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ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
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ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO
COORDINACIÓN DE PASANTÍAS
ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIÓN: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN DIEGO
AUTOR: MICHELENA NOHELY
C.I. 21.458.250
San Diego, Septiembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO
COORDINACIÓN DE PASANTÍAS
ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN
_________________________________________________ Nombre, firma y cédula de identidad del tutor académico
__________________________________________________ Nombre, firma y cédula de identidad del tutor institucional
__________________________________________________
Nombre, firma y cédula de identidad del tutor metodológico
AUTOR: MICHELENA NOHELY
C.I. 21.458.250
San Diego, Septiembre de 2014
AGRADECIMIENTOS
Es aprovechable la oportunidad para expresar mi gratitud a todos aquellos que intervinieron, sin importar el grado de apoyo para llevar a cabo la realización de este proyecto. Primeramente Agradezco a mi Dios por haberme dado el valor y las fuerzas en el desarrollo de este proyecto, por ser mi guía e iluminarme en todo momento para lograr y emprender cada sueño planteado. Agradezco a mi madre y a mi padre por su apoyo a lo largo de mi carrera, porque de una u otra forma coadyuvaron a hacer realidad este sueño. Y por ser inspiración para lograrlo. A aquellos familiares que estuvieron pendiente y brindando su apoyo para la realización de mi triunfo, y que no dejaron de preocuparse y mostrar interés por la realización del mismo. A mis compañeros de estudio que a lo largo de este proceso estuvieron contribuyendo y apoyando de manera incondicional. De Corazón mis más sinceros Agradecimientos a todos mis seres queridos, Familia, Madre, Padre, Hermanas, amigos y profesores.
INDICE GENERAL Pp. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN…………………………………………………iii AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………iv INDICE…………………………………………………………………………….….v RESUMEN……………………………………………………….…...……...……...vii INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….1
I. LA INSTITUCIÓN
1.1 Nombre………………………….…….…………………………………..3 1.2 Ubicación…………………….……….…………………………………...3 1.3 Descripción…………………..……….…….……………………………..3 1.4 Objetivos…………………………………………………………………3 1.5 Estructura Organizativa……..………….…………………………………4 1.6 Misión……………………………………………………………………..5 1.7 Visión………..…….……………………………...………….……………5 1.8 Valores………………………………………………………………….…5 1.9 Actividades Desarrolladas durante la Pasantía…...……………………….6
II. EL PROBLEMA
2.1 Planteamiento del Problema…………………….…………….....………..7 2.2 Formulación del Problema…………………….…………..…...…..….......8 2.3 Objetivo General……………………………………..……………………8 2.4 Objetivos Específicos……………………………………..………......…..8 2.5 Justificación de la Investigación………….…….........................................9 2.6 Limitaciones del Estudio……………………………………….…......….10
III. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes………………………………………..………..…..…....…11 3.2 Bases Teóricas…………………………………...………..…....……..…13 3.3 Bases Legales……………………………………………………….....…16 3.4 Definición de Términos Básicos………………………………………....21
IV. MARCO METODOLÓGICO 4.1 Tipo de Investigación…………………………………………………….23 4.2 Nivel de la Investigación……………….……………….….………...….24 4.2 Diseño de Investigación…………………………………..….…………..24 4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos………...…………….24 4.4 Fases Metodológicas……………………………….……………….……25
V. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Resultados, Conclusiones y Recomendaciones………………………….35
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….....41
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO COORDINACIÓN DE PASANTÍAS
ANALISIS JURIDICO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Autor: Michelena Nohely Tutor: Moreno Edgardo
Fecha: Septiembre, 2014
RESUMEN
Los contratos públicos, contratos del Estado o contratos estatales son todos aquellos contratos en los cuales una de las partes es una persona jurídica estatal, es decir, que está integrada en la organización general del Estado, sea que se trate de una persona
jurídica político territorial (República, Estados, Municipios), o de personas de derecho público (los institutos autónomos) o de personas de derecho privado ( las
sociedades anónimas del Estado o empresas del Estado) estatales. Estos contratos del Estado, en nuestro criterio, han sido denominados en la Constitución como “contratos de interés público” (nacional, estadal o municipal), o “contratos administrativos.” Así
que analizar jurídicamente el contrato administrativo según la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que para lograr dicho objetivo se examina los diferentes
ordenamientos jurídicos, vale decir como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, la Ley de Contrataciones Públicas y demás leyes que regulan la materia. Por otro lado, se puede decir que los contratos administrativos son
un instrumento legal para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras bajo la ley de Contrataciones Públicas, que le confiere Estado para ejercer dichas
contrataciones, bien sea a nivel Nacional, Estadal o Municipal.
Descriptores: Contratos Administrativos, Ley de Contrataciones Públicas.
INTRODUCCIÓN
El análisis y el estudio de los actos administrativos provenientes de la
actividad contractual, donde la función administrativa del Estado se concreta en
diferentes instrumentos jurídicos, siendo de interés en el presente informe establecer
su ubicación dentro del régimen jurídico venezolano, desde la etapa previa de su
formación, celebración, perfeccionamiento y su ejecución hasta su terminación y
liquidación del contrato administrativo.
Los contratos administrativos en los cuales las partes convienen en contratar
en razón de un interés colectivo donde el Estado venezolano integra los órganos y
entes de Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, así como también las
Asociaciones Civiles y Mercantiles, los Consejos Comunales, las Universidades
Públicas, el Banco Central de Venezuela y las Fundaciones, con el objeto de
organizar y ejecutar la actividad de prestación de servicio y ejecución de obras por ser
estos contratos de interés público donde la relación contractual entre el Estado y el
prestador de servicios son objeto de regulación legal donde se regula los contratos
suscritos por las entidades del Estado.
El Estado venezolano en un esfuerzo por adaptar los instrumentos legales que
regulan los contratos suscritos por el Estado venezolano estructura el enfoque legal
que regula los procedimientos de selección de contratista y proveedores del Estado
incorporando en el instrumento mecanismos que promuevan el desarrollo de las
actividades sociales prevista en la planificación estratégica nacional acorde a lo
establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En esta investigación se hará referencias a diferentes aspectos sobre la
concepción del contrato administrativo en la Ley de Contrataciones Públicas, con la
finalidad de determinar sus efectos legales en la actualidad a la luz de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, al respecto así como la concepción de la
figura del contrato administrativo en la adquisición de bienes y servicios. La presente
investigación se estructura de la siguiente manera:
En el Capítulo I se presentó la problemática y la formulación de la
investigación, las especificidades, la justificación del estudio y su limitación.
En el Capítulo II contentivo del marco referencial conceptual, con los
antecedentes de la investigación, bases teóricas y la definición de términos que
sustenta la investigación.
En el Capítulo III se refiere al marco metodológico, el tipo, nivel y diseño de
la investigación, así como también la técnica e instrumento de recolección de datos
que hicieron posible el desarrollo de las fases metodológicas I, II y III para poder
cumplir con el aporte del trabajo de pasantías.
CAPÍTULO I
LA INSTITUCIÓN
1.1 Nombre
Alcaldía de San Diego del Estado Carabobo.
1.2 Ubicación
Avenida Intercomunal Don Julio Centeno, Centro Comercial San Diego,
antigua sede de Fin de Siglo. San Diego, Estado Carabobo.
1.3 Descripción
Consolidar al Municipio San Diego como polo de desarrollo e inversión,
dotado de infraestructura vial, seguridad jurídica, seguridad personal, una eficiente
prestación de servicios públicos y una distribución equitativa de los recursos que lo
posicione como la ciudad con mayor calidad de vida del Estado Carabobo. 1.4 Objetivos
• Proponer que la estructura urbana y la normatividad de usos y destinos del
suelo, responda el ordenamiento con el bienestar social.
• Contribuir al impulso económico del municipio, mediante la definición de
normas de ocupación del suelo que fomenten el desarrollo económico y social acorde
con la realidad y metas fijadas.
• Detectar los impactos que se generan al medio ambiente (aire, agua y suelo)
y establecer las medidas y recomendaciones de carácter general, para su mitigación,
mejoramiento y ordenación.
• Dotar de elementos técnicos y de validez jurídica a las autoridades
municipales, para garantizar la ordenación y regulación del desarrollo urbano en el
municipio.
• Precisar con claridad las metas, objetivos, políticas, proyectos y programas
prioritarios de desarrollo urbano para el ámbito municipal.
• Asegurar mayores y mejores oportunidades de comunicación y de transporte,
para favorecer la integración intraurbana e interurbana.
• Proponer los incentivos y estímulos que en su conjunto, coadyuven a la
consolidación de la estrategia de desarrollo urbano.
• Proponer mecanismos de coordinación metropolitana entre las diferentes
comunidades que la integran.
1.5 Estructura Organizativa
1.6 Misión
Responder a las permanentes expectativas y demandas de la población en la
atención de los servicios y obras básicas inherentes a la gestión municipal y
satisfacer, en el tiempo, la carencias y/o necesidades que demanden los ciudadanos en
uso de legítimo derecho; responder por el resguardo y mantenimiento de los bienes
públicos municipales y acrecentar el respectivo patrimonio; desarrollar la
planificación pública en concordancia y de acuerdo con los instructivos derivados de
los organismos de gobierno y cogobierno.
1.7 Visión
San Diego, es un municipio transformado estructuralmente, de vanguardia,
sensible a las demandas sociales, que responde a los intereses de la población,
comprometido con la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes, que
atiende las necesidades de desarrollo humano, a través de una amplia participación
ciudadana, reivindicando su orgullo histórico, e hizo efectiva la participación en los
programas y proyectos que requieren conocimiento y esfuerzo colectivo, con el
proceso de crecimiento urbanístico del presente y el futuro, posibilitando la relación
armónica entre los recursos naturales, las demandas de habitabilidad y la calidad de
vida. Es un lugar sano, hospitalario y seguro para todos con gobernabilidad
democrática, que proyectan una imagen de transparencia administrativa y una imagen
ética y moral que fortalece el concepto de ciudadanía.
1.8. Valores
• Responsabilidad Social.
• Respeto.
• Ética.
• Honestidad.
• Excelencia.
• Trabajo en Equipo.
1.9 Actividades desarrolladas durante la pasantía
1. Auditar los procedimientos de contrataciones de concurso abiertos y cerrados.
2. Consultar Precios.
3. Archivar los contratos por orden alfabético.
4. Foliar expedientes.
5. Revisar los expedientes de contrataciones públicas y privadas.
CAPÍTULO II
EL PROBLEMA
2.1 Planteamiento del Problema
El tema de los contratos administrativos en Venezuela antes de que entrara en
vigencia la Ley de Contrataciones Públicas, se encontraba en paradoja muy
interesante donde los criterios contradictorios, confusos y en algún momento
distanciado del desarrollo legislativo, sin embargo los avances en la materia, la
legislación y el aporte de la doctrina nacional y extranjera permite la existencia
evidente de los contratos administrativos en Venezuela antes de la entrada de la Ley
de Contrataciones Públicas, como una modalidad concreta de los contratos celebrados
por la administración.
No obstante surge por parte del Estado la necesidad de modernizar el régimen
legal de las contrataciones mediante la adaptación de los instrumentos legales que
transmitan a los agentes económicos la existencia de reglas de juego transparente que
promuevan el desarrollo de la capacidad productiva nacional. El régimen de todos los
contratos que distingue el régimen sustantivo del contrato administrativo que no es
más que el privilegio del ejercicio de las clausulas exorbitantes y el equilibrio
económico y financiero del contrato, pudiendo alterar las condiciones del contrato e
incluso da por terminado el contrato de forma unilateral.
Según Brewer A ( 2008), en su estudio realizado a la Ley de Contrataciones
Públicas, indica que; la ley ha entendido que todo contrato celebrado por la
administración siempre tutela el interés general, y por ello ha de quedar sometido a
un régimen uniforme, en la cual la administración podrá ejercer potestades
administrativas para la protección de ese interés general, cuya contrapartida será el
derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico como principio
rector de todo contrato. Asimismo se trata de contratos idénticos a los previstos en el
derecho civil, sometidos a ciertas reglas especiales.
De esta forma acude la Administración a la figura del contrato administrativo
para asegurar la colaboración del particular en la satisfacción de determinadas
necesidades, así como la necesidad de interactuar en negocios jurídicos los entes y
organismos del Estado cuando entre los mismos ejecutan procesos de adquisición de
bienes y servicios de interés general.
2.2 Formulación del Problema
¿Cómo analizar jurídicamente el contrato administrativo según la Ley de
Contrataciones Pública?
2.3 Objetivo General
• Analizar jurídicamente el contrato administrativo según la Ley de
Contrataciones Públicas.
2.4 Objetivos Específicos
• Examinar la notoriedad del Contrato Administrativo como instrumento legal
para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras por parte de la
Administración Pública dentro del marco de la Ley de Contrataciones
Públicas.
• Conocer la clasificación de la notoriedad de los Contratos Administrativos
dentro de la Ley de Contrataciones Públicas.
• Estudiar la figura del Contrato Administrativo en la adquisición de bienes,
servicios y ejecución de obras según la Ley de Contrataciones Públicas.
2.5 Justificación de la Investigación
La presente investigación se justifica con la necesidad de realizar un análisis
jurídico del Contrato Administrativo según la Ley de Contrataciones Públicas.
Asimismo el Contrato Administrativo, como institución jurídica propia, la cual
comportan una realidad jurídica y social con grandes connotaciones legales por el
interés que ellos aportan sobre la materia contractual en el sector público.
Por otro lado, también existen mecanismos que permite que las ofertas con
especificaciones técnicas insuficientes sean aceptadas en los procesos de selección de
contratista en igualdad de condiciones de aquellos que si las cumplan, así como la
evacuación de las ofertas aun a sabiendas de que el precio no refleja todo los
componentes del contrato, por lo que el puntaje otorgado a esa oferta seria injusto por
así decirlo, que más injusto se considera fuera del orden jurídico por lo cual se rige la
figura jurídica del Contrato Administrativo.
También se observa los procedimientos selección de contratista constituyen
una herramienta útil, eficiente y de obligatorio cumplimiento para las contrataciones
en las materia para las cuales la Ley de Contrataciones Públicas, siendo el objetivo
principal de esta ley, garantizar la igualdad de los sujetos que concurran a estos actos
de contratación con el fin de buscar los proveedores idóneos de los bienes y servicios
que se pretendan contratar y así obtener las ofertas más favorables y convenientes
para satisfacer las necesidades e intereses colectivos.
Desde el punto de vista teórico legal, este informe de pasantías pretende
ampliar el conocimiento sobre los Contratos Administrativos suscritos en Venezuela
y las implicaciones legales que establece estos contratos en el ordenamiento jurídico
venezolano, aportando un marco referencial como resultado del análisis jurídico de
los Contratos Administrativos existentes en el ordenamiento jurídico vigente y otras
leyes que hablen sobre Contratos Administrativos que lo regulen.
Su importancia radica en la concepción de la figura del contrato
administrativo como instrumento legal que permita la ejecución de contratos, sujetos
de aplicación contractual en el ordenamiento jurídico venezolano suscritos por el
Estado y las implicaciones económicas y jurídicas que contemplan los contratos de
interés público.
2.6 Limitaciones de la Investigación
El presente proyecto se encuentra orientado a determinar, conocer y analizar
de manera jurídica el contrato administrativo según la Ley de Contrataciones
Públicas. En lo que respecta a la limitación tiempo; el proceso investigativo comienza
con el desarrollo de las pasantías con el inicio del semestre, noviembre de 2.013, y se
estima que culmine al momento de realizar la entrega y la defensa del informe final
de pasantías a mediados de septiembre de 2014.
CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1 Antecedentes de Investigación
Se refiere a la revisión de la literatura científica relacionada con el tema objeto
de estudio; en el mismo se debe hacer referencia a teorías, enfoques, modelos y
proyectos relevantes, relacionadas con los objetivos planeados. Es conveniente
realizar un análisis cuidadoso y preciso del estado del conocimiento actual en el área
específica del problema estudiado. Según Balestrini (2002) los antecedentes
“contienen la ubicación histórica social, sus relaciones con otro hechos o problemas”.
(p. 92). Los antecedentes se refieren estudios realizados con anterioridad sobre el
tema que se está investigando.
Los antecedentes de la investigación proporcionan al investigador una ventaja
en cuanto a la investigación a realizar, ya que con estos trabajos antes realizados se
puede saber cómo fue realizada la investigación y que resultados arrojo. Por lo tanto,
los antecedentes de la investigación, que sirven de fundamento para el desarrollo del
estudio se muestran a continuación: Rodríguez M (2010), “Diagnóstico del Estado
Actual de los Portales de Compras Públicas en América Latina y su
Aprovechamiento para el Fomento de los Negocios Internacionales de las
Empresas Salvadoreñas Dedicadas a la Consultoría y Asesorías”.
Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Negocios
Internacionales en la Universidad Dr. José Matías Delgado en México. Analizó la
función de compra y contratación de bienes y servicios por parte de los organismos
de Gobierno, para el desarrollo de sus propios fines, es un elemento esencial para el
funcionamiento de los Estados, al mismo tiempo que tiene un efecto importante en el
comercio internacional.
La relación de ambas investigaciones se basa en la importancia de hacer más
eficientes la labor de los servidores públicos que se dedican a las compras
gubernamentales, al tiempo que se logra una mejora para la economía en su conjunto,
al hacer que las unidades de contrataciones públicas tengan acceso a precios
competitivos, mejores productos, y en general, a la promoción de prácticas de
competencia sanas y justas y abiertas, que permitan luchar contra el fantasma de la
corrupción, que representa un alto costo económico y social.
Tomando en cuenta el trabajo de grado de Roque J (2009). “Consecuencias
que Acarrea a los Contratos de la Administración Pública, la Impugnación de
un Acto Administrativo Contractual sobre la Base de la Teoría de la Coligación
en el Derecho Venezolano”. Trabajo de grado para optar al título de abogado en la
Universidad Rafael Urdaneta. Definió las pautas procesales a seguir por el órgano
legislativo a cumplir con la disposición transitoria única contemplada en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así que aludió a conceptualizar la
naturaleza de la relación jurídica existente entre actos administrativos y el contrato
respectivo.
La relación existente entre la investigación anteriormente citada y este
informe, tiene su punto de convergencia fundamentalmente en la utilización de la
figura jurídica del contrato, por lo que implica el cumplimiento de su investidura, por
lo que exige respeto por su legalidad por lo que debe prevalecer en todo momento,
como también debe prevalecer el uso de la Ley de Contrataciones Públicas como
cuerpo normativo de los contratos del Estado y así controlar su regularización.
Tabares F (2000). “Teoría General de la Conexión: Actos Administrativos
y Contratos de la Administración Pública”. Trabajo de ascenso para optar a la
categoría de Profesora Asociada la Universidad la Luz. La cual expresó considerar en
la jurisprudencia venezolana una teoría única sobre la conexión presente entre los
actos administrativos o el contrato administrativo o el contrato de la administración.
Al igual recomendó consagrar esa única teoría en una ley de contratos de la
administración. Dicha investigación se relaciona con el informe tratado, por la
conexión de consagrar la teoría de la Ley de Contrataciones Públicas.
Moreno N (2000), presento un trabajo de investigación sobre: “Los
Contratos Administrativos y su Control Judicial en Venezuela”. Trabajo de
Grado para optar al título de Abogado en la Universidad del Zulia. Formuló una
teoría general uniforme para los contratos administrativos en Venezuela. Concluyó la
necesidad de implementar un tratamiento especial, fincado sobre los principios
generales del derecho administrativo que debe prevalecer en el manejo de los
contratos administrativos donde expresó que los contratos del Estado, contratos de la
administración o contratos administrativos, están regidos por el derecho público y con
un régimen jurídico único.
De lo antes expuesto, se desprende la relación existente con la presente
investigación puesto que ambas definen se fijan en los contratos administrativos para
así reconocer su naturaleza jurídica y determinar su interés público dentro de la Ley
de Contrataciones Públicas.
3.2 Bases Teóricas
Respecto a las bases teóricas, Hernández (2000) citado por Arias (2006), dice
que es “un conjunto de proposiciones teóricas interrelacionadas que fundamentan y
explican aspectos significativos del tema o problema en estudio y lo sitúan dentro de
un área específica del conocimiento” (p. 139).
El contexto teórico, es aquel que amplía la descripción del problema. Integra
la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Es la teoría del problema, por
lo tanto, conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la
problemática de donde éste surge.
De acuerdo a la definición anterior se determina que las bases teóricas
constituye todo el apoyo bibliográfico que le dará validez a la investigación, es decir,
consiste en un conjunto de proposiciones interrelacionadas constituidas por conceptos
y definiciones que representan un punto de vista sistemático, en el cual se puede
sustentar el problema por medio de una serie de información con respecto al tema.
Contratos
Definición según Diccionario Académico: es el pacto o convenio que se
obligan sobre materias o cosas determinadas y a cuyo cumplimiento puede ser
comprometida.
Una definición jurídica; según Osorio M (2000), se dice que hay contrato
cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad
común, destinadas a reglar su derecho.
Según Carrillo B (2000), expresa que el contrato es un acuerdo de voluntades,
verbal o escrito, manifestado entre común entre dos o mas personas con capacidad,
que se obliga en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una
determinada finalidad o cosa y cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera
recíproca.
En la legislación venezolana establece en el Código Civil en su artículo 1133.
El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar,
transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
Los Contratos Administrativos
Según Osorio M (2000), se entiende por contrato administrativo el que celebra
la administración pública con los partículares a efectos de asegurar la ejecución de
obras, la prestación de servcio, o el insumo de materiales. Estos contratos no se rigen
por las normas del derecho civil sino por las normas del derecho administrativo.
La Doctrina Nacional Venezolana Propone Como una Definición Integral
de la Noción de Contrato Administrativo
Por lo que se entiende por Contrato Administrativo, son aquellos celebrados
por la Administración Pública con una persona natural o jurídica según sea el objeto
de la contratación, siempre que el mismo sea confiar la actividad del servicio público
al contratista, el cual se considera colaborador del Estado para llevar a cabo los
intereses colectivos de tal forma que la prestación contractual asumida por el
contratista ante el ente contratante que en resumidas cuentas es el Estado.
Principios que Regulan el Proceso de Contratación
• Principio de Economía
• Principio de Transparencia.
• Principio de Honestidad.
• Principio de Eficiencia.
• Principio de Igualdad
• Principio de Competencia
• Principio de Publicidad.
Actividad Administrativa Contractual
Según Araujo (2006), la define de la siguiente manera: cuando el Estado a
través de la Administración Pública, utiliza la técnica contractual para el
cumplimiento de sus fines, contrae obligaciones y adquiere derechos frente a una
persona natural o jurídica, pública o privada para llegar a ese resultado, la
administración pública adopta el papel de parte y es precisamente su presencia, la que
introduce los elementos regidos por el Derecho Administrativo, en los contratos
celebrados con la Administración Pública entre sí y los particulares.
Contratos Públicos
Según Brewer A (2008), los contratos del Estado o contratos públicos, son
todos aquellos contratos en los cuales unas de las partes, es una persona jurídica
estatal, es decir que está integrada en la organización del Estado, sea que se trate de
una persona jurídica política territorial, o de personas de derecho público o derecho
privado estatales.
Servicio Público
Osorio M (2000), es el carácter técnico, prestado al público de manera regular
y continua para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública.
Obras Públicas
Osorio M (2000), la define como las que al igual que los servicios, tienen que
realizar el Estado y los Municipios en beneficio de la colectividad. Estas pueden ser
ejecutadas directamente por la entidad oficial a cuyo cargo estén o contratándolas con
particulares.
3.3 Bases Legales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000)
Artículo 150. La celebración de los contratos de interés público nacional
requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.
No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional
con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en
Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de
nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías.
Artículo 151. En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de
acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no
estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan
suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por
las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la
República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan
dar origen a reclamaciones extranjeras
Ley de Contrataciones Públicas (2010)
Dicha ley evidencia claramente que cambia la técnica legislativa al hablar de
contratos y de procesos contractuales y no de procesos licitatorios o licitaciones
como se denominaba anteriormente, por lo que el objeto de la Ley de Contrataciones
Públicas es el analisis de la figura del contrato administrativo.
Artículo 3. La presente Ley, será aplicada a los sujetos que a continuación se
señalan:
1. Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, Central y
Descentralizado.
2. Las Universidades Públicas.
3. El Banco Central de Venezuela.
4. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la República y
las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan
participación, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o
capital social respectivo.
5. Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o
capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento
(50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral
anterior.
6. Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se refieren
los numerales anteriores o aquellas en cuya administración éstas tengan
participación mayoritaria.
7. Los Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de base
que maneje fondos públicos.
Artículo 36 - En las modalidades de contratación regidas por la presente
Ley, el órgano o ente contratante para efectuar la calificación legal y financiera no
podrá solicitar a los participantes, la presentación de documentación o información
suministrada cuando formalizó su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas.
No obstante el órgano o ente contratante podrá verificar la validez de la información
y de resultar falsa se procederá a aplicar las sanciones señaladas en la presente
Ley, además de denunciar el hecho ante las autoridades competentes encargadas de
determinar la responsabilidad civil y penal.
Artículo 93 - A los efectos de la formalización de los contratos los órganos o
entes contratantes deberán contar con la siguiente documentación:
1. Documentación legal de la persona natural o jurídica.
2. El pliego de condiciones y la oferta.
3. Solvencias y garantías requeridas.
4. Cronograma de desembolso de la contratación, de ser necesario.
5. Certificados que establezcan las garantías respectivas y sus condiciones.
Artículo 95 - Los órganos o entes contratantes, una vez formalizada la
contratación correspondiente, deberán garantizar a los fines de la administración del
contrato, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo
controles que permitan regular los siguientes aspectos:
1. Cumplimiento de la fecha de inicio de la obra o suministro de bienes y
servicios.
2. Otorgamiento del anticipo, de ser aplicable.
3. Cumplimiento del compromiso de responsabilidad social.
4. Supervisiones e inspecciones a la ejecución de obras o suministro de bienes y
servicios.
5. Modificaciones en el alcance original y prorrogas durante la ejecución del
contrato.
6. Cumplimiento de la fecha de terminación de la obra o entrega de los bienes o
finalización del servicio.
7. Finiquitos.
8. Pagos parciales o final.
9. Evaluación de actuación o desempeño del contratista.
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de este Reglamento, se entiende por:
Contrato Marco: Contrato mediante el cual se establecen los precios unitarios de las
partidas que conforman la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución
de obras, con un monto total máximo del contrato, el cual se ejecutará por órdenes de
trabajo, en las cuales se establecerán las condiciones y términos específicos de las
cantidades a ejecutar, no existiendo la obligación por parte del Órgano o Ente
Contratante de ejecutar una cantidad determinada ni de pagar al Contratista el monto
máximo establecido. Los términos y condiciones de este Contrato Marco regirán y se
considerarán incorporados a las respectivas órdenes de trabajo.
Lista de Precios: Es la relación de precios unitarios ofertados, por los renglones o
posiciones incluidos dentro del alcance de los bienes a adquirir, servicios a prestar u
obras a ser ejecutadas, considerados en los pliegos o en las condiciones de la
contratación, cuyo resultado será la adjudicación y firma de un Contrato Marco.
Unidad Usuaria: Es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la
contratación, formular el requerimiento a la Unidad Contratante, administrar el
contrato y evaluar la actuación y desempeño del contratista durante su ejecución, en
la contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de
obras en las modalidades de selección de Contratistas previstas en la ley de
Contrataciones Públicas y en los procedimientos excluidos de la aplicación de las
modalidades de selección.
Unidad Contratante: Es la unidad responsable de solicitar y analizar las ofertas,
preparar el informe de recomendación y solicitar el otorgamiento de la adjudicación
para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, en las
modalidades de Consulta de Precios, Contratación Directa y de los procedimientos
excluidos de la aplicación de las modalidades.
Proyectos Productivos Sustentables: Son los proyectos desarrollados con aportes
del Estado o de particulares, para procurar la producción de bienes y servicios de
manera continua, utilizando las unidades de producción, sus recursos para garantizar
esa continuidad y lograr el sostenimiento de las actividades económicas y sociales
contenidas en el proyecto.
Mediano Productor: Son personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades
comprendidas en la cadena agroalimentaria, que tengan una nómina promedio anual
de hasta cuarenta (40) trabajadores y con una facturación anual superior de cuatro
mil unidades tributarias (4.000 U.T.) hasta cincuenta mil unidades tributarias (50.000
U.T).
Obra: Es la construcción, rehabilitación, remodelación, restauración, ampliación o
reparación total o parcial de edificaciones, infraestructuras para servicios básicos,
plantas o complejos de plantas, preparación, adecuación de áreas de trabajos. No
constituye obra el solo mantenimiento de edificaciones.
Servicios Comerciales: Cualquier actividad en la que sean principales las
obligaciones de hacer, excepto el contrato de obra, los servicios profesionales y
laborales.
Servicio de Redes Informáticas de Información: Corresponde a los servicios
asociados a la instalación de los equipos para el manejo de datos a través de redes
internas o externas de información. Excluye los equipos y accesorios necesarios para
el funcionamiento de las redes.
Artículo 7 Actividades previas a la contratación
Para todas las modalidades de selección de Contratistas previstas en la Ley de
Contrataciones Públicas, así como en los procedimientos excluidos de la aplicación
de estas modalidades, el órgano o ente contratante deberá efectuar actividades
previas que garanticen una adecuada selección, además de preparar el presupuesto
base indicado en la mencionada Ley. Asimismo, se debe contar con: programación
presupuestaria, especificaciones técnicas, determinación de las ventajas económicas
y técnicas de la contratación, la previsión en la programación anual de compras, si es
aplicable, modelo del contrato, si el procedimiento tiene carácter plurianual efectuar
la notificación al órgano competente en la planificación central, evaluar la
recurrencia de la contratación y determinar si es viable agruparla en un solo
procedimiento o bajo la modalidad de contrato marco, estimando las cantidades de
bienes servicios u obras a contratar.
En las modalidades de Concurso Cerrado, Consulta de Precios y Contratación
Directa los participantes deben ser previamente seleccionados según su capacidad
legal, financiera y técnica.
Artículo 131. Modificaciones del documento principal
Podrá celebrarse entre el órgano o ente contratante y el Contratista, con
posterioridad a la firma del documento principal, los acuerdos necesarios para
modificar el contenido del documento, y de los documentos técnicos o para
determinar cualquier otra circunstancia no prevista en ellos.
En caso que los acuerdos contengan modificaciones sustanciales con relación
al documento principal, relacionadas con los bienes y servicios a suministrar u obra a
ejecutar, deberán cumplirse, previamente, los mismos requisitos y trámites que el
órgano o ente contratante exige para formalizar los contratos originales.
3.4 Definición de Términos Básicos
Actividad Administrativa : Ejercicio de la función administrativa por los
órganos competentes del Poder Público en ejecución de la Ley como gestión de los
intereses públicos o en la defensa de los intereses estatales. Ejecuciones practica
mediante actos administrativos y actos materiales.
Acto Administrativo: Toda disposición, resolución o cualquiera otra medida
soberana que adopte la administración para regular un caso concreto en el campo del
Derecho Público y que provoca efectos jurídicos externos inmediatos.
Administración Pública: Se refiere, al estado y entidades menores de
carácter estatal. Se divide verticalmente en Administración Nacional, Estadal y
Municipal, y cada una de ellas a su vez, se divide horizontalmente en administración
central y descentralizada. Es el conjunto de órganos como actividad del estado, está
presente en todas las actividades políticas sociales o económicas, en forma clara o
imperceptible.
Consulta de Precios: es la modalidad de selección de contratista, en la que de
manera documentada, se consulta a por lo menos tres proveedores de bienes,
ejecutores de bienes, ejecutores de obras o prestadores de servicios.
Contratista: toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra
bienes o presta un servicio.
Contrato: es el instrumento jurídico, que regula la ejecución de una obra,
prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las ordenes de compras y
ordenes de servicio, que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio,
cantidades, forma de pago, tiempo y forma de entrega y especificaciones contenidas
en el pliego de condiciones si fuere necesario.
Contrato Público: es el regido por normas de orden público, corresponde al
ámbito del derecho público, aquel que consta como escritura pública.
Participante: es cualquier persona natural o jurídica que haya adquirido el
pliego de condiciones para participar en un Concurso Abierto o Cerrado.
CAPITULO IV
MARCO METODOLOGICO.
En toda investigación es de importancia fundamental que los hechos que
establecen y los resultados obtenidos tengan el máximo de exactitud y confiabilidad.
Para ello se recomienda seleccionar una metodología que sirva para establecer los
significativos de los hechos hacia los cuales está encaminada la investigación. En el
presente capitulo se describe en detalle la metodología aplicada en la investigación, se
determina el tipo, el diseño y las fases metodológicas de la investigación.
En este sentido, el objetivo fundamental de toda investigación es dar respuesta
a un problema específico de un área determinada y para esto, se deben seguir de
manera lógica un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten lograr
eficazmente dicho objetivo. Son estas técnicas y procedimientos enmarcados en la
metodología usada en la investigación que permiten obtener un orden y lograr los
resultados deseados proporcionando confianza y credibilidad a la investigación.
4.1 Tipo de Investigación.
La metodología que se utilizó en la presente investigación estuvo enmarcada
dentro de la modalidad documental fundamentada en la revisión bibliográfica y
documentos escritos sobre el Contrato Administrativo y la Ley de Contrataciones
Públicas.
33
Según Balestrini (2002), la investigación documental “es un proceso de
abstracción científica que algunos autores han dado en llamar experimento mental y
que no es más que razonamiento teórico, donde su punto de partida es siempre
bibliográfico” (p. 156).
4.2 Nivel de la Investigación
El nivel de investigación para el presente trabajo correspondió a la modalidad,
descriptiva, por tratarse de un análisis. Hernández y Otros (2006) citado por Arias
(2006) afirman que “el estudio descriptivo, tiene como finalidad la búsqueda
especifica de las propiedades importantes en personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis” (p. 56). En esta perspectiva, se
analiza jurídicamente el contrato administrativo según la Ley de Contrataciones
Públicas.
4.3 Diseño de la Investigación.
La metodología utilizada al diseñar esta investigación es bibliografía, en
virtud de que se van a revisar textos escritos por juristas en los cuales desarrollan
aspectos relacionados con el tema que se estudia en la pasantías para elaborar el
trabajo de investigación.
Según Balestrini (2002), “los diseños bibliográficos, los datos se obtienen a partir
de la aplicación de las técnicas documentales, en los informes de otras
investigaciones donde se recolectaron esos datos, y/o a través de las diversas fuentes
documentales” (p.131).
4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.
Para Méndez C. (1993) citado por Arias (2006). “La información es la materia
prima por lo cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos
que definen un problema de investigación”. Es por ello, que se hace necesario
34
estructurar técnicas de recolección de datos para así construir los instrumentos que
permitan obtener tales datos de la realidad.
Fundamentalmente la investigación se desarrolla en atención a la revisión del
material bibliográfico y hemerográfica sobre el tema objeto de estudio, permitiendo
su selección, registro y evaluación, a través del análisis documental.
4.5 Fases Metodológicas.
En esta fase se va hacer análisis de los diferentes métodos utilizados en el
desglose de los objetivos encaminados a lograr un resultado que nos va a llevar a
conclusiones para a posteriormente hacer las reflexiones y recomendaciones
procedentes.
Fase I. Examinar la figura del Contrato Administrativo como
instrumento legal para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras
por parte de la Administración Pública dentro de la Ley de Contrataciones
Públicas.
Fase II. Conocer la clasificación de la figura de los Contratos
Administrativos dentro de la Ley de Contrataciones Públicas.
Fase III. Estudiar la figura del Contrato Administr ativo en la adquisición
de bienes, servicios y ejecución de obras según la Ley de Contrataciones
Públicas.
35
CAPITULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Fase I. Examinar la figura del Contrato Administrativo como
instrumento legal para la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras
por parte de la Administración Pública dentro de la Ley de Contrataciones
Públicas.
Resultados.
La teoría general de los contratos administrativos nace en Francia, la cual
representó de gran utilidad, como instrumento que conecta las relaciones jurídicas
suscitadas de la celebración de los contratos con los entes públicos, considerándolos
como contratos administrativos, los cuales vienen a unificar los contratos de obras,
suministros y concesión de servicios públicos lo cuales se consideraban para la época
como una categoría especial.
Según la legislación venezolana Gaceta Oficial N° 2990 de fecha 26 de julio
de 1982, establece el código civil una doble función, en su condición de fuente del
derecho en su ámbito contractual. En los contratos que celebran los órganos de los
poderes públicos en los cuales existen un predominio de las normas jurídicas del
Derecho Público, las disposiciones del Código Civil tienen un carácter supletorio,
para llenar aquellos vacíos jurídicos que no se encuentren expresamente regulados
por las reglas del Derecho Público.
36
La existencia en Venezuela de los contratos administrativos con
características propias que lo diferencian de los contratos de derecho común, puesto
que los contratos administrativos descansan sobre las bases del derecho público en los
aspectos sustantivos, adjetivos y procesales que la materia de contratos
administrativos constituye. De allí que, la jurisprudencia define las características
propias de los contratos administrativos que lo diferencian del contrato común, en la
Sentencia N° 01628 de la Sala Político Administrativa. Expediente N° 16310 del 13
de julio de 2007. A saber: Que por lo menos algunas de las partes sea un ente público,
Que el contrato tenga una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio
público y Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas
prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como
exorbitantes, aun cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales
características en el texto de los mismos.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en sus
artículos 150 y 151 hablan de los contratos de interés público nacional, para sí
identificar los contratos suscritos por las entidades públicas, en la cual una de las
partes es el estado, la administración pública o entidades del sector público cuyo fin
contractual es de interés general o interés público.
Según, la Ley de Contrataciones Públicas se restringe el contrato
administrativo a tres tipos de contratos: adquisición de bienes, prestación de servicios
y ejecución de obras. La Ley ha reconocido su interés en estas figuras contractuales
por lo que ha otorgado potestades a la administración, conocidas estas potestades de
forma tradicional como las clausulas exorbitantes, sin hacer referencia alguna sin que
la administración pudiera rescindir el contrato.
Según, Brewer (2008), comento en la Ley de Contrataciones Públicas: “la ley
de contrataciones públicas regula tres contratos nominados: ejecución de obras,
adquisición de bienes muebles y prestación de servicio, en relación a estos contratos
37
la ley aborda dos aspectos: el procedimiento para la selección del contratista y su
régimen sustantivo. La ley se extienden en general a todos los contratos ya
identificados que sean celebrados por cualquier órgano u ente del sector público,
incluyendo a los particulares que manejen fondos públicos, en el marco de los
mecanismos de participación ciudadana”.
Así que, de acuerdo al derecho venezolano, resulta considerar la figura del
contrato administrativo dentro de la ley de contrataciones públicas, ya que la misma
encausa el hecho de incorporar en la ley de procedimientos contractuales dentro del
marco jurídico que rige la materia de contratos administrativos en el derecho público.
Por tal razón, dicha ley aborda el régimen de los contratos de servicios, bienes y
ejecución de obras que regulan los procedimientos de selección, adjudicación,
seguimiento y culminación de dichos contratos para asegurar el buen ejercicio de ese
poder otorgando al contratante en la ejecución y el desarrollo de las obras en interés
del contratante.
A efectos de la Ley de Contrataciones Públicas, define Contrato en su artículo
6, a los fines de la presente Ley, se define lo siguiente, como contrato: el instrumento
jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de
bienes, incluidas las órdenes de compra y órdenes de servicio, que contendrán al
menos las siguientes condiciones: precio, cantidades, forma de pago, tiempo y forma
de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, si fuere
necesario.
Asimismo, en los artículos 106, 107, 108, 109, 110 y 111 establecen
potestades relacionadas a la ejecución de los derechos contractuales, se puede notar
como se hace presente los imprevistos de los contratos administrativos a decir que:
Artículo 106 - El órgano o ente contratante podrá, antes o después de iniciado el suministro de los bienes, la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas por escrito al contratista. Así mismo, éste podrá solicitar al órgano o ente contratante
38
cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada del correspondiente estudio económico, técnico y de su presupuesto, y el órgano o ente contratante deberá dar oportuna respuesta a la misma. El contratista sólo podrá realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito del órgano o ente contratante, debidamente firmada por la máxima autoridad o de quien éste delegue. Artículo 107 - El órgano o ente contratante procederá a reconocer y pagará las modificaciones o cambios en el suministro de bienes y servicios, o ejecución de obras cuando las haya autorizado expresamente. En el caso de obras, podrá obligar al contratista a restituir la construcción o parte de ésta al estado en que se encontraba antes de la ejecución de la modificación o a demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin la referida autorización escrita. Si no lo hiciere, el órgano o ente contratante podrá ordenar la demolición a expensas del contratista.
Artículo 108 - Serán causas que darán origen a modificaciones del contrato las siguientes:
1. El incremento o reducción en la cantidad de la obra, bienes o servicios originalmente contratados.
2. Que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato. 3. Se modifique la fecha de entrega del bien, obra o servicio. 4. Variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto
original del contrato. 5. Las establecidas en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 110 - Todas las variaciones de precios que hayan afectado realmente el de los bienes y servicios suministrados u obra contratada, debidamente aprobadas por el órgano o ente contratante, se reconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos, aplicables según su naturaleza y fines, entre los cuales se señalan el calculado con base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas polinómicas o el de comprobación directa. El Reglamento de la presente Ley, establecerá los elementos para considerar las variaciones de precios que por diversos motivos sean presentadas a los órganos o entes contratantes
Artículo 111 - En los casos de contrataciones con duración superior a un año, se podrá incorporar en las condiciones de la contratación mecanismos de ajustes que permitan reducir o minimizar los elementos de incertidumbre o riesgos, generados por la variabilidad, de los factores que condicionan la ejecución del contrato con impacto impredecible en las ofertas de los contratistas. En los contratos para la ejecución de obras, prestación de servicios o suministro de bienes, debe incluirse o especificarse lo siguiente:
1. La estructura de costos por renglón o partida.
39
2. El esquema de ajuste o fórmula escalatoria que será aplicada. 3. La periodicidad de los ajustes. 4. Los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos de cálculo,
indicando para éste último el órgano competente que los genere o los publique.
5. Que durante el primer año de vigencia del contrato los precios ofertados permanecerán fijos y sin estar sujetos a reconocimiento de ajustes. Después del primer año sólo se reconocerán ajustes a los precios de aquellos renglones o partidas que tengan continuidad.
6. En cada período de ajuste se afectará solo la porción de obra ejecutada o del bien mueble o servicio suministrado en el mismo, sin afectar las porciones ejecutadas o suministradas con anterioridad y los nuevos renglones o partidas no incluidas en el presupuesto original. Dicho lo anterior, la figura del contrato administrativo como un instrumento
legal para adquirir bienes, servicios y ejecución de obras por parte de la
administración pública venezolana en la Ley de Contrataciones Públicas, por lo que
se observa que se reconoce el contrato administrativo como instrumento contractual
donde se reconoce la tutela del estado sobre el patrimonio público inmerso en el
contrato celebrado entre el Estado y el particular, cuyo objeto y finalidad todas
aquellas situaciones adquiridas por el Estado en los ejercicios contractuales,
cumpliendo con lo pactado dentro del contrato administrativo.
Conclusión.
Se concluye que el enfoque de la figura del contrato administrativo dentro de
la Ley de Contrataciones Públicas, siendo uno de esos objetivos regular la actividad
del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras,
con la finalidad de preservar el patrimonio público, fortalecer la soberanía, desarrollar
la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos
y entes sujetos a la Presente Ley, de manera de coadyuvar al crecimiento sostenido y
diversificado de la economía
40
Por lo que evidentemente la ley solo toma en cuenta los contratos públicos de
ejecución de obras, de adquisición de bienes y de prestación de servicios dejando de
regular todos aquellos contratos que la actividad propia del Estado ejecuta con los
particulares y gubernamentales.
Recomendación.
En virtud de la importancia de las contrataciones públicas es necesario
recomendar crear talleres y/o foros para aquellas empresas privadas interesadas en
participar en este tipo de relación contractual, para evitar inconvenientes o retrasos al
momento de participar.
También se sugiere una constante capacitación del personal encargado de las
Contrataciones Públicas a fin de que siempre puedan apegarse al marco legal de
manera correcta, de manera de agilizar el trabajo y mantener que sea productivo.
Fase II. Conocer la clasificación de la figura de los Contratos
Administrativos dentro de la Ley de Contrataciones Públicas.
Resultados.
La Ley de Contrataciones Públicas busca regular las supuestas emergencias
amparadas en los procedimientos de adjudicación regulado por los principios
estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 2: Las disposiciones de
la presente Ley se desarrollarán respetando los principios de economía, planificación,
transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, publicidad y deberán
promover la participación popular a través de cualquier forma asociativa de
producción.
Dichos principios son base fundamental por lo que sustentan todo orden que
en la ley de contrataciones públicas se pretende regular. En base a esto se puede
41
proponer la clasificación de los contratistas, la cual se clasifica según el monto o
cuantía del bien adquirir, servicio a prestar o contrato de obra, así que la ley establece
la siguiente clasificación:
• Concurso abierto: Procede del artículo 55 de la Ley de Contrataciones
Públicas, por lo que cuando se trate de contrataciones de bienes y servicios la cuantía
deberá ser superior a 20.000 Unidades Tributarias y siendo el caso de contrato de
obras a cuantías superior a 50.000 Unidades Tributarias, el cual tiene tres
mecanismos de ejecución la cual está establecido en el artículo 56 de la misma Ley:
El Concurso Abierto podrá realizarse bajo cualquiera de los siguientes
mecanismos:
o Acto único de recepción y apertura de sobres contentivo de: manifestación de
voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas. En este
mecanismo la calificación y evaluación serán realizadas simultáneamente. La
descalificación del oferente, será causal de rechazo de su oferta.
o Acto único de entrega en sobres separados de manifestaciones de voluntad de
participar, documentos de calificación y oferta, con apertura diferida. En este
mecanismo, se recibirán en un sobre por oferente las manifestaciones de
voluntad de participar, así como los documentos necesarios para la
calificación, y en sobre separado las ofertas, abriéndose sólo los sobres que
contienen las manifestaciones de voluntad de participar y los documentos para
la calificación.
Una vez efectuada la calificación, la Comisión de Contrataciones notificará, mediante
comunicación dirigida a cada uno de los oferentes, los resultados y la celebración del
acto público de apertura de los sobres contentivos de las ofertas a quienes calificaron
y la devolución de los sobres de ofertas sin abrir a los oferentes descalificados. La
calificación debe realizarse en un lapso de dos días hábiles contados a partir de la
recepción de los documentos.
42
o Actos separados de entrega de manifestaciones de voluntad de participar, los
documentos necesarios para la calificación y de entrega de sobre contentivo
de la oferta. En este mecanismo de actos separados, deben recibirse en un
único sobre por oferente, las manifestaciones de voluntad de participar y los
documentos necesarios para la calificación. Una vez efectuada la calificación,
la Comisión de Contrataciones, notificará, mediante comunicación dirigida a
cada uno de los oferentes, los resultados, invitando solo a quienes resulten
preseleccionados a presentar sus ofertas, en un lapso de cuatro días hábiles
para la contratación de bienes y servicios, y seis días hábiles en el caso de la
contratación de obras. En los Concursos Públicos Anunciados
Internacionalmente este lapso será de doce días hábiles. La notificación se
acompañará con el pliego de condiciones para preparar las ofertas.
En los mecanismos anteriores la evaluación de las ofertas y la elaboración del
informe de recomendación para la adjudicación, se cumplirá en un lapso de cuatro
días hábiles para la contratación de bienes y servicios y de once días hábiles en el
caso de contratación de obras, contados a partir de la recepción y apertura del sobre.
Asimismo, los órganos o entes contratantes deben publicar en su página web
oficial el llamado a participar en Concurso Abiertos, hasta un día antes de la
recepción de sobres; igualmente debe remitir al Servicio Nacional de Contrataciones
el llamado a participar en los Concursos Abiertos para que sean publicados en la
página web de ese órgano durante el mismo lapso.
• Concurso Cerrado: son aquellos contratos superiores a 5.000 Unidades
Tributarias hasta 20.000 Unidades Tributarias, en el caso de contrataciones de bienes
y servicios, por otro lado en el caso de construcción de obras, si el contrato a ser
otorgado es por un precio estimado superior a 20.000 Unidades Tributarias y hasta
50.000 Unidades Tributarias
43
La selección se hará de la siguiente manera: debe seleccionarse a presentar
ofertas al menos a cinco participantes, mediante invitación acompañada del pliego de
condiciones, e indicando el lugar, día y hora de los actos públicos de recepción y
apertura de los sobres que contengan las ofertas. La selección debe estar
fundamentada en los requisitos de experiencia, especialización y capacidad técnica y
financiera, que sean considerados a tal fin, éstos deben constar en el acta levantada al
efecto. En caso que se verifique que no existen inscritos al menos cinco participantes
que cumplan los requisitos establecidos para el concurso cerrado, en los archivos o la
base de datos del Registro Nacional de Contratistas, se invitará a la totalidad de los
inscritos que los cumplan.
• Consulta de Precio: según el artículo 73 de la Ley de Contrataciones
Públicas, es utilizado como una forma de hacer un llamado al oferente. Para el
concurso cerrado una vez dado por desierta por acto motivado se procede a la
consulta de precio, la cual la selección del contratista en ambos casos debería está
fundamentado y motivado para adjudicar el contrato mediante un acto administrativo
Se puede proceder por Consulta de Precios:
1. En el caso de adquisición de bienes o prestación de servicios, si el contrato a
ser otorgado es por un precio estimado de hasta cinco mil unidades tributarias
(5.000 UT.)
2. En el caso de ejecución de obras, si el contrato a ser otorgado es por un precio
estimado de hasta veinte mil unidades tributarias (20.000 UT.).
Adicionalmente, se procederá por Consulta de Precios, independientemente
del monto de la contratación, en caso de obras, servicios o adquisiciones de bienes,
que por razones de interés general deban ser contratados y ejecutados en un plazo
44
perentorio que se determinará de acuerdo a la naturaleza del plan excepcional
aprobado por el Ejecutivo Nacional.
En aquellos casos que los Planes Excepcionales sean propuestos por los
órganos de la administración pública nacional, deberán contar con la revisión previa
de la Comisión Central de Planificación, antes de ser sometido a consideración del
Ejecutivo Nacional.
Además, en la Consulta de Precios se deberá solicitar al menos tres ofertas;
sin embargo se podrá otorgar la adjudicación si hubiere recibido al menos una de
ellas, siempre que cumpla con las condiciones del requerimiento y sea conveniente a
los intereses del órgano o ente contratante.
• Contratación Directa: Se podrá proceder excepcionalmente a la Contratación
Directa, independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la
máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justifique
adecuadamente su procedencia, en los siguientes supuestos:
1. Si se trata de suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución de
obras requeridas para la continuidad del proceso productivo, y pudiera resultar
gravemente afectado por el retardo de la apertura de un procedimiento de
contratación.
2. Cuando las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra,
excluyen toda posibilidad de competencia.
3. En caso de contratos que tengan por objeto la fabricación de equipos, la
adquisición de bienes o la contratación de servicios, en los que no fuere
posible aplicar las modalidades de contratación, dadas las condiciones
especiales bajo las cuales los fabricantes y proveedores convienen en producir
o suministrar esos bienes, equipos o servicios.
45
4. Cuando se trate de emergencia comprobada, producto de hechos o
circunstancias sobrevenidos que tiene como consecuencia la paralización total
o parcial de las actividades del ente u órgano contratante, o afecte la ejecución
de su competencia.
5. Cuando se trate de la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación
de servicios regulados por contratos terminados anticipadamente, y si del
retardo en la apertura de un nuevo procedimiento de contratación pudieren
resultar perjuicios para el órgano o ente contratante.
6. Cuando se trate de la contratación de bienes, servicios u obras para su
comercialización ante consumidores, usuarios o clientes, distintos al órgano o
ente contratante, siempre que los bienes o servicios estén asociados a la
actividad propia del contratante y no ingresen de manera permanente a su
patrimonio.
7. Cuando se trate de contrataciones que tengan por objeto la adquisición de
bienes, prestación de servicios o ejecución de obras sobre los cuales una
modalidad de selección de contratistas pudiera comprometer secretos o
estrategias comerciales del órgano o ente contratante, cuyo conocimiento
ofrecería ventaja a sus competidores.
8. Cuando se trate de la adquisición de bienes producidos por empresas con las
que el órgano o ente contratante suscriba convenios comerciales de
fabricación, ensamblaje o aprovisionamiento, siempre que tales convenios
hayan sido suscritos para desarrollar la industria nacional sobre los referidos
bienes, en cumplimiento de planes dictados por el Ejecutivo Nacional.
9. Cuando se trata de contrataciones de obras, bienes o servicios requeridos para
el restablecimiento inmediato o continuidad de los servicios públicos o
actividades de interés general que hayan sido objeto de interrupción o fallas,
independientemente de su recurrencia.
10. Cuando se trate de actividades requeridas para obras que se encuentren en
ejecución directa por órgano y entes del Estado, y de acuerdo a su capacidad
46
de ejecución, sea necesario por razones estratégicas de la construcción, que
parcialmente sean realizadas por un tercero, siempre y cuando esta asignación
no supere el cincuenta por ciento (50%) del contrato original.
11. Cuando se trate de la adquisición de bienes y contratación de servicios a
pequeños y medianos productores nacionales que sean indispensables para
asegurar el desarrollo de la cadena agroalimentaria.
12. Cuando se trate de suministros de bienes, prestación de servicios o ejecución
de obras para las cuales se hayan aplicado modalidades de contratación y estas
hayan sido declaradas desiertas, manteniendo las mismas condiciones
establecidas en la modalidad declarada desierta.
Se procederá excepcionalmente por Contratación Directa sin acto motivado,
previa aprobación de la máxima autoridad del Ministerio competente:
1. Cuando se decrete cualquiera de los estados de excepción contemplados en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2. Si se trata de bienes, productos y servicios de urgente necesidad para la
seguridad y defensa de la Nación, para cuya adquisición se hace imposible la
aplicación de las modalidades de selección, dadas las condiciones especiales
que los proveedores requieren para suministrar los bienes, productos y
servicios.
3. Si se trata de bienes, servicios, productos alimenticios y medicamentos,
declarados como de primera necesidad, siempre y cuando existan en el país
condiciones de desabastecimiento por no producción o producción
insuficiente, previamente certificadas por la autoridad competente.
Conclusión
Se puede concluir que, la Ley de Contrataciones Públicas derogo la ley de
licitaciones por lo que vino a regular en su lugar los procedimientos en aras de dar
mayor agilidad en los procesos de contratación pública.
47
En lo que respecta entre el concurso abierto y cerrado, se diferencian uno del
otro ya que en el concursos cerrado, no existe una previa clasificación, sino que son
invitados para presentar de forma directa su oferta, por considerar que éstos cumplen
con los requisitos de clasificación.
En lo que respecta a las contrataciones directas, constituye una modalidad de
selección del contratista, lo que no le da la potestad a la administración de contratar
de forma arbitraria con quien considere conveniente.
Lo que se busca de la consulta de precio y las contrataciones directas es de
esbozar los contratos administrativos, ya que lo que se busca es organizar de forma
conveniente para la administración pública la mejor oferta para la satisfacción de los
intereses colectivos.
Recomendación.
Se sugiere seguir cumpliendo lo estipulado en la Ley de Contrataciones
Públicas, de manera de fomentar los mecanismos de contrataciones públicas para que
posteriormente se pueda hacer crecer la participación en las contrataciones públicas
de acuerdo a su clasificación y éstos puedan prestar un mejor servicio.
Fase III. Estudiar la figura del Contrato Administr ativo en la adquisición
de bienes, servicios y ejecución de obras por parte de los consejos comunales
según la Ley de Contrataciones Públicas.
Resultados.
Tal como lo establece el artículo 3, numeral 7 de la Ley de Contrataciones
Públicas, será aplicada a los sujetos que a continuación se señalan: …N° 7. Los
48
Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de base que maneje
fondos públicos.
Por otro lado, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Ley Orgánica
de los Consejos Comunales: … son instancias de participación, articulación e
integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones
comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado
ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y
proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de
las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de
igualdad, equidad y justicia social.
El estudio de la figura del contrato administrativo en la adquisición de bienes
y servicios y contratos de obras por los Consejos Comunales previsto dentro de la
Ley de Contrataciones Públicas como una novedad, ya que la intención del legislador
es darle un marco jurídico a las contrataciones que ellas realicen.
Los Consejos Comunales seleccionarán en asamblea de ciudadanos y
ciudadanas los miembros que formarán parte de la Comisión Comunal de
Contrataciones, la cual estará conformada por un número impar de al menos cinco
(05) miembros principales con sus respectivos suplentes, igualmente se designará un
(01) secretario con derecho a voz, más no a voto y sus decisiones serán validadas por
la Asamblea, siendo regulado su funcionamiento en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas.
Conclusión.
Se concluyó que, los consejos comunales, con los recursos asignados por los
órganos o entes del Estado, podrán aplicar modalidades de selección de contratistas
para promover la participación de las personas y de organizaciones comunitarias para
el trabajo, de su entorno o localidad preferiblemente.
49
Además, a los efectos de adquirir bienes, contratar servicios y ejecutar obras
los Consejos Comunales, a través de las Comisiones Comunales de Contratación,
aplicarán la modalidad de selección de contratistas definida como Consulta de
Precios, adecuándose a los límites cuantitativos señalados para esta modalidad.
En caso de aplicar la modalidad de concurso abierto o concurso cerrado, por
superar los límites cuantitativos establecida en la ley, la comisión comunal de
contrataciones podrá solicitar el apoyo y acompañamiento gratuito del Servicio
Nacional de Contrataciones.
Recomendación
Se recomienda crear grupos especializados en el tema de las contrataciones
públicas para que dicten cursos sobre la materia ya que los consejos comunales
manejan recursos públicos, los cuales deben ser administrados de manera transparente
y eficiente a los fines de preservar el patrimonio público y coadyuvar al crecimiento
sostenido y diversificado de la economía.
50
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
TEXTOS
• Arias F (2006). El Proyecto de Investigación. Inducción a la metodología
científica. Editorial Episteme. Caracas, Venezuela.
• Balestrini M (2002). Como se Elabora un Proyecto de Investigación. Sexta
edición. Consultores Asociados: Caracas.
• Brewer A (2008). Estudio a la Ley de Contrataciones Públicas. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas Venezuela
• Carrillo B (2000). Derecho Civil IV. Teoría General del Contrato. 3era
Edición, Editorial Reus. Venezuela.
LEYES
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.433 extraordinario, del
24 de marzo de 2000.
• Ley de Contrataciones Públicas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 39.503 de la fecha de 6 de septiembre de 2010.
• Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de la fecha de 19 de mayo de
2009.
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TRABAJOS DE GRADO
• Moreno N (2000). Los Contratos Administrativos y su Control Judicial en
Venezuela. Universidad Luz. Maracaibo, Estado Zulia. Venezuela.
• Rodríguez M (2010), “Diagnóstico del Estado Actual de los Portales de
Compras Públicas en América Latina y su Aprovechamiento para el
Fomento de los Negocios Internacionales de las Empresas Salvadoreñas
Dedicadas a la Consultoría y Asesorías”. Universidad Dr. José Matías
Delgado. México.
• Roque J (2009). Consecuencias que Acarrea a los Contratos de la
Administración Pública, la Impugnación de un Acto Administrativo
Contractual sobre la Base de la Teoría de la Coligación en el Derecho
Venezolano. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia.
Venezuela.
• Tabares F (2000). “Teoría General de la Conexión: Actos Administrativos
y Contratos de la Administración Pública”. Universidad la Luz. Maracaibo,
Estado Zulia. Venezuela.
