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KONPONBIDEA68 acciones para un escenario de paz y normalización política

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acciones para un escenario de paz y normalización política68

L.G. SS-181-2017

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KONPONBIDEA68 acciones para un escenario de paz y normalización política

La sociedad vasca tiene derecho a cono-cer toda la verdad sobre lo acontecido en el pasado, para así poder llevar accio-nes que reparen todas las vulneraciones de derechos y ayuden a llevar a cabo una memoria inclusiva.

La sociedad vasca tiene derecho a la paz. Una paz que a día de hoy no es comple-ta y que requiere un importante impulso para que, en base a la dignidad intrínse-ca de todo ser humano, ningún derecho humano ni libertad fundamental sea vulnerado hoy y aquí, asentando además las bases democráticas para que no se produzca ninguna nueva vulneración.

La sociedad vasca tiene derecho a un futuro de convivencia democrática y tiene derecho a la normalización polí-

tica, desde la garantía de no repeti-ción de vulneraciones de los derechos individuales, colectivos. Merece, des-de el respeto a la pluralidad, construir un marco político en el que todas las ideas y proyectos políticos se puedan defender democráticamente y desarro-llar en libertad, removiendo los obstá-culos que impiden que esto sea así.

Consideramos que se dan las circuns-tancias objetivas favorables a trabajar en estas tres direcciones, que se co-rresponden con un enfoque crítico de un pasado dramático, una actuación de responsabilidad ante el presente y un compromiso con el futuro. Y estas tres direcciones habrá que abordarlas teniendo en cuenta la complejidad y di-versidad presente en la sociedad vasca.

1 INTRODUCCIÓN

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Los últimos cinco años se han dado pasos de envergadura que se han concretado en hechos y voluntades que deberían co-menzar a tener consecuencias inmedia-tas. La decisión de ETA de abandonar la actuación armada ha sido vital para de-terminar un nuevo tiempo político. Una decisión que se complementa con la vo-luntad de avanzar en su desarme.

Desgraciadamente, los gobiernos de España y Francia no han querido ac-tuar desde el mismo esquema y mantie-nen una evidente actitud de cerrazón y obstruccionismo de cara a la creación de condiciones nuevas y constructivas para una solución integral. En lo relati-vo a las consecuencias del conflicto po-lítico vasco su actitud ha sido especial-mente cruel y obstinada, manteniendo políticas que conllevan la persistencia del sufrimiento y vulneración de dere-chos humanos.

Consideramos que en la actualidad exis-ten mayorías sociales, políticas e ins-titucionales para enfrentarnos a esos retos en términos de acuerdo, corres-ponsabilidad y con altura de miras, hu-yendo del reproche y del regate en corto

en que ha consistido la actuación políti-ca en los últimos cinco años. El tiempo inmediatamente posterior a las grandes decisiones que ha vivido este país (De-claración de Aiete, decisión de ETA de abandono de la acción armada) ha sido empleado más en defender la posición propia que en favorecer que esos retos cristalicen en la práctica. Ha primado el objetivo de autojustificar las posicio-nes propias y responder y recriminar las ajenas, más que la prioridad de abrir espacios a la confianza mutua, el enten-dimiento y, en definitiva, afrontar con pasos y medidas acordadas los todavía muchos retos inacabados que el nuevo tiempo nos exige abordar.

No podemos negar una evolución en este ámbito, partiendo de la constata-ción de que existen numerosos ejemplos de aproximación entre diferentes, bús-queda de espacios comunes, encuentros que solo pocos años antes hubieran sido inimaginables. Consideramos que, en la experiencia práctica la sociedad y particularmente las víctimas de vul-neraciones de derechos humanos de diferente signo, quienes más han sufri-do, han avanzado de forma remarcable.

2 CONTEXTO

Una reflexión en la que es preciso dete-nerse: nos debemos a ese impulso so-cial y debemos responder con la actitud constructiva que nos demanda

Queremos hacer una mención espe-cial a la participación sociopolítica de las mujeres en el conflicto vasco como parte activa de la sociedad vasca, en la construcción y definición de la paz, y en consecuencia, como actoras activas en la consecución de la resolución y la convivencia. Porque no podemos olvi-dar que el conflicto ha estado atravesa-do por las relaciones de género. Consi-deramos que hay que trabajar desde la interseccionalidad, porque desde la di-versidad de identidades se ha vivido de forma diferenciada el conflicto mismo, y en consecuencia, integrar todas estas vivencias y sentimientos facilitarán el futuro que debemos de abordar.

Tampoco podemos obviar la iniciati-va internacional que impulsa, facilita y aconseja sobre las buenas prácticas desde la experiencia de otros conflictos violentos de raíz política. Sin duda, lo acontecido en este país es único, pero debemos agradecer la inspiración que expertos internacionales nos trasladan de manera desinteresada.

Precisamente, siguiendo esa senda y esa demanda social, es el momento en que diferentes sensibilidades políticas lleguen a compromisos compartidos para que, desde los puntos de encuen-tro y también las lógicas discrepancias,

se aborden los retos actuales. Se aborde un cierre definitivo del ciclo histórico-político anterior. Dicho de otra manera, pasemos de las palabras a los hechos. Abogamos que comiencen a suceder en la práctica acontecimientos que todos y todas percibamos sean pasos firmes hacia un escenario de memoria, paz y convivencia plena.Son varios los riesgos que nublan esas oportunidades. El mantenimiento de la vía represiva, la crispación que gene-ra la denominada por algunos “batalla por el relato” por un lado y por otro, la dilatación el tiempo de ala consecución de acuerdos y avances conllevan frus-tración y dificultan la actuación.

Desde esas bases redactamos el pre-sente plan de acción como programa rector de la actuación de EHBildu para este ciclo político. Programa base del que partirán las iniciativas que impul-semos en nuestros ámbitos de actua-ción y del que planificar las respuestas a los retos más inmediatos. Principios que sirvan asimismo como fundamen-tos básicos para acuerdos con todas las fuerzas políticas que estén abiertas a ellos.

Vaya por delante el compromiso de EH-Bildu para implicarse con absoluta de-terminación en llevar adelante las ini-ciativas aquí expuestas y para influir e intervenir en positivo en las políticas públicas que sean necesarias para de-sarrollar lo anteriormente indicado.

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3.1. PASADO CON MEMORIAMISIÓN:

- Reconocimiento, reparación, rehabilitación de toda víctima. - Establecimiento de un relato inclusivo.

El pasado dibuja una verdadera tragedia en términos de sufrimiento, desde un punto de vista humanitario, por motivaciones políticas. Ese conflicto político requiere de una in-tervención decidida para ponerlo en dirección hacia su resolución definitiva.

Un relato inclusivo, que ponga en el centro el discurso de quienes han sido olvidadas y relegadas hasta ahora. Muchas personas han sido violentadas doblemente, por el acto vio-lento en sí y por la escasa visibilidad y reconocimiento que ante dicho acto han recibido. Entre ellas es indispensable tener en cuenta las múltiples identidades, a las mujeres, a las personas jóvenes y mayores, a las lesbianas y homosexuales, a las que presentan diversi-dad funcional, etc.

Constatamos que, si bien los términos en que nos referimos a ese pasado distancian a par-tidos y agentes políticos y sociales, el contexto es propicio para acercamientos, más que en una formulación cerrada, en la actuación práctica. Es posible la creación de espacios e ini-ciativas donde, desde la pluralidad y el respeto a los relatos diversos, que sirvan para avan-zar en que las víctimas se vean cada vez más reflejadas, más reconocidas, más reparadas.

- Acciones

3.1.1.- Memoria histórica:

1.- Abolición de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía por sus efectos de im-punidad de perpetradores de delitos de lesa humanidad.

2.- Promulgación de una Ley vasca de memoria histórica que incluya una Comisión

3 ACCIONES

de la verdad y desarrollo de la Ley LEY FORAL 33/2013, de 26 de Noviembre de Reco-nocimiento y Reparación moral de la Ciudadanas y Ciudadanos navarros asesina-dos y víctimas de la represión a raíz del Golpe Militar de 1936.

3.- Impulso de interposición de querella en juzgados vascos así como ante tribu-nales internacionales en base a la jurisdicción universal para investigar y juzgar delitos de lesa humanidad.4.- Implicación de todos los niveles institucionales para que actúen como quere-llantes en defensa y acompañamiento a las víctimas.

5.- Culminación de las iniciativas de retirada definitiva de simbología fascista.

6.- Recuperación de víctimas del alzamiento fascista: impulso de exhumaciones, completar y actualizar el mapa de fosas, creación de banco de ADN, mejora de pro-tocolos de judicialización del acto de alzamiento.

7.- Realización de itinerarios de memoria, impulso de hitos memorialistas, de ho-menaje y reconocimiento de manera coherente e integral, incluyendo la memoria de las mujeres que quedaron olvidadas.

8.- Impulso de espacios de debate, participación social, divulgación, encuentros, in-ternacionalización de la labor memorialista, financiación adecuada de iniciativas, plataformas, asociaciones de víctimas, partidos, sindicatos, asociaciones históricas.

9.- Creación de un Consejo permanente de organismos memorialistas.

10.- Inclusión de la memoria histórica en el curriculum del sistema educativo. Vi-sibilizar y dar a conocer la violencia específica que se ejerció contra las mujeres y el papel activo que mantuvieron ellas durante la resistencia y reconstrucción social.

11.- Presentación de casos ante los organismos internacionales y búsqueda de la implicación de dichos organismos en la labor de difusión, emisión de recomenda-ciones al Estado español y denuncia.

3.1.2.- Memoria contemporánea:

1.- Impulso de una legislación inclusiva e integral de reconocimiento y reparación de víctimas, en especial de las que todavía no tienen esa condición, con un trata-miento de igualdad y con apertura a todo el arco temporal.

2.- Promoción de mayorías políticas e institucionales que planteen mecanismos de blindaje ante vetos, intromisiones externas o recursos contra las decisiones que las instituciones vascas adopten en este ámbito.

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3.- Puesta en marcha de acciones que actúen en contra de aquellas decisiones gu-bernamentales o judiciales que denieguen derechos de reparación a víctimas ba-sados en interpretaciones arbitrarias con respecto a la naturaleza o realidad de la víctima.

4.- Creación de Ponencias, Foros o espacios de reflexión sobre memoria, paz y con-vivencia en todos los niveles institucionales5.- Promoción de espacios amplios, permanentes de reflexión de víctimas de dife-rente signo, con la adecuada financiación de iniciativas, plataformas, asociacio-nismo de víctimas desde el principio de igualdad.

6.- Introducción de la perspectiva de género en la lucha por la verdad y la justicia, desde el entendimiento de que las mujeres han sufrido una violencia de raíz po-lítica da manera específica por su condición, se debe tener en cuenta y proteger específicamente sus derechos al reconocimiento y la reparación.

7.- Ayudas para la elaboración de trabajos de investigación concreta en el ámbito de las torturas, en concreto identificando las necesidades de rehabilitación de sus víctimas, recursos para generalizar la aplicación del Protocolo de Estambul.

8.- Análisis del impacto de la implicación del Poder Judicial en la aplicación del denominado doctrinalmente “derecho penal del enemigo” en derechos civiles y políticos y a la hora de establecer un relato que criminaliza actuaciones legales, públicas y transparentes.

9.- Diagnóstico sobre la aplicación arbitraria del derecho penal de autor por los tribunales a la hora de investigar y sentenciar delitos dependiendo del signo polí-tico del hecho delictivo y del autor. Diagnóstico sobre el fracaso del poder judicial a la hora de establecer la verdad jurídica.

10- Estudio público sobre la dimensión de la aplicación del indulto gubernamen-tal a perpetradores de violaciones de derechos humanos y su casuística.

11.- Creación de una base de datos integral de vulneraciones de derechos huma-nos “Izen guztiak”.

12.- Evaluación de las experiencias de víctimas en el ámbito educativo y redirec-ción de esta experiencia con la implicación de todos los agentes del sistema edu-cativo, para empoderar al alumnado en valores de paz, convivencia y resolución pacífica de conflictos.

13.- Reforma y despenalización de delitos vinculados a la humillación de las vícti-mas o enaltecimiento, conjugando el principio de libertad de expresión y ofreciendo amparo de forma objetiva a cualquier víctima a agresiones a su dignidad u honor.

14.- Creación de un Instituto de la Memoria, La Convivencia y los Derechos Hu-manos en Nafarroa, así como redirección del instituto Gogora como ventanilla permanente, rentabilizando sus posibilidades como institución de investigación, de asistencia y acompañamiento a víctimas.15.- Impulso de una memoria colectiva, integradora, inclusiva, democrática que, des-de una interpretación crítica, proyecte la memoria hacia el futuro con una perspecti-va de “nunca más”, impulsando que se establezcan las necesarias garantías de no re-petición conjugada con un relato diverso, que acoja todas las sensibilidades políticas.

16.- Apertura del debate social, divulgación por medio de hitos memorialisticos plurales e inclusivos, impulsados desde amplios consensos.

17.- Construcción de espacios de empatía para un debate social, político, institu-cional y su consecuente difusión comunicativa integradora, que no reabra heridas.

18.- Impulso de iniciativas para la participación e intervención de expertos, ins-tituciones y organismos internacionales de vigilancia de derechos humanos para la aplicación de protocolos internacionales en el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

19- Remoción de obstáculos para tener acceso a la verdad: modificación de leyes de secretos oficiales, desclasificación de documentos, apertura de archivos oficiales.

20.- Realización de convenios entre instituciones públicas, universidades, enti-dades privadas de memoria, centros de documentación, asociaciones memoria-listas… para la creación de un Fondo memorialistico de documentación abierto a investigadores y a la ciudadanía en general.

3.2. PRESENTE EN PAZMISIÓN:

- Resolución de toda circunstancia actual que genere violencia, sufrimiento o vulneración de derechos humanos.

- Desarrollo del derecho a la paz.

- Aplicación de mecanismos de prevención de vulneraciones de derechos humanos.

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La paz no es todavía un hecho definitivo en nuestro país. La vulneración de derechos humanos y sufrimiento es todavía una constante. Sin menospreciar avances y consta-tando que las vulneraciones son menores, debemos también concluir que para quien sufre una vulneración de sus derechos humanos esta es un absoluto, no entendiendo de mejoras estadísticas o de contextos más favorables. Actuar sobre el presente nos lla-ma a trabajar en diferentes ámbitos: trabajar hacia el desarme ordenado de ETA, tomar acciones para transformar la política penal y penitenciaria y avanzar en la desmilita-rización del territorio vasco, llevando a cabo las modificaciones legales que aseguren el ejercicio de todos los derechos en toda su plenitud.

3.2.1.- Acciones en torno al desarme de ETA

1.- Apoyo institucional para la consecución un escenario de desarme ETA ordena-do, verificable y definitivo.

2.- Impulsar y preservar la actuación de personas expertas que hayan participado en dinámicas de resolución de conflictos similares a nivel mundial así como tra-bajos de facilitación internacional.

3.- Labrar consensos político-institucionales para otorgar la máxima cobertura legal así como legitimidad política, institucional y social al proceso de desarme.

4.- Facilitar las condiciones para la participación de los gobiernos y parlamentos y de los partidos políticos y agentes sociales de toda Euskal Herria.

5.- Desde el escrupuloso respeto, se promoverá el acompañamiento institucional a las iniciativas de implicación ciudadana que persigan estos objetivos.

6.- Trabajar para que actuaciones de obstaculización o sabotaje no malogren el objetivo del desarme de ETA.

3.2.2.- Acciones en torno a la política penal y penitenciaria

1.- Aprender e incorporar la experiencia de otros procesos en el impulso de ini-ciativas a nivel local e internacional que, desde una perspectiva de justicia tran-sicional, conduzcan a una situación en la que no haya ninguna ciudadana ni ciu-dadano vasco privado de libertad o que se haya visto en la obligación de fijar la residencia fuera del país por razones políticas.

2.- Abandonar el esquema del “Derecho Penal del Enemigo” como fuente y base para abordar la política Penal y Penitenciaria a aplicar en escenario vasco.

3.- Promoción de una solución humanitaria a presos con enfermedades graves o incurables, así como aquellos que tienen más de 70 años.

4.- Intervención política inmediata para el final de la política penitenciaria de alejamiento y dispersión, asimismo, foco de vulneración de derechos humanos de familiares.5.- Trabajo por el fin de política de aislamiento sistemático, así como la dispersión dentro de la cárcel en diferentes módulos.

6.- Abogar por la salvaguarda del derecho a la intimidad o la vida familiar del preso y erradicar todas sus afecciones. Especialmente, dar la solución de la forma más adecuada a la situación, necesidades y circunstancias de las mujeres presas con hijas e hijos.

7.- Exigir el respeto del derecho a las comunicaciones. La cárcel debe ser permea-ble a la sociedad y viceversa. No es asumible el mantenimiento de la intervención sistemática de comunicaciones, las llamadas de teléfono, las conversaciones en euskara, así como las restricciones de visitas a 10 amistades, o de las visitas vis a vis a allegados.

8.- Siendo que hoy en día el 90 % de los presos vascos se encuentran en 1er grado dándose una restricción de sus condiciones de vida en el régimen cerrado que impide además el acceso a permisos, es preciso oponerse las restricciones arbitra-rias de la progresión de grado.

9.- Puesta en marcha de iniciativas para desactivar las políticas penales y peni-tenciarias de excepción concretamente:

- Abolición de la ley 7/2003 de 30 de junio, que además de restringir abu-sivamente los derechos de acceso a la libertad de presos vascos es una ley desfavorable de aplicación retroactiva, lo que choca con los principios y fun-damentos del derecho penal.

- Modificación de la legislación que posibilita la cadena perpetua, bien a tra-vés de la aplicación del límite de cumplimiento íntegro de 40 años o bien a través de la denominada prisión permanente revisable, en el caso del estado español, o de la denominada “perpetuité”; en el caso del Estado francés.

- Modificaciones legales que posibiliten el traslado de las competencias para conocer los recursos referentes a la clasificación y libertad condicional a la Au-diencia Provincial de la demarcación en que se encuentre el establecimiento penitenciario.

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- Reasunción en términos de legalidad ordinaria de las competencias de Vi-gilancia penitenciaria para los Juzgados de vigilancia naturales, verdaderos garantes de los derechos de los presos.

- Plantear mecanismos legislativos que posibiliten a la luz de una legislación ordinaria, como debe operar el acceso a la libertad condicional por cumpli-miento de 3/4as partes de la condena.

10.- Abordar actuaciones institucionales que den apoyo a las iniciativas de índole jurídica para la revisión de pena según el Código más favorable, revisión de con-denas en base al tipo atenuado aplicando los máximos de cumplimiento en base a la pena impuesta y no al tipo delictivo.

11.- Aplicación favorable a la persona presa del cómputo de las sentencias ya cum-plidas en el Estado francés, desterrando la interpretación desnaturalizada de la directiva Europea Decisión Marco 675/2008/JAI.

12.- Reclamación de la transferencia de la competencia de penitenciario a la Co-munidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral Navarra abordando el debate sobre cómo se debería aplicar esta competencia desde el punto de vista de la justi-cia transicional y de la aplicación alternativa de la pena.

13.- Se fomentará la búsqueda de acuerdos que favorezcan el proceso de reinte-gración de las presas y presos vascos y personas exiliadas y deportadas mediante acuerdos entre fuerzas políticas y en las instituciones. En este proceso, se inte-grará la visión de género, pues la opresión que sufren las mujeres tiene reflejo entre las mujeres presas, deportadas, huidas y refugiadas.

14.- Se favorecerá el acceso a recursos económicos, de capacitación, de acceso a vivienda que les ordinariamente les correspondan.

15.- En lo que respecta a las personas exiliadas y deportadas, se facilitará el proceso de retorno, poniendo especial atención a quienes, derivado de enfermedades graves, in-curables o por su elevada edad, presentan una situación de emergencia humanitaria.

16.- En relación a la existencia de presos por motivación política no entendemos que las cárceles se llenen de nuevo. Como criterio general, las leyes y los mecanis-mos de la administración de justicia se adecuarán al nuevo tiempo político y se abogará por la finalización de los juicios políticos abogando por la vigencia de los derechos civiles y políticos de las personas procesadas en ellos.

17.- Se impulsarán iniciativas para la desaparición de la Audiencia Nacional y

vuelta a la normalidad con la competencia judicial ordinaria de tribunales vascos, en base al principio en base al principio del Juez natural.

3.2.3- Acciones en torno a la Desmilitarización

1.- Es precisa la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la asunción por parte de los Cuerpos de Policía Vascos de las tareas de protección y servicio a la ciudadanía. Se diseñará un Plan de desmilitarización para la retirada escalonada de las Fuerzas de Seguridad del Estado que, a su vez, se harán operativos en las Juntas de Seguridad. 2.- Se impulsará un debate sobre modelo policial vasco, desde un análisis crítico para adecuar los recursos, ratios de efectivos policiales y funciones a las necesidades de seguridad objetivas con el planteamiento de una nueva caracterización y funciones.

3.- Las funciones diversas (más aún en el caso navarro) que a día de hoy cubren es-tas Fuerzas serán asumidas de forma paulatina por la Ertzaintza y la Policía Foral.

4.- En el espacio de tiempo que transcurra entre el inicio del debate y la finaliza-ción e implementación de las decisiones tomadas, es imprescindible fomentar y articular un modelo transitorio de funcionamiento y coordinación entre los re-cursos de la policía municipal y Ertzaintza/ Policía Foral en aras de evitar los va-cíos que se puedan producir.

5.- Dentro de las Fuerzas de Policía Vasca que asuman esas tareas se crearán me-canismos independientes y eficaces para la salvaguarda de los derechos huma-nos, con el objetivo de superar las malas prácticas del pasado y ponerlas al servicio de toda la sociedad.

6.- Establecimiento de un marco nuevo y global de vigencia de todos los derechos y libertades en el espacio público, rechazando legislaciones, reglamentos, orde-nanzas restrictivas de esos derechos, haciendo especial incapié en la derogación de la Ley mordaza.

3.3. FUTURO DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICAMISIÓN:

- Enfrentar la convivencia en términos de respeto de las mayorías democráticas.

- Impulso de la normalización política desterrando injerencias violentas en el de-bate público.

- Establecimiento de garantías de no repetición.

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La convivencia se debe a un acuerdo para que las discrepancias y conflictos políticos se re-sulevan por caudes democráticos, desde el convencimiento de que todos los proyectos, en respeto al principio de igualdad, se puedan defender y llevar a la práctica en libertad y con arreglo a la adhesión mayoritaria ciudadana.

1.- Impulso de un “Acuerdo de Convivencia Democrática” por el que todas las aspiracio-nes sociales políticas, se puedan desarrollar sin coerciones, imposiciones o ni amenazas de recursos a la violencia de ningún tipo.2.- Redacción e implementación de un Plan de Educación en la Paz y los derechos huma-nos que posibilite la transición de una situación de vulneraciones de derechos humanos por motivación política a otra de salvaguarda de todos los derechos, enfrentando los re-tos de futuro de una sociedad plural y moderna, que integre las lecturas de género.

3.- Entendiendo que la paz es también el ejercicio de los derechos de personas y comuni-dades, el respeto de la dignidad de las comunidades lingüísticas coadyuva a ese objetivo.

4.- Toma de acción contra legislaciones restrictivas de libertades, tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de seguridad privada, las reformas operadas últimamente en el Código penal o la actuación de la institución del Delegado de gobierno.

5.- Elaboración de un Plan estratégico para la clarificación y ordenación de un modelo vasco de Seguridad pública, estableciendo un sistema de seguridad integral en base a nuestras necesidades, recursos e identidad propia.

6.- Debate amplio sobre afrontar la implementación de un sistema penitenciario cimen-tado en nuestra realidad, estableciendo un esquema alternativo de cumplimiento de pe-nas, facilitando la relación interior-exterior de la prisión y con ello, las vías de resocia-lización e reinserción social de la persona penada y, con ello, acercándonos a tasas de reclusión europeas.

7.- Desarrollo de una Administración vasca de justicia despolitizada, moderna, efectiva, euskaldun, juzgando y ejecutando lo juzgado por medio de juzgados y tribunales erradi-cados en una planta judicial territorial en la CAV y CFN.

8.- Velando por las garantías de no repetición de ninguna vulneración, por el afianza-miento de una cultura de los derechos humanos y en seguimiento de los estándares in-ternacionales de salvaguarda de todos los derechos, se enfrentará el debate y redacción de un Plan estratégico de Derechos Humanos. El reto de la convivencia vendrá de afron-tar los problemas futuros que la puedan perturbar desde la garantía más rigurosa de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o los de-nominados de tercera generación o derechos de los Pueblos: derecho a la independencia económica y política, derecho al desarrollo que permita una vida digna, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la justicia, a la solidaridad, a la cooperación internacional, derechos al medioambiente, a la equidad y, por último y crisol de los anteriores, el derecho a la autodeterminación y el Derecho a la Paz.