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Oxfam Internacional es un grupo de 11 ONG de
desarrollo independientes de diferentes países, que
comparten valores y trabajan conjuntamente para
combatir la pobreza y la injusticia en el mundo.
El Banco Mundial y la política españolade cooperación al desarrollo
José Antonio Sanahuja
Abril de 2000
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Índice
Agradecimientos y descargo de responsabilidad
1. Resumen y conclusiones
2. Las relaciones España-Banco Mundial, 1958-2000: una visión de conjunto
2.1 De la adhesión a la “graduación”. España como prestatario del Banco
Mundial (1958-1977)
2.2 España como miembro no prestatario: las relaciones con el Banco Mundial
(1977-2000)
2.3 La política española hacia el Banco Mundial: la primacía de los intereses
comerciales respecto a los objetivos de desarrollo
3. La posición española en el Grupo Banco Mundial: una participación en aumento,
pero todavía insuficiente
3.1 La posición española en el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF)
3.2 La participación en la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
3.3 La participación española en las filiales del Banco Mundial para el sector
privado: la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI)
3.4 La perspectiva oficial: una política en busca de mayor poder e influencia
3.5 La participación en fondos fiduciarios e iniciativas multilaterales vinculadas
al Banco Mundial (FMAM e Iniciativa PPME) ¿un incipiente compromiso
con el desarrollo?
4. Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa española en las
relaciones con el Banco Mundial
4.1 La definición de los instrumentos en el marco de la política comercial
4.2 La cofinanciación de proyectos
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4.3 Los fondos de consultoría y la línea Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV)
4.4 La política de personal
5. Conclusiones y propuestas: las relaciones con el Banco Mundial y la futura política
española de cooperación al desarrollo
Apéndice estadístico
Cuadro 1 Directorio Ejecutivo del Banco Mundial y poder de voto
Cuadro 2 Evolución de la participación española en el Grupo Banco Mundial
Cuadro 3 Participación del Grupo Banco Mundial en la Ayuda Oficial al
Desarrollo española
Cuadro 4 Contribuciones al Grupo Banco Mundial. Decisiones FAD (1995-1998)
Cuadro 5 Participación en la contratación del BIRF y tasa de aprovechamiento
comercial
Cuadro 6 Participación en la contratación de la AIF y tasa de aprovechamiento
comercial
Siglas y acrónimos empleados
Referencias bibliográficas y documentales
Índice de recuadros
Recuadro 1 El Grupo Banco Mundial: una aproximación
Recuadro 2 La relación con el Banco Mundial en la Administración española:
funciones y competencias
Recuadro 3 Los objetivos de la política española hacia los organismos financieros
internacionales
Recuadro 4 Las relaciones España-Banco Mundial. Cuadro-resumen
Recuadro 5 Proyectos de la CFI con participación española, 1996-1998
Recuadro 6 La difícil relación entre la CFI, la inversión extranjera y la
responsabilidad social y ambiental en el desarrollo: el caso ENDESA-
ENERSIS y las presas del Bío-Bío (Chile)
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Recuadro 7 Una aproximación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Recuadro 8 Fondo Fiduciario PPME. Financiación de fuentes bilaterales (a febrero de
2000)
Recuadro 9 El Acuerdo Marco Ministerio de Economía y Hacienda-Banco Mundial
de marzo de 1997. Cuadro-resumen
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Agradecimientos y descargo de responsabilidad
Este documento es un avance de una investigación más amplia sobre el Banco Mundial y las
relaciones de España con este organismo, que será publicada próximamente por Intermón. En
el curso de la investigación se han realizado diversas entrevistas a responsables de la política
española de cooperación y de las relaciones con el Banco Mundial, y se ha contado con la
colaboración de diversos centros de investigación y ONG españolas e internacionales. De
particular importancia ha sido la información proporcionada por la Subdirección General de
Instituciones Financieras Internacionales (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía y Hacienda), que se ha mostrado
permanentemente abierta al diálogo y el intercambio de opiniones. En las reuniones y
entrevistas mantenidas han participado, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda,
Jaime Lorenzo García-Ormaechea y Ángel Martín Acebes, en el periodo en el que cada uno
de ellos ha estado al frente de la Subdirección General de Instituciones Financieras
Multilaterales; Rocío Alberdi, Subdirectora General Adjunta de Instituciones Financieras
Multilaterales; Alicia Montalvo, en el periodo en el que estuvo al frente de la Subdirección
General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos; Oscar Vía Ozalla,
Subdirector General de Fomento Financiero a la Exportación; Marga Ramón, Directora del
Programa Banco Mundial, y Javier Moral Escudero, que facilitó información sobre el FMAM;
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José Matres Manso, Subdirector General de
Relaciones Económicas Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre; y Elisa
Valderrama, Jefa de Servicio de Organismos Internacionales de Cooperación. Este documento
también se ha beneficiado de las aportaciones y el apoyo de Gonzalo Fanjul, Paloma
Escudero, Marta Arias y José María Vera, del Departamento de Estudios y Relaciones
Institucionales de Intermón. Mabel González Bustelo ha participado como ayudante de
investigación. Ninguna de estas personas, no obstante, es responsable de las opiniones,
omisiones o errores que puedan encontrarse en este documento, que competen exclusivamente
a su autor.
Madrid, abril de 2000
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El Banco Mundial y la política españolade cooperación al desarrollo
José Antonio Sanahuja1
1. Resumen y conclusiones
El Banco Mundial, al igual que el conjunto de los organismos multilaterales, ocupa un lugar
secundario en la política española de cooperación al desarrollo. Así lo pone de manifiesto la
parquedad de las contribuciones financieras realizadas a este organismo, que hasta una fecha
relativamente reciente se han limitado al pago de las contribuciones obligatorias, y la reducida
participación o la casi total ausencia de representantes españoles —gubernamentales y no
gubernamentales— en el proceso de formulación de sus políticas y en los debates teóricos y
prácticos sobre las políticas de desarrollo y cooperación impulsadas por esta organización.
Esta ausencia es particularmente visible si consideramos que el Banco Mundial es una
referencia obligada en materia de desarrollo y cooperación, debido a que sus políticas tienen
un impacto decisivo en la orientación y contenido del proceso de desarrollo de muchos países
del Sur, y entre ellos los que España considera prioritarios en su política de cooperación
bilateral. Debido también a que existe un intenso debate internacional respecto al presente y el
futuro del Banco Mundial en la “nueva arquitectura financiera” internacional y en el futuro
sistema internacional de cooperación al desarrollo, en el que participan gobiernos, ONG, la
comunidad científica y los movimientos sociales, y al que España no puede ser ajena por su
condición de país donante integrado en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE,
y por su creciente peso en la economía internacional.
El bajo perfil de la participación española en el Banco Mundial se debe a varias causas. La
tardía incorporación de España a este organismo, el hecho de haber sido un país prestatario
hasta el año 1977, y las particulares reglas que rigen la participación de los Estados en su
accionariado, se han traducido en una limitada participación en sus órganos de gobierno, y en
general en una escasa capacidad de influencia en los mismos. También ha influido el escaso
1 Profesor de relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado deIntermón. [email protected]
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interés que ha suscitado este organismo de las ONGD, el Parlamento y diversas instancias
oficiales. Pero el elemento más relevante ha sido la tradicional preeminencia de los intereses
comerciales en la política española de cooperación, históricamente dominada por
instrumentos ligados a la exportación y a los intereses empresariales, que ha dado a la
cooperación española un carácter marcadamente bilateral. De hecho, España es uno de los
países que menos recursos destina a la cooperación con los organismos multilaterales —
financieros y no financieros— en comparación con otros países donantes de la Unión Europea
y del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE (ver cuadro 3 en el apéndice
estadístico).
No debería ser necesario insistir a estas alturas sobre esta realidad, que ha sido destacada por
documentos de gran trascendencia, como los informes del Congreso y el Senado de 1992 y
1994 o los exámenes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1994 y 1998, así como por diversos
análisis independientes,1 y que sólo recientemente ha empezado a corregirse. Como señalan
abiertamente los responsables de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Economía y Hacienda), responsable de las
relaciones con el Banco Mundial, la búsqueda de “retornos” comerciales ha sido
tradicionalmente el principal y casi único objetivo de la política española hacia los
organismos financieros multilaterales, y el escaso interés mostrado hacia el Banco Mundial
radica en el hecho de que la mayor parte de los recursos de este organismo —y en particular
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), su filial para los países más pobres— se
dirigen a áreas geográficas y/o a sectores de intervención en los que los intereses comerciales
españoles son menores o más difíciles de asegurar, entre otras razones debido a la existencia
de sistemas competitivos de licitación y/o a la menor presencia o competitividad de las
empresas españolas en esos sectores y países (Mier 1986: 51-62; López 1993: 815-834;
Ceballos 1997, e Intermón 1997: 29-32).2
1 Ver, Congreso de los Diputados 1992, Senado 1994, Alonso 1993: 69-82 y 1999b: 70; Intermón 1996: 26 y1997: 24; Comité de Ayuda al Desarrollo 1994: 6-9, y 1998: 9 y 32.2 Es significativo observar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), único banco multilateral que sedirige a una región que España considera prioritaria en su acción exterior, en la que hay mayor presencia deempresas españolas, y en el que los “retornos” son significativamente mayores, es también el único bancomultilateral en el que España ha tenido un papel más activo y ha realizado aportaciones significativas de caráctervoluntario. Nos referimos en particular a las canalizadas a través de uno de los fondos fiduciarios de lainstitución, el “Fondo V Centenario” que se estableció en 1992. Este caso parece indicar que la participaciónespañola en un organismo multilateral puede ser mayor si los intereses comerciales o de otro tipo están cubiertos.Ver alrespecto Vera y Espinosa 1997: 67-82, y Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales1997a: 17-22.
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Esta situación no es ajena a la estructura bicéfala que ha caracterizado a la cooperación
española y al hecho de que las relaciones con el Grupo Banco Mundial son responsabilidad de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa
(Ministerio de Economía y Hacienda), cuya función primordial es promover las exportaciones
y las inversiones españolas en el exterior y facilitar la internacionalización de las empresa
española. Tampoco es ajena al hecho de que el instrumento con el que se realizan las
aportaciones a los organismos financieros multilaterales es el crédito del Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD). La bicefalia se ve agravada por la evidente descoordinación y falta de
comunicación entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Asuntos Exteriores y sus
respectivos órganos responsables de las políticas de cooperación. En este contexto, es
oportuno recordar que España no ha contado ni cuenta con una agencia de cooperación al
desarrollo con la autonomía política e institucional suficiente para desarrollar una política de
cooperación que no esté subordinada a los objetivos políticos, diplomáticos y comerciales de
los dos ministerios citados.
Los intereses comerciales son muy perceptibles si se examinan, como se hace en este estudio,
los objetivos declarados y los instrumentos que ha desplegado la Secretaría de Estado de
Comercio en su relación con el Banco Mundial. En una política que se ha caracterizado por su
continuidad y permanencia, y que ha sido confirmada en textos y declaraciones recientes (ver
recuadro 3), los responsables de dicha Secretaría han señalado que la participación española
en el Banco Mundial tiene como objetivos primordiales:
a) Ampliar la influencia de España en los órganos de gobierno. En este ámbito, la
principal estrategia es promover un aumento en la participación española en el
capital del Banco Mundial y en las contribuciones a la AIF, aprovechando para ello
las oportunidades que ofrecen los incrementos selectivos de capital del BIRF y las
reposiciones de recursos de la AIF, la “ventanilla” concesional del Banco Mundial.
c) Incrementar la “tasa de aprovechamiento comercial” —esto es, la cuantía de los
“retornos”—, que se considera “baja” en relación a países de nuestro entorno,
mediante la cofinanciación de proyectos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD); la utilización de fondos de consultoría “ligados”1 a través del Fondo de
1 El Fondo de consultoría con el Banco Mundial está parcialmente ligado. El 75% de los recursos debe utilizarsepara contratar servicios de consultoría —empresas o particulares— de nacionalidad española, y el 25% restante
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Estudios de Viabilidad (FEV), también financiado por el FAD; la difusión de
información sobre oportunidades de negocio con el Banco Mundial entre las
empresas españolas; y el seguimiento y apoyo a las ofertas presentadas a las
licitaciones del Banco Mundial.
c) Aumentar la presencia de funcionarios y directivos de nacionalidad española —que
se suponen más proclives a defender los intereses españoles, lo que redundará en
mayores oportunidades de negocio para los exportadores de bienes y servicios—, a
través de la definición de una política de promoción de directivos, de mecanismos de
cesión de personal, del envío de becarios y de difusión de información sobre
oportunidades de empleo.
La aprobación de la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo (de aquí en adelante
LCID), en julio de 1998 pone las bases para superar los problemas citados.1 La LCID, en
primer lugar, orienta al conjunto de la cooperación española, incluyendo la que se ejecuta por
cauces multilaterales, a las metas internacionales de desarrollo humano y sostenible, de
fomento de la paz, la democracia y los derechos humanos y de lucha contra la pobreza. Ello
obliga a redefinir las prioridades de la cooperación multilateral, dejando los objetivos
comerciales en el lugar secundario en el que, por definición, debieran estar en toda política en
este ámbito. Por otra parte, en virtud del principio de unidad de acción en el exterior, y sin
perjuicio de que existan responsabilidades de gestión diferenciadas para los distintos
instrumentos de la cooperación, se pretende acabar con la fragmentación institucional y la
característica bicefalia de la cooperación española, atribuyendo la dirección de la política en
su conjunto al Ministerio de Asuntos Exteriores (Montobbio 2000: 86).
La LCID, por otra parte, intenta superar los problemas de falta de coordinación y coherencia a
través un marco único de planificación estratégica que mejore la coherencia y la eficacia de la
cooperación española. Se trata del Plan Director de la Cooperación Española, que según la
LCID (artículos 8 y 15) deberá ser elaborado por el Gobierno y presentado al Parlamento para
su correspondiente dictamen y aprobación. La Propuesta de Plan Director representa el más
importante ejercicio de planificación estratégica realizado hasta la fecha para el conjunto de la
política española de cooperación. Esta Propuesta se redactó en el primer semestre de 1999 tras
podrá destinarse a contratar consultores de los países prestatarios o de otros países donantes con fondos deconsultoría que a partir del principio de reciprocidad también permitan la contratación de consultores españoles.
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un estudio riguroso y sistemático de la situación de la cooperación española y de las
tendencias de la ayuda en el sistema internacional (ver Alonso 1999a), y un amplio proceso de
participación y consultas con instancias oficiales, expertos y ONG, que generó un amplio
consenso en torno al Plan y que culminó con la aprobación del mismo en el Consejo de
Cooperación al Desarrollo.
Estos factores exigirían por sí solos un cambio de política respecto al Banco Mundial y a otros
organismos financieros multilaterales. Pero hay que considerar además las transformaciones
que en los últimos años se están produciendo en el sistema internacional de cooperación al
desarrollo, y las importantes reformas que ha emprendido el Banco Mundial desde la llegada
de James S. Wolfensohn a la Presidencia de esta Institución. Estos cambios han hecho aún
más visibles las carencias de la política española hacia los organismos financieros
multilaterales, y en particular hacia el Banco Mundial, y más perentoria la definición de una
nueva política al respecto.
Las expectativas de cambio abiertas por la LCID, sin embargo, no se están materializando. En
primer lugar, el desarrollo reglamentario de la Ley apenas ha comenzado. Ese desarrollo tiene
especial relevancia en este caso, dado el carácter “marco” y la escasa concreción operativa de
la Ley, y la necesidad de reglamentar instrumentos tan relevantes como el Fondo de Ayuda al
Desarrollo (FAD) y redefinir las competencias de gestión de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Economía y Hacienda sobre este y otros instrumentos financieros. No menos
significativo es el bloqueo que ha sufrido el Plan Director. Tras un largo proceso de
elaboración, en julio de 1999 existía ya un texto final que contaba con el respaldo de los
Ministerios implicados —en especial Asuntos Exteriores y Economía y Hacienda—, de las
ONGD y de otros actores. Este documento debería haber sido aprobado por el Consejo de
Ministros antes del verano de 1999, a fin de que su presentación al Parlamento coincidiera
con el inicio del curso político, pero sin razón aparente el Gobierno no dio ese paso y paralizó
el proceso, situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Las dificultades que está
encontrando la LCID en su aplicación en el año y medio transcurrido desde su aprobación se
relacionan con el rechazo indisimulado del Ministerio de Economía y Hacienda a
determinadas disposiciones de esta Ley, particularmente aquellas que otorgan al Ministerio de
Asuntos Exteriores funciones de dirección y coordinación general de la política de
cooperación, y la gestión conjunta por parte de ambos Ministerios (art. 28.2), de los créditos
1 Ley 23/1998 de 7 de Julio de Cooperación Internacional para el desarrollo, BOE de 8 de julio de 1998, y enespecia los artículos 1 a 4, 11 y 27.
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de desarrollo otorgados conforme a la normativa internacional de crédito a la exportación con
apoyo oficial, en referencia a los actuales FAD y al instrumento que pudiera sustituirlos
(Alonso 1999b: 70).
La paralización del Plan Director no es el único elemento preocupante al respecto. Como se
muestra más adelante, la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo no ha significado ningún cambio —ni en el discurso ni en la práctica— en la
política hacia el Banco Mundial y hacia el conjunto de las organizaciones financieras
multilaterales. En la práctica, las instancias responsables de esa política en el Ministerio de
Economía y Hacienda desconocen la existencia de la Ley, tal y como se desprende de sus más
recientes documentos de política. Los intereses comerciales y la búsqueda de “retornos”
continúan siendo objetivos básicos en la relación con esta organización y se puede observar
un llamativo silencio respecto a los objetivos de desarrollo contemplados por la LCID. Sin
negar la validez y la legitimidad de esos intereses comerciales, parece evidente que la política
hacia el Banco Mundial, como parte de la política de cooperación al desarrollo, no puede estar
basada sola o primordialmente en ellos, tanto por coherencia política como por el imperativo
legal que se desprende de las disposiciones de la Ley de Cooperación Internacional.
La creciente implicación española en iniciativas multilaterales de desarrollo impulsadas por el
Banco Mundial, como es el caso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y la
Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (Iniciativa PPME o, por sus siglas en
inglés, Highly Indebted Poor Countries o HIPC) es un elemento importante en la definición
de una política de cooperación multilateral, y en relación al Banco Mundial en particular, en
la que los objetivos internacionales de desarrollo tienen mucho más peso. Ahora bien, hay
problemas de planteamiento y enfoque en ambas iniciativas que pueden desnaturalizar su
contenido y mermar su eficacia como instrumentos de cooperación para el desarrollo. En el
primer caso, se constata la presencia de objetivos comerciales similares a los presentes en
otras vías de relación con el Banco Mundial. En el segundo caso, en relación a la distribución
de competencias en el seno de la Administración. Las operaciones de reducción de deuda en
el marco de la Iniciativa PPME suponen, como es sabido, la creación de fondos de
contravalor en moneda local para financiar programas de lucha contra la pobreza y desarrollo
social, cuya gestión y supervisión corresponde al Gobierno receptor, con participación del
país donante y de las organizaciones de la sociedad civil. El protagonismo del Ministerio de
Economía en la gestión de estos fondos supone, en la práctica, una ampliación de las
funciones de este departamento en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y existe el riesgo
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de que el despliegue de esos programas, que se llevarán a cabo en paralelo a otras actividades
de la cooperación española gestionadas por las instancias responsables del Ministerio de
Asuntos Exteriores, agudice los problemas de descoordinación y de falta de integración y
coherencia que han minado la política española de cooperación. Aunque no se trata de algo
generalizado, esta situación sí se ha dado en relación a los programas de reconstrucción de
Centroamérica tras el paso del huracán “Mitch”.
En el marco más general del desarrollo de la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo
y con la premisa de una inmediata aprobación del Plan Director, este documento aboga por
una nueva política hacia el Banco Mundial basada en las siguientes líneas estratégicas:
1. La política española hacia el Banco Mundial deberá estar plenamente integrada en la
política de cooperación internacional al desarrollo y responder a los objetivos y
principios comunes de esa política, tal y como se han definido en la LCID, y en
especial a la lucha contra la pobreza.
2. La política española hacia el Banco Mundial deberá responder a un modelo de
dirección y gestión más unificado, integrado y coordinado, conforme a lo establecido
por la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo.
3. España debería participar activamente en el proceso de formulación de las políticas
de desarrollo y de las estrategias operacionales del Banco Mundial. A fin de que
estas respondan, en la medida de lo posible, a los objetivos y principios de la LCID.
4. Para respaldar más eficazmente sus posiciones, España debería promover
“coaliciones de Estados afines” en el seno del Directorio Ejecutivo, en especial con
los Estados miembros de la Unión Europea.
5. La búsqueda de una mayor influencia en el Banco también deberá estar orientada a
asegurar una mayor coherencia entre las políticas bilaterales de cooperación y la
actuación del Banco Mundial en el nivel de país, en especial en aquellos países
prioritarios para la cooperación española.
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6. España deberá impulsar reformas conducentes al “buen gobierno” en el seno del
Grupo Banco Mundial, de forma que este supere sus notorias deficiencias
administrativas y de gestión.
7. España deberá fortalecer su capacidad de análisis, propuesta y diálogo de políticas
frente al Banco Mundial, y formular sus propuestas a partir de cauces de diálogo
regulares con el Parlamento y con la participación activa de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD).
8. La participación y el diálogo de políticas con las ONGD, las organizaciones sociales
y el Parlamento en relación al Banco Mundial requiere un suministro regular y
transparente de información sobre las políticas de esta Institución y la actuación
española en sus órganos de gobierno.
9. En el marco de su política de cooperación, España deberá impulsar la segunda fase
de la Iniciativa HIPC/PPME, tanto en plano financiero como en el ámbito de las
políticas de lucha contra la pobreza en las que se enmarca esta Iniciativa, y asegurar
su coherencia con otras políticas bilaterales.
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Recuadro 1El Grupo Banco Mundial: una aproximación
El Banco Mundial es la principal institución multilateral de financiación del desarrollo. Desdesu creación ha canalizado un total acumulado de 454.000 millones de dólares a los países endesarrollo, y desde 1990 facilita créditos por valor de unos 25.000 millones de dólares anualescomo promedio. A título comparativo, para valorar la importancia de estos flujos en lafinanciación del desarrollo, esta cifra equivale al 50% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD)de los países de la OCDE (aunque sólo una tercera parte aproximadamente de los préstamosdel Banco Mundial son concesionales), y al 10% de toda la inversión extranjera directa anualrecibida por los países en desarrollo en los años 1996 o 1997, en los que estos flujos hanalcanzado máximos históricos.
El acceso a los créditos del Banco está condicionado a la adopción de políticas económicasortodoxas, que a menudo suponen la aplicación de los polémicos “programas de ajusteestructural”. En la actualidad el Banco Mundial cuenta con más de 180 Estados miembros,pero la institución es dirigida por un número muy reducido de países industrializados y enespecial por Estados Unidos. Ello se debe al peculiar sistema de toma de decisiones de estainstitución, en el que los países más ricos, que son los que tienen la mayor parte del capital delBanco, también tienen más poder de voto en sus órganos de gobierno. El principal órgano degobierno del Banco por debajo de su Junta de Gobernadores es un Directorio Ejecutivo de 24miembros. Los países con más poder de voto nombran directamente a su representante en eseDirectorio. La mayor parte de los Directores Ejecutivos representan a grupos de países o“sillas”.
La expresión “Banco Mundial” integra dos entidades: el BIRF y la AIF. La expresión “GrupoBanco Mundial” integra diversas entidades semiautónomas vinculadas al Banco:
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), creado en 1944 en BrettonWoods, es la institución más antigua y más importante del Banco Mundial en términosfinancieros, y la que más se aproxima en su funcionamiento a un banco convencional. Cuentacon 181 Estados miembros. Para ser miembro del BIRF es necesario haberse adherido al FMI.El BIRF otorga créditos en condiciones cercanas a las del mercado a los países en desarrollomás solventes y con un nivel de renta per cápita relativamente más elevado, 66 en total, lamayor parte con una renta per cápita entre 1.506 y 5.445 dólares anuales, aunque en losextremos de este grupo se encuentran países como Corea del sur o Argentina, con rentas entrelos 7.000 y los 9.000 dólares, y China, con una renta de 750 dólares. El BIRF sólo presta agobiernos e instituciones públicas. Los recursos de esta Institución proceden de lassubscripciones de capital de los Estados miembros, de la emisión de bonos en los mercadosinternacionales, de fondos fiduciarios (trust funds) y de acuerdos de cofinanciación congobiernos de países donantes. Entre 1990 y 1997 el BIRF otorgó créditos por valor de unos15.000 millones de dólares anuales. En 1998 y 1999 esta cifra se elevó a unos 22.000millones como consecuencia de los créditos extraordinarios derivados de la crisis asiática.
La Asociación Internacional de Fomento (AIF), creada en 1960, otorga créditos “blandos”a los países más pobres e insolventes, que no pueden acceder al mercado de capital privado nia los préstamos del BIRF. Los países con una renta per cápita situada entre 1.505 y 895dólares anuales en 1999 —en algunos casos, como la India o Pakistán, por debajo de esacifra—, 16 en total, se denominan Blend Countries, y acceden a una “mezcla” de créditos del
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BIRF y de la AIF. Los que se sitúan por debajo de esa última cifra sólo acceden a lospréstamos de la AIF. Todos los miembros del BIRF pueden adherirse a la AIF, que en laactualidad cuenta con 160 miembros. Los recursos de esta Institución proceden deaportaciones voluntarias de los países donantes, de una parte de los beneficios del BIRF, y dela devolución de anteriores créditos de la AIF. Se financia a través de las llamadas“reposiciones” que se convocan cada tres años. En la XI Reposición (1996-1999) la AIFobtuvo 22.000 millones de dólares, de los que el 50% fueron nuevas aportaciones de lospaíses donantes. A finales de 1998 se alcanzó un acuerdo para la XII Reposición (2000-2202),por el que los donantes aportarán 8.650 millones de dólares. Aunque son organizacionesdistintas, la AIF comparte personal, procedimientos, sede y criterios de actuación con elBIRF.
El Banco Mundial cuenta con el Instituto del Banco Mundial (antes Instituto de DesarrolloEconómico), creado en 1955, que realiza actividades de capacitación, y con el Grupo deInspección, un panel de expertos independientes creado en 1993 y que, a petición de losafectados por un proyecto, examina si el Banco Mundial actúa conforme a las “políticas desalvaguarda” aprobadas por sus órganos de gobierno en ámbitos como el impacto ambiental oel reasentamiento forzoso de población.
La Corporación Financiera Internacional (CFI), creada en 1956, es una entidad autónomadel Grupo Banco Mundial que apoya al sector privado de los países en desarrollo. Suprincipal objetivo es fomentar la inversión extranjera directa. Actúa a través de créditos,garantías de inversión y la participación directa en empresas, y patrocina créditos sindicados yotras operaciones para promover la inversión privada. En 1999 la cartera de la CFI se elevó a12.900 millones de dólares, de los que 9.800 millones (el 76%) eran créditos, y 3.100millones (el 24% restante) eran acciones. En 1999 también gestionó créditos sindicados porun total de 8.300 millones de dólares. La CFI obtiene la mayor parte de sus recursos mediantela emisión de bonos en los mercados internacionales.
Otras entidades orientadas al sector privado dentro del Grupo Banco Mundial son elOrganismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), creado en 1988 paraproporcionar garantías de inversión para proteger los activos de las compañías que inviertenen los países en desarrollo frente a los denominados “riesgos políticos”, y el CentroInternacional para el Arreglo de Diferencias de Inversión (CIADI), creado en 1966, queproporciona servicios de conciliación y arbitraje para resolver controversias entre losgobiernos y los inversores extranjeros.
Desde los años ochenta, el Banco Mundial ha sido objeto de un intenso debate público. Entrelos temas más candentes se encuentran los siguientes:
- La orientación y la estricta condicionalidad de los “programas de ajuste estructural”,que a menudo significan más desempleo y pobreza. A partir de 1990 el BancoMundial ha incluido la reducción de la pobreza como uno de sus objetivosprioritarios, pero la estrategia adoptada no satisfacen a un gran número de expertos,ONG y agencias de las Naciones Unidas implicadas en el desarrollo social.
- El coste ambiental de los proyectos de construcción de infraestructura, de desarrolloindustrial y de modernización agraria financiados por el Banco.
- Los deficientes resultados de una parte significativa de los proyectos financiados porel Banco Mundial, que revelaban serios problemas de gestión y supervisión interna.
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- El proceso de toma de decisiones, que se considera poco transparente y pocodemocrático. El poder de voto, como indicamos, se asigna en función del capitaldesembolsado, lo que da la mayoría a los países industrializados.
- La descoordinación entre el Banco Mundial y las agencias de desarrollo de lasNaciones Unidas.
- El futuro de una institución como el Banco Mundial en una economía internacionalen la que los flujos de capital privado han experimentado desde 1990 un crecimientoespectacular.
En los años noventa el Banco Mundial se ha convertido en una institución de carácteruniversal, al incorporarse un gran número de países del antiguo bloque del Este así como lasnuevas repúblicas surgidas de la desmembración de la Unión Soviética, lo que ha llevado alBanco la compleja problemática de la transición. En 1995 James D. Wolfensohn se convirtióen el noveno presidente del Banco Mundial, emprendiendo un ambicioso programa dereformas internas y de reorientación de las políticas de la institución —entre ellas eldenominado “Pacto Estratégico (Strategic Compact)— con el objetivo de superar algunas desus más importantes carencias.
Fuente: elaborado a partir de Gómez y Sanahuja 1999: 46-62, con datos del Banco Mundial.
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2. Las relaciones España-Banco Mundial, 1958-2000: una visión de conjunto
2.1 De la adhesión a la “graduación”: España como prestatario del Banco Mundial
(1958-1977)
El rechazo y el aislamiento internacional al que condujo el régimen del General Franco
impidió que España estuviera presente en la Conferencia de Bretton Woods de 1944, en la que
se decidió crear el Banco Mundial y el FMI, y retrasó su incorporación a estos organismos
hasta septiembre de 1958.1 La adhesión española a estos organismos se produce como
resultado de la convergencia de los intereses estratégicos del régimen franquista y de la
Administración estadounidense. Desde la perspectiva española, la incorporación española
forma parte del proceso de “normalización” de las relaciones exteriores que España impulsa
desde mediados de la década de los cincuenta, iniciada con la incorporación a las Naciones
Unidas (1955) y su alineamiento con el bloque occidental en el conflicto este-oeste. El
objetivo de Estados Unidos no fue otro que la incorporación de España a la “estrategia de la
contención” frente a la Unión Soviética, que comenzó a desplegarse a finales de los cuarenta.
No deja de ser significativo que esa “normalización” se produzca tras la visita a España del
Presidente Eisenhower y la firma de los pactos con Estados Unidos del año 1954, por los que
este último pudo instalar diversas bases militares en territorio español. A lo largo de su
historia el Banco, amparado por unos estatutos que le confieren funciones estrictamente
“económicas”, no ha distinguido entre democracia y dictadura a la hora de prestar apoyo
económico y legitimidad internacional, y el régimen franquista no fue una excepción.2
Ahora bien, la solicitud de ingreso en el FMI y el Banco Mundial también forma parte del
programa de liberalización de la economía española que da fin a la autarquía y que se inicia
con el “Plan de Estabilización” de 1959, en cuyo diseño participaron técnicos de ambas
instituciones.
1 España solicitó la adhesión al FMI y el BIRF en enero de 1958. La Resolución de los órganos de gobierno deambas instituciones invitando a España a incorporarse se aprobó el 12 de mayo de 1958. El Decreto-Ley queautoriza la adhesión de España al FMI y el Banco Mundial es de fecha 4 de julio de 1958, y fue publicado en elBOE nº 164 del 10 de julio de ese mismo año. El ingreso efectivo en ambas instituciones se produjo el 15 deseptiembre de 1958.2 Ello no ha impedido que el Banco, bajo la presión de su principal accionista, Estados Unidos, cancelara loscréditos a gobiernos en los que se emprendían reformas contrarias a sus intereses. Así ocurrió con el Chile deAllende —los créditos se restablecieron inmediatamente después del golpe de Estado del General Pinochet— oel gobierno sandinista en Nicaragua. El Banco ha otorgado fuerte apoyo a regímenes de planificacióncentralizada, como la Rumanía de Ceacescu, la Etiopía del régimen de Mengistu, o China, tradicionalmente unode sus principales prestatarios. Pero en general ha mostrado cierta preferencia por regímenes dictatorialescompatibles con el mercado y la propiedad privada, llegando incluso a negarse a aplicar las sancionesinternacionales acordadas en el seno de las Naciones Unidas frente al régimen del Apartheid. Ver al respectoCaufield 1996: 209, y Brown 1992: 123-189.
- 18 -
Antes de dar inicio al programa de préstamos, el Banco Mundial envió una misión de 16
técnicos para evaluar la situación económica de España y proponer medidas para modernizar
la economía y acelerar el crecimiento. El informe del Banco, finalizado en agosto de 1962,
cuestionaba las prácticas intervencionistas heredadas de la autarquía, proponía un amplio
elenco de medidas de liberalización, y sugería limitar o en su caso dar fin a intervenciones
estatales típicamente “desarrollistas” como los planes de colonización agraria o ciertas
inversiones en infraestructura. Estas medidas eran afines a las que ya se habían incluido en el
“Plan de Estabilización” acordado con el FMI en 1959. El Banco estimaba que con las
oportunas medidas de apertura, el crecimiento económico podría alcanzar el 5% anual. En
realidad, la tasa fue más elevada debido al fuerte crecimiento de la inversión extranjera de los
años posteriores. El informe constataba, por otra parte, que el proceso de modernización
económica iniciado con el Plan de Estabilización impondría profundas transformaciones en la
estructura social y económica, y se pronunciaba en contra de las intervenciones públicas
tendentes a paliar los desequilibrios sociales o regionales —entre ellos, el despoblamiento de
la “España interior”— que serían consecuencia de dichas transformaciones (Biescas 1994:
298).
El informe, en cualquier caso, era la primera evaluación independiente de la economía
española realizada desde la guerra civil, y a pesar de su aridez suscitó un intenso debate
público y se convirtió en un verdadero “éxito literario”, ya que se vendieron más de 20.000
ejemplares.1 Las conclusiones de este informe tuvieron una indudable importancia práctica:
guiaron la elaboración del I Plan de Desarrollo (1964-1967) y orientaron la cartera de
préstamos del Banco en España y las condiciones para su desembolso en años posteriores
(Muns y Millet 1994: 30).
El programa de crédito del BIRF —España, por su nivel de renta, no podía acceder a los
créditos de la AIF— comenzó en 1963 y se extendió, como se indicó, hasta 1977. En esos
quince años los desembolsos totales del Banco alcanzaron la cifra de 416,4 millones de
dólares para un total de 12 proyectos de inversión. Esta cifra financió en torno al 29%, como
promedio, del coste total de los mismos, corriendo el resto a cargo del Gobierno español. Los
términos financieros de estos créditos eran muy similares a los vigentes en el mercado —al
que, por otra parte, España tenía fácil acceso en esta época— y por lo tanto no tuvieron
carácter concesional.
Entre 1963 y 1979, siguiendo la lógica desarrollista predominante en este periodo, todos los
préstamos se destinaron a infraestructura de transporte. A partir de 1970, siguiendo los nuevos
1 Para la edición en castellano, ver Banco Mundial 1962. Apenas un año después se publicó una valoracióncrítica del informe, compilada por Enrique Fuentes Quintana (1963).
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enfoques del periodo McNamara, la cartera se diversificó, incluyendo proyectos de educación,
investigación agrícola y ganadería. En todo el periodo considerado RENFE captó por sí sola
préstamos por un total de 205 millones de dólares, casi el 50% del total. Estos recursos
contribuyeron a mejorar la red y modernizar el material rodante, pero estuvieron
condicionados al cierre de algunas líneas y al abandono de otras que estaban en un avanzado
estado de construcción, pero que el Banco no consideraba “rentables”.
En cuanto al impacto de estos créditos hay distintas interpretaciones. Muns y Millet (1994: 38
y 56), en una publicación preparada para las celebraciones del 50º Aniversario de Bretton
Woods, llegan a afirmar que el Banco Mundial, junto con otros organismos internacionales,
tuvo un papel “decisivo” en las transformaciones que en este periodo hicieron de España un
país plenamente industrializado. Germán Calvillo, autor de un detallado estudio sobre los
proyectos financiados por el Banco, se distancia del tono triunfalista de estos autores y del
“desarrollismo tecnocrático” de esta etapa de la historia económica de la España
contemporánea y hace una valoración bastante más crítica (1994 [1979]: 414-427). Para
Calvillo, sólo algunos de los proyectos tuvieron éxito; el impacto de otros es, en el mejor de
los casos, “dudoso” (1994 [1979]: 415). A partir de 1969 la contratación de los créditos
parece responder más a necesidades de financiación de largo plazo que a necesidades
objetivas de inversión. El volumen total de préstamos, finalmente, es muy pequeño si lo
comparamos con los flujos de inversión pública y privada movilizados en este periodo, con lo
que en el mejor de los casos el Banco Mundial tuvo un papel “irrelevante” en el proceso de
desarrollo español. La importancia de la relación debe situarse, como se indicó, en un
contexto más amplio: el de la normalización de las relaciones exteriores del franquismo y la
incorporación de España a la red de alianzas militares creada por Estados Unidos en este
periodo, por un lado, y el respaldo y la legitimidad que el Banco Mundial, como otras
instituciones internacionales, dio al proceso de industrialización y modernización autoritaria
de los “planes de desarrollo” de los años sesenta.
El programa de préstamos finalizó en el año 1977. La mayor parte de los créditos tenía
periodos de amortización de entre 15 y 20 años. En 1990 España procedió a devolver los
últimos pagos pendientes y cerró definitivamente la etapa de prestatario.
Las actividades de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en España se extendieron de
1962 a 1983, aunque fueron relativamente pequeñas. En este periodo la CFI concedió
préstamos a empresas privadas por valor de 10,6 millones de dólares, y tomó participaciones
accionariales por un total de 5,2 millones. Los créditos y las inversiones de la CFI se limitaron
a cuatro empresas: la Fábrica Española de Magnetos, S.A. (FEMSA), un fabricante de
baterías y equipo eléctrico de automoción; el Banco de Desarrollo Económico Español, S.A.
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(BANDESCO); la Sociedad Española de Financiación de la Innovación (SEFISA), una
empresa de capital-riesgo, e Industrias del Papel y de la Celulosa, S.A. (INPACSA). En 1991
la CFI vendió su participación en SEFISA, terminando así sus actividades como inversor en
España.
2.2 España como miembro no prestatario: las relaciones con el Banco Mundial (1977-
2000)
La “graduación” de España como país receptor de ayuda y su paso a la categoría de donante
ha modificado sensiblemente la relación con el Banco Mundial.1 Entre 1977 y 1987 la
participación española tuvo un perfil muy bajo, limitándose, en la práctica, a cumplir sus
obligaciones como miembro en las ampliaciones de capital del BIRF y en las reposiciones de
la AIF. El despliegue de la política de cooperación al desarrollo en la segunda mitad de los
ochenta y el peso creciente de España en la economía internacional dan paso, a partir de 1987,
a una política más activa hacia esta institución, que se ha concretado en un aumento
significativo, aunque insuficiente, de la participación española en el capital y los órganos de
gobierno, y en el despliegue de una serie de medidas de apoyo financiero para alentar una
mayor participación de las empresas españolas en los contratos de suministro internacional de
bienes, servicios y obras de estas instituciones.
Los hitos más importantes de la relación en los últimos diez años son los siguientes:
- En 1987 se crea el primer fondo de consultoría con el Banco Mundial, destinado a
financiar la actividad de empresas y consultores españoles en proyectos del Banco
Mundial. Este fondo fue situado bajo la responsabilidad directa del Instituto de
Comercio Exterior (ICEX), dependiente del Ministerio de Comercio y Turismo.
- El 7 de julio de 1988 se firma un Acuerdo de Cofinanciación de proyectos entre el
Ministerio de Economía y el Banco Mundial, precedente del actualmente en vigor.
1 Aunque España se mantuvo dentro de la lista de países receptores de ayuda al desarrollo de la OCDE hasta elaño 1983, en 1977 ya había alcanzado el nivel de renta per cápita que impide acceder a los préstamos del BancoMundial —en la jerga de esta institución, alcanza la “graduación” como receptor de ayuda—, y ese mismo añocomienza su trayectoria como donante con la creación del Fondo de Ayuda el Desarrollo (FAD). Sobre losorigenes y desarrollo de la política española de cooperación, ver, entre otros, Comité de Ayuda al Desarrollo1994: 4-9, Alonso 1999: 37, y Gómez Galán y Sanahuja 1999: 181-188.
- 21 -
- También en 1988 España se incorpora, como miembro fundador, al Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), la nueva filial del Grupo Banco
Mundial creada para promover la inversión extranjera en países en desarrollo (ver
recuadro 1).
- En 1991 España se incorpora como donante al Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), una iniciativa multilateral administrada e implementada por el
Banco Mundial.
- En noviembre de 1993, en el curso de las negociaciones de la X Reposición de la
AIF, España es reclasificada, a petición propia, dentro de la denominada “Parte I”,
integrada por los países industrializados.
- En octubre de 1994 se celebra en Madrid la Asamblea anual del FMI y el Banco
Mundial en la que se celebra el 50 Aniversario de la creación de estos organismos, lo
que desde instancias oficiales se considera un reconocimiento del creciente papel de
España en ambas instituciones y, en general, en la economía internacional.
- Con el impulso de las reuniones de Madrid, el 2 de marzo de 1995 se crea el Comité
Conjunto España-Banco Mundial, con el objeto de promover el conocimiento mutuo
entre ambas partes, así como una mayor participación de las empresas españolas en
las licitaciones internacionales del Banco. El Comité, no obstante, tuvo una vida
efímera y cesó sus actividades en 1997.
- En 1996, en el marco de una reorganización administrativa más amplia en el
Ministerio de Economía y Hacienda, las relaciones con el Banco Mundial quedan
situadas dentro de la Secretaría de Estado de Comercio, y se intenta impulsar una
política más intensa hacia esta Institución contando con el respaldo de los
instrumentos financieros a disposición de dicha Secretaría.
- El 6 de marzo de 1997 se firma un nuevo Acuerdo Marco entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y las dos principales entidades del Grupo Banco Mundial, el
BIRF y la AIF, para promover actividades de cofinanciación (ver recuadro 9). Con
motivo de este Acuerdo, el Presidente del Banco, James S. Wolfensohn, visitó
España.
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- El 22 de junio de 1998 la Junta de Gobernadores del Banco Mundial ratificó el
acuerdo alcanzado para una ampliación selectiva de capital con la que España
aumentó su participación en el capital del BIRF del 1,53% hasta el 1,77%,
convirtiéndose en el accionista número 15 en importancia.
En julio de 1999 el Presidente Wolfensohn realizó una nueva visita a España, en la que se
debatió el papel del Banco Mundial en la ayuda al desarrollo y las crisis financieras
internacionales.1 Esta visita coincide con un intenso debate internacional sobre el papel de la
ayuda y el futuro del Banco Mundial ante crisis financieras de gran magnitud, como las
vividas por México, los países asiáticos, Brasil y Rusia en el periodo 1995-1998. El Banco
Mundial ha sido un actor de gran importancia en los “paquetes de rescate” y las políticas de
estabilización y ajuste con las que se ha intentado hacer frente a estas crisis. En el marco de
masivos paquetes financieros impulsados por el FMI, el Banco ha destinado un gran volumen
de recursos a países en crisis, hasta el punto de que en 1998 y 1999 se han batido marcas
históricas en cuanto al volumen total de compromisos y la proporción destinada a apoyar las
balanzas de pagos a cambio de medidas de ajuste y reforma económica: alrededor de 28.000
millones de dólares al año, de los que más de la mitad han sido destinadas al ajuste.
Con ese telón de fondo España ha ido planteando nuevos intereses y preocupaciones respecto
al Banco Mundial. Hasta mediados de los años noventa estos se limitaban a asegurar una
adecuada “tasa de retorno” en beneficio de exportadores y contratistas españoles. Sin
embargo, el espectacular aumento en los tres últimos años de las inversiones españolas en los
denominados “mercados emergentes” —particularmente en América Latina, donde España es
el segundo inversor más importante, tras Estados Unidos—, ha hecho de la estabilidad
macroeconómica de esos países un asunto de vital importancia para las empresas españolas .
En la medida que estos flujos de inversión son uno de los factores más dinámicos de
internacionalización de la economía española, el debate sobre la “nueva arquitectura
financiera internacional” y los mecanismos que pueden proporcionar estabilidad a la
economía mundial se convierten en un asunto de especial interés para las autoridades
económicas españolas. En este marco hay que situar la decisión sin precedentes del Gobierno
1 Estas fueron las cuestiones debatidas en la Conferencia “La ayuda al desarrollo y las crisis financierasinternacionales. El papel del Banco Mundial” (Madrid, 15 de julio de 1999), organizada por The Economist, elBanco Mundial y el Ministerio de Economía y Hacienda.
- 23 -
español de apoyar la línea de crédito contingente abierta por el FMI para atajar la crisis
financiera brasileña de 1998. No es de extrañar, en este contexto, la valoración positiva que
han realizado las autoridades económicas españolas del creciente papel del Banco Mundial
facilitando apoyo financiero contingente a países en crisis,1 aunque esta función de
“apagafuegos” o “gestor de crisis” es muy similar a la del FMI, y desde luego bastante alejada
de la tradicionalmente asignada a este organismo: la financiación de inversiones de desarrollo
de largo plazo y la lucha contra la pobreza, que según el Presidente Wolfensohn, es la razón
de ser y el principal objetivo de este organismo.
2.3 La política española hacia el Banco Mundial: la primacía de los intereses
comerciales respecto a los objetivos de desarrollo
La relación con el Banco Mundial se ha visto entorpecida por la baja participación de España
en el capital y en sus órganos de gobierno. Ahora bien, esta no es la única razón. Como
resultado de inercias políticas e institucionales y de la particular conformación de la
cooperación española, la política hacia el Banco Mundial —y en general hacia el conjunto de
los organismos multilaterales financieros—no se inserta en una política de cooperación al
desarrollo global, coherente y de largo plazo. Como ya se ha indicado, la relación con ese
organismo ha estado dominada básicamente por objetivos comerciales que responden a una
definición limitada y cortoplacista de los intereses nacionales, y sólo recientemente han
empezado a aparecer otras preocupaciones en la agenda. Esta situación ha generado
importantes disfunciones en la política de cooperación multilateral, y en relación al Banco
Mundial ha impedido que España pueda jugar un papel destacado en este organismo, y que
pueda hacer oír su voz en los debates sobre las políticas generales de estos organismos y en
general sobre su papel en la economía internacional y en la ayuda al desarrollo.
El contenido y la orientación de la política hacia las organizaciones financieras multilaterales
ha estado fuertemente condicionado por el hecho de que la institución responsable de esa
política lo es también, y en primera instancia, de desarrollar la política comercial y promover
las exportaciones y las inversiones españolas en el exterior (ver recuadro 2). No menos
importante es el hecho de que el principal instrumento financiero en el que se basa esa política
1 Intervención del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, enla Conferencia “La ayuda al desarrollo y las crisis financieras internacionales. El papel del Banco Mundial”,Madrid, 15 de julio de 1999. Ver también la Intervención de Rodrigo de Rato y Figueredo, Gobernador delBanco por España, en las deliberaciones anuales conjuntas, Washington, Banco Mundial/FMI, Juntas deGobernadores-Reuniones Anuales Conjuntas, Comunicado de Prensa nº 68, 28-30 de septiembre de 1999: 2, 4.
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es el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), sobre cuyo carácter eminentemente comercial no
es necesario insistir. Cabe afirmar al respecto que, como en otros ámbitos de la cooperación
española, es el instrumento el que ha conformado la política, y no al revés, ya que la creación
del FAD y la definición de sus objetivos es anterior y ajeno al proceso de conformación de la
política española de cooperación al desarrollo.
En relación a este hecho hay que recordar la ausencia de coordinación entre los dos
principales Ministerios responsables y la “bicefalia” que, en la práctica, ha caracterizado a la
política española de cooperación al desarrollo. Como ha señalado Alonso (1999b: 70), “una
de las deficiencias más caracterizadoras del sistema español de cooperación al desarrollo es el
bajo nivel de coordinación logrado entre los diversos instrumentos —e instituciones
responsables— de la ayuda. Un rasgo que tiene su origen en el proceso agregativo —y poco
sistemático— a través del que se gestó el sistema y que se prolonga hasta la actualidad en
virtud de una cierta combinación de inercia y de espíritu corporativo en el seno de la
administración”. Aunque el problema tiene que ver con una determinada asignación de
competencias en el seno de la Administración —cooperación financiera reembolsable
(créditos FAD) a Economía y Hacienda, asistencia técnica no reembolsable a Asuntos
Exteriores—, lo más relevante es la notoria falta de unidad de criterio existente entre las dos
instancias implicadas.
El Ministerio de Economía y Hacienda justifica la autonomía de la política hacia el Banco
Mundial aludiendo a los criterios de “eficacia” y “solvencia” que caracterizan al Banco
respecto de otras organizaciones de cooperación. Aunque las instancias responsables de
cooperación en el Ministerio de Asuntos exteriores participan en la Comisión Interministerial
del FAD (CIFAD) y la Comisión responsable de la línea del Fondo de Estudios de Viabilidad
(FEV), ello no se traduce en una actuación conjunta o por lo menos coordinada en cuanto a la
política general hacia el Banco Mundial y hacia otros bancos multilaterales de desarrollo.
Tampoco existe un mecanismo que asegure que se tienen en cuenta en las políticas
multilaterales las prioridades y políticas definidas en el plano bilateral. Esto es especialmente
visible en lo referido a las acciones de cofinanciación, que se describen más adelante.
Recuadro 2
La relación con el Banco Mundial en la Administración española:
funciones y competencias
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Desde la adhesión de España al Banco Mundial en 1958, la instancia responsable de lasrelaciones con este organismo ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda. Durante laetapa en la que España fue prestatario, esa responsabilidad fue asignada a los departamentosencargados de los planes de desarrollo. En 1984 se asignó a Comercio, y en 1991 se reubicóen la Dirección general de Economía Internacional de ese mismo Ministerio. Esta últimaasumió esta relación con un enfoque básicamente programático; esto es, de seguimiento yformulación de políticas. En 1996, tras el triunfo del Partido Popular y el cambio de gobierno,la definición de la política española hacia el Banco Mundial volvió a ser responsabilidad de laSecretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada enel Ministerio de Economía y Hacienda.
Dentro de la Secretaría de Estado de Comercio, la política hacia el Banco Mundial escompetencia directa de la Dirección General de Política Comercial e InversionesExteriores (POLCOIN). Las funciones y estructura orgánica de la Dirección General fueronfijadas por el Real Decreto 1.884/1996 de 2 de agosto, de Estructura Orgánica y Básica delMinisterio de Economía y Hacienda, que asigna la responsabilidad de mantener las relacionescon el Banco Mundial —al igual que con otros bancos de desarrollo, con la excepción delBERD— a la Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales. Lasfunciones de esta Subdirección General son las siguientes:
- La representación permanente de España y la Coordinación en materia de políticacomercial ante los organismos económicos y financieros internacionales y ante todoslos grupos y bancos de desarrollo.
- La elaboración y coordinación de las posiciones del Departamento en relación con laUnión Europea en las materias de competencia del Centro Directivo y la titularidaden las instancias de la Convención de Lomé.
En ejercicio de esas competencias, es esta Subdirección General la que asume larepresentación española ante el Grupo Banco Mundial e integra la “silla” correspondiente.
Respecto al significado de esta Subdirección dentro de la nueva estructura de la SecretaríaEstado, se ha indicado que se trata de una instancia “con vocación de gestiónmicroeconómica” dentro de la Dirección General de Política Comercial e InversionesExteriores. Con su creación, según la Dirección General de Política Comercial, “...se tratabade unificar la gestión microeconómica de la participación española en bancos e institucionesfinancieras multilaterales, con objeto de mejorar la deficiente tasa de retorno de laparticipación española en dichas instituciones” (Dirección General de Política Comercial eInversiones Exteriores 1997: 14).
Otras Subdirecciones Generales con competencias conexas son las siguientes:
- La Subdirección General de Fomento Financiero de las Exportaciones, responsablede créditos a la exportación, Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), y otrosinstrumentos de apoyo oficial a la exportación.
- La Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos,responsable de la refinanciación y reestructuración a nivel bilateral y multilateral dela deuda oficial y comercial con garantía del Estado y la representación de Españaante el “Club de París”, así como la gestión de la línea de Financiación de Estudiosde Viabilidad (FEV).
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- La Subdirección General de Inversiones Exteriores, que entre otras funcionesrepresenta a España ante el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones(OMGI), integrado en el Grupo Banco Mundial.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa
Por otra parte, aunque existe cierta comunicación en relación a los “Grupos Consultivos”1,
ésta se ha visto cuestionada por visibles pugnas burocráticas entre los dos principales
Ministerios con competencias en materia de cooperación. Estas pugnas han sido
particularmente visibles en el Grupo Consultivo sobre Centroamérica, reunido tras el huracán
“Mitch”. Las percepciones al respecto, como cabe suponer, varían considerablemente según la
fuente. Desde las instancias responsables en el Ministerio de Economía y Hacienda se
considera que la experiencia es positiva, y se señala que ha venido precedida por un intenso
trabajo de coordinación y concertación con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para este
último, sin embargo, el hecho de que la convocatoria parta de los Bancos multilaterales no
justifica que el Ministerio de Economía y Hacienda asuma en exclusiva la representación
española, marginando a las instancias responsables de la política de cooperación,
dependientes de Asuntos Exteriores. Lo preocupante es que estas pugnas, que en buena
medida no son sino la expresión de los intereses corporativos en disputa de los dos cuerpos de
funcionarios involucrados, provocan serias disfunciones a la hora de diseñar e implementar
las acciones y programas de cooperación hacia los países receptores de la ayuda española. En
cualquier caso, para que exista una posición coordinada ante los Grupos Consultivos, debieran
existir mecanismos de coordinación más equilibrados y estables, y una mayor integración de
los procesos de formulación de políticas.
Hasta la fecha, el diseño de la política hacia el Banco Mundial y otros bancos multilaterales se
ha llevado a cabo dentro del contexto más amplio de la política de fomento de la exportación
de las empresas y de internacionalización de sus intereses. Con este propósito, poco después
de la toma de posesión del primer gobierno del Partido Popular, se organizan las “Jornadas de
Exportación” de enero de 1997. Convocadas por la Secretaría de Estado de Comercio y con
1 Los Grupos Consultivos son instancias de coordinación integrados por los países y organizacionesmultilaterales proveedoras de ayuda y el o los gobiernos de los países receptores, en los que se definen demanera concertada las necesidades de financiación y las grandes líneas de las políticas de cooperación con lospaíses receptores. Por lo general, la organización regional o multilateral que más fondos provee es la que asumela coordinación y el impulso de un Grupo Consultivo. En el caso de Centroamérica post-Mitch, esa función hasido asumida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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participación de distintas instancias de la Administración y del sector empresarial, las
jornadas contaron con un grupo de trabajo de fomento financiero y financiación internacional
coordinado por la Dirección General de Política Comercial, que debatió “...cómo lograr que
las empresas exportadoras e inversoras puedan estar en las mejores condiciones y se pueda
disponer desde la Administración del mejor apoyo financiero internacional” (Dirección
General de Política Comercial e Inversiones Exteriores 1997: 11).
En junio de 1997 la Secretaría de Estado de Comercio hizo público el “Plan 2000 para la
Exportación”, que recogía y sistematizaba las conclusiones de esas Jornadas y de otros foros.
Con este Plan se pretendía “pasar de una política comercial defensiva a una ofensiva”, y
establecer “una política de apoyo a la exportación de carácter permanente” que contribuyera a
la internacionalización de la empresa española (Secretaría de Estado de Comercio...1997: 11,
Rato 2000: 8). Uno de los componentes centrales de esa política es, precisamente,
“...potenciar la participación de la empresa española en los proyectos que financian los
organismos financieros multilaterales, rentabilizando al máximo los fondos aportados por
España en estas Instituciones logrando, en definitiva, el mayor aprovechamiento comercial de
este circuito por parte de nuestros empresarios” (Secretaría de Estado de Comercio...1997:
14).
A lo largo de la legislatura 1996-2000 el “Plan 2000” ha sido el marco de referencia básico de
la política de la Secretaría de Estado de Comercio, y en concreto de la política de este
departamento hacia las organizaciones financieras multilaterales. Así lo ponen de manifiesto
otros documentos recientes de política, como las conclusiones de las I Jornadas de reflexión
interna sobre las Instituciones Financieras Multilaterales, celebradas en Madrid entre el 20 y
el 22 de enero de 1999. Convocadas por la Subdirección General responsable de las
relaciones con estos organismos, contaron con la participación de otras Subdirecciones de la
Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores (POLCOIN); del Instituto
de Comercio Exterior (ICEX), del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES). El objetivo de las Jornadas fue debatir
la política española hacia estas instituciones y definir el programa de actuación para el año
1999 (ver recuadro 3).
Recuadro 3
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Los objetivos de la política española
hacia los organismos financieros internacionales
En las Jornadas de reflexión interna sobre las Instituciones Financieras Multilateralesorganizadas en enero de 1999 por la Subdirección General responsable de este área seplantearon los siguientes objetivos y líneas de acción como ejes de la política española haciael Banco Mundial y otros organismos multilaterales financieros.
1. Aumentar la presencia española en las Instituciones Financieras Multilaterales,a través del incremento de la participación en el capital o en las contribuciones; deuna revisión de la configuración de las “sillas”, y de la participación en organismosde los que España aún no es miembro.
2. Aumentar la influencia española en el diseño y ejecución de las políticas de estosorganismos y en particular de las “ventanillas blandas”, elaborando undocumento de política española en estas instituciones en ámbitos como la estabilidadmacroeconómica y el desarrollo; mejorar el diálogo con la sociedad civil, y promoverla coordinación con los Estados miembros de la Unión Europea.
3. Mejorar el conocimiento y la imagen pública de las actuaciones españolas enestos organismos, a través de reuniones periódicas y de una relación permanente conlos medios de comunicación, el Congreso, el Senado y las organizaciones sociales.
4. Promover una mayor participación del sector privado en las oportunidadeseconómicas, comerciales y financieras que generan estas instituciones, a travésde la mejora de los sistemas de difusión de oportunidades de negocio; de unarevisión del funcionamiento de los fondos de consultoría, con vistas a optimizar surentabilidad a favor de las empresas españolas; de la definición de una política decofinanciación con cada organismo; y de la potenciación de instrumentostradicionales —misiones de empresarios, seminarios, contactos directos...—, paraincrementar la participación de las empresas españolas en tales Instituciones.
5. Incrementar la presencia de españoles en el “staff” de los organismosfinancieros multilaterales, mediante la cesión de funcionarios, un programa debecas y pasantías, una política y una unidad de gestión para la identificación ypromoción de candidatos, y el secondment o financiación parcial de los salarios delpersonal español en estos organismos.
6. Perfeccionar la coordinación dentro del Ministerio de Economía y Hacienda enlas áreas de cooperación financiera internacional, mediante mecanismospermanentes de consulta y transmisión de información.
7. Reforzar la coordinación entre las políticas bilaterales y multilaterales, a travésde un mecanismo de coordinación con la Dirección General de Política Comercial eInversiones Exteriores (POLCOIN), la Secretaría General de Comercio Exterior y elInstituto de Comercio Exterior (ICEX).
8. Mejorar la coordinación interna entre la Dirección General de PolíticaComercial e Inversiones Exteriores (POLCOIN), los representantes españoles
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en las Instituciones Financieras multilaterales y las Oficinas de ComercioExterior , mediante una intranet y reuniones de consulta periódicas.
9. Revisar y reforzar la estructura de la Subdirección General de InstitucionesFinancieras Multilaterales y agilizar los procedimientos con la DirecciónGeneral de Presupuestos, asegurando la estabilidad del personal de la SubdirecciónGeneral y un procedimiento ágil y eficaz de tramitación de los compromisosfinancieros de España en estas Instituciones.
Fuente: Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 1999: 4-9.
Según se planteó en estas jornadas, la búsqueda de mayor influencia en los órganos de
gobierno debe ser una prioridad de la política española hacia estos organismos. Para ello es
necesario establecer un “vínculo estratégico entre los objetivos económicos [bilaterales, nota
del a.] y la política multilateral” basado en la consulta y la participación de las empresas
españolas. En este contexto, se reafirma de forma inequívoca que el núcleo de la política
multilateral sigue siendo la internacionalización de la empresa española. Según las
conclusiones de las Jornadas, estas Instituciones “...son un socio ideal para las empresas espa–
olas y otros operadores econ—micos, como las entidades financieras, que desean exportar e
invertir en el exterior. Las organizaciones multilaterales ofrecen una serie de ventajas para los
operadores privados, como mercados importantes para operaciones, sin riesgo ni dificultades
de financiaci—n, de suministros de bienes y servicios y de ejecuci—n de obras; protecci—n
del inversor ante riesgos pol’ticos; estatuto de acreedor preferente; conocimiento del pa’s...”.
Para que estas ventajas se materialicen, se requerir‡ “...una estrecha coordinaci—n con los
objetivos y programas de actuaci—n bilateral y con los dem‡s ‡mbitos de la pol’tica econ—
mica de proyecci—n internacional del pa’s”.
En las conclusiones de las Jornadas también se planteó la necesidad de establecer cauces de
diálogo con organizaciones de la sociedad civil, en referencia tanto a la ONGD como a las
organizaciones empresariales. La relación con ONGD es un elemento novedoso respecto a
una política que en épocas pasadas se ha mostrado tan cercana al sector empresarial como
alejada de otro tipo de interlocutores sociales implicados en la cooperación internacional al
desarrollo. Respecto a estas últimas, la Subdirección General se plantea “aprovechar la
creciente solidaridad de la sociedad española” para forjar una “alianza” que respalde esta
política, en especial la que se lleva a cabo hacia las “ventanillas blandas” que otorgan crédito
en condiciones concesionales a los países más pobres, como la AIF. En este contexto hay que
- 30 -
situar las reuniones informativas y de contacto que ha mantenido la Subdirección General de
Instituciones Financieras Multilaterales con algunas ONG de desarrollo. Estas reuniones han
sido valoradas positivamente en cuanto representan una incipiente vía de comunicación, pero
no pueden ser consideradas un mecanismo regular de consulta, participación y diálogo de
políticas con las ONG —parecieran, a lo sumo, un mecanismo en el que el desarrollo se
convierte en un elemento de legitimación de una política primordialmente comercial—, por lo
que difícilmente pueden ser la base para forjar una “alianza” o una coalición basada en
objetivos comunes.
Aunque este documento tiene carácter interno y se refiere a aspectos fundamentalmente
operacionales, aborda elementos de política de largo alcance. En ese sentido, el elemento más
llamativo no es tanto su clara continuidad respecto a formulaciones anteriores, como la total
ausencia de referencias al nuevo marco normativo de la cooperación internacional para el
desarrollo de España, aprobado por el Parlamento apenas unos meses antes. Nos referimos a
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) de 7 de julio de 1998, que
define principios, objetivos y normas de actuación comunes para el conjunto de la
cooperación internacional española, tanto la gestionada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores como por el Ministerio de Economía y Hacienda, y pone las bases de un sistema de
planificación y gestión que permita superar la “bicefalia” y la descoordinación que ha sido
hasta ahora una de los principales problemas de la cooperación española, haciendo del
Ministerio de Asuntos Exteriores la instancia rectora de esta política.
El ostensible silencio que se observa respecto a la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo se relaciona con el rechazo indisimulado del Ministerio de Economía y Hacienda
a determinadas disposiciones de la misma, particularmente aquellas que otorgan al Ministerio
de Asuntos Exteriores funciones de dirección y coordinación general de la política de
cooperación, y la gestión conjunta por parte de ambos Ministerios (art. 28.2), de los créditos
de desarrollo otorgados conforme a la normativa internacional de crédito a la exportación con
apoyo oficial, en referencia a los actuales FAD y al instrumento que pudiera sustituirlos
(Alonso 1999b: 70, Rengifo Abbad 1999: 82). En ese sentido no dejan de ser significativas las
medidas propuestas para mejorar la comunicación y la coordinación dentro del Ministerio de
Economía y Hacienda, sin referencia alguna a otras instancias de la Administración.
En materia de planificación, la LCID aporta una importante innovación: la elaboración de un
“Plan Director” de la cooperación española de carácter plurianual, que según la Ley (artículos
- 31 -
8 y 15) deberá ser elaborado por el Gobierno y presentado al Parlamento para su
correspondiente dictamen y aprobación. En el primer semestre de 1999 se redactó una
Propuesta de Plan Director (en adelante, PPD), que por su alcance y contenido, y por la
solidez de los estudios que la respaldan, representa el más importante ejercicio de
planificación estratégica realizado hasta la fecha para el conjunto de la política española de
cooperación.1
En relación a los organismos financieros multilaterales, la PPD pretende algo tan básico como
necesario: hacer de la cooperación con estos organismos un verdadero instrumento de
cooperación para el desarrollo, dejando las consideraciones político-diplomáticas y
comerciales en el lugar secundario que debería corresponderle. En relación a este objetivo,
hay que destacar que la PPD, en su sección referida a las “Prioridades sectoriales y
geográficas de la ayuda” propone tres “orientaciones básicas” de carácter transversal que
deberán orientar todas las acciones de la cooperación: la lucha contra la pobreza, la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la sostenibilidad ambiental. Junto a ellas,
se definen seis “prioridades sectoriales”: la cobertura de necesidades sociales básicas; la
inversión en el ser humano; el desarrollo de las infraestructuras y la promoción del tejido
económico; el fortalecimiento de la sociedad civil, el desarrollo de las instituciones y el buen
gobierno; la defensa del medio ambiente, y la prevención de conflictos y el apoyo a los
procesos de paz. Con ello se pretende dar más énfasis social a la cooperación española, de
modo que ésta se oriente, como quiere la LCID, de forma más central y decidida a luchar
contra la pobreza y a cubrir las necesidades básicas de la población más necesitada.
Parece estar fuera de duda que esta enunciación de prioridades conduce a un profundo
replanteamiento de la cooperación con el Grupo Banco Mundial. Para valorar su alcance, es
oportuno realizar una breve recapitulación de las propuestas que realiza la PPD al respecto.
En primer lugar, la PPD reclama un multilateralismo ”activo, selectivo y estratégico”, con el
objetivo de elevar los niveles de presencia, participación e influencia de España en los
Organismos Internacionales. Activo, en la medida que España se implicará en mayor medida
en los procesos de toma de decisión y de definición de las políticas de los organismos
multilaterales. Estratégico, ya que se reconoce el papel central de estos organismos para la
cooperación española y se propone un mayor compromiso político y financiero, con el
1 Ver Alonso 1999, passim.
- 32 -
adecuado respaldo presupuestario. Y selectivo, en la medida que la implicación española no
será “indiscriminada”, y se orientará a los organismos multilaterales que satisfagan, al menos,
estos tres criterios: a) La correspondencia entre las orientaciones y prioridades —tanto
sectoriales como geográficas— de la Institución y las propias de la política española de
cooperación; b) Los niveles de eficacia operativa y de eficiencia en la gestión; y c) El nivel de
participación de los agentes españoles en sus actividades.
Aunque no se dice expresamente, se puede inferir que el orden en el que se han dispuesto
estos tres criterios expresaría, de forma descendente, el distinto peso que se daría a cada uno
de ellos y la necesaria preeminencia de las orientaciones y prioridades básicas de la PPD en la
cooperación multilateral española —una exigencia tanto de orden lógico como normativo
para asegurar la coherencia interna de la PPD y su adecuación a los objetivos de la LCID— y
esa reorientación a objetivos de desarrollo antes mencionada.
La búsqueda de coherencia entre las orientaciones y prioridades de la cooperación española y
las políticas de los organismos multilaterales exige, como señala la propia PPD, una política
que combine una distribución selectiva de los recursos y una activa implicación en el proceso
de formulación de las políticas y de reforma de las instituciones. De hecho, la principal
asignatura pendiente de la cooperación española en relación a los organismos multilaterales es
la participación activa en la definición de sus respectivas políticas y prioridades. Hasta ahora,
esa participación ha sido claramente pasiva o, en el mejor de los casos reactiva. Es necesario
ser realistas en este punto y considerar el relativamente reducido peso de España en los
órganos de gobierno y en el proceso de toma de decisiones de estas Instituciones (ver
apartado siguiente) pero ello no debe ser un argumento paralizante ni legitimar la falta de
actuación al respecto. La experiencia de otras “potencias medias” y de países con menor peso
relativo sugiere que si se utilizan instrumentos adecuados, la capacidad de influir en la agenda
de las organizaciones internacionales puede incrementarse significativamente.1 Un espacio de
particular interés al respecto es el Comité de Desarrollo del FMI y el Banco Mundial, en el
que España está actualmente integrado.2
1 Es muy ilustrativa al respecto la actuación de los países nórdicos, a través de iniciativas como el proyectoNórdico de Naciones Unidas, desarrollado entre 1988 y 1991, los trabajos de la Fundación Dag Hammarskjöldsobre la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, la evaluación internacional de la operación deRuanda, los programas conjuntos del DFID británico con el Banco Mundial, con el objeto de mejorar suscapacidades de evaluación y de promover métodos de análisisparticipatios, y los influyentes estudios sobre losbancos multilaterales del Foro sobre Deuda y Desarrollo (FONDAD) holandés.2 El Comité de Desarrollo, cuyo nombre oficial es “Comité Ministeral Conjunto de las Juntas de Gobernadoresdel Banco Mundial y el FMI sobre la transferencia de recursos reales a los países en desarrollo”, se estableció en1974 y es un órgano intergubernamental de deliberación y creación de consensos internacionales. El Comité
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Un requisito previo en esa búsqueda de influencia es incrementar la capacidad de debate y
propuesta a través de un permanente seguimiento, estudio y análisis de las políticas de estas
Instituciones. Ello exige, a su vez, el fortalecimiento de los departamentos competentes de la
Administración y una mayor interacción de estos con centros de investigación, universidades
y ONGD.
La participación activa en la formulación de políticas es particularmente importante de cara al
Banco Mundial, al que la PPD otorga un “papel estratégico”. A pesar de las importantes
reformas del periodo Wolfensohn, esta organización se sitúa aún en el polo más ortodoxo y
liberal del pensamiento y la práctica del desarrollo, a escasa distancia del FMI.1 La instituci—
n sigue siendo objeto de cr’ticas debido al elevado coste social que imponen los programas de
ajuste estructural, al impacto social y ambiental de sus proyectos de infraestructura,
colonizaci—n y desarrollo agr’cola —especialmente los grandes embalses, las centrales
el�������� �� ��� ��� ��������� �� ����� ����� �� �� ������� ��� ����� ������� ��
fondos de esta instituci—n—, a su actitud renuente hacia la dimensi—n de g� ��� ��� �
limitado de sus pol’ticas en materia de reducci—n de la deuda externa.
No es infrecuente que los organismos de Bretton Woods y en particular el Banco Mundial
lleven a cabo en numerosos países políticas distintas y en ocasiones claramente opuestas a las
que promueven —o pretenden promover— la cooperación bilateral española y de otros
donantes bilaterales y multilaterales más afines a ésta.2 Por esa razón, esa participación es
particularmente importante en el nivel local. Como se indicó, es en este nivel en el que a
menudo se plantean los conflictos y las contradicciones entre la política bilateral española y la
política de las agencias multilaterales. Como sugiere la experiencia reciente, los “Grupos
tiene 24 miembros nombrados por los países o grupos de países (“sillas”) representadose n las Directoriosejecutivos de ambas organizaciones.1 En los últimos años el Banco Mundial ha reafirmado que la lucha contra la pobreza constituye su principalobjetivo; se ha embarcado en un ambicioso proceso de reforma conocido como “Compacto Estratégico”(Strategic Compact); ha reclamado, según la expresión del que fuera su economista jefe, Joseph Stiglitz, unnuevo enfoque del desarrollo que presta más atención al Estado, las instituciones y a las cuestiones sociales,conocido como el “post-consenso de Washington”; ha propuesto un nuevo “Marco Integral de Desarrollo”(Comprehensive Development Framework) y ha cuestionado públicamente los programas de estabilización yajuste con los que el FMI se enfrentó a la crisis de Asia. Ver Stiglitz 1998a y 1998b, Wolfensohn 1998 y 1999.La dimisión de Stiglitz es, en este contexto, una buena muestra de las dificultades que estas ideas han encontradoen el entorno de Washington.2 En fechas recientes el Representante Residente del PNUD en Nicaragua, el diplomático español CarmeloAngulo, que cuenta con una amplia experiencia en cooperación, haciéndose eco de la opinión de la mayor partede las agencias europeas de cooperación, cuestionó públicamente los programas del FMI y el Banco Mundial enese país, ya que estaban en abierta contradicción con las políticas que la mayor parte de los donantes bilateralesestaban impulsando. Ello condujo a que ambas instituciones suavizaran sus exigencias.
- 34 -
Consultivos” impulsados por el Banco Mundial o el BID ofrecen amplias posibilidades para
influir en las políticas del Banco a nivel nacional, pero hay otros ámbitos de acción que
debieran ser explorados, y en particular el proceso de elaboración de las estrategias de
Asistencia Nacionales (Country Assistance Strategies, CAS) del Banco Mundial y los
“Documentos de Estrategia de Reducción de la Pobreza” (Poverty Reduction Strategy Papers
o PRSP) recientemente adoptados como marco de planificación nacional de la Iniciativa
PPME-II . En este contexto es necesario considerar de qué forma se integrarán los futuros
“planes-país” que se elaborarán en el marco del Plan Director, con la estrategia a seguir de
cara a los organismos financieros multilaterales.
En esta búsqueda de mayor influencia en las políticas, España no debiera limitarse a las
cuestiones del desarrollo que tradicionalmente han sido abordadas en el marco de la ayuda. El
escenario de la globalización, y en particular el crecimiento explosivo de los flujos de capital
y las recientes crisis financieras han puesto de manifiesto las insuficiencias del sistema
monetario y financiero internacional —a ello se refieren expresamente las propuestas
debatidas por el G-7 sobre “la nueva arquitectura financiera internacional”— y de forma más
amplia la necesidad de instituciones y regímenes que proporcionen mayores capacidades de
gobernación mundial y se enfrenten a las dinámicas de exclusión inducidas por la
globalización, promoviendo un orden internacional más estable, justo y equitativo. El proceso
de globalización y el debate sobre la evolución futura del sistema internacional parece
demandar un nuevo papel para la ayuda en su conjunto y para las instituciones multilaterales,
en el que España no debiera dejar de estar presente. En ese debate las propuestas españolas no
debieran reflejar únicamente sus intereses políticos y comerciales de corto plazo; también se
debería contar con una visión de largo plazo sobre el futuro del sistema internacional en el
que tengan un papel importante los objetivos de su política de cooperación al desarrollo.
Respecto a la eficacia operativa y la mejora de la gestión, no parece necesario recordar que la
política de cooperación distribuye recursos públicos y se es responsable de su uso ante los
contribuyentes y ante los beneficiarios de la ayuda. Por esta razón es ineludible exigir
elevados niveles de efectividad y de rigor a los organismos internacionales a los que se confía
su administración. Esta cuestión tiene gran importancia de cara al Banco Mundial, cuyas
carencias organizativas y de gestión —su fuerte centralismo y burocratización, la falta de
- 35 -
coordinación con otras agencias de cooperación, sus elevados costes operativos y los serios
problemas que existen en la gestión del ciclo de proyecto— son bien conocidas.1
En cuanto al nivel de participación de los agentes españoles en las actividades de estos
Organismo, hay que resaltar que el incremento de la presencia de funcionarios españoles y la
mejora de las tasas de “aprovechamiento comercial” tiene, en el mejor de los casos, un valor
instrumental, y aunque pueda ser una preocupación razonable de la Administración, no debe
ser el objetivo central de la cooperación con el Banco Mundial. Ahora bien, asegurar que la
búsqueda de retornos políticos y económicos descienda a la categoría de “preocupación
razonable” exigiría que el Ministerio de Economía y Hacienda asumiera plenamente los
principios y objetivos de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID) en
sus políticas e instrumentos.
Es importante insistir en esta cuestión, ya que demanda importantes cambios administrativos
e incluso de cultura organizativa en ese Ministerio, hasta ahora centrado en objetivos
comerciales y con una relación muy estrecha con los intereses empresariales, y bastante
refractario a ampliar su visión y criterios de actuación. Supone, además, que exista, como
quiere la LCID, “la máxima coordinación en el diseño y gestión (...) de la política con los
Organismos Internacionales, entre los Ministerios de Economía y Hacienda y el de Asuntos
Exteriores: una coordinación que debiera ir en paralelo con la que los propios Organismos —
BM y PNUD, por ejemplo—están ya asumiendo a nivel internacional”. La experiencia
reciente sugiere que estos cambios no van a ser fáciles, pero es importante reiterar que sin
ellos, el multilateralismo activo, selectivo y estratégico que se reclama para la cooperación
española difícilmente logrará materializarse.
Hay que resaltar, finalmente, que la PPD no define orientaciones precisas para cada uno de
los organismos multilaterales, lo que plantea la necesidad de elaborar un documento
adicional, un Plan de Acción para la cooperación multilateral, que complete y desarrolle el
Plan Director. Esta propuesta resulta muy pertinente debido a que es necesario realizar un
estudio más detallado que valore de qué forma responden los distintos organismos
1 En diciembre de 1992, se dio a conocer el “Informe Wapenhams” sobre la calidad de los proyectos del Banco,que mostraba que cerca de la mitad fracasaban o presentaban problemas graves. Años más tarde, la situación noparece haber mejorado, según afirma el denominado “Informe Meltzer”, elaborado por encargo del Congresoestadounidense por la Comisión Asesora sobre las Instituciones Financieras Internacionales. Este Informe, queha sido publicado en marzo de 2000, revela que entre el 55% y el 60% de los proyectos de inversión del Bancoson un fracaso, y que esta tasa es considerablemente más alta en los países más pobres, hasta llegar a un
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multilaterales a las prioridades y objetivos de la cooperación española, como paso previo para
formular políticas específicas para cada uno de ellos.1
asombroso 73% en el caso de África subsahariana. Ver Banco Mundial 1992: 1-4, 9, 14, e InternationalFinancial Institution Advisory Commission Report 2000: 8, 54, 68-70.1 El documento Plan of Action for Active Multilateralism del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca,elaborado en 1995, es una buena referencia al respecto, salvando las distancias que impone la elevadacontribución de ese país a los organismos multilaterales y su tradicional activa implicación en el proceso deformulación de sus políticas.
- 37 -
Recuadro 4
Las relaciones España-Banco Mundial. Cuadro-resumen
El aislamiento internacional provocado por el franquismo impidió que España fuera miembrofundador del Banco Mundial. En septiembre de 1958, en un contexto de guerra fría quefavoreció el acercamiento entre España, Estados Unidos y el occidente industrializado, seprodujo la adhesión española a este organismo. En la primera fase de las relaciones (1963-1977) España participa en el Banco como país en desarrollo, recibiendo algo más de 400millones de dólares para 12 proyectos de inversión en sectores industriales y deinfraestructura. En 1977 España alcanzó el nivel de renta propio de un país industrializado yse inicia una nueva etapa, en la que España deja de ser prestatario y se convierte en donante,aumentado ligeramente su participación en el capital y en el poder de voto. En 1994 el FMI yel Banco Mundial celebran la Asamblea conmemorativa de su cincuenta aniversario enMadrid. En 1997 las autoridades españolas y el Banco Mundial firmaron un Acuerdo-marco,que sigue estando vigente, para fortalecer la participación de España en la Institución. En1999 se aprueba un “aumento selectivo” de cuotas que afecta a diversos países, por el que laparticipación española en el capital del BIRF pasará del 1,5% al 1,7% del total.
La posición española en el Grupo Banco Mundial es la siguiente:
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
- Capital desembolsado: 175,6 millones de dólares (1,52% del total) en junio de 1999.Pendiente de ratificación por el Congreso la Ampliación selectiva de capital que elevaráesa participación al 1,77%.
- Poder de voto: 1,49% del total (junio de 1999).
- Presencia en el Directorio Ejecutivo: “Silla” compartida con México, Venezuela, CostaRica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La representación del Grupo anteel Directorio Ejecutivo es rotatoria, y a España le corresponde en dos de cada seis años.Entre noviembre de 1998 y noviembre de 2000 el representante español, FedericoFerrer, preside el Grupo y por lo tanto participa en las reuniones del DirectorioEjecutivo
- Tasa de aprovechamiento comercial (“retornos”): 826,8% (acumulado a 1999).Participación española en los pagos del BIRF a proveedores no locales: 1,23% (tasaacumulada), 1,61% (tasa del año 1999).
- Participación española en fondos fiduciarios y en iniciativas multilaterales coordinadaspor el Banco Mundial: 30 millones de dólares en el Fondo para el Medio AmbienteMundial (FMAM) fase piloto y reestructurado. Aproximadamente 16 millones dedólares comprometidos en la segunda reposición del FMAM (1998-2002), querepresentan el 0,8% de los recursos proporcionados por los donantes. 30 millones dedólares en el fondo de emergencia para alivio de la deuda multilateral de Centroaméricatras el huracán “Mitch”, 15 millones de millones de dólares como contribución a lacondonación de deuda multilateral en el marco de la Iniciativa PPME-I.
Asociación Internacional de Fomento (AIF)
- 38 -
- Contribuciones acumuladas a junio de 1999: 593,3 millones de dólares (0,59% del total)
- Compromisos XII Reposición (1999-2002): 160,4 millones de dólares (1,39% del totalaportado por los donantes).
- Poder de voto: 0,55% del total (1999). Participación en órganos de gobierno a través deuna “silla” y un acuerdo de rotación similar al del BIRF, aunque con el 2,02% del voto.
- Tasa de aprovechamiento comercial (“retornos”): 55,45% (acumulado a junio de 1999).Participación española en los pagos de la AIF a proveedores no locales: 0,72% (tasaacumulada), 1,13% (tasa del año 1999).
Corporación Internacional de Fomento (CFI)
- Participación en el capital: 37,02 millones de dólares (1,58% del total) (1999).- Poder de voto: 1,56% del total (1999).
Desde 1977, 37 empresas españolas han estado implicadas en 44 proyectos patrocinados porla CFI. La mayor parte de estos proyectos de inversión se han concentrado en serviciosfinancieros, infraestructura, construcción, agroindustria y turismo. Argentina, RepúblicaDominicana, Marruecos y Turquía han sido los países con mayor número de operaciones.Entre 1997 y 1999 han participado en proyectos de la CFI empresas como Ferrovial,Pescanova y Dragados y Construcciones. El Banco Bilbao-Vizcaya, el Banco Central-Hispanoamericano, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Cajamadrid y el Instituto deCrédito Oficial (ICO) han comprometido 50 millones de dólares a préstamos sindicadospatrocinados por la CFI en 1998 y 1999.
Fuente: Banco Mundial y Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales, Ministerio deEconomía y Hacienda
- 39 -
3. La posición española en el Grupo Banco Mundial: una participación en
aumento, pero todavía insuficiente
La participación española en el capital y los recursos y en los órganos de gobierno de las
instituciones que integran el Grupo Banco Mundial muestra una clara tendencia ascendente y
ha llegado a niveles significativos, pero a pesar de ello es aún inferior a la que correspondería
tomando como referencia el peso de España en la economía mundial y en el sistema
internacional de cooperación al desarrollo. En la actualidad la economía española es,
atendiendo al PNB, la décima más grande en el mundo, pero en el Banco Mundial, tras el
último reajuste en el capital, España es el accionista número quince. Esta posición rezagada se
debe a las condiciones en las que España se adhirió al Banco Mundial —como se indicó, en
una fecha tardía y como país en desarrollo— y los reajustes posteriores no han logrado
solventar este problema (Martín Acebes 1999: 156). Es ilustrativo al respecto observar lo
ocurrido en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), al que España se
incorpora como socio fundador en 1990 y ha obtenido una participación accionarial que
duplica la del Banco Mundial, así como una representación permanente en su Directorio
Ejecutivo.
3.1 España en el Banco Internacional de Reconstrución y Fomento (BIRF)
Hasta mediados de 1999 España contaba con el 1,52% del capital y el 1,49% del poder de
voto en el BIRF. En junio de 1998 se aprobó una ampliación selectiva de capital que permitía
un incremento de un conjunto de países infrarrepresentados —Brasil, Corea del Sur,
Dinamarca, España y Turquía— que, una vez sea ratificado por el Parlamento, permitiría que
España llegue a tener el 1,77% del capital suscrito por esta Institución. Este aumento
permitirá pasar del puesto número 18 al número 15 como accionista, por delante de países
como Suiza o Suecia, y prácticamente al mismo nivel que Bélgica. Esta ampliación, a juicio
del Ministerio de Economía y Hacienda, debe verse en una perspectiva más amplia: la
aspiración del Gobierno español de formar parte de los principales foros económicos
internacionales, y en especial del G-7 y el G-10.
El Directorio Ejecutivo del BIRF cuenta con 24 miembros o “sillas”. Sólo los principales
accionistas (ver cuadro 1 en el apéndice estadístico) cuentan con representación permanente
en este órgano. El resto de los miembros debe agruparse para reunir el número de votos
suficiente para ocupar una de las “sillas”. España se ha incorporado a un grupo del que
- 40 -
también forman parte México, Venezuela y cinco países centroamericanos. Con un 4,27% de
los votos en el BIRF, es la octava silla en importancia. La pertenencia a ese grupo permite
tener más influencia, pero también impone algunas restricciones. Aunque España tiene una
posición preeminente en el Grupo, no es mayoritaria, y debe buscar el consenso entre sus
miembros. Por otra parte, existe un “acuerdo de rotación” por el que España, México y
Venezuela acuden al Directorio Ejecutivo dos años de cada seis. En el periodo 1-XI-1999 a
31-X-2000 el puesto de Director Ejecutivo corresponde al Representante Español, Federico
Ferrer, que por ello acude a las reuniones del Directorio Ejecutivo. A juicio de responsables
del Ministerio de Economía y Hacienda, este sistema dificulta la continuidad y condiciona el
margen de actuación de España, ya que las percepciones e intereses de los otros miembros,
todos ellos prestatarios del Banco, no siempre coinciden con la del Gobierno español.1
3.2 La participación en la Asociación Internacional de Fomento (AIF)
En la Asociación Internacional de Fomento la participación española ha tenido una tendencia
ascendente aún más marcada (ver cuadro 3 en el apéndice estadístico), especialmente desde la
X Reposición (1993-1996), en la que España, a petición propia, es reclasificada como país de
la “Parte I”.2 En esa Reposición España aportó el 0,8% del total. En la XI Reposición (1996-
1999) se alcanzó el 1%. En las negociaciones previas a la XII Reposición, que se
desarrollaron a lo largo de 1997 y 1998 el Ministerio de Economía y Hacienda desplegó una
intensa actividad negociadora para incrementar la contribución española hasta el 1,55%
alcanzado en el BIRF.
Finalmente, y en paralelo al aumento selectivo de capital en el BIRF, se obtuvo un aumento
de la contribución hasta el 1,39% . Este porcentaje, que se refiere a las aportaciones de los
donantes y no a los recursos totales de la Reposición, supone una contribución de 160,8
millones de dólares (de un total de 11.591 millones), equivalentes a 24.533,5 millones de
pesetas, y un aumento del 30% respecto a la XI Reposición (Asociación Internacional de
Fomento 1998: 33).
1 Intervención de Alicia Montalvo, Directora General de Política Comercial (Ministerio de Economía yHacienda) en la Conferencia “La ayuda al desarrollo y las crisis financieras internacionales. El papel del BancoMundial”, Madrid, 15 de julio de 1999.2 Según el Convenio Constitutivo de la AIF, los países de la “Parte I”, básicamente países industrializadosdonantes de Ayuda Oficial al Desarrollo, están obligados a participar en las Reposiciones de recursos de la AIF ydesembolsar toda su contribución en moneda convertible, mientras que los países de la “Parte II” —países
- 41 -
A pesar de este acelerado incremento, es una aportación que aún se considera “insuficiente”.
Esto es aún más visible si consideramos que la contribución acumulada —que en junio de
1999 se elevaba a 593,3 millones de dólares— se sitúa en el 0,59%, con un 0,55% del poder
de voto (Riaño 1996: 34, Martín Acebes 1999: 160). Este poder de voto es inferior al que
España posee en el BIRF debido a las particulares reglas de distribución de voto de este
organismo, más favorables para los países en desarrollo. Este hecho, empero, es poco
significativo debido a que las decisiones relevantes en el seno del Grupo Banco Mundial se
adoptan en los órganos del BIRF.
3.3 La participación española en las filiales del Banco Mundial para el sector privado:
la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (OMGI)
España cuenta con el 1,58% del capital y el 1,56% del poder de voto de la Corporación
Financiera Internacional, y está representada en el Directorio Ejecutivo a través de una “Silla”
y un acuerdo de rotación similar a la del BIRF. Esa “silla” cuenta con el 2,10% del poder de
voto de esta Institución.
Entre 1977 y 1998 la Corporación Financiera Internacional ha movilizado unos 4.500
millones de dólares para financiar 44 proyectos en los que han estado implicadas 37 empresas
españolas. En conjunto, esas operaciones han captado 18.000 millones de dólares adicionales
en créditos y 340 millones de dólares en acciones. En los últimos años algunos de estos
proyectos se relacionan con el auge de las inversiones españolas en el exterior, en particular
en América Latina (ver recuadro 5). Algunos de estos proyectos han sido objeto de polémica
por sus implicaciones sociales y ambientales, como es el caso de las centrales hidroeléctricas
del Río BíoBío (Chile), del consorcio hispano-chileno ENDESA-ENERSIS (ver recuadro 6).
Desde 1990 los bancos españoles han participado en préstamos sindicados patrocinados por la
CFI, con una aportación total de 215 millones de dólares hasta enero de 1999. La
participación más destacada ha sido la del Banco Exterior de España, que ha comprometido
89 millones de dólares a través de 22 sindicaciones en el periodo 1988-1998. También han
participado en este tipo de operaciones el Banco Central Hispanoamericano, la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, Cajamadrid y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
donantes menos desarrollados— deben desembolsar sólo el 10% de su contribución en moneda convertible, y elresto en la moneda nacional.
- 42 -
La CFI también ha realizado 22 emisiones de bonos nominados en pesetas en el periodo
1988-1998, por un total de 302.500 millones de pesetas (2.300 millones de dólares).
El Ministerio de Economía y Hacienda ha financiado programas de asistencia técnica de la
CFI, entre los que destaca el aporte de medio millón de dólares a la Facilidad de Desarrollo de
Proyectos del Mekong, que promueve el desarrollo de la microempresa privada en Vietnam,
Laos y Camboya.
Respecto al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), España es miembro
fundador desde su creación en el año 1988, y participa en el mismo con el 1,28% de su capital
autorizado.
Recuadro 5
Proyectos de la CFI con participación española, 1996-1998
Proyectos Empresas
1996
Tekfen (Leasing, Turquía) BanestoEDENOR (Energía eléctrica, Argentina) ENDESAAttijari (Sector financiero, Marruecos) HispafactorAguas I y II (Agua y saneamiento, Argentina) S.G. de Aguas de Barcelona
1997
CESSA (Cementos, El Salvador) Ferrovial, S.A.Pescanova Holdings (Pesca, Namibia) Pescanova, S.A.Proyectos de Infraestructura SA (Transporte, Colombia) SERELANDBBV-México (Banca, México) Banco Bilbao-VizcayaBBV-Probursa (Sector financiero, México) Banco Bilbao-Vizcaya
1998
Concesiones y Construcciones (Autopistas, Argentina) Dragados y Construcciones, S.A.Settavex (Textil, Marruecos) Tavex AlgodoneraFlamenco (Turismo) Hoteles Occidental, S.A.
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Devnya (Cemento, Bulgaria) Iniciativas Estratégicas, S.L.
Fuente: CFI
Recuadro 6
La difícil relación entre la CFI, la inversión extranjera y la responsabilidad social y
ambiental en el desarrollo:
el caso ENDESA-ENERSIS y las presas del Bío-Bío (Chile)
El proyecto de ENDESA-Chile, controlada por la empresa española homónima, incluye laconstrucción en el río BíoBío, en el sur de Chile, de los embalses de Pangue y Ralco. Al serde iniciativa privada, el Banco Mundial se implicó en el proyecto a través de la CorporaciónFinanciera Internacional (CFI), que en 1993 otorgó a ENDESA un préstamo de 170 millonesde dólares y arbitró, a través de agencias oficiales de cooperación y bancos privados, unpréstamo sindicado de otros 142 millones. Aunque el impacto social y ambiental erarelativamente reducido respecto a otros proyectos hidroeléctricos del Banco Mundial(Goodland 1997: 84, 87), estas presas iban a ser construidas en el territorio ancestral de losPehuenches, y ello supondría cambios irreversibles en su hábitat y modos de vida. En 1993ENDESA tuvo que hacer frente a una demanda ante el Tribunal Supremo chileno, debido adeficiencias en la evaluación de impacto ambiental. En noviembre de 1995, en un contexto defuertes protestas contra este proyecto, se presentó una reclamación ante el Panel de Inspeccióndel Banco Mundial, en la que se llamaba la atención de este organismo sobre lasirregularidades de los planes de reasentamiento forzoso y la intimidación de la que eran objetolos líderes de las comunidades afectadas. El Panel, sin embargo, consideró que la reclamaciónno era admisible, dado que ante este órgano solo pueden elevarse quejas relacionadas con losproyectos del BIRF y la AIF. Ello reveló que existía un vacío importante en el sistema desalvaguardas del Grupo Banco Mundial.
En el caso BíoBío, en una decisión sin precedentes, Wolfensohn solicitó una evaluaciónindependiente a Jay Hair, ex-Presidente de la Unión Internacional para la Conservación(IUCN). La CFI también encargo un informe a la Asociación estadounidense deAntropología. La actitud del Banco fue ambivalente. Los informes eran muy críticos y fueroncensurados por la CFI antes de hacerse públicos, pero en febrero de 1997 el PresidenteWolfensohn anunció que se adoptarían medidas de presión frente al Gobierno chileno. Ante laposibilidad de que la CFI impusiera condiciones sociales y ambientales más estrictas,ENDESA optó en marzo de 1997 por romper los vínculos con la CFI, devolver los créditosanticipadamente, y sustituir la financiación de esta entidad por un crédito del Dresdner Bank.Este hecho ilustra las limitaciones de las medidas cautelares del Banco en el ámbito social yambiental cuando se trabaja con el sector privado.
En los tres últimos años ENDESA ha sorteado diversos obstáculos legales y las protestas delos afectados, contando para ello con el apoyo expreso del Presidente saliente, Eduardo Frei, yha logrado comenzar las obras de construcción de Ralco. Los reiterados incumplimientos delas exigencias sociales y ambientales impuestas por las autoridades chilenas han llevado alactual Presidente de Chile, Ricardo Lagos, a advertir a ENDESA que debe cumplir las
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legislación vigente. Portavoces del nuevo gobierno han declarado que Ralco no es “vital” paralas necesidades energéticas de Chile, y que el gas natural argentino representa una alternativamás eficiente para satisfacer las necesidades de generación de energía. ENDESA, enrespuesta, paralizó las obras en febrero de 2000 para presionar al nuevo Gobierno.
El caso ENDESA-BíoBío ha tenido consecuencias importantes para la CFI. En 1998 elPresidente Wolfensohn anunciaba la creación del Asesor de Conformidad u “Ombudsman“ dela CFI y el OMGI (Compliance Advisory/Ombudsman, CAO) como mecanismo informal deresolución de quejas presentadas por personas o grupos afectados por los proyectos de estainstitución. También en 1998 la CFI adoptaba un conjunto de “políticas de salvaguarda” enmateria social y ambiental muy similar a las existentes en el BIRF y la AIF. Estosmecanismos, empero, son muy recientes y más débiles que el Pánel de Inspección, en parteporque la política de acceso a la información de la CFI, que involucra a sus socios privados,es mucho más restrictiva. Por estas razones se ha insistido —así lo ha reconocido el propioWolfensohn— que es necesario ampliar la jurisdicción del Panel a la CFI, y reformar laspolíticas en las que se basa la actuación de este organismo.
Fuentes: Johnson y Turner 1998, Chamberlain 1999, e información de International Rivers Network (IRN).
3.4 La perspectiva oficial: una política en busca de mayor poder e influencia
La escasa influencia española en el Banco Mundial no sólo se debe a la reducida participación
en el capital y en sus órganos de gobierno. Según el Ministerio de Economía y Hacienda,
también contribuye a ese resultado la escasa presencia de funcionarios de nacionalidad
española en niveles técnicos y en puestos directivos, la reducida participación de empresas
españolas en las operaciones del Banco, y “la insuficiente coordinación entre los servicios
centrales responsables de esta materia” (Subdirección General de Instituciones Financieras
Multilaterales 1999: 1).
Aumentar la influencia de España en el Banco Mundial ha sido uno de los objetivos
tradicionales de la política española hacia esta Institución. Este objetivo, como ya se indicó,
fue ratificado en enero de 1999 por la Subdirección General de Instituciones Financieras
Multilaterales. Para ello se confía, básicamente, en las oportunidades que pueden abrirse en
las reposiciones de recursos y en eventuales aumentos selectivos de capital. A juicio de la
Subdirección General, en la actualidad se están abriendo nuevas oportunidades para ello: “la
crisis asi‡tica y su contagio a otros pa’ses est‡n obligando a los Bancos de Desarrollo a
aumentar sus operaciones de pr������� ��������� �� �� �� ��������� � ����� ����� ����
resolver problemas de liquidez (...) Por ello, algunas instituciones (...) est‡n estudiando la
posibilidad de iniciar nuevos procesos de ampliaciones de capital o de reposiciones de fondos.
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En estas ocasiones es cuando se nos ofrece una posibilidad plausible de aumento de la
presencia espa–ola, mejorando nuestra posici—n relativa en el capital y, a la vez quiz‡s,
replanteando el formato de nuestra participaci—n en los —rganos de gobierno de estas
instituciones” (Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 1999: 2).
Hasta ahora, esta estrategia ha logrado mejores resultados en los bancos regionales. En el
Banco Mundial las posibilidades de éxito son menores debido al carácter excepcional de los
aumentos selectivos de recursos, que el Gobierno Español no puede impulsar por sí solo, a la
complejidad de las negociaciones que suponen esos aumentos, y a la resistencia de otros
países a ceder participación a otros miembros (Martín Acebes 1999: 157-158). Lo mismo
puede decirse respecto a una posible revisión de la composición de las “sillas”.
Estas dificultades añaden atractivo a una estrategia basada en la concertación de posiciones y
la formación de coaliciones con otros países, y en particular con los Estados miembros de la
Unión Europea. Hasta ahora, solo existen experiencias puntuales de coordinación y no se ha
establecido ningún procedimiento regularizado al respecto. Desde el Ministerio de Economía
y Hacienda se es plenamente consciente de las consecuencias que conlleva esta falta de
coordinación: hace más fácil la tradicional hegemonía estadounidense dentro de esta
Institución, y otorga a Estados Unidos, como principal accionista individual, un peso
desproporcionado en el proceso de toma de decisiones. A la postre, ello contribuye a imprimir
un determinado sesgo en las políticas de la Institución. Como es sabido, el Banco Mundial
siempre ha defendido una concepción del capitalismo “anglosajona” de corte individualista y
con una fuerte influencia de los postulados neoliberales. Esta concepción difiere
significativamente del modelo asiático y del modelo “renano”, en el que se basa la
Comunidad Europea, en el que el sector público, los agentes sociales, el desarrollo
equilibrado y la cohesión social tienen mucha más importancia.1 Estas diferencias también son
muy visibles en relación a la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea y
de sus Estados Miembros, que a menudo tiene objetivos divergentes, e incluso opuestos, a los
del Banco Mundial. Según planteó la Comisión Europea en un importante documento del año
1992, este “déficit de articulación” socava la eficacia de la política de desarrollo de la Unión
Europea y de sus Estados miembros. Una mayor coordinación frente a organismos como el
FMI y el Banco Mundial, tal y como exige el Tratado de la Unión Europea, podría contribuir
1 Esta reflexión se basa en las ideas de Michel Albert, y en concreto en su contraposición entre un capitalismo“anglosajón” y un capitalismo “renano” (Albert 1992). Sobre el concepto de “cohesión”, su proyección exterior
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a una política más eficaz, a contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos en la Institución, y
a dar a las políticas del Banco Mundial una orientación más marcada hacia el desarrollo
humano y sostenible y la lucha contra la pobreza.1 Por otra parte, una mayor concertación de
posiciones e incluso la “comunitarización” de la política hacia el Banco Mundial —en un caso
claro de “política de escala”— daría a España más capacidad de influencia de la que nunca
podría obtener por sí sola. Este hecho es visible en otros ámbitos de la política exterior, en los
que la pertenencia a la Unión Europea actúa como “factor potenciador”.
Con carácter inmediato, ello supondría abogar por un reforzamiento de los mecanismos de
consulta y coordinación de las representaciones de los Estados Miembros ante el Banco
Mundial. A medio y largo plazo, un papel más activo del Consejo de Ministros de Desarrollo
y del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda (ECOFIN), en sus respectivas áreas de
competencia, y de la Comisión e incluso una posible reestructuración de las “sillas” del
Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, así como del Fondo Monetario Internacional. De esa
reestructuración se derivaría un importante incremento del poder de decisión de la Unión
Europea respecto al de Estados Unidos.2
Tal y como se reconoce desde la Dirección General de Organismos Financieros
Multilaterales, la concertación entre los Estados Miembros no es fácil debido a la divergencia
de criterios entre los Estados miembros; a la posición privilegiada de los Estados miembros
más poderosos —el Reino Unido, Francia y Alemania—, que cuentan con una “silla” propia
en el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial y el FMI, y la creciente resistencia de los
Estados miembros a perder competencias en favor de los órganos comunitarios.3 A medio y
largo plazo, sin embargo, hay tres factores que pueden contribuir decisivamente a que la
Unión Europea hable “con una sola voz” ante los organismos de Bretton Woods: la paulatina
consolidación de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), los avances registrados
y sus implicaciones para la política de cooperación de la Unión Europea, ver los interesantes trabajos de Holland1993 y 1994.1 Sobre la necesidad de coordinar la acción de los Estados miembros ante las organizaciones de Bretton Woodsdesde la perspectiva de la política de desarrollo, ver Comisión Europea 1992, y desde la perspectiva de la UniónMonetaria, ver Comisión Europea 1997: 18.2 Esta es la conclusión de un interesante análisis de Dennis Leech para el caso del FMI, aunque sus resultadosson extrapolables al Banco Mundial, debido a las similitudes que presentan sus órganos de gobierno y estructuradel poder de voto Ver Leech 1998.3 El desafortunado episodio de la designación del candidato europeo a la Presidencia del FMI es significativo alrespecto. Ver el lúcido análisis de “Power games behind battle over IMF job”, European Voice, 24 de febrero de2000.
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en la coordinación de las políticas de cooperación al desarrollo de la Comunidad y sus
Estados miembros, y sobre todo, la moneda única y la política monetaria común.1
Estas consideraciones no deben desviar la atención respecto al sentido y fin último que debe
tener la búsqueda de mayor poder e influencia en los órganos de gobierno y el proceso de
toma de decisiones en el Banco Mundial. Aunque parezca obvio, es necesario recordar que no
se trata, como se plantea desde instancias oficiales, de utilizar esa influencia para satisfacer
intereses económicos y comerciales de corto plazo. Se trata, más bien, de que la participación
española en el Banco Mundial contribuya a que este organismo se oriente en mayor medida a
las metas internacionales de desarrollo humano y sostenible y a la provisión de “bienes
públicos globales” relacionados con el desarrollo, las relaciones norte sur y la economía
global.
3.5 La participación en fondos fiduciarios e iniciativas multilaterales vinculadas al
Banco Mundial (FMAM e Iniciativa PPME) ¿un incipiente compromiso con el
desarrollo?
El Grupo Banco Mundial ha establecido un gran número de programas y fondos fiduciarios
con el objeto de movilizar recursos adicionales con un alto grado de concesionalidad para
respaldar programas de acción, la mayor parte de los cuales tiene un alto componente de
asistencia técnica y, en muchos casos, un enfoque regional.2
La presencia española en estos fondos es muy escasa. La mayor parte de ellos se orienta a
sectores como la formación de recursos humanos, salud, investigación agraria, medio
ambiente, y a países y/o subregiones de Asia y África subsahariana. En ellos no hay apenas
presencia de las empresas y los intereses españoles, y no existe ningún incentivo económico
inmediato para realizar contribuciones a los mismos. Ha habido, no obstante, apoyo ocasional
a programas como la Facilidad de Desarrollo del Proyecto del Mekong de la CFI, ya
mencionada, que forman parte de estos programas.
1 Es significativo, en este sentido, el acuerdo sobre representación externa del euro alcanzado en el Consejo deMinistros de Economía y Finanzas (ECOFIN) del 1 de diciembre de 1998.2 Una visión de conjunto de estos programas en Banco Mundial 1997.
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La política de la Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales es limitar la
participación española a los programas e iniciativas “globales”; esto es, en el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) y en la Iniciativa para la reducción de la deuda de los
Países Pobres Muy Endeudados (PPME), conocida también, por sus siglas en inglés, como
“Iniciativa HIPC” (Highly Indebted Poor Countries).
Estas dos iniciativas son las que, a juicio de la Subdirección General de Instituciones
Financieras Multilaterales, tienen un perfil de cooperación al desarrollo más marcado, y por
ello el peso de las consideraciones comerciales es menor: “Las aportaciones realizadas por
España a estos Fondos [se refiere al FMAM y al fondo fiduciario de la Iniciativa PPME, n.
del a.] están sirviendo para materializar el progresivo compromiso de nuestro país con las
iniciativas internacionales de ayuda al desarrollo, a la vez que supone un reconocimiento
explícito de que el mayor peso de nuestra economía en el mundo exige un creciente esfuerzo
de solidaridad con los países menos desarrollados” (Martín Acebes 1999: 158).
Sin embargo, ello no excluye, que en el caso del FMAM —el único instrumento de los dos
considerados que, por sus características, lo permite— esté también presente el objetivo de
incrementar la presencia española, tanto de empresas como de ONG, en la ejecución de los
proyectos. Se pretende, además, ampliar el número de proyectos “en áreas geográficas de
interés para España” tanto desde el punto de vista comercial e inversor como en relación a la
política de cooperación al desarrollo, como América Latina, Mediterráneo y norte de África, y
Europa central y oriental. Como se verá, en el caso de la Iniciativa PPME también existen
intereses económicos relacionados con el apoyo a la exportación.
La participación de España en la financiación del FMAM se calcula a partir de la contribución
acumulada a la AIF, con ajustes. En la fase piloto (1991-1994) España aportó 10 millones de
DEG (derechos especiales de giro, la “moneda” del Fondo Monetario Internacional),
equivalentes aproximadamente 1.900 millones de pesetas. En la I reposiciÛn de recursos
(1994-1997) se aportaron 12,36 millones de DEG, es decir aproximadamente 2.180 millones
de pesetas. En la II reposiciÛn de recursos (1998-2002) EspaÒa deber· aportar 12,03 millones
de DEG, es decir aproximadamente 2.464 millones de pesetas. Ello representa un 0,8% de los
recursos totales aportados por los donantes.1 La reposiciÛn entró en vigor en marzo de 2000,
1 En su tramitación parlamentaria, el proyecto de Ley que regula la aportación española al FMAM-II fue objetode una enmienda del grupo socialista, por la que se pretendía aumentar a contribución española al 1%, esto es,aproximadamente 615 millones de pesetas adicionales, que podrían proceder de créditos FAD no utilizados. La
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cuando el fideicomisario del Fondo, el Banco Mundial, recibió los instrumentos de
compromiso de los paÌses donantes en una cuantÌa suficiente. Las aportaciones al FMAM se
financian con cargo al FAD (ver cuadro 4 en el apéndice estadístico).
El FMAM cuenta con un Consejo con 32 miembros. En este organismo España ha formado
una “silla” con países miembros de la Unión Europea que le son afines, como Portugal,
Grecia e Irlanda, y asume la representación del grupo y está presente en el Consejo de forma
indefinida, con el representante portugués como suplente.
La política española hacia la Iniciativa PPME en el periodo 1997-1999 se ha basado en el
criterio de “apoyo selectivo”, que vincula las contribuciones españolas al alivio de la deuda de
países que se consideran prioritarios, como Bolivia y Mozambique. En ambos casos, además
de objetivos de solidaridad y de desarrollo más amplios, concurren intereses comerciales y
financieros muy visibles. Tal y como resaltan los responsables de la Dirección General de
Política Comercial e Inversiones exteriores, a través de la cuantiosa reducción de deuda
prevista por la Iniciativa, estos países volverán a ser “bancables”; esto es, mejorarán su
solvencia y podrán convertirse de nuevo en sujetos de crédito, lo que permitirá un mayor uso
de instrumentos como el FAD. De hecho, las operaciones de condonación de deuda realizadas
en el marco de la Iniciativa PPME han estado en casi todos los casos vinculadas a la
contratación de nuevos créditos FAD, de forma que la mejora de la solvencia de los países
beneficiarios conduce a la sustitución de vieja deuda por nueva. Esta situación es
especialmente visible en Centroamérica, en el marco de los programas de reconstrucción tras
el paso del huracán Mitch (Tamarit, Oliva y Fanjul 1999: 101).
En el caso de Bolivia, España aportó 15 millones de dólares al “Fondo Fiduciario PPME”
(HIPC Trust Fund), creado por el Banco Mundial para recoger contribuciones de donantes
bilaterales y multilaterales para financiar la condonación de la deuda multilateral. En los casos
de Mozambique y Costa de Marfil se ha actuado en el marco del Club de París, reduciendo
deuda pública bilateral —hasta un 90% del total en el caso de Mozambique— por un total de
55 millones de dólares. Las inundaciones que han asolado Mozambique en febrero de 2000
han motivado reducciones adicionales, hasta un 100% en la deuda oficial concesional y el
90% de la comercial, con propuestas en el Club de París de llegar al 100% de esta última. En
enmienda fue rechazada por el Grupo Popular, que argumentó que ese incremento era contrario a la disciplinapresupuestaria derivada del “Pacto de Estabilidad” en el que se sustenta la Unión Monetaria. Ver Diario de
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el marco de las actividades de ayuda a la reconstrucción de Centroamérica tras el paso del
huracán “Mitch”, España aportó 30 millones de dólares —17 millones a Honduras, 10
millones a Nicaragua, y 3 a El Salvador— al fondo de emergencia para alivio de la deuda
multilateral de Centroamérica, que permitirá cubrir el servicio de este tipo de deuda entre
noviembre de 1998 y diciembre de 1999. En conjunto, la contribución española a la reducción
de deuda se cifra en 100 millones de dólares. En los datos del Banco Mundial, sin embargo,
sólo se recogen las contribuciones realizadas en el marco estricto de la Iniciativa PPME-I, que
representan una cifra sensiblemente menor (ver recuadro 8).
Más allá del este apoyo financiero directo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha abogado
por una ampliación de los criterios de elegibilidad de la iniciativa y criterios más flexibles en
su aplicación, que permitieran que países como Nicaragua y Honduras, que se caracterizaban
por un elevadísimo nivel de endeudamiento, pudieran ser cubiertos por la Iniciativa PPME.
Esta posición, compartida por otros Gobiernos y por ONG, fue la que se afirmó en la
“Cumbre” de Colonia del G-7 de 1999, que dio paso a su segunda fase, conocida como
“Iniciativa PPME-II” o “PPME reforzada”.
En relación a la nueva fase de la Iniciativa, la principal preocupación del Ministerio de
Economía y Hacienda es su financiación y las condiciones de su implementación. En ese
contexto se han anunciado los compromisos financieros que, a juicio del Ministerio de
Economía y Hacienda, suponen una participación “justa” en la Iniciativa en función del peso
económico de España. Ahora bien, los representantes del Gobierno español están
demostrando una actitud cautelosa al respecto: la materialización de los compromisos en
desembolsos concretos por parte de España estará condicionada a que otros donantes “asuman
su parte” y comprometan contribuciones adecuadas. En este marco, los responsables del
seguimiento de la Iniciativa en la Dirección General de Política Comercial e Inversiones
Exteriores no han ocultado su preocupación por la actitud renuente de los miembros del G-7,
que impediría que la segunda fase de la Iniciativa PPME tenga el respaldo financiero
necesario
Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, nº 725, 29 de junio de1999, pp. 20.714 y 20.717.
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En julio de 1999 el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, planteó públicamente los principios
que deben guiar la participación española en la Iniciativa “PPME reforzada”:1
- Coherencia: la condonación de deuda no debe verse como un elemento aislado
respecto a otros componentes de la política de cooperación al desarrollo, y debe ser
parte de una “estrategia más amplia” de desarrollo y de reducción de la pobreza del
país receptor.
- Selectividad: el monto y los mecanismos de alivio de la deuda y de reinversión social
de los recursos deberán estar basada en un análisis “caso por caso”.
- Adicionalidad: los recursos no deben obtenerse a expensas de otros capítulos de la
ayuda bilateral, ni comprometer recursos de la AIF destinados a otros países pobres,
ni perjudicar la integridad financiera de las instituciones financieras multilaterales.
- Corresponsabilidad: debe haber un reparto equitativo de los costes (burden-sharing)
entre todos los donantes.
- Impacto directo en desarrollo social: la condonación de deuda debe generar fondos
de contravalor para financiar programas sociales básicos.
- Colaboración: la experiencia española, según el Vicepresidente, revela que la
colaboración con las empresas y las ONGD son un componente importante de estos
programas.
En relación a este último punto, cabe señalar que las ONGD nacionales e internacionales
pueden participar en el diseño de las políticas de reducción de los países beneficiarios de la
Iniciativa PPME reforzada a través de los nuevos “Documentos de Estrategia para la
Reducción de la Pobreza” (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP), así como en la
ejecución de los programas sociales concretos financiados con los fondos de contravalor antes
citados.
1 Intervención del Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda en la Conferencia “La ayuda aldesarrollo y las crisis financieras internacionales. El papel del Banco Mundial”, organizada por el BancoMundial, The Economist y el Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 15 de julio de 1999.
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La referencia a la colaboración de las empresas, sobre la que suele insistir la Subdirección
General de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos, debe verse en el marco más amplio
de los objetivos comerciales y de inversión del “Plan 2000 para la Exportación” de junio de
1997, que como se señaló constituye el marco general de política de la Secretaría de Estado
de Comercio. Entre las medidas de fomento de la exportación del Plan se incluyeron dos
modalidades de conversión de deuda (Secretaría de Estado de Comercio 1997: 109-110).
La primera modalidad, denominada “Conversión de deuda oficial (FAD) y deuda comercial
(CESCE) en inversiones de operadores privados españoles en el país deudor”, es una
operación de conversión de deuda por activos (debt for equity swap) aplicable a países cuyos
Acuerdos de Multilaterales del Club de París incluyen la cláusula de conversión. Esta
modalidad permite que los inversores españoles adquieran títulos de deuda FAD o CESCE a
precios inferiores a su valor nominal y revendan esos títulos al gobierno deudor, utilizando
esos ingresos para adquirir activos de interés para el inversor español, o bien para financiar
gastos locales de operaciones de exportación. Esta modalidad permite recuperar una parte del
valor de una deuda para la que, de todas formas, existen escasas expectativas de cobro, y al
tiempo, favorecer la internacionalización de empresas españolas. Según plantea el “Plan
2000”, en estas operaciones se tendrá en cuenta la capacidad de pago del país deudor y el
interés de la empresa española. Cuanto mayo sea la capacidad de pago, más importancia se le
dará a los intereses de la empresa privada española involucrada en la operación (Secretaría de
Estado de Comercio 1997: 109).
La segunda modalidad es la denominada “Conversión de deuda en ‘Fondos de Contravalor’
para financiar inversiones públicas en el país deudor”. Se trata de una modalidad de
conversión de deuda por proyectos de interés social y de desarrollo en el país deudor (debt for
development swaps) que supone la cancelación de deuda con un elevado componente de
concesionalidad, por lo que sólo se aplicará a deudas muy difíciles de cobrar por las
condiciones del país deudor, y/o en el marco de la política de ayuda al desarrollo. En
principio, sólo afecta a deuda oficial (FAD). Según la Secretaría de Estado de Comercio
(1997: 110), estas operaciones tienen una doble finalidad: “evitar, ante el riesgo de impagos,
la condonación directa de la deuda mediante su utilización en determinados proyectos de
interés social o de desarrollo y, además, lograr, en la medida de lo posible, que estos
proyectos puedan ser adjudicados a empresas españolas con capacidad de operar en el ámbito
de que se trate”.
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Es importante precisar que las medidas de conversión de deuda exceden ampliamente el
marco de la Iniciativa PPME, ya que se han orientado tanto a países de mayor desarrollo
relativo (como Costa Rica o Marruecos) como a los países PPME, y que en el marco de la
segunda fase de la Iniciativa la política de deuda está experimentando cambios significativos.
Pero lo cierto es que para el “Plan 2000” la reducción de la deuda constituyó un instrumento
más de fomento de las exportaciones, y los objetivos de desarrollo y lucha contra la pobreza
que debieran orientar estas operaciones, aunque pudieran tener más peso en los países PPME,
aparecen en este marco como aspectos accesorios.
Los principios que orientan la actuación española en el marco de la Iniciativa PPME-II fueron
reafirmados por el propio Vicepresidente Rato en la Asamblea Anual del Banco Mundial en
septiembre de 1999, al afirmar que “El Gobierno español apoya que esta financiación sea
ayuda adicional y que en ningún caso se haga en menoscabo de los recursos que reciben otros
países en desarrollo. Tampoco puede afectar a la solidez financiera de las Instituciones
Financieras Internacionales ni encarecer los préstamos que éstas conceden, por lo que es
necesario que los países ricos revisemos nuestras contribuciones a la misma”.1 Respecto a la
cuantía de la contribución española a la Iniciativa PPME-II, el Ministerio de Economía las
cifra en torno a los 730 millones de dólares a lo largo de los próximos cuatro años, de los que
130 millones se destinarán a condonación de deuda multilateral a través del Fondo Fiduciario
PPME, administrado por el Banco Mundial.2
Ahora bien, el Gobierno Español no se ha pronunciado formalmente al respecto, esperando
quizás que se vayan materializando los compromisos de los miembros de los países del G-7.
Para situar la posición española en su debido contexto, hay que recordar que en esa Asamblea
Anual los miembros de ese grupo, a pesar de haber sido los principales impulsores de la
segunda fase de la Iniciativa PPME, se mostraron renuentes a aportar recursos adicionales
para alivio de la deuda. Según la Dirección General de Política Comercial, la cuantía y las
condiciones de la contribución española se formalizarían más adelante, conforme se fueran
registrando avances en las contribuciones y/o compromisos de otros países industrializados.
1 Intervención de Rodrigo de Rato y Figueredo, Gobernador del Banco por España, en las deliberaciones anualesconjuntas, Washington, Banco Mundial/FMI, Juntas de Gobernadores-Reuniones Anuales Conjuntas,Comunicado de Prensa nº 68, 28-30 de septiembre de 1999, punto 21.2 Ver “España ha aportado sus primeros 100 millones de dólares a los Países más endeudados”, El País, 29 deseptiembre de 1999.
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A lo largo de los últimos meses, aprovechando las oportunidades brindadas por distintos
encuentros internacionales de alto nivel, el Presidente del Gobierno y el Ministro de
Economía han ido anunciando distintas aportaciones, siempre incluidas dentro de los 730
millones ya anunciados, pero que se presentan como aportaciones nuevas. En la Asamblea
anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Nueva Orleans entre el 28
y el 29 de marzo de 2000, el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, precisó que en el marco de
los recursos previstos para condonación de deuda multilateral, 70 millones de dólares estarían
destinados a países de América Latina.1 En la “Cumbre” de Jefes de Estado entre la Unión
Europea y la Organización para la Unidad Africana, celebrada en El Cairo el 3 y el 4 de abril
de 2000, el Presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció la condonación de 200
millones de dólares a los países subsaharianos.2 Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, a
finales de febrero de 2000 el Banco Mundial no contaba aún con un compromiso formal por
parte de las autoridades españolas (ver recuadro 8) y no existe un documento oficial donde se
expresen con claridad los compromisos adquiridos.3
Como ha reclamado recientemente la Campaña “Deuda externa, ¿deuda eterna?” impulsada
por un amplio número de ONGD y de organizaciones sociales, este es el momento de ir más
allá de los compromisos y definir un plan de acción a medio y largo plazo para la
condonación de deuda, articulado y coherente con la política de cooperación al desarrollo, que
cuente con un adecuado respaldo financiero. En este marco es particularmente pertinente la
propuesta de un “Fondo 2000 de desendeudamiento para el desarrollo” de carácter plurianual,
dotado de una partida presupuestaria propia —entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas
anuales—, para ser empleado en una política activa de gestión de la deuda. Como ha señalado
dicha Campaña, “Los mecanismos existen, los referentes internacionales también, y el
momento es propicio para poner en marcha un tratamiento estratégico para la deuda externa
en el marco de la ayuda oficial al desarrollo, que incluya una nueva política, generosa,
creativa, participativa y vinculada a la lucha contra la pobreza (...) La próxima discusión del
primer plan director de la cooperación de la cooperación española parece un momento idóneo
para llevar adelante propuestas de mejora...” (Campana deuda eterna...1999).
1 “Rato anuncia nuevas aportaciones de España para los países más endeudados”, El País, 29 de marzo de 2000,p. 72.2 “España anuncia la condonación de 200 millones de dólares de deuda a los países subsaharianos”, El País, 5 deabril de 2000, p. 4.3 En este contexto, la expresión “compromiso” se refiere, según la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo(CAD) de la OCDE, a “una obligación firme, expresada por escrito y respaldada por los fondos necesarios,
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asumida por un donante oficial para proporcionar ayuda específica a un país receptor o a una organizaciónmultilateral”.
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Recuadro 7
Una aproximación al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
En el origen del Fondo para el Medio ambiente Mundial (FMAM) se encuentra una propuestafrancoalemana del año 1989 para financiar los costes adicionales que comportaría laincorporación a los proyectos de inversión de medidas para evitar los daños ambientalesglobales, y hacer frente a la poderosa lógica económica que lleva a las empresas a aumentarsu rentabilidad “externalizando” esos costes. En 1990 se decidió establecer el FMAM, concarácter experimental, tres años de vigencia, y una dotación de 1.200 millones de dólares.Serían beneficiarios del FMAM gobiernos y ONG de países con una renta per cápita inferior a4.000 dólares, y las cuatro áreas de intervención serían la lucha contra el cambio climático, lapérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas internacionales, y la reducción de lacapa de ozono.
El Fondo, por último, contaría con una innovadora estructura institucional integrada por tresorganizaciones internacionales: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD), responsable de las actividades de preinversión y de la asistencias técnica; elPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), encargado de losaspectos científicos; y el Banco Mundial como administrador de los fondos y responsable dela ejecución de los proyectos de inversión. Tras la “Cumbre de la Tierra” de 1992, el FMAMse vinculó a los objetivos de la “Agenda 21” y se ha convertido en el instrumento financierode las Convenciones sobre Cambio Climático y sobre Diversidad Biológica, adoptadas en esaCumbre. En los países en transición el FMAM también apoya las metas del Protocolo deMontreal sobre reducción de sustancias dañinas para la capa de ozono.
La creación del FMAM es un paso importante en el proceso de creación de un marcoinstitucional para la gestión del medio ambiente global, y se ha convertido en la principalfuente de financiación multilateral en este ámbito. En total, entre 1991 y 1999 ha otorgadoalrededor de 2.000 millones de dólares para 500 proyectos en 120 países. A estos recursos hayque sumar otros 5.000 millones movilizados a través de operaciones de cofinanciación.
A lo largo de 1993 se negoció la reforma y la refinanciación del FMAM. En marzo de 1994,con un fuerte apoyo de los países donantes de la OCDE, se lanzó el FMAM “reestructurado”,con importantes cambios orgánicos y una dotación de 2.000 millones de dólares para elperiodo 1994-1997, que han sido aportados por los países industrializados con unadistribución similar a la que rige en la AIF. La nueva estructura es más independiente delBanco Mundial, el PNUD ha visto ampliado su papel y los países en desarrollo tienen máspeso en su Consejo de Gobierno. Este órgano cuenta con 32 miembros, que representan apaíses y a grupos de países. En febrero de 1997 se iniciaron las negociaciones para la IIreposición del FMAM. Entre el 1 y el 3 de marzo de 1998, con motivo de la AsambleaGeneral de este organismo, celebrada en Nueva Delhi, se acordó una nueva reposición defondos por un total de 2.750 millones de dólares —un incremento del 36% respecto alFMAM-I— de los que 1.990 son nuevas aportaciones a cargo de 23 países donantes.
Fuente: FMAM
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Recuadro 8
Fondo Fiduciario PPME. Financiación de fuentes bilaterales
(a febrero de 2000)
a) Contribuciones directas ya abonadas (en metálico o mediante documentos de pago)
Millones de dólaresPaís Contribución directa Reasignación FSI (a) Australia 0,0 5,3 (b)Bélgica 0,0 3,2Canadá 5,0 22,0Dinamarca 23,0 3,3España 15,0 --Finlandia 14,0 --Francia 0,0 20,7(c)Grecia 1,0 --Irlanda 16,0 --Japón 10,0 --Luxemburgo 0,5 0,1Noruega 37,0 4,4Países Bajos 108,0 22,8Portugal 15,0 --Reino Unido 25,0 11,1Suecia 29,0 --Suiza 28,0 -- Total 326,5 88,0
(a) Fondo de Subvenciones al pago de Intereses (Interest Subsidy Fund).(b) Australia retiene su saldo positivo en el FSI, sin transferirlo al Fondo Fiduciario PPME, pero ha autorizado al
BIRF a utilizarlo si es necesario en el marco de la Iniciativa PPME.(c) Pendiente.
b) Compromisos identificados (pledges): aproximadamente 1.700 millones de dólares
- Australia ha anunciado una contribución de 6,5 millones para costes de alivio de la deudaPPME del Grupo Banco Mundial.
- Bélgica ha indicado que aportará 8 millones para alivio de deuda con el Banco Africano deDesarrollo (BAfD).
- La Unión Europea aportará 734 millones de euros al Fondo Fiduciario PPME, de los que680 millones están reservados para países ACP, y 54 millones para otros países.
- Alemania ha comprometido 150 millones de marcos (unos 80 millones de dólares)- Italia se ha comprometido a aportar 70 millones de dólares.- El Reino Unido ha anunciado una contribución de 50 millones de dólares al fondo
fiduciario PPME para alivio de deudas con el BAfD (de los que alrededor de 15 ya hansido abonados), y 150 millones en el marco de la Iniciativa PPME reforzada.
- El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su propuesta de presupuesto enviada alCongreso una contribución de 600 millones de dólares para el periodo 2000-2002.
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En las reuniones anuales de 1999 otros países indicaron de manera informal su intención decontribuir al Fondo Fiduciario PPME, pero su confirmación está aún pendiente.
Fuente: Banco Mundial
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4. Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa española en
las relaciones con el Banco Mundial
4.1 La definición de los instrumentos en el marco de la política comercial
Como se ha señalado, un propósito básico de la política española hacia el Grupo Banco
Mundial es la mejora de la tasa de retorno o, para ser más precisos, de la “tasa de
aprovechamiento comercial” del capital desembolsado y de las contribuciones realizadas a las
distintas entidades que integran ese Grupo.1
La justificación básica de esta política, según sus responsables en el Ministerio de Economía,
es la “desventaja competitiva” que experimentan las empresa españolas a causa de los altos
costes laborales, de transporte, energía y otros insumos. El acceso a la financiación
internacional es una variable “significativa” en los costes y un condicionante de las
competitividad internacional. El acceso a la financiación internacional, según el punto de vista
oficial, situaría a las empresas españolas “en igualdad de oportunidades” frente a los
competidores de otros países Subdirección general de Instituciones Financieras Multilaterales
1997a: 10-12. Ver también Fundación de Cooperación al Desarrollo 1995: 336-347).
Sin embargo, el marco normativo internacional definido por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es cada vez más restrictivo. Esto es
particularmente cierto tras la aprobación de las reglas del llamado “paquete de Helsinki” por
parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de esta organización. Estas reglas restringen
el uso de los créditos concesionales “ligados” como el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) a
países de renta baja y a sectores en los que no se puede recurrir a la financiación privada,
como la salud y la educación. Ello obliga a los responsables de la política comercial a revisar
los instrumentos clásicos, como el FAD, y definir un nuevo marco de apoyo oficial a las
empresas (Subdirección general de Instituciones Financieras Multilaterales 1997a: 12).
1 El concepto “retorno” es equívoco porque los recursos recibidos por estos organismos proceden del erariopúblico, mientras que los pagos realizados en concepto de suministro de bienes y servicios y por obras realizadasse dirigen a empresas privadas. El concepto de “tasa de aprovechamiento comercial”, que expresa la relaciónentre desembolsos de la Administración y contratos obtenidos por las empresas, es más ajustado a la realidad.Ver Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 1997b: 2. Ahora bien, como señalan losresponsables de las relaciones con los organismos financieros multilaterales, el auge de la inversión extranjeradirecta, el aumento de las operaciones de cofinanciación y la participación de bancos y otras institucionesfinancieras españolas en los préstamos sindicados del Grupo Banco Mundial hace de la tasa de aprovechamientocomercial un indicador inadecuado para reflejar la participación española en las operaciones de esta Institución.
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En este contexto, el incremento de las aportaciones a proyectos de bancos multilaterales de
desarrollo se presenta como una opción atractiva, siempre y cuando ello también se traduzca
en un aumento de la tasa de aprovechamiento comercial de esas contribuciones a través de
una mayor participación española en los contratos de suministro de equipo, en la prestación
de servicios y en la contratación de obras por parte de estos organismos. Las reglas de
contratación internacional del Banco Mundial y de otros bancos regionales de desarrollo no
permiten la utilización de ayuda “ligada” salvo en ciertos supuestos, por lo que esa política de
apoyo oficial deberá combinar tanto instrumentos de apoyo directo como los créditos FAD,
allí donde sea posible su uso, como instrumentos indirectos.
Constatando esta situación, las Jornadas sobre exportación de enero de 1997 plantearon como
posibles vías de acción al respecto las siguientes: un mayor uso del FAD para operaciones de
cofinanciación; el aumento de la dotación de los fondos fiduciarios (Trust Funds) para
consultoría; el reforzamiento de las acciones de información hacia las empresas; y una
política de personal para situar un mayor número de funcionarios españoles en estas
instituciones (Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores: 14). El “Plan
2000 para la Exportación”, ya citado, recogía estas propuestas e incluyó, además, el
afianzamiento de la línea Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV), creada en 1995 (Secretaría
Estado de Comercio...1997: 97, 111-114).
4.2 La cofinanciación de proyectos
La cofinanciación es una actividad de importancia creciente tanto para el Banco Mundial
como para los Gobiernos y los operadores económicos privados de los países industrializados.
En el caso del Banco Mundial, el espectacular aumento de la inversión privada y el mayor
acceso de los países en desarrollo a los mercados internacionales de capital ha llevado a un
profundo replanteamiento del papel de esta Institución en la financiación del desarrollo, en
especial en los llamados “mercados emergentes”. La función tradicional del Banco —facilitar
capital de inversión vía créditos— se reduce, y en su lugar el Banco está intentando asumir un
papel renovado como catalizador y garante de la inversión privada. El uso creciente de
garantías de inversión y de préstamos sindicados y el mayor protagonismo de la Corporación
Financiera Internacional (CFI), la filial del Grupo Banco Mundial para el sector privado, son
parte de la respuesta del Banco a este nuevo entorno económico.1
1 Para una discusión más amplia de estos cambios, ver Richardson y Haralz 1995.
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Las actividades de cofinanciación de proyectos con el Banco Mundial admiten dos posibles
modalidades: la “financiación conjunta” y la “financiación paralela”. En la financiación
conjunta no se admiten fondos “ligados”, ya que la adquisición de bienes y servicios y la
contratación de obras debe ser objeto de una licitación abierta a cualquier empresa. En la
financiación paralela, sin embargo, puede utilizarse ayuda “ligada” a la compra de bienes y
servicios del donante, lo que es perfectamente compatible con el propósito y las reglas de
funcionamiento de créditos de apoyo a la exportación como los FAD. Por razones obvias, esta
última modalidad de financiación es la más atractiva para los países donantes —son muy
pocos los países que han realizado operaciones de financiación conjunta—, la que ha
experimentado un crecimiento más rápido en los últimos años (Banco Mundial 1996: 2), y la
que se intenta promover activamente desde la Subdirección General de Instituciones
Financieras Multilaterales.
El hecho de que las operaciones de cofinanciación tengan que ser sufragadas con cargo al
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que impide una financiación totalmente desligada,
plantea dificultades de distinta índole de cara a este tipo de operaciones. La financiación
conjunta es una modalidad que aún no se ha puesto en práctica, y en cualquier caso exigiría
ser “muy selectivos” y limitarse sólo a las operaciones en países y en sectores en las que las
empresas españolas tengan una buena posición de partida. Para ello se pretende implicar a
consultoras españolas en los estudios previos de viabilidad de los proyectos a cofinanciar. El
Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV), descrito en el siguiente apartado, que financia a
fondo perdido este tipo de acciones, se configura así como un instrumento complementario de
las operaciones de cofinanciación. Respecto a la financiación paralela, el reto es insertar esas
operaciones en el marco de la política general hacia el Banco Mundial, y no limitarse a
operaciones aisladas.
Superar estas limitaciones exigiría, sin embargo, avanzar hacia un “nuevo FAD” más flexible,
desligado, más concesional, guiado por criterios de desarrollo y no sólo por criterios
comerciales, y plenamente integrado en la política de cooperación.1 Así lo considera también
el informe sobre la cooperación española del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que
además señala la conveniencia de abrir un debate público sobre esta cuestión (Comité de
Ayuda al Desarrollo 1998; 7, 9-10, 18). Esta visión, sin embargo, no es compartida ni por la
1 Ver al respecto las propuestas para un nuevo reglamento del FAD coherente con la Ley de Cooperación deIntermón (1999).
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Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, ni por los sectores
empresariales, agrupados en el Club de Empresas Exportadoras Españolas, que incluye
compañías como Dragados-FCC, Alcatel, BBV Trade, Unión Fenosa o Indra. Con motivo de
la tramitación parlamentaria de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(LCID) en el año 1998, y ante la posibilidad de que el FAD estuviera subordinado a los
objetivos de desarrollo de dicha Ley, impulsaron una activa campaña de presión para evitar
que el FAD perdiera su carácter tradicional de instrumento de apoyo a la política de
internacionalización empresarial.1
El primer Acuerdo de Cofinanciación con el Banco Mundial se firmó en 1987 y obtuvo la
aprobación del Consejo de Ministros el 15 de abril de 1988, y ya contempló, como un
instrumento de apoyo, un fondo de consultoría para actividades de preinversión —estudios de
viabilidad, asistencia técnica ex-ante— gestionado por el ICEX. Este fondo fue creado en
septiembre de 1987 y contó con una dotación inicial de 250.000 dólares, que a lo largo de
1988 se consumieron casi totalmente. A partir de 1989, sin embargo, se hizo un uso
esporádico de este instrumento (Deleito 1989: 37, Melchior 1995: 320), y en 1997 la
responsabilidad de su gestión pasó a la Dirección General de Política Comercial.
En la actualidad, los criterios y procedimientos de actuación para las operaciones de
cofinanciación con el Banco Mundial son los definidos por el Acuerdo Marco España-Banco
Mundial del 6 marzo de 1997 (ver recuadro 9). Según el Acuerdo, en el caso de la
financiación conjunta (Bank-administered cofinancing), el Ministerio de hacienda remitirá al
Banco una relación de países y sectores prioritarios dos meses antes de la Consulta anual
España-Banco Mundial; el Banco contestará remitiendo una relación de proyectos en esos
sectores y países con posibilidades de cofinanciación. España, a su vez, informará acerca de
sus disponibilidades financieras y seleccionará los proyectos de interés. En caso de acuerdo se
adoptará un convenio específico para cada proyecto. Los fondos serán aportados en concepto
de donación, y como se indicó, no pueden ser ayuda “ligada”, ya que ello no es compatible
con la normativa de contratación y adquisición (procurement) vigente en el Banco. En
consecuencia, las empresas españolas interesadas en obtener contratos deberán acudir a los
concursos públicos abiertos para cada proyecto.
1 Sobre la tramitación de la Ley, ver Estrella 1998: 59. El que fuera Director General de Política Comercial hastael 1 de julio de 1999 se pronunció en defensa del FAD en su diseño tradicional y criticó las “insuficiencias” querespecto a este instrumento tiene la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo en la forma en la que fuefinalmente aprobada. Ver Álvaro Rengifo Abbad (1999: 82, 94-101). Respecto a la posición empresarial, ver
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Si se trata de una operación de “financiación paralela” (Spanish-administered cofinancing) ,
el los fondos se entregarán directamente al receptor, y los contratos de suministro y/o de
construcción ser realizarán conforme a los procedimientos acordados a nivel bilateral entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y el receptor, lo que, como se indicó, permite la
utilización de “ayuda ligada”. El Acuerdo establece algunas cautelas al respecto: esos
procedimientos deberán ser compatibles con los fines del proyecto, la entrega se realizará
conforme a las estipulaciones de la licitación, deberán tener un “precio competitivo”, y el
grado de concesionalidad deberá ser el estipulado por la OCDE para este tipo de instrumentos
(al menos un 35% si se trata de un crédito FAD).
4.3 Los fondos de consultoría y la línea Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV)
En 1987, como se indicó, se estableció un Fondo de Consultoría con el Banco Mundial
gestionado por el ICEX. Según la Dirección General de Política Comercial, la gestión de este
fondo por parte del ICEX no fue satisfactoria, ya que no se situaba en el marco, más general,
de la política hacia esta Institución.
Recuadro 9
El Acuerdo Marco Ministerio de Economía y Hacienda-Banco Mundial
de marzo de 1997. Cuadro-resumen
Este Acuerdo, que sustituye al acuerdo de cofinanciación del año 1987, institucionaliza lasrelaciones entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las dos principales filiales del GrupoBanco Mundial, el BIRF y la AIF. El Acuerdo, que desde instancias oficiales se considera“novedoso”, establece procedimientos de actuación en materia de cofinanciación eincorporación de personal español a estas Instituciones, una agenda anual de trabajo y unmecanismo de seguimiento conjunto. En la actualidad el Banco ha firmado acuerdos de estetipo con 21 países donantes. El Acuerdo tiene carácter “marco” y deberá desarrollarse a travésde actividades concretas, previo acuerdo de las partes. Los componentes más importantes delAcuerdo son los siguientes:
- La gestión del Fondo Fiduciario de Consultoría Español, financiado con cargo a lalínea FEV.
“Las grandes exportadoras, en pie de guerra para recuperar el FAD. Economía intentará cambiar la Ley en elSenado”, Cinco Días, 13 de mayo de 1998.
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- Los procedimientos a seguir en las operaciones de cofinanciación, tanto en lafinanciación conjunta (“cofinanciación administrada por el Banco”), como en lafinanciación paralela (“financiación administrada por España”).
- Un procedimiento de secondment o financiación conjunta de la incorporación depersonal español a la plantilla del Banco, en niveles técnicos, por el que cada año seprevé la incorporación de 3 a 5 personas. España financiará entre el 30% y el 50% desu salario durante dos o tres años, con vistas a su incorporación definitiva a laInstitución.
- Un mecanismo de seguimiento y evaluación que incluye la realización informessemestrales y de una reunión de consulta anual España-Banco Mundial, ademásde otras reuniones cuando las partes lo consideren necesario, para debatir laaplicación del Acuerdo, decidir la organización conjunta de conferencias yseminarios dirigidos a operadores privados para dar a conocer las actividades delBanco y sus procedimientos de licitación, e identificar proyectos concretos para lacofinanciación.
En los dos primeros años de aplicación del Acuerdo, los resultados han sido desiguales.Durante 1997 y 1998 apenas se pudo avanzar en materia de cofinanciación debido a lasituación de inestabilidad e incertidumbre causada por la profunda reforma administrativaimpulsada por el Presidente Wolfensohn. Los fondos de consultoría, sin embargo, han sidoevaluados positivamente y han financiado numerosas actividades de consultores individualesy de empresas españolas.
Fuente: texto oficial del Acuerdo, Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
En diciembre de 1995 la Administración decidió ampliar la panoplia de instrumentos de
apoyo a la exportación con la creación de la línea de Financiación de Estudios de Viabilidad
(FEV), dotada con 5.000 millones de pesetas con cargo al FAD, a los que en diciembre de
1996 se le sumaron otros 5.000 millones. En el “Plan 2000 para la Exportación” de junio de
1997 se incluyó, entre las metas a corto plazo, el afianzamiento de esta línea como un
mecanismo que favorezca la adjudicación de proyectos a empresas españolas, es decir,
aumentar la exportación de bienes y servicios españoles (Secretaría de Estado de
Comercio...1997: 97). La presentación pública de la línea FEV se produjo el 2 de abril de
1998.
La línea FEV tiene tres modalidades: pública, privada y multilateral. A través de esta última,
se dota de recursos a los fondos de consultoría que España mantiene con algunas instituciones
financieras multilaterales, incluyendo el Banco Mundial, y/o para crear nuevos fondos en
otras instituciones. Estos fondos permiten al Banco Mundial contratar a empresas y
consultores españoles para realizar estudios de viabilidad y otras actividades de asistencia
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técnica en la fase de preinversión. De esta forma se pretende aumentar la participación de
consultoras españolas en los proyectos del Banco y, al tiempo, fomentar la participación de
otras empresas españolas, que se benefician de la información y la experiencia de esas
consultoras (Secretaría de Estado de Comercio...1997: 98, Dirección General de Política
Comercial e Inversiones Exteriores: 1998: 48). Ahora bien, para evitar un evidente conflicto
de intereses, las normas del Banco no permiten que el adjudicatario de un estudio de
viabilidad sea contratado posteriormente para la ejecución del mismo, por lo que ese vínculo,
de existir, debe ser indirecto.
En 1998 la dotación del Fondo de Consultoría con el Banco Mundial se amplió a 4 millones
de dólares. Esta cifra era superior al compromiso adquirido con el Banco con motivo de la
firma del Acuerdo Marco de 1997, que se elevaba a 3 millones. Según el Acuerdo entre el
Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Hacienda, estos fondos son 100%
concesionales y es el Banco el encargado de su administración. El 75% de los recursos se
destinará a contratar servicios de consultoría de empresas o expertos españoles. El 25%
restante podrá ser utilizado para contratar consultores de los países prestatarios o de países no
prestatarios con fondos de consultoría que, de forma recíproca, también admitan la
contratación de españoles. El Ministerio de Economía facilitará “listas” de consultores
españoles, y es el Banco el que selecciona. Ahora bien, si el contrato supera los 100.000
dólares, entonces es necesaria la aprobación previa del Ministerio de Economía y Hacienda.
En junio de 1997 año el Fondo ya se había utilizado plenamente, y se procedió a su
reposición. A lo largo de ese año se realizaron un total de 44 operaciones. Hasta 1999 este
fondo ha contado con un total de 8 millones de dólares, y la Dirección General de Política
Comercial se plantea como objetivo anual una dotación de cinco millones. En octubre de
1998 se reforzó la financiación para actividades de consultoría aportando un millón de dólares
para la identificación de proyectos de reconstrucción en Centroamérica. En esa misma fecha
se creó el fondo de consultoría con la Corporación Financiera Internacional (CFI), y se otorgó
un millón adicional para la creación de un fondo de apoyo a las actividades de estudios y
formación del Instituto del Banco Mundial. En total, los recursos destinados a fondos de
consultoría con el Banco Mundial se elevan a 12 millones de dólares.
Estos fondos se inscriben en el apoyo que España pretende dar a la Red Global de Educación
y Conocimiento del Banco Mundial (de cuyo Consejo Interino España es miembro), para que
las bases de información del Banco Mundial sean vertidas al castellano y estén disponibles en
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interne. Para ello se establecerá un Centro de Educación a Distancia, cuyo desarrollo será
asumido conjuntamente por el Instituto del Banco Mundial y la Universidad Nacional d
Educación a Distancia (UNED).
En relación a los objetivos propuestos —una mayor penetración de las empresas españolas en
el mercado de la contratación multilateral—la actuación de la línea FEV en estos dos años ha
sido valorada positivamente, y se considera que los resultados logrados en el Banco Mundial
están por delante a lo alcanzado en el BERD o el BAsD. Ahora bien, como ha señalado
Alonso (1999a: 412), a pesar de su alto grado de concesionalidad, “...considerar al FEV como
un instrumento de cooperación al desarrollo es, cuando menos, discutible. Sus actuaciones
son primordialmente comerciales y su objetivo explícito no es colaborar a los fines de la
cooperación al desarrollo, sino promocionar y respaldar la actividad de la empresa privada
española”. Como señala este mismo autor, esto no quiere decir que los fondos de consultoría
no puedan tener objetivos directos de desarrollo, si se sitúan en otro marco de políticas y
asumen plenamente esas metas. Los fondos especiales para la identificación de proyectos de
reconstrucción creados en 1998 con el Banco Mundial y con el BID marcan un posible
camino a seguir en este sentido (Alonso 1999a: 413).
4.4 La política de personal
El apoyo a la incorporación de personas español en las instituciones financieras multilaterales
también se concibe como instrumento de fomento de las exportaciones. Según afirma la
Subdirección General de Organismos Financieros Multilaterales, “el hecho de que haya
personas de nacionalidad española entre los profesionales que trabajan en los organismos
económicos internacionales en la mayor cuantía posible y con el mayor nivel posible
redundará a medio plazo en la apertura de nuevas posibilidades para el crecimiento y la
diversificación la exportación de bienes y servicios, apoyando así la internacionalización de la
economía española” (Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 1997c:
63).
Como se ha indicado, esta política se ha concretado en el sistema de cofinanciación de
personal (secondment) incluido en el Acuerdo España-Banco Mundial. En paralelo, la
Administración se plantea apoyar las candidaturas españolas a puestos de dirección en la
estructura del Banco. En este contexto es oportuno recordar que en la actualidad el español
Manuel Conthe es el Vicepresidente para Asuntos Financieros del BIRF.
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5. Conclusiones y propuestas: las relaciones con el Banco Mundial y la futura
política española de cooperación al desarrollo
1. La política española hacia el Banco Mundial deberá estar plenamente integrada en
la política de cooperación internacional al desarrollo y responder a los objetivos y
principios comunes de esa política, tal y como se han definido en la LCID, y en
especial a la lucha contra la pobreza.
Para ello, la participación española en los órganos de gobierno y las contribuciones
financieras realizadas deberán, tal y como plantea la Propuesta del Plan Director, subordinarse
a las tres “orientaciones básicas” de carácter transversal que orientan todas las acciones de la
cooperación: la lucha contra la pobreza, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
y la sostenibilidad ambiental, así como a las seis “prioridades sectoriales”: la cobertura de
necesidades sociales básicas; la inversión en el ser humano; el desarrollo de las
infraestructuras y la promoción del tejido económico; el fortalecimiento de la sociedad civil,
el desarrollo de las instituciones y el buen gobierno; la defensa del medio ambiente, y la
prevención de conflictos y el apoyo a los procesos de paz.
Esto supone dejar las consideraciones político-diplomáticas y comerciales en el lugar
secundario que le destina la LCID, y como señala expresamente la Propuesta de Plan
Director, dar más énfasis social a la cooperación con el Banco Mundial, de modo que ésta se
oriente, como quiere la LCID, de forma más central y decidida a luchar contra la pobreza y a
cubrir las necesidades básicas de la población más necesitada.
La Propuesta del Plan Director reclama un “Plan de Acción” detallado para los organismos
multilaterales y en particular para el Banco Mundial. Una condición previa para su
elaboración es la aprobación del Plan Director tan pronto se constituya el nuevo Gobierno y
su presentación al Parlamento, tal y como exige la LCID, acabando con la injustificable
situación de bloqueo en el que se encuentra este documento desde mediados de 1999. Una
vez debatido y aprobado, el Plan de Acción para los organismos multilaterales y el Banco
Mundial requerirá los siguientes pasos:
- En primer lugar, reconocer el papel estratégico del Grupo Banco Mundial en el
sistema internacional de cooperación y ayuda al desarrollo. Esto supone destinar
mayores recursos humanos y financieros al seguimiento de sus acciones, a la
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interacción con sus instituciones afiliadas, y a la participación activa, con propuestas
propias, en los debates y en el proceso de toma de decisiones dentro de sus órganos
de Gobierno.
- En segundo lugar, valorar detalladamente de qué forma se corresponden las
orientaciones y prioridades —tanto sectoriales como geográficas— del Grupo Banco
Mundial y las propias de la política española de cooperación, y definir metas y
estrategias de actuación a desplegar tanto en sus órganos de gobierno como a través
del uso selectivo de los instrumentos financieros a disposición de la política de
cooperación.
2. La política española hacia el Banco Mundial deberá responder a un modelo de
dirección y gestión más unificado, integrado y coordinado, conforme a lo
establecido por la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo
Asegurar que la búsqueda de retornos políticos y económicos descienda a la categoría de
“preocupación razonable” exige que el Ministerio de Economía y Hacienda asuma
plenamente los principios y objetivos de la política española de cooperación para el desarrollo
en sus políticas e instrumentos. Es importante insistir en esta cuestión, ya que demanda
importantes cambios administrativos e incluso de cultura organizativa en ese Ministerio, hasta
ahora centrado en objetivos comerciales y con una relación muy estrecha con los intereses
empresariales, y bastante refractario a ampliar su visión y criterios de actuación. Supone,
además, que exista, como se dice expresamente en la Propuesta del Plan Director, “la máxima
coordinación en el diseño y gestión (...) de la política con los Organismos Internacionales,
entre los Ministerios de Economía y Hacienda y el de Asuntos Exteriores: una coordinación
que debiera ir en paralelo con la que los propios Organismos —Banco Mundial y PNUD, por
ejemplo—están ya asumiendo a nivel internacional”. La experiencia reciente sugiere que
estos cambios no van a ser fáciles, pero es importante reiterar que sin ellos, será muy difícil
que se materialice una política coherente y eficaz hacia el Banco Mundial.
3. España debería participar activamente en el proceso de formulación de las políticas
de desarrollo y de las estrategias operacionales del Banco Mundial. A fin de que
estas respondan, en la medida de lo posible, a los objetivos y principios de la LCID.
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La participación activa en la formulación de políticas es particularmente importante de cara a
este organismo debido a su notable influencia en los países en desarrollo y a las importantes
reformas iniciadas por el actual Presidente, James D. Wolfensohn. Esta participación es
particularmente necesaria debido a que el Grupo Banco Mundial mantiene posiciones de corte
neoliberal que contradicen su reciente compromiso con la lucha contra la pobreza. A menudo
el Banco Mundial lleva a cabo políticas distintas y en ocasiones contrarias a las que
promueven la cooperación bilateral española y otros donantes bilaterales y multilaterales más
afines a ésta, de forma que la acción de los donantes, en vez de generar sinergias, termina
anulándose a sí misma.
En esta búsqueda de mayor influencia, España no debiera limitarse a la cooperación al
desarrollo. El escenario de la globalización, y en particular el crecimiento explosivo de los
flujos de capital y las recientes crisis financieras han puesto de manifiesto la necesidad de una
“nueva arquitectura financiera internacional”— y de forma más amplia la necesidad de
instituciones y regímenes que proporcionen mayores capacidades de gobernación mundial y
se enfrenten al riesgo de crisis sistémica y a las dinámicas de exclusión inducidas por la
globalización, promoviendo un orden internacional más estable, justo y equitativo. El proceso
de globalización y el debate sobre la evolución futura del sistema internacional parece
demandar un nuevo papel para la AOD en su conjunto y para las instituciones multilaterales,
en el que España no debiera dejar de estar presente. En ese debate las propuestas españolas no
debieran reflejar únicamente sus intereses políticos y comerciales de corto plazo; también se
deberían contar con una visión de largo plazo sobre el futuro del sistema internacional en las
que tengan un papel importante los objetivos de su política de cooperación al desarrollo.
4. Para respaldar más eficazmente sus posiciones, España debería promover
“coaliciones de Estados afines” en el seno del Directorio Ejecutivo, en especial con
los Estados miembros de la Unión Europea.
A pesar de que su influencia es creciente, España cuenta con escasa representación en los
órganos de Gobierno del Grupo Banco Mundial y no parece realista esperar que ésta aumente
significativamente a base de nuevos aumentos selectivos de su participación. La
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conformación de “coaliciones de Estados afines” parece la única estrategia plausible para que
esa participación activa produzca resultados tangibles.
La Unión Europea se presenta como una posibilidad inmediata para la formación de esas
coaliciones. Ello exigiría una actuación concertada o cuanto menos coordinada “a quince”.
Ello permitiría establecer un “contrapeso” adecuado frente a Estados Unidos y orientar al
Banco Mundial hacia unas concepciones del desarrollo en las que la dimensión social —si se
prefiere, hacia el “desarrollo equilibrado” y la “cohesión”, por utilizar los términos del
Tratado de La Unión Europea— esté más presente, ya que la orientación neoliberal del Banco
Mundial no es ajena a la fuerte influencia de Estados Unidos en esta institución. Es necesario
ser realista respecto a la posibilidad de que pueda surgir una actuación “a quince” ante los
organismos de Bretton Woods, ya que los Estados más importantes en la Unión Europea
(Alemania, Francia, el Reino Unido) cuentan con su propia “silla” en el Directorio Ejecutivo
y son, a su vez, miembros del G-7, que actúa como “directorio” informal del FMI y el Banco
Mundial. Esta importante dimensión de la acción exterior de la Unión, empero, podría ser
explorada con mayor empeño en este momento, dado que el fortalecimiento de la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) y, sobre todo, el establecimiento de una moneda
única puede propiciar una actuación más coordinada de los Estados miembros en y frente a
las instituciones de Bretton Woods.
5. La búsqueda de una mayor influencia en el Banco también deberá estar orientada a
asegurar una mayor coherencia entre las políticas bilaterales de cooperación y la
actuación del Banco Mundial en el nivel de país, en especial en aquellos países
prioritarios para la cooperación española.
La concertación de posiciones es particularmente importante en el nivel local. Como
indicamos, es en este nivel en el que a menudo se plantean los conflictos y las contradicciones
entre la política bilateral española y la política de las organizaciones de Bretton Woods, FMI
y Banco Mundial.. A través de “coaliciones de donantes” es posible ejercer una influencia
considerable en las políticas de esos organismos, de forma que contribuyan a alcanzar los
objetivos que se hayan planteado a nivel bilateral. Como sugiere la experiencia reciente, los
“Grupos Consultivos” impulsados por el Banco Mundial ofrecen amplias posibilidades al
respecto, pero hay otros ámbitos de acción que debieran ser explorados, y en particular el
proceso de elaboración de las estrategias de Asistencia Nacionales (Country Assistance
- 72 -
Strategies, CAS) y las recientes “Marcos Globales de Desarrollo” (Comprehensive
Development Frameworks) del Banco Mundial, los Marcos de Asistencia para el Desarrollo
(Development Assistance Frameworks) del PNUD y de las agencias, programas y fondos de
las Naciones Unidas, y los nuevos “Documentos de Estrategia para la Reducción de la
Pobreza” (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP) previstos por la Iniciativa PPME
reforzada como marco de planificación participativo de las políticas nacionales en esta
materia.
6. España deberá impulsar reformas conducentes al “buen gobierno” en el seno del
Grupo Banco Mundial, de forma que este supere sus notorias deficiencias
administrativas y de gestión
Distintos informes y análisis independientes han identificado los graves problemas
organizativas y de gestión del Banco Mundial, en especial su fuerte centralismo y
burocratización, la falta de coordinación con otras agencias de cooperación, sus elevados
costes operativos y los serios problemas que existen en la gestión del ciclo de proyecto.
Algunos de estos problemas están siendo abordados en el marco del denominado “Pacto
estratégico” propuesto por el actual Presidente, James D. Wolfenhson, que pretende promover
la descentralización, mejorar la eficiencia, reducir la burocracia y acercar el Banco a los
afectados y a las ONGD. Estas reformas deben ser contempladas como un paso positivo, pero
no se debería olvidar que no alteran los fundamentos políticos e institucionales del Banco
Mundial, y en particular su sistema de ponderación de voto, basado en la riqueza de cada país,
que consagra y refuerza la desigualdad internacional, y el predominio de los países ricos en
los asuntos de la financiación del desarrollo. Como ha señalado repetidamente el Grupo de los
24, que agrupas a los países en desarrollo más importantes, las reformas reales se encuentran
en ámbitos como la democratización del Banco Mundial y los mecanismos de movilización
de recursos, que siguen siendo funcionales a los intereses de los mercados internacionales de
capitales.
7. España deberá fortalecer su capacidad de análisis, propuesta y diálogo de políticas
frente al Banco Mundial, y formular sus propuestas a partir de cauces de diálogo
regulares con el Parlamento y con la participación activa de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo (ONGD).
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Junto con el diálogo permanente sobre políticas y la modulación de las contribuciones, es
necesario incrementar la capacidad de debate y propuesta a través de un permanente
seguimiento, estudio y análisis de las políticas de estas instituciones. Ello exige, a su vez, el
fortalecimiento de los departamentos competentes de la Administración y una mayor
interacción de estos con centros de investigación, universidades y ONGD, promoviendo un
mecanismo regular de consulta, participación y diálogo de políticas con estas entidades.
8. La participación y el diálogo de políticas con las ONGD, las organizaciones
sociales y el Parlamento en relación al Banco Mundial requiere un suministro
regular y transparente de información sobre las políticas de esta Institución y la
actuación española en sus órganos de gobierno.
Los incipientes mecanismos de comunicación entre la Administración y las ONGD deberían
dar paso a un uevo marco de relación basado en una información fluida y transparente sobre
la agenda del Banco Mundial y en particular de sus órganos de gobierno. En este marco es
particularmente importante el involucramiento del Parlamento, a través de la Comisión de
Cooperación al Desarrollo, y una mayor información sobre la actuación de los representantes
españoles ante el Banco Mundial.
9. En el marco de su política de cooperación, España deberá impulsar la segunda fase
de la Iniciativa HIPC/PPME, tanto en plano financiero como en el ámbito de las
políticas de lucha contra la pobreza en las que se enmarca esta Iniciativa, y
asegurar su coherencia con otras políticas bilaterales
En los dos últimos años la Secretaría de Estado de Comercio, como órgano competente en
materia de deuda externa, ha guiado la participación española en la Iniciativa para los Países
Pobres Muy Endeudados (HIPC o PPME). En esa participación también pueden rastrearse
intereses económicos concretos —mejorar la solvencia de algunos países en desarrollo, de
forma que vuelvan a ser “bancables”; esto es, sujeto de nuevos créditos— y se ha dado
prioridad a países en los que España tiene intereses económicos y políticos, como Bolivia y
Mozambique. La Secretaría de Estado de Comercio ha planteado, sin embargo, que la
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participación española en la Iniciativa PPME debe ser vista como parte de un esfuerzo de
cooperación y solidaridad con los países más pobres.
En este sentido, la participación española en la II Fase de la Iniciativa PPME/HIPC debe ser
vista como un componente importante de la política de cooperación y, más allá de ella, de la
contribución española a las metas de desarrollo social y erradicación de la pobreza acordadas
en la “Cumbre Social” de Copenhague de 1995 y en el marco del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE.
Los recursos liberados por la reducción de deuda, por último, deberían generar fondos de
inversión social destinados a necesidades sociales básicas, y contar con mecanismos de
“condicionalidad positiva” que refuercen el compromiso político de luchar contra la pobreza
de los gobiernos de los países beneficiarios de la Iniciativa, en vez de liberarles de sus
responsabilidades en el ámbito social, y aseguren la participación social. En este marco es
importante apoyar y supervisar el proceso de elaboración de los nuevos “Documentos de
Estrategia para la Reducción de la Pobreza” (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP)
previstos por la Iniciativa PPME reforzada, de forma que este sea participativo y transparente.
Estos criterios de acción, que ya han sido asumidos formalmente por el Ministerio de
Economía y Hacienda, deberían presidir la política española en este ámbito, en particular en
lo que se refiere a la colaboración con el Banco Mundial, y dar paso a un plan de acción de
medio plazo, adecuadamente financiado, y plenamente integrado en la política general de
cooperación al desarrollo.
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Apéndice estadístico
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Cuadro 1
Directorio Ejecutivo del Banco Mundial y poder de voto
Países o grupos de países (“sillas”)
% voto
BIRF
% voto
AIF
1 Estados Unidos 16,53% 14,99%
2 Japón 7,93% 10,75%
3 Alemania 4,53% 7,04%
4 Francia 4,34% 4,27%
5 Reino Unido 4,34% 5%
6 Austria, Bélgica y 8 países europeos 4,78% 4,28%
7 Holanda, Israel y 10 países europeos 4,50% 3,61%
8 España, México, Venezuela y países centroamericanos 4,27% 2,10%
9 Canadá, Irlanda y pequeños Estados caribeños 3,88% 4,11%
10 Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas y 5 países del Caribe 3,62% 2,84%
11 Australia, Corea del Sur y 11 Estados asiáticos 3,48% 2,94%
12 Namibia, Nigeria, Sudáfrica y 9 Estados africanos 3,44% 4,00%
13 Italia, Grecia, Portugal y 2 Estados europeos 3,43% 3,93%
14 India, Sri Lanka, Bangladesh y Bután 3,43% 4,27%
15 Argelia, Irán, Irak, Pakistán, Ghana, Marruecos y Túnez 3,37% 2,04%
16 Finlandia, Suecia y países nórdicos 3,17% 4,86%
17 Polonia, Suiza y 5 países de Asia Central 2,87% 3,47%
18 República Popular China 2,81% 1,89%
19 Arabia Saudí 2,81% 3,55%
20 Federación Rusa 2,81% 0,27%
21 Egipto, Jordania, Kuwait y 9 países árabes 2,74% 2,25%
22 Indonesia, Malasia y 9 países del Sudeste asiático 2,56% 2,67%
23 Argentina, Bolivia, Chile y 3 países sudamericanos 2,34% 1,89%
24 R.D. Congo y 23 países africanos 2,01% 2,99%
Fuente: Banco Mundial
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Cuadro 2
Evolución de la participación española en el Grupo Banco Mundial
a) Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
Ejercicio
Capital autorizado
total
millones de dólares
Participación
española
millones de dólares *
%
1959 10.000,00 100,00 ---1960 21.000,00 200,00 0,911965 22.000,00 266,70 1,211971 24.000,00 337,10 1,401977 27.000,00 455,10 1,681980 70.500,00 906,10 1,281982 71.650,00 913,50 1,271985 78.650,00 1.029,40 1,311988 94.879,40 1.603,63 1,691990 171.362,00 2.857,40 1,671994 170,003,00 2.857,00 1,681997 182.426,00 2.857,40 1,541999 188.220,00 2.857,40 1,52
(*) Incluye capital desembolsado y reclamable; el desembolsado en 1999 el 5% del capital suscrito
b) Asociación Internacional de Fomento
Reposiciones PeriodoRecursos aportados(millones dólares)
Contribuciónespañola
(millones dólares)%
Contrib. inicial 1960 807,76 1,01 0,13I reposición 1965-68 744,70 --- --II reposición 1969-71 1.259,42 --- --III reposición 1972-74 2.409,07 2,50 0,10IV reposición 1975-77 4.516,18 18,33 0,29V reposición 1978-80 7.692,82 21,00 0,27VI reposición 1981-83 14.010,85 59,75 0,43VII reposición 1984-86 10.931,76 54,79 0,50VIII reposición 1987-89 12.436,08 62,10 0,50IX reposición 1990-93 14.709,84 107,11 0,75X reposición 1993-96 18.874,00 149,50 0,79XI reposición 1997-99 14.400,00 144,00 1,00
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XII reposición 1999-2002 11.539,56 160,40 1,39
c) Corporación Financiera Internacional (CFI)
Ejercicio
Capital en acciones
millones de dólares
Participación
española
millones de dólares
%
1959 100,00 1,11 1,111978 640,00 8,58 1,321986 1.300,00 15,71 1,211991 1.300,00 23,50 1,811994 1.658,00 20,93 1,261997 2.228,85 37,03 1,661999 2.349,77 37,02 1,58
Fuente: Grupo del Banco Mundial
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Cuadro 3
Participación del Grupo Banco Mundial
en la Ayuda Oficial al Desarrollo española
AOD total(millones de dólares, a precios y tipos de
cambio constantes de 1995)% del total neto AOD Promedio de miembros del CAD (%)
90-91 1994 1995 1996 1997 1998 90-91 1994 1995 1996 1997 1998 90-91 1994 1995 1996 1997 1998
Bilateral 721 962 816 869 765 838 62,7 65,5 60,5 70,9 61,9 60,9 72,4 69,8 68,9 70,5 66,9 67,6
Multilateral,De la cual:
429 507 532 356 469 538 37,3 34,5 39,5 29,1 38,1 39,0 27,6 30,2 31,1 29,5 33,0 32,3
-Agencias ONU 32 59 53 68 36 39 2,8 4,0 4,0 5,5 2,9 2,8 7,4 7,3 7,2 7,9 8,1
- Banco Mundialde la cual:
59 23 125 3 41 57 5,1 1,5 9,3 0,2 3,3 4,1 8,7 8,4 9,5 7,8
BIRF 17 19 3 0 0 6 1,5 1,3 0,2 0,0 0,0 0,4
AIF 42 4 122 3 41 51 3,7 0,3 9,0 0,2 3,3 3,7 7,9 7,8 9,2 7,2 8,0
Total 1.151 1.468 1.348 1.225 1.234 1.376 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Nota: las visibles fluctuaciones en la aportación española al Banco Mundial se deben al irregular calendario de pagos de las contribuciones a la AIF y las ampliaciones decapital del BIRF.
Fuente: CAD/OCDE
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Cuadro 4
Contribuciones al Grupo Banco Mundial. Decisiones FAD (1995-1998)
Año Institución OperaciónImporte
(millones pta)AprobadoCIFAD
AprobadoC. Ministros
1995 FMAM Fase Piloto 464,57 6-10-95 10-11-95FMAM Reestructurado 545,02 6-10-95 10-11-95AIF Cuenta especial 14,50 6-10-95 10-11-95AIF 9ª Reposición 375,00 6-10-95 10-11-95AIF 10ª Reposición 2.940,70 6-10-95 10-11-95
1996 AIF 7ª Reposición 265,35 20-11-96 20-12-96AIF 8ª Reposición 1.155,00 20-11-96 20-12-96AIF 9ª Reposición 2.000,00 20-11-96 20-12-96AIF 10ª Reposición 2.505,94 20-11-96 20-12-96FMAM Fase piloto 470,87 16-12-96 27-12-96FMAM Reestructurado 545,02 16-12-96 27-12-96
1997 B. Mundial Fondo Fiduciario (HIPC) 2.259,00 17-12-97 26-12-97AIF 8ª Reposición 1.202,09 17-12-97 26-12-97AIF 9ª Reposición 1.800,00 17-12-97 26-12-97AIF 10ª Reposición 2.262,78 17-12-97 26-12-97FMAM Reestructurado 545,02 17-12-97 26-12-97
1998 AIF Fondo Fiduciario Provisional 1.760,00 31-03-98 30-04-98AIF 11ª Reposición 530,00 31-03-98 30-04-98AIF 9ª Reposición 1.400,00 01-12-98 18-12-98AIF 10ª Reposición 2.010,06 01-12-98 18-12-98AIF 11ª Reposición 1.040,00 01-12-98 18-12-98AIF Fondo Fiduciario 1.080,00 01-12-98 18-12-98
Fuente: Subdirección General de Fomento Financiero a la Exportación, Secretaría de Estado de Comercio,Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa
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Cuadro 5
Participación en la contratación del BIRF
y tasa de aprovechamiento comercial
Pagos acumulados(junio 1999)
Tasaaprovecha.
PaísesCapital
desembolsado % del totalMillones
de dólares % del total Pagos (%)comercial
(acumulada)Estados Unidos 1.998,4 16,98 22.779 19,25 12,44 1.139Japón 944,0 8,14 15.161 12,81 10,98 1.606Alemania 542,9 4,64 13.427 11,34 11,98 2.473Reino Unido 539,5 4,45 8.834 7,46 8,12 1.637Francia 520,4 4,45 8.474 7,16 9,05 1.628Italia 334,8 2,87 7.214 6,09 6,36 2.154Suiza 197,2 1,71 4.625 3,90 2,38 2.345Canadá 334,9 2,87 2.760 2,33 2,76 824Países Bajos 264,8 2,28 2.238 1,89 1,48 845Brasil 245,5 2,13 1.961 1,65 0,53 798Austria 80,7 0,71 1.818 1,53 3,58 2.252Corea del Sur 114,5 1,01 1.778 1,50 1,11 1.552Suecia 110,2 0,96 1.705 1,44 0,52 1.547Bélgica 215,8 1,86 1.599 1,35 0,12 740China 335 2,87 1.571 1,32 1,48 468España 175,6 1,52 1.452 1,22 1,61 826
Subtotal 6.954,20 59,45 97.396 82,24 74,50
Países OCDE (1) 99.083 83,70 68,14Resto 19.234 16,25 22,36Total 11.395 118.317 100 100
(1) Incluye países en transición que han ingresado a la OCDE. No incluye México
Fuente: Banco Mundial
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Cuadro 6
Participación en la contratación de la AIF
y tasa de aprovechamiento comercial
Pagos acumulados(junio 1999)
Tasaaprovecha.
PaísesCapital
desembolsado % del totalMillones
de dólares % del total Pagos (%)comercial
(acumulada)Reino Unido 7.056,9 7,33 5.890 12,86% 7,73 80Francia 6.633,5 4,26 4.904 10,70% 7,94 71Estados Unidos 23.431,5 23,72 4.533 9,89% 11,45 19Japón 20.722,7 21,52 4.373 9,54% 6,18 20Alemania 11.006,9 11,43 3.759 8,20% 7,69 32Italia 3.957,9 4,11 2.052 4,48% 7,13 49China 40,10 0,04 1.420 3,10% 8,73 3.541Países Bajos 3.577,10 2,56 1.312 2,86% 2,66 36Suiza 1.118,30 1,16 1.221 2,66% 1,21 109Bélgica 1.585,90 1,64 1.075 2,35% 0,79 67Sudáfrica 85,4 0,08 1.061 2,31% 2,33 230India 55,00 0,05 1.011 2,21% 5,73 1.838Corea del Sur 202,80 0,21 991 2,16% 3,98 488Canadá 4.222,90 4,38 850 1,85% 2,15 20Australia 1.626,70 1,68 720 1,57% 1,75 44Suecia 2.473,10 2,56 490 1,07% 0,58 19Nigeria 4,30 0,00 408 0,89% ---- 9.488Tailandia 4,10 0,00 392 0,85% 0,69 9.560Portugal 33,40 0,03 368 0,80% 1,37 1.101Dinamarca 1.283,10 1,33 358 0,78% 0,60 27Brasil 192,00 0,19 347 0,76% 0,33 180España 461,30 0,47 329 0,72% 1,13 71
Subtotal 81.409,15 32.611 82,61% 80,40
Países OCDE (1) 34.416 75,10% 67,25Resto de países 11.401 24,88% 32,75Total 96.261,70 45.817 100% 100
(1) Incluye países en transición que han ingresado a la OCDE. No incluye México
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Siglas y acrónimos empleados
ACP África, Caribe, Pacífio
AIF Asociación Internacional de Fomento (Grupo Banco Mundial)
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
BAsD Banco Asiático de Desarrollo
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Grupo Banco
Mundial)
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo
CESCE Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación
CFI Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial)
CIFAD Comisión Interministerial del Fondo de Ayuda al Desarrollo
COFIDES Compañía Española de Financiación del Desarrollo
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FEV Fondo de Estudios de Viabilidad
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEF Global Environment Facility, ver FMAM
HIPC Highly Indebted Poor Countries, ver PPME
ICEX Instituto de Comercio Exterior
ICO Instituto de Crédito Oficial
LCID Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMGI Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Grupo Banco
Mundial)
POLCOIN Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores
(Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Ministerio de Economía y Hacienda)
PPME Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper, Documento de Estrategia para la
Reducción de la Pobreza
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Referencias bibliográficas y documentales
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