CAPITULO 7

CORRUPCION POLITICA EN EL PERU

El Perú, a lo largo de su historia, ha sufrido diferentes problemas como el racismo,

la esclavitud, el terrorismo, la corrupción, etc. Pero dentro de estos problemas

vamos a destacar la corrupción. Vivimos en una cultura de la corrupción y en una

sociedad enferma, en considerable medida, caracterizadas por hábitos,

mentalidad y renuencia a las leyes válidas y creativas. Existe una anomia que no

es por no diferenciar el bien y el mal, pues estos están suficientemente

diferenciados, sino que algunos eligen el mal porque da mejores dividendos. De

ahí que el pueblo los vea con sentimientos ambivalentes: por un lado rechaza,

critica y no está de acuerdo con el delito, pero por otro envidia lo logrado por estos

al querer tener lo que ellos han conseguido y viéndose en su pobreza no

solamente externa sino interna, se identifican con estos e incluso están listos a

formar parte de esta mafia o ser cómplices de ella.

La corrupción envuelve a una considerable mayoría, víctima de la incultura,

ignorancia y desdén así como a elementos de las clases dominantes que prefieren

mantener al pueblo limitado y excluido. El estilo de vida estaría inclinado por

métodos ilícitos considerados naturales. Se llega a medir el ingenio para burlar la

ley, la falsificación es expresión de la descomposición en el comportamiento. Hay

una parte de la sociedad que no le interesa que los actos de corrupción continúen

a condición de que los dictadores les confieran favores y privilegios.

EL CONCEPTO DE CORRUPCION

La corrupción es definida según la Real Academia Española como una práctica

consistente en la utilización de las funciones y medios de organizaciones,

especialmente en las públicas, en provecho, económico o de otra índole, de sus

gestores. Y con más precisión la corrupción de funcionarios es: “Variedad de delito

de cohecho, en la que incurren los que con dádivas, ofrecimientos o promesas,

corrompen o intentan corromper a un funcionario público o aceptan sus

solicitudes” (Diccionario de Derecho, Bosh, 1987: 161). A continuación,

desarrollaremos las principales causas y efectos de la corrupción.

A pesar de la claridad etimológica del fenómeno de la corrupción (del latín

corruptio y del verbo latino corrumpere; que significa “juntarse para romper con las

prácticas deseable"), su uso histórico le ha asignado carácter polisémico (Cf.

Nieto, 2004: 2004) y multifocal (Cf. Malem Seña, 1997: 2) para referirse a

determinadas actividades del comportamiento humano que rompen determinadas

normas de orden moral, social, jurídico o político. Para la gente, la corrupción está

asociada a la política, la función pública (robo) además del deterioro del nivel de

vida (Cf. Nieto, 2004: 56). Precisamente, de la percepción ciudadana, fatalista, de

la imposibilidad de luchar contra la corrupción, surge el fenómeno de su

mitificación (Op. cit. p. 57) y en conclusión —por la variedad de sus rasgos— no

existe unanimidad en el concepto de la corrupción (Op. cit. p. 59). Empero, existen

propuestas generales y estrategias orientadas a la erradicación de la corrupción

como ser: impulsar las reformas del Estado, instaurar el servicio civil, superar la

sobreproducción legislativa y la sobrenormatización, sancionar la doble moral

internacional que apoya a los sobornadores transnacionales, la separación de los

poderes estatales y el fomento de la institucionalidad entre otras medidas.

La corrupción es un fenómeno que ha aplacado la conciencia de la gente a nivel

social y económico. Repercute de una manera inmoral en las obligaciones que

nuestros gobernantes tienen hacia nosotros. Las causas que hacen posible este

problema se podrían clasificar en los niveles sociales, económico y político. En lo

social, la falta de un servicio profesional que fiscalice los actos de los gobernantes;

insuficiente participación ciudadana en actos de fiscalización y evaluación de la

gestión pública. En lo económico, el insuficiente pago a los trabajadores públicos

genera un descontento y hace posible que la corrupción tenga cabida en las

acciones públicas; asimismo, el desinterés de conocer que hacen las autoridades

con nuestros recursos, el cual conlleva a que dichas autoridades manejen los

recursos públicos sin una adecuada inspección.

Con respecto a los efectos de la corrupción cabe destacar los de tipo económico,

político, social. En el campo político resultan de la generalización de los procesos

de corrupción en el marco de los poderes públicos. A nivel de los sistemas

políticos plurales, la corrupción puede perjudicar gravemente el buen

funcionamiento de las instituciones públicas. Además, muchas veces este tipo de

soborno sirve para la manipulación de aprobación o no de leyes en beneficio de la

corrupción. En el plano económico se destaca sobre todo en los países

subdesarrollados, como la corrupción puede ser el “lubricante” para accionar

ciertos mecanismos de progreso, en otras palabras el ciudadano al no estar

conforme con los servicios públicos ofrecidos incurren al soborno para incentivar al

funcionario a realizar actos que excedan a la regla. Sin embargo estos aparentes

“beneficios” a largo plazo solo generarían que menos inversionistas quieran

invertir en nuestro país. El efecto social que genera la corrupción se da porque

acentúa las diferencias sociales debido a que aleja a las clases más pobres

obligándolas a la informalidad para subsistir. Actualmente la corrupción

generalizada en los gobiernos contribuye a la crisis en el sistema y sus

instituciones con detrimento de la calidad de vida de la gente.

En síntesis, podemos afirmar que la corrupción afecta a nuestro país pues está

bien arraigada en nuestra sociedad lo que conlleva a que no haya un buen control

de la economía y por lo tanto una mala calidad de vida para la población. Este

problema no solo involucra a las altas esferas de nuestra sociedad sino también

en los demás estratos sociales que por su pobreza no pueden hacer nada. Por ello

debemos fomentar una cultura anticorrupción desde la infancia para que en las

futuras generaciones podamos desterrar este grave problema.

LA PRÁCTICA DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder

para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus

amigos. Requiere de la participación de dos actores: uno que por su posición de

poder pueda ofrecer algo valioso y otro que esté dispuesto a pagar una "mordida"

o soborno para obtenerlo.

Estos actos los observamos diariamente desde que abordamos cualquier

transporte, en el mercado, al realizar trámites oficiales, etc; puede suceder en los

lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. En la escuela, por

ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos (venta de

calificaciones), entre padres y maestros (compra de notas aprobatorias para sus

hijos) entre directores y padres de familia (venta del derecho de ingreso a una

escuela), entre directores y profesores (venta de plazas), entre autoridades de las

escuelas (compra de permisos), etc. Aunque ilícita, hay quienes piensan que la

corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas,

a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo.

Así, por ejemplo, dicen que sirve a los alumnos que tienen problemas con una

materia para poder aprobarla, pues gracias a la corrupción pueden comprar al

profesor. También dicen que sirve para establecer un criterio para determinar

quiénes ingresan a las escuelas con mayor demanda. Sin embargo, los partidarios

de este argumento no se dan cuenta de que en el largo plazo, la corrupción nos

perjudica a todos.

Por ejemplo, si en una escuela es común que los profesores acepten sobornos

para aprobar a los alumnos, en el largo plazo la reputación de esa escuela se verá

dañada. Esto terminará afectando a sus egresados, quienes cargarán para el resto

de su vida con el sello de que vienen de una escuela que no los formó bien. La

corrupción tiene consecuencias graves que afectan el desarrollo de los países.

Algunos datos recientes muestran que el dinero que se gasta en corrupción deja

de gastarse en los servicios públicos que proporciona el gobierno, tales como

transporte público, electricidad, agua potable, etc.

La corrupción, entonces, provoca que haya fallas en el suministro de agua, baja

calidad de los servicios médicos, baja calidad de los servicios educativos, fallas en

la infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes eléctricos, por

mencionar algunos ejemplos. Además, la corrupción puede terminar poniendo en

riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja calidad de

los servicios médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La

construcción de edificios que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad,

pueden costarle la vida a un ciudadano durante un temblor. La malas carreteras

pueden ser muy peligrosas para los conductores de camiones y sus pasajeros,

etc.

Por último, la corrupción rompe el tejido social pues disminuye la confianza de los

ciudadanos en las instituciones, el gobierno y entre ellos mismos. También afecta

el nivel ético de la sociedad en su conjunto. En la medida en que la corrupción se

generaliza, los escrúpulos éticos se van perdiendo

LA CORRUPCION EN EL PERU A TRAVES DE LA HISTORIA

Para entender la presencia de actos corruptos a lo largo de toda la historia de la

república peruana, hay que tomar en cuenta el contexto del fracaso en el cambio

del modelo colonial de dominación patrimonial burocrático, al esquivo modelo

republicano y moderno de dominación burocrático-racional. Tal fracaso se tradujo

en vacíos institucionales que permitieron la reproducción soterrada de vicios

culturales o en el solapamiento de acciones antes consideradas normales y ahora

tipificadas oficialmente como corruptas.

SIGLO XIX: La Época de la Independencia

El primero se refiere a las guerras de la independencia. Estas fueron financiadas,

de una parte, por capitales extranjeros, principalmente ingleses y, de otra parte,

por la confiscación de bienes y la imposición de contribuciones pecuniarias a

determinados sectores de la población. Al finalizar estas guerras, el nuevo

gobierno republicano tuvo que reconocer como deuda nacional interna, el valorde

los bienes expropiados por el ejército libertador.

Para cumplir con esta obligación, el gobierno recurrió sea a los créditos

extranjeros, sea a los beneficios producidos por las riquezas naturales del país. En

el primer caso, la deuda interna se transformó en deuda externa; mientras que en

el segundo, implicó una distribución indebida del patrimonio de la nación.

En el plano económico, la deuda interna se pagó mediante la instauración de un

proceso tendiente a la creación de capitales nacionales a fin de promover la

industria, la agricultura y el comercio. En realidad, el reconocimiento y pago de la

deuda interna, constituyeron un caso escandaloso de corrupción: la existencia de

acreencias y su monto no fueron objeto de un control mínimo. El Estado fue de

este modo engañado; se le defraudó con la participación interesada de sus

propios órganos.

La Explotación del Guano

El segundo ejemplo concierne a la explotación del guano. Durante la segunda

mitad del siglo XIX, esta riqueza natural era explotada por un sistema de

concesiones que el Estado otorgaba a los particulares. El favoritismo, la influencia

política, los vínculos de parentesco (nepotismo) eran los criterios decisivos para

obtener el derecho de explotar y exportar guano. Estos privilegios eran

dispensados y distribuidos ilegalmente por los políticos que se sucedían en el

gobierno.

Esta riqueza no fue en consecuencia utilizada para desarrollar la industria, la

agricultura o el comercio. Así, una clase minoritaria se enriqueció en detrimento de

la mayoría de la población. Después de la dilapidación de esta riqueza, el país se

sumió nuevamente en la pobreza.

EL SIGLO XX: La Corrupción del sector Pesquero

En los años 70, gracias a la corriente marítima de Humboldt, rica en plancton, el

mar peruano contenía una gran riqueza pesquera. La pesca y la fabricación de la

harina de pescado se convirtieron en una gran industria. El Perú llegó a ser el

primer productor a nivel mundial. Los industriales nacionales y extranjeros se

enriquecieron enormemente y el Estado peruano obtuvo grandes ingresos.

Estos fueron dilapidados por el Estado como si se tratara de un patrimonio

inagotable. Dichos recursos sirvieron para conceder ventajas, para satisfacer a los

seguidores, para contentar a los militares. Sin embargo, la pesca industrial al no

respetar el ciclo de reproducción de los peces determinó la extinción tanto de

éstos como de la industria de la harina de pescado. Por lo demás, el fin de este

periodo estuvo marcado por el asesinato del pionero de esta industria, lo que

provocó un escándalo político y financiero.

Corrupción Institucionalizada del trafico de Drogas

La corrupción institucionalizada resulta también del tráfico de drogasen razón a

que el Perú es no solamente uno de los primeros productores de la hoja de coca

sino también donde se elabora la pasta básica de cocaína. El poder económico de

esta actividad ilícita permite a los traficantes adquirir una influencia política

significativa a todos los niveles del Estado y de la organización social. Ministros y

altos funcionarios de la policía han estado directamente implicados en el tráfico o

en la protección de la red de traficantes.

Esta infiltración en todos los engranajes de la sociedad hace que no sea posible

distinguir la riqueza proveniente de una actividad legal o del tráfico de drogas. El

funcionamiento de la economía se ve completamente distorsionado por el flujo de

dinero sucio producido por el tráfico de drogas, al punto de condicionar la política

económica de todo gobierno.

Esta situación se puso en evidencia cuando la mafia colombiana asesinó al

Ministro colombiano de Justicia, hecho que dio lugar a que el gobierno colombiano

intensificara la guerra contra el tráfico de drogas. Con este objeto, se cerraron la

frontera peruana con Colombia y se bloquearon las pistas de aterrizaje

clandestinas. Esto generó un cese del flujo de dólares colombianos provenientes

del tráfico de drogas en el mercado peruano y, en consecuencia, la subida del

curso del dólar y la devaluación de la moneda nacional. Frente a este fenómeno y,

tal vez, para tranquilizar el país, el Presidente de la República de aquel entonces

declaró que la crisis monetaria cesaría cuando volvieran a ingresar al país dólares

de Colombia.

En cierto modo, el mismo Estado admitía el lavado del dinero sucio mediante el

tráfico de divisas. El funcionamiento del mercado paralelo de divisas se explica,

fuera de las causas económicas, por la corrupción de funcionarios, de jueces, de

la policía y de los agentes económicos ( bancos, agencias de cambio), etc.

Estado y Corrupción

La corrupción, como todo fenómeno social, no puede ser comprendido sin

considerar la perspectiva histórica. En particular, el origen y la evolución del

Estado.

El Estado colonial era un Estado corporativo. Su organización política estaba

sustentada en el principio que el Rey otorgaba a sus vasallos españoles el poder

de administrar el patrimonio conquistado. La conquista de tierras era ratificada por

la conclusión de una "capitulación". Por este acto formal, el Rey otorgaba a los

conquistadores el poder de tomar posesión, en nombre de la Corona, de las

nuevas tierras y de las personas que las habitaban, de incorporarlas a los

dominios del Rey a cambio del privilegio de explotarlas. Estas ventajas eran

concedidas por el Rey en contrapartida a los servicios que el beneficiario le había

rendido o había prometido rendirle en el futuro. Este debía entregarle al Rey los

tributos y ser leal a la Corona. Así, una relación de tipo señor-vasallo se constituyó

entre el Rey y los vasallos, la misma que se reproducía en todos los niveles de la

jerarquía social.

En efecto, en el marco de esta relación de orden patrimonial, el acceso a todo

recurso económico debía ser objeto de un pedido ante una autoridad que tenía el

poder de concederlo. Esta concesión era considerada como un favor que debía

ser compensado por un servicio de orden personal.

Los funcionarios reales eran convertidos en cuasi propietarios de los bienes que

administraban en favor del Rey. El Clero, los miembros de la Inquisición y del

Tribunal de comercio colonial, los poseedores de minas, los propietarios de

inmuebles, los corregidores, consideraban que sus obligaciones públicas eran en

realidad derechos privados.

Esta organización del Estado colonial fue el resultado de una larga evolución.

Desde el comienzo de la conquista, la Corona buscó delimitar y controlar el poder

de los conquistadores que se repartían el botín de la guerra, constituido no sólo

por el oro y la plata, sino sobre todo por la tierra de los indios. Los conquistadores

se convirtieron en señores feudales. Tenían cierta autonomía con relación a la

Corona y un poder absoluto sobre los indios. Constituían un grupo social sólido.

De esta manera una sociedad caracterizada por una relación señor-vasallo de

honor y aristocracia se reproduce. Pero la armonía aparente que reinaba entre los

conquistadores fue destruida por las guerras civiles, motivadas por la lucha por el

poder y los privilegios.

Dicho estado de cosas decidió a la Corona a organizar un poder central

representativo de sus intereses y por encima del de los encomenderos. Esta

empresa culminó con la fundación del Virreinato del Perú: el poder de los

conquistadores-encomenderos fue reemplazado por el del Virrey y los

funcionarios.

El poder colonial se consolidó sobre la base de una administración centralizada y

jerarquizada Los encomenderos devinieron "corregidores" de los indios,

encargados de administrar justicia y de representar al virrey en sus jurisdicciones.

En tanto que rentistas, los encomenderos orientaron sus actividades hacia la

agricultura, las minas y el comercio.

La implantación de la burocracia colonial se explica por la fuerte inmigración de

españoles. Cada nuevo Virrey que desembarcaba era acompañado por un grupo

numeroso de españoles a la búsqueda de una "encomienda", de un cargo en la

administración u otros privilegios. A medida que la Corona monopolizaba el poder

y las riquezas (tierras, minas, etc.) se trasformaba en distribuidora principal de

privilegios y cargos honoríficos. El prestigio social consistía entonces en poseer un

puesto en la administración.

Sin embargo, a pesar de la centralización de la administración colonial, los

funcionarios locales, los comerciantes ricos, los eclesiásticos, los grandes

propietarios de tierras resistían. En efecto, ellos impedían frecuentemente la

aplicación de los decretos, ordenanzas y leyes dictadas por la Corona. Compartían

con la burocracia colonial las ventajas del principio según el cual la leyse acata

pero no se cumple.

Por ejemplo, los corregidores, los administradores, los notarios quedaban fuera de

las leyes que limitaban sus derechos; se consideraban, por tanto, propietarios por

el hecho que habían comprado sus cargos. De esta manera, los diversos grupos

detentadores del poder, frecuentemente con intereses opuestos, provocaron la

privatización del gobierno y la formación de sectores oligárquicos. Estos

aceptaban su situación con relación a la monarquía, pero disputaban

permanentemente el poder con la administración central mediante el

mantenimiento constante de una corrupción generalizada.

En resumen, la estructura política colonial, por su carácter corporativo y

discriminatorio, provocó una divergencia de intereses sociales e impidió la

formación de una identidad nacional.

A fines del siglo XVIII, según Julio Cotler, el Arzobispo de Michoacán Manuel Abad

y Quipó -después de haber señalado que la sociedad colonial estaba formada por

españoles bastante ricos e indios, negros y mestizos bastante pobres- afirmó: "Por

consiguiente resulta entre ellos y la primera clase aquella oposición de intereses y

de afectos que es regular entre los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre

los dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal servicio de parte de

unos; el desprecio, la usura, la dureza, de parte de los otros.

Estas resultas son comunes hasta cierto punto, en todo el mundo. Pero en

América suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones; son todos ricos o

miserables, nobles o infames. En este estado de cosas ¿qué intereses pueden

unir a estas dos clases con la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés la observancia de las leyes que le

aseguran y protegen su vida, su honor y su hacienda o sus riquezas contra los

insultos de la envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases, que no

tienen ni bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para que otro ataque su vida

y su persona ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que sólo sirven para medir las

penas de sus delitos? ¿Qué afección, qué benevolencia pueden tener a los

ministros de la ley que sólo ejercen su autoridad para destinarlos a la cárcel, a la

picota, al presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden estrechar a estas clases

con el gobierno, cuya protección benéfica no son capaces de comprender? ».

Una vez instalada la República, la deterioración del orden patrimonial de la

Colonia provocó la pérdida de la legitimidad política del grupo social dominante y

la destrucción del aparato de producción. Esto reforzó a los grupos de poder local

y regional frente al poder central "nacional" bastante débil.

La desaparición de la burocracia colonial, la partida de los españoles y la

eliminación de los criollos, partidarios de la Corona, dieron lugar al ascenso de las

clases medias al poder. El desempleo debido a la parálisis del sector productivo

empujó a los sectores pobres a buscar en la actividad militar y política la solución

a sus problemas personales. Sus miembros se transformaron en soldados,

funcionarios o ideólogos al servicio del caudillo militar en el poder. Desde allí

podían obtener ventajas y escalar en la jerarquía social. Al mismo tiempo, los jefes

militares buscaron acercarse a la población para ampliar su poder y su base

social. Así se reconstituye la relación « señor-vasallo», que era propio del sistema

colonial, en tanto base política de la organización social de la República en

formación.

Así, el Estado republicano se convierte, igualmente, en un Estado patrimonial

basado en la relación personal entre el señor y sus vasallos, entre el Presidente o

dictador y los ciudadanos. El tesoro público era administrado y distribuido como un

patrimonio personal. Los beneficiarios recibían estas ventajas en pago de los

servicios personales que realizaban en favor de quien detentaba el poder. Uno de

los objetivos del nuevo Estado peruano fue la reestructuración de los diversos

grupos sociales. Esta orientación se evidenció en la voluntad política de constituir

un Estado para todos los peruanos. En realidad, los grupos dominantes, social y

económicamente, han utilizado el Estado para realizar una política paternalista

caracterizada por la distribución de ventajas pecuniarias, sinecuras y privilegios.

La mayor parte de la riqueza producida u obtenida por el país ha alimentado las

arcas de los grupos sociales dominantes. La población en su mayoría no ha

recibido más que servicios sociales elementales (sanidad, educación), mediante

un sistema burocrático que se ha visiblemente deteriorado. En razón de la crisis

económica y política, el Estado no cumplió satisfactoriamente su función

tradicional, sobre todo con respecto a los sectores sociales menos favorecidos. No

sorprende, en consecuencia, que la mayor parte del pueblo haya considerado al

Estado como una entidad que le es hostil o simplemente enemiga.

El Estado es percibido como un botín que es de conquistar y aprovechar. Para los

grupos dominantes se trata de continuar gozando de las ventajas que representa

controlar el Estado y para las otras clases sociales de utilizar al Estado en su

lucha cotidiana por la supervivencia. Una mentalidad utilitaria e inmoral se ha

desarrollado, los comportamientos son valorados positivamente en la medida que

sean idóneos para alcanzar una ventaja, un privilegio o un provecho cualquiera

prescindiendo de las normas sociales o jurídicas. La emancipación no ha

constituido, por ende, una ruptura real y profunda con el sistema colonial.

SITUACIÓN ACTUAL

Ante la imposibilidad de describir, aun de manera esquemática, la amplitud e

intensidad, actuales, de la corrupción en la sociedad y Estado peruanos, nos

limitaremos a señalar algunos de sus aspectos. Respecto a la administración

pública y en razón al origen y evolución del aparato estatal, no sorprende que los

empleados y funcionarios públicos sean considerados como personas incapaces

de solucionar los problemas nacionales y que actúen frecuentemente motivados

por la obtención de beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la

administración pública son numerosos. Tienen relación con el funcionamiento de

las licitaciones y adjudicaciones; la defraudación de los fondos públicos o de los

recursos humanos y materiales del Estado, así como con el fraude fiscal.

Un caso notorio de corrupción institucionalizada es el de la administración de

justicia. Todo empleado, funcionario o juez es considerado susceptible de ser

sobornado. Lo mismo, a todo procedimiento o decisión se le atribuye un precio

determinado.

En las zonas rurales, la administración de justicia está estrechamente ligada al

poder local. Los campesinos e indígenas no tienen las mismas posibilidades de

acceder a la justicia. En la administración de justicia, no se distinguen claramente

los pagos ilícitos de los que no lo son; el abogado es un intermediario necesario

para encontrar una "solución" y no un auxiliar de la justicia; los peritos son

pagados por las partes interesadas ya que el Estado no tienen los medios para

hacerlo.

La descomposición moral de la policía es probablemente uno de los hechos que

más ha marcado la conciencia social. Actualmente la población tiene la sensación

que la policía no cumple su función de proteger a las personas, los bienes y la

seguridad pública. En efecto, no solamente ésta es ineficaz sino que sus

miembros son con frecuencia autores de delitos graves (tráfico de drogas, robos,

secuestros, chantajes, lesiones, homicidios, etc.). Es frecuente, por ejemplo, que

los campesinos y comerciantes paguen gratificaciones a los policías para asegurar

su protección o evitar amenazas.

La crisis económica, el tráfico de drogas y el terrorismo han agravado la situación.

Los bajos sueldos favorecen la corrupción no sólo de los agentes o subalternos

sino también de los mandos superiores. El ejemplo más claro es el de la colusión

de oficiales de alta graduación con malhechores y traficantes de drogas. Estos han

logrado infiltrar a la policía así como a otros sectores del Estado.

Esta revisión esquemática, nos permite confirmar que la corrupción es un

fenómeno social de orden político y económico. Su explicación no puede hacerse

sin indagar sus orígenes en la historia de cada sociedad. No se puede pretender

darle una respuesta única.

Esta afirmación evidente nos permite rechazar la idea, bastante extendida entre

los juristas y políticos latinoamericanos, que considera al derecho y, en particular,

al derecho penal como el instrumento eficaz de lucha contra la corrupción. La

elaboración de leyes penales cada vez más severas, las reformas del sistema

judicial, resultan siendo al final de cuentas medios tendientes a ocultar una

realidad que se desea conservar para mejor aprovechar de ella. Como en el

periodo colonial, "la ley se acata, pero no se cumple". La solución es, por tanto,

más de orden político y social que jurídico penal.

LOS SECTORES MÁS PROPENSOS A LA CORRUPCIÓN EN EL PERU

El poder Judicial

En el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia, la precariedad de

recursos y la ineficiencia burocrática se convierten en las coordenadas dentro de

las que se favorecen actos corruptos como coimas a policías, secretarios,

auxiliares e incluso jueces en el Poder Judicial y a fiscales en el Ministerio Público.

Las coimas no necesariamente tienen que ser monetarias, sino que gran parte de

favores, en particular en la Corte Superior, se consiguen o se inician con comidas

y agasajos. El manejo discrecional y arbitrario de recursos es una fuente de actos

corruptos; lo cual es claro en el caso de la policía y el tráfico de combustible

destinado al patrullaje.

Este acto corrupto, a su vez, se convierte en fuente de más actos corruptos, pues

los subalternos tienen que cobrar coimas o abusar de su autoridad para conseguir

recursos que les permitan operar sus vehículos. El abuso de autoridad, no sólo en

la policía, sino también en el Poder Judicial y la Fiscalía, se articula con la

discriminación social hacia individuos de escasos recursos, campesinos o pobres

en general, quitándole más legitimidad aún al vínculo político entre Estado y

sociedad.

Los Gobiernos Municipales

En en el caso de los gobiernos municipales, los principales actos corruptos tienen

que ver con los procesos de adquisiciones (particularmente el programadel vaso

de leche), en los que se favorece a empresascercanas a los encargados de llevar

adelante los procesos o a los propias autoridades cuando las empresas les pagan

coimas para ganar las licitaciones. La otra fuente de corrupción tiene que ver con

las contrataciones y ubicación en puestos de trabajoa amigos, familiares y

militantes del partido (clientelismo – nepotismo). En la CTAR, se repetía este

fenómeno; y si las cosas han cambiado en el Gobierno Regional, se debe más a la

voluntad política de sus autoridades, que a cambios institucionales que impidan

que esto vuelva a ocurrir.

Los Sectores Sociales

En los sectores sociales hay enormes posibilidades de corrupción. En salud, los

que parecen ser los principales actos corruptos tienen que ver con el ocultamiento

de negligencias en actos médicos: el espíritu de cuerpo (que también está

presente en todos los demás sectores); pero también se ha detectado tráfico de

productos como medicinas destinadas a la salud pública en mercados informales.

En educación hay graves problemas que tienen que ver con la extensión del

sector y con lo reducido de la capacidad de control institucional.

De esta forma, los directores se convierten en los "dueños" de sus colegios y

tienen amplios márgenes de acción con ciertos grados de impunidad, dependiendo

del interés de los padres de familia y profesores. Pero los propios maestros

también mantienen sus pequeños actos corruptos, traficando con notas a fin de

año o estafando a los alumnos y padres con clases de recuperación forzadas y

pagadas. También está el dramático problema de los abusos sexuales contra

alumnas y alumnos. Destaquemos que la anuencia de los padres de familia es

fundamental para que estos actos se sigan reproduciendo.

Por su parte, las empresas prestadoras de servicios públicos no parecen tener

problemas menudos de corrupción, los cuales habrían sido controlados en cierta

medida; pero sí subsisten las posibilidades de malos manejos en los directorios de

las empresas, destacando el caso de la empresa de agua, extensamente tratado

en la prensa.

El Sector Agricultura

En cuanto al sector agricultura, el problema más grave (además de los actos

corruptos operativos, más o menos similares en el fondo a los de otras

instituciones) es la lógica del narcotráfico que involucra todo un sistema que

empieza en la negativa del sistema financiero a dar créditos a los campesinos y

que termina, del lado de la naturaleza, en la erosión del suelo de cultivo y, del lado

de la sociedad, en el tráfico ilícito de drogas proveniente de la selva norte peruana,

hacia Lima y Ecuador.

Los Medios de Comunicación

En lo que toca a actos corruptos en instituciones de la sociedad civil, los medios

de comunicación son los actores más quejados por la sociedad en general. La

irresponsabilidad con la que actúa la gran mayoría de medios (radiales, en

especial), ejerciendo una prensa amarilla, no se queda sólo en una mala calidad

de información, sino que se incrementa cuando ese estilo morboso de hacer

prensa es usado para chantajear autoridades o como caballo político de batalla.

Por supuesto, el temor de las autoridades a enfrentar a los medios es lamentable.

Las Empresas

En cuanto a las empresas, los principales problemas –además de la participación

corrupta en procesos de adquisiciones del Estado- tienen que ver con la

informalidad; pues de allí se desprenden problemas como la evasión tributaria y

como las coimas pagadas a autoridades para mantener esa situación. Pero

también es de destacar la relación tensa entre sociedad rural, empresas mineras y

gobierno; porque la entrega de licencias a las mineras sin respetar los informes de

impacto ambientales y sociales, es leída por la sociedad como un "arreglo"

corrupto entre empresa y funcionarios públicos.

Las Universidades

Las universidades han sido mencionadas también como instituciones con muchos

problemas y con grandes espacios para los actos corruptos. Siendo la educación

superior un mecanismo percibido por la población pobre como la llave para el

ascenso social, esta situación se vuelve preocupante. Aquí preocupa que,

amparándose en la noción de educación como negocio, los dirigentes –

empresarios- universitarios pueden utilizar su poder sobre la institución para lucrar

de forma ilegal paralela a la acumulación legal de capital.

Los Partidos Políticos

Finalmente, los partidos políticos son una de las principales fuentes de presión

para que los funcionarios públicos coloquen a un militante en un puesto de trabajo

o para que un proceso de adquisición le favorezca a un determinado participante,

allegado o miembro de un partido. El carné partidario se ha vuelto un símbolo del

clientelismo político; o sea, de la corrupción. Hay que apuntar que la presión

puede venir desde miembros del partido fuera del aparato público, o de militantes

ubicados en otras jerarquías públicas, como un ministro, un regidor, un gerente o

un congresista.

POLITICA ANTICORRUPCION

La comisión nacional anticorrupción

La Comisión Nacional de Lucha contra La Corrupción y La Promoción de la Ética y

Transparencia en la Gestión Pública y la sociedad, es una entidad gubernamental

creada por Decreto Supremo N° 120-2001-PCM del 17 de noviembre del 2001,

(modificado por Decreto Supremo 047-2003-PCM, del 30de abril del presente

año); dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros; cuyo objeto es

contribuir al fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho,

combatiendo a la corrupción en el ejercicio de la función pública y la sociedad,

mediante mecanismos de prevención y educación.

La Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética y

Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad, es presidida por un

representante del Presidente de la República y conformada por los siguientes

miembros, quienes ejercen su labor ad-honorem:

El Presidente del Consejo de Ministros o su representante;

El Ministro de Justicia o su representante;

Un representante de la Conferencia Episcopal Peruana;

Tres ciudadanos designados por Resolución Suprema refrendada por el

Presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, integra la Comisión el Defensor del Pueblo o su representante, en

calidad de observador. La Comisión es asistida técnica y administrativamente

por una Secretaría Técnica. El Secretario Técnico es designado por Resolución

Ministerial.

La Comisión en concordancia con lo dispuesto en el DS 047-2003-PCM, se

propone enfocar sus actividades en los siguientes ámbitos:

Desarrollar acciones de prevención y fomento de la transparencia y la ética en

el ejercicio de la función pública y en la sociedad.

Prevención sistémica de la corrupción mediante propuestas específicas de

políticas de Estado en ese ámbito.

Fortalecimiento de la ética pública a través de campañas educativas.

El plan nacional anticorrupción contempla el siguiente proceso a fin de lograr que

el mal corrupto se aleje del estado y que la población lo rechace de manera

tajante. Las políticas señaladas aquí se dan dentro del marco de un respeto a la

persona y a la democracia vigente.

a) Recuperación de la democracia: inicio de la lucha contra la corrupción

A partir de la recuperación de la democracia se dieron importantes avances en

las investigaciones, procesamiento y sanción de las personas comprometidas

con la corrupción.

El Congreso de la República cumplió una decidida labor fiscalizadora entre los

años 2001-2002, constituyendo una comisión investigadora especial.

Entre los años 2001-2004, la Procuraduría Anticorrupción Ad-hoc para el caso

Fujimori-Montesinos actuó con suma eficacia y contribuyó a formular denuncias

que han permitido desentrañar la red delincuencial de corrupción que se tejió

en el Perú.

El gobierno de transición, del ex presidente Valentín Paniagua, promulgó

normas que han tenido particular eficacia en el combate jurisdiccional en curso:

1) habilitando la creación de fiscalías y juzgados especializados anticorrupción;

2) consagrando medidas especiales para la detención preventiva de personas

involucradas en actos corruptos; y 3) estableciendo el concepto de colaboración

eficaz.

El gobierno actual creó la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad crucial en

la lucha contra el lavado de dinero y los delitos que lo alimentan.

Estas medidas legales estuvieron en correspondencia con algunas de las

recomendaciones propuestas por el Grupo Iniciativa Nacional Anticorrupción,

creado por el Gobierno de Transición.

No obstante, otras propuestas han permanecido sin ser implementadas, lo que

ha contribuido a que una reciente encuesta sobre percepción de la corrupción

considere que el actual gobierno es el más corrupto después del de Fujimori

(43%), alcanzando un 30%; que las tres instituciones más corruptas son el

Poder Judicial (70%), Policía Nacional (66%) y Congreso (60 %); y que dentro

de cinco años la corrupción habrá aumentado en un 43%.

En tanto que Transparencia Internacional ha publicado recientemente su Índice

de Percepción de la Corrupción, situando al Perú en el 67° lugar a nivel

mundial.

Normas legales nacionales e internacionales para la lucha contra la

corrupción

Entre las más importantes tenemos:

La Constitución Política del Perú.

Código Penal (D.L. N° 635).

Ley Orgánica del Poder Judicial (D.S. 017-93-JUS).

Ley Orgánica del Ministerio Público (D. L. N° 052).

Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos (D.S. 145-2000-

JUS).

Reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura (R.A. 491-CME-PJ)

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