujeres con una conciencia política bien definida

que, sin embargo, no les lleva a votar [7]. Son los hijos de los profesionales

urbanos y periurbanos, aunque no sólo. En este grupo de insatisfechos hay

que incluir también a los hijos de las clases populares beneficiados por el

ascensor social propulsado por la cualificación, un ascensor que se quedó

parado a medio camino, sobre todo para este segmento esforzado y

meritocrático de la población.

Una de las cosas más llamativas de todo lo que ha sucedido en las plazas

españolas es la presencia de personas altamente cualificadas: abogados,

médicos, economistas, licenciados —o en vías de serlo—. Destaca como

novedad el protagonismo de las mujeres, que han adoptado un papel de

catalizador organizativo y de mediadoras entre opiniones discordantes.

Muchas se ofrecen como voluntarias para moderar las asambleas y lo hacen

con gran competencia, obligando a respetar turnos de palabra y

desautorizando a aquellos con tendencia a hacer largos discursos poco

operativos. Esta elevada competencia profesional ha incrementado desde el

principio la capacidad de respuesta técnica y la madurez de las asambleas,

por ejemplo a la hora de organizar la defensa legal de los detenidos o de

asistir a las personas víctimas del calor. Por tanto, el 15-M es en primer lugar

un espacio en el que una masa ingente de cualificaciones acumuladas tras los

pactos políticos de la transición, pero despreciadas por los mercados de

trabajo, encuentran una forma de hacerse socialmente útiles. Su elevada

capacidad de solucionar en poco tiempo problemas técnicos, organizativos, de

poner en marcha comisiones y foros de discusión es impensable sin esa masa

de capacidades puestas a disposición del movimiento.

Nueva fuerza productiva, nuevos sujetos

Las Nuevas Tecnologías, una fuerza productiva que ha trastocado la

dimensión temporal y espacial en la que viven y trabajan cada vez más

personas en España, tienen un protagonismo central en estas experiencias.

Aquella generación de jóvenes que viven con los padres hasta edades

avanzadas, que se instalan en lo inmediato de un trabajo ocasional, que

aceptan la sobreexplotación para, al menos, acumular un remanente

económico que luego pueden destinar al ocio, que ha minimizado el conflicto

generacional y que se desentiende de cualquier forma de organización. Han

colocado el ordenador en el centro de su actividad comunicativa: son “nativos

digitales” (Prenski). Por un lado, el ordenador es una tecnología

individualizante y flexible que encaja en las experiencias laborales efímeras o

62

espacialmente distantes de muchos jóvenes precarios. Esto debilita los

vínculos personales que producen las relaciones laborales más estables y

aleja a sus usuarios de las formas de participación política y sindical nacidos

de estos entornos. Lo único estable en estos espacios es la familia; todo lo

demás, incluidas las relaciones sentimentales, es fugaz. No hay jefes, no hay

hora de comienzo y de final para trabajar, existe una fuerte autonomía en el

trabajo, aun cuando ésta conduzca frecuentemente a la autoexplotación [8].

Por otro lado, los ordenadores son una ventana abierta a un infinito anónimo y

ubicuo que contrarresta el aislamiento creando una socialización virtual en la

que los valores progresistas y solidarios tienen cabida, como hemos podido

comprobar, aunque siempre insertados en otros individualistas de fondo: no

hay necesariamente individualismo, aunque éste abunde sin lugar a dudas,

pero sobre todo hay individualización, una cultura de lo propio y lo

segmentado que poco tiene que ver con los valores que se adquieren en los

entornos laborales y políticos tradicionales [9].

Estos datos son relevantes para entender las nuevas formas de cooperación y

participación política asociada a las nuevas tecnologías, su difícil encaje en las

organizaciones que requieren de una presencia física y en los espacios más

tradicionales de la izquierda. Sólo el 35% de los participantes en las

asambleas de Salamanca dijeron haber sido convocados por un amigo; el

resto lo hizo por medios digitales. Llama la atención la calidad y la inventiva

de muchas de las páginas web e iconos diseñados por los participantes

anónimos, la rapidez con la que son puestos en funcionamiento, alimentados

y conectados entre sí [10]. También explica la capilaridad del movimiento, su

extensión territorial hacia zonas muy poco activas políticamente: espacios

rurales o semirrurales dominados por el abstencionismo y la derecha. Las

asambleas formadas en las plazas y en los barrios permitieron darle una

ubicación física al movimiento, pero los espacios virtuales de las páginas web,

de las columnas de Facebook y de las direcciones electrónicas de los

participantes son sus espacios más estables, a veces los únicos que pueden

ser llamados así, puesto que el resto es una simple posibilidad de volverse a

reunir. En esta desmaterialización de los espacios de acción política

generados por las nuevas fuerzas productivas radica uno de los puntos

fuertes, pero también uno de los más vulnerables, del movimiento 15-M

español.

2. Las cerillas que prendieron la mecha del Tea Party antineoliberal

Para que estos y otros condicionamientos estructurales se transformaran en

acciones tuvieron que pasar algunas cosas de signo más coyuntural. Hay dos

factores que me parecen decisivos: la escalada de la corrupción urbanística y

el viaje de Zapatero a Londres en mayo de 2010. Prendieron la llama de un

Tea Party antineoliberal que sacudió en poco tiempo a todo el país.

63

El abstencionismo de la juventud, que refleja una desafección hacia el sistema

político-institucional, no es una cosa nueva en España. Ya era más elevado

que la media incluso en los años de máxima politización de la población

española a principios de los años ochenta. El acceso intermitente de los

jóvenes al mercado de trabajo, junto con las nuevas fuerzas productivas,

como hemos visto, generan distancia y desinterés por los espacios

institucionales estables y por el sistema político-institucional en particular, al

tiempo que debilita la cultura sindical. Pero tampoco esto es nuevo en España.

¿Qué es entonces lo nuevo?

Lo nuevo es la extensión de esta desafección a sectores más amplios de la

población: a los que tenían un trabajo y lo han perdido, a los profesionales con

un trabajo relativamente estable que vienen de la cultura política del

antifranquismo, que han construido las nuevas instituciones democráticas y

que hoy son padres de hijos mileuristas. Lo nuevo es la extensión de la crítica

del turnismo parlamentario a aquellos que consiguieron comprar un piso en

los tiempos del boom y que ahora están amenazados por los desahucios, su

extensión a algunos hijos de los trabajadores agrícolas y de la pequeña

burguesía urbana educados en una cultura de la meritocracia que tiene que

ver cada vez menos con la realidad. Para explicar esta nueva oleada de

deslegitimación del sistema político-parlamentario a lo largo de los últimos

años, son fundamentales dos aspectos: el fenómeno de la corrupción

municipal y los acontecimientos de mayo de 2010.

Corrupción urbanística y erosión del sistema político

El capitalismo (popular) inmobiliario ha permitido mantener, mal que bien, el

Estado del bienestar en la era neoliberal, es decir: a) sin tener que redistribuir

la riqueza, b) sin tener que crear empleos con una mínima calidad y c) sin

tener que recurrir al gasto público. Descartada la posibilidad de recurrir a los

impuestos y al trabajo, fueron la liberalización del suelo y el incremento del

valor de los bienes inmuebles lo que les permitió a los ayuntamientos hacer

frente a la financiación de los servicios públicos que deben prestar por

mandato constitucional. Éstos empezaron a recurrir masivamente a la

recalificación de terrenos para financiarse con los impuestos de las plusvalías

y del trabajo local creado con la construcción [11]. Las recalificaciones son

actos administrativos fuertemente condicionados por las coyunturas

personales y las mayorías políticas locales, y forman un caldo de cultivo

criminogénico muy vulnerable a la corrupción llamada “urbanística”. No pocos

concejales y alcaldes aprovecharon la coyuntura para lucrarse personalmente

[12]. Sin embargo, no deja se ser una situación creada por el Partido Popular

—y luego utilizada por el PSOE— para financiar el Estado del bienestar de

forma que, hasta el estallido de la crisis, hubo muchos que prefirieron mirar a

otro lado cada vez que aparecía un concejal o alcalde corrupto en la prensa: a

64

cambio había parques, piscinas y ambulatorios. Sectores amplios de las clases

populares vivían la borrachera del ladrillo que permitió a muchos asalariados

en paro convertirse en pequeños empresarios de éxito y firmes votantes del

Partido Popular. Sus hijos se incorporaron al sector para realizar trabajos poco

cualificados pero muy bien pagados, catapultando la tasa de abandono

escolar a los índices más altos de toda la Unión Europea [13]. El pinchazo de

la burbuja cambió las cosas de raíz. La tradicional desafección que se ha dado

en muchos espacios rurales o semirrurales conservadores hacia la “política” y

esos “políticos” que han aparecido desde hace muy poco tiempo en sus vidas,

se unió ahora a las viejas manifestaciones de desafección propias de los

entornos urbanos. De hecho, la razón de ser más importante del 15-M para

sus participantes es la lucha contra la corrupción [14]. Esa confluencia explica

los índices de apoyo popular al 15-M, que en junio de 2011 estaban próximos

al 80% de toda la población, y que el eslogan más repetido por el movimiento

fuera el de “No nos representan”.

Sin embargo, esta asombrosa unanimidad no debería ser interpretada

apresuradamente como una repentina ampliación del número de ciudadanos

que reclaman formas más auténticas de participación política [15]. Esconde

universos políticos y sociológicos distintos entre sí y políticamente mucho más

inoperativos de lo que parece. Esto se refleja, por ejemplo, en una

desconcertante contradicción entre el elevado apoyo electoral al Partido

Popular y el apoyo mayoritario de la población a las reivindicaciones del 15-M.

La popularidad del “No nos representan” no es un apoyo claro e igual de

masivo a formas de representación política más directas de inspiración

progresista (asambleas, voto directo, etc.). En las grandes ciudades esto

podría ser así, pero desde luego no es el caso de los sectores conservadores

que se identifican con esta consigna aun cuando sus argumentos encajen bien

en la visión del poder de algunas secciones urbanas del movimiento

inspiradas en planteamientos libertarios (lo inmediato es lo único real, lo

complejo es sospechoso, etc.).

Un viaje de no retorno a Londres

El segundo momento que radicalizó la crítica de los “políticos”, esta vez

vinculándolos a los “banqueros”, fue la visita de Zapatero a Londres en mayo

de 2010. En plena turbulencia financiera, una serie de grandes actores

financieros empezaron a apostar contra la deuda soberana española. Esto

produjo un rápido aumento de los diferenciales de riesgo con respecto a la

deuda alemana y una especie de pánico en el palacio presidencial de la

Moncloa. El presidente Zapatero regresó de aquel viaje a Londres, destinado a

asegurar a los llamados "mercados financieros" que España iba a cumplir con

las políticas de austeridad exigidas por ellos, anunciando el fin de las políticas

de solidaridad para con los perdedores de la crisis. Este fenómeno coyuntural

65

no explica la desafección por sí misma, pero la amplió a muchos votantes del

PSOE, que, igual que todos los demás gobiernos del entorno, se decantó por

destinar el grueso de los impuestos de los ciudadanos a defender los intereses

de los que habían causado la crisis (las oligarquías financieras), abandonando

así su pretensión de equidistancia entre “poderosos” y “ciudadanía”. De

hecho, la indignación contra los bancos aparece, junto con el rechazo de la

corrupción, como el segundo motivo más importante para participar en el

15-M. Pero no sólo. A diferencia de las protestas en otros países, en España

éstas se dirigieron contra el sistema político-electoral, que hace imposible la

expresión de la voluntad popular, contra el bipartidismo y la “clase política en

su conjunto”, que en varias encuestas de opinión ya venía apareciendo desde

hace meses como uno de los principales problemas del país.

El incendio del Tea Party antineoliberal

En el otoño de 2010 había en toda España una sensación de orfandad

político-institucional, sobre todo en el lado de la izquierda. El único partido con

un programa antineoliberal claro, Izquierda Unida, tenía sólo un par de

representantes en el Congreso. Su refundación, lanzada dos años antes a

bombo y platillo como un objetivo estratégico, había sido bloqueada por los

sectores más inmovilistas de la organización, decepcionando a no pocos

militantes y simpatizantes [16]. En el parlamento había una situación de gran

coalición de facto que hacía imposible confiar en los cauces de la política

organizada, y aunque la huelga general de septiembre de 2010 tuvo un éxito

razonable, no se confiaba demasiado en la voluntad de los sindicatos

mayoritarios de seguir adelante con una política de oposición a las políticas

neoliberales [17]. La situación era, por tanto, comparable a la que se había

producido unos meses antes en los Estados Unidos, donde tanto el Partido

Republicano como el Partido Demócrata habían decidido salvar los intereses

de la gran propiedad financiera con los impuestos de la mayoría de la

población. Esta situación condujo al surgimiento de un movimiento ciudadano

antiestatalista y conservador conocido como Tea Party. En España sucedió

algo parecido aunque de signo ideológicamente inverso: surgió un Tea Party

antineoliberal [18]. En medio de aquella situación de estancamiento, un

grupo de personalidades, sindicalistas e intelectuales, lanzaron un

llamamiento a la población invitándola a decir “basta ya” y a suscribir un

programa antineoliberal de mínimos. Recibió miles de adhesiones en poco

tiempo: fue el ensayo general del 15-M y muchos de sus impulsores

participaron en dicho llamamiento. Meses después empezó a rodar el Tea

Party antineoliberal.

Ambos movimientos, el norteamericano y el español, son de signo ideológico

contrario, pero tienen en común varios aspectos altamente relevantes.

Ninguno de ellos procede del establishment político y ambos se producen

66

porque éste da signos de incapacidad para desentumecer una situación

creada por los “poderosos”. En ambos casos los ciudadanos, aunque con

programas políticos diferentes, reivindican su derecho a tomar decisiones

políticas importantes aspirando a arrebatarles el monopolio a los políticos

profesionales. En ambos casos, una parte de la ciudadanía intentar definir la

agenda política de los partidos. En ambos casos hay un rechazo del uso de

recursos públicos para rescatar a los grandes intereses financieros, un

rechazo que en ambos casos resultaba imposible de articular dentro de las

instituciones debido a la situación de gran coalición de facto. En ambos casos

se trata de movimientos de protesta de sectores amplios de la ciudadanía

inicialmente poco o nada organizados, movimientos ideológicamente abiertos

aun cuando los campos ideológicos fueran opuestos. Eso les dio a ambos una

transversalidad que el establishment político no pudo manejar, con lo cual los

ecos de la calle empezaron a empapar su agenda política. Ninguno de los dos

movimientos es el resultado de acuerdos programáticos muy elaborados, lo

cual les da a ambos un carácter abierto, aunque de fondo político distinto. La

ausencia (¿aún?) de movimientos de masas de ultraderecha y la presencia de

numerosos activistas de la izquierda en los primeros momentos evitó que el

15-M evolucionara desde posiciones ideológicamente ambiguas hacia una

impugnación de la “clase política” de signo ultraconservador. Esto no quiere

decir que los sectores “antipolíticos” de la ultraderecha no lo intentaran. De

hecho llegan noticias de que en algunos territorios, donde el Partido Popular

tiene una mayoría electoral aplastante, siguen intentándolo.

La manifestación del 15-M convocada desde la web Democracia Real Ya no

fue rabiosamente multitudinaria. Sin embargo, fue considerada un éxito

rotundo teniendo en cuenta la ausencia de organizaciones convocantes

importantes y, sobre todo, la forma nueva de prepararla a través de la web.

En Madrid terminó con escaramuzas menores, pero la acción represora de la

policía generó una solidaridad generalizada insólita en estas situaciones. Fue

esta oleada, y no tanto los hechos anteriores, lo que rompió el dique de la

autocontención ciudadana. Condujo a la ocupación masiva de plazas,

encabezada por la de la Puerta del Sol de Madrid, un símbolo del

republicanismo político que el gobierno conservador ha intentado borrar

colocando la estatua ecuestre de un rey ilustrado. Esta ocupación tuvo un

efecto llamada inmediato sobre el resto del territorio y, en cuestión de horas,

se produjeron un total de 74 acampadas en diversas ciudades y pueblos de

España. Éstas empezaron a organizar comisiones, a montar infraestructuras y

a recibir donaciones y apoyo masivo del resto de la población (alimentos,

bebidas, libros, colchonetas), creándose un clima de confraternización entre

capas sociales y generaciones distintas que no se había vivido en España

desde los años de la transición política.

Sin embargo, los que participaron en la manifestación del 15-M no fueron

67

exactamente los mismos que los que participaron en las asambleas y

acampadas. El segundo grupo era mucho más extenso e iba más allá del

núcleo de activistas informáticos. Aumentó como respuesta a la reacción de la

policía y, sobre todo, a las tergiversaciones publicadas por los medios de

comunicación conservadores, tergiversación que alimentó masivamente la

indignación de muchos nuevos participantes [19]. En este sentido, la

situación es comparable a la que se vivió en relación con las tergiversaciones

de la autoría de los atentados del 11-M de 2004 por parte del Partido Popular,

y que llevó a su inesperada derrota electoral: sectores amplios de la población

española parecen sentir un rechazo visceral a este tipo de prácticas. Con la

extensión a los barrios, el movimiento ganó en amplitud social y se capilarizó,

haciendo así técnicamente imposible su represión policial.

3. Estado e identidad del movimiento

Un movimiento de estas características es necesariamente intermitente. Al

depender de la iniciativa espontánea y no disponer de una cáscara formal que

le dé continuidad en momentos bajos, se apaga y reaparece en función de

objetivos concretos (una manifestación, una iniciativa concreta). Al final sólo

queda la estabilidad de los espacios de la web que, en este caso, son

decisivos, como hemos visto. Sin embargo, el movimiento está dando

muestras de mantenerse más tiempo que otros parecidos. A esto contribuye

la agudización de la crisis, pero también se debe a que se trata de un

movimiento más estructurado de lo que parece.

Movimiento y estructura

Todas las izquierdas, e incluso las derechas en las semanas iniciales del

movimiento, han intentado conectar con el 15-M, bien sea alimentándolo

organizativamente —siempre a título individual de sus miembros—, bien sea

haciendo suyas algunas de las reivindicaciones. Esto les ha valido un gran

reconocimiento a no pocas personas procedentes de espacios organizados

estables que son invitadas a intervenir en las asambleas (por ejemplo, en

Valencia, Barcelona, Andalucía y Murcia). Si bien el 15-M no está

“organizado”, contiene redes y conexiones organizadas en su seno que

explican su (cierta) estabilidad. Algunos de los grupos que impulsaron el

movimiento desde el principio son creaciones de la izquierda tradicional

(Juventud sin Futuro, Mesas de Convergencia, ATTAC, grupos ecologistas, de

defensa de bienes públicos) que contribuyen a estabilizarlo. Muchos de sus

iniciadores y continuadores son personas que abandonaron las organizaciones

tradicionales por diferentes motivos, pero que traen un bagaje del que se

sigue beneficiando el movimiento. Esto explica que, a pesar de que ha

decaído la participación, se hayan creado en muchos lugares núcleos de

actividad potencial o “rescoldos” (Juan Manuel Aragües) [20], que se pueden

68

reactivar si existe un número mínimo de actores coordinados para hacerlo.

Estas estructuras ocultas han permitido, al menos hasta ahora, mantener una

resistencia descentralizada y de baja intensidad, aunque relativamente

sostenida en el tiempo y alimentada periódicamente por acciones locales

(lucha contra los desahucios, acciones en sucursales bancarias, iniciativas

locales, etc.).

En realidad, el movimiento ya ha triunfado en varios sentidos. En primer lugar

ha conseguido definir una parte de la agenda política de todos los partidos y

de los medios de comunicación. Políticos y opinadores oficiales están

obligados a tomar posición sobre muchos temas puestos encima de la mesa

por el 15-M. El ala más socioliberal del PSOE ha sido (temporalmente)

acallada, y en Izquierda Unida han salido reforzados los sectores que

apostaban por la refundación frente a los sectores inmovilistas. Ha colocado a

la defensiva a los movimientos independentistas de clase media a los que pilló

por sorpresa con sus argumentos identitarios excluyentes, que les interesan

más bien poco a las clases populares de Euskadi y de Cataluña angustiadas

por la crisis [21]. Además, ha creado un foco de poder ciudadano en la calle

que persiste como realidad latente aun después de haberse levantado las

acampadas. Sobre todo ha generado una sensación de victoria que la

izquierda no sentía desde la transición política.

Hay, no obstante, aspectos que resultan menos alentadores. El esfuerzo por

colocar a lo que une en el centro de la deliberación política, el rechazo de las

banderas de cualquier tipo, que obedece al intento de reducir al máximo los

puntos de desencuentro, es sin duda un acierto que explica la transversalidad

del movimiento. Sin embargo, llevada a cierto extremo, la “despolitización”

dificulta la definición de un rumbo más claro hacia el que avanzar aun cuando

las propuestas vayan llegando poco a poco [22]. El principal problema

relacionado con la indefinición ideológica se debe a que muchos de sus

integrantes rechazan cualquier forma de “política” desde posiciones

posmodernas (Raquel Palacio). En estas posiciones, la historia, las clases

sociales y la distribución de la riqueza tienen menos importancia que el deseo

de realización individual. En cualquier caso: la adscripción ideológica del

movimiento es una de sus características más intrigantes. Por un lado, hay un

consenso entre sus miembros sobre la necesidad de eliminar símbolos

identificativos de proyectos políticos concretos y explícitos (partidos, banderas

rojas, banderas nacionales, incluso a veces banderas republicanas), de

esquivar maximalismos, palabras de madera y frases hechas, y muchos

participantes afirman incluso que el movimiento no tiene tendencia política.

Sin embargo, la mayoría de ellos se declaran claramente a la izquierda del

centro-izquierda [23]. Esto se puede interpretar como un intento de evitar

que la ideología propia pueda crear desencuentros y entorpecer el

crecimiento del movimiento: el corazón de los participantes es de izquierdas,

69

pero hay reticencias a hacerlo público y cierta aversión a etiquetarlo.

Pero la ambigüedad política del movimiento persiste por mucho que algunos

(viejos) activistas tiendan a ignorarla o a interpretarla sólo en clave positiva.

Algunos participantes intentan reducir el movimiento a una metodología de

participación en la que los objetivos —por ejemplo, de lucha contra las

privatizaciones— son relegados a un segundo plano, aparentemente en favor

de la unidad del conjunto, pero también debido al poco interés de algunos

participantes por poner en marcha una mínima agenda antineoliberal con

capacidad de generar hegemonías.

A esto se suma que en las asambleas de algunas ciudades abunda una

concepción simplista de poder democrático en el que éste es reducido a su

versión más inmediata y palpable, y en el que cada uno se puede representar

a sí mismo. Cualquier forma de delegación institucional y no institucional,

cualquier forma de organización, sean asociaciones de vecinos, partidos,

sindicatos u ONG, son identificados por algunos participantes con el enemigo

o son tenidos por lugares obsoletos y pervertidos en los que no hay espacio

para la “participación real de la gente”. Esto desarma al movimiento frente al

avance institucional de los neoliberales. Aquí opera sin duda la tradición

libertaria y su confianza en la participación directa como única garantía para

el ejercicio de la democracia. La creación de puentes con espacios de lucha

más tradicionales, como partidos, sindicatos, asociaciones, etc., sale

fuertemente perjudicada, lo cual dificulta la formación de un bloque

antineoliberal basado en la convergencia de todas las formas posibles de

poder.

También el carácter asambleario tiene su coste. Es muy intensivo en tiempo,

de forma que tiende a expulsar a aquellos que no disponen de él para

participar en unas asambleas que pueden llegar a durar muchas horas. Los

desempleados que tienen que buscar trabajo, los trabajadores y las personas

con compromisos familiares son discriminados frente a los que tienen mucho

tiempo disponible. Al final esto grava la participación de las clases populares,

de los participantes vinculados al mundo del trabajo y de las personas —sobre

todo mujeres— con responsabilidades familiares y laborales. El núcleo más

activo tiende así a estar cada vez más representado por los sectores más

acomodados y alejados del grueso de los perdedores del neoliberalismo.

Además, este ambiente es propicio para la apropiación de las asambleas por

parte de sectas políticas nacidas justamente de una parte de las clases

medias urbanas con ilimitados recursos de tiempo que se pueden dedicar a

una “hipermilitancia” (Mariano Pinós) que resulta inasequible para el grueso

de la población.

Conclusiones: el futuro del movimiento

70

El movimiento tiene tres grupos de actores y su futuro depende de la

composición personal de cada uno de ellos y de su integración. El núcleo duro

y minoritario que acampaba y dormía en las plazas está compuesto por

activistas con un perfil político más definido e izquierdista, con mucho tiempo

para dedicarle al activismo y pocas obligaciones laborales y familiares. El

segundo grupo es más amplio y socialmente representativo. Está formado por

personas con diferentes situaciones laborales y familiares que se acercan

regularmente a las asambleas, pero que no intervienen mucho o casi nunca

en ellas [24]. Son ciudadanos comprometidos y fieles al movimiento, pero que

no están dispuestos a tirarse horas y horas escuchando intervenciones. El

tercer grupo está compuesto por visitantes ocasionales de las asambleas que

lo miran todo con algo más de distancia, tienen otras prioridades y muestran

una menor fidelidad y constancia en su participación. Son ciudadanos que no

están tan ganados, a los que hay que intentar fidelizar con argumentos

convincentes.

En mi opinión, el futuro del movimiento dependerá en buena medida de dos

factores: 1) de la capacidad de crear nódulos más estables y estructurados

con capacidad de reactivar los “rescoldos” en un momento dado. Estas

estructuras tienen que alimentarse de ciudadanos de los tres grupos si se

quiere evitar el aislamiento del movimiento. La construcción de estos

“nódulos” o “mesas” es el objetivo de las Mesas de Convergencia y Acción

Social [25]. 2) El futuro del movimiento depende también del perfil personal y

político de aquellos que ocupen el núcleo duro. Este núcleo duro es el que

mantiene viva la llama en horas bajas, está dispuesto a dedicarle más tiempo

que el resto y, por tanto, es esencial para asegurar la sostenibilidad del

movimiento; sin su implicación activa se desharán el grueso de las redes. Si

en este núcleo duro se imponen aquellos miembros que no aspiran a generar

hegemonías sociales sino que se conforman con aplicar consignas

maximalistas, con experimentar métodos de participación destinados a su

propia realización personal y a experimentar con dichas consignas, es posible

que el movimiento no llegue a ser mucho más que una innovadora

experiencia política que quedará para el estudio de ensayistas y opinadores

profesionales. Si en este núcleo dominan aquellos que tratan de construir un

bloque social antineoliberal que aspire a conquistar la hegemonía social, el

movimiento puede ser el primer capítulo de algo más grande. En cualquier

caso, parece imposible construir este bloque sin apoyarse en las tres fuentes

de poder con las que cuenta hoy la ciudadanía en una sociedad capitalista

desarrollada para crear un contrapoder con capacidad de hacer frente al

neoliberalismo: su propia implicación directa en la calle y en otros lugares, su

representación institucional y el trabajo organizado.

Madrid, 18 de noviembre de 2011

71

Referencias bibliográficas

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qué reivindican?", en ZoomPolítico, abril de 2011.

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72

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Santamaría, A., "La rebelión de los indignados", en El Viejo Topo, julio/agosto

de 2011.

Taibo, C., "Entrevista a Carlos Taibo sobre el 15-M en sesenta preguntas",

octubre de 2011 (http://www.carlostaibo.com/articulos/texto/?id=355).

Notas

[1] El concepto de “indignados”, acuñado por Stéphane Hessel y difundido por los medios de

comunicación, no es el que ha dado nombre al movimiento desde el principio. Predomina el

uso de los términos “Movimiento 15-M” o movimiento de “Democracia Real Ya”. Con el paso

de los meses y la diversificación del movimiento se observa, sin embargo, cierta consolidación

del uso del término “indignados”.

[2] Fernández Steinko (2010).

[3] Fernández Steinko (2010, pp. 168 y ss.)

[4] Fernández Steinko (2003b).

[5] Fernández Steinko (2003a, 2004b).

[6] Fernández Steinko 2002.

[7] Calvo (2011, p. 4). Los datos numéricos se refieren a una encuesta realizada en la

asamblea de una ciudad universitaria como la de Salamanca, en la que el 70% de los

encuestados tenía estudios universitarios o estaba en vías de tenerlos. Este porcentaje no es

exactamente representativo del total del Estado, pero probablemente no se encuentre

excesivamente alejado de la media de todos los participantes a nivel estatal.

73

[8] Fernández Steinko (2004a).

[9] Fernández Steinko (2006, pp. 122 y ss.).

[10] Véase ¡Democracia real YA! - Europa para los ciudadanos y no para los mercados: No

somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Toma la plaza (#Acampadasol: Madrid

toma la plaza). Una innovación técnica sumamente efectiva fue poner un contador en la

página, que iba señalando los días, minutos y segundos que faltaban para el comienzo de la

manifestación. Esto coloca a sus visitadores en una especie de puesto de salida a la espera

del disparo para el inicio de la carrera. Una muestra de los carteles y eslónganes se encuentra

en: voces con futuro.

[11] Fernández Steinko (2010, pp. 222 y ss.).

[12] Díaz Ripollés et al. (2004).

[13] OCDE (2009).

[14] Calvo et al. (2011, p. 15).

[15] Así, por ejemplo, Coutrot (2011) y Taibo (2010).

[16] Véase Fernández Steinko (2009) y http://www.youtube.com/watch?v=mc1zrAld1-w.

[17] De hecho, pocos meses después de la huelga, los sindicatos mayoritarios firmaron un

acuerdo con el gobierno, destinado a “salvar las pensiones”. Este acuerdo pretendía aplacar a

los mercados financieros y no obtuvo éxito ninguno. Lo más preocupante es que se apoyaba

en un tipo de análisis basado casi íntegramente en la interpretación del problema procedente

de los opinadores vinculados a los intereses financieros (“las pensiones son impagables por

razones demográficas”, “hay demasiado Estado del bienestar”, etc.), y dejando de lado los

argumentos de la oposición al neoliberalismo (“necesidad de regular los mercados

financieros, de realizar una reforma fiscal progresiva, creación de puestos de trabajo estables

para financiar pensiones”, etc.).

[18] “Intelectuales impulsan el ‘Tea Party’ de izquierdas", en Público, 21-2-2011

(http://www.publico.es/espana/362148/intelectuales-impulsan-el-tea-party-de-izquierdas).

74

[19] Así los datos aportados por Calvo et al. (2011, pp. 12 y 15).

[20] Aragües (Zaragoza), Toledano (Cataluña).

[21] Santamaría (2011).

[22] Véase, por ejemplo, Ruiz Ligero (2011).

[23] Al menos en la ciudad de Salamanca, este porcentaje asciende al 50% de los

participantes entrevistados (Calvo et al. 2011, p. 7).

[24] Calvo et al. (2011, p. 9).

[25] http://redconvergenciasocial.org.

18/11/2011

Apolonia Manchón Restoy y Eduardo García Manzano

Reclusión residencial: casos ejemplares

L.C. es una usuaria que no lee cada día el periódico y que no asiste a ninguna

escuela de adultos porque su incompetencia cognitiva la sitúa en esa

amalgama de retraso, infantilismo y la tan nombrada inmadurez emocional.

Durante más de veinte años, su único medio de deambulación ha sido una

silla de ruedas manual, que sólo lenta, muy lentamente, puede propulsar,

siéndole por tanto sólo útil en espacios cerrados, precisando en el libre

espacio exterior de un acompañante para los paseos y las excursiones. Para

una persona con una parálisis cerebral de estas características es ineludible la

expectativa de tener algún día una silla de motor eléctrico, siempre con la

prerrogativa de convencer a los demás de que será capaz de manejarla.

Probablemente, el día que L.C. recibió el esperado “regalo” de su primera

experiencia de libertad y de autonomía motorizada, su felicidad cifró ese día

en un lugar privilegiado de su calendario emocional. Le tocaba entonces a ella

la demostración efectiva de que iba a conseguir manejarla, una prueba mucho

más compleja de lo que su entorno familiar y residencial jamás habrían

imaginado, a no ser que conocieran, por ejemplo, las enormes dificultades en

75

las que se encuentra una persona con disminución sensorial que, gracias a

algún recurso tecnológico, de un día para otro, ve y oye lo que antes nunca

había visto u oído. En un proceso de estas características, se debe aprender y

desaprender al mismo tiempo y es justo realizar un seguimiento en el que el

umbral de evaluación sea radicalmente flexible. No ocurrió así en la incidencia

que vamos a relatar.

Ahí tenemos a L.C. con su silla de motor en el interior del servicio residencial.

No colisiona con otros usuarios, no pisa los pies de los cuidadores, respeta los

marcos de las puertas y, en definitiva, ya no necesita de un cuidador para

desplazarse de su habitación al comedor, del comedor al taller ocupacional, y

del taller al lavabo cuando tiene “molto pipi”. En su servicio residencial hay un

horario pautado para el vaciado de vejigas, un momento de mucho trabajo y

que precisa de una mínima organización que eduque la impaciencia y el

egocentrismo propio del grupo más inmaduro e infantil. Difícil labor con L.C.

en su silla de motor disfrutando de su libertad en el interior de su servicio

residencial. Efectivamente, muy excitada, riéndose, no para de moverse de un

lado a otro obstaculizando a los profesionales y alterando a casi todo el

mundo en mayor o menor medida. Avisada en repetidas veces, los cuidadores

optan por usar el mecanismo que posibilita pasar la silla de motor a

funcionamiento manual. De la excitación y las risas pasamos así a un mutismo

que no presagia nada bueno: L.C. comunicará a su mamá que en el servicio

residencial no le dejan utilizar su silla de motor, sin detallar, claro, debido a su

incompetencia cognitiva, el contexto exacto en el que se da tal impedimento.

Los padres visitan la Dirección del centro para exigir explicaciones,

aclaraciones, precisamente sobre un tema que parecía ser un alivio en la

infelicidad no reconocida de tener una hija siempre tan dependiente y tan

retrasada, ahora que el uso de la silla de motor representaba su único

aprobado en su currículum vital. Hechas las aclaraciones, dadas las

explicaciones, de la indignación pasamos a la vergüenza. Por una misteriosa

razón que tal vez esté asociada con el hecho de que la persona que ocupa la

Dirección cursa a distancia la carrera de Psicología con una clara tendencia

cognitivo-conductual, ésta cree conveniente llamar a L.C. para que dé sus

propias explicaciones en el lugar más apropiado, el despacho, y así obligarla a

ser lo más objetiva posible delante de sus padres, a pesar de su declarada

incompetencia cognitiva. Ella se defiende declarando que “mi silla es mi

libertad”. El padre, aún más avergonzado si cabe, le responde que su

conducta nada tiene que ver con su libertad, sino al contrario, que está en un

servicio residencial y que debe respetar las normas, los deberes. El mutismo

general señala el final de la reunión, pero en cada uno de los protagonistas

revela emociones y, por supuesto, niveles de competencia cognitiva

desiguales.

76

La incompetencia cognitiva de la Dirección ha sido manifiesta al no entender

las implicaciones que el mensaje de su usuaria contenía, referidas al sentido

que debe darse al hecho de tener la experiencia de una primera y auténtica

autonomía por medio de una silla de motor. No se adquiere una silla de motor

para evitarles a los cuidadores el trabajo de desplazar al usuario de un lugar a

otro en el interior del servicio residencial. Se adquiere una silla de motor para

poderla disfrutarla en el espacio libre del exterior, claro, siempre y cuando se

den, no sólo las suficientes condiciones cognitivas que posibiliten el adecuado

manejo instrumental, sino también las psicosociales que indiquen que esa

experiencia única de autonomía y de libertad tiene algún sentido y dirección.

No haber asumido la falta de previsión de un trabajo serio realizado para la

consecución de esos objetivos, o la declaración de la imposibilidad de

realizarlo, eso es lo que verdaderamente transmitía el simbólico mensaje de

L.C., con su incompetencia cognitiva opuesta y al mismo tiempo simétrica a la

de la Dirección de su servicio residencial, parque inmóvil para usuarios con

silla de motor. Por no hablar de la inmoral decisión de los cuidadores al

desconectar el motor de la silla, porque, para cualquier persona con esa clase

de parálisis cerebral, la silla de motor es una parte más en su integridad

personal; de haber podido andar, ¿cómo habrían evitado su disruptiva

conducta?, ¿atándola?

R.E. era el eterno expulsado, perdón, el eterno derivado, ya que en el mundo

de los servicios sociales la palabra “expulsado” es del todo inapropiada: si has

salvado (integrado) a un condenado (excluido) que acaba siendo muy

problemático, entonces, no puedes contradecirte expulsándolo (excluyéndolo

de nuevo), tienes que derivarlo. El caso es que, cuando R.E. aparece en el

servicio residencial, como usuario del servicio ocupacional integrado en el

mismo centro, la mayoría del personal tiene la información de difusas fuentes

de que el muchacho ya ha sido derivado desde otros centros. No hace falta

mucha información de justificación en estos casos, son suficientes unas pocas

etiquetas tales como “inadaptado, muy nervioso, agresivo, disruptivo,

problemático”, etc.

Las situaciones críticas provocadas, al parecer, siempre por él, llevan a una

parte del personal a solicitar un curso centrado exclusivamente en la

contención verbal y mecánica, es decir, en adquirir estrategias de abordaje

para evitar que el usuario problemático se agreda a sí mismo o a los demás.

Una de las actividades del curso es situarse frente a una representación de

una posible situación crítica. El actor que realiza el papel de sujeto

problemático es quien da el curso, un profesional con una larga experiencia y

sensibilidad al respecto. Una de las monitoras del centro ocupacional,

representando su propio papel, sorprende al resto de alumnos al quedarse

completamente bloqueada, temblando, sin voz y gimoteando. ¿Qué le ha

pasado?: la representación ha desenmascarado el hecho de que algunas

77

personas consiguen desinhibirse y desacomplejarse frente a determinadas

clases de usuarios, especialmente paralíticos cerebrales y ancianos, y ese plus

de personalidad segura y autosuficiente puede llegar incluso a manifestarse

en la relación con los otros profesionales del centro, sobre todo si se dan,

como se dan, alianzas y coaliciones; pero, frente aquel profesor-actor

desconocido y sus dotes interpretativas, algo falló, algo se reveló, lo que

desgraciadamente no se aprovechó para una crítica desinhibida y

complejizada. La mayoría de las veces que cometemos errores nos olvidamos

que afortunadamente siempre estamos a tiempo de entender que cometimos

los errores acertados, los más apropiados para revelarnos lo que

ignorábamos.

No tardaron mucho en poner en práctica las lecciones de las clases con R.E.

Téngase en cuenta que uno de los principales motivos por los que este

muchacho se alteraba era, ni más ni menos, su temor a ser “expulsado”, de

manera que su conducta emitía el siguiente mensaje circular: me altero y

pierdo el control porque tengo miedo de que me expulsen si me altero y

pierdo el control. Es por esto que no resulta nada fácil identificar lo que

propició la incidencia que R.E. provocó aquella mañana en uno de los talleres;

de ella fue testimonio indirecto una cuidadora que se encontraba en una de

las habitaciones de la planta superior; desde ahí oyó los gritos y el llanto del

muchacho; salió al balcón y lo vio moverse de un lado a otro del patio,

cogiendo todo lo que tenía al alcance de sus manos para lanzarlo en un inútil

intento de desahogo de su rabia e impotencia.

La cuidadora lo llamó por su nombre y, de forma natural y espontánea, realizó

una auténtica contención verbal, comprometida y afectuosa, sin prejuzgar, sin

anticipar, pidiéndole que la esperara para seguir hablando en condiciones más

adecuadas. Cuando bajó, el monitor que había decidido el castigo, perdón, la

pauta de… (no recordamos la eufemística paráfrasis que se utiliza para

demostrar nuestro anclaje progresista), le salió al paso indicándole que a ella

no le tocaba intervenir. Fue entonces cuando la cuidadora vio claramente las

condiciones del castigo: R.E. estaba literalmente encerrado en el patio

exterior del centro, motivo suficiente para su protesta al entender que nada

de eso se correspondía en lo más mínimo con lo enseñado en el curso, dado

que estaba solo, lejos del compromiso de su sancionador, libre de poder dañar

al mobiliario del centro y a su propia integridad física. Al monitor lo defendió el

abogado de oficio de turno, representado por la Dirección, argumentando que

lo aprendido en el curso requería un proceso lento de sensibilización o, lo que

es lo mismo, disculpando y tolerando el primer inmoral suspenso de uno de

los alumnos.

Olvidé decir que en R.E. se daban, además de su áurea maldita, otras

características reveladoras. Primero, no era residente del centro, sino sólo

78

usuario de los talleres. Segundo, andaba. Sí, él venía de su casa y se volvía a

ir él solito o, mejor dicho, acompañado de la confianza que sus padres le

otorgaban. Estas dos características unidas revelaban un claro desajuste entre

la apreciación de la conflictividad por parte del centro y por parte de los

padres, además de reforzar su protagonismo que ocultaba el de otros usuarios

conflictivos que, independientemente de la efectividad de las sanciones

habituales, ya estaban suficientemente sancionados por ser residentes de

veinticuatro horas sin otro respiro que el regular retorno al hogar paterno en

los fines de semana.

Finalmente fueron sus padres los que tomaron la opción de derivarlo no

sabemos muy bien en qué dirección. En realidad, por parte de la Dirección del

centro, aquel curso había representado la ocasión de encontrar algún recurso

precisamente para derivarlo lo antes posible. ¿Cómo?: siguiendo el protocolo

derivado del curso, llamando repetidas veces a los servicios de urgencias para

que éstos, a su vez, llamaran repetidas veces al ministerio correspondiente.

Fallida estrategia, porque la primera vez que se activó tal dispositivo, resultó

ser de tal envergadura que casi todos sintieron la vergüenza ajena que

delataban los rostros de los policías. Ni que decir que, una vez derivado por

decisión de sus padres, el rol de usuario problemático quedó vacante, si bien

por poco tiempo. Otro usuario que había sido literalmente tapado por el

estelar protagonismo de R.E. reivindicó sus derechos a justificar y a

fundamentar las labores sancionadoras del centro. Pero el estilo ya no fue el

mismo. R.E. no había tenido problemas con todos los profesionales y su mayor

temor era el ser expulsado; además, andaba y pasaba cierto tiempo de alivio

en la casa paterna, la casa que lo había visto nacer; el nuevo, en cambio,

acabó teniendo problemas con todo el personal, de esforzarse en andar lo

habría hecho con un caminador, sólo de tanto en tanto iba a la casa paterna

algún fin de semana y, por último y sobre todo, deseaba apasionadamente ser

expulsado, perdón, quisimos decir derivado. El nuevo protagonista de un

ejemplo que ya no vamos a relatar tenía serias carencias relacionales en su

entorno familiar, lo cual facilitó que se sintiera cómodamente instalado en su

papel de protagonista, nuevo centro de atención del mecanismo sancionador

del servicio asistencial-residencial. Actualmente es un sujeto medicalizado

psiquiátricamente.

1/4/2012

79

La Biblioteca de Babel

Almudena Grandes

El lector de Julio Verne

Tusquets, Barcelona, 2012, 424 pags.

Walter Benjamin escribía que las novelas existen para ser

devoradas. Y eso es lo que le ocurre al lector de este hermoso libro de

Almudena Grandes: no puede evitar devorarlo. Se trata de la segunda entrega

de esos "Episodios de una guerra interminable" que la autora inauguró con la

excelente Inés y la alegría.

Los episodios de la resistencia guerrillera pueden ser narrados de muchas

maneras. El frío relato de los hechos, la contabilidad de las atrocidades

franquistas, sin embargo, exigen del lector una imaginación de la que éste a

veces carece o que no está en condiciones de ejercitar. Por eso resultan

mucho más reales y vivas las reconstrucciones artísticas, donde la novelista,

como en este caso —o el narrador, como en la excelente Mañana no será lo

que dios quiera, de L. García Montero—, toma a su cargo la reconstrucción de

la historia con toda la pretensión de ser fiel en propundidad a la historia, como

es propio de un artista. Y esta novela contiene una notable novedad respecto

de la que la precede en la serie: un importante aliento poético. Almudena

Grandes confía el relato a un niño —dicho de otro modo: quien relata es la voz

de quien fue un niño—, y esta voz constituye, junto con una notable

recuperación de habla popular, de motes originalísimos, el gran flujo que

arrastra en su corriente al lector, como debe ser.

En opinión del Lobo que suscribe, para no perdérsela.

El Lobo Feroz

12/3/2012

80

Lina Gálvez Muñoz y Juan Torres López

Desiguales

Mujeres y hombres en la crisis financiera

Icaria, Barcelona, 2010

El trabajo de estos dos economistas españoles se inscribe

en la corriente de estudios feministas que (como en los casos de Lourdes

Benería o Antonella Picchio del Mercato) explican y dan una respuesta a la

invisibilización de las mujeres en el discurso económico dominante.

La desigualdad que caracterizaba al modelo económico, político y social antes

de la crisis no ha hecho más que ahondarse con ella, también entre sexos,

aspecto que pasa desapercibido en la mayoría de los análisis. En ese

contexto, la importancia mayor del estudio de Gálvez y Torres reside

justamente en plantear el efecto global positivo que tendría una eventual

incentivación (cuantitativa y cualitativa) del trabajo femenino, hipótesis

verificada recientemente por Gøsta Esping-Andersen (The incomplet

revolution. Adapting the welfare states to women’s new roles, Polity Press,

Cambridge-Malden, 2009).

Antonio Giménez Merino

26/3/2012

Raewyn Connell

Confronting Equality

Gender, knowledge and global change

Polity Press, Cambridge-Malden, 2011, 198 pags.

81

En el ámbito de la literatura en lengua inglesa, el pensamiento de la

australiana R. Connell y el de la norteamericana Lynne Segal son los

principales exponentes de una aproximación (minoritaria) al género que

asocia esta fuente de discriminaciones con otros generadores clásicos de

desigualdad, fundamentalmente el clasismo, el neocolonialismo y la jerarquía

racial.

En la “Carta a la izquierda por venir” que cierra este libro, Connell renueva su

viejo activismo dentro de la tradición socialista australiana reivindicando la

producción de una ciencia social estrechamente vinculada a los problemas

reales de las gentes y a los procesos que las determinan, y por tanto atenta a

los cambios en curso debidos a la economía transnacional.

En un análisis fundamentado en estudios empíricos, Connell explica cómo el

neoliberalismo (impulsado en Australia, como en tantas partes, tanto por la

derecha como por la socialdemocracia, no necesariamente en ese orden) ha

logrado desunir orgánicamente a los intelectuales de las necesidades

materiales de las personas corrientes, elitizar todo el sistema de enseñanza

(ensanchando los privilegios de clase y transformando al mismo tiempo la

mentalidad de los padres de clase trabajadora) y, sobre todo, invisibilizar

estos procesos a ojos de la población.

La autora estuvo recientemente en Barcelona para inaugurar el I Congreso

Iberoamericano de Masculinidades y Equidad. Recomendamos calurosamente

el visionado del vídeo que recoge su magnífica conferencia “Masculinities and

Gender Justice, Worldwide”.

Antonio Giménez Merino

26/3/2012

82

En la pantalla

Marie-Monique Robin

Nuestro veneno cotidiano

ARTE-France, 2010

Unos boletines atrás recomendábamos el visionado del

documental El mundo según Monsanto, dirigido por la periodista

Marie-Monique Robin y producido por la cadena franco-alemana Arte. Sin

embargo, aunque fue ese filme de 2007 el que caló más entre el público

general y el que le granjeó cierta fama a Robin, la periodista francesa decidió

seguir indagando en el opaco mundo de la industria agroalimentaria y

fitosanitaria y, tres años después, dirigió este otro que reseñamos aquí,

Nuestro veneno cotidiano. El documental parte de una premisa estadística

insoslayable —que la incidencia del cáncer en las sociedades industrializadas

se ha duplicado en los últimos treinta años— y analiza las posibles causas de

este fenómeno relacionadas con la alimentación —uso masivo de productos

fitosanitarios en la etapa del cultivo, introducción de aditivos químicos durante

la elaboración de los alimentos, proliferación de los envases de plástico,

etc.—, hasta llegar en cada uno de los casos a una conclusión demoledora:

que el “modelo Monsanto” estudiado en el primer documental es aplicable a

la práctica totalidad de la industria vinculada a la producción y venta de

alimentos, un modelo en virtud del cual dicha industria enmascara

sistemáticamente la toxicidad de sus productos y actúa a modo de gigantesco

lobby para conseguir que las autoridades sanitarias certifiquen como

“seguras” una serie de sustancias que, según las investigaciones realizadas

por los (pocos) laboratorios independientes, deberían ser excluidas

inmediatamente del proceso de producción alimentaria.

* * *

(Y un apunte de última hora: Ediciones Península acaba de publicar la

traducción al castellano de la investigación en la que se basa el documental.

Para más información, pinchar aquí.)

83

Carles Mercadal

1/4/2012

Las comunicaciones internas de la policía durante el operativo en la

plaza de Catalunya el 27-M

Salen a al luz las comunicaciones que los Mossos d'Esquadra mantuvieron

durante el intento de desalojo de la plaza de Catalunya del 27 de mayo de

2011.

7/3/2012

84

El extremista discreto

Fuertebrazo

Aforismos sectarios

Una de las muchas falacias neoliberales que se ha tragado la gente es la

inutilidad económica de las disciplinas humanísticas. Fijaos en la lengua. Sólo

unos grandes lingüistas podían adulterar el lenguaje de nuestra sociedad

transformando sustantivos desprestigiados ("empresarios") en adjetivo

positivos ("emprendedores"), acuñando oxímoros para no mencionar algo

desagradable (“crecimiento negativo” por “recesión”), sacralizando verbos

ligeros y dinámicos para indicar acciones duras y estáticas (“flexibilizar” y

“ajustar” por “precarizar” y “recortar”), empleando frases simplonas pero

eficacísimas con vistas a culpabilizar a la ciudadanía de las políticas

económicas que se le imponen (“Hemos vivido por encima de nuestras

posibilidades”), y así un largo etcétera. Quien maneja la lengua domina las

coordenadas por las que se mueve nuestra capacidad de comprensión de la

realidad. De ahí su rentabilidad política y económica y el porqué la derecha

insiste en desprestigiar el estudio de las Humanidades. Puestas así las cosas,

los rojos haríamos bien en proponer la disolución de una Real Academia de la

Lengua que no limpia ni da esplendor a nuestra lengua maltratada, por una

Republicana Academia de la Lengua que nos ayude a reapropiarnos de ella.

* * *

La Iglesia católica nos invita a tomar los hábitos en nombre de la “estabilidad

laboral” de la que goza el oficio. Se busca urgentemente contrarreformador

neoliberal para volver más productivo, eficiente y eficaz el negocio clerical…

* * *

Respondiendo a Willy Brandt después de tres décadas de neoliberalismo

alocado: quien de joven no es comunista, es que no tiene corazón; y quien de

viejo no es comunista, es que no tiene cabeza.

* * *

A Felip Puig, del bienestar social de sus conciudadanos, le suda la porra.

* * *

Decían que el euro era una Europa democrática en los bolsillos de los

ciudadanos. Nos mintieron: era una Europa plutócrata que hurgaba en

85

nuestros bolsillos.

* * *

La Ley de Murphy tiene su punto final en Rosa Díez.

* * *

La semana pasada, un militante del Partido Popular me dijo que era un placer

hablar conmigo porque era “un rojo nada sectario”. Todavía ando

preguntándome en qué habré fallado…

* * *

En el editorial del primer número de mientras tanto, Manuel Sacristán escribió

que la revista se comprometía a mantener “sosegada la casa de la izquierda”.

Está bien. Soy un militante disciplinado y acato la consigna. El problema es

que se olvidó decirme qué hacer cuando la casa de la izquierda no me

mantiene sosegado a mí.

* * *

Josep Piqué afirma que dejó de ser rojo el día en que comenzó a entender la

economía. ¡Lo que es la vida! Yo me hice rojo el día en que comencé a

entender a Josep Piqué.

* * *

La historia de los grandes medios de comunicación se puede resumir en que

se dedicaron a elogiar la cordura de los pirómanos y a denunciar la locura de

aquellos que avisaban del incendio.

* * *

Hace tiempo que los nacionalistas españoles y los nacionalistas “periféricos”

llevan un disputado certamen sobre quién de los dos imita peor al otro. El

problema es que cada uno de ellos lo hace tan bien que nunca sabremos

quién será el ganador.

* * *

La historia reciente nos ha demostrado que la “Ley general de la

acumulación” que Marx aplicaba a la economía capitalista, también se puede

aplicar al discurso político: cuanta más innovación, más gente que se va al

86

carajo.

* * *

30/3/2012

87

De otras fuentes

Isaac Rosa

La huelga para el que (se la) trabaja

A pocas horas de que salgan a la calle los terribles piquetes sindicales, esos

que protagonizan todo tipo de leyendas urbanas a cual más espantosa, otros

piquetes llevan semanas recorriendo el país: el piquete empresarial, el político

y el mediático. En su afán por reventar el paro general del 29 de marzo, los

piquetes antihuelga marchan bajo una pancarta cuyo lema corean los suyos

con soniquete de coplilla de manifestación: “Este país no está para huelgas”.

Y aunque parezca que con esa consigna lanzan una advertencia contra el

daño que un paro general tendrá contra la economía nacional y la credibilidad

internacional de España, en realidad es una mera constatación de algo obvio:

que el país, sus trabajadores, no están para huelgas, al menos para huelgas

clásicas.

Con más de cinco millones de ciudadanos que no podrán ejercer su derecho

de huelga por no tener empleador que les descuente el día en la nómina; con

varios millones más sumidos en la precariedad más absoluta, y otros muchos

devenidos en precarios por obra y gracia del “todo a 20 (días)”; con el miedo

(al presente y sobre todo al futuro) campando a sus anchas por la calle de la

mano del fatalismo (“una huelga no sirve para nada”) y la resignación (“las

reformas y recortes son inevitables”); y con unos sindicatos debilitados por

sus propios errores estratégicos y por la brutal ofensiva antisindical que ejerce

aquel mismo piquete tridente, el paisaje resultante es un país que, en efecto,

no está para huelgas.

Ni está ni, en muchos casos, se le espera el jueves. Lo saben los sindicatos,

que centrarán sus esfuerzos en aquellos sectores más fáciles de paralizar, y

sobre todo más fotogénicos para construir la imagen de una huelga exitosa:

en primer lugar los transportes, que con unos pocos miles de trabajadores en

huelga te permiten mostrar estaciones sin trenes, aeropuertos desiertos y

calles aligeradas de autobuses. Junto a ellos, el colectivo de funcionarios,

movilizado desde hace meses contra los recortes que todas las

administraciones han ido aplicando, puede también aportar unas valiosas

imágenes de oficinas sin atención, colegios sin clase, hospitales a ritmo de

domingo y centros públicos con aire de agosto.

Fuera de esos sectores, y de algún otro que mantiene peso sindical en la

industria y las grandes empresas (aunque sin poder contar esta vez con la

construcción, en cierre patronal desde el reventón de la burbuja), el resto del

88

paisaje laboral lo ocupa una clase trabajadora desubicada, desplazada,

desmovilizada, desideologizada, desclasada y despistada, que no necesita que

el empresario le recuerde su obligación de acudir al puesto de trabajo el

jueves (aunque no pocos empleadores sí lo han recordado a los suyos), pues

asume que el esquirolaje no es en esta ocasión una opción, sino el único modo

de sentirse a salvo del próximo ajuste de plantilla (y siempre hay un próximo

ajuste de plantilla).

Se demuestra una vez más que, con ser dura la aprobada el 10 de febrero, la

verdadera reforma laboral que los trabajadores hemos sufrido ha sido la crisis:

el paro de más de cinco millones que, unido al miedo ambiental y la penuria

extendida, ha permitido en muchas empresas modificaciones de las

condiciones laborales, recortes salariales, despidos baratos e incumplimientos

de convenio sin necesidad de que apareciese nada publicado en el BOE. Esa

misma reforma de facto ha recortado ya el derecho de huelga sin esperar a

que el gobierno atienda el deseo de la CEOE de una nueva Ley de Huelga más

restrictiva.

Con tal panorama, la convocatoria del 29-M tiene todo en contra, y lo sabe

bien el gobierno, al que le viene de perlas una protesta que sea más simbólica

que real, para mostrar a sus socios (y patrones) europeos cómo su rigor en el

ajuste tiene consecuencias. No sabemos si esta vez habrá parte victorioso a

las siete de la mañana, como hizo algún portavoz gubernamental con ocasión

de otra huelga. Pero quien quiera a lo largo del jueves registrar escenas de

normalidad con que desacreditar las instantáneas de huelga que logren

anotarse los sindicatos, lo tendrá muy fácil.

¿Significa que la huelga no tiene ninguna posibilidad de triunfar? Pues

depende: si pensamos en una huelga clásica, que sólo pueden hacer los que

trabajan, el fracaso es seguro. Si en cambio pensamos en una huelga

adaptada a estos tiempos, que no sea sólo para los que trabajan, sino para los

que se la trabajan (la huelga), las posibilidades de éxito aumentan.

Previamente, claro, habría que redefinir qué es éxito cuando hablamos de

huelga general. Si el referente, en términos de seguimiento, consumo

eléctrico, cierre de empresas y reflejo en las calles, es una vez más la

legendaria huelga del 14-D de 1988, con la televisión en negro y las avenidas

desiertas, no hay nada que hacer, pues aquello es irrepetible, ya que el país

es otro: el modelo productivo, la estructura empresarial, el desarrollo

tecnológico y la composición y estrategias de la clase trabajadora han

cambiado demasiado desde aquel lejano 1988.

Ocurre como con las manifestaciones: sobre cualquier convocatoria callejera

pesa la memoria de las grandes concentraciones de momentos históricos (las

89

del millón, pues en todas ellas se redondeó la asistencia en esa cifra mítica), y

se acaba despreciando una marcha masiva de varias decenas de miles de

participantes, que siempre serán pocos en comparación con aquellas. Del

mismo modo, una huelga que hoy lograse ser secundada por, pongamos, un

30% de los trabajadores, debería ser vista como un éxito rotundo dadas las

condiciones, por lejos que esté de aquel paro total del 14-D.

Insisto una vez más: lo importante para esta huelga no es tanto la respuesta

de los que trabajan como la actitud de quienes se la trabajan. Y en ese

sentido, las opciones son muchas, pues hay numerosos colectivos sociales,

vecinales y de trabajadores al margen de los sindicatos mayoritarios que

llevan semanas organizados y difundiendo información para explorar esas

otras formas de protesta, desde los barrios y las redes: huelga de consumo,

huelga de webs caídas, huelga financiera, piquetes vecinales, pasacalles,

marchas en bicicleta, apagones eléctricos e infinidad de pequeños gestos de

protesta; además de las concentraciones y manifestaciones previstas para ese

mismo día, y que deberían ser mucho más masivas que la propia huelga.

Todo ello no debe servir de coartada para que quienes sí pueden parar opten

por otras formas de protesta, pues pese a sus muchas ramificaciones, una

huelga sigue siendo una huelga. La del jueves convoca a todos: trabajadores

fijos, funcionarios, trabajadores precarios, parados, jubilados, jóvenes,

inactivos. Cada uno tiene su espacio para la protesta, y los apoyos deben ser

mutuos: quienes más fácil tienen secundarla (quienes menos temen

represalias laborales) están obligados a hacerla por ellos y por los que no

pueden; por su parte, quienes están en peores condiciones para sumarse a

ella (o directamente no pueden, por estar en paro) deben contribuir con otras

acciones al ambiente de huelga, para reforzar el paro de los primeros y vencer

las reticencias.

Pese a todo, más difícil que vencer a los piquetes empresariales, mediáticos y

políticos, es sobreponerse al derrotismo tan extendido: “la huelga no servirá

para nada”. No hace falta recordar las consecuencias que tuvieron otras

huelgas generales, que si bien fueron menospreciadas al día siguiente por el

gobierno de turno desde el inmovilismo, obligaron a rectificar a corto plazo. Y

si esta huelga no consigue revertir la reforma laboral, hay que entender que

no puede ser ése su único objetivo: antes bien, esta huelga debería ser más

preventiva que de respuesta: lo peor está por venir. Al día siguiente, sin ir

más lejos, se presentan los que ya se anuncian como los presupuestos

generales más duros de la democracia, y la primavera promete nuevas

reformas. Del éxito o fracaso de la huelga general dependerá en gran parte

que las próximas medidas sean duras, durísimas o mortales de necesidad. Si

pensamos en los trabajadores griegos, cuya desgracia parece alimentar

nuestro derrotismo (“ya ves para lo que han servido tantas huelgas en

90

Grecia”), cabe suponer que su situación sería incluso peor de no existir

contestación social.

Con todo, y pese a que el rechazo a la reforma laboral es masivo, son muchos

los trabajadores que a pocas horas de la convocatoria todavía dudan si

seguirla o no. A quienes piensan que hacer hoy una huelga es más difícil que

nunca, que se lo pregunten a sus iguales del XIX —hacia el que nos dirigimos

de cabeza a golpe de reforma—, si entonces eran fáciles unas protestas que

costaban cárcel y muerte a muchos. También por ellos debemos hacer huelga,

en deuda con ellos y obligados a no malvender unos derechos que tanto

costaron. En cuanto a los que se dicen poco dispuestos a perder un día de

salario, que bastante apretados estamos ya como para prescindir de unos

euros, que echen números de cuánto más pueden recortarles el sueldo con la

reforma, y ya verán si les trae cuenta.

Me queda un último grupo: los que, aun no gustándoles la reforma, piden que

se respete su derecho a trabajar el jueves. Oír a un trabajador enarbolar su

derecho al trabajo en un día de huelga general es tan patético como escuchar

a esos mismos trabajadores repetir en el bar las consignas patronales

habituales: necesitamos ser más productivos, tenemos demasiados puentes y

festivos, el absentismo laboral es un problema, hemos vivido por encima de

nuestras posibilidades o, ahora, el país no está para huelgas. Oír tales

fórmulas en boca de asalariados es otra prueba de que la primera ofensiva

que los trabajadores sufrimos desde que empezó la crisis no es legislativa ni

económica, no son los recortes ni las reformas: el mayor ataque es ideológico.

Y vamos perdiendo.

[Isaac Rosa es escritor y columnista. Fuente: cuartopoder.es]

27/3/2012

Washington's Blog

El suelo de Tokio, gravemente contaminado por la radiación de

Fukushima

En agosto señalamos que algunas zonas de Tokio presentan más radiación

que la existente en las Zonas de Exclusión de Chernóbil. Véase también esto y

esto.

Hay indicios de que los niveles de radiación están aumentando en Tokio. El

ingeniero nuclear Arnie Gundersen recogió recientemente cinco muestras al

azar del suelo de Tokio y se encontró con que las cinco eran tan radiactivas

que en Estados Unidos serían consideradas residuos atómicos y deberían ser

almacenadas en una instalación especial en Texas.

91

De hecho, poco después del terremoto, las autoridades estadounidenses

detectaron que la contaminación se había extendido por todo el norte de

Japón, incluido Tokio, y afirmaron: "Toda la región debería ser catalogada

como una zona radiactiva". No es de extrañar que las autoridades japonesas

debatieran medio en secreto la potencial evacuación de Tokio después de que

se produjera el seísmo.

[Fuente: Washington's Blog. Traducción de C. M.]

26/3/2012

Sirius.cat

La corrupción de CiU que rebrota salpica también a Artur Mas y Oriol

Pujol

Las sombras de corrupción vuelven a afectar a Convergència i Unió (CiU)

apenas un año después de volver al gobierno. Esta vez el problema ha

estallado donde menos lo esperaban los nacionalistas. Geográficamente, en

su histórico feudo de Osona, donde han gobernado sin interrupción desde

1979. Y políticamente en la Asociación Catalana de Municipios (ACM), una

entidad que presta servicios a los ayuntamientos y que, a pesar de estar

financiada con dinero público, nunca ha tenido controles externos. Además,

hoy el gobierno del PP de Rajoy ha indultado —y ya son cinco condenados e

indultados por sus cómplices en el gobierno— al ex secretario general del

Departamento de Trabajo Josep Maria Servitje i Dalmau, del partido de Duran

Lleida (UDC), que fue condenado a cuatro años y medio de prisión en el “caso

Treball” por desviar fondos de la Generalitat a través de la contratación de

estudios inútiles.

92

Fuente: El País

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el indulto de Servitje, al que ha

sustituido la pena de prisión por una ridícula multa de 3.600 euros, junto con

la del empresario de UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenado a dos años

y tres meses por el "caso Treball" y a un año y un mes de prisión por el

llamado "caso Turismo". Es parte del pacto de los corruptos CiU-PP cuando no

pueden manipular la Justicia.

Y también hoy se ha sabido que Oriol Pujol Ferrusola, actual portavoz de CiU

en el Parlamento catalán e hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol,

se encuentra en el sumario de la "Operación Campeón", en un documento de

la Fiscalía de Lugo, como contacto del empresario farmacéutico imputado

Jorge Dorribo para intentar introducirse en el negocio de la sanidad catalana.

Los protagonistas de los nuevos casos de corrupción de CDC son dos

históricos dirigentes del partido en Osona que han saltado a la política

catalana: uno es el ya destituido coordinador de la Diputación de Barcelona,

93

Josep Maria Matas, y el otro, el secretario general del Departamento de

Cultura, Xavier Solà. Matas acumuló casi un millón de euros procedentes de la

entidad a través de una empresa de su propiedad. Solà, con su mujer, facturó

a la ACM más de 232.000 euros en sólo dos meses. El silencio que los

nacionalistas mantienen sobre el caso cuestiona el compromiso que en

diciembre pasado adquirió Artur Mas (CiU) en favor de la transparencia en las

instituciones, con la firma de un compromiso expreso de lucha contra la

corrupción en la Oficina Antifraude que suena a chirigota.

La historia comienza en 2004. CiU ha sido desalojada de la Generalitat y

progresivamente pierde casi todo su poder local hasta quedar cerca de la

indigencia política. Los nacionalistas socios del PP deciden promocionar lo que

era una especie de club de ayuntamientos convergentes, la Asociación

Catalana de Municipios, fundada precisamente en Vic en 1981. Aunque la

entidad apenas cuenta con dos millones de pesetas de presupuesto anual y

tiene poca visibilidad entre la población, supone una magnífica plataforma

política para sus responsables. Germà Gordó, por ejemplo, fiel colaborador de

Artur Mas, fue secretario general de la entidad.

"Tranquilos, me voy a callar", dijo Matas, tras ser destituido, en una

cena de homenaje

La ACM es una entidad privada, pero todo el dinero que gasta proviene de las

aportaciones de los ayuntamientos que la integran y de las subvenciones de

la Generalitat. Matas controlaba todo en la ACM, desde los pagos hasta el

cobro de subvenciones. Y tres años después de llegar a la ACM, creó desde la

sombra la sociedad Parés i Solé, de la que dos años después se convertiría en

su único propietario. Con la complicidad de familiares y personas de CDC,

Matas empezó a facturar a la ACM por conceptos inexistentes y por servicios

que en realidad realizaban los proveedores de la entidad, y que Parés i Solé

presentaba como propios después abultar el importe final.

Fue así como entre 2003 y 2011 —año en que dejó su cargo en la ACM para

convertirse en coordinador general de la Diputación de Barcelona— Parés i

Solé acumuló un activo de 921.000 euros. Solà, abogado de profesión,

también ha facturado a la ACM. Lo hizo durante siete años como jefe de sus

servicios jurídicos, pero las irregularidades —de las que ha informado El País—

no empezaron hasta convertirse en teniente de alcalde de Vic, donde se

encargaba de Urbanismo y Cultura. Creó la empresa Procomún Viviendas S.L.

junto con Matas y el abogado Salvador Cuadreny.

La empresa firmó un contrato con la Fundación Privada de Vivienda Pública de

la ACM —que Solà dirigía a cambio de 12.000 euros al año— para gestionar

sus promociones inmobiliarias y, concretamente, unas obras de vivienda

94

protegida en Vic Así, Solà participaba —y cobraba— de las tres partes

implicadas en el asunto, ya que mientras él y Matas fueron accionistas de la

empresa ésta cobró 55.000 euros de la citada fundación. Solà también facturó

a través de una empresa suya 193.000 euros mediante 65 facturas por un

catálogo de masías que él mismo había impulsado desde la ACM en 2005.

Hace unos días, a raíz de las informaciones publicadas, Matas fue destituido

de su cargo en la Diputación, la Fiscalía ha empezado a investigar la relación

de Parés i Solé con la ACM y Solà ha desaparecido de la escena pública. La

tensión en el partido es alta. Mas ha eludido valorar el caso, mientras que

Francesc Homs sigue defendiendo a Solà. Pero hay temor por la investigación

que ha abierto la Fiscalía. "Si el caso termina en el juzgado puede haber

consecuencias penales", admiten fuentes de CiU.

Matas ha sido apartado de la escena, pero el partido hasta le organizó un

pequeño acto de desagravio con la presencia del secretario general adjunto

del partido, Oriol Pujol. En esta cena, celebrada en el Club Tennis Vic, Matas

tomó la palabra para lanzar dos mensajes: en el primero, recordó a los

asistentes —alcaldes y cargos locales del partido— lo mucho que les había

ayudado desde su puesto en la ACM. Pero fuentes de los asistentes le

atribuyen un segundo mensaje: "Tranquilos, me voy a callar".

El PP ha indultado a dos de sus socios de UDC en el gobierno de Cataluña y

Madrid condenados por el caso Trabajo. En la foto con Pujol, Josep Maria

Servitje i Dalmau, del partido de Duran Lleida (UDC), que fue condenado a

cuatro años y medio de prisión en el caso Treball por desviar fondos de la

Generalitat.

* * *

El “caso Campeón” salpica a Oriol Pujol Ferrusola

Oriol Pujol Ferrusola, actual portavoz de CiU en el Parlamento catalán e hijo

del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, se encuentra en el sumario de

la "Operación Campeón", en un documento de la Fiscalía de Lugo, como

contacto del empresario farmacéutico imputado Jorge Dorribo por intentar

introducirse en el negocio de la sanidad catalana, que ahora ya está en manos

de su jefe, Boi Ruiz, consejero de CiU para la privatización y el expolio de la

sanidad pública. El documento, firmado por el fiscal Javier Rey Ozores el

pasado 25 de octubre, está dirigido a la juez de instrucción número 3 de Lugo,

Estela San José, que investiga la trama fraudulenta para la obtención de

ayudas públicas, y en él se hace un resumen del caso para concluir que,

respecto de José Blanco (PSOE), el ministerio fiscal creía que deberían

efectuarse determinadas pruebas periciales antes de remitir el asunto al

95

Tribunal Supremo.

Oriol Pujol Ferrusola

Concretamente, y respecto a Oriol Pujol, el escrito al que ha tenido acceso

Europa Press se limita a señalar, a modo de resumen de la investigación

realizada a Dorribo, que "se ampliaron las inculpaciones a los hechos relativos

al posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana. En la trama

se llevó a la identificación como connivente de Oriol Pujol Ferrusola". Esta

indicación va seguida, en el mismo párrafo, de una mención a otros posibles

negocios irregulares de Dorribo "para la concesión de los servicios de ITV en

Cataluña con la mercantil alemana TüV Rheinland por parte de Sergio Pastor,

objeto de posterior inhibición, y un tráfico de influencias en la gestión irregular

de la concesión de contratos públicos a la Xunta de Galicia por Carlos Monjero

y Javier Rodríguez” (estos dos últimos, consejeros de Proitec y socios de

Dorribo).

* * *

Xavier Solà i Cabanas (CiU) se facturó 193.000 euros de la ACM en

2009

El secretario general del Departamento de Cultura, Xavier Solà i Cabanas (CiU)

y ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vic por Convergència i Unió,

facturó en 2009 más de 193.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios

(ACM), cuando dirigía los servicios jurídicos de la entidad, para la elaboración

de un catálogo de masías en municipios catalanes que él mismo impulsó.

El actual número dos del Departamento de Cultura giró el 29 diciembre de

2009 un total de 65 facturas, por un importe idéntico cada una de 2.982,36

euros, a través de una sociedad, EIL Sau, que había adquirido dos semanas

antes, después de estar cinco años inactiva, y en la que figura como

administrador y único empleado. En concepto de cobro figuran en todos los

casos unos "Trabajos de redacción normativa", "Revisión general del catálogo"

y "Revisión estilística y de contenido" del "Software, fichas y catálogos" de las

masías y casas rurales de los diversos municipios, a pesar de que el volumen

96

de trabajo era muy diferente según las localidades.

El catálogo se elaboró mediante convenios entre la ACM y entidades como las

universidades de Lleida y Vic o la Fundación Mas i Terra. El responsable de

autorizar los pagos de la ACM era entonces su secretario general, Josep Maria

Matas, que el pasado 24 de febrero fue destituido como coordinador general

de la Diputación de Barcelona después de trascender que una empresa suya

facturó 900.000 euros a la Asociación Catalana de Municipios cuando figuraba

en la cúpula de la entidad municipalista. En 2009 Xavier Solà y Josep Maria

Matas eran también socios de la empresa Procomún Viviendas, que facturó al

ACM 55.000 euros por la gestión de unos pisos de protección oficial en la

localidad de Vic que promovía una fundación dependiente de la Asociación

Catalana de Municipios.

Tras aparecer esta información el pasado jueves, el conseller Ferran Mascarell

afirmó que mantenía "toda la confianza" en Xavier Solà, si bien ha añadido:

"Cuando tenga todos los datos, me haré la composición de lugar".

* * *

Josep Maria Matas (CiU) facturó al ACM, siendo secretario general,

900.000 euros desde una empresa sin trabajadores

Una empresa de Josep Maria Matas (CiU) cobró 600.000 euros de la Asociación

Catalana de Municipios (ACM) mientras él era el secretario general, y dos años

antes Matas había facturado por otros 300.000 euros, según publicó El País.

Matas, que ahora es coordinador general de la Diputación, niega que se haya

cometido ninguna irregularidad y ha presentado la dimisión a su jefe

inmediato, el presidente y cofrade Salvador Esteve (CiU), que no la aceptó.

La facturación se habría hecho a través de Parés i Solé S.L., creada en 2003,

que acumuló un activo de más de 900.000 euros, procedentes casi en su

totalidad de los trabajos cobrados a la ACM, por trabajos de resúmenes de

prensa, gestión de publicidad, estudios de mercado y organización de cursos,

entre otros. La empresa Parés i Solé no cuenta con oficina ni trabajador

algunos.

[Fuente: agencia de noticias Sirius.cat. Agència Catalana Alternativa

de Notícies. Publicado originalmente en catalán: "La corrupció de CiU

que rebrota esquitxa també Artur Mas i Oriol Pujol".]

13/3/2012

Revista cafeambllet

97

Vídeo-carta abierta al presidente de Cataluña, Artur Mas

¿Responderá el señor presidente?

Hace 15 dÍas colgamos en Youtube un vídeo titulado “El mayor robo de la

historia de Catalunya”. En total lo han visto unas 200.000 personas, ha sido

muy comentado en las redes sociales y ha salido en diversos medios de

comunicación.

En aquel vídeo hacíamos una serie de preguntas muy y muy importantes

relacionadas con la sanidad pública. Como no hemos obtenido respuesta, nos

dirigimos directamente a Artur Mas. ¿Contestará?

¿Pagar 5 € para usar sillas en los hospitales? ¿Copago para sentarse?

No es broma. En el hospital de Blanes cobran 5 euros para usar las sillas. ¿No

os lo creéis? En la vídeo-carta abierta al president Artur Mas lo explicamos con

detalle. Nos preguntamos: ¿se puede caer más bajo?

Fuente: revista cafeambllet (www.cafeambllet.com/press)

22/3/2012

98

Documentos

Enrico Berlinguer

La austeridad (1977)

Conclusiones ante la convención de intelectuales

El texto que presentamos aquí es un discurso que, en su momento, no

entendió casi nadie. Lo pronunció el entonces secretario general del Partido

Comunista Italiano, Enrico Berlinguer (1922-1984), en 1977. Un año duro.

Italia estaba envuelta en un clima tenso, caracterizado por la virulencia de los

terrorismos de extrema derecha y de las Brigadas Rojas, por una galopante

crisis económica derivada de la subida del precio del petróleo a raíz de la

guerra de 1973 entre árabes e israelíes, y por una elevada conflictividad

social que no parecía tener una salida progresiva a causa de la rigidez de un

sistema político pivotado alrededor de la Democracia Cristiana. En este

escenario, Berlinguer presentó una serie de elementos para la reflexión sobre

la austeridad como columna vertebral de una futura sociedad profundamente

alejada del modelo capitalista dominante y de sus desvalores (despilfarro de

los recursos energéticos y materiales, consumismo desenfrenado,

individualismo alienante, etc.). Se trataba, pues, de un discurso original y

hasta atrevido, ya que era la primera vez que un líder comunista de la Europa

occidental ponía el acento en los consumos antes que en los modelos de

producción, y por ende añadiendo un punto de vista antropológico a la crítica

económica del capitalismo. Pero también hablamos de un discurso que cayó

en saco roto tanto en la izquierda italiana (y en el mismo PCI) como en una

izquierda europea demasiado centrada en un modelo industrial fordista que, a

finales de los años setenta, ya estaba tocado de muerte. En España, los únicos

que notaron el potencial político del discurso berlingueriano fueron los

redactores de la revista Materiales, quienes en 1978 lo publicaron en formato

libro en la editorial homónima. Como es sabido, estos intelectuales

capitaneados por Manuel Sacristán y Giulia Adinolfi abandonarían poco

99

después el proyecto de Materiales para crear mientras tanto, una revista que

trabajaría para renovar el ideario comunista en función de los nuevos y

acuciantes problemas ecológicos. A diferencia de hoy en día, hace treinta

años las ideas contenidas en el discurso de Berlinguer y en los artículos

de mientras tanto no sólo no eran moneda corriente en la izquierda política y

sindical de nuestro país, sino que en ella hubo quienes las calificaron de

utópicas. Pero a veces la historia demuestra que las utopías no son sino

verdades avanzadas.

* * *

Ante todo quiero manifestar la satisfacción de la dirección del partido por la

respuesta que nuestra iniciativa ha encontrado entre los intelectuales

comunistas y entre intelectuales y representantes políticos de diferentes

orientaciones, de otras corrientes. La participación y el interés que ha

suscitado nuestra convención demuestran su madurez y su oportunidad, de

las que ya estábamos convencidos cuando propusimos ponernos a trabajar

(volveré luego sobre el significado de esta expresión) por un proyecto de

renovación de la sociedad italiana.

El método de trabajo de los comunistas no es el del centro-izquierda

Este ha sido y es el tema principal, la razón y la finalidad de nuestra reunión

con vosotros. No nos habíamos propuesto volver a profundizar cuestiones

como las de la relación entre política y cultura, entre partido e intelectuales

(aunque quisiera decir algo más sobre ellas en la conclusión de mi

intervención), sino fundamentalmente abrir un debate sobre el tema concreto

que se plantea en la propia convocatoria: cuál puede ser la aportación de la

cultura a la elaboración de un proyecto de renovación de la sociedad italiana.

Esta convención ha pretendido ser, y creo que lo ha conseguido, un momento

de la construcción de ese proyecto; no creo, pues, que pueda dar lugar a

desilusiones, ni por nuestra parte ni por la vuestra. Sólo podría sentirse

decepcionado el que, entendiendo equivocadamente el sentido de nuestra

propuesta y, más en general, desconociendo el método de trabajo de los

comunistas, pensara que el camarada Aldo Tortorella, el camarada Giorgio

Napolitano o yo mismo habíamos venido aquí para presentaros poco menos

que un plato ya preparado, al que vosotros sólo tendríais que añadir los

condimentos o decir si os gustaba o no. Por el contrario, decidimos convocar

esta convención antes de llegar, como partido, a un proyecto acabado en sus

diferentes partes, por la sencilla razón de que tal proyecto ha de ser el

resultado de una investigación y de un trabajo común que tienen una

100

envergadura mucho mayor que el que está realizando y realizará el grupo

dirigente de nuestro partido. En efecto, aunque sólo sea para no volver a caer

en la experiencia negativa del centro-izquierda, teníamos y tenemos que

evitar el error de los proyectos elaborados sólo desde un escritorio.

El camarada Napolitano os ha informado de que la dirección del partido ha

constituido una comisión que ya está trabajando en este proyecto, pero ha

aclarado también que, antes de que presente sus propuestas a la dirección y

al Comité Central del partido, queremos llevar a cabo una verificación de

masas de las propuestas a formular, queremos estimular la aportación de

todos los que desean comprometerse activamente en el cambio de esta

sociedad; queremos, en definitiva, hacer algo que, por su método y por su

esencia, no se ha hecho nunca en Italia: llegar a un proyecto de

transformación discutido entre la gente, con la gente. Y como para

transformar nuestra sociedad no hemos de aplicar doctrinas o esquemas ni

copiar modelos ya existentes ajenos, sino recorrer caminos nuevos todavía

por explorar, es decir, inventar algo nuevo, pero que esté bajo la piel de la

historia, algo maduro, necesario y, por consiguiente, posible, es natural que el

primer momento de nuestro trabajo haya sido y tenga que ser el encuentro

con las fuerzas que son o deberían ser creativas por definición: con las fuerzas

de los intelectuales, de la cultura.

Sólo puede ser ésta, en mi opinión, la forma de proceder del partido más

representativa de la clase obrera, es decir, de la formación política que tiende

continuamente a realizar la síntesis entre espontaneidad y reflexión, entre

inmediatez y perspectiva, y, por lo tanto, también entre clase obrera e

intelectuales, entre la fuerza social que es hoy el principal motor de la historia

y las capas portadoras de pensamiento, que expresa las acumulación y el

desarrollo de la cultura y de la civilización.

Esta convención constituye un primer resultado positivo del esfuerzo que

estamos realizando, y que tendrá que continuar intensificándose, entre los

intelectuales y en el mundo de la cultura, tanto a través de la desagregación

de nuestro trabajo de la que hablaba el camarada Alberto Asor Rosa y que se

ha de llevar a cabo por materias, por grandes sectores, como a través de las

iniciativas de las que hablaba el camarada Tortorella (especialmente de la

iniciativa que ha propuesto y a la que tendremos que prestar gran atención,

en el sentido de promover en las instituciones culturales conferencias con un

carácter análogo, salvadas las lógicas diferencias, al de las conferencias de

producción que hemos impulsado y tendremos que impulsar en las fábricas), o

bien por medio de otras iniciativas que susciten la aportación de los obreros,

los campesinos, los técnicos, los dirigentes de fábrica, las masas juveniles y

sus organizaciones, las mujeres y sus asociaciones.

101

Dar un sentido y una finalidad a la política de austeridad: pero ¿qué

austeridad?

¿Cuál es el origen de la necesidad de ponernos a pensar y a trabajar sobre un

proyecto de transformación de la sociedad que indique objetivos y metas a

perseguir y alcanzar en los próximos tres o cuatro años, pero que se

traduzcan en hechos, disposiciones y medidas inmediatas que señalen su

puesta en marcha?

Esta necesidad nace de la consciencia de que hay que darle un sentido y una

finalidad a la política de austeridad que es una opción obligada y duradera y,

al mismo tiempo, una condición de salvación para los pueblos de Occidente en

general, y especialmente para el pueblo italiano.

La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al que

hay que recurrir para superar una dificultad temporal, coyuntural, para

permitir la recuperación y la restauración de los viejos mecanismos

económicos y sociales. Así conciben y presentan la austeridad los grupos

dominantes y las fuerzas políticas conservadoras. Para nosotros, por el

contrario, la austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases

para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de

fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas son el derroche y el

desaprovechamiento, la exaltación de los particularismos y de los

individualismos más exacerbados, del consumismo más desenfrenado.

Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es decir, lo

contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha

conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años que se acumulan y se

manifiestan hoy en Italia en todo su dramático alcance.

Es, pues, en base a este enfoque como el movimiento obrero puede enarbolar

la bandera de la austeridad. Austeridad es para los comunistas lucha efectiva

contra la situación existente, contra la evolución espontánea de las cosas, y al

mismo tiempo, premisa, condición material para realizar el cambio. Concebida

de esta manera, la austeridad se convierte en un arma de lucha moderna y

actualizada tanto contra los defensores de orden económico y social existente

como contra los que la consideran como la única situación posible de una

sociedad destinada orgánicamente a permanecer atrasada, subdesarrollada y,

además, cada vez más desequilibrada, cada vez más cargada de injusticias,

de contradicciones, de desigualdades.

Lejos de ser, pues, una concesión a los intereses de los grupos dominantes o a

las necesidades de supervivencia del capitalismo, la austeridad puede ser una

opción con un avanzado y concreto contenido de clase, puede y debe ser una

de las formas en que el movimiento obrero se erige en portador de una

102

organización diferente de la vida social, a través de la cual lucha por afirmar,

en las condiciones actuales, sus antiguos y siempre válidos ideales de

liberación.

En efecto, creo que en las condiciones actuales es inimaginable luchar

realmente y con eficacia por una sociedad superior sin partir de la necesidad

imprescindible de la austeridad.

Pero la austeridad, según sus contenidos y las fuerzas que la encauzan, puede

utilizarse como instrumento de depresión económica, de represión política y

de perpetuación de las injusticias sociales o como ocasión para un desarrollo

económico y social nuevo, para un riguroso saneamiento del Estado, para una

profunda transformación de la organización social, para la defensa y

expansión de la democracia: en un palabra, como medio de justicia y de

liberación del hombre y de todas sus energías, hoy postradas, dispersas,

desperdiciadas.

Las consecuencias en los países capitalistas del avance del

movimiento de liberación de los pueblos del Tercer Mundo

En otras ocasiones, incluso recientemente, hemos recordado las profundas

razones históricas, ciertamente no sólo italianas, que hacen necesaria, y no

coyunturalmente, una política de austeridad. Existen varias razones, pero hay

que recordar que el acontecimiento más importante, cuyos efectos no son ya

reversibles, ha sido y seguirá siendo la irrupción en el escenario mundial de

países y pueblos antes coloniales que van liberándose de la dependencia y el

subdesarrollo a los que les condenaba la dominación imperialista. Se trata de

dos terceras partes de la humanidad que no toleran ya vivir en condiciones de

hambre, de miseria, de marginación, de inferioridad frente a los pueblos y

países que han dominado hasta ahora la vida mundial.

Este movimiento es extremadamente multiforme y complejo. Son enormes las

diferencias económicas, sociales, culturales y políticas que existen tanto en el

interior de lo que suele llamarse Tercer Mundo como en sus relaciones

exteriores. En especial, en los últimos tiempos se ha ido concretando una

tendencia hacia alianzas entre los grupos dominantes de los países

capitalistas más desarrollados y los de determinados países en vías de

desarrollo, alianzas que perjudican a otros países más pobres y débiles y a

todos los movimientos populares y progresistas. No han sido ni son sólo los

Kissinger, sino también los Llaman (habréis leído sus recientes declaraciones)

los que han seguido y siguen una política de hostilidad contra los Estados y las

fuerzas políticas que luchan por la renovación de su propio país, incluidas las

fuerzas avanzadas del movimiento obrero occidental.

103

Hemos de saber captar estas diferencias en el seno del Tercer Mundo y

tenerlas en cuenta, pero no hemos de perder de vista el significado general

del grandioso movimiento que protagonizan aquellos pueblos, un movimiento

que cambia el rumbo de la historia mundial y que va rompiendo todos los

equilibrios existidos y existentes, y no sólo los relativos a las relaciones de

fuerza a escala mundial, sino también los equilibrios internos de cada uno de

los países capitalistas. Con su acción profunda, este movimiento hace estallar

las contradicciones de toda una fase de desarrollo capitalista posbélico y

produce en determinados países condiciones de crisis de gravedad sin

precedentes. Si bien puede ocurrir, como podemos comprobar, que en el

interior del mundo capitalista algunas economías más fuertes pueden sacar

provecho de la crisis y consolidar su posición de dominio, para otros países

económicamente más débiles, como Italia, la crisis se ha convertido ya en una

caída más o menos lenta hacia el precipicio.

Sobre el telón de fondo de esta agudización de los conflictos entre países y

grupos capitalistas, mal encubierta por frágiles solidaridades, destacan con

una nitidez cada vez mayor procesos de disgregación y decadencia que, al

tiempo que vuelven cada vez menos soportables las condiciones de existencia

de grandes masas populares, amenazan no sólo las bases de la economía,

sino incluso las de nuestra propia civilización y de su desarrollo.

No es necesario describir los mil signos en los que se manifiesta esta

tendencia que hiere y degrada tan profundamente también la vida de la

cultura. Lo que ha de quedar claro para todo el que quiera entender las

razones y los objetivos de nuestra política, tanto en el interior de nuestro país

como en las relaciones con las fuerzas progresistas de otros países, es que se

puede resumir en un esfuerzo de movilización y de investigación para detener

esta tendencia e invertirla.

Dos premisas fundamentales para poner en marcha “una

transformación revolucionaria de la sociedad”

En mi opinión estamos viviendo uno de esos momentos en los que, como

afirma el Manifiesto de los comunistas, en algunos países, como el nuestro, si

no se pone en marcha una «transformación revolucionaria de la sociedad» se

puede caer «en el hundimiento común de las clases antagonistas», es decir,

en la decadencia de una civilización, en la ruina de un país.

Pero sólo se puede poner en marcha una transformación revolucionaria en las

condiciones actuales si se saben afrontar los problemas nuevos planteados en

Occidente por el movimiento de liberación de los pueblos del Tercer Mundo, y

esto, en nuestra opinión, en la opinión de los comunistas, tiene para

Occidente y sobre todo para nuestro país dos implicaciones fundamentales:

104

abrirse a una plena comprensión de las razones de desarrollo y de justicia de

estos países y establecer con ellos una política de cooperación sobre bases de

igualdad; abandonar la ilusión de que es posible perpetuar un tipo desarrollo,

basado en la artificial expansión del consumo individual, que es fuente de

derroche, de parasitismo, de privilegios, de dilapidación de los recursos y de

desequilibrio financiero.

Por eso la política de austeridad, de severidad, de guerra al derroche, se ha

convertido en una necesidad ineludible para todos y, al mismo tiempo, en la

tecla a pulsar para hacer avanzar la lucha por la transformación de la

sociedad en sus estructuras y en sus ideas básicas.

Una política de austeridad no es una política de nivelación hacia la indigencia

ni ha de proponerse como objetivo la mera supervivencia de un sistema

económico y social que ha entrado en crisis. Por el contrario, ha de tener

como finalidad —y por eso puede y debe ser asumida por el movimiento

obrero— el instaurar la justicia, la eficacia, el orden y una moralidad nueva.

Concebida así, una política de austeridad, aunque implique (necesariamente,

por su propia naturaleza) determinadas renuncias y determinados sacrificios,

adquiere al mismo tiempo un significado renovador y se convierte en un acto

de libertad para grandes masas sometidas a viejas subordinaciones y a

intolerables marginaciones, crea nuevas solidaridades y, al ir acaparando un

consenso creciente, se convierte en un amplio movimiento democrático al

servicio de una tarea de transformación social.

Precisamente porque es ésta nuestra perspectiva, creo que hay que reconocer

que hasta ahora la política de austeridad no se le ha presentado al país, y

mucho menos se ha aplicado en la práctica, dentro de este espíritu de

conciencia y confianza y no de resignación, y si bien podemos admitir —mejor

dicho, tenemos que admitir— que ha habido insuficiencias y oscilaciones del

movimiento obrero y de nuestro partido, las deficiencias principales hay que

imputárselas a las fuerzas que gobiernan el país.

No pretendo examinar aquí las diversas medidas de política económica que el

gobierno ha aplicado o está preparando, ni recordar nuestra actitud hacia las

mismas. Son conocidas las posiciones, unas veces favorables y otras críticas,

adoptadas por nuestro partido frente a los diversos aspectos de la política

económica del gobierno. Por otra parte, como sabéis, en esta misma sala

competentes camaradas —en una positiva discusión con representantes de

otros partidos e ilustres economistas y en presencia también de

representantes del gobierno— trataron el tema del marco económico global y

de las intervenciones que han de realizar el gobierno y los partidos.

105

Falta de vigor y de valentía y estrechez de perspectivas en la política

de austeridad del gobierno

Quiero, en cambio, insistir en una crítica de carácter general que los

comunistas continuamos formulando contra la actuación del gobierno. En

efecto, la política de austeridad sigue estando viciada por la falta de vigor, de

valentía y de perspectiva. Por ejemplo: todavía no se ha sabido suscitar el

necesario movimiento de oposición de masas contra los derroches. Contra los

derroches en sentido directo, que son todavía enormes (piénsese en la

energía o en la organización sanitaria) y contra los derroches en sentido

indirecto y amplio, como los que derivan del laxismo en las empresas, en el

tema educativo y en la administración pública; o como los que han

denunciado aquí con especial severidad los profesores Carapezza, Nebbia,

Maldonado y otros, que derivan de imprevisiones cuyo peso notamos ya en la

actualidad y de enormes errores cometidos en la política del suelo, del

territorio y del medio ambiente o de la negligencia en el campo de la

investigación. Es necesaria una acción amplísima contra el derroche y por el

ahorro en todos los terrenos, y esta acción requeriría el estímulo, la dirección

y la iniciativa continua de un gobierno que supiera ganarse el crédito político y

moral que es indispensable en la actualidad.

No es casual, por supuesto, tanta deficiencia, pues una acción de este calibre

no se organiza solo por medio de la propaganda, que tampoco está a la altura

de la necesidades, sino que requiere que se detecten y ataquen intereses

creados muy concretos, buena parte de los cuales constituyen la base en que

se apoya el sistema de poder de la Democracia Cristiana.

Pero lo que resulta más evidente, y tiene efectos muy negativos, es la

estrechez de perspectivas que caracteriza la política de austeridad

propugnada y aplicada hasta ahora por el gobierno. Aquí reside la principal

diferencia que nos separa de los representantes del gobierno y de los grupos

económicos dominantes. En éstos se percibe, en el fondo, un estado de ánimo

de rendición, es decir, lo contrario de lo que se necesitaría para que el pueblo

asumiera con convencimiento determinados sacrificios imprescindibles. El país

necesitaría, para realizar el esfuerzo adecuado, tener unas perspectivas

claras, o por lo menos algunos elementos fundamentales de una perspectiva

nueva. En cambio, los representantes de las viejas clases dominantes y

muchos hombres de! gobierno, en el mejor de los casos se limitan al objetivo

de colocar a Italia en los mismos raíles por los que discurría el desarrollo

económico antes de la crisis, como si aquellas vías y aquellos modelos de

desarrollo pudieran representar todavía un ideal de sociedad deseable, como

si la crisis de estos últimos años y de la actualidad no fuera exactamente la

crisis de aquel modelo de sociedad (crisis que no sólo se manifiesta en Italia,

sino también, aunque en formas diferentes, en otras naciones europeas).

106

Para nosotros resulta muy clara la razón de esta falta de vigor, de valentía y

de perspectiva en la política de austeridad de la que he hablado. En estas

deficiencias vemos la evidencia de un proceso histórico caracterizado por la

decadencia irremediable de la función dirigente de la burguesía y la

confirmación de que esta función dirigente comienza ya a desplazarse hacia el

movimiento obrero y las fuerzas populares unidas: naturalmente, a una clase

obrera y unas masas populares que demuestren la madurez necesaria para

convertirse en la fuerza que dirige democráticamente a toda la sociedad hacia

la salvación y el renacimiento. Esto requiere que en las propias filas del

movimiento obrero y en sus organizaciones económicas y políticas se aplique

con más amplitud y responsabilidad un espíritu autocrítico que conduzca a la

superación de las actitudes negativas y distorsionantes, de subordinación o de

extremismo, que tienen todavía un peso notable y que dificultan en lo

concreto la solución positiva de problemas de inmediata actualidad, como el

saneamiento económico, productivo y financiero de la sociedad y del Estado.

No podemos esperar a la participación en el gobierno para presentar

un proyecto de renovación, hay que actuar inmediatamente

Para comprometernos en un proyecto de renovación de la sociedad y para

lanzar la propuesta de que se empiece a trabajar en su definición, no

podíamos esperar a que maduraran en los partidos las condiciones para

nuestra entrada en el gobierno. Ésta constituye una necesidad más urgente

que nunca, pero mientras tanto tenemos el deber de tomar inmediatamente

las iniciativas oportunas, que responden a necesidades de lucha no aplazables

del movimiento obrero y a no prorrogables intereses generales del país, en el

propio marco político actual, que, a pesar de todas las insuficiencias, refleja

los profundos efectos positivos del avance popular y comunista de estos años,

especialmente el del 20 de junio de 1976.

La propuesta del proyecto nace también de una necesidad interna del

movimiento obrero: la de evitar que no se comprendan bien las razones

objetivas, la exigencia de una política de austeridad o que se caiga en el

riesgo de acomodarse a la cotidianeidad, de acostumbrarse a la rutina del

vivir al día. Ante todo, sin embargo, tiene su origen en una exigencia general

de toda la nación, que necesita un horizonte diferente y puntos de referencia

concretos.

La fase actual de nuestra vida nacional está, sin duda, cargada de riesgos,

pero nos ofrece a todos la gran ocasión para una tarea renovadora. No

podemos dejar pasar esta ocasión: es quizás la más importante —dicho sea

sin sombra de retórica— que se les ha presentado al pueblo italiano y a sus

fuerzas políticas más responsables desde el nacimiento de nuestra república

democrática.

107

Aquí reside una peculiaridad italiana, de este país nuestro, desequilibrado y

desordenado pero vivo, cargado de energías, fuente de un gran espíritu

democrático, de esta Italia nuestra que es tal vez la nación en la que la crisis

ha adquirido mayor gravedad que en otras zonas del mundo capitalista (y no

sólo en su aspecto económico, sino también en el político, de amenaza a las

instituciones democráticas), pero también en la que mayores son las

posibilidades de trabajar dentro de la propia crisis, para convertirla en ocasión

de un cambio general de la sociedad.

Nuestra iniciativa no es, pues, un acto de propaganda o de exhibición de

nuestro partido. Quiere ser un acto de confianza; pretende ser, una vez más,

un acto de unidad, es decir, una aportación que estimula la de otros partidos

para iniciar un trabajo y un compromiso comunes, capaces de conseguir una

convergencia de todas las fuerzas democráticas y populares. Por su carácter y

su intencionalidad unitarios, nuestro proyecto no pretende ser, y creo que no

debe ser, un programa de transición a una sociedad socialista: de forma más

modesta y concreta, ha de proponerse esbozar un desarrollo de la economía y

de la sociedad cuyas características y formas nuevas de funcionamiento

pueden atraer también la adhesión y el consentimiento de los italianos que,

aunque no profesen ideas comunistas o socialistas, advierten claramente la

necesidad de liberarse a sí mismos y liberar a la nación de las injusticias,

aberraciones, absurdidades y desgarramientos a los que conduce la actual

organización social.

Y el que siente esta preocupación y esta aspiración sincera no puede dejar de

reconocer que, para salir con seguridad de las arenas movedizas en las que

corre el riesgo de hundirse la sociedad actual, es indispensable introducir en

ella algunos elementos, valores y criterios del ideal socialista.

Cuando planteamos el objetivo de una programación del desarrollo que tenga

como finalidad la elevación del hombre en su esencia humana y social y no

como mero individuo contrapuesto a sus semejantes, cuando planteamos el

objetivo de la superación de los modelos de consumo y de comportamiento

inspirados en un individualismo exasperado, cuando planteamos el objetivo de

llegar más allá de la satisfacción de necesidades materiales artificialmente

creadas y también más allá de la satisfacción, en las actuales formas

irracionales, costosas, alienantes y socialmente discriminatorias, de

necesidades que sí son esenciales, cuando planteamos el objetivo de la plena

igualdad y la liberación electiva de la mujer, que es hoy uno de los temas más

importantes de la vida nacional, y no sólo de ésta, cuando planteamos el

objetivo de una participación de los trabajadores y de los ciudadanos en el

control de las empresas, de la economía, del Estado, cuando planteamos el

objetivo de una solidaridad y una cooperación que conduzcan a una

redistribución de la riqueza a escala mundial, cuando planteamos este tipo de

108

objetivos, ¿qué estamos haciendo sino proponer formas de vida y de relación

entre los hombres y los Estados más solidarias, más sociales, más humanas,

que desbordan, por consiguiente, el marco y la lógica del capitalismo?

Salir de la lógica del capitalismo no es sólo una necesidad de la clase

obrera o de los comunistas

Estos criterios, estos valores, estos objetivos, propios indudablemente del

socialismo, reflejan una aspiración que ya no está limitada a la clase obrera y

a los partidos obreros, a comunistas y socialistas, sino que la expresan

también ciudadanos, capas del pueblo y trabajadores de otras formaciones

ideológicas, de otras orientaciones políticas, especialmente de formación e

inspiración cristiana; constituyen una exigencia que se puede ya formular, y

se formula en medida creciente, desde áreas sociales mucho más amplias que

la clase obrera.

La razón principal por la que consideramos a la crisis como una ocasión reside

en el hecho de que los objetivos de transformación y renovación que he

mencionado no sólo son compatibles con una política de austeridad, sino que

deben y pueden incluirse orgánicamente en el marco de ésta, que es la

premisa indispensable para superar la crisis, pero avanzando, no

retrocediendo hacia el pasado. En efecto, me parece evidente que tales

objetivos contribuyen a configurar una organización social y una política

económica y financiera orgánicamente dirigidas contra el despilfarro, los

privilegios, los parasitismos, la dilapidación de recursos; realizan lo que

deberían constituir la esencia de lo que por naturaleza y por definición es una

verdadera política de austeridad. Es más, se podría observar que, de la misma

manera que en las sociedades en decadencia van con frecuencia aparejadas e

imperan las injusticias y el despilfarro, en las sociedades ascendentes se

establece una vinculación entre justicia y frugalidad.

Naturalmente, esta convicción no nos conduce a olvidar, sino a afrontar

concretamente los problemas inmediatos, las opciones a realizar, las

prioridades a imponer en todos los campos de la política económica,

financiera, fiscal o educativa, con el fin de prevenir los riesgos de

desequilibrios imprevistos o de bruscos retrocesos y de asegurar el avance,

paso a paso, hacia meta de eficiencia y de justicia, de productividad y de

civismo. La búsqueda de las relaciones que han de vincular las medidas

inmediatas a la puesta en marcha de esta línea de renovación será, sin duda,

una de las tareas de más envergadura que tendremos que afrontar, junto con

todos aquello que deseen participar en la elaboración de un proyecto acorde

con las características y necesidades que hemos tratado de esbozar en sus

grandes rasgos.

109

Nuestro propósito es llegar en pocos meses a la elaboración de un texto que

constituya una primera base de discusión y debate, pero también estimular,

antes y después de la publicación del texto, un amplio y continuo compromiso

de iniciativa y de lucha. Precisamente porque somos conscientes de todas las

dificultades de esta tarea, pero también de su necesidad y de su poder

catalizador, nos hemos dirigido a vosotros, nos dirigimos a todas las fuerzas

intelectuales para que sean protagonistas —como ha dicho Tortorella en su

acertada y eficaz exposición del tema— de propuestas e iniciativas

encaminadas a revitalizar, a renovar las instituciones culturales (comenzando

por la escuela, la universidad y los centros de investigación) y, al mismo

tiempo, participen en la elaboración de las opciones globales, y no meramente

sectoriales, que han de constituir la base del proyecto.

Un llamamiento tan directo y explícito a la cultura italiana tiene hoy una razón

de ser muy concreta: en efecto, como todos sabemos las fuerzas intelectuales

tienen hoy en Italia, como en todos los países capitalistas más desarrollados,

un peso social muy superar al del pasado, y están orientadas en gran medida

en nuestro país en un sentido democrático y de izquierda; sin embargo, al

lado de este dato positivo (Giulio Einaudi ha destacado acertadamente esta

contradicción) se ha de señalar un elemento negativo, la condición de crisis,

de decadencia, de postración, en que han caído nuestras instituciones

culturales después de treinta años de poder democratacristiano y de

desarrollo social distorsionado y desequilibrado. Y es evidente que ningún

movimiento de salvación y renovación general del país puede avanzar sin

superar esta crisis, sin resolver esta contradicción, sin un aumento del saber y

del amor al saber, sin una renovación de los instrumentos del saber para que

la producción de cultura y, por consiguiente, las instituciones culturales,

participen también en el saneamiento y en la renovación de toda la sociedad.

Los comunistas italianos por la función autónoma y libre de la

cultura: a nadie pedimos obediencias

La forma en que planteamos hoy la función de la cultura en la transformación

del país corresponde a una tradición, a una característica del Partido

Comunista Italiano, como partido de la clase obrera, como partido

democrático y nacional, como gran organismo que también es productor de

cultura. Hemos luchado siempre y seguimos luchando por el progreso y la

expansión de la vida cultural, pero en nuestra actividad hemos de evitar

siempre las intervenciones que pueden minar, siquiera en medida mínima, la

autonomía de la investigación teórica, de las actividades culturales, de la

creación artística, pues éstas no tienen como condición vital de desarrollo la

obediencia a un partido, a un Estado o a una ideología, sino la posibilidad de

desplegarse en la libertad y el espíritu crítico más absolutos.

110

Este planteamiento, que forma parte de la visión más general que tenemos en

las relaciones entre democracia y socialismo, se diferencia de la de algunos

partidos que están en el poder en los países socialistas; actitudes y

comportamientos de poder político como los que conocemos (por ejemplo en

Checoslovaquia, donde se ha llegado a acciones de tipo represivo) son para

nosotros inaceptables por principio. Interpretando esta posición general del

partido algunos camaradas intelectuales han tomado la iniciativa de una

declaración pública que consideramos acertada y oportuna. Forma parte

irrenunciable de nuestro patriotismo una concepción que indica como tarea

del Partido Comunista, de los demás partidos democráticos y de los poderes

públicos, si están orientados también en un sentido democrático, la creación,

por una parte, del clima político y moral, y, por la otra, de las condiciones

materiales prácticas, organizativas, que han de permitir el desarrollo libre y

positivo de la investigación, de la iniciativa y del debate cultural.

Pero ni los partidos ni el Estado han de exigir obediencias, imponer

concepciones del mundo ni limitar en modo alguno las libertades

intelectuales.

Y yo, queridos camaradas y amigos, deseo concluir mi intervención —no sin

antes daros las gracias a todos, y especialmente al compañero Giulio Carlo

Argan, que ha venido en representación de la ciudad de Roma y de la nueva

administración popular romana— con la serena confirmación de nuestro

planteamiento, del que no hemos de alejarnos nunca.

30/3/2012

111

Foro de webs

Plataforma Eurovegas No / Aturem Eurovegas

http://eurovegasno.blogspot.com.es

La Plataforma Eurovegas No está integrada por diversas organizaciones

civiles, sindicatos y personas a título individual, habiendo sido creada en

Madrid en marzo de 2012 para mostrar una oposición total a la instalación del

proyecto de juego, ocio y turismo Eurovegas en Madrid, Cataluña o cualquier

otro lugar.

http://aturemeurovegas.wordpress.com

Plataforma en contra de la construcció d'un complex de casinos a Catalunya,

en concret al Baix Llobregat. Som un grup d’entitats i ciutadans/es que tenim

en comú la preocupació per l’amenaça de la construcció d’un macrocomplex

d’oci i joc a Catalunya, concretament al Delta del Llobregat, que està

negociant el Govern i la companyia Las Vegas Sands Co.

1/4/2012

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

112

afectadosporlahipoteca.wordpress.com

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca-PAH somos una asociación

totalmente gratuita (así como lo son todos los recursos que ésta proporciona)

que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se

encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta

problemática. Un grupo de personas completamente apartidista decidimos

crear esta asociación en febrero de 2009 en Barcelona ante la constatación

de que el marco legal actual está diseñado para garantizar que los bancos

cobren las deudas, mientras que deja desprotegidas a las personas

hipotecadas que por motivos como el paro o la subida de las cuotas no

pueden hacer frente a las letras. La vivienda es un derecho básico y es

intolerable que seamos muchísimas las personas que podemos ser

desahuciadas de la vivienda y aún así continuar arrastrando una deuda de por

vida.

La Plataforma es un lugar de encuentro, ayuda y acción de afectad@s y

personas solidarias. Nos reunimos en Barcelona para exponer nuestros casos,

dar consejo y ayuda mútua y encontrar apoyos tanto prácticos como

emocionales. En segundo lugar queremos dar batalla en una dimensión

jurídica y política. Por un lado estamos estudiando junto con abogados la

posibilidad de presentar demandas para denunciar determinadas prácticas

extremadamente abusivas que se han dado en los últimos años como los

seguros que no sirven para nada el hecho de que se prevean mínimos al tipo

de interés pero no máximos o los avales cruzados. Por otro lado realizamos

acciones para visibilizar la situación de los hipotecados y transmitir nuestra

situación y nuestras reivindicaciones a la sociedad.

Nuestras principales campañas son:

STOP DESAHUCIOS: Ante la vulneración sistemática de nuestros

113

derechos, la PAH hace un llamamiento a la acción. Estamos

convencidos que ha llegado el momento de alzar nuestra voz y gritar:

¡No permitiremos mas desalojos! ¡No dejaremos que el banco nos

eche de casa!

DACIÓN EN PAGO: en caso de residencia habitual y deudores de buena

be con la entrega de la vivienda se cancele la deuda hipotecaria. En

junio de 2010 la PAH y el Observatori DESC trasladaron al Congreso

una propuesta de modificación de ley que fue rechazada por PP y

PSOE. La voz organizada de los afectados ha conseguido sumar a

colectivos sociales y organizaciones sindicales y en breve se pondrá en

marcha una ILP para recoger firmas y llevar de nuevo la propuesta de

la PAH al Congreso de los diputados.

1/4/2012

Hendu

Revista Latinoamericana de Derechos Humanos

http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/hendu/index

Hendu es una joven revista de carácter pluralista, multidisciplinar,

internacional y cooperativo en torno a la aplicación social de los derechos

humanos, tanto de una perspectiva global como específicamente

latinoamericana. Es editada por el Consorcio Latinoamericano de Posgrado en

Derechos Humanos.

25/3/2012

Biratán

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www.biratancartoon.blogspot.com.br

biratan21@uol.com.br

Conocido en países como Francia, Italia, Bélgica, Holanda o los EE.UU.,

Ubiratan Nazareno Borges Porto, o “Biratan”, es un veterano dibujante nativo

de la ciudad brasileña de Belém. Su trabajo gráfico tiene, como es común a

los artistas amazónicos, una gran conciencia ecologista. Reproducimos una

muestra del mismo cedida para mientrastanto.e por su autor, “un sujeto que

vive detrás de un espejo haciendo caricaturas de quienes a él se aproximan”.

1/4/2012

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