Periódico del Movimiento Socialista de TrabajadoresSan Juan, Puerto Rico Año 33 · Núm.7· agosto 2014

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Una Colonia a la DerivaSe profundiza la crisis en Puerto Rico

Los efectos de la crisis económica se hacen cada vez más evidentes en nuestros bolsillos, en el auge de la criminalidad y en los pobres servicios de salud y educación que recibe el pueblo trabajador. Mientras los pobres y la gente trabajadora vive los efectos de la crisis, un pequeño grupo de millonarios y corporaciones viven de la ganancia que generan de nuestro trabajo. La aprobación de las leyes de sostenibilidad fiscal, la mal llamada reforma energética, la ley de quiebra de las corporaciones públicas, la destrucción de los sistemas de retiro, el hacinamiento de estudiantes y el cierre de escuelas forman parte del mismo esquema de empobrecimiento y explotación de la clase trabajadora.

Lo que tenemos ante nosotros es el resultado de los más de 100 años de explotación capitalista en Puerto Rico. Desde el 1898 se fue estableciendo en el país un sistema político, económico y social para

el beneficio de las corporaciones y bancos norteamericanos. Durante esos 100 años el pueblo trabajador puertorriqueño ha sido productor de inmensas riquezas que han abandonado el país. En los últimos 8 años hemos estado viviendo la más reciente crisis de ese sistema capitalista y colonial. Apenas un puñado de corporaciones se han llevado más de 40 mil millones de dólares en ganancias en el último año. Desde el año 2006 al presente estas corporaciones han generado 321 mil millones. Dichas corporaciones aportan muy poco pues sólo pagaron 32 mil millones en salarios y trabajan en ellas sólo el 3% de la población apta para trabajar. En esos 6 años apenas pagaron 4 mil millones de dólares en contribuciones, más 160 mil millones en la repatriación de sus ganancias. En el mismo tiempo los individuos aportamos 4 mil millones en IVU y 20.5 trillones de dólares en contribuciones sobre ingresos.

La explotación en nuestro país reviste un doble carácter, por un lado son nuestras manos las que producen las riquezas

que salen del país año tras año y por el otro lado todos nuestros ingresos los gastamos en nuestra supervivencia consumiendo los productos de baja calidad que nos ofrecen las megatiendas. Mientras tanto los gobiernos del PPD y del PNP han empobrecido a la clase trabajadora por medio del IVU, y las legislaciones antiobreras. Es hora de trascender el juego de la politiquería partidista. La clase trabajadora exige que sean los ricos y las corporaciones las

que paguen la crisis. En el MST planteamos que no se le pague un vellón más a los bonistas, que se incrementen los impuestos a las corporaciones y que no se dé ni un paso atrás en los derechos adquiridos por la clase trabajadora. Estas propuestas tienen que estar acompañadas de la lucha por conquistar la independencia y el socialismo como única alternativa ante la crisis capitalista y colonial.

Crisis del modelo colonial-capitalistaBandera RojaIbrahim García

A principios de julio, el gobierno de Alejandro García Padilla anunció que se habían creado 55,305 empleos desde el comienzo de su ges-tión, superando así su promesa de campaña de crear 50,000 empleos en 18 meses. Sin em-bargo, los propios datos del gobierno, inicial-mente negados a los periodistas, revelan que miles de estos empleos fueron de muy corta duración y ya no existen, mientras que miles de otros son empleos chatarra sin seguridad ni

beneficios de ningún tipo.De 1,029,000 personas empleadas en ene-

ro del 2013, solo quedaban 988,000 en mayo de 2014. Es decir, que realmente se perdieron 41,000 empleos. A pesar de que el sector eco-nómicamente activo – menos de la mitad de los mayores de 18 años – se redujo aún más, el desempleo oficial ascendió al 13.8% de di-cho grupo. Según reportó Carlos Fortuño Can-delas, de Frecuencia Socialista, las empresas contratadas por el gobierno para certificar sus números utilizaron métodos engañosos y ante preguntas de los periodistas finalmente tuvie-

ron que admitir que hubo una pérdida neta de empleos.

De todos los males sociales del capitalismo, el desempleo el más directamente relaciona-do a la estructura del sistema. El desempleo es necesario para el capitalismo, en primer lu-gar, porque un sistema basado en la ganancia privada solo admite suficientes empleos para garantizarle la mayor ganancia posible a los dueños de las empresas. Para el capitalismo y los capitalistas, las y los trabajadores somos un costo adicional que se elimina si afecta el margen de ganancia. En segundo lugar, el des-empleo abarata ese costo. Menos empleo sig-nifica más competencia entre las y los trabaja-dores por salarios más bajos.

Solo la organización y lucha de la clase tra-bajadora ha conseguido que en algunos tiem-pos y lugares, incluso bajo el capitalismo, haya políticas de creación de empleo. Sin embargo, el actual capitalismo salvaje y globalizado, es prueba clara de que hasta tomemos el poder para construir una sociedad basada en las ne-cesidades humanas y no en la ganancia pri-vada, el socialismo, los capitalistas siempre lucharán para revertir cualquier logro de la clase trabajadora. En la colonia, la situación se agrava porque ambos gobiernos, federal y local, están al servicio de los capitalistas, y el local tiene muy pocos poderes para tomar las acciones realmente contundentes necesarias para aliviar siquiera el problema.

Hay 41,000 menos personas con empleo bajo AGP

Bandera RojaJosean Laguarta

Foto:Tomada de internet/CM

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Imparable el desempleo en la colonia capitalista

Nota editorial

Oficina del desempleo en San Juan. Foto: Tomada de internet/CMP

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En las últimas semanas los sin-dicatos de las principales corpora-ciones públicas han conducido una importante lucha contra la Ley 66, la llamada Ley de estabilización fiscal, estatuto que representa un verdadero golpe a los derechos adquiridos de los y las trabajadoras de las corporaciones públicas. El li-derato sindical intenta hacer fren-te a la Ley con diversas acciones de militancia y movilización, pero hasta ahora, la simple protesta en la calle, si bien es un aspecto im-portante e insustituible de la lucha, parece no hacerle mella al gobier-no de los ricos del Partido Popular Democrático. A pesar de la movili-zación, el gobierno de García Padi-lla se mantiene firme en su política anti obrera de privatización y entre-ga a los bonistas.

El liderato sindical ha apostado todo a dos estrategias: las accio-nes de militancia, que consisten mayoritariamente de paros sor-presa en diversas agencias públi-cas como los de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad Metropolitana de Auto-buses y la Autoridad de Acueduc-

tos y Alcantarillado, entre otros; y a las manifestaciones, movilizacio-nes y protestas nacionales, tam-bién citadas de forma sorpresiva.

A pesar de la secretividad de la planificación y ejecución de las protestas, éstas se mantienen den-tro de los límites de la legalidad vi-gente. El liderato sindical ha ame-nazado con escalar la lucha si no se deroga la ley 66 o al menos sus partes más problemáticas. Con la excepción de la protesta contra la Convención del PPD, la radicaliza-ción se ha reducido al discurso me-diático, sin traducirse en acciones directas que afecten la producción y la imagen del gobierno.

Desde nuestra perspectiva, hay varios ingredientes que deben acompañar la protesta y que es-tán ausentes. Estos elementos son vitales para poner verdadera pre-sión sobre los hombros del gobier-no anti-obrero. ¿Cuáles son esos ingredientes??

La protesta contra la Conven-ción del PPD es un paso positi-vo en esa dirección. Las moviliza-ciones y paros de labores son un componente insustituible de la lu-cha porque aportan a fortalecer la solidaridad de clase y el espíritu de

lucha. No nos podemos limitar a manifestaciones pasivas. Hasta las manifestaciones más sencillas de-ben buscar elevar la lucha, retando la legalidad y creando un problema al gobierno, para ponerlo contra la pared. Se debe fomentar y fortale-cer la voluntad de las matrículas para afectar o parar la producción en las corporaciones públicas.

Para lograr elevar el nivel de la lucha, los lideratos obreros deben comenzar a desechar los estilos burocráticos de liderato y el exce-so de secretividad. La secretividad

y la cadena de mando tienen su uti-lidad en la lucha para mantener el factor sorpresa de algunas movili-zaciones, pero en el funcionamien-to cotidiano de los sindicatos se presta para el control de las matrí-culas y para mantener la lucha en niveles soportables para dichos lí-deres. Para conseguir un adelanto, se debe fomentar la participación más amplia posible de las matrícu-las, su vinculación con el pueblo y el desarrollo autónomo de activida-des de protesta y movilización lo-cales y regionales.

Bandera RojaRaul Báez Sánchez

Los trabajadores no pagaremos la crisis

En los pasados cuatro años las y los trabaja-dores en Puerto Rico hemos sufrido el aumento del costo de la luz eléctrica, los alimentos bási-cos, como la leche y el pan, entre otras cosas. Recientemente se han anunciado más aumen-tos. Aunque el gobierno no deje de hablar de alivios para la clase trabajadora, el costo de la luz ha vuelto a subir y se ha anunciado un au-mento en el costo de las tarifas del Tren Urba-no. El aumento propuesto para las tarifas del Tren Urbano el del 100%, lo que representaría un costo de $1.50 por un solo viaje, una canti-dad muy alta para la gente que depende de di-cho sistema para su transportación diaria.

No solo la transportación pública ha presen-tado un aumento, sino que también la que se hace con automóvil, ha subido la gasolina pero también los peajes. Un viaje desde Hatillo hasta San Juan por la autopista José de Diego, PR-22 cuesta al viajero común $7.00. Un precio que es también muy alto para las personas que hacen el viaje por cuestiones de trabajo o para mo-verse desde el Oeste hacia San Juan para sus

diligencias. Por si fuera poco, las contribucio-nes que hacen las y los trabajadores a la hora de pagar sus impuestos son también mayores

mientras se anuncian incentivos contributivos a las empresas extranjeras y ricos que traigan su dinero a Puerto Rico y pasen una temporada del año aquí.

Es todo parte de un proyecto que han de-sarrollado el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista, junto a los ricos y empresarios del país, para disminuir el salario real de las y los trabajadores. Si una trabajado-ra cobra lo mismo que hace cinco años, pero su

costo de vida ha aumentado en un 7%, su sa-lario ha disminuido ya que le alcanza para mu-cho menos. A ello se suman las reducciones en derechos laborales. La mayor parte de las y los puertorriqueños trabajan bajo contratos en don-de no se les suple un seguro médico, y el patro-no no aporta a su pensión ni seguro social. La Ley 66 ha disminuido además las aportaciones del patrono a las y los trabajadores del gobierno y se pueden mencionar también las leyes apro-badas a finales del año 2013 que desmantelan los sistemas de retiro para trabajadoras del go-bierno y el magisterio.

Es una prueba más de que las condiciones de vida en Puerto Rico son cada vez más caras para las y los obreros del país. Mientras las ta-rifas y los bienes aumentan de precio el cheque debe alcanzar para más pues debemos pagar por servicios que antes no pagábamos como el seguro médico y aportar más a nuestro retiro. La culpa de la crisis no es de las trabajadoras y los trabajadores, es culpa de la mala admi-nistración del gobierno y la inversión riesgosa de los bancos y otras grandes compañías. Ellos crearon la crisis, que ellos la paguen.

Bandera RojaEmilia Quiñones Otal

Foto: tomada de internet/CM

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Más peso en hombros de las y los trabajadores

Sigue en aumento el costo de vida

A parar la producción

Foto: tomada de internet/CM

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En la Lucha HUGO J. DELGADO - MARTÍ

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Colonia en Quiebra

Aun no toca fondo, al Estado Li-bre Asociado le queda un largo ca-mino cuesta abajo. La aprobación de la Ley 160 de Sostenibilidad Fiscal, la ley de quiebra criolla, y otras medidas aprobadas durante el verano, no lograron detener la degradación de varios escalones que recibió el crédito del gobier-no. El Departamento de Hacienda hace piruetas fiscales para balan-cear la chequera sin obtener los recaudos esperados. La Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra en una crisis fiscal que le dificul-ta adquirir los créditos necesarios para la compra de combustible y hay quien habla de la posibilidad de apagones.

Mientras en nuestro país se des-envuelven los efectos de la crisis del modelo capitalista colonial, en la metrópoli un puñado de funcio-narios políticos e instituciones co-mienzan a expresarse. El poder de la burguesía norteamericana sobre Puerto Rico desde el 1952 ha esta-do oculto tras bastidores por medio de la farsa electoral de cada cua-tro años, pero recientemente las agencias acreditadoras, el banco de la reserva federal y alguno que otro político norteamericano ha te-nido que llamar al orden y sugerir cambios en la estructura econó-mica colonial. La crisis económica y política del ELA es tan profunda que hasta el Partido Popular ha sa-lido de su inercia en torno al esta-tus sacando de las catacumbas a Rafael Hernández Colón y Anibal Acevedo Vilá.

Sin duda la discusión sobre el estatus es un distractor para eva-dir la discusión sobre los asuntos apremiantes como el desempleo, la criminalidad, el alto costo de la vida y la aprobación de medidas antiobreras como la ley 160. Sin embargo, traer el tema del estatus es una admisión de la quiebra po-

lítica del Estado Libre Asociado y de la necesidad de transformar las bases económicas sobre las que se sustenta. La burguesía nortea-mericana sabe que, de seguir el camino que lleva la economía na-cional, podría eventualmente es-tar en juego el rendimiento econó-mico que dejan estas 3,500 millas cuadradas.

Durante los últimos 100 años el colonialismo norteamericano se ha servido de jugosas ganancias por medio del endeudamiento públi-co e individual, de la extracción de materias primas, del uso de nues-tras tierras para la producción de mercancías, de la imposición de productos a altos costos y de baja calidad, de la emigración forzosa de nuestra clase obrera y de la ex-plotación directa del trabajo asala-riado. Cada uno de nosotros tra-baja ya sea en la producción de mercancías o para garantizar las condiciones necesarias para dicha producción. Incluso, pagamos por medio de los impuestos las ganan-cias usureras de los bonistas. La

implantación de la estadidad no va a cambiar dicha relación colonial: el derecho al voto por el presiden-te y los congresistas e incluso los fondos federales no trastocan la relación económica de opresión y explotación a la que ha estado so-metido el pueblo puertorriqueño. La independencia burguesa no es más que concederle una pequeña fracción de la ganancia capitalis-ta a una burguesía nacional, por lo que tampoco es opción para el pueblo trabajador.

Los problemas apremiantes que vivimos día tras día tienen su ori-gen en esa relación de explotación. Es hora de que nos movamos en la dirección correcta que es exigir el verdadero cambio, que no se tra-ta de simplemente un debate entre estadidad, estado libre asociado o independencia. Si no cambiamos la forma en que se distribuyen las riquezas en nuestro país no esta-remos realizando ningún cambio real en nuestras condiciones de vida. De eso es de lo que se trata el socialismo.

Endeudamiento público, enriquecimiento de los ricos

¿Qué es Bandera Roja?

Bandera Roja es un periódico que se ha publicado en forma impresa desde 1973, como periódico del MSP y desde el 1982 del MST y en forma en-línea desde 1996. Circula gratui-tamente entre miles de trabajadores, estudiantes y gente pobre gracias al esfuerzo voluntario de nuestros mi-litantes, colaboradores y amigos. Es producido por el Movimiento Socia-lista de Trabajadores (MST).

¿Qué es el MST?

El Movimiento Socialista de Traba-jadores es una organización indepen-dentista y socialista que defiende los intereses del pueblo pobre y trabaja-dor. El MST aboga por la transforma-ción de la sociedad en una de justicia y bienestar para las grandes mayo-rías de trabajadores. Trabajamos por el socialismo, donde los obreros sean a la vez los dueños y quienes contro-len los medios de producción. El MST lucha por el pleno disfrute de los de-rechos democráticos en una demo-cracia socialista, donde los derechos de cada cual no están determinados por la riqueza. La juventud del MST está reunida en la Unión de Juventu-des Socialistas (UJS-MST).

Comité Editorial de Bandera Roja

Ibrahim García -Coordinador Raúl Báez Sánchez, Josean Laguarta Ramírez, Marianela Méndez García, Nelson Pagán Butler Edición y Corrección

Emilia Quiñones, Miguel Rolón, Hugo DelgadoDiseñadores

Pablo Soto CarriatDirector Distinguido

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Unión obrero-estudiantil indispensable contra la 66

TESIS RADICAL columna de la UJS-MST

El semestre pasado el movimien-to estudiantil, con sus fortalezas y debilidades, le dejo claro al país que no iba a tolerar ni un alza en la matricula ni la reducción del presu-puesto de la UPR. Tanto es así que varios recintos aprobaron votos de paro como medida de presión al gobierno. Resulta que en verano,

cuando no hay clases y por tanto no hay asambleas estudiantiles el gobierno decidió no solo reducir el presupuesto en 100.9 millones de dólares sino eliminar la fórmula del 9.6 y congelar el presupuesto por lo que queda de cuatrienio. Esto lo lograron con dos medidas aproba-das separadamente, primero la ley de Sostenibilidad Fiscal, que dice en su artículo 26 “Para cualquier año fiscal que termine durante la vi-

gencia de este Capítulo, el subsidio de funcionamiento de las entidades gubernamentales que no forman parte del Gobierno Central, será equivalente al respectivo subsidio de funcionamiento para el año fis-cal 2013-2014”, esto significa que la aportación a la UPR de parte del gobierno ya no se calculara con la fórmula de 9.6% sino que sería una cantidad fija mientras dure la ley. Sin embargo, cuando se aprueba el presupuesto la partida asignada a la UPR es 100 millones menor que la del año pasado, lo cual además es una contradicción con la ley de sostenibilidad. Es todo lo que el gobernador prometió que no iba a hacer cuando dio el mensaje de presupuesto.

Ahora les toca a los estudiantes decidir qué hacer, si hacer buena su palabra y participar junto a otros sectores de la lucha en contra el gobierno o sentarse en las gra-das, calladitos y mirar como poco a poco le entregan el país a los

acreedores. En los últimos meses el país ha visto varias manifesta-ciones de los sectores afectados por la aprobación de estas leyes. Pero la realidad es que ninguno de los sectores afectados por sí solos podrá obligar al gobierno a que derogue esta ley y rehaga un presupuesto ajustados a nuestras necesidades. El movimiento estu-diantil debe decir presente en esta lucha, se le va la vida a la UPR si no actuamos. Y la estrategia es clara, tenemos que trabajar con mi-ras a participar de una huelga que tenga características nacionales. Si logramos de manera más o me-nos coordinada, que se paralicen varios sectores estratégicos, como la luz, el agua, las escuelas públi-cas, la UPR, la AMA, y otras cor-poraciones públicas que se sumen, tendremos la posibilidad de obligar al gobierno a derogar la ley. Pero para que esto sea posible cada sector le toca prepararse como si fuera a dar solo la pelea, esta es la prioridad en este proceso.

Muchas feministas dedicamos nuestras vidas enteras a denunciar la violencia machista des-de todas las perspectivas posibles. En Puerto Rico, con el transcurso del tiempo, hemos logra-do calar en la gente, en los medios de comuni-caciones y la jerga popular para poco a poco ir desapareciendo conceptos como el de violencia doméstica, que perpetúan ideas como el que la violencia machista entre las parejas es un trapo del hogar que no se debe de lavar- o proble-ma que no se debe de resolver- fuera del hogar. !Qué mucho nos queda por trabajar!

En el mes de julio se reseñó en el periódico de mayor circulación en el país que un joven de Caguas asesinó a escopetazos a una mujer, amiga de su ex-pareja, “porque supuestamen-te la mujer comentaba que él era un violador y un pedófilo”. Este asesinato premeditado, rea-lizado y confesado es un ejemplo de cómo la violencia machista no se trata solo de violencia entre familias o parejas. Aunque para la forma-lidad de las estadísticas y los registros que con-tabilizan los incidentes de violencia por razón de sexo o género este asesinato no cuenta, como feministas denunciamos que sí lo es.

Gracias a los medios de comunicación masi-va, podemos conocer de algunos de los casos de violencia machista que ocurren entre pare-jas, pero cada vez es más alta la preocupación sobre esos casos que no se tratan de un rela-ción de pareja o familiar, que no cuentan como violencia de género, pero que nos siguen qui-tando vidas. No es mentira cuando reclamamos y consignamos que nos matan, no exageramos cuando reclamamos más servicios que garan-ticen la calidad de vida. La violencia machista nos persiguen en todas nuestras esferas, en el trabajo, en las familias y hogares, entre pare-jas, entre amigos y hasta con desconocidos en la calle.

Como feministas denunciamos el intento de acallar no solo nuestras voces, sino también los eventos que atentan con las vidas de las mu-jeres. No podemos continuar con la cultura del silencio y las justificaciones. Es necesario que continuemos denunciando las instancias de vio-lencia machista donde quiera que las veamos. Es momento de insistir que este gobierno no tie-nen ningún interés en nuestro bienestar. Tene-mos que continuar nuestra batalla contra la vio-lencia institucional que existe como modus ope-randi del gobierno de turno, quienes han creado

leyes que dejan a miles de mujeres en la calle, sin empleo o sin derechos que garanticen su bienestar; además de desarticular oficinas como las de la Procuradora de las Mujeres que bus-caban proteger a las mujeres puertorriqueñas.

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Unión de Juventudes Socialistas

Edgardo Román Afanador

Más allá de las estádisticas la violencia machista

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Caucus de la Mujer del MST

Marisabel Román Afanador

En estos meses hemos visto en los medios varios ataques a los pobres en Puerto Rico. Comenzó con la burla al estereotipo de las “yales”: mujeres de caserío que reciben asistencia económica y les gusta el reguetón. Hace poco, periódicos se indignaron porque en los caseríos colocan piscinas para los niños con agua subsidiada, mientras se reporta que hay comunidades que no pagan agua ni luz. Y con el estreno de “Planet of the Apes”, compañías publicitarias criollizan la trama en su promoción: como la cultura subhumana de los simios en la película, los pobres parecen también necesitar reglas básicas para no ser salvajes.

Estas campañas tienen en común varios mitos sobre la pobreza en Puerto Rico. Se dice que en los caseríos y barriadas “se dan la buena vida.” Después de todo, se les subsidia la renta u ocupan terrenos ilegalmente. Reciben el PAN y ASUME. A unos les subsidian el agua y

la luz mientras otros la roban. También se dice que los pobres pueden trabajar, pero salen mejor recibiendo asistencia y por eso deciden no buscar empleo. Que son unos mantenidos por los que trabajan.

La realidad sobre la pobreza en nuestro país es otra. Si se analiza con detenimiento, la calidad de vida en estas comunidades está marcada por la pobreza, la marginación, el hacinamiento y la violencia. Quienes acusan esa “gran vida” jamás se plantearían vivir en un residencial. Y quien haya recibido el PAN sabe que no es suficiente para cubrir las necesidades familiares.

La realidad de la oferta laboral refuta la idea de que la gente no quiere trabajar. Aquí no hay empleos. El desempleo oficial, calculando las personas que buscan trabajo, es alarmantemente alto. Y si se considera que la tasa de participación laboral se ha reducido a 39.8%, la más baja desde 1970, vemos que el sistema no es capaz de ofrecer trabajo a las grandes mayorías. Por eso se ven obligadas a insertarse en la economía informal.

Debe decirse que los fondos del PAN provienen del gobierno federal como paliativo a la pobreza creada por el capitalismo colonial, para comprar la lealtad de la masa de desempleados que crea el sistema; que ASUME proviene de los padres que no tienen custodia de sus hijos para su manutención; y que si subsidiar los servicios a los pobres está mal, peor es subsidiarle a empresas multimillonarias, como se hace, servicios e impuestos que implican millones en pérdidas para el

país. Éstos son los verdaderos mantenidos por el trabajo de los asalariados puertorriqueños.

No es coincidencia que estas campañas contra los pobres vengan junto a la que se desató contra los empleados públicos. La agenda neoliberal afecta por igual a los trabajadores y a los desempleados; la intención de los dominantes es enemistar a un sector con otro, pues saben que de aliarse pondrán al sistema de rodillas.

Yales, pillos y simiosBandera RojaAguistín Muñoz Ríos

El tema de los abastos de agua ha estado en boga. Se repite cada ciertos años cuando surge la preocupación de que no habrá agua potable suficiente. Se plantean medidas que nos afectan a los pobres, los trabajadores, los ciudadanos de a pie; no medidas a largo plazo que alteren el sistema que provoca la escasez, que afecten contratos y ganancias de ricos o el abasto que usan las industrias (que es por sí solo casi igual al del resto de la población y no se les impone controles rigurosos ni medi-

das eficientes para evitar despilfarro). Cuando aumenta el suministro, se olvida el tema y con-tinúa el problema silencioso.

El agua es esencial para la vida. El discurso del gobierno nos da a entender que el hecho de que nos llegue agua por la tubería es un privilegio y no un derecho. Que vacíen pisci-nas los pobres aunque los hoteles las tengan llenas. Que echemos jugo con colorante si nos llega turbia o ignoremos el color, que ya de por sí mucha suerte es que nos llega porque esta-mos amenazados de racionamiento.

En PR la relación con los recursos naturales no es planificada para nuestro disfrute y su cui-dado, sino basada en las lógicas del mercado

capitalista. Aquí no hay una crisis natural de agua, lo que hay es crisis política y económi-ca. De la lluvia que nos cae, luego de reducida por la evaporación y escorrentías, el agua que queda es más de cuatro veces la que usamos. El problema está en la forma en que se ma-neja esa cantidad. Para eso son los embalses y acueductos. Es ahí donde estamos botando el rico recurso. Nuestros embalses reducen su capacidad de almacenaje a un ritmo muy acelerado. Carraízo ha perdido mucho más de la mitad de su capacidad de almacenaje. Esto ocurre por varias razones: deforestación de las zonas de cuerpos de agua, mal manejo de la basura, proyectos de drenaje ineficientes que se roban el dinero. Esto impide que los embal-ses atrapen el agua que la naturaleza nos da en exceso y provoca inundaciones urbanas.

Cada vez que hay escasez aparecen inte-reses privados a proponer “remedios”. Es per-tinente decir que en Puerto Rico para ese tipo de proyectos se necesitan los permisos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Se trata de proyectos costosos que no solucionan el problema a largo plazo, que res-ponden a crisis momentáneas y que no cues-tionan el sistema que nos mantiene en este ciclo. Se despilfarran los bienes, se pierde el tiempo en almacenar el agua y se le entrega el sistema a intereses privados que no tienen el bienestar social como objetivo sino el lucro propio.

Más que una sequía, falta de planificación

Bandera Roja

Astrid Raquel Cruz Negrón

Foto:Tomada de internet/CM

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Crisis del agua en Puerto Rico

Embalse Carraízo por debajo de su nivel óptimo. / Foto:Tomada de internet/CMP

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La aprobación de la Ley núm. 66 del 17 de ju-nio de 2014 para la Sostenibilidad Fiscal y Ope-racional de Puerto Rico por parte del Partido Po-pular Democrático significa no solo el detrimen-to de las condiciones de las y los trabajadores sino que además debilita seriamente la capa-cidad fiscal del primer centro docente del país. Según establece la Ley, los principales compo-nentes de gasto del presupuesto del Gobierno, con cargo al Fondo General, son las fórmulas presupuestarias para la Universidad de Puerto Rico, los Municipios y la Rama Judicial; el pago de deuda; las aportaciones y leyes especiales de Sistemas de Retiro; y las aportaciones a la Reforma de Salud. Como medida de reducción de gastos dicha ley congela los aumentos por fórmulas de la UPR, la Rama Judicial y Munici-pios por los próximos tres años.

“Aunque a la Universidad de Puerto Rico le hubiese correspondido un aumento en su pre-supuesto de $70 millones; se congela esta can-tidad debido a la situación fiscal del país”, sen-

tencia la Ley. La congelación de la asignación de fondos para la UPR equivaldría a una reduc-ción de $78 millones de dólares al presupuesto universitario para el próximo año fiscal. En otras palabras, la UPR dejará de funcionar bajo la fór-mula del 9.6% del Fondo General bajo la que es financiada gran parte de la Universidad y recibi-

rá por los próximos tres años la misma cantidad de dinero que recibió durante el año fiscal 2013-2014 hasta el 2017. De más está decir que la Ley núm. 66 del PPD es una continuación de las políticas que impuso el PNP hace unos años con la Ley 7 de 2009.

Con la reducción presupuestaria de esta Ley nos enfrentamos una vez más al proyecto neo-liberal de achicamiento. Es decir, la reducción dramática de la oferta académica, servicios y derechos de la comunidad universitaria, y un posible alza en los costos de estudio por men-cionar algunos. Esto representa un problema de accesibilidad para los sectores más pobres del país. Las y los estudiantes y jóvenes socialistas denunciamos el carácter leonino de dicha Ley que sin duda alguna repercute dramáticamente en la calidad educativa de la Universidad. Apos-tamos por la organización estudiantil desde las bases de todos los recintos de la UPR. A cons-truir, de la misma manera, una resistencia que vaya en dirección de luchar contra el continuo ataque a la educación pública y al pueblo pobre y trabajador.

Bandera RojaNelson Pagán Butler

Afecta también a la UPR la Ley 66

Como ladrón en la noche, el co-barde Secretario de Educación Rafael Román anuló todas las or-ganizaciones escolares aproba-das para imponer la nueva Carta de Organización Escolar Núm. 33. Las imposiciones contenidas en esta carta mutilan los procesos de educación pública en nuestro país. Por ende, negándole a los sectores más empobrecidos de nuestra isla el acceso a una educación de cali-dad y profundizando los problemas sociales que nos agobian. Casi un millón de personas votó para que la legislatura y el gobernador apro-baran una Ley de Sustentabilidad Fiscal que solo sostiene los antojos de una burguesía usurera. Y hay otro millón pensando que esto se arregla en el 2016.

1. La carta circular aumenta el mínimo de estudiantes por sa-lón a 25 sin una cantidad máxima. Aumenta el máximo de estudiantes de kínder a 28.

2. Aumenta a 60 minutos los períodos de clase, eliminan-do uno del período de Actividades Docentes.

3. Elimina la inmensa mayoría de los cursos de Bellas Artes en las escuelas elementales y dismi-nuye a ½ crédito los cursos en las intermedias y superiores.

4. Obligan a las maestras de nivel elemental a ofrecer Bellas Ar-tes y Salud de manera “integral”.

5. Reduce a 18 los créditos para graduarse de escuela inter-media y superior.

6. Obliga a los estudiantes de escuela superior a tomar el Collage Board aunque no aspiren a cursar estudios universitarios.

La Ley 66 por su parte reduce el Bono de Navidad, elimina el pago de días acumulados en exceso de 90, congela todo tipo de aumentos reglamentados y no reglamenta-dos, no concede días con paga sin cargo a licencia alguna y cancela el derecho de antigüedad cuando

constituya una limitación para cam-biar funciones y efectuar reubica-ciones o traslados. Por último, este año comienzan las evaluaciones a los docentes basadas en las prue-bas estandarizadas.

Este ataque a la educación pú-blica solo tiene sentido dentro de un marco de desmantelamiento de los derechos de los emplea-dos públicos y una dramática re-ducción de los servicios ofrecidos

por el Gobierno. Todo para garanti-zar las ganancias de unas empre-sas bancarias que endeudan cada vez más a nuestro país. En el ca-mino el Departamento de Educa-ción se encarga de reservar una buena porción de dinero para ha-cer favores a empresas colmillúas que devoraron casi $700 millones ofreciendo adiestramientos y servi-cios mediocres. Y todavía hay gen-te que piensa que esto se resuelve en el 2016.

Bandera RojaMario Amilcar Torres Lara

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Carta de organización y Ley 66

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www.bandera.orgagosto 2014

Los inicios del conflicto israelí-palestino se remontan al surgimiento de los nacio-nalismos durante el siglo 19 en Europa y sus colonias. El auge del capitalismo in-dustrial impulsó la idea de que cada “pue-blo” culturalmente distinto debía ser sobe-rano sobre su propio territorio unificado. A su vez, pequeños grupos de intelectuales de la diáspora judía, perseguida en Euro-pa, también la asumieron.

El territorio en disputa, históricamente llamado Palestina, pasó a ser controlado mediante un “Mandato” por Gran Bretaña luego de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). Durante ese periodo se fortaleció el sionismo, movimiento que promulgaba la creación de un estado judío en el antiguo Reino de Israel, que coincidía geográfica-mente con Palestina. Desde principios del siglo 20, promovieron asentamientos ju-díos allí. Poco a poco esa comunidad cre-ció, creando instituciones autónomas y discriminatorias hacia los árabes que ha-bitaban la región.

Tras el fin de la Segunda Guerra Mun-dial, se desataron procesos de descoloni-zación en todo el mundo y las potencias imperialistas necesitaban maneras de mantener una presencia en Medio Oriente. El sionismo, exacerbado por el exterminio de judíos en el Holocausto Nazi, parecía ofrecer una solución. Para finales de 1947, la naciente Organización de las Naciones

Unidas aprobó a resolución 181, otorgan-do una parte del territorio de Palestina a los colonos judíos y otra a la población árabe palestina, que rechazó la partición, pues legitimaba la colonización de sus tie-rras y les relegaba a las menos fértiles.

La partición desató el desplazamiento forzoso de 750,000 personas. En mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó unila-teralmente su independencia, provocando una invasión por parte de cuatro estados árabes vecinos. Este fue el comienzo de una serie de guerras durante las cuales Israel finalmente ocupó los territorios de Gaza y Cisjordania, tomando control así de todo el territorio. A pesar de numerosos acuerdos y resoluciones internacionales, Israel mantiene la ocupación, no permite el regreso de los refugiados y ha continua-do promoviendo los asentamientos de co-lonos en estos territorios, impunidad posi-ble en parte por el padrinazgo de los Esta-dos Unidos.

Organizaciones de ideología secular-na-cionalista y posteriormente islamista, han asumido la lucha armada contra Israel, y la limitada administración civil de Gaza y Cisjordania. La resistencia nacional pales-tina en ocasiones también ha tomado la forma de levantamiento popular o “Intifa-da”. La actual violencia es parte de un ciclo recurrente, en que Israel provoca ataques tácticos con cohetes como pretexto para el bombardeo masivo de la población civil palestina, en un intento desesperado por romper el apoyo a la resistencia que pare-ce estar teniendo el efecto contrario.

Bandera Roja

Ernesto Chevere

Barbarie en Gaza: Claves históricas del conflicto

Palestina

El 17 de julio fue derribado sobre territo-rio ucraniano el vuelo 17 de la línea Malay-sia Airlines, ocasionando la muerte de todos los pasajeros y tripulantes. Aunque la causa exacta no ha sido determinada, todo apunta a que fue derribado por un misil antiaéreo disparado por una de las partes en conflicto entre el gobierno y los separatistas que con-trolan el sudeste del país con apoyo de Ru-sia. Afloraron numerosas teorías, incluyendo una que sugería un complot ucraniano para asesinar al Presidente ruso Vladimir Putin, cuyo avión había sobrevolado el área poco tiempo antes. La evidencia no obstante pa-rece indicar que fue derribado por separa-tistas quienes confundieron la aeronave con un bombardero ucraniano. En ese conflicto han muerto desde abril al menos unos 1,129 civiles de ambos bandos, y hay al menos 3,442 heridos.

El 8 de julio Israel inició un nuevo bombar-deo contra la Franja de Gaza. Hasta el mo-mento hay 8,300 palestinos heridos y 1,499 muertos, de los cuales el 83% son no-com-batientes según la O.N.U. y 315 son meno-res. También han muerto 63 soldados israe-líes desde que comenzó la ofensiva terres-tre el 17 de julio. A mediados de junio, Israel llevó a cabo arrestos masivos y asesinatos selectivos de militantes de Hamas en Cisjor-dania, so pretexto del asesinato de tres ado-lescentes israelíes. Fuentes luego revelaron que las autoridades de Israel sabían que no había sido Hamas. Como respuesta, la orga-nización palestina lanzó cohetes hacia el te-rritorio israelí, acción que luego se usó para justificar el bombardeo. La matanza ha pro-vocado protestas alrededor del mundo y en el propio Israel, y en Cisjordania se habla de una “Tercera Intifada”.

Agresión de Israel contra la población civil

El 1 de agosto, el Tribunal Constitucional de Uganda declaró nula una ley que castiga-ba con cadena perpetua el acto sexual en-tre personas del mismo sexo. La comunidad LGBT de la excolonia británica celebró el fa-llo con cautela, pues la decisión, que podría ser apelada por el gobierno ante el Tribunal Supremo, se basó en un tecnicismo: había sido aprobada sin cuórum por el Parlamento. También continúa vigente una ley de la era colonial que permite el arresto de cualquier persona que cometa un acto “contra natu-ra”. Uganda es uno de varios países africa-nos donde la homosexualidad es persegui-da, bajo un discurso dominante que combi-na nociones tradicionales de masculinidad, fundamentalismo religioso y desinformación acerca del VIH-SIDA, que ha causado estra-gos a causa de la falta de infraestructura sa-lubrista adecuada.

Continúa el conflicto, derriban avión civil

Tribunal Constitucional invalida ley anti-LGBT, por ahora

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