Memoria e identidad colectivaDomingo, 25 de agosto de 2013 | 4:30 am Comentarios 1

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La comprensión de quiénes somos como parte de una comunidad

política que se va configurando en el tiempo pasa por la elaboración y

apropiación de una historia compartida y de un relato consistente

acerca de nuestras raíces, experiencias y propósitos comunes.

Pensarnos como nación implica entonces concebirnos como miembros

de un grupo que ha asumido un proyecto colectivo que movilice al

cuerpo social para asumir decisiones y luego ejercer acciones que

cumplan tal proyecto. Justamente la participación en tales tareas es lo

que caracteriza la calidad del “ciudadano”.

Son bien conocidos los tropiezos que los peruanos enfrentamos para

pensarnos como partícipes en un proyecto de identidad colectiva. Uno

de ellos –acaso el más importante– reside en nuestra secular

incapacidad para, basándonos en la igualdad civil de todos los

peruanos, construir así una comunidad política abarcadora y auténtica.

Tal incapacidad se pone ya de manifiesto desde el surgimiento de

nuestra República. La “independencia nacional” significó el ascenso del

sector criollo a la conducción del Estado, pero no supuso el necesario

esfuerzo por la inclusión política y económica de la población indígena y

mestiza. Aún hoy, son numerosas las luchas pendientes contra la

discriminación y la exclusión. Esta incapacidad básicamente moral y

que acarrea consecuencias políticas lamentablemente ha asumido

diversas formas en décadas recientes.

La escasa o nula disposición de la llamada clase política para contribuir

a la recuperación de la memoria de la violencia padecida, constituye un

signo inequívoco de tal esterilidad para la construcción de una

comunidad política. La agenda de memoria, justicia y reparación

planteada por la CVR y –en general por el proyecto de transición

iniciado por el gobierno de V. Paniagua– no solo apuntó a la tarea de

restituir a las víctimas la titularidad de los derechos que de facto les

fueron arrebatados en el contexto de aquellos años. Dicha agenda

pretendió asimismo reconstruir la historia vivida por miles de peruanos,

una historia que no debemos repetir por ningún motivo. Ahora bien, la

configuración de tal historia requiere, ineludiblemente del concurso de

la memoria, del testimonio vivo de aquellos que afrontaron

circunstancias de dolor e indefensión.

En efecto, la incorporación del testimonio de quienes padecieron el

conflicto –poniendo en primer lugar la voz de las víctimas–, así como el

diálogo en los espacios de discusión pública, constituyen pasos

fundamentales en un auténtico proceso de inclusión política que el país

debe emprender para consolidarse como una nación libre y justa. No

querer ver lo que sucedió, desconocer las exigencias de justicia y

reparación de las víctimas expone la triste realidad de una sociedad que

no ha podido todavía establecer sólidos lazos entre sus miembros e

instituciones. Esa suerte de ceguera voluntaria es un obstáculo mayor

para que se configure una genuina sociedad democrática. Y es por ello

que muchos peruanos se sienten excluidos del denominado “Perú

oficial”, fundamentalmente capitalino, urbano e hispanohablante.

Construir y afirmar una identidad colectiva expresa un desafío moral y

político que se comienza a enfrentar con el trabajo público de la

memoria. Ello supone examinar críticamente nuestras prácticas,

creencias e instituciones. El ejercicio ético-político del recuerdo implica

hurgar en lo que nos preocupa y conmueve sin engañarnos con la sola

exploración de lo que nos enorgullece o dignifica. Nuestra identidad

comprende de modo necesario lo que hemos sido –cómo hemos tratado

a nuestros compatriotas y cómo hemos actuado frente a nuestras

leyes–, y también lo que queremos ser –una comunidad madura y

democrática–. Pues bien, afirmarnos peruanos, hoy implica entonces

reconocer en las víctimas del pasado a nuestros compatriotas y

conciudadanos y batallar para que ese reconocimiento pueda constituir

el alimento del futuro bueno al que aspiramos.