RESISTENCIADE LOSPUEBLOS

G U A T E M A L A D I C I E M B R E 2 0 1 4

UNA MISMA SITUACIÓNUNA MISMA RESISTENCIA

CONTENIDO:

• EDITORIAL: ESTA TIERRA ES NUESTRA• DIÁLOGO SOBRE NUESTRAS TIERRAS• COMUNICADOS• ASAMBLEA DE SACAPULAS• CAMPO PAGADO CONGCOOP• CAMPO PAGADO CONVERGENCIA DDHH• EL REORDENAMIENTO TERRITORIAL• LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA • EXPLOTACIÓN EN EL CORRALCUB• KATUN 32

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EditorialESTA TIERRA ES NUESTRA

1- “El clamor por la tierra y por la vida es, sin duda alguna, el grito más fuerte y más dramático que se escucha en Guatemala” .

2- Por la tierra y por la vida clamaron y lucharon los antepasados de nuestros abuelos ante la dominación española que por la fuerza de las armas les arrebató sus tierras de origen, sus derechos y sus vidas. Sus clamores, es decir sus grandes gritos quejándose y demandando sus propias tierras quedaron escritos en varios títulos de tierras, documentos de carácter histórico y jurídico con el fin de probar el derecho de posesión de determinadas tierras , así como en otros muchos documentos que quedaron escritos por nuestros antepasados.

3- Del mismo modo por la vida y por la tierra clamaron nuestros abuelos y sus padres cuando fueron despojados de sus tierras en la boca costa, el oriente y en el norte de Guatemala, para establecer las mega plantaciones de café e ingenios azucareros durante la reforma liberal (1871-1944).

Sus grandes quejas y demandas llegan hasta nuestros días mezclándose en nuestros pueblos y comunidades con las quejas y demandas de las tierras usurpadas a sus legítimos propietarios por la fuerza de las armas, durante el conflicto armado interno, o usurpadas con engaños y presiones, por proyectos empresariales u oficiales en el momento actual.

4- Hoy día se clama por la tierra en Peten, en Sacapulas, en Barillas, en San Pedro Ayampuc, en la Costa Sur, en Cunén, en San Rafael las Flores, en Totonicapán, en Nebaj, en Ixcán: representantes de la comunidad Primavera de Ixcán, Quiché denunciaron que las autoridades gubernamentales no han atendido su clamor formal para que les sean devueltas sus tierras, de las que fueron desplazados por el conflicto armado interno en la década de los 80 .

El día 24 de Junio del año 2014, ante el edificio de la Secretaría de Asuntos Agrarios, representantes delegados de 12 comunidades de Tzalbal de Nebaj, del departamento de Quiché, clamaron por su tierra y por la vida, pidiendo la restitución de sus tierras nacionalizadas por la fuerza, durante el año 1984. “Este Gobierno ni dialoga, ni restituye nuestras tierras usurpadas, pero si reprime y oprime a los pueblos”.

5- Cada sistema de dominación impuesto sobre el pueblo, reordena territorio y desarraiga población desplazándola, a otros lugares, según sus propios intereses y sus propios beneficios.

6- El Instituto de Transformación Agraria INTA (1962) en vez de garantizar el acceso a la tierra y la certeza jurídica de las tierras para la población agrícola, se dedicó a desmantelar la reforma agraria impulsada por Jacobo Arbenz Guzmán (1952), así como a legalizar la usurpación de tierras realizada por el FYDEP en Petén, y por militares en la Franja Transversal del Norte.

7- En la actualidad el Fondo de Tierras (2000) en este periodo de paz, ha legalizado el despojos y la usurpación de tierras realizados durante el conflicto armado interno.

8- De este modo fue que se fracturaron las tierras de los pueblos en el norte de Huehuetenango, las tierras ejidales de Nebaj, Chajul, Cotzal, Uspantán y de otros muchos pueblos en Alta Verapaz .

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9- Preocupado el Fondo de Tierras para que la población cumpla sus requisitos de carácter administrativo se niega a restituir las tierras usurpadas a los pueblos por las armas y masacres, del mismo modo que se olvida de los compromisos adquiridos por el Estado guatemalteco: “En el caso particular de abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno (…) se compromete a promover la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscar soluciones compensatorias adecuadas” .

10- Sin embargo al sistema político económico actual no le alcanza con amontonar más y más dinero con usurpar tierras, necesita poseer a las personas, a las familias, a las comunidades y a los pueblos, se adueña de todos sus bienes naturales, así como de todos sus derechos. Por esto se le llama capitalismo de la desposesión, porque crece y engorda en la medida que va desposeyendo a las comunidades y a los pueblos de sus bienes y sus derechos colectivos. Para ellos busca la fractura de las tierras comunales y ejidales, así como la destrucción de las comunidades, del origen de los pueblos y por tanto de sus derechos. 11- No tenemos un Estado que sea garante y protector de todos y cada uno de los guatemaltecos, así como de todos sus derechos. Si no un Estado que facilita y garantiza negocios pero no derechos personales ni colectivos.

12- El ataque directo del sistema, del gran capital, no es en contra del Estado ni contra la propiedad privada. La lucha directa del sistema, del gran capital es para apropiarse de los comunes, que no son ni propiedad privada, ni propiedad estatal, sino propiedad de las comunidades y de todos los pueblos del país.

Apropiarse de la tierra, de sus minerales, del gas y petróleo que están en ellas, de los nacimientos de agua y de los ríos, del aire, del sol, de los bosques y de la atmosfera, es una necesidad que tiene el gran capital para poder seguir acumulando capital.

13- Por eso, con total impunidad las empresas de palma aceitera y las empresas cañeras acaparan las tierras más fértiles en el norte y el sur del país , desarraigando y desplazando población, aumentando la depredación boscosa, la contaminación de los ríos, su desvío ilegal y la inseguridad alimentaria de los pueblos.

Nadie, ninguna autoridad detiene el acelerado acaparamiento de tierras por parte de las empresas por más que contradiga acuerdos internacionales firmados por el gobierno de Guatemala.

14- Por eso también numerosos proyectos mineros e hidroeléctricos, proyectos de transporte y distribución de energía eléctrica como el PER, el PET, el PET-NAC que ejecuta el INDE y TRECSA, S. A., sin información ni consulta previa a las comunidades y pueblos, penetran a escondidas en nuestras comunidades y municipios, a fin de acaparar y usurpar tierras y ríos.

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Tierra, agua y espacio aéreo necesitó la Hidroxacbal para establecer su hidroeléctrica sobre el río Xacbal en Chajul. Al igual que todos los proyectos hidroeléctricos que se están generando en el país.

Para ello manipulan la información, manipulan a propietarios de tierras, compran personas, engañan, dañando así la unidad de nuestros pueblos y comunidades.

15- Todas las grandes empresas nacionales y multinacionales buscan aquí lo mismo: desposeernos a nosotros de nuestros bienes o recursos naturales, de los bienes comunes a todos, desarraigarnos de nuestras propias tierras y culturas, para finalmente desplazarnos de los lugares que siempre fueron nuestros y en donde nunca permitieron que nosotros nos desarrollarnos con lo que es nuestro, porque ellos necesitan nuestros bienes comunes para desarrollar y acumular su capital.

16- Para garantizar estos grandes negocios el Congreso de la República ha emitido leyes que legalizan la ilegalidad y la injusticia, el acaparamiento y la usurpación de tierras, la desposesión de los bienes naturales propios de los pueblos, del mismo modo que ha emitido leyes o ha dejado de emitirlas para garantizar la continuidad de la impunidad y la corrupción.

17- Así la Ley de Túmulos que quita al pueblo el derecho a manifestarse; la Ley de Obtención de Vegetales permitía a las empresas apropiarse de las semillas originales de los pueblos; La Ley de Telecomunicaciones establece servidumbres forzosas sobre la propiedad privada y colectiva; etc.

También para garantizar grandes negocios el Gobierno de la República ha tomado acuerdos gubernativos que reclaman de urgencia y necesidad nacional obras como el Plan Nacional de Expansión del Sistema Eléctrico, conociendo que no es para beneficio del pueblo, sino para beneficio de los grandes negocios empresariales.

5Leyes y acuerdos gubernativos, que al privilegiar grandes negocios y empresas contradicen el espíritu y la letra de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece como principios fundamentales el respeto y protección a la vida, la libertad, la seguridad y la búsqueda del bien común. Pero que además propician la desposesión y por tanto el desarraigo y el desplazamiento de los pueblos y su emigración.

18- La Defensa de lo que es de todos, de los comunes: la tierra, el agua, los bosques, el aire, el medio ambiente, la biodiversidad, requiere de la participación de todos y de todas, de todas las familias, de todas las comunidades, de todos los pueblos, de todos los colectivos tanto urbanos como rurales.

Dado que no es una lucha de vanguardias o de hegemonías, sino de todos, la defensa de los comunes requiere de la renovación de nuestras solidaridades y confianza, de nuestras alianzas familiares, comunitarias, intercomunitarias y de pueblos.

Dicho en otras palabras requiere de una nueva conciencia, de un nuevo entendimiento entre familias, comunidades y pueblos, para poder defender y preservar todos juntos lo que es de todos, retomando sus propios orígenes y sus propios procesos de construcción de pueblos, de construcción de un desarrollo propio y por tanto de construcción de la paz.

Es así como los movimiento comunitarios han creado nuevos espacios de organización y resistencia, ante el despojo y la explotación irracional de los recursos o bienes naturales. Defendemos nuestros comunes, nuestros territorios tanto en cuanto defendemos a nuestras familias, comunidades y pueblos, su autonomía, su solidaridad y sus alianzas, sus bienes naturales y su seguridad alimentaria, su fortaleza comunitaria y sus proyectos incluyentes.

Solo así, cuando el clamor por la tierra y por el agua, el clamor por la vida y la justicia sea un clamor de todas y de todos, de todas las familias, de todas las comunidades y de todos los pueblos, será entonces una fuerza de cambio real a favor de todos.

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Frente a una nueva agresión de hecho por parte del gran capital con el apoyo del Estado a través de sus gobiernos y ante el peligro que asecha el territorio de las comunidades y pueblos del norte de Quiché, que tienen como fundamento que:

• El territorio es el espacio y el tiempo en donde se mueven los pueblos.• El espacio entiéndase como la tierra o el lugar que ocupan y se conciben los pueblos; y• El tiempo, en el ejercicio, en las decisiones, en la palabra, en la memoria de los pueblos.

Surgió la necesidad y a la vez preocupación de conocer el estado actual de sus tierras ejidales y/o municipales, la forma, el momento y las razones por las cuales se habían venido desmembrando, así como conocer a los actores que han dado lugar a la fragmentación de sus tierras y en posesión de quien se encuentran en el momento actual.

Fue así como con el apoyo de la Comisión Internacional de Juristas se logró la realización de dos estudios históricos registrales, el primero sobre los ejidos municipales de Nebaj, Cotzal y Chajul (2012) , y el segundo de los ejidos municipales de Cunén y Sacapulas (2013), por medio de dos consultorías, realizadas ambas por Marta E. García Mauricio. Estos estudios se han estado trabajando en los municipios de Sacapulas, Cunen y del área ixil y Sobre ellos se ha sostenido un diálogo con algunos de los actores que en la actualidad luchan por la defensa de sus territorios, de sus tierras, de sus bienes naturales y de sus derechos colectivos.

DIALOGO SOBRE NUESTRAS TIERRASEntrevistas a comunitarios

7Este diálogo lo exponemos a continuación:

¿De dónde surge la necesidad de saber sobre la situación de la tierra, por medio de estudios registrales y catastrales de los municipios de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunen y Sacapulas.?

¿A qué se refieren con última conquista sobre la tierra?

En realidad por lo que existe sobre y dentro de la tierra, los pueblos se agarran de esa tierra o la pierden completamente.Porque hay empresas y/o personas que se están apoderando de la tierra y los pueblos no tienen ningún mecanismo para agarrarse de la tierra (que les de seguridad sobre la posesión de la tierra).

Porque estos nuevos actores que dicen tener permiso del gobierno, pero no la posesión de la tierra, con ese permiso quieren apoderarse de tierra.

La raíz es porque este nuevo despojo de la tierra sigue siendo parte del despojo continuo de la tierra que históricamente han sufrido los pueblos, porque siempre se exige la legalización de una tierra que siempre ha pertenecido a los pueblos.Siempre se puede pelear por la tierra pero el gobierno siempre dice que si no tienen título de la tierra es un baldío (mal llamado baldío para justificar el desplazamiento y usurpación pero en realidad siempre han pertenecido a los pueblos) y cualquiera puede disponer de esta tierra. Así funciona el sistema de gobierno, pero la gente siempre ha vivido allí.

Por eso se plantea la pregunta qué derechos tenemos sobre las tierras, el derecho nacional e internacional que amparan las tierras de los pueblos. La tenencia o posesión de la tierra. No significa que no tengan validez los derechos de posesión que extiende la municipalidad. Al contrario, la tierra individual se encuentra protegida por el título ejidal colectivo.

El territorio del pueblo, ¿son las montañas y los ríos?

¿Qué hallazgos se tienen sobre los estudios registrales catastrales de la tierra del norte del quiché.?

Se descubrió que la tierra ya está acabada. Las tierras ejidales y comunales han sido desmembradas.Se descubrieron sobre los derechos colectivos, ejidales y comunales, pensábamos que estos derechos eran de la municipalidad y entendimos que el derecho al ejido es un derecho colectivo de la tierra, aunque sea muy poca la que ya queda.

La población es copropietaria con la municipalidad sobre la tenencia y posesión de las tierras ejidales.

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Las autoridades municipales han violado la copropiedad, porque han entregado la tierra, sin el conocimiento de las partes. Tiene que haber participación de la población en cualquier desmembración que se le hace al ejido, es decir que todas las desmembraciones han sido anómalas.

La raíz de estos problemas es la desinformación, porque la gente ya tiene una opinión respecto al tema.

¿Qué impacto ha generado los estudios registrales catastrales a las comunidades?

No se ha tenido la capacidad de llevar la información directa a las comunidades.

Por eso que la población se opone a los megaproyectos, la ley dice que nosotros somos los poseedores legítimos de estas tierras. Ahora se defiende la tierra ocupando los ríos, ocupando la tierra, no vendiendo, se protege la propiedad colectiva de la tierra.

Todos los vecinos tienen derecho de posesión individual de los terrenos, pero el título es de todos.

¿De qué forma el golpe a la tierra avisa a la población?

Con todas las mentiras que hacen las empresas y los bancos, han engañado a la gente para desmembrar la tierra para un préstamo, porque la tierra tiene más valor. Mucha gente hizo su procedimiento de desmembración para poder pedir un préstamo y al final no pueden pagarlo y pierden definitivamente la tierra. El engaño de la propiedad privada.

Mecanismos de perdida de la tierra, fragmentar la unidad de la gente sobre su propiedad colectiva e individual, facilitando la entrada de las empresas y de la privatización de la tierra y los recursos.

Es una alerta para todos y todas, porque bien dice el dicho el golpe avisa, es una forma como han engañado a la población, el embargo de los bienes de las personas que han caído por la bonita canción de los bancos y las cooperativas de préstamo.

Si los hilos forman un lazo no se puede romper fácilmente, pero si se desprende un hilo se puede romper con facilidad.

¿Cuáles son los mecanismos para perder esa tierra?

Engaños, el supuesto desarrollo.El banco que te ayuda a crecer, no dicen que uno crece en deudas o en qué.

9El interés de los bancos sobre hipotecas es ridículo de 15% a un 30%. Es usura. Saben que la población no tiene capacidad de administrar todo el dinero, somos trabajadores del campo y resultamos ser trabajadores para los bancos, para no perder las pocas tierras que quedan.Por eso hay subastas, sacan a la venta tierras para capitalizar los bancos, pero no es el paso final. Solo es un aviso, el desalojo es una de las formas más crueles de comportarse con las personas.El derecho de paso de las torres eléctricas, las leyes que están impulsando la servidumbre forzosa, obliga a firmar a la población amenazando que los van a encarcelar, sin pagarles el derecho de paso real de la tierra.El objetivo es que quieren tener el control de territorios completos por medio de engaños e imposiciones sobre la tierra de los pueblos.

¿Cuál es el entendimiento sobre el territorio?

Es un espacio que ocupan los pueblos, no definido por un mojón o un ingeniero o un mapa.

El territorio es la tierra, el agua porque camina, nadie la puede tapar. El aire es muy importante porque pasa por las montañas y los ríos.

Sin las montañas no podemos vivir, las montañas si sobreviven sin nosotros, pero nosotros no poderme vivir sin ellas. Nadie es el dueño, somos todos, porque recorre todos los territorios.

La tierra es sobre ella donde sobrevivimos, pero a la vez es nuestra madre porque nos da de comer y por ella viven las familias.

Los pájaros son libres, porque van y vienen pero siempre mantienen su territorio donde vuelan.

Si no vienen los pescados no podemos vivir, si no vienen los animales a limpiar el mundo (zopes, perros), no podemos vivir, el tzikintix (golondrina) no tienen límites. El ixpecarx (golondrina) tiene su tiempo, cuando se va viene la lluvia, cuando regresa pasa la lluvia. Traen la lluvia.

El encendimiento es que no tiene un límite definido por ningún sistema, es un espacio determinado de los propios pueblos, por ejemplo un río o un cerro, no tienen un mojón hecho por un ingeniero o un muro hecho por una empresa.

En donde tienen un uso y ejercicio de hacer uso de sus derechos en ese espacio.

Por eso antes no se pedía permiso para ir a la costa o para ir a las montañas. Hablando de toda Guatemala y Mesoamérica, el espacio territorial y es precisamente el que han venido rompiendo diferentes sistemas del poder de invasión y explotación

¿Qué nos pueden contar sobre las tierras comunales?

Nuestro ejido municipal pertenece al municipio, pero las tierras comunales vienen de nuestros ancestros, el parque es un comunal, el bosque es un comunal, la montaña es un comunal, las lagunas son comunales, los nacimientos de ríos son comunales, las rocas, los animales, los lugares para pastorear son comunales, los caminos que comunican las aldeas son comunales también.

Los comunales son donde todos los vecinos tienen derechos a esa tierra y se hace uso racional de ese recurso, la tenencia comunal no solo es el uso y disfrute sino también la protección y la conservación.

Si hay un nacimiento, no solo para la comunidad que lo cuida, sino que donde caminan los ríos es beneficio para todas las personas que viven río abajo.

Hablando para desmembraciones, ¿qué nos pueden contar?

La entrega de tierra a particulares por parte de los alcaldes, como favores políticos, amiguismo, clientelismo, para la conformación de fincas privadas.

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Es un atraso porque no beneficia en nada a la población.

Personas individuales o jurídicas, afecta porque existe una amenaza a los ejidos. Quieren desaparecer el ejido como figura de tenencia colectiva de la tierra.

Desmembraciones para politiqueros, para finqueros, para empresas, para el estado y su política de usurpaciones y extracción.

La mayor cantidad de desmembraciones se han realizado en la época anterior a las campañas políticas, es una forma de capitalizar a los partidos localmente para asumir sus gastos partidarios, también como promesas de campañas de partidos políticos.

En el caso de las desmembraciones del estado a bienes de la nación durante la guerra, fue una estrategia de la guerra como un reordenamiento territorial de la conformación de las aldeas modelo, el desplazamiento de la población y las operaciones militares para despojar la tierra a la población en lugares en donde existen recursos naturales a explotar. Por eso movieron los pueblos haciendo masacres y reubicándolos apartándolos de sus lugares de origen.

¿Qué necesidades existen sobre el tema tierra y territorio?

La información entre las comunidades se necesita fortalecer para no permitir los engaños, los despojos, el control territorial de la tierra y de los recursos o bienes naturales.

Atención especial a los planes de gobierno porque detrás de ellos va el despojo de la tierra y los intereses de las grandes corporaciones, por medio de los diferentes reordenamientos territoriales. Estos se encuentran publicados y en algunos lugares se están implementando en territorios especiales definidos por dichos intereses.

Vigilar a las municipalidades para que respeten el resultado de las consultas comunitarias y la administración pública. Las municipalidades en vez de adquirir más tierra por el aumento de la población activa joven, están reduciendo las tierras ejidales con cada desmembración.

Hay que cuidar la naturaleza, los bosques, el agua, la tierra, la población, las familias, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los animales y las plantas. En general el medio ambiente.

¿Qué hay sobre las torres de electricidad, nos pueden contar algo?

Por poner un ejemplo las torres de la transmisión de la empresa TRECSA o Hidroxacbal, siguen engañando a las familias y comunidades para obtener el derecho de paso para extender su poderío en los territorios, sin beneficio real a la población por donde pasa dicho cableado que en muchos lugares carecen del servicio eléctrico.

Únicamente están pagando los lotes de una cuerda cuadrada en donde instalan las torres, entre 3,000 a 5,000, terrenos que fueron adquiridos hasta 6 veces más que este precio impuesto. Con la advertencia de que si no venden serán encarcelados ya que están violando el Acuerdo Gubernativo 145-2013 que carece de marco legal y contiene serias inconstitucionalidades.

De igual forma en donde pasan los cableados del PER o PET no pagan la servidumbre, es decir el derecho de paso de los cables sobre los terrenos de los vecinos, únicamente pagan Q1.50 por metro lineal, obligando a firmar un contrato en el que se ceden por completo dichos derechos, con la esperanza de que los incluyan en los proyectos asistencialistas que prometen las empresas constructoras.

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Un comunicado y dos campos pagados muestran como los poderes del Estado se conjugan para obviar las demandas sociales de la población.

Primero, un Comunicado de la Asamblea General de las Comunidades de Sacapulas con fecha 22 de septiembre de 2014, en la celebración del tercer aniversario de la Asamblea de Buena Fe del 20 de mayo de 2011 en la cual 28,209 personas dijeron NO a la explotación de los Bienes y Recursos Naturales en su municipio.

Sin embargo, 3 años 4 meses después son múltiples las violaciones y agresiones cometidas, no sólo en contra de la voluntad política expresada por la mayoría de la población durante la Consulta de Buena Fe, tal como lo manifiestan de nuevo en su comunicado: La Palabra la tienen los Pueblos.

Segundo, el Campo Pagado de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) en el cual se manifiesta con relación a:

• A la deslegitimación y criminalización de los líderes sociales que lucha por la defensa de la tierra, los recursos naturales y los derechos colectivos.

• Por la impunidad con la cual las empresas han venido acaparando tierras en el norte del país para el cultivo de la palma aceitera, en contradicción de acuerdos internacionales firmados por el Estado guatemalteco, con la consecuente depredación de los bosques, la contaminación de los ríos y su desvío ilegal.

• La exigencia de la independencia de poderes.

• Y la necesidad de urgencia nacional de que el Congreso de la República apruebe la Iniciativa de Ley 4084, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, largamente postergada.

Como podemos darnos cuenta las Leyes y/o Decretos toman el carácter de urgencia nacional cuando favorecen a las grandes empresas y/o a los intereses del Gobierno, tal como se afirman en varios de los artículos contenidos en este boletín.

Tercero, el Campo Pagado de la Convergencia por los Derechos Humanos, compuesta por diez organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y colectivos, que hacen con relación a la resolución de la Corte de Constitucionalidad de fecha 19 de noviembre de 2014 que Confirma la elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

Resolución en la cual se avala el proceso ilegítimo de elección de las autoridades del Organismo Judicial, a pesar de que a lo largo de todo el proceso se hicieron evidentes todos los vicios en lo mecanismos de negociación, a través de los cuales lo que se garantiza es un pacto de impunidad, lo que en la práctica da como resultado una resolución que en sí constituye la destrucción del Estado de Derecho.

COMUNICADOS

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COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Guatemala es el país con menos avances respecto al desigual acceso a tierra. Estimaciones hechas por el PNUD sobre la base del censo del 2003 el coeficiente de GINI de concentración de la tierra es de 0.78. En términos absolutos: el 92,06% de los pequeños productores cultivan el 21.86%; al contrario, el 1,86% de los grandes productores ocupan el 56,59% de la superficie. Esta situación se agrava con las mujeres ya que sólo 11% accede a la tierra vía compra en comparación con el 89 % de hombres.

En los últimos 64 años, en Guatemala se han experimentado varios intentos de redistribución y/o distribución de la tierra. Particularmente significativo fue el intento de reforma agraria impulsado durante el gobierno del Presidente Jacobo Árbenz a través del conocido Decreto 900 “Ley de reforma agraria”, único intento real de redistribución de la tierra.

El clamor por la tierra se fortalece y la institucionalidad para responder a esta demanda se debilita. FONTIERRAS no tiene capacidad de respuesta a más de 500,000 solicitudes de la cuales sólo han atendido 20,150 casos, el arrendamiento de tierras sólo beneficia a grandes terratenientes y el endeudamiento agrario crece, con lo que se ha demostrado el fracaso de la Reforma Agraria Asistida por el Mercado. La Secretaría de Asuntos Agrarios neutraliza las demandas de tierra y no ejerce su papel de autoridad para resolver los conflictos, además carece de autoridad para plantear e implementar una política agraria que transforme la estructura agraria. Por su parte, el Registro de Información Catastral carece de un rumbo favorable a las comunidades indígenas y ha contribuido al acaparamiento de las tierras.

Debido a esta situación, desde el año 2004 al 2013 el número de conflictos reconocidos por el Estado ha aumentado en un 44,3%: de 972 a 1403, registrando un promedio 1,425 conflictos agrarios vigentes. La conflictividad implica a 1,177,332 personas en un área territorial de 345,743.45 has.

La situación se agrava porque el Estado de Guatemala avala el acaparamiento de tierras para la expansión de monocultivos de caña de azúcar (300,000 has) y palma africana (150,000 has), entre otros monocultivos que afectan la tenencia, propiedad y uso de la tierra para la producción de alimentos, convirtiendo los territorios considerados como graneros del país en zonas agroindustriales, además de su empeño en la minería, hidroeléctricas y megaproyectos sin cumplir con los mecanismos de consultas.

En ese escenario, y siendo la agricultura una actividad fundamental para la vida, se agudizan los procesos de descampesinización, despojos, desplazamientos y expulsión de las comunidades de sus territorios, pese a que proveen el 70% de los alimentos que se consumen en el país. Lo más preocupante es que las luchas por la defensa del territorio se criminalizan, incrementándose las órdenes de captura contra el liderazgo comunitario y continuando el uso de la violencia, la intimidación, amenazas y los desalojos violentos.

Prácticamente todo el territorio del país experimenta amenazas de megaproyectos, acaparamiento de tierras que, junto a los efectos del cambio climático, están mermando la capacidad de producir alimentos para la vida.

ANTE ESTE CONTEXTO LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, reunidas en el foro “Política Agraria, una demanda y un reto para Guatemala” realizado en la ciudad de Guatemala el 14 de mayo 2014

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DEMANDAMOS

Que cese la venta y concesión al capital transnacional y oligárquico de las regiones más productivas de nuestro país.

Detener la persecución, represión y encarcelamiento contra las y los dirigentes comunitarios y campesinos que luchan por la defensa del territorio y por el acceso a la tierra.

La moratoria de la exploración y explotación minera, hidroeléctricas.

Exigimos a los tres poderes del Estado que se respeten nuestros derechos históricos de posesión sobre la tierra y se facilite el acceso a ese recurso a la población que carece de él o que lo tiene en cantidad insuficiente para producir alimentos.

La reforma del código penal para suprimir el delito de usurpación agravada.

Urge la formulación de un código agrario y el establecimiento de tribunales agrarios y la fiscalía agraria.

Detener la criminalización de la lucha campesina y sancionar a los violadores de los derechos humanos, en los territorios donde se agudizan la conflictividad y los conflictos agrarios.

Reconocimiento de las comunidades indígenas y de sus sistemas de administración y gestión de tierras comunitarias.

El cumplimiento del artículo 40 constitucional referente a la expropiación con fines de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, y proceda a expropiar tierras ociosas y subutilizadas para dedicarlas a la producción de alimentos a efectos de atender los problemas de hambre y desnutrición crónica.

PROPONEMOS

Un modelo alternativo pertinente de acceso a la tierra que se sustente en la intervención directa del Estado a través de las adjudicaciones gratuitas; el reconocimiento y aceptación de los sistemas de tenencia y gestión comunal de la tierra de pueblos y comunidades indígenas; el establecimiento de “candados” (como podría ser la prohibición por un tiempo determinado de la venta de tierras adjudicadas) que eviten la pérdida de tierras recibidas en adjudicación frente a terceros (especialmente grandes terratenientes, empresas y corporaciones nacionales y transnacionales); la restitución de derechos, entre otros.

Un modelo basado en la transferencia gratuita de derechos de tenencia, podría tener un mayor impacto en la transformación de la estructura agraria prevaleciente altamente concentradora, reduciría la tensión y los conflictos producto de la principal contradicción en el agro guatemalteco, esto es, la contradicción latifundio-minifundio, y contribuiría a crear las condiciones para lograr el desarrollo integral de la población rural y la soberanía alimentaria.

Guatemala, 15 de mayo de 2014.

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COMUNICADO:DETENER LA PROVOCACIÓN Y EL TERROR

Ante varios hechos que denotan premeditación para provocar conflicto social, la Convergencia por los Derechos Humanos expone:

1. En la última semana se han producido varios hechos en los que se identifica un patrón de provocaciones encaminadas a la promoción de conflicto que justifique una acción represiva.

Destacan entre estos:

El miércoles 17 de los corrientes, durante la jornada de protestas organizada por movimientos de la defensa del territorio, un grupo de encapuchados intentó que los comunitarios que estaban en el cruce de Cubilhuitz-Salacuín, incendiaran las instalaciones de la Moscamed. Ante la negativa de los comunitarios, los encapuchados lanzaron piedras contra la oficina en cuestión, lo cual provocó la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual arremetió contra la comunidad.

El jueves 18, mientras que la Policía Nacional Civil presionaba a los manifestantes que estaban en uno de los puntos de la carretera en Camotán, Chiquimula para que terminaran la manifestación, presuntamente miembros de la seguridad dispararon en contra de los manifestantes e hirieron a varios miembros de la Policía. Eso provocó la reacción de la PNC en contra de la comunidad, al extremo de que capturó y consignó sin fundamento legal a la reportera comunitaria Norma Sancir y al laico y trabajador de Nuevo Día, Carlos Juárez así como a tres comunitarios más entre ellos, a una persona que arrestaron dentro de su propiedad, y arrojaron bombas lacrimógenas dentro de las escuelas.

El viernes 19 en horas de la tarde, según describen líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en la aldea Los Pajoques, un grupo de aproximadamente 15 hombres armados, empleados de la empresa cementera que intenta instalar una planta en el área, llegó e hizo disparos al aire. Hirieron a una persona de la comunidad quien murió al ingresar al hospital Roosevelt. Otra persona más falleció por heridas de bala, en el transcurso de la tarde. La población persiguió a los hombres armados y logró retener a cuatro de estos -el resto huyó del lugar luego de haber herido a varias personas, entre ellas a los fallecidos-. La comunidad demandó la presencia de la PNC, la cual nunca llegó al lugar pese a que, según declaraciones del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) había compromiso del director mismo de la policía de llegar al sitio. La población pretendía entregar a la PNC a los cuatro detenidos, sindicados de los disparos, las heridas y la muerte de las dos personas en la comunidad.

Sin embargo, pasaron varias horas y la PNC nunca llegó a la comunidad. Ante la ausencia de autoridad estatal responsable, la conflictividad aumentó al extremo de que fueron incendiadas casas y vehículos, por grupos que no se han identificado. Finalmente, en un acto igualmente repudiable, quienes retenían a los cuatro sospechosos de los crímenes, también ejecutaron a las personas que tenían en su poder, lo que eleva a seis el número de fallecidos.

2. Llama la atención que en todos los casos, pero particularmente en el de San Juan Sacatepéquez la noche del viernes y madrugada del sábado, las autoridades estatales, ausentes del lugar, sin mayor investigación inculpan a

18organizaciones defensoras del territorio. Ello, sin investigar en profundidad el patrón de acciones provocadoras

antes descrito.

3. Hace algunas semanas se señaló de la existencia de un fondo destinado a un grupo de ex miembros de las fuerzas armadas, así como civiles, que preparaban acciones en contra del movimiento social y de derechos humanos. La semana anterior, ante juez competente, el convicto Byron Lima Oliva confesó haber sido beneficiado con una vivienda obsequiada por la familia propietaria de la empresa que intenta instalar una fábrica de cemento en San Juan Sacatepéquez.

ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

Condena enérgicamente la muerte de seis personas en San Juan Sacatepéquez y demanda la investigación necesaria para deducir responsabilidades en las mismas. Expresa a las familias de las víctimas sus condolencias por la pérdida de sus seres queridos.

Exige tanto a la Procuraduría de Derechos Humanos como al Ministerio Público, la investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras identificado en los hechos de la presente semana, mismos que culminaron con la tragedia en San Juan Sacatepéquez. De igual forma le reclama deducir responsabilidades por incumplimiento de deberes a las autoridades del Ministerio de Gobernación y PNC cuya negligencia facilitó la muerte de los sospechosos de asesinato.

Requiere de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos (OACNUDH), el acompañamiento a los entes nacionales en la identificación del patrón denunciado y la integración de las redes vinculadas al mismo, dando seguimiento a las denuncias sobre las estructuras ilegales que funcionan en el lugar, realizadas hace cinco años a la CICIG.

Invita a las organizaciones y liderazgo comunitario a no aceptar acciones de provocación que buscan generar caos en detrimento del legítimo y genuino movimiento de resistencia y lucha por la defensa del territorio. Llama al movimiento social a cerrar filas en defensa de los derechos, libertades y garantías que hoy están en riesgo ante la embestida represiva del proyecto oligárquico-militar contra la democracia.

Guatemala,20 de septiembre de 2014

COMUNICADOLa Convergencia por los Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, Populares, Indígenas, Campesinas, de Mujeres y Ecuménicas, a la opinión pública nacional e internacional

Expresamos:

Nuestra profunda preocupación por los ataques en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, los cuales buscan minar su credibilidad y revertir los avances en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Su indignación ante los recientes fallos emitidos en el proceso penal en contra del ex Director General del

19Sistema Penitenciario, por parte de la Juez Patricia Flores, al eliminarle el delito de ejecución extrajudicial y dejarle únicamente el de asociación ilícita, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en el proceso penal, que demuestran la presencia de Alejandro Giamattei y de Carlos Vielmann, ex Ministro de Gobernación, antes, durante y después de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en la toma de la Granja Penal de Pavón, el 25 de septiembre de 2006.

Su indignación ante el amparo provisional emitido el 19 de noviembre, por la Corte de Constitucionalidad el cual provisionalmente deja sin efecto la extradición del señor Carlos Vielman, de España a Guatemala, por las ejecuciones extrajudiciales dentro del mismo proceso que se le sigue al ex director general del Sistema Penitenciario. Nuestro enérgico rechazo a las dos decisiones judiciales indicadas, porque constituyen resoluciones abiertamente ilegales y favorecen intereses de los grupos y estructuras paralelas que operaron y ejecutaron extrajudicialmente a más de dos mil personas, bajo el gobierno de Oscar Berger.

Tales fallos son ejemplos contundes y demuestran la influencia del poder económico y de sus cuerpos de seguridad ilegales, en el aparato de administración de justicia para buscar garantizarse y garantizar impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos e instrumentalizar a las instituciones de justicia haciéndolas inoperantes y con poca capacidad para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los guatemaltecos.

Con base en lo anterior, exigimos:

A la Corte Suprema de Justicia, la inmediata investigación administrativa en contra de la juez Patricia Flores, ya que la resolución que emitió en favor del señor Alejandro Giamattei, para eliminarle el delito de ejecución extrajudicial, es un acto ilegal, arbitrario y que genera impunidad por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la toma de Pavón el 25 de septiembre de 2006.

Al Ministerio Público, iniciar las acciones de antejuicio en contra de la juez Patricia Flores, ya que las pruebas contundentes presentadas en el juicio que se sigue al ex Director General del Sistema Penitenciario, demuestran la presencia del ex funcionario indicado y del señor Carlos Vielman, ex Ministro de Gobernación, en el lugar de los hechos, antes, durante y después de la toma de la granja penal de Pavón. A pesar de ello la jueza decidió arbitrariamente y sin razonamiento alguno, eliminarle el delito de ejecución extrajudicial al ex director general del sistema penitenciario, lo cual constituye flagrantemente delito de prevaricato, el cual es castigado por el Código Penal con penas de 2 a 6 años de prisión.

A la Corte de Constitucionalidad, que corrija la resolución que amparó provisionalmente al señor Carlos Vielman para no ser extraditado a Guatemala, ya que de quedar firme dicho fallo, se generaría impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron con las ejecuciones extrajudiciales en la toma de la granja penal de Pavón, ocurridas en septiembre de 2006; demostrando que dicha Corte es parte de la estructura de impunidad en Guatemala.

Al Presidente de la República a solicitar y garantizar la ampliación del mandato a la CICIG, en tanto instrumento básico de lucha contra la impunidad en Guatemala y en el desmantelamiento e investigación judicial de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Reiteramos nuestro apoyo a la CICIG y llamamos a la sociedad guatemalteca, sus expresiones organizadas, en particular a las víctimas de la violencia, a pronunciarse en contra de resoluciones judiciales arbitrarias y al margen de la ley, que vulneran el frágil estado de derecho, atentan contra la garantía de justicia pronta y cumplida y favorecen a los perpetradores de crímenes violentos.

NINGÚN CRIMEN DEBE QUEDAR SIN CASTIGONINGÚN CRIMINAL DEBE GOZAR DE IMPUNIDAD

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El territorio es el espacio en donde se desarrolla la vida de los pueblos, la memoria y la palabra constituyen el tiempo por donde camina este espacio. Entretejiendo el tiempo y el espacio se establece el territorio.

A lo largo de la historia, los pueblos han avanzado en su territorialidad recorriendo montañas, valles y cuencas desde la época del protomaya buscando poblar las tierras altas, medias y bajas, intentando generar el sustento para la población. Buscando siempre la relación armónica con su entorno, caminaron refundando sus comunidades a medida que fueron expandiendo sus posibilidades de intercambio cultural y lingüístico, así como de sus relaciones políticas y comerciales.

Cada uno de los pueblos asentados en corredores estratégicos naturales y en ciudades geográficamente convenientes para la reproducción de la vida, conocerán cinco reordenamientos territoriales en su larga historia de 500 años de desplazamiento y usurpación de sus tierras.

El primero de estos ordenamientos territoriales fue el que se dio por el año de 1568 durante la invasión española por mandato del rey Felipe II, que mandó a concentrar a la población para evitar la usurpación de las tierras baldías, teóricamente de propiedad real.

EL REORDENAMIENTO TERRITORIALNO ES COSA NUEVA

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El resultado fue la promulgación de varias cédulas en 1591, llamadas “de composición”, que dieron origen a un largo proceso de titulación formal de las tierras de españoles e indios. Esto dio lugar a los llamados pueblos de indios o cabeceras de doctrina, que fueron aldeas de indígenas que existieron durante la invasión española de América. Que se idearon para realizar un cobro más eficiente de los tributos; para aumentar el control y aculturación de la población sometida, mediante la prédica cristiana; y para asegurar la concentración de la mano de obra disponible.

La política de concentración de las etnias sometidas en villas se limitó en muchos casos a entregar un reconocimiento jurídico o relocalizar a poblados ya existentes. En otras ocasiones los pueblos de indios fueron concentraciones de población dispersa en asentamientos designados. La política de pueblos de indios, complementada con las reducciones, fue apoyada por una parte del clero católico, que vio en ella un instrumento frente al abuso de la mita minera (trabajo forzado de extracción de oro) y el desacreditado sistema de encomienda, acusado de haber sido convertido por los encomenderos en un método solapado de enriquecimiento y explotación.

El segundo gran ordenamiento territorial se empieza a gestar en la víspera de la “independencia” criolla colonial en 1773, cuando llegaron las primeras plantas de café a Guatemala, como resultado de una iniciativa desarrollada por sacerdotes jesuitas. Años después el 15 de septiembre de 1821 se dio la independencia de España, un movimiento esencialmente elitista, en donde los pueblos originarios no tuvieron ninguna participación ya que no supuso una mejora de las condiciones generales de vida del pueblo; antes bien, fue promovida fundamentalmente por la élite económica de la región para poder enriquecerse.

Es en 1871 con la reforma liberal de Justo Rufino Barrios que se empieza a concretar este segundo ordenamiento territorial, que expropia varias porciones de tierra a la corona, a la iglesia y estas pasan a manos de terratenientes que se dedicaban a expandir el cultivo de café, algodón, banano, caña de azúcar, etc.

Para 1882 Barrios firma en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el “Tratado Herrera-Mariscal” de límites con México, mediante el cual Guatemala renunciaba a toda pretensión sobre la región de Soconusco y a sus créditos contra México, sin recibir compensación alguna por ello. Barrios somete a los indígenas a más trabajos forzados.

En la historia de Guatemala tiene lugar un intento frustrado de ordenamiento territorial en 1952, cuando se expropian tierras, entre ellas las de la empresa bananera estadounidense United Fruit Compay, durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán (1950-1954) con la emisión del Decreto 900 o Ley de Reforma Agraria, que años después tras su derrocamiento y con la población en plena migración interna, las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios.

Un tercer reordenamiento tiene lugar con la emisión del Decreto 60-70 y su entrada en vigencia, con él se conforma lo que hoy se conoce como la Franja Transversal del Norte y que se complementa con el proyecto 502 de colonización de las tierras de Ixcán y El Petén durante el gobierno del General Carlos Arana Osorio (1970-1974).

Estos últimos son llamados por algunos sociólogos como los decretos de la guerra, ya que esto dio pie a formular los planes de desarrollo de los años setenta e inicio de los ochenta, concluyendo para el año 1981 ya en pleno desarrollo de la guerra y de las operaciones de desplazamiento de “tierra arrasada” y la política de “quitar el agua al pez” que desplazó a muchas comunidades de sus lugares de asentamiento por la persecución y las masacres, lo que dio lugar a un cuarto ordenamiento del territorio forzado por las armas, que se

22complementó con los llamados Polos de Desarrollo y la conformación de sus dos principales componentes: las aldeas modelo en donde se recibían adoctrinamiento y la creación de las Patrullas de Autodefensa Civil.

De cada reordenamiento territorial con el consiguiente desplazamiento de población, el expolio de sus recursos naturales, la usurpación de sus tierras y un fuerte componente de adoctrinamiento ideológico ya sea político, religioso o cultural, ha evolucionado a tener la Guatemala que hoy tenemos y conocemos.

Es así como después de la firma de la paz, de los programas gubernamentales y no gubernamentales de amortiguación de los golpes de la guerra, las privatizaciones que continuaron con la electrificación, la telefonía, la seguridad y el ajuste estructural receta del Banco Mundial, del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fondo Monetario Internacional, llega a nosotros el Plan Puebla Panamá PPP hoy llamado Plan Mesoamérica y los Tratados de Libre Comercio TLC.

Esta historia de nuestras tierras aunque se dice fácil no lo es, nos enfrentan al quinto gran reordenamiento territorial, con el cual la iniciativa privada nacional en contubernio con las empresas transnacionales y los gobiernos, han promovido programas como el Programa Nacional de la Competitividad PRONACOM (Acuerdo Gubernativo 21-2008) durante el gobierno de Oscar Berger a 5 días de la toma de posesión de Álvaro Colom.

Este programa consensuó la “Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, avances y retos”, iniciativa que se ha venido atrasando por la resistencia de las comunidades y por la poca estabilidad en la inversión, razón por la que tiempo después le llamaron ingobernabilidad. Agenda con la que se impulsa el aumento de las licencias mineras, petroleras y vinculado a estas la especulación de la demanda energética que viabiliza la reconversión del modelo extractivo en Guatemala creando para ello la “Agenda Nacional de Competitividad 2012-2021”.

Esto dio paso para la elaboración de la Guía del Inversionista Minero en el 2007, los Planes de Expansión del Sistema Eléctrico Guatemalteco en el 2008, la Guía del Inversionista Hidrocarburos (petróleo) en 2010, todos por el Ministerio de Energía y Minas, así como la siembra del monocultivo de palma africana en el sur de Petén y en el Valle de Polochic en Agosto de 2011 generando éste último el desplazamiento de 700 familias q’eqchies.

Otras tantas leyes fueron aprobadas durante la gestión de los últimos gobiernos, leyes emitidas especialmente para generar estabilidad y viabilidad a la inversión extranjera: Ley de Inversión Extranjera, Ley de Zonas Francas, Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y Maquila, Ley de Libre Negociación de Divisas, Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica o Ley de Alianza Público Privada.

Desde el año 2012 SEGEPLAN creó el Sistema Nacional de Planificación desde el Consejo Nacional de Planificación y es así como se emiten 334 Planes de Desarrollo uno para cada Municipio de los 22 departamentos y 5 Planes de Desarrollo Regional llamados, Peten, Pacífico, Occidente (pendiente), Franja Transversal del Norte e Interoceánico (pendiente).

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Ya para el 2013 el gobierno de Otto Fernando Pérez Molina pública la política energética 2013-2027 a la par de la emisión de acuerdos gubernativos que declaran de urgencia nacional la construcción de los 5 anillos de interconexión eléctrica llamado Plan de Expansión del Transporte PET (Hidráulico, Atlántico, Metropolitano, Oriental y Occidental) y el programa de electrificación Rural PER con el Acuerdo Gubernativo 145-2013 otorgan la concesión a la empresa TRECSA. Del mismo modo de urgencia nacional se declaró la construcción del Corredor Interoceánico con el acuerdo gubernativo 270-2013 ambos presentando serias inconstitucionalidades pues atentan contra la misma Constitución Política de la República.

Después de ello Invest Guatemala, una entidad gubernamental dispone que toda la matriz energética debe colocarse en el mercado internacional. En junio realiza una actividad llamada “Investment Summit Guatemala 2013” en donde pretende que salgan a la bolsa de Estados Unidos todas las licencias y prospecciones energéticas a futuro.

Todo esto en su conjunto ha logrado concretar un plan llamado “K’atun Nuestra Guatemala 2032” promovido por Segeplan que es la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que toma en cuenta los Objetivos del Milenio y la Agenda de Desarrollo POST-2015 en donde hace referencia a que todas las leyes, todos los tratados de libre comercio, todas las prospecciones energéticas, infraestructura, etc., están listas para enfrentar la creciente población guatemalteca de 15 millones que somos actualmente, calculando que seremos 22.5 millones en el 2032.

Proyectando que la constitución de la población será mayoritariamente joven 40%, urbana 80%, territorio rural ordenado, comunicado y tecnificado, con una tasa de violencia tendiente a la baja de un 40% a un 17% en el 2032, con una disminución de la desnutrición de un 39 a un 19% para el 2032, que los ingresos mejorarán de un 3.5% actualmente a un 6.0% para el 2032 todo esto promovido por los motores estratégicos desarrollo industrial y economía verde.

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SEGEPLAN en el gobierno de Colom todavía hablaba de “Polos de Desarrollo” cuando se refieren a las áreas de crecimiento poblacional, de la misma forma como lo llamaron en la década de los años 70. Pero ahora se llamarán “NODOS” ya que Guatemala ocupa una posición geopolítica estratégica para el mercado mundial en donde las ciudades de Guatemala, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Ixcán, Cobán, Petén, Poptún, Puerto Barrios, Zacapa y Jutiapa serán los NODOS urbanos centrales del desarrollo y por lo tanto con infraestructura, desarrollando actividades extractivas y un ordenamiento territorial según las dinámicas que presenten las relaciones económicas e industriales extractivas prospectadas para cada región.

Por último SEGEPLAN ha publicado un plan nacional de reordenamiento territorial llamado “Katun 32”, que básicamente propone la concentración de la población en Nodos de desarrollo, lo que en años anteriores habían manejado como polos de desarrollo. Estos nodos pretenden que para el año 2032 la población guatemalteca habrá aumentado a 22 millones de personas y que 15 millones vivirán en centros urbanos o nodos.

También contemplan toda una serie de infraestructura de interconexión del mercado extractivo, agrícola y forestal. En donde pretenden que los indicadores de pobreza, desempleo, desnutrición, analfabetismo mejoren de forma significativa, sin mencionar la movilidad que este reordenamiento territorial traerá a la población y las áreas adyacentes de influencia para los respectivos planes regionales, que no es más que el aumento de la migración interna y externa, hacia fuentes de trabajo precario.

Segeplan intenta con el Katun 32 absorber como “política de gobierno” todo el reordenamiento que provocan las empresas y sus propias dinámicas comerciales de acumulación del capital nacional y extranjero, en una visión social del país, olvidando que el Estado no posee el control de la economía, sino bancos y consorcios son los que deciden el futuro de la vida económica de nuestro país.

25Con esto vemos que los territorios de los pueblos indígenas están siendo nuevamente tocados por los intereses económicos. Vemos que hasta el momento el desarrollo prometido lo han obtenido los mismos pueblos por el propio esfuerzo de cada familia que ha migrado a trabajar hacia el corte de cultivos de exportación, o migrante al extranjero para obtener mayor ingreso para su familia y de su producción local.

Los territorios de los pueblos nuevamente han sido irrumpidos, es así como el territorio ixil llegaba hasta la sierra Lacandona, con la colonia y posterior independencia este fue cortado por la definición de la frontera del país en 1882, territorio que abarcaba los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, con la creación del municipio del Ixcán en 1985 este se vio mermado nuevamente en condiciones de desplazamiento por la guerra y estableciendo así la territorialidad de la Franja Transversal del Norte dentro del proyecto político económico militar. Nuevamente los intereses empresariales, colocan como área de influencia directa la parte norte del municipio de Nebaj y Chajul delimitada ahora por el anillo hidráulico de interconexión eléctrica.

Según el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el territorio indígena incluye “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Así, por ejemplo, la legislación colombiana define como territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.

Además del Convenio 169 de la OIT, diversos instrumentos de derecho internacional reconocen y regulan los derechos territoriales de los pueblos indígenas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dentro de este marco, diferentes legislaciones nacionales tienen normas concretas sobre los territorios indígenas, que en algunos casos tienen un carácter constitucional, como es el caso actualmente en varios países de América latina.

En Guatemala, los artículos 58 sobre identidad cultural, 66 sobre la protección a grupos étnicos, 67 sobre protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas y 97 sobre medio ambiente y equilibrio ecológico, marcan los cuatro rumbos constitucionales en donde se fundamenta legalmente la lucha de los pueblos indígenas para que el Estado reconozca, respete y promueva sus formas de vida, costumbres, tradiciones y organización.

La lucha de los pueblos que habitan en Guatemala ha promovido varias movilizaciones, más de 73 consultas comunitarias a la fecha, cientos de interpelaciones a ministros y funcionarios públicos municipales, en fin una serie de actividades enmarcadas en ley que tratan de frenar la conflictividad provocada por el gobierno al otorgar las licencias extractivas y la creciente invisibilización de la voz popular.

Este es un recuento de como los guatemaltecos hemos pasado por diferentes reordenamientos territoriales que tienen su lógica en el modelo de acumulación imperante, es decir si antes teníamos que tributar a la corona en ORO, luego lo hicimos al Estado en moneda para mover la economía y nuevamente volvemos a explotar ORO para sufragar las necesidades voraces del capital globalizado.

Por lo cual es necesario adentrarse en cada uno de los aspectos locales y regionales que le dan forma a esta información y analizarla y compartirla con los vecinos y vecinas dentro de nuestros colectivos comunitarios para la búsqueda de una respuesta en común:

¿Cuál es el verdadero desarrollo que queremos para nuestras familias?

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LA RESTITUCIÓN DE LA TIERRA El caso de las 14 comunidades de TZALBAL, NEBAJ, QUICHE

LOS ACUERDOS DE PAZ

Las poblaciones desarraigadas por el conflicto armado interno son aquellas que fueron forzadas a abandonar sus lugares de residencia habitual por causas de la guerra interna que vivió Guatemala entre 1960 – 1996, habiendo ocurrido el mayor desplazamiento forzado entre 1981 y 1984. Las poblaciones desarraigadas comprenden a refugiados fuera del territorio nacional, retornados y repatriados, desplazados interno, las Comunidades de Población en Resistencia, las viudas y huérfanos por causas del enfrentamiento armado.

Distintas organizaciones no gubernamentales documentaron en la década de los 80 el desplazamiento forzado de cerca de un millón de guatemaltecos. Una encuesta realizada en 1997 por la CTEAR-FNUAP-CEAR aportó el dato de 324,187 personas que se reconocen como desarraigadas por causas del conflicto armado en 17 departamentos del país.

Se recapitulan a continuación los compromisos relativos a la tierra contenidos en el Acuerdo para el Reasentamiento de la Población Desarraigada, firmado por el gobierno de Guatemala el 17 de junio de 1994.

Atención Especial: “Principios 3. Las poblaciones desarraigadas merecen una aten ción especial, por las consecuencias que el desarraigo tuvo en ellas, mediante la ejecución de una estrategia global de carácter excepcional que asegure, en el plazo más breve su ubicación en condiciones de seguridad y de dignidad y su libre y plena integración a la vida social, económica y política del país.”

Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra: “Garantías 8. Un elemento esencial para el reasentamiento es la seguridad jurídica en la tenencia (entre otros, uso, propiedad y posesión) de la tierra. Al respecto, las Partes reconocen la existencia de un problema general que afecta en particular a la población desarraigada. La inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra tiene una de sus manifestaciones principales en la dificultad para ofrecer los medios de prueba sobre los derechos correspondientes. Ello deriva, entre otros factores, de problemas registrales, de la desaparición de los archivos del Instituto Nacional de Transformación Agraria, de la debilidad institucional de los organismos especializados y de las municipalidades; de la vigencia de derechos sustentados en esquemas consuetudinarios de tenencia y medición; de la existencia de segundos ocupantes o de la cancelación de derechos sobre la base de la aplicación improcedente de las disposiciones relativas al abandono voluntario.”

“Garantías 9. En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno se compromete a revisar y promover las disposiciones legales que eviten considerarlo como abandono voluntario y ratifica la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra. En este contexto, promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscará soluciones compensatorias adecuadas.”

En el proceso de la Firma de la Paz el acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria, profundiza y dispone sobre la temática de la tenencia de la tierra, dado que fue esta una de las causas del levantamiento insurreccional guatemalteco y sigue siendo hoy día uno de los principales problemas a resolver en el país.

Esta temática ha sido abordada recientemente por organizaciones campesinas en la Iniciativa 40-84 Ley de

27Desarrollo Rural Integral, la cual la Cámara del Agro y la Cámara de Industria ejercen una fuerte presión para que no sea aprobada en el Congreso de la República de Guatemala.

En el acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria se establece en el artículo sobre Resolución expedita de los conflictos de tierra (incisos f y g), lo siguiente:

“f) Establecer y aplicar procedimientos judiciales o no judiciales ágiles para dirimir los litigios sobre tierra y otros recursos naturales

ii) Restituir o compensar, según el caso al Estado, las municipalidades, comunidades o personas cuyas tierras hayan sido usurpadas, o que con abuso de autoridad hayan sido adjudicadas de manera anómala o injustificada.

g) Regularizar la titulación de las tierras de las comunidades indígenas y de los beneficiarios del Instituto Nacional de Transformación Agraria que poseen legítimamente las tierras otorgadas;”

El inciso “g” apoya legal y políticamente la gestión del Fondo de Tierra quien asumió la regulación de todas las anomalías que el militarizado Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) dejó, luego de su desaparición en el año 1997. La regularización de las tierras de Nebaj motivó la visita de dicha institución a la aldea de Tzalbal y Acul.

Fue así como el 3 de mayo de 2011 llegó a la comunidad de Tzalbal el delegado del Fondo de Tierras Santos Guadalupe, con una notificación informándole a la población que: “Ustedes están viviendo de prestado, porque sus tierras están a nombre de La Nación”

Fuete: Carta del Fondo de Tierras a la Comunidad de Tzalbal

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Mapa INTA: “Área para el asentamiento de la Comunidad TZALBAL”

EL DESPOJO

La desmembración de las tierras de Tzalbal del título ejidal de “Santa María Nebaj” finca número 3022, folio 260, libro 16 del departamento de Quiché fue realizada el 11 de mayo de 1984. Se desmembraron 33 caballerías conformando así la finca número 8694, folio 92, libro 29 en favor de “La Nación”.

En 2 de noviembre de 1983, por medio del Acuerdo Gubernativo No. 771-83 el gobierno acordó la creación de la “Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amajchel, Tzalbal, Río Azul, Actzumbal, y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de El Quiché”. Acordando realizar un levantamiento topográfico del área, así como una identificación de los propietarios de tierras, levantamiento de planos, delimitación de las parcelas y su adjudicación, aunque en realidad nunca se las adjudicaron a nadie.

El alcalde de aquel entonces señor Jacinto de Paz, recuerda muy bien como el ejército lo presionó para que desmembrara en el año de 1983 la tierra de Acul y la tierra de Tzalbal en 1984. Esta presión se realizó en los contextos en donde el pueblo de Nebaj se encontraba casi deshabitado, toda la población se habían desplazado a las montañas y todas las instancias de gobierno se encontraban dirigidas por militares.

“Me dieron un culatazo en la cabeza, luego vi como sacaban arrastrado al secretarios municipal de aquel entonces. Me dijeron que me alistara para salir de viaje, yo creí que me iban a desaparecer.”

En este mismo día el señor Jacinto de Paz fue llevado en avión desde La Pista de Nebaj, rumbo hacia el aeropuerto La Aurora en Guatemala, Capital. En el mismo aeropuerto fue conducido a las oficinas del INTA llamadas “El Hangar”, que estaban bajo custodia del Agrupamiento Táctico Militar en donde se realizaban la mayoría de las gestiones de tierra de la Franja Transversal del Norte. Luego viajó rumbo a la pista de Quetzaltenango a la que le llevaron un libro del Segundo Registro de la Propiedad para que allí firmara la sesión de tierra a favor de La Nación.

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Fuente: Municipalidad. En la foto aparecen Efraín Herrera, Germán Herrera SECRETARIO, Jacinto de Paz ALCALDE, Pancho Carranza CORONEL, Vicente García Cano VICE ALCALDE

Durante los años del conflicto armado diversas familias originarias de Tzalbal fueron capturadas, concentradas y reasentadas por el ejército en la aldea modelo de Tzalbal. Años más tarde también fueron regresando a sus comunidades de origen algunos grupos que se encontraban en situación de desplazamiento, como fue el caso de las familias que conformaban las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) que retornaron a su origen a pesar de la prohibición de la Organización Internacional de Migrantes (OIM) de las Naciones Unidas (ONU) y del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) quien en su momento era funcionario el ex presidente Álvaro Colom. Es indudable que estas organizaciones así como el gobierno de entonces conocían perfectamente que dicha tierra había sido nacionalizada, pero este hecho nunca fue informado o aclarado ante la población de Tzalbal y muchas otras comunidades en el departamento de Quiché.

MOVILIZACIÓN COMUNITARIA

En diversos encuentros comunitarios, las comunidades de Tzalbal fueron reconstruyendo, recuperando y validando colectivamente en el espacio y en el tiempo, la historia de las mediciones de sus tierras por parte del ejército y del extinto INTA, el nombre de los oficiales de quienes dieron las órdenes de medir, las masacres realizadas por ejército, el desplazamiento de casi la totalidad de su población, la tierra arrasada de las operaciones contrainsurgentes, así como la concentración militar forzosa en la llamada aldea modelo, la aldea modelo de Tzalbal.

Alarmada la población de Tzalbal por las noticias que dio el Fondo de Tierra el día 10 de mayo del año 2011 realizaron seguidamente tres encuentros intercomunitarios. El día 27 de mayo 2011 se realizó un cuarto encuentro masivo por parte de las comunidades, con el objetivo de buscar más información e información segura.

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Fuente: Unidad de cartera y sección de catastro del Fondo de Tierras

Catorce comunidades parecen ser las afectadas por la nacionalización de las tierras y en este día se formó una comisión representativa de estas catorce comunidades. Al mismo tiempo decidieron buscar asesoría política y acompañamiento jurídico que lo encontraron con el Licenciado Ramón Cadena director de la Comisión Internacional de Juristas.

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Para el mes de agosto del mismo año se conoció por medio de un estudio registral catastral en el Segundo Registro de la Propiedad en Quetzaltenango, la existencia de 50 desmembraciones de la tierra ejidal de Nebaj, 35 de ellas en el 2011 efectuadas por el ex alcalde Virgilio Bernal Guzmán.

También se pudo obtener el título ejidal de Nebaj, inscrito en el Segundo Registro de la Propiedad en el año 1902 que asienta a la municipalidad y a los vecinos de Santa María de Nebaj como los copropietarios de los 608 kilómetros cuadrados que conforman el título ejidal y la totalidad del municipio.

Esta información alimentó el entendimiento de la población ixil, al comprender que la lucha de sus abuelos por la inscripción de la tierra en el registro de la propiedad no fue en vano y que había que luchar de la misma forma para recuperar la tierra e inscribirla nuevamente en el ejido, sin estar desprotegidos o apartados de los demás.

Foto: Noviembre 2011 Salón Comunal de Tzalbal, Nebaj

Basados en dicha información el 6 de noviembre de 2011 convocaron a una Asamblea General de las 14 comunidades que conforman Tzalbal, en orden a tomar decisiones colectivamente. El resultado de dicha asamblea intercomunitaria fue el de conformar la Comisión de Tierra integrada por 2 delegados por comunidad afectada, así como emitir un comunicado para dar a conocer a la comunidad nacional e internacional, la municipalidad y otras comunidades de Nebaj, el robo de las tierras de Tzabal que ejecutó el gobierno y el ejército en el año de 1984 por la fuerza de las armas.

También acordaron que iban a dialogar con el Estado en un tiempo definido y que no iban a negociar la tierra. Que la mejor figura jurídica para la devolución de la tierra es la llamada “RESTITUCIÓN”, ya que se encuentra contenida en los Acuerdos de Paz. Que en el proceso de restitución no haya intermediarios que dividan a la población, ni que tengan la intención maliciosa de medir la tierra, ya que los límites que establece el mapa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no corresponden al territorio de las 14 comunidades reasentadas, sino que excede al mismo.

Luego de esta importante asamblea intercomunitaria se acercaron a su municipalidad preocupados por este problema del tiempo de la guerra y que nunca se imaginaron que nuevamente surgiría para causar incertidumbres en la población.

La municipalidad en actual gestión del profesor Pedro Raymundo Cobo, llegó a Tzalbal a escuchar los planteamientos y a tomar una decisión en conjunto con la población. El alcalde acogió con buenos ojos la postura de las comunidades y declaró procedente dicha solicitud, emitiendo el Acuerdo Municipal número 042-2012 con fecha 12 de julio de 2012.

32INSTANCIAS GUBERNAMENTALES

Juntamente con el abogado de la Municipalidad y el abogado de las comunidades concretaron una reunión con el Fondo de Tierras y Secretaría Agraria el 28 de febrero de 2013, en donde expusieron la situación y el Fondo de Tierras informó que la tierra si se asignó, pero nunca se adjudicó y ni mucho menos se entregó. Durante la misma, 29 años después, el Fondo de Tierras informó que el INTA emitió el 10 de mayo de 1984 el Acuerdo 08-84 que adjudica a 238 campesinos que conforman la comunidad de “Tzabal”, el terreno cedido a la Nación en calidad de Patrimonio Agrario Colectivo, pero esta nuca se llevó a cabo.

Foto: Acuerdo 8-84 del INTA en resguardo del fondo de Tierras

Ante esta nueva información, oculta a los ojos de las 14 comunidades de Tzalbal y la municipalidad les resulta anómalo que este acuerdo fuera emitido el 10 de mayo, un día antes de dicha desmembración. Es decir jurídicamente es imposible adjudicar una finca antes de que esta sea creada.

La nueva información alertó a los pobladores que nuevamente regresaron a las comunidades a consultar con el pleno y determinaron que este listado era un listado emitido por el ejército para controlar a todas las personas de la aldea modelo. Dicho listado se leía todas las mañanas y todas las tardes por los oficiales destacados en la base militar localizada en Tzalbal y el que no comparecía cuando era llamada después era asesinado acusado extrajudicialmente.

Determinaron que de este listado había algunas personas fueron ejecutadas por el ejército, otros se murieron por enfermedad, otros se huyeron de la aldea modelo y muchos regresaron a vivir a sus lugares de origen en donde habían sido capturados y posteriormente concentrados por el ejército en la aldea modelo de Tzalbal. También determinaron que hay muchos nombres repetidos, todos ellos sin número de cédula y además no contiene la totalidad de las personas que regresaron a vivir nuevamente a sus tierras en Tzalbal años después.

Se reprogramó la próxima reunión el 4 de julio de 2013 en donde se definirá el proceso de diálogo con autoridades del Fondo de Tierras y Secretaría de Asuntos Agrarios al más alto nivel con capacidad de decisión sobre esta problemática.

33Y fue así que se dieron una, dos, tres, cuatro y en la quinta reunión del 18 de febrero de 2014 fue que se hicieron presentes Registro de la Propiedad con su delegada Conchita Mazariegos, Escribanía de la Nación y la Procuraduría General de la Nación además de Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras. La delegada Mazariegos informó que el presidente estaba anuente a dicho proceso y había voluntad política de que “la devolución de la tierra, fuera lo más pronto posible”.

Las comunidades expresaron nuevamente sus requerimientos para la restitución y que fuese “un proceso sin mediciones, sin intermediarios, sin condiciones y sin divisiones”. Continuaron “el robo de la tierra lo hicieron con violencia militar, no hubo consulta a la población como copropietaria del ejido y en situación de desplazamiento de la población originaria, ya que se encontraba huyendo de las masacres cometidas por el ejército en la región ixil”.

A pesar de las afirmaciones tan delicadas presentadas por la población ese día, el Fondo de Tierra y la Secretaria de Asuntos Agrarios mantuvieron su postura que no fue un robo, sino una “cesión a título gratuito” de la municipalidad hacia el Estado y que no se puede comprobar que fue hecha por la fuerza, ya que no hay testigos.

Luego la licenciada Conchita Mazariegos, expresa que no hay forma de regresar la tierra, ya que la restitución como se pide actualmente no se puede hacer porque nunca se ha hecho un proceso similar de inscribir una desmembración, nuevamente al ejido municipal. También, expuso que la figura de vecinos, no es una figura jurídica válida para el Registro de la Propiedad, por lo tanto, no reconocerían la copropiedad que existe en este título ejidal.

El licenciado Ramón Cadena argumentó en esta reunión que la decisión de las comunidades está amparada por conveniros nacionales e internacionales y dijo: “que no existe voluntad política de los funcionarios de gobierno y que no quieran abocarse a los Acuerdos de Paz, al Código Municipal, al Convenio 169 de la OIT y otras leyes, eso ya se nota la malicia que existe por entorpecer este proceso al excluir al sujeto de derecho que es la municipalidad y los vecinos”.

Luego de un receso las partes se pronunciaron y Escribanía de la Nación expuso:

“Si existen los mecanismos legales para realizar una Unificación por Absorción, donde esta finca que fue desmembrada, puede volver a formar parte del ejido por la vía contractual. Sin embargo ustedes están eligiendo una forma de tenencia de la tierra deficiente, ya que ustedes no pueden gravar, enajenar, ni disponer de forma individual es decir, hipotecar, heredar o vender. En Guatemala no reconoce la copropiedad, es decir, o es de la municipalidad o es del Estado.”

Además de ello los funcionarios solicitaron la creación de una mesa jurídica-técnica, un borrador de Acuerdo Gubernativo y que de igual forma se podría hacer únicamente por medio de una escritura pública, tal y como fue desmembrada, sin necesidad de un Acuerdo Gubernativo para que no sufriese cambio alguno.

Los abogados, las comunidades y la municipalidad vieron con buenos ojos el camino planteado por los funcionarios, pero esto no duraría mucho tiempo, ya que en otras seguidas reuniones en dicha mesa jurídica-técnica una de las exigencias muy específicas planteada por el Fondo de Tierra era de que se tenía que hacer una visita ínsito para verificar que los que aparecen en el listado del INTA rescindan de su derecho de propiedad.

Nuevamente se veía entorpecido el proceso y sabiamente el Alcalde Municipal celebró junto al Consejo Municipal una Asamblea Municipal junto a las 14 comunidades de Tzalbal. A esta reunión se les expuso nuevamente a Fondo de Tierras y Secretaría Agraria que lo que provocarían, si continuaban insistiendo sobre dicho listado es conflictividad, violencia y la re victimización de la población que vivió cautiva en dicha aldea modelo en aquellos años.

34

Corralcub es parte de las tierras comunales que administran y poseen directamente las aldeas de Salquil Grande y Vicalama, de gran significado socio cultural para todo el pueblo ixil. Situado a 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, dentro del Ejido Municipal de Nebaj, parte de la Sierra de los Cuchumatanes.

Su significado K’orral Kub’ o Corralcub o “Corral de Piedra” viene de la presencia abundante de roca. También porque antes de que la guerra tocara esas tierras, la población ixil fabricaba corrales de piedra, donde colocaban ovejas y cabras para generar una capa de estiércol que permitiera posteriormente sembrar en ella papa morada, trasladando a estos animales a otro “Corralcub” mientras que el cultivo generaba sus frutos.

Esta fue una de las muchas prácticas o costumbres que el pueblo ixil tuvo que abandonar a causa de la guerra, así como la perdida de la semilla de dicha especie de papa nativa en esta etapa de su historia.

El Corralcub tuvo su importancia geopolítica y social en los periodos más crudos del exterminio sistemático en el área. Fue allí donde buscaron refugio miles de familias de comunidades quichés, huehuetecas e ixiles, que se vieron forzadas a vivir allí, debido al desplazamiento de la población provocado por las masacres. La permanencia de la población en este refugio a causa de los constantes bombardeos e incursiones, duró desde 1981 a 1988, antes, durante y después del Plan de Operación Sofía.

Numerosas veces fueron desplazados hacia otras partes del cerro Sumal Grande y posteriormente los que no fueron capturados y reducidos a las aldeas modelo, se refugiaron en la parte norte de Chajul, que tiempos después se conocieron como Comunidades de Población en Resistencia.

“En la memoria colectiva se asocia el año 1980 como el año en que llegó una empresa minera a esa región, se dice que llegó de la mano del ejército, como en efecto sucedió, el ejército por medio del Cuerpo de Ingenieros empezó a abrir una brecha carretera para llegar a Corralcub. Estas actividades se suspendieron en 1981 pues la guerra ya no permitió que continuaran, hecho que no evitó la extracción del mineral y de restos arqueológicos por parte del ejército, el cual tenía copada la zona por medio de la ubicación de destacamentos en casi todas sus comunidades.” (IMH: 2013)

En 1987, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército finalizó la construcción de la brecha carretera que comunica Nebaj con aldeas de Salquil Grande, la cual posibilitó la primera entrada al terreno comunal.

Fue en estos años que se empezó a extraer la barita de forma superficial en el Corralcub, al mismo tiempo que en el Ixcán y en Petén se exploraban los campos petroleros. Cabe mencionar que la barita es un mineral pesado que se utiliza en la extracción petrolera como un sellador externo al tubo de perforación evitando fugas de crudo, pérdidas de gas y presión. Por sus cualidades químicas lo hace indispensable y estratégico para dicha industria.

A partir del año 2002 al 2006 se reactivaron los trabajos de extracción de barita otorgada por el Ministerio de Energía y Minas el 31 de agosto de 2001 con la licencia de explotación minera de “Bijolom II”, número de registro LEXT-188 a favor de Geominas S.A. con una extensión de 6 kilómetros cuadrados.

Explotación del mineral barita en el CorralcubLa explotación ilegal convertida en legal

Foto: Reunión en el comunal de corralcup

35Así mismo la licencia de exploración SEXR-086-12 llamada “Bijolom” de 10.64 kilómetros cuadrados que actualmente se encuentra en trámite a favor de Minerales Mesoamericanos, S.A., en un área de bosque virgen que pertenece al municipio de Nebaj y todos sus vecinos.

Cuatro años después, el 16 de enero de 2010, en horas de la tarde fueron detenidos los señores Ernesto Aguilar Pérez de nacionalidad mexicana y Edgar Romeo Rivas López, provenientes de la Mesilla, Huehuetenango. La razón de su detención comunitaria fue porque hicieron varias entradas al área del Corralcub, acompañados de un comunitario que se presenta como el supuesto dueño de la tierra en donde quieren extraer el mineral. Todo esto quedando registrado en el acta comunitaria No. 23 de la aldea de Vivitz y Vicalama. Estas personas firmaron dicha acta comunitaria y juraron que “nunca jamás iban a regresar a molestar y a no volver a entrar al Corralcub”.

Tres semanas después, el 3 de febrero de 2010 llegó a la zona de la mina “Bijolom II” el ingeniero Jorge Luis Ávalos Austria y se presentó como el representante legal de la empresa Geominas S.A., según el acta 45-2010 de la aldea de Vijolom II. El ingeniero llegó sin informar a las comunidades.

Todos los presentes le solicitaron al ingeniero la autorización del gobierno para explotación minera, el cual dijo que el 15 de mayo de 2003 el alcalde autorizó el derecho de paso. Al finalizar la lectura las comunidades expresaron su inconformidad y decidieron que ya no siga con sus intenciones de explotar el mineral. (IMH: 2013)

La Gremial de Minas, Canteras y Procesadoras “GREMICAP”, reacciona por Ávalos Austria con un campo pagado fomentando la criminalización y judicialización de una comunidad entera y todos sus habitantes, quienes nunca fueron informados ni consultados sobre dicha visita, ni mucho menos de la concesión minera por parte del Estado.

VIDEOS

Video mina I (1).avihttps://www.youtube.com/watch?v=KEzkDsbKyB0Video mina I (1).avihttps://www.youtube.com/watch?v=TnC_oseliGk

1 Presencia de empresas mineras en Vivitz - Nebaj - Quichéhttps://www.youtube.com/watch?v=MqoBQWzYhGI2. Presencia de empresas mineras en Vivitz - Nebaj - Quichéhttps://www.youtube.com/watch?v=l4y8g4G3yPg

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DAÑOS AMBIENTALES EN EL ÁREA

En el 2003 debido a las detonaciones para la extracción del mineral en Corralcub se socavaron los nacimientos de agua que proveía de agua potable a unos 1,000 hogares en Salquil Grande, los pobladores también denuncian la extinción del “Tzicaj Naab” o Laguna Roja que se encontraba en dicho comunal y tala ilegal de bosques.

Salquil Grande se vio forzado a comprar otro nacimiento de agua en la aldea vecina de Palop al comunitario Miguel Brito, quien vendió la tierra con nacimiento a Q 12,000.00, sumando a esta cuenta la construcción de una nueva piscina de captación, cuatro tomas de agua, cinco muros de nivel, mano de obra no calificada y nueva tubería por un valor de Q 800,067.00 de los cuales cada familia tuvo que pagar Q 800.67.

En el año 2005, los comunitarios reportaron que el antiguo alcalde municipal Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán intentó en repetidas ocasiones quitarles la administración del agua potable y un aumento del derecho de venta de mercado en la aldea de Salquil Grande. Esta situación representó el retraso del proyecto comunitario de agua potable hasta el 2006, así como el rechazo generalizado a la reelección del ex funcionario como lo denunció Sonia Carrillo durante la repetición de las elecciones en el 2014.

Mujer de Salquil Grande denuncia la repetición de elecciones. https://www.youtube.com/watch?v=oQFUyht4VNw

“Uno de los mayores impactos ambientales tienen que ver con la deforestación y la eliminación total de la capa vegetal para extraer la barita. Implica la destrucción total de los cerros y las montañas que no se pueden volver a recuperar. No se puede volver a reconstruir una montaña ni su capa vegetal. Por ello libera CO2 aumentando el cambio climático además de eliminar las posibilidades de absorberlo eliminando los bosques y la biodiversidad.” (Gustavo Castro: 2009)

Foto: Laguna Roja seca debido a las explosiones de dinamita.

Foto: Nacimiento de agua socabado por explosiones de dinamita.

37Explotación de barita en el Sur de México… una situación que previene a CORRALCUB

En agosto de 2008 se anunció que la trasnacional canadiense Blackfire Exploration Ltd. explotaría en Chiapas “la mayor mina de barita del mundo, que alcanzaría en unos ocho meses un ritmo de producción de 360,000 toneladas anuales de esta piedra utilizada para la perforación petrolífera”. Artemio Ávila, director general de dicha empresa en México confirmó que la mina a cielo abierto permitiría a México prescindir de las actuales importaciones provenientes de China e India, a los que México compraba en ese entonces unas 50.000 toneladas al mes. Así mismo estimó que la mina en Chicomuselo, Chiapas, tenía una vida útil de cien años.

Desde entonces la barita se cotiza al precio de $130.00 dólares la tonelada, la mina de Blackfire podría generar unos ingresos anuales de unos $ 45,5 millones de dólares. Al mismo tiempo, las protestas y acciones de oposición a la explotación minera fueron teniendo más incidencia en Chiapas.

Mariano Abarca Roblero, REMA, Chicomuselo, Chiapas. https://www.youtube.com/watch?v=L79ImD_RYGs

Un año más tarde, el 27 de noviembre de 2009 fue asesinado a balazos Mariano Abarca Roblero, uno de los principales líderes opositores a la explotación de barita por la empresa canadiense Blackfire en la sierra chiapaneca en los ejidos de Grecia y Nueva Morelia en las cuales se encuentran más de 30 licencias de explotación de oro por empresas canadienses. En este hecho responsabilizaron directamente a trabajadores de la empresa minera.

Once días después del asesinato del activista, el gobierno chiapaneco clausuró el consorcio minero localizado en Chicomuselo, por considerar que ocasiona daños ambientales como “emisiones a la atmósfera de partículas suspendidas”.La dependencia gubernamental argumentó que la empresa extractora de barita incurrió en “desviación de cauces y escurrimientos naturales, así como cambio en el uso del suelo en una superficie importante”. Sin embargo en enero de 2014 reactivaron ilegalmente la actividad minera en Chicomuselo.

En esta nueva fase de extracción del mineral la empresa está fomentando las cooperativas mineras con pobladores originarios de la zona, mientras las empresas extranjeras jugarían el papel de intermediarios para la compra/venta de barita en el municipio.

En el sitio en internet www.oxl.com conocido como una plataforma de anuncios de compra/venta de casi cualquier producto, han sido publicadas al menos dos veces anuncios de venta de barita de una mina localizada en el departamento de Quiché, Guatemala.

Luego del cierre de la mina en Chiapas, mineros mejicanos haciéndose pasar por trabajadores de Petróleos de México PEMEX llegaron a Nebaj en busca de barita, para ello se reunieron con el actual alcalde municipal, Pedro Raymundo Cobo y el pleno de los alcaldes auxiliares del municipio. Luego de una extensa reunión los comunitarios se dieron cuenta que estaban platicando con personas intermediarias y no con los principales dueños interesados en la compra del material, por lo cual les indicaron que no estaban interesados en extraer el material, ni en degradar la masa boscosa del comunal.

DERECHOS “EXCLUSIVOS“

Double Crown Resources o Doble Corona Recursos es una empresa estadounidense que tiene sus oficinas en Henderson, Nevada dedicada específicamente a proveer servicios petroleros.

El 27 de mayo del presente año adquirió todos los derechos exclusivos para explotar barita de la licencia “Bijolom II” localizada en Nebaj, Quiché. Según un comunicado de prensa en su sitio de internet pretende iniciar operaciones el tercer trimestre del 2014, instalando una factoría de procesamiento de barita, sacando el mineral por la Franja Transversal del Norte rumbo hacia el puerto de Santo Tomás de Castilla en Izabal y desembarcando el material en las costas de Nueva Orleans, Estados Unidos.

Antes de 2011 la empresa se llamaba Denarii. Actualmente tiene dos litigios y se encuentra bajo auditoría por parte del gobierno en Estados Unidos. Posee una mina de oro de nombre Bateman Property en Canadá y también adquirió los derechos de importar barita desde China con un flujo aproximado de 30,000 toneladas anuales, equivalente a $ 5.5 millones a un precio de $185.00 la tonelada.

38Siendo una empresa pequeña que se ha dedicado al negocio de la construcción como su mayor logro, su junta directiva no

tiene experiencia en minería, pero desean expandir sus negocios a Centroamérica según su slogan “We drive the minerals that drive the market”, que significa, “Manejamos minerales que impulsan el mercado”.

4-13-2014 Double Crown Resources JS Mining. https://www.youtube.com/watch?v=xbq9Yl3BGV8

Según el MEM concedió los derechos de exportación DGLEX-04-2014 con fecha 31 Enero de 2014 a GEOMINAS, S.A. para 10,000 toneladas métricas de barita anuales. Con destino a Estados Unidos y México, por el plazo de un año, proveniente del derecho minero Bijolom II LEXT-188.

La intención de la empresa GEOMINAS de aliarse con una empresa extranjera, aunque sea una pequeña, es la de capitalizarse, políticamente impulsar la explotación y estratégicamente ser un socio seguro para la venta del mineral. A la fecha Doble Corona Recursos se ha retirado debido al incumplimiento del contrato entre las partes.

ACCIONES Y DEMANDAS COMUNITARIAS

Las incursiones empresariales a la región alertaron a las comunidades quienes iniciaron un proceso de información, consulta y asambleas comunitarias e intercomunitarias, dando como resultado el pronunciamiento público de cada comunidad atreves de memoriales en la región de Nebaj, Chajul, Cunen, Sacapulas que expresan la preocupación ante la entrada de los megaproyectos y se pronuncian contundentemente frente a esta situación de esta forma:

“Al señor Presidente de la República, a los señores Ministros, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia todas y todos nosotros queremos decirles, ante la comunidad nacional e internacional, que no estamos de acuerdo con estos proyectos que se están diseñando, planificando ó realizando sobre nuestras tierras, nuestros ríos y nuestras poblaciones.”

“Por lo tanto, al mismo tiempo que denunciamos públicamente esta situación nosotros exigimos:

La cancelación inmediata de las licencias de reconocimiento, exploración y explotaciones mineras, hidroeléctricas y petroleras ya otorgadas, en nuestras tierras y los territorios de los municipios anteriormente mencionados.

Que no se autorice ninguna otra licencia para la explotación de los recursos naturales que existen en nuestros territorios, es decir, que se anulen todas las solicitudes ingresadas al Ministerio de Energía y Minas con este fin.

Que se anule la actual Ley de Minería y que se establezcan nuevas leyes conjuntamente con las comunidades para que sean favorables a nuestra propia vida y nuestro propio desarrollo, así como al medio ambiente que nos rodea.

Pedimos al Organismo Judicial y a la Corte Suprema de Justicia que garantice la vida de las personas, de las familias y de las comunidades, no permitiendo a nadie que se persigan o criminalicen a las personas o comunidades que defienden sus propios derechos, tierras y recursos naturales.

Que se respete la palabra, la opinión, la decisión y la autodeterminación de las comunidades sobre sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias tierras, del mismo modo que pedimos a todas las autoridades que ejerzan sus funciones de acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, así como los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso de la República de Guatemala, en donde se garantiza la autodeterminación, el presente y el futuro de los pueblos originarios del país.”

Es así como luego de todo un trabajo de coordinación con bancadas del Organismo Legislativo, el 5 de mayo de 2010 llega una delegación de 200 de delegados comunitarios los cuales buscan interpelar a ministros del gobierno de Álvaro Colom y exponen dichas determinaciones como pueblos.

Memoriales ixiles para el Congreso 01 https://www.youtube.com/watch?v=B2YzW0oWM-gMemoriales ixiles para el Congreso 02 https://www.youtube.com/watch?v=iBzyTLHZKbsMemoriales ixiles para el Congreso 03 https://www.youtube.com/watch?v=xzrZiTCVudY

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Dicha visita al congreso no quedó así, sino que fue la primera vez que un expediente oficial de gobierno con prospecciones mineras e hidroeléctricas llega a la región ixil y tras el análisis de los mismos, acortaron intercomunitariamente: pedir la derogación de las licencias mineras e hidroeléctricas del municipio, no vender la tierra, no permitir el ingreso de personas extrañas, proteger los terrenos comunales como mandato de los abuelos. Este posicionamiento que continúan vigente en las comunidades al día de hoy, a pesar de que hay reportes comunitarios de que la barita sigue saliendo de forma oculta.

CONCLUSIONES

La extracción minera legal o ilegal, sin contar con un estudio de impacto ambiental adecuado, información a las comunidades sobre el proyecto y regulaciones ambientales fuertes respecto al agua y bosques afectados, son factores determinantes para la población. La falta de consulta e información, así como las operaciones económicas a espaldas del pueblo es la dinámica por la que ha optado el sector minero como el sector eléctrico, lo cual los vecinos lo ven como un engaño e impacta directamente a las comunidades, sin mencionar la falta de licencia social de los que viven a inmediaciones de estos proyectos.

40Estas son algunas de las

principales causas que aumentan la conflictividad, concesionando tierras y ríos para la economía extractivista, que actualmente impulsa el gobierno al facilitar la entrada de las empresas a dichos territorios.

Las comunidades que conforman Salquil Grande y Vicalama son quienes administran el comunal donde se encuentra Corralcub y se han alertado de la situación minera en la región, motivando así normas comunitarias por ser los poseedores en copropiedad con la municipalidad del ejido municipal. Colectivamente han decidido que ningún vecino venda la tierra a extranjeros, ni mucho menos a empresa alguna.

La violación a los derechos colectivos de los pueblos, de los derechos de las tierras comunales, de los bosques y de las aguas comunales, es lo que realmente genera la conflictividad de la población con el Estado.

Dado que es el Estado el que concesiona las licencias y a su vez el encargado de cuidar dichos derechos y realmente esta política de discriminación irrita a la población en general.

Ni la empresa Doble Crown Resources, ni GEOMINAS S.A. poseen certeza jurídica de la tierra en Corralcub en donde el gobierno autorizó la explotación del mineral barita que en repetidas ocasiones han querido explotar, lo cual para los interesados incurre en una inversión en riesgo. Ya que es evidente el descontento de la población por los gastos y daños ocasionados en el tema del servicio del agua potable, medio ambiente y entradas anómalas a dicho comunal. Lo que realmente aumenta el rechazo de los pobladores, es el hecho de que la sacada del material, siempre ha venido acompañada de la violencia estructural desde el día que esta se utiliza como un recurso del control social.

Uno de los efectos sociales que estas concesiones incurren es la constante violación de los derechos humanos, derechos individuales y colectivos, económicos, sociales, culturales, ambientales de los pueblos indígenas. Estas empresas acarrear divisiones y enfrentamientos, incluso entre las familias para poder extraer minerales, siendo pocos los que se benefician del empleo precario, ya que si contratan a los vecinos el pago sería mínimo por ser mano de obra no calificada. Mentiras, chantajes, presiones, promesas incumplidas, compra de líderes, autoridades, cocodes, corrupción, alcoholismo, encarecimiento de productos, son algunos de los efectos que generan estos negocios a largo plazo.

Las trasnacionales altamente subsidiadas en sus países no pagan impuestos, ni mucho menos pagan impuesto por el agua que consumen y todavía peor, ni limpian la que ensucian, regresando a la cuenca agua contaminada sin implementar programas de mitigación de riesgos, ni resarcimiento a la población frente a los daños causados.

Mientras que las empresas mineras e hidroeléctricas alientan divisiones, desalojos, estados de sitio, enfrentamientos, coerción, intimidación, cada vez que ven amenazados sus intereses como se ha visto en Barillas, San Miguel Ixtahuacán, San Juan Sacatepéquez, El Estor y San Rafael, son a los pobladores y a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas a quienes se les señalan de violentas por defender sus derechos como pueblos y sus tierras colectivas.

Foto: Reunión en el comunal de corralcup

41LA ULTIMA REUNIÓN DEL 2014 CON GENOMINAS

El día 25 de noviembre de 2014 se presentó el señor Jorge Luis Avalos Austria representante legal de la empresa Geominas y dos personeros de la empresa de transporte de materiales de construcción Minerales Futuros, S.A., para una reunión de carácter informativa sobre la licencia minera de explotación del mineral barita llamada Bijolom II sobre el comunal denominado Corralcub.

En dicha reunión estuvieron presentes vecinos y autoridades de las comunidades de Vicalama, Salquil Grande, Tzalbal, representantes de la sociedad civil y la alcaldía indígena.

Avalos indicó que en la primera etapa del proyecto en 1999 a cargo del ingeniero Mario Mejicanos no se obtuvo en propiedad el terreno, “ni antes ni ahora”, dijo. A su vez informó que se hizo mal manejo del dinero y de las relaciones laborales en el lugar. En la segunda etapa del proyecto en 2003, Avalos se hizo cargo de la explotación y realizó los pagos respectivos que el señor Mejicanos había dejado pendientes.

Expuso la importancia del proyecto extractivo de 3 millones de toneladas de barita:

• La necesidad de barita se debe a la preciente demanda de Estados Unidos para la extracción de petróleo. La barita es indispensable para el método de extracción petrolera y gas llamada Frakin, muy contaminante en aquel país del norte.

• La subida de la demanda y precio de la barita responde a este mercado.

• Apertura de nuevas rutas carreteras: de Bijolom a San Nicolás Chancol a frontera la Mesilla México. Nebaj a Cunen a Uspantan a Chicaman a Alta Verapaz a Deposito Izabal.

• No se usara agua, no se usaran químicos, no se procesara la barita en el lugar de explotación, únicamente se empaquetará.

• La gran amenaza que existe para el proyecto si se realizara, es que la mina en Chicomuselo México ya va a entrar en operación y representa un riesgo para la inversión nacional porque esta mina sería un competidor fuerte y por lo tanto bajaría el precio de la piedra considerablemente.

• Otro gran problema que enfrenta el proyecto es que han estado sacando mineral ilegalmente de dichas tierras.

Avalos Austria salió de todas las responsabilidades y dijo: “Miguel de León Chávez es el responsable y sigue siendo el dueño de la tierra, a él hay que preguntarle por los ilegales”. Al mismo expuso que la empresa estadounidense Doble Corona habia cancelado el conrttato por incumplimineto del mismo.

Los representantes concentrados en la reunión dijeron que eran boca de pueblo, ojos de pueblo, representantes del pueblo y que como pueblo no querían esa mina.

Expusieron que esa mina fue adquirida sin información ni consulta a las comunidades y que la tierra de allí, es comunal ejidal, no del señor Miguel De León Cháveza. Mucho problema causaron ya secando el nacimiento.

Los representantes denegaron toda posibilidad de abrir la mina. Le dijeron: “Sean ustedes más humanos, ustedes van a traer más enfermedad sobre nosotros. Si abren la mina otra vez que vamos a comer. Esta es nuestra tierra comunal y no damos permiso”.

42BIBLIOGRAFÍA

2010 Memorial de Memoriales y Asamblea de los Pueblos 2013http://resistenciadlp.webcindario.com/libros.html

El camino de las palabras de los puebloshttp://www.semillerosdepensamientos.org/eu-centro-documentacion&nodo_Id=219&rel2=centro-documentacion

¿Qué es la barita? La explotación de la canadiense Blackfire en Chiapas. Gustavo Castro Soto. Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 7 de Octubre de 2009 en http://otrosmundoschiapas.org/analisis/queeslabarita.pdf

Asesinan a líder opositor a explotar minas en Chiapas. La Jornada. 28 de noviembre de 2009.http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/estados/024n4est

Cierran mina tras muerte de activista http://www.eluniversal.com.mx/notas/644847.html

Reactivan, de manera ilegal, extracción minera en Chiapas http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2014/01/reactivan-de-manera-ilegal-extraccion-minera-en-chiapas/

www.olx.comhttp://ciudaddeguatemala.olx.com.gt/mina-de-barita-iid-260490072http://zapopan.olx.com.mx/lote-minero-de-barita-sulfato-de-bario-iid-561346510

LA EMPRESA: http://www.doublecrownresources.comDERECHOS DE EXPORTACIONhttp://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/10/EXPORT-TI-01-2014-GEOMINAS-SOCIEDAD-ANONIMA.pdfhttp://www.mem.gob.gt/viceministerio-de-mineria-e-hidrocarburos-2/direccion-general-de-mineria/catastro-minero/

VIDEOS MINERA: Canal de MrGcarlos33 https://www.youtube.com/user/MrGcarlos33VIDEOS COMUNITARIOS: Juan Chorro https://www.youtube.com/user/jpablo5284

43EL PROYECTO OFICIAL DE DESARROLLO OFICIAL DE GUATEMALA

KATUN 32El camino o las proyecciones de desarrollo para Guatemala que contiene el proyecto KATUN 32, pasan por los siguientes planteamientos:

En Guatemala se han realizado ya, 74 consultas comunitarias de buena fe, en distintos puntos del país. Todas ellas han rechazado la explotación indebida de los recursos naturales y todas ellas han dejado constancia de la voluntad política de miles y miles de guatemaltecos/as en contra de los megaproyectos planificados o facilitados por el Estado sin información, ni consulta previa a la población que se verá afectada por los mismos.

Para el año 2032, están en programación o planificación, el desarrollo de 321 plantas eléctricas en el país (hidroeléctricas, geotermias, gas, carbón, bunker, eólicas, etc.) También están abiertas 990 áreas mineras, 69 áreas petroleras y 322 áreas protegidas (nacionales, municipales o privadas). Las preguntas son:

¿En qué medida este futuro está determinando nuestro presente?

¿En dónde vivirá la gente para ese tiempo, donde estaremos?

¿Habrá desplazamiento, desarraigo o usurpación de territorios?

¿En dónde podrán sembrar los campesinos, qué comeremos mañana?

¿Cuál es la soberanía alimentaria que tendremos de aquí a 20 años?

¿El pueblo tiene derecho a decidir su futuro o no?

¿Qué podemos hacer para defender nuestro territorio?

Páginas donde puedes consultar para más información:

http://resistenciadlp.webcindario.com/https://cmiguate.org/

http://www.plazapublica.com.gt/http://www.elobservador.org.gt/

http://www.albedrio.org/http://comunitariapress.wordpress.com/

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