ARGENTINA GRADO DE INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL Y ECONOMICA La Ley aplicable es de 1999. La autoridad...
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ARGENTINA
GRADO DE INDEPENDENCIA INSTITUCIONAL Y ECONOMICA
• La Ley aplicable es de 1999.• La autoridad de aplicación vigente es
anterior a la Ley (no es la que la Ley indica).
• Implicancias en términos de autonomía institucional (dictámenes, designaciones de autoridades, presupuesto).
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SUPERPOSICION DE JURISDICCIONES Y DE FUNCIONES CON OTROS
REGULADORES
• Establecer si hay o no un problema de defensa de la competencia.
• En caso afirmativo no hay dudas de que se aplica la norma de competencia.
• Caso particular: La obtención de ventajas competitivas ilegales por violación a otras normas (v. gr. impositivas, previsionales)
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• La CNDC ha analizado numerosas denuncias en sectores regulados (v.gr. telecomunicaciones, medicamentos, servicios portuarios, electricidad)
• Igualmente se analizaron operaciones de concentración económica en telecomunicaciones, transporte y distribución de electricidad, transporte de gas, servicios e infraestructura portuarios, servicios de aeropuertos.
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• Al analizar operaciones de concentración económica la CNDC debe solicitar opinión al ente regulador del sector.
• Algunas investigaciones sobre posibles problemas de competencia en sectores regulados han sido solicitadas por los propios reguladores u otras dependencias del Gobierno Nacional.
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RELACIONES ENTRE EL PODER JUDICIAL Y LA
AUTORIDAD DE COMPETENCIA.
• Las siguientes decisiones de la CNDC son apelables ante la justicia:
SancionesEl cese o abstención de una posible conducta
anticompetitiva
La desestimación de una denuncia.Las decisiones sobre operaciones de
concentración económica.
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LIMITACIONES
La Autoridad de Competencia no tiene una legitimación especial para actuar como parte en la justicia.
Por ejemplo aportando pruebas más allá de los dictámenes que produce y eventualmente de los expedientes que les dan origen.
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CAPACIDAD PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
• Operaciones de concentración económica cuya aprobación esta sujeta al cumplimiento de algún condicionamiento (v gr. desinversiones).
• Generación de pruebas en las denuncias sobre posibles prácticas anticompetitivas (por ejemplo pericias contables).