Boletín Informativo del Movimiento Socialista de Trabajadores diciembre 2010 1 de julio 2011

En el 1993 se aprobó la ley que puso en práctica la privatización de la salud en Puerto Rico. Desde entonces, hemos visto el fracaso del proyecto llevado de la mano por gobernantes rojos y azules. La privatización de los hospitales y la creación de la tarjeta de salud lo que logró fue un encarecimiento en los costos de salud y un deterioro en la calidad de la salud que recibe la clase trabajadora puertorriqueña.

La privatización de la salud

En la década de 1990 existían en Puerto Rico dos sistemas de salud paralelos, uno público dividido en Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Hospitales, Hospitales Regionales y el Centro Médico donde se suministraba la salud a todos los

niveles geográficos (local-nacional) y todo tipo de atención médica. El sistema entró en crisis por la falta de un financiamiento adecuado. El aumento en los salarios de muchos trabajadores, el auge de los seguros de salud y la negociación de aportaciones patronales para pagar planes médicos fortaleció el sistema privado de salud. En el 1993 se firma entonces la ley de privatización del sistema de salud pública con dos objetivos en mente: aumentar la calidad de los servicios junto a una reducción en el gasto público dirigido a la salud. Para cumplir con estos dos objetivos el gobierno de Pedro Roselló privatizó la prestación de los servicios de salud por medio de la venta de los hospitales y Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y

privatiza también el acceso a la salud pública por medio de las aseguradoras de salud. La realidad es que la privatización de la salud en Puerto Rico fue, desde un principio, un negocio para las aseguradoras y las grandes corporaciones médicas.

El fracaso de la tarjetita

Los objetivos de la reforma de salud no se cumplieron: los costos de salud siguen aumentando vertiginosamente, y la calidad de la salud empeora. Se estima que 400 mil personas no tienen seguro de salud pues no cualifican para la tarjeta de MiSalud ni tienen aportación patronal a los planes médicos por lo que no pueden costear un seguro de salud privado. El gasto en salud en Puerto Rico es enorme. En el 2006 el gasto en salud representó el 16.7%, el más alto a nivel mundial para la fecha. Sin embargo, este gasto no viene acompañado de una salud de calidad ni de un acceso universal a la salud. La privatización de la salud encareció, no solo el gasto público, sino también los costos de los planes médicos privados, los deducibles y los costos médicos en general. Las largas filas y listas de espera que se veían antes en los hospitales públicos ahora se ven en las oficinas médicas privadas, pero a un costo mayor.

Contra la privatización de la salud

Ejemplos del fracaso en nuestro sistema de salud

La reforma de salud ha gastado más de

$ 4,485 millones en contratos con aseguradoras privadas

Mientras la clase trabajadora sufre los embates de la crisis de la salud en Puerto Rico, las aseguradoras como MCS y Humana encontraron la gallinita de los huevos de oro. Según datos de la Oficina del Contralor, a MCS se le otorgaron 4,485 millones de dólares en los últimos 8 años en contratos con la reforma de salud. El último contrato de un año es de 803 millones de dólares. Estas aseguradoras gozan de un lugar privilegiado, de las primeras 5 aseguradoras de salud en Estados Unidos; 3 eran de Puerto Rico. El presupuesto del próximo año para la Administración de Seguros de Salud (ASES) está por los 2,000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad son fondos federales. Esta agencia lo que está es financiando la ganancia de un puñado de millonarios en Puerto Rico a costa de la salud del pueblo trabajador.

Por la socialización de la medicina

El Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) entiende que la solución a la crisis de salud que vive Puerto Rico es la creación de un sistema de salud pública donde el acceso a la salud esté socializado. De forma que la salud deje de ser una mercancía más del capital. Reconocemos que la total socialización de la medicina sólo se puede dar en un país donde los trabajadores sean quienes tomen las riendas del poder político y económico. Sin embargo, se pueden dar pasos de avance en la dirección de crear medicina socializada. En primer lugar, y de forma inmediata, se deben eliminar los intermediarios y que el Gobierno estatal pague directamente los servicios médicos de los indigentes, de forma que se reduzca el gasto médico y se pueda incrementar el acceso a la salud. En segundo lugar, se debe reconstruir el sistema de salud pública regionalizado que existía antes de la reforma, de forma tal que la salud no dependa de los vaivenes del mercado. Por último se debe garantizar una remuneración justa para todos los trabajadores de la salud tanto en el sistema público como en el privado.

Contra la privatización de la salud - Socializa MiSalud

En el 1993 se firma entonces la ley de privatización del sistema de salud pública con dos objetivos en mente: aumentar la calidad de los servicios junto a una reducción en el gasto público dirigido a la salud. El gobierno de Pedro Roselló privatizó la prestación de los servicios de salud por medio de la venta de los hopsitales y Centros de Diagnóstico y Tratamiento, y privatiza también el acceso a la salud pública por medio de las aseguradoras de salud.

Los objetivos de la reforma de salud no

se cumplieron: los costos de salud siguen

aumentando vertiginosamente, y la calidad

de la salud empeora. Se estima que 400 mil

personas no tienen seguro de salud pues

no cualifican para la tarjeta de MiSalud ni

tienen aportación patronal a los planes

médicos por lo que no pueden costear un

seguro de salud privado.

Las aseguradoras como MCS y Humana encontraron la gallinita de los huevos de oro. Según datos de la Oficina del Contralor, a MCS se le otorgaron 4,485 millones de dólares en los últimos 8 años en contratos con la reforma de salud. El último contrato de un año es de 803 millones de dólares. Estas aseguradoras gozan de un lugar privilegiado, de las primeras 5 aseguradoras de salud en Estados Unidos; 3 eran de Puerto Rico.