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Estrategias residenciales y redes habitacionales. El acceso a la vivienda de

familias de bajos ingresos en el Area Metropolitana de Buenos Aires

María Mercedes Di Virgilio1

CONICET-UBA/ UNGS Con la colaboración de Mariana Mendoza

Marzo, 2003 Paper preparado para el Congreso de la Latin American Studies Association, Dallas, 27 al 29 de Marzo, 2003.

1 Becaria posdoctoral CONICET. Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA / Instituto del Conurbano, UNGS. mdivirgilio@fibertel.com.ar - Dirección postal: Chivilcoy 1379, (1407) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

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INTRODUCCIÓN

En este artículo analizamos las estrategias que los sectores populares2 despliegan para

satisfacer y articular sus necesidades de vivienda y sus modos de inserción en el hábitat

urbano. El análisis se focaliza en dos barrios de sectores populares del Area

Metropolitana de Buenos Aires, Argentina: La Boca, en la ciudad de Buenos Aires, y el

barrio IAPI, en el municipio de Quilmes. Los datos que se presentan provienen de 20

relatos de vida obtenidos a través de entrevistas semi estructuradas a jefes y jefas de

hogares pobres, de 30 y más años de edad que han abandonado el hogar natal,

constituido su propio núcleo familiar – con o sin hijos – y que han tenido la oportunidad

(por su edad) de ingresar al mercado de trabajo. Los entrevistados residen en las diversas

formas que adquiere el hábitat popular en la ciudad, tales como, inquilinatos de propiedad

privada, inquilinatos de propiedad municipal (recuperados y no recuperados), casas

precarias tipo villa, vivienda social (FONAVI), loteos y asentamientos populares.

2 De acuerdo con Llovet, defino a los sectores populares y a las unidades domésticas que los componen por la intersección de dos dimensiones: la modalidad de inserción productiva y el consumo. Se trata de sectores sociales que para la reproducción de sus vidas deben vender su fuerza de trabajo y/o prestar servicios de baja o relativa calificación y cuyo standard de consumo está altamente condicionado por el monto y la distribución de las transferencias formales que el estado y otras organizaciones sociales o funcionales -tales como sindicatos- orientan hacia ellos (1984:14). Las transferencias de las cuales dependen sus condiciones de vida están vinculadas al sistema de servicios públicos y sociales de transporte, vivienda, salud y educación. No se trata aquí de definir su constitución exclusivamente por la relación que guardan con la estructura socioeconómica, ya que la esfera de lo simbólico resulta inescindible en relación a la material: es por ello que entendemos que el nivel del consumo no es simplemente el último momento del proceso de producción y circulación, sino que, el consumo es el lugar donde se hace explícito lo que el consenso general juzga valioso en una sociedad. Por eso mismo, el consumo puede definirse como un proceso en el que se organizan significados sociales, como lugar en donde se expresan la diferenciación social y la distinción simbólica entre los grupos (García Canclini, 1991). Asimismo, y aún partiendo de la citada conceptualización de sectores populares, entiendo que la aplicación de los "programas económicos de ajuste y cambio estructural" aplicados por los gobiernos latinoamericanos desde la década del ´80 (Laurell; 1992), introdujeron profundas transformaciones en el sistema de transferencias formales -- al que Llovet hace referencia -- dirigidas desde el estado y las organizaciones sindicales o gremiales. La reducción y el control estricto del gasto público acotan drásticamente aquellas vinculadas al bienestar social. Estas modificaciones se expresan en la eliminación de programas, la reducción de beneficios, la focalización del gasto, la privatización de la producción y distribución de servicios y, a veces, la descentralización de los servicios públicos a nivel local. La desregulación y flexibilización de la relación laboral, sumadas a la caída salarial y al rápido aumento del desempleo y del empleo informal, provocaron severos impactos sobre las organizaciones de trabajadores, y condujeron gradualmente a su debilitamiento. La retracción del estado limita el sistema de transferencias que sostenían las condiciones de vida de los sectores populares; nuevas estrategias y nuevas organizaciones (organismos no gubernamentales, organizaciones de base, etc.) estructuran, en el actual contexto de crisis, algunas transferencias hacia los sectores populares.

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El análisis de las entrevistas se articula con resultados de investigaciones anteriores

sobre el hábitat de los sectores populares urbanos realizadas en el Area de Estudios

Urbanos del Instituto Gino Germani, UBA (Herzer et al., 1997, 2000 y 2002; Di Virgilio,

2003).

Este estudio es parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo general es analizar de qué

manera la inserción diferencial en el proceso productivo y en el consumo influyen en las

trayectorias habitacionales3 de las familias de sectores medios y populares.4 Así como,

explorar y describir las estrategias residenciales5 desplegadas por los diferentes sectores

sociales.6 A través de las entrevistas rastreamos y reconstruimos las estrategias que

despliegan para insertarse en el hábitat, los recursos que movilizan, las redes

involucradas en los procesos de movilidad territorial y habitacional, etc.

EL ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS RESIDENCIALES COMO UNA DIMENSION DE

LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE VIDA DE LOS SECTORES POPULARES

Uno de los conceptos que a nuestro entender permite avanzar en el análisis de las

estrategias residenciales, y que engloba este problema, es el de estrategias familiares de

3 El concepto de trayectoria hace referencia a las relaciones que existen entre algunas dimensiones de las estrategias familiares de vida, en distintas etapas del ciclo de vida familiar. En particular, la relación entre movilidad social, territorial y habitacional que realizaron los miembros del hogar desde el momento en que su jefa/e toma la decisión de migrar de su lugar de nacimiento o, si es nativo de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires, del barrio anterior (migraciones intraurbanas). Entendemos que el concepto de trayectorias es un concepto que permite un estudio en profundidad de la relación entre clase social y la apropiación del espacio, teniendo en cuenta aspectos que hacen al ciclo vital de la familia. Asimismo, permite ahondar en el proceso que configura la movilidad social habitacional (Nuñez, 2000:28). 4 El proyecto se denomina “Trayectorias habitacionales, estrategias residenciales y composición de los sectores populares y medios en el Area Metropolitana de Buenos Aires”. Se inicia en abril de 2002 en el marco de una beca pos doctoral CONICET y en la actualidad es financiado a través del Programa IM40 de la SEPCyT. El trabajo de campo se inició a fines de 2002 y prevé la realización de una encuesta a 600 hogares de sectores populares y medios. Participan en el trabajo de campo: Natalia Cillis, Marcela Imori y Mariana Mendoza. 5 El concepto de estrategias residenciales alude a las decisiones que toman las familias y los objetivos que ellas persiguen en materia de hábitat (Dansereau y Naváez-Bouchanine, 1993). Se enmarca en la problemática general de la reproducción social y de las estrategias familiares de vida; es precisamente en las prácticas, las decisiones, los proyectos y los movimientos que marcan las trayectorias habitacionales en donde se articulan la posición de las familias en la producción y el consumo y sus modos de insertarse en el hábitat. 6 Entendemos por vivienda a la “configuración de servicios -- servicios habitacionales -- que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras”. Adherimos de este modo a una concepción amplia de la vivienda, esto es, como hábitat o medio-ambiente (Yujnovsky; 1984: 17 ss).

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vida. Esto es así pues en las prácticas, las decisiones, los proyectos y los movimientos

que marcan las estrategias residenciales articulan no sólo los modos que tienen las

familias de insertarse en el hábitat sino también su posición en la producción y el

consumo.

Al enfrentarse a las situaciones de crisis y a los retos socio-económicos que imponen los

contextos urbanos, las familias/unidades domésticas deben recurrir a sus propios medios

para sobrevivir en condiciones económicas difíciles o para promover su movilidad social.

Gran parte de estos recursos están constituidos por una multitud de mecanismos que

vinculan procesos de nivel microsocial con procesos de nivel macro (Smith y Wallerstein,

1992; Roberts, 1991; Mingione, 1991). En este sentido, la investigación relativa a las

decisiones que las familias toman en materia de hábitat es relevante no tanto en cuanto a

la descripción pormenorizada de la vida cotidiana de los sectores populares, sino en la

medida en que pretende analizar precisamente la interfase entre procesos macro y micro

y estudiar la relación que existe entre las formas de organización familiar y social y sus

consecuencias en las condiciones de vida de la población (Danani; 1995). La

determinación del impacto de los procesos macro requiere conocer las formas de

organización social que median entre el nivel macro social y los individuos. Tal como

señala Espinoza (1999:4), existe una gran variación de respuestas entre individuos

afectados por las mismas condiciones estructurales. En gran medida dichas variaciones

se deben a que coexisten diferentes formas de organización social y familiar que median y

filtran los impactos de las políticas públicas u otros procesos de cambio estructural.

Distintos arreglos organizacionales dentro y entre las unidades domésticas reducen o

amplifican el impacto de dichos procesos al tiempo que condicionan la forma en que los

individuos logran su integración social.7

Los hogares de sectores populares tienen distintas posibilidades de mejorar sus

condiciones de vida por medio de respuestas inmediatas o a futuro. Muchas de estas

posibilidades son producto de factores externos que exceden el control familiar, como los

ciclos económicos o las características de la estructura del empleo local (Roberts; 1996).

A pesar de estos límites, que se imponen a las posibilidades de las familias, las unidades

domésticas de sectores populares ponen en juego una amplia gama de actividades y

relaciones para lograr su reproducción (Hintze y Eguía; 1994),8 limitar el impacto de las

7 Acerca del papel de la unidad doméstica como espacio de mediación, véase Schmink, 1984. 8 En este documento definimos reproducción de la unidad doméstica como al proceso por el cual la misma “sostiene dinámicamente - según evolucionen las necesidades de sus miembros con su

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crisis, generar recursos adicionales y ampliar su capacidad de enfrentarse a contextos de

ajuste estructural en los que se redefine la distribución del excedente social entre el

estado y la sociedad, y entre los distintos sectores sociales.

Resulta importante prestar atención al hecho de que los hogares urbanos enfrentan las

cuestiones vinculadas a su reproducción en contextos socio-históricos, económicos y

políticos específicos (Roberts, 1996; Torrado, 1998).9 La reproducción de los estratos

bajos se ve seriamente afectada por las modalidades y la dinámica particular de los

procesos de desarrollo discernibles en las sociedades latinoamericanas, en general, y en

la Argentina, en particular; y también, por las condiciones laborales y salariales en las que

ellos están inmersos (Hintze, 1989). La familia y el mundo doméstico están conformados

en relación con y como parte de "lo social": las formas que asume el desarrollo económico

así como las transformaciones en todo el sistema de instituciones y relaciones sociales

van dando forma históricamente al ámbito de la familia y al mundo doméstico.

Para sobrevivir, estos sectores deben desarrollar estrategias que "presiden la

reproducción de las unidades y que se basan en formas de adaptación diversas"

(Margulis; 1988:13). En este sentido, las estrategias familiares forman parte del "conjunto

de prácticas fenomenalmente muy diferentes, por medio de las cuales los individuos y las

familias tienden, de manera consciente o inconsciente, a conservar o aumentar su

patrimonio, y correlativamente a mantener o mejorar su posición en la estructura de

relaciones de clase" (Bourdieu; 1988:22).10

La problemática que subyace al concepto de estrategias familiares y residenciales apunta

precisamente a comprender cómo hacen para reproducirse socialmente quienes ocupan propio desarrollo y el del medio social - los niveles de calidad de vida alcanzados históricamente por sus miembros” (Coraggio; 1998:24). El término reproducción incluye tres dimensiones. Por una parte, hace referencia a la reproducción biológica que en el plano de lo social se refiere a los aspectos socio-demográficos de la fecundidad. Por otra parte, se refiere a la reproducción cotidiana, o sea al mantenimiento de la población existente a través de tareas domésticas de subsistencia. Por último, remite a la reproducción social, es decir, a todas las tareas extraproductivas dirigidas al mantenimiento del sistema social (Jelin; 1984:10). 9 Entiendo que es de suma importancia advertir que los hogares urbanos resuelven las cuestiones vinculadas a su subsistencia en situaciones y en ámbitos específicos, que varían según el tiempo y el lugar, a fin de enmarcar la formulación del concepto de estrategias familiares de vida en una perspectiva analítica global que prioriza el estudio de la relación entre estrategias familiares de vida y estilo de desarrollo. Tal como sugiere Torrado (1998:16) el concepto estilo de desarrollo se refiere a “las estrategias de acción (objetivos, proyectos y prácticas políticas) relativas a los factores fundamentales del desarrollo económico y social (cómo se generan, cuáles son los elementos que condicionan su mecanismo, cómo se reparten sus frutos) que son dominantes o se encuentran vigentes en una sociedad dada”. 10 Citado por Gutiérrez; 1995:2.

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posiciones dominadas en el espacio social. Las investigaciones sobre estrategias de las

unidades familiares permitieron esclarecer cómo la F/UD es afectada por cambios en la

economía, en la política y por la evolución social de nuestra sociedad, y cuáles son sus

márgenes de maniobra frente a sistemas sociales que generan sistemáticamente

condiciones de exclusión social.

Los estudios sobre las estrategias familiares de los hogares urbanos han adquirido

renovada importancia en América Latina y en Argentina a partir de los años ‘70.11 No es

casual que esta preocupación se desarrollara a partir de esa década. Desde entonces las

economías latinoamericanas, y particularmente0 la argentina, se desarrollan en un marco

de reestructuración productiva (Feldman y Galín; 1990).12 Este contexto de

reestructuración económica y política impone desafíos a las unidades domésticas de

sectores populares debido a que, tal como señala Roberts (op. cit.:42), “una de sus

consecuencias ha sido confrontar, con mayor crudeza, a esta población con la fuerza del

mercado, a partir de la sistemática reducción del gasto público principalmente en

bienestar colectivo, en rubros tales como transferencia del ingreso, servicios públicos y

subsidios de tipo diverso”.

11 Esta preocupación comienza a tener importancia en la década del ‘70, y especialmente en la del ‘80, con los padrinazgos de PISPAL y las reflexiones realizadas en el marco de la Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO. Desde entonces se ha producido una amplia bibliografía sobre el tema: Duque y Pastrana, 1973; Lomnitz, 1975; Argüello, 1981; Borsotti, 1981; Torrado, 1981; Sáenz y Di Paula, 1981; Schmink, 1984; Margulis, 1988; Hintze, 1989; Roberts, 1991 y 1996; Torrado, 1998. 12 A partir mediados de la década del '80 en Latinoamérica los organismos multilaterales de crédito y los propios estados nacionales impulsaron procesos de reforma orientados básicamente a lograr el ajuste fiscal. Estos procesos, dinamizados por objetivos de naturaleza fundamentalmente económica, han tenido importante capacidad también para reorganizar las relaciones entre el estado y la sociedad civil en distintos sentidos. Esta ‘externalización’ de la reforma influye directamente sobre el conjunto de la sociedad civil ya que reasigna posiciones y beneficios a los diferentes grupos (Oszlak, 1994: 57). La reforma del estado y la redefinición de su papel económico y social implicó un replanteo de sus campos de actuación con la consecuente transferencia de funciones a los niveles subnacionales (descentralización) y el desplazamiento hacia el mercado de funciones relativas a la provisión de bienes y prestación de servicios antes en manos del estado (privatización) (Chiara, 1999). Estas acciones implicaron profundas modificaciones en la estructura y en la organización de la economía y tuvieron diferentes consecuencias para los distintos grupos socioeconómicos (Moser et. al.; 1993). El fuerte deterioro de los ingresos, las modificaciones producidas en el mercado de trabajo con la precarización y la caída en la demanda del empleo, la concentración económica, la contracción del estado y el retiro de sus funciones redistributivas, son algunos de los signos que caracterizan a dichas políticas. La reforma económica y el ajuste han puesto a algunos sectores de la población urbana en una particular desventaja; situación que se torna aún más crítica en el contexto de la devaluación del peso – principios de 2002 -- y del consecuente proceso inflacionario que se desencadena.

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En esta investigación partimos de un concepto genérico de estrategias familiares, sin

embargo, no podemos obviar el hecho de que es muy reducido el número de

comportamientos que pueden recuperarse a priori como comunes a todas las clases

sociales (Torrado; 1998:19). En este sentido, y con el fin de dotar de especificidades

propias al concepto, este estudio se propone avanzar en el relevamiento y la descripción

de las estrategias que los hogares de sectores populares y medios despliegan en torno al

hábitat.

Consideramos que las estrategias familiares constituyen un aspecto fundamental a

analizar cuando se quiere dar cuenta de la reproducción de ciertos grupos sociales y de la

sociedad en su conjunto, centrando la mirada en los actores sociales que producen las

prácticas y en las condiciones materiales y simbólicas de su proceso de producción. A

través de las estrategias “la familia tiende a reproducirse biológicamente y sobre todo

socialmente, es decir [tiende] a reproducir las propiedades que le permitan mantener su

posición, su rango en el universo social considerado” (Bourdieu, 1993:75). Mantener o

mejorar la posición de la familia en el espacio social implica mantener y/o mejorar el

conjunto de poderes y recursos que se posee y a partir de los cuales se definen las

estrategias. Su comprensión constituye, entonces, un elemento clave a tener en cuenta

en el análisis de las políticas sociales.

La unidad doméstica es el ámbito en donde se desarrollan los distintos mecanismos y

arreglos necesarios para lograr la reproducción individual y colectiva. En este sentido, sus

miembros desarrollan estrategias de acceso a diferentes tipos de recursos a fin de

satisfacer una diversidad de necesidades, contribuyendo al presupuesto familiar a través

del aporte de ingresos monetarios o no y de los de cualquier otra fuente -- familia,

vecinos, instituciones. De este modo, las unidades domésticas enfrentan sus necesidades

de consumo a través de los recursos provenientes del trabajo que realizan sus miembros,

las redes de ayuda mutua que establecen entre las familias, las actividades de

autoproducción que realizan, las transferencias que reciben del estado y aquellas que

pueden generar a través de la organización colectiva (Gutiérrez; 1992:169 ss)

configurando “una especie de mapa de recursos y de formas de acceder a ellos”

(Bartolomé; 1985:84).

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BOX I: Caracterización del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La ciudad de Buenos Aires fue fundada en 1536 y vuelta a fundar en 1580. En 1880 pasa a constituirse en la Capital Federal de la República Argentina. A partir de entonces, la ciudad comienza un proceso de crecimiento al compás del proceso de exportación de productos agropecuarios, que tienen al puerto de Buenos Aires como principal puerta de salida. Desde 1915 hasta 1945 el AMBA registra la mayor tasa de crecimiento influenciado por las migraciones internacionales (Lattes, 1992). A partir de 1945 la Capital Federal prácticamente no crece, y hasta 1960 el suburbio experimenta la mayor tasa de crecimiento (6%). Este proceso acompaña el proceso de industrialización que se ha dado en llamar de “sustitución de importaciones” y que tuvo su mayor desarrollo en la década del ‘60, siendo el destino de fuertes corrientes migratorias internas y de países limítrofes. Actualmente la ciudad metropolitana de Buenos Aires está habitada por unos 11 millones de habitantes. Está conformada por una ciudad central: Buenos Aires y un conjunto de municipios que forman el suburbio. La ciudad de Buenos Aires, cuenta con unos 2.776.138 millones de habitantes dentro de una superficie aproximada de 202,9Km2. Mientras que el suburbio está habitado por 8 millones de personas dentro de una superficie de 3.700 km2. Dentro del suburbio podemos diferenciar distintas coronas, esto es, áreas circundantes a la ciudad central. Una primer corona, está formada por municipios cuyos territorios están constituidos en su casi totalidad por suelo urbano y que tienen una densidad poblacional mayor que las restantes coronas. Una segunda corona, la constituyen municipios de menor densidad poblacional que la primer corona, algunos de los cuales tienen algunas áreas rurales. Estas dos primeras coronas están integradas actualmente por 24 municipios. El área de edificación continua forma una “mancha urbana”, cuya forma es radial o tentacular, históricamente se constituyó alrededor de los principales ejes de transporte vial. Algunos trabajos recientes (CONAMBA 1995) destacan una tercer corona, formada por municipios que tienen poca jurisdicción sobre algún sector de la mancha urbana de la metrópolis de Buenos Aires, pero cuyos centros urbanos mantienen importantes flujos diarios con el resto del AMBA. Estos últimos generalmente se caracterizan por tener muy baja densidad poblacional, con áreas rurales predominantes, salvo excepciones. La estructura institucional que gobierna el AMBA es compleja, dado que convergen distintos niveles que forman el estado argentino, de manera diferente según se trate de la ciudad central o del suburbio. El estado argentino es de tipo federal: está formado por 23 provincias que con autonomía dictan sus propias constituciones (nivel provincial) y por acuerdo constituyen el estado nacional (nivel federal). Cada provincia regula la formación de municipios dentro del territorio de su jurisdicción (nivel municipal), que generalmente cuentan con un ejecutivo unipersonal (Departamento Ejecutivo) y un cuerpo legislativo colegiado (Concejo Deliberante). En todos los casos las autoridades son electas por el voto directo de la población. El territorio de la ciudad de Buenos Aires es federal y hasta 1996 contaba con un gobierno municipal cuyo ejecutivo era designado directamente por el presidente de la república. Luego de la reforma de la Constitución de la República, en 1994, se constituyó como ciudad autónoma pasándose a llamar Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con autoridades electas por voto directo. El territorio correspondiente al suburbio de la ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro de la Provincia de Buenos Aires, cuya capital es la ciudad de La Plata, y cuyo territorio se divide en “partidos”, los cuales pueden comprender varios centros urbanos y áreas rurales. Cada municipio constituye una unidad político-administrativa cuya jurisdicción territorial se corresponde con un “partido”. La estructura institucional del AMBA tiene dos áreas diferenciadas principales. Por un lado, en la ciudad de Buenos Aires confluyen los niveles federal y local con distintas atribuciones, que en muchos casos resultan concurrentes. Por otro, en el suburbio, confluyen los niveles provincial, federal y municipal, siendo el primero el que tiene mayores atribuciones.

Fuente: Herzer et al., 2000

9

LAS REDES DE LAS FAMILIAS DE SECTORES POPULARES

Para resolver y dar solución a sus necesidades habitacionales, individuos y familias

desarrollan diferentes y múltiples estrategias que, fundamentalmente, se vinculan con su

capacidad para movilizar los recursos a los que tienen acceso. Dichos recursos pueden

ser recursos personales, de los diferentes miembros del hogar,13 o recursos de las redes

sociales a las que ellos pertenecen. 14

Los recursos personales de los miembros del hogar, en general, y del jefe o jefa, en

particular, remiten fundamentalmente a las posiciones que ocupan en la estructura social

y que definen su pertenencia a los sectores populares urbanos: la inserción en la

ocupación, la inserción en el consumo, el nivel de ingresos, las credenciales educativas

de los miembros. Sin embargo, las investigaciones sobre hábitat popular (Di Virgilio, 2003;

Herzer et al. 1997, 2000) ponen en evidencia que las preocupaciones, problemas y

demandas vinculados al hábitat están fuertemente atravesados por otra dimensión, que

excede el plano individual, y que remite a la cuestión de los lazos sociales que se ponen

en juego cuando los diferentes miembros del hogar movilizan recursos de las redes

sociales a las que pertenecen.

De este modo, la pertenencia a redes15 de intercambio y a organizaciones sociales

constituye una herramienta central para satisfacer las necesidades de vivienda (Ozuekren

y Van Kepen, 2002) y garantizar la permanencia en el territorio.

El objetivo de las estrategias vinculadas a la participación en redes sociales y en

organizaciones comunitarias es generar y participar en un sistema de intercambios o red

de ayudas mutuas que les permiten a los hogares aumentar su potencial de ingresos y

modificar la relación entre necesidades y recursos.

En la medida en que la red se constituye como “un complejo sistema de vínculos que

permiten la circulación de bienes y servicios, materiales o inmateriales, en el marco de las

13 Esta investigación se centra particularmente en los jefes y jefas de hogar. 14 Interesa destacar que la circulación de recursos materiales y no materiales en el seno de las redes sociales no obedece, ni necesaria ni obligatoriamente, a cuestiones y/o razones esencialmente instrumentales (Charbonneau, 1998). El intercambio y la posibilidad de movilizar efectivamente los recursos ocurre sólo bajo ciertas condiciones que pretenden ser analizadas en próximos trabajos. 15 En este trabajo el término redes alude exclusivamente a las redes de ayuda basadas en las relaciones informales que se establecen entre vecinos, amigos, parientes, con el objeto de intercambiar bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana -alimentación, vestuario, vivienda, etc. (Gutiérrez; 1992:170).

10

relaciones establecidas entre sus miembros” (Bertrand, 1999:120), la reproducción de las

unidades domésticas depende de su capacidad para gestionar y sostener relaciones

sociales que le permitan tener acceso a ese sistema de intercambios (Espinoza, 1993 y

1999).

Existe una diversidad de tipos de redes y de modos de funcionar que generan

institucionalidades heterogéneas y diversas (Mallimaci, 1996:196). Hay arreglos

organizacionales más vinculados al ámbito privado de la familia y que contribuyen a la

reproducción inmediata de los individuos y las unidades domésticas; hay, también,

respuestas más sociales y colectivas -- microgrupos/mesogrupos o macrogrupos, al decir

de Menéndez (1998:17) -- que lo hacen de manera más indirecta y mediata (Jelín;

1998:103).

REDES HABITACIONALES Y ESTRATEGIAS RESIDENCIALES

La centralidad de la familia

Las relaciones y las redes familiares constituyen un elemento central en torno al cual se

estructuran las estrategias habitacionales de los sectores populares urbanos. De este

modo, se constituyen en uno de los recursos más movilizados para hacer frente a la

resolución del problema habitacional u otros problemas de la vida cotidiana.

En particular, parecen ser eficaces cuando es necesario recurrir a soluciones

corresidenciales -- que suponen la incorporación a un grupo residencial pre-existente --

para resolver necesidades habitacionales: “[Cuando me casé] alquilé un año, dos años,

después viví en la casa de mi cuñada, de mi suegra, de mi papá, siempre de prestado

digamos” (LB04).

Las soluciones corresidenciales son una estrategia frecuente cuando se trata de familias o

personas migrantes, ya sea desde países limítrofes o desde provincias del interior del

país. Por ejemplo, en el caso de Gladys llega a La Boca a la casa de su prima, quien vivía

en el barrio hacía ya un tiempo. Gladys emigra desde el Paraguay y llega al barrio en un

contexto de apoyo de familiares y conocidos con quiénes convive hasta que logra

independizarse.

Sin embargo, la corresidencialidad no parece ser la única manera que adopta “el vivir

juntos”. Otra de las formas que adopta este vivir juntos en la ciudad es la de compartir el

terreno pero no la vivienda. Aparece como una estrategia frecuente autoconstruir una

vivienda propia detrás de o en altura sobre la vivienda de la familia de origen: “Nos

11

juntamos, nos casamos y fuimos a vivir atrás de la casa de la mamá de ella [...]

[Construímos la vivienda de material] pegado atrás de la casa de ella [se refiere a la casa

paterna de la cónyuge] nosotros teníamos nuestra entrada, todo [...] hicimos una cocina-

comedor y una pieza [...] y el baño, [...] teníamos que usar el de la madre” (IAPI1). De este

modo, las estrategias de autoconstrucción constituyen una forma frecuente de producción

del espacio urbano, en particular, en el Conurbano Bonaerense.

Otros, en cambio, eligen vivir juntos como una familia extendida en diferentes viviendas

en un mismo barrio o incluso en un mismo conventillo.

“Primero nos vinimos acá, a Monte Chingolo, [...] porque a mí papá [que] tenía [...]

53 años y lo despidieron, con 35 años de servicio en la fábrica lo despidieron y ya

no tenía nada en que trabajar, entonces, nos vinimos para acá [se refiere al IAPI]

Bueno, acá teníamos tíos, hermanos de mí mamá, hermanos de mí papá [...] Mí

papá viajo antes de trasladarnos, estuvo con el hermano que vivía a dos cuadras

de ahí y alquilamos ya a partir de marzo del 71 (¿Para estar cerca de la familia?)

Sí, sí, para tener más o menos, viste, donde apoyarse” (IAPI3).

Las redes familiares están presentes e intervienen activamente en otras estrategias

tendientes a resolver los problemas habitacionales; intervienen como informantes clave en

la búsqueda del terreno o la vivienda, en la construcción, en la financiación, etc.

(Déchaux, 1996; Mascarell Llosa, 2002). Su rol es especialmente relevante cuando se

trata de localizar inmuebles para ser ocupados; en estos casos se trata, en general, de

familiares o amigos radicados en la zona o, incluso, en otras piezas o subdivisiones del

inmueble a ocupar y que allanan el camino hacia la ocupación (Cf. Herzer et al.,

1997:198).

“Nos vinimos de vuelta acá [a La Boca] en el 96 y hasta el 2000, cuatro años,

después vinimos acá [a donde vivimos actualmente] [...] vinimos porque [...] mi

amigo me fue a avisar que había una pieza para alquilar y bueno dijimos vamos, la

empresa [en la que trabajaba] andaba mal y no me pagaba seguido, a veces nos

daba 100 pesos a veces 20 pesos, así nos tenían y no podía pagar el alquiler [...]

nos dijo que era para alquilar pero era toda mentira [...] era para que venga nomás,

[...] para venir a vivir así como estaba, sin pagar nada, nos dijo [...] querés meterte

[...] nosotros hace 6 años 5 años que estamos, no pasa nada. Está bien y nos

vinimos [...] Y no pasa nada, estamos acá todavía” (LB6).

Las relaciones y las redes familiares son fuertemente movilizadas en condiciones en las

que los dispositivos institucionales, del mercado o del estado, no parecen ser suficientes

12

para asegurar la satisfacción de demandas sociales; en nuestro caso particular, aquellas

vinculadas al hábitat.

Interesa destacar que, si bien es posible observar, en las trayectorias habitacionales de

nuestros entrevistados, las huellas de la acción social del Estado – atendiendo a la

participación que algunos de ellos tienen en programas sociales, en general, y

habitacionales, en particular –, las intervenciones más importantes en materia de política

social de los últimos años – Plan TRABAJAR, Plan Jefes y Jefas – apuntan a asistir y

participan en la promoción del ámbito doméstico a través de subsidios directos a jefes y

jefas de hogar desocupados. La intervención a través de la familia fue también un rasgo

particular de las políticas urbanas de tierra y vivienda y de sus instrumentos de aplicación

que, durante la década del 90’, privilegian como población meta a las unidades

domésticas antes que otros ámbitos colectivos, sean estos o no territorialmente definibles

(Cf. Herzer et al., 1998; Catenazzi y Di Virgilio, 2001).

De este modo, las solidaridades familiares – si bien han existido siempre -- se tornan

especialmente relevantes en contextos en los que pierde centralidad la intervención social

del Estado y/o se orienta fundamentalmente a asistir a la demanda antes que a garantizar

la provisión de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, esta opción del Estado por una política social urbana que interviene en la

márgenes tiene impactos sobre la red de relaciones familiares. Las solidaridades

familiares no son independientes de las solidaridades colectivas; antes bien, son

complementarias (Déchaux, 1996). Difícilmente los padres puedan ayudar a sus hijos si

se rompe la necesaria imbricación entre solidaridades públicas y privadas: si los padres

han podido ayudar a sus hijos es, en gran medida, porque existió a lo largo del siglo XX

una política del trabajo y de servicios universales que, hasta la década del 90’, regularon

unos estándares mínimos de condiciones de vida para ciudadanos y residentes legales y

que, en la actualidad, tienen un alcance altamente limitado (Andrenacci, 2002; Andrenacci

y Soldano, 2003).

El barrio y las relaciones de vecindad

Las características del barrio y de las relaciones con el vecindario emergen de las

entrevistas como un factor que incide en las estrategias y en las decisiones de movilidad

pasadas y futuras (Dansereau y Navaez Bouchanine, 1993). Revisten especial

importancia en la determinación del grado de satisfacción y, sobre todo, de insatisfacción

y, precisamente por ello, las descripciones acerca de los problemas cotidianos de

13

vecindad se constituyen en parte de las explicaciones y justificaciones acerca de la

movilidad: “[Refiriéndose a su vivienda anterior comenta] quería edificar porque ya tenía a

mis chiquitos, pero las dos medianeras estaban metidas para adentro de mí terreno; hablé

con mis vecinos para que se corrigieran las medianeras porque quería hacer una buena

casa, entonces yo fui a hablar con este chico Fabián, el presidente de la cooperativa, para

explicarle ‘me pasa esto y esto’ [...], me dijo: ‘mirá si a vos te interesa nosotros tenemos

un plan de vivienda, te reconocemos el valor de tu casa y te pasamos allá’; yo quería

hacer las cosas bien y no podía; era gente que toma [se refiere a los vecinos], entonces,

cómo haces que entren en razón. Por eso, entonces, me viene para acá” (IAPI5).

La investigación sobre ocupación de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires (Herzer

et.al.; 1997)16 pone de manifiesto que la trama conformada por relaciones de vecindad

constituye una de las formas organizativas con incidencia significativa en los procesos de

gestión del hábitat popular. Los inmuebles vacantes, disponibles para ser ocupados, se

localizan a través de individuos ligados al barrio que operan como ‘abridores de casas’;

punteros de partidos políticos que permiten, a veces mediante el pago de una suma de

dinero, que las familias se instalen; conocidos que trabajan en el aparato municipal y que les

allanan el camino hacia la ocupación e incluso les hacen recomendaciones sobre los sitios

más convenientes a ocupar.

Las relaciones de vecindad, en términos generales, se refieren a la trama de vínculos más

inmediatos y cotidianos, que se genera en un ámbito restringido -el mismo edificio, las casas

lindantes o las de la vereda de enfrente. Las referencias a quienes comparten su situación,

pero se encuentran localizados a más distancia (cien metros), son vagas y genéricas. Sólo

quien ha tenido una trayectoria diferencial en términos de participación activa, en intentos de

organización de los ocupantes o quienes poseen una inserción político partidaria y que, a

veces, actúan como punteros barriales, tienen una perspectiva más amplia, capaz de

construir discursivamente a un sujeto vecino-ocupante que se identifique con el conjunto de

las personas que comparten la misma situación dentro del territorio. Se destaca la unión de

los vecinos para el mantenimiento edilicio y algunas acciones de mejoramiento barrial que

tienen por objetivo lograr su aceptación como vecinos de un barrio de sectores medios.

También, se generan estas formas participativas en torno a la gestión y/o regularización de

16 Las ocupaciones de la Ex AU3 se encuentran en un área expropiada para la construcción de una autopista que daría continuación dentro de la ciudad de Buenos Aires al Acceso Norte. Los inmuebles, de propiedad municipal, se emplazan en una localización residencial de alto valor inmobiliario, donde residen sectores medios y medios altos -en los barrios de Colegiales y Coglan (Rodríguez; 1997).

14

la prestación de servicios públicos de consumo colectivo. Es decir, en situaciones en donde

en el inmueble hay un único medidor de agua o electricidad y las familias que lo ocupan

deben hacerse cargo colectivamente del pago del servicio.

En torno a la gestión de servicios públicos se conforman escenarios17privados que no

superan la dimensión privada de la vida cotidiana (Pírez, Martínez Mendoza y Navarro;

1998): de cada casa, de cada familia o de un grupo de familias ocupantes. La modalidad

que adquiere la participación en esos escenarios se halla próxima a la categoría de lo

particular privado (Coraggio, 1989), en cuanto las acciones y las decisiones surgen y se

hacen efectivas individualmente, a partir de la iniciativa de cada vecino hacia las múltiples

instancias, públicas o privadas, que se constituyen en el referente obligado para la

canalización de las demandas (Herzer et. al., 2000). No se genera un escenario público

de gestión pues no se ha constituido aún un sistema de relaciones que facilite la

emergencia de procesos colectivos. La gestión de servicios públicos se resuelve en un

escenario privado, esto es, un escenario de mercado.

Estas redes informales pueden dar lugar a unidades sociales suprafamiliares que también

pueden hacerse cargo de la reproducción de las unidades domésticas a través de la

organización, por ejemplo, de formas colectivas de consumo. Los comedores

comunitarios son ejemplos de estas respuestas sociales. En el barrio de La Boca, por

ejemplo, existe una amplia red de comedores infantiles y comunitarios que, financiados

por la Secretaría de Promoción Social del Gobierno de la Ciudad constituyen respuestas a

las necesidades alimentarias de las familias pero sin llegar a plasmar modelos de

organización de las tareas cotidianas alternativos a la domesticidad familiar ni a reconocer

un espacio de acción colectiva común. Más bien constituyen espacios cuasi privados,

fragmentados y atomizados de gestión de la cotidianeidad (Jelín 1998:103).

Las relaciones de vecindad incluyen, también, relaciones con punteros políticos, quienes

a través del partido político con acceso directo a recursos estatales contribuyen a

satisfacer las necesidades de alimentación, salud o empleo de las familias de sectores

populares (Auyero; 1998:58). Muchas veces por intermedio de los punteros políticos se

distribuyen los recursos que llegan desde los gobiernos locales a las agrupaciones 17 “Un escenario es un ámbito social de encuentro entre individuos, grupos y fuerzas sociales y/o políticas que permite la confrontación de opiniones, aspiraciones, iniciativas y propuestas representativas de una gama de identidades y de intereses específicos de los cuales son portadores tales agentes [...] son lugares de confrontación de intereses y de toma de decisiones sobre las orientaciones políticas y las acciones concretas que deben ser ejecutadas en el marco de la gestión y la prestación de servicios. [En ellos] se despliegan relaciones de poder [...] son asimétricos y en ellos operan factores de desigualdad” (Velázquez, et.. al.; 1992. Citado en Pírez y Gamallo; 1994:20).

15

partidarias. Pero más importante que los recursos materiales que ellos distribuyen o

pueden distribuir de manera efectiva es la información que circula por la mediación de

estos actores sociales, relativa, por ejemplo, a la distribución de alimentos o al acceso a

programas sociales. Es esto lo que los constituyen en protagonistas de las redes de

intercambio que sostienen la vida cotidiana de los sectores de menores ingresos. La

investigación de Auyero (op. cit.) sobre el clientelismo político en barrios pobres del

Conurbano Bonaerense aporta evidencia empírica en este sentido, destacando la

importancia de estas relaciones en la red de resolución de problemas de la vida cotidiana.

La dimensión simbólica que cobran las relaciones de vecindad también inciden sobre las

estrategias residenciales (Dansereau y Navaez Bouchanine, 1993; Herzer el al, 1997): el

conjunto de imágenes que configuran las distinciones básicas con el otro y que definen,

en parte, las relaciones entre vecinos. Los hábitos y costumbres de los otros, el trabajo,

su manera de limpiar la casa, de mantenerla, su manera de tirar la basura, de escuchar

música; es decir, su manera de actuar en sociedad condiciona la mirada – de aceptación

o rechazo – de y hacia los otros habitantes y modela, de este modo, las estrategias

residenciales.

La organización social como medio para el acceso a la vivienda

1) Participación en organizaciones diseñadas “desde arriba”. Los sectores populares

encuentran una posibilidad de acceso a la vivienda a través de los programas

sociales que, desde el gobierno local o central, se diseñan a tal efecto. En los

testimonios de los entrevistados se puede rastrear la arqueología de algunos

programas y dar cuenta de las diferentes formas de relación entre los participantes

y distintas formas de relación con el Estado (Hurtado, 1995).

Algunos programas sociales prevén para su ejecución la conformación ad hoc de

organizaciones de base involucradas activamente en el proceso de implementación y

gestión. En general, se trata de organizaciones surgidas a la luz de programas focalizados

y/o sectoriales vinculados a políticas de asistencia alimentaria y a los procesos de

regularización dominial. Se constituyen como grupos organizados intencionalmente para

la realización de acciones inmediatas (proveerse de alimentos, alcanzar la titularidad de la

tenencia de los terrenos, etc.). Estas acciones suponen, además, la constitución de una

organización formal momentánea o permanente que no necesariamente implica

conocimiento y experiencia previamente compartidos de sus miembros (Menéndez;

1998:17).

16

Los resultados parciales de la investigación realizada en el barrio de La Boca que analiza

las modalidades de participación que se desarrollan en torno a procesos de regularización

dominial de viejos inquilinatos públicos dan cuenta de estas formas de participación.18 Dichos

procesos se vinculan con las acciones que actualmente el Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires desarrolla para atender las demandas habitacionales de las familias de

bajos ingresos de La Boca. Estas acciones son implementadas por la Comisión Municipal

de la Vivienda, organismo responsable de la gestión de la política habitacional, y se

reducen básicamente a operatorias que otorgan créditos individuales a las familias en

situación de emergencia habitacional y de bajos ingresos, para adquirir en forma

mancomunada inmuebles en el mercado con destino a uso habitacional.

Nos vamos a detener en las experiencias organizativas vinculadas a la regularización

dominial de inmuebles de propiedad municipal. Este programa retoma los lineamientos del

Recup-Boca e involucra en su implementación a una organización barrial, Mutual

Esperanza, que nuclea a las familias locatarias de los inquilinatos de propiedad municipal.

La Mutual está encargada de la gestión y administración del sistema de recupero y

desempeña “roles de articulación social y técnica” (Narváez; 1998:275); sin embargo, su

protagonismo en el proceso de regularización dominial es muy limitado. Los cambios en el

contexto político y económico no sólo pusieron en jaque la legitimidad de la organización

sino que además afectaron las posibilidades de continuidad de los miembros.

La mutual se constituyó en 1990 por iniciativa del intendente Grosso. La gestión Grosso

generó, desde el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, un conjunto de acciones

tendientes a ampliar la estructura de oportunidades (Cunil Grau; 1997:170) de los sectores

populares desarrollando metodologías participativas.19 La caída del "Grossismo" reafirma la

interrupción de estos proyectos que ya se habían debilitado hacia el final de su gestión. El

carácter de las gestiones posteriores, pierde definitivamente el cariz integrador de sectores

de escasos ingresos al mapa social de la ciudad y se aviene al endurecimiento de las

posiciones políticas nacionales. Asimismo, el desempleo limitó ampliamente las posibilidades

de los miembros de la organización para continuar con el cumplimiento de las cuotas

estipuladas en el plan de regularización.

Algunas de las familias que viven en conventillos de propiedad municipal y que están en

proceso de adquirir el inmueble cuentan que sus vecinos del inquilinato no tienen recursos

18 Los resultados que aquí se comentan pueden leerse en Di Virgilio; 1999. 19 Para una descripción detallada de las políticas dirigidas hacia los sectores populares en materia habitacional durante la gestión del intendente Grosso véase Herzer, Di Virgilio, Lanzetta, Lago Martínez, Redondo y Rodríguez; 1998.

17

suficientes para cumplir con el plan de cuotas estipulado. Muchos de sus vecinos no

tienen trabajo y por eso no pueden pagar el canon estipulado por la Comisión Municipal

de la Vivienda. Algunos ni siquiera pueden pagar el agua, el único de los servicios que

aún deben compartir. Esta situación es percibida como una de las dificultades más

importantes en el proceso de regularización dominial. Los vecinos no han generado

prácticas de gestión conjunta de los inmuebles; no existen entre ellos instancias de

discusión ni de organización que les permitan resolver los problemas comunes. Dichos

problemas son identificados como cuestiones individuales y en consecuencia ante ellos se

dan respuestas también individuales. Aun cuando existen motivos suficientes para no

poder pagar el servicio, no están ausentes las dificultades de estas familias para

organizarse en la recolección de los recursos necesarios para la regularización del mismo:

Las actividades administrativas vinculadas a juntar la plata para el pago del consumo de

agua y gestionar el mantenimiento de los lugares colectivos son vitales para asegurar el

suministro y el mantenimiento de los servicios urbanos colectivos. Sin embargo, en un

contexto de falta de recursos materiales y escasa experiencia organizativa, estas tareas

ofrecen cada vez mayor dificultad. La operatoria en la cual participan prevé la constitución

de un consorcio. Esta nueva instancia de gestión implica una importante transformación

en las relaciones de vecindad, generadas, hasta ahora, a partir de su condición de

locatarios. En este proceso, la Mutual Esperanza debería cumplir un importante rol en el

desarrollo de capacidades organizativas, de gestión cooperativa y en la movilización y

orientación de sus escasos recursos económicos. Sin embargo, dicha organización y el

lugar que debería ocupar en el proceso están ausentes.

Un factor que parece favorecer aún más esta atomización es la falta de información. Los

vecinos, por ejemplo, desconocen cuáles son los criterios que definen la asignación de los

inmuebles. Desconocen qué pasará con ellos, que cumplen mensualmente con sus

obligaciones de pago, y qué ocurrirá con aquellos que no tienen posibilidades de

cumplirlas. En fin, aunque están embarcados en esta empresa no saben cuál será su

destino.

Estas experiencias cobran aún mayor significado cuando observamos que de las 273

familias que nucleaba la Mutual a comienzos de la década del 90’, en la actualidad

permanecen menos de 40. El resto de los vecinos o bien ha dejado de pagar o bien ha

vendido la llave del inmueble cediendo su lugar a nuevos ocupantes.

La génesis de la organización, esto es, si se generó por iniciativa de los vecinos o por

iniciativa del estado, y la experiencia organizacional que van desarrollando sus miembros

18

no sólo modelan las prácticas participativas sino que en sí mismas constituyen un activo

importante para asegurar la generación de “normas de reciprocidad generalizada que

sirvan para reconciliar el interés propio con la solidaridad” (Cunil Grau; 1997:161).20

Las instancias organizativas que se constituyen a los fines de un programa social no siempre

tienen la capacidad de recrear las demandas de sus miembros e iniciar un proceso de

construcción de las mismas en términos de problema social. Las dificultades y los trastornos

que atraviesan la vida cotidiana de las familias de sectores populares, sólo abandonan el

lugar de condiciones de existencia cuando un conjunto de actores sociales comienza a

experimentar malestar respecto de dichos trastornos e inician un proceso de definición de los

mismos en términos de demanda social. Las demandas constituyen un problema social en la

medida en que los actores las definen como tal y hacen oír sus reclamos (Spector y Kitsuse:

1977: 74). Convivimos con un sinnúmero de situaciones y de cuestiones problemáticas, pero

no todas se constituyen en problema. Los problemas sociales son construcciones; son

producto de un proceso de identificación de cuestiones problemáticas por parte de distintos

actores y de la realización de acciones que tienen por objeto instalar dichas cuestiones en la

arena pública.

Los modos de institucionalización de la participación tienen una importancia clave a efectos

del propio refuerzo o del debilitamiento de las redes de reciprocidad que facilitan la

cooperación mutuamente beneficiosa en una comunidad (Moser; 1996:16). La bibliografía

señala que cuando el aparato estatal tiene injerencia en constituciones de organizaciones

sociales, muchas veces, erosiona las reservas de capital social21 preexistente y

consecuentemente, antes que aumentar, disminuye la capacidad de las familias de hacerse

oír, de reclamar y de solucionar problemas de su vida cotidiana (Cunil Grau; 1997:112).

Asimismo, los contextos de escasez de recursos representan un gran desafío para las

organizaciones involucradas en los procesos de regularización dominial. En muchas

ocasiones, esta falta de recursos materiales empuja a algunas familias más allá del punto

hasta el cual pueden sostener la reciprocidad y mantener acuerdos con sus vecinos. Tal

20 Tanto la operatoria iniciada con el RECUP Boca como la operatoria de créditos con garantía hipotecaria que se aplica a partir de 1996 involucran en su implementación a organizaciones barriales. Sin embargo, la experiencia de los vecinos que participan en dichas organizaciones no parece ser la misma. Una de las primeras diferencias que observamos es que las organizaciones de formación más reciente – desde 1996 a la fecha -- son organizaciones constituidas por iniciativa de los vecinos. Éste es el caso de la Mutual de Desalojados de la Boca y de los vecinos que se nuclean en el comedor Los Pibes. 21 El capital social “es el conjunto de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu; 1980:3 ss). Una reseña completa del concepto puede leerse en Portes, 1999.

19

parece ser el caso de algunas de las familias vinculadas a la Mutual Esperanza que

expresan dificultades para pagar la parte que les corresponde por los servicios comunes.

Podemos suponer, entonces, que la experiencia organizacional como medio para el

acceso a la vivienda no puede ser un mero supuesto impuesto por la operatoria sino, más

bien, que las políticas para ser “exitosas” deben recuperar experiencias preexistentes de

resolución de un amplio espectro de cuestiones cotidianas y colectivas. Las capacidades

institucionales (Tobelem; 1993)22 desarrolladas bajo la tutela del estado no son suficientes

para sustentar procesos organizativos más autónomos.

A pesar de que algunos programas sociales prevén la constitución de organizaciones con

base territorial, los arreglos organizacionales se estructuran en torno a criterios de

representación funcional (Cunil Grau; 1997:111) sin que se exprese la primacía de la

representación territorial.23 En muchos casos, las organizaciones permanecen como

arreglos organizacionales formales, con escasa capacidad para articular intereses

territorialmente, en los que la obligatoriedad de la gestión colectiva inhibe la participación

antes que facilitarla. Las redes de intercambio preexistentes a las propuestas

organizativas que emanan desde los agentes gubernamentales y que han desarrollado

ciertas capacidades de organización generan mejores condiciones para el acceso a los

beneficios de los programas sociales.

2) Las organizaciones diseñadas “desde abajo”: una partícula de autonomía. Estos

arreglos organizacionales se refieren habitualmente a grupos que tienen una amplia base

de representación territorial, que suponen la construcción y/o el mantenimiento de algún

tipo de organización y que, al mismo tiempo que elaboran sus demandas, van

encontrando formas de acción para expresarlas. En este proceso se van constituyendo en

actores colectivos, reconociéndose como grupo o categoría social (Jelín 1989; Menéndez,

1998). Cunil Grau (1997:159) remarca la importancia del tejido asociacional en la

sociedad en la medida en que el mismo contribuya a democratizar diferentes esferas de la

vida social. La autora considera “clave el rol que la red asociacional puede tener en la

amortiguación de las inquietudes que el mercado genera [...] De hecho, en tanto la

dominación y la deprivación que también resultan de la operación del mercado, son

22 El concepto de capacidad institucional involucra cinco dimensiones analíticas: (1) reglas de juego, (2) relaciones Interinstitucionales, (3) organización Interna de los distintos actores y la asignación de funciones, (4) disponibilidad de recursos físicos y humanos y (5) política de personal y las capacidades individuales. 23 La representación funcional alude a los arreglos organizacionales que se constituyen a partir de la representación de intereses sociales sectoriales.

20

procesos socialmente mediados, la estructura de mediaciones que acompañe a los

individuos puede contrarrestar tales efectos”. Sin embargo, sus potencialidades para

ampliar la estructura de opciones de sus miembros nos son automáticas. Las mismas

parecen estar en estrecha relación con:

i. la historia de las organizaciones y la experiencia asociacionista de las familias y/o

vecinos que ellas representan. La trayectoria de las organizaciones las habilita

para posicionarse en mejores condiciones en el territorio y para constituirse en un

actor social fuerte capaz de canalizar los intereses particulares de los pobladores y

hegemonizar dentro del campo barrial la gestión de las demandas sociales. La

antigüedad de las asociaciones pone de manifiesto, también, que constituyen

espacios de socialización y organización barrial en la medida en que recogen

algunas de las necesidades de los vecinos y facilitan su gestión.

ii. el grado de formalidad que alcanza la organización. Esta característica, por un

lado, les otorga reconocimiento legal ante otros actores sociales y, por el otro,

obliga a sus miembros a la participación en la estructura formal de la organización

eligiendo periódicamente sus autoridades y legitimándolas ante los vecinos

asociados mediante esos mecanismos formales de elección.

iii. la capacidad para cambiar sus objetivos y resignificarlos en función de las nuevas

realidades políticas y sociales.

iv. el modo en que se definen las líneas de acción y se toman las decisiones, esto es,

si la organización presenta un modelo más lineal de toma de decisiones “de arriba

hacia abajo” o si genera procesos de ampliación hacia los miembros de base

intentando transformar las asimetrías en la representación.

Algunos programas sociales como, por ejemplo, el Programa de Autoconstrucción24 por

grupos autogestionarios contemplan la posibilidad de que las organizaciones de base

actúen como organismos responsables de su implementación. En estos casos,

organizaciones como cooperativas o sociedades de fomento se constituyen en ámbitos a

través de los cuales es posible acceder a los beneficios de estos programas. El acceso al

beneficio está fundamentalmente mediado por las capacidades de gestión que hayan

adquirido las organizaciones a lo largo del proceso de constitución. Presentar un proyecto

a fin de que sea financiado no es tarea sencilla y obliga a desplegar capacidades que, en

la mayoría de los casos, están ausentes de la letra de los programas. Organizaciones

24 Se implementa bajo la órbita del Concejo Provincial de la Familia y el Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.

21

como el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires25 o la

experiencia de la Comisión de Tierras del barrio IAPI en Quilmes26 son algunos ejemplos

de desarrollos organizacionales de este tipo. Estas organizaciones captan recursos de

programas como, por ejemplo, la operatorias de Autogestión y Emergencia Habitacional

en el caso de La Boca en la Ciudad de Buenos Aires y del Plan Arraigo en el Municipio de

Quilmes y los gestionan poniendo en juego capacidades previamente adquiridas.

Una cosa que llama la atención cuando el observador se acerca a las organizaciones es

la pertenencia que los miembros han desarrollado durante años. No se trata sólo de

organizaciones formales, sino de un lugar de solidaridad (Deslauries; 1998:65) sobre el

cual se apoya su funcionamiento, al igual que el conjunto de relaciones entre sus

miembros. En este sentido, a pesar de que los programas tienen propuestas de

participación circunscriptas en servicios públicos y/o sociales singulares, son las

capacidades desarrolladas por las organizaciones las que les permiten superar el enfoque

sectorial de los programas y recuperar la integralidad a partir de constituirse en

articuladoras y distribuidoras de recursos que provienen de diversas fuentes –una de ellas

son los programas sociales.

SINTESIS

Los individuos y las familias desarrollan diferentes y múltiples estrategias con el fin de

resolver sus necesidades habitacionales movilizando tanto recursos personales y

familiares como los que se generan a través de su participación en redes sociales y

organizaciones comunitarias. Estas estrategias resultan de gran importancia a la hora de

solucionar sus necesidades de vivienda y garantizar su permanencia en el territorio.

El círculo más inmediato de familiares y amigos se constituye como uno de los recursos

más utilizados al momento de resolver las necesidades habitacionales. Las soluciones

corresidenciales, el compartir el terreno, vivir en el mismo barrio o en mismo conventillo

son ejemplo de ello. Las redes familiares o de amistades también pueden ocupar el rol de

informante clave para facilitar la búsqueda de un terreno, de la vivienda, para la

construcción o para la financiación entre otras estrategias.

Estas redes adquieren una especial relevancia en la medida en que las estrategias

institucionales que genera el mercado y principalmente el Estado no resultan suficientes

25 Para un desarrollo amplio del caso véase Rodríguez, 1997. 26 Para un desarrollo amplio del caso véase Herzer, Di Virgilio, Lago Martínez, Lanzetta, Redondo y Rodríguez, 1997; Lanzetta, 1998.

22

para resolver las diversas problemáticas que afectan a los sectores populares. De todos

modos, los recursos que movilizan las familias actúan complementariamente a las

acciones que se desarrollan desde el ámbito público, evidenciándose así una interrelación

entre estrategias particulares y colectivas, privadas y públicas.

Las características del barrio y las relaciones de vecindad que se conforman juegan un

papel importante en las estrategias a seguir y en las decisiones que se vinculan a la

movilidad. Esta trama de relaciones parece ser clave en los procesos de gestión del

hábitat popular, por ejemplo para la ocupación e un inmueble, en la gestión y/o

regularización de la prestación de servicios públicos, etc.

En estas redes los punteros políticos son actores relevantes ya que tienen la capacidad

de distribuir tanto recursos materiales como simbólicos por el tipo de información que

pueden brindar y hacer circular entre los vecinos.

La participación en organizaciones sociales se constituye como uno de los medios para el

acceso a la vivienda, de forma general se puede advertir dos formas de inserción:

1) la participación en organizaciones diseñadas desde arriba, es decir, se vincula con

programas o políticas sociales desarrollados desde el ámbito estatal que prevén la

conformación de organizaciones de base que participan en su implementación y gestión.

Ejemplos como el de la Mutual Esperanza, muestran las dificultades que tienen este tipo

de organizaciones en canalizar de manera eficaz las demandas de sus miembros y de

exigir y hacer cumplir su rol en relación con el Estado.

2) Las organizaciones diseñadas desde abajo, en general, cuentan con una amplia base

de representación territorial y tienen la capacidad de elaborar sus demandas e impulsar

conjuntamente formas de acción para expresarlas. Que su empresa sea o no exitosa

depende de: 1) la historia de la organización y de la experiencia asociacionista de las

familias y/o vecinos que ella representa; 2) del grado de formalidad que alcanza la

organización; 3) de su capacidad para cambiar objetivos y resignificarlos en función de las

nuevas realidades políticas y sociales y 4) del modo en que se definen las líneas de

acción y se toman las decisiones.

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