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Universidad del CEMA Doctorado en Dirección de Empresas Documento de Investigación “La Democracia y su relación con el Constitucionalismo, la Ética y el Desarrollo. Escenario democrático Latinoamericano” Autor: Francisco Pertierra Cánepa Área del Paper: Ciencias Políticas 2004

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Universidad del CEMA

Doctorado en Dirección de Empresas

Documento de Investigación

“La Democracia y su relación con el

Constitucionalismo, la Ética y el Desarrollo.

Escenario democrático Latinoamericano”

Autor: Francisco Pertierra Cánepa

Área del Paper: Ciencias Políticas

2004

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INDICE

• AGRADECIMIENTOS Página 3

• INTRODUCCIÓN Página 4

• CONSTITUCIONALISMO vs. DEMOCRACIA Página 6

• DEMOCRACIA Página 14

• DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Página 15

• ETICA Y DEMOCRACIA Página 17

• DEMOCRACIA EN LATINOAMERICA Página 20

• CONCLUSIONES (DISCUSION) Página 25

• BIBLIOGRAFIA Página 31

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AGRADECIMIENTOS

- A mis padres, Carlos Alberto y Graciela María por su ejemplo de amor, valor, fe y

optimismo.

- A mi mujer Carolina Pavía por su apoyo incondicional y por la motivación que me

brinda para con mis actividades académicas.

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INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XX hemos asistido a una serie de hechos trascendentales que

han influído significativamente en la evolución de la humanidad.

Entre ellos podemos mencionar el dominio de grandes imperios como el británico y

el francés, las dos guerras mundiales, la irrupción del comunismo, las trágicas

apariciones de partidos radicalizados como el fascismo y el nazismo, el

desgobernado avance tecnológico, la caída del régimen soviético y la temible

irrupción en el escenario internacional de un tipo de terrorismo sin límites en su

aplicación de violencia y con características de fuerza globalizada.

Pareciera que el común denominador de estos sucesos pudiera estar relacionado

con la pérdida de los valores fundamentales en la sociedad y una falta de castigo

ante los avances de comportamientos alejados de las normas elementales de la

ética y la moral.

Pero hubo un acontecimiento que resurgió de y en la historia para instalarse

aparentemente en forma definitiva entre nosotros y fue la democracia.

Esta forma de convivencia que tuvo sus raíces en la antigua Grecia y luego fue

desplazada por formas de gobierno más autoritarias, produjo cambios en la forma de

vivir y relacionarse de las personas, y es considerada por la mayoría como el mejor

sistema de gobierno bajo el cual se puede vivir.

La democracia se aprecia por combatir el poder absoluto, el despotismo militar y el

de partidos totalitarios, sin olvidarse de poner límites al individualismo extremo que

podrían generar desinterés entre los miembros de la sociedad. Esto podría permitir

la desintegración social y el acceso al poder de los corruptores de los principios

democráticos, sean personas, grupos, administraciones y / o empresas.

A partir de la democracia se generan interrogantes relacionados con su evolución y

su aplicación, con los diferentes tipos de democracia, con la relación establecida con

las diferentes culturas y los procesos de interrupciones especialmente en América

Latina.

Además se plantea otro interrogante referido al porqué una Nación cuya legalidad

está dada por el consentimiento de la mayoría debiera regir su vida política en base

a un acuerdo establecido preexistente como la Constitución.

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Este y otros planteos supeditados a la discusión democrática se desarrollan en el

presente trabajo académico de investigación.

La metodología utilizada fue fundamentalmente el análisis de información secundaria

disponible, haciendo hincapié en autores como F. Carrillo, A. Touraine, G. O´Donnell

y A. Sen y en informes de CEPAL, BID y PNUD.

A partir del desarrollo de la noción de democracia y su relación con el

constitucionalismo y la ética, se fue incursionando en el estado de situación de la

democracia en los países de Latinoamérica, sus causas y la relación entre

democracia y desarrollo.

Existen palabras y conceptos considerados claves dentro del trabajo como los de:

libertad, ciudadano, constitución, tradición, derechos, valores, poder y estado.

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CONSTITUCIONALISMO versus DEMOCRACIA

La relación entre constitucionalismo y democracia ha originado un profundo debate

con posiciones que argumentan a favor o en contra. A continuación se desarrollarán

algunas de ellas.

El juez R. Jackson sostiene que las declaraciones de derechos preexistentes pero

que son respetadas por todos, pretenden dejar a salvo de mayorías ocasionales

ciertos temas que deberían se considerados como principios jurídicos. Refiere a

casos como el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión y culto, a

la libertad de circulación y reunión, entre otros y a su juicio estos derechos no

pueden someterse a votación.

F. Hayek refuerza esta defensa sosteniendo que ciertos derechos relacionados con

la naturaleza humana están por encima de todo consentimiento y que las

constituciones son recursos para limitar el poder del gobierno. Esto contribuye a

frenar los desvíos de los ciudadanos que en aras de beneficios y placeres

inmediatos, sacrificarían los principios perdurables y transmisibles entre

generaciones.

Para los demócratas la constitución es un problema y para los

constitucionalistas la democracia es una amenaza. Este contrapunto es uno de

los mitos centrales del pensamiento político moderno.

John Ely asegura que las constituciones refuerzan la democracia y que los

gobiernos democráticos necesitan periódicamente correcciones. Destaca que el

Tribunal como autoridad recibe facultades constitucionales y actúa como guardián

de la democracia y que hay determinados valores fundamentales que deben guiar la

política pública. Finaliza diciendo que lo importante es limitar el poder de los

funcionarios elegidos y que eso aumenta el poder de los votantes.

Un argumento contrario es sostenido por M. Shapiro quien dice que no tiene lógica

que seres ya desaparecidos que no mantuvieron contacto con las circunstancias

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actuales puedan esclavizar a la comunidad con normas preexistentes. Para él la

decisión colectiva debe ser la guía fundamental.

Los republicanos (demócratas) postulan que una generación no puede condicionar a

las futuras con una constitución fija.

En el caso de T. Jefferson en la declaración de la independencia americana asevera

que el pueblo tenía derecho a alterar o abolir cualquier forma de gobierno que sea

destructiva para la vida y la libertad, y que ninguna ley por más fundamental que sea

es irrevocable. La opinión de Locke era coincidente.

Jefferson apoyaba las constituciones porque limitaban el poder a quienes estaban

obligados a confiarles la conducción.

Pero al igual que Paine fue modificando su pensamiento y en varias oportunidades

criticó la idea de precompromiso constitucional. Decía que la tierra pertenecía a los

vivos. En un discurso del año 1789 expresaba de manera confusa que la mayoría

debía ser y no ser limitada, “la voluntad de la mayoría debe prevalecer siempre, pero

para ser legítima debe ser razonable”.

También sostenía que debía existir una convención constitucional elegida que

coloque los derechos básicos fuera del alcance de la discusión.

Sostenía la ley de la naturaleza para la independencia entre generaciones y entre

naciones y que las sociedades no pueden hacer constituciones ni leyes perpetuas.

Su propuesta radicaba en la necesidad de que cada 20 o 30 años hubiera plesbicitos

nacionales, periódicos y permanentes para determinar la forma de gobierno

Paine en 1776 defendía la vigencia constitucional pero en 1791 cambió de opinión y

sostuvo que cada generación debía ser libre para actuar por sí misma pues de lo

contrario se estaría violando la justicia natural. La democracia se había vuelto su

regla de vida y la tradición dejaba de tener valor y sostenía que la democracia era

una fuente de total creatividad, orientada hacia el cambio y la reforma constante.

Antes la soberanía era hereditaria y se basada en la nobleza. Pero la palabra

nobleza viene de nobililty que significa incapacidad. Por lo tanto lo que se hereda es

la incapacidad y no la competencia, lo que deshace el argumento de tradición.

Por esto mismo ponía en duda la institución del matrimonio al cual consideraba

incompatible con la necesidad humana de corregir errores.

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Paine defendía la idea que la generación actual tenía el derecho ilimitado de

remodelar las instituciones bajo las cuales vivir, lo que marca un fuerte desencuentro

entre constitucionalismo y democracia.

En 1760 A. Smith había dicho que la tierra y sus riquezas pertenecen a cada

generación y junto con Jefferson coincidían en que por naturaleza los sucesores

estaban libres de las deudas de sus predecesores.

Jefferson valoraba mucho la ciencia y decía que esta modificaba permanentemente

el conocimiento, por lo que estar atado a fundamentos del pasado, no tenía sentido.

Locke asentía diciendo que la capacidad humana de aprendizaje hacía ilegítimo

mantener contratos perpetuos.

Kant también coincidía diciendo que la evolución del conocimiento generaba el

progreso de la naturaleza humana, por eso cada generación tiene derecho a

rechazar los acuerdos anteriores a ella. Pero 65 años después de Kant, J. Stuar Mill

referido al matrimonio decía que la experiencia actual no permitía al individuo

adquirir suficientes conocimientos como para adquirir compromisos vitalicios e

irrevocables; que estos se oponen al aprender y cambiar.

Es decir que Mill, Locke y Kant coinciden en su orientación.

Paine y Jefferson a partir de las premisas de Locke arguyeron que una generación

no podría obligar a la siguiente, apoyando su argumento en la soberanía de la

mayoría.

R. Hooker decía las personas al igual que los reinos tienen una identidad moral a

través del tiempo. Los actuales viven en los predecesores y ellos en sus sucesores;

es decir hay votos originales que crean la obligación para el futuro.

Pero las constituciones son marcos que el pueblo se da a sí mismo por lo que se

entiende que pudiera modificarlo. Esta línea conceptual es lo que le da libertad al

pueblo.

Según Bodin el príncipe soberano (o la Asamblea) no puede ser obligado por las

leyes que se dio a sí mismo ya que las puede eliminar cuando quiere, por lo cual es

libre antes de existir las leyes. Hobbes nacionalizó el argumento y sostuvo que por

ende ningún reino puede estar obligado por su propia constitución. También

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Pudendorf afirmaba que el pueblo democrático puede derogar las leyes en cualquier

momento y Rousseau mostraba como una contradicción que la autoridad se ponga

trabas a sí misma y que no existía ley que no fuera revocable; aún el “contrato

social”.

El porqué una generación puede obligar a la siguiente se argumenta en la obligación

que genera la transmisión de derechos, es decir si alguien hereda una propiedad

también hereda las deudas ya que hay transferencia de propiedad con derechos y

obligaciones.

Pero Locke solucionó el tema de la no obligación de padres a hijos expresando el

concepto de consentimiento tácito, ya que sólo los firmantes lo habían hecho

expreso. Los que aceptan el legado y se benefician con los derechos también deben

aceptar las condiciones políticas.

Bodin decía que ningún soberano podía obligarse a sí mismo. Sostener que Dios no

puede hacerse una promesa obligatoria para sí mismo es incorrecto porque sería

limitar su poder o libertad. Pero estas restricciones no son límites sino expresiones

de libertad y poder real. El autoponerse límites es una señal de libertad y aumenta el

poder efectivo del soberano ya que acepta limitaciones a su propio capricho. Esto

implica que el compromiso previo, la constitución, podría ser un camino a la libertad

real.

Jefferson atacaba el precompromiso con dos argumentos: la prohibición de

comprometer a la generación siguiente y la que una voluntad se autolimite. Se le

refutó con el herencia de la propiedad y su legado.

En Inglaterra Burke describía a la sociedad como una asociación entre vivos,

muertos y los por nacer; y con esto apoyaba el criterio del precompromiso.

Madison decía que lo ya establecido permite alcanzar mejor los objetivos; la

constitución ayuda a posibilitar la democracia y a estabilizarla; no esclaviza sino que

libera, dirige a un agente libre e inteligente hacia su propio interés. Afirma que lejos

de ser una atadura, las limitaciones podían promover la libertad.

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También decía que el pueblo era la única fuente de legítimo poder y que se debía

expresar en ciertas y extraordinarias ocasiones pero que esto podía generar un

vacío legal donde no se tomaran decisiones racionales; es decir podía atentar contra

los compromisos constitucionales estabilizadores de la democracia. Opinaba que las

asambleas constituyentes propuestas por Jefferson cada veinte años generarían un

interregno de inestabilidad y demagogia. Defendía que el proceso de enmienda

fuera complejo y dilatado para evitar que la mezquindad y el estancamiento político

fueran motivo de fácil reforma. Esta complejidad genera tiempo y el tiempo permite

pensar y alejarse de la acción intempestiva.

Atacó a Jefferson con respecto a que las deudas no pueden pasar entre

generaciones diciendo que ciertos propósitos de interés nacional sólo pueden

lograrse con un criterio intertemporal de división del trabajo (obras de infraestructura,

guerras defensivas, etc.), pues los beneficios son para varias generaciones (alianza

intergeneracional).

Según él los derechos de propiedad no son naturales sino positivos, es decir

convencionales y revocables.

Para Madison existía un consentimiento tácito respecto a reglas y decisiones que

Jefferson rechazaba. Se infería de la omisión de la revocación expresa (se aceptaba

el marco legal).

Esto era el fundamento mismo de la sociedad civil ya que el criterio de mayoría que

defendía Jefferson, necesitaba de un consentimiento tácito sobre que la mayoría

decide por el total.

Hume reforzó la noción del consentimiento que las generaciones no se reponen

todas a la vez, sino que están superpuestas; por lo tanto los vivos no pueden

rechazar el legado anterior pues están coexistiendo.

Jefferson y Paine quienes eran contrarios al precompromiso, no comprendían la

ventaja del legado como liberación de cargos para los sucesores (enfoque positivo

de la Constitución), ya que por regla general los individuos tienden a perder poder y

libertad cada vez que intentan resolver sus problemas por sí solos (lo ata pero a la

vez lo libera de muchas cargas).

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Elster plantea diferencias entre la acción política de los fundadores de la constitución

y las generaciones ulteriores. La asamblea constituyente es el actor político clave ya

que asigna la autoridad y establece los procedimientos de la toma de decisiones

(politique politisante), mientras que los sucesores sólo hacen la aplicación cotidiana

de las reglas básicas (politique politisée).

La Constitución traza el curso de la historia y el abandono cultural y la crisis política

generan las reformas imprevistas. Los sucesores tienen espacio para la maniobra, la

innovación y la reforma.

La incapacidad de comprometer a los sucesores de manera semiautocrática puede

destruir la democracia. Es decir nadie puede impedir el derecho a sentar bases e

instituciones que ayuden a evitar la destrucción de las generaciones futuras. Esto

debe ser visto no sólo como una limitación sino como la posibilidad de tener mayor

elección y decisión correcta.

Los precompromisos madisonianos son democráticos y mayoritarios; una

generación autolimita su poder atándose a lo legado por las anteriores, pensando en

los derechos de sus sucesores.

El constitucionalismo no sólo son limitaciones al poder sino también un conjunto de

reglas creadoras que organizan y permiten evoluciones favorables a la libertad.

Estas reglas pueden ser regulativas que son las que gobiernan las actividades

preexistentes (prohibido fumar) o constitutivas, que son las que hacen posible una

práctica por primera vez.

Por esto es que el constitucionalismo es mucho más creador que limitador (las

limitaciones debilitan pero también robustecen; limitan el poder pero también lo

crean y lo organizan).

La separación de poderes es la clave del constitucionalismo pues busca evitar las

usurpaciones. Esta división permite una distribución y organización más eficiente de

las funciones gubernamentales.

Bodin decía que la separación aumenta el poder del soberano, pues le evita la

asignación de castigos y sí la distribución de recompensas (teoría por conveniencia).

Pero esta división también sostiene mejor la democracia basado en “divide y

reinarás”.

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Locke destacaba la función representativa de la división de poderes porque asegura

la perspectiva del ciudadano ordinario.

Se puede enunciar que la constitución es un instrumento de autogobierno; una

técnica por la que la ciudadanía se puede regir a sí misma ya que el pueblo no

puede ni debe actuar como una masa informe.

C. Schmitt que era un detractor confeso del constitucionalismo adhería a la posición

sobre que constitución y democracia eran opuestos.

Este enfoque podría quedar desarticulado ya que no se puede hablar de gobierno

popular sin un marco legal que le permita al electorado tener una voluntad

coherente. Por eso la ciudadanía necesita la colaboración de los padres fundadores,

es decir se decide en base a predecisiones.

La democracia es el gobierno del pueblo pero a través de canales preestablecidos.

J. S. Mill fue otro defensor del precompromiso institucional que favorece la libertad y

la participación ciudadana. Proponía un sistema de incentivos para la participación

pública inteligente.

Sostenía que la democracia es el gobierno por discusión pública y no sólo la

imposición de la voluntad mayoritaria. El desacuerdo público es la base para el

gobierno popular. La norma fundamental del gobierno democrático es garantizar el

derecho a la oposición. En este contexto tiene sentido el consentimiento pues hay

garantías para la impugnación y el disenso. Hay soberanía popular pues existen

reglas que organizan y protejan el debate público.

Cuando la minoría pierde la votación, acepta lo querido por la mayoría, pero tienen

garantizada la discusión y el disenso.

La idea de limitaciones que generan posibilidades explica el aporte del

constitucionalismo a la democracia. Por eso las generaciones posteriores aceptan

que la constitución es un documento de procedimientos que asegura los requisitos

para el consentimiento y disidencia racional, para el debate público, la resolución de

conflictos sin violencia y la revisión del marco constitucional.

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Es interesante analizar la teoría del autopaternalismo, que postula que los

ciudadanos pueden compartir objetivos pero los aceptan en la medida que todos

estén dispuestos a cumplir con su parte, es decir que acepten las disposiciones

legales que atan sus voluntades (por ejemplo la paz, la conservación de los

recursos naturales y la lucha contra la pobreza).

La Constitución es un caso de paternalismo donde las personas resignan

voluntariamente su capacidad de elegir determinadas cosas en procura de ejercer su

voluntad en otras. Esto los hace alcanzar mejor sus objetivos que si fueran libres

totalmente (por ejemplo acepta el uso del cinturón de seguridad porque es lo que

debería hacer pero libre no lo hace por pereza, desconocimiento, etc). Es un sistema

de autoadministración colectivo.

Los fundadores buscaron garantizar que independientemente de lo decidido, se

analizarían opciones y se escucharían contrargumentaciones. La Constitución es un

intento de programar la objetividad y la autocrítica, impidiendo la conducta

autodestructiva.

El principio de voluntariedad exige privarse de ciertas opciones. Está prohibido

venderse a sí mismo para convertirse en esclavo porque después dejo de tener

libertad para elegir otras cosas o firmar otros contratos. No soy libre de renunciar a

mi libertad. No se puede ceder el derecho de acceder.

Esto puede ser la solución a la paradoja de la democracia constitucional: para

conservar la voluntariedad debo restringir mi propia voluntad. Por eso el

precompromiso de la constitución impide la autodestrucción colectiva.

Otro ejemplo son los legisladores quienes no deben promulgar leyes que interfieran

con el derecho al voto, al libre acceso a la información, a la libertad de reunión y al

acceso político de las minorías, pues estas actividades son las que protegen de la

legislación indeseable. Finalmente la mayoría debe limitar sus poderes para

garantizar que seguirá siendo una mayoría capaz de aprender.

Mill y Madison, al igual que Paine y Jefferson, sostenían que la democracia es un

sistema orientado al cambio y la innovación. Pero esto en un marco de racionalidad

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donde haya muchas oportunidades de reconsideración y autocorrección. Esto debe

estar garantizado por el marco jurídico e institucional.

LA DEMOCRACIA

Es una evolución de la concepción del poder divino o por vía de las tradiciones hacia

una creación humana, donde existen dos grandes aspectos: la soberanía del pueblo

y los derechos del hombre.

La creación de la República y su brazo ejecutor el Estado es que el garantiza la

libertad del hombre defendiendo sus derechos individuales. El hombre se convierte

en ciudadano y debe ejercer su rol activo. Pero soberanía y derechos fueron

generando conflictos a partir de confusión generada por la deformación de esa

soberanía en un poder popular que se alejaba del marco institucional y legal: las

democracias populares que surgían como revolucionarias.

Esto implica la necesidad de una democracia fuerte y vigorosa sometiendo el poder

político al respeto por los derechos cívicos, sociales y culturales.

La democracia permite la noción básica de libertad expresada a través de la

posibilidad de los gobernados de elegir a sus gobernantes.

Así como la equivocada concepción sobre la democracia sirvió para encubrir

regímenes autoritarios, hubo otros casos donde el exceso de confianza en el

mercado implicó el debilitamiento del rol del Estado

La democracia es integradora de los conceptos de ciudadanía, que supone la

libertad de elección política con el respeto de las identidades y los derechos. Es

decir debe existir el criterio de sociedad abierta con derechos personales y

colectivos, con el reconocimiento de la pluralidad de intereses e ideas y finalmente

con la aceptación y la responsabilidad de un acerbo cultural en común.

Por lo tanto hay tres principios fundamentales:

• El reconocimiento de los derechos fundamentales que el poder debe respetar,

• La representatividad social de los dirigentes y de su política,

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• La conciencia de la ciudadanía por pertenecer a una sociedad fundada en el

derecho.

La teoría política tradicional enuncia que la democracia es el poder del pueblo y que

la democracia directa es la que practicaban los antiguos griegos, entendida como

poder del pueblo, “el kratos del demos”. La democracia directa es sólo posible para

pequeñas comunidades como las aldeas. Es imposible para las grandes

comunidades como las ciudades reunir en un lugar a todos los ciudadanos para

debatir y decidir.

Lo más cercano a esta forma de democracia es el referéndum. Este mecanismo

constitucional existe en algunos países pero es un procedimiento excepcional que

no está extendido a la totalidad de la comunidad internacional.

EVOLUCION HACIA LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

La democracia directa provocaba la imposibilidad de la toma de decisiones por lo

que la solución fue que los ciudadanos elijan a sus representantes para que hagan

lo que ellos no pueden hacer directamente. De este origen surge como norma y

acuerdo fundamental de la relación entre representado y representante, la confianza.

Lo esencial para la representación legítima de otra persona es que el representado

otorgue libremente su confianza a su representante. Por lo tanto es un valor

fundamental.

La política definida como “el arte de lo posible” implica permanente toma de

decisiones en incertidumbre sobre asuntos que interesan a la nación y que pueden

tener consecuencias no deseables. Por lo tanto el representante no es un delegado

ni un gestor, sino que tiene autonomía y como representante político debe actuar en

diferentes asuntos y con circunstancias nuevas por lo que los representados no les

pueden limitar el ámbito de acción.

La confianza no alcanza para explicar el fenómeno de la representación. Lo que hay

que saber es por qué los representantes con el poder que tienen, habrían de actuar

en beneficio del interés de los ciudadanos, o al menos de cierta mayoría de ellos.

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Por esto es que entendemos por "representación" el actuar de acuerdo con los

mejores intereses del público.

Pero aún en la democracia directa, las decisiones de la mayoría se tornan

obligatorias para la totalidad del cuerpo social, incluyendo a la minoría, que

encuentra que estas decisiones son contrarias a sus opiniones o intereses. En una

democracia representativa todas estas decisiones terminan siendo tomadas por los

representantes. Estos representantes finalmente son los que deciden qué es lo que

los ciudadanos pueden o no pueden hacer y los coaccionan para que acaten esas

decisiones. En este sentido, son los representantes los que mandan y no los

representados; y es aquí donde hay que resaltar nuevamente la confianza que

expresan los representados al votar a sus representantes.

Otras características de la democracia representativa están relacionadas con la

estructura de las instituciones que componen un gobierno representativo como la

necesidad que los representantes del pueblo sean electos por sufragio y estén

sometidos a elecciones periódicas; la limitación de los ciudadanos en cuanto a que

si bien son libres para opinar y criticar al gobierno, no pueden ordenarle al mismo

que actúe de una manera determinada; y la división y limitación entre los poderes y

la actuación de los mismos en el marco de la Constitución.

Las instituciones que mejor combinan la autoridad necesaria para que los

representantes estén en capacidad de gobernar con las precauciones que podrían

asegurar que gobernarán bien en salvaguarda del interés de los representados, son

las que cumplen con lo anteriormente mencionado y tienen mecanismos de control.

Se puede afirmar que “la conexión entre la democracia y la representación se basa

en que en democracia los gobiernos son representativos porque son electos: si las

elecciones son libremente disputadas, si la participación es ilimitada, y si los

ciudadanos gozan de libertades políticas, entonces los gobiernos actuarán de

acuerdo con el mejor interés del pueblo”.

Aquí es donde se da la relación entre democracia directa y democracia

representativa ya que las elecciones cumplen la función de asamblea de la

democracia directa en la que se decide cuál va a ser la orientación del gobierno por

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el próximo período, en cabeza del representante; siendo las promesas del elegido el

mandato que este deberá llevar adelante.

Aún cuando los ciudadanos no están en capacidad de controlar a los gobiernos

obligándolos a seguir sus mandatos, podrían ser capaces de hacerlo si pudieran

inducir a los gobernantes electos a aceptar que tendrán que rendir cuenta de sus

acciones pasadas.

Los gobiernos serán representativos si los votantes tienen oportunidad de discernir

sobre si actúan en función de intereses propios y pueden sancionarlos

oportunamente. En consecuencia aquellos gobernantes electos que actúen de

acuerdo con el interés de los ciudadanos puedan resultar reelectos y quienes actúen

en sentido contrario no.

La responsabilidad de la representación se expresa cuando los electores votan para

mantener en su cargo al gobernante que ha cumplido en función de sus intereses, y

cuando el gobernante electo implementa las políticas necesarias y adecuadas para

sus electores y puede aspirar a ser reelecto.

Pero las elecciones no son el único mecanismo democrático que puede inducir al

gobierno a actuar en una forma representativa. Las elecciones son un mecanismo

verticalizado de responsabilidad. Pero también están los mecanismos horizontales

que las instituciones democráticas ofrecen, ya que la división de poderes los hace

que rindan cuentas ante los ciudadanos pero también entre ellos. Es decir los

poderes que conforman el gobierno no se encuentran meramente separados y se

controlan y equilibran recíprocamente.

LA ETICA FORTALECE LA DEMOCRACIA

Para conducir este tema es necesario enunciar algunas definiciones que permitan

avanzar en la relación de la ética como sostén de la democracia.

Virtudes: Son los rasgos positivos del carácter que posibilitan el desarrollo positivo y

la felicidad de los seres humanos. No son innatas sino que se desarrollan como

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consecuencia de la educación moral y la experiencia de aplicación. Se convierten

por repetición en un “hábito”. Hay virtudes intelectuales y morales.

Valores: Son el conjunto de creencias que pertenecen a una persona y que pueden

ser compartidas por grupos sociales, sobre lo que es verdaderamente importante en

la vida, referido a los aspectos morales y no morales. Principios éticos: Se aplican a diferentes situaciones y son más generales que las

reglas. Indican como decidir entre reglas y valores alternativos. Reglas morales: Son pautas específicas para la acción. La orientan ante

situaciones particulares que involucran cuestiones morales. Se basan en los valores

y principios éticos.

Para ser efectivos los valores deben ser inculcados desde muy temprana edad ya

que cuando son procesados correctamente por las personas se transforman en las

guías de su accionar pues son compartidos a nivel racional.

Sin duda la defensa de la vida, incluyendo la prenatal desde la concepción (criterio

de vida fundamentado no sólo desde la fe sino desde la ciencia), la igualdad de

derechos y obligaciones, la protección de la familia y de los indefensos, la amistad y

el amor, el respeto por la ley y la aplicación universal de justicia, la alegría de poder

vivir en paz, con educación, con acceso a la salud y el goce por el deporte y el arte

son valores fundamentales compartidos por una gran mayoría.

Para el normal desarrollo de los valores es fundamental la influencia de los padres y

del ámbito familiar más cercano a través del diálogo y el ejemplo. Luego el

seguimiento de los padres en la etapa formativa es clave para ver como la persona

va procesando la influencia externa y cual es la interpretación que hace. En esta

etapa, la influencia de role models es determinante para la consolidación de los

valores en el joven. Es deseable que esos role models sean destacados y

valorizados por la sociedad en su conjunto. En el caso que no lo sean, las personas

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ejerciendo su rol ciudadano deben actuar en forma incansable diferenciando y

comunicando los verdaderos roles ejemplares.

Afianzado este proceso de incorporación de los valores como hábito, el desempeño

de las personas dentro de la comunidad sin duda llevará a la mejora del proceso

democrático porque en su accionar diario primará en forma instintiva la actitud de

valoración y el respeto por el conjunto social.

El conflicto socio - cultural argentino se aprecia no sólo con respecto a la cosa

pública sino en el ámbito privado ya sea relacionado con el trabajo o con actividades

sociales, culturales o recreativas.

Una parte sustancial de la responsabilidad radica en la tergiversación de valores o el

reemplazo de los mismos por falsos valores impuestos por la moda o aceptados por

consenso, producto del espacio dejado por la formación moral y la responsabilidad

de los padres y los educadores. Este espacio ha sido ganado por las teorías del

fundamentalismo, la violencia, el individualismo y el facilismo o por los dobles

mensajes dados por personas que se convierten en ocasionales referentes cuyo

efímero y abusivo poder se fundamenta en la jerarquía de sus puestos laborales o

en la posición socio-económica o popular que sustentan. Estos con sus

comportamientos hipócritas influyen negativamente sobre las mentes de los jóvenes,

muchas veces ansiosos e ingenuos o faltos de contención emocional.

Probablemente en sociedades como las latinas tenga mayor incidencia negativa la

presencia de hipócritas que predican una vida basada en los verdaderos valores

para luego en la práctica no ser consecuentes con esto. Esto una vez descubierto

genera un alto desconcierto y a la vez provoca una reacción muchas veces

desmedida por parte de quienes se sienten engañados o traicionados. Este tipo de

comportamientos duales son los que sostienen y aumentan la desconfianza de la

sociedad en su dirigencia.

Los estándares éticos de la dirigencia especialmente sus líderes, afectan e influyen

notablemente en los estándares éticos y morales de la comunidad.

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No basta con que algunos sectores políticos y de la sociedad luchen contra los

privilegios, el corporativismo, las prácticas excluyentes y el clientelismo. La batalla

podrá tener éxito el día en que la sociedad adopte definitivamente como norma de

conducta la ética, los valores y la cultura.

No sería imprudente afirmar que este proceso es fundamental para consolidar la

democracia en América Latina ya que producirá la cohesión de toda la sociedad, por

estar sustentada en hábitos de comportamiento comunes a todos: políticos,

ciudadanos, funcionarios de gobierno, dirigentes y empresarios.

La corrupción no es sólo un problema ético y económico sino también político y

social pues vulnera las oportunidades del desarrollo sostenido y equitativo y actúa

como un freno para la consolidación del sistema político-democrático.

Hoy el enfoque del sistema político se tiene que basar en el estado de derecho

democrático con una visión integral que incluye todo el ambiente institucional y

normativo que rodea la actividad política, económica y social dentro del que está

enquistada la corrupción.

DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA

Sobre finales del siglo XX, especialmente en los últimos diez años, la democracia en

América Latina ha logrado ser mayoría. Bajo diferentes formas y con distinto tipo de

éxito y perdurabilidad, este sistema ha logrado imponerse tras décadas de

interrupciones por gobiernos totalitarios de orientaciones opuestas.

Pese a la diversidad y particularidad de cada uno de los casos durante ciento

cincuenta años la democracia ha nacido y crecido, ha caído, ha desaparecido y ha

mejorado, y ha entrado en letargo para volver en pocos casos más madura.

Salvo excepciones la mayor parte de la población de la región al igual que en el

resto del mundo, vive en países democráticos carentes de historia y continuidad

democrática, acuciados por el miedo y la inseguridad, con una enorme deuda en

cuanto al desarrollo económico-social y con un alarmante escepticismo sobre las

instituciones político-democráticas. En todos estos países se habla de la reforma

institucional pero la misma todavía está más asegurada en los textos y los discursos

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que en la realidad. La frontera entre democracia y autoritarismo y entre participación

y exclusión es muy endeble.

Lo importante es que a nivel regional ya no se discute la importancia de la

democracia como sustento para lograr el desarrollo, ya que no sólo es un sistema

político de gobierno sino que se explicita en las relaciones entre los miembros de

una comunidad.

Cualquier reforma económica tendiente al progreso es mucho más factible y

sustentable en el largo plazo si se da en un entorno democrático donde la discusión,

el debate, la confianza, la representatividad y la consulta son habituales.

Los ciudadanos que votan, se informan y participan activamente en las instituciones

son menos proclives a ser comprados o manipulados por el poder político. Esto es

una fuerte deuda social de los países de la región.

La democracia como sistema de gran amplitud es más inclusiva con respecto a los

sectores de menores recursos, los que se vuelven representados y no marginados.

Por lo tanto el desarrollo económico sostenido en el tiempo asegura el acceso a

oportunidades y esta mejora genera mayor participación político-social para todos y

disminuye el riesgo de visiones autoritarias ocasionales, que se aprovechan de los

sectores marginalizados u olvidados.

En Latinoamérica existen más de doscientos veinte millones de pobres, lo que

significa el 40 % de la población total. Siendo esto así, salvo excepciones, lo que

queda expuesto es el fracaso de las políticas sociales y económicas desarrolladas

hasta hoy por los Estados con democracias de mayor o menor jerarquía.

Es importante para las sociedades comprender que el desarrollo de la comunidad es

un desafío político más que económico y que debe ser considerado el punto de

partida para estructurar la sociedad y no el objetivo de máxima de las estrategias y

las planificaciones.

Es fácil comprobar que Latinoamérica no ha podido resolver el problema de la

pobreza y la desigualdad, aún asumiendo que siempre existirán determinados

niveles de tolerancia imposibles de erradicar.

Esto es responsabilidad y consecuencia directa del fracaso de los sistemas políticos

instalados, y se comprueba y asocia especialmente en los países con menor cultura

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y tradición democrática. Sin respeto por los derechos y las garantías individuales

dentro del marco de la ley y el orden no hay posibilidad de institucionalidad política y

ejercicio de los deberes ciudadanos.

Si las instituciones son débiles entonces hay conflicto en el ejercicio de los derechos

y libertades y no se pueden procesar en forma eficiente las demandas sociales.

El proceso de democratización en América Latina ha surgido de reformas

constitucionales y de cambios en las instituciones pero muchas veces sin tener en

cuenta que las instituciones existentes son poco transparentes y nada eficaces.

El camino seguramente será crear nuevos espacios de representatividad y control

que limiten la arbitrariedad del poder político y encaucen su rumbo por la eficiencia

de la gestión, pero siempre basados en los elementos base de la democracia que

son el pluralismo, el debate y la deliberación.

Los estados democráticos si están institucionalizadas deben asegurar el libre

funcionamiento del mercado pero sin olvidar los derechos individuales y la igualdad

de oportunidades y la necesidad de asegurar los bienes colectivos.

En los procesos de democratización americana se observan al menos seis líneas de

reformas abordadas:

1. El paso de democracias presidencialistas con legislaturas de escaso poder a

sistemas más colaborativos y de mayor equilibrio, con un rol de fiscalización

más fuerte del poder legislativo.

2. La evolución de estados centralistas y cerrados a la descentralización político-

administrativa y fiscal con mayor participación ciudadana.

3. Resurgimiento de la sociedad civil y los intereses generales en detrimento de

los intereses de grupos de poder.

4. De declaraciones retóricas de derechos a cartas de derechos fundamentales

con garantías y mecanismos de protección constitucional.

5. De un Estado interventor, gigante e ineficiente a un Estado garante,

capacitado y coordinador con autoridades económicas autónomas.

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6. De la intrascendencia del Poder Judicial a su resurgimiento con

independencia, amplio poder, visión global e integrado a la sociedad.

A la luz de las reformas muchas instituciones están naciendo: organismos y

comisiones autónomas, bancos centrales, entes reguladores, fiscalías, defensorías,

tribunales colegiados; pero lo importante no es la aparición o los cambios de

nombres sino el cambio en las estructuras mismas.

La debilidad de la democracia a través de la fragilidad del estado de derecho podría

también ser explicada por la alternancia en toda la región de una tradición de

constitucionalismo liberal formal con una realidad llena de caudillos, dictaduras,

corporativismo, clientelismo y la consecuente inestabilidad política. De esto surge

como lógico el hartazgo y el desencanto de la sociedad con la democracia.

Otro punto importante para considerar en el déficit de institucionalización

democrática de la región es el rol de árbitro desarrollado por las Fuerzas Armadas y

el exceso en la concentración de poder en manos del Presidente (sistema

presidencialista) que generan un desbalance de poderes. Esto con el agravante de

serias fallas de liderazgo, incumplimientos sobre defender los intereses y deseos de

los representados y legislaturas débiles y clientelistas que en suma construyen un

escenario de deterioro permanente de la cultura cívico-política que condiciona la

política económica y social.

Otro agravante es que en Latinoamérica la relación Estado-Mercado no ha sido la

apropiada ya que el sistema político y la irregular consistencia de las Instituciones no

han generado condiciones de eficiencia y legitimidad, ya sea en competencia,

transparencia y/o justicia y equidad. Como dijo Felipe Gonzalez en 1998, “la única

regla del mercado es la optimización del beneficio y por eso debe ser limitada por el

Estado”. Pero por un Estado inteligente y eficiente y no infectado de paternalismo

clientelista.

El desencanto de la población en muchos casos atribuido al Mercado debiera ser

revisado para encontrar el verdadero origen en las fallas de la política, del sistema

político y de las Instituciones, que han intervenido en muchos casos perversamente

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estimulando el corporativismo y el rentismo en vez de la competencia, la eficiencia y

la productividad. Esto inclusive es causa fundamental del desprestigio de la cosa

pública y ha contribuido a desvirtuar el rol del sector público.

El Estado no ha desarrollado en forma eficiente su rol para redistribuir, incorporar

extremos, balancear inequidades y neutralizar excesos.

Su voraz intervencionismo con bases de acción en el clientelismo y la corrupción se

volcó a la empresa pública, olvidando su rol clave para fortalecer el sistema

institucional. La receta nefasta que aún afecta a las democracias de la región fue

autoritarismo, caudillismo, corporativismo y clientelismo.

En suma es imposible desarrollar instituciones fuertes y sólidas si no se cuenta con

una política y una democracia de calidad.

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CONCLUSIONES (DISCUSION)

La incorporación de los valores básicos desde la más temprana edad y la gimnasia

del desarrollo de todas las actividades del ser humano inspiradas en ello, permiten el

crecimiento social comunitario e intelectual de una sociedad en busca de su plenitud

y felicidad.

Muchos problemas adjudicados a las democracias han sido posibles por no

responsabilizarse de aplicar los valores fundamentales a las actividades públicas de

las personas, las cuales muchas veces viven los valores en su pequeño ámbito

privado familiar sin ejercer la ardua tarea de enfrentar los desafíos diarios con los

mismos valores de vida.

El criterio que debe primar es respetar el libre albedrío pero dentro del concepto de

comunidad, por lo cual es necesario que esté guiado por las cuatro virtudes

cardinales y enmarcado dentro de un contexto de obligaciones y responsabilidades.

Pareciera que estamos en una proceso de transición democrática de donde los

votantes delegan en sus representantes la responsabilidad y la toma de decisiones a

una forma más “democrática” donde las mayorías quieren hacer cumplir sus deseos

y participar de una manera más directa en la toma de decisiones.

Lograr esta transformación no es materia sencilla pues existe una historia muy fuerte

ligada a la falta de formación, información y educación cívica. Obviamente el

desarrollo cultural, el avance tecnológico, la responsabilidad social, la instrucción y

los avances de la ética y de la filosofía política permiten incorporar conceptos como

la necesidad del aporte de cada ciudadano para mantener un sistema ordenado. Sin

duda un gran responsable de este cambio por su enorme poder amplificador han

sido los medios de comunicación que llevan las noticias, las demandas y la realidad

a todas partes.

Otro causal es la conciencia de la participación ciudadana la que ha significado la

pérdida del monopolio de “lo político” por parte de los partidos convencionales. Por

esto es que se ha convertido en una necesidad imperiosa profundizar y apoyar los

mecanismos de participación y canalización de demandas de los ciudadanos por

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fuera de los partidos políticos ya que estos no han dado respuestas satisfactorias a

las crecientes demandas de la ciudadanía.

Los partidos políticos tienen estructuras verticalizadas y jerárquicas, en muchos

casos copiadas de las organizaciones militares o religiosas, donde se definen una

serie de supuestos con valor de “verdades” (ej.: programa partidario) dejando de

lado un vasto universo de cuestiones que no son discutidas e interpretadas. Esto

actitud tan estrecha los convierte, casi sin que se den cuenta, en obsoletos.

Relacionado con la necesidad de superar los principios clásicos de la democracia

representativa (división de poderes del estado, alternancia en el poder de las

autoridades, consultas periódicas a la ciudadanía, procesos electorales, radicación

de la soberanía en el pueblo, etc.) y dado el avance que se genera habrá que

diseñar e introducir nuevos principios que aseguren una real y efectiva democracia.

El concepto de participación que antes tenía connotaciones negativas, se fue

transformando en un instrumento para acercar la democracia a los excluidos. Ya no

hay duda que la participación es imprescindible para lograr resolver una serie de

problemas relacionados con la planificación e incluso con la gestión de las políticas

públicas. A partir de la década del 90 la participación fue vista como un mecanismo

mediante el cual se amplió la democracia. Inclusive en los últimos años desde los

organismos multilaterales de crédito y las agencias de financiamiento internacional

se puso énfasis en la representación como forma de hacer operativo y legitimar

social y políticamente, planes de acción y de desarrollo.

Esto nos conduce a la idea que la democracia implica que el poder esté en manos

del cuerpo social, y con ello se trata de alcanzar la libertad del hombre. Los asuntos

de la comunidad tienen que ser decididos por toda la comunidad. La falacia de la

representación sin cumplimiento del mandato por parte de los representantes lleva a

situaciones en las cuales unos pocos se apropian de la voluntad ciudadana,

enajenando la libertad y la vida del resto de los hombres.

No hay democracia sólida si frente al Estado y al orden establecido no existe una

voluntad de libertad personal por parte de los ciudadanos.

La democracia implica el reemplazo del consenso unánime por la aprobación

mayoritaria, pero este consenso se tiene que dar en un escenario en el que la opción

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de participar o no en este proceso de toma de decisiones sea totalmente libre y

voluntaria.

Acorde al escenario de fragilidad institucional de América Latina, la reforma del

Estado y el fortalecimiento de la Sociedad Civil son procesos recíprocos y

complementarios. El rol que debe jugar la ciudadanía en la lucha contra la

corrupción es clave y en ello mucho tiene que ver la educación para crear cultura y

los comportamientos basados en los valores y la ética.

Si se quiere asegurar el éxito perdurable se debe avanzar en mecanismos de largo

plazo como fortalecer el proceso de instrucción pública, el proceso de educación

formal básico, el acceso a las oportunidades y los mecanismos de control y los de

control social como: marcos legales, auditorías de gestión y sociales, medios de

comunicación, veedurías ciudadanas, consejos vecinales, etc.

Argentina lleva más de 20 años en democracia, lo cual no es poco si se considera

que es el período más largo de estabilidad institucional desde que en 1911 se

sancionó la Ley del Voto Universal, Secreto y Obligatorio.

Pese a ello es importante considerar la situación democrática y en especial su

relación con la sociedad, ya que como hemos visto existe una fuerte crisis de

confianza en las democracias de América latina.

De acuerdo a un sondeo sistemático realizado en diecisiete países de la región

desde 1995 los ciudadanos prefieren la democracia sobre el autoritarismo. En el

caso de Argentina el 69% optó por esta, el 17% por la segunda, otro 17 % era

indiferente y el restante 3 % no sabe o no contesta.

Comparado con los resultados de Latinoamérica vemos que la situación es similar

aunque los valores de población que prefiere la democracia representan el 53%.

Pero esto cambia si la pregunta refiere a satisfacción con la democracia. El resultado

en Argentina se invierte porque el 64% manifiesta estar insatisfecho y sólo un 34%

satisfecho. Esto implica que hay dos personas insatisfechas por cada una que si lo

está.

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Al comparar con el promedio de América latina se puede apreciar que en Argentina

el apoyo a la democracia es mayor que en la región donde los valores de

satisfacción son del 29% y de insatisfacción del 66%.

El análisis de los resultados de Latinoamérica permite confirmar la preferencia por el

sistema democrático pero es necesario destacar la profunda insatisfacción y rechazo

que genera el mal funcionamiento de la democracia, alejada de las soluciones

adecuadas para las sociedades.

La preferencia por la democracia en la Argentina es superior al promedio regional y

la insatisfacción es inferior a ese mismo promedio. Esto sorprende ya que

recientemente Argentina sufrió la peor crisis económico-social de la región.

Por lo tanto y con la mirada puesta en el largo plazo el tema a resolver es la

generación de desarrollo y satisfacción del sistema democrático.

Esto refuerza lo dicho por Winston Churchill: “la democracia es el peor sistema de

gobierno, exceptuando todos los demás”.

La participación ciudadana, la responsabilidad social y la educación son atributos

fundamentales para construir gobernabilidad y representatividad para la democracia.

Pero esta participación debe tener autonomía ante el Estado y los intereses

corporativos y no puede ser sustituida por los partidos políticos.

La aparición de líderes que comprometan sus acciones en esta línea asegura el

éxito de la democracia. El liderazgo implica estar al servicio de la comunidad y esto

es una responsabilidad social colectiva. Ya no tienen importancia atributos como

carisma y popularidad. Ahora el líder vale si interpreta correctamente la problemática

de su gente pero dentro del contexto del mundo; vale si logra interpretar el punto de

vista de los demás y se logra desarrollar empatías.

Pero una democracia vigorosa necesita también partidos políticos fuertes que

estimulen la participación, que jerarquicen las demandas y que sean nexos entre la

dirigencia y la sociedad

La gobernabilidad implica confianza, seguridad y previsibilidad. Así se genera

desarrollo ya que hay seguridad jurídica, estabilidad institucional e integración

socioeconómica interna.

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Pero para fortalecer la democratización y la gobernabilidad en América Latina hay

tareas pendientes que consisten en:

• reforzar las instituciones y el marco legal que asegure la libertad y la

gobernabilidad,

• que el Estado genere gobernabilidad,

• que se desparrame el imperativo ético de la equidad,

• la irrupción de un poder judicial fuerte, transparente, efectivo y eficaz;

• acelerar todos los procesos de descentralizaciones,

• generar oportunidades y acceso para todos sólo limitados por su esfuerzo y

capacidad,

• fomentar el acceso a la educación y la tecnología y

• difundir la ventaja de los valores y la buena política.

El concepto de lo público involucra a la sociedad civil, genera participación, puede

ayudar a corregir fallas del Mercado y del Estado. Pero también a reconstruir

instituciones.

Muchos de los problemas de la democracia en América Latina están relacionados

con la pérdida de valores en la clase político- dirigencial. En esto reside el problema

y la necesidad de cambio pero el desafío constructivo es reconocer que los que

forman la dirigencia no son individuos aislados surgidos por generación espontánea,

sino fieles representantes de una sociedad donde la pérdida de valores ha originado

un estado de confusión total.

Por eso se necesita como condición sine qua-non para el desarrollo integral del ser

humano basado en esos valores, un orden y una organización que generen un

marco donde queden claramente determinados los límites. Pero ese marco debe ser

aceptado y respetado por todos porque de lo contrario es una referencia carente de

sentido.

La historia muestra que el ser humano en su libre albedrío ha sido extremadamente

competitivo y ambicioso, ya sea la causa originada en la necesidad (enfoque de

supervivencia) o para satisfacer expectativas de progreso y gloria (enfoque de

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ambición o soberbia). El grave problema se genera cuando ese espíritu o esa

ambición, se encuentran fuera de orden y se transforma en un fin que justifica todos

los medios. Muchos autores y filósofos con sus prédicas sobre la libertad y el

pacifismo sin enfatizar en la contención del mismo dentro de la Sociedad, han

generado un escenario lleno de riesgos, y que se presta a confusiones o

utilizaciones malintencionadas con un espíritu parcializado.

Inclusive hay quienes argumentan desde posiciones extremas valorizando al “no

sistema” que genera la anarquía, como el máximo exponente de libertad. El

cuestionamiento a esta simplificación es que en este esquema de necesidades, de

libertad y de elaboración de ideas no se advierte, que las mismas pertenecen al

ámbito de los seres humanos y que estos tienen conflictos, patologías y graves

falencias a la hora de lidiar con las emociones, la ambición, el egoísmo, la fama y el

poder. Por lo tanto terminan atentando contra el criterio de libertad y al no tener un

marco que fije los límites, se termina afectando los intereses y libertades de cada

uno.

Consecuentemente se resiente el proceso de desarrollo económico-social y por

ende el respeto y valorización de la democracia como el mejor sistema de gobierno

actualmente conocido.

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