Revista de Pedagogía FIDE / Marzo · Abril 201330

Actualidad educativa

Cada cierto tiempo la prensa nos informa que un profesor o profesora ha sido agredido(a) por un alumno o un apoderado. Desgraciadamente la golpiza a profesores es una situación que se viene

repitiendo con una frecuencia que nos debiera preocupar muy seriamente. Pero al parecer, esto ya constituye una verdadera cultura de la impunidad, y se ha integrado como un hecho que ya no llama mayormente la atención en la convivencia escolar.

Las consecuencias -en algunos casos verdaderamente incomprensibles- a las que se enfrenta el agresor son, en general, solo “una conversación con el muchacho”

Carlos Veas GamboaProfesor, veas98@gmail.com

por parte de las autoridades respectivas, siendo que el ataque físico a un profesor o profesora perpetrado por alumnos o sus padres es un acto que reviste la mayor gravedad y que, por lo mismo, no puede quedar impune. Estas agresiones, paradojalmente presentes en las instituciones educacionales, cuya misión es precisamente el ennoblecimiento de las personas, constituyen un atentado deplorable contra la dignidad tanto de los agredidos como de los agresores.

La violencia y las agresiones a profesores no son hechos aislados -como lo señalan las autoridades- que se producen de un día para otro. Todo lo contrario: son de

Violencia en los colegios

y agresiones a profesores

Maltrato a profesoresSegún informe de la Superintendencia de Educación, “en los últimos seis meses hubo 48 denuncias

de maltrato de apoderados a profesores y otros 29 hechos de violencia de alumnos contra docentes. Patricio Bell, del Colegio de Profesores, señala que las agresiones reales son el triple o el cuádruple que las denunciadas”. Diario La Tercera / Segunda Edición 16-03-2013, p.24.

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alta frecuencia según se puede constatar en los medios de comunicación. En realidad, representan la culminación de un proceso de minimización de la autoridad docente, que ha venido sistemáticamente perdiendo atribuciones y poder, para transferírselo mediante iniciativas legales a los alumnos o sus apoderados.

Destrucción de la escuela

Un ataque a un profesor genera una conmoción que afecta indudablemente a toda la escuela, la cual pierde credibilidad como institución, porque no ha cumplido con una condición elemental de funcionamiento —válida para toda organización y en especial para aquellas cuyos objetivos son promover valores, actitudes, la primacía del diálogo, la trascendencia de la razón, el desarrollo espiritual y la promoción humana—, como es el respeto irrestricto a los miembros que la integran y el reconocimiento como tales a quienes la dirigen.

Sin un reconocimiento de la escuela y sus profesores como autoridades incuestionablemente respetadas, por parte de alumnos y apoderados, jamás una institución escolar logrará imponer sus emprendimientos para mejorar la calidad de la educación. Aunque se haya optimizado la infraestructura, acrecentado la biblioteca y el número de computadores -con acceso gratis a Internet-, dispuesto de un currículo reformado, alcanzado mayores disponibilidades de recursos, con capacidad de dar almuerzo a todos los alumnos y una jornada escolar completa; aunque se haya establecido una carrera docente y creado una Superintendencia y una Agencia de la Calidad; aunque se someta a los profesores a duras evaluaciones o se aumente al doble la subvención escolar -todos factores sin duda muy positivos y muy necesarios-, de poco servirán si finalmente la escuela no es valorada ni respetada por los alumnos y si los profesores están desacreditados ante los jóvenes, ante sus padres y ante toda la comunidad, hasta el punto de que se les pueda agredir sin que hayan, según la legalidad vigente, mayores consecuencias.

Esta pérdida de autoridad y de carácter de la escuela la desmerece como institución creíble de entregar educación. Deja de ser el lugar para la reconstrucción del conocimiento, la socialización, la reflexión intelectual, la internalización de valores y el encuentro dialógico, y pasa a ser el espacio donde es posible atropellar violentamente a una o a todas sus autoridades, un territorio donde los alumnos lleguen a creer que los conflictos —que despliegan en todas las instituciones humanas—, pueden resolverse por medio de la violencia si las soluciones no concuerdan con sus deseos.

Hechos tan violentos como estos no son acontecimientos que se disuelven en la comunidad escolar, que se olvidan pronto y que luego esta recupera su curso normal. Más bien pareciera que algo se fractura en la convivencia y que la valoración de la escuela por parte de los alumnos deja de

ser la misma. No porque un incidente de esta naturaleza “se converse” con el o los responsables, la situación volverá a ser como antes y sin más ni más los efectos de la agresión se disipen en la memoria de los alumnos y docentes. Por el contrario, algo cambia radicalmente en la percepción de los alumnos, lo cual deriva en una alteración en la cultura escolar. El hecho estará vivo y latente en lo que quede de aquella comunidad educativa, si es posible llamarla así después de que un hecho semejante haya afectado a uno de sus integrantes.

Deterioro del proceso educativoToda agresión a un docente es un atentado contra el

proceso educativo mismo que se intenta llevar adelante, porque la víctima —y de alguna manera el resto de los profesores también— queda plenamente desvalorizada y disminuida ante todos aquellos sobre los cuales debe ejercer autoridad, y sin autoridad no hay acto educativo. La imagen del profesor ante sus alumnos tiene un peso demasiado importante y decisivo en su formación. Destruirla es destruir la imagen de todos los profesores y la posibilidad misma de educación de todos los jóvenes de esa escuela. Ningún profesor desacreditado podrá promover valores, motivar a sus alumnos, generar diálogos, gobernar la sala de clases, asignarle importancia a los saberes que enseña, participar en la construcción de sujetos, porque él ha dejado de tener valor y respeto ante sus alumnos.

La víctima se ve afectada fuertemente en su autoestima, y un profesor arrinconado de esta forma, difícilmente podrá cumplir con la inmensa cantidad de funciones y roles que se le asignan día a día: experto en sexualidad, en drogas, en alcoholismo, en tránsito, en contenidos, en la solución de conflictos afectivos y emocionales, emprendedor, formador, orientador, mediador de aprendizajes, ejemplo y promotor de virtudes, etc.

Después de una agresión, los alumnos tendrán la sensación de que pueden atreverse a desafiar a la autoridad con mayor éxito, de que será posible y más fácil romper las reglas institucionales e imponer las propias. Las autoridades serán más vulnerables y, consecuentemente, se podrán transgredir las normas de convivencia sin que por ello se generen sanciones. El temor de alguna manera se generaliza ahora en todos los profesores. La legítima autoridad ya no se podrá ejercer en toda su necesaria extensión. Tendrán lugar ahora algunos hechos inaceptables para un proceso educativo, pero que dadas las condiciones de temor, se negociarán. Habrá ojos que no verán ciertos hechos cuestionables y reprobables sancionados por el reglamento de convivencia. La indiferencia será ahora un seguro para los profesores contra algún posible ataque. El compromiso de los maestros con la escuela y la convivencia se habrá resentido un poco o roto definitivamente.

Las ineludibles y pedagógicas exigencias, controles

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Actualidad educativa y sanciones en algunos casos, que los profesores deben y tienen que ejercer sobre todos los alumnos —ya sea para que estudien, para que aprendan, para regular la convivencia, para obligarlos a renunciar a ciertos comportamientos indebidos, para que hagan los esfuerzos necesarios que demandan los aprendizajes, para que superen la pereza natural que embarga a todo ser humano en algún momento, el desánimo o la desmotivación, incluso contra la voluntad de los propios alumnos-, estarán cuestionadas o serán inoperantes. El ejercicio de la autoridad que busca formar, poner orden, prohibir ciertos actos o promover otros para organizar la clase y conducir el proceso de aprendizaje y el bien común, no estará plenamente vigente, por lo que el proceso educativo tampoco lo estará, pues dicho proceso depende de la instauración de autorregulaciones recíprocas.

Una escuela que vive semejante experiencia tendrá un camino mucho más cuesta arriba que antes para enfrentar el proceso educativo y la formación de los jóvenes, que de suyo hoy día es ya una tarea difícil de llevar adelante. La escuela y la comunidad educativa en su totalidad han perdido. Todos los esfuerzos hechos ahora no aseguran los rendimientos esperados, dada la pérdida en la convivencia institucional.

Son demasiadas las consecuencias negativas que acarrea para la comunidad escolar el ataque físico a un profesor, hecho incalificable que por lo mismo no puede quedar impune ante los ojos de quienes deben aprender que tales acciones deben ser severamente sancionadas y para que se verifique la convivencia normal, e incluso excepcional, de cualquier institución.

Relaciones jerárquicas educativas Cada vez toma más fuerza la idea del empoderamiento

de alumnos y apoderados, y cada vez con más capacidades resolutivas. La iniciativa original del proyecto de ley que creaba los Consejos Escolares así lo planteaba. Pero este empoderamiento ha ido evolucionando en un sentido equivocado, por lo que es preciso clarificar con precisión el para qué de este empoderamiento y cuáles serán las posibles consecuencias para la cultura escolar. No cabe otra respuesta que para dar vida al proyecto educativo de la escuela. No procede entonces un empoderamiento contra o en pugna con la escuela, tal como lo planteaba la desaparecida Oficina 600 MINEDUC, que en su sitio web incitaba a los alumnos a denunciar a los profesores y las escuelas bajo el supuesto de los derechos de los alumnos, con consignas que llamaban a sobrepasar y desconocer a la autoridad.

Sin duda que la idea del Ministerio de la época era cautelar ciertos derechos de los alumnos —cuestión que no está en discusión—, pero se hacía destruyendo la autoridad de la escuela y el proceso educativo. Los distintos miembros de la comunidad educativa tienen pleno derecho a participar de este proceso y en sus implicancias curriculares, organizativas,

de gestión educacional, solo en la perspectiva del proyecto educativo. Por lo que no pueden tener la misma autoridad y poder que quienes dirigen la escuela. Menos aún, si la escuela es una institución total, como señalan los sociólogos. Por lo que la relación de poder profesor–alumno no puede ser simétrica. Tiene que haber necesariamente una relación jerárquica, que aunque tiende a la simetría nunca la logra, porque hay responsabilidades diferentes entre sus actores. El profesor debe tener autonomía como profesional —lo que está fuera de toda duda— y esto significa tener poder para organizar, conducir y desarrollar el proceso educativo y tomar decisiones para impedir todo aquello que se opone o lo niega. El rendimiento escolar dependerá en gran medida de ello. Además, las autoridades de la institución educativa son las responsables morales y legales más importantes de la marcha de la escuela y de la educación que entregan. La ley actuará contra ellos en el caso de que no lo cumplan.

Las agresiones son más que las denunciadas

Son muchos los profesores y profesoras que han sido agredidos por alumnos y apoderados en estos años. La lista oficial de casos denunciados ya es preocupante y crece día a día, por lo que dichos actos de agresión no se pueden considerar como hechos aislados. Y más aún si sabemos que los casos que se han logrado denunciar oficialmente o filmar no son todos lo que suceden en la realidad, pues por lo general, estas agresiones no son denunciadas por los profesores, que en muchos casos prefieren dejarlas pasar para no experimentar la doble humillación que ello implicaría. Según informe de la Superintendencia "en los últimos seis mese hubo 48 denuncias de maltrato de apoderados a profesores y otros 29 hechos de violencia de alumnos a docentes. Patricio Bell del Colegios de profesores señala que las agresiones reales son el triple o el cuádruple que las denunciadas".

La violencia en las escuelas ha tomado diversas formas. La agresión psicológica y verbal están presentes en la gran mayoría de los establecimientos y la mayor parte de alumnos y profesores confirman este diagnóstico. Los insultos y ofensas a los profesores ya son casi una forma normal de trato por parte de los estudiantes o apoderados, y esto no constituye una falta para quienes elaboran las leyes o políticas educativas; más bien las ignoran, le bajan el perfil y, lo que es más grave, califican de represión cualquier acción contra los agresores. Una práctica muy recurrente usada por los alumnos es amenazar de traer a sus apoderados cuando no están de acuerdo con alguna exigencia, con medidas tomadas por conductas reñidas con la disciplina o porque consideran injustas las evaluaciones.

Leyes complacientesLa normativa educacional vigente —redactada por

quienes no tienen experiencia docente ni conocen las

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escuelas en profundidad—, ha restado poder y autoridad a los directivos y profesores, y la ha desplazado hacia los otros actores educacionales, de modo de ejercer presión sobre los docentes con el objetivo del mejoramiento. En muchas escuelas hay un ambiente de impunidad, producto de una legislación garantista que facilita las agresiones a un profesorado debilitado, sin mayor defensa legal. Además, este ambiente se ve favorecido en muchos casos, por un sistema de evaluación del profesorado con participación de los alumnos, cuestión que aumenta más aún el poder de los dicentes y debilita el de los enseñantes. No son casos aislados los alumnos que intentan negociar estas evaluaciones a cambio de buenas notas o la usan como arma de extorsión para no ser sancionados por faltas que han cometido, porque saben que cuentan con el apoyo de sus padres.

Las leyes tienen una visión garantista para unos miembros de la comunidad escolar y no para todos. Quienes las elaboran, no tienen contacto directo permanente con las escuelas y sus problemas, pero sí una mirada demagógico-populista sobre la educación, con muchos derechos para los alumnos y con vaguedades o artículos interpretativos cuestionables de la ley para profesores y directivos. La jurisprudencia orientada a mejorar la calidad de la educación hace imposible su logro, y está impidiendo la convivencia pacífica y formativa en las escuelas. En este contexto los esfuerzos de mejoramiento resultan infructuosos. Quienes permiten este estado de cosas en nombre del derecho a la educación, están atentando seriamente contra este mismo derecho, porque están destruyendo la educación al destruir la autoridad del profesor.

Violación del derecho a la educación Este derecho se viola no solo cuando se excluye a un

niño de una escuela, sino cuando la escuela no entrega una educación de calidad. Y en este caso se está violando el derecho a la educación de todos esos alumnos, aunque no se haya excluido a nadie. Así es como este derecho lo violan no solo los directores o sostenedores cuando

excluyen a alguien, sino también todos quienes han contribuido al deterioro de las instituciones educativas, especialmente quienes han diseñado una normativa legal garantista que lo permite.

La indiscutible protección al derecho que deben tener todos los jóvenes para recibir educación de calidad, ha concluido en una legislación que termina amparando a quienes agreden a los profesores porque están protegidos por el derecho a la educación. Esta normativa no considera situaciones extremas y graves que suceden en los espacios educativos, que incluso, en muchas ocasiones, atentan contra la integridad psicológica y física de alumnos y profesores. Situaciones como estas son una violación al derecho a la educación de todos los jóvenes, víctimas y agresores. Estos casos, que no son pocos, son invisibilizados por los defensores a ultranza del derecho a la educación y no quieren referirse a ellos.

En una institución educativa, hechos de violencia física, verbal o psicológica cometidos contra cualquier miembro de esa comunidad, no pueden tener cabida, ni son excusables bajo ningún pretexto, argumento u otro principio. Es entendible, y puede ser natural, que jóvenes adolescentes realicen actos con el propósito de sobrepasar límites, porque son propios de quienes aún exploran el mundo de las relaciones sociales y que aspiran a desafiar las normas establecidas. Pero es necesario entender que existen límites también. Impedir que se tomen medidas drásticas frente a atropellos es ser cómplices de un ilícito. Si hay una legislación que prohíbe tomar estas medidas, entonces los legisladores también son cómplices. Hasta el momento, no hay mayor reflexión sobre esta grave situación que está creciendo, que afecta a los colegios y a la educación chilena. Más bien hay un profundo, largo e indebido silencio. Se echan bajo la alfombra estos casos y se deja que la escuela, agobiada, desprotegida y sin capacidad de reacción, asuma toda la responsabilidad por ellos. La pedagogía también tiene un límite en su aplicación y eficacia, y no está calificada para solucionar problemas que son más bien policiales que educacionales. Hay situaciones que son un verdadero atentado contra la dignidad humana, e incluso contra la vida de los maestros, actos intrínsecamente antieducativos y que no es posible abordarlos de manera drástica y para los cuales las estrategias pedagógicas no son efectivas.

Violencia y rendimientoLa violencia es un flagelo que no solo deteriora la calidad

de vida de las escuelas, sino que afecta decididamente el rendimiento escolar. Podemos afirmar que uno de los tantos aspectos que redundan en la falta de calidad de nuestra educación, está relacionado con la calidad de vida que tienen nuestros estudiantes en sus escuelas. De nada servirán en estos casos las pizarras electrónicas, los computadores, los data show, evaluaciones ultra sofisticadas o programas educativos en 3D. Un estudiante

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acosado por el miedo a las golpizas, a las burlas y a las descalificaciones, acumulará tanta angustia que esta terminará por desestabilizarlo de tal forma, que no tendrá la calma ni la tranquilidad suficiente para concentrarse en las tareas propias del aprendizaje. Un profesor que sabe que no es respetado y que puede ser humillado y ridiculizado por sus alumnos, que debe estar permanentemente a la defensiva, tampoco tendrá la tranquilidad para crear el clima apropiado y las confianzas necesarias para entregar una enseñanza de alta calidad o concentrarse en el aprendizaje de sus alumnos, porque en cualquier momento puede ser agredido o verse involucrado en hechos de agresión. La falta de calidad en la enseñanza y de los aprendizajes, está apoyada fuertemente en la sensación de inseguridad y temor que viven los profesores y los alumnos al interior de las escuelas. Los insultos o las agresiones verbales ya son situaciones cotidianas. La preocupación fundamental no es el mejoramiento de la calidad sino de la seguridad personal.

La estrategia de la proliferación de comités

El bullying es la manifestación en el ámbito escolar de la violencia que está presente en la sociedad y que ha llegado a la escuela por la consecuente pérdida de autoridad con que se ha penalizado a los directores y a los profesores. Lo que ya no resulta adecuado es pensar que se puede teleresolver este problema desde los organismos centrales, creando normativas de sanción para las escuelas que, sin respaldo alguno, no son capaces ellas mismas de enfrentar estas situaciones. Este es el efecto del reduccionismo legal con que se aborda el problema del bullying, que lo sitúa solo en la escuela y no como un problema social que toda la sociedad debe enfrentar y resolver. La escuelas ya están agobiadas de tanto control, de tanto reglamento, en cuyo cumplimiento y vigilancia deben gastar la mayor parte de su tiempo y de sus energías para no ser sancionadas, mientras que por otro lado la propia ley empodera a los alumnos, de tal manera que el bullying ahora se está revirtiendo hacia los profesores y los directores.

Al mismo tiempo, la normativa sugiere una estrategia de resolución de los conflictos, que consiste en crear un Comité de Sana Convivencia Escolar que se haga cargo de este flagelo. Este comité debe estar formado por los integrantes de la comunidad escolar, y tiene una serie de atribuciones que significan una intromisión indebida en la gestión interna de los colegios. No se entiende mucho este nuevo comité si ya existe el Consejo Escolar, al cual se le dieron funciones que perfectamente coinciden con las de estas nuevas instancias. Esto constituye un debilitamiento de la autoridad y de la gestión de la dirección escolar y un empoderamiento de estos otros organismos, que no tienen el compromiso y la responsabilidad que tiene la dirección del establecimiento, para que luego esa misma dirección tenga que asumir decisiones tomadas por este

comité, las que incluso pueden ser de carácter económico. La proliferación de consejos o comités para la solución de los conflictos derivados de los múltiples problemas que trae aparejada la vida escolar, constituye una estrategia poco recomendable. Especialmente cuando tienen que participar los mismos actores en cada uno de ellos.

Esta normativa legal para combatir el bullying es otra iniciativa más que apunta a restar poder a las autoridades legítimas, cuestión que significa su atomización, y la presunción de que los problemas propios de la educación lo deben resolver quienes no son las autoridades reconocidas. Al mismo tiempo, es un desconocimiento del reglamento interno de los colegios y del contrato de prestación de servicios, y con ello, un debilitamiento de los acuerdos y compromisos que una comunidad educativa se dio a sí misma para cumplir con el proyecto educativo. Lo que altera el rol formativo de la escuela.

Recuperar la autoridad en las escuelasLa situación que viven muchas escuelas y sus

profesores es muy difícil. Es más bien una pesadilla. Hay una perplejidad ante los hechos que enfrentan, y la única respuesta hasta ahora, ha sido la paralogización. Tienen obstáculos de todo tipo: ideológicos, legales y personales que les impiden actuar. Entre los docentes se ha producido una resignación y una aceptación de que estos son hechos normales en la vida de la escuela, porque la legislación lo permite y los legisladores también. Incluso, todo esto se ha revertido en contra de la escuela y los profesores, quienes ahora resultan ser los culpables de que estos actos ocurran porque “no se la pueden con los cabros”, aunque el alumno esté armado.

Cualquier falta, responsabilidad o culpabilidad que tengan los profesores o la escuela en hechos contrarios al proceso educativo o a la legalidad vigente, no pueden dar lugar al deterioro de la autoridad de los profesores. Sin duda que los profesores o la escuela no pueden caer en faltas, arbitrariedades o abusos contra el resto de los miembros de la comunidad educativa. Hay que tomar las medidas correspondientes y cautelar que estos hechos no ocurran o llevarlos al Consejo Escolar, que resultaría una buena instancia de resolución de problemas. Pero no se puede concluir en la desautorización de los maestros, promover pérdida de autonomía o elaboración de normativas tendiente a dejar más vulnerable a los educadores ante los alumnos.

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En este contexto y en estas condiciones, este vacío de autoridad en que están virtualmente las escuelas, ha sido ocupado por la violencia de alumnos y apoderados. El deterioro de la convivencia escolar ha sido inminente e imparable. En muchos casos ha alcanzado situaciones límites tan insoportables para las víctimas, que estas han llegando hasta el suicidio, o han arrastrado a otros al apuñalamiento por la espalda de profesoras al momento de hacer clases, mientras los culpables están protegidos por el derecho a la educación. En estos casos, el derecho a la educación ha entrado en dirección de colisión con el derecho a la vida.

La violencia escolar ha estado presente en nuestras escuelas desde siempre. Pero hoy día, producto de las situaciones señaladas anteriormente, está fuera de control. Los acontecimientos sucedidos al respecto sobrepasan a cualquier situación vivida en el pasado, y la convivencia se ha tornado amenazante en muchos casos, hasta convertirse en un peligro para la vida en ciertas ocasiones. Las agresiones entre alumnos se han extendido a los profesores e incluso llegado a los directores, y en un momento alcanzó hasta la propia ministra de educación.

Es urgente recuperar la autoridad en la escuela, para detener el deterioro de la convivencia, que está afectando gravemente la calidad de la educación para todos los alumnos. Una autoridad entendida como la posibilidad de la escuela de ser escuchada y apoyada en los problemas macrosociales que se le impone resolver.

Empoderamiento de la escuelaLa escuela debe hacerse cargo de las situaciones que

suceden al interior con el debido protagonismo de sus autoridades, y parece adecuado que así sea. Pero es necesario tener presente que no todos los problemas se pueden resolver pedagógicamente, que hay un límite para ello y que las autoridades deben tener recursos legales para sancionar conductas que escapan al ámbito del desempeño propio de un centro educativo. La escuela no está preparada para solucionar problemas de carácter delictuales, como agresiones físicas o psicológicas severas contra alumnos y profesores, además de no ser su función.

Dadas las situaciones que se están viviendo en los planteles educativos, sobrepasados en sus recursos y en su misión, hay que plantearse seria y responsablemente la facultad de la marginación de alumnos en las instituciones educativas en casos calificados, porque los establecimientos no tienen las facultades y competencias para resolver estos casos ni de convivir con ellos. De no hacerlo, causará un daño a los alumnos agresores, a las víctimas, así como al resto del alumnado, que aprenderán que estas faltas se pueden cometer sin que haya sanciones acordes al daño causado. Es una exigencia educativa tomar medidas al respecto. La educación en Chile está en riesgo.

Si bien es cierto que es necesario y urgente combatir y erradicar todas las formas del matonaje escolar, no es menos cierto que hay que hacerlo a través de los recursos e instrumentos

propios de los que dispone la escuela. Esto significa potenciar el reglamento interno y fortalecer el proyecto educativo y su identidad. El bullying y el ataque a profesores es menor y tiene menos impacto en los establecimientos con carácter que ejercen su autoridad. Es decir, en aquellas instituciones educativas con un proyecto educativo consensuado, reconocido y respetado por su comunidad, donde la dirección del centro puede tomar las decisiones que se fundamentan en su reglamento interno e inspirado por ese proyecto educativo. La legalidad debe apoyar esta medida y no desautorizarla.

La situación tocó fondoYa no es posible que las autoridades sigan dando la

espalda a estos hechos que están afectando decididamente la labor educativa. Es urgente que tomen las medidas legales y administrativas adecuadas para erradicar esta situación —aunque tenga algunos costos que no nos gustan—, y hacer de las escuelas lugares protegidos de la violencia en todas sus formas, de modo que la vida cotidiana sea un ejemplo de convivencia, donde sean solo los valores los que predominen y conduzcan la vida diaria, y no el amedrentamiento. De lo contrario, se está incubando la formación de un ciudadano agresor.

Hemos llegado a un punto de tensión grave —tal vez de confrontación— para el cumplimiento del derecho a la educación de un alumno y el cumplimiento de ese mismo derecho para los otros alumnos en una escuela afectada por la violencia contra profesores. Es necesaria una definición urgente de esta tensión, porque está perjudicando a los jóvenes, a las escuelas y a la educación chilena. Las escuelas deben estar facultadas para excluir a alumnos que atenten gravemente contra sus semejantes, especialmente si son autoridades. No se puede apelar a que una medida de exclusión no sea procedente porque hay que cautelar el derecho a la educación del inculpado, porque ese inculpado está atentando contra el derecho a la educación de todos los demás. Hay situaciones en que un derecho puede dejar de tener vigencia, como es el caso de la libertad ante una pena aflictiva Amerita un serio replanteamiento la posibilidad de que las escuelas puedan tomar esta medida sin dilaciones ni esperar el fin de año recurriendo a una martingala para marginar a un alumno de una escuela, de acuerdo con la evaluación que la comunidad educativa estime.

Es necesario establecer con mucha precisión que la no exclusión de alumnos de la escuela debe ser un principio que debe regir su labor. Ninguna escuela puede practicar la metodología de la expulsión para legitimar sus procesos, mejorar sus resultados o justificar sus fracasos, porque se estaría negando a sí misma. Tiene el deber ético y moral de hacerse cargo de todos sus alumnos y agotar todas sus posibilidades hasta donde sea posible, y debe reconocer su fracaso cuando no lo logra. Pero en ningún caso este principio debe ser una ley, porque la escuela no hace milagros. No existe ninguna institución que los haga.