Apuntes Historia Espana

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO.

PROFESOR: JUAN FREIJE.

BLOQUE I. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.

TEMA 1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA CRISIS.

1. ORGANIZACIÓN ESTAMENTAL DE LA SOCIEDAD.

Se denomina Crisis del Antiguo Régimen al período de la historia de

España que se desarrolla entre 1788 (fin del reinado de Carlos III, comienzo del

reinado de Carlos IV) y 1833. Durante estas décadas, y tras la Revolución

Francesa de 1789, el Antiguo Régimen entra en crisis: el reinado de Carlos IV,

la Guerra de Independencia y las Cortes de Cádiz son el origen del liberalismo

español; tras la guerra, el reinado de Fernando VII se caracteriza por una serie

de vaivenes políticos y desajustes socioeconómicos que se enmarcan en esa

crisis.

Pero, ¿a qué se denomina Antiguo Régimen? Al sistema político,

económico y social imperante en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Desde el punto de vista político, este sistema se caracteriza por el absolutismo

monárquico. Desde el punto de vista socioeconómico, por una estructura

económica basada en la tierra y sus rentas como fuente de riqueza, y por una

sociedad estamental, esto es, dividida en estamentos definidos por ley: la

nobleza y el clero (estamentos privilegiados que no pagan impuestos) y el resto

de la población (burguesía, campesinos….).

En el caso de España, esa sociedad estamental conservaba, como en

otros lugares de Europa, los rasgos aparecidos en la Edad Media, es decir, la

profunda división y desigualdad jurídica entre los privilegiados y los no

privilegiados. Se trataba de grupos sociales muy cerrados, pero con

situaciones diferenciadas dentro de cada grupo o estamento. Así, la nobleza

agrupaba, en el siglo XVII, al 5% de la población, y abarcaba desde los Títulos

de Castilla y Grandes de España, élite que acumulaba riquezas y patrimonio, a

los caballeros e hidalgos de haciendas mucho más precarias. Fue habitual la

compra de títulos de nobleza y el acceso a la misma por méritos oficiales o

servicios a la monarquía. La nobleza poseía numerosos señoríos

jurisdiccionales, en los que administraba justicia y de los que extraía rentas.

También eran notables las diferencias en el clero. El alto clero

(arzobispos, cardenales o abades) mantenía situaciones semejantes a la

nobleza, mientras el bajo clero (párrocos, capellanes, monjes….) vivía, en

ocasiones, de forma parecida a artesanos o campesinos. El clero constituía

poco más del 2% de la población, pero controlaba más del 40% de la propiedad

territorial, en una sociedad en la que era la tierra la fuente de riqueza. Además,

gozaba del derecho a cobrar el diezmo, impuesto sobre la cosecha, a todos los

campesinos.



En general, tanto nobleza como clero acumulaban unos altísimos

porcentajes de las rentas y riquezas del reino y estaban exentos de impuestos.

El señorío (posesión vinculada a una familia o institución eclesiástica) fue la

forma más extendida de dominio social.

Entre los no privilegiados, los pecheros, sujetos al pago de tributos

(pechos) y a la justicia ordinaria, eran tanto campesinos, seguramente el 80%

de la población, como población urbana. También en este grupo había

notables diferencias. Así, los campesinos propietarios y acomodados tenían un

nivel de vida similar a la pequeña nobleza rural; y los grandes mercaderes o

maestros de gremios formaban parte del patriciado urbano, junto a los

caballeros e hidalgos de la ciudad. Mientras, una masa de pequeños

propietarios agrarios, jornaleros, artesanos y proletariado urbano no sólo

padecía la discriminación jurídica propia de la sociedad estamental, sino que

carecía de propiedades. Fue surgiendo un raquítico grupo de burguesía

comerciante e industrial, cuya influencia no sobrepasaba el ámbito de algunas

ciudades dedicadas al comercio, sobre todo colonial, como Cádiz y Barcelona.

Se trataba de una sociedad agraria, donde la posesión de la tierra

otorgaba rentas y poder. La mayor parte de esa tierra estaba amortizada, no

se podía comprar ni vender: era lo que se llamaba un bien de “manos muertas”.

La institución del mayorazgo lo ejemplifica; surgida en la Edad Media, consistía

en el derecho a vincular el conjunto de bienes al título nobiliario o a la familia,

de tal forma que el heredero, uno solo para no dañar el patrimonio, podía

administrar los bienes y gozar de ellos, pero sin venderlos o enajenarlos. La

propia Corona y la Iglesia eran titulares de señoríos. Por todo ello, casi el 80%

de las tierras estaban fuera del mercado, lo que impedía la movilidad

económica y social.

Sobre esa situación socioeconómica incidirán las críticas de los

ilustrados.



2. LA MONARQUÍA ABSOLUTA Y LA POLÍTICA ILUSTRADA.

Durante el siglo XVIII se implanta en España el absolutismo monárquico

de carácter uniforme y centralista, a la manera francesa. Previamente, a

finales del siglo XV, se produce la unión dinástica de los reinos peninsulares.

El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla es el inicio de ese

proceso. Los Reyes Católicos implantan, además, el embrión del Estado

Moderno. En los siglos XVI y XVII, con los Austrias (Carlos I, Felipe II, Felipe

III, Felipe IV y Carlos II) se produce la forja del Imperio, a la que sigue la

posterior decadencia y pérdida de la hegemonía.

Pero el absolutismo centralista y uniformizador llega con los Borbones.

En 1700 fallece sin descendencia el último de los Austrias, Carlos II. Deja

como heredero de la corona española a Felipe de Anjou, nieto del rey francés

Luis XIV. Es coronado con el nombre de Felipe V (1700-1746). En principio,

las potencias europeas aceptaron el testamento porque prohibía la unión de las

coronas francesa y española e impedía la hegemonía francesa en Europa.

Pero Luis XIV mantuvo los derechos de sucesión de Felipe V al trono francés y

adoptó algunas actitudes expansionistas que ponían en peligro el equilibrio

europeo. Ante ello, el emperador austriaco, Leopoldo I, que también tenía

derechos sucesorios por vía familiar a la corona española, formó una alianza

con Inglaterra y Holanda contra Francia y España. En 1703 coronó como rey

de España a su nieto el archiduque Carlos. Ello da lugar a la llamada Guerra

de Sucesión (1703-1713).

Esta guerra no sólo fue un conflicto europeo por la hegemonía, sino

también una guerra civil que enfrentó, dentro de España, a los partidarios del

modelo pactista de los Austrias, basado en la unión de varias coronas y reinos

que mantenían sus propias instituciones, con los partidarios del absolutismo

centralista de tipo francés. Los primeros apoyaron la candidatura austriaca del

Archiduque Carlos; los segundos fueron partidarios del coronado Felipe V. En

los reinos de la Corona de Aragón fueron mayoritarios los que se inclinaban por

el archiduque; en la de Castilla, ocurrió lo contrario, aunque no hubo

unanimidad, pues destacadas familias de la nobleza no aceptaron el modelo

francés. La guerra finalizó con la firma de los tratados de Utrecht (1713) y

Rastatt (1714). Se reconocía a Felipe V como rey de España, renunciando él

al cualquier derecho de sucesión al trono francés. España perdía territorios en

Europa, además de Gibraltar y Menorca. También hubo de hacer concesiones

a Inglaterra en relación al comercio inglés con la América hispana.

Comienza así la implantación del modelo absolutista y centralista

francés, paralelamente a la aplicación de una política reformista de tipo

ilustrado. Los monarcas borbones del siglo XVIII tuvieron como objetivo llevar

a la práctica desde arriba reformas inspiradas en el pensamiento de la

Ilustración (Despotismo Ilustrado). El objetivo era la prosperidad del reino,



además de recuperar el prestigio internacional de España. Para ello, según los

ilustrados, eran necesarias reformas económicas, sociales y culturales, además

de la reforma política y administrativa de carácter centralizador.

Para llevar a cabo las reformas el primer paso fue la reforma del Estado:

- Los Decretos de Nueva Planta, justificados por el “derecho de

conquista” de los territorios que apoyaron al otro candidato durante la

guerra, se aplicaron a lo largo de la misma en los dos reinos vencidos

de la Corona de Aragón: Aragón y Valencia, en 1707. Tras la guerra,

y sin mencionar el derecho de conquista, se promulgan los decretos

para Mallorca (1715) y Cataluña (1716). Estos decretos suprimen los

fueros, leyes propias y Cortes de los respectivos reinos e introducen

un nuevo sistema fiscal común, además de imponer la administración

borbónica. Sólo País Vasco y Navarra conservaron sus fueros como

premio por su lealtad a Felipe V.

- Reforma de la administración central, sustituyendo el anterior modelo

de “consejos”, propio de los Austrias, por el de las “Secretarías de

Estado y del Despacho”, encargadas de los diferentes asuntos.

- En la administración territorial, se suprimieron los antiguos virreinatos

y se extendió la división del reino en provincias gobernadas por

capitanes generales e intendentes. Se implantan, además, los

corregidores, cargo tradicional en Castilla, en los territorios de la

Corona de Aragón.

En general, el nuevo estado borbónico, sobre todo en la

administración central, marginó a la alta nobleza de los cargos y se

apoyó en una burocracia procedente de la baja nobleza.

Por otra parte, la práctica del absolutismo ilustrado exigía reducir

el poder temporal de la Iglesia. Para ello, se lleva a cabo una política

regalista. Consistía en defender la soberanía del rey en materia

eclesiástica, en el sentido de nombrar a los cargos eclesiásticos

(regalías). Las principales medidas regalistas se produjeron durante el

reinado de Carlos III (1759-1788), quien limitó el poder de la Inquisición.

La decisión más radical fue la expulsión de los jesuitas adoptada en

1767. El pretexto para ello fue la acusación de haber instigado el “Motín

de Esquilache” (1766), que había provocado graves desórdenes en

Madrid y otros lugares de España. Se consideró a los jesuitas culpables

de provocar el motín.

En cuanto a las reformas socioeconómicas, los ilustrados

consideraban que el crecimiento demográfico era necesario para la

prosperidad, e impulsaron medidas poblacionistas, como estímulos a la

natalidad, repoblaciones de territorios y mejoras en la medicina y la

sanidad. También se favorece el crecimiento de la producción agraria,



pero sin sobrepasar nunca los límites del Antiguo Régimen. Los

pensadores ilustrados (como los asturianos Campomanes y Jovellanos)

denunciaron los privilegios de La Mesta y los bienes de manos muertas.

Se tomaron medidas como el reparto de tierras baldías, la abolición de la

tasa que gravaba el comercio de granos o la limitación de ciertos

privilegios de la Mesta. Los gobiernos ilustrados intervinieron de manera

directa en algunas reformas, como las colonizaciones de Sierra Morena

en tierras de realengo deshabitadas. También esa intervención se

produce en la difusión de nuevas técnicas agrarias y nuevos tipos de

cultivo a través de los párrocos. Se crean Sociedades de Amigos del

País para fomentar los estudios sobre el progreso material y económico,

y se financian obras públicas para extender el regadío. El éxito de esas

medidas fue escaso.

Otra de las prioridades fue el fomento de las manufacturas y de la

industria, pues el pensamiento ilustrado, influido por el mercantilismo,

vinculaba la actividad industrial con el comercio exterior para conseguir

una balanza comercial favorable. De este modo, se promulgan leyes

para acabar con la condición de oficios viles de los oficios manuales y se

intenta una reforma de los gremios. Se prohíbe, asimismo, la

importación de tejidos o la exportación de materias primas para fomentar

la industria nacional.

También se crean compañías comerciales para el fomento del

comercio. Pero tampoco aquí las reformas tuvieron éxito, como tampoco

lo tuvieron los intentos de reformar el sistema de impuestos: la oposición

de los grupos privilegiados impidió el establecimiento de una

contribución única.

3. LA POLÍTICA EXTERIOR Y LAS REPERCUSIONES DE LA

REVOLUCIÓN FRANCESA.

En el nuevo contexto internacional surgido de los tratados de Utrecht,

España pierde el rango de gran potencia a la vez que su imperio americano

queda amenazado por el expansionismo inglés. Esta circunstancia, unida a los

lazos familiares de la nueva dinastía con Francia, determina una serie de

alianzas con ese Estado que, además, es el rival de Inglaterra en Europa. Con

el objetivo de recuperar el rango internacional perdido y de proteger a las

colonias americanas de la expansión inglesa, los Borbones españoles

establecen una alianza con los Borbones franceses. Son los denominados

PACTOS DE FAMILIA, que dan lugar a enfrentamientos bélicos con Inglaterra.

De este modo, con Felipe V (1700-1746), el principal objetivo de la

política exterior fue el revisionismo de Utrecht. Se plantea la recuperación de

Gibraltar y Menorca, así como la recuperación de la influencia española en

Italia. Pero la formación de la “Cuádruple Alianza” (Francia, Holanda, Austria,



Inglaterra) obligó al abandono del proyecto revisionista. Más tarde, tras la firma

del PRIMER PACTO DE FAMILIA (1733), el hijo de Felipe V, Carlos, futuro

Carlos III, fue reconocido como rey del Reino de las Dos Sicilias, en el sur de

Italia. Se firmó, después, un SEGUNDO PACTO DE FAMILIA (1743).

Con Fernando VI (1746-1759), se produce el giro hacia una política de

neutralidad que buscaba dar prioridad a las reformas interiores.

En el reinado de Carlos III (1759-1788), se firma el TERCER PACTO DE

FAMILIA (1761). La neutralidad no había conseguido apaciguar el

expansionismo inglés sobre la América española. Ese pacto se firma en el

contexto de la “Guerra de los Siete Años”, que enfrentaba a Inglaterra con

Francia. La guerra tendrá resultados negativos para la monarquía española.

Termina con la paz de París (1763): España recupera territorios ocupados por

los ingleses, pero pierde otros como Florida o Sacramento. Este tercer pacto

se reactivó más tarde con motivo de la guerra de Independencia de las trece

colonias inglesas en América del Norte (1776-1783), en la que España participa

con Francia a favor de los colonos americanos. El conflicto termina con la paz

de Versalles: España recupera Menorca, además de las dos Floridas y otros

territorios.

El inicio del reinado de Carlos IV (1788-1808), coincidió con el estallido

de la Revolución Francesa en 1789. El miedo a la Revolución supone el

abandono de la política de reformas y el fin de la alianza con Francia. El

secretario de Estado, Floridablanca, decide cerrar fronteras a la propaganda

revolucionaria. Después, en 1793, al iniciarse la etapa revolucionaria radical en

Francia, España se une a la alianza de estados que declaran la guerra a la

Francia revolucionaria. Con el giro posterior de la Revolución hacia posiciones

más moderadas, desde 1796 (Tratado de San Ildefonso) se vuelve a una

alianza con Francia frente a Inglaterra. Esta alianza, conducida por Godoy, fue

el origen del alineamiento de España con Francia en sucesivas guerras contra

Inglaterra.



TEMA 2. LA PRIMERA FASE DE LA REVOLUCIÓN LIBERAL (1808-

1814).

1. LOS PROLEGÓMENOS DE LA GUERRA..

El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo jalonado por una serie de

crisis de subsistencias, con escasez y subida del precio de los cereales, lo que

demuestra el fracaso de las reformas ilustradas, paralizadas, por otra parte,

desde el estallido de la Revolución Francesa. La mala situación económica

agravó, además, el déficit de la Hacienda Real, que aumentó por el coste de

las sucesivas guerras contra los revolucionarios franceses, en un primer

momento y, después, contra Inglaterra. Durante esa época el gobierno fue

ejercido por el valido Manuel Godoy, que intenta reformas para remediar la

situación socioeconómica. Esas reformas se encuentran con la oposición

popular y con el descontento de los privilegiados, ya que Godoy intenta eliminar

privilegios fiscales de la nobleza, así como desamortizar una parte de los

bienes eclesiásticos. Los privilegiados forman el denominado “partido

fernandino” contra Godoy y Carlos IV, utilizando como bandera la figura del

príncipe heredero, Fernando, quien protagonizó la fracasada “conjura” de El

Escorial (1807), en la que pretendió arrebatarle el trono a su padre y desposeer

a Godoy de su poder.

La política exterior de Godoy fue otro de los factores de la guerra de la

Independencia. El tratado de Fontainebleau (1807), firmado con Napoleón,

permitía el paso de las tropas francesas por España para ocupar Portugal.

Pero las verdaderas intenciones de Napoleón se desvelaron cuando el ejército

francés, además de ocupar Lisboa, pretendió el control de Cádiz y Barcelona.

El descontento popular originó, con el apoyo de la nobleza, el motín de

Aranjuez (1808), revuelta que provocó la caída de Godoy y forzó la abdicación

de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Padre e hijo acudieron a Napoleón como

árbitro para solucionar el pleito sucesorio. Llamados a Bayona, el emperador

les obligó a abdicar (1808) y nombró a su hermano, José Bonaparte, rey de

España, convertida así en estado vasallo dentro del imperio napoleónico.

El descontento popular se manifestó en el levantamiento popular del 2

de mayo de 1808 en Madrid, desencadenado cuando el ejército trataba de

sacar del palacio Real a los miembros de la familia real que no se habían

trasladado todavía a Bayona. La sublevación fue reducida por las tropas

francesas del general Murat y seguida de una dura represión, inmortalizada por

Goya en su cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo

2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA.

. En los días siguientes, la insurrección se generalizó en toda España.

Los sublevados no aceptaron el nuevo poder francés ni la colaboración de las

autoridades del Antiguo Régimen con los ocupantes, considerando que la



soberanía originaria que encarnaba el monarca volvía al pueblo español. Se

organizaron Juntas locales y provinciales para coordinar la resistencia. La

coordinación entre las mismas dio lugar a la formación de una Junta Suprema

Central para dirigir la guerra.

La guerra fue larga y penosa (1808-1814) y se pueden distinguir tres

etapas:

- Hasta finales de 1808 es favorable para los españoles, que obligan al

rey José I a salir de Madrid. En julio, las tropas del general Castaños

derrotan en Bailén a las tropas francesas. La resistencia popular se

manifestó en los asedios franceses (“sitios” de Zaragoza y Gerona), y

en la acción de la guerrilla.

- A finales de 1808, el propio Napoleón en persona restableció el poder

francés y su ejército controló la mayor parte del territorio hasta 1812.

A pesar del apoyo del ejército inglés mandado por el general

Wellington, la Junta Suprema hubo de refugiarse en Sevilla y,

después, en Cádiz.

- La retirada de una parte de las tropas francesas, en 1812, para

luchar en el frente de Rusia, devolvió la iniciativa a los ejércitos

español y británico, que ocuparon de nuevo Madrid y obligaron a los

franceses a replegarse hacia el norte. Finalmente, en 1814, fueron

forzados a retirarse de España. A finales de 1813, Napoleón trató de

firmar con Fernando VII el tratado de Valençay, por el que le

declaraba en libertad y permitía su regreso a España.

Tanto en el levantamiento como en la guerra la participación popular fue

fundamental, a través de la resistencia a los distintos asedios y a través de la

guerrilla. Fue un hecho decisivo en el nacimiento de la idea de la nación

española. Paralelamente al desarrollo de la guerra, se produjo un proceso de

revolución liberal que se plasmó en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de

1812.

3. LAS CORTES DE CÁDIZ.

La mayoría de los españoles no aceptó la nueva dinastía francesa

(José I) impuesta por Napoleón ni las instituciones que colaboraban con la

misma (Junta de Gobierno nombrada por Fernando VII y Consejo de Castilla).

Los sublevados consideraron que, ante el vacío de poder, la soberanía recaía

en el pueblo y eligieron las juntas locales o provinciales como instituciones

representativas. Esas juntas se coordinaron en una Junta Suprema Central

que, más tarde, fue sustituida por un Consejo de Regencia. El objetivo era no

sólo la lucha contra los invasores, sino también la realización de las reformas

políticas que se venían pidiendo desde el motín de Aranjuez. De este modo, la

Junta Central, confinada en Cádiz por el avance francés, llevó a cabo una



convocatoria de Cortes, en torno a la cual surgieron tres tendencias políticas

diferenciadas:

- Los conservadores, cuyo principal representante fue el conde de

Floridablanca, defendían el estado absolutista y eran contrarios a la

convocatoria de Cortes.

- Los centristas o jovellanistas (seguían el criterio de Jovellanos)

eran en su mayoría ilustrados que, al contrario de los ilustrados

afrancesados, no aceptaron ponerse al lado de José I. Defendían

una vía intermedia entre los que preferían el absolutismo y los que

veían en las Cortes la representación de la soberanía nacional.

Creían que las Cortes debían limitar el poder del rey, pero sus

reformas debían ser moderadas y no revolucionarias.

- El sector de jóvenes que, después, integrarían el “partido liberal”.

Entendían que la soberanía se había transferido revolucionariamente

a las juntas y a los poderes surgidos de ellas. Las Cortes debían ser,

por ello, la representación de la soberanía nacional.

La muerte de Floridablanca, las dificultades de la guerra y la puesta en

práctica de la Constitución o Estatuto de Bayona, texto constitucional

otorgado por Napoleón con el apoyo de los afrancesados, dejaron paso libre,

en 1809, a la idea de convocatoria de Cortes. La Junta Central, antes de

disolverse en 1810 y de nombrar una “regencia”, aprobó la convocatoria. El

“partido liberal” pudo imponer sus tesis de unas Cortes unicamerales y

representantes de la soberanía nacional. El primer decreto de esas Cortes, en

1810, reconocía ya los principios de la futura constitución: soberanía nacional y

división de poderes.

Las Cortes llevaron a cabo una doble tarea: establecer un nuevo sistema

político con la redacción de la Constitución de 1812 y desmantelar

jurídicamente el Antiguo Régimen a través de un conjunto de leyes. Desde los

primeros momentos aparecen definidas las tres corrientes citadas. La del

“partido liberal”, a pesar de ser minoritaria, impondrá sus tesis, contando con

representantes de gran preparación política y técnica. Como consecuencia se

aprueban, antes y después de promulgar la Constitución, una serie de leyes

que establecen los principios del nuevo orden político y jurídico liberal. Así, las

Cortes promulgan decretos que reconocen la ya citada soberanía nacional.

Además, legislan la abolición de los señoríos, lo que abre la puerta a que los

propietarios de esos señoríos jurisdiccionales se conviertan en propietarios

privados de los mismos, aunque sin las atribuciones políticas y jurisdiccionales

que, hasta entonces, tenían sobre los mismos. Después de aprobada la

Constitución, las Cortes continúan su tarea legislativa con el objetivo de apurar

el desmantelamiento del Antiguo Régimen. De este modo, el decreto de

desamortización, de 1813, establece la conversión de bienes nacionales, y su

venta en subasta pública, de los bienes eclesiásticos y civiles amortizados y



vinculados, esto es, que no se podían dividir ni vender. También se promulgan

leyes de libertad de industria, comercio y otros.

Estas leyes no tendrán aplicación por la restauración absolutista

de 1814, pero serán desarrolladas cuando triunfe la revolución liberal

durante la etapa de Isabel II.

4. LA CONSTITUCIÓN DE 1812.

La gran obra de las Cortes fue la Constitución de 1812, promulgada el

12 de marzo de ese año. Constaba de 10 títulos y 348 artículos. Establecía un

sistema político de monarquía constitucional parlamentaria, en la que el poder

ejecutivo quedaba supeditado al legislativo. Se basaba en los siguientes

principios: soberanía nacional, división de poderes, limitación del poder real,

una sola cámara, sufragio universal indirecto y reconocimiento de derechos

individuales, estos últimos muy limitados por el hecho de que no se establecía

la libertad religiosa y se imponía un estado confesional.

En cuanto a la división de poderes, la Constitución otorgaba el poder

ejecutivo al Rey y sus secretarios de Despacho (ministros); el legislativo, a

unas Cortes unicamerales; y el judicial, a tribunales de justicia independientes

de los otros poderes. Por otra parte, el reconocimiento de la soberanía

nacional implicaba que el poder ejecutivo del rey era un poder delegado por

encargo de la nación. El rey no podía suspender ni disolver las Cortes y se

creaba, además, una Milicia Nacional, encargada de defender la Constitución.

La forma de organización territorial es centralista y uniforme. El modelo

de organización a escala local y provincial se basaba en la creación de

Ayuntamientos constitucionales y Diputaciones provinciales. Sus miembros

tenían que ser elegidos por sufragio indirecto.

La Constitución de 1812 fue una referencia para los revolucionarios

liberales del siglo XIX. Abolida en 1814, tras el regreso de Fernando VII, volvió

a estar en vigor entre 1820 y 1823 (Trienio Liberal) y, más tarde, en 1836-1837,

mientras se redactaba la constitución de 1837. Supone, por otra parte, el

nacimiento político-jurídico de la nación española.



TEMA 3. ABSOLUTISMO Y LIBERALISMO. (1814-1833)

1. LA RESTAURACIÓN DE FERNANDO VII.

Tras su derrota, Napoleón libera en 1813 a Fernando VII y lo

reconoce como rey mediante el tratado de Valençay. La Regencia y las

Cortes no suscribieron ese tratado, al tiempo que diputados absolutistas

y clérigos, unidos a sectores del ejército, presionaron para que Fernando

volviese como rey absoluto. El general Elío se pronuncia en Valencia a

favor del absolutismo. Por otra parte, 69 diputados de esa tendencia

ideológica le entregan al rey el denominado Manifiesto de los Persas, en

el que se incitaba a un golpe de fuerza, apelando al poder absoluto del

monarca y pidiendo que se considerara nula la obra legislativa de las

Cortes de Cádiz. En ese contexto, el capitán general de Castilla toma

Madrid y se cierran las Cortes, al tiempo que entra en vigor un decreto

por el que se dispone la nulidad de la Constitución y de las leyes

emanadas de las mismas.

Comienza de este modo la primera etapa del reinado de

Fernando VII. Esa etapa recibe la denominación de SEXENIO

ABSOLUTISTA (1814-1820) y se inscribe en el contexto europeo de

vuelta al Antiguo Régimen tras la derrota de Napoleón. Serán, en

España, años marcados por la represión y persecución de liberales y

afrancesados, así como por el intento de regreso al Antiguo Régimen,

intento que va a chocar con las dificultades económicas y el déficit de la

Hacienda Pública, que se arrastraban desde el reinado de Carlos IV,

agravados ahora por las consecuencias económicas y demográficas de

la Guerra de Independencia. Esa situación exigía una reforma tributaria

que no era posible dentro de los límites establecidos por los privilegios

estamentales.

La persecución de liberales y afrancesados fue sistemática,

considerándose como delito político las prácticas e ideas liberales.

Hubo detenciones de regentes, ministros y diputados del régimen

constitucional, algunos de los cuales fueron condenados a muerte.

Algunos liberales se exiliaron en Inglaterra. En cuanto a los

afrancesados, fueron objeto de depuración y los más significados

hubieron de irse a Francia. Los liberales exiliados desplegaron en

Inglaterra cierto activismo político fundando periódicos y redactando

escritos en defensa de la Constitución. Pero la oposición más intensa se

produjo en el interior mediante el instrumento de la conspiración,

intentando conseguir levantamientos en el ejército e insurrecciones en

las ciudades a través de juntas revolucionarias. Estos intentos se

sucedieron a lo largo del sexenio, con pronunciamientos militares, como



el de Espoz y Mina (1814), el de Díaz Porlier (1815) y otros. Fracasaron

y sus principales responsables fueron ejecutados.

En enero de 1820, el coronel Riego se pronuncia en Cabezas de

San Juan (Cádiz), proclamando la Constitución. Fracasa en su intento

de tomar la capital gaditana e inicia una expedición militar por Andalucía

sin demasiado éxito. Pero la sublevación se extiende por otras ciudades

españolas. Todo ello obliga a Fernando VII a promulgar un decreto en el

que se compromete a jurar la Constitución, lo que hizo ya en marzo.

Comenzaba una nueva etapa: el trienio liberal.

2. EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823).

Una vez recuperada la Constitución, vuelven las libertades y, con

ellas, un amplio activismo político en las ciudades, donde surgen

espacios de relación y comunicación, como las Sociedades Patrióticas

(clubes de discusión que utilizaron foros como los cafés) y la prensa. El

debate y las discusiones en esos medios y en las nuevas Cortes dieron

lugar a una división de los liberales entre moderados y exaltados (futuros

progresistas). Los moderados eran políticos procedentes de la etapa de

Cádiz, de ahí el nombre de doceañistas con que también se les conoció.

Se inclinaban a un entendimiento con los privilegiados para consolidar la

revolución. Tampoco eran partidarios de las participación activa de

sectores populares; desde el gobierno prohibieron las sociedades

patrióticas y limitaron la libertad de prensa, lo que originó intensos

debates en las Cortes con los exaltados. Estos estaban integrados por

algunos viejos liberales y otros pertenecientes a una generación más

joven. Consideraban que, ante la contrarrevolución y el obstruccionismo

del rey (que conspiraba contra la nueva situación), debía buscarse el

apoyo político de los sectores populares y eran partidarios de la

movilización a través de las sociedades patrióticas, así como de la

defensa de la revolución por medio de la Milicia Nacional.

Las Cortes del trienio restablecieron, además de la Constitución

de 1812, la legislación gaditana, además de completarla y desarrollarla.

De este modo, se continuó con la línea desamortizadora, en el sentido

de considerar desamortizables no sólo los bienes del clero secular, sino

también los del clero regular. Además, se aprobó definitivamente una ley

de desvinculación de bienes nobiliarios, al tiempo que se confirmaba y

se ponía en práctica la ley de abolición de los señoríos de Cádiz. Se

trataba de continuar avanzando en el proceso iniciado por la Cortes

gaditanas.

Durante el trienio se pueden distinguir, por otra parte, dos etapas

políticas:

- Etapa de los gobiernos moderados (1820-1822): estos gobiernos

tuvieron que enfrentarse, desde el principio, a la oposición absolutista



o realista, que presentaba dos frentes ya que, por un lado, estaba la

obstrucción legal del rey (con intentonas de golpes de fuerza

apoyados por sectores de la nobleza y el clero absolutistas) y, por

otro, la aparición de una oposición armada realista organizada en

partidas formadas por campesinos descontentos, apoyados y

organizados por el clero rural. Por otra parte, la tímida reacción de

los moderados frente a la contrarrevolución dio lugar a las protestas

de los exaltados en las Cortes, en la prensa y en la calle. Se

produjeron tensiones que desembocaron en el intento fracasado de

la Guardia Real en Madrid de dar un golpe absolutista en junio de

1822, lo que abrió la puerta a la llegada de los exaltados al gobierno.

- Etapa de gobierno de los exaltados y de intervención francesa (1822-

1823): este gobierno venció a las partidas realistas y activó de nuevo

la movilización en las ciudades, reabriendo las sociedades patrióticas

y permitiendo la entrada en la Milicia Nacional de las clases

populares. Pronto se produjo una escisión entre los exaltados menos

radicales y los más radicales, partidarios del liberalismo democrático.

Esa división, favorecida por el rey, contribuyó al éxito de la

intervención militar francesa que puso fin al trienio en septiembre de

1823. Dicha intervención se enmarca en el contexto internacional

europeo del momento, marcado por la Restauración posterior a la

derrota de Napoleón. Se había creado una alianza para defender el

recuperado orden absolutista de los levantamientos liberales. La

Santa Alianza, así denominada, decidió, en 1822, acceder a la

petición de Fernando VII e inició la invasión militar de España con un

ejército francés denominado los Cien mil hijos de San Luis. Sus

tropas ocuparon la Península sin apenas resistencia. Se inicia así

una nueva etapa absolutista.

3. LA DÉCADA ABSOLUTISTA (1823-1833)

Tras la intervención de la Santa Alianza, Fernando VII restauró el

absolutismo. Sin embargo, la situación de crisis económica y fiscal,

agravada con la pérdida de imperio americano (excepto Cuba y Puerto

Rico), le obligan a aceptar una política de reformas técnicas y

administrativas, aunque no políticas, en la línea del despotismo ilustrado.

Se apoya para ello en políticos reformistas moderados o afrancesados,

siendo la principal reforma que se intenta la de la Hacienda, para

remediar la deuda del Estado, que ponía a la monarquía al borde de la

quiebra. Se pretendía ajustar los gastos a los ingresos sin cuestionar los

fundamentos fiscales del Antiguo Régimen. Por otra parte, se realizan

reformas en la administración central: el sistema de Consejos es



sustituido por las Secretarías de Despacho (ministerios), al tiempo que

se crean el Consejo de Ministros y la Superintendencia de Policía.

De manera paralela, se llevó a cabo una política de depuración de

los liberales del trienio (Riego fue ejecutado) y se inició una dura

persecución que condujo a un segundo exilio de liberales españoles,

sobre todo en Inglaterra. Para llevar a cabo esa represión se crea una

red de instituciones, como las Juntas de Depuración y las Juntas de Fe.

Se crean además una moderna policía política y una milicia antiliberal

(los Voluntarios Realistas).

Pero el rasgo específico de esta etapa absolutista fue la aparición

de una oposición de ultrarrealistas, la oposición ultra, que terminó

originando el movimiento carlista (partidarios del derecho de sucesión al

trono de Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII y no su hija

Isabel, así como de mantener el absolutismo). Las reformas técnicas

que el monarca tuvo que impulsar para remediar la situación del país,

originaron el descontento y la oposición ultra, de la que formaban parte

los sectores más reaccionarios de la vieja nobleza, el clero y el

campesinado. Esa oposición se organiza a través de juntas (Juntas

Apostólicas) y sociedades secretas. Las conspiraciones pretendían el

levantamiento de los Voluntarios Realistas y la movilización popular. La

más grave se produjo en Cataluña en 1827: fue la denominada revuelta

o guerra de los Malcontents (agraviados), en la que se propone a

Carlos como rey absoluto. El movimiento llegó a controlar parte de

Cataluña hasta que fue dominado, siendo el origen de un cierto giro en

la orientación de la política de Fernando VII.

En 1830, una vez conocido el embarazo de la reina (hasta

entonces, Fernando no tenía descendencia), el rey manda publicar la

Pragmática Sanción sobre la sucesión de la Corona. Esa ley ya había

sido aprobada por Carlos IV, pero no se había publicado y, por tanto, no

estaba vigente. Restablecía el sistema sucesorio tradicional de la

monarquía española que daba preferencia al varón sobre la mujer en la

misma línea de sucesión, pero no excluía a las mujeres de ser

herederas. Ello suponía que cualquiera que fuere el sexo de la

descendencia de Fernando VII, heredaría el trono, dejando sin efecto la

Ley Sálica borbónica. Se cerraba así el acceso al poder de los

absolutistas ultras. De ahí el nombre de carlistas que adoptaron por su

apoyo a Carlos y su ideario absolutista. Se plantea así un doble

conflicto sucesorio e ideológico, pues las Corona no tenía otro remedio

que apoyarse en los sectores liberales frente al carlismo. Los carlistas

maniobraron e intrigaron para anular la nueva ley. En 1832, en los

sucesos de La Granja, el núcleo reaccionario del gobierno consiguió

presionar a la esposa del rey, Cristina de Borbón, para que influyese en

la voluntad real y se anulase la Pragmática, aprovechando la

enfermedad de Fernando VII. Éste, una vez recuperado, vuelve a



ponerla en vigor y sustituye a los absolutistas por un gobierno de

ilustrados y liberales moderados, además de conceder a los exiliados

liberales una amnistía para favorecer su regreso. A la muerte de

Fernando en 1833, la Corona pasa a su hija recién nacida (la futura

Isabel II) bajo la regencia de la reina madre. Los carlistas declaran

ilegítima esa sucesión y comienza la guerra carlista.

4. LA PÉRDIDA DEL IMPERIO COLONIAL.

La crisis del Antiguo Régimen estuvo vinculada en España al

proceso de independencia de las colonias americanas, que se desarrolla

paralelo a la desintegración del absolutismo entre 1808 y 1824. Esas

colonias eran necesarias para la viabilidad económica del régimen

absoluto. Por ello, las luchas independentistas, que originaron un

bloqueo en los intercambios coloniales y originaron cuantiosos gastos

militares, fueron un factor de primer orden en la ya aludida crisis del

Antiguo Régimen.

El desencuentro entre la metrópoli y los criollos (burguesía de

origen español nacida en América y dedicada al comercio y a la

explotación de plantaciones y haciendas ganaderas)) venía ya del siglo

anterior, a causa de las reformas de los Borbones. Dichas reformas

dieron lugar a una nueva situación, en la cual las colonias ya no tenían

como función principal el abastecimiento de metales preciosos, sino que

pasaron a convertirse en suministradoras de materias primas y

alimentos para la metrópoli, al tiempo que hacían de mercado

consumidor para las manufacturas producidas en España. Ello

bloqueaba su desarrollo industrial y comercial, además de romper con la

semiautonomía económica de que venían gozando. Se produjo un gran

malestar entre la burguesía criolla, perjudicada en sus intereses con

estos cambios y excluida, además, de los cargos coloniales. Por otra

parte, los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia y la

ideología ilustrada y liberal que los había legitimado permitieron justificar

la actitud anticolonial de los criollos.

El contexto de la guerra de independencia y de la revolución

liberal surgida durante la misma favoreció el desencadenamiento del

proceso de independencia colonial. Se pueden distinguir dos etapas:

- 1808-1814: el vacío de poder creado por la invasión francesa origina

en 1808 la formación de juntas revolucionarias en distintos puntos de

las colonias, que no aceptan el nuevo poder francés. Los españoles

americanos se mostraron también descontentos por la escasa

representación que los liberales peninsulares les concedieron en la

Junta Central y en las Cortes de Cádiz. Por otra parte, la invasión

francesa de Andalucía les hace pensar que la resistencia española

está a punto de ceder. De este modo, en 1810, se producen un



conjunto de proclamaciones secesionistas en Caracas, Buenos Aires,

Santiago de Chile y Bogotá. En México, en esta primera etapa, la

declaración de independencia tiene un claro contenido indigenista,

con apropiación de tierras y abolición del tributo indígena y, por ello,

los criollos apoyan a los españoles. Pero, después, tras la captura y

ejecución del principal dirigente (el cura Miguel Hidalgo), se

reorganiza el movimiento, que ahora subordina los ideales igualitarios

a los objetivos políticos. Los independentistas mexicanos aprueban

en 1814 la Constitución de Apaztigán, que establece la

independencia y la forma republicana.

- Desde 1814: el movimiento independentista se generaliza.

Continuará durante el trienio liberal y acabará en los inicios de la

década absolutista cuando, en 1824, la victoria de los americanos en

Ayacucho suponga la emancipación definitiva de aquellas colonias,

con la excepción de Cuba y Puerto Rico. Durante toda esta etapa el

movimiento se extiende de la mano de los dos líderes

independentistas (José San Martín desde Argentina y Simón Bolívar,

desde Venezuela).

El resultado final de la independencia fue el fraccionamiento del

territorio colonial continental en los numerosos Estados que hoy

componen Iberoamérica



BLOQUE II. LIBERALISMO Y DESARROLLO

CAPITALISTA.

------------------------------------------------------------------- TEMA 4. LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO (1833-

1868).

1. REGENCIAS, LIBERALISMO Y GUERRA

CARLISTA.

Tras el fallecimiento de Fernando VII en 1833, le sucede en el

trono su hija Isabel, que contaba tres años de edad, bajo la regencia de

la reina madre, María Cristina. Los ultrarrealistas partidarios de Carlos

María de Isidro (carlistas) no aceptan dicha sucesión y estalla la primera

guerra carlista (1833-1840). Paralelamente se inicia un proceso de

implantación del liberalismo, pues a la regente no le queda otra opción

que apoyarse en los liberales moderados para ejercer el gobierno.

Ambos fenómenos, guerra e implantación del Estado liberal, se solapan

y se influyen mutuamente. La guerra se alarga y la regente, poco

favorable a restablecer el sistema liberal, debe hacer concesiones, lo

que se plasma en una carta otorgada (el Estatuto Real de 1834) que

establecía un limitado y tímido sistema representativo. Más tarde, la

presión de los liberales progresistas con el apoyo de juntas

revolucionarias, consigue la implantación definitiva el liberalismo político

(Constitución de 1837), el desmantelamiento del Antiguo Régimen y el

fin de la guerra carlista (1840). Después, el enfrentamiento de María

Cristina con el líder de los progresistas, el general Espartero, origina su

destitución y el nombramiento de éste como regente (1840-1843), etapa

en la que culmina el proceso de desmantelamiento del Antiguo Régimen.

A este período, que termina en 1843, se le denomina período de

regencias.

En cuanto a la guerra carlista, tiene su origen en una cuestión

sucesoria pero también en una cuestión ideológica relacionada con el

intento de mantener el absolutismo por parte de los sublevados. La

ideología de los carlistas era contrarrevolucionaria y antiliberal.

Defendían el origen divino de la monarquía, la religión como base del

orden político y la tradición como fundamento de legitimidad. Su lema

era “Dios, Patria y Rey” y luchaban por la defensa de las leyes propias

de los territorios, los fueros, frente al centralismo y uniformidad

propugnados por los ilustrados y liberales. La base social del carlismo

fue heterogénea: campesinos afectados por el liberalismo económico,

pequeña nobleza vinculada con el Antiguo Régimen (poderes locales y



privilegios forales) y parte del clero afectado por la desamortización.

También tuvo su apoyo el carlismo en pequeños y medianos núcleos

urbanos entre trabajadores manuales y artesanos afectados por el

desmantelamiento del sistema gremial.

La confluencia de algunos de estos factores, sobre todo la

cuestión foral, esto es, el mantenimiento o no de los fueros, determinó

que el foco principal de la guerra fueran País Vasco y Navarra, con focos

secundarios en Cataluña y Maestrazgo (Castellón). Tradicionalmente la

guerra se divide en tres etapas. La primera va desde la proclamación de

Carlos V, en 1833, hasta la muerte del general carlista Zumalacárregui

en el sitio de Bilbao a mediados de 1835. La segunda se desarrolla

entre 1835 y 1837, año este último en que fracasa el intento carlista de

tomar Madrid. La tercera etapa supone, en el contexto de la división de

los carlistas (entre partidarios de un pacto con los liberales moderados y

partidarios de continuar la guerra) el repliegue de los carlistas al otro

lado del Ebro. Finalmente, la firma por los generales Maroto (carlista) y

Espartero del convenio de Vergara en 1839 pone fin a la guerra.

Espartero se compromete a proponer el mantenimiento de los fueros y

acepta la integración de los oficiales y jefes carlistas en el ejército liberal.

Quedaba un reducto del sector duro de los carlistas que se hizo fuerte

en el Maestrazgo, hasta que Espartero acaba con el mismo en 1840.

Paralelamente, se desarrolla el proceso de implantación del

liberalismo:

- La Regente, como ya se explicó anteriormente, se apoya, al principio,

en los liberales moderados e ilustrados pero sin cuestionar los

fundamentos del absolutismo. El gobierno de Cea Bermúdez,

nombrado antes de fallecer Fernando VII, lleva a cabo una serie de

reformas desde arriba. En ese reformismo fue clave el ministro

Javier de Burgos que, a través del recién creado Ministerio de

Fomento (Interior), pone las bases de una administración pública

centralizada al establecer, en 1833, la división provincial de España

que llega hasta nuestros días. Ante la presión liberal, la regente

concedió el Estatuto Real (1834), que establecía un limitado sistema

bicameral con función consultiva y un sufragio indirecto y censitario

muy restringido (sólo podía votar un 0,15% de la población).

- Se produce una ruptura entre los liberales moderados, que

aceptaban el Estatuto, y los progresistas, que pretendían un régimen

plenamente liberal. Esa división dará lugar, más tarde, a los dos

partidos del sistema isabelino: el moderado y el progresista. Entre

1835 y 1836, los progresistas consiguen, con el apoyo de la Milicia

Nacional y de juntas revolucionarias, el nombramiento de un gobierno

progresista presidido por Álvarez Mendizábal. Las reformas de éste

fueron obstaculizadas por la regente y su entorno, como ocurrió con

la ley de desamortización eclesiástica, siendo sustituido por un



gobierno de tendencia moderada. Pero, en el verano de 1836,

coinciden nuevas revueltas con el motín de los sargentos de La

Granja, lo que obliga a la regente a reponer la Constitución de 1812,

que estuvo en vigor unos meses mientras se elaboraba una nueva, la

de 1837, resultado de un pacto entre progresistas y moderados,

estableciendo los principios del liberalismo doctrinario: reconocía la

soberanía nacional en su preámbulo, pero en realidad establecía una

soberanía compartida por la Corona y la Cortes en su articulado. El

poder legislativo se componía de dos cámaras, Senado y Congreso,

elegidas por sufragio censitario (sólo votaban los mayores

contribuyentes, un 2% de la población). El ideario progresista se

manifestaba sólo en aspectos como el carácter electivo de los

ayuntamientos o en la mayor amplitud de derechos individuales

reconocidos. No obstante, la Constitución de 1837 es considerada

como constitución progresista frente a la moderada de 1845.

Finalizada la guerra carlista, los moderados pretendieron hacerse

con el poder. Apoyados por la regente, presentaron una ley de

ayuntamientos que impedía la elección de concejales. Se organizó un

nuevo levantamiento en 1840, que forzó la renuncia de María Cristina

como regente, siendo sustituida por el General Espartero, héroe de la

guerra carlista, que ocupó esa función hasta 1843. El nuevo regente se

enfrentó con los moderados y con un sector de su propio partido (los

progresistas puros) además de con el liberalismo radical de demócratas

y republicanos. Este conjunto de tensiones terminó con la formación de

una coalición antiesparterista que, en 1843, bajo el mando del general y

líder de los moderados, Ramón María Narváez, derrotó al regente, que

hubo de exiliarse. Se adelantó, entonces, la mayoría de edad de la reina

(Isabel II), que comenzó así su reinado propiamente dicho.

A pesar de todo lo anterior, durante estos años se llevó a cabo el

desmantelamiento del Antiguo Régimen, con leyes de desamortización,

desvinculación y abolición de los señoríos, aplicándose así la reforma

liberal agraria.

2. LA DÉCADA MODERADA.

El fin de la regencia de Espartero supuso el inicio del reinado de

Isabel II como mayor de edad y también el inicio de una etapa de

dominio del partido moderado, la llamada década moderada (1844-

1854). Durante esa década se llevó a cabo la construcción del Estado

liberal. Con el apoyo de la reina y de una parte del ejército que seguía al

líder del Partido Moderado, Narváez, el moderantismo trató de

estabilizar el nuevo orden surgido del desmantelamiento del Antiguo

Régimen alejándolo de la dinámica revolucionaria.



Se desarrolló el Estado liberal en su versión moderada. Para ello

fue aprobada una nueva constitución, la de 1845, que era la expresión

completa del liberalismo doctrinario en clave moderada. Partiendo de

este texto constitucional se articuló un Estado basado en el principio de

orden entendido como orden público, además de realizar un conjunto de

reformas socioeconómicas que ponían las bases para el desarrollo del

capitalismo liberal. La Constitución de 1845 estuvo vigente hasta 1868 y

sus principales rasgos fueron los siguientes:

- Reconocimiento explícito de la soberanía compartida de las Cortes y

el rey, expresada en un poder legislativo también compartido, pues la

Corona tenía la prerrogativa de proponer leyes y el derecho de veto

absoluto a las mismas.

- La Corona podía disolver y convocar Cortes. Además, el gobierno

debía contar con el apoyo conjunto de la reina y las Cortes.

- Se establecía un poder legislativo bicameral: Congreso y Senado.

Esta última era la cámara de representación de las altas jerarquías

de la nobleza, de la Iglesia y del ejército. El congreso se elegía por

un sufragio censitario muy restringido que apenas alcanzaba al 1%

de la población.

Por otra parte, el Estado que construyeron los moderados fue un

Estado centralista y jerarquizado. Los ayuntamientos y las diputaciones

dejaron de ser representativos, pues sus miembros eran nombrados por

las autoridades centrales. Además, el principio de orden que defendían

los moderados se expresó en la creación de un aparato de Estado que

comprendía el orden público y el ejército, pero también la escuela, la

administración civil y la justicia. Se sustituyó la Milicia Nacional por la

Guardia Civil en 1844 para defender el orden y la propiedad. También

se organizó un sistema educativo que garantizaba la enseñanza

obligatoria y establecía un sistema jerarquizado: enseñanza primaria

elemental, secundaria o media y universitaria. Este sistema reproducía

la división clasista de la sociedad y excluía a las mujeres de los últimos

niveles.

Los gastos para costear este nuevo Estado exigían acabar con el

déficit. Se llevó a cabo, por ello, una reforma fiscal que estableció una

división entre impuestos directos e indirectos, pesando estos últimos

como una losa sobre las clases populares.

El control del poder por los sectores más autoritarios del Partido

Moderado dio lugar a un intento de reforma política en 1852, bajo el

gobierno de Bravo Murillo, que trató de someter el Parlamento al

gobierno y que llegó a elaborar un proyecto de una nueva constitución

más conservadora que no llegó a entrar en vigor. Acabó produciéndose

un descontento generalizado entre sectores de los moderados y los

progresistas. El resultado fue el renacer de las juntas y, tras un



pronunciamiento militar, el desarrollo de una breve etapa de dominio de

los progresistas, el llamado bienio progresista (1854-1856).

3. EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856).

El pronunciamiento de O`Donnell en Vicálvaro (Madrid), conocido como

la “vicalvarada”, abre las puertas a esta nueva etapa. Dicho pronunciamiento

coincide con el levantamiento de los progresistas, lo que se concreta en el

denominado “Manifiesto de Manzanares”, en el que se incluyen aspectos del

programa progresista como la restauración de la Milicia Nacional, la

descentralización de los poderes locales y la ampliación del sufragio, al tiempo

que se llamaba a la formación de juntas locales y provinciales que apoyasen el

pronunciamiento. Todo ello dio origen a una coalición de moderados,

progresistas y un sector del partido demócrata, creado en 1849.

Se forma un nuevo gobierno presidido por Espartero. Éste disuelve las

juntas, lo que va a provocar una división dentro de los progresistas. Se abre

así un período de dos años marcado por la inestabilidad política, a lo que

contribuye asimismo una intensa conflictividad social en un contexto de crisis

económica, que afectó sobre todo a los obreros de la industria textil

barcelonesa, quienes protagonizaron la primera huelga general del movimiento

obrero en España (1855). El nuevo gobierno progresista adoptó una serie de

medidas:

- Trató de poner en vigor el programa liberal en su versión progresista

recuperando la legislación de su primera etapa de gobierno: ley

electoral más amplia, instituciones locales electivas y

restablecimiento de la Milicia Nacional. Se elaboró también un nuevo

proyecto de constitución que no llegó a entrar en vigor.

- También hubo intentos de avanzar en la creación de un marco

legislativo para completar la liberalización del mercado de tierras y

capitales. De este modo, se aprobó la LEY DE DESAMORTIZACIÓN

GENERAL con el ministro Pascual Madoz (1855), que ponía en venta

todos los bienes eclesiásticos, pero también los denominados “bienes

comunes y de propios” de los municipios. También se promulgo una

LEY DE FERROCARRIL (1855), que abría la puerta a la inversión

extranjera. Asimismo, se legisló en sentido liberalizador en sectores

como la Banca, las sociedades anónimas y la explotación de minas.

En definitiva, se pusieron las bases legales para avanzar en el

desarrollo del capitalismo.

Hubo una fuerte división entre progresistas y moderados, pero también

hubo enfrentamiento de un sector de los primeros con el propio Espartero, a lo

que se unió la fuerte conflictividad social. Todo ello desencadenó el fin de la

experiencia del bienio. En 1856, O´Donnell provocó la dimisión de Espartero y

tomó el poder al tiempo que reprimía revueltas populares en Madrid y

Barcelona. Terminaba así este paréntesis denominado bienio progresista.



4. LA UNIÓN LIBERAL Y LA CRISIS.

En 1856, O`Donnell funda un nuevo partido, La Unión Liberal, formado

por sectores de la izquierda del Partido Moderado (los “puritanos”) y sectores

de la Derecha del Partido Progresista. Su objetivo era estabilizar el régimen

liberal, huyendo tanto de la actitud radical y revolucionaria como de los

sectores más reaccionarios del Partido Moderado. Se trataba de mantener el

liberalismo doctrinario y de frenar el peligro que para el mismo suponía la

amenaza de revolución social procedente del mundo republicano y demócrata.

Una vez terminada la experiencia de bienio progresista, la Unión Liberal

ejerció el gobierno entre 1858 y 1863, lo cual coincide con una fuerte expansión

de la economía capitalista como consecuencia de la desamortización de

Madoz, de la implantación de una legislación liberalizadora de la propiedad y el

subsuelo, así como de un notable avance hacia la formación de un mercado

nacional gracias al desarrollo del ferrocarril y las comunicaciones. Además, los

unionistas se lanzaron, en política exterior, siguiendo las pautas de las

potencias europeas, a la carrera imperialista con la intervención en Indochina,

apoyando a Francia, y otras acciones diversas (intento de recuperación de

Santo Domingo, expansión por Marruecos e Intervención en México junto con

Francia y Gran Bretaña).

Sin embargo, O´Donnell hubo de dimitir en 1863 ante la fuerte oposición

procedente desde sectores opuestos. Por una parte, la oposición del

moderantismo más reaccionario (los “neocatólicos”, partidarios de la

reconciliación con los carlistas y con la Iglesia) y, por otra, la hostilidad de

republicanos y demócratas. Una vez que se produce su dimisión, se suceden

una serie de gobiernos de tinte autoritario bajo la dirección o tutela del General

Narváez. Ello da lugar a que el Partido Progresista no participe en las

elecciones. El resultado de todo ello es la formación de una coalición de

progresistas, unionistas (liderados ahora por el general Serrano), demócratas y

republicanos para derribar el régimen moderado e isabelino. Esas fuerzas

firman, en 1866, el llamado Pacto de Ostende (Bruselas). Ello fue debido al

descrédito político de la monarquía de Isabel II, que coincidió con una crisis

económica desde ese mismo año. El resultado, será, en septiembre de 1868,

el pronunciamiento y revolución que termina con el reinado de Isabel (la

“revolución gloriosa) dando inicio a la etapa de la historia de España conocida

como “sexenio democrático o revolucionario”.



TEMA 5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).

1. LA REVOLUCIÓN DE 1868.

En septiembre de 1868, el triunfo de un pronunciamiento militar iniciado

en Cádiz destronaba a Isabel II. Se inicia así el denominado “sexenio

revolucionario” o “sexenio democrático”. Entre 1868 y 1874, se suceden el

proceso revolucionario que conduce a la Constitución de 1869, la monarquía de

Amadeo I y la I República.

El sexenio supone la ruptura con el liberalismo doctrinario y censitario y

el inicio del liberalismo democrático basado en el sufragio universal masculino.

En la revolución de 1868 confluían dos proyectos distintos. Por un lado, el de

unionistas, progresistas y un sector de los demócratas, que trataba de

establecer un sistema que respetase y consolidase los intereses de los grupos

sociales afectos a un liberalismo acomodado, esto es, hacendados,

industriales, comerciantes y profesionales. Este proyecto, encabezado por el

general Juan Prim, se reflejó en la constitución de 1869 y en la monarquía

democrática, pero acabó fracasando. Por otro lado, estaba la opción del

republicanismo federal, más apoyado en las clases medias y populares, que se

plasmó en la I República, aunque sobrepasado por un sector radical del

movimiento obrero encuadrado en la A.I.T (Asociación Internacional de

Trabajadores) o “Primera Internacional”.

La revolución de 1868 fue el resultado de una serie de factores políticos,

económicos y sociales. La coincidencia de todo ello provocó el estallido

revolucionario.

- Desde el punto de vista político, se produjo un descrédito de la

monarquía isabelina con los gobiernos moderados, de tinte

autoritario, de los últimos años. Los progresistas dejaron de

participar en las elecciones y su nuevo jefe, el general Prim, se

inclinó por el pronunciamiento. Esa situación provocó la firma en

Ostende, en 1866, de un pacto contra el régimen isabelino por parte

de los progresistas, demócratas y republicanos, al que se unió, poco

después, la Unión Liberal, liderada ahora por Serrano. El objetivo era

acabar con el sistema y convocar Cortes constituyentes mediante

sufragio universal masculino.

- Desde el punto de vista económico, se produce, ya en 1866, una

doble crisis, agraria y financiera, además de industrial. Por tanto, la

crisis es no sólo de subsistencias (mala cosecha, subida de precios,

hambre y caída del consumo que afecta a la industria generando

paro), sino que también afecta, como crisis financiera propia ya del



capitalismo, a los ahorradores e inversores. Todo ello explica la

participación popular en el pronunciamiento de 1868.

- Desde el punto de vista social, el descontento es compartido por

clases populares, sectores de la burguesía y clases medias.

La confluencia de todo ello explica la amplitud de coalición burguesa

contra el régimen isabelino y su dimensión revolucionaria con la presencia de

las clases populares en apoyo del proceso.

El pronunciamiento lo inició el almirante Topete desde la escuadra

fondeada en Cádiz (septiembre de 1868), si bien la dirección de la sublevación

la lleva a cabo el líder progresista, Prim. Tras el pronunciamiento gaditano se

inicia un movimiento de juntas revolucionarias que se difunde por las

principales ciudades Las tropas fieles al gobierno fueron derrotadas en

Alcolea, e Isabel II partió hacia el exilio.

El general Serrano, líder unionista, con el acuerdo de la Junta de Madrid,

formó un gobierno provisional, del que formaban parte progresistas como Prim,

Sagasta y Ruiz Zorrilla. Contó con el apoyo de los demócratas más

moderados. Por su parte, un sector republicano fundó el Partido Republicano

Federal, liderado por Pi i Margall. El gobierno provisional disolvió las juntas y

fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes por sufragio universal

masculino, en las que obtiene la victoria la coalición gubernamental formada

por unionistas, progresistas y el sector moderado de los demócratas. También

obtienen representación los moderados, carlistas y republicanos. La nuevas

Cortes aprobarán la Constitución de 1869.


Se trata de la primera constitución democrática de nuestra historia.

Durante las sesiones parlamentarias que condujeron a su elaboración y

aprobación, destacaron las discusiones sobre dos asuntos: por una parte, la

forma de Estado (monarquía o república) y, por otra, la cuestión religiosa.

Se establece, como forma de Estado, la monarquía parlamentaria y

constitucional con una estricta separación de poderes: el legislativo

correspondía en exclusiva a las cámaras (Congreso y Senado, pues establecía

un sistema parlamentario bicameral) y el ejecutivo, al rey, pero con poderes

muy limitados y ejerciendo el poder a través de los ministros, que debían, por

otra parte, responder de su gestión ante las Cortes. El poder judicial quedaba

reservado a los jueces. Se establece la soberanía nacional, ejercida a través

del sufragio universal de los varones mayores de veinticinco años, que elegían

directamente el Congreso, si bien el Senado se mantenía como cámara elitista

elegida de forma indirecta. También se establecía la elección democrática de

ayuntamientos y diputaciones.

El texto incluía una declaración de derechos detallada. Se incluían los

de libertad, inviolabilidad del domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad

de enseñanza, expresión, reunión y asociación.



Por su parte, la cuestión religiosa fue objeto de tensos debates. Se

aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero

también el compromiso del Estado de mantener el clero y el culto católicos,

contra la opinión de los republicanos.

Se establecía una monarquía parlamentaria pero, derrocada Isabel II, no

había rey. Serrano se convirtió en regente y Prim presidió un gobierno formado

por progresistas y algunos demócratas. Se aprobó una amplia legislación para

desarrollar la Constitución. En el terreno económico se adoptó una política

librecambista y se llevó a cabo una reforma monetaria, que dio la exclusiva de

la emisión de moneda al Banco de España al tiempo que se ponía en

circulación la peseta.

Pero el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a dos graves problemas: la

guerra en Cuba y el clima de agitación social. La sublevación cubana se inició

en 1868 y dio lugar a una guerra de diez años (1868-1878) que acabó

hipotecando la Hacienda y la acción del gobierno en España. Al mismo tiempo,

hubo levantamientos campesinos en Andalucía y una sublevación de

republicanos en 1868.

En ese clima de agitación, Prim emprendió la tarea de buscar un rey.

Debía ser una persona de prestigio, de sangre real, que no fuera un Borbón y

que obtuviera el respaldo de las Cortes y de los gobiernos extranjeros. Hubo

varios candidatos pero el elegido fue el príncipe Amadeo de Saboya, hijo del

rey de Italia, que aceptó la Corona gracias en parte a la gestión personal de

Prim.

3. EL REINADO DE AMADEO DE SABOYA (1871-1872)

Amadeo llega a España el 30 de diciembre de 1870. Tres días antes

había sido asesinado el general Prim, su principal valedor y que, además,

mantenía unidos a los miembros de la coalición gobernante. Su desaparición

influyó, por ello, en el fracaso del reinado de Amadeo I.

Desde el principio, Amadeo sufre la oposición de los moderados, que

continuaban fieles a los Borbones y que comenzaron, ya en ese momento, a

perfilar una alternativa alfonsina proclive a la restauración borbónica en la

persona del hijo de Isabel, Alfonso. Esa opción contará con el apoyo de la

Iglesia. Respecto a la élite social, irá poco a poco desconfiando de un rey que

sustentaba un régimen que permitía una legislación que atentaba contra los

intereses de esa clase. También tenía Amadeo la oposición de los

republicanos y de los carlistas, quienes encontraron en la llegada de Amadeo el

argumento para protagonizar una nueva insurrección armada que dio inicio la

“tercera guerra carlista” (1872-1876), si bien un sector de los carlistas participó

en la vida parlamentaria oponiéndose a la nueva monarquía.

Por tanto, no contaba el nuevo rey con grandes apoyos. El resultado fue

una permanente inestabilidad que se plasmó en una serie de conflictos

políticos y sociales. La guerra carlista, la guerra de cuba, las insurrecciones de



carácter republicano-federal y la desintegración de la coalición gubernamental

dieron lugar al fracaso de la nueva experiencia monárquica encarnada por

Amadeo:

- La rebelión carlista se inició en el País Vasco en 1872,

extendiéndose por Navarra y zonas de Cataluña, y se convirtió en un

foco de problemas e inestabilidad.

- En 1868 había estallado en Cuba la Guerra de los diez años,

animada por los hacendados criollos cubanos y contó con apoyo

popular al prometer el fin de la esclavitud en la isla. El gobierno

intentó sacar adelante un programa de abolición de la esclavitud y de

reformas políticas, pero se encontró con la oposición de los sectores

económicos con intereses en Cuba. La guerra se convirtió en un

grave problema para el gobierno.

- También en 1872 se produjeron insurrecciones de carácter

federalista, en la que se combinaban las ideas republicanas con la

influencia de las ideas internacionalistas, sobre todo las de

inspiración anarquista. Fueron duramente reprimidas pero

contribuyeron a la inestabilidad del régimen.

- El elemento fundamental que condujo a la crisis final del reinado fue

la desintegración de la coalición gubernamental, formada por

unionistas, progresistas y demócratas, lo que dejó al monarca sin el

apoyo necesario. Se sucedieron en dos años seis gobiernos y hubo

que convocar elecciones tres veces. El rey se veía privado de

apoyos. El desencadenante final fue una grave crisis entre el jefe de

gobierno y el cuerpo de artillería, de cuyo lado se puso el rey,

presentando su renuncia el 11 de febrero de 1873. Esa misma

noche, las cámaras, en sesión conjunta, y conscientes sus miembros

de que no era posible buscar un nuevo rey, proclamaron la

República.

4. LA PRIMERA REPÚBLICA.

La República nació con graves problemas. Sus únicos partidarios eran

los republicanos, representados en las Cortes por los diputados del Partido

Demócrata Republicano Federal, de Francisco Pi i Margall. El federalismo

había nacido en 1868 como escisión del Partido Demócrata y era partidario del

laicismo del Estado, de la ampliación de los derechos democráticos y de la

intervención del Estado en la regulación de las condiciones laborales.

Figueras se convirtió en el primer presidente. El nuevo régimen fue

recibido con entusiasmo por los sectores republicanos urbanos que formaron

juntas revolucionarias al tiempo que surgían revueltas populares que

reclamaban la abolición de los “consumos” (impuestos que gravaban los

consumos básicos) y las “quintas” (reclutamiento de soldados mediante el

llamamiento a filas de uno de cada cinco jóvenes, lo que se podía evitar



mediante pago o sustitución). Pero gran parte de los dirigentes republicanos se

inclinaron por respetar la legalidad, disolvieron las juntas y reprimieron las

revueltas. Fueron convocadas elecciones a Cortes constituyentes, con victoria

de los republicanos, pero con una abstención del 60%. Poco después, Pi i

Margall se convierte en el segundo presidente. Las nuevas Cortes se abrieron

el día 1 de junio y definieron al nuevo régimen como República federal,

poniéndose a la tarea de redactar un proyecto de Constitución que declaraba la

organización federal del Estado, en la que se reconocían quince estados

federales además de Cuba y Puerto Rico.

Pero el propio movimiento republicano estaba dividido en “federalistas” y

“unionistas”. Además, los sectores conservadores rechazaron el nuevo

régimen. El grupo “alfonsino” fue aumentando sus apoyos entre las clases

medias y altas. Al mismo tiempo, los carlistas recrudecieron la guerra en el

norte. También continuaba la guerra en Cuba. Se añadió a todo ello el

radicalismo revolucionario impulsado por grupos federalistas y anarquistas de

la Internacional. Surgió así la insurrección cantonal o cantonalismo que

impidió la entrada en vigor de la nueva Constitución. Esa deriva revolucionaria

se inició en el mes de julio, a raíz de una huelga general en Alcoy que fue

sofocada por el ejército. Pero días después se produjo la sublevación de los

federalistas de Cartagena, que proclaman el “cantón” y se hacen con el control

de la flota y del arsenal. A partir de ese momento, se extiende la insurrección

por distintas ciudades del Levante y Andalucía, así como de Castilla. En ese

contexto, los carlistas avanzan de manera significativa y Pi i Margall, incapaz

de organizar la respuesta desde el Estado, presenta la dimisión el 18 de julio,

siendo sustituido por un nuevo presidente, Nicolás Salmerón, quien inicia un

giro conservador y de orden dando plenos poderes al ejército, que fue

sofocando uno a uno los focos de sublevación. Salmerón dimite a finales de

septiembre para evitar la firma de dos condenas de muerte y es sustituido por

Castelar, que acentúa el giro autoritario. Obtiene de las Cortes poderes

extraordinarios y suspende las sesiones de las mismas hasta enero. A

principios de enero, cuando Castelar se presenta ante las Cortes es respondido

con críticas y derrotado en una moción de confianza. Su caída precipita el

golpe de Estado del general Pavía, formándose un gobierno de emergencia

presidido por el general Serrano. Formalmente la República continuaba

existiendo pero, de hecho, el golpe de Estado suponía su fin. La nueva

situación persiste desde enero a diciembre de 1874, cuando se produce el

pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto a favor del regreso

de los Borbones en la persona del futuro Alfonso XII, hijo de Isabel II. De este

modo, en enero de 1875, se produce ese regreso que supone el inicio de la

denominada Restauración.



TEMA 6. LA RESTAURACIÓN (1875-1902).

1. EL SISTEMA POLÍTICO

Se denomina Restauración a la etapa de la historia de España que se

desarrolla entre 1875 y 1923. Tras el fracaso de la I República se restaura la

dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII y se implanta un régimen

liberal-conservador. La inestabilidad política de la etapa isabelina y del sexenio

había causado recelos y miedos entre los sectores burgueses. Se intentó, por

ello, crear un régimen político de orden y estabilidad en el que no hubiera

necesidad de recurrir a los pronunciamientos militares ni a la movilización

revolucionaria.

El artífice de ese proyecto fue Antonio Cánovas del Castillo, cuyo

programa estaba ya contenido en el “Manifiesto de Sandhurst”, redactado por

el propio Cánovas y hecho público por el futuro Alfonso XII en diciembre de

1874. Se partía de una serie de principios:

- Reconocimiento de la legitimidad histórica de monarquía como

principio independiente de la soberanía nacional.

- Modelo político basado en la soberanía compartida por el Rey y las

Cortes (liberalismo doctrinario).

- Sentimiento patriótico, liberal y católico.

Cánovas contaba con el apoyo del partido alfonsino y de la oligarquía de

origen nobiliario y burgués propietaria de la tierra, además de la burguesía

comercial, sobre todo la catalana y valenciana con intereses en Cuba. Tenía

también el apoyo de una parte del ejército favorable a la Borbones. La

intención de Cánovas era lograr el regreso de aquellos por la vía política pero,

a finales de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez

Campos en Sagunto precipitó la llegada de Alfonso XII como nuevo monarca.

Cánovas estableció un ministerio-regencia presidido por él mismo e inició un

conjunto de acciones políticas para el establecimiento del nuevo régimen.

La primera de ellas fue la pacificación interior y exterior, esto es, la

conclusión de las dos guerras iniciadas en el sexenio: la guerra carlista y la

guerra de Cuba. De este modo, en 1876 se pone fin a la primera con la derrota

del pretendiente Carlos VII y la abolición de los fueros, si bien, por la presión de

los liberales fueristas, se estableció, en 1878, un concierto económico con las

diputaciones vascas. La guerra de Cuba terminó con la paz de Zanjón en

1878, pero en 1895 se iniciaría una nueva guerra a causa del nacionalismo

cubano y de los intereses norteamericanos en la isla. Esa segunda guerra

terminó en 1898 con derrota española y supuso el fin del imperio colonial

español.

También tomó Cánovas una serie de medidas autoritarias que revisaban

la política del sexenio, como fue el caso de la anulación del matrimonio civil o



ciertas limitaciones en la libertad de imprenta. Por otra parte, nombró a una

comisión de notables para que redactasen un anteproyecto de constitución,

que fue aprobado por una asamblea constituyente elegida por sufragio

universal en 1876.

El sistema político canovista se asentó sobre las siguientes bases:

- La Constitución de 1876, que establecía un sistema parlamentario

liberal basado en la soberanía compartida.

- La Corona, que ejercía como árbitro en la vida política y garantizaba

la alternancia entre los dos grandes partidos (conservador y liberal),

que renunciaban al uso de la fuerza (pronunciamientos y estallidos

revolucionarios) para acceder al poder.

- Los partidos dinásticos. El sistema se basaba en la alternancia entre

dos grandes partidos. Por una parte, el Partido Liberal-Conservador

(Partido Conservador), organizado en torno a Cánovas y que

aglutinaba a los sectores más tradicionales y conservadores (a

excepción de los carlistas y de los integristas más radicales). Por

otra parte, Cánovas convenció a Práxedes Mateo Sagasta para que

liderase al Partido Liberal-Fusionista (Partido Liberal), que reunía a

antiguos progresistas, unionistas y algunos ex republicanos

moderados. Ambos partidos defendían la monarquía, la

Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado

liberal, unitario y centralista. Eran partidos de notables, de minorías.

En cuanto a las diferencias, los conservadores se mostraban más

proclives al inmovilismo político y a la defensa de la Iglesia y del

orden social, mientras que los liberales estaban más inclinados a un

reformismo de carácter progresista y laico.

- El ejército, al que se quería alejar de cualquier intromisión en la vida

política. Se estableció la supremacía del poder civil sobre el militar, a

la vez que se potenció el papel del Rey como símbolo y cabeza

visible del ejército.

Todo el sistema se basó, además, en la alternancia bipartidista y pacífica

de los dos grandes partidos para así asegurar la estabilidad institucional. El

turno en el poder quedaba garantizado porque el sistema electoral no

respondía exactamente al mecanismo según el cual el partido mayoritario

ejerce el gobierno, sino que, cuando el partido gobernante sufría desgaste y

perdía la confianza de las Cortes, la Corona llamaba al jefe del partido de la

oposición para formar gobierno. Entonces, el nuevo jefe del ejecutivo

convocaba elecciones para obtener la mayoría parlamentaria. Ello dio lugar a

una manipulación electoral para adecuar los resultados a la nueva situación.

Esa manipulación se realizaba mediante el FRAUDE ELECTORAL y el

denominado CACIQUISMO. De este modo, la alternancia en el gobierno fue

posible gracias a un sistema electoral corrupto que no dudaba en comprar

votos, falsificar actas y utilizar la coacción sobre los electores en el mundo

rural, valiéndose para ello de la influencia y poder de los caciques locales. Así,



una vez convocadas elecciones, el ministro de gobernación elaboraba la lista

de candidatos que debían salir elegidos (“encasillado”). Los gobernadores

civiles transmitían la lista a los alcaldes y caciques. Para conseguir el objetivo,

se utilizaban todo tipo de trampas electorales; es lo que se conoce como

“pucherazo”. Incluía todo tipo de artimañas como falsificación del censo (por

ejemplo, incluyendo en el mismo a votantes fallecidos), manipulación de actas

electorales, compra de votos, coacciones o colocación de urnas en lugares

inaccesibles. Además, los caciques eran individuos o familias que, en el

mundo rural, tenían un gran poder.

El turno dinástico funcionó con regularidad hasta 1898, cuando el

impacto de la crisis colonial erosionó a los partidos y políticos dinásticos. El

Partido Conservador se mantuvo en el gobierno desde 1875 hasta 1881. Entre

este último año y 1884 gobernaron los liberales, y lo hicieron también entre

1885 y 1990. Alfonso XII falleció en 1885 y su viuda, María Cristina, hubo de

actuar como Regente hasta 1902, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de

edad. El temor a una desestabilización del sistema llevó a los partidos

dinásticos, tras la muerte del Rey, a llegar a un acuerdo, el Pacto del Pardo,

que dio paso a un gobierno liberal cuyo talante reformista aseguró la

continuidad del sistema. Los liberales impulsaron distintas reformas como la

abolición de la esclavitud (1888) o el establecimiento del sufragio universal

masculino para las elecciones a Cortes (1890), que ya habían establecido, en

su anterior etapa de gobierno, para las elecciones municipales (1882).


Esta constitución es uno de los pilares del nuevo régimen, así como la

de más larga vigencia de las habidas en España, ya que estuvo en vigor desde

1876 hasta 1923. Fue redactada siguiendo las ideas de Cánovas y era el

reflejo legal de un liberalismo doctrinario reformado. Se inspiraba en la

moderada de 1845, pero con la inclusión de una parte de los derechos

individuales reconocidos por la constitución democrática de 1869. Era un texto

flexible en los aspectos más conflictivos y, por ello, podía servir de marco legal

para los dos partidos dinásticos. Con ella se implantaba un sistema liberal, no

democrático en principio, y que se fundamentaba en los siguientes principios:

- Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey.

- Como consecuencia de lo anterior, la Corona era uno de los pilares

del sistema. Entre sus atribuciones estaban: legislar junto a las

Cortes; sancionar y promulgar las leyes; nombrar al Jefe de gobierno

y a los ministros; disolver las Cortes antes de finalizar la legislatura.

El Rey ostentaba, además, el mando supremo del ejército.

- Las Cortes eran bicamerales. La cámara alta era un Senado elitista,

representación de las principales fuerzas sociales que apoyaban al

régimen. El 50% de los senadores no eran elegidos, sino que lo eran



por “derecho propio” (grandes de España, altos cargos eclesiásticos

y militares, altos funcionarios...) o por “designación real”. Los

restantes eran elegidos por las corporaciones y por los mayores

contribuyentes. Por otro lado, el Congreso de los diputados

pretendía representar el interés general, pero la Constitución no

establecía el sistema electoral. Así, Cánovas implantó en 1878 el

“sufragio censitario” y, en 1890, bajo el gobierno de Sagasta, se

implantó el sufragio universal.

- El poder ejecutivo lo ejercía la Corona a través de los ministros, que

respondían ante las cámaras. El rey designaba al Jefe de gobierno.

- En cuanto a la cuestión religiosa, se resuelve reconociendo la

confesionalidad católica y la garantía de sostenimiento del clero y el

culto. A cambio, una ambigua libertad de creencias permite otros

cultos, siempre que se ajusten a la moral católica y se abstengan de

manifestaciones públicas.

3. LAS OPOSICIONES AL SISTEMA: CARLISMO Y

REPUBLICANISMO.

Fuera del régimen de la Restauración, y al margen de los partidos

dinásticos, quedaron una serie de sectores sociales y políticos que no

constituyeron una oposición homogénea al sistema, sino que se opusieron al

mismo desde distintas posiciones y con distintos métodos. De ahí el término

“oposiciones”. En esta primera etapa, hasta 1902, fueron, sobre todo, los

carlistas y los republicanos. Pero también iría naciendo el embrión de otras

oposiciones: en 1879 se funda el PSOE y, en 1888, la UGT; en los años

finales del siglo surge el germen del nacionalismo en forma de regionalismo;

tampoco hay que olvidar al anarquismo nacido de la Primera Internacional, con

un sector violento que derivó hacia la acción terrorista (bomba del Liceo en

1987, asesinato de Cánovas en 1897………….y ya, transcurrido el tiempo, el

asesinato de dos jefes de gobierno, Canalejas y Dato, amén de otros

atentados).

Republicanos: Tras la I República, el republicanismo se fragmentó en

distintos partidos. Tuvieron en común una serie de ideas como la fe en el

progreso, el reformismo social y la aspiración a una secularización del Estado,

que derivó hacia actitudes anticlericales. Estas ideas se difundieron entre las

clases medias y populares a través de casinos, ateneos, cooperativas y prensa.

Lo que les diferenciaba entre sí fue, principalmente, la concepción, centralista o

federalista, del Estado. También se distinguían según su estrategia para

alcanzar el gobierno, esto es, la preferencia por la insurrección o por la vía

electoral. Así, el Partido Federal de Pi i Margall defendía el federalismo,

mientras que el Partido Centralista de Salmerón, era partidario del unitarismo

del Estado. También estaba el Partido Histórico de Castelar que, además del



modelo unitario, adoptó una actitud posibilista ante el régimen y acabó

integrándose en el Partido Liberal en los años ochenta. Por su parte, el Partido

Republicano de Ruiz Zorrilla defendió la opción del golpe militar para combatir

al régimen.

En el nuevo siglo, durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931),

apareció un nuevo republicanismo. Se inicia una tendencia a la unidad de

acción y, de este modo, se crea Unión Republicana en 1903, que acabaría

escindiéndose en dos: por un lado, una tendencia reformista que trataba de

democratizar al sistema mediante la participación electoral y la colaboración

con la monarquía ( esta corriente fundó en 1912 el Partido Reformista de

Melquiades Álvarez, del que formaron parte destacados miembros de la

Institución Libre de Enseñanza); por otra parte, la izquierda de la Unión

Republicana estaba formada por grupos radicales liderados por Lerroux y otros,

e intentó derribar al sistema apoyándose en las clases populares (en 1908,

Lerroux fundó el Partido Republicano Radical).

Carlistas: Después de la derrota de 1876, algunos sectores del carlismo

marcharon al exilio, al tiempo que protagonizaron, en el interior, intentos

insurreccionales. El fracaso de la vía armada y la integración en el régimen de

un sector de católicos tradicionalistas (los llamados neocatólicos opuestos al

liberalismo), llevaron a los carlistas a la participación en la vida política. Entre

1891 y 1923, el carlismo obtuvo representación parlamentaria y creó una fuerza

paramilitar para luchar contra el republicanismo y el anarquismo: el Requeté.

La participación en la vida política produjo la escisión de sectores que no eran

partidarios de esa vía. Además, la expansión del nacionalismo vasco, que tuvo

sus raíces en el carlismo, limitó la expansión de éste.

Otros: A través de la acción sindical y política, las dos ramas del

denominado movimiento obrero, el socialismo y el anarquismo, realizaron su

oposición a la Restauración. El anarquismo se reorganizó en 1881 con la

creación de la Federación de Trabajadores de la Región Española. Los

anarquistas no participaban en política, pero sus ideas alcanzaron gran difusión

en Andalucía y Cataluña. En los años noventa, comienza la vía de la llamada

acción directa, que se traduce en actos terroristas que originaron una dura

represión judicial y policial. Frente a la estrategia violenta surgió, en el nuevo

siglo, la tendencia anarcosindicalista, que se inclinaba por la acción sindical y la

huelga general. En 1910 se fundó la CNT (Confederación Nacional del

Trabajo).

La oposición política del obrerismo la representó el PSOE, fundado en

1879 por Pablo Iglesias a partir del reducido grupo que, tras la escisión de la

Internacional, se adhirió a la rama marxista. Se trataba de seguir la estrategia

de Marx en el sentido de organizarse en partidos de clase de ámbito nacional,

que más tarde formarían parte de la Segunda Internacional o Internacional

Socialista. Hasta 1910 el socialismo tuvo poca implantación; en ese año, Pablo

Iglesias fue elegido como diputado socialista, siendo el primero desde su

fundación.



También surgen los nacionalismos periféricos. En el País Vasco, Sabino

Arana funda, en 1895, el PNV (Partido Nacionalista Vasco), defendiendo la

identidad vasca como raza diferente y superior a la española. El nacionalismo

vasco nace como una reacción de los medios rurales y tradicionales frente a

los profundos cambios que suponía la industrialización Asimismo en Cataluña

se crea, en 1891, Unión Catalanista, cuyo ideólogo fue Prat de la Riba y que

presentó el primer programa catalanista, las “Bases de Manresa”; más tarde,

en 1901, se fundó otro partido, la Lliga Regionalista. Asimismo, surgió en

Galicia el regionalismo.

4. LAS GUERRAS COLONIALES Y LA CRISIS DE 1898.

La pérdida, en 1898, de las últimas colonias ultramarinas (Cuba, Puerto

Rico y Filipinas) fue conocida como “desastre del 98” y tuvo consecuencias

dentro de España.

Entre la Paz de Zanjón (1878), que había puesto fin a la Guerra de los

Diez años o “guerra larga”, y el inicio de la última guerra cubana, los gobiernos

españoles tuvieron casi dos décadas para introducir en la colonia alguna de las

reformas defendidas por los autonomistas isleños. Pero la falta de medidas

descentralizadoras y una política proteccionista que perjudicaba a la economía

cubana, favorecieron el surgimiento de nuevas revueltas. El período más

idóneo fue el gobierno largo de los liberales, pues entonces el Partido

Autonomista se mostraba decidido a apoyar un programa reformista. La única

medida aprobada fue la abolición de la esclavitud en 1888 y que los cubanos

tuvieran representación propia en las Cortes.

Las tensiones entre la colonia y la metrópoli aumentaron a raíz de la

oposición cubana a los fuertes aranceles proteccionistas que España imponía

para dificultar el comercio de la isla con los EEUU. La condición de Cuba como

espacio reservado para los productos españoles se reforzó con el arancel de

1891; los norteamericanos amenazaron con cerrar las puertas a los productos

cubanos si el gobierno no modificaba el arancel (EEUU adquiría el 88,1% de

las exportaciones cubanas, pero sólo se beneficiaba del 37% de sus

importaciones)

Por otra parte, en 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario

Cubano, que protagonizó la revuelta independentista iniciada en 1895 (el

denominado “grito de Baire”) y que dio origen a una nueva guerra. El gobierno

español envía un ejército a Cuba, frente al cual se hallaba el general Martínez

Campos. Pero la falta de éxitos militares provocó el relevo de Campos por el

general Weyler, quien aplicó métodos más contundentes. Tras el asesinato de

Cánovas, un nuevo gobierno de los liberales intentó probar la estrategia de la

conciliación, relevando a Weyler y concediendo a Cuba la autonomía, el

sufragio universal, la igualdad de derechos con los peninsulares y la

independencia arancelaria. Pero ya los independentistas contaban con el

apoyo norteamericano y se negaron a aceptar el fin de las hostilidades.



Coincidiendo con insurrección cubana, se produjo también la de

Filipinas, donde la presencia española era más débil que en las Antillas. En

1898, por otra parte, y con el pretexto de la explosión de unos de sus barcos

de guerra, el Maine, anclado en el puerto de La Habana, los norteamericanos,

acusando a España del suceso, le declaran la guerra e intervienen en Cuba y

Filipinas. En diciembre de ese mismo año, se firma la Paz de París, que

significó el abandono, por parte de España, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,

que quedaron bajo la influencia americana.

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política en un estado

de desencanto y frustración. El llamado desastre se vive como síntoma de la

definitiva decadencia del mito del imperio español. Sin embargo, a pesar de la

envergadura del desastre y de su significado simbólico, sus repercusiones

inmediatas fueron menores de lo que se pensaba. No hubo una gran crisis

política, sino que surgió una retórica referida a la “regeneración” del régimen.

Tampoco hubo crisis económica, a pesar de la pérdida de los mercados

coloniales y de los gastos de la guerra. Por tanto, la crisis del 98 fue, a corto

plazo, una crisis moral e ideológica con impacto psicológico entre la población.

Pero, poco a poco, ese impacto ideológico y moral tuvo repercusiones.

Por una parte, el surgimiento de los movimientos nacionalistas en País Vasco y

Cataluña. Por otra parte, el “regeneracionismo”, que incluye una serie de

movimientos intelectuales y políticos de crítica al sistema de la Restauración.

Desde el punto de vista intelectual y literario, la “Generación del 98” es una

expresión pesimista, crítica y reflexiva del clima creado por el “desastre”.



TEMA 7. LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y

ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX.

1. LAS DESAMORTIZACIONES Y LA AGRICULTURA.

Durante el siglo XIX se produce en España la implantación del Estado

liberal. Ello supone el desmantelamiento del Antiguo Régimen y sus

estructuras socioeconómicas. Se pasa, así, de una sociedad estamental a una

sociedad de clases, y de una economía agraria señorial a una economía

agraria capitalista. En un país agrario, como la era la España decimonónica, la

agricultura y la propiedad de la tierra se convirtieron en elementos claves de

esa transformación.

De acuerdo con los principios del liberalismo económico, la revolución

liberal transformó la propiedad agraria del Antiguo Régimen (compartida, y

vinculada o amortizada) en una propiedad individual, plena y de uso libre por el

propietario. Para ello hubo que adoptar una serie de medidas legales:

desamortización eclesiástica y civil, abolición del régimen señorial,

desvinculación de las posesiones de la nobleza, supresión del diezmo y

anulación de las normas que limitaban el uso de la tierra (libertad de cultivos,

de cercamiento, y supresión de la Mesta).

La desamortización eclesiástica y civil consistió en la confiscación, y

venta en pública subasta, por parte del Estado de las tierras pertenecientes a la

Iglesia y a los municipios. Las cuatro leyes desamortizadoras más importantes

fueron: la de Godoy (1798); la eclesiástica de Mendizábal (1836); la de 1841,

bajo la regencia de Espartero, ya preparada en 1837, y la desamortización

general de Madoz en 1855. La primera, la de Godoy, afectó únicamente a

algunos bienes eclesiásticos concretos. La segunda y tercera, las de

Mendizábal y Espartero, comprendieron las tierras e inmuebles del clero

regular y secular, respectivamente. La de Madoz fue general y afectó tanto a

bienes de la Iglesia como a los municipales, y a algunos estatales como los

montes públicos y los solares del Ministerio de Guerra sin ningún uso. El

proceso desamortizador fue lento por la oposición de los absolutistas y de los

liberales moderados.

Las desamortizaciones se llevaron a cabo por una serie de motivos. Por

una parte, la creencia de los liberales e ilustrados en que la propiedad colectiva

y de manos muertas no era eficiente y bloqueaba el desarrollo agrícola. Pero

hubo otras razones: una fue fiscal, en el sentido de obtener recursos para la

Hacienda Pública; otra razón fue de tipo político, para atraer al bando de la

revolución liberal a los compradores de bienes nacionales y debilitar a la

Iglesia. Algunos de esos objetivos se cumplieron y otros, en menor medida.

La conversión de propiedad amortizada en libre fue masiva. Sin embargo, el

objetivo fiscal fue el que alcanzó menor éxito. Por otra parte, la

desamortización no modificó sustancialmente la distribución de la propiedad,



pues acentuó la concentración donde ya existía gran propiedad, y donde era

pequeño o mediana la situación siguió siendo la misma. Sólo se produjo una

redistribución social en el sentido de la que la tierra de la Iglesia pasó a manos

de agricultores acomodados, profesionales liberales urbanos, comerciantes y

aristócratas (muchos de los cuales pasaron de nobleza señorial a nobleza

terrateniente). Se forma así una clase terrateniente afín al régimen liberal y

que se convierte en clase dominante, mientras que los campesinos pobres no

pudieron pujar por las tierras desamortizadas y perdieron incluso, con la

desamortización general, la posibilidad de utilizar las tierras comunales,

naciendo así una masa de jornaleros pobres.

La desamortización sí amplió, de manera considerable, la tierra

cultivada. Ello contribuyó al aumento de la producción agrícola durante el siglo,

pero sin progresos técnicos y, por tanto, sin crecimiento de la productividad.

Además, el aumento de tierra se produjo a costa de pastos y bosques, lo que

provocó decadencia de la ganadería. Por todo ello, la desamortización no

sirvió de impulso para le economía en general. No incrementó la demanda de

bienes de la industria ni sirvió para la acumulación del capital necesario para la

inversión industrial

Otra transformación de la reforma liberal fue la abolición de los señoríos.

Los señores perdieron la jurisdicción sobre las tierras, pero ganaron la

propiedad que, además, se vio favorecida por la desvinculación, que les

permitió disponer de sus tierras como cualquier otro terrateniente. Ello explica

el apoyo de gran parte de esa nobleza al régimen constitucional.

Como se explica más arriba, la producción agraria aumenta durante la

etapa isabelina, pero sin incremento de la productividad por hectárea, sino por

aumento de tierras cultivadas. Los cultivos dominantes fueron los cereales,

seguidos de la vid y el olivo. Pero todavía en 1860, el 50% de la tierra

cerealística quedaba cada año en barbecho. Por tanto, era una agricultura

atrasada aunque, poco a poco, fue apareciendo una agricultura moderna

dedicada a la exportación de productos mediterráneos como vino, aceite y

frutos secos, que se desarrollará plenamente durante la Restauración.

2. LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LOS TRANSPORTES.

En la España del siglo XIX no existió Revolución Industrial en sentido

estricto; fue un país de industrialización tardía limitada a determinadas áreas,

como Cataluña, País Vasco y Asturias, si bien nuestro país continuó siendo un

país mayoritariamente agrario hasta la década de los sesenta del siglo XX

cuando el denominado “desarrollismo”, impulsado durante el franquismo,

supuso la definitiva industrialización.

La industrialización del siglo XIX se inició en Cataluña y se relacionó con

el sector del algodón. A mediados del XVIII ya existía en Cataluña una

importante manufactura dedicada a la producción de “indianas” (tejidos de



algodón estampados). Hacia 1780 comienza la introducción de las nuevas

máquinas de hilar (como la “spning jenny”) de origen inglés. La consolidación

de la moderna industria algodonera arranca de 1802, cuando se prohíbe la

entrada en España de algodón hilado, lo que produce un arranque del textil

catalán que se verá frenado por la desarticulación de los mercados durante la

Guerra de la Independencia. Terminada ésta, se reinicia la expansión. A partir

de 1830, su crecimiento fue rápido. En 1833, se instaló la primera máquina de

vapor: la mecanización conoció una rápida expansión, mayor en el hilado que

en el tejido. Una de las causas de esa acelerada expansión de la

mecanización en la hilatura fue la relativa escasez de mano de obra, debido a

incorporación al mercado laboral de las generaciones nacidas durante la guerra

(no nacidos en el transcurso del conflicto). La mecanización supuso un

descenso de los costes y, por tanto, de los precios, lo que hizo aumentar la

demanda. Esa fase de crecimiento del sector textil sólo se vio interrumpida

durante la Guerra de Secesión de EEUU (1861-1865), que dificultó el

aprovisionamiento de la materia prima (algodón americano). Desde 1874 se

inicia una nueva fase expansiva marcada por la mecanización del sector del

tejido.

El impulso del sector algodonero catalán fue insuficiente para arrastrar el

conjunto de la economía y para producir un proceso de industrialización en

toda España, que queda rezagada en la industrialización europea. Ello se

explica por distintos factores: escasez de fuentes de energía (falta de cursos de

agua importantes, mala calidad del carbón del subsuelo), posición excéntrica

en Europa (en un momento de costes de transporte elevados) y absorción de

gran cantidad de recursos por La Hacienda Pública, deficitaria, lo que elevó los

tipos de interés y encareció la financiación productiva.

La siderurgia, por otra parte, fue el sector que estimuló la

industrialización relevando al sector algodonero. La fundición del hierro en altos

hornos y la elaboración de acero en convertidores requieren mineral de buena

calidad y elevadas cantidades de carbón. Vizcaya poseía importantes minas

de hierro y se convirtió en exportadora de ese mineral, sobre todo a Inglaterra.

Pero la escasez de minas de carbón, las más importantes de las cuales se

hallaban en Asturias, así como el bajo poder calorífico del carbón autóctono,

limitó el desarrollo siderúrgico en un primer momento. Los primeros intentos de

crear una siderurgia moderna se desarrollaron en Málaga, pero fracasaron por

el uso de carbones vegetales.

La existencia de yacimientos de hulla en Asturias, convierte a esta

región en el centro siderúrgico de España entre 1864 y 1879. La producción

asturiana creció con rapidez, siendo en ese momento la única zona de España

en disponer de carbón mineral. Pero, desde 1876, la llegada de coque galés

más barato a Bilbao, como contrapartida de la exportación de hierro, condujo a

la consolidación de la siderurgia en Vizcaya, donde se constituyen importantes

empresas.



Por otra parte, la implantación de un Estado centralizado y la articulación

de un mercado nacional, objetivo de la burguesía isabelina, exigían el

desarrollo de una red radial de transportes. Los gobiernos de esa etapa

iniciaron la construcción de una red radial, con centro en Madrid, de carreteras.

También se estableció una red radial de telegrafía. Al mismo tiempo, se

liberalizó el monopolio del transporte de viajeros por diligencia. Pero la novedad

más importante en la etapa isabelina fue la instalación, con casi treinta años de

retraso respecto a los países europeos industrializados, de la red de ferrocarril.

Su construcción si inició en 1848 con la línea Barcelona-Mataró y otros tramos

inconexos. La red tardó en extenderse y no alcanzo la densidad de otros

países de Europa Occidental. Esa tardanza se explica por el atraso económico

de España, pues no existían capitales ni técnicos para realizar su construcción.

De ahí que, al final, fueran compañías y capitales extranjeros, sobre todo

franceses, los que acometieron esa construcción. La Ley de Ferrocarriles de

1855 les proporcionó condiciones ventajosas: subvenciones estatales y libre

introducción de hierros de todas clases. Por eso el ferrocarril no fue un factor

importante de arrastre para el desarrollo siderúrgico e industrial. No obstante,

la mejora de los transportes y la supresión de las aduanas interiores

favorecieron el comercio interior. Pero fue el mercado exterior el que adquirió

protagonismo al imponerse, por parte de progresistas y demócratas, una

política librecambista que insertó a España en el mercado internacional como

exportadora de bienes primarios (alimentos, materias primas, bienes

semielaborados) e importadora de productos industriales.

3. LOS CAMBIOS SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS.

La revolución liberal supuso, para España, la implantación de un sistema

capitalista de base agraria. La población activa agraria siguió siendo

mayoritaria, si bien durante la etapa isabelina se produjo un aumento sensible

de la población activa artesanal e industrial, pero sin alcanzar nunca los

porcentajes del sector primario. Hubo, no obstante, un fuerte crecimiento de la

población al mismo tiempo que se desarrollaban cambios sociales.

La población pasó de unos 10,5 millones a comienzos de siglo a unos

15,5 en 1860, alcanzando los 18,5 al terminar el siglo. El crecimiento fue

mayor durante la etapa isabelina que durante el sexenio y la Restauración. Sin

embargo, ese crecimiento se mantiene dentro de los rasgos del denominado

régimen demográfico antiguo: alta natalidad, alta mortalidad, baja esperanza de

vida, elevada mortalidad infantil y mortalidades catastróficas por las epidemias

de cólera. Pero la mortalidad, aun manteniéndose en tasas altas y al margen

de los episodios epidémicos aludidos, descendió respecto a la natalidad. Ello

fue resultado de una mejor dieta alimentaria y del progreso de las condiciones

higiénicas paralelo al desarrollo de las infraestructuras urbanas. El resultado



fue ese significativo aumento demográfico, que no lo fue tanto en comparación

con otros países de Europa inmersos en la revolución industrial.

Se mantuvo también la tendencia, iniciada en el siglo anterior, al

aumento del peso demográfico de la periferia respecto al interior. Ello fue

acompañado de un aumento de la urbanización, sobre todo en País Vasco,

Barcelona y Madrid y, en menor medida, en las capitales surgidas de la nueva

división provincial de 1833. El resultado es una emigración interior en forma de

éxodo rural. También se produce emigración hacia América (sobre todo, Cuba

y Argentina) y Argelia. Las principales áreas emisoras fueron Galicia, Asturias,

Cataluña y Canarias, hacia América, así como Murcia y Almería, hacia Argelia.

Por otra parte, los cambios políticos y económicos se tradujeron en

cambios sociales. La sociedad de la etapa isabelina dejó de ser una sociedad

estamental y se convirtió en una sociedad de clases o de igualdad jurídica. Al

mismo tiempo, hubo una reestructuración en la composición y rasgos de las

diferentes clases. Se va configurando una estratificación social cuya principal

característica es la desigualdad entre la élite económica y social y el resto de la

población. Forman parte de esa élite la vieja nobleza en declive y la alta

burguesía en ascenso. El resto de la sociedad se compone de la gran masa de

clases populares campesinas urbanas. En medio, unas clases medias muy

reducidas en número.

La vieja nobleza perdió sus derechos señoriales y estamentales, pero

conservó la mayor parte de sus tierras, pasando a formar parte de una clase

terrateniente y manteniendo su estilo de vida, imitado por la burguesía. Ésta se

integró con la vieja nobleza formando una oligarquía política y económica que

fue dominante durante la etapa isabelina. La burguesía se dividía en agraria,

comercial y de negocios y, en menor medida, industrial. Su origen está en los

cambios de la revolución liberal: compra de tierras desamortizadas,

especulación inmobiliaria promovida por la reforma de las ciudades, negocios

surgidos con las transformaciones del Estado liberal, bolsa y comercio

ultramarino. También algunas capas participaron en el desarrollo industrial y el

ferrocarril. Especial peso tiene la oligarquía agraria que refuerza su poder

económico y social en el último cuarto de siglo

En cuanto a las clases medias, su número es reducido respecto a

Europa. Están en torno al 5% de la población y se nutren de hombres de

negocios, comerciantes, rentistas, fabricantes de nivel menor, profesionales

liberales y funcionarios. A finales de siglo su peso había aumentado,

acercándose al 18%

Las clases populares, en las ciudades, están integradas por artesanos,

tenderos y trabajadores asalariados. Los artesanos son mayoritarios, pues lo

limitado de la industrialización da lugar a un crecimiento lento del proletariado,

que tendrá cierto aumento en la primera etapa de la Restauración. En el

campo, el principal grupo social son los jornaleros, sobre todo en el centro y el

sur, áreas de latifundio.



4. LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO.

El paso del Antiguo Régimen a la nueva sociedad capitalista dio lugar a

la aparición de nuevos sectores proletarios y al crecimiento en número de los

trabajadores urbanos. También surge una masa de jornaleros sin tierra en el

centro y el sur. Las condiciones de vida y trabajo, duras para los trabajadores

urbanos e industriales y para los campesinos sin tierra, originan conflictividad

social y dan lugar a un proceso asociativo y de lucha política para mejorarlas.

Ese proceso culmina durante el sexenio con la implantación en España de la

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), fundada en Londres en 1864

por marxistas y anarquistas.

Conflictividad social: La conflictividad social adoptó distintas formas.

Por una parte, los motines de subsistencia continuaron existiendo o resurgieron

como rebeldía frente a las nuevas realidades de la sociedad liberal; por

ejemplo, los motines contra los consumos y las quintas. También apareció,

entre 1820 y 1840, la protesta contra el nuevo trabajo industrial expresada a

través de la destrucción de máquinas (ludismo); los dos episodios más

importantes de esa forma de resistencia fueron el de Alcoy en 1821 y el de la

fábrica de Bonaplata (Barcelona) en 1835. Pero el moderno conflicto industrial

no se generaliza hasta la época del sexenio democrático, donde ese conflicto

es ya protagonizado por las fuerzas del movimiento obrero organizado que

utiliza la huelga como instrumento de lucha. Esa forma de conflicto se da sobre

todo en Cataluña.

Entre el campesinado la conflictividad tuvo como protagonistas a los

jornaleros mediante protestas espontáneas que reclamaban el acceso a la

propiedad de la tierra. La toma de tierras, así como la queda de cosechas y

registros de la propiedad serán las formas de protesta. Ya durante el sexenio,

esas protestas campesinas tomaron como referencia la ideología anarquista

bakuninista, que representaba una de las versiones de la AIT.

Asociacionismo y sindicalismo: En cuanto al proceso asociativo, desde

1840 aparecen las primeras asociaciones de socorros mutuos, cuya primera

muestra fue la creación ese año, en Barcelona, de la Asociación de Protección

Mutua de Tejedores de Algodón, que llegó a tener miles de afiliados y que, en

1855, convocó una huelga general contra el gobierno de Espartero. A partir de

ahí, los sectores obreros rompen su actitud favorable a los progresistas y se

acercan al republicanismo. Durante el sexenio, se produjo la ruptura con los

republicanos y una parte de los obreros industriales y campesinos se afilió a la

AIT. Ésta fue difundida en España por el anarquista bakuninista Fannelli. Así,

en 1870 se fundó la Federación Regional Española de la AIT. También, en

1871, Paul Lafargue, yerno de Marx, difunde la tendencia marxista de la

Internacional entre los internacionalistas de Madrid, surgiendo un foco de la

tendencia en torno a la Nueva Federación Madrileña, que sería el germen del

futuro Partido Socialista Obrero Español, fundado en 1879 (y en 1888, la UGT),



así como afiliado a la Segunda Internacional o Internacional Socialista, creada

tras las ruptura de la primera por las diferencias entre anarquista y marxistas.

Pero el dominio de la federación española fue siempre de los anarquistas, que

sufrieron, durante la Restauración, una división entre los partidarios de la

“acción directa” (terrorismo) y una tendencia anarco-sindicalista que dio sus

frutos ya en los principios del siglo XX.



BLOQUE III. LA ESPAÑA DEL SIGLO XX.

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TEMA 8. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1923).

1. EL REGENERACIONISMO POLÍTICO.

La crisis colonial favoreció la aparición de movimientos que, desde una

óptica cultural o política, criticaron al sistema de la Restauración y propugnaron

la necesidad de una regeneración y modernización de la política española.

Tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas cuyos ideales

quedaron ejemplificados en el pensamiento de Joaquín Costa, que propugnaba

dejar atrás los mitos del pasado glorioso, modernizar la economía y la sociedad

y alfabetizar a la población (“escuela y despensa y siete llaves al sepulcro del

Cid”). También defendía el desmantelamiento del sistema caciquil. Se crea un

clima intelectual que postula la regeneración. Desde fuera del sistema, el

catalanismo político y el nacionalismo vasco se constituyeron como proyectos

alternativos a la Restauración. Asimismo, se producen una serie de intentos

de regeneracionismo desde el propio régimen (“revisionismo”) coincidiendo con

el relevo de los líderes del turno pacífico. Cánovas había sido asesinado en

1897 y Sagasta desaparece de la vida política en 1899. Con ello, el fin de la

regencia de la reina madre y el comienzo del reinado de Alfonso XIII (1902-

1923) coinciden con un relevo en el liderazgo de los partidos dinásticos, que se

produce en ese clima de regeneración.

Con Antonio Maura (conservador) y José Canalejas (liberal) llegó al

gobierno una generación política influida por el regeneracionismo que impulsa

proyectos de reforma desde el interior del sistema. El gobierno presidido por

Maura entre 1907 y 1909 (el llamado “gobierno largo”) protagonizó el mayor

intento reformista de los conservadores. Maura proyectó lo que él mismo

denominó “revolución desde arriba”, es decir, un intento de regeneración del

sistema en el sentido de conseguir la creación de un Estado fuerte y eficaz

para desbancar a la vieja casta caciquil. Así, se llevó a cabo una reforma

electoral (Ley electoral de 1907) que no consiguió acabar con la corrupción

pero hizo más difícil el fraude electoral. También se dio un impulso a la política

social (creación del Instituto Nacional de Previsión y “Ley del descanso

dominical”). Los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, en el verano de

1909, pusieron fin al gobierno de Maura y a su “revolución desde arriba”. La

intervención española en Marruecos, tras varias derrotas militares, llevó al

gobierno a reclutar reservistas. El resultado fue una convocatoria de huelga

general que produjo graves disturbios y manifestaciones de contenido

anticlerical (quema de conventos e iglesias) en Barcelona. El detonante fue el

embarque de los reservistas y el ejército sofocó la insurrección con dureza,

culminando todo ello con la condena a muerte y ejecución del anarquista Ferrer



Guardia, lo que desencadenó una campaña internacional contra Maura que

provocó el cese de este político como jefe de gobierno.

Otro intento reformista fue el del líder liberal José Canalejas, durante su

etapa como jefe de gobierno entre 1910 y 1912. Inició reformas sociales,

como la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo de mujeres y

niños, o la implantación de la seguridad social. También aprobó un servicio

militar universal y obligatorio sin posibilidad de redención, al tiempo que

suprimió los impuestos indirectos denominados “consumos”. Trató, asimismo,

de redefinir las relaciones Iglesia-Estado mediante una nueva Ley de

Asociaciones Religiosas; mientras se aprobaba, logró sacar adelante la

llamada “Ley del Candado”, que pretendía frenar la expansión de las órdenes

religiosas en la enseñanza. Pero el asesinato de Canalejas en 1912 paralizó la

aplicación de ese programa de reformas.

2. EL NACIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS.

A finales del siglo XIX, durante la primera etapa de la Restauración,

surgieron con fuerza movimientos regionalistas y nacionalistas periféricos en

País Vasco, Cataluña y, con menor intensidad, en otras regiones como Galicia.

Esos movimientos vinieron precedidos de un resurgimiento de las culturas

autóctonas (lengua, instituciones tradicionales, leyes, literatura) que se

relacionó con el romanticismo, tendencia cultural y artística que alcanzó gran

difusión a lo largo del siglo XIX. La “Reinaixença” en Cataluña, el

“Rexurdimento” en Galicia, así como el “fuerismo” en el País Vasco, fueron

exponentes de esa tendencia a la exaltación de la cultura propia, aunque

todavía sin implicaciones políticas.

Durante la Restauración se tiende a un mayor centralismo del Estado,

siendo abolidos los fueros vascos, aunque después son sustituidos por el

“concierto económico” que reconoce la especificidad fiscal de aquellos

territorios. Por otra parte, el denominado desastre del 98 favoreció una

orientación hacia el nacionalismo de ciertos sectores de las burguesías vasca y

catalana.

En el País Vasco, en 1895, Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista

Vasco (PNV). Arana, partiendo de los fueros defendidos por los carlistas,

criticaba el fuerismo liberal, porque éste suponía un pacto o concesión de la

nación española cuando los fueros, a su juicio, eran derechos originales del

pueblo vasco. Además, durante la Restauración fueron abolidos, como ya se

explicó, esos fueros. Entendía que el pueblo vasco había sido esclavizado por

España y defendía su identidad como raza diferente y superior a la raza

española, expresándose esa identidad a través de una cultura vasca propia.

Consideraba que la lengua y cultura vascas estaban en trance de

desintegración y que su supervivencia exigía la independencia política del País



Vasco. Este ideal nacionalista surgió en el contexto de la reacción de los

medios rurales y tradicionales vascos ante las profundas transformaciones que

la industrialización estaba produciendo, sobre todo en Vizcaya, con la

consiguiente llegada de numerosos inmigrantes del resto de España a los que

los nacionalistas denominaron, de manera despectiva, “maketos”.

En Cataluña, el Centro Catalán y Valentin Almirall presentaron a la

Corona un “Memorial de Agravios” que defendía el proteccionismo industrial y

la vigencia del derecho de Cataluña frente al español. En 1891 se creó “Unión

Catalanista”, cuyo principal ideólogo fue Prat de la Riba, y que presentó el

primer programa catalanista, las “Bases de Manresa”. Este documento

planteaba ya, desde una perspectiva conservadora, la existencia de Cataluña

como nacionalidad propia dentro del Estado español, debiendo gozar de una

amplia autonomía o gobierno propio. En 1901 se fundó el partido de la “Lliga

Regionalista”. Sus principales figuras eran el citado Prat de la Riba y Francisco

Cambó. Este partido representaba a la burguesía y clases medias catalanas

que defendían un catalanismo moderado y terminó colaborando con la

Restauración.

En Galicia, durante la década de los ochenta, surgió un regionalismo

gallego apoyado por propietarios agrarios y comerciantes. Dentro de ese

movimiento hubo una tendencia tradicionalista y antiliberal, y otra de

contenidos propiamente nacionalistas.

3. LA CRISIS DE 1917.

España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). Esa neutralidad tuvo importantes efectos económicos y sociales que

repercutieron, de manera clara, sobre la grave crisis del sistema de la

Restauración en 1917. La Gran Guerra provocó un fuerte crecimiento de la

economía española, que se dedicó a abastecer a los países en guerra, con

gran aumento de las exportaciones. Se produjo un notable proceso de

desarrollo industrial para sustituir las importaciones. Pero ese rápido

crecimiento se realizó sobre bases frágiles y causó desajustes sociales. Dio

lugar a una elevada inflación (aumento generalizado de los precios) y al

desabastecimiento de algunos productos básicos, con sensible descenso del

nivel de vida de las clases medias y bajas, a lo que se unió una intensificación

de las desigualdades sociales. También ensanchó la brecha entre las

burguesías industriales y la oligarquía terrateniente, comercial y financiera que

dominaba el sistema de la Restauración. Toda esa polarización económica,

social y política terminó estallando en 1917.

Se trató de una triple crisis en la que confluyeron tres conflictos: el

militar, el político y el sindical.

- El conflicto militar se plasmó en las JUNTAS DE DEFENSA. La

subida de los precios afectó más a los militares de la Península que a

los “africanos” (militares destinados en Marruecos). Además,



aquellos protestaban contra los ascensos por méritos de guerra de

los segundos. Ese malestar de los militares “peninsulares” se tradujo

en la creación de Juntas Militares de Defensa que solicitaron mejoras

presupuestarias para el ejército y demandaron la convocatoria de

Cortes constituyentes. El gobierno hubo de hacer algunas cesiones,

como la subida de salarios y la legalización de las Juntas.

- El conflicto político tuvo su reflejo en la ASAMBLEA DE

PARLAMENTARIOS. Las fuerzas políticas no dinásticas

(catalanistas, socialistas, reformistas y republicanos), siguiendo el

ejemplo de las juntas militares, trataron de encauzar el malestar

social planteando reivindicaciones políticas: formación de un

gobierno provisional y convocatoria de Cortes constituyentes para

establecer un sistema con el parlamento como pilar básico,

eliminando las prerrogativas de la Corona y reconociendo los

nacionalismos. La iniciativa partió de la Lliga Regionalista y su líder

Cambó, que convocó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios

de grupos antisistema, con excepción de los anarquistas, que no

quisieron participar. Antes de ser disuelta, la Asamblea aprobó las

líneas de una nueva constitución democrática. El miedo de la

burguesía dirigida por Cambó ante la huelga general y el intento de

formar un gobierno de unidad nacional forzado por las Juntas de

Defensa, llevaron al político catalán a abandonar la Asamblea y

formar parte del nuevo gobierno dinástico.

- El conflicto social y sindical tuvo su expresión en la HUELGA

GENERAL. La consecuencia de la inflación durante la guerra fue el

aumento de la conflictividad social. Ante ello, se llegó, por las

presiones de las bases, a la unidad de acción entre el sindicato

socialista (UGT) y la CNT (Confederación Nacional del Trabajo,

anarcosindicalista). Ambos sindicatos prepararon una huelga general

para el verano de 1917, en solidaridad con los ferroviarios

(enfrentados a sus patronos). La huelga tuvo éxito en las principales

ciudades y centros fabriles (Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco).

El gobierno llevó a cabo una política de represión utilizando al

ejército.

La triple crisis de 1917 no terminó con el sistema pero, a partir de

entonces, la inestabilidad política fue la norma. Con el fin de la Gran Guerra se

rompió definitivamente el turno de partidos. Entre 1917 y 1923 hubo trece

cambios de gobierno. El Rey tuvo que recurrir a gobiernos de concentración,

formados por miembros de los dos partidos dinásticos. Desde 1922 se intentó

recuperar el turno, sin éxito. Además de años de inestabilidad política, fueron

años de verdadera “guerra social”, con una gran conflictividad laboral, sobre

todo durante el denominado “trienio bolchevique” (1918-1920), en cuyo

desarrollo influyó el impacto suscitado por la revolución soviética. Se produjo

una fuerte conflictividad que afectó a los campesinos andaluces y a los obreros



de Barcelona, donde hubo huelgas importantes como la de la fábrica de

electricidad “La Canadiense” (1919), que terminó con triunfo de los obreros. La

conflictividad se relacionó, desde el punto de vista ideológico, con el ideario

anarquista, tanto entre los jornaleros del sur como en Cataluña. Se desarrolla

así una guerra social con atentados anarquistas y episodios de “pistolerismo” a

sueldo de los patrones. En ese contexto, se produjo el agravamiento de la

guerra en Marruecos.

4. EL PROBLEMA DE MARRUECOS.

A partir de 1906, España inició su presencia e Marruecos. En el marco

del Imperialismo previo a la Primera Guerra Mundial, la “Conferencia de

Algeciras” (1906) y el posterior “Tratado Hispano-francés” (1912) supusieron su

entrada en el reparto de zonas de influencia entre los países europeos. Así,

bajo el influjo de los británicos, que deseaban limitar la presencia francesa en el

norte de África, se estableció un protectorado franco-español en Marruecos.

A España se le concedió una franja en el norte, el Rif, y un enclave en la costa

atlántica (Ifni y Río de Oro). Sin embargo, la presencia española en el área

estuvo contestada por las tribus bereberes, organizadas en “cabilas” (clanes

integrados por individuos descendientes de un tronco familiar común). Los

continuos ataques de los rifeños obligaron a mantener un fuerte contingente

militar. En 1909, los rifeños infligieron una importante derrota a las tropas

españolas en el “Barranco del Lobo”, ocasionando numerosas bajas. Se decide

entonces aumentar la cuantía de las tropas y el embarque de las mismas va a

estar en el origen de la llamada “Semana Trágica”.

Pero la guerra de Marruecos sufrió un nuevo agravamiento en 1921, en

un momento de inestabilidad social y política ya explicado anteriormente.

España se disponía, en ese momento, y una vez finalizada la Gran Guerra, a

hacer efectiva la ocupación de los territorios que le habían correspondido en el

tratado con Francia. Una operación precipitada dirigida por el general

Fernández Silvestre dio lugar a que los rifeños de Abd el Krim, el principal líder

de los marroquíes, infligieran un derrota a las tropas españolas en Annual

(1921), con cuantiosas pérdidas humanas (más de doce mil muertos). A ese

hecho se le denominó “Desastre de Annual” y tuvo graves consecuencias

políticas. La cuestión de las responsabilidades produjo enfrentamientos y

tensiones durante los dos años siguientes, con descontento del ejército, en

cuyo seno se fue fraguando una creciente hostilidad al sistema. Las

responsabilidades alcanzaron al propio Rey, al que se acusó de haber sido el

principal incitador de Silvestre para realizar el avance que terminó en la

carnicería de Annual.

La presión en al Parlamento de los liberales y de las fuerzas

antidinásticas, sobre todo de los socialistas, consiguió que el ejército instruyese

un expediente para determinar las responsabilidades militares. Se encargo

dicho expediente al general Picasso (“Expediente Picasso”) y tuvo como



consecuencia el procesamiento de algunos militares, pero se soslayó la

actuación del Rey. La oposición no admitió esos límites en la depuración de

responsabilidades y se creó una comisión parlamentaria para investigar el

asunto. Pero ésta no pudo presentar su informe ni debatirlo a causa del golpe

de Estado del general Primo de Rivera que, en septiembre de 1923, pone fin al

sistema político de la Restauración. Comienza así la Dictadura de Primo de

Rivera (1923-1930).



TEMA 9. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA ( 1923-1930).

1. LA QUIEBRA DE LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA.

Entre 1917 y 1923 se produce la quiebra definitiva de la monarquía

parlamentaria y del sistema político de la Restauración. En ese contexto,

agravado por la crisis social y por el problema de Marruecos, el resultado fue

la Dictadura de Primo de Rivera.

El final de la guerra mundial tuvo como consecuencia la ruptura definitiva

del turno y el desarrollo de una inestabilidad política permanente que no fue

aprovechada por las fuerzas antisistema, ya que vivían también una situación

de división y crisis. Entre 1917 y 1923 hubo trece cambios de gobierno. El Rey

tuvo que recurrir a gobiernos de concentración, formados con miembros de los

dos partidos dinásticos, como fueron los de García Prieto en 1917 y Maura en

1918. Ello no frenó la inestabilidad y se intentó una recuperación del turnismo,

ahora con facciones de los dos partidos. La fórmula no tuvo éxito. Asimismo,

la oposición antidinástica sufría una grave crisis. Catalanistas y reformistas se

integraron en el sistema y el PSOE experimentó la crisis originada por la

revolución soviética, que llevó a la escisión de 1921 por la que nacía el Partido

Comunista de España (PCE).

Se añadió a todo lo anterior el problema social, que derivó en un

verdadero estado de “guerra social”. La crisis económica posbélica se tradujo

en una disminución de los beneficios patronales y un aumento del paro. La

patronal intentaba compensar la caída de beneficios con el proteccionismo y el

descenso de salarios. Frente a ello, no paraba de crecer la movilización obrera

y sindical, tanto en el campo como en la ciudad. El resultado fue una gran

conflictividad laboral, sobre todo durante el denominado “trienio bolchevique”

(1918-1920), en cuyo desarrollo influyó el impacto de la revolución bolchevique

en Rusia. Los dos grandes focos de esa conflictividad fueron Andalucía y

Barcelona. En Andalucía se produjo un gran movimiento de huelgas con

ocupación de tierras al que el gobierno puso fin enviando al ejército. Las

alteraciones más graves se desarrollaron en Barcelona, con huelgas como la

de la fábrica de electricidad “La Canadiense” (1919). Esa conflictividad terminó

por adoptar expresiones de violencia social con duros enfrentamientos entre

sindicalistas de la CNT y de los “sindicatos libres” afines a los patrones. Se

produjo una verdadera guerra social con atentados de los anarquistas y

episodios de pistolerismo a sueldo de los patronos.

Además, tuvo lugar el agravamiento, ya estudiado, del problema de

Marruecos. Una operación precipitada dirigida por el general Fernández

Silvestre dio lugar a que los rifeños de Abd el Krim, el principal líder de los

marroquíes, inflingieran un derrota a las tropas españolas en Annual (1921),

con cuantiosas pérdidas humanas (más de doce mil muertos). A ese hecho se

le denominó “Desastre de Annual” y tuvo graves consecuencias políticas. La

cuestión de las responsabilidades produjo enfrentamientos y tensiones durante



los dos años siguientes, con descontento del ejército, en cuyo seno se fue

fraguando una creciente hostilidad al sistema. Las responsabilidades

alcanzaron al propio Rey, al que se acusó de haber sido el principal incitador

de Silvestre para realizar el avance que terminó en la carnicería de Annual.

La presión en el Parlamento de los liberales y de las fuerzas

antidinásticas, sobre todo de los socialistas, consiguió que el ejército instruyese

un expediente para determinar las responsabilidades militares. Se encargo

dicho expediente el general Picasso (“Expediente Picasso”) y tuvo como

consecuencia el procesamiento de algunos militares, pero se soslayó la

actuación del Rey. La oposición no admitió esos límites en la depuración de

responsabilidades y se creó una comisión parlamentaria para investigar el

asunto. Pero ésta no pudo presentar su informe ni debatirlo a causa del golpe

de Estado del general Primo de Rivera que, en septiembre de 1923, pone fin al

sistema político de la Restauración. Comenzaba así la Dictadura de Primo de

Rivera (1923-1930).

2. LA DICTADURA: DESARROLLO POLÍTICO E INSTITUCIONAL.

El día 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera,

capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado en Barcelona. El golpe

fue acompañado de un Manifiesto en el que se exponían los motivos y

objetivos de la sublevación: restaurar el orden público, frente a la subversión y

la amenaza separatista, y regenerar el país desterrando los vicios políticos de

la Restauración. La nueva situación se concebía, en principio, como transitoria.

El golpe contó con el apoyo de las principales agrupaciones empresariales,

asustadas por las huelgas y la deriva revolucionaria; de la Iglesia, temerosa del

anticlericalismo anarquista y del bolchevismo; y del Rey, cabeza visible del

ejército. Pero, en general, se produjo en el país una actitud de pasividad, de

cierta aceptación indiferente del hecho, debido al clima de inestabilidad y al

desprestigio de los políticos del turno. Sólo comunistas y anarquistas se

opusieron, mientras que los socialistas mantuvieron una actitud de cautela que

derivó en la colaboración de la UGT con la política social de la dictadura.

Se suelen distinguir dos etapas en la dictadura. La primera de ellas fue

el DIRECTORIO MILITAR (1923-1925), durante la cual el gobierno fue ejercido

por un Directorio (así se denominó al nuevo gobierno) integrado por los

capitanes generales de las regiones militares y presidido por Primo de Rivera.

La segunda etapa fue el DIRECTORIO CIVIL (1925-1930), y se denominó así

por el restablecimiento del Consejo de Ministros, del que formaban ahora parte

también ministros civiles.

Durante la etapa de DIRECTORIO MILITAR, Primo de Rivera abordó los

problemas denunciados en el Manifiesto: orden público, separatismo y vicios

de la Restauración. Para restaurar el orden público se declaró el estado de

guerra y se suspendieron los derechos constitucionales, atribuyendo a los

juzgados militares competencias sobre parte de los delitos comunes y sobre los



de terrorismo. El orden público fue restablecido, disminuyendo el número de

huelgas y de atentados. En cuanto al separatismo, frente al mismo se intentó

la implantación de un nacionalismo de Estado. Se disolvieron las Diputaciones

catalanas y la Mancomunidad (agrupación de las mismas con competencias

autonómicas), al tiempo que se prohibieron las manifestaciones públicas de los

símbolos nacionalistas, como la lengua y bandera catalanas. Respecto a los

vicios de la Restauración, la dictadura utilizó un lenguaje regeneracionista:

Primo de Rivera se presentó a sí mismo como el “cirujano de hierro” que había

pedido Joaquín Costa. La nación era el “cuerpo enfermo” que había que sanar.

Así, se emprende una lucha contra el caciquismo mediante una reforma de la

administración local, siendo disueltos los Ayuntamientos y las Diputaciones, al

tiempo que los concejales pasaban a ser elegidos por los mayores

contribuyentes, al igual que los alcaldes de los municipios de menos de

100.000 habitantes (los de más habitantes, eran designados por el gobierno).

En 1924 se elaboró una “Estatuto Municipal” que dotaba de mayor autonomía

económica a los ayuntamientos y establecía la elección de concejales y

alcaldes por una combinación de representación popular y “corporativa”

(agrupaciones sociales intermedias representantes de los intereses

económicos y sociales).

En cuanto a Marruecos, la colaboración con Francia condujo a una

acción militar conjunta (el “desembarco de Alhucemas”, en 1925), que supuso

la pacificación de aquel territorio y que abrió las puertas al fin del directorio

militar. Por otra parte, Primo de Rivera creó, en 1924, un partido impulsado

desde el poder, a la manera del partido único fascista italiano. Ese partido se

denominó UNIÓN PATRIÓTICA. Todo ello se entiende en el contexto del

período de entreguerras: debilidad de las democracias parlamentarias y

ascenso de los fascismos y de los regímenes autoritarios.

Desde 1925, se abre una nueva etapa: el DIRECTORIO CIVIL. El éxito

en Marruecos y el contexto internacional decidieron a Primo de Rivera a pasar

de una situación de provisionalidad a otra de permanencia. El proyecto

comenzó con el restablecimiento del Consejo de Ministros. Se iniciaba así un

período de institucionalización del régimen. A la Unión Patriótica, el partido

único creado en 1924, se unió el establecimiento de una ASAMBLEA

NACIONAL CONSULTIVA en 1927. Su función era consultiva y su

representación, corporativa, esto es, la Asamblea representaba a las

instituciones locales, a la administración central y a las distintas actividades

profesionales y económicas.

3. LA DICTADURA: POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL.

Desde el punto de vista económico, se planteó una política basada en el

nacionalismo económico, cuyo objetivo era el fomento de la producción

nacional mediante la intervención del Estado en la economía. Esa intervención

se llevó a cabo en distintos frentes. Por una parte, una fuerte protección

arancelaria y de subvenciones. Por otra parte, el intervencionismo se tradujo

en una política de obras públicas para reactivar la economía española. Los dos



aspectos de esa política fueron la mejora de la red de carreteras y la política

hidráulica, promoviendo la creación de Confederaciones Hidrográficas que

gestionaron la construcción de pantanos y presas, lo que hizo aumentar la

producción de energía hidroeléctrica y permitió avances en la electrificación.

De igual modo, el nacionalismo económico dio origen al establecimiento de dos

monopolios en el campo de la telefonía (se crea Telefónica en 1924) y de la

importación, refino y distribución de petróleo (creación de CAMPSA en 1927).

También se llevó a cabo una política social inspirada en el reformismo

católico y en la concepción corporativista de la sociedad. Frente al concepto de

lucha de clases, se propone el concepto de colaboración y se constituye la

ORGANIZACIÓN CORPORATIVA NACIONAL en 1926: patrones y obreros de

cada actividad económica pertenecían obligatoriamente a los “comités

paritarios” de patronos y obreros bajo el control del Estado. La UGT casi

monopolizó la representación obrera en esos comités.

4. EL FINAL DE LA DICTADURA Y DE LA MONARQUÍA.

Desde 1928, los sectores que habían apoyado al régimen dictatorial

dejaron de hacerlo. Los patronos recelaban de la política social corporativa de

la dictadura y los sindicatos católicos, de la preponderancia de UGT como

sindicato. Además, había reticencias del ejército peninsular acerca de la

promoción de los africanistas por méritos de guerra, defendida por el dictador.

Como los problemas de orden público habían sido resueltos, fue

desapareciendo el apoyo de estos grupos a Primo de Rivera. Por su parte, la

oposición dinástica inició una serie de intentos para regresar al sistema

constitucional de 1876. Al mismo tiempo, la oposición antidinástica procedió a

reorganizarse, apareciendo nuevos partidos republicanos, a la vez que el

nacionalismo catalán pasaba del descontento pasivo al enfrentamiento con la

dictadura.

Los estudiantes fueron una de las fuerzas más importantes de esa

oposición. El intento del gobierno de equiparar los centros universitarios

públicos y privados provocó protestas, surgiendo de las mismas una

organización independiente, la Federación Universitaria Española (FUE). La

respuesta fue el cierre de las universidades de Madrid y Barcelona. Se

generalizó entonces la protesta intelectual, haciéndose así masivo el rechazo

de la dictadura. Se une a ello el distanciamiento personal entre el Rey y el

dictador. Éste acabó por presentar la dimisión en enero de 1930.

La caída de la dictadura arrastró consigo la de la monarquía de Alfonso

XIII, en un proceso desarrollado entre enero de 1930 y abril de 1931. Tras la

dimisión de Primo de Rivera, el rey nombró como Jefe de Gobierno al general

Berenguer, con la idea de retornar al sistema de la Restauración y de la

Constitución de 1876. Pero la oposición lo impidió. Los republicanos

multiplicaron sus organizaciones y sus actividades contra la monarquía.

Fueron secundados por intelectuales como Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y



Marañón, quienes fundaron la Agrupación al Servicio de la República. El

primero de ellos publicó un artículo contra el regreso a la monarquía

constitucional, titulado “El error Berenguer”. Su suman a todo ello anarquistas

y socialistas.

Toda esa oposición a la monarquía alcanzó un acuerdo para la unidad

de acción, el denominado “Pacto de San Sebastián”, en agosto de 1930. En

ese pacto se decidió la creación de un comité revolucionario presidido por el

republicano, y antiguo monárquico, Niceto Alcalá-Zamora. El comité tenía

como objetivo organizar una huelga general y una insurrección armada contra

la monarquía. Ambas iniciativas fracasaron. En el caso del frustrado intento de

insurrección militar en Jaca, terminó con la ejecución de sus protagonistas, los

capitanes Galán y García Hernández.

En ese clima, Berenguer intenta convocar una elecciones generales,

pero éstas con boicoteadas por la oposición. Berenguer es sustituido al frente

del gobierno por el almirante Aznar. Éste convoca unas elecciones municipales

para el 12 de abril de 1931. La campaña para las mismas se plantea como un

plebiscito sobre monarquía o república. Las candidaturas monárquicas vencen

en las elecciones, pero en las principales ciudades se produce la victoria de los

republicanos. En ese clima de tensión, Alfonso XIII renuncia a la Corona y

abandona el país. El comité revolucionario se convierte en gobierno provisional

y proclama la Segunda República el día 14 de abril de 1931.



TEMA 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA ( 1931-1936).

1. EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

Una vez proclamada la República el 14 de abril de 1931, se constituyó

un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora, ex monárquico

enfrentado con el Rey desde el golpe de Estado de 1923 y que presidía,

además, el Pacto de San Sebastián. En el nuevo gobierno, figuraban como

ministros destacados líderes republicanos (Manuel Azaña, Alejandro Lerroux o

Diego Martínez Barrio) y socialistas (Francisco Largo Caballero, líder del

PSOE, así como Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos). A través de

decretos, se tomaron medidas como el establecimiento del salario mínimo o la

jornada de ocho horas, y se pusieron las bases de una serie de reformas como

la militar, la agraria o la educativa. Fueron convocadas, además, elecciones

constituyentes, en las que obtuvo amplia mayoría una coalición republicano-

socialista. Ello permitió la rápida aprobación de la Constitución de 1931.

La Constitución definía al Estado español como “república de

trabajadores de todas las clases”. Algunos de sus principales principios eran

los siguientes:

- Se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en

algunas regiones.

- Las Cortes eran unicamerales y en ellas residía plenamente el poder

legislativo. El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros y en

el Presidente de la República. El poder judicial se confiaba a jueces

independientes.

- Establecía la no confesionalidad del Estado.

- Se preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de

propiedades por causa de utilidad social, mediante indemnización,

así como la opción de nacionalizar servicios públicos.

- Presentaba una amplia declaración de derechos y libertades.

Establecía el voto a los 23 años y, por primera vez, incluía el voto

femenino, aspecto este último que fue controvertido a lo largo de los

debates para aprobar la Constitución.

La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas.

Los sectores católicos más conservadores se opusieron a la no confesionalidad

del Estado y la derecha más centralista se opuso al reconocimiento de la

autonomía de las regiones. Una vez aprobada, Alcalá Zamora se convirtió en

presidente de la República y Manuel Azaña, en jefe de gobierno. Comenzaba

así el primero de los bienios republicanos, el “bienio republicano-socialista” o

“bienio reformista” (1931-1933).



En cuanto al sistema de partidos, hubo una estimable pluralidad de

partidos que se alineaban en distintas partes del espectro político. Así, dentro

de las derechas se distinguían:

- Partidos monárquicos: entre ellos, Renovación Española (RE),

fundado en 1933, y formado por alfonsinos como Calvo Sotelo;

también, Comunión Tradicionalista (CT), carlistas.

- Partidos republicanos: Partido Radical (con Alejandro Lerroux,

veterano agitador anticlerical que se sumaba a izquierda o derecha

según los casos), Partido Progresista (con Alcalá Zamora, de

orientación católica), Partido Conservador (con Miguel Maura, y

también de orientación católica), Partido Liberal Demócrata (con

Melquiades Álvarez, teniendo su ámbito de influencia en Asturias).

- Partidos católicos: cabe destacar la CEDA (Confederación Española

de Derechas Autónomas), liderada por Gil Robles y fundada en 1933

para las elecciones de ese año. Aglutinaba a diversos grupos

monárquicos, católicos y agrarios.

- Partidos regionalistas: la Lliga Regionalista, de Cambó.

En los que se refiere a las izquierdas:

- Partidos Republicanos: Acción Republicana, más tarde Izquierda

Republicana, con Manuel Azaña, defensor de la República laica, civil

y social. También el Partido Radical Socialista y Unión Republicana,

con Diego Martínez Barrio.

- Partidos autonomistas y nacionalistas: Esquerra Republicana de

Cataluña, con Francesc Maciá y Lluis Companys, representantes del

catalanismo de izquierdas. También el Partido Nacionalista Vasco

(PNV), conservador y católico, pero que hubo de alinearse con la

izquierda.

- Partidos obreristas y marxistas: PSOE, con Prieto, Besteiro y Largo

Caballero: Partido Comunista de España (PCE), nacido como

escisión del PSOE en 1921; Partido Obrero de Unificación Marxista

(POUM), que nace, como partido trotskista, en 1935, por la fusión de

Izquierda Comunista y del Bloque Obrero Campesino.



2. LAS REFORMAS DEL BIENIO REPUBLICANO-SOCIALISTA.

Tras la aprobación de la Constitución, Alcalá Zamora se convierte en

presidente de la República y Manuel Azaña preside el gobierno (desde

diciembre de 1931 a septiembre de 1933). A ese período se le denomina

“bienio republicano-socialista”, por la coalición que ejerce el poder, o “bienio

reformista”, porque se impulsan una serie de reformas iniciadas, en su mayor

parte, desde el momento en que se forma el gobierno provisional tras la

proclamación de la República.

Las principales reformas son las siguientes:

- REFORMA MILITAR: Se pretendía crear un ejército profesional.

Para ello, se trataba de reducir sus efectivos y acabar con el exceso

de oficiales, así como asegurar su obediencia al poder civil. De este

modo, se promulga la “ley de retiro de la oficialidad”, por la cual todos

los militares en activo debían prometer su adhesión al nuevo régimen

republicano, concediéndoles la posibilidad de retirarse con sueldo

íntegro en caso contrario. La reforma no obtuvo sus objetivos porque

se retiraron menos militares de los esperados. Además, en algunos

sectores del ejército, como los africanistas, la ley fue recibida como

una agresión a la tradición militar, lo que generó tensiones.

- CUESTIÓN RELIGIOSA: El gobierno se propuso limitar la influencia

de la Iglesia y secularizar la vida social. Ello se plasmó en la

Constitución, que establecía la no confesionalidad del Estado, la

libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero.

También se permitió el divorcio y el matrimonio civil. Además, el

temor a la influencia de las órdenes religiosas a través de la

enseñanza, llevó a la disolución de la orden de los jesuitas (por su

cuarto voto de obediencia al Papa) y a la prohibición de la enseñanza

para los órdenes restantes. La cuestión religiosa le creó al nuevo

régimen sus mayores enemigos, pues, en general, la jerarquía

eclesiástica movilizó a la opinión pública en contra de la República.

Ello dio lugar a tensiones sociales y políticas: oposición de la Iglesia y

quema de conventos por parte de los sectores radicales.

- REFORMA AGRARIA: Fue el proyecto de mayor envergadura.

España era un país agrario y tenía el problema de las grandes

propiedades en el sur, existiendo allí una gran masa de jornaleros o

campesinos sin tierra. Ya desde la proclamación de la República, se

promulgan decretos que perseguían proteger a los jornaleros y

arrendatarios; esos decretos prohibían poner fin a los contratos de

arrendamiento y establecían salarios mínimos, así como la jornada

de ocho horas en el campo y la obligación de poner en cultivo las

tierras aptas para ello. Pero el verdadero ensayo reformador fue la

“Ley de Reforma Agraria”, aprobada por las Cortes en septiembre de



1932. Su objetivo era expropiar latifundios y asentar campesinos,

pues establecía la expropiación sin indemnización de las tierras de

un parte de la nobleza (“Grandes de España), así como la

expropiación con indemnización de otras tierras, como las cultivadas

deficientemente o las que, pudiendo ser regadas, no lo eran. Los

resultados de la reforma fueron limitados y conllevaron tensión social.

La reforma se aplicó de manera lenta y limitada por su complejidad,

por la lentitud burocrática y por la falta de presupuesto para

indemnizaciones, además de la resistencia de los propietarios, a la

que se unió la deriva revolucionaria de una parte del campesinado

afectado, influido sobre todo por el ideario anarquista, con ocupación

de tierras y revueltas.

- REFORMA DEL ESTADO: Se trató, en este caso, de contentar a las

regiones con sentimientos nacionalistas. La Constitución reconocía

el derecho a la autonomía. El gobierno provisional hubo de

reconocer un gobierno autonómico catalán (la Generalidad), después

de negociar con Francesc Maciá, líder de Esquerra Republicana,

que, el mismo día de la proclamación de la República, proclamó, a su

vez, la República de Cataluña dentro de la Federación Ibérica. Ello

quedó anulado tras las negociaciones y se reconoció entonces al

gobierno autonómico a la vez que se encargaba a una comisión la

redacción de un “estatuto”, que fue aprobado a finales de 1932. Se

retrasó, sin embargo, la aprobación de un estatuto para el País

Vasco, propuesto por el PNV y los carlistas.

- REFORMAS SOCIALES: Hubo una serie de reformas sociales,

relacionadas sobre todo con las condiciones de trabajo. Se trató de

un conjunto legislativo que se dirigió a aspectos como la negociación

colectiva, la jornada de trabajo (semana de 40 horas) y otras.

Todas estas reformas se encontraron con oposición de la Iglesia, de

sectores del ejército (intento de golpe de Estado del general Sanjurjo en agosto

de 1932) y de la derecha tradicional y monárquica. Así, en 1932, se creó la

CEDA, un partido de la derecha católica dirigido por Gil Robles. Aparecieron

grupos de corte fascista, que crearon, en 1931, las JONS (Juntas de Ofensiva

Nacional Sindicalista), unidas más tarde a Falange Española, partido fundado

en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, y que se inspiraba en el fascismo

italiano.

Por otra parte, dentro del anarquismo, la dirección de la CNT se vio

desbordada por el sector más radical de la FAI (Federación Anarquista Ibérica,

creada en 1927), lo cual condujo a la deriva revolucionaria. Las huelgas, las

insurrecciones y las ocupaciones de tierra fueron en aumento. El caso más

notorio fue el de Casas Viejas (Cádiz), donde, en una de esas revueltas, y tras

la intervención de la Guardia Civil, hubo muertos. Este caso debilitó mucho al

gobierno de Azaña. El gobierno fue perdiendo confianza entre los sectores de



izquierda, por las medidas policiales, al tiempo que sufría la oposición desde la

derecha. Todas esas tensiones condujeron a la dimisión de Azaña en

septiembre de 1933; el presidente de la República disolvió entonces las Cortes

y se convocaron elecciones para noviembre de 1933, terminando así el

denominado “bienio reformista”.

3. EL BIENIO DE CENTRO-DERECHA.

Las elecciones de noviembre de 1933 fueron las primeras con voto

femenino en España. Dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. La

CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas, fundada en ese

mismo año de 1933, y liderada por Gil Robles) obtuvo 115 de los 472 escaños

de las Cortes, siendo el partido más votado, seguido del Partido Radical de

Lerroux, con 102 escaños. Este partido había evolucionado, con el tiempo,

hacia posiciones más templadas cercanas al centro político. En principio, la

CEDA no formó gobierno, sino que apoyó al que se constituyó presidido por

Lerroux. Se inició así una etapa de marcha atrás y de matización de las

reformas iniciadas en el bienio anterior.

En el campo, se introdujeron cambios en la aplicación de la reforma

agraria. Se fijo la devolución de tierras a la nobleza, se anuló la cesión

temporal de tierras mal cultivadas a los campesinos extremeños y se concedió

la libertad de contratación. La cuestión agrícola enfrentó al gobierno central

con la Generalidad catalana, que seguía en manos de Esquerra Republicana.

El motivo fue la promulgación por la Generalidad, en 1934, de la Ley de

Contratos de Cultivo, que permitía a los campesinos arrendatarios de viñas

acceder a la propiedad de las tierras pagando a los propietarios unos precios

tasados. La ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías

Constitucionales, pero el gobierno catalán no aceptó la anulación y aprobó una

ley casi idéntica a la anterior.

También se quiso contrarrestar la reforma religiosa dotando un

presupuesto para culto y clero e intentando un concordato con la Santa Sede.

Sin embargo, la reforma militar siguió vigente, así como los cambios en materia

de educación.

Frente a la política del nuevo gobierno se produjo una radicalización del

PSOE y la UGT. Su ala más izquierdista, liderada por Largo Caballero,

comenzó a propugnar la revolución social, mientras que el sector más

moderado defendía colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar

la República.

El enfrentamiento con el nacionalismo catalán y vasco, la radicalización

socialista y la proliferación de huelgas y conflictos, llevaron a la CEDA a

endurecer su posición y a reclamar una política más contundente en materia

de orden público, además de reclamar la entrada en el gobierno, al que

apoyaban parlamentariamente. Lerroux accedió a esto último y, a principios de

octubre de 1934, otorgó tres ministerios a la CEDA.



La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno fue interpretada por

la izquierda como un camino hacia el fascismo y como una amenaza para el

régimen republicano, a pesar de que la CEDA había sido el partido más votado.

A iniciativa de UGT, y con escasa participación de la CNT, se impulsaron

huelgas y movilizaciones en las principales ciudades. Fracasaron en general

por la acción contundente del gobierno, que decretó el estado de guerra. Pero

en Asturias y Cataluña los acontecimientos tuvieron una especial relevancia,

estallando así la denominada “revolución de 1934”, un intento de golpe

revolucionario por parte de las fuerzas de izquierda.

En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto de la

colaboración entre socialistas, comunistas y anarquistas. Ocuparon pueblos de

las cuencas mineras y sustituyeron a los ayuntamientos por comités

revolucionarios. Llegaron a sitiar Oviedo. El gobierno envió a la Legión y la

insurrección resistió unos diez días. En Cataluña, el presidente de la

Generalidad, Companys, proclamó la República catalana dentro de una

supuesta República Federal española, al mismo tiempo que las fuerzas de la

izquierda, con la abstención de CNT, organizaban una huelga general. Pero la

escasa participación hizo fracasar la insurrección, que fue sofocada por el

ejército.

Las consecuencias de esta deriva revolucionaria fueron notables.

Aumentó la influencia de la CEDA en el gobierno. Ello se tradujo en un

anteproyecto para modificar la Constitución, que fue presentado en julio de

1935 a las Cortes. Pero no llegó a ser votado por la crisis de gobierno iniciada

en el otoño de ese mismo año. Por una parte, hubo una falta de entendimiento

entre Lerroux y al presidente de la República, Alcalá Zamora, quien encargó

formar gobierno a Chapaprieta, un republicano moderado. Por otra parte, el

Partido Radical se vio afectado por una serie de casos de corrupción, como el

“caso estraperlo”, relacionado con la introducción de un tipo de ruleta en varios

casinos. Estos asuntos debilitaron a la coalición gubernamental.

El clima político se enrareció. Gil Robles intentó que se le nombrara jefe

de gobierno, pero Alcalá Zamora se negó y convocó nuevas elecciones para

febrero de 1936.



4. LAS ELECCIONES DE 1936 Y EL TRIUNFO DEL FRENTE

POPULAR.

Se perfilaron dos grandes bloques electorales, las “izquierdas” y las

“derechas”, enfrentados y sin posibilidad de entendimiento. La coalición de

izquierdas fue el Frente Popular. Los “frentes populares” fueron un tipo de

coalición propia de los años treinta del siglo XX, surgidos en el contexto del

ascenso de los fascismos y otras soluciones autoritarias surgidas ante la

debilidad de las democracias parlamentarias en ese momento, acosadas, por

un lado, desde la deriva fascista y autoritaria de derechas y, por otro lado,

desde el peligro revolucionario comunista que tenía como referencia la

revolución bolchevique. Esos frentes fueron el resultado de la unión electoral

de partidos y grupos de centro y centro izquierda, socialistas y comunistas por

el temor al avance del fascismo.

En España, el Frente Popular fue el resultado del clima existente desde

la intentona revolucionaria de 1934. Desde la izquierda, se recelaba de la

CEDA (considerando a este partido como afín al fascismo). Por ello, se firmó el

programa del Frente Popular (al que se unieron Izquierda Republicana,

Esquerra Republicana de Cataluña, Unión Republicana, PSOE, PCE y el

POUM, este último de tendencia trotskista, además de otros grupos de

izquierda, los sindicatos comunistas y la UGT). El programa incluía la

recuperación de la legislación del primer bienio, así como amnistía para los

condenados por la intentona de golpe revolucionario de 1934.

La coalición de derechas la formaron el Bloque Nacional monárquico y la

CEDA, si bien, en muchas circunscripciones, se presentaron divididos en

distintas candidaturas. Basaron su programa en la negación de la revolución y

el rechazo al marxismo.

La campaña y las elecciones se celebraron en un clima de violencia

verbal y de enfrentamiento latente, con el país dividido en dos bloques. El

Frente Popular obtuvo la victoria, gracias, sobre todo, a su triunfo en las

grandes ciudades y en las provincias del sur y de la periferia, mientras que la

derecha se imponía en el norte y en el interior.

El impacto del triunfo fue fulminante. Los grupos de izquierda abrieron

las cárceles y liberaron a los detenidos desde octubre de 1934, sin esperar

siquiera a la proclamación oficial de los resultados. Azaña formó un gobierno

compuesto sólo por republicanos de izquierda, sin participación del PSOE.

Este gobierno puso en marcha el programa electoral: amplia amnistía y

restablecimiento del Estatuto catalán. El aspecto más significativo fue el nuevo

impulso a la reforma agraria, que coincidió con la ocupación de fincas en el sur.

Se produjeron tensiones entre jornaleros y patronos.

Por otra parte, nada más constituirse las nuevas Cortes es sustituido el

presidente de la República, Alcalá Zamora, siendo ocupado su puesto por

Manuel Azaña, al tiempo que Casares Quiroga, del partido de Azaña, se



convertía en jefe de gobierno. El PSOE no participó en principio, dividido entre

el sector de Prieto, más moderado, y el sector radical de Largo Caballero,

partidario de la revolución y de la alianza con el PCE.

Se producen, de este modo, fisuras en el Frente Popular, al tiempo que

se crea un clima de tensión y división en el conjunto de España, con la

oposición de la derecha, por un lado, y la deriva revolucionaria de gran parte de

la izquierda, por otro. Desde abril, se sucedieron las luchas callejeras, las

provocaciones y los asesinatos entre grupos radicales, con una fuerte escalada

de violencia entre mayo y julio. Se produjeron graves enfrentamientos, en las

calles y en las universidades, entre grupos falangistas y milicias socialistas,

comunistas y anarquistas. Como hechos culminantes de esa escalada se

pueden citar los asesinatos del Calvo Sotelo y del teniente Castillo. Este

último, oficial de la Guardia de Asalto (policía), de ideología izquierdista, fue

asesinado a tiros el día 12 de julio. Al día siguiente, guardias civiles y

militantes socialistas sacan de su casa a Calvo Sotelo, diputado monárquico

que había participado en tensos debates parlamentarios como oposición al

Frente Popular, siendo a continuación asesinado. Este hecho precipitó el

desencadenamiento del golpe de Estado que se venía fraguando desde abril.

De este modo, el 17 de julio comienza la rebelión del ejército de Marruecos a

las órdenes del general Franco. Al día siguiente, la rebelión se extiende al

resto del territorio. El golpe fracasa y el país queda dividido en dos partes.

Comienza así la Guerra Civil (1936-1939).



TEMA 11. LA GUERRA CIVIL (1936-1939).

1. LA SUBLEVACIÓN MILITAR.

La sublevación militar de julio de 1936 supuso el comienzo de una

guerra civil de tres años de duración. Ello se debió, por un lado, a que los

golpistas fracasaron en su objetivo de acabar con la República, a causa de la

división del ejército y de la resistencia armada de los grupos de izquierda. Por

otro, a que los defensores de la República tampoco lograron vencer a los

sublevados. De este modo, se estabilizaron los frentes y comenzó la guerra.

Además del grupo de generales que desencadenaron la contienda

(Mola, desde Navarra; Franco, desde Marruecos; y otros), participaron en la

conspiración miembros de la burguesía de negocios, como Antonio

Goicoechea, que llevó las relaciones con la Italia de Mussolini desde 1934

hasta julio de 1936. También la Iglesia, que la equiparó a las cruzadas

medievales al considerar que se trataba de un enfrentamiento entre la

civilización cristiana, representada por los sublevados, y el materialismo ateo,

identificado con la República y las izquierdas marxistas y anarquistas.

El origen de la sublevación hay que buscarlo ya a partir de octubre de

1934. Algunos generales plantearon desde entonces la posibilidad del golpe

de Estado, posibilidad que volvió de nuevo a plantearse a finales de 1935. Con

la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la conspiración fue tomando

cuerpo. Se formó un grupo de generales proclives al golpe, entre los que

estaban Mola, Goded y Franco. Tras un primer intento en abril, que fracasó por

falta de coordinación, tomó el mando de la conspiración el general Mola, quien

comenzó a preparar el golpe. Éste se precipitó a raíz del asesinato de Calvo

Sotelo, hecho que, al parecer, decidió a Franco sobre su participación en la

sublevación. De este modo, en la tarde del 17 de julio se produce la

sublevación del ejército de Marruecos a las órdenes de Franco.

La mayoría de la España agraria (Galicia, Castilla la Vieja, León,

Navarra, Aragón y norte de Extremadura) y de todas las islas, excepto

Menorca, secundó la sublevación. La España industrial y urbana (Madrid,

Levante, Cataluña, Asturias, Castilla la Nueva, Andalucía, País Vasco)

permaneció fiel a la República. Hubo, sin embargo, excepciones: en el País

Vasco, la provincia de Álava se sumó a los rebeldes; en el caso de Asturias,

Oviedo quedó en manos de los golpistas.



2. ETAPAS Y DESARROLLO DE LA GUERRA.

En el desarrollo de la guerra podemos distinguir cuatro etapas:

- El avance rebelde hacia Madrid (julio-noviembre de 1936): Tras el

alzamiento, comienza esta fase de la guerra; se trata de una guerra

de movimientos denominada “guerra de columnas”. Después de

cruzar el estrecho, las tropas de África consiguieron enlazar con la

zona sublevada al norte de Extremadura, tras eliminar la resistencia

de Badajoz. A continuación, Franco ocupó Toledo. A finales de

octubre, estaba a las puertas de Madrid. A principios de noviembre

el gobierno republicano se trasladó a Valencia. Durante los meses

de noviembre y diciembre se produce la resistencia de Madrid ante el

intento, por parte de las tropas rebeldes, de tomar la ciudad,

naciendo consignas míticas como el “no pasarán”. La resistencia fue

posible gracias a la movilización general (“fase miliciana”), a la

llegada de las primeras Brigadas Internacionales y al apoyo de una

columna anarcosindicalista con origen en Barcelona. Termina así la

fase de la “guerra de columnas” o “guerra miliciana”.

- Las batallas alrededor de Madrid y la ocupación del norte (diciembre

de 1936- octubre de 1937): esta fase se caracterizó por la

regularización de ambos ejércitos, especialmente el republicano, con

la creación del nuevo Ejército Popular de la República y la

militarización o disolución de buena parte de las milicias. Franco

militarizó asimismo a sus cuerpos de voluntarios (requetés,

falangistas…). Fracasado el intento de entrar en la capital, los

sublevados emprendieron maniobras envolventes para aislar Madrid

cortando sus comunicaciones, sobre todo las del este por la carretera

de Valencia. La batalla del Jarama, de febrero de 1937, sin vencedor

claro, fue la consecuencia de ese intento. En marzo, las tropas

italianas aliadas de Franco sufrieron una derrota en la batalla de

Guadalajara. Franco cambió entonces de estrategia y llevó la guerra

a otros escenarios. Primero trasladó la lucha el norte, a la franja

cantábrica, que fue cayendo en manos de los sublevados de este a

oeste: Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias. Durante ese

avance se produjo el bombardeo de Guernica por parte de la aviación

alemana. En octubre quedó completada esta ocupación del norte.

- La ofensiva hacia el Mediterráneo (noviembre de 1937-junio de

1938): En diciembre de 1937 fue reestructurado el ejército

republicano, dotándolo de mandos profesionales e integrando a los

cuadros procedentes de las milicias y de las Brigadas



Internacionales. El nuevo ejército intentó tomar la iniciativa

desencadenando diversas ofensivas. La principal fue la que tuvo

lugar en dirección a Teruel. La batalla de Teruel, en el invierno de

1937-1938, condujo a la ocupación republicana de la ciudad, si bien

esa ocupación sólo se mantuvo hasta febrero. El ejército de Franco

desencadeno entonces la campaña de Aragón, para dividir en dos el

territorio en poder de la República, lo cual consiguió al avanzar desde

allí hasta el Mediterráneo en Vinaroz (Castellón). El ejército

franquista se dirigió entonces hacia el sur y mantuvo combates por

Castellón y Valencia, capital de la República. Pero el avance quedó

detenido por un poderoso ataque del ejército republicano sobre el río

Ebro en la provincia de Tarragona.

- La batalla del Ebro y el fin de la guerra (julio de 1938-abril de 1939):

Esta fase se inició con la batalla del Ebro y terminó con la derrota de

la República. La batalla del Ebro fue uno de los mayores episodios

militares de la guerra y se desarrolló desde finales de julio hasta

noviembre, cuando el ejército republicano hubo de replegarse

mientras Franco avanzaba ocupando todo el sur de Tarragona. El

ejército de Franco emprendió entonces la ofensiva sobre Cataluña. A

finales de enero entró en Barcelona y avanzó hacia Gerona,

produciéndose la huida hacia Francia de millares de refugiados, entre

ellos el gobierno republicano, instalado en Barcelona desde octubre

de 1937. De este modo, en febrero de 1939, a la República sólo le

quedaban Madrid y la región mediterránea desde Valencia a Almería.

Francia e Inglaterra reconocieron entonces al gobierno franquista. A

comienzos de marzo se produjo en Madrid una sublevación contra el

gobierno republicano, dirigida por el coronel Casado. A finales de

ese mismo mes, las tropas franquistas entraron en Madrid sin

resistencia y, a continuación, ocuparon el área Mediterránea. El 1 de

abril de 1939 Franco firmó en Burgos el parte de guerra que ponía fin

a la misma: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo,

han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.

Españoles, la guerra ha terminado”.

3. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CONFLICTO

El enfrentamiento armado se desarrolló en el contexto del período de

entreguerras y del ascenso del nazismo previo a la Segunda Guerra Mundial.

De este modo, se produjo una internacionalización del conflicto, que estuvo

presente en los debates y preocupaciones de los países democráticos, cuya

opinión pública mostró su solidaridad con la causa republicana, mientras que

los gobiernos mantuvieron una actitud neutral para circunscribir el conflicto a

España. Ello se explica por la situación internacional y por la política exterior

de las potencias. Así, Gran Bretaña adoptaba, en ese momento, una actitud



contemporizadora con la agresiva política exterior hitleriana, para evitar, o al

menos, aplazar una nueva guerra mundial. Por ello, los británicos impulsaron

la creación del “Comité de No Intervención”, organismo que pretendía evitar la

internacionalización de la guerra prohibiendo la ayuda a los contendientes. Sin

embargo, Italia y Alemania, por afinidad ideológica y por interés geoestratégico,

prestaron su ayuda a los sublevados (la Legión Cóndor alemana, responsable

del bombardeo de Guernica). Por su parte, el gobierno de la República aceptó

la ayuda soviética, consistente en armas y asesores militares. También la

URSS organizó la ayuda a través de miles de voluntarios, la mayoría

integrados en las “Brigadas Internacionales”, organizadas en gran parte por la

Internacional Comunista o “Komintern”. Llegaron con ellos periodistas,

fotógrafos, escritores, artistas y aventureros que dieron un aspecto cosmopolita

a las ciudades de la zona republicana, sobre todo Madrid, Barcelona y

Valencia, contrastando con el aspecto más severo de las ciudades franquistas.

Por todo ello, lo que se denominó “guerra de España” se convirtió en un

conflicto de gran trascendencia internacional en el clima de tensión y división

previo a la Segunda Guerra Mundial.

4. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS DOS ZONAS.

Durante el desarrollo de la guerra, España queda dividida en dos

estados diferenciados, cada uno de ellos con su propia evolución política y sus

vicisitudes.

En el bando de los sublevados nace el Estado franquista, aunque, en

sus comienzos, los generales sublevados carecieron de un programa claro.

Tras el fracaso del golpe, procedieron a dotarse de estructuras de gobierno

regidas por la jerarquía militar de mando. Una semana después de la

sublevación, se constituye en Burgos, capital del bando franquista, la Junta de

Defensa Nacional, de la que formaban parte los generales golpistas, siendo

presidida, como general más antiguo, por Cabanellas, pues el general

Sanjurjo, líder de la sublevación, falleció en accidente aéreo a los dos días de

producirse aquella. Franco fue adquiriendo cada vez más partidarios entre los

generales, además de conseguir el reconocimiento de Hitler y Mussolini. De

este modo, en octubre de 1936 fue nombrado, mediante un decreto, Jefe del

Gobierno del Estado y Generalísimo de los ejércitos, desapareciendo así la

Junta de Defensa. Pero faltaba una cohesión ideológica y política: habían sido

prohibidos los partidos que formaban parte del Frente Popular, y actuaban,

como grupos políticos, Falange Española y la Comunión Tradicionalista

(carlistas o requetés), al tiempo que se toleraba a la CEDA. Se plantea

entonces la necesidad de un régimen de partido único, a la manera de Italia y

Alemania. En abril de 1937, Franco da a conocer un Decreto de Unificación

por el que se creaba el partido único: Falange España Tradicionalista y de las

JONS (FET de las JONS), quedando unificados carlistas y falangistas, y siendo



Franco Jefe del Partido y Jefe del Estado. Se adoptaba, además, el uniforme

con la camisa azul falangista y la boina roja de los carlistas, así como el saludo

fascista. Hubo resistencias a esta unificación entre los carlistas y los

falangistas, que fueron solventadas con destierros o prisión.

El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó,

en enero de 1938, con la formación del primer gobierno de Franco o gabinete

formado por ministros. En ese mismo año se promulga el Fuero del Trabajo,

que sienta las bases de la organización corporativa del Estado y del

sindicalismo vertical.

En el bando republicano, y al poco de comenzar la guerra, se

desencadenó la revolución social de carácter colectivista, llevada a cabo por

los anarcosindicalistas de la CNT y la FAI, secundadas en parte por UGT, al

tiempo que PSOE y PCE se mantenían al margen. En Cataluña, las industrias

fueron ocupadas y gestionadas por los revolucionarios. En Andalucía, Murcia,

Aragón y Valencia se extendieron las colectivizaciones agrarias. Creció el

desorden, con requisas, saqueos, incendios de iglesias y conventos,

ejecuciones….Nada más producirse la sublevación militar, dimitió el gobierno

de Casares y se formó otro presidido por Martínez Barrio, que pretendió

negociar el fin de la insurrección, sin éxito, siendo sustituido, al frente del

gobierno, por José Giral. Pero durante el verano y otoño de 1936 el poder del

Estado sufrió un desplome total: la revolución social y la falta de ejército,

sustituido por milicias de voluntarios, pusieron a la República en problemas.

A principios de septiembre, Largo Caballero formó un nuevo gobierno del

que formaban parte republicanos, socialistas y comunistas, entrando en el

mismo, dos meses más tarde, varios ministros anarcosindicalistas, justo

cuando el gobierno se traslada a Valencia ante el ataque inminente a Madrid

por los sublevados. El gobierno de Largo Caballero se mantuvo hasta mayo de

1937; su acción se basó en recuperar el poder del Estado y en crear un

Ejército Popular. Se trataba, siguiendo la teoría del PCE, de frenar la

revolución para ganar la guerra (primero ganar la guerra y, después, hacer la

revolución), mientras que los anarquistas y trotskistas eran partidarios de una

revolución paralela a la guerra. En mayo de 1937 se produjeron

enfrentamientos sangrientos en Barcelona entre la CNT y el POUM

(trotskistas), por un lado, y los comunistas y el gobierno, por otro. Se produjo la

disolución del POUM, mediante un proceso controlado por los comunistas, y

hubo ejecuciones. Los comunistas se hicieron entonces fuertes (sobre todo,

por la ayuda soviética a la República) y presionaron a Largo Caballero para que

no fuera éste quien dirigiese la política militar. El Jefe de Gobierno hubo de

dimitir y fue sustituido por Negrín, quien formó un gobierno con notable

influencia comunista. Basó su política en la persistencia del esfuerzo militar y

de la resistencia a ultranza. Ese esfuerzo no fue suficiente.



TEMA 12. EL RÉGIMEN FRANQUISTA (1939-1959).

1. FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS Y BASES SOCIALES. LAS

INSTITUCIONES.

En las semanas siguientes al fin de la guerra, Franco firmó una serie de

decretos que ampliaban su poder. Se autorizó al jefe del Estado para aprobar

decretos-ley sin previa deliberación del gobierno. Ello significaba la total

potestad legislativa para Franco, quien, en cualquier momento, podía

establecer o modificar aspectos que en un sistema democrático estarían

incluidos en una Constitución. De este modo, la Dictadura fue construyendo un

sucedáneo de Constitución a través de sucesivas leyes orgánicas. Entre 1938

y 1946 se aprobaron las cinco primeras: El FUERO DEL TRABAJO (1938)

prohibía el sindicalismo de clase y otorgaba el control de las relaciones

laborales a la Organización Sindical, el sindicato vertical y corporativo de

Falange; la LEY CONSTITUTIVA DE LAS CORTES (1942) establecía unas

cortes elegidas por sufragio indirecto por las llamadas corporaciones (familia,

municipio y sindicato) y por el propio Franco; en 1945 se aprobaron dos nuevas

leyes orgánicas, el FUERO DE LOS ESPAÑOLES y la LEY DE REFERÉNDUM

NACIONAL. La primera era una especie de declaración de derechos y deberes

que reafirmaba el carácter tradicionalista y católico del sistema; la segunda

permitía al jefe del Estado convocar un plebiscito para que el pueblo aprobara

una ley. Por último la LEY DE SUCESIÓN A LA JEFATURA DEL ESTADO

(1946) definía al régimen como un reino y autorizaba a Franco para proponer a

su propio sucesor, abriendo así la puerta al regreso de la monarquía.

Desde el punto de vista social, la vieja España agraria y terrateniente será, en

un principio, uno de los sustentos del nuevo régimen. La Dictadura devuelve su

dominio a la oligarquía terrateniente y financiera. También tuvo el régimen el

apoyo de las clases medias rurales, sobre todo en el norte y ambas Castillas,

así como de quienes en las ciudades se beneficiaron de las depuraciones



realizadas al término de la guerra entre funcionarios, maestros, profesores

universitarios y militares republicanos.

En cuanto a los fundamentos ideológicos, Franco se propone crear un

nuevo Estado “regenerador de España”, así como desterrar toda idea de

liberalismo, de democracia liberal o de comunismo, el gran enemigo vencido.

Por tanto, antiliberalismo y anticomunismo serán los dos principios iniciales

que, desde un punto de vista ideológico, servirán como punto de partida para el

nuevo Régimen. Además, el ideal católico conservador y la concepción

unitaria del Estado, contraria a toda pretensión nacionalista o autonomista,

formarán también parte de la propuesta ideológica franquista.

En un principio, se toma de los estados fascistas una serie de elementos:

partido único, sindicalismo corporativo o vertical y símbolos, aportados en este

caso por FALANGE ESPAÑOLA. Pero, a diferencia, de otros regímenes

fascistas, en el caso del franquismo acabará por predominar el elemento

nacional-catolicista superpuesto sobre los ya aludidos principios de

antiliberalismo y anticomunismo. La escenificación y simbología de carácter

fascista se irán abandonando poco a poco después de la Segunda Guerra

Mundial, una vez derrotada la Alemania nazi.

Así pues, anticomunismo, antiliberalismo, nacionalcatolicismo y centralismo

fueron los principales fundamentos ideológicos; se les puede añadir el

militarismo.

2. REPRESIÓN, GUERRILLA Y EXILIO.

El nuevo régimen llevó a cabo una política de represión sobre los

vencidos. Mediante una serie de leyes (Ley de Responsabilidades Políticas,

Ley de la Seguridad del Estado, Ley de Represión de la Masonería y del

Comunismo, entre otras), se procedió a la persecución de los enemigos del

régimen. Hubo ejecuciones, cuyo número se estima en miles. Además, la

aplicación de las citadas leyes llevó a las cárceles a más de 200.000 hombres

y mujeres, según algunos cálculos, durante la década de los años cuarenta. A

las víctimas de la represión habría que añadir los funcionarios del Estado

republicano expulsados de sus puestos por motivos ideológicos.

Simultáneamente, se amplió el espectro represivo al conjunto de la

sociedad mediante la censura informativa impuesta por el partido único. Por su

parte, la Iglesia se volcó en el control ideológico de la enseñanza y en la

sustitución de la concepción laica de la sociedad por la moral católica, que se

impone a las costumbres a través de la catequesis y el púlpito. Se trataba de

una “cruzada moral” para erradicar el desenfreno y las consecuencias del

materialismo ateo. Se arremete, así, contra las diversiones populares, contra la

indecencia en el vestir y contra la expresión pública de cualquier efusión

amorosa. Se trataba, en última instancia, de un intento de control social e

ideológico, aplicando a las costumbres la noción puritana de la moral propia del

Nacional-Catolicismo.



Otro aspecto de la nueva situación fue el exilio. Ya en la fase final de la

guerra abandonaron España por los Pirineos, hacia Francia, o por algunos

puertos mediterráneos hacia el norte de África, algo más de cuatrocientas mil

personas comprometidas con la República. La inmensa mayoría regresó

pronto, cuando la situación se hizo difícil en Europa, una vez comenzada la

Segunda Guerra Mundial, y tras el anuncio, por el Régimen, de respetar a

quienes no fueran responsables de “delitos de sangre”. Alrededor de cien mil

permanecieron en el exilio: en Francia, en los dominios franceses africanos

(Argelia, Marruecos); muchas menos en Gran Bretaña; y bastantes al otro lado

del Atlántico (América hispana).

A pesar de la represión, existió, desde el principio una oposición en el

interior. Los grupos guerrilleros formados al final de la guerra (“maquis”)

continuaron actuando. En 1944, numerosos guerrilleros, coordinados por el

PCE, intentaron desde Francia una invasión por el valle de Arán, pero tuvieron

que retirarse, ante la evidencia de que las democracias occidentales no

respaldarían su actuación. Algunos grupos dispersos de guerrilla rural

continuaron actuando hasta los años cincuenta, pero se hizo evidente la

imposibilidad de una resistencia armada.

En cuanto a lo oposición política estaba desarbolada. Los dirigentes de

los principales partidos estaban el exilio y, desde allí, intentaron recomponer la

organización de cada uno de ellos, así como formar alianzas y buscar apoyo en

las democracias. Sólo el PCE, una vez fracasada la acción guerrillera, decidió

que era esencial trabajar en el interior para impulsar el antifranquismo.

3. LA COYUNTURA INTERNACIONAL.

La coyuntura política internacional condicionó la evolución del régimen.

En 1939, el gobierno firmó el acuerdo de asociación con el eje Berlín-Roma-

Tokio. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo neutral,

pero primando la línea fascista y totalitaria. En 1941, España envía a la

División Azul, unidad de voluntarios, para apoyar la ofensiva de las tropas

alemanas contra la URSS. Pero a partir del verano de 1942, las primeras

derrotas alemanas hicieron necesario un cambio de orientación, con un giro

progresivo hacia los aliados. Así, se fueron suavizando los alardes de

propaganda fascista hasta desaparecer después de la guerra.

En 1945, la posición de la Dictadura se volvió difícil porque, tras la

victoria, los dirigentes aliados denunciaron el apoyo franquista a Italia y

Alemania. Creció, de este modo, la postura de bloqueo frente a España. En

1946, la recién creada Asamblea de la ONU votó en contra de la entrada

española en sus organismos. Comienza el aislamiento internacional, pues

también Estados Unidos, Francia y Reino Unido firman una declaración

sugiriendo la retirada de sus embajadores, al tiempo que la ONU califica al

régimen español como amenaza potencial a la paz internacional. El bloqueo



económico y diplomático agravó la situación económica. En el interior, la

Dictadura intenta lavar su imagen, aumentando la influencia de la Iglesia y el

número de ministros católicos respecto a los falangistas.

Desde 1948, la situación internacional comenzó a girar a favor del

régimen. El inicio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS hizo que

las potencias occidentales cerraran los ojos ante al carácter totalitario del

franquismo para incorporar a España a la alianza anticomunista. En 1950, la

ONU autoriza la entrada de España en organismos internacionales. El hecho

decisivo fue la firma del acuerdo con EEUU, que permitió la instalación de

bases norteamericanas en España, en 1953. Además, hubo un acuerdo de

ayuda económica. Se firmó también un nuevo Concordato con el Vaticano.

Terminaba el aislamiento. La coyuntura internacional de los bloques había

favorecido al régimen.

4. LA AUTARQUÍA ECONÓMICA.

En 1939, el país estaba arrasado por la guerra. Con el sistema

productivo destrozado y una producción agrícola deprimida, el hambre se

extendió a la mayoría de la población. El nuevo régimen tuvo que recurrir al

racionamiento.

Una parte importante de los bienes esenciales de consumo pasaron a

depender del mercado negro, que fue denominado estraperlo. Era la única

forma de sortear los controles y los precios oficiales, y también la única de

supervivencia para mucha gente. Gracias a él una minoría se enriqueció a

costa de la población general y al amparo de unas autoridades permisivas.

También se generalizó la corrupción.

En esta época se lleva a cabo una política económica intervencionista;

se trata de una política que propone la AUTARQUÍA o autosuficiencia

autárquica de la producción nacional, lo que se debió tanto a factores externos

(aislamiento internacional) como a la ideología entonces predominante, de

caracteres fascistas. La autarquía tuvo dos grandes ejes de actuación:

- En primer lugar, la reglamentación de las importaciones y exportaciones,

que requerían una autorización administrativa. Con esta medida, se

pretendía limitar los intercambios con el exterior, para lo que se reguló el

cambio de la peseta, estableciendo diferentes tipos de cambio según los

productos, aunque siempre por encima del valor de mercado. Ello dio

lugar a un encarecimiento de los productos a importar (como el petróleo) y

a una escasez de bienes imprescindibles.

- En segundo lugar, otro gran eje de la autarquía fue el FOMENTO DE LA

INDUSTRIA, sobre todo la de interés estratégico, con el fin de asegurar la

independencia militar y política del nuevo Estado. Las autoridades

impulsaron las industrias de bienes de equipo, lo que generó un gasto

público que produjo inflación. En 1941, el mismo año en que se



nacionalizó la red de ferrocarriles con la creación de RENFE, se fundó el

INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (INI), que habría de ser el

promotor de esa política industrial. A través del INI se crearon empresas

públicas para producir los bienes que el sector privado no producía por

falta de rentabilidad o por los excesivos gastos de inversión.

El Estado controlaba el mercado y los productores estaban obligados a

venderle toda la producción al precio tasado previamente. La tasación de los

precios de los alimentos por debajo de su precio favoreció la corrupción y el

mercado negro.

TEMA 13. EL RÉGIMEN FRANQUISTA (1959-1975).

1. LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN.

A partir de 1959 el franquismo intentó modernizarse mediante una

apertura sin cambios democráticos y se institucionalizó para dotarse de

continuidad, buscando nuevas formas de legitimación que provocaron luchas

internas entre tecnócratas, falangistas y católicos.

En principio, el régimen comienza la década de los años sesenta con las

mismas características políticas de los veinte años anteriores. Pero la

sociedad había sufrido cambios y el contexto internacional era otro. Se hacía

necesario buscar una legitimización que fuera más allá de la victoria en la

Guerra Civil. Se imponía un impulso legislativo para modernizar las

instituciones y canalizar las discrepancias entre las “familias” del régimen,

sobre todo entre falangistas y tecnócratas..

Desde 1959, los tecnócratas, vinculados al Opus Dei, con Carrero

Blanco como valedor y López Rodó como figura destacada, fueron reforzando

sus posiciones hasta conseguir la formación de un gobierno monocolor en

1969. Los tecnócratas situaban el crecimiento económico como el eje básico

de la política. No eran “ideólogos”, sino que se presentaban como “técnicos”

que no discutían los aspectos represivos y antidemocráticos del régimen. Por

su parte, los falangistas pretendían impulsar las instituciones del Movimiento

(partido único) como base para el desarrollo del régimen, dejando la cuestión

monárquica en segundo plano, mientras que sus oponentes tecnócratas

consideraban a esa monarquía como el elemento que daría continuidad al

régimen.

La LEY ORGÁNICA DEL ESTADO (1966), aprobada por referéndum,

constituyo la pieza fundamental de la institucionalización del régimen.

Concretó las funciones de los órganos del Estado, introduciendo novedades

como la separación entre el jefe del Estado y el del gobierno. Al mismo tiempo

se desarrollaba una legislación de tintes aperturistas: Ley de Prensa de 1966 o

Ley de Libertad religiosa de 1967. En 1969, Franco designa a Juan Carlos de



Borbón como sucesor con título de Príncipe de España: la continuidad pasaba

por una monarquía.

Todo lo anterior, parecía suponer el triunfo de los tecnócratas o

aperturistas. Pero las diferencias entre ellos y los falangistas estallaron con el

“Caso Matesa” (1969), cuando las denuncias por corrupción contra ese

empresa (Matesa) implicaron a los ministros económicos. La conflictividad fue

contestada por el régimen con un endurecimiento de la represión Así, acabará

triunfando el inmovilismo. Los procesos de Burgos de 1970 marcaron esa

tendencia. El asesinato en 1973 del jefe de gobierno, Carrero Blanco, inició

definitivamente la crisis del régimen, dos años antes de la muerte de Franco,

que se produjo en noviembre de 1975.

En cuanto a las relaciones internacionales durante este período,

estuvieron marcadas por la tendencia iniciada en los años cincuenta con la

ruptura del aislamiento dentro de la Guerra Fría y la entrada de España en

distintos organismos internacionales auspiciada por el acuerdo con EEUU. El

régimen franquista entró a formar parte del bloque occidental y, aunque de

manera periférica, se integró en este grupo de países. La dictadura franquista

fue tolerada, si bien de manera puntual se convirtió en blanco de protestas

cuando al producirse determinados hechos, como los procesos de Burgos.

Pero, además de las relaciones con EEUU, la comunidad europea realizó

acuerdos con la España franquista, hasta el punto de que la emigración a

países que formaban parte de la misma se convirtió en uno de los elementos,

junto con el turismo, que equilibró la balanza de pagos de nuestro país durante

los años sesenta del siglo XX.

2. EL DESARROLLISMO: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y

TRANSFORMACIONES SOCIALES.

Entre 1959 y 1974 se produjo un gran crecimiento de la economía

española, que pasó de una estructura agraria a una estructura industrial. Esa

industrialización fue resultado tanto de una fase expansiva en la economía

internacional como de la base industrial interna consolidada durante el siglo.

A comienzos de los años cincuenta se hizo evidente el estrangulamiento

económico y el agotamiento de la vía autárquica, lo que coincidió con el cambio

de la situación internacional respecto al franquismo, que comenzó a salir del

aislamiento dentro del marco, ya aludido, de la Guerra Fría. Se plantea, de

este modo, la necesidad de una reorientación política y económica del régimen.

La autarquía empobreció a una gran parte de la población y aumentó las

desigualdades. Además, la economía estaba estancada. En 1951, Franco, a

remolque de las dificultades de su política autárquica y con la nueva situación

internacional, decidió remodelar su gobierno. En el nuevo gabinete había un

mayor peso de los católicos frente a los falangistas. Las ayudas recibidas entre

1953 y 1956 no consiguieron salvar la angustiosa situación económica,

surgiendo síntomas de descontento en la calle, con protestas obreras en los

principales núcleos industriales. En la remodelación de gobierno de 1957



entraron como ministros hombres procedentes del OPUS DEI, los llamados

tecnócratas, lo que iba a suponer un cambio en la política económica, con

abandono de la autarquía, liberalización interior y apertura al exterior. Los

primeros intentos de apertura se habían producido entre 1951 y 1956 desde el

punto de vista político, pero con incidencia económica en forma de ayuda

americana. Con el cambio de gobierno de 1957 se inicia una nueva etapa que

será definitiva.

El comienzo de este proceso se produjo con el llamado Plan de

Estabilización (1959), que supone el fin del ideal autárquico. La necesidad de

este Plan, que suponía devaluación de la moneda y liberalización económica,

surgió de la escasez de reservas de oro y divisas para frenar el desequilibrio de

la balanza comercial. El gobierno español se comprometió a reducir el

intervencionismo, el déficit público y los obstáculos a la entrada de mercancías

extranjeras; a cambio, diversos organismos internacionales concedieron

préstamos a España.

Además del plan liberalizador se ponen en marcha los llamados Planes

de Desarrollo: el primero de ellos se aprueba en 1963. Fueron tres planes

cuatrimestrales (1964-67, 1968-71, 1971-75), que situaban a la iniciativa

privada como motor de crecimiento, centrándose la planificación en el sector

industrial a través de dos vías: acciones estructurales, para solucionar algunas

deficiencias de la industria como la pequeña dimensión o la baja productividad,

y creación de polos de desarrollo, para promover la industrialización en

determinadas zonas. Los planes contribuyeron sobre todo a proporcionar a la

iniciativa privada infraestructuras (electrificación, carreteras, etc.) y productos

básicos como el carbón o el acero.

Con todo ello, entre 1959 y 1973, industria y servicios se consolidan

como actividades fundamentales. Creció la renta por habitante en un 40 %. El

crecimiento industrial estuvo impulsado por el uso de técnicas de producción

más avanzadas y por la acumulación de capital. El aumento de importaciones

de tecnología mejoró la productividad y abarató los precios, lo que aumentó las

exportaciones y, con ello, los salarios y el nivel de vida.

En todo lo anterior influyó también la emigración a Europa, además del

turismo. Las remesas enviadas por los emigrantes y la conversión de España

en potencia turística permitieron conseguir el superávit en la Balanza de

Pagos.

En cuanto a las transformaciones sociales, La expansión económica de

los años sesenta y primeros setenta fue acompañada de un considerable

crecimiento demográfico, debido a la natalidad. Al mismo tiempo, se produce

un incremento de la población urbana, lo que supuso, en 1970, que el 37% de

la población viviera en ciudades de más de 100.000 habitantes; el 65% de la

población habitaba, en esa misma fecha, en municipios no rurales. Se

produce, por tanto, el paso desde una sociedad rural a una sociedad urbana e

industrial, consolidándose además la tendencia al mayor peso demográfico de



la periferia, excepto Madrid, con un fuerte éxodo rural desde los municipios y

provincias rurales del interior a los industriales y urbanos de la periferia, con

especial protagonismo de Cataluña, País Vasco y Valencia. Todo ello da lugar

a una modificación de la estructura socio-profesional: disminuye el sector

primario a favor de los sectores secundario y terciario; aumentan los

asalariados y crece una masa de obreros industriales, lo que dará lugar a un

nuevo movimiento obrero, con un sindicalismo muy distinto al de los Sindicatos

Verticales del régimen. Hay un cambio paulatino de mentalidades y hábitos, de

comportamientos y pautas culturales.

Entre la oligarquía y los sectores populares se desarrolla una importante

clase media. La oligarquía industrial y financiera es la clase dominante de esta

época del desarrollismo. Pero, durante los años sesenta, crece la clase media

y se desarrolla una burguesía urbana hasta entonces inexistente. Junto al

aumento de profesionales autónomos y de obreros, creció también el número

de funcionarios al ampliarse las funciones del Estado. La población rural

disminuyó casi al mismo ritmo al que aumentaba la urbana y ello también

afectó a las estructuras sociales del campo. Sólo en Andalucía y Extremadura

pervivió la figura del obrero agrícola sin tierras

En síntesis, cabe decir que la época del desarrollismo favoreció el

progreso social y el cambio de pautas culturales y que, lejos de fortalecer al

régimen, lo debilitó desde un punto de vista político e ideológico.

3. LAS OPOSICIONES AL SISTEMA.

Las transformaciones socioeconómicas de los años sesenta dieron lugar

a un incremento de la conflictividad social, sobre todo desde 1970. La protesta

de los trabajadores fue el principal foco de tensión social; ya en los años

cincuenta se produjeron las primeras agitaciones y protestas, teniendo lugar las

primeras huelgas laborales en Cataluña y Vizcaya. De los sindicatos que

habían tenido protagonismo antes de la guerra (UGT y CNT), sólo la UGT tuvo

una cierta actividad clandestina. En los sesenta, las huelgas de los mineros

asturianos, con importantes ramificaciones en el País Vasco y Barcelona,

permitieron el nacimiento de un nuevo sindicalismo basado en la lucha

reivindicativa, que se articuló, sobre todo, alrededor de la nuevas Comisiones

Obreras, que nacieron como movimiento independiente, democrático y unitario;

impulsaron la lucha laboral (salarios, condiciones de trabajo…) y política

(libertad sindical, derechos….). Combinaron la acción ilegal (huelgas) con la

legal, aprovechando las posibilidades de la negociación colectiva y de la

elección de enlaces sindicales para “ocupar” parte de la estructura del sindicato

vertical franquista.

Mientras se creaba este nuevo sindicalismo, en la Universidad

aparecieron organizaciones estudiantiles frente al oficial Sindicato Español

Universitario (SEU), de afiliación obligatoria. Ya en 1956, se produjeron los



primeros incidentes en Madrid. Estos grupos tenían tendencias políticas

diversas. También surgieron movimientos sociales, como asociaciones de

vecinos, agrupaciones culturales, algunos grupos religiosos, que entraron en la

política de oposición al régimen. Los años sesenta presenciaron las primeras

manifestaciones masivas en las calles.

Asimismo, en la misma década se recompuso la oposición política a

través de los viejos partidos o de la aparición de nuevos grupos a la izquierda y

a la derecha, desde la socialdemocracia hasta el liberalismo monárquico. Uno

de los grupos de oposición moderna fue el de los demócratas cristianos, sobre

todo Izquierda Democrática Cristiana. La acción que tuvo mayor repercusión

fue lo que los periódicos franquistas llamaron “contubernio de Munich”. En un

congreso del Movimiento Federal Europeo, celebrado en Munich en 1962,

coincidieron exiliados con opositores llegados desde el interior, que pidieron la

desaparición del régimen; a su regreso, los asistentes fueron encarcelados o

desterrados.

En esa época tuvo especial importancia el Partido Comunista de

España (PCE), siendo el único partido que conservó cierta fuerza y

organización dentro de España. Este partido fue penetrando en las

organizaciones de masas, como Comisiones Obreras, asociaciones de vecinos,

etc. Por otra parte, dentro del PSOE, que mantuvo hasta los años sesenta la

dirección en el exilio, empezaron a producirse tensiones con los jóvenes

militantes que formaban el partido en el interior. Fue en el Congreso de

Suresnes (1973) cuando la dirección quedó en manos de los militantes del

interior.

En los años sesenta también aparecieron pequeños grupos de

matiz maoísta o trotskista y algunos escindidos del PCE como la Liga

Comunista Revolucionaria o el Movimiento Comunista. De algunos de ellos se

desgajaron núcleos terroristas, como el FRAP.

En el período final del franquismo empezaron también a tomar

importancia los partidos nacionalistas. En el País Vasco, la hegemonía siguió

siendo del PNV, aunque el hecho de mayor repercusión fue la aparición de

ETA en 1959.

4. LA CRISIS FINAL DEL RÉGIMEN AUTORITARIO.

Desde principios de los años setenta la incapacidad del régimen para

reformarse y adaptarse a las demandas sociales y al contexto internacional lo

precipitó en una crisis irreversible. Un momento decisivo fue el asesinato del

presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, a manos de ETA, el

20 de diciembre de 1973. Dentro del régimen se abrió una división entre dos

grupos: los inmovilistas y los aperturistas o reformistas.



En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias

Navarro, que anunció una reforma limitada del franquismo. En su famoso

discurso del 12 de febrero se refería Arias Navarro a la apertura hacia un

mayor pluralismo político (espíritu del 12 de febrero). Prometía, en ese

discurso, una nueva ley municipal que permitiese la elección de alcaldes y de

las diputaciones provinciales; además, anunciaba una nueva ley sobre

asociaciones políticas. Las tímidas reformas irritaron a los sectores más

inmovilistas. Se desencadena entonces una dinámica en la que, con Franco ya

enfermo, el gobierno de Arias se decanta hacia el inmovilismo. Fracasa así el

intento de apertura y se confirma la permanencia de lo que se llamó el bunker,

sector inmovilista que frenó toda apertura.

Fuera del régimen, los grupos de oposición se dedicaban a la lucha en la

calle con huelgas y manifestaciones, al tiempo que configuraban organismos

de política unitaria. El PCE impulso la JUNTA DEMOCRÁTICA en julio de

1974, integrada por CC.OO, algunos socialistas, independientes, monárquicos,

carlistas y grupos de extrema izquierda, y que propugnaba la formación de un

gobierno provisional que implantase un régimen democrático. Pero no se

incorporaron a sus filas ni los democristianos ni el PSOE. Este último partido

impulso, ya en 1975, la PLATAFORMA de convergencia democrática, con los

democristianos, UGT, el PNV y otros grupos, y cuyo proyecto era muy parecido

al de la Junta.

En septiembre de 1975 se produce la condena a muerte de cinco

activistas de ETA y el FRAP, lo que dio lugar a una protesta internacional, con

Franco enfermo. Al mismo tiempo, surgió la cuestión del Sáhara: Marruecos

organizó la Marcha Verde, una invasión pacífica del territorio; España

abandonó ese territorio.

El 20 de noviembre de 1975 fallecía Franco. Comenzaba la Transición.



TEMA 14. LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1979).

1. EL INMOVILISMO Y LA RUPTURA DEMOCRÁTICA.

Se denomina transición a la etapa caracterizada por un conjunto de

acontecimientos ocurridos entre la muerte de Franco y la aprobación de la

Constitución de 1978, en el referéndum del 6 de diciembre de ese año, tras

ser debatida y votada en las Cortes constituyentes emanadas de las primeras

elecciones democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977.

Esta etapa se caracteriza por la tensión entre el inmovilismo y la ruptura

democrática. Al fallecer Franco, el gobierno estaba presidido por Arias

Navarro, que pretendía prolongar la obra del franquismo bajo la monarquía de

Juan Carlos I, que se convirtió en Rey y Jefe del Estado el 22 de noviembre de

1975, dos días después de la muerte del dictador. El gobierno de Arias fracasa

en el intento de atraerse a los grupos que se habían distanciado de la dictadura

en sus años finales. Promete entonces, como había hecho ya en 1974, una

mayor apertura política, pero se encuentra con la cerrada oposición del

“búnker” o sector inmovilista del régimen que deseaba mantener intacto el

legado político de Franco. Al mismo tiempo se producía una gran conflictividad

laboral en el contexto de la crisis económica surgida en 1973. Se desarrollan

movilizaciones sindicales con fuerte represión policial. En la primavera de

1976, la Junta Democrática dominada por el PCE y la Plataforma encabezada

por el PSOE se fusionan en la denominada PLATAJUNTA, tal y como fue

conocida en la jerga coloquial. Es entonces cuando Juan Carlos I viaja a

EEUU y anuncia su predisposición a favorecer el cambio hacia la democracia

en España. Carlos Arias Navarro presenta su dimisión.

En ese contexto, la oposición defiende la ruptura democrática frente a la

reforma; dicha ruptura significaba un gobierno provisional y la convocatoria de

elecciones constituyentes. Ante esa respuesta de la oposición, el sector

reformista del franquismo, con el visto bueno de la monarquía, inicia un

proceso de cambio a partir de las leyes vigentes, es decir, reforma

continuada y no ruptura. En junio de 1976, Es designado como sucesor

Adolfo Suárez como sustituto de Arias en la presidencia de gobierno. El

nuevo Presidente será quien aceleré el desmantelamiento del aparato político e

institucional franquista y su sustitución por instituciones democráticas, todo ello

en el contexto entre la idea de “reforma” y la de “ruptura”. La primera es

defendida desde el gobierno, que entendía el proceso como un paso desde la

dictadura a la democracia a base de sucesivas reformas (“sin prisa pero sin

pausa”) que fueran dando lugar al cambio deseado. Así se hizo, entre la

oposición, por un lado, de los inmovilistas (entre ellos, importantes sectores del

ejército) y, por otro, de la oposición democrática, que defendía la idea de

ruptura, esto es, de implantación de un sistema democrático mediante un



cambio inmediato. Al final, se impuso una vía intermedia, pues la presión de la

oposición aceleró el proceso reformista y la implantación de la democracia.

2. LA REFORMA DEMOCRÁTICA.

Adolfo Suárez inicia un nuevo estilo de hacer política, estableciendo

contactos con la oposición y proponiendo su proyecto, la LEY DE REFORMA

POLÍTICA, aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes franquistas. Dicha

ley proclamaba la democracia y preveía el paso a un sistema democrático

parlamentario con unas cortes elegidas por sufragio universal. Anunciaba

elecciones con el concurso de partidos políticos.

La reforma política se lleva a cabo en medio de negociaciones para

aislar al bunker. Fue posible gracias al impulso reformista de la Corona y al

apoyo de los procuradores en Cortes, a los que se dio garantías: no exigir

responsabilidades a los implicados en la dictadura y mantener en la ilegalidad a

la izquierda comunista.

Por su parte, la oposición no estaba satisfecha con la reforma. El

gobierno convocó, a fines de 1976, un referéndum para aprobar la Ley, y la

oposición defendió la abstención, que alcanzó un 22,6%. Pero el resultado

bastante favorable al gobierno hizo que la oposición se replantease su

estrategia, renunciando a muchos de sus contenidos de ruptura, como el

rechazo a la monarquía.

Desde principios de 1977 hubo una progresiva legalización de

partidos políticos y sindicatos, se avanzó en el ejercicio de las libertades y se

procedió a desmantelar las organizaciones franquistas ligadas al Estado. Todo

ello provocó acciones de violencia de extrema derecha, como el asesinato de

los abogados laboralistas ligados al PCE (Madrid, enero de 1977).

Por otra parte, la acción terrorista de grupos como GRAPO y ETA hacía

aumentar la tensión. Era necesaria la participación de todas las fuerzas política

y, así, el 9 de abril de 1977 es legalizado el PCE.

Por último, son convocadas elecciones generales a Cortes

(constituyentes) para el día 15 de junio de 1977. Serán las primeras elecciones

democráticas tras la muerte de Franco. Las Cortes emanadas de las mismas

elaborarán la Constitución de 1978.



3. EL SISTEMA DE PARTIDOS Y LAS ELECCIONES DE 1977.

Desde principios de 1977 hubo una progresiva legalización de partidos

políticos y sindicatos, se avanzó en el ejercicio de las libertades y se procedió a

desmantelar las organizaciones franquistas ligadas al Estado. Todo ello

provocó acciones de violencia de extrema derecha, como el asesinato de los

abogados laboralistas ligados al PCE (Madrid, enero de 1977). Por otra parte,

la acción terrorista de grupos como GRAPO y ETA hacía aumentar la tensión.

Era necesaria la participación de todas las fuerzas política y, así, el 9 de abril

de 1977, es legalizado el PCE, tras renunciar este partido a su programa de

constituir un gobierno provisional que convocara un plebiscito sobre Monarquía

y República, aceptando los comunistas la Monarquía de Juan Carlos I.

Semanas más tarde fueron legalizadas las Comisiones Obreras. Días más

tarde, se anunció la celebración de elecciones para el 15 de junio. Alrededor

del presidente Suárez se constituyó un nuevo partido, la UNIÓN DE CENTRO

DEMOCRÁTICO (UCD). A su vez, la derecha de procedencia franquista fundó

ALIANZA POPULAR. Por su parte, el PSOE se renovó, con Alfonso Guerra y

Felipe González como líderes, al tiempo que el PCE se mantenía como bastión

de la izquierda.

Concurrieron a las elecciones 41 partidos políticos para obtener

representación en el Congreso de los Diputados. No hubo mayoría absoluta

para ningún partido, pero obtuvo la mayoría de votos y de diputados la UCD

(liderada por Adolfo Suárez), seguida de PSOE (Felipe González), PCE

(Santiago Carrillo) y AP (Manuel Fraga). También obtuvieron representación

Convergencia Catalana y el PNV. La mayor sorpresa fue el corto resultado del

PCE, con sólo veinte diputados y rebasado por el PSOE como primer partido

de la izquierda. Como consecuencia de las elecciones, se instituyen unas

cortes constituyentes, de las que va a salir la CONSTITUCIÓN DE 1978.

Se puede decir que la transición fue el resultado de un pacto

progresiva entre los sectores procedentes del franquismo y la oposición; dicho

pacto consistió en la aceptación de una transición a partir de las reformas y de

la legalidad encarnada por la monarquía, dejando de lado, mediante el

concepto de reconciliación y de consenso, la exigencia de responsabilidades a

los que procedían del régimen anterior.


De las cortes constituyentes emanadas de las elecciones de junio de

1977 resulta la Constitución de 1978, fruto del consenso y del pacto. Para

elaborar ese texto de consenso se formó una ponencia constitucional de siete

miembros: tres de UCD, y uno, respectivamente, del PSOE, PCE, AP y

MINORÍA CATALANA. El resultado fue un texto que declaraba a España como

un Estado social y democrático de derecho, organizado como una

monarquía parlamentaria, en la que la Corona tenía funciones representativas

en relación con la jefatura del Estado. Asimismo, el texto fijaba el carácter no



confesional del Estado y contenía unas declaraciones de derechos y

libertades civiles y políticas muy completas. La Constitución consagraba el

derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades, reconociendo como

lenguas oficiales el castellano y las demás lenguas españolas en sus

correspondientes comunidades autónomas. Aprobada por el Congreso y el

Senado, fue sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978 y,

posteriormente, promulgada.

En cuanto a sus aspectos básicos, podemos distinguir los siguientes:

DERECHOS-DEBERES: el texto constitucional establece, en su

capítulo segundo, los derechos y libertades de los españoles, reconociendo la

igualdad ante la ley, el derecho a la vida, la libertad ideológica y religiosa, el

derecho a la libertad personal y a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la

libertad de residencia y circulación. También se regula la libertad de expresión,

así como los derechos de reunión y asociación y otros. Se establecen deberes

como la defensa de España, el pago de impuestos y otros.

INSTITUCIONES: En el Título II se trata sobre la CORONA, a la

que corresponde la jefatura del Estado, siendo una monarquía hereditaria, con

una serie de funciones, entre las que destacan el mando de las fuerzas

armadas, la convocatoria y disolución de las Cortes, la proposición del

candidato a la presidencia del gobierno o el nombramiento de los ministros a

propuesta del Presidente. Otra importante institución son las CORTES

GENERALES, que representan al pueblo español y que están formadas por el

Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa, siendo

el Senado la cámara territorial. En cuanto al GOBIERNO, le corresponde el

poder ejecutivo y está formado por el presidente, los vicepresidentes, en su

caso, y los ministros. EL PODER JUDICIAL corresponde a jueces y

magistrados, que actúan en Juzgados y Tribunales. El TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, por su parte, es el organismo que estima la

constitucionalidad o no de las leyes y otras cuestiones relacionadas con la

constitución y las competencias de los distintos organismos y administraciones

que componen el Estado.

PROCEDIMIENTOS POLÍTICOS: se refieren a una serie de

mecanismos relacionados con las elecciones, la formación del gobierno, etc.

Se establece una democracia parlamentaria, siendo las Cortes con sus dos

cámaras el fundamento de la soberanía popular, como representación del

sufragio ciudadano. En relación con ello, se celebran elecciones legislativas

cada cuatro años. Una vez celebradas, el Rey, previa consulta a los grupos

con representación, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. En

una primera sesión, el candidato debe obtener la mayoría absoluta de votos del

Congreso de los Diputados; de no ser así, en cuarenta y ocho horas, se

procederá a una nueva votación, en la que resultara investido si obtiene

mayoría simple. En caso contrario, pueden ser propuestos sucesivos

candidatos; si, transcurridos dos meses, ninguno obtiene la confianza da la

cámara, se convocarán nuevas elecciones. El Gobierno cesa tras la



celebración de nuevas elecciones, por fallecimiento o dimisión de su presidente

o por pérdida de la confianza parlamentaria, lo que puede ocurrir si el gobierno

se somete a una cuestión de confianza y no obtiene la mayoría simple de la

cámara, o si es sometido a una moción de censura, lo que supone la

presentación de un candidato alternativo. Por otra parte, el presidente del

gobierno podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las

Cortes, salvo que haya transcurrido menos de un año desde una disolución

anterior (con la excepción, explicada más arriba, de que ningún candidato

obtenga la investidura después de unas elecciones).

ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS: A la hora de elegir entre un

estado unitario o federal, la Constitución optó por el denominado “Estado de las

Autonomías”. Se establece que el Estado se organiza, desde el punto de vista

territorial, en tres niveles: Comunidades Autónomas, Provincias y Municipios.

Se garantiza la solidaridad entre comunidades y se desarrolla, en el Título VIII,

el derecho a la autonomía recogido en el artículo 2 de la Constitución. De este

modo, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y

económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad

regional histórica podrán acceder a un autogobierno y constituirse en

Comunidades Autónomas. Así se establece en el artículo 143. Además, se

enumeran las competencias que podrán asumir las comunidades, así como las

que son exclusivas del Estado, si bien, transcurridos cinco años, las

Comunidades podrán aumentar sus competencias, salvo las que se constituyan

como tales a partir del artículo 151, que permite una vía rápida hacia la

autonomía. Asimismo, se establecen los órganos de gobierno de las

comunidades: una ASAMBLEA LEGISLATIVA, elegida por sufragio universal,

un CONSEJO DE GOBIERNO, y un PRESIDENTE, elegido por la asamblea de

entre sus miembros. También un TRIBUNAL SUPEROR DE JUSTICIA.



TEMA 15. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA (1979-2004)

1. LOS GOBIERNOS DE LA UCD.

Una vez aprobada la Constitución, en 1979 se celebran las segundas

elecciones generales y las primeras municipales. Las elecciones legislativas

dieron de nuevo el triunfo al partido del presidente Suárez, UCD, quedando el

PSOE como primer partido de la oposición. En cuanto a las elecciones

municipales, se celebraron con una abstención estimable (40%) y resultados

netamente favorables a la Izquierda en las principales ciudades.

Los años siguientes estuvieron marcados por la crisis de UCD. Por su

parte, el PSOE va a experimentar un proceso de cambio interno, con el

abandono del “marxismo” como referencia ideológica. Se trataba de ampliar

sus apoyos hacia el electorado de “centro”. Esa refundación del partido se

llevó a cabo bajo el impulso de Felipe González durante el otoño de 1979,

presentándose el nuevo PSOE como partido “socialdemócrata” y reformista.

Tras la redefinición ideológica, el Partido Socialista se concentró en la

oposición al gobierno centrista de UCD, aprovechando los flancos vulnerables

de la política de Adolfo Suárez.

Al mismo tiempo, se fue desarrollando un proceso de división interna

dentro de UCD. Este partido estaba compuesto por tres corrientes políticas:

demócratas-cristianos, liberales y socialdemócratas. Los primeros discreparon

de la Ley del Divorcio, apoyada por los otros dos grupos. También fueron

condenadas, desde dentro de su partido, algunas iniciativas de Suárez en

política exterior, como la visita a la Cuba castrista o la recepción en Madrid al

líder palestino Yaser Arafat, considerado entonces como terrorista por EEUU y

otros países occidentales. Por otra parte, arreciaba el terrorismo de ETA, que

alcanzaría, en 1980, su punto culminante en número de víctimas (92),

golpeando sobre todo a los altos mandos del ejército. En ese contexto, se

produjo la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981, sobre la que circularon

hipótesis diversas, entre ellas la presión de los mandos militares.

Durante la votación de investidura del sucesor de Adolfo Suárez,

Leopoldo Calvo Sotelo, se produce el asalto al Congreso de los Diputados por

parte de guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Tejero, el 23 de

febrero de 1981. Este hecho fue el resultado del ambiente de conspiración

contra el nuevo régimen democrático en determinados sectores del ejército. La

intentona acabó sin éxito, entre otras cosas por la intervención del Rey, por la

negativa a secundar la sublevación de la mayoría de los capitanes generales y

por la división entre los conjurados sobre el objetivo de la operación.

Tras el fracaso del intento golpista, ejerció como Presidente de Gobierno

Leopoldo Calvo Sotelo, que fue incapaz de frenar el declive de UCD. No

obstante tomó algunas iniciativas relevantes, como la solicitud de ingreso de

España en la OTAN. Sin embargo, la derrota de UCD en las elecciones



autonómicas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía ahondó la crisis del

partido y la división interna, con el grupo parlamentario escindido. Calvo Sotelo

hubo de disolver las Cortes en agosto de 1982, convocando elecciones

anticipadas para el 28 de octubre de ese mismo año, que supusieron el triunfo

del PSOE por amplia mayoría absoluta, terminando así la etapa de los

gobiernos de UCD.

2. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS.

La Constitución de 1978 implicaba el desarrollo del denominado “Estado

de las Autonomías”. El viejo debate entre centralismo y federalismo se

remontaba a los tiempos de la I República, cuando el proyecto de Constitución

federal de 1873 establecía la organización de España como Estado federal.

Asimismo, la Constitución de 1931 reconocía el derecho de las regiones a la

autonomía; fruto de ello fue la aprobación del Estatuto de Autonomía para

Cataluña en 1932 y, ya durante la guerra, la aprobación del Estatuto Vasco, así

como la elaboración de un Estatuto Gallego, que no llegó a ser aprobado por

las Cortes. De ahí el reconocimiento de esos tres territorios como “regiones

históricas” durante la Transición.

En relación con lo anterior, uno de los más importantes hechos políticos

de la historia española posterior a 1975 fue la construcción de un nuevo

modelo de Estado no centralista, a partir de las previsiones del Título VIII de la

Constitución, si bien el proceso se inicia ya antes de la elaboración y

promulgación de la misma, a través de las “preautonomías” concedidas a

determinadas regiones. La primera de ellas fue Cataluña cuando, en 1977, se

restablecía la Generalitat con Josep Tarradellas como presidente. Por su

parte, a principios de 1978 se materializaba la preautonomía vasca mediante el

Consejo General Vasco. El siguiente caso fue el gallego, con la creación,

también en 1978, de una Xunta de Galicia provisional. Se resolvía así el caso

de las tres regiones “históricas”.

La extensión del modelo autonómico a todo el territorio surgirá del Título

VIII de la Constitución, que establecía la posibilidad de que una provincia o

varias provincias limítrofes, y no sólo las nacionalidades históricas, se

convirtieran en Comunidades Autónomas. En ellas habría de conformarse

órganos legislativos (parlamentos autónomos) elegidos por sufragio universal, y

órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). En cualquier caso, siguió vigente la

división provincial.

Se preveía, de este modo, la transferencia de competencias legislativas

y ejecutivas a los poderes autonómicos, siguiendo el artículo 143 de la

Constitución. Pero se establecían dos grados de autonomía, pues esos

poderes autonómicos podían recibir competencias de diferente grado y a un

ritmo distinto. El procedimiento más rápido y directo era el previsto en el

artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas

e, incluso, otras, siempre que cumplirán una serie de complejos requisitos de



pronunciamiento de las entidades locales y de aprobación por referéndum. Fue

ese el caso de Andalucía que, en 1980, aprobó la construcción de su

autonomía por la vía del citado artículo 151. El resto de comunidades se

regirían por el artículo 143, con la excepción de Navarra, para la cual se había

previsto un mecanismo especial, partiendo de su sistema foral.

La plasmación jurídica del régimen autonómico tuvo lugar mediante la

aprobación de los Estatutos de Autonomía, que contenían las competencias

que asumía cada Comunidad, así como las instituciones de que se dotaban. El

primer Estatuto de Autonomía promulgado fue el de Cataluña en 1979. Le

siguieron los de País Vasco, Galicia, Andalucía y, posteriormente, todos los del

resto de comunidades. Por último, en 1995 fueron regulados regímenes

autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla. El resultado fue el fin del

Estado centralista y el comienzo de un difícil, y a veces conflictivo, proceso de

transferencia de competencias para la construcción del Estado de las

Autonomías.

3. LOS GOBIERNOS DEL PSOE.

La arrolladora victoria socialista en las elecciones de octubre de 1982

abrió la puerta a catorce años de gobierno ininterrumpido, con un total de

cuatro legislaturas, tres de ellas con mayoría absoluta.

Durante la primera legislatura (1982-1986), el Gobierno presidido por

Felipe González llevó a cabo una serie de reformas que culminaron, en 1986

con el ingreso de España en la CEE y con la permanencia del país en la OTAN.

Una de esas reformas fue la reforma militar, que incluyó una serie de aspectos

como reducción de efectivos, reorganización, modernización y aplicación de la

Objeción de Conciencia al servicio militar obligatorio. Se trataba de modernizar

el ejército heredado del franquismo, para evitar nuevos episodios como el del

23-F. También se emprendió la reforma de las Fuerzas de Seguridad del

Estado, en las que se integró a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El

ingreso de España en la Comunidad Económica Europa (Unión Europea desde

1992) fue el resultado de un proceso de negociación iniciado en 1977. Este

ingreso supuso un hito en la política exterior, pues rompía con décadas de

aislamiento y alejamiento de Europa. En esa misma línea se enmarcó la

permanencia e integración definitiva en la OTAN, alianza militar a la que se

había añadido España en 1981, bajo el gobierno de Calvo Sotelo, en medio del

rechazo de la izquierda. El PSOE se comprometió, entonces, a revisar esa

decisión, mediante un referéndum, si llegaba al Gobierno. Pero Felipe

González, una vez en el mismo, modificó su postura y decidió convencer al

electorado para permanecer en la Alianza Atlántica. En referéndum celebrado

en marzo de 1986 obtuvo el respaldo de la mayoría de los votantes. Se

completaba así la integración de la nueva democracia española en el bloque

occidental.



Durante la década siguiente (1986-1996), el PSOE se mantuvo en el

poder con dos nuevas mayorías absolutas (1986 y 1989) y con una mayoría

relativa (1993); esta última fue el inicio de una legislatura en la que Felipe

González gobernó gracias al apoyo de Convergencia y Unió (CIU), liderada por

Jordi Pujol. La permanencia en el gobierno durante esos años se explica por la

figura carismática de Felipe González, pero también por otra serie de factores

como la identificación del PSOE con las clases medias, la legitimación social

derivada de la consolidación del “estado del bienestar y el progreso del país, en

infraestructuras y nivel de vida, en parte gracias a las ayudas europeas. Sin

embargo, esos años no estuvieron exentos de problemas y tensiones, como la

huelga general del 14 de diciembre de 1988 o el incremento constante de la

tasa de paro. Se añadió a ello la corrupción, que salpicó a varios de los

gobiernos socialistas, paralelamente al desvelamiento, por parte de un sector

de los medios de comunicación, de la trama del GAL, un caso de terrorismo de

Estado en el proceso de la lucha antiterrorista contra ETA. Todo ello fue

debilitando a los gobiernos de Felipe González, que experimentaron una

paulatina pérdida de apoyo electoral.

4. LOS GOBIERNOS DEL PP.

En las elecciones de 1996, el Partido Popular, liderado por José María

Aznar, fue el partido más votado, pero con una mayoría escasa. Con el apoyo

del partido gobernante en Cataluña, CIU, y de su líder, Jordi Pujol, consiguió

formar gobierno. Más tarde, en las elecciones de 2000, el PP obtuvo la

mayoría absoluta. Este partido tuvo su origen en Alianza Popular (AP),

fundada por Fraga tras la muerte de Franco. En 1989 se refundó a partir de un

cambio generacional en sus líderes y cuadros, pasando a denominarse Partido

Popular y con José María Aznar como nuevo líder.

La primera legislatura (1996-2000) se caracterizó por la paz laboral, el

éxito en la lucha antiterrorista y la intensificación de la política económica

liberalizadora de la economía que había emprendido el PSOE. Descendió el

desempleo y se produjo una fase de crecimiento de la economía española.

Ese crecimiento se hizo más fuerte y rápido durante la segunda legislatura

(2000-2004), con rápido descenso del desempleo, así como con un rápido

control de la inflación y del déficit público, lo que permitió cumplir con los

requisitos exigidos por la Unión Europea para el ingreso en el espacio de la

nueva moneda única, el Euro; de este modo, España se integro en la Unión

monetaria.

Pese a sus logros y éxitos económicos, el Gobierno de José María Aznar

comenzó a sufrir, desde mediados de la legislatura, problemas derivados de la

política exterior: el apoyo a la invasión norteamericana de IRAQ produjo

tensiones y protestas por parte de la oposición, con movilizaciones y

manifestaciones callejeras. Por otra parte, Aznar había anunciado que no



estaría en el gobierno más de dos legislaturas y anunció su intención de no ser

candidato en las siguientes elecciones, designando como sucesor a Mariano

Rajoy. Las elecciones de marzo de 2004, celebradas en un clima de

conmoción general por los atentados del 11-M, ocurridos tres días antes, dieron

la victoria al PSOE, liderado ahora por Rodríguez Zapatero, y pusieron fin a los

ocho años de gobierno del PP.

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