El AMPARO CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA:

CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

Trabajo de Mrito presentado como requisito para ingresar

al personal acadmico ordinario de la UNEG

Autora: Profa.: Isley Zambrano

Tutora: Profa.: Addy Orozco

Ciudad Guayana, junio 2009

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADMICO

DEPARTAMENTO HOMBRE Y AMBIENTE

ii

NDICE

NDICE.................................................ii

RESUMEN...............................................iii

INTRODUCCIN............................................1

CAPITULO I:.............................................5

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES...........................5

A. CONSIDERACIONES GENERALES..........................5

B. NATURALEZA JURDICA DEL AMPARO.....................9

C. BREVE RESEA HISTRICA DEL AMPARO EN VENEZUELA....12

CAPITULO II............................................18

INADMISIBILIDAD DEL AMPARO EN VENEZUELA................18

A. DE LA CONSTITUCIN NACIONAL DE 1999...............18

B. INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA DEL AMPARO .......22

C. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD SEGN LA LEY ORGNICA DE

AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTAS CONSTITUCIONALES ...25

CONCLUSIONES...........................................40

REFERENCIAS............................................43

iii

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA VICERRECTORADO ACADMICO

DEPARTAMENTO HOMBRE Y AMBIENTE

TRABAJO DE MERITO

El AMPARO CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA: CAUSALES DE INADMISIBILIDAD

AUTORA: ISLEY ZAMBRANO

TUTORA: ADDY OROZCO

RESUMEN

La accin de amparo es un derecho consagrado

constitucionalmente en Venezuela desde el ao 1961, de naturaleza netamente restitutoria, y se tiene el derecho a ejercerla una vez vulnerado cualquiera de los derechos fundamentales estn o no consagrados en la constitucin o en los tratados internacionales, debindose observar para su ejercicio los requisitos de procedencia y admisibilidad establecidos en la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales en concordancia con la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, creada en la Constitucin Nacional de 1999, que ha dictado jurisprudencia y modifica sustancialmente la competencia y el procedimiento de la accin de amparo. La Accin de Amparo dirigida a la proteccin de los derechos fundamentales, proyecta en el ciudadano unas condiciones de calidad de vida, promueve y mantiene el restablecimiento de los derechos luego que se ha producido una lesin. El presente trabajo es producto de una investigacin de ndole documental, que tiene como propsito, el estudio de las causales de inadmisibilidad, que son condiciones a las cuales est sometido el ejercicio de la accin de amparo, pudiendo ser revisadas en cualquier momento del proceso.

Palabras claves: derechos fundamentales, restitutoria, accin de amparo, inadmisibilidad, improcedencia.

1

INTRODUCCIN

El Amparo Constitucional en Venezuela es una garanta

consagrada en la Constitucin Nacional (CN) dentro del

ttulo De los derechos humanos y garantas y de los

deberes, siendo as una accin a la cual tiene derecho a

ejercer todo ciudadano si considera violados o vulnerados

sus derechos fundamentales consagrados en la carta magna

o tratados internacionales ratificados por Venezuela.

La accin de amparo tiene una naturaleza restitutoria

y con el ejercicio de esta accin se puede solicitar el

restablecimiento del derecho infringido o poner al sujeto

en una situacin similar o parecida a la que tena antes

de su violacin, lo cual se traduce en un control de los

derechos, ms no se debe confundir con un control

objetivo de legalidad o de constitucionalidad de las

normas.

El amparo es una garanta de los derechos

fundamentales, independientemente de la norma que los

consagra, que no es materia u objeto de amparo, como

tampoco son materia de amparo las reglas legales

adjetivas, ni los errores de procedimiento que puedan

cometer los jueces en el ejercicio de su funcin; ni

tampoco los errores que pudieran cometer en la escogencia

o interpretacin de la ley aplicable (Govea y

Bernandoni, 2002, p. 41.), puesto que al ejercer la

accin, el objetivo primordial es que la violacin de ese

derecho cese; no se juzga con la accin de amparo la

2

ilegalidad o inconstitucionalidad de las normas, es la

situacin de hecho que ha vulnerado el derecho

fundamental, lo que origina el ejercicio de la misma.

Es necesario tener claro cundo es procedente y

cuando es admisible el ejercicio de la accin de amparo,

para que cualquier persona que considere vulnerados sus

derechos fundamentales pueda ejercer tal accin, entonces

el Estado debe garantizar el procedimiento para el

ejercicio de la misma, en las condiciones de inmediatez,

eficacia, publicidad y brevedad, sin sujecin a

formalidades no esenciales.

La accin de amparo est consagrada en los tratados

internacionales y su desarrollo es realizado conjunta-

mente con el principio de progresividad y evolucin de

los derechos fundamentales, pudindola ejercer entonces

cualquier persona que sienta vulnerado el derecho al

trabajo, a la dignidad fsica, a la educacin, a la salud

a la vivienda o afectados los derechos ya sean de

primera, segunda, tercera o cuarta generacin, como es el

derecho a la paz, al desarrollo econmico, as como todos

los derechos relacionados con el mbito tecnolgico,

entre otras materias.

Esta investigacin tiene por objetivo, lograr el

conocimiento y el anlisis de la Accin de Amparo en

Venezuela, su evolucin histrica, profundizar en las

causales de inadmisibilidad como condiciones necesarias

para que la interposicin de una accin de sta ndole

3

sea tramitada por los Tribunales y tenga xito un su

procedimiento pasando a conocer el Juez el fondo de la

accin; se trata entonces de analizar cada una de las

causales de inadmisibilidad de la Accin de Amparo

establecidos en el artculo 6 y 19 de la Ley Orgnica de

Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales (Ley

Orgnica de Amparo) y profundizar las condiciones en

relacin a cada uno de las causales, en concordancia con

la Constitucin Nacional de 1999 y las ltimas

jurisprudencias emitidas por la Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que han modificado

sustancialmente las normas contenidos en la mencionada

Ley.

El presente trabajo es netamente de ndole

documental, con uso de informacin obtenida y razonada

de medios impresos, discriminada en dos captulos: el

primero, trata lo relativo a las consideraciones de la

accin de amparo y una breve resea histrica. En el

segundo captulo se analiza el contenido de la Ley de

Amparo, los rasgos ms importantes que del amparo

desarrolla la exposicin de motivos de la Constitucin

Nacional de 1999 y cada una de las causales de

inadmisibilidad relacionadas con jurisprudencia de la

Sala Constitucional sobre la materia.

Esta investigacin, desarrollada como un proceso

descriptivo, critico-reflexivo y explicativo, registra de

qu manera el amparo en el ejercicio de la justicia,

promueve interrelaciones complejas de acciones que

4

coexisten en el ordenamiento jurdico. El mbito

investigativo ha permitido interponer cmo el amparo

equilibra un proceso de continuidad, que con recursos

dirigidos a la proteccin del ciudadano, favorece las

regulaciones en el orden constitucional de una nacin -

estado.

En este orden, se orienta un avance en el campo

jurdico, en la interpretacin de cmo la accin de

amparo constitucional ha contribuido formalmente a la

profundizacin de los lineamientos con la Constitucin

Nacional de 1999, en los beneficios de una comunidad, as

como de los derechos que tiene todo ciudadano, tanto en

el mbito nacional como en el internacional.

El conocimiento razonado de su interpretacin garan-

tizara un estudio formal de una lnea de investigacin

en el marco de la jurisprudencia legal, efectiva en la

proteccin de los derechos de los ciudadanos, calidad de

vida y conocimiento de la caducidad de los procesos.

5

CAPITULO I:

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

A. CONSIDERACIONES GENERALES

El hombre por su naturaleza es un ser sociable y

poltico y nuestra legislacin debe garantizar un

desarrollo cvico, a travs del respeto a los derechos

fundamentales, tales como el derecho a la defensa, al

trabajo, al debido proceso, a la salud, a la vida, entre

otros, que son necesarios para procurar la paz social y

el desenvolvimiento de todos los ciudadanos, pueblos y

naciones. Los derechos fundamentales son inseparables de

cada persona en cuanto persona natural, por ello

indisponibles, unidos a la dignidad de la persona y

necesarios para el desarrollo del individuo.

En este sentido, la declaracin de los derechos

humanos suscrita por la ONU1 establece en su prembulo:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrnseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la

1 Declaracin Universal de los Derechos humanos de la Organizacin de las Naciones Unidas. Adoptada y proclamada por la Resolucin de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.Disponible en: http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/dudh.htm.

6

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiracin ms elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Es necesario entonces que el orden jurdico

constituido en el pas garantice el cumplimiento de estos

derechos fundamentales. En Venezuela, la Constitucin

Nacional vigente,2 (1999) en el Titulo III, De los

derechos humanos y garantas, y de los deberes,

desarrolla los Derechos: de la nacionalidad y de la

ciudadana, civiles, polticos y del referendo popular,

sociales y de las familias, culturales y educativos,

econmicos, de los pueblos indgenas, ambientales y de

los deberes.

Todo este conglomerado de derechos consagrados en la

Constitucin, debe estar protegido y respaldado para todo

ciudadano por la ley ordinaria y por las autoridades

judiciales, toda vez que el ordenamiento jurdico tiene

la obligacin de garantizar el cumplimento de los

derechos y dar a los titulares los medios adecuados para

su defensa, en caso de violacin de los mismos.

Esta visin de los derechos humanos tiene su origen

en las manifestaciones jurdicas de la Constitucin de

los Estados Unidos de Amrica en el ao 1787, y con la

Revolucin Francesa de 1789, instrumentos jurdicos que 2 La constitucin se public en Gaceta Oficial el 30/12/1999, sin embargo fue publicada nuevamente en Gaceta Oficial 5.453 (Extraordinaria) en fecha 24/03/2000, para subsanar errores gramaticales.

7

pusieron lmites al poder del gobierno. El objetivo que

se buscaba con estos instrumentos, era que quien

detentare el poder tuviese un lmite en el ejercicio del

mismo, garantizando el efectivo disfrute de los derechos

del individuo, bsicamente, libertad, igualdad ante la

ley, seguridad personal y propiedad privada; son estos

principios los que van a inspirar las constituciones de

Amrica Latina.

En la comprensin y conocimiento de estos derechos,

(Ayala Corao, Noviembre, 2001, p. 170), indica el

nacimiento de una segunda ola de derechos sociales, en

las reas: laboral, educacin, la salud y la vivienda.

Estos derechos se constituyen en una prolongacin de los

derechos individuales y son disfrutados en grupo, lo cual

los hace necesarios en la persona para el desarrollo

social, en el desenvolvimiento del da a da de cada

ciudadano y en su entorno social. Estos derechos

sociales, a diferencia de los derechos de la primera

generacin que son inherentes a la persona humana

individualmente considerada, son aprovechados y

disfrutados por el ser humano en su desarrollo y entorno

social.

As entonces, esta segunda generacin de derechos se

cristaliza en el Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Polticos y en el Pacto Internacional de los Derechos

Sociales, Econmicos y Culturales, aprobados en el seno

de las Naciones Unidas en el ao 1966 y ratificados por

Venezuela en Mayo de 1978, pasando entonces a ser Ley en

8

Venezuela y de obligatorio cumplimiento.

En ese sentido, el derecho internacional, en

aplicacin al principio de progresividad, va consagrando

a travs de los tratados internacionales los derechos que

conjuntamente con el ser humano evolucionen y se

desarrollen, ya sea de manera individual o social,

permitiendo la actualizacin continua y la generacin de

actos nuevos, consagrados en los ordenamientos jurdicos.

As, en la actualidad existen derechos de una tercera

generacin, tales como: el derecho a la paz, al

desarrollo econmico, a la libre determinacin de los

pueblos, a disfrutar de un medio ambiente sano; y de una

cuarta generacin en la cual est incluido el aspecto

tecnolgico, de esta manera que los derechos

fundamentales sern consagrados en la medida que el ser

humano avance y evolucione.

Ahora bien, dentro de la Constitucin Nacional

Venezolana, cada ciudadano al momento de ver violados

estos derechos fundamentales, tiene la facultad de acudir

ante una autoridad judicial y solicitar se restituya el

derecho violado, a travs de los diferentes

procedimientos, entre los cuales tenemos la Accin de

Amparo.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia en la sentencia N 828, de fecha 27/07/2000,

expediente N 00-0889, deja sentado efectivamente que los

derechos fundamentales no son slo derecho positivo; muy

9

por el contrario, son los valores y principios que

regulan la funcin pblica, que inspiran -al igual que

desde su origen- la razn de ser del ordenamiento

jurdico, como un sistema de valores.

De conformidad con las ideas anteriores, podemos

afirmar que Venezuela es un pas que reconoce en la

Constitucin Nacional los derechos fundamentales al ser

humano e inherentes a su dignidad, dando cumplimento a

los Convenios Internacionales que garantizan el respeto y

el resguardo de estos derechos, al proveer de

instrumentos legales que de manera eficaz y eficiente

tutelen los mismos.

B. NATURALEZA JURDICA DEL AMPARO

En este contexto, la Constitucin Nacional seala en

el artculo 27, lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantas constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitucin o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

El procedimiento de la accin de amparo constitucional ser oral, pblico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendr potestad para restablecer inmediatamente la situacin jurdica infringida o la situacin que ms se asemeje a ella. Todo tiempo ser hbil y el tribunal lo tramitar con preferencia a cualquier otro asunto.

La accin de amparo a la libertad o

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seguridad podr ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida ser puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilacin alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaracin del estado de excepcin o de la restriccin de garantas constitucionales.

Al respecto, podemos entender que la Constitucin

Nacional consagra el derecho a ser amparado como derecho

fundamental, derecho que se materializa a travs de los

procedimientos ordinarios judiciales y a travs de la

Accin de Amparo. As, podemos entender como Accin en

sentido procesal, el derecho a acudir a un juez o

tribunal obteniendo de l la tutela de un derecho o un

inters. (Real Academia Espaola, 2001, p. 21). Esta

accin requiere de un proceso que conlleva a un

procedimiento el cual debe ser oral, pblico, breve,

gratuito y no sujeto a formalidad alguna.

As entonces, la accin de amparo es una garanta

constitucional y judicial de los derechos humanos, de

cualquiera que sea, no slo de los consagrados en la

Constitucin, sino de todos los derechos inherentes a la

persona. El artculo 27 de la Constitucin Nacional

ratifica an ms estos derechos, al referir que la accin

garantiza aun aquellos inherentes a la persona que no

figuren expresamente en esta Constitucin, teniendo en

cuenta que con el principio de progresividad cada vez se

han generado derechos que son necesarios para el

desarrollo social del individuo.

11

La accin de amparo es una garanta consagrada

constitucionalmente, que mediante el procedimiento

establecido en la Ley Orgnica de Amparo y la

jurisprudencia de la Sala Constitucional, se solicita la

restitucin de los derechos infringidos, as la accin

es un derecho a obtener, por parte del Estado (y

especficamente de los tribunales), la tutela jurdica de

los derechos subjetivos. (Henrquez, Noviembre, 2001. p.

417)

El procedimiento establecido para la accin de amparo

debe ser tramitado por los tribunales de la Repblica de

manera rpida, efectiva y sencilla, tal como lo indica el

artculo 8 de la Declaracin Universal de los Derechos

Humanos suscrita por Venezuela en el ao 1948, la cual

expresa que toda persona tiene el derecho a un recurso

efectivo ante los tribunales nacionales competentes que

la ampare contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la constitucin o por la

ley; competencia obligante de los Estados de garantizar

este procedimiento otorgndole a la accin de amparo una

garanta interna para todos los ciudadanos sin

discriminacin alguna y una garanta externa por el

cumplimiento que debe hacer cada Estado de estas

obligaciones internacionales. Tenemos entonces un derecho

fundamental de carcter internacional y constitucional,

cuando se tienen a disposicin medios judiciales

rpidos, eficaces y restitutorios, que permiten

condiciones para el bienestar de una sociedad.

12

La accin de amparo, por su naturaleza restitutoria,

y con el ejercicio de su procedimiento puede obtener el

accionante el restablecimiento del derecho infringido o

poner al sujeto en una situacin similar o parecida a la

que tena antes de su violacin, sin embargo, no crea

situaciones jurdicas distintas a las denunciadas como

violadas o vulneradas, es decir, no crea situaciones

jurdicas nuevas.

En esta perspectiva, el amparo se considera un medio

especial en garanta de los derechos constitucionales, el

cual para poder ejercerlo, es necesario que las vas

procesales ordinarias que nos otorga el ordenamiento

jurdico venezolano no sean las adecuadas o sean

insuficientes para evitar el dao causado o no resulten

oportunas en la restitucin del derecho. (Ayala Corao,

Enero-Diciembre, 1997, p.397).

C. BREVE RESEA HISTRICA DEL AMPARO EN VENEZUELA

La accin de amparo vigente en Venezuela fue

efectivamente consagrada en la Constitucin de 1961, ya

que los intentos realizados en las constituciones

anteriores no pasaron de ser simples proyectos. En la

Constitucin de 1947 se consagr el derecho del habeas

corpus, que impeda las violaciones de los derechos

fundamentales vinculadas exclusivamente con la libertad

personal.

13

En la discusin de la Constitucin de 1947 prevaleci

el criterio plasmado por algunos miembros de la Asamblea,

como el Diputado Quijada, quien al respecto expuso

textualmente:

El recurso de amparo no ha servido hasta ahora en los pases donde est consagrado constitucionalmente sino para amparar otra cosa que no sea el derecho absoluto, a la propiedad privada, que no sea el de amparar a los latifundistas cuando la reforma agraria va contra sus intereses En nombre de qu democracia y de qu pueblo venezolano se va a consagrar en la Constitucin un recurso de amparo que va a ser el obstculo ms grande con que va a tropezar la reforma agraria, la legislacin del trabajo y seguramente que los planes de urbanismo cuya realizacin estn pidiendo perentoriamente las ms grandes ciudades de Venezuela.(Chavero, 2001, p. 21)

Se puede evidenciar con este criterio el temor que

prevaleca para consagrar un derecho nuevo que

garantizara el cumplimiento de los derechos fundamentales

y que limitaba el poder a los rganos del Estado y a los

ciudadanos entre s.

Es en la Constitucin de 1961, artculo 49, cuando

efectivamente queda consagrada la accin de amparo de la

siguiente manera:

Los tribunales ampararn a todo habitante de la Repblica en el goce y ejercicio de los derechos y garantas que la constitucin establece, en conformidad con la Ley. El procedimiento ser breve y sumario, y el juez competente tendr potestad para restable-

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cer inmediatamente la situacin jurdica infringida.

En esta perspectiva, el Poder Judicial posee la

obligacin de resguardar y garantizar a los ciudadanos un

procedimiento breve y sumario en caso de ver violados sus

derechos fundamentales, otorgndole en este caso la

constitucin la obligacin a los jueces de garantizar el

control constitucional y restituir al ciudadano el

derecho infringido.

Ahora bien, a pesar de estar el amparo constitu-

cionalmente consagrado como un derecho, no se aplic

efectivamente, tomando en cuenta que el articulo 49,

antes citado, refera a una Ley, y por lo tanto los

tribunales de la Repblica lo consideraron como una Ley

programtica, pues no exista norma jurdica que lo

desarrollara y que precisara la competencia y el

procedimiento a aplicar.

Ciertamente, Venezuela, como miembro de la

Organizacin de las Naciones Unidas, suscribi y aprob

por ley, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos

en 1977 (Pacto de San Jos); el Pacto Internacional de

Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos en el ao

1978, acuerdos que han establecido la obligacin de los

Estados de garantizar los derechos humanos y, en

consecuencia, tener dentro del ordenamiento jurdico un

procedimiento o recurso que de manera rpida y sencilla

garantice de manera efectiva la restitucin de los

15

derechos humanos en caso de violacin. (Brewer-Carias,

1985, p. 552)

En este sentido, se ratifica an ms el compromiso de

Venezuela de garantizar la tutela de los derechos; as la

Convencin Americana establece en su artculo 25, lo

siguiente:

Toda persona tiene derecho a un recurso

sencillo y rpido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitucin, la ley o la presente Convencin, aun cuando tal violacin sea cometida por personas que acten en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente

prevista por el sistema legal del Estado decidir sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisin en que se haya estimado procedente el recurso.

Pues bien, una dcada despus, especficamente en

los aos 1982 y 1983, con los casos denominados La

Rondalera y el del Sr. Andrs Velsquez, se inicia

la imperiosa necesidad jurdica de crear la ley que

desarrollara el amparo. En el caso de la Rondalera,

en una Primera Instancia la accin de amparo fue

declarada sin lugar al considerar que se estaban

tramitando los medios ordinarios adecuados, sin

embargo, qued expresamente plasmado que el artculo

16

49 de la Constitucin Nacional no poda ser

entendido slo como una norma programtica. Esta

decisin fue revocada por el Juzgado Superior, el

cual acord el amparo a la Institucin La Rondalera.

Por otro lado, con el caso del Sr. Andrs Velsquez,

se inicia efectivamente la aplicacin en Venezuela de la

Accin y es este procedimiento judicial la base para la

promulgacin de la Ley especial que desarrolla la

materia. La accin de amparo fue admitida por el mximo

tribunal de la Repblica y a pesar que fue desestimado en

definitiva, el 20 de octubre de 1983 la Sala Poltico

Administrativa de la Corte Suprema de Justicia (hoy

Tribunal Supremo de Justicia) expres:

Al admitir la posibilidad del ejercicio actual del recurso de amparo, no puede la Corte dejar de advertir que los Tribunales de la Repblica deben hacer uso prudente y racional de la norma contenido en el artculo 49 de la Constitucin, tratando de suplir por medio de la analoga y dems instrumentos de interpretacin de que los provee el sistema jurdico venezolano, la lamentable ausencia de una ley reglamentaria de la materia. (Brewer Carias, 1985, p. 555.)

Evidentemente que haba existido y segua existiendo

un excesivo cuidado del Poder Judicial Venezolano de

aplicar este mecanismo y segua supeditando su ejercicio

a la Ley que lo desarrollara, sin embargo, cabe destacar

que los Tribunales son garantes de los derechos y por

ende la aplicacin de la accin tutelar de ellos.

17

En fecha 22 de Enero de 1988, se promulg la Ley

Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas

Constitucionales, en la Gaceta Oficial N 33.891, vigente

hasta la fecha. Con la entrada en vigencia de la

Constitucin Nacional en el ao 1999, se cre en el

Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional que

mediante va jurisprudencial ajust el procedimiento de

la Accin de Amparo al texto constitucional, realiz

cambios en la competencia y derog tcitamente la ultima

causal de inadmisibilidad establecida en el artculo 6 de

la Ley Orgnica de Amparo, lo cual hace necesario en la

actualidad, la modificacin de la Ley que desarrolla el

amparo y se garantice en forma clara y sin dudas para

todas los ciudadanos, el debido proceso y la legtima

defensa en el ejercicio de la misma.

18

CAPITULO II

INADMISIBILIDAD DEL AMPARO EN VENEZUELA

A. DE LA CONSTITUCIN NACIONAL DE 1999

La Constitucin Nacional de 1999, en la exposicin de

motivos,3 al momento de tratar el punto de la accin de

amparo, en el Ttulo III: de los Derechos Humanos,

Garanta y de los Deberes, establece:

1. El amparo se reconoce como una garanta - derecho

constitucional que tiene por fin la tutela judicial de

los derechos humanos.

2. El procedimiento debe ser oral, pblico, breve,

gratuito, sin formalidades y tramitable en todo tiempo

y con preferencia a cualquier otro; debe adems el

juez que procese la accin de amparo ir ms all del

procedimiento y restablecer, si est dentro de sus

posibilidades, los derechos infringidos, o de lo

contrario poner el derecho infringido de una manera

similar o semejante a la que se encontraba antes de

ser violado. Debe el juez ser diligente y oportuno en

cuanto a la situacin jurdica del agraviado, de

manera que sea efectivo el proceso.

3. En la parte relacionada al Ttulo VIII, De la

3 Texto publicado en la Gaceta Oficial N 5.453 extraordinaria del 24/03/2000 conjuntamente con el texto de la Constitucin Nacional.

19

Proteccin de esta Constitucin, la exposicin de

motivos expone:

a) Se confirma que la Justicia Constitucional en

Venezuela la ejercen todos los tribunales de la

Repblica, no slo mediante el control difuso de

la constitucionalidad, sino por el ejercicio de

otras acciones, entre ellas, la accin de amparo

constitucional; destinada a ofrecer una tutela

judicial reforzada de los derechos humanos,

reconocidos y garantizados expresa o

implcitamente en la Constitucin, tomando en

cuenta a los derechos humanos considerados como

inherentes a la dignidad humana y en ms amplia

connotacin, ya que se tutela an los derechos no

contemplados en la Constitucin Nacional.

b) As mismo, con la entrada en vigencia de la

Constitucin Nacional, se cre la Sala

Constitucional, y se ratific la concepcin

constitucional de los derechos humanos y de la

accin de amparo, asumiendo la Sala

Constitucional las siguientes competencias:

i. Las competencias que en materia de amparo

tenan las salas existentes en la Corte

Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de

Justicia.

ii. Las acciones de amparo contra altas

autoridades de rango constitucional.

iii. Amparo contra decisiones judiciales y

apelaciones o consultas en amparo.

20

4. Se indica que la Ley Orgnica respectiva, en este caso

la Ley Orgnica de Amparo, deber eliminar la accin

cautelar de amparo que se ejerce conjuntamente con el

recurso contencioso administrativo de nulidad.

5. Tiene la Sala Constitucional la competencia de revisar

las decisiones definitivamente firmes dictadas por los

Tribunales de la Repblica en materia de amparo

constitucional y control difuso de la

constitucionalidad, con la finalidad nica de darle

uniformidad a la interpretacin de las normas y

principios constitucionales.

6. Con el objeto de hacer efectiva la tutela judicial de

los administrados y garantizar el libre acceso a la

justicia, la ley orgnica deber eliminar la carga que

tienen los administrados de agotar la va

administrativa antes de interponer el recurso

contencioso administrativo de nulidad, lo cual debe

quedar como una opcin a eleccin del interesado, pero

no como un requisito de cumplimiento obligatorio.

7. Aunado a este procedimiento, la legislacin deber

establecer expresamente que en caso que un acto

administrativo estuviere viciado de inconstitucio-

nalidad o de algn vicio que acarree su nulidad

absoluta, no operar en modo alguno el plazo de

caducidad para el ejercicio del recurso contencioso

administrativo de nulidad, de esta manera se ofrece al

administrado una proteccin de sus derechos humanos

21

acorde con el principio de progresividad consagrado en

la Constitucin, una vez eliminada la accin de amparo

cautelar contra actos administrativos.

8. La Ley Orgnica respectiva eliminar la accin de

amparo cautelar que se ejerce conjuntamente con la

accin popular de inconstitucionalidad contra leyes y

disposiciones normativas.

9. El Tribunal Constitucional puede decretar cualquier

medida cautelar que fuere necesaria para proteger los

derechos humanos y garantizar la integridad de la

Constitucin.

En funcin de estos principios, la Sala Constitucional en

fecha 20/01/2000, en sentencia N 01, expediente 00-0002,

Caso Emery Mata Milln, modific sustancialmente la

competencia que rega en la Ley Orgnica de Amparo e

instaur un nuevo criterio de aplicacin. En tal sentido,

la referida sentencia estableci:

la competencia que contempla el artculo 8 de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales ha desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (tngase presente que la creacin de una Sala con competencia constitucional origina un criterio orgnico para delimitar la competencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la Constitucin).

En cuanto al procedimiento de amparo, la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de

22

conformidad con las facultades atribuidas en el artculo

335 de la Constitucin Nacional, tendr la facultad de

establecer interpretaciones referente al contenido y

alcance de las normas y principios constitucionales, las

cuales en materia de amparo son vinculantes para los

Tribunales de la Repblica, distinguiendo si se trata de

amparos contra sentencias o de los otros amparos, excepto

el cautelar.(TSJ. Sala Constitucional, 01/02/2000, N 07)

B. INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA DEL AMPARO

Al respecto, si bien es cierto que el objetivo

principal de la accin de amparo es la proteccin de los

derechos y garantas constitucionales, al momento de

interponerse la accin tiene que estar detallada de

manera clara y precisa la situacin de hecho o de derecho

que ha originado la interposicin de la accin. En ese

contexto se procura aportar al juicio los elementos

suficientes para considerar que tal violacin amerita la

procedencia de la Accin, son requisitos de fondo,

fundamentales que dan origen a la accin de amparo, por

cuanto lo que la hace viable y procedente es la

existencia de la violacin de la garanta o del derecho

fundamental.

Estas situaciones de hecho o de derecho que originan

la interposicin de la Accin de Amparo, fueron

expresamente establecidas por la Sala Constitucional en

Sentencia N 401, de fecha 19/05/2000, determinando que

existen circunstancias necesarias para la procedencia de

23

la Accin de Amparo; tales como:

1) Que el actor invoque una situacin jurdica

infringida;

2) Que exista una violacin de los derechos o

garantas constitucionales;

3) Que tal violacin afecte su situacin

jurdica de manera tal, que se sepa cul era el estado

de las cosas antes de la violacin o antes de la

amenaza;

4) Que sea necesaria la intervencin judicial

inmediata para que restablezca la situacin, ya que de

no ser as, el dao se hara irreparable. Estos

caracteres surgen de los numerales 2 y 3 del artculo

6 de la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y

Garantas Constitucionales.

La existencia de la situacin jurdica implica el

quebrantamiento de un derecho o garanta constitucional

del cual es titular el accionante y debe aportar medios

de pruebas que sustenten dicha violacin, tal como lo

indica Govea y Bernandoni, (2002)

cuando el accionante en amparo no puede presentar prueba alguna que haga presumir la existencia de la situacin en que se encuadra, o ella no dimana prima facie de los hechos que alega, la accin de amparo es improcedente, ya que el querellante no podra lograr que con el fallo del amparo se ordene el restablecimiento de lo inexistente (p. 36).

Efectivamente, la persona que vea violentado sus

derechos puede recurrir por las vas ordinarias y slo es

24

procedente la accin de amparo cuando los medios legales

ordinarios no garanticen la inmediata restitucin de los

derechos violados, por lo tanto la accin de amparo

procede cuando las vas judiciales ordinarias no

garanticen la restitucin, rpida, inmediata y eficaz del

derecho infringido.

Ahora bien, una vez revisada la procedencia de la

Accin de Amparo, se revisan los aspectos formales o

supuestos previstos en el artculo 6 de la Ley Orgnica

de Amparo sobre Derechos y Garantas Constitucionales y,

en funcin de ellos, la accin se hace admisible y

susceptible de decidirse el fondo de la demanda o de la

accin, es decir, en funcin de la admisibilidad o

inadmisibilidad de la misma, la autoridad judicial pasa a

conocer y decidir el fondo de la demanda o de la accin.

Cabe destacar que las causales de inadmisibilidad,

que no son ms que condiciones que contienen elementos

esenciales del proceso, que de no estar presentes

pudieran hacer hasta ocioso e injusto la tramitacin de

un proceso (Chavero, 2001, p. 234).

Necesariamente estas causales de inadmisibilidad

pueden ser revisadas en el transcurso del proceso, lo

cual indica que en cualquier momento de la tramitacin de

amparo, puede el juez declarar la inadmisibilidad de la

accin, de conformidad con lo establecido en el artculo

6 de la Ley Orgnica de Amparo.

25

Cuando la parte actora aporte pruebas, que no haya

lugar a duda de ellas en el inicio del procedimiento, la

autoridad judicial revisar que esta situacin alegada no

se encuentre acompaada de otras condiciones de hecho o

de derecho establecidas en el artculo 6 de la Ley

Orgnica de Amparo que la hagan inadmisible; por ejemplo,

que el derecho sea irreparable, o que se haya procedido

por la va ordinaria y exista un procedimiento adecuado,

entre otras, circunstancias que de estar presentes hacen

inoficioso la tramitacin de la accin y en consecuencia

inadmisible, por lo tanto el Juez no pasa a conocer o

decidir sobre el fondo de la pretensin.

C. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD SEGN LA LEY ORGNICA

DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTAS CONSTITUCIONALES

La Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y Garantas

Constitucionales, plante de manera procedimental cmo

ejercer el derecho ante los rganos judiciales, para

garantizar los derechos contemplados en la Constitucin

Nacional; la Ley de Amparo consta de cinco ttulos,

discriminados en 49 artculos.

El Ttulo Primero (artculo 1 al 5), desarrolla las

Disposiciones Fundamentales e indica la finalidad

primaria de la accin de amparo, dndole a toda persona

natural o jurdica habitante de la Repblica, el derecho

de solicitar ante los tribunales competentes que se le

restablezca el derecho fundamental infringido o se le

coloque en una situacin similar o parecida a la que

26

tena antes de ser violado su derecho.

Los artculos 2, 3, 4 y 5 indican los supuestos de

procedencia de la accin de amparo:

a) Contra cualquier hecho, acto u omisin

provenientes de los rganos del Poder Pblico

Nacional, Estadal o Municipal; esta actividad de

cualquiera de los poderes puede ser de hacer o de no

hacer, ya sea por la va de hecho o de la omisin.

b) Contra el hecho, acto u omisin originados

por los ciudadanos, las personas jurdicas, grupos u

organizaciones privadas que hayan violado, violen o

amenacen violar cualquiera de las garantas o derechos

amparados por esta Ley; pudiendo entonces cualquier

persona generar una situacin de hecho o de derecho

que amerite la posibilidad de ejercer esta accin, y

adems se aclara que se puede considerar como una

amenaza vlida, cualquier actuacin que se pueda

considerar inminente.

c) Cuando la violacin o amenaza de violacin

deriven de una norma que colida con la Constitucin.

d) Podr ejercerse conjuntamente con la accin

popular de inconstitucionalidad de las leyes y dems

actos estatales normativos,

e) Cuando un tribunal de la Repblica, actuando

fuera de su competencia, dicte una resolucin o

sentencia u ordene un acto que lesione un derecho

constitucional.

f) Contra todo acto administrativo, actuaciones

27

materiales, vas de hecho, abstenciones u omisiones

que violen o amenacen violar un derecho o una garanta

constitucional, cuando no exista un medio procesal

breve, sumario y eficaz acorde con la proteccin

constitucional.

El Ttulo Segundo (artculo 6) contempla las causales

de admisibilidad de la accin de amparo, pero las

desarrolla de manera negativa, es decir, indica cuando no

ser admitida la accin de amparo, tomando en

consideracin la situacin de hecho y de derecho que est

presente en el procedimiento.

El Ttulo Tercero (artculo 7 al 12) trata la

competencia del recurso de amparo; el Ttulo Cuarto

(articulo 34 al 37) formula el aspecto procedimental,

bsicamente la legitimacin que se requiere para ejercer

la accin, el carcter de orden pblico que tiene la

accin, la gratuidad, los requisitos para ejercer la

accin, la audiencia, los efectos y resultados de las

sentencia.

La accin de Amparo est sujeta a un conjunto de

condiciones de admisibilidad, estas causales estn

contempladas en la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos

y Garantas Constitucionales de forma negativa, es decir,

indica la ley las circunstancias que no deben estar

presentes en el procedimiento mediante el cual se est

tramitando la accin de amparo. En caso de estar presente

cualquiera de las condiciones establecidas en los

28

numerales de los artculos 6 y 19 de la referida ley,

hace inadmisible la accin, estas condiciones pueden ser

revisados en cualquier momento de proceso, por ser de

orden pblico, y cuando existen vicios de

inadmisibilidad que no fueron detectados al momento de

decidir sobre la admisin, puede declarar la misma

inadmisible con posterioridad, en cualquier oportunidad,

a pesar de haberse iniciado el proceso (TSJ. Sala

Constitucional, 17/05/2002, N 951).

Las causales de inadmisibilidad, se encuentran

establecidas en la Ley Orgnica de Amparo en los

artculos 6 y 19, y son las siguientes:

No se admitir la accin de amparo:_

1) Cuando haya cesado la violacin o amenaza de

algn derecho o garanta constitucionales, que

hubiesen podido causarla;

La accin de amparo tiene como fin primordial la

restitucin del derecho infringido, por tanto es

necesario que la violacin del derecho est vigente y

efectiva al momento de intentarla, que sea real y est

materialmente sucediendo la violacin, en tiempo

presente. Esta circunstancia debe mantenerse inalterable

durante la ejecucin del proceso, ya que en caso

contrario el juez puede en cualquier momento declarar la

inadmisibilidad de la accin.

29

2) Cuando la amenaza contra el derecho o la

garanta constitucionales no sea inmediata, posible y

realizable por el imputado

Esta condicin contempla una amenaza, es decir, una

circunstancia que le otorgue la certeza a la persona que

interpone la accin de amparo que le ser vulnerado un

derecho o una garanta constitucional y, a su vez, esta

amenaza debe ser inmediata, posible y realizable por el

presunto agraviante, debiendo la parte accionante

suministrar las pruebas y los fundamentos necesarios para

que el juez que revise el procedimiento admita la accin.

Para fundamentar la accin de amparo en este numeral es

indispensable adems de la inmediacin de la amenaza-

que la eventual violacin de los derechos alegados que

podra materializarse de no ser protegidos mediante el

mandato que se solicita- debe ser consecuencia directa e

inmediata del acto, hecho u omisin que constituyan el

objeto de la accin (Ortiz y Henrquez, 2004, p. 464)

3) Cuando la violacin del derecho o la garanta

constitucionales, constituya una evidente situacin

irreparable, no siendo posible el restablecimiento de

la situacin jurdica infringida.

Se entender que son irreparables los actos que,

mediante el amparo, no puedan volver las cosas al

estado que tenan antes de la violacin.

La accin de amparo es de naturaleza netamente

restitutoria, es decir, el juez debe tener dentro de su

30

abanico de posibilidades del derecho, el poder colocar a

la persona a la cual se le viol el mismo, en una

situacin similar o al menos parecida, a la que tena

antes de haberle sido violado, ya que con el ejercicio de

la accin no se pueden crear situaciones jurdicas

nuevas.

Si el derecho violado no da la posibilidad de ser

restituido, pierde eficacia la accin de amparo y por lo

tanto, no puede ser admitida por ser imposible su

ejecucin. Esta causal puede sobrevenir en cualquier

momento del procedimiento y tiene el juez que -si eso

ocurriera- declarar la inadmisibilidad de la accin.

Segn Rafael Chavero, (2001, p. 243), puede

sobrevenir en el tiempo, es decir, puede ser que para el

momento de la interposicin de la accin de amparo y al

momento de pronunciarse sobre la admisin o no de la

accin, sta sea perfectamente reparable, pero puede

suceder que luego del transcurso del tiempo para decidir

la misma su reparabilidad se haga imposible, y en este

caso el juez durante el proceso declara la

inadmisibilidad de la accin; as mismo, es necesario que

el accionante presente los soportes o elementos

necesarios que demuestren la violacin de los derechos

constitucionales, para fundamentar la misma.

4) Cuando la accin u omisin, el acto o la

resolucin que violen el derecho o la garanta

constitucionales hayan sido consentidos expresa o

tcitamente, por el agraviado, a menos que se trate de

31

violaciones que infrinjan el orden pblico o las

buenas costumbres.

Se entender que hay consentimiento expreso,

cuando hubieren transcurrido los lapsos de

prescripcin establecidos en leyes especiales o en su

defecto seis (6) meses despus de la violacin o la

amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tcito es aquel que entraa

signos inequvocos de aceptacin.

La accin de amparo requiere necesariamente de dos

partes involucradas, a saber: una persona natural o

jurdica que viola el derecho a otra persona que es la

parte afectada; sin embargo, en caso que exista una

aceptacin, aunque sea tcita, por parte de la persona a

la cual se le est violando un derecho fundamental, o se

considera que no se le est violando un derecho al dejar

de ejercer tal accin, no pudiera en este caso el juez

restituir la situacin infringida, por haber existido tal

consentimiento.

Es igualmente inadmisible la accin cuando se

interpone luego de pasados 6 meses desde que se produjo

la violacin, ya que opera la caducidad y en todo caso ha

existido una aceptacin tcita por un largo perodo,

por ser ste un requisito de admisibilidad (presupuesto

procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de

pasar a analizar el fondo de la cuestin debatida, es

decir, la procedencia o no de la accin de amparo

propuesta. Este lapso de caducidad creado por el

32

legislador tiene como funcin primordial el mantenimiento

de la paz social. (TSJ. Sala Constitucional, 15/02/2000,

sentencia N 25)

La Sala Constitucional igualmente ha establecido que

existen situaciones excepcionales a esta norma, en la

cual no opera el lapso de caducidad establecido y deben

presentarse de manera concurrente: 1) Cuando la

infraccin a los derechos constitucionales afecte a una

parte de la colectividad o al inters general, ms all

de los intereses particulares de los accionantes. 2)

Cuando la infraccin a los derechos constitucionales sea

de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran

el ordenamiento jurdico.(TSJ. Sala Constitucional,

10/08/2001, N 1419)

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir

a las vas judiciales ordinarias o hecho uso de los

medios judiciales preexistentes. En tal caso, al

alegarse la violacin o amenaza de violacin de un

derecho o garanta constitucionales, el Juez deber

acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos

en los artculos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin

de ordenar la suspensin provisional de los efectos

del acto cuestionado;

El ordenamiento jurdico venezolano contempla

innumerables recurso que por la va ordinaria pueden ser

ejercidos por los ciudadanos en garanta de sus derechos.

Cuando la persona agraviada interponga recursos

procedentes en la va ordinaria para salvaguardar la

33

violacin o solicitar la restitucin de su derechos antes

de ejercer la accin de amparo, no puede ejercer sta

posteriormente, ya que todo juez est en la potestad de

reparar o restituir situaciones jurdicas y en este caso

no ser admisible la accin de amparo, salvo que una vez

agotado la va ordinaria, sta no lo haya restituido en

su derecho y la lesin del mismo est vigente.

Sobre este particular, la exposicin de motivos de la

Constitucin Nacional de 1999, indica que no es requisito

necesario e indispensable que se agoten primero los

recursos ordinarios para poder ejercer la accin de

amparo; al contrario, les dio cualidad de facultativos

pudiendo ser ejercidos segn la discrecionalidad de la

parte afectada.

Segn Brewer-Carias, (1993, p. 53) La accin de

amparo proceder "cuando no se opte por otros recursos o

acciones judiciales que permitan mediante procedimientos

breves y sumarios, obtener amparo y proteccin de los

derechos y el restablecimiento inmediato de los mismos,

debido a que la accin autnoma de amparo no exige que se

agoten las vas ordinarias, sin embargo, y por

interpretacin en contrario, cuando el agraviado tenga a

su disposicin procedimientos breves y sumarios en la

va ordinaria, debe ejercerlos antes que la accin de

amparo, y todo juez debe garantizar el resguardo de los

derechos constitucionales.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de

Justicia, tiene un criterio reiterado que la accin de

34

amparo constitucional opera bajo las siguientes

condiciones:

a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han

sido agotados y la situacin jurdico constitucional no

ha sido satisfecha; tomando en consideracin que todos

los jueces de la Repblica en el uso correcto del

ordenamiento jurdico, deben ejercer la tutela

constitucional, por ello, ante la interposicin de una

accin de amparo constitucional, los tribunales debern

revisar si fue agotada la va ordinaria o fueron

ejercidos los recursos, que de no constar tales

circunstancias, la consecuencia ser la inadmisin de la

accin. (TSJ. Sala Constitucional, 10/11/2008, sentencia

N 1712).

b) Ante la evidencia de que el uso de los medios

judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de

su urgencia, no dar satisfaccin a la pretensin

deducida; que los medios procesales ordinarios resultan

insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien

jurdico lesionado.

En este orden de ideas, la accin de amparo no se

considera como un medio sustitutivo de los recursos

ordinarios, que son los idneos y procedentes para

restablecer el derecho fundamental infringido, sino como

un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce

y ejercicio de los derechos constitucionales.

6) Cuando se trate de decisiones emanadas de la

Corte Suprema de Justicia;

En la exposicin de motivos de la Constitucin

35

Nacional (1999), al momento de la creacin de la Sala

Constitucional, entre sus competencias qued asignada a

sta la facultad de revisar las decisiones

definitivamente firmes dictadas por los Tribunales de la

Repblica en materia de amparo constitucional y control

difuso de la constitucionalidad, con la finalidad de

garantizar la uniformidad en la interpretacin de las

normas y principios constitucionales, la eficacia del

Texto Fundamental y la seguridad jurdica.

Es importante destacar que el artculo 336.10 de la

misma Constitucin establece la competencia de la Sala

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en los

trminos siguientes: Revisar las sentencias

definitivamente firmes de amparo constitucional y de

control de constitucionalidad de leyes o normas jurdicas

dictadas por los Tribunales de la Repblica, en los

trminos establecidos por la ley orgnica respectiva.

La Sala Constitucional, en el uso de la atribucin

conferida ha sido sumamente cuidadosa en cuanto a las

sentencias que han adquirido carcter de cosa juzgada

judicial, dado su determinacin en la seguridad y

certidumbre jurdica del ordenamiento nacional, debiendo

respetar para ello la integracin e ilacin de todas las

normas constitucionales como un todo.

7) En caso de suspensin de derechos y garantas

constitucionales conforme al artculo 241 de la

Constitucin, salvo que el acto que se impugne no

36

tenga relacin con la especificacin del decreto de

suspensin de los mismos;

En este caso, este numeral sptimo de la Ley Orgnica

de Amparo sobre derechos y garantas constitucionales

considera que la accin es inadmisible si se encuentran

suspendidos los derechos y garantas constitucionales. El

artculo 27 de la Constitucin Nacional (1999), indica

que el ejercicio del derecho de amparo no puede ser

afectado, en modo alguno, por la declaracin del estado

de excepcin o de la restriccin de garantas

constitucionales, por lo tanto le da una connotacin

totalmente distinta a la establecida en la Ley,

invirtiendo con ello la premisa y dejando tcitamente

derogado este numeral.

En la ley se establece que de estar presente una

restriccin de las garantas constitucionales no es

admisible la accin de amparo, supuesto que qued sin

efecto, pues ahora es una garanta absolutamente

procedente a la luz del texto constitucional. La accin

de amparo es una garanta mediante la cual se restituyen

los derechos fundamentales, mal podra la legislacin

vigente suspender o limitar su ejecucin cuando existe

una restriccin en los derechos fundamentales y dejar

desasistido a la persona. Sobre este particular Chavero,

Rafael, (Ob. Cit., p. 256) expresa que Si se restringe

el derecho de amparo se estara restringiendo

absolutamente todo el catlogo de derechos y garantas

constitucionales, pues sencillamente si se prohbe el uso

37

del remedio judicial destinado a proteger los derechos

fundamentales, se est dejando al particular sin ningn

tipo de va judicial que le garantice sus derechos. Si no

hay remedio no hay garanta.

8) Cuando est pendiente de decisin una accin

de amparo ejercida ante un Tribunal en relacin con

los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la

accin propuesta.

En este caso, se trata de evitar mltiples sentencias

para un caso en concreto y distintos criterios en

relacin a una causa, ya que el afectado est jugando a

una suerte de ver cual sentencia le es ms favorable.

En todo procedimiento judicial debe operar el

principio de economa procesal y de justicia, por ello es

un solo tribunal el que puede conocer el caso en

particular.

As mismo, puede suceder que ya se haya dictado

sentencia, pero exista una apelacin y se interponga otra

accin de amparo, en este caso, es criterio de la Sala

Constitucional que si el pronunciamiento de la Sala

acerca de la solicitud de amparo afecta o podra

constituir una decisin previa de los asuntos planteados

en la sentencia de amparo que debe revisarse por

apelacin o consulta, es un presupuesto que encuadra

correctamente dentro de esta causal y por lo tanto hace

inadmisible la segunda accin de amparo interpuesta.

Este criterio es pacficamente ratificado y sostenido

38

en la Sala Constitucional, al indicar:

Por ello, cuando se puede acudir a las vas procesales ordinarias, sin que la lesin a la situacin se haga irreparable, es a estas vas a las que hay que acudir. Este es el criterio decisivo en la materia. Si la tramitacin de la apelacin, o el recurso, o el juicio, por ejemplo, no van a agravar la lesin a la situacin jurdica, es el trmite o el medio procesal ordinario la va para reparar la lesin y no la accin de amparo. (TSJ. Sala Constitucional, 19/5/2000, N 401).

Igualmente, puede ser declarada la inadmisibilidad de

la accin de amparo de conformidad con el artculo 19 de

la ley, que establece:

Artculo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificar al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisin dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificacin. Si no lo hiciere, la accin de amparo ser declarada inadmisible.

En relacin a este artculo, han sido numerosas las

acciones de amparo que se han declarado inadmisibles por

no llenar los requisitos exigidos, entre los cuales se

encuentra que la persona afectada tiene que estar

asistido por un abogado que detente el poder mediante

documento debidamente autenticado y suficiente; en caso

de no ser as, se considera inadmisible la accin de

amparo.(TSJ. Sala Constitucional, 04/12/2008, N 1928).

Ahora bien, a simple vista pareciera que esta causal

39

colide con la norma que indica que la accin de amparo se

encuentra libre de formalismos y por el solo hecho de no

estar suficientemente otorgado el poder y a pesar de

encontrarse la accin procedente, no sea admitida; sin

embargo, es necesario que el accionante se encuentre

debidamente asistido por un abogado al cual se le ha

otorgado el poder suficientemente para actuar en su

nombre, ya que eso garantiza que la persona que ha

sufrido la violacin del derecho fundamental es la

accionante de la accin de amparo. (TSJ. Sala

Constitucional, 27/06/2005, sentencia N 1364)

40

CONCLUSIONES

La accin de amparo es una garanta de los derechos

inherentes a la persona, ya estn en la Constitucin o en

los tratados internacionales suscritos por Venezuela,

garanta sta netamente restitutoria al tener la potestad

y la obligacin el juez de restituir el derecho afectado

a la persona accionante en las mismas condiciones o

similares a las que tena antes de interponer la accin;

en consecuencia, el amparo no crea derechos ni

situaciones distintas a las previamente existentes a su

ejercicio.

El amparo constitucional posee un carcter especial,

ya que garantiza los derechos inherentes a la persona y

no se considera por tanto, como un control de

constitucionalidad ni de legalidad, no regula normas ni

leyes, su control va directamente a los derechos

fundamentales infringidos; es un medio especial que

garantiza los derechos constitucionales y para ser

procedente, es necesario que las vas procesales

ordinarias que nos otorga el ordenamiento jurdico

venezolano no sean las adecuadas o insuficientes para

evitar el dao causado o no sean oportunas en la

restitucin del derecho.

La accin de amparo no se puede considerar como una

instancia ms del procedimiento ordinario, se debe

ejercer cuando materialmente se estn violando los

derechos fundamentales y no se obtenga dentro de la va

41

ordinaria un medio idneo y eficaz que restablezca la

situacin infringida de manera inmediata.

Para que la Accin de Amparo sea procedente es

necesario como requisito de fondo que el accionante

(agraviado), alegue y no haya lugar a dudas de la

situacin de hecho o de derecho que ha originado la

interposicin de la accin, que sea evidente la violacin

o amenaza de violacin de un derecho o garanta

constitucional.

Las causales de inadmisibilidad son de orden pblico

y pueden ser revisadas y declaradas en cualquier momento

del procedimiento, ya sea al inicio o que en el

transcurso del proceso cambien las condiciones y la

accin deviene inadmisible por irreparable o ineficaz.

Al momento de interponerse la solicitud de Accin de

Amparo, la lesin al derecho fundamental que se esta

alegando, debe estar vigente y presente al inicio y en el

transcurso del procedimiento, para que el legislador

restituya el derecho infringido o puede ponerlo en una

situacin similar a la que tenia antes de la lesin,

tomando en cuenta que la Accin de Amparo no crea

situaciones jurdicas distintas a las denunciadas como

violadas o vulneradas, es decir, no crea situaciones

jurdicas nuevas.

En caso de excepcin o de restriccin de garantas

constitucionales es absolutamente procedente y admisible

42

la solicitud de Accin de Amparo, por ser adems el medio

idneo para garantizar violaciones de derechos

fundamentales.

Luego de la vigencia de la Constitucin Nacional

(1999), el Amparo en Venezuela ha tenido sustanciales

modificaciones realizadas por la jurisprudencia de la

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo

que hace necesario una nueva sistematizacin del Amparo

Constitucional y as garantizar una seguridad jurdica

mediante la reforma de la Ley Orgnica de Amparo,

incorporando los criterios establecidos por la Sala

Constituciones de conformidad con los lineamientos

vigentes en la Constitucin.

43

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