Martes 8 de Septiembre, 2015 Carlos Ramírez

Ayotzinapa: ¿el PRD, exonerado?CIDH: sólo teoría de la conspiración

Carlos Ramírez

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Si la sociedad mexicana aplicara el mismo escepticismo al informe de la Comisión In-teramericana de Derechos Humanos que al reporte de la PGR, el resultado sería más

confusión. La “verdad histórica” de la CIDH respec-to a la no incineración de los estudiantes parece más un acto de fe que una prueba científica.

El reporte de la CIDH presentado el domingo fue incompleto, al grado de que la Comisión pidió más tiempo; por tanto, se trata de un reporte inconcluso. Además, su redacción y presentación ofreció un en-foque unidireccional con la clara intención de des-conocer el reporte oficial de la PGR.

Así, la sociedad mexicana tiene dos versiones que debe analizar, cruzar, revisar con método. La CIDH pareció rebasar sus facultades porque el tema central no era competir con una investigación peri-cial propia de ministerios públicos sino determinar si se violaron o no los derechos humanos de los es-tudiantes asesinados y sus familias en el crimen y en la investigación, y no concluir con una versión antisistémica.

De manera sospechosa, la CIDH eludió cualquier indagación y opinión sobre la responsabilidad del PRD, del alcalde perredista José Luis Abarca, de su esposa María de los Ángeles Pineda como precandi-data perredista a la alcaldía de Iguala, del gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero y del CEN perredis-ta que se desentendió de su responsabilidad política sobre los actos de los perredistas guerrerenses.

Los datos revelan que el crimen de 43 estudian-tes de la Normal de Ayotzinapa fue perpetrado por órdenes del alcalde perredista al jefe de la policía municipal perredista de Iguala. La PGR se encar-go a destiempo de la investigación. Por tanto, el asesinato de normalistas debe ser caracterizado como el Tlatelolco del PRD: un acto de repre-

Carlos Ramírez

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sión política de normalistas radicales. La CIDH le otorgó mayor atención a desmentir la versión de la PGR de que fueron incinerados en un basu-rero de Cocula que investigar si la aprehensión por parte de la policía de la alcaldía perredista y el crimen fue o no una violación criminal de los derechos humanos.

La mayor parte del reporte incompleto de la CIDH y su petición de quedarse más tiempo para investigar lo que ya investigó su personal, es una teoría de la conspiración: dudas, suposiciones, sos-pechosismo. Si la PGR reafirma su hipótesis de la verdad histórica, entonces el saldo tendrá que ser un acto de fe: quienes crean en el informe oficial y quienes asuman el informe de la CIDH.

Al quedarse trabada la investigación en el en-foque antisistémico de la CIDH y el reporte oficial de la PGR, la salida tendría que buscarse en otro lado, en una comisión realmente independiente. Y

si fuera ciudadana, mejor. En 1983 ocho periodis-tas peruanos fueron asesinados por una comunidad indígena de Ayacucho; ante la falta de credibilidad oficial, el presidente Belaunde Terry creó una comi-sión independiente encabezada por el escritor Ma-rio Vargas Llosa.

La zona indígena estaba dominada por la gue-rrilla radical maoísta de Sendero Luminoso, el asesinato fue perpetrado por indígenas pero con la sospecha de que estaban asesorados por la policías antiterroristas. La opinión pública quiso responsa-bilizar a las fuerzas policiacas pero la investigación de Vargas Llosa concluyó que los asesinos fueron indígenas. Por supuesto, el reporte fue repudiado porque la verdad oficial e histórica no coincidía con la verdad política antisistémica.

El caso de Ayotzinapa-Iguala merece una co-misión independiente para romper la polarización PGR-CIDH.