AGUA Y LIBRE COMERCIO 4.pdf

7/27/2019 AGUA Y LIBRE COMERCIO 4.pdf

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AGU

AYLIB

RECOM

ERCIO

GUA

n4EL DERECHO HUMANO AL AGUA

UNA PERSPECTIVA DESDE LOS

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES


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El Derecho Humano al Agua

PRESENTACIN p.3

CUALES SON LOS INSTRUMENTOS JURDICOSQUE RECONOCEN DERECHOS ECONMICOS,SOCIALES Y CULTURALES Y CUALES SON SUSCONTENIDOS NORMATIVOS? p.5

CMO SE RECONOCE EL DERECHO ALAGUA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOSECONMICOS SOCIALES Y CULTURALES? p.9

CULES SON LAS INSTANCIASINTERNACIONALES COMPETENTES PARAPROTEGER ESTOS DERECHOS?CULES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAINSTALACIN DE DEMANDAS O DENUNCIASEN CASO DE VULNERACIN DE DERECHOSECONMICOS, SOCIALES Y CULTURALES? p.13

AVANCES DE LA JURISPRUDENCIAINTERNACIONAL EN LA PERSPECTIVA DE

RECONOCER EL DERECHO HUMANO ALAGUA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOSECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES p.21

GLOSARIO DE TERMINOS Y SIGLAS p.24

EL DERECHO HUMANOAL AGUA, UNA

PERSPECTIVA DESDELOS DERECHOS

ECONOMICOS,SOCIALES Y

CULTURALES

Instancias InternacionalesCompetentes

y Procedimientos parala instalacin de demandasde proteccin de derechos

econmicos,sociales y culturales

NDICE

1

2

3

4

5

GUA

4AGUA Y LIBRE COMERCIO

6

PedroGuereca


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RalMolina


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1 PRESENTACIN

El Proyecto Visin Social del Agua ejecutadopor la institucin AGUA SUSTENTABLE con elapoyo de International Development ResearchCentre (IDRC) ha elaborado varias guas a tra-vs de las cuales ha reseado los resultados

de las investigaciones realizadas en el marcodel proyecto en pases andinos, entre el ao2004 y 2007. El objetivo de estas investiga-ciones fue determinar el tratamiento que losacuerdos y tratados de libre comercio hacendel agua; analizar la gestin de los serviciosde agua potable y su incidencia en la supera-cin de la pobreza; y, fnalmente, evaluar los

regmenes de derechos de agua que operanen los pases de la regin para determinar de

que manera stos afectan el derecho de usua-rios tradicionales, particularmente, de comuni-dades indgenas y campesinas en el macizoandino. Los resultados de las investigaciones

permitieron disear una serie de documentosdidcticos, dirigidos principalmente a autori-dades pblicas nacionales e internacionalescon facultades para tomar decisiones sobre eltema, operadores pblicos, acadmicos, ase-sores y representantes o lderes de la socie-dad civil.

Para la elaboracin de esta Gua, sin embar-go, se ha hecho un esfuerzo adicional desti-nado a incorporar al debate el enfoque de losDerechos Econmicos, Sociales y Culturales(DESC) y sus mecanismos de proteccin,ciertos de que ello constituye una herramientaefcaz de derecho internacional que permite

otorgar amparo al derecho al agua como de-recho humano.

Esta gua ha sido elaborada por Nancy Yezy se sustenta en la informacin sistematizada

por la autora para este efecto.

La presente Gua denominada InstanciasInternacionales Competentes y Procedi-mientos para la instalacin de demandasde proteccin de derechos econmicos,sociales y culturales, tiene como objetivo

central abrir debate sobre los siguientes te-mas: i) reconocimiento del derecho al agua enlos instrumentos de derecho internacional quereconocen los derechos Econmicos, Socialesy Culturales; ii) Dar a conocer las instancias

competentes a nivel internacional para prote-ger estos derechos y los procedimientos paramaterializar estas reclamaciones; iii) evaluar laefcacia y alcance de la jurisprudencia interna-cional en la perspectiva de proteger el derechohumano al agua.

Lo que observamos a travs de este anlisises un avance en el reconocimiento y la justicia-bilidad de los DESC en el mbito internacional,

que se reeja en la proteccin del derecho alagua como base para la existencia de una vidadigna para todos los seres humanos y que in-volucra el derecho al agua para consumo y elagua destinada a generar los necesarios me-dios de sustento de la poblacin a travs de la

produccin. El reconocimiento del derecho alagua ha obtenido un creciente amparo legalen la arena internacional cuando ello involu-cra derechos indgenas y existe consenso deque su proteccin asegura la sustentabilidad

de los ecosistemas indgenas de los cualesdependen sus modelos productivos y que ala postre permiten la sobrevivencia de estos

pueblos como unidades polticas organizadasen la prosecucin de un proyecto comn queinvolucra a todos sus miembros.

Nuestra aspiracin es que la presente guasea una herramienta til para ejercer aque-llos mecanismos de derecho internacional

que a travs de la proteccin de los DerechosEconmicos, Sociales y Culturales permitengarantizar el derecho al agua en condicionesde equidad social y dignidad para todos losciudadanos.

Agua Sustentable


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MOMOS


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2 CUALES SON LOS INSTRUMENTOS JURDICOS QUE RECONOCEN DERECHOSECONMICOS, SOCIALES Y CULTURALES?

Los Derechos Econmicos, Sociales y

Culturales (DESC) se reeren a un esta-

tuto de derechos que permiten asegurar

a todos los seres humanos una existen-

cia digna. El derecho a una alimentacinadecuada, derecho a una vivienda ade-

cuada y digna, derecho a la salud, dere-

cho a la educacin y el derecho al trabajo

conforman, entre otros, el catlogo de de-

rechos.

Su reconocimiento en el derecho interna-

cional consta en diversos instrumentos,

tratados, convenciones y declaraciones,

y su desarrollo normativo es paralelo aldesarrollo de los Derechos Civiles y Po-

lticos. De hecho, ambas categoras de

Derechos Humanos han sido reconocidas

en los principales instrumentos de dere-

chos humanos, los que no hacen ninguna

diferencia respecto al status de uno y otro

estatuto de derechos, por lo que tienen el

mismo rango jurdico y debieran gozar de

la proteccin internacional en igualdad decondiciones.

En el desarrollo de los derechos humanos

en el mbito internacional la tendencia, sin

embargo, ha sido priorizar los derechos

civiles y polticos por sobre los derechos

econmicos, sociales y culturales. El reco-

nocimiento y ejercicio de estos derechos

ha sido postergado habindose argumen-

tado que la imprecisin de sus contenidosnormativos, su naturaleza programtica y

la problemtica de su justiciabilidad impi-

den atribuirle el status de derechos.

La evidencia emprica demuestra, no obs-

tante, que todos los derechos humanos

se encuentran interrelacionados y que el

pleno goce de los derechos civiles y po-

lticos exige la satisfaccin de condicio-

nes mnimas de vida digna. Desde este

mismo punto de vista, violaciones a Dere-

chos Econmicos, Sociales y Culturales,en general, importan violacin a derechos

civiles y polticos y se traducen en nega-

ciones reiteradas de estos derechos. As,

por poner un solo ejemplo, el derecho a

la vida est ntimamente relacionado con

el derecho a una alimentacin adecuada

y, por tanto, a la responsabilidad del Esta-

do de impulsar acciones encaminadas a

controlar la desnutricin.

Los ndices de desarrollo mundial eviden-

cian profundas inequidades sociales, eco-

nmicas y culturales en todo el orbe, lo

que ha acrecentado los esfuerzos por for-

talecer la implementacin de los DESC,

mediante el desarrollo de los contenidos

normativos de tales derechos y, especial-

mente, mediante la especicacin de la

INDIVISIBILIDAD DE LOS DERECHOSCIVILES Y LOS DESC

Los Juristas J. Oloka Onyango (Uganda)y Deepika Udagama (miembro sustituto deSri Lanka), por encargo de la Subcomisinde Promocin y Proteccin de los Dere-chos Humanos, elaboraron un informe (E/CN.4/Sub.2/2000/13.) sobre el tema de lamundializacin y sus consecuencias parael pleno disfrute de los derechos humanos;en el que subrayan la indivisibilidad, inter-dependencia e interrelacin universalmen-te reconocida de los derechos civiles, po-lticos, econmicos, sociales y culturales,que emanan de la Carta Internacional deDerechos Humanos.


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naturaleza y contenido de las obligacio-

nes del Estado.

Los principales instrumentos internacio-nales que reconocen estos Derechos son:

En el sistema de Naciones Unidas, elPacto de Derechos Econmicos, Sociales

y Culturales (PIDESC); y, en el SistemaInteramericano, el Protocolo Adicionala la Convencin Americana sobre Dere-

chos Humanos en materia de Derechos

Econmicos, Sociales y Culturales Pro-

tocolo de San Salvador.

El PIDESC y el Protocolo de SanSalvador, reconoce los siguientesDerechos

Derecho al trabajo y a condiciones jus-

tas, equitativas y satisfactorias de tra-

1.

Programa de Naciones Unidas Para el

Desarrollo (PNUD)

En 2005 por primera vez el valor de lasexportaciones mundiales de bienes lleg alos 10 billones de dlares. No todos, em-

pero, se han benefciado de este avance.

Est aumentando la desigualdad, tantoen el plano mundial como nacional. Enmuchos pases en desarrollo, en que laeconoma ha crecido sostenidamente, hanaumentado las disparidades de ingresos.

En Sudfrica, por ejemplo, que ha gozadode una tasa media de crecimiento del 3,9%en los ltimos tres aos, el 10% ms pobrede la poblacin representa el 1,4% del in-greso nacional, en tanto que el 10% msrico representa el 44%. Aunque el creci-miento econmico es un importante motordel desarrollo, las tasas elevadas de cre-cimiento del producto interno bruto (PIB),los excedentes presupuestarios y las re-

servas de divisas tienen valor limitado sino estn acompaadas de una distribucinms equitativa de los recursos, un mejoracceso a la educacin y la atencin de lasalud, y polticas racionales sobre medioambiente.

http://www.undp.org/spanish/publicacio-nes/informeanual2006/desarrollo-humano.shtml

Instrumentos Internacionales que

reconocen Derechos Econmicos,Sociales y Culturales

Carta de Nacionales Unidas (1945)

Constitucin de UNESCO (1949)

Convencin Relativa a la Lucha contra lasDiscriminaciones en la Esfera de la Ense-anza (1960)

Convencin Internacional sobre la Elimi-nacin de todas las Formas de Discrimi-nacin Racial (1965)

Pacto Internacional de Derechos Econ-micos, Sociales y Culturales (1966)

Convencin sobre la Eliminacin de To-das Formas de Discriminacin Contra laMujer (1981)

Convencin Sobre los Derechos del Nio(1989)

En el mbito Regional Americano

Protocolo Adicional a la Convencin Ame-ricana sobre Derechos Humanos en ma-teria de Derechos Econmicos, Socialesy Culturales Protocolo de San Salvador(1988)


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bajo. Derechos Sindicales y Derecho a

la Seguridad Social

Derecho a la Salud, en su mximo es-

tndar de bienestar fsico, mental y

social: Derecho a un medio ambientesano, incluido el derecho a vivir en l

y a contar con servicios pblicos b-

sicos.

Derecho a un nivel de vida adecuado,

lo que implica el derecho a la alimen-

tacin, vestido y vivienda adecuados.

Acceder a la alimentacin supone el

derecho a nutricin adecuada que le

asegure la posibilidad de gozar al msalto nivel de desarrollo fsico, emocio-

nal e intelectual

Derechos a la educacin orientada ha-

cia el pleno desarrollo y la dignidad de

la personas.

Derechos a los Benecios de la Cul-

tura y a participar de la vida cultural,

artstica, cientca y tcnica de la co-munidad poltica en que se encuentra

inserto.

Derecho a la constitucin y proteccin

de la Familia, otorgando amparo al gru-

po familiar y a quienes lo conforman, en

especial a aquellos que presentan con-

diciones de vulnerabilidad como son los

nios, adolescentes y ancianos.

El desarrollo normativo de los DESC ha

sido impulsado desde los mismos rga-

nos internacionales a cargo de su imple-

mentacin, siendo relevante el aporte de

Relatores Especiales de las Naciones

Unidas, el Grupo de Expertos encargados

de la implementacin del PIDESC, las

2.

3.

4.

5.

observaciones del Comit de Derechos

Econmicos, Sociales y Culturales de las

Naciones Unidas y la jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos.

PROCESO DE RATIFICACIN DE LOSPRINCIPALES PACTOS DE DERECHOS

ECONOMICOS, SOCIALESY CULTURALES

El Pacto Internacional de Derechos Eco-nmicos, Sociales y Culturales, fue adop-tado el 16 de diciembre de 1966, entr en

vigor el 3 de enero de 1975 (despus desu ratifcacin por 35 Estados). Hoy da,

141 Estados se han adherido a este Pacto.El Pacto Internacional de Derechos Civilesy Polticos, fue adoptado el 16 de diciem-bre de 1966, entr en vigor el 23 de marzode 1976 (despus de su ratifcacin por 35

Estados). Actualmente, 144 Estados hanadherido a este Pacto.

El Protocolo Adicional de la ConvencinAmericana sobre Derechos Humanos enmateria de Derechos Econmicos, Socialo Culturales, Protocolo de San Salvador,fue adoptado el 17 de noviembre de 1988,entr en vigor el 16 de noviembre de 1999(despus de su ratifcacin por 11Estados).

Actualmente han adherido a este Protoco-lo Adicional 19 Estados latinoamericanos.

JhonnyPerez


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PedroGuereca


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La Asamblea General de las Naciones

Unidas, en el ao 1999, se ha pronuncia-

do a favor de reconocer que el derecho al

agua est en la base del derecho al desa-

rrollo. De esta forma, las Naciones Unidashan posicionado en el debate que el de-

recho al agua es un derecho econmico,

social y cultural que debe ser garantizado

al amparo del Pacto Internacional de De-

rechos Econmicos Sociales y Culturales

(PDESC) de 1966.

Siguiendo esta lgica, el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo de-

dic su informe anual correspondienteal ao 2006 a enfrentar la problemtica

del agua, habida consideracin segn se

consigna en el informe de que las bases

para el desarrollo humano son el agua

para la vida en el hogar y el agua destina-

da a los medios de sustento a travs de la

produccin. El informe rechaza aquellas

posturas que sostienen que la crisis mun-

dial del agua tienen su origen en la esca-sez fsica del elemento y, por el contrario,

sostiene que las causas de la crisis del

agua radican en la pobreza, la desigual-

dad y las relaciones desiguales de poder,

as como en las polticas erradas de ges-

tin del agua que agravan la escasez.

(IDH/PNUD 2006)

El Comit sobre Derechos Econmicos,

Sociales y Culturales, que instaura elpacto, en el ao 2002, estableci expre-

samente la relacin entre derechos hu-

manos y agua, y otorg reconocimiento

expreso al derecho al agua, adoptando

una Observacin General sindicada con

el N 15, la que se sustenta en lo dispues-

to por los artculos 11 y 12 del PDESC.

La Observacin General N 15 del PDESC,estableci como fundamento jurdico del

derecho humano al agua, el derecho de

todos a disponer de agua suciente, salu-

bre, aceptable, accesible y asequible para

el uso personal y domstico.

La observacin, adems, vincula el ejer-

cicio del derecho al agua, a la obligacin

establecida en el prrafo 2 del artculo 1

3 COMO SE RECONOCE EL DERECHO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DEDERECHOS ECONMICOS SOCIALES Y CULTURALES?

Informe de Desarrollo Humano 2006(PNUD) Ms All de la Escasez: Poder,Pobreza y la Crisis Mundial del Agua

El acceso al agua para la vida es una ne-

cesidad humana bsica al mismo tiempo

que un derecho humano fundamental. Sin

embargo, en nuestro mundo de prosperi-

dad creciente, ms de mil millones de per-

sonas se ven privadas del derecho a un

agua limpia y 2.600 millones no tienen ac-

ceso a un saneamiento adecuado. Estas

impresionantes cifras reejan tan slo una

de las dimensiones del problema. Cada

ao mueren cerca de 1,8 millones de nioscomo consecuencia directa de la diarrea y

otras enfermedades causadas por el agua

sucia y por un saneamiento insuciente. A

comienzos del siglo XXI, el agua sucia es

la segunda causa de muertes infantiles en

el mundo. Diariamente, millones de muje-

res y nias recogen agua para sus familias,

un ritual que refuerza las desigualdades de

gnero en los mbitos del empleo y la edu-

cacin. Mientras tanto la mala salud aso-

ciada a los dcit de agua y saneamiento

afecta a la productividad y el crecimiento

econmico, reforzando las desigualdades

caractersticas de los actuales modelos de

globalizacin y connando en ciclos de po-

breza a los hogares ms pobres.

http://pnud.sc17.info/imdh2006/idhcompleto.pdf


11/260 El Derecho Humano al Agua

del PIDESC, que dispone que no podr

privarse a un pueblo de sus propios me-

dios de subsistencia, imponiendo a los

Estados Partes el deber de garantizar un

acceso suciente al agua para la agricul-tura de subsistencia y para asegurar la

subsistencia de los Pueblos Indgenas.

Las Normas Legales que desde laperspectiva de los DESC sustentan elDerecho Humano al Agua

PIDESC

Artculo 1, numeral 2

Para el logro de sus nes, todos los

pueblos pueden disponer libremente

de sus riquezas y recursos naturales,

sin perjuicio de las obligaciones que

derivan de la cooperacin econmica

internacional basada en el principio de

benecio recproco, as como del dere-

cho internacional. En ningn caso podr

privarse a un pueblo de sus propios me-

dios de subsistencia.

Artculo 11

1. Los Estados Partes en el presente

Pacto reconocen el derecho de toda

persona a un nivel de vida adecuado

para s y su familia, incluso alimenta-

cin, vestido y vivienda adecuados, y

a una mejora continua de las condicio-

nes de existencia. Los Estados Partes

tomarn medidas apropiadas para ase-

gurar la efectividad de este derecho, re-conociendo a este efecto la importancia

esencial de la cooperacin internacional

fundada en el libre consentimiento.


Pacto, reconociendo el derecho funda-

mental de toda persona a estar prote-

gida contra el hambre, adoptarn, indi-

vidualmente y mediante la cooperacininternacional, las medidas, incluidos los

programas concretos, que se necesitan

para:

a) Mejorar los mtodos de produccin,

conservacin y distribucin de alimen-

tos mediante la plena utilizacin de los

conocimientos tcnicos y cientcos,

la divulgacin de principios sobre nu-

tricin y el perfeccionamiento o la re-

forma de los regmenes agrarios demodo que se logren la explotacin y la

utilizacin ms ecaces de las rique-

zas naturales;

b) Asegurar una distribucin equitativa

de los alimentos mundiales en rela-

cin con las necesidades, teniendo en

cuenta los problemas que se plantean

AldoCardozo


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tanto a los pases que importan pro-

ductos alimenticios como a los que los

exportan.

Artculo 12


Pacto reconocen el derecho de toda

persona al disfrute del ms alto nivel

posible de salud fsica y mental.

2. Entre las medidas que debern adop-

tar los Estados Partes en el Pacto a n

de asegurar la plena efectividad de este

derecho, gurarn las necesarias para:a) La reduccin de la mortinatalidad y

de la mortalidad infantil, y el sano de-

sarrollo de los nios;

b) El mejoramiento en todos sus as-

pectos de la higiene del trabajo y del

medio ambiente;

c) La prevencin y el tratamiento de

las enfermedades epidmicas, end-

micas, profesionales y de otra ndole,y la lucha contra ellas;

d) La creacin de condiciones que

aseguren a todos asistencia mdica

y servicios mdicos en caso de enfer-

medad.

Protocolo de San Salvador

Artculo 11

1. Toda persona tiene derecho a vivir en

un medio ambiente sano y a contar con

servicios pblicos bsicos.

2. Los Estados partes promovern la

proteccin, preservacin y mejoramien-

to del medio ambiente.

El mnimo volumen de agua paracubrir las necesidades humanas

bsicas.IDH/PNUD 2006

La necesidades domsticas de agua re-presentan una fraccin mnima del con-sumo de agua, normalmente menos del5% del total, peor la desigualdad de loshogares para acceder a agua limpia y aservicios de saneamiento es enorme. Enlas reas de ingresos altos de ciudadesde Asia, Amrica Latina y el frica subsa-hariana, las empresas de servicio pblico

suministran varios cientos de litros de aguaal da a cada hogar a un precio reducido.Al mismo tiempo, los habitantes de los ba-rrios pobres y los hogares pobres de lasreas rurales de los mismos pases tienenacceso a mucho menos de 20 litros diariosde agua por persona necesarios para cu-brir las necesidades humanas bsicas. Lasmujeres y las nias sufren la doble cargade la desventaja, ya que son las que tienenque sacrifcar su tiempo y su educacin

para ir en busca del agua.

http://pnud.sc17.info/imdh2006/idhcompleto.pdf

MOMOS



PedroGuereca


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PIDESC Sistema de Naciones Unidas

Informes y Recomendaciones Generales.Los Informes de los Estados Partes sobre

las medidas adoptadas y los progresos

realizados para asegurar el respeto de

los DESC deben ser dirigidos al Secre-

tario General de Naciones Unidas, quin

transmitir copia al Consejo Econmico y

Social para que las examine y, asimismo,

a los rganos especializados del Siste-

ma. (artculo 16). El Consejo Econmicoy Social podr transmitir a la Comisin de

Derechos Humanos, hoy Comit de De-

rechos Humanos, para su estudio y re-

comendacin de carcter general, o para

informacin, los informes sobre derechos

humanos que presenten los Estados y,

de igual manera, los informes relativos a

los derechos humanos que presenten los

organismos especializados (artculo 19)

Los Estados partes y los rganos espe-

cializados interesados, a su turno podrn

formular observaciones a las recomenda-

ciones generales que emanen del Comi-

t de Derechos Humanos (artculo 20).

Finalmente el Consejo Econmico Social

podr presentar a la Asamblea General

informes que contenga recomendaciones

generales para lograr el respeto de los

DESC (artculo 21)

Tambin el Pacto de Derechos Civiles y

Polticos contempla mecanismos de pro-

teccin de derechos humanos los que

son resguardados a travs del Comit

de Derechos Humanos, hoy Consejo de

Derechos Humanos (2006), a travs de

informes y recomendaciones. Este orga-

nismo por aplicacin de las normativas de

derechos civiles y polticos ha resguarda-

do la proteccin de DESC reconociendola interrelacin entre ambos estatutos de

derechos.

Denuncias en el marco de laResolucin 0

De acuerdo con la resolucin 1503 (XLVIII)

del 27 de mayo de 1970 del Consejo Eco-

nmico y Social, un grupo de trabajo de laSub-Comisin de Promocin y Proteccin

de los Derechos Humanos, llamado Gru-

po de Trabajo de Comunicaciones, tiene

la facultad de examinar comunicaciones

(quejas) enviadas por individuo y grupos

que alegan la existencia de violaciones

sistemticas de los derechos humanos.

El Grupo selecciona para la Subcomisin

las comunicaciones en que parece haber

pruebas fehacientes de un cuadro persis-

tente de violaciones maniestas de los

derechos humanos y las libertades fun-

damentales. A continuacin, la Subcomi-

sin examina las comunicaciones que le

ha presentado el Grupo de Trabajo y de-

cide si ha de remitir dichas comunicacio-

nes porque parecen revelar situaciones

de violaciones de los derechos humanos

a la Comisin de Derechos Humanos, atravs de su Grupo de Trabajo sobre Si-

tuaciones. Posteriormente, corresponde a

la Comisin la adopcin de medidas para

cada caso particular.

Todas las medidas adoptadas con arreglo

al procedimiento de la Resolucin 1503

son condenciales hasta que la Comisin

informa al respecto al Consejo Econmi-

4 CULES SON LAS INSTANCIAS INTERNACIONALES COMPETENTES PARA PRO-TEGER ESTOS DERECHOS ? CULES SON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAINSTALACIN DE DEMANDAS O DENUNCIAS EN CASO DE VULNERACIN DEDERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL SISTEMA INTER-AMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)?



co y Social. Protocolo de San Salvador SistemaInteramericano

Informes y Recomendaciones Generales.

Los Estados parte deben presentar infor-mes peridicos al Secretario General de

la Organizacin de Estados Americanos

(OEA), quin lo transmitir al Consejo

Interamericano Econmico y Social y al

Consejo Interamericano para la Educa-

cin, la Ciencia y la Cultura para su exa-

men, quienes formularan recomendacio-

nes y la transmitirn en su informe anual

a la Asamblea General . El Secretario Ge-

neral enviar copia a la Comisin Intera-mericana de Derechos Humanos (CIDH)

y los rganos especializados del Sistema

Interamericano. La Comisin Interameri-

cana de Derechos Humanos podr formu-

lar las observaciones y recomendaciones

que estime pertinente sobre la situacin

de los DESC en todos o en algn Estado

parte en particular (artculo 19)

Sistema de Peticiones IndividualesProtocolo de San Salvador

En caso que los derechos establecidos

en el prrafo a) del artculo 8, y en el art-

culo 13 fuese violadas por una accin im-

putable directamente a un Estado Parte

del Pacto de Salvador, es decir el derecho

de los trabajadores a formar sindicatos y

aliarse libremente para la promocin desus intereses y el derecho a la educacin,

se podra dar lugar a la aplicacin del sis-

tema de peticiones individuales regulado

por los artculos 44 a 52 y 61 a 69 de la

Convencin Americana de Derechos Hu-

manos, que se analiza a continuacin,

mediante la intervencin de la Comisin

El Comit de Derechos Humanos deNaciones Unidas, en el marco de su 89

Perodo de Sesiones, dio a conocer el29 de marzo del ao 2007 sus obser-vaciones y recomendaciones al QuintoInforme Peridico presentado por elEstado de Chile sobre cumplimiento delPacto Internacional de Derechos Civilesy Polticos.

En primer lugar, el Comit destaca que di-cho informe fue presentado al organismocon cuatro aos de tardanza. Si bien elComit valora importantes reformas ins-titucionales implementadas desde la pre-sentacin del anterior informe (1999), poneen evidencia una serie de incumplimientosal Pacto por parte del Estado chileno, otor-gndole un ao de plazo para respondera aspectos relativos a la situaciones delos pueblos indgenas que involucran elrespeto de sus derechos territoriales y lasamenazas de megaproyectos extractivos

de recursos naturales en sus territorios an-cestrales.

Aunque observa la intencin expresadapor el Estado parte, de dar un reconoci-miento constitucional a los pueblos indge-nas, el Comit manifesta su preocupacin

ante las varias y concordantes informa-ciones recibidas en el sentido de que al-gunas de las reivindicaciones de los pue-blos indgenas, principalmente del puebloMapuche, no han sido atendidas y ante lalentitud de la demarcacin de las tierrasindgenas, lo que ha provocado tensionessociales. El Comit lamenta la informacinde que las tierras antiguas continan en

peligro debido a la expansin forestal ymegaproyectos de infraestructura y ener-ga. (Artculos 1 y 27 PDCP)


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Interamericana de Derechos Humanos y,

cuando proceda, de la Corte Interameri-

cana en Derechos Humanos (artculo 19,

N 6).

La Corte Interamericana ha extendido el

mbito de aplicacin del sistema intera-

mericano de proteccin de derechos hu-

manos, en particular el sistema de peti-

ciones individuales, a los DESC en base

al artculo 26 de la Convencin Americana

de Derechos Humanos.

Mecanismos de Proteccin de

Derechos Humanos ante el SistemaInteramericano de Derechos Humanos(SIDH)

Los instrumento jurdicos que sustentan

el Sistema Interamericano de proteccin

de los Derechos Humanos son: a) Carta

de la Organizacin de Estado Americanos

de 1948; b) La Declaracin Americana de

los Derechos y Deberes del hombre DE1948; c) Convencin Americana de Dere-

chos Humanos de 1969La Convencin Americana sobre Dere-

chos Humanos estableci un estatuto de

derechos humanos, obligaciones y debe-

res especcos para los Estados partes y

cre dos rganos de supervisin de dere-

chos: la Comisin Interamericana de De-

rechos Humanos y la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos

La Convencin seala que es deber del

Estado respetar y garantizar los derechos

y libertades estatuidos y de los cuales son

titulares toda persona sujeta a su jurisdic-

cin (artculo 1.1), aclarando que persona

es todo ser humano (artculo 1.2)

Las obligaciones de los Estados en el

LA CARTA DE LA OEA Y LADECLARACION DE DERECHOS Y

DEBERES DEL HOMBRE

La Carta de la Organizacin de EstadosAmericanos, adoptada en el ao 1948 yreformada: por el Protocolo de Buenos

Aires suscrito el 27 de Febrero de 1967,por el Protocolo de Cartagena de Indiasadoptado el 5 de diciembre de 1985, porel Protocolo de Washington, aprobado el14 de Diciembre de 1992 y por el Proto-colo de Managua adoptado el 10 de Juniode 1993. La Declaracin Americana de losDerechos y Deberes del hombre adoptada

en la IX Conferencia de la OEA por mediode su resolucin XXX (OEA/Ser L/V/1.4.Rev.9) ; Convencin Americana de Dere-chos Humanos de 1969 fue adoptada enSan Jos de Costa Rica el 22 de noviem-bre del ao 1969.

La Convencin Americana entr en vigor el18 de julio del ao 1978 y la fecha ha sidoratifcada por 25 Estados.

MOMOS



Sistema interamericano de Derechos hu-

manos (SIDH) son:

Respetar y garantizar los derechos

humanos. La obligacin de respe-to impone el deber del Estado y sus

agentes de no violar derechos hu-

manos, en tanto que la de garantizar

impone al Estado la Obligacin de

adoptar medidas para asegurar que

las personas ejerzan y gocen de los

derechos que les asisten.

Adoptar medidas para hacer exigibles

los derechos reconocidos en la Con-vencin. El Estado Parte est obli-

gado a adoptar medidas - legislativas

o a nivel de polticas pblicas - desti-

nadas a hacer efectivos los derechos

reconocidos en la Convencin en el

evento que los mismos no hubieran

sido garantizados en el mbito inter-

no (artculo 2)

Cooperar con los rganos de Super-

visin internacional. Esta obligacin

emana de la condicin de parte que

ostenta el Estado respecto de la Con-

vencin y emana del principio que los

tratados deben cumplirse de buena fe

(artculo 41.d)

El Sistema Interamericano de Proteccin

de Derechos Humanos est concebidoprincipalmente para la proteccin de dere-

chos civiles y polticos establecidos en los

artculo 3 a 25 de la convencin America-

na de Derechos Humanos. Sin embargo,

la proteccin se ha hecho extensiva a los

DESC por aplicacin del artculo 26 de la

Convencin que reconoce expresamen-

te los derechos derivados de las normas

econmicas, sociales y sobre educacin,

ciencia y cultura, contenidas en la Carta

de la Organizacin de los Estados Ame-

ricanos, reformada por el protocolo deBuenos Aires de 1985; y, por lo dispues-

to expresamente en el Protocolo de San

Salvador de 1988 (articulo 19 N 6).

La aplicacin del SIDH para la proteccin

de DESC qued establecida por la juris-

prudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en el caso Carlos To-

rres Benvenuto y Otros vs. Per, conocido

como5 pensionistas vs Per rerindosepor primera vez al artculo 26.

En esta jurisprudencia estableci que el

Estado de Per viol al desarrollo progre-

sivo de los derechos econmicos sociales

y culturales, consagrados en los artculos

8, 21, 25 y 26 de la Convencin America-

na sobre derechos Humanos y reconoci

que los DESC tienen una dimensin indi-vidual y colectiva que garantiza la exigibi-

lidad de estos derechos frente al estado

en condiciones de equidad social que res-

guarden el inters de toda la poblacin.

Procedimiento de reclamacinante el SIDH

Corte Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH):

Para poner en marcha el sistema de pro-

teccin de derechos ante la Comisin se

puede accionar mediante una denuncia o

una peticin individual (artculo 44) la que

puede ser interpuesta por cualquier per-

sona no siendo requisito que acte la vc-


18/26


tima. Se trata de una accin popular que

no requiere del consentimiento de la vcti-

ma . En todo caso es necesario que haya

vctima identicable cuyos derechos han

sido vulnerados y a favor de quin se re-curre y, adems, cuando la accin la ejer-

ce una organizacin no gubernamental

(ONG) es necesario que esta entidad est

reconocida en cualquiera de los Estados

miembro de la OEA.

Este sistema permite tambin la interpo-

sicin de demandas colectivas, siempre

que las vctimas puedan ser susceptibles

de individualizacin. Permite, adems,que la CIDH reciba comunicaciones de

un Estado contra otro sobre violaciones

de los derechos estatuidos en la Conven-

cin (artculo 45), Caso Interestatal 01/06

Nicaragua Vs Costa Rica, Informe 11/07

Ser/L/V/II. 1 27; o bien que actu de pro-

pia iniciativa lo que opera en casos de vio-

laciones sistemticas de derechos huma-

nos cuando est en riesgo la seguridadde las vctimas lo que les impide accionar

directamente.

Las acciones se dirigen contra los Esta-

dos Partes de la Convencin. La Comi-

sin tiene facultad para conocer denun-

cias contra Estado miembros de la OEA

que no han suscrito la Convencin actuan-

do en base a la Declaracin de Derechos

Humanos adoptada por el organismo.

Para que sea admisible la denuncia serequiere:

Agotar los recursos internos, salvo que no

existan garantas de debido proceso en la

legislacin interna; casos de denegacin

de justicia; o, retardo injusticado en la

decisin sobre los recursos internos.

Recurrir dentro del plazo de seis meses

contados desde la fecha de la decisindenitiva, es decir aquella que signifca el

agotamiento de los recursos internos. No

obstante, en aquellos casos excepciona-

les donde no es necesario agotar la va

interna o ello no es posible se exige un

plazo prudencial lo que ser evaluado por

la Comisin considerando la fecha en que

courri la violacin de derechos humanos

y las circunstancias particulares del caso.

Evitar la duplicidad de procedimientos en

otras instancias internacionales, pues la

Comisin se inhibe de conocer asuntos

pendientes en otros organismos interna-

cionales, salvo que la actuacin de otras

instancias se limite a un anlisis general

de la situacin de Derechos Humanos del

Estado respectivo y no sobre el caso en

particular o bien cuando el recurrente esun tercero persona natural u ONG - que

actu sin la anuencia o autorizacin de la

vctima o sus familiares.

Presentada la denuncia, la Comisin no-

tica su recepcin a las partes y conere

traslado al Estado, quin tiene un plazo

de dos meses para pronunciarse sobre

la misma, pudiendo ampliarse el plazo

en un mes. Con posterioridad, la Comi-sin se pronuncia expresamente sobre la

admisibilidad del caso, para cuyo efecto

ha instaurado el grupo de trabajo sobre

admisibilidad que formula recomenda-

ciones al plenario de la Comisin para la

decisin de admisibilidad. Slo despus

de declarada la admisibilidad la denuncia



ser registrada como un caso y comienza

el examen de fondo.

En caso de extrema gravedad, la Comi-

sin puede adoptar medidas cautelaresque se traducen en recomendaciones

especcas a los Estados, destinadas

a evitar daos irreparables a las perso-

nas, estas medidas pueden ser solicita-

das en cualquier estado del proceso. La

Comisin, adems, en estos casos pue-

de solicitar a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos que adopte medidas

provisionales.

Antes de pronunciarse sobre el fondo de

la controversia, la Comisin puede pro-

mover una solucin amistosa entre las

partes (artculo 48.1.f)

Examen de Fondo

El examen de fondo conlleva una etapa

probatoria, audiencia y, nalmente, deci-

sin del asunto controvertido. Si la deci-

sin establece que no hubo violacin de

derechos, prepara un informe que ser

noticado a las partes e incorporado en el

informe anual del organismo. Si establece

MOMOS


20/26


que hubo violacin de derechos, prepara

un informe preliminar con proposiciones

y recomendaciones, que ser transmitido

slo al Estado para que en el plazo de tres

meses se arribe a un arreglo amistoso oel Estado adopte las medidas recomenda-

das por la Comisin. Si las recomendacio-

nes no prosperan, la Comisin elabora un

informe denitivo con recomendaciones y,

si corresponde, remite el caso a la Corte.

Procedimiento ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos

La Corte slo puede conocer de aquelloscasos que involucran a Estados que han

raticado la jurisdiccin de este rgano.

Los Estados tienen el plazo de un mes

para pronunciarse sobre la remisin del

caso a la Corte. La decisin de someter

un caso a Corte es la regla general, lo que

implica que la Comisin debe justicar

los casos en que se niega a someter el

caso ante la Corte, decisin que debe seradoptada por un mayora de los Comisio-

nados, oyendo a la vctima.

Solo los Estados y la Comisin pueden

llevar un caso a la Corte, Los represen-

tantes de las victimas estn autorizados

para presentar sus argumentos y pruebas

en la etapa de determinacin de la repa-

racin y coadyuvan a la actuacin de la

Comisin que en esta instancia represen-ta el inters de las vctimas.

Los casos ante la Corte terminan por so-

breseimiento - en caso de desistimiento

o allanamiento de las partes segn co-

rresponda - por solucin amistosa o por

sentencia.

Si el procedimiento termina por sentencia

esta es denitiva e inapelable, exigiendo

que se garanticen los derechos o liber-

tades vulneradas, se reparen las conse-

cuencias que emanan de dicha vulnera-cin y se pague una justa indemnizacin

por los daos sufridos.

Dentro del plazo de noventa das a con-

tar de su noticacin, las partes pueden

solicitar a la Corte una interpretacin del

fallo si; i)existe desacuerdo sobre su sen-

tido o alcance; o ii) si el texto del fallo es

ambiguo.

ElenaCordero



PedroGuereca


22/26


La jurisprudencia internacional ha avan-

zado en el sentido de reconocer derechos

a los recursos naturales, al agua y a ser-

vicios bsicos desde una perspectiva de

Derechos econmicos, Sociales y Cultu-

rales. La mayora de los casos involucran

derechos indgenas, no obstante, se ob-

serva un caso en que se otorga recono-

cimiento a la ciudadana para promover

sus derechos de agua acceso a agua

potable y servicios de saneamiento bsi-

co ante instancias internacionales don-

de stos derechos han sido puestos en

cuestin por las empresas prestadorasdel servicio.

El Comit de Derechos Humanos de la

ONU ha tenido ocasin de pronunciarse

respecto a situaciones en que se ha de-

nunciado la violacin del artculo 27 del

Pacto de Derechos Civiles y Polticos y

por esta va ha protegido Derechos Eco-

nmicos, Sociales y Culturales de Pueblos

Indgenas. As por ejemplo, en el caso de-

nominado Ominayak y el Grupo del LagoLubicn contra Canadse determin en1990 que los derechos protegidos por el

artculo 27 incluyen los derechos de las

personas, en comunidad con otros, para

comprometerse en actividades econmi-

cas y sociales que son parte de la cultura

de la comunidad a la cual pertenecen. El

Comit reconoci que la subsistencia y

actividades econmicas tradicionales delos pueblos indgenas son parte integran-

te de su cultura, y que la interferencia con

esas actividades, en ciertos casos, poda

ser perjudicial para su integridad cultural

y supervivencia.

En el ao 2005 la Corte Interamericana,

caso Yakye Axa con Paraguay, estable-ci que los derechos territoriales indge-

nas abarcan un concepto ms amplio que

est relacionado con el derecho colectivo

a la supervivencia como pueblo organiza-

do, con el control de su hbitat como una

condicin necesaria para la reproduccin

de su cultura, para su propio desarrollo y

para llevar a cabo sus planes de vida. El

fallo concluye que los miembros de la Co-

munidad Yakye Axa viven en condiciones

de miseria extrema como consecuencia

de la falta de tierra y acceso a recursos

naturales, y que a consecuencia de elloven imposibilitado el acceso a una vivien-

da adecuada dotada de los servicios b-

sicos mnimos, as como a agua limpia y

servicios sanitarios (prrafo 164), lo que

constituye una infraccin por parte del Es-

tado de Paraguay a la luz de los derechos

garantizados por la convencin.

En la Sentencia pronunciada en el ao

2006, en el caso de la Comunidad Sawho-yamaxa contra el Estado de Paraguay, laCorte Interamericana reconoce que la

estrecha vinculacin de los integrantes

de los pueblos indgenas con sus tierras

tradicionales y los recursos naturales liga-

dos a su cultura que ah se encuentren,

as como los elementos incorporales que

se desprendan de ellos, deben ser salva-

guardados por el artculo 21 de la Conven-cin Americana (Prrafo 137, fallo Corte

Interamericana, Caso Yakye Axa vs Para-

guay; Prrafo 149 Caso de la ComunidadMayagna (Sumo) Awas Tingni). La culturade los miembros de las comunidades ind-

genas sentencia la Corte-corresponde a

una forma de vida particular de ser, ver y

5 AVANCES DE LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL EN LA PERSPECTIVA DERECONOCER EL DERECHO HUMANO AL AGUA DESDE UN ENFOQUE DEDERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES



actuar en el mundo, constituido a partir de

su estrecha relacin con sus tierras tradi-

cionales y recursos naturales, no slo por

ser estos su principal medio de subsisten-

cia, sino adems porque constituyen unelemento integrante de su cosmovisin,

religiosidad y, por ende, de su identidad

cultural (prrafo 135).

La Comisin Interamericana de Derechos

Humanos en el caso Comunidades Ma-puche Paynemil y Kaxipayi vs Argenti-na, conoce acerca del incumplimiento porparte del Estado de Argentina de una sen-

tencia judicial que ordenaba proveer aguapotable a una poblacin afectada por con-

sumo de agua contaminada con plomo y

mercurio y exiga determinar la existencia

de daos y realizar los tratamientos mdi-

cos adecuados para su curacin. El caso

fue denunciado por la Defensora Ocial

de Menores de la Provincia de Neuqun

y se sustenta en la violacin del derecho

de todo nio a las medidas de proteccinque su condicin de menor requiere, de

los derechos a la salud, al medio ambien-

te sano, a la propiedad de la tierra, y a

la provisin de recursos judiciales efecti-

vos. La Defensora haba interpuesto una

accin de amparo a n de garantizar la

salud de los nios y jvenes de la comu-

nidad indgena mapuche Paynemil afec-

tados por el consumo de agua contami-

nada con plomo y mercurio. El tribunalque intervino en el mbito interno orden

al gobierno provincial proveer agua de

emergencia dentro de un plazo de 2 das;

j en 45 das el plazo para la provisin

permanente de agua por cualquier medio;

y otorg un plazo de 7 das para poner en

marcha estudios que permitan determinar

la existencia de daos por contaminacin

de metales pesados en los habitantes y,

en caso armativo, realizar los tratamien-

tos necesarios para su curacin; y tomar

las previsiones necesarias para preservarel medio ambiente. Ante el cumplimiento

parcial de lo ordenado, se denunci al Es-

tado ante la CIDH. En el marco de una

audiencia, se lleg a un acuerdo por el

cual el Estado Argentino se comprometi

a tratar a los nios afectados en el Hos-

pital Gutirrez de Buenos Aires. Tambin,

se acord que la planta de tratamiento y

potabilizacin de agua que se construa

en el lugar, sera monitoreada en su fun-cionamiento por ambas comunidades ma-

puche. Por ltimo, el Estado se compro-

meti a entregar la informacin que posee

acerca de la explotacin del yacimiento

de Loma de la Lata, en especial de los

sitios de los pozos abandonados, piletas

de oxidacin y tuberas.

El Estado Argentino no cumpli con el

acuerdo de solucin. Si bien la CIDHefectu una visita a Argentina en agosto

de 2001 en la que se reuni con las par-

tes y mantuvo dos reuniones de trabajo

adicionales (octubre 2001 y agosto 2003),

hasta el momento no hubo mayores avan-

ces y el Estado mantiene su postura de

que el caso debe ser declarado inadmi-

sible por la CIDH. La resolucin del caso

est pendiente.

Concluimos con un caso de particular

relevancia para la reclamacin interna-

cional del derecho al agua, donde se ha

sentado como jurisprudencia que la teora

de los derechos humanos constituye un

lmite cierto a las normas comerciales in-

ternacionales y garantiza la participacin


24/26


ciudadana para la promocin de sus inte-

reses. El asunto se plantea ante el CIADI

instancia en la que litigan las corporacio-

nes internacionales extractivas de dere-

chos naturales y que recoge como basenormativa los Tratados de Libre Comercio

y los Tratados Bilaterales de Inversin

Varias organizaciones de usuarios, con-

sumidores y de derechos humanos

presentaron ante el Centro Internacio-

nal de Arreglo de Diferencias relativas

a Inversiones (CIADI) una Peticin de

Transparencia y Participacin en calidad

de Amicus Curiae, en el marco de unademanda presentada por las empresas

Aguas Argentinas, Suez y Vivendi (Aguas

Argentinas S.A., Suez Sociedad General

de Aguas de Barcelona S.A., Vivendi Uni-

versal S.A. c. Repblica Argentina. Caso

N ARB/03/19). Estas empresas reclaman

al Estado argentino una indemnizacin

por los daos causados a las inversiones

a raz del congelamiento de las tarifas delos servicios pblicos luego de que Argen-

tina abandonara la paridad cambiaria con

el dlar en 2001. El CIADI permiti que

las organizaciones puedan participar en

carcter de Amicus Curiae (amigo dela Corte), con el n de proporcionar sus

perspectivas, argumentos, o conocimien-

tos especializados sobre la controversia.

El tribunal arbitral internacional destac

que este caso en particular reviste espe-cial inters pblico debido a que la dis-

puta relativa a inversiones gira en torno

a los sistemas de distribucin de agua y

alcantarillado de una extensa zona metro-

politana: la ciudad de Buenos Aires y los

municipios que la rodean. Segn los jue-

ces, esos sistemas proporcionan servicios

pblicos bsicos a millones de personas

y, en consecuencia, podran plantear una

amplia gama de cuestiones complejas en

materia de derecho pblico e internacio-

nal, incluidas consideraciones relativas aderechos humanos. Esta decisin resulta

un precedente fundamental en tanto es la

primera vez que un tribunal arbitral que

funciona bajo las reglas del CIADI deci-

de aceptar la participacin de organiza-

ciones de la sociedad civil en calidad de

Amicus Curiae an cuando las partes lo

hayan objetado (en este caso, las empre-

sas). Posteriormente, el 17 de marzo de

2006, en el caso Aguas Provinciales deSanta Fe S.A. y otros c .Repblica Argen-

tina (Caso CIADI ARB/03/17), el mismo

tribunal ratic el criterio expuesto en el

caso Aguas Argentinas y otros para acep-

tar presentaciones de terceras personas

en calidad de Amicus Curiae.

http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw.

htm?attribLang_id=13441

MOMOS



CIDH - Comisin Interamericana deDerechos Humanos

CIADI - Centro Internacional de arreglo

de Diferencias Relativas a Inversiones

CIAMA - Conferencia Internacional sobreel Agua y el Medio Ambiente de Dubln

de 1992.

DESC - Derechos Econmicos, Socialesy Culturales

OEA - Organizacin de EstadosAmericanos

ONG - Organizacin no Gubernamental

PNUD - Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo

PDESC - Pacto de DerechosEconmicos Sociales y Culturales

PDCP - Pacto de Derechos Civiles yPolticos

SIDH - Sistema Interamericano de

Derechos Humanos

Referencias Bibliogracas

Medina, Cecilia & Claudio Nash (2007). Sis-

tema Interamericano de Derechos Humanos:

Introduccin a sus Mecanismos de Proteccin.

Centro de Derechos Humanos, Facultad de

Derecho, Universidad de Chile

Mackay, Fergus (1999). Los Derechos de los

Pueblos Indgenas en el Sistema Internacio-nal. Federacin Internacional de Derechos

Humanos, Lima, Per.

Red Internacional para los Derechos econmi-

cos, Sociales y Culturales. Base de Datos de

Jurisprudencia de la Red DESC. Disponible

en:

http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw.

htm?attribLang_id=13441

6GLOSARIO DE TRMINOS Y SIGLAS

Serie: Agua y Libre Comercio - Gua n 4: EL DERECHO HUMANO AL AGUA, UNA PERSPECTIVA DESDE

LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Elaboracin y edicin: Agua Sustentable (www.aguasustentable.org)

Tapa y contratapa: Pedro Guereca - Visual design: Pedro Guereca (www.taller64.com)


26/26

AGU

AYLIBRECOM

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Es una publicacin de:

realizada con el

apoyo de:

4

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