Financiación regional El Gobierno viene postergando desde 2014 el diseño de un nuevo modelo de financiación de las autonomías. Estaba prevista una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera estos días, pero la moción de censura ha cancelado todos los planes.

Pensiones Desde hace más de año y medio el Pacto de Toledo busca sin éxito fórmulas que garanticen la sostenibilidad del sistema de pensiones, sobre el que pesa un déficit de 18.800 millones. El enfrentamiento político impide apuntalar el futuro.

Reforma hipotecaria La ley de crédito inmobiliario, que Europa lleva años urgiendo, se encontraba ya en trámite parlamentario y había generado bastante discusión entre los grupos dada su sensibilidad social por sus efectos en el mercado hipotecario.

Modelo supervisor Una de las grandes reformas pactadas entre PP y Cs fue un nuevo esquema supervisor, con medidas de calado como la división de la CNMC en dos autoridades, la independencia de la Dgsfp y la creación de una agencia del consumidor.

La crisis política paraliza la agenda reformista que exige Bruselas •Pensiones, financiación autónomica,

ley hipotecaria, modelo supervisor... ocho reformas que necesitan amplio consenso político quedan en el aire

M. VELOSO/S. ALCELAY/J. TAHIRI

MADRID

El Gobierno de Mariano Ra-joy ya había dado mues-tras de su dificultad para sacar adelante las refor-mas que necesita el país por la situación de frag-

mentación en el Congreso. La crisis po-lítica desatada por el triunfo ayer de la moción de censura del PSOE contra el Ejecutivo paraliza ahora la agenda de medidas que estaban o iban a ponerse en marcha, que reclama la Comisión Europea y que necesitan de un amplio consenso político para aprobarse.

Una de las citas más urgentes es la

reforma de la financiación autonómi-ca. El Gobierno popular planeaba apro-barla antes de las elecciones regiona-les de mayo del año que viene, pero la crisis política ha paralizado todo. Má-xime cuando el Ejecutivo necesitaba pactar el nuevo modelo con el PSOE, que gobierna en la mayor parte de las regiones de régimen común.

Tras fijar por primera vez la posi-ción del Estado en determinados pun-tos la semana pasada, las comunida-des han alegado y la intención del Eje-cutivo era convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta sema-na o la siguiente, después de que Ra-joy prometiera a la Junta de Andalu-cía convocar este cónclave para mayo.

Unos planes que han saltado por los aires ante el cambio de Gobierno.

Es la reforma más urgente: lleva postergándose desde 2014. Entonces, cuando el PP tenía mayoría absoluta y gobernaba la plana mayor de las au-tonomías, se aplazó por falta de recur-sos. Tras la Conferencia de Presiden-tes de enero de 2017 y el informe del grupo de expertos en julio, los avan-ces han sido mínimos. Junto a ello, también está la financiación munici-pal.

Un déficit de 18.800 millones No menos importante era conseguir un acuerdo en el Pacto de Toledo que blindara las pensiones, afectadas por un déficit de 18.800 millones. Sus se-ñorías llevan más de año y medio ne-gociando sin lograr un solo acuerdo que permita dar estabilidad a un sis-tema que paga más de 9 millones de pensiones. El bloqueo político ha he-cho que las pensiones hayan sido uti-lizadas de nuevo en los últimos años como arma electoral lo que ha impe-

dido avances que permitieran buscar nuevas vías de ingresos para un siste-ma que cada mes desembolsa casi 9.000 millones para pagar las nómi-nas de los 8,7 millones de jubilados.

Otra medida pendiente desde hace años, que se deriva de una directiva europea y que las autoridades comu-nitarias llevaban tiempo urgiendo al Ejecutivo, es la reforma hipotecaria. La nueva ley de crédito inmobiliario, de gran trascendencia por cuanto mo-dificará un mercado clave como el del crédito para la compra de vivienda, es-taba en pleno trámite parlamentario y ya había generado gran discusión entre los grupos.

El acuerdo de investidura entre el PP y Ciudadanos de 2016 incluía tam-bién una profunda reforma de los or-ganismos supervisores que pasara por la separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas autoridades, una de Competencia y otra de Merca-dos; en la separación formal de la Di-rección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) del Ministerio de Economía, y en la creación de una au-toridad de protección del consumidor financiero.

La intención de Escolano, según ma-nifestó el pasado abril en el Congreso tras acceder al cargo de ministro, era lanzar a consulta pública el texto del nuevo proyecto de ley en el plazo de un mes para retomar las negociacio-nes en torno a esta reforma, algo que hasta la fecha no se ha hecho. Es más,

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Brecha salarial Empleo trasladó en marzo a los agentes sociales más de 20 medidas para recortar la brecha salarial entre hombres y mujeres (ellas cobran un 20% menos). Los cambios han quedado estancados en el diálogo social sin pisar el Parlamen-to, donde necesitarían mayoría.

Contratación El Gobierno ha planteado una reforma de la contratación para frenar la temporalidad en el empleo. Su propuesta, ahora bloqueada, incluía un nuevo contrato temporal con despido más caro, de hasta 20 días por año de trabajo.

Autónomos La subcomisión que estudia en el Congreso la reforma del Régi-men Especial de Autónomos queda bloqueada, al igual que el nuevo régimen sacionador de empresas morosas impulsado por Cs, que incluye multas superiores a 160.000 euros.

Mercados financieros La transposición de la directiva de mercados financieros (Mifid I I ) obligaba a hacer tantos cambios que se optó por redac-tar una nueva ley del Mercado de Valores para adaptarla a esos nuevos cambios. Estaba previsto enviarla al Congreso en julio.

IGNACIO GIL

Las sanciones a empresas morosas y el nuevo régimen de autónomos, en el aire

este mes de junio el Gobierno se había comprometido por ley a aprobar un proyecto de ley para crear una agen-cia de protección del cliente financie-ro, detallando su organización y fun-ciones, paso que tampoco ha dado.

España debe aprobar también cuan-to antes la transposición al ordena-miento jurídico español de la directi-va europea de mercados de instrumen-tos financieros, llamada Mifid II, por cuanto no haberla adoptado aún ge-nera incertidumbres en la industria y una situación de desventaja respecto a otros mercados europeos. Escolano informó de que su intención era en-viar el proyecto al Congreso en julio para acelerar su aprobación. Además, el Ministerio acaba de lanzar a consul-ta pública un proyecto para crear un laboratorio legal de pruebas para las empresas digitales de innovación fi-nanciera («fintech»), el llamado «sandbox», norma que en el actual con-texto también podría retrasarse.

Ya el Banco de España advertía en su último informe anual de la dificul-tad del Gobierno para sacar adelante las reformas estructurales. Por eso, entre los analistas empezaba a cundir la idea de que unas elecciones antici-padas que diesen lugar a un gobierno apoyado por mayorías más estables, entre el PP y Ciudadanos o el PSOE y Ciudadanos, permitiría tomar decisio-nes necesarias para el medio plazo.

El bloqueo político de los últimos años parece que se ha trasladado tam-bién al diálogo social, donde dos gran-

Más allá de las grandes reformas de Estado, otras medidas también quedan en el aire. Una de ellas es las sanciones a las empresas morosas. Ya el minis-tro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace unos días que esta reforma está en marcha, aunque la moción de censura, como avisan ATA y Ciudadanos, deja este proyecto en el aire. Toda vez que la proposición de Ley fue votada por unanimidad por todos los grupos del Congreso de los Diputados. Este borrador de norma proponía que las empre-sas que pagaran con un retraso mayor a 60 días hicieran frente a

multas progresivas que pueden ir hasta los 163.955 euros.

La subcomisión del Congreso para el estudio de la reforma del régimen de autónomos comenzó sus trabajos en octubre de 2017 con el objetivo de conformar un nuevo marco normativo. La definición de la habitualidad y la parcialidad, la mejora de la situación de los Trade (trabaja-dores autónomos dependientes económicamente), la protección social, la revisión de los módulos y la fiscalidad o la lucha contra la morosidad están en la agenda. No ha habido avances y la situación política paraliza ahora los trabajos.

Fátima Báñez abrió en noviembre de 2016 los debates del Pacto de Toledo

des reformas que deberían pasar por el Congreso y ser aprobadas por ma-yoría han quedado atrapadas. Una de ellas permitiría atajar la elevada tem-poralidad. El intenso ritmo de crea-ción de empleo, el más alto en Euro-pa, ha dejado al descubierto debilida-des estructurales del mercado laboral que la reforma laboral de 2012 no ha solucionado. Junto a los recortes sala-riales que facilitó la normativa, la pre-cariedad laboral ha llevado a España a ser campeón europeo, con tasas cer-canas al 30%. Para atajar el problema Empleo ha diseñado una reforma cuya base es un contrato con indemniza-ción creciente, tal y como pactó el Go-bierno con Ciudadanos en 2016. Una nueva figura temporal con una indem-nización creciente de hasta 20 días por año, la misma que tienen contratos fi-jos cuando el despido es objetivo.

Auditorias en las empresas La brecha salarial también estaba en la agenda reformista. El Gobierno po-pular pretendía llevar al Congreso un proyecto de ley para recordar la bre-cha salarial (las mujeres ganan un 22% menos que los hombres). Las medidas consisten, entre otras, en aumentar las obligaciones de las empresas para facilitar información sobre los suel-dos y obligar a las de más de 250 tra-bajadores a realizar por ley auditorías salariales.

Financiación territorial, la eterna espera Una de las reformas más urgentes es la financiación territorial, pospuesta desde 2014 y a menos de un año de las elecciones regionales y municipales

Más de año y medio sin resultados Sus señorías no han sido capaces de entenderse para dar estabilidad a las pensiones públicas, usadas como arma electoral por los partidos

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