ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGULATORIA DEL SECTOR … · ii RESUMEN En el siguiente trabajo se...
114
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR Decanato de Estudios de Postgrado Maestría en Ciencia Política ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGULATORIA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO ENTRE LOS AÑOS 1995-2005 Trabajo de Grado presentado a la Universidad Simón Bolívar por Marco Antonio De la Rosa Ascanio Como requisito parcial para optar al grado de Magíster en Ciencia Política Realizado con la tutoría del Profesor Marino J. González R. Noviembre, 2006
Transcript of ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGULATORIA DEL SECTOR … · ii RESUMEN En el siguiente trabajo se...
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Decanato de Estudios de Postgrado
Maestría en Ciencia Política
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGULATORIA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO ENTRE LOS AÑOS 1995-2005
Trabajo de Grado presentado a la Universidad Simón Bolívar por
Marco Antonio De la Rosa Ascanio
Como requisito parcial para optar al grado de
Magíster en Ciencia Política
Realizado con la tutoría del Profesor
Marino J. González R.
Noviembre, 2006
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Decanato de Estudios de Postgrado
Maestría en Ciencia Política
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA REGULATORIA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO ENTRE LOS AÑOS 1993-2003
Este Trabajo de Grado ha sido aprobado en nombre de la Universidad Simón Bolívar por el siguiente jurado examinador:
__________________________
Presidente (a) (Nombre y firma)
___________________________
Miembro Externo (Nombre y firma)
Indicar Institución a la que pertenece
___________________________
Miembro Principal-Tutor Marino J. González R.
Fecha: _____________
i
"Este trabajo está dedicado a mi bello y querido país y al sector eléctrico venezolano que me dio la oportunidad de desarrollarme como profesional. Deseo que algún día tengamos un
sector eléctrico pujante y motor del desarrollo económico de Venezuela"
ii
RESUMEN
En el siguiente trabajo se realiza un análisis de la política regulatoria del sector eléctrico
venezolano durante la última década. Se analizan diferentes indicadores para medir la gestión
del sector eléctrico y se realiza una investigación desde la perspectiva de las políticas públicas
de este sector. Para ello, se conceptualiza un modelo de políticas públicas en el que se
identifican los factores condicionantes para la sustentabilidad del sector. Luego se
operacionaliza este modelo y se hace un análisis de data histórica de 10 años, identificando
correlaciones entre las variables más importantes. Para validar algunas de las hipótesis
formuladas en el trabajo, se realizó una encuesta a un grupo de expertos del sector así como
una búsqueda de las noticias más relevantes publicadas en los principales diarios de
circulación nacional durante el período en estudio. Luego, se realiza un análisis prospectivo
del sector eléctrico venezolano analizando tres aspectos fundamentales: el marco institucional
del sector, la necesidad de una política energética integral y la definición del rol del Estado
dentro del sector eléctrico. Se concluye que uno de los aspectos con mayor debilidad es el
proceso de implementación de la reforma, y una de las razones fundamentales de este retraso
es la debilidad institucional que caracteriza al sector eléctrico venezolano. Asimismo, se
determina que la calidad del servicio a nivel nacional se ha deteriorado con el tiempo y que
existe una correlación entre la calidad del servicio y el nivel de las tarifas eléctricas, así como
una relación directa entre la calidad del servicio y el nivel de inversión en el sector. Por
último, se identifica que hay tres factores clave para el éxito futuro del sector eléctrico:
fortalecimiento de las instituciones, planificación integral de los sectores gas, petróleo y
electricidad y una clara definición del rol del Estado dentro del sector.
Palabras clave: Política regulatoria, Reforma sector eléctrico, Ley Eléctrica, Políticas Públicas,
Regulación de servicios públicos
iii
ÍNDICE
INTODUCCIÓN 1
I- TEORÍA ECONÓMICA DE LA REGULACIÓN: MARCO DE REFERENCIA PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DEL SECTOR ELÉCTRICO. 3
1.1- Contexto general de la regulación 31.2- Evolución de la industria eléctrica 41.3- Elementos de la regulación 101.4- Opciones para la reforma del sector eléctrico 10
II- METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 142.1- Evaluación de la política regulatoria 142.2.- Criterios de evaluación 16
III - REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO 193.1- Antecedentes 193.2- Problemática del sector 203.3- Política regulatoria del período 1995-2005 21
IV - MEDICIÓN DEL DESEMPENO DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO. 29
4.1- Indicadores para medir el desempeño del sector eléctrico 294.2- Análisis de las políticas públicas del sector eléctrico 31
V – VISIÓN PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO 405.1- Marco institucional del sector: base de la política regulatoria 405.2- Hacia una política energética integral 43
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 48
BIBLIOGRAFÍA 52
ANEXOS 55Anexo A - Instrumento aplicado a las personas encuestadas 55Anexo B - Expertos encuestados 59Anexo C - Resultados de las encuestas 60Anexo D - Noticias 62
iv
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
FIGURAS Figura No. 1 – Opciones para la reforma del sector 13Figura No. 2 – Metodología de análisis 18Figura No. 3 – Capacidad Instalada de Generación en MW en Venezuela para el año 2005.
37
Figura No. 4 - Factores que condicionan la prestación de un servicio eléctrico de calidad al mínimo costo con sostenibilidad de largo plazo.
33
Figura No. 5 - Relaciones entre el sector energético integral y el resto de la política socioeconómica nacional
45
TABLAS
Tabla No. 1 – Atributos de los elementos necesarios para asegurar el éxito de la implementación de una política regulatoria
16
Tabla No. 2- Énfasis de los elementos necesarios para asegurar el éxito de la implementación de una política regulatoria
17
Tabla No.3: Indicadores socioeconómicos de Venezuela (1995-2005). 37Tabla No. 4 - Operacionalización del modelo 38Tabla No 5 - Datos empíricos del modelo. 38
INTRODUCCIÓN
Al igual que la mayoría de los servicios públicos, el de electricidad es un servicio
regulado. En primer lugar por sus características de “monopolio natural” (aunque este
concepto ha sido muy debatido en el sector en los últimos años) y por otro lado porque el
Estado debe asegurarse que todos los sectores de la sociedad disfruten del servicio en ciertas
condiciones de calidad.
En las dos últimas décadas se han llevado a cabo procesos de reforma de los sectores
eléctricos en todo el mundo con miras a alcanzar eficiencia económica en el servicio. Sin
embargo, en algunos países no se han alcanzado las metas que fueron planteadas para la
reforma del sector, en muchos casos por haberse confundido medios y fines o, sencillamente,
por no haberse definido en una forma clara y transparente los objetivos de la reforma.
En muchos de estos países se evidencia una desmejora en el desempeño operacional de
las empresas prestadoras del servicio y un creciente deterioro financiero de las mismas, lo que
afecta a los usuarios finales del servicio. Por otro lado, en los países en donde se ha
implementado el proceso de reforma acompañado de un marco institucional y regulatorio
adecuado, se evidencia una evolución favorable del desempeño de los sectores eléctricos.
En el siguiente trabajo se realiza un análisis de la política regulatoria del sector
eléctrico venezolano durante la última década. Este análisis se aborda desde una perspectiva
sistémica identificando temas que en si mismos podrán ser discutidos en mayor profundidad
en futuros trabajos.
En el primer capítulo se analizan una serie de conceptos básicos que serán de utilidad a
lo largo del trabajo. En este sentido se revisan conceptos relacionados con la economía y
2
política de los servicios públicos, se brinda un contexto general de la regulación, se analiza la
evolución de la industria eléctrica, se identifican los elementos de la regulación, se definen las
opciones para la reforma del sector eléctrico y por último se mencionan los criterios para la
evaluación de la política regulatoria.
En el segundo capítulo se hace una descripción de la metodología de la investigación y
los objetivos del trabajo para luego en el tercero hacer una descripción sobre el proceso de
reforma en el sector eléctrico venezolano. Para ello se brindan algunos antecedentes, se define
la problemática del sector y se hace un análisis de la política regulatoria de los últimos 10
años, identificando dos períodos de estudio: antes y después de la aprobación de la Ley
Orgánica del Servicio Eléctrico.
En el próximo capítulo se analizan diferentes indicadores para medir la gestión del
sector eléctrico y se realiza un análisis desde la perspectiva de las políticas públicas del sector.
Para ello, se conceptualizará un modelo de políticas públicas en el que se identificarán los
factores condicionantes para la sustentabilidad del sector. Luego se operacionalizará este
modelo y se hará un análisis de data histórica de 10 años, identificando correlaciones entre las
variables más importantes.
En el capítulo quinto se realiza un análisis prospectivo del sector eléctrico venezolano
analizando tres aspectos fundamentales: el marco institucional del sector, la necesidad de una
política energética integral y la definición del rol del Estado dentro del sector eléctrico. En este
capítulo se analizan las implicaciones del subsidio proveniente de la renta petrolera hacia el
sector eléctrico. Finalmente se darán unas conclusiones y recomendaciones.
3
CAPITULO I: TEORÍA ECONÓMICA DE LA REGULACIÓN: MARCO DE REFERENCIA PARA ANALIZAR EL DESARROLLO DEL SECTOR
ELÉCTRICO
1.1 Contexto general de la regulación
Resulta difícil imaginar a un país que presente un ascendente desarrollo económico si
no está acompañado de un sector eléctrico pujante, viable y sostenible en el largo plazo ya que
por un lado, la electricidad forma parte de un grupo de servicios básicos que tienen una
incidencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos, siendo este importante servicio el
insumo principal de procesos fundamentales como la iluminación, la cocción, la refrigeración
y el transporte.
Por otro lado, el sector eléctrico es el motor tecnológico de los grandes proyectos
industriales, de la pequeña y mediana industria, de los servicios y de la comunidad en su
conjunto.
La naturaleza propia del sector eléctrico hace de su planificación y operación procesos
muy particulares. Entre las características fundamentales del sector se deben mencionar: el
servicio se presta por intermedio de redes, la dificultad para el almacenamiento de la energía,
la necesidad de inversiones intensivas de capital y los largos períodos de recuperación de estas
inversiones.
El hecho de que la energía eléctrica no pueda almacenarse, hace que se produzca de
manera prácticamente instantánea en el mismo momento de ser consumida, por lo que
aumenta la necesidad de no cometer errores en la planificación de las inversiones, las cuales
alcanzan montos de gran relevancia, observándose en algunos países cifras que pueden llegar,
en algún momento, a representar hasta el 30% de las inversiones públicas.
4
Las propuestas de reordenamiento institucional y regulatorio de la industria eléctrica
han puesto en el centro del debate a este importante sector de la actividad económica. Según
Millán (2006), desde la década de los 80 existe una tendencia a reorganizar los sectores
eléctricos con el objetivo fundamental de conseguir la eficiencia económica.
Millán (2006) afirma que en estos procesos de reorganización han existido algunos
temas sobre los cuales se han generado amplias y profundas discusiones, entre los que se
pueden mencionar la propiedad de las empresas, el rol del Estado, la concepción del sector
como monopolio natural y la apertura a la competencia en algunas de las actividades.
Este debate, que abarca tanto a países desarrollados como a países en vía de desarrollo,
todavía no ha dejado un verdadero consenso sobre el modelo a implementar. De hecho, en
países en donde se han dado verdaderos avances en la reforma institucional y regulatoria de
los sectores eléctricos, se ha encontrado muchas críticas al no coincidir los resultados del
proceso con los objetivos iniciales para los cuales fueron diseñados.
En las últimas dos décadas la noción de monopolio natural ha sido ampliamente
discutida en algunas de las actividades del sector eléctrico, básicamente en las áreas de
generación y comercialización. Los argumentos para sostener que no existe monopolio en
estas actividades incluyen el hecho de que no existen economías de escala como las hay en las
actividades de transmisión y distribución, y que los desarrollos tecnológicos permiten la
puesta en marcha de nuevas unidades generadoras en un muy corto plazo, incentivando así la
competencia.
1.2 Evolución de la industria eléctrica
La industria eléctrica se desarrolló a partir de la última década del siglo XVIII con una
alta participación privada. A medida que se fueron expandiendo las grandes interconexiones
geográficas, que permitieron unir centros de producción con centros de demanda, empezó a
5
verse al sector como estratégico y de primera necesidad y se comenzó a notar una mayor
participación del Estado en la explotación de la actividad.
A partir del año 1940, según expresa Millán (2006) esta participación se maximiza
cuando, por su concepción de monopolio natural y de sector estratégico, se inicia un proceso
de nacionalización que tiene un mayor auge en los países latinoamericanos. Entre los años 60
y 70, cuando se desarrolla la llamada crisis de la deuda externa, los sectores eléctricos
atraviesan por un período de deterioro caracterizado por:
• Problemas de gestión.
• Deterioro de infraestructura.
• Crecimiento de demanda de energía eléctrica sin uso eficiente.
• Ineficiencia en producción y uso.
• Altos niveles de pérdidas.
• Crisis económica y financiera.
• Problemas tarifarios y subsidios cruzados.
A partir de ese momento, se empiezan a dar una serie de reformas regulatorias en la
industria eléctrica en todo el mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como los
desarrollados. Muchos de estos procesos de reforma, que fueron impulsados por organismos
multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen entre sus
aspectos comunes los siguientes:
• Cambios en el rol del Estado, pasando de empresario a regulador.
• Mayor participación del sector privado en la prestación del servicio.
• Desregulación de mercados mayoristas (precios libres para grandes
consumidores).
• Competencia en generación.
• Sistemas basados en tarificación marginalista.
• Regulación en transmisión y distribución.
• Despacho centralizado.
• Acceso abierto a la transmisión.
6
En Latinoamérica, según lo expresado por Millán (2006) el país pionero en este
proceso de reforma fue Chile en el año 1982, siguiéndolo Argentina en 1992, Perú en 1993,
Bolivia y Colombia en 1994 y luego casi todos los países de Centro América y el resto de Sur
América. En Norteamérica, por su parte, de acuerdo a la Administración de Información de
Energía (2003) (IEA por sus siglas en inglés), se encuentran una gran diversidad de
desarrollos regulatorios que varían de región en región y que van de modelos conservadores y
tradicionales a modelos caracterizados por grandes reformas.
Asimismo, la Comunidad Europea ha establecido una serie de directivas que deberían
haber sido incorporadas por los Estados miembros en las correspondientes legislaciones
nacionales durante el año 2005. La finalidad de las nuevas normas es lograr un sector de
electricidad y del gas que sea competitivo en toda la Unión Europea, como establecen los
objetivos del Consejo de Lisboa (2000).
Un caso de estudio interesante es Francia, país que durante las últimas décadas ha sido
caracterizado por un enfoque centralizado con una fuerte participación del Estado. Según
informa el IEA (2004), esta filosofía ha sido exitosa en cierta forma ya que consumidores de
todas las clases disfrutan de los precios más bajos en los países de la OECD y una alta
confiabilidad de suministro.
Sin embargo, señala también el IEA (2004), el contexto en el cual la política energética
francesa opero históricamente ha cambiado dramáticamente en recientes anos básicamente por
dos grandes factores: 1) la introducción de la competencia en los sectores electricidad y gas y
2)la creciente internacionalización del sector energético en Europa el cual se mueve hacia un
mercado único.
En este nuevo contexto, Francia ha tomado importantes pasos para establecer un marco
regulatorio y legal que sea consistente con un mercado liberizado, entre los cuales se pueden
mencionar la creación de un operador del sistema de transmisión independiente (TSO) , la
introducción de acceso a las redes de transmisión por clientes elegibles a ser libres y una
reorganización de las instituciones regulatorias. Sin embargo el gran reto es la transformación
7
de la empresa estatal Electricidad de Francia (EDF) la cual se transformara en una sociedad
anónima con la idea de darle incentivos a nuevos entrantes.
En los países en vía de desarrollo, incluyendo gran parte de los países
latinoamericanos, los procesos de reforma han sido solo parciales. El resultado ha sido la
coexistencia de sistemas eléctricos con propiedad pública y privada. De la misma forma, el
grado de competencia permitida varía en función del tipo de modelo implementado.
Algunos de los procesos de reforma impulsados por el Banco Mundial no han sido del
todo exitosos. Brown (2001) analiza las razones por las cuales algunos de estos procesos han
fracasado y las resume en una frase: “La privatización de los negocios de infraestructura es
solo un medio no un fin”.
Esta importante afirmación la realiza después de haber analizado cómo en muchos
países se desarrollaron procesos de privatización pensando que ésta era la solución de los
problemas existentes en el sector y, sin embargo, estos procesos fracasaron por la ausencia de
un adecuado marco regulatorio, institucional y de mercados.
Existen un número importante de razones, macros y micros, que llevaron a varios
líderes del mundo a impulsar procesos de privatización: se argumentó que la propiedad estatal
de las empresas era ineficiente, burocrática, costosa para la economía, riesgosa socialmente, e
incapaz de atraer por sí sola los capitales necesarios para una industria intensiva como esta.
En muchos casos, estas justificaciones no estaban alejadas de la verdad. Sin embargo,
otras variables críticas no fueron tomadas en cuenta como las demandas sociales hechas en
infraestructura, la disponibilidad y el costo del capital privado, la efectiva utilización de los
recursos naturales, los marcos regulatorios y legales y las costumbres culturales.
Existe ahora una significante base de experiencias alrededor del mundo de las cuales
podemos derivar lecciones que deben ser aprendidas. Una de éstas es que los procesos de
8
reforma han funcionado bien sólo donde existe un apropiado marco regulatorio e institucional
en que los agentes privados y públicos puedan desarrollarse.
De estas experiencias es importante hacerse dos preguntas: a) ¿Por qué los marcos
regulatorios son inadecuados en muchos casos? y b) ¿cuáles son las consecuencias de
promover procesos de reforma donde los marcos regulatorios e institucionales son deficientes?
Para el éxito de un proceso de reestructuración del sector eléctrico la secuencia del
proceso de decisiones es fundamental. Dejar de lado consideraciones políticas y vender
activos del estado al sector privado no es algo complicado. Lo que sí es difícil es sopesar y
llevar a cabo un balance exitoso de todos los intereses relevantes que resultarán en un proceso
de reforma y, además, crear un marco político e institucional adecuado, particularmente el
regulatorio y el de mercado, en los cuales estos intereses puedan ser satisfechos y protegidos.
La secuencia y tiempo de estas decisiones son críticas para el éxito de la reforma.
Se deben entender los puntos de vista de los actores involucrados que básicamente son
los inversionistas y la sociedad. Los intereses de la sociedad son asegurar que los recursos de
la nación sean utilizados eficientemente, que las necesidades de la gente sean cubiertas de una
manera razonablemente eficiente, que la disponibilidad y calidad de los servicios cubran las
expectativas y que exista disponibilidad de recursos para cubrir nuevas demandas.
Por otro lado, las necesidades de los inversionistas son entender completamente las
reglas regulatorias y de mercado, los incentivos existentes, los riegos asumidos y la
sustentabilidad del sistema propuesto. Estos factores son fundamentales para el inversor para
decidir si se realizará la inversión y cuánto será el capital que se pondrá a riesgo. A medida
que los inversionistas entiendan los intereses de la sociedad y viceversa, la participación
privada será exitosa.
Pareciera que los temas de la transparencia y el de la importancia de la secuencia de la
toma de decisiones son obvios, entonces ¿por qué se han cometido tantos errores en los
9
procesos de privatización? No existe una sola razón, pero Brown (2001) nombra algunos
factores que pueden haber tenido algún tipo de incidencia:
1) En algunos casos, la motivación de los procesos de privatización se han
derivado de necesidades macroeconómicas de los países y no de los problemas específicos de
los sectores. Esto ha originado que en muchos casos el deseo de vender activos al mayor
precio posible ha hecho que los gobiernos se hayan negado a incluir condiciones y términos
que puedan reducir el valor de la empresa a vender.
2) Presiones que puedan poner organismos multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) que pueden alterar el orden lógico
de la toma de decisiones.
3) Otra explicación está relacionada con la complejidad de establecer estructuras
regulatorias y de mercados para una industria básica como la de energía eléctrica. La
transición de propiedad estatal a privada es compleja porque envuelve una serie de paradigmas
que exigen un cambio cultural tanto en las industrias como en la misma sociedad.
4) La cantidad de capital privado disponible para inversión es finita mientras que
la competencia por este capital es feroz. Para hacer atractivas las inversiones en
infraestructura, los gobiernos han dejado de un lado la secuencia lógica de toma de decisiones
y los activos son privatizados mientras los riesgos permanecen socializados.
5) La paradoja de que para que la privatización sea un éxito se debe establecer una
apropiada estructura con ciertas condiciones, pero para privatizar algunos de los elementos
claves de esta estructura deben ponerse a un lado. Un ejemplo de esto pudiera ser el
saneamiento laboral (a través de reducción o reemplazo de empleados) que en muchos casos
debe hacerse al privatizar una empresa, y que en muchos casos no se hace por los grandes
impactos sociales y políticos que esto puede tener.
6) Otra explicación está relacionada con diferencias ideológicas entre los sectores
que impulsan el proceso de privatización con las personas que implementan el proceso.
10
1.3 Elementos de la regulación
La literatura sobre la teoría económica de la regulación desarrollada en los noventa es
abundante. Kirkpatrick y Parker (2004) indican que en términos generales esta teoría se basa
en las siguientes propuestas:
a. El contexto institucional es crítico para el proceso regulatorio: en el sector eléctrico
participan una serie de actores que tienen muchos objetivos comunes pero que a la vez
pueden tener algunos intereses contrapuestos. Mientras estos actores desean en
conjunto un sector eléctrico sano y sustentable, pudieran existir diferencias en la visión
de cómo conseguir este objetivo. Es por ello que es fundamental la existencia de
instituciones que mantengan un equilibrio entre los intereses de los diferentes actores.
Cada institución en el sector eléctrico tiene su razón de ser y el alcance de sus
responsabilidades tiene que estar bien definido y mejor implementado. Los actores
involucrados deben entender quién dicta las políticas, regula las actividades, las
fiscaliza y a quién se puede acudir en caso de que no se cumplan las leyes y
regulaciones que deben enmarcar este funcionamiento institucional.
b. El término “regulación” es asociado con asimetrías de información: los reguladores y
los regulados tienen expectativas diferentes de manejo de información en ciertas
materias como costos, ingresos y demanda. La empresa regulada posee la información
que el regulador necesita para regular óptimamente y la entidad reguladora suele
establecer mecanismos para incentivar a las empresas a entregar esta información.
c. Las inversiones en un ambiente regulado pueden no ser suficientes si no se dan los
incentivos adecuados.
d. El régimen regulatorio es sujeto de captura. es decir que la institución regulatoria
puede ser influenciada por los intereses de la industria.
e. Un sistema regulatorio debe ser tanto efectivo como eficiente.
1.4 Opciones de reforma del sector eléctrico
Las tendencias de reforma del sector eléctrico en países en desarrollo, están orientadas
al diseño de marcos regulatorios que promuevan la prestación del servicio en condiciones de
11
eficiencia, contribuyendo a la disminución de la pobreza y al crecimiento económico de las
naciones.
Temas como la competencia, separación de actividades, participación privada y otros
elementos de la reforma no deben ser vistos como un fin, pero han sido medios impulsados
por organismos multilaterales para incentivar la sustentabilidad del servicio en condiciones de
eficiencia.
Algunas de las decisiones críticas que deben ser tomadas por los gobiernos al llevar a
cabo procesos de reforma están relacionadas con los roles relativos del sector público y el
privado, la reestructuración de empresas del Estado, la introducción de competencia en el
sector y la separación de las actividades que comprenden la cadena del sector eléctrico, es
decir, generación, transmisión, distribución y comercialización.
Aunque las estrategias de reforma tienen que ser adaptadas a las condiciones
particulares de las naciones, en términos generales deben direccionar algunos temas comunes
fundamentales relacionados con tarifas, subsidios, calidad del servicio, necesidades de
inversión, nivel de soporte del gobierno y rol de las autoridades regulatorias.
Las decisiones en estas materias dependerán en gran medida de los objetivos que sean
fijados por los gobiernos antes del proceso de reforma. Si estos objetivos no son fijados de una
manera clara, transparente y coherente, los resultados de la reforma pueden alejarse
notablemente de los esperados.
Uno de los aspectos fundamentales es la definición del nivel de participación privada
en el sector, la cual dependerá de factores de economía política como la aceptación de la
población, precios, capacidad de inversión del Estado, el marco legal y el clima político para
la inversión.
Muchos países han tenido dificultades para atraer capitales privados ya que no se han
podido crear las condiciones favorables para la inversión, específicamente por no existir
12
marcos regulatorios estables y transparentes y por no estar bien definidos los alcances de los
tres actores fundamentales: Estado, reguladores y empresas prestadoras del servicio.
Es por ello que, luego de haberse definido claramente los objetivos del proceso de
reforma, y partiendo del hecho de que se aceptará y promoverá la participación privada, el
siguiente paso debe ser la creación de un código de conducta robusto para cada uno de estos
tres actores, en donde se definan los mínimos requerimientos para asegurar la transparencia
del proceso.
En el caso del Estado, los principales requerimientos que deben conformar este código
de conducta están relacionados con:
a. Estabilidad y refuerzo de las diferentes leyes que afectan la relación Estado-sector
privado.
b. Claridad, transparencia y estabilidad de las políticas para el funcionamiento de la
relación Estado-Sector Privado.
c. Grado de control de los “hacedores de políticas” sobre las agencias reguladoras.
d. El respeto por los contratos comerciales entre el Estado y el sector privado.
e. La protección de los derechos de propiedad.
En el caso del sector privado, los mínimos requerimientos que deben conformar este
código de conducta están relacionados con leyes, procedimientos, prácticas y reglas implícitas
que determinan la habilidad de la compañía para tomar decisiones gerenciales que beneficien a
todos los relacionados: empleados, clientes, proveedores, acreedores y el país en general.
En el caso de los reguladores, el código de conducta debe establecer los siguientes
principios básicos: independencia, rendición de cuentas, transparencia, adecuado
funcionamiento administrativo, legitimidad y experticia técnica y profesional.
El próximo paso, después de definirse los objetivos del proceso de reforma y fijar el
conjunto de requerimientos básicos, es la definición de la estructura del mercado, la cual
dependerá, en gran medida, de las características fundamentales del sector en estudio. Las
13
decisiones en materia de estructura de mercado dependen, entre otros, de los siguientes
factores: a) tamaño del mercado, b) nivel de diversificación de las fuentes de abastecimiento y
c) nivel de madurez de la demanda.
La última etapa está relacionada con la implementación propiamente de la reforma. La
capacidad de ejecución por parte del Estado, los reguladores y las empresas es fundamental.
Un tema importante en esta etapa es la definición de un período de transición que permita
pasar del estado actual al deseado sin mayores traumas para la sociedad. Además, deben
definirse instrumentos de monitoreo y seguimiento para medir el éxito de las intervenciones y
políticas generadas.
Lo anteriormente expuesto se puede simplificar en la siguiente figura:
Figura No. 1 – Opciones para la reforma del sector. Fuente: Elaboración propia
• Estado • Reguladores • Empresas
• Nivel de competencia • Nivel de integración vertical
Implem
entación
Objetivos de la reforma Definición de
Código de Conducta
• Acceso • Viabilidad financiera • Eficiencia • Nivel de participación
privada • Abastecimiento
Diseño de Estructura de Mercado
14
CAPÍTULO II. METODOLOGIA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Evaluación de la política regulatoria
De acuerdo con Córdova (2000), el concepto de “reforma regulatoria” se refiere al
conjunto de cambios que mejoran la calidad de la regulación, es decir, el conjunto de cambios
que incrementan el desempeño o el costo / efectividad de la regulación y de los trámites de
gobierno.
La reforma puede implicar: a) la revisión de una pieza individual de regulación; b)
desarmar y reconstruir un régimen regulatorio completo y sus instituciones; c) mejorar los
procesos de elaboración de regulaciones y del manejo de la reforma o d) revisar y simplificar
la aplicación de la regulación para mejorar su cumplimiento.
Córdova (2000), al analizar las definiciones de regulación establece que se pueden
distinguir tres perspectivas:
1) Regulación económica: relacionada directamente a las decisiones de mercado
como precios, competencia, barreras de entrada y de salida de mercados. Las últimas
tendencias están orientadas a reducir las barreras para promover la competencia
frecuentemente con el uso de la desregulación y de técnicas regulatorias que promueven la
eficiencia, o simplemente con la simplificación del marco reglamentario que afecta la
operación del mercado.
2) Regulación social: protege los valores no económicos tales como la salud, la
seguridad, el medio ambiente y la cohesión social. Además, esta perspectiva es importante a la
hora de estudiar la viabilidad de la reforma.
3) Regulación administrativa: asociada con instrumentos administrativos que utilizan
los gobiernos para intervenir en las decisiones económicas sectoriales. Las tendencias están
15
orientadas a dejar en manos del Estado la administración de las empresas que sean
estrictamente necesarias.
Este informe del Instituto Internacional de Gobernalidad analiza la reforma regulatoria
emprendida por los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) en las últimas dos décadas. De la lectura de este informe se puede concluir que los
elementos necesarios para asegurar el éxito de la implementación de una política regulatoria,
son los siguientes:
1) Comunicación: la reforma regulatoria no tendrá éxito a menos que los gobiernos,
incluyendo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sean capaces de transmitir a la
ciudadanía la importancia de la reforma.
2) Clara definición del rol del Estado: identificando el papel del Estado y de los mercados
dentro de la reforma.
3) Clara definición de los objetivos de la política regulatoria: identificando los conflictos
que puedan presentarse entre los intereses particulares de los actores involucrados.
4) Viabilidad de la reforma: considerando la perspectiva social y la capacidad de la
administración pública en responder ante los cambios propuestos.
5) Implementación eficiente, efectiva y transparente de la reforma
Se puede agregar un sexto elemento que se origina del trabajo de Weiinman y Bunn(29)
asociado con la dotación de recursos y la necesidad de adecuar los procesos de reforma a las
características particulares de cada país, en cuanto a los recursos naturales con que cuenta y la
forma cómo se explotan los mismos.
Así, la investigación sugiere que la imposibilidad de dividir los activos de capital
intensivo, como los asociados a la energía nuclear y/o hidroeléctrica, puede obstaculizar la
implementación de la competencia en un mercado mayorista de electricidad.
16
2.2 Criterios para la evaluación
El objetivo de este trabajo es la evaluación de la política regulatoria del sector eléctrico
venezolano en la última década. Para ello, se utilizarán como base de la evaluación los
elementos antes definidos.
Los aspectos relacionados con la definición del rol del Estado, los objetivos de la
política regulatoria y la adecuación de la reforma a las características particulares del país se
agruparán dentro de un elemento global llamado "contenido de la reforma".
En la siguiente tabla se muestran los aspectos fundamentales que definen cada uno de
los elementos mencionados anteriormente:
ATRIBUTOS
Comunicación Nivel de consulta a los actores involucrados Información general del proceso de reforma
Contenido
Claridad en el rol del Estado Definición de los objetivos de la reforma Adecuación a características particulares del país Integración con subsectores relacionados
Viabilidad Viabilidad social Viabilidad estructural Viabilidad política
Implementación Creación de instituciones Establecimiento de regulaciones complementarias Medición de alcance de objetivos y desempeño
Tabla No. 1 – Atributos de los elementos necesarios para asegurar el éxito de la implementación de una política regulatoria. Fuente: Elaboración propia
Se ha seleccionado un período de análisis de 10 años con la presencia de un hito
importante como lo es la aprobación de la Ley de Electricidad en el año 1999. Esta Ley fue la
primera del sector en su historia.
17
Los aspectos señalados anteriormente como elementos fundamentales para evaluar el
éxito o fracaso de la reforma del sector eléctrico venezolano, tienen un énfasis determinado
antes y después de este hito tal y como se muestra a continuación:
Período pre-aprobación Período post-aprobación Comunicación X X Contenido X Viabilidad X Implementación X
Tabla No. 2- Énfasis de los elementos necesarios para asegurar el éxito de la implementación de una política regulatoria. Fuente: Elaboración propia
Cada uno de estos elementos son factores clave del éxito de la reforma. Sin embargo,
el éxito de ésta se mide en forma agregada a través de la medición del desempeño del sector
como un todo, es decir, la capacidad de la reforma de lograr que se cumplan los objetivos para
los cuales ha sido definida. La medición del desempeño del sector eléctrico se puede hacer en
diferentes dimensiones: social, técnica, administrativa, entre otros aspectos.
La metodología que se propone en este trabajo incluye un modelo integral de políticas
públicas que interrelaciona causas y efectos entre los diferentes subsistemas que comprenden
el sector eléctrico.
Como se definirá en el capitulo IV el "problema fin" que se analizará es la prestación
de un servicio eléctrico de calidad, sustentable y al mínimo costo. Se identificarán los
subsistemas asociados indicando los factores condicionantes en cada uno y luego se
operacionalizará el modelo incorporando variables de desempeño en cada uno de ellos.
Una vez analizado el desempeño del sector en el período de estudio, se analizan dos
aspectos fundamentales: las instituciones que soportan el proceso de reforma y la integración
de la política del sector eléctrico con otros subsistemas energéticos.
18
La siguiente figura muestra un resumen de la metodología a utilizar:
Definición de perspectivasde análisis
Identificación de elementosde la política regulatoria
Medición de desempeño
Análisis prospectivo
Regulacióneconómica1
2
3
4
Regulaciónsocial
Regulaciónadministrativa
Comunicación
Viabilidad
Contenido
Implementación
Definición delproblema fin
Operacionalización del modelo de
políticas públicas
• Fortaleza de las Instituciones• Integración con subsectores relacionados
Definición de perspectivasde análisis
Identificación de elementosde la política regulatoria
Medición de desempeño
Análisis prospectivo
Regulacióneconómica1
2
3
4
Regulaciónsocial
Regulaciónadministrativa
Comunicación
Viabilidad
Contenido
Implementación
Definición delproblema fin
Operacionalización del modelo de
políticas públicas
• Fortaleza de las Instituciones• Integración con subsectores relacionados
Figura 2 – Metodología de análisis. Fuente: Elaboración propia
Asimismo, y para dar soporte al análisis realizado y validar algunas hipótesis, se
diseñó un instrumento de recolección de información, el cual recogió las opiniones de diversos
expertos del sector, que estuvieron de alguna manera involucrados en el proceso de
formulación de la Ley y que fueron actores importantes, tanto del gobierno y sector público
como privado, pero también de instituciones neutrales. (Ver anexos A y B).
Los resultados de estas encuestas, permiten tener una visión sobre la percepción de
algunos de los actores involucrados en el proceso acerca de ciertos temas sensibles
relacionados con la Ley. (Ver anexo C).
Por otro lado, se recopiló un grupo de noticias reseñadas en la prensa nacional acerca
del sector eléctrico. Para escoger este grupo, se revisaron 4 periódicos (El Universal, El
Nacional, El Mundo y Últimas Noticias) en los archivos de sus páginas Web, así como la
página Web de la Asamblea Nacional y recopilaciones de noticias en la Página Web de La
Fundación para el Desarrollo del Sector Eléctrico (Fundelec). Se buscaron noticias publicadas,
entre los años 1999 y 2005 y, del total de artículos obtenidos, se hizo una selección en función
de aquellos que desarrollaran temas relacionados con la investigación y que permitieran
validar ciertas hipótesis.
19
CAPITULO III. REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
3.1 Antecedentes
En Venezuela, por más de 100 años, el sector eléctrico se desarrolló sin un marco
jurídico estable, hasta que en 1999 se aprobó la primera Ley del Servicio Eléctrico, la cual fue
elevada a Ley Orgánica en el año 2001. Como se mencionará más adelante cuando se analice
la exposición de motivos de la Ley, esta reforma tenía el objetivo general de incentivar la
inversión en el sector, estableciendo deberes y derechos de los diferentes actores y definiendo
el rol del Estado dentro del mismo.
De ese modo, los principales lineamientos de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico se
traducen en un cambio en el rol del Estado, la separación jurídica de las actividades del sector
(generación, transmisión, distribución, comercialización y gestión del sistema), la promoción
de la competencia en algunas de estas actividades, el establecimiento de una planificación
indicativa y una reestructuración institucional del sector. Las primeras reacciones de la
industria fueron muy positivas y se generó un ambiente favorable para la inversión y
desarrollo del sector. (Ver anexo D1)
Aunque la aprobación de la Ley Eléctrica llenó un vacío legal que existió por décadas,
la implementación de la misma no ha tenido el ritmo esperado por muchos de los actores, a tal
punto que se ha generado una incertidumbre aún mayor de la que podía existir antes de su
aprobación.
Las causas del retraso en la implementación de la ley se han debatido ampliamente en
foros internos del sector, en algunos casos, orientándose los argumentos a diferencias
20
ideológicas y, en otros, a problemas estructurales de la industria. Sea una u otra la causa de
este retraso, lo cierto es que durante la transición se ha aumentado la ineficiencia en el sector y
los costos de financiamiento de las inversiones, se ha debilitado la salud financiera de las
empresas y se ha generado una crisis en el abastecimiento de la energía, haciendo que la
condición del sector sea verdaderamente delicada.
3.2 Problemática del sector eléctrico venezolano
La problemática del sector eléctrico puede resumirse de la siguiente forma:
• Un uso ineficiente de la energía: Venezuela es el país latinoamericano con mayor
consumo por habitante. Según estadísticas de la Cámara Venezolana de la
Industria Eléctrica (2005).
Al analizar el indicador denominado intensidad energética, el cual mide la
relación entre la electricidad consumida por unidad del Producto Interno Bruto se
encuentra que en el caso de Venezuela este índice duplica al de países como
Brasil, México, Chile y Colombia según con el Sistema de Información
Energética de la OLADE.
• Bajos niveles de inversión para la adecuación y expansión de las redes por parte
de algunas empresas del Estado (Ver anexos D14 y D22).
• Una cultura de gratuidad del servicio por parte de los usuarios, ya que hasta
principios de la década de los 90 existían subsidios directos y cruzados que
hacían que el costo del servicio estuviera muy por debajo de los costos teóricos.
• Señales de precios inadecuadas en el tiempo, que incentivaron el uso ineficiente
de la energía.
• La ausencia de un organismo regulador autónomo, siendo éste una de las grandes
oportunidades de mejora de la ley.
• Alto nivel de incertidumbre para los inversionistas por la falta de un régimen
económico claro y estable en el tiempo para las actividades del sector.
• Una planificación inadecuada, tanto del mismo sector eléctrico como con otros
sectores energéticos como el gas, con el cual debe desarrollarse una planificación
integral.
21
• Un alto nivel de pérdidas de energía, siendo este uno de los grandes problemas
del sector al alcanzar niveles de 30% a escala nacional durante el año 2005,
equivalente a toda la generación térmica del país.
• Un alto índice de indisponibilidad del parque térmico de las empresas del Estado.
3.3 La política regulatoria en la década 1995-2005
Al analizar la política regulatoria de la década 1995-2005 deben identificarse dos sub-
períodos, separados por la fecha de publicación de la primera Ley Eléctrica, con que cuenta el
sector en sus más de 100 años de existencia en el año 1999.
Período 1995-1999
Este período se puede caracterizar por una regulación basada en resoluciones
ministeriales que se derogaban unas a otras. Entre los hitos más importantes de este período se
pueden mencionar:
1) Existencia de un Ente Regulador con poca autonomía funcional y administrativa.
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, conformada por los ministerios de Energía y
Minas, Fomento, Ambiente, Cordiplan y el INDECU fue creada mediante el Decreto No.2.383
del 18-06-92. Asistida por la Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico tenía la
función de asistir al Ministerio de Energía y Minas en materia del sector eléctrico.
2) En octubre de 1992, en la Gaceta Oficial No. 4.478, se dicta un régimen tarifario
para las diferentes empresas del sector con base a lo establecido en el Decreto 368 de 1989, en
donde se establecen las normas para diseñar tarifas eléctricas.
3) En julio de 1994 se establece una resolución en Gaceta Oficial 35.523 por la que
se deroga el pliego tarifario y se establecen nuevas tarifas para las empresas del sector.
4) El 28 de diciembre de 1994 en Gaceta Oficial No. 4.838 se derogan los Factores
de Ajuste Tarifario vigentes.
5) El 28 de julio de 1995 en Gaceta Oficial No. 35.770 se deroga nuevamente el
pliego tarifario y se definen nuevos factores de ajuste.
6) El 13 de noviembre de 1996 se publicaron las Normas para la Regulación del
Sector Eléctrico en el Decreto No.1558. En estas normas se introducen, por primera vez,
22
conceptos como competencia en generación, mercado mayorista eléctrico, separación de
actividades, entre otros aspectos.
Otras normativas vigentes en el período son la Ley de Servidumbre de Conductores
Eléctricos del año 1937, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983 y el
Decreto por el cual se crea La Fundación para el Desarrollo del Sector Eléctrico (Fundelec) en
1993.
Además, se debe mencionar la Ley de Privatización, originalmente publicada el 19 de
Febrero de 1992 y reformada el 11 de Agosto de 1993, publicada en Gaceta Oficial No. 4.634.
La ejecución de la política de privatización del sector eléctrico se puso en manos del entonces
Fondo de Inversiones de Venezuela.
Período 1999-2005
En el año 1999 se aprobó la primera Ley del Servicio Eléctrico, cuyo rango fue elevado
a Orgánico en el año 2001. Los principales lineamientos de la Ley Orgánica del Servicio
Eléctrico (LOSE) se traducen en: un cambio en el rol del Estado, la separación jurídica de las
actividades del sector (generación, transmisión, distribución, comercialización y gestión del
sistema), la promoción de la competencia en algunas de estas actividades, el establecimiento
de una planificación indicativa y una reestructuración institucional del sector.
Tanto representantes del gobierno como de la empresa privada opinaron
favorablemente ante el contenido de la Ley. Por ejemplo, el entonces presidente de la CVG,
Francisco Rangel Gómez, afirmó a la prensa que el texto de la Ley “representa una nueva
visión del sector, es una ley de primera y siendo nosotros el primer productor de energía
eléctrica en el país, nos parece el lugar más apropiado para dar a conocer su contenido y poder
ofrecer nuestro apoyo al cumplimiento de esta ley”. (Ver Anexo D10)
La LOSE estableció un período transitorio de dos años en el cual debían haberse
implementado las siguientes acciones:
23
1) Creación de las instituciones regulatorias: La Comisión Nacional de Energía
Eléctrica y el Centro Nacional de Gestión
2) Otorgamiento de convenios transitorios de distribución.
3) Definición de un régimen económico para las diferentes actividades del sector
incluyendo las reglas de funcionamiento del mercado mayorista y el régimen tarifario de
distribución.
4) Separación contable de las actividades de generación, transmisión, distribución y
comercialización.
Sin embargo, ninguna de estas acciones ha sido implementada hasta la fecha.
En diciembre del 2000, mediante una resolución conjunta del Ministerio de
Producción y Comercio y el Ministerio de Energía y Minas se estableció el régimen tarifario
para los años 2001 y 2002 con base en la actualización de variables macroeconómicas
utilizadas como base para el cálculo de las tarifas.
De acuerdo con la LOSE, el ente regulador del sector (La Fundación para el Desarrollo
del Sector Eléctrico "Fundelec" quien debe asumir las funciones de la Comisión Nacional de
Electricidad mientras esta última no se conforme) debió establecer el régimen tarifario que
sustituiría al establecido en la resolución del 2002. En caso de no hacerlo, se deberían seguir
aplicando las fórmulas de ajuste establecidas en esa resolución para corregir las fluctuaciones
en las variables macroeconómicas (inflación y paridad cambiaria).
Sin embargo, lejos de definir un nuevo pliego tarifario o darle continuidad al existente,
el Ejecutivo Nacional estableció en mayo del 2003 una resolución donde se establece un
control de precios para el sector eléctrico, dejando a discreción del Ministerio de Energía y
Minas (hoy Ministerio de Energía y Petróleo) cualquier ajuste de las tarifas eléctricas. Desde
principios del año 2004 y durante todo el 2005 las tarifas eléctricas han estado congeladas para
todas las empresas, públicas y privadas, que operan en el país.
24
Desde el 2005, debido a los retrasos administrativos en la implementación de lo
establecido en la LOSE, la Asamblea Nacional está considerando una modificación de la Ley
que incluye la extensión de los plazos para la creación de las instituciones y la adaptación de
las empresas a lo exigido en la ley en materia de separación de actividades.
En octubre de 2005, el diario El Universal publicó un artículo que reseñaba que
reformarían la Ley Eléctrica: “las autoridades energéticas del país decidieron, en combinación
con las empresas eléctricas, reformar nuevamente la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico
(LOSE) y ajustarla a la realidad del sector”. Asimismo el artículo destaca que sería entregado
un borrador a la Asamblea Nacional en el primer trimestre del año, acción que hasta los
momentos no ha ocurrido.
Dentro de este contexto, se puede concluir que el sector eléctrico venezolano ha estado
lleno de incertidumbres regulatorias y retrasos en la implementación de las disposiciones
legales previstas para el sector.
Para evaluar la política regulatoria del período en estudio, se analizarán los elementos
identificados en el capítulo 2 como factores críticos de éxito en los procesos de reforma.
Comunicación de la reforma
El proceso de comunicación de la reforma durante el año de la aprobación y
publicación de la Ley se puede evaluar positivamente. El Ministro de Energía y Minas del
momento (1999), el Dr. Alí Rodríguez, lideró esta fase de la reforma, en la que los actores
involucrados: Estado, empresas y usuarios conocieron los beneficios que brindaba la ley y
entendieron los deberes y derechos que estipulaba la misma para cada uno de ellos.
Se abrió un proceso de consulta a todos los agentes del sector (ver anexo D2) y,
después de muchas jornadas de trabajo, se presentó un proyecto de Ley que recogía
medianamente las necesidades de las partes involucradas. Sin embargo, el grupo de expertos
encuestados opinan que el proceso de consulta llevado a cabo por el Ejecutivo Nacional tuvo
oportunidades de mejora. (Ver anexo C)
25
Caveinel jugó un papel fundamental en este proceso ya que facilitó las discusiones
entre empresas del Estado y agentes privados. El nivel de compromiso del Ministro Rodríguez
y su equipo de trabajo con la reforma, indudablemente, fueron factores clave de éxito en la
aprobación y publicación de la Ley; aspecto en el que coincidieron la mayoría de las personas
consultadas. (Ver anexo C)
Definición del Rol del Estado
Una de las grandes barreras para la implementación de la Ley Eléctrica fue, sin duda,
la incompatibilidad existente entre lo que establece la Ley en materia de apertura al capital
privado y en cuanto al cambio en el rol del Estado, y la política que se implementó en la
práctica en los años sucesivos, la cual estuvo orientada a la centralización y el fortalecimiento
del Estado como administrador de las empresas eléctricas.
Entre las atribuciones que la LOSE asigna al Estado se pueden mencionar:
a) Planificador: a través del Ministerio de Energía y Minas el Estado debe desarrollar
el Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico Nacional.
b) Regulador y Fiscalizador: a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
c) Empresario: El Estado se reserva la actividad de generación hidroeléctrica en las
cuencas de los ríos Caroní, Paragua y Caura.
d) Coordinador de la gestión técnica y económica del sistema a través del Centro
Nacional de Gestión.
Definición de los objetivos de la política regulatoria
Al examinar la exposición de motivos de la Ley Eléctrica se encuentra que ésta se
fundamenta en a) la caída de la inversión pública en el sector, b) la ausencia, hasta ese
momento, de un instrumento que definiera los deberes y los derechos del Estado, los
inversionistas y los usuarios, c) la necesidad de que el Estado asumiera un Plan Energético
Nacional como parte fundamental del plan económico y d) la existencia de una inadecuada
gestión administrativa y gerencial de la mayoría de las empresas prestadoras del servicio de
propiedad estatal.
26
En este sentido, hubo una clara definición de los objetivos de la reforma y el contenido
de la Ley estuvo diseñado para cubrir estos cuatro aspectos. Expertos señalaron que el
contenido de la reforma era coherente y que el sector se encaminaba por la dirección correcta.
(Ver anexo D4)
Viabilidad de la reforma
Este es otro de los elementos que está sujeto a una crítica en el proceso de reforma del
sector eléctrico venezolano. Aunque desde el punto de vista de la regulación social, la reforma
parecía muy viable en el corto plazo según diferentes actores del sector (Ver anexo D2), no así
desde el punto de vista de la regulación administrativa por las deficiencias existentes en la
gestión de algunas empresas del Estado y la poca intención de pasar estas empresas a manos
privadas.
Según el grupo de expertos encuestados hubo 4 obstáculos importantes para la
implementación de la reforma: capacidad de ejecución del Estado, diferencias ideológicas,
intereses personales e institucionales y problemas estructurales del sector. Sin embargo, éstos
piensan que desde el punto de vista social, la reforma era viable. (Ver anexo C)
El hecho de la existencia de una empresa que distribuye energía eléctrica casi al 70%
de la población (CADAFE), presentando pérdidas de energía eléctrica del orden de 40%
(según la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica) y evidenciando poca capacidad de
pago a sus proveedores (de energía y servicios) representa un obstáculo a lo planteado en la
reforma al menos que se tomen acciones drásticas para sanar la gestión de esta empresa.
En este sentido, entre los años 2003 y 2006 el Viceministro de Energía, Nervis
Villalobos, se desempeñó conjuntamente en ese cargo junto con el de Presidente de la
Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) con la intención de
sanear la empresa estatal para entonces proceder con la implementación de la Ley. Sin
embargo, al analizar los indicadores de gestión de la empresa (pérdidas, disponibilidad del
27
parque de generación, etc) se evidencia que este objetivo no ha sido cumplido. Algunos
medios publicaron noticias haciendo referencia a este tema. (Ver anexos D15 y D17 y D19).
Implementación de la reforma
De acuerdo con Brown, Stern, Tenembaum y Gencer (2006) existen tres razones para
implementar sistemas regulatorios transitorios: 1) Un país puede ser incapaz de implementar
un nuevo modelo regulatorio por falta de capacidad, compromiso o ambos. 2) Un modelo que
implique cambio en el alcance de las instituciones puede ser riesgoso implementarlo en una
sola fase. 3) Algunos aspectos del nuevo modelo pueden ser incompatibles con normas
culturales o legales de un país.
En el caso del sector eléctrico venezolano se estableció un periodo de dos años de
transición en el cual se adaptarían los instrumentos vigentes a las nuevas realidades del
modelo planteado. De acuerdo a lo establecido en Ley del Servicio Eléctrico aprobada en
1999, entre los objetivos de este periodo de transición se deben mencionar:
1) Adecuación de las instituciones existentes, específicamente la oficina de
Planificación de Sistemas Interconectados (OPSIS) y la Fundación para el Desarrollo de la
Industria Eléctrica (Fundelec) los cuales deberían transformarse en el Centro Nacional de
Gestión y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) respectivamente
2) Transformación de las empresas existentes, las cuales deberían separar contable
y jurídicamente sus actividades de Generación, transmisión, distribución y comercialización.
3) Definición de un régimen económico para las diferentes actividades que
sustituyera al régimen vigente para el momento cuya base metodológica se estableció en el
decreto 368 de 1989.
La implementación de la reforma ha sido bastante deficiente. De hecho, se ha tenido
que aprobar en dos oportunidades prórrogas por no haberse cumplido los períodos de tiempo
establecidos para la creación de las nuevas instituciones, la separación de actividades de las
empresas y la formulación del régimen económico de las actividades del sector.
28
Se han puesto sobre la mesa diferentes explicaciones relacionadas con el fracaso de la
implantación de la Ley. Hay quienes dicen que se trata de problemas estructurales del sector,
otros dicen que la reforma no era viable socialmente, por otro lado hay quienes sostienen
existían diferencias ideológicas entre quienes formularon la ley y quienes pretendieron
implementarla, mientras que otros dicen que existían intereses personales o institucionales.
Sin embargo, expertos coinciden en que la razón fundamental fue la falta de capacidad
de ejecución del Estado (ver anexos C, D8 y D20). Esta falta de ejecución se originó, en gran
medida, por diferencias entre representantes del gobierno nacional. En los últimos años se ha
evidenciado una disputa entre representantes del Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energía y
Minas) y representantes del Poder Legislativo (Asamblea Nacional). (Ver anexos D12 y 16).
Por otro lado, las empresas del Estado más importantes (CADAFE y Edelca) no
pudieron reestructurarse para seguir los lineamientos de la Ley. (Ver anexos D15 y D17)
Como se dijo anteriormente, la ausencia de reglas de juego estables y transparentes ha
sido la constante en el período 1999-2004, en donde, además de los retrasos en la
implementación de la Ley, se han dado controles de precios y retrasos en la aprobación de las
tarifas eléctricas (ver reducción de la tarifa promedio en la Tabla No.5).
Diseño de la reforma en línea con la dotación de recursos
Otro de los puntos sujetos a crítica, es el hecho de que se haya tratado de implementar
un modelo de mercado que no parece coherente con las características del mercado
venezolano, especialmente por el hecho de contar con una empresa hidroeléctrica que abastece
al 65% de la demanda y un sistema de precios de combustibles regulado y controlado por el
Estado.
Por otro lado, el hecho de que gran parte de las empresas del sector estén en manos del
Estado hace difícil un esquema de libre mercado como el estipulado en la Ley. La formulación
de un régimen económico que considere esas particularidades es un factor clave de éxito para
la implementación de la reforma. (Ver anexo D18)
29
CAPITULO IV: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR ELÉCTRICO.
4.1 Indicadores para medir el desempeño del sector eléctrico
La reforma de un sector eléctrico afecta la estructura de la industria, el modo de toma
de decisiones y la estructura de propiedad, involucrando una serie de factores que interactúan
unos con otros y que producen una variedad de impactos significativos en sus dimensiones
económicas, sociales y ambientales.
Para capturar y representar las diferentes dimensiones de un proceso de reforma, se
deben identificar un grupo de indicadores que sean definidos y medidos en el contexto
adecuado.
En el trabajo de Newberry, Jamasb y Pollitt (2004) se proponen un grupo de
indicadores cuantitativos y cualitativos para medir el desempeño de los sectores eléctricos, los
cuales son clasificados en 10 grupos:
1) Indicadores de dotación y características del sector: mezcla de recursos, seguridad
e independencia de los recursos, capacidad de reserva de generación, consumo de electricidad
per capita, demanda no servida, precio/costo de la electricidad y disponibilidad de gas natural
e hidroelectricidad.
2) Indicadores para medir los pasos claves de la reforma: tiempos de implementación
de los procesos claves: publicación de la ley eléctrica, entrada del sector privado, separación
de actividades, apertura del mercado y establecimiento de los entes reguladores.
3) Indicadores para medir la estructura del mercado: grado de integración vertical,
número de empresas, estructura de propiedad, tipo de mercado mayorista, concentración de
mercado, nivel de acceso a redes, nivel de apertura a la competencia, porcentaje de
productores independientes de energía (IPP, por sus siglas en inglés).
30
4) Indicadores para medir la gestión reguladora e institucional: presupuesto del ente
regulador, mecanismos para nombrar y remover funcionarios, proceso de toma de decisiones,
nivel de consulta y transparencia, posibilidad de apelación, nivel de discreción regulatoria.
5) Indicadores de desempeño técnico y operativo: nivel de utilización de los activos,
factor de productividad, factor de disponibilidad, nivel de pérdidas de electricidad, nivel de
inversiones, calidad del servicio, nivel de cobranza, capacidad de expansión.
6) Indicadores a nivel de las compañías: área servida, ventas de energía, demanda
máxima, número de clientes, porcentaje de clientes residenciales, longitud de las líneas de
distribución, número de transformadores, número de interrupciones, costos laborales, gastos
de operación y mantenimiento, gastos de capital, factor de carga, confiabilidad, etc.
7) Indicadores macroeconómicos: intensidad energética (uso de la electricidad por
unidad de Producto Interno Bruto), nivel de liberalización económica (considerando
comparaciones con otros sectores como telecomunicaciones, gas, agua, etc), riesgo país, grado
de libertad económica, indicadores de capital humano.
8) Indicadores para medir impacto económico: relación entre precios industriales y
residenciales, nivel de subsidios, relación entre inversión pública y privada.
9) Indicadores para medir impacto social: precios al usuario final, distribución del
bienestar entre diferentes tipos de clientes, distribución del bienestar entre gobierno,
productores y usuarios, nivel de electrificación, consumo de energía per capita.
10) Indicadores para medir impactos ambientales: emisiones de CO2 desde el sector,
intensidad ambiental (CO2/MWh).
Para realizar un análisis de la evolución del proceso de reforma del sector eléctrico es
fundamental la definición de un modelo coherente que interrelacione causas y efectos y que
tome en cuenta los diferentes subsistemas del problema a estudiar. La metodología propuesta
a continuación, tal como se indicó en el capítulo 2, considera un enfoque de políticas públicas
para la medición de la política regulatoria del sector eléctrico venezolano.
31
4.2 Análisis de las Políticas públicas del sector eléctrico venezolano
El análisis de políticas públicas comprende la definición de un problema público, la
identificación de los factores asociados y el diseño de intervenciones que permitan maximizar
la relación costo beneficio asociada a las condiciones sociales indeseables que se quieren
resolver.
Este análisis comprende un monitoreo constante de los factores que condicionan el
problema, de manera de identificar el grado de mejoría del mismo. La fase de identificación
del problema, su naturaleza y su definición es un paso esencial en el proceso de análisis de
políticas públicas. A juicio de Dery (1984), la formulación del problema puede ser equivalente
a la prefiguración de la solución.
El problema público que se analiza en este trabajo es el relacionado con la dotación de
uno de los servicios públicos más importantes: el servicio eléctrico. Como ya se ha
mencionado, una adecuada regulación de los servicios públicos, en especial la del sector
eléctrico, marca en gran medida la posibilidad de desarrollo a largo plazo de éste.
Utilizando los conceptos estudiados en los trabajos de González (2001) y Dunn (1994),
se podría definir el problema tipo fin en el sector eléctrico de la siguiente manera: La dotación
de un servicio de calidad al mínimo costo, asegurando la sustentabilidad del servicio en el
tiempo.
La variable dependiente utilizada en el modelo planteado es “la calidad del servicio”,
mientras que existen varios factores condicionantes de este problema “tipo fin”, entre los
cuales se pueden mencionar: el uso ineficiente de la energía, los bajos niveles de inversión
para la adecuación y expansión de las redes, una cultura de gratuidad del servicio por parte de
los usuarios, señales de precios inadecuadas en el tiempo, la ausencia de un organismo
regulador autónomo, baja capacidad de pago por parte de los usuarios, alto nivel de
32
incertidumbre para los inversionistas, una planificación inadecuada, un alto nivel de pérdidas
de energía y un alto grado de ineficiencia en las empresas prestadoras del servicio.
La mayoría de estos factores condicionantes tienen asociado algún indicador medible
que permite el seguimiento y la evaluación de las intervenciones que se definan.
En este capítulo, se pretende estructurar el problema, definir los factores
condicionantes que puedan ser medidos, hacer un análisis de la política regulatoria del sector
en los últimos 10 años haciendo seguimiento de estos factores y finalmente realizar una serie
de recomendaciones (intervenciones) que permitan solventar el problema definido o al menos
mejorarlo. El ámbito geográfico de acción del análisis es todo el territorio nacional
Joskow (2001) menciona seis razones por las cuales se hace necesaria la definición de
un modelo de políticas públicas que sintetice la política energética de un país:
a) Se trata de un importante sector de infraestructura esencial para el crecimiento
económico y el desarrollo de un país.
b) Es un sector vital para la seguridad nacional.
c) Es un sector que puede tener un importante impacto ambiental.
d) En los últimos años se ha llevado un proceso de reestructuración de los sectores
eléctricos del mundo.
e) Es un sector con un acentuado uso de recursos del Estado.
f) Existen competencias municipales y estatales que deben diferenciarse.
El problema público de estudio en este trabajo está condicionado por una serie de
factores asociados que pueden ser ordenados de acuerdo con el concepto de sistemas de
políticas de la siguiente forma:
1. Sistema Eléctrico
1.1 Ineficiencia de las empresas prestadoras del servicio: El sector eléctrico
venezolano está conformado por 16 empresas, de las cuales 5 son privadas y el resto de
carácter público. Estas empresas llevan a cabo las actividades de generación, transmisión y
33
distribución de energía, existiendo un predominio de la empresa EDELCA en la actividad de
generación con un 63% de la capacidad instalada y de la empresa CADAFE en la actividad de
distribución con el 60% de la energía facturada; ambas empresas son del Estado.(Caveinel,
2005)
Capacidad Instalda (MW) - Generación
1%1%10%
7%
0%
1%
17%63%
EDC
Eleval
Seneca
Enelven
Enelco
Enelbar
Cadafe
Edelca
Figura No. 3 – Capacidad Instalada de Generación en MW en Venezuela para el año 2005.
Fuente: Caveinel (2005)
Al analizar la gestión de algunas empresas del Estado se observan grandes oportunidades de
mejora que se manifiestan en los índices de indisponibilidad del parque de generación
termoeléctrica, número de trabajadores por cliente atendido, los gastos de operación y
mantenimiento por kWh vendido, índice de satisfacción de los clientes y la mayoría de los
indicadores financieros. CADAFE por ejemplo, tiene niveles de perdidas que superan el 30%
y una indisponibilidad del parque de generación que supera el 40% de acuerdo a lo que se
refleja en las estadisticas de Caveinel (2005).
1.2 Alto nivel de pérdidas de energía: Según Caveinel (2005), las pérdidas de
energía a nivel nacional alcanzan el valor de casi 30%, siendo éste uno de los principales
problemas del sector. Existen empresas que tienen niveles de hasta 40% de pérdidas siendo
gran parte de ellas de tipo “No técnicas”, es decir, asociadas a robos de energía y/o a una mala
administración comercial. La energía que se pierde a nivel nacional en GWh equivale a toda la
34
generación termoeléctrica del país, y equivalió en el 2005 a más de 1.000 millones de dólares
en facturación al año.
2. Sistema Energía
2.1. Inexistencia de una planificación integral energética: El sector eléctrico se
relaciona de una manera importante con otros subsectores energéticos, en especial con el
sector de hidrocarburos el cual es el proveedor de los combustibles utilizados para la
generación térmica de electricidad (gas, fuel oil y diesel). Se ha evidenciado la necesidad de
integrar aun más estos dos subsectores ya que muchas de las decisiones de abastecimiento en
uno de ellos dependen gran medida de las políticas implementadas en el otro, y viceversa.
3. Sistema Cultural
3.1. Percepción de gratuidad del servicio: Por ser un servicio de primera necesidad y
por estar en el pasado los precios de la electricidad muy por debajo de sus valores teóricos
(entre otras cosas por estar subsidiados los precios de la energía primaria y por existir un
subsidio cruzado del sector industrial y comercial hacia el sector residencial, según lo
establecido en el régimen tarifario vigente publicado en la gaceta oficial No. Gaceta Oficial
Nro. 37.415 de fecha 03 de abril de 2002) existe una percepción de gratuidad por parte de los
usuarios hacia el servicio eléctrico que incentiva al “no pago” del servicio, a la no aceptación
de aumentos tarifarios y en muchos casos al hurto de la energía.
3.2. Uso ineficiente de energía: Según lo informa Caveinel (2005), Venezuela es el
país con mayor consumo de electricidad per cápita en Latinoamérica con 2.600 kWh/hab,
teniendo niveles de consumo equivalentes a los de los países desarrollados. En teoría la tasa de
crecimiento de la economía de un país debe ser muy parecida al porcentaje de incremento del
consumo de electricidad, sin embargo, esto no ocurre así en Venezuela. En los últimos 10
años, mientras el Producto Interno Bruto se ha incrementado solo 14%, el consumo de
electricidad se ha incrementado en 35%, evidenciándose que el aumento del consumo se debe
a un uso ineficiente de la energía eléctrica.
35
4. Sistema Judicial
4.1 No hay tratamiento del robo de energía como delito: Una de las razones por las
cuales las pérdidas de electricidad se han incrementado notablemente es que el hurto de
energía no está tipificada como un delito, por lo que las empresas eléctricas no pueden actuar
legalmente contra los usuarios que cometen el fraude. El Ministerio de Energía y ha solicitado
en varias oportunidades a la Asamblea Nacional la posibilidad de anexar a la reforma del
Código Orgánico Procesal Penal la tipificación como delito grave del hurto de electricidad
pero a la fecha no se ha hecho esta reforma.
5. Sistema Regulatorio
5.1: Señales inadecuadas de precios: Tradicionalmente las tarifas eléctricas en
Venezuela han estado muy por debajo de los niveles internacionales. Por ejemplo, en los
últimos 5 años el precio de la electricidad se ha reducido un 35% en términos de dólares (Ver
Tabla No.5), estando en el año 2005 en 4 centavos de dólar por kWh, cuando el promedio en
Latinoamérica es de 7 cts$/kWh y en países industrializados puede llegar a 10 cts$/kWh. Esto
sin duda alguna, es una de las causas por la que se ha incentivado el uso ineficiente de la
energía.
5.2. Inestabilidad en reglas de juego: antes del año 1999, fecha en que se aprueba la
primera Ley del Sector Eléctrico venezolano, el sector se regulaba con base en una serie de
resoluciones que se iban derogando unas con otras prácticamente todos los años. En teoría, la
aprobación de la ley parecía indicar que se establecerían normas y reglamentos que dieran más
estabilidad a los diferentes actores, sin embargo, esto no ha sido así. De hecho, cuatro años
después de aprobada la ley, tal como se ha mencionado en los capítulos anteriores, aún no se
han implementado los cambios que ésta establece, tales como la creación de nuevas
instituciones, el establecimiento de un régimen económico claro y estable y la reestructuración
de las empresas.
5.3 Ausencia de organismo regulador autónomo: Brown et al. (2006: 50) establecen
que "la característica clave del modelo del regulador independiente es la independencia del
proceso de toma de decisiones. Esto significa que las decisiones del regulador son hechas sin
36
la aprobación previa de ninguna otra entidad gubernamental y ninguna otra entidad que no sea
una corte o un preestablecido panel de apelación puede cambiar la decisión del regulador".
Sin embargo, el ente regulador del sector, establecido en la Ley Eléctrica y denominado la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), está adscrito al Ministerio de Energía y
Minas (MEM), ahora Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET). El MENPET se reserva las
decisiones en materia de aprobación de aumentos de tarifas eléctricas, lo que origina que en la
mayoría de los casos estas decisiones obedezcan más a criterios políticos que a criterios
técnicos y económicos, mas aún cuando los funcionarios que estarán al frente de las
instituciones regulatorias serán de libre nombramiento y remoción por las autoridades
políticas.
6. Sistema Financiero
6.1 Bajos niveles de inversión: El sector eléctrico requiere de grandes inversiones
para asegurar la expansión y la adecuación de los sistemas de generación, transmisión y
distribución. Estas inversiones pueden venir de dos fuentes: de los fondos del Estado como
principal empresario del sector o del capital privado. Debido al debilitamiento financiero del
Estado venezolano, las primeras disminuyeron notablemente durante la década de los noventa
y principios del 2000, sobre todo en el área de distribución. En los últimos años el Estado ha
inyectado mayores cantidades de recursos aprovechándose de los ingresos del país por
concepto de los altos precios del petróleo. Sin embargo, este incremento de los ingresos no se
ha visto reflejado en mejoras operativas ni administrativas. En el caso de la inversión privada,
también se han reducido por el hecho de que no han existido reglas claras y estables en los
últimos años y especialmente por los controles de precios que se han establecido en el sector.
Esto ha sido una de las causantes del deterioro de la calidad del servicio.
6.2. Alto nivel de incertidumbre para los inversionistas: La inestabilidad en las
reglas del juego mencionadas anteriormente, incide en que los costos de financiamiento de las
inversiones del sector se incrementen por una percepción de incertidumbre que en los tres años
subsiguientes a la reforma se puso de manifiesto, por combinarse con un aumento del riesgo
país y por un gran recelo por parte del sector privado de invertir en un sector con ausencia de
reglas claras.
37
7. Sistema Social
La crisis económica y financiera del país, especialmente en los tres anos subsiguientes
a la reforma del sector eléctrico, ha afectado el ingreso per cápita de los ciudadanos y por
ende su capacidad de pago de los servicios públicos (ver Tabla No. 3). Por esta razón, se
incrementa la percepción de que el servicio de electricidad es costoso pese a que hoy en día,
como señala Caveinel (2005) Venezuela tiene los niveles de precios más bajos de
Latinoamérica.
Año Desempleo %
Tasa de crecimiento real del PIB (%)
Inflación (%)
1995 10,2 5,9 61,2 1996 12,4 -0,4 98,2 1997 10,6 7,4 50 1998 11 0,3 35,8 1999 14,5 -5,7 23,6 2000 13,2 4,0 16,2 2001 12,8 3,0 12,5 2002 16,2 -9,0 22,4 2003 16,8 -8,0 31,1 2004 13,9 17.9 21,7 2005 15 7.8 16,6
Tabla No.3: Indicadores socioeconómicos de Venezuela (1995-2005). Fuente: Banco Central de
Venezuela (2006)
En la siguiente Figura se muestra la relación de los sistemas hasta ahora explicados:
38
Figura No. 4 - Factores que condicionan la prestación de un servicio eléctrico de calidad al mínimo costo con
sostenibilidad de largo plazo. Fuente: Elaboración propia Para realizar la operacionalización del modelo se analizarán una serie de indicadores
desde una perspectiva histórica. En este sentido, la unidad de análisis son años de observación.
El análisis es de tipo longitudinal siendo el período de análisis los últimos 10 años, es decir
desde 1995 hasta el 2004.
A continuación se mostrará una tabla donde se operacionaliza el modelo de políticas
públicas indicando el valor específico final que se quiere medir para cada uno de los sistemas.
El indicador que ha sido seleccionado señalando la unidad de medición y la fuente de la
información.
EXPRESIÓN OPERACIONALIZACIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN Valor específico final Fallas de servicio Núm. De fallas al año OPSIS Sistema del sector eléctrico Alto nivel de pérdidas Pérdidas de electricidad % de pérdidas CAVEINEL Sistema Cultural Uso ineficiente de la energía Intensidad energética PIB/kWh CAVEINEL, BCV Sistema Regulatorio Señales inadecuadas de precios Tarifa promedio ctsUS$/kWh CAVEINEL, Sistema Financiero Bajos niveles de inversión Inversión US$ invertidos por año CAVEINEL Electrificación Nacional Nivel de Electrificación % de electrificación CAVEINEL
Tabla No. 4 - Operacionalización del modelo. Fuente: Elaboración propia
Sistema Regulatorio * Señales inadecuadas de recios
* Inestabilidad en reglas de juego * Ausencia de organismo regulador
Sistema Cultural * Percepción de gratuidad del servicio
* Uso ineficiente de energía
Sistema Legal * No hay tratamiento del robo
de energía como delito
Sistema Energía * Inexistencia de una
planificación integral del sector eléctrico
Sistema Eléctrico * Ineficiencia de empresas
eléctricas * Altos niveles de pérdidas
Sistema Financiero * Bajos niveles de inversión
* Alto nivel de incertidumbre para los inversionistas
Dotación de un servicio de
calidad al mínimo costo con
sotenibilidad de largo plazo
Sistema Social * Disminución de capacidad de
pago de los consumidores
39
A continuación una primera aproximación del análisis empírico del modelo:
Año
#Fallas (Mayor de 100MVA)
Pérdidas (%)
Intensidad Energética
(PIB($) /kWh)
Electrificación Nacional (%)
Tarifa Promedio
ctsUS$/kWh
Inversiones en transmisión y
distribución (MMU$) 1995 9 22,75 1,40 89,53 3,55 206 1996 13 22,32 1,24 90,80 2,43 154 1997 32 22,68 1,50 91,79 3,61 501 1998 77 24,95 1,61 93,15 4,15 649 1999 78 25,05 1,75 93,98 4,51 601 2000 55 25,86 1,92 94,56 4,76 435 2001 52 26,35 1,91 96,00 4,89 354 2002 44 26,90 1,41 96,00 3,66 195 2003 84 27,69 1,28 96,15 3,22 201 2004 52 28,01 1,90 96,15 3,15 84 2005 84 28,34% 2,08 96,13 3,05 121
Tabla No 5 - Datos empíricos del modelo. Fuente: Caveinel(2005), Banco Central de Venezuela (2006)
Como se ha mencionado anteriormente, el problema tipo fin que se analiza está
relacionado con tres aspectos: La dotación de un servicio de calidad, al mínimo costo posible y
con sustentabilidad de largo plazo.
Del análisis de los datos se concluye que la calidad del servicio se ha deteriorado con
el tiempo, y aunque ha existido una reducción del precio promedio de la energía eléctrica en
términos reales, ésta en lugar de apuntar a un aumento en la eficiencia de las empresas, que
permitiría un suministro de calidad al mínimo costo, pone en peligro la posibilidad de
sustentabilidad del suministro en el largo plazo.
Existe una correlación entre la calidad del servicio (medido por el número de fallas y
el porcentaje de pérdidas) y el nivel de las tarifas eléctricas. Además, existe una relación
directa entre la calidad del servicio y el nivel de inversión en el sector.
Sin duda, la política regulatoria que se ha implementado en los últimos años ha
incidido negativamente en la salud financiera de las empresas y por lo tanto ha fomentado la
40
desinversión en algunas de las actividades del sector lo que se traduce por un lado en un
aumento de la ineficiencia en las empresas y por otro en un deterioro de la calidad del servicio.
Otro factor que ha influido en la falta de inversión es el aumento de los costos de
financiamiento producto de la falta de reglas claras en el sector. Es importante indicar que,
aunque la calidad del servicio se ha deteriorado en el tiempo como ya se ha dicho, existe un
indicador que ha evolucionado favorablemente y es el aumento en el grado de electrificación
en el país. (Ver anexos D13, D21 y D14)
41
CAPITULO V. VISIÓN PROSPECTIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO
5.1 Marco Institucional: Base de la política regulatoria
Zucchi, Eskeland y Shalizi, (2003) mencionan:
El Banco Mundial (2003), mantiene que a menudo se conoce la política adecuada pero no se la aplica por cuestiones de distribución y fragilidad institucional. Afirma que lo necesario es que las autoridades presten atención a las instituciones (reglas y organizaciones) para que el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector privado gestionen una amplia cartera de activos, no solo físicos y humanos, sino también ambientales y sociales (como la confianza). Si los colectivos sociales se sienten seguros, con una apuesta al futuro, adoptarán perspectivas a largo plazo, creando un fuerte vínculo entre la reducción de la pobreza e instituciones favorables al desarrollo sostenible. (P. 42)
Se puede afirmar con base en la experiencia de los procesos de reforma en los sectores
eléctricos latinoamericanos, que la causa fundamental del éxito o fracaso de los mismos es el
grado de fortaleza (autonomía y transparencia) de las instituciones que acompañan el proceso
de reforma.
Venezuela no escapa de esa tendencia, por lo que se pueden mencionar claras
evidencias de la debilidad institucional que presenta el sector:
1) Pese a que la Ley Orgánica del Sector Eléctrico estipula la creación ciertas
instituciones tales como la Comisión Regulatoria y el Organismo Coordinador de la Gestión
Operativa, han pasado años sin que las mismas sean creadas.
2) El hecho de que existan funcionarios del gobierno ocupando simultáneamente dos
posiciones con intereses contrapuestos fortalece la hipótesis del vacío institucional. Tanto el
Ministro de Energía y Petróleo como el Viceministro de Energía han ocupado
42
simultáneamente posiciones de regulador y regulado. (Ministro de Energía y Petróleo y
Presidente de PDVSA; Viceministro de Energía y Presidente de CADAFE, respectivamente).
3) El hecho de que exista una Ley que no se aplica es otra muestra del deterioro
institucional del sector. Prácticamente se podría decir que existía menos incertidumbre
regulatoria antes de la aprobación de la ley con el conjunto de reglas informales que existían
en su momento.
4) No existen en el sector entes para elevar disputas o sencillamente para exigir la
aplicación de las leyes y reglamentos. Uno de los países latinoamericanos con más éxito en
materia de reformas en el sector eléctrico es Chile. La Ley Eléctrica chilena establece la figura
de un "comité de expertos" cuya función es conseguir soluciones a las disputas que sean
elevadas por los agentes del sector por diferencias en las interpretaciones de la reglamentación
existentes o simplemente por la no aplicación de alguna disposición reglamentaria. Este tipo
de mecanismos refuerzan la política regulatoria del sector creando confianza en las leyes e
instituciones.
A continuación se presentan un conjunto de conceptos de la Nueva Economía
Institucional (NEI) que son de utilidad para analizar la relación entre el arreglo institucional y
desempeño económico. El objetivo es resaltar la importancia de mejorar la calidad
institucional para retomar la senda del crecimiento.
De acuerdo con los conceptos de la NEI, las instituciones son el conjunto de reglas,
tanto formales como informales, incluyendo las normas para su cumplimiento, que rigen en la
sociedad. La función de las instituciones es reducir la incertidumbre, induciendo el
comportamiento de los individuos u organizaciones en una dirección particular y prohibiendo
determinados comportamientos. Influyen en el comportamiento de la economía por su efecto
que tienen sobre los costos de producción y los costos transaccionales.
La literatura especializada diferencia entre instituciones y organizaciones. Las
organizaciones son grupos de individuos unidos para alcanzar un propósito común. Incluyen
los cuerpos políticos (partidos políticos, parlamento, etc.), económicos (empresas, sindicatos,
43
etc.) y de otros tipos. Las organizaciones se crean con el propósito de obtener fines dentro del
marco de las instituciones o reglas.
De acuerdo con Terry (1997) la abundancia de los recursos naturales podría inducir a
una calidad institucional baja y “malas políticas” económicas, pero beneficiosas para la élite
gobernante, justamente por las oportunidades que representa la dotación de los recursos
naturales que controla el Estado. (Ver anexo D5)
Venezuela es un país petrolero cuya calidad institucional no ha sido históricamente
alta. Según Terry (1997), en los últimos 20 años ha bajado en forma significativa, lo cual es un
indicio de la cuantiosa labor que es necesario emprender para alcanzar una calidad
institucional aceptable.
Dependencia de la renta petrolera altera la economía, intereses y arreglos
institucionales de tal manera que predispone las decisiones de los hacedores de política
sobretodo en épocas de bonanza. Este fenómeno afecta no solo el entorno político sino
también la autonomía de definición de objetivos y los tipos de instituciones públicas
adoptadas.
De acuerdo con Karl (1997), en países petroleros como Venezuela “Petro-State” existe
una tendencia hacia el intervencionismo y una centralización de los recursos en el Poder
Ejecutivo, recursos que son utilizados en muchos casos para subsidiar actividades no
petroleras. En este sentido se crea una distorsión institucional ya que las políticas públicas de
los sectores no petroleros son totalmente dependientes de decisiones que en muchos casos se
toman desde la Oficina de la Presidencia de la República.
En el caso del sector eléctrico se hace aun más compleja esta distorsión por el hecho
de que las políticas públicas de este sector son tomadas desde el mismo Ministerio de Energía
y Petróleo. Por supuesto que el sector eléctrico es prácticamente un grano de arena en
comparación con su hermano mayor, el sector petrolero, lo que hace que el foco de atención
44
de las decisiones que deben tomarse para asegurar la sustentabilidad institucional del sector
sean muy limitadas.
Además, el nivel de subsidios del sector petrolero al sector eléctrico es muy
importante. Al Estado subsidiar con los recursos provenientes de la renta petrolera las
necesidades de inversión de CADAFE y EDELCA (Empresas del Estado que tienen el 70% de
la distribución y generación respectivamente), no existe la urgencia de crear un marco
institucional y regulatorio independiente para el sector eléctrico.
De esta manera, se explica cómo puede mantenerse un sector de capital intensivo como
lo es el eléctrico, con un congelamiento de tarifas de casi tres años y sin un régimen
económico mínimo para el funcionamiento del mismo. Dentro de este contexto, el sector
privado pone en peligro su viabilidad financiera de mediano plazo.
5.2 Hacia una política energética integral
Uno de los factores identificados en capítulos anteriores como condicionantes de la
prestación de un servicio de electricidad de calidad, al mínimo costo y con sustentabilidad de
largo plazo es la inexistencia en el país de una política energética integral coherente que tome
en cuenta las realidades de cada uno de los subsectores que conforman el sector energía.
Dado a la poca flexibilidad que presenta un sistema energético en el corto plazo, los
objetivos de la política energética están orientados a la evolución del sector en el mediano y
largo plazo y deben estar totalmente alineados con los objetivos generales de las políticas de
desarrollo socioeconómico, más aun en un país intensivo en energía como Venezuela.
Tal como lo establece el Instituto de Economía Energética (1995), al formularse la
política energética de un país deben considerarse los siguientes aspectos:
1) Uso de los recursos naturales energéticos nacionales, planificando la participación
de los recursos naturales internos en el balance energético del país. La orientación del plan
45
puede plantearse en términos de la explotación de ciertos recursos y la conservación de otros,
así como la consideración de las reservas.
2) Grado de participación de los recursos energéticos en el balance comercial del
país, considerando la exportación e importación de productos energéticos.
3) Grado de seguridad en el abastecimiento, considerando el rol estratégico que el
abastecimiento energético desempeña en el funcionamiento de la economía de las naciones.
4) Grado de integración energética con otros países.
5) Niveles de capacidad de ciertos centros de transformación energética o de
producción de fuentes primarias.
6) El tipo y nivel de los impactos ambientales provocados por el uso de recursos
energéticos.
7) La definición de las tecnologías a utilizar en la producción, transporte y
distribución de la energía.
8) La organización institucional de las diferentes cadenas energéticas: tipo de
integración vertical y horizontal, grado de participación privada, tipos de mercados, y entes
reguladores.
9) La sustitución y penetración de fuentes en el consumo final de energía.
10) Grado de cobertura de los requerimientos de energía de la población y la cobertura
espacial del abastecimiento energético.
11) La conservación de la energía en los diferentes sectores de consumo.
12) La estructura del financiamiento de las inversiones energéticas.
13) La formación de los recursos humanos para el manejo de los procesos técnicos, la
gestión económica y financiera, la regulación y la planificación del sistema energético.
La política energética debe derivar de la política nacional de desarrollo, por lo que
además de la necesidad de que exista una política coherente entre los diferentes subsectores
que conforman el sector energético, debe haber una identificación de las relaciones
bidireccionales que existen entre el sector energético integral y el resto de la política
socioeconómica nacional. En la siguiente Figura 6 se muestran estas relaciones:
46
• Fiscal• Monetaria• Precios e Ingresos• Cambiaria• Otras
Política EconómicaCoyuntural
Política de desarrollo
Políticas Generales Políticas Sectoriales• Ocupación• Comercio exterior• Financiera• Institucional• Social• Ambiental• Ciencia y tecnología• Otras
• Agropecuaria• Educación• Industrial• Transporte• Energética• Otras
• Fiscal• Monetaria• Precios e Ingresos• Cambiaria• Otras
Política EconómicaCoyuntural
Política de desarrollo
Políticas Generales Políticas Sectoriales• Ocupación• Comercio exterior• Financiera• Institucional• Social• Ambiental• Ciencia y tecnología• Otras
• Agropecuaria• Educación• Industrial• Transporte• Energética• Otras
Figura No. 5 - Relaciones entre el sector energético integral y el resto de la política socioeconómica
nacional. Fuente: Instituto de Economía Energética (1995).
Las otras políticas sectoriales (agropecuaria, educación, industrial, transporte, entre
otras) tienen un impacto en la política energética en la medida en que los planes en estos
sectores afecten a los requerimientos de energía. Por otro lado, existe una influencia en sentido
inverso relacionada con el uso de recursos naturales o por los requerimientos de bienes de
capital y otros insumos para la producción de energía.
Además, existe una influencia de las políticas económicas con las políticas energéticas.
La definición de una política de ingresos social y regional establece las metas de calidad de
vida de la población y por ende la calidad de los servicios públicos.
Otra relación intersectorial la define la política de ocupación que puede tener impactos
en las decisiones de las tecnologías a utilizar para la producción de energía. Otro impacto
importante, sobre todo en el caso venezolano, está relacionado con la política de intercambios
con el exterior ya que en caso de que exista una política de precios de los recursos energéticos
47
diferente para la exportación y para el consumo interno se pueden crear distorsiones en la
asignación de los recursos y los balances energéticos.
En un trabajo realizado por la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE)
(2000), se presentan cuatro dimensiones de la política energética para el desarrollo
sustentable:
a) Dimensión política: en donde se consideran temas como la soberanía e independencia
nacional, el espacio de maniobra para la política, la influencia internacional del país, la
seguridad de instalaciones del sector energético y el equilibrio del poder político-
económico (estatal y privado)
b) Dimensión económica: relacionado con la eficiencia económica (eficiencia productiva
y estructural), la seguridad del suministro eléctrico (continuidad de las
exportaciones/importaciones y continuidad en el abastecimiento), la calidad de los
productos energéticos, el impacto macroeconómico (en el PIB, inflación, balanza
comercial, empleo, finanzas públicas, ingresos fiscales, entre otros aspectos), captación
de las rentas económicas por parte del Estado, y confianza de los actores en la
regulación y el ente regulador.
c) Dimensión social: Cobertura total de los requerimientos básicos de energía de la
población, costo mínimo para los consumidores, oferta energética diversificada,
continuidad del suministro y acceso a las fuentes de mayor calidad.
d) Dimensión ambiental: Aire, agua y suelo libre de contaminantes, biodiversidad fuera
de peligro en su ambiente natural, ecosistemas escasamente perturbados, racionalidad
en la explotación de los recursos energéticos fósiles y racionalidad en el manejo de
cuencas hídricas.
Así como se han identificado relaciones entre la política energética con la política de
otros sectores de la economía, existen influencias entre los diferentes subsectores del sector
energético. El sector de hidrocarburos y el sector eléctrico deben tener políticas coherentes y
complementarias que apunten a un abastecimiento energético económicamente seguro,
confiable y sustentable en el tiempo.
48
En Venezuela es el Ministerio de Energía y Petróleo (MEP) el organismo encargado de
centralizar las políticas de estos sectores. Este Ministerio fue creado en el año 1950 con el
nombre de Ministerio de Minas e Hidrocarburos y desde el año 1976 asume también la
responsabilidad de conducir al sector eléctrico.
En el año 2005 pasó a ser el Ministerio de Energía y Petróleo. De acuerdo con la
Gaceta Oficial No. 38.111 del 20 de Enero del 2005, corresponde a este Ministerio:
1) La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación, realización
y fiscalización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de hidrocarburos y energía
en general;
2) El desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales no renovables y
de otros recursos energéticos, así como de las industrias eléctricas y petroleras;
3) El estudio de mercado y análisis y fijación de precios de los productos de petróleo
y del servicio de la electricidad;
4) La prevención de la contaminación del medio ambiente derivada de las actividades
energéticas y de hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y de los
Recursos Naturales;
5) Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Aunque debe existir una coordinación entre las políticas del sector hidrocarburos y el
eléctrico de manera de hacerlas complementarias, se debe asegurar la sustentabilidad de cada
uno de los sectores en forma independiente, cosa que en la práctica no está ocurriendo en el
sector venezolano.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el sector eléctrico está siendo altamente
subsidiado por la renta petrolera. Mientras los precios del petróleo sigan marcando niveles
record, pareciera que no habrá problema en satisfacer las necesidades de inversión del sector
eléctrico, sin embargo, la sustentabilidad del sector estará en juego en el momento en que la
bonanza petrolera llegue a su final. Las preguntas son: ¿Cuándo será esto y cuándo se deben
tomar los pasos necesarios para fortalecer las instituciones del sector?
49
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este trabajo se ha analizado la política regulatoria de la última década en el sector
eléctrico venezolano. Se ha dividido el período de análisis en dos sub-períodos separados por
la publicación de la Ley Eléctrica del Servicio Eléctrico (LOSE). Entre las conclusiones más
importantes se pueden mencionar:
1. Se evaluó 6 aspectos en el proceso de reforma del sector: la comunicación de la
reforma, la definición del rol del Estado, la definición de los objetivos, la viabilidad de la
reforma, la implementación de la reforma y el modelo regulatorio a seguir.
Uno de los aspectos con más debilidades es el proceso de implementación de la reforma,
evidenciándose después de la publicación de la Ley un período de mucha incertidumbre
regulatoria al no establecerse los organismos reguladores que establece la LOSE, no cumplirse
con las obligaciones establecidas en el período de transición establecido, no definiéndose el
régimen económico de las diferentes actividades y no dándose la transformación corporativa
de muchas empresas del Estado tal como lo exige la Ley.
2. Una de las razones fundamentales para el retraso en la implantación de la Ley es la
debilidad institucional que caracteriza al sector. Entre las evidencias de este vacío institucional
se mencionan la indefinición de los organismos reguladores, la falta de aplicación de las leyes
y reglamentos, el hecho de que existan funcionarios del Gobierno actuando como reguladores
y regulados al mismo tiempo y la carencia de organismos para elevar disputas en caso de fallas
regulatorias.
3. Se desarrolló un modelo de políticas públicas en donde se definió el problema
como la dotación de un servicio de calidad al mínimo costo. Se identificaron los factores
condicionantes en varios sub-sistemas y se operacionalizó el modelo utilizando data histórica
de 10 años.
50
Del análisis de los datos se concluye que la calidad del servicio a nivel nacional se ha
deteriorado con el tiempo, y aunque ha existido una reducción del precio promedio de la
energía eléctrica en términos reales, ésta en lugar de apuntar a un aumento en la eficiencia de
las empresas, que permitiría un suministro de calidad al mínimo costo, pone en peligro la
sustentabilidad del suministro en el largo plazo.
Además, existe una correlación entre la calidad del servicio (medido por el número de fallas y
el porcentaje de pérdidas) y el nivel de las tarifas eléctricas. Por otro lado, existe una relación
directa entre la calidad del servicio y el nivel de inversión en el sector.
4. Al hacer un análisis prospectivo del sector eléctrico se identifican tres factores
claves de éxito: el fortalecimiento de las instituciones del sector, una planificación integral de
los sectores gas, petróleo y electricidad con claras interconexión con la política
socioeconómica nacional y finalmente una clara definición del rol del Estado dentro del sector.
5. De la encuesta realizada al grupo de 30 expertos del sector se puede concluir (Ver
anexo C):
a) Existió un alto nivel de participación y compromiso del entonces Ministro de
Energía Alí Rodríguez, en la formulación de la Ley (1999).
b) Uno de los obstáculos para la implementación de la ley ha sido la falta de
ejecución por parte del Estado.
c) Entre las personas encuestadas no hubo una posición contundente en cuanto a
qué aspectos de la Ley deberían modificarse para asegurar el éxito en su
implementación. (Lo que indica que probablemente el grupo de expertos piensa que la
Ley puede implementarse sin realizarle cambio alguno). Sin embargo, entre los
aspectos evaluados, el más nombrado esta relacionado con la redefinición del alcance
de las instituciones regulatorias.
6. Entre las recomendaciones más importantes se puede mencionar:
a) Crear un sentido de urgencia en la creación de un Ente Regulador con la
suficiente autonomía como para asegurar el equilibrio entre los intereses de los
usuarios, las empresas prestadoras de servicio y el Estado. De acuerdo a la Ley hasta
51
que no se cree la Comisión Nacional de Energía Eléctrica las funciones de regulación
del sector recaen sobre la Fundación para el desarrollo del Sector Eléctrico (Fundelec)
la cual antes de la publicación de la Ley jugo un papel fundamental en la definición de
la normativa necesaria para el funcionamiento del sector. Sin embargo esta institución
no cuenta con la autonomía necesaria y ha pasado por un intenso proceso de
reestructuración que la aleja de los objetivos para la cual inicialmente fue creada .
b) Solventar el problema de desinversión que existe en el sector. Para ello existen
dos alternativas: Incrementar la inversión directa por parte del estado o incrementar la
participación privada e incentivar la inversión de este sector.
c) Desarrollar un plan educativo que permita la concienciación de los usuarios
sobre el servicio eléctrico y su uso. Esto debe ser visto con una visión de largo plazo y
debe ser planificado con el sector educación.
d) Implementar un plan para reducir las pérdidas de energía eléctrica a nivel
nacional. Para ello es fundamental impulsar cambios jurídicos orientados a la
concepción del robo de energía eléctrica como un delito, para poder aplicar las
sanciones legales y penales correspondientes.
e) Implementar un régimen económico para las diferentes actividades del sector
que permita disminuir la incertidumbre que hoy en día tienen los inversionistas. Para
ello debe actualizarse las metodologías vigentes establecidas en el decreto 368 de 1989
y realizarse los estudios técnicos-económicos necesarios (caracterización de la carga,
definición de la base tarifaria de las empresas reguladas, establecimiento de reglas del
mercado mayorista, etc). Este régimen económico debe permitir que las empresas
eléctricas tengan rentabilidades adecuadas y a la vez debe incentivar al aumento de
productividad y eficiencia de las mismas, así como debe contemplar una serie de
exigencias de calidad de servicio y un mecanismo de multas y sanciones por
incumplimiento de estas exigencias. Con ello se persigue que los usuarios disfruten de
un servicio de calidad al mínimo costo posible.
f) Redefinir la visión estratégica de algunas empresas del Estado. Las dos
mayores empresas estatales, EDELCA y CADAFE fueron creadas bajo visiones que
deben ser revisadas: la primera empresa fue creada para desarrollar generación
hidroeléctrica aprovechando los recursos del Río Caroní; mientras que la segunda fue
52
creada con la misión de electrificar las regiones que no contaban con este valioso
servicio. Hoy en día contamos con uno de los parques hidroeléctricos más
desarrollados en Latinoamérica y contamos con el mayor nivel de electrificación de la
región. Llegó el momento de cambiar la visión estratégica de estas empresas con
énfasis en eficiencia empresarial y saneamiento de la gestión.
g) Entre las posibles áreas potenciales de futuros estudios que se podrían realizar
para ampliar esta investigación, se pueden mencionar: a) un análisis comparativo de
modelos regulatorios en países con ideologías políticas socialistas b) análisis de los
elementos informales que acompañaron el proceso de implementación y c) la
adecuación de los instrumentos regulatorios para el proceso de reforma, entre otros.
h) Asimismo, entre las limitaciones que se encontraron a lo largo de la
investigación se debe mencionar la poca información disponible de las empresas del
Estado de estadísticas no reportadas a Caveinel sobre resultados financieros, planes de
inversión, indicadores de calidad del servicio, etc.
53
BIBLIOGRAFÍA
1) Badell R., Quiroz D y Hernández J (2002). Régimen Jurídico del Servicio Eléctrico en Venezuela. Caracas.
2) Banco Central de Venezuela (2006). Tasa de desocupación por rama de actividad económica. [Base de datos en línea]. Consulado en noviembre de 2006 en la World Wide Web: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp.
3) Brown A. (2001). Confusing means and ends. Harvard University. 4) Brown A., Stern J., Tenembaum B. y Gencer D. (2006). Handbook for evaluating
infrastructure regulatory systems. The World Bank. 5) Caveinel (2005). Estadísticas Consolidadas 2005. Caracas. 6) Centro de Estudios de Finanzas Públicas de México (2006). Indicadores
socioeconómicos de países seleccionados, 1995-2006. [Documento en línea]. Consultado en noviembre de 2006 en la World Wide Web: www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0162006.pdf
7) Consejo Europeo de Lisboa (Marzo 2000). Conclusiones de la Presidencia. [En línea]. Consultado en mayo de 2005 en la World Wide Web: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm.
8) Córdova, C (2000, 1 de mayo). La reforma regulatoria en los países de la OCDE: ¿Qué hemos aprendido? [Documento en línea]. Consultado en abril de 2005 en la World Wide Web: http://www.iigov.org/id/attachment.drt?art=189661
9) Dery, D. (1984). Problem Definition in Policy Analysis. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas.
10) Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe: Guía para la formulación de políticas energéticas, OLADE Julio 2000.
11) Finon D. (2003). Introducing Competition in the French Electricity Supply Industry: The Destabilisation of a Public Hierarchy in an Open Institutional Environment. Cambridge Working Papers in Economics 0314, Faculty of Economics. University of Cambridge.
12) Public policy analysis. An introduction. (2003). Clases de Políticas Públicas I para la maestría de Ciencias Políticas. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
13) González M. (2001). “Desarrollo y uso de modelos de políticas públicas: Análisis de la experiencia docente en el Postgrado de Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (1998-2001)”.
14) Gordon, R. (2001). Don’t restructure electricity, deregulate. CATO Journal. 15) Grijalva, R. (2001, agosto 7). Ley Orgánica del Sistema Eléctrico Nacional representa
la nueva visión del sector. [En línea]. Consultado en abril de 2005 en la World Wide Web: http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=624
16) International Energy Agency. (February, 2003). Status of State Electric Industry Restructuring Activity. [Documento en línea]. Consultado en mayo de 2005 en la World Wide Web: http://www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/chg_str/restructure.pdf.
54
17) International Energy Agency. (2004). France-In-depth Review. [Documento en línea]. Consultado en noviembre de 2006 en la World Wide Web: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/France_comp04.pdf
18) Jamasb T. (2002). Reform and Regulation of the Electricity Sectors in Developing Countries. Cambridge Working Papers in Economics 0226, Faculty of Economics.
19) Joskow, P. (2001). U.S. Energy Policy during the 1999´s. Harvard University. 20) Joskow, P. y Kahn, E. (2002). A quantitative analysis of pricing behaviour in
California’s wholesale electricity market during summer 2000: the final word. Massachusetts Institute of Technology.
21) Kirkpatrick, C., Parker, D. and Zhang, Y. (2004), "Regulatory Impact Assessment in Developing and Transition Economies: A Survey of Current Practice". Public Money & Management, Vol. 24, No. 5, pp. 291-296.
22) Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. Gaceta Oficial No. 5.568 extraordinaria del 31 de Diciembre de 2001.
23) Lisboa R. (2003). The restructuring and Privatization of electricity distribution and supply business in Brazil: A social Cost- benefits analysis. Cambridge Working Papers in Economics , Faculty of Economics. University of Cambridge.
24) Millán, J. (2006). Entre el mercado y el Estado: Tres décadas de reformas en el sector eléctrico de América Latina. Washington D.C, Banco Interamericano de Desarrollo.
25) Newberry D., Jamasb, T. and Pollit, M. (2004). Core indicators for determinants and performance of the electricity sector in developing countries. Cambridge Working Papers in Economics 0438, Faculty of Economics. University of Cambridge.
26) Newbery, D. (2002). "Issues and Options for Restructuring Electricity Supply Industries,". Cambridge Working Papers in Economics 0210. Faculty of Economics, University of Cambridge.
27) Newbery, D (2002). Privatization, restructuring and regulation of Network Utilities. The MIT Press.
28) North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.
29) Organización Latinoamericana de Energía (2004). Sistema de Información Energética. [Base de datos, de acceso restringido, en línea].
30) Política Energética (1995). Clases de Planificación Estratégica para el postgrado de Economía Energética. Bariloche, Instituto de Economía Energética. Bariloche.
31) Correa A. (2003). La política exterior de Venezuela desde el 58 al 2003. Clases de información internacional para el 5to año de periodismo impreso. Caracas Escuela de Comunicación Social UCAB.
32) Kelly, J. (1996). Servicios Públicos, clave para el bienestar. Compilación. IESA, Caracas.
33) Solanes, M. (2000). Servicios Públicos y Regulación. Consecuencias legales de las fallas de mercado. CEPAL.
34) Terry, L. (1997). The Paradox of Plenty. University of California Press.
55
35) Brennan, T. (2003). State and Federal Roles in Facilitating Electricity Competition: Legal and Economic perspectives. Harvard University.
36) Tucker W. (2001). Market vs. Crises. [Artículo en línea]. Consultado en marzo de 2005 en la World Wide Web: http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1282/is_11_53/ai_74942019
37) Weinmann, J. y Bunn, D. (2004). Resource Endowment and Electricity Sector Reform. Working Paper, Energy Markets Group, London Business School. [Documento en línea]. Consultado en enero de 2005 en la World Wide Web: www.london.edu/assets/documents/PDF/2.3.4.12.1_Weinmann_and_Bunn_JIE_pdf2.pdf
38) World Bank (1996). Bureaucrats in Business: the economics and politics of government ownership. World Bank Policy Research Report.
39) Zucchi C., Eskeland G., Shalizi Z., (2003). Necesidad de instituciones más allá del crecimiento. Finanzas y Desarrollo. Junio 2003, 42-43. [Documento en línea]. Consultado en febrero de 2005 en la World Wide Web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2003/06/pdf/zucchi.pdf
56
ANEXOS
Anexo A – Instrumento aplicado a las personas encuestadas
Usted ha sido seleccionado, en calidad de experto y actor importante dentro del sector
eléctrico, para contestar la encuesta que a continuación se le presenta, la cual forma parte del
proceso de elaboración de una tesis de Maestría en Ciencia Política, cuyo objetivo es la
evaluación de la política regulatoria del sector eléctrico venezolano en la última década.
1.- ¿Cree usted que el proceso de consulta a actores relevantes (Empresas publicas y privadas,
consumidores, representantes de instituciones gubernamentales, etc.) llevado a cabo por el
Ejecutivo Nacional para la formulación de la actual Ley del Servicio Eléctrico antes de su
publicación en el año 1999 fue adecuada?
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
2. ¿Cree usted que el proyecto de Ley presentado recogió las necesidades de todas las partes
involucradas? (Empresas, usuarios y Estado)
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
3. ¿Qué tan involucrado piensa usted que estuvo el Ministro de Energía y Minas, Alí
Rodríguez, y su equipo de trabajo durante el proceso de discusión e implementación de La Ley
Eléctrica?
No se involucraron ____ Poco involucrados ____ Involucrados ____
57
Medianamente involucrados ____ Muy involucrados ____
4. ¿Qué tan de acuerdo esta usted con los siguientes factores como obstáculos para la
implementación de la Ley Eléctrica?
a. Problemas estructurales del sector
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
b. Viabilidad social de la reforma
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
c. Diferencias ideológicas
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
d. Capacidad de ejecución del Estado
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
e. Intereses personales o institucionales
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
58
f. Incoherencia de la reforma
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
5. En caso de una nueva reforma de la Ley. ¿Qué aspectos piensa usted que deben
modificarse?
a Régimen de propiedad de las empresas
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
b. Alcance de las instituciones regulatorias
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
c. Régimen económico de las actividades
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
d. Deberes y derechos de los consumidores
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
e. Deberes y derechos de las empresas
59
En desacuerdo ____ Medianamente de acuerdo ____ Ni de acuerdo ni en desacuerdo ____ De acuerdo ____ Completamente de acuerdo ____
En uno de los anexos de la tesis se mencionaran los nombres de las personas que participaron
en la encuesta siempre que así lo autoricen, sin mencionar el detalle de sus respuestas.
Autoriza usted a ser mencionado: Si ____ No ____
60
Anexo B – Expertos encuestados
Se consulto a un grupo de 30 expertos entre los cuales se incluyó personal ejecutivo
(Presidentes y Vicepresidentes) que durante el período de estudio formaron o forman parte de
empresas estatales o privadas del sector; representantes de la cámara de la industria eléctrica;
especialistas y ejecutivos de instituciones regulatorias y personalidades del mundo académico.
• Amelia Crespo, ex Vicepresidente de La Electricidad de Caracas.
• Ángel Negrín, ex Vicepresidente de Edelca.
• Carlos Pérez Mibelli, Vicepresidente Ejecutivo de Caveinel.
• Carolina Betancourt, ex funcionaria de Fundelec y actual representante de La
Electricidad de Caracas.
• Cira Romero, consultora independiente.
• Gustavo González, presidente de Eleval.
• Humberto Zavarce, ex Presidente de Enelven.
• Iñaki Rousse, ex Vicepresidente de La Electricidad de Caracas.
• Judith Rodríguez, funcionaria del Ministerio de Energía y Minas.
• Jesús Olivares, Vicepresidente de La Electricidad de Caracas
• Juan Bermúdez. Profesor Titular Ingeniería Eléctrica de la Universidad Simón Bolívar
• María Elena Corrales, ex Viceministro y actual consultora del Banco Interamericano de
Desarrollo.
• Marisol Mendoza, consultora jurídica de CADAFE.
• Rafael Ponte Viloria, Ex Gerente de La Electricidad de caracas y Gerente Técnico de
Caveinel.
• Ricardo Flores, ex funcionario de Fundelec y actual representante de La Electricidad de
Caracas.
• Ricardo Luy, Director de Precios y Regulación de La Electricidad de Caracas.
• Simón Saturno, ex Consultor Jurídico de Fundelec.
El resto de los encuestados pidió no ser identificado.
61
Anexo C – Resultados de las encuestas
Cada una de las opciones de respuesta fue valorada en una escala del 1 al 5, desde el
menor grado de acuerdo hasta el mayor acuerdo con lo planteado en la pregunta. De esta
manera, cada respuesta insertada por los actores encuestados fue vaciada en una tabla que
permitió obtener como resultado final un promedio por cada pregunta, que se muestra a
continuación:
Preguntas
1 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 4f 5a 5b 5c 5d 5e PROMEDIO 2,6 2,6 4,3 3,7 2,3 3,8 4,6 3,9 1,9 2,3 3,7 3,2 2,3 2,6
Barreras Modificaciones
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0
1 2 3
Pregunta
1 ¿Cree usted que el proceso de consultallevado a cabo por el Ejecutivo Nacionalpara la formulación de la actual Ley delServicio Eléctrico fue adecuada?
2 ¿Cree usted que el proyecto de Leypresentado recogió las necesidades de todaslas partes involucradas? (Empresas,usuarios y Estado)
3 ¿Qué tan involucrado piensa usted queestuvo el Ministro de Energía y Minas, AlíRodríguez, y su equipo de trabajo duranteel proceso de discusión e implementaciónde La Ley Eléctrica?
62
Factores como obstáculos para la implmentación de la Ley
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0
1 2 3 4 5 6Factores
1 Problemas estructurales delsector
2 Viabilidad social de la reforma
3 Diferencias ideológicas
4 Capacidad de ejecución delEstado
5 Intereses personales oinstitucionales
6 Incoherencia de la reforma
Aspectos de la Ley que deberían modificarse
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0
1 2 3 4 5Aspectos
1 Régimen de propiedad de lasempresas
2 Alcance de las institucionesregulatorias
3 Régimen económico de lasactividades
4 Deberes y derechos de losconsumidores
5 Deberes y derechos de lasempresas
63
Anexo D – Noticias
Anexo D1
El Universal. Viernes 12 de mayo de 1999.
REFORMA ELÉCTRICA ASEGURA REPUNTE DE INVERSIONES Se espera que la privatización de las empresas del sector procuren un mayor rendimiento
económico, el mejoramiento de la eficiencia productiva de la industria y la racionalización de los precios que paga el consumidor, indica la Cámara
Mariela León La Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel) considera que el crecimiento, la
productividad y el repunte de la inversión en Venezuela van de la mano con la reforma del sector eléctrico.
La posición de la Cámara coincide con el planteamiento del gobernador de Falcón, José Curiel, en el marco de la Asociación de Gobernadores de proceder a privatizar las empresas públicas estatales como una forma de obtener ingresos por 10 mil millones de dólares, los cuales serían destinados para inversiones inherentes al sector y para honrar el débito externo.
Aunque el vicepresidente ejecutivo de Caveinel, Carlos Pérez Mibelli, dijo desconocer el detalle de la propuesta, reiteró que ese organismo siempre se ha mostrado partidario de la reorganización del sector que incluye, entre otros aspectos, la transferencia de las empresas estatales al sector privado de la economía. Comentó que 'los cambios estructurales en el sector están siendo aplicados en todo el mundo, a fin de propiciar un mejor ambiente para atraer los capitales que necesita la industria eléctrica, responder al aumento de la demanda y mejorar la calidad del servicio'.
Y refirió unas estimaciones de la Comisión de Integración Eléctrica Nacional, CIER, que para el año 2010 la demanda de energía eléctrica a escala mundial superará los 1.000 GW. Así, esa industria, que en muchos países había sido manejada en gran parte por el Estado, ahora tiende a ser transferida al capital privado'.
De estas reformas que propician la privatización en las actividades no monopólicas del negocio eléctrico, así como la competencia, dijo, se espera además un mayor rendimiento económico, el mejoramiento de la eficiencia productiva de las empresas eléctricas y la racionalización de los precios que paga el consumidor. Argumentó que países cercanos a Venezuela como Colombia, Brasil, México, Ecuador, Chile o Argentina, llevan adelantados sus procesos de reforma, en la búsqueda de una mayor competitividad en sus sectores eléctricos y en consecuencia, en sus economías a escala nacional. La propuesta de Caveinel en la XXXII Mesa Redonda sobre la industria eléctrica advirtió la necesidad de ejecutar la reforma estructural en el ámbito eléctrico (nivel micro), para propiciar el crecimiento económico, la productividad y la inversión en la economía del país (nivel macro).
64
Sostuvo por tanto que 'la reforma del sector implica la incorporación de nuevas pautas a través de la reingeniería y de un nuevo planteamiento cultural en las organizaciones que manejan esta actividad'. La reforma debe estar en sintonía con la recuperación económica y la prestación de un servicio eléctrico confiable.
65
Anexo D2
El Nacional. Miércoles 7 de julio de 1999.
LISTO PROYECTO DE LEY DE ELECTRICIDAD La primera legislación de su tipo en Venezuela focaliza su articulado en la calidad del
servicio y la defensa de los consumidores. Para las empresas hay previsiones que garantizan su operatividad y rentabilidad
Por: ANA DIAZ El proyecto de Ley de Electricidad está listo para su aprobación por parte del Gabinete
Económico y el Consejo de Ministros, informaron fuentes del sector. El Ministerio de Energía y Minas entregó el texto a Cordiplan, ente coordinador de las legislaciones previstas dentro de la Ley Habilitante aprobada en abril pasado.
En la elaboración del articulado, el despacho de Energía tuvo jornadas de consulta con distintos sectores, entre éstos las empresas -reunidas en la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica- y las comisiones de Energía y Minas del Congreso de la República.
La primera Ley de Electricidad de Venezuela hace hincapié en la calidad del servicio que las empresas prestan a sus clientes, con disposiciones de obligatorio cumplimiento de prestar un buen servicio al público, condición de la cual dependerán las tarifas y cuyos lineamientos generales están igualmente establecidos en el texto legal.
La ley prevé mecanismos de compensación a los clientes por los daños que se produzcan en los equipos al momento de generarse una falla que sea responsabilidad de las empresas.
Para las compañías que cumplan con sus clientes hay previsiones que garantizan su operatividad y rentabilidad.
El instrumento legal contempla crear un ente regulador independiente con cinco directores, lo que eliminaría la figura de la actual Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
Las actividades de generación, transmisión y distribución están separadas como unidades de negocio claramente diferenciadas.
Por ello, se incluye la figura de la Empresa Nacional de Transmisión que unificará la operación, mantenimiento y expansión eléctrica en la red troncal del país, además de optimizar el uso de los recursos humanos y financieros dedicados a la operación y mantenimiento del sistema de transmisión de las empresas existentes.
También unificará las normas y procedimientos de operación y mantenimiento, lo que se traduce en menores costos y en el mejoramiento de la confiabilidad del servicio.
Con la Empresa Nacional de Transmisión el costo del proceso de transmisión será manejado por todo el sector, lo que facilitará la regulación del servicio y la implantación del principio del libre acceso a la red, requisito indispensable para la libre competencia en el área de la generación. Además, los clientes industriales y comerciales de alto consumo podrán contratar sus necesidades directamente con esta compañía.
66
Anexo D3
El Nacional. Martes 7 de diciembre de 1999.
CRONOGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ESTÁ RETRASADO
Por: Ana Díaz El cronograma para iniciar el período de transición para que las empresas cumplan con lo
establecido en la Ley de Electricidad, aprobada el 21 de septiembre pasado, tendrá un desfase de 6 meses con respecto a la fecha inicialmente prevista por el Ministerio de Energía y Minas. El despacho aspira a tener listas las resoluciones en marzo o abril del próximo año.
Carlos Pérez Mibelli, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel), informó que en el mes de enero del 2000 se esperaba poner en vigencia las resoluciones legales sobre el sector. "Los plazos establecidos en la Ley para que las empresas se adapten a las normas son cortos, en un proceso de cambio bastante complejo", destacó.
El instrumento legal fija un período límite de 2 años -a partir de su fecha de aprobación- para crear la Comisión Nacional de Electricidad -que será la encargada de fijar las tarifas y de fiscalizar tanto la calidad del servicio como la eficiencia de las compañías- y la Empresa Nacional de Transmisión, que unificará las capacidades de las empresas del Estado.
Entre estas compañías se cuentan Electrificación del Caroní, Cadafe y Energía Eléctrica de Venezuela del Zulia, las cuales, en conjunto, manejan más de 90% de la red troncal de transmisión a 400 y 230 kilovoltios.
El plazo de 2 años abarca también la separación de las empresas eléctricas integradas por unidades de negocio (generación, transmisión, distribución y comercialización), cada una con su contabilidad propia.
La ley establece, asimismo, un plazo 3 años para la puesta en funcionamiento del Centro Nacional de Gestión -que sustituirá la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados- y que representa uno de los cambios más difíciles, por la complejidad de las funciones que se manejarán.
El presidente de Caveinel señala que "habrá un limbo legal" en el sector eléctrico mientras el Ministerio de Energía y Minas no dicte los reglamentos que permitan cumplir los objetivos previstos en la legislación. Para las empresas e inversionistas es urgente reglamentar las autorizaciones en generación, los convenios de transición, los contratos de concesión en distribución, la calidad del servicio y las normas para la fiscalización de la eficiencia de las compañías por parte el ente rector.
Igualmente, es prioritario atender con celeridad la reducción de las pérdidas de 25% en el sistema eléctrico nacional, que representan 800 millones de dólares anuales, así como definir el proceso de privatización y aclarar los alcances de la nueva Constitución de la República sobre la actividad del sector.
67
Pérez Mibelli dijo que el MEM debe tomar en cuenta las opiniones de sus funcionarios en el área de electricidad, al igual que el criterio de la Fundación para el Desarrollo de la Industria Eléctrica, pues se trata de un personal técnico muy valioso y con trayectoria. "Las divergencias generan más incertidumbre en el sector", concluyó.
68
Anexo D4 Diario Economía Hoy. Miércoles 23 de marzo de 2000. ALERTAN SOBRE LOS PELIGROS DE MARCOS REGULATORIOS RÍGIDOS
EN EL SECTOR ELÉCTRICO Rafael Rivero El secretario general del Consejo Mundial de Energía, Gerald Doucet, de visita en el país,
alertó en una conferencia dictada este miércoles sobre los riesgos que conllevan los marcos regulatorios rígidos en el sector eléctrico.
"Desestimulan la inversión privada", dijo, en alusión a los más de 5.000 millones de dólares que en Venezuela se necesitan para mantener, actualizar y hacer crecer el servicio hidroeléctrico interconectado.
A eso añadió la incertidumbre política, que como se sabe es mayor en los países subdesarrollados, más aun en los que están viviendo procesos políticos como el venezolano.
"En el aspecto energético Venezuela no puede ser una isla, sentirse independiente de lo que son las decisiones internacionales. El Gobierno que venga después del 28 de mayo tendrá que establecer normas que vayan más allá de lo establecido en la actual ley".
Como se sabe, luego de aprobada en agosto pasado la Ley del Servicio Eléctrico, que crea el marco jurídico mediante el cual se regirá esta actividad en los próximos años, el sector está a la espera de la creación y aplicación de los respectivos marcos regulatorios (reglamentos) que complementarán la ley. "Lo adelantado en Venezuela en materia de leyes del sector eléctrico van en la dirección correcta, pero será muy importante lo que se defina como reglamento", dijo Doucet.
Como se ha informado en reiteradas ocasiones, el sistema eléctrico nacional se encuentra en una situación crítica, con un sistema de transmisión obsoleto, que es causa de cuantiosas pérdidas de volumen eléctrico, tarifas subsidiadas, y la paralización del proceso de privatización de la empresas eléctricas en manos del Estado.
"Los precios deben ser reales para que el sistema sea sustentable", dijo el funcionario. "Los subsidios además, estimulan un consumo excesivo, que es costeado por las empresas". Según el funcionario, el consumo per cápita de electricidad en Venezuela está exageradamente por encima del promedio de los países subdesarrollados (3000 Kv/hora Venezuela contra 500 Kv/hora como promedio de los países de la región).
Según Doucet, la experiencia del Consejo Mundial de Energía en el monitoreo de procesos de creación, transformación y/o privatización de sistemas eléctricos, indica que estos planes son más efectivos cuando se realizan con el mayor grado de libertad para la acción privada.
"Las reformas que se han dado dependen de las necesidades de cada país, pero nos hemos dado cuenta por la experiencia en más de 100 países, que los proyectos energéticos más independientes del control del Estado, son los más exitosos. Si las normas que establece el Ministerio de Energía de cada país son muy estrictas, tienden a desalentar a las compañías interesadas en participar en los proyectos de desarrollo. Debe existir un buen sistema
69
regulatorio independiente del tema político porque de lo contrario, habrá menos interés privado en participar".
Doucet se refirió a la existencia de un fondo multilateral promovido por las Naciones Unidas a través del Banco Mundial, que tiene como objeto ser una garantía para las inversiones en el sector eléctrico en países con alto riesgo político, que soportaría los capitales que pudieran verse comprometidos por efecto de cambios políticos.
Doucet afirmó el interés del Consejo Mundial de Energía estimular la participación en este fondo, que está en pleno desarrollo, pero que actualmente cuenta con un capital muy reducido ($50 millardos), si se toma en cuenta la magnitud de las inversiones que por definición requieren los sistemas eléctricos. "Queremos saber si Venezuela está interesada en participar en este fondo", dijo.
Se refirió también en su ponencia a la necesidad de la inversión por parte de los gobiernos y las empresas del sector en el área de la investigación y la búsqueda de la tecnología, en un sector que cada día se encamina a la excelencia en el aprovechamiento de este recurso. Esto significa un gran reto para Venezuela, porque como se ha dicho, la tecnología existente en el país, lleva ya años de atraso, y eso explica las gran incidencia de fallas eléctricas de gran magnitud.
70
Anexo D5 El Mundo. Lunes 16 de Octubre de 2000 30 AÑOS SIN POLÍTICA ELÉCTRICA
PLANIFICACIÓN César Quintini señala que nunca ha existido una visión de conjunto para llevar a cabo una política energética integral, debido a las pugnas que se han presentado desde los años 70 entre las empresas eléctricas. Se realizaron fabulosos proyectos con desembolsos de dinero producto del ingreso petrolero de esa década
José Suárez-Núñez César Quintini Rosales, uno de los más acreditados expertos eléctricos, advierte que
siempre ha hecho falta una política energética integral y que la toma de decisiones para adelantar proyectos, desde la década de los años setenta, ha sido dispersa.
Dijo que uno de los problemas crónicos es la escasez de métodos previos de investigación aplicables a las necesidades regionales y nacionales.
Desde los años setenta, los proyectos energéticos se han sobredimensionado en algunas regiones y en otras no han sido suficientes, aunque las inversiones han sido gigantescas desde que se inició el "boom" petrolero en 1973.
Quintini señala que no se notan los apagones en Caracas, mientras que en los Andes hay ciudades donde falta la electricidad durante 3 días, lo cual resulta un contrasentido porque, desde 1997, el país dispone de una capacidad instalada superior a los 21.000 megavatios y la demanda máxima no pasa de los 10.000 megavatios.
En otros casos, las interconexiones entre áreas deficitarias y con excedentes de generación, presentan eslabones débiles, algunos de los cuales se han tornado críticos.
Esto contrasta severamente con algunas inversiones en líneas de transmisión, que están subutilizadas o que han permanecido inconclusas por largos períodos.
Como ejemplo cita la línea de 500 kilómetros que construyó Cadafe desde Valle La Pascua a Cabruta, la cual atraviesa el río Orinoco hasta los Pijiguaos y Puerto Ayacucho, de la que se utiliza sólo el 20%.
Geografía eléctrica Caracas es autosuficiente con las plantas de Arrecife, Tacoa y la planta Panamericana de la
Electricidad de Caracas. En tanto, Los Andes sufre una sequía y, por razones geográficas, no es posible sacar
energía de otras plantas, como las de diesel. A pesar de que Occidente produce más, hay deficiencias de energía barata, mientras en
Oriente están las reservas del Guri para unos tres años. Quintini insiste en que nunca ha existido una visión de conjunto para llevar a cabo una
política energética integral, desde las pugnas de los años 70 entre las empresas eléctricas estatales.
71
Para llevar a cabo los fabulosos proyectos en ese momento, se utilizaron los recursos provenientes del petróleo.
La tendencia nacional ha sido orientada a calcular la demanda a futuro y luego realizar las inversiones necesarias. Esa es la actual situación de una demanda que es la mitad de la oferta.
Señala que el inmenso potencial del río Caroní ha restado importancia al potencial existente en los afluentes andinos.
El Caroní no tiene punto de comparación como fuente de energía primaria, pero las cuencas andinas serían una alternativa competitiva para suministrar potencia de punta, particularmente cuando se sinceren los costos de transmisión.
Advierte que la operación de generadores como condensadores sincrónicos, es una alternativa para mejorar el servicio sin necesidad de realizar nuevas inversiones en líneas de transmisión, luego de señalar que existen en el país interesantes experiencias sobre el asunto.
Quintini agrega que también se pueden aprovechar equipos de generación existentes, cuya parte motriz no es recuperable, pero los componentes eléctricos todavía están en buen estado.
Insiste en que la repotenciación de líneas de transmisión es un tema de interés, no sólo por la reducción de costos que generalmente implica cuando se amplía la transmisión, sino por las crecientes dificultades que se presentan al negociar los derechos de paso.
Con la repotenciación se minimizan dificultades y se realizan importantes economías. Quintini presenta un caso simbólico de algunos proyectos destinados a producir electricidad
para la reducción de aluminio de exportación. Sin embargo, ha habido casos en que los ingresos netos por la exportación del aluminio
resultan menores que el equivalente de exportar la bauxita en su forma natural. TRANSMISIÓN Afectados los estados occidentales A diferencia de lo que ocurre en otras naciones, en Venezuela hay un sobre equipamiento
eléctrico, consecuencia de la gran concentración de capacidad instalada en el río Caroní, derivada del alzamiento de la presa de Guri con un costoso sistema de transmisión que se extiende por todo el país.
Esta circunstancia afecta a los estados occidentales, que se encuentran constantemente afectados por deficiencias en los sistema de transmisión. Existen soluciones planteadas en los planes de expansión de EdelcaCadafe, que no se han ejecutado.
PUGNAS El FIV y el MEM perdieron control El Estado inició los planes eléctricos a través de la Corporación Venezolana de Fomento
(CVF) creando Cadafe a partir de 1959 con el Plan de Electrificación Nacional, encargado a una misión de la Electricité de France, que se respetó hasta los años 70.
Posteriormente la CVF inició los planes para la electrificación del Caroní y la construcción de la planta Macagua I que constituyó el embrión de Edelca.
Fueron creadas empresas regionales para reemplazar sistemas eléctricos locales con servicios de cuestionable calidad.
La planta de Macagua I concluyó con la construcción de la primera etapa de Guri, cuya capacidad potencial de generación excedía la demanda existente. Esto requería la construcción
72
de una línea de transmisión capaz de llegar a los centros de consumo, con la interconexión al sistema de la Electricidad de Caracas y el sistema oriental de Cadafe. El nuevo suministro de Guayana levantó una tormenta política. Un sector apoyaba seguir adelante en el proyecto del Caroní (Edelca), mientras que otros sugerían fortalecer el crecimiento de los sistemas aislados y aplazar la conexión de ambos para años posteriores.
La CVG recomendó la construcción de la línea de 230.000 voltios MacaguaSanta Teresa, que fue el punto de partida del sistema interconectado nacional.
Siguieron las tendencias encontradas durante la década de los 70. Un grupo presionaba por más recursos para elevar la generación térmica de Cadafe e iniciar las obras del desarrollo UribanteCaparo.
Otros sectores auspiciaban el alzamiento de la presa de Guri. El inesperado ingreso petrolero, a partir de 1973, cambió dramáticamente la situación de los sistemas eléctricos controlados por el Estado. Todos fueron complacidos. Cadafe inició la construcción de Planta Centro y de la presa de UribanteCaparo. Autorizaron a Edelca el alzamiento de Guri hasta su etapa final.
El Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) tomó el control accionario de Cadafe y Edelca, y compró a la Canadian International Power más del 90% accionario de Enelven en Maracaibo y Enelbar, en Barquisimeto.
El Fondo de Inversiones se quedó con Cadafe, Enelven y Elevar. El control accionario de Edelca pasó a la Corporación Venezuela de Guayana (CVG).
El FIV, como propietario de las tres empresas, nunca asumió un rol protagónico en la conducción del sector eléctrico nacional y prefirió concentrarse en los aspectos financieros y presupuestarios de sus filiales eléctricas. En otras instancias superiores decidieron sus planes.
Al Ministerio de Energía y Minas le corresponde, orgánicamente, la regulación y control de las actividades del sector eléctrico, pero la importancia del negocio petrolero ha ocupado su preocupación, mientras los asuntos quedaron en un segundo plano, aunque algunos titulares del MEM han intentado asumir el control de la electricidad.
Con la creación de Cree y de su brazo técnico Fundelec, el MEM ha impulsado su participación y consolidado su control, a finales de la pasada administración y en la actual.
PLAN Quintini asegura que con la repotenciación se realizan importantes ahorros EXPERIENCIAS Existen posibilidades de mejorar el servicio sin necesidad de realizar
grandes inversiones
73
Anexo D6 El Mundo. Viernes 27 de octubre de 2000. LEY DEL SERVICIO ELÉCTRICO DIVERSIFICARÁ LA ECONOMÍA ASOCIACIONES La ley del servicio eléctrico permite la formación de sociedades
estratégicas con el Estado José Suárez Núñez El diputado Luis Salas, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas, de la
Asamblea Nacional, declaró que la Ley del Servicio Eléctrico, aprobada el año pasado satisface las expectativas del Ejecutivo y del sector privado, al permitir la diversificación de la economía en este sector.
El diputado Salas señaló que el instrumento jurídico incentiva la inversión pública y privada, ya que permite la formación de asociaciones estratégicas como en el sector petrolero.
Salas agrega que este instrumento legal termina el monopolio en la prestación del servicio eléctrico y regula que una misma empresa no pueda desarrollar más de una actividad.
Cada empresa tendrá autonomía jurídica y contable con actividades propias, diversificando la economía en este sector tan importante para la economía nacional.
SERVICIO Decreto eléctrico con fuerza y rango de Ley
74
Anexo D7 El Mundo. Jueves 14 de Junio de 2001. GOBIERNO QUIERE REFORMAR NUEVA LEY DE ELECTRICIDAD NORMATIVA En el Ministerio de Energía y Minas hay dos criterios sobre el instrumento
legal. Algunos aspiran regular la generación J.S.N. La Ley Eléctrica aprobada por la actual administración y exhibida como una de las joyas de
la corona, está en la agenda de hoy de la Asamblea Nacional, para discutir su reforma, pues la mayoría gubernamental considera que ha resultado ser un instrumento inoperante en algunos aspectos.
En el MEM hay una confrontación entre el viceministerio de Energía y la dirección general de Energía, por el espíritu de algunos aspectos como la prórroga de los lapsos, ya que ha sido difícil de cumplir para una empresa estatal.
Un sector del despacho considera que la generación eléctrica también debe ser regulada, lo cual plantearía reticencia a los inversionistas extranjeros.
Otros opinan que debe quedarse como está, en libre competencia. Monopolio La ley obliga a las empresas a separar las contabilidades de las actividades de generación,
transmisión y distribución en empresas distintas y cuando una empresa como la Electricidad de Caracas, decide crear un holding para operarla con más eficiencia, la Ley no se lo prohibe, pero algunos funcionarios del MEM advierten que al llevar tres activida des puede ser considerado como un monopolio.
Un asunto sensible es la solicitud de la Electricidad de Caracas de que le reconozcan como de distribución una línea de 230 y con ello si se produce la vieja aspiración de Edelca, de suministrar electricidad al Metro de Caracas, tendría que pagar su peaje. Si la clasifican como de transmisión, sólo afectaría a los usuarios de Caracas.
75
Anexo D8
El Mundo. Miércoles 27 de Junio de 2001 FALTA DE MANDO RETRASA LA REFORMA ELÉCTRICA Edelca adelanta el proceso de reestructuración ante la ausencia del Consejo Nacional de
Energía y el Centro Nacional de Gestión, que no han sido creados José Suárez-Núñez No somos insubordinados ni despilfarradores, hemos producido electricidad a precios
competitivos y los estados financieros están en azul todos los años, aseguró Angel Luis Negrín, gerente de la dirección de Planificación de Edelca.
El encargado del proceso de reestructuración de la electricidad, comparte el criterio de separar las actividades de generación, transmisión y distribución, aun cuando la Ley recomienda que deben competir.
Agregó que en la práctica, la transmisión y distribución deben seguir reguladas por sus características monopólicas naturales.
Negrín declaró que Edelca estaría de acuerdo en que una casa matriz no hace falta si existiera un mercado constituido con reglas claras. "Pero en sus inicios se necesita una que vea el negocio en su conjunto y haga la transición ordenadamente".
La Ley no sólo separa las empresas sino recomienda crear el Consejo Nacional de Energía Eléctrica, que aportará las directrices, lineamientos y normas, y el Centro Nacional de Gestión, que tendrá como funciones la venta de electricidad en bloques para los grandes consumidores.
Edelca está lista para arrancar, pero existen estos vacíos y faltan las definiciones de esos organismos. Uno de los aspectos más urgentes a considerar es que no existe un esquema tarifario para operar.
Sin decisiones Negrín considera que han faltado decisiones y empuje para mover la reestructuración. "No sabemos donde está el motor del cambio. No tenemos a donde recurrir, a un equipo u
organización de 10, 100 o 500 personas, a tiempo completo, que nos conduzca paso a paso hacia nuestro objetivo, y que tenga la experticia suficiente que nos permita hablar en el mismo lenguaje técnico.
Nada con Cadafe Expresó que Edelca no piensa ni aspira a una fusión con Cadafe, ni tampoco la Ley lo
expresa. Hay otro problema, y este es fijar las tarifas para los servicios de transmisión, distribución y
generación, antes de entrar el mercado. El director de transformación de Edelca explicó que hay muchas cuestiones sin responder:
los precios, quiénes son los compradores y vendedores, cuáles serán las penalizaciones, calidad de los servicios, robos de energía. Aspectos que debía responder la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Edelca crea cinco empresas
76
Edelca aspira crear cinco empresas. CVG Edelca, CVG Transmisión Troncal, CVG Empresas Telecomunicaciones, CVG Transmisión del Caroní y CVG Edelsur. La empresa de transmisión troncal se expande a todo el sistema eléctrico en oriente, occidente y centro, lo cual configura según las declaraciones de Negrín que debe ser eficiente y competidora y abarcar hacia todo el país. CVG Edelsur podría constituir una empresa con Cadafe para atender los pequeños clientes de la región y una quinta empresa, que será de Telecomunicaciones, transportará la fibra óptica de mucho interés para las telecomunicaciones, ubicada en la línea muerta en la parte superior del tendido, que sirve para desviar las descargas eléctricas. La desverticalización de la actividad eléctrica debe resultar tan silenciosa que trascienda cuando sea un hecho consumado para que no sufra ningún perturbación el servicio, es el criterio de Negrín. Esta es una responsabilidad que debe preocupar a todas las empresas eléctricas estatales.
A competir La Ley habla de competencia, por lo que se requiere una o varias contrapartes para medir la
eficiencia. Pasar de un servicio totalmente integrado a uno conformado por cuatro o cinco empresas independientes, sería difícil asegurar un buen desempeño.
77
Anexo D9 El Mundo. Viernes 20 de julio de 2001 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN MORA CON EL SECTOR
ELÉCTRICO LUZ Según Rafael Rivero, el 21 de septiembre culminará el período de transición definido
en la Ley del Servicio Eléctrico y no hay respuestas María Lourdes Sandoval M. "El Ministerio de Energía y Minas ha abandonado al sector eléctrico nacional". Así lo denunció, el diputado Rafael Octavio Rivero, miembro de la Comisión de
Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Según Rivero, el próximo 21 de septiembre se cumplirá el plazo de transición de dos años
otorgado al Ejecutivo para atender el estado emergencia en el que se encuentra el servicio eléctrico nacional "sin que el Ministerio de Energía y Minas haya tomado decisión alguna".
A esto se agrega, el que la Asamblea Nacional difirió nuevamente el estudio de la reforma a la Ley del Sector Eléctrico.
Diferimiento Ni siquiera el apagón sufrido por el Palacio Legislativo en horas de la tarde de ayer, fue
suficiente para convencer a este foro político de la importancia del problema, por lo que la discusión fue aplazada para el jueves de la semana próxima.
Rivero informó que el sector de energía eléctrica presenta una desinversión acumulada desde el año 1995 y que los estudios preliminares señalan que el mismo requiere una inversión de 10.000 millones de dólares (1.000 millones de dólares anuales en diez años).
Agregó que el plazo concedido a la Ley debió ser utilizado para la realización de un diag nóstico profundo del sector con el fin de establecer la situación y los costos en las etapas de generación, transmisión y distribución de la energía.
Capital privado Explicó que se ha debido constituir la Comisión Nacional de Electricidad " para que
definiera las condiciones necesarias para iniciar un proceso de apertura al capital privado y establecer estándares de costos y calidad del servicio".
Concluyó que en la actualidad, sólo el Area Metropolitana está exceptuada de la problemática ya que el resto del país sufre de constantes racionamientos y apagones "el estado Falcón ya fue declarado en emergencia " Rafael Octavio Rivero explicó que la Asamblea Nacional tendrá que extender la vacatio legis que vence en septiembre puesto que aun no están claros los conceptos dentro del proyecto de reforma a la Ley sector eléctrico.
Al parecer, la reforma manejada por el partido de gobierno presenta incongruencias en la manera como concibe el mercado.
"Se entiende que los objetivos de la empresa eléctrica es lograr un mercado competitivo y la reforma que ellos entregaron habla de la lucha contra los monopolios.
78
Esto es redundante e incongruente" agregó Rivero. Señaló que la obsolescencia de la red eléctrica debe verse como una prioridad ya que los
niveles de inversión que se requiere están fuera del alcance del sector público. PARÁLISIS Leyes de descentralización La Comisión de Participación Ciudadana y Descentralización de la Asamblea Nacional
instó a la vicepresidenta de la República, Adina Bastidas a que entregue el proyecto de Ley de Consejo Federal de Gobierno (CFG), órgano regente del proceso de descentralización del país.
Wilfredo Febres, presidente de esta instancia legislativa, explicó que en la actualidad se encuentra paralizada la discusión de la Ley que crea el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), la Ley de Hacienda Pública Estadal, la Ley de Consejos de Planificación Estadal y la Ley de los Consejos Locales de Planificación. Todos estos proyectos asociados a la descentralización esperan por la versión definitiva de la Ley de Consejo Federal de Gobierno para recibir su segunda discusión en el Parlamento.
Febres agregó que este retraso ha podido evitarse puesto que la Asamblea Nacional "no ha debido habilitar al Ejecutivo en una materia tan importante que requiere de consulta nacional y tiene rango de Ley Orgánica".
JESÚS CONTRERAS ASAMBLEA Los legisladores extenderán la vacatio legis
79
Anexo D10 Prensa Asamblea Nacional. Martes 7 de agosto de 2001 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL REPRESENTA LA
NUEVA VISIÓN DEL SECTOR Por: Por Rosario Grijalva Prensa/AN En opinión del presidente de la CVG, Francisco Rangel Gómez, sumamente interesante
resulta la fase de consulta que viene realizando la Asamblea Nacional a través de la Subcomisión de Energía y Servicio Eléctrico con motivo de la modificación de la Ley Orgánica de Sistema Eléctrico Nacional “toda vez que su texto representa una nueva visión del sector, es una ley de primera y siendo nosotros el primer productor de energía eléctrica en el país, nos parece el lugar más apropiado para dar a conocer su contenido y poder ofrecer nuestro apoyo al cumplimiento de esta ley”.
Así lo afirmó Rangel Gómez durante la instalación de la consulta efectuada este lunes en la ciudad de Puerto Ordaz, acto que contó con la asistencia de numerosos representantes, Edelca, municipios Roscio y Caroní, así como público en general que acudió a aportar sus propuestas y opiniones en relación con el proyecto de Ley Orgánico del Sistema Eléctrico Nacional, cuya discusión en primera se inicia el próximo jueves 9 de agosto.
Por su parte, el presidente de la Subcomisión de Energía y Servicio Eléctrico de la AN, diputado Luis Tascón, señaló que para la realización de este periplo el poder legislativo seleccionó los estados Mérida, Carabobo, Zulia, Nueva Esparta y Bolívar a objeto de cubrir los puntos cardinales y diversas zonas geográficas del país. “De esta manera, estamos cumpliendo con el mandato expreso en la Constitución relativo a la participación y donde también se señala que la AN debe someter el texto de cualquier ley a consideración de los factores interesados, en este caso del Sistema Eléctrico Nacional”.
El parlamentario informó que inicialmente la Subcomisión de Energía y Servicio Eléctrico había iniciado el estudio del proyecto de reforma al Decreto con rango y fuerza de Ley Eléctrica, “pero ante la responsabilidad de adecuar todo el marco legal a los actuales preceptos constitucionales y, en vista de su carácter estratégico y la amplia gama de relaciones jurídicas, de actividades, empresas y agentes públicos y privados que se interrelacionan dentro del sector eléctrico, se optó por elaborar un nuevo instrumento legal, esta vez de carácter orgánico”.
Reformas planteadas en la ley En cuanto a las reformas y al espíritu del referido instrumento legal, se mantiene la
separación de actividades, y en la actualidad se le están haciendo algunas observaciones para mejorar su contenido final, más su objetivo es el mismo. Al respecto dijo que en el sector eléctrico existen empresas pequeñas con altos niveles de gerencia y eficiencia, “las cuales irían a la quiebra si se les impone la separación de actividades, más en función de promover y desarrollar la inversión nacional y de propiciar la igualdad de oportunidades del sector, en el artículo 6, párrafo segundo, se establece la posibilidad de que puedan ser exceptuadas de la obligación de separación, algunas instalaciones de generación, transmisión y distribución,
80
conforme a sus características y a los criterios que establezca la Comisión de Energía Eléctrica”.
Otra reforma tiene que ver con la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, prevista en el artículo 15 del proyecto, que junto al Centro Nacional de Gestión, constituyen los entes fundamentales en la regulación y control de la prestación del servicio eléctrico. “Respecto a la primera se concluyó que, después de consultar a los sectores empresariales vinculados al área, era conveniente definirla como un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, sometido al control de tutela”.
Asimismo, la gradualidad en cuanto a la aplicación de la ley se expresa claramente en el proyecto, a objeto de postergar su aplicación, toda vez que ni las empresas del sector o el Ejecutivo, hasta el momento, han podido separarse ante la proximidad de la fecha establecida, estipulada para el 21 de septiembre”. Advirtió que ello no implica otra vacatio legis de dos años, sino que su aplicación se realizará gradualmente, es decir, en un período de seis meses deberá constituirse la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, institución que ya cuenta con presupuesto asignado, para luego crear la creación del Centro Nacional de Gestión, así como un Fondo para el Desarrollo de la Electricidad para zonas poco pobladas ubicadas en áreas rurales”.
Otra de sus responsabilidades será crear la normativa técnica y legal para el manejo de la electricidad en el país. “Al año de esta gestión deberá iniciarse la desverticalización de las empresas y para ello estamos ofreciendo en la ley lapsos específicos para que se produzca”.
AN estudia propuestas Sostuvo Tascón que de las propuestas recibidas durante la gira por los estados Mérida,
Zulia, Carabobo, Nueva Esparta y Bolívar, la subcomisión está considerado varias, “entre ellas, la denuncia recibida por parte de la Mancomunidad de Alcaldes del estado Nueva Esparta, región del país que después de la privatización del servicio eléctrico, ha venido reportando graves problemas debido a las fuertes discrepancias por la gestión de la empresa Séneca, los usuarios y los altos montos que éstos tienen que cancelar, a pesar de haber disminuido considerablemente el consumo, problemática que también está afectando notoriamente al sector turístico en la isla ”.
Informó habérsele solicitado a la AN derogar el artículo 122, relativo a los contratos de concesiones otorgados previos a la sanción de la ley, “conceptos bien interesantes que deberán ser revisados, sobre todo aquellos perjudiciales para la nación. Además tenemos que adecuarlos a las condiciones de la nueva ley, por ejemplo, en Nueva Esparta se firmó un contrato de concesión por 50 años, aunque la ley prevé 30, y aparte de esto, a dicha empresa se le otorga el monopolio de la generación, cuando en el texto de la ley se estipula la competencia y esto tiene que redefinirse”.
Nuevas tarifas Al tocar el tema de las tarifas eléctricas, el parlamentario señaló que la propuesta del
Ministerio de Energía y Minas es derogar el decreto de 1998 que establece las tarifas del sector. “Estamos de acuerdo con el MEM en la revisión a objeto de hacer más competitivo el mercado eléctrico, fijando unas tarifas aceptables en la parte de generación”:
Respecto al tema del alumbrado público y a quién compete este sector, Tascón indicó que este concepto también cambia, esta vez responsabilizando a los municipios para que entreguen
81
los insumos para el alumbrado, mientras que el suministro de energía será labor de la empresa eléctrica. “Ello a objeto de aclarar los balances y evitar que se traslade de forma irregular al consumidor las cuentas por este concepto, cuando es al municipio a quien compete través de sus impuestos cobrar y no a la empresa generadora del servicio a través de un recibo de electricidad”.
Por último, Tascón dijo que al entrar este jueves a primera discusión el proyecto, a lo sumo en dos semanas se realizará la segunda consideración del instrumento legal “y una vez aprobada por la AN, pasará al Tribunal Supremo de Justicia para que éste se pronuncie en cuanto a su carácter orgánico”.
82
Anexo D11 El Mundo. Lunes 13 de agosto de 2001. LAS LEYES DE QUINTA NUEVA LEY ELÉCTRICA ASPIRA ROMPER GRUPOS DE PRESIÓN
REFORMA La subcomisión eléctrica de la Asamblea Nacional acordó convertir el instrumento legal en una ley orgánica. El primer paso después de promulgada será crear la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, para ordenar el sistema eléctrico nacional en favor de los usuarios y evitar que las tarifas venezolanas superen 15 por ciento a las tarifas estadounidenses
José Suárez-Núñez Durante el tránsito para la reforma de la ley eléctrica, la comisión de Energía y Minas de la
Asamblea Nacional, recibió el impacto de continuos apagones y caos eléctrico en todo el país. Consideraron los diputados que sería muy simplista hacer una reforma y extender el plazo
para que las compañías eléctricas estatales y privadas separaran las actividades de generación, transmisión y distribución y llevaran contabilidades distintas de sus operaciones.
Luis Tascón, diputado tachirense y presidente de la subcomisión eléctrica, dijo que descubrieron en ese intervalo que las compañías eléctricas no habían realizado inversiones para mejorar el servicio en favor de los usuarios.
No se habían realizado inversiones, no obstante haber detectado que las tarifas eléctricas venezolanas superaban en un 15 por ciento a las estadounidenses.
Tascón señaló que la situación ameritaba una reforma más profunda, porque no se justificaba que con costos tan bajos de 20 bolívares para servir un kilovatiohora de hidroelectricidad, los usuarios estaban pagando un promedio de 60 bolívares el kilovariohora.
La decisión de la subcomisión fue dictar un año de vacation legis, para sincerar la situación mientras se promulgaba la nueva ley.
Según Tascón, había que resolver la presión que ejercían tres grupos dentro del sector, que no les interesaba el reordenamiento del sistema y proteger los derechos del usuario, con tarifas más razonables.
Identificó a Cadafe, Edelca y La Electricidad de Caracas como los tres actores principales de esa situación, y señaló que Cadafe y Edelca deben desaparecer como estructuras verticales y someterse a la separación de actividades.
El primer paso para "desverticalizarlas" sería darle paso al artículo 3 de la nueva ley, con la creación de una empresa de transmisión hidroeléctrica, donde estarán ubicados conjuntamente los activos de las dos empresas estatales, dijo Tascón.
Explicó que Edelca, que posee el mayor poder hidroeléctrico de las firmas estatales, no podrá servir con eficiencia a todo el país porque hay negociaciones con una empresa brasileña interesada en instalar una planta siderúrgica en esa región y dos empresas de aluminio, que requerirán grandes montos de electricidad.
Tarifas altas
83
El presidente la subcomisión eléctrica dijo que era lamentable que por la desidia de gerencias eléctricas pasadas y actuales, la región occidental, en particular la tachirense, estuvieran pagando 40 bolívares por kilovatio hora a la empresa colombiana Termotasajero, que está supliendo electricidad a los Andes.
Tascón no es partidario de privatizar empresas estatales como Enelven y Enelbar, que se manejan con eficiencia. En caso de venderse sería preferible que fuera Cadafe, que siempre ha sido un mal negocio.
También asegura que no está en contra de la participación privada en el sistema eléctrico, pero existen otras opciones que serán dadas a conocer.
En la nueva ley, el Estado se reservará la transmisión de voltaje troncal de 230 kilovatios en adelante, y las líneas inferiores a esa fuerza podrían constituirse en varias empresas estatales en diferentes regiones del país.
Las actuales empresas públicas y privadas tienen hasta el 31 de enero del 2003 para separar sus actividades, dijo Tascón.
Señaló que después de aprobada la nueva ley, habrá un período de un año para constituir la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Cnee, para ordenar el sistema eléctrico, y dentro de sus atribuciones está la creación del Centro Nacional de Gestión, CNG, para ordenar y operar técnicamente la actividad.
Según Tascón, los aspectos esenciales son: • La generación está abierta a la competencia, con autorización del MEM y la
autogeneración será autorizada a una zona determinada. • La transmisión estará sujeta a concesión, con las reservas que tiene el Estado, y
una posible expansión estará abierta a todos los inversionistas.
ENERGÍA Fijar tarifas y controlar las actividades eléctricas La ley creará la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (Cnee) para regular, supervisar,
fiscalizar y controlar las actividades del sistema eléctrico nacional. Será un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco nacional, con autonomía funcional, administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, para proteger los derechos de los usuarios y la eficiencia del servicio eléctrico. Será financiado por el aporte de 1,5% del monto de las facturas de los usuarios. La Cnee promoverá la competencia en la generación y comercialización de la electricidad y garantizará el libre acceso de terceros a los sistemas de transmisión y distribución.
La Cnee elaborará las propuestas para fijar las tarifas eléctricas que aplicarán las empresas estatales y privadas, las cuales serán aprobadas por el MEM. Este organismo establecerá y fiscalizará el funcionamiento del Centro Nacional de Gestión (CNG) del sistema eléctrico, y sustituirá al actual Opsis. La Cnee tendrá cinco miembros, tres designados por el Ejecutivo Nacional y otros dos por la Asamblea Nacional. El Centro Nacional de Gestión establecerá la cobertura geográfica y limitación de mercados de las empresas eléctricas; las garantías, calidad y normas que regirán para el servicio en la operación de las plantas; el acceso a la capacidad de transporte, evaluaciones de la calidad de los servicios y resolver los conflictos entre las empresas, que sean sometidos a su consideración, y favorecer la organización y participación de los usuarios.
84
ESTRATEGIA Hidroelectricidad reserva del Estado La nueva ley del servicio eléctrico será orgánica y para protección de los usuarios frente a
situaciones de monopolio. En ese sentido declara con carácter estratégico el complejo termoeléctrico de Planta Centro, y se reserva la actividad de la generación hidroeléctrica de los ríos Caroní, Paragua, Caura, Uribante, Caparo, Boconó, Tostós, Santo Domingo, Capaz, Doradas y Masparro. La ley declara como servicio público el sistema eléctrico nacional y de utilidad pública y de interés social las obras y bienes afectados. El Estado se reservará la propiedad de aquellas empresas estatales del servicio eléctrico.
El Estado, a través de la ley, separa las actividades de generación, transmisión y distribución, que no podrán ser desarrolladas por una misma empresa y deben contabilizarse en forma separada, para facilitar la imputación de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos relacionados con el uso de la actividad eléctrica.
CADENA CARRILES ACTIVIDAD El Estado se reservará las cuencas de los ríos para operar la hidroeléctrica JESÚS CONTRERAS OPINIÓN El diputado Luis Tascón detesta los monopolios públicos y privados CADENA CARRILES LEY La transmisión eléctrica estará sujeta a concesión
85
Anexo D12 El Mundo. Jueves 30 de agosto de 2001. PARALIZADA LEY ELÉCTRICA EN LA ASAMBLEA NACIONAL
POLÉMICA Diputados del MVR acusan al Ministerio de Energía y Minas de quitarle autonomía a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
José Suárez-Núñez La Ley Eléctrica, una de las banderas de la actual administración y la primera que se
promulga desde que se fundó la República, ha quedado atrapada en la Asamblea Nacional para hacerle una reforma. En todo caso, ésta nunca llegó a ser aplicada.
Habrá que redactar otra y el Ministerio de Energía y Minas tendrá una sanción administrativa si no está aprobada para el 21 de septiembre próximo, porque fue este Despacho el que fijó los plazos para la Habilitante.
El diputado Luis Tascón, presidente de la subcomisión eléctrica, declaró que la Ley fue aprobada en primera discusión pero ha quedado paralizada por presiones del Ministerio de Energía y Minas, que aspira eliminarle las funciones legislativas a la Asamblea Nacional.
El MEM está pidiendo otro año para designar los cinco miembros de la Comisión Nacional de Energía, quitándole así la potestad a la Asamblea Nacional de designar dos miembros de la sociedad civil.
Megaministerio Además, se oponen a que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica tenga autonomía
técnica y financiera, cuando en la práctica es un megaministerio con penetración en petróleo, petroquímica, gas, electricidad y minas, y la política petrolera en la Opep. No obstante esa soberbia figuración, es un ministerio incompetente.
Edelca, que tiene mucha influencia, está presionando para que designen como miembros de la Comisión Nacional de Energía a ejecutivos de esa empresa, cuando la Ley lo prohibe expresamente.
Tascón enfocó sus críticas contra Luis Salas, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, a quien identifica como parcializado con el Ministerio de Energía y Minas y mantener un franco conflicto de intereses con un importante bufete caraqueño, que es asesor legal de la eléctrica.
Agregó que el ministro y viceministro de Energía no tienen experiencia en el área, lo cual hace difícil el intercambio y se advierte como circunstancia adicional, una sólida relación en las políticas estratégicas con la Cámara Eléctrica.
Irregularidades El presidente de la subcomisión supone irregularidades en el desembolso de 400 millones
de dólares de Edelca, destinados a la construcción del tendido mediante el cual Venezuela suministrará electricidad a Brasil.
86
Según él, dicha obra tiene un precio superior a la media internacional en tendidos de esas características.
Edelca es una empresa reconocida por sus despilfarros, además de otras prácticas desagradables, comentó Tascón.
"Sigue siendo igual a la cuarta república y las famosas turbinas es un buen ejemplo de dolo. La empresa es como un bunker al que no tiene acceso la investigación externa para
profundizar en la realidad de su situación financiera y operacional". Edelca no quiere ceder sus privilegios. Desea mantenerse como una isla de poder para
seguir operando las tres actividades del negocio y se niega a que el Estado realice su rol, según el diputado Luis Tascón.
ENFRENTAMIENTO Acuerdo técnico Energía y Minas ha dicho que no tiene recursos para las obras imprescindibles, pero Edelca
gastó 400 millones de dólares para vender electricidad a Brasil, después de convencer a Caldera con un acuerdo técnico chucuto, declaró el presidente de la subcomisión de electricidad de la Asamblea Nacional. Dijo que con 240 millones de dólares se habría construido la casa de máquina de "La Vueltosa" para aportar al parque eléctrico 550 megavatios. Otros 12 millones de dólares se hubiesen destinados a la reparación de la planta de Santo Domingo; ocho millones para el mantenimiento de Peña Larga; 12 millones para reparar San Agatón, 16 millones para planta Táchira y 16 millones para Masparro.
87
Anexo D13
Prensa Asamblea Nacional. Miércoles 26 de septiembre de 2001 TAL COMO LO CONTEMPLA LA REFORMA DE LA LEY SISTEMA
ELÉCTRICO REQUIERE INVERSIÓN DE MIL MILLONES DE DÓLARES POR DIEZ AÑOS
Por: Sandra Ayala El diputado Rafael Octavio Rivero (Copei/Portuguesa), informó que la aprobación de la
reforma de la Ley del Servicio Eléctrico requerirá una inversión de mil millones de dólares por un lapso de 10 años, para culminar todo el sistema de generación, transmisión y distribución de la energía. Así lo expresó en el marco de la segunda discusión de la citada reforma en la plenaria de la Asamblea Nacional, donde precisó que estaría pendiente la culminación de las plantas Caruache y El Sitio, esta última para prestar servicio al área central.
Además, destacó que la cuantiosa inversión se orientaría a adecuar las líneas de transmisión y el sistema de generación. "Se debe tomar en cuenta que 70 por ciento de la generación depende del Guri y el otro 30 por ciento es de generación térmica, la cual se encuentra en obsolescencia e inoperable".
Dijo el parlamentario que el deterioro de los equipos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica es producto de la desinversión de más de 10 años. Poniendo como ejemplo el área Metropolitana, adelantó que la empresa privada debe invertir en una planta de generación que permitan producir 1.500 megavatios. "Esta planta tiene que estar instalada antes del año 2003 para poder darle solidez al servicio en el área metropolitana, y para ello se necesitan las reglas claras en materia legislativa".
A su juicio, el servicio eléctrico a escala nacional está viviendo la peor crisis, pues no se cumplió con la separación de las etapas de generación de electricidad antes del 21 de septiembre, fecha en la cual se vencía el proceso de transición previsto en la norma aprobada en 1999. "Vencido el tiempo de transición, se hace necesario prolongar los espacios para crear la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, a fin de definir la integración de las empresas del Estado, así como la creación del Centro Nacional de Energía Eléctrica, por eso la reforma tiene especial significación, pues estamos ante un sistema que requiere una serie de inversiones y el Ejecutivo no tiene recursos para suplir esta demanda", recalcó el diputado. –¿Cuáles son las innovaciones de esta reforma? –En la ley reformada se establecen medidas claras de separación de actividades de las empresas, definir los sistemas de calidad de los servicios, el sistema tarifario, las inversiones que están por el orden de los diez mil millones de dólares en los próximos 10 años.
Con relación a las tarifas destacó que estarán determinadas por la libre competencia, debido a que el modelo actual es monopólico y con la reforma serán reguladas por el Estado.
88
Anexo D14
Siete Días- El Nacional. Domingo 21 de Octubre de 2001 EL EFECTO DESINVERSIÓN Y TARIFAS El verdadero enfermo necesita combustible Las plantas térmicas están desfasadas y son improductivas, pero resultan indispensables
para enfrentar una probable caída de la productividad del Caroní. Los sacrificios corren por cuenta de Pdvsa, Elecar y otros empresas de dimensiones más modestas
David González Mientras la demanda energética obliga a “exprimir” el embalse de Guri, la pregunta que
inevitablemente surge es ésta: ¿cuenta el país con el parque termoeléctrico necesario para mitigar los problemas de Edelca? La respuesta es a la vez sí y no, de acuerdo con requerimientos técnicos y financieros. La perspectiva afirmativa descansa en la capacidad instalada con que cuenta el país, especialmente en Planta Centro (estado Carabobo). Pero también hay un margen en otras instalaciones industriales ubicadas en Táchira, Punto Fijo, Anaco y Guanta. El Estado tendría que inyectar un monto de 70 millones de dólares para llevar a cabo el mantenimiento mayor de esta infraestructura básica. De hecho, según Nervis Villalobos, director general del Ministerio de Energía y Minas, a partir de junio de este año se inició un plan para recuperar Planta Centro.
El resultado es que actualmente funcionan tres máquinas; dos de ellas con combustible pesado y una, que estaba activa para la fecha, con gas. Aunque nominalmente se cuenta con un aumento de la generación termoeléctrica, hay que advertir que las máquinas rehabilitadas son tecnológicamente atrasadas y “bastante ineficientes”, según un especialista del sector. Justamente, este hecho pone de relieve el atraso en las inversiones, el desfase institucional y la ausencia de un marco regulatorio, falla esta última que apenas se corrigió este año con la nueva ley del sector eléctrico. Sin embargo, la participación del sector privado sigue siendo una incógnita en esta actividad económica. “Para que las inversiones se materialicen hace falta un cuerpo reglamentario que acompañe la ley, especialmente en lo que concierne a las tarifas”, afirmó Richard Obuchi, investigador del IESA.
La escasez de energía eléctrica también obedece a cuellos de botella estructurales, como ocurre en la región de los Andes. El servicio es poco confiable y de hecho hay un racionamiento en el suministro eléctrico. La compra a proveedores colombianos –de lunes a viernes y durante dos horas diarias– ha servido como paliativo, pero los técnicos no auguran un cambio significativo en los próximos tres años.
La severa sequía que ha puesto en entredicho la capacidad de Guri obedece, igualmente, a una práctica extendida en el Estado venezolano. “Simplemente, se creyó que el Caroní era una fuente inagotable de energía, sin riesgos asociados”. El gobierno del presidente Chávez le ha pedido a la Electricidad de Caracas que aumente la generación eléctrica en la planta de Tacoa. De hecho, Elecar está incorporando al sistema interconectado nacional 70 gigavatios al mes. Y lo ha hecho a regañadientes, porque Cadafe ha incumplido con el pago de los suministros
89
provenientes de Tacoa. Una situación similar se presenta en el caso de la única planta que se privatizó durante el gobierno de Rafael Caldera, la de Margarita, cuya generación propia ha significado un respiro para Guri.
De hecho, la empresa que administra la planta, Seneca, también ha contribuido con aportes al sistema interconectado. Sin embargo, de acuerdo con un informe corporativo de Edelca, la planta margariteña “podría generar carga adicional, pero no ha tenido suficiente combustible –suministrado por Pdvsa–, ni definición de quién lo pagaría, ni a qué precio”. Según fuentes allegadas a la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSI), las plantas termoeléctricas deberían generar 40% de la electricidad que se consume en Venezuela, bajo la premisa de que se encuentran a tono; pero en realidad apenas contribuyen con una fracción del requerimiento señalado.
En el manejo de la crisis, Pdvsa ha asumido una cuota de sacrificio. Algunas de sus plantas, concebidas para generación propia, han sido “liberadas” para que aporten al sistema interconectado. Una de ellas es Genevapca, ubicada en la península de Paraguaná, en el estado Falcón. Otras empresas asociadas al antiguo modelo de Cadafe –Enelven, Enelbar y Eleval– han tenido que aumentar sus aportes al sistema.
Otra de las razones que han propiciado la desinversión en los activos de la planta, y que tienen un efecto espejo en la crisis, es la combinación de bajas tarifas con el robo de energía, más allá de un nivel tolerable. Actualmente ese robo alcanza a 30%, y Cadafe ha sido la principal víctima de esta práctica extendida por todo el territorio nacional. El espejismo de la privatización contribuyó al deterioro de las plantas termoeléctricas, y la búsqueda de un socio privado que contribuya a generar capacidad gerencial y administrativa sigue siendo eso: un espejismo.
90
Anexo D15 El Nacional. Miércoles 25 de septiembre de 2002
CADAFE Y EDELCA PEDIRÁN PRÓRROGA PARA ADECUARSE A LA LEY DEL SECTOR
Corina Rodríguez Pons Al comenzar la Mesa Redonda del Sector Eléctrico, los panelistas insistieron en quejarse
por la falta de políticas claras y por el retraso en la reglamentación y aplicación de la nueva Ley Eléctrica. Durante el foro, representantes de las empresas eléctricas estatales más grandes del país –Cadafe y Edelca– admitieron que deberán solicitar una prórroga de por lo menos seis meses para adecuarse al nuevo modelo que impone el texto legal, que debería entrar en vigencia en diciembre. Según el Gobierno, la ley se aplicará, aunque sea más tarde.
Julián Leal, presidente encargado de Edelca, admitió que necesitan aproximadamente siete meses para comenzar a operar con las nuevas cuatro unidades de negocio como empresas independientes y cumplir con la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad que exige la ley.
El presidente de Cadafe, Luis Rodríguez, comentó que “el tiempo se había convertido en una amenaza para la adecuación de Cadafe a la Ley Eléctrica”, pero no precisó plazos para su implantación.
Sin embargo, el viceministro de Energía, Nervis Villalobos, sí lo hizo. Reconoció que Cadafe no está lista para separar sus actividades, a pesar de que el plazo para que todas las empresas eléctricas se ajustaran al cambio del modelo termina el 31 de diciembre de este año. “Será necesaria la prórroga”, admitió, “pero no queremos que se confunda la separación de las actividades del sector con la implantación de la ley. Debe quedar muy claro que sí se va a aplicar”, afirmó Villalobos.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica, Carlos Pérez Mibelli, afirmó que “de continuar esta incertidumbre se dificulta la obtención de recursos financieros entre los inversionistas nacionales y extranjeros, justo ahora cuando el Gobierno tiene serias dificultades para afrontar un gasto de 200 millones de dólares anuales que le exige la industria eléctrica estatal”. Esto lo dijo en vista de que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –ente que servirá de regulador del nuevo modelo de negocio en el que se separarán las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica– no se ha constituido, a pesar de que el plazo para crearla, según la ley, termina en diciembre.
91
Anexo D16 Prensa Asamblea Nacional. Miércoles 18 de junio de 2003. DIPUTADOS EXHORTAN AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS A
CUMPLIR DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA VIGENTE LEY Por: Rosario Grijalva Ortega La Comisión de Energía y Minas exhortará al Ministerio de Energía y Minas a que designe
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y la Comisión Reguladora de dicha actividad, "disposiciones transitorias del vigente instrumento que rige el sector, cuya prórroga de creación se vence en diciembre de este año".
Roger Rondón (Podemos/Delta Amacuro), presidente de la Comisión de Energía y Minas
de la AN, a su salida del encuentro con los 22 directivos de las empresas del Sistema Eléctrico Nacional, afirmó que por parte del Ejecutivo nacional existe una mora "en cuanto a la designación de dichos entes, aspecto éste que no ha permitido, entre otros, la separación de actividades de cada una de las empresas del sector".
Por eso -acotó el parlamentario- vamos a exhortar al ministro de Energía y Minas a fin de que se cumpla con estos requerimientos, en vista que a finales del 2003, se vence la prórroga que establece las disposiciones.
Explicó Rondón, que la mayoría de los planteamientos presentados este miércoles denuncian este incumplimiento, así como los que guardan relación con el robo de energía eléctrica, "situación que genera pérdidas cuantiosas que alcanzan los 600 millones de dólares anuales, materia sobre la cual se urgió a la Asamblea Nacional a legislar sobre la marcha".
Informó que, incluso, la Comisión Mixta que adelanta la reforma del Código Penal, ha contemplado la posibilidad de incluir un articulado con el objeto de sancionar, de manera efectiva, el hurto de energía en el país.
Sustituir y reacondicionar También señaló que los propios directivos de las empresas presentes, C.A. Electricidad de
Caracas, Luz Eléctrica de Yaracuy, Cadafe, Enelven, Edelca, Enelbar, Eleval, Elebol, Calife, Elegua, Séneca, Elecentro, Enelco, Eleoccidente, Semda, Cadela, Eleoriente, Desurca, Planta Centro, MEM y Caveinel, plantearon la necesidad de agilizar la sustitución y reacondicionamiento del parque eléctrico nacional "porque incide en el suministro de energía eléctrica".
Con relación al subsidio de las tarifas que se otorga al sector, específicamente en la región zuliana, Rondón dijo que el planteamiento fue expuesto por los representantes de Enelven y Enelco, quienes informaron que su aplicación "no ha permitido el crecimiento de las operadoras a nivel regional".
El parlamentario acotó que ello también conlleva un costo político, porque atenta en contra de la estabilidad de los sectores menos favorecidos económicamente y, al respecto indicó que
92
deberá producirse una fórmula consensuada, empresarios del sector eléctrico y Ejecutivo nacional, "a fin de buscar una fórmula que pueda ser rentable para ambos sectores".
Por último informó que por lo que resta de año "no está previsto incremento alguno en las tarifas", subrayando que corresponderá al ente ministerial del sector tomar esta decisión de fijar las mismas.
Estamos revisando Mientras, el presidente de la Subcomisión de Energía y Servicio Eléctrico, diputado Luis
Tascón (MVR/Táchira), refirió que se ha venido revisando la situación del servicio eléctrico nacional "sobre todo, la aplicación de lo que fue el decreto con rango y fuerza de Ley de Servicio Eléctrico de 1999 y lo que posteriormente se transformó en la Ley Orgánica de Servicio Eléctrico".
Advirtió que, de lado y lado, hay responsabilidades que cumplir. Las empresas eléctricas tienen que revisar y cumplir con muchas de las disposiciones de la ley, así como con el Código Uniforme de Cuenta y recordó que las empresas tienen una deuda con el país "explicarle al país sobre la estructura de costos", añadió.
En su opinión, a diferencia de otros países donde la generación de energía es lo más costoso, en Venezuela pareciera que es lo más barato, advirtió. Al contrario lo que es la administración, transmisión, distribución y facturación "es lo más elevado, lo cual es irracional", explicó.
Dijo que se está revisando la posibilidad de hacer una reforma parcial de la ley de servicio eléctrico, para que exista cumplimiento de esa ley, por parte de las empresas, como del ministerio de Energía y Minas. Con relación a las disposiciones previstas en el instrumento legal vigente, Tascón señaló que también deberán ser revisados "porque no se ha aplicado la separación de actividades, lo cual no es responsabilidad del despacho, sino de las empresas".
"Esta reunión es importante, porque impulsará la transformación estructural del sector eléctrico con el objeto de abrir el sector generación a las inversiones, "para que definitivamente tengamos un sistema eléctrico sano, en vista que en los próximos años se pronostica un déficit de energía, producto de falta de inversión del referido sector", denunció
Planteamientos fundamentales Por su parte, Carlos Pérez Mibelli, vicepresidente ejecutivo de Caveinel informó que el
sector presentó los planteamientos fundamentales a la instancia parlamentaria. Agregó que el sector eléctrico requiere mil doscientos cincuenta millones de dólares anuales "es un parque intensivo en capital, que requiere por ende, un flujo continuo de recursos financieros, porque de lo contrario, el suministro de energía en el país se va a ver perjudicado".
Advirtió que la ocurrencia de fallas, apagones e incluso racionamientos que se han presentando, es debido a la escasez de generación térmica y a la vez falta de generación hidráulica "en vista de la fuerte sequía experimentada".
Denunció que las empresas privadas han estado asistiendo a los mercados internacionales, a la banca multilateral para captar esos recursos, "pero también esas empresas requieren condiciones apropiadas para que los recursos lleguen".
Perdidas en el sector
93
En cuanto a las perdidas del sector, Mibelli indicó en Venezuela son bastante altas, aproximadamente unos 800 millardos de bolívares anuales, "lo cual es muy significativo".
Sobre el subsidio cruzado, Mibelli explicó que es una situación que se ha venido practicando en los últimos 20 años. Consiste en recargar más la tarifa al sector industrial y comercial, en beneficio del sector residencial. Señaló que éste se ha ido corrigiendo en los últimos cuatro o cinco años, por cuanto se ha incrementado, un poco más, la tarifa que cancela el sector residencial y se ha disminuido, en términos unitarios, la tarifa que se cobraba al sector industrial y comercial.
94
Anexo D17 Prensa Asamblea Nacional. Lunes 30 de junio de 2003. MESA TÉCNICA CONOCERÁ VIABILIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY DEL
SERVICIO ELÉCTRICO Por: Rosario Grijalva Ortega Para analizar y conocer sobre la viabilidad de la aplicación de la Ley Orgánica del Servicio
Eléctrico, el próximo miércoles, 2 de julio, la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional realizará una mesa técnica de trabajo, a la que asistirán, para dar cuenta del sector, el viceministro de Energía y los directivos de Cadafe, Caveinel, Electricidad de Caracas y Edelca, entre otros.
Así lo informó el diputado Róger Rondón (Podemos/Delta Amacuro), presidente de la citada instancia parlamentaria, quien advirtió sobre la necesidad de conocer –de mano de los principales agentes del área– sobre la no aplicación de algunas de las normas reglamentarias estipuladas en las disposiciones transitorias del referido texto legal, que a la fecha “no han sido cumplidas”.
Determinar acciones Rondón, quien la semana pasada sostuvo una reunión con los 22 directivos de empresas
eléctricas del país para tratar sobre la actual situación del parque energético nacional, propuso celebrar este encuentro, esta vez con los entes rectores del sector para determinar las acciones que se adelantarán “antes del vencimiento de la prórroga otorgada, cuyo lapso culmina en diciembre de este año”.
El propio instrumento legal, en sus Disposiciones Transitorias, dispone que los órganos rectores del sector podrán disponer de un lapso así como una extensión del mismo para la creación de la Comisión Nacional de Energía (artículo 104) y el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico (artículo 107).
Si nos atenemos a los hechos, subrayó el parlamentario, al no haberse cumplido, a pesar de la prórroga, dicho mandato, eso nos indica que tampoco las normas que tutelarán a la Comisión Nacional y los reglamentos que regirán al Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico están listas, “porque de lo contrario, tal como lo estipula la ley, hubieran sido publicadas por el despacho de Energía y Minas”.
Reestructuración de Cadafe En opinión del asambleísta Luis Tascón (MVR/Táchira), miembro de la instancia
parlamentaria y quien preside la Subcomisión del Servicio Eléctrico, el encuentro también servirá para determinar qué ha pasado con la reestructuración de Cadafe, ordenada hace cuatro meses cuando se designó al viceministro de Energía del MEM, ingeniero Nervis Villalobos Cárdenas, en vista de la grave crisis estructural y económica de la empresa.
Tascón informó que entre las interrogantes también figuran por qué no se ha dado cumplimiento al artículo 6 del referido instrumento legal que ordena la separación jurídica y contable de las empresas, así como las consecuencias de este retraso.
95
La reunión se realizará el 2 de julio próximo, en la sede de la Comisión de Energía y Minas, ubicada en el piso 6, edificio José María Vargas, a partir de las 9:00 de la mañana.
96
Anexo D18 El Universal. Sábado 25 de octubre de 2003. Víctor Poleo asegura que urge modelo económico SECTOR ELÉCTRICO REQUIERE DEBATE PÚBLICO La pausa obligada por el Gobierno para diferir la aplicación de la Ley Orgánica del
Servicio Eléctrico (LOSE) y la definición de su régimen económico, impone un proceso reflexivo en la industria.
Víctor Poleo, ex director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas (MEM), considera que ese modelo económico "debe ser de dominio público y tener capacidad predictiva en el tiempo".
En su opinión "ningún modelo económico es per se garante de una sana relación entre la sociedad y la economía, siendo necesario moldearlo en sus particulares contextos históricos y políticos". La viabilidad de este modelo económico "precisa de un nuevo modelo organizacional, lo cual presagia resistencias en un sector autogobernado durante 100 años, preñado de ineficiencias operativas y gerenciales y, de mayor importancia, un sector que comprometido con un servicio público ignora al usuario, su razón de ser".
Advierte el analista y profesor universitario que "para que una inversión en generación sea genuinamente tal, y no un negociado coyuntural de intereses, se requiere de una definida lógica económica para la formación de los precios de las energías primarias, concretamente: la hidroelectricidad y los combustibles termoeléctricos. Con base en ello y con base en los costos de transmisión nacional, se forman las tarifas eléctricas de distribución, tan justas y razonables como justas y razonables han de ser la remuneración del capital en cada una de las tres actividades de la industria eléctrica (generación, transmisión y distribución)".
Poleo insiste en que el modelo económico debe ser de dominio público y tener capacidad predictiva en el tiempo. Sólo entonces están satisfechas las condiciones para una deseable competencia en generación y en distribución, actividades en las cuales el Estado puede llamar a capitales no estatales a participar por vía de autorizaciones y de concesiones, respectivamente".
Todavía hoy, dice el especialista, "pervive el modelo económico del pasado privatizador que, si alguno recuerda, se reduce a una suerte de recurrente minué o forcejeo entre el Estado y las empresas por un aumento enfermizo de precios y tarifas".
Y sostiene, al revisar la situación del sector, que "diferir la Ley Eléctrica es volver al pasado, es ubicarnos en el escenario privatizador del entonces Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV). Un escenario que rechaza cambios institucionales y estructurales en el sector y un escenario en el cual no habrá genuinas inversiones no estatales en ausencia de un modelo económico".
97
Anexo D19 Prensa Asamblea Nacional. Viernes 7 de noviembre de 2003
INSTALARÁN MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR NUEVA PRÓRROGA A LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO ELÉCTRICO
Por: Yira Yoyotte El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la AN,
diputado Abel Oropeza (Copei/Falcón), anunció que el próximo 19 de noviembre el viceministro de Energía y Minas, ingeniero Nervis Villalobos, deberá comparecer ante la referida instancia parlamentaria a fin de explicar, entre otras cosas, por qué el Ejecutivo nacional desea prorrogar por tres años más la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, la cual fue publicada en Gaceta Oficial No. 5.568 (Extraordinario) el día 31 de diciembre del año 2001.
Explicó el parlamentario, que el ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, deberá hacer lo propio a objeto de explicar a los diputados con cuántos recursos cuenta el Estado venezolano para resolver los problemas de energía eléctrica que presenta el país en los actuales momentos.
Oropeza recordó, que el viceministro de Energía y Minas, ingeniero Nervis Villalobos, se desempeña además como presidente de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe), empresa que, de acuerdo a sus propias palabras, no ha llevado a cabo, a diferencia de las otras del mismo ramo, esfuerzos tangibles para lograr la modernidad y adecuación que la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico exige.
"El Ejecutivo nacional es la instancia que está solicitando la prórroga, por ello sus representantes deben explicarle al país qué van a hacer mientras tanto, si siguen postergando la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Eléctrico el Estado deberá garantizar que cuenta con los recursos y las medidas suficientes para evitar que el mencionado sector colapse, generando consecuencias impredecibles para la población", señaló Oropeza.
El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos de la AN recordó, que tanto su persona como varios de sus colegas, han venido haciendo serias denuncias en cuanto a las deficiencias que presenta el servicio eléctrico del país, pero hasta los momentos, de acuerdo a su apreciación, no han tenido respuestas contundentes en torno al delicado tema.
Recordó que después de hacer un importante recorrido por el estado Apure, a fin de constatar, desde el punto de vista técnico, la situación del servicio de electricidad que se presta en la zona, conocieron que al menos San Fernando de Apure quedó totalmente a oscuras por más de tres días debido a que la planta de emergencia que les surtía el servicio sufrió daños irreversibles.
"Nuestro deber es alertar, tanto a la población como a las autoridades competentes en la materia, de lo contrario, el país colapsará en cualquier momento en cuanto a la prestación del servicio de energía eléctrica", agregó.
El diputado Abel Oropeza teme, según lo declaró, a que en un lapso de tres años el Ejecutivo nacional pida una nueva prórroga para la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
98
Servicio Eléctrico. "De ser así, estos seis años se sumarían a los 20 de desinversión que ya ha sufrido el sector", advirtió.
Al ser interrogado sobre cuáles serían las razones que han conllevado al Ejecutivo nacional a solicitar ante el Parlamento venezolano una prórroga para la entrada en vigencia del mencionado instrumento legal, el diputado Abel Oropeza se limitó a responder lo siguiente: "Cadafe no quiere desprenderse de los monopolios que maneja dentro del sector eléctrico".
El parlamentario explicó que el Ejecutivo ha incumplido con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, el cual establece la creación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que tendrá a su cargo la regulación, supervisión, fiscalización y control de las actividades que constituyen el servicio eléctrico.
"Tampoco se han tomado las previsiones para que los municipios, tal como lo establece el artículo 42 de la ley, asuman o promuevan la prestación del servicio eléctrico en el área de su jurisdicción y asegurar u servicio adecuado de alumbrado público", dijo Oropeza, no sin antes destacar que gracias al señalado incumplimiento hoy por hoy las autoridades regionales, tal es el caso de Apure y Falcón, entre otros estados, "se pelotean" las quejas de las personas jurídicas y naturales que padecen a diario los embates de la inseguridad y de las pérdidas multimillonarias que generan los artefactos y maquinarias que se dañan.
"Es urgente resolver la problemática del servicio eléctrico, de lo contrario, tendremos un país más inseguro y menos productivo", finalizó sentenciando el diputado Abel Oropeza.
Cabe destacar, que la decisión de invitar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y Finanzas a la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, fue consultada con el resto de los miembros de la citada instancia.
99
Anexo D20
El Universal. Martes 19 de octubre de 2004. Estima Marco de la Rosa, directivo de EDC "FALTA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN PARA APLICAR LEY ELÉCTRICA" MARIELA LEON Valencia. En momentos en que el Gobierno lanza al sector eléctrico el anzuelo reformista
de su ley, surge una oleada de opiniones afines y contrarias sobre ese replanteamiento. Marco de la Rosa, miembro de la junta directiva de La Electricidad de Caracas (EDC), consideró que "la falta de capacidad de ejecución" ha permitido la formación de paradigmas que han obstaculizado la aplicación de ese instrumento legal aprobado en 1999 y modificado en 2001.
Según manifestó en la sesión inaugural de la XXXVIII Mesa Redonda de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel), la reforma a la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) debe ser vista "como un medio y no como un fin; el objetivo final es la consecución de un servicio de calidad a mínimo costo y con sustentabilidad a largo plazo".
De la Rosa, recién designado vicepresidente global de Asuntos Regulatorios de AES, procedió en su exposición a derribar una serie de "paradigmas utilizados por el sector como banderas" justificatorias de la no implementación del marco jurídico.
"Se dice que este instrumento es privatizador, pero en su texto se especifica claramente el rol del Estado y se da oportunidad a la participación privada, sin que esto signifique una privatización", sostuvo.
También se ha advertido que "no puede haber competencia en el sector eléctrico, al estar dominado por empresas estatales".
Según estima De la Rosa que "podría darse la apertura y consecuente competencia a otros agentes no públicos en el área de generación; ciertamente con tratamientos específico, debido a las particularidades del sistema".
Otro paradigma empleado consiste en que "las empresas no han logrado separar sus actividades, desde el punto de vista jurídico y contable, por falta de tiempo imposibilitando la vigencia plena de la ley".
Existen casos de empresas como Enelven que tenía el proceso muy adelantado, y EDC que cumplió con todos los requisitos.
Entre el abanico de argumentos que pretende blindar el retraso, cuenta que "las actuales autoridades tienen una ideología contraria a quienes elaboraron la ley".
Este paradigma, al igual que los anteriores, son falsos porque "la legislación se aprobó durante este Gobierno".
De letra muerta a viva En su opinión "no ha habido capacidad de ejecución por parte del sector y, de monitoreo
constante de las políticas públicas que se generan". Planteó entonces la necesidad de
100
"intensificar la comunicación, la definición de los objetivos, la viabilidad y el decidido interés de implementar su modificación".
El directivo de EDC refirió que para que se haga efectiva "la reforma de la reforma" tiene que haber "una decidida capacidad de ejecución" y deben también definirse "los factores condicionantes para que el proceso tenga éxito".
101
Anexo D21
Conapri. Viernes 5 de mayo de 2006. INVERSIONES ELÉCTRICAS: PROYECTOS Y DESAFÍOS La obsolescencia del parque eléctrico nacional ha comenzado a revertirse, con la ejecución
de importantes proyectos. Así, se persigue conservar la ventaja de tener unos de los sistemas más avanzados de la región.
Caracas, 12 de marzo de 2006.-La disponibilidad de un servicio eléctrico confiable es la piedra angular del crecimiento económico, pues todas las actividades productivas dependen de este importante insumo. Es por ello que el sector eléctrico es un factor transversal de competitividad, y debe estar siempre dentro de las principales prioridades en los planes de desarrollo de un país.
Para 2004, se generaron 96.853 GWh, lo cual representó un incremento de 7,5% con respecto al año anterior. De ese monto, el 72% fue producido por plantas hidroeléctricas y el resto por termo electricidad. De acuerdo con la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel), se estima que entre 2006 y 2008 se incremente la capacidad de generación en 4.139 megavatios (MW), con una inversión aproximada de US$ 2.524 millones.
Presente prometedor El vicepresidente de Caveinel, Carlos Pérez Mibelli, declaró a Invest Venezuela que en los
últimos dos años se ha venido recuperando la situación de déficit eléctrico que tuvo el país entre 2001-2003, ya que en ese periodo se combinaron los efectos de sequía con un componente de obsolescencia del parque térmico de generación.
A estos factores se le sumaría la falta de fuentes de financiamiento para inversiones, tal y como argumentó el presidente de la estatal CADAFE, Nervis Villalobos. El también viceministro de Energía declaró: ”la única fuente que existía para 2003 era la Ley de endeudamiento, a través de la cual era que se hacían las pocas inversiones existentes. En 2004, esta situación cambió, ya que con los excedentes de los ingresos petroleros se crea el Fondespa, con un fondo de US$ 2.000 millones de los cuales se destinó un gran aporte al sistema eléctrico nacional. Se arrancaron varios proyectos de generación y transmisión y se ha llegado hasta proyectos de subestaciones de distribución. A principios de 2005 se sacó el Fondespa dos y, a finales del año pasado, se crea el Fonden que ya prevé financiamiento específico para infraestructura”.
La disponibilidad de recursos ha marcado una diferencia importante en los planes ejecutados y por ejecutarse en el sector eléctrico. Villalobos explicó que, gracias a dicha disponibilidad, se han podido materializar los planes de inversión en los últimos años, los cuales han estado focalizados en la ampliación de las capacidades de generación y transmisión, quedando pendiente el eslabón de distribución, donde actualmente comenzarán las inversiones.
Por su parte, Pérez Mibelli señaló que la mejora en las condiciones del sector eléctrico se evidencia en la materialización de importantes proyectos como el de Caruachi, la tercera
102
planta hidroeléctrica del sistema del río Caroní. Este proyecto contribuirá con 2.196 MW al Sistema Interconectado Nacional, lo cual es equivalente al consumo eléctrico de la Gran Caracas o del Edo. Zulia. Otra planta inaugurada recientemente fue la de Pedro Camejo, ubicada en la zona industrial de Valencia (Estado Carabobo), con una capacidad de generación de 300 MW.
Para 2006, se esperan otras inauguraciones, tal y como comentó Villalobos. Entre ellas se mencionan la planta de Palavecinos, una subestación en Higuerote, la línea desde Villa de Cura hasta el Sur de Guárico (Calabozo), la subestación Las Flores en Guanare y la subestación Barinas 4.
Pero la lista de proyectos en ejecución que estarán listos para los próximos dos años no se detiene allí. Desde el sur de Guárico comienza la construcción de una línea que llega hasta San Fernando de Apure, en sintonía con el desarrollo del eje norte-llanero y el eje Orinoco-Apure. Esto se va a empalmar con un plan ambicioso de distribución en el Estado Apure, con una inversión de US$ 195 millones, y se van a construir 5 subestaciones de transmisión: Achaguas, Matecal, Elorza, Guasdualito y San Fernando. Estos proyectos se ejecutarán en 18 meses.
También hay planes para desarrollar eléctricamente al Edo. Monagas y Delta Amacuro, los cuales para mediados de 2007 contarán con un sistema eléctrico confiable, ya que se están invirtiendo US$ 120 millones en la construcción de 7 subestaciones y mejoras en la red de distribución.
Otros proyectos importantes que se encuentran actualmente en ejecución son: (i) la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda con una capacidad 514 MW (conocida como La Vueltosa) que corresponde a la 3ra etapa del desarrollo Uribante-Caparo y estará lista para 2008; (ii) instalación de la planta Josefa Camejo en la península de Paraguaná con capacidad de 450 MW; (iii) Planta Ezequiel Zamora en Guárico de 150 MW y en Puerto La Cruz la Planta Alberto Lovera de 300 MW.
Si bien hay una preponderancia de proyectos eléctricos públicos, existen algunos casos con participación privada. Termobarrancas, inaugurada en marzo de este año, es una empresa del grupo Repsol YPF y es el único plan privado que se desarrolla en forma integrada para la producción de gas y la generación de energía eléctrica en el país, con el que se espera una generación que suplirá hasta un 30% del déficit existente en el occidente de Venezuela a partir del año 2007.
Por su parte, la Electricidad de Caracas está construyendo la Planta La Raisa en el Edo. Miranda, la cual deberá entrar en funcionamiento a finales de 2006 y generará 200 MW para suplir a la Gran Caracas.
En opinión del Presidente de CADAFE, se está buscando equilibrar el sistema de generación para no depender de unas zonas exclusivas y remotas donde está la carga, porque las líneas de transmisión son susceptibles a fallas. La idea es cambiar la topología de la red de forma de instalar centros de generación más cercanos a la carga para depender menos del sistema interconectado.
Obstáculos a vencer Los planes presentados por Villalobos demuestran esfuerzos por recuperar el parque
eléctrico nacional, haciendo especial énfasis en la disminución de la dependencia a las fuentes hídricas. Esto plantea un reto importante: el principal combustible necesario para el desarrollo
103
termoeléctrico del sistema es el gas y en los actuales momentos existen ciertas limitaciones en este aspecto.
Pérez Mibelli explicó la situación: “no contamos con suficiente gas para el mercado térmico. Lo que se está haciendo actualmente es que las plantas que están entrando al mercado sean duales: con diesel o con gas. Según anuncios de PDVSA, los cuellos de botella del gas se resolverán entre 2008-2009. Mientras tanto se usará diesel. Cuando los grandes de proyectos de gas comiencen a dar sus resultados indudablemente se resolverán los problemas de suministro de gas al mercado interno y por ende al parque térmico”.
Lo anterior deja al descubierto la necesidad de un desarrollo integral del sector energético, planes eléctricos y de gas avanzando en función de un cronograma que permita que la concreción de unos proyectos facilite la ejecución de otros. Si los planes de gas no se desarrollan en los tiempos planificados, esto tendrá un importante impacto sobre el desarrollo de los planes del sector eléctrico, ya que los desarrollos actuales que descansan sobre el suministro futuro de gas, tendrán que incurrir en costos adicionales para adecuar su tecnología al uso de otros combustibles a su vez más onerosos, esto de acuerdo a la opinión del experto en el tema, el profesor Richard Obuchi.
Otro de los retos fundamentales para el desarrollo sostenible del sector eléctrico es garantizar el acceso a financiamiento de las inversiones. Actualmente, la demanda de electricidad está expandiéndose a un 8%, en promedio se debe ubicar entre un 4 y 5%, esto implica que no sólo son necesarias inversiones para mantener el parque eléctrico actual sino que continuamente hay que realizar inversiones nuevas en el sector.
Desde 2004, el país vive una coyuntura favorable gracias a los elevados precios petroleros. Sin embargo, hay que pensar en el largo plazo y garantizar el flujo de recursos, independientemente de los ingresos fiscales provenientes de crudo. La ley de 1999, previendo esta situación, contempla la participación privada en cada una de las fases del sector eléctrico: generación, transmisión, distribución y comercialización. No obstante, a la fecha, no se han visto importantes entradas de capital privado hacia el sector, salvo algunos casos muy puntuales. Las principales fuentes de financiamiento, además de los recursos públicos, han sido multilaterales.
De acuerdo con el análisis del presidente de CADAFE, la condición que debe darse para que los inversionistas se sientan atraídos a invertir en el sector es un mercado que le pueda pagar la recuperación de capital más sus ganancias. Este mercado rentable actualmente no existe porque hay tarifas muy subsidiadas, ineficiencia dentro del sector y las empresas públicas no son autosostenibles.
Futuro eléctrico Dentro de la agenda de este sector uno de los aspectos más resaltantes es la reforma de la
ley. Para Villalobos, en esta reforma se han planteado principalmente dos aspectos: • Eliminación del mercado de mayoristas, ya que es un mercado que se rige por los costos
marginales que transfiere a los usuarios unas señales de precios que no se corresponden a los costos reales de la producción de energía, porque quien fija el costo que se debe cobrar a los usuarios es el último generador que entra al mercado, lo cual no refleja el costo promedio.
En el caso venezolano, donde el 80% se genera a través de una empresa pública, podría pasar que el precio lo fije una empresa termoeléctrica con una estructura de costos totalmente diferente a la de una hidroeléctrica, lo cual favorecería a esta última generando unas ganancias
104
que no se corresponden con la realidad. El mercado de mayorista debe pasar a un modelo de formación de precios en el área de generación que incentive a la eficiencia pero que no traslade costos marginales a los usuarios.
• Separación contable de las empresas Teniendo en cuenta las necesidades de inversión para los próximos años y la relevancia del
desarrollo del sector eléctrico para el resto de la economía, la reforma que se haga debería necesariamente contribuir con la resolución de los principales obstáculos que actualmente están presentes. Obuchi resume los aspectos que la reforma debería acometer:
• Garantizar la sustentabilidad del sector, en términos de una oferta suficiente y oportuna para el mercado interno lo cual implica solvencia financiera y capacidad de realizar inversiones.
• Incremento de la eficiencia del consumo: definición del modelo tarifario que provea precios que sean suficientes para recuperación de costos e incentivar inversiones; así como para evitar pérdidas comerciales y robo de electricidad.
Estas dos últimas condiciones asegurarían lo que Nervis Villalobos catalogó como “mercado confiable”, lo cual sin duda atraerá la inversión necesaria para el desarrollo sostenible del sector y consecuentemente de la economía en su conjunto.
105
Anexo D22
El Universal. Lunes 5 de junio de 2006. ENERGIA / Cadafe ha ejecutado 24% de la inversión en transmisión de 2001 a 2005 Bajo nivel de inversión en área eléctrica De acuerdo con sus planes, la empresa tenía previsto emplear $643 millones en ese lapso y
concretó $155 millones, resultando la región oriental con un cumplimiento de 16% de los requerimientos
MARIELA LEON EL UNIVERSAL Empresas, gremios y regulador han dirigido sus dedos índices hacia el capital, como factor
determinante en el propósito común de enmendar y suplir las deficiencias del sector eléctrico nacional.
Sean públicos o privados, los recursos financieros se hacen indispensables en este sector caracterizado, como otros pocos, en acumular una alta desinversión que lo hace indefenso a los cambios climáticos y a los aumentos de demanda; atentando contra su principal papel de acompañar el desarrollo futuro del país.
Un estudio denominado Vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, elaborado por un equipo de ingenieros, entabla un paralelismo entre la inversión esperada y la inversión ejecutada durante el período 2001-2005; lapso por el cual transitó la crisis eléctrica más severa en años recientes.
Este aparte del informe se circunscribe a la actividad de transmisión (eslabón intermedio entre la generación y la distribución de energía) y "pieza clave de la crisis estructural del sistema"; cuyo segmento hace susceptible de apagones, fallas e interrupciones a las poblaciones de Nueva Esparta, Sucre, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro y Falcón, entre otras, por la obsolescencia o indisponibilidad de líneas y subestaciones.
Víctor Poleo, profesor del posgrado de Economía Energética en la UCV y vocero del grupo de investigadores, explica que en el trabajo fueron utilizados como fuentes de información los planes de expansión de transmisión del período referido, informes anuales presentados por la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) y estadísticas consolidadas anuales de la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (Caveinel).
Se determinó que Cadafe (empresa estatal que sirve al 80% del territorio nacional) "tenía previsto realizar inversiones por $643 millones" en ese plazo y "sólo ejecutó 24%, es decir $155 millones".
Rezago en divisas El documento reconoce tres grandes regiones en el mapa eléctrico del país: oriental, central
y occidental. Explica que la región oriental _la más afectada por el deterioro del servicio_ apenas invirtió el 16% de lo planeado.
106
En oriente se estimaron inversiones por $175 millones, de los cuales se concretaron $27 millones. En forma desagregada se tiene que en Anzoátegui la inversión programada era $52,42 millones, realizada $12,48 millones y por colocar $39,94 millones.
Señala que en Sucre la programada era de $44,89 millones, de $4,61 millones la realizada y $40,28 millones por realizar. En Monagas-Delta Amacuro la relación es de $49,77 millones, $4,21 millones y $45,56 millones; y en la región Guayana de $27,89 millones, $6,12 millones y $21,77 millones, de acuerdo al registro.
En esta región se modificaron las siguientes obras: construcción de la subestación Bordones 230 Kv, en Cumaná, alimentada con una línea DT desde la subestación Guanta II, y el desvío de una terna El Tigre-El Indio 230 Kv y construcción de una línea El Furrial-El Indio 230 Kv.
Agenda pendiente En la región central, definida por ocho estados, se programaron inversiones por $292
millones, ejecutándose $73 millones, es decir 25% del total. El informe precisa que en Aragua se planificó una inversión de $30,21 millones, se
invirtieron $4,11 millones y quedan $26,10 millones. En Carabobo el comportamiento de la inversión fue $50,50 millones, $3,15 millones y $47,34 millones pendientes. En Cojedes, respondiendo al mismo orden, se tienen $6,87 millones, 0 ejecutados y $6,87 millones por concretar. Falcón $72,69 millones, $34,42 millones y $38,27 millones. Guárico $66,87 millones, $7,19 millones y $59,68 millones. Miranda $38,88 millones, 14,41 millones y $24,47 millones. Portuguesa $15,73 millones, $8,35 millones y $7,37 millones. Yaracuy $10,67 millones, $1,36 millones y $9,32 millones.
En esta región fueron modificadas las siguientes obras: Línea a 230 Kv Cabruta-Gorrín, compensación estática S/E Puerto Ayacucho y línea Malena-Cabruta 400 Kv.
Y en la región occidental del país se programaron inversiones por $176 millones y se ejecutó el 31% de ese total, es decir $55 millones.
Discrimina el documento que en Apure-Barinas se programaron $82,25 millones, se realizaron obras por $45,35 millones y quedaron por realizarse otras valoradas en $36,90 millones. En Mérida $41,41 millones, $6,12 millones y $35,29 millones. Táchira $18,66 millones, 0 y $18,66 millones y Trujillo $33,32 millones, $3,32 millones y $30 millones.
Resultaron modificadas las siguientes obras: Compensación Estática S/E Guasdualito, segunda línea Morochas IIBuena Vista 230 Kv y S/E La Fría 230 Kv, línea Uribante-La Fría 230 Kv.
Red troncal El trabajo se focaliza en las inversiones en transmisión de Cadafe y de Edelca, empresa
generadora del 75% de la energía en el país. Se excluye a Enelco-Enelven, Electricidad de Caracas y Sistema Eléctrico de Nueva Esparta porque "se desconocen los desembolsos realizados" en ese período.
La estatal eléctrica, filial de CVG, tenía previsto ejecutar $289,3 millones, de los cuales hizo efectivos $284,7 millones, es decir 98% de lo programado en las regiones Guayana y sureste y en las redes troncales centro occidente y oriente.
107
Ejecutivo y Parlamento apuestan por redimensionar al sector Los poderes Ejecutivo y Legislativo trabajan en una apuesta conjunta por redimensionar
este año al sector eléctrico. La Asamblea Nacional discute actualmente dos proyectos de Ley que involucran de una
manera directa e indirecta a esta actividad económica. Se trata de las leyes de Servicios Públicos (macroley que incluye al gas, agua, electricidad, aseo urbano, parques, telecomunicaciones, estacionamientos _entre otros_ de la mano decisoria de los gobiernos municipales, estadales y central y los consejos comunales) y Antimonopolio, que propiciará la incorporación de nuevos agentes en la conducción de negocios relativos a la prestación de servicios.
Todas estas modificaciones están dirigidas a "mejorar la calidad del servicio público y tener a cambio una retribución tarifaria cónsona con el tratamiento que recibe el suscriptor", según refiere el espíritu de ambos textos e impactaría a la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE) que está prevista pero no incluida en el paquete legislativo de corto plazo.
El Ejecutivo, a la par, decidió recientemente aprobar la fusión de Cadafe con sus filiales, como una manera de "fortalecer al sector eléctrico, dotándolo de una sólida estructura administrativa, funcional y operativa, que permita la recuperación definitiva de la empresa". Y aprobó también un decreto que deroga la privatización del Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro (Semda), como una opción válida de direccionar la inversión pública hacia esa región.
108
A la carga El sistema de transmisión de Cadafe, como empresa que sirve al 80% del país, está formado
por una red cuya longitud es de 15.031 kilómetros, de los cuales 1.469 corresponden a 400 Kv, 4.486 a 230 Kv y 9.662 a 115 Kv, distribuidos en tres áreas: oriente, centro y occidente, con sus respectivos despachos de carga de alcance regional y el Centro de Control Nacional para operar la red de la compañía estatal.
En Cadafe dan cuenta de las "obras a incorporar" a este sistema en el corto plazo (20062007). En ese esquema se advierte una inversión total de $849 millones y el mismo contempla la alimentación de la subestación (S/E) Barinas IV 230/115 Kv, Sistema 115 Kv asociado y de la S/E Las Flores; interconexión S/E Horqueta-Calabozo; obras de transmisión en los estados Falcón y Carabobo, y aumento de capacidad de la S/E 115/34,5/13,8 Kv.
También obras de transmisión en los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Apure y región de los Andes; y asociadas a las plantas Ezequiel Zamora y Alberto Lovera.
También prevé el cronograma definido y aprobado por la estatal eléctrica: las obras de transmisión en los estados Bolívar, Miranda y Portuguesa; y la adecuación de los despachos de carga central y occidental y sistemas de comunicaciones asociados.
Apagones, fallas e interrupciones Las prensas regional y nacional han registrado en sus primeras páginas durante las últimas
semanas variadas interrupciones del servicio eléctrico en el país. En Falcón se originaron apagones por "altas exigencias" al sistema, derivadas de los cambios climáticos; en Nueva Esparta se detectaron fallas "producto del sistema de transmisión procedente de tierra firme".
Al menos 1.000 apagones se produjeron en el último mes en Lechería (Anzoátegui), debido a las deficiencias de servicio en el oriente, expresó su alcalde, Gustavo Marcano. En Monagas ocurre una situación similar, secuela del "aumento de carga en los alimentadores de transmisión y distribución" por las altas temperaturas, dijo Jesús Salazar, presidente del Semda.
Meta en generación Replanteo. De acuerdo con el último boletín semanal (del 22 al 28 de mayo) emitido por la
Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis), se reestima el consumo de energía para este año en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Y se indica que el crecimiento de la demanda acumulada de 2006 reporta un alza de 5,26% frente a 2005.
A la baja. En el informe publicado en la página web de ese organismo se precisa que, según "el pronóstico del grupo de trabajo de estudios de demanda", este indicador podría tener un crecimiento de energía eléctrica de 6% respecto al registrado en 2005. Hace pocas semanas Opsis se refería a la expansión del consumo de electricidad en 7,1% para este año.
