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ISSN 1657-0987Nº 226 / julio 2020

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Educación, salud, economía y otros desafíos ante el COVID-19

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Especial Pandemia Dolly Montoya Castaño, Rectora

Universidad Nacional de Colombia

Retos de la Universidad Nacional en la pandemia

La incertidumbre es posiblemente la característica distintiva del tiempo excepcional que estamos viviendo. En todos los sectores de la sociedad hay una gran inquietud sobre hasta cuándo durará la pandemia y cuánto tardaremos en superar sus consecuencias. Aunque es legítimo desear certezas, su ausencia no debe llevar a la parálisis. La Universidad, como comunidad integrada, es capaz de tomar decisiones, avanzar con base en lo conocido y disponerse para aprender de lo desconocido; como organismo vivo, aprende, evoluciona y se transforma cada día.

La Universidad Nacional de Colombia construyó su Plan Global de Desarrollo 2019-2021 con la participación de más de 10.000 integrantes de la comunidad universitaria. Este Plan recoge y expresa la naturaleza y la historia de la Institución y formula los lineamientos generales para el futuro:

• Comunidad educativa dinamizadora de procesos para el desarrollo de la nación, hacia la reconciliación y la paz.

• Comunidad académica líder propositiva del Sistema Nacional de Educación.

• Comunidad formadora, desde la armonización de las funciones misionales, de científicos y profesionales íntegros, gestores de la ética ciudadana.

Aunque ninguno de estos lineamientos se diseñó para un contexto de pandemia, siguen siendo las guías de la acción institucional. Esto es posible porque, más allá de la presencia-lidad y la virtualidad, fueron creados para el cumplimiento del propósito superior de la Universidad Nacional de Colombia, que es la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético con consciencia social.

Para afrontar la actual emergencia establecimos cuatro cri-terios de acción: 1) cuidar la vida de cada miembro de la comu-nidad, 2) evitar la deserción estudiantil, ya que el abandono de la academia es una pérdida irreparable tanto para el estudiante y su familia como para la comunidad, la Institución y el país, 3) asegurar la sostenibilidad de la Institución, un deber ético de la Universidad por su responsabilidad con la comunidad y el país, y 4) acompañar al país en este difícil momento con propuestas y acciones para la atención de la emergencia.

Estos criterios están orientados por los lineamientos de nuestro programa y nuestro propósito superior de formación ciudadana y gestión del conocimiento, y son coherentes con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Desde que se anunció al mundo la existencia de un nuevo coronavirus, expertos en epidemiología e infectología de la

Universidad se dispusieron a acompañar al Gobierno nacio-nal y los gobiernos locales en el diseño y la evaluación de los planes para enfrentar la emergencia sanitaria.

Nuestras Facultades del área de salud y sus profesionales, junto con nuestro Hospital Universitario Nacional, además de ofrecer los servicios de atención de alta complejidad, brindan cursos de actualización a profesionales de la salud de todo el país para la atención a pacientes con covid-19. Desde el Hospital se viene dando soporte de telemedicina y teleuci a hospitales de diferentes regiones del país que no disponen aún de suficientes especialistas.

Grupos de investigación de toda la Universidad han tra-bajado en proyectos para desarrollar insumos y suministros como ventiladores, monitores, pruebas de diagnóstico, caretas, mascarillas, reactivos y desinfectantes, además de herra-mientas y estadísticas que ayuden a analizar la evolución de la crisis; al tiempo se han dispuesto nuestros laboratorios y sus equipos para contribuir en la revelación de las muestras realizadas a pacientes sospechosos de covid-19.

La Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, que reúne a los centros de pensamiento de la Universidad, produjo un boletín sobre políticas públicas en tiempos de pandemia, Especial covid-19. En él se proponen iniciativas para superar la crisis y se formulan propuestas para la pospandemia en áreas como salud, seguridad y soberanía alimentaria; economía; comunicaciones en periodos de catástrofe; y educación no presencial.

La Universidad Nacional ha seguido trabajando en su tarea de formación en medio de la crisis. En pocos días nuestra comunidad logró que más del 80 % de sus actividades se desarrollaran de forma remota. Esto ha implicado enormes esfuerzos para asegurar las condiciones de bienestar y co-nectividad que requieren nuestros estudiantes. Además implementamos medidas para flexibilizar los procesos de evaluación y los tiempos y prioridades del aprendizaje, sin sacrificar la calidad que distingue a nuestros programas aca-démicos. Estamos por finalizar el periodo académico 2020-I, el primero hecho de forma remota en 153 años de historia.

La transformación digital, más allá de acciones específicas, ha sido un proceso transversal a las actividades de la comu-nidad universitaria en el marco de esta crisis. Este proceso de cambio cultural viene contribuyendo a una adaptación rápida y efectiva, necesaria en el desplazamiento temporal de la presencialidad a las actividades remotas, garantizando que en ningún momento se pierdan o se corten los flujos de comunicación, característica fundamental de una comunidad integrada.

La pandemia nos ha permitido ver aún con más claridad la legitimidad de nuestro propósito superior que es la formación de ciudadanos libres y autónomos, capaces de contribuir positivamente en la trasformación de su contexto, cuidando de sí, de los demás y del medioambiente. Gracias al esfuerzo conjunto de toda nuestra comunidad estamos cuidando de nosotros, trabajando por garantizar los derechos a la vida, a la salud y a la educación, y al mismo tiempo respondiendo a nuestro compromiso con el conocimiento, con las comuni-dades y con los territorios de nuestro país.

Dolly Montoya Castaño, Rectora, Universidad Nacional de Colombia

Director: Fredy Chaparro S.

coorDinación eDitorial: Blanca Nelly Mendivelso Rodríguez • coorDinación perioDística: Diana Manrique Horta

corrección De estilo: Liliana Ortiz Fonseca • Diagramación: Ricardo González Angulo • impresión: ceet, Casa Editorial El Tiempo

Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico.

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julio 2020 | 3 Periódico – N.º 226 – Universidad Nacional de Colombia

Especial Pandemia

palabras clave: educación superior, pospandemia, universidades. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Equidad, principio rector de la respuesta a la recuperación de la educaciónFranCesC PeDró, director, Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (iesalc)

El peligro primordial es que las desigualdades en el aprendizaje se amplíen, aumente la marginación y los estudiantes más desfavorecidos se vean imposibilitados de proseguir sus estudios; por eso, las respuestas estatales deben asegurar la continuidad formativa y garantizar la equidad.

El cierre masivo de las instituciones de educación superior (ies) a causa de la pandemia ha dejado en América Latina y el Caribe a casi 24 millones de estu-diantes y a 1,4 millones de docentes –más del 98 % de esta población en la región– sin poder encontrarse en sus aulas, y ya es evidente que después de casi cuatro meses la pandemia está teniendo graves efectos sobre el sector de la educación, y concretamente sobre la educación superior.

Para contrarrestarlos, tanto los Gobiernos como las propias instituciones han puesto en práctica un gran abanico de medidas que cubren, con distinta intensi-dad, desde la conectividad a la asistencia financiera hasta el apoyo pedagógico y socioemocional.

Parece que ahora ha llegado el momento de pre-guntarse cómo planificar el día después de la pande-mia, y cómo hacerlo con realismo político, huyendo de maximalismos y al mismo tiempo con una gran flexibilidad ante una multiplicidad de escenarios que se irán abriendo en función de la evolución del frente sanitario.

Así como la emergencia cogió desprevenido a todo el sector, falto de planes de contingencia ante una crisis de semejante magnitud, ahora no hay excusa para no planificar la reapertura de manera adecuada, aunque no se conozca a ciencia cierta cuándo se podrán reabrir los campus.

Con el objetivo de facilitar esta reflexión, desde el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (iesalc) de la Unesco, sugerimos partir de tres grandes principios:

1. La prioridad debe ser asegurar el derecho a la educación superior de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidades y de no-discriminación, y por consiguiente todas las decisiones políticas que afecten directa o indirectamente al sector deberían estar pre-sididas por este derecho. La responsabilidad de asegurar que este se garantice recae en los Estados, los cuales deben generar marcos regulatorios, de financiamiento y de incenti-vos adecuados, además de impulsar y apoyar programas e iniciativas inclusivas, pertinentes, suficientes y de calidad. En particular, es res-ponsabilidad del Estado generar un entorno político que, respetando la autonomía de las instituciones, sea propicio a una salida de la crisis que garantice la seguridad sanitaria al tiempo que optimiza las condiciones para que las instituciones avancen en calidad y equidad.

2. No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el propósito principal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La crisis impacta en distinto grado a los diferen-tes perfiles de estudiantes, pero es innegable que profundiza las desigualdades existentes y tiende a transformar las brechas en fracturas irreparables. Es prioritario atender las nece-sidades no solo pedagógicas y económicas, sino también las socioemocionales de aque-llos estudiantes que, por sus características

personales o socioeconómicas, puedan haber tenido, o tengan, mayores dificultades para continuar su formación en modalidades no tradicionales.

3. Extraer todas las lecciones del experimento involuntario pero universal que está siendo la educación a distancia de emergencia. Una porción muy importante del profesorado uni-versitario ha pasado de la noche a la mañana, de satanizar o menospreciar todo lo relacionado con la tecnología educativa, a depender de ella para garantizar la continuidad pedagógica. Como instituciones dedicadas también a la investigación, las universidades que ven en esta crisis una oportunidad, están recopilando evidencias acerca de lo que está funcionando y lo que no, y por qué, para así volcarse, cuando la emergencia haya pasado, a optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje para mejorar los logros de los estudiantes, tanto en calidad como, ahora más que nunca, en equidad.

Hacia un moDelo HíbriDo De enseñanza

Aunque la incertidumbre todavía planea en el hori-zonte, parece claro que la reapertura no significará la vuelta a la normalidad docente e investigativa tal y como se vivía hasta febrero pasado, ni tampoco será abrupta como lo fue la clausura. Partiendo del ejemplo de lo que ya está sucediendo en Asia y en Europa, parece plausible imaginar que la reapertura se hará con estrictas medidas sanitarias que se traducirán en grupos de estudiantes más reducidos en las aulas y menos clases presenciales por grupo.

En definitiva, lo más probable es que las formas de enseñanza y aprendizaje que han empezado como fórmulas de emergencia para garantizar la continuidad pedagógica evolucionen y se consoliden ya desde la reapertura como parte del modelo híbrido con el que habrá que convivir de momento, y que tal vez se convierta en la nueva normalidad pedagógica.

Desde el Instituto también hemos insistido –a través de nuestros informes y publicaciones sobre el impacto del covid-19– en la educación superior, en la necesidad de dedicar muchos esfuerzos a la recuperación de aquellos estudiantes que, previsi-blemente, se habrán quedado por el camino por razo-nes económicas, en primer lugar; infortunadamente también habrá estudiantes que no volverán por causa de su desafección con respecto a unas propuestas pedagógicas durante la situación de emergencia que,

a pesar de ser la única solución disponible, pueden haber frustrado su interés por continuar los estudios.

presencialiDaD, verDaDeraexperiencia universitaria

Es importante que las universidades diseñen cuanto antes dispositivos para diagnosticar las pérdidas con las que se saldará esta crisis, y al mismo tiempo las estrategias reparadoras para garantizar que la vuelta a las aulas ofrezca oportunidades de recuperación de las pérdidas de aprendizaje que pueden haber sido dramáticas precisamente en los estudiantes ya más vulnerables en condiciones normales.

Por encima de todo, una buena universidad no solo brinda oportunidades de aprendizaje a sus estudian-tes, sino que, más en general, ofrece una experiencia vital que terminará marcando sus vidas y la forma como encararán su contribución al desarrollo social, cultural, científico y económico de sus países. Esta experiencia es, ciertamente, vehiculada por los pro-cesos de enseñanza y aprendizaje, pero tiene otras dimensiones igualmente importantes más allá de las estrictamente académicas: las sociales, culturales y políticas.

En el Instituto estamos convencidos de que, aun-que la mayor parte de los debates actuales se centren sobre hasta qué punto la pandemia traerá consigo una mayor hibridación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades, esto no debería desviar la atención acerca de cuál es la misión última de una universidad: brindar un aprendizaje vital único a cada estudiante que le transformará como persona y ciudadano.

Ojalá nuestras metodologías pedagógicas mejoren gracias a los aportes de la tecnología, y con ello los resultados de aprendizaje. Pero el objetivo debe ser recuperar la verdadera experiencia universitaria que gira alrededor de la presencialidad y de la conviven-cia en un espacio colectivo compartido; una que, ciertamente, puede verse maximizada gracias a la tecnología, pero que nunca deberíamos querer redu-cir por principio. No podemos robarles a las jóvenes generaciones el derecho de tener esta oportunidad en su integridad. Eso sí, trabajemos desde ahora para ofrecérsela, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, significativamente mejorada.

La misión última de una universidad es brindar un aprendizaje vital único a cada estudiante, que lo transformará como persona y ciudadano.

Foto: archivo Unimedios.


Pospandemia en educación superior: retos, crisis y promesasCentro De PensaMiento en PolítiCas PúbliCas De eDuCaCión suPerior, Universidad Nacional de Colombia

Una apuesta por la equidad debe ser transversal a todas las estrategias de la educación superior para superar no solo los devastadores efectos de la pandemia por covid-19, que anuncia un incremento en la deserción, sino también aquellos relacionados con el reiterado desfinanciamiento que arrastra desde hace décadas, entre otras problemáticas.

La eDucación superior y su acelerado proceso de virtualización, favorecido por la pandemia del covid-19, se dan en un marco de condiciones sociales y económicas específicas. Es bien conocida la para-doja del país con respecto a sus logros en reducción de la pobreza en un contexto de elevados índices de desigualdad económica y social.

Lamentablemente, el primer factor de esta pa-radoja ha mostrado toda su fragilidad: después de tres meses de pandemia, Colombia podría retornar a los niveles de pobreza de hace 20 años, y habría que esperar una década para que la tasa de desempleo vuelva a ser de un dígito.

Todo ello en un contexto en el que las desigual-dades se reforzarán, concentrando los efectos de la pandemia sobre grupos sociales específicos: perso-nas vulnerables económicamente, grupos étnicos y sector rural. Las supuestas conquistas sociales del “país de clases medias” se han esfumado, dejando al descubierto la cruda realidad de la desigualdad persistente.

En Colombia las personas más jóvenes y sin dis-capacidad permanente, que no pertenecen a nin-guna minoría étnica, con un nivel socioeconómico superior, provenientes de entornos regionales más ricos y educadas bajo las coordenadas de la cultura y el conocimiento occidental, poseen una mayor probabilidad de ingreso, permanencia y logro edu-cativo en la educación superior. Las demás se ven excluidas del sistema o son sometidas a un proceso

de inclusión segmentado y jerárquico, reproductor de brechas y privilegios sociales.

A lo anterior hay que agregar que, según las ci-fras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) y del Laboratorio de Economía de la Educación, solo el 43 % de las personas tienen acceso a internet móvil o fijo, solo el 17 % de los es-tudiantes de colegios rurales cuentan con internet y computador y el 96 % de los municipios no estaban preparados para implementar clases virtuales.

La disminución de estas brechas requiere de un enorme compromiso presupuestal por parte del Estado. De ninguna otra forma se podría garantizar el acceso universal e igualitario a la educación su-perior, disminuyendo, además, las desigualdades en acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Sin embargo, las universidades públicas acumulan un desfinanciamiento de 18 billones de pesos, y han visto reducidos sus recursos propios por concepto de matrículas y ventas de servicios en 51 % en marzo y en 66 % en abril del presente año, además del in-cremento de los costos asociados con la mejora de la infraestructura en tecnologías de la información y las comunicaciones (tic), el bienestar universita-rio, la formación docente para la virtualización y la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Las presiones financieras se trasladan también a las familias. Por este motivo, el estudiantado se ha movilizado para exigir la matrícula cero en las universidades públicas. Esto como un mecanis-mo que ayude a disminuir la deserción que podría ubicarse entre el 35 y 50 %, golpeando de manera desproporcionada a los grupos sociales afectados por la desigualdad persistente. En 2018 las universi-dades públicas recibieron 1,1 billones de pesos por concepto de matrículas de pregrado y posgrado. La universidad pública desfinanciada y el mayor riesgo de deserción son las dos caras de una misma moneda.

Ante este panorama, las medidas financieras adop-tadas por el Gobierno son tímidas frente al reto que se enfrenta, y no cambian el modelo predominante de financiamiento: se ha anunciado la ampliación de los subsidios para el pago de las matrículas de los estudiantes pobres (programa Generación e) y se han ofrecido créditos del Icetex con tasas de interés subsidiadas y periodos de gracia. A las instituciones se les ha apoyado con el programa de subsidio del 40 % de la nómina y créditos blandos de Findeter para cubrir sus gastos y mejorar sus dotaciones para su

adaptación a la virtualidad. Por último, el Ministerio ha destinado 97.500 millones de pesos para apoyar la matrícula de los estratos 1 y 2 en todas institucio-nes de educación superior públicas del país, cifra que se aleja de los 1,1 billones que requerirían las universidades públicas para sostener sus ingresos y disminuir la deserción en el marco de una pandemia que “no respeta clase social”. ¿Tiene sentido recurrir a herramientas de financiamiento que han mostrado su incapacidad para resolver las desigualdades del campo educativo y que se inscriben en el modelo de política social asistencial y focalizado que se ha ido al traste en tres meses de pandemia?

virtualiDaD en la formación: los límites De una profecía autocumpliDa

La pandemia ha permitido que actores económi-cos que comprenden la educación superior como un negocio interpreten esta coyuntura como una oportunidad para superar la caída en la demanda que se venía presentando en las instituciones privadas, incluso antes de la llegada del nuevo co-ronavirus. Esto último ha favo-recido la aparición de profecías de transformación radical de la educación por la virtualidad.

Dichas profecías, ligadas a la introducción de alguna tecnología educativa, se han reeditado desde el siglo xviii y, más recientemente, con la promesa de los audiovisua-les (radio y televisión educativas, sonovisos) y la enseñanza pro-gramada en los años cincuenta y sesenta, la racionalización de todos los procesos en los setenta, la fascinación por la digitalización y los multimedia en los noventa, y ahora la educación virtual.

Resulta paradójico, además, que en muchas regio-nes de Colombia –ante la precaria conectividad– el Ministerio de Educación esté acudiendo a las tec-nologías educativas que se ofrecían como la gran promesa del cambio y la innovación educativos en los sesenta: la radio y la televisión. De esta manera, el goce efectivo del derecho a la educación se reduce, en muchos casos, al diligenciamiento y la entrega de guías u otro tipo de materiales similares para constatar, evidenciar o medir el trabajo autónomo de los estudiantes.

Lo anterior contribuye al aumento de las desigual-dades socioculturales entre quienes tienen acceso a internet y quienes no, lo que supone la validación estatal de la inexistencia de criterios para promover y garantizar la calidad en la prestación del servicio educativo, además de la inobservancia de la acep-tabilidad, una de las cuatro dimensiones que según el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Constitucional forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación en el país, y que se refiere al aseguramiento de procesos y contenidos socialmente relevantes, culturalmente apropiados e impartidos con calidad.

Las profecías mercantiles establecen una oposición tajante y definitiva entre lo que supuestamente signi-ficaría la universidad antes y después de la pandemia por covid-19, lo cual conduce a la obligación de dar el salto de la “vieja” universidad presencial hacia la “inevitable” y “novedosa” universidad virtual, obvian-do, de esta manera, el debate sobre las afectaciones que dicho cambio generaría en la calidad educativa, en la equidad y en la realización de sus funciones misionales: docencia, investigación y extensión.

Tal visión de futuro olvida que, desde el nacimien-to de las universidades medievales hace casi mil años, este tipo de instituciones han sido siempre espacios

La extensión y la investigación –dos funciones misionales de la universidad– deben servir, ahora más que nunca, para desarrollar ejercicios ambiciosos de innovación social, entendidos como el conjunto de soluciones creativas y justas para problemas sociales, políticos, económicos y ambientales.

La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad.

Especial Pandemia


palabras clave: educación superior, pospandemia, deserción, equidad. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

relativamente autónomos en los que se expresa una forma de vida que favorece la reflexión crítica, la producción mancomunada de conocimientos, la integración intercultural y la creación permanente de comunidades de afecto, sentido y aprendizaje.

A su vez, esta profecía autocumplida ha permitido que la “educación remota de emergencia” –no educa-ción virtual– que ha venido incrementándose en los últimos meses, se asimile de manera irreflexiva como el paso obligado hacia la pretendida “innovación” que vaticinaban los sectores sociales y económicos interesados en masificar la incorporación de las tic en los procesos educativos.

Por otra parte, el hecho de que el profesorado se haya visto obligado a tener que utilizar internet para dictar sus clases durante la pandemia, ha favorecido el surgimiento de posturas que defienden la vuelta a la vida universitaria tradicional. Sin embargo, la virtualidad ha puesto en evidencia la inoperancia de ciertas formas de enseñanza, basadas en el empleo de didácticas expositivas en las que el docente tiene un marcado protagonismo. En este sentido, ¿sería o no deseable que los educadores que repiten una y otra vez el mismo discurso lo graben en video para que el público interesado pueda consultarlo en cualquier momento?

La presencialidad en la educación se sustenta en el hecho de que la intensificación de las interacciones contribuye a la coproducción de conocimientos y a la formación de ciudadanos. La vida universitaria prepara a los estudiantes de mejor manera para afrontar los desafíos de vivir y trabajar en sociedad. Las salidas de campo y las prácticas posibilitan aprendizajes vivenciales y altamente significativos. Son los ejercicios colaborativos y grupales en los que se realizan proyectos o se resuelven proble-mas, y aquellas prácticas pedagógicas que favorecen la experimentación, investigación, deliberación,

contrastación y ampliación de los saberes previos, las pautas formativas que permiten justificar la idea de que la virtualidad sea comprendida como complemento y no como sustituto de la formación presencial integral.

retos De la extensión y la investigación universitarias

El difícil momento que enfrenta el país pone de presente diferentes desafíos en torno a la reconfi-guración de la relación universidad-sociedad, más allá de la formación.

La extensión y la investigación –dos funciones misionales de la universidad– deben servir, ahora más que nunca, para desarrollar ejercicios ambiciosos de innovación social, entendidos como el conjunto de soluciones creativas y justas para problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Las universi-dades con sus grupos de investigación, centros de pensamiento, institutos, centros experimentales, laboratorios y hospitales han sido fundamentales para acompañar la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

La virtualización está siendo hoy también un instrumento en estos ejercicios, pero requiere mayor acceso a conectividad y a dispositivos electrónicos. Pero, por otra parte, y de forma incluso más evidente que para los procesos de formación, la virtualidad resulta insuficiente cuando se trata de generar con-fianza, negociar, participar, realizar trabajo de campo, experimentar, desarrollar proyectos y transformar entornos concretos.

Por ejemplo, en 2018, solo la Universidad Nacional de Colombia realizó 71 actividades de extensión solidaria en 21 departamentos del país en torno a la generación de comunidades sostenibles en las dife-rentes regiones del territorio nacional. La extensión

las universidades públicas acumulan un desfinanciamiento de 18 billones de pesos, y han visto reducidos sus recursos propios por concepto de matrículas y ventas de servicios en 51 % en marzo y en 66 % en abril del presente año.

La virtualidad en la formación universitaria debe ser comprendida como complemento y no como sustituto de la formación presencial integral.

Las salidas de campo y las prácticas posibilitan aprendizajes vivenciales y altamente significativos.

en contextos rurales y con deficiente conectividad plantea retos inmensos para su sostenibilidad.

Por otro lado, en lo relativo a la investigación y la creación, la crisis también develó la imperiosa necesidad de tener más y mejor ciencia en el país, lo cual va más allá, inexorablemente, de que exista una inversión importante en ciencia, tecnología e innovación. Alemania y Estados Unidos decidieron cerrar su mer-cado para las exportaciones de ventiladores artificiales, vitales para el tratamiento de los casos más complicados del covid-19.

De esta manera se puso de ma-nifiesto que ciencia y tecnología son parte de la soberanía de los países, y ahí las universidades de-ben asumir –e incluso recobrar– su liderazgo. Pero, paradójicamente, al mismo tiempo que se cerraron las exportaciones de equipos mé-dicos, científicos de todo el mundo se involucraron de manera colaborativa en el mayor proyecto de investigación de la historia para conocer y combatir el nuevo coronavirus.

Sin duda, esta sería una excelente oportunidad para fortalecer la financiación y las redes interna-cionales y nacionales de investigación y creación.

Fotos: archivo Unimedios.

Foto: Nathalia Angarita/Unimedios.


Medidas del Gobierno no protegen derechos laboralesDiana Del Pilar ColoraDo aCeveDo, profesora, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y SocialesUniversidad Nacional de Colombia

Durante la declaración de emergencia sanitaria frente al covid-19, las medidas adoptadas en el ámbito laboral evidencian la urgente necesidad de proyectar una política de protección social universal y sistémica.

La regulación De las relaciones De trabajo –mediante medidas excepcionales durante el estado de emergencia ocasionado por el covid-19– ha generado un curso de ac-tuación caracterizado por la incertidumbre, por develar con crudeza problemas estructurales originados hace largo tiempo y por adoptar medidas que buscan responder más a disyuntivas sobre quién debe asumir los resultados ne-gativos, que a la garantía material de los derechos sociales fundamentales.

De nuevo, se ha evidenciado que el trabajo es el factor de producción que genera valor, proposición que no re-fleja una trasnochada perspectiva ideológica, sino que se presenta de forma sensible ante nuestros ojos: sin trabajo humano, aún con los actuales avances de las tecnologías, no se crea valor.

El tratamiento jurídico de las medidas sociales –donde se ubica el escenario del derecho del trabajo– atiende a los hechos presentes en el ámbito económico y social, pero el derecho, expresado en normas y decisiones judiciales, entre otras fuentes, tiene una importante función de co-rrección de las desigualdades.

Frente a las diversas incertidumbres generadas, la ciuda-danía espera que las normas generen mediana seguridad, en especial cuando regulan cómo se debe trabajar o impactan la proyección de los ingresos provenientes del trabajo, que son los que soportan a las familias.

Quienes definen las políticas, expresadas finalmente en normas, podrían reducir la incertidumbre con criterios objetivos pero atendiendo a una ética de lo público y a un sistema jurídico decantado desde hace décadas, originado en innumerables luchas sociales y expresado en un marco tanto de derechos y garantías como de deberes estatales e individuales.

Distintos agentes se sorprenden de cómo la pandemia y las medidas de confinamiento obligatorio han expuesto la informalidad laboral. Esta refleja el trabajo sin las mínimas garantías salariales y prestacionales, sin condiciones de salubridad, sin acceso al derecho a la seguridad social y sin perspectivas de estabilidad. Pero esta no es una situación nueva: datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) indican que entre 2002 y 2018 la tasa de ocupación osciló entre el 52 y 59 %, y la población ocupada incorporó entre el 37 y 43,6 % a trabajadores por cuenta propia, y entre un 4 y 6 % a trabajadores sin remuneración. En ese mismo periodo la tasa de desempleo fue de entre 8,4 y 15,6 %. Sin embargo, a febrero de 2020 (prepandemia) la población ocupada afiliada a la seguridad social en salud lograba un 91,8 % y en pensiones un 50,4 %, mientras la informalidad en 23 ciudades fue del 47,9 %.

DerecHos laborales en juego

Con respecto a la regulación del trabajo, las respuestas del Gobierno a la crisis –siempre anunciada pero acreditada por la pandemia–, más que garantizar los derechos sociales fundamentales, han asignado cargas al factor trabajo y han escuchado los intereses gremiales desde una tendencia corporativista y no lo deseable para el interés público y la población más desprotegida.

La reacción inicial de los empleadores al confinamiento obligatorio fue aplicar la suspensión de los contratos labo-rales –no hay prestación del servicio ni pago de salarios y prestaciones–, la terminación de contratos y la licencia no remunerada. Al 24 de abril el Ministerio de Trabajo había recibido 2.413 requerimientos en virtud de la emergencia sanitaria: 1.625 solicitudes de trabajadores por la vulne-

palabras clave: derecho laboral, derechos de los trabajadores, informalidad laboral. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Las medidas laborales transitorias se centran en el trabajo formal y dejan por fuera a los trabajadores informales.

ración de sus derechos, y 1.110 de empresas que pidieron autorización para suspender contratos y actividades, o para hacer despidos colectivos.

Aunque el Ministerio advirtió que estas figuras no podían ser aplicadas, y que en lo relativo a sus funciones de verificación no las aceptaría, en la práctica se han adop-tado, con lo que el trabajador queda a merced del inicio de acciones judiciales.

En el marco de la crisis generada por la pandemia se aprobó el Decreto 770 de 2020, por medio del cual “se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios, y se crea el Programa de Auxilio a los trabajadores en suspensión contractual”.

Con dicha norma se estableció un auxilio pecuniario para los trabajadores objeto de las referidas decisiones, aunque su aplicación puede resultar restringida dados los requisitos solicitados. Buena parte de su financiación proviene de recursos provistos por trabajadores y pensio-nados del sector público a través del impuesto solidario establecido en el Decreto 568/20. Dicho tributo generó importantes inquietudes sobre su constitucionalidad, al desconocer normas internacionales de derechos humanos y sociales, y un amplio número de disposiciones consti-tucionales. Una actuación flexible ante la fuerza de los gremios genera apoyos económicos para trabajadores, financiados por trabajadores.

¿minirreforma laboral?

A las propuestas de los gremios de comerciantes, indus-triales y del sector bancario se suman las de algunos polí-ticos, todas dirigidas a reducir salarios, a eliminar o pagar posteriormente prestaciones sociales –primas, cesantías, intereses de cesantías, subsidios de transporte– y a flexi-bilizar costos de despido. En los medios, el Gobierno se muestra reacio a dichas proposiciones, aunque accede a que la prima de junio se pueda pagar en diciembre y en tres cuotas.

De otra parte, si se asume la jornada de trabajo en 4 días a la semana (12 horas diarias máximo) establecida por el

Decreto 770 de 2020 para evitar la aglomeración en sitios de trabajo y transporte público, y esto causa recargos nocturnos o festivos, su pago se diferirá durante el mismo plazo referido antes. La medida de excepción desconoce la normatividad internacional que prevé el pago de salario en un periodo máximo de un mes posterior a su causación, y no establece contraprestación por la demora.

Existen voces que demandan una solidaridad que sea asumida por los trabajadores, cargando en ellos el costo de la crisis: es la salida más fácil, menos rigurosa y menos exigente. No está originada por el nuevo coronavirus, al que se le achaca una multiplicidad de desequilibrios que han sido históricos, pues desde hace tres décadas se asumió como política la reducción de beneficios para el trabajo y de costos para el capital.

Las medidas acogidas por los decretos de emergencia son excepcionales y transitorias, no pueden ser el anti-cipo de una reforma laboral cuya discusión se debe dar en escenarios democráticos, participativos, respetuosos del derecho, y no como respuesta presurosa a sectores que buscan aprovechar la crisis para construir cambios permanentes y lesivos para el trabajo.

Es importante prever que las prácticas emergidas du-rante el periodo de confinamiento –como el trabajo en casa o la ampliación del teletrabajo–, unidas a la ya exis-tente incidencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) y las plataformas, puede precipitar transformaciones aún más hondas en la organización del trabajo. Ahí el derecho del trabajo tiene un significativo reto: ampliar su ámbito de protección en cobertura y profundi-dad, pues su objeto es el trabajo humano y no solo aquel que responde a formas tradicionales de subordinación.

Es preciso retomar medidas que expresen una ética pública sobre la distribución de los recursos en la sociedad, que no solo asigne la carga a los trabajadores, sino que incorpore los recursos del capital mediante una política pública de justicia redistributiva.


Especial Pandemia


palabras clave: Estados Unidos, democracia, populismo, China. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

El desconcierto de las nacionesyanina WelP, investigadora asociada, Centro para la Democracia Albert Hirschman,Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, Ginebra (Suiza)

La pandemia es el catalizador de una crisis mundial que acelera la consolidación de China como actor global frente a la pérdida de liderazgo de Estados Unidos. En América Latina se presenta en un momento de gran debilidad de la mayoría de los Gobiernos, que no han conseguido encauzar las demandas sociales que hasta comienzos de año mantenían movilizados en las calles a millones de ciudadanos.

Hace pocas semanas medios de comunicación internacionales como la cnn titulaban que “América Latina está perdiendo la batalla contra la pandemia”. Se puede objetar que la tan difundida metáfora de la guerra confunde (no se necesitan ejércitos ni una abstracta “unidad nacional”, sino políticas efectivas y una vacuna o tratamiento eficaz contra el virus). Tampoco ha llegado el apocalipsis a la región. Lo que se observa es diversidad: de un lado del espec-tro de posibilidades, mientras Uruguay (902 casos confirmados y 26 muertos) tiene la pandemia con-trolada y ha reabierto escuelas –nunca se decretó confinamiento obligatorio ni se suspendieron la producción ni el comercio–, en Brasil, con más de 1.188.631 casos y 53.830 muertes, sí es posible ha-blar de tragedia, pues evidentemente la situación se encuentra fuera de control.

Con todas las diferencias, es posible hacer al menos dos generalizaciones: primero, desde marzo toda la región ha estado pendiente de la pandemia. Sea para subestimarla (el presidente Jair Bolsonaro la comparó con “una gripezinha”, calificando como mentiras lo que “los grandes medios propagan por el mundo”), encomendarse a Dios (en Nicaragua, el matrimonio presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo organizó la marcha “amor en tiempos de covid-19”; ellos no asistieron, pero obligaron a los funcionarios públicos a sumarse), o tomársela muy en serio. En este último grupo se ubica la mayor parte de los países, que tomaron medidas tempranas –con unos pocos casos detectados– ce-rrando escuelas y clausurando fronteras, casi en paralelo con lo que se resolvía en España e Italia, donde al momento de actuar había centenares de contagios.

Algunos países decretaron confinamientos estric-tos, como Argentina, Panamá o Perú. Otros imple-mentaron medidas erráticas, como Chile, que con su estrategia de “cuarentenas parciales” decretó la semana del 23 de abril –cuando sumaba alrededor de 10.000 casos positivos por covid-19– que los funcionarios públicos regresaran a sus trabajos presenciales. Hoy el número de contagios supera los 260.000 casos y las 4.900 muertes.

En Brasil, el presidente Bolsonaro, siguiendo hasta en eso la estela de su homólogo Donald Trump en Estados Unidos (ee. uu.), se enfrentó a los gobernadores de 26 de los 27 estados que, contradiciéndolo, siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (oms) y establecieron cuarentenas. La diferencia es que en Estados Unidos el presidente todavía es el líder del partido de gobierno, entonces las líneas partidarias dividieron la gestión; en Brasil el Congreso lleva meses enfrentado al presidente, el poder judicial

La pandemia cambiará el orden económico, y por ende el geopolítico para siempre.


también, y hasta algunos sectores de las fuerzas armadas han mostrado su descontento.

Segundo: en comparación con los países de Europa, los Estados de bienestar están menos desarrollados en los paí-ses latinoamericanos. Aunque con diferencias, comparten el hecho de tener unas economías informales con enorme peso (la Organización Internacional del Trabajo –oit– lo ubicaba en el 53 % de la media regional, con países en que alcanzan cifras mucho más elevadas, como Bolivia), sistemas de salud poco desarrollados y porciones conside-rables de la población debajo de la línea de pobreza, que además venía aumentando en los últimos años (según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Ce-pal– en 2019 un 30,8 % de la población latinoamericana vivía en la pobreza y 11,5 % en la indigencia). Las capacidades estatales son menores y la mayor parte de los países están endeudados. Teniendo en cuenta este panorama, ¿cómo se reconfigurará la región y la democracia tras la pandemia?

un munDo más multipolar,con más tensiones y más presiones

Disminuye el peso geopolítico global de ee. uu. y aumenta el de China. Esto se veía venir, pero la pandemia ha ace-lerado y mucho el proceso.

ee. uu. vive un repliegue sobre su política doméstica, con consecuencias destacables hacia afuera. Con más de 2,5 millones de casos registrados y más de 120.000 muer-tos, no hay dudas sobre la mala gestión de Donald Trump frente la pandemia. Incluso mucho antes de la llegada del nuevo coronavirus también venía perdiendo prestigio y liderazgo global; un ejemplo reciente de sus portazos fue el cierre de negociaciones para establecer una tributación digital para la economía mundial.

Según el tercer Índice de Percepción de la Democracia (adelantado por Dalia Research en colaboración con la Alianza de Democracias, mediante encuestas realizadas a más de 120.000 personas en 53 países de todo el mundo),

la opinión sobre la influencia global de ee. uu. ha disminuido en medio de las críticas a su respuesta al covid-19: más del 60 % pensó que China había respondido bien a la pandemia, en comparación con solo un 30 % que consideró que la respuesta estadounidense había sido efectiva.

En paralelo, China mantiene y consolida su soft power con una economía afectada, pero con mayor capacidad de recuperación. La Unión Europea está de momento atrapada en sus tensiones internas, con una puja entre los países del sur, que necesitan ayudas para paliar una crisis de enormes dimensio-nes (muy superior a la experimentada en 2008) y los del norte, que se resisten a mutualizar la deuda y avanzar en la integración. La cuestión de fondo es la tensión doméstica en algunos Estados en torno a una mayor integración europea, resistida por los partidos de la derecha radical.

De momento es una incógnita si la crisis potencia-rá los populismos o si la evidencia de la mala gestión de los populistas (Bolsonaro y Trump) erosionará su apoyo. ¿Identifican los ciudadanos europeos a sus líderes de la extrema derecha con los de Brasil y Estados Unidos? Probablemente no.

más pobreza, más DeuDa,menos capaciDaDes estatales

Las diferencias entre los países de América Latina son múltiples, pero hay un dato que comparten a rajatabla: su economía se afectó casi de inmediato por la retracción de la economía internacional y los problemas se multiplicaron en países que ya venían mostrando síntomas más o menos claros de disminución del crecimiento. Sobre esto emerge el tercer escenario.

continuarán y aumentaránlas crisis políticas y sociales

Si 2019 fue el año de las protestas sociales, nada augura que vayan a disminuir. Paralelo al aumento de la pobreza crecerá la insatisfacción ciudadana y su expresión furiosa. Aquí los escenarios requieren de los contextos específicos.

Mientras, de momento, en Argentina se mantiene el consenso (declinante) en torno a las políticas de confinamiento del Gobierno, no se logra alcanzar un acuerdo en la refinanciación de la deuda. A juicio de las politólogas María Esperanza Casullo y Elsa Llenderrozas, en el país no peligra la democracia, pero la gobernabilidad podría verse afectada en el corto plazo.

Chile presenta otro escenario crítico, con una clase política divorciada de una sociedad movilizada. Aquí el problema es el cerramiento institucional del sistema y la llave de momento está en el plebiscito constitucional. En Bolivia las elecciones son clave para el futuro.

México, Brasil, Colombia, Perú y los países de América Central, cada uno tiene su propia coyun-tura que no admite miradas simplificadoras. Si se debilita o fortalece la democracia dependerá de muchas variables que aún no están claras. En Brasil o Bolivia el retroceso ha sido evidente, y se abren ventanas de oportunidad –las elecciones– para co-menzar a restaurar la confianza y la institucionalidad rota. En Venezuela o Nicaragua la dictadura se ha consolidado y el cambio se vislumbra complejo. Es evidente, sí, que son tiempos de desconcierto.

Especial Pandemia


palabras clave: petróleo, extractivismo, sector minero-energético. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Instituciones extractivas y pospandemia por coviD-19libarDo sarMiento anzola, economista y filósofo

El impacto generado por el nuevo coronavirus debió estimular un giro decisivo en aspectos como el impulso a la productividad, la innovación o la sostenibilidad ambiental; sin embargo, los sectores más poderosos son inflexibles en su defensa del extractivismo. Así, la pospandemia anuncia un nuevo ciclo de batallas por la explotación de los recursos naturales y energéticos en los territorios colombianos.

En mayo pasaDo la plenaria de la Cámara de Represen-tantes tumbó un proyecto de acto legislativo que bus-caba proteger la biodiversidad en la Región Amazónica. Al eliminarlo, se abrieron las puertas a la explotación de hidrocarburos en esta zona del país.

La catástrofe socioeconómica desatada por la pandemia por covid-19 y las alternativas para superarla exacerban los ánimos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) informó que en el mes de mayo de 2020, al sumar el número de desempleados registrados (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que impotentes y desesperanzados abandonaron el mer-cado laboral (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y, por tanto, la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 %.

De otra parte, el Banco de la República pronostica que la actividad económica puede caer hasta un 7 %; en marzo el indicador de seguimiento a la economía (ise) representó un decrecimiento de 4,9 % con respecto a marzo de 2019 (gráfico 1), y la devaluación de la moneda ha alcanzado 14 %. De acuerdo con los resultados del ise, en abril de 2020 la economía nacional registró decrecimiento de 20,1 %; por sectores: el primario cayó en 13,7; el secundario registró un desplome de -47,1; y, el terciario se derrumbó en 13,3 %. La respuesta oficial a la crisis generó un aumento desmesu-rado del déficit fiscal y de la deuda pública hasta alcanzar 10 y 70 % del pib, respectivamente. Ahora viene una riada imparable de reformas: laboral, pensional, tributaria y de política social. ¿Cuál será el deus ex machina que reactive la economía?

En Colombia han perdurado las instituciones políticas y económicas “extractivas” heredadas de los conquistadores españoles. La demanda del resto del mundo por materias primas ha sido el principal motor de la economía nacional en lo corrido del siglo xxi; sin embargo, no será igual en el futuro. El fin de su auge sirve para eviden-ciar el imperativo de impulsar la productividad, la innovación, la sostenibilidad ambiental y la equidad, en el marco de la diversificación eco-nómica con el fin de convertir a Colombia en un país exportador.

los retos De la economía política

La contribución de la rama “explotación de minas y canteras” al pib colombiano alcanzó su máxima contribución en 1990 con 9,3 %; tres décadas después el aporte registra un ciclo descenden-te: en el primer trimestre de 2020 representó el 5,6 % (gráfico 1).

Las actividades extractivas minero-energéticas modernas son intensivas en capital, generan rela-tivamente pocos empleos y requieren habilidades y tecnologías de las que carecen los locales. En 2005, estas actividades de producción alcanzaron en Colombia el máximo de contribución al total

de ocupación nacional con el 1,5 % en 2007 bajó a 0,8 % y en los años siguientes, hasta mayo de 2020, oscila entre 1,1 y 1,4 % (gráfico 2). En el periodo mayo 2019-mayo 2020 se destruyeron en todo el país 4 millones de puestos de trabajo (-17,9 %); durante este tiempo, en el sector mine-ro-energético la pérdida de empleos sumó 47.261 (-15,6 %).

En 2013, el país alcanzó el pico histórico en extracción de petróleo: superó el millón de barriles diarios. Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Cam-petrol), con un Brent a 25 dólares por barril la producción nacional se reduciría en 100.000 barriles diarios, al punto de llegar a los 786.000. En mayo la producción nacional cayó a 731.000 barriles por día y tiende a estabilizarse en 720.000. El 21 de abril de 2020 el precio tocó un piso de 17 dólares y en junio promedió los 40,2 dólares. El precio base del barril para proyectar una extracción de hidrocarburos sostenible en Colombia es de 30 dólares.

Teniendo en cuenta que la tasa de cambio está corre-lacionada con el precio del barril y el volumen exportado, la devaluación de la moneda nacional viene en caída libre: en 2020 por cada dólar se deben pagar alrededor de 3.800 pesos colombianos.

el sufrimiento socioeconómico

El desplome económico y la catástrofe del desempleo que tiene su explicación en la pandemia por covid-19 impli-caron la pérdida de las dos últimas décadas de desarrollo. El desempleo y la informalidad afectan a dos terceras partes de la fuerza de trabajo; la riqueza y el ingreso se concentran en el 10 % más rico de la población (durante la pandemia, la especulación con los bienes y servicios básicos y el agio-taje financiero aceleraron la desigualdad); la pobreza por ingresos cubre al 45 % de la población (la clase media más vulnerable desapareció por causa de quiebras, desempleo, caída de ingresos y barreras de acceso a subsidios).

Con el fracaso del Acuerdo Final de Paz los problemas ambientales se intensificaron. Hasta mayo hubo cerca de 35 atentados en contra de los oleoductos Caño Limón-Coveñas, Bicentenario y Transandino. Además, la disposición del Gobierno nacional para regular la intermediación laboral en las zonas petroleras recrudeció los conflictos entre empresas petroleras, sindicatos y comunidad. Así mismo, durante la pandemia se manifestaron los pobladores del Magdalena Medio dejando fuera de servicio 368 pozos

que ocasionaron pérdidas en la producción cercanas a los 11.000 barriles diarios de petróleo.

En el último siglo, las actividades de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos avanzan de sur a norte; faltaba por “colonizar” la Región Amazónica (ver mapa de la infraestructura petrolera). Producto de esta fuerza extractiva imparable, la clase dirigente enterró las consultas populares: en 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 33 de la Ley 36 de 1994 que obligaba a realizar una consulta popular en los municipios donde un proyecto minero o similar amenazara con cambiar el uso del suelo.

El modelo de crecimiento económico, fundamentado en las industrias extractivas, es insostenible, azaroso, injusto y violento. Ni la apertura económica ni la docena de tratados de libre comercio han logrado que Colom-bia se convierta en un país exportador. Sin embargo, los sectores más poderosos son inflexibles en su defensa, máxime ahora cuando el precio del barril de petróleo referencial Brent vuelve a acariciar los 43 dólares en julio, como consecuencia del acuerdo político de los principales países productores para reducir la oferta de petróleo y de la reactivación gradual de la economía mundial.

Desde hace más de 40 años las políticas económicas y sociales están direccionadas a facilitar el proceso de ex-poliación de la riqueza minero-energética, con la guerra como una estrategia eficiente que cumple el propósito de generar nuevos espacios para el capital trasnacional (dos terceras partes de la rama “explotación de minas y canteras” está en manos de las multinacionales). Así, aunque la mayoría de los beneficios son devengados por la nación, en particular por la oligarquía dominante y el capital transnacional, los costos –como la contaminación, pérdida de recursos ambientales y autonomía alimentaria, violencia y desplazamiento forzoso– son asumidos por las comunidades locales.

La pospandemia anuncia un nuevo ciclo de batallas por la explotación de los recursos naturales y energéticos en los territorios colombianos.

-6,0

Contribución de la explotaciónde minas y canteras al PIB (% IT, marzo 2020)

Tasa anualde crecimiento PIB (%)-5,0

-4,0-4,2

-1,6

9,3

5,6

1,5

-4,9

-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,0

10,0

Gráfico 1. Dinámica anual del PIB colombiano y contribuciónde la rama “Explotación de minas y canteras” (%)1925 - 2020 (Primer trimestre)

1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 2019

Gráfico 2. Dinámica del empleo en Colombia. Total ocupados a nivel nacionaly participación de la rama “Explotación de minas y canteras (%), 2001-2020”

Participación de los ocupadosen explotación de minas y canteras (% IT)

Ocupados total nacional

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l ocu

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l nac

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IT)

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22.394.880

18.105.873

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2.000.000

4.000.000

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20.000.000

22.000.000

24.000.000

2001 2005 2007 2011 2015 2020

Especial Pandemia


palabras clave: cambio climático, deforestación, Misión Internacional de Sabios 2019, biotecnología. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Pandemias y cambio climático obligan a repensar el modelo económicoGerMán PoveDa JaraMillo*, profesor, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

La deforestación está en la raíz de estas dos amenazas para la humanidad y para la sostenibilidad de la Tierra. La situación actual demuestra que la salud humana y económica dependen directamente de la estabilidad ecológica del planeta; estas dos razones deberían bastar para prohibir y penalizar la tala indiscriminada en todo el mundo.

En el munDo han sido contagiadas más de 10 millones de personas y casi medio millón han muerto por el covid-19, una pandemia de origen zoonótico causada por el coronavirus sars-cov–2 que fue transmitido a los humanos por murcié-lagos y pangolines. El riesgo de trans-misión de zoonosis es mayor a partir de animales silvestres amenazados y en peligro de extinción, cuyas pobla-ciones han sido diezmadas tanto por la deforestación que destruye sus hábitats como por la caza excesiva y el tráfico de animales.

La invasión humana en áreas de alta biodiversidad está provocando la sexta extinción masiva de seres vivos. Estudios recientes estiman que 2030 es el año límite para el colapso de la ma-yoría de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta. Además, el cambio climático causado por la emisión de gases de efecto in-vernadero (gei) afecta la biodiversidad global y favorece la expansión de virus y bacterias.

La deforestación está en la raíz de las dos amenazas existenciales más urgentes para la humanidad y para la vida en el planeta: las pandemias (actual y venideras) y el cambio climático. Pero sus impactos van más allá, dado el papel fundamental de los bosques y de todos los biomas en la evolución de la vida, en la salud de los ecosistemas, en la conservación de la biodiversidad y en su relación de doble vía con el clima y el ambiente.

El estricto confinamiento impuesto durante el primer semestre del año ha alterado drásticamente el consumo de energía mundial en todos los sectores y ha reducido las emisiones dióxido de carbono (CO2). Se estima que a finales de 2020 estas podrían caer entre 4 y 7 %, la mayor disminución anual desde la Segunda Guerra Mundial, situación que ha dado lugar a una benéfica recuperación de la vida silvestre y a una mejora en la calidad del aire. Pero no hay que hacerse ilusiones: no obedece a cambios estructurales.

Además, está acarreando otra problemática: la de con-taminación por plástico, debido al uso y la disposición de insumos de protección personal como guantes y tapabocas, y por el auge del comercio electrónico y el suministro de alimentos a domicilio, todo lo cual viene empacado en recipientes plásticos. Una explicación es que, ante la caída

del precio del petróleo, este tipo de productos se vuelven más baratos.

urge Declarar estaDo De alerta roja De emergencia planetaria

Es muy probable que en la pospandemia las emisiones de CO2 retomen las tendencias crecientes de los últimos años o sean aún mayores, lo cual conducirá a un calentamiento de la Tierra por encima de 2 oC (fácilmente 4 oC) con respecto a promedios preindustriales (año 1780).

De los 15 elementos que mantienen estables el siste-ma climático del planeta, 9 ya han sido perturbados sin retorno, como por ejemplo el permafrost o capa del suelo permanentemente congelada, el sistema de circulación de corrientes del Atlántico, la selva amazónica y los corales de aguas cálidas. Por ello hay que declarar un estado de alerta roja de emergencia planetaria; no es catastrofismo ambientalista: lo advierten incluso organismos económicos como el Fondo Monetario Internacional.

Una pregunta frecuente es qué va a suceder cuando las sociedades retornen a la “normalidad”. Una respuesta apareció en las paredes de Hong-Kong: el problema es la “normalidad” (business as usual): inequidad social, hiperconsu-mismo, devastación ambiental, entre otros. Todos propiciados e incentivados por la actual economía (como ciencia y como modelo de desarrollo). Dos ejemplos permiten vislumbrar

el futuro: el experimento descontrolado del primer día sin iva el 19 de junio en Colombia, justo en un momento en el que se presentaba un importante incremento en los casos de covid-19 confirmados, y las largas filas a la entrada de almacenes en Francia al terminar el confinamiento.

Diez recomenDaciones

Para el caso colombiano, una de las propuestas de la Misión Internacional de Sabios 2019 fue cambiar el actual modelo de desarrollo del país, basado en la explotación de recursos naturales no renovables y productos agrícolas primarios, para dar un salto hacia una potente bioeconomía, sustentada en nuestra extraordinaria biodiversidad, y que mediante la utilización de las bio-tecnologías permita garantizar la segu-ridad alimentaria, además de descubrir, inventar, construir y diseñar materiales, productos, procesos y servicios de muy alto valor agregado. Las actuales tasas de deforestación y de degradación de los ecosistemas colombianos van en contravía de dicha recomendación y del desarrollo sostenible de Colombia.

El país ocupa el puesto 137 entre 168 naciones en términos del Índice de Estímulo Económico covid-19 (cesi), el cual permite comparar de manera estandarizada las medidas económicas tomadas por los Gobiernos del mundo para paliar los impactos socioeconómi-cos de la pandemia.

Ni el cambio climático ni la pande-mia por covid-19 admiten más “nor-malidad”. Ante ambas crisis es urgente: (1) devolverle al Estado su papel central para regir los destinos de la sociedad, comenzando por temas fundamentales como la salud, la educación y la segu-ridad social; (2) prohibir y penalizar la deforestación; (3) reemplazar los com-bustibles fósiles por energías limpias y renovables, e invertir en infraestruc-turas verdes y medios de transporte limpios; (4) escuchar el Laudato Si del papa Francisco y los pronunciamientos

de todas las grandes religiones del mundo sobre el cambio climático y la devastación ambiental; (5) adoptar la bio-tecnología como motor de desarrollo socioeconómico y ambiental de Colombia; (6) implementar una economía honesta con el medioambiente que incorpore el “Producto Ecosistémico Bruto” en las cuentas nacionales; (7) avanzar en la implementación de la jurisprudencia ambiental; (8) exigirles a los gobernantes un compromiso serio para resolver las actuales crisis ambiental y climática; (9) tener presente que están en juego temas de equidad intergene-racional; y (10) involucrar el conocimiento ancestral en la discusión y la pedagogía ambiental.

* Miembro del Grupo Intergubernamental de Ex-pertos sobre el Cambio Climático (ipcc). Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn), e integrante de la Misión Internacional de Sabios 2019.

Las pandemias y el cambio climático afectarán de manera cada vez más grave a las pobla-ciones más vulnerables del mundo.


Especial Pandemia


Política fiscal en tiempos de pandemiaJorGe arManDo roDríGuez, decano, Facultad de Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de Colombia

Hasta el momento, aunque las medidas adoptadas por el Gobierno intentan paliar los efectos provocados por el covid-19, todavía lucen insuficientes para enfrentar el tamaño de la crisis; por eso, tanto las características de los programas que se han puesto en marcha durante el estado de emergencia, como su ejecución, llaman a la cautela sobre su eficacia.

La utilización del endeudamiento

para financiar gastos corrientes de las

empresas y proveerles liquidez es cuestionable.

El porcentaje de las garantías es

relativamente alto (entre 70 y 90 %, según el caso), pero puede haber

reticencia de empresarios e incluso de banqueros a

acudir a ese recurso.

Varios fenómenos que rara vez ocurren todos juntos se han condensado en los daños experi-mentados por la economía colombiana durante la pandemia de covid-19. En distintas dosis, la lista incluye un choque negativo sobre la producción y distribución de bienes y servicios, una recesión por insuficiencia de demanda efectiva y una cri-sis financiera, además de la emergencia sanitaria. Tal combinación ha desembocado en una crisis socioeconómica de alta complejidad que castiga a trabajadores y propietarios de capital, aunque no a todos, ni por igual.

La actividad económica se reanimará con el re-lajamiento de la cuarentena, aunque no se sabe qué tanto. De todas formas, el camino hacia la

recuperación parece sinuoso y lar-go. Tanto la influencia que pueda tener la persistencia del miedo a la enfermedad en ausencia de vacuna, como el distanciamiento físico y las limitaciones al tamaño de las aglo-meraciones, restringen la eficacia de las políticas macroeconómicas para contrarrestar los daños. Las cosas se complicarían si las políti-cas adoptadas no son las adecuadas en su diseño o implementación.

La preexistencia de una insti-tucionalidad económica para res-ponder a crisis socioeconómicas severas y a desastres naturales parece ser un factor determinante del grado de éxito de los países en la reducción de los costos econó-micos de la pandemia. Colombia

carecía de mecanismos institucionales para cana-lizar recursos hacia los trabajadores por cuenta propia que quedaron desempleados, por ejemplo. El programa Ingreso Solidario y otros programas creados en medio de la crisis son transitorios y han tenido dificultades para hacer llegar los recursos a los beneficiarios potenciales, cuando no los exclu-yen de hecho, como puede haber sucedido con los vendedores ambulantes. Los costos de carecer de dicha institucionalidad deben de ser altos.

problemas De alto calibre

Con respecto a la situación previa a la declaratoria del estado de emergencia –a mediados de marzo–, el desempleo ha arreciado y los ingresos laborales se han desplomado. En muchas actividades econó-micas, con negocios sin mayores posibilidades de vender y consumidores sin mayores posibilidades de comprar, las ganancias han caído o no se han generado.

En mayo de 2020 la población ocupada se ubicó en 17,3 millones, un 22 % menos que en el mismo

Los principales organismos económicos internacionales han coincidido en señalar que la actual pandemia por covid-19 tendrá un impacto descomunal en todas las economías del mundo.

mes de 2019. La mayoría de los empleos perdidos se esfumó entre marzo y mayo, periodo en el cual la tasa de desempleo se trepó de 12,6 a 21,4 %. Debido a que por el confinamiento mucha gente desistió de buscar trabajo, la tasa de desempleo no alcanza a reflejar bien la gravedad de la situación laboral. Si en vez de desistir hubieran continuado buscando, la tasa de desempleo habría rondado el 30 %.

En Colombia la incidencia geográfica del desem-pleo tradicionalmente es bastante dispareja, pero en todas partes parece haberse disparado. En el trimestre marzo-mayo, en Neiva, Ibagué y Armenia se registraron las tasas de desempleo más altas del país, alrededor del 31,6 %. Por su parte, Cartagena y Barranquilla registraron las más bajas, del orden del 16 y 12 %.

El Indicador de Seguimiento de la Economía (ise) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) registra un decrecimiento real de la producción agregada de 20 % entre abril de 2019 y abril de 2020. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado a finales de junio pasado, la economía colombiana tendría un crecimiento negativo de 5,5 % en 2020, una predicción optimis-ta, si se quiere; antes de la emergencia sanitaria el crecimiento pronosticado era positivo, de 3,7 %, según el Plan Financiero de comienzos de año. El esperado repunte de la producción en lo que resta de 2020 sería, a todas luces, insuficiente para evitar el retroceso anual.

¿espacio fiscal DesaprovecHaDo?

El economista británico John Maynard Keynes ci-mentó bien la idea según la cual los tiempos de desempleo elevado y contracción económica son tiempos para el gasto público deficitario, no para la austeridad. Por el contrario, la regla fiscal, adop-tada hace casi una década en Colombia, exigía que el Gobierno redujera en forma gradual su déficit estructural a 1 % del pib, o menos, en 2022. Cumplir con tal exigencia en las circunstancias de la pande-mia habría intensificado las fuerzas recesivas. Con buen tino, el Comité Consultivo del ramo aprobó

la suspensión de la regla fiscal durante 2020 y 2021, decisión que amplía el espacio para la política fiscal expansiva.

Sin embargo, ampliar el espacio fiscal no es lo mismo que utilizarlo, o utilizarlo adecuadamente. ¿El manejo de las finanzas públicas ha sido congruente con las necesidades de la coyuntura? Examinar el déficit fiscal del 8,2 % del pib para 2020, proyecta-do ahora en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, da pistas al respecto.

Según el Ministerio de Hacienda, el 27 % de ese déficit corresponde al déficit autorizado por el Comité de la Regla Fiscal antes de que se conociera el brote de la enfermedad. El 40 % es imputable a la caída del recaudo tributario y de otros ingresos asociada con el covid-19, un efecto automático, no producto de la intervención discrecional de las autoridades, que amortigua el golpe sufrido por el ingreso disponible de los agentes económicos. El 33 % restante del déficit proyectado sí es atribuible a decisiones tomadas por las autoridades fiscales durante la coyuntura. Esta última porción del défi-cit, equivalente al 2,7 % del pib, se puede ver como una medida aproximada del espacio fiscal que, al menos hasta el momento, el gobierno Duque dice querer utilizar ante la pandemia.

fuentes, usos y Deficiencias De información

El cuadro adjunto registra los recursos que el Go-bierno ha asignado para el presente año en el marco del estado de emergencia, clasificados en términos de fuentes y usos. En especial con respecto a los usos, la información oficial es poco sistemática, a veces escasa, a veces dispersa, a veces confusa. El cuadro es, pues, un intento de organizar los datos disponibles.

El monto total asignado asciende a unos 30 billones de pesos, equivalentes a alrededor del 2,9 % del pib. El 85 % de este monto nutre el Fondo de Mitigación de Emergencias (fome), el 11 % co-rresponde a excedentes provenientes de fondos públicos y la proporción restante a otras fuentes (no


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palabras clave: desempleo, política fiscal, emergencia económica. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

El programa Ingreso Solidario y otros programas creados en medio de la crisis son transitorios y han tenido dificultades para hacer llegar los recursos a los beneficiarios potenciales, cuando no los excluyen de hecho, como puede haber sucedido con los vendedores ambulantes.

La crisis socioeconómica castiga a trabajadores y propietarios de capital, aunque no a todos, ni por igual.

Recursos asignados por el Gobierno nacional en el marco del estado de emergencia por el COVID-19FUENTES y USOS. Datos más recientes disponibles a 23 de junio de 2020

FUENTESBillones de pesos

corrientes Participación

en el total de fuentes o usos (%)Participación en el PIB (%) *

Fondo Mitigación de Emergencias (FOME) 25,5 85,0 2,5

Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) 12,1 40,3 1,2

Fondo de Pensiones Territoriales (FONPEP) 3,0 10,0 0,3

Títulos de solidaridad 9,8 32,6 1,0

Fondo de Riesgos Laborales (FRL) 0,3 1,1 0,0

Impuesto solidario funcionarios y contratistas estatales 0,3 1,0 0,0

Excedentes fondos públicos 3,3 10,8 0,3

FONDES 2,6 8,7 0,3

Entidades participación estatal 0,7 2,2 0,1

Otros 1,3 4,2 0,1

Total fuentes 30,0 100,0 2,93

USOS

Salud 7,2 24,0 0,70

Ampliación de oferta

Otros

Hogares 4,8 16,0 0,5

Ingreso Solidario 1,2 3,9 0,1

Otros (p. ej., Familias en Acción y Colombia Mayor) 3,6 12,1 0,4

Empleo 12,0 40,1 1,2

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 0,8 2,8 0,1

Garantías de crédito para mypimes 11,2 37,3 1,1

Para pago de nóminas 10,0 33,3 1,0

Para trabajadores independientes 1,2 4,0 0,1

Empresas 6,0 20,0 0,6

Garantías de crédito para capital de trabajo 5,0 16,6 0,5

Garantías de crédito para microempresas 1,0 3,3 0,1

Total usos 30,0 100,0 2,93

* PIB estimado suponiendo un crecimiento económico de -5,5 % y una inflación de 2 % en 2020.

Fuente: elaboración del autor con base en información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,el Fondo Nacional de Garantías y el Departamento Nacional de Planeación.

determinadas). El cuadro presenta las fuentes de los recursos en el fome (verbigracia, Fondo de Ahorro y Estabilización, y Fondo de Pensiones Territoriales) y de los excedentes.

De igual manera, el cuadro reporta los usos pre-vistos de los recursos por grandes rubros. Así, de los 30 billones asignados, el 40 % corresponde a empleo, el 24 % a salud, el 20 % a empresas y el 16 % a hogares (pobres y vulnerables). En el rubro salud no fue posible determinar cuánto se ha canalizado a la ampliación de oferta hospitalaria o a la red pública existente. En los otros grandes rubros se identifican los programas nuevos.

El ministro de Hacienda ha señalado que la ejecu-ción de algunos programas implica el giro efectivo de recursos, como es el caso de los Programas de Apoyo al Empleo Formal y del Ingreso Solidario, mientras que la de otros conlleva el otorgamiento de garantías de crédito, que pueden o no acarrear desembolsos, como es el caso de los programas a cargo del Fondo Nacional de Garantías. Es importante tener en cuenta este rasgo a la hora de interpretar el cuadro.

programas: alcances y reparos

Tanto las características de los programas que el Gobierno ha puesto en marcha durante el estado de emergencia como su ejecución llaman a la cautela sobre su eficacia.

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (paef), que, en principio hasta agosto, busca otorgar a em-presarios formales un subsidio mensual para el pago de la nómina –equivalente al 40 % del salario mínimo por trabajador– debería beneficiar en últimas a los obreros y empleados particulares. Según la Unidad de Pensiones y Parafiscales, a 23 de junio de 2020 el valor total girado de este subsidio alcanzó los 848.000 millones de pesos. Nótese que este valor equivale al 2,8 % de los usos de recursos covid-19, y en términos de participación en el PIB es irrisorio (del orden 0,1 %), en contraste con el peso relativo de obreros y empleados particulares dentro de la fuerza laboral.

El Programa Ingreso Solidario, creado en abril y concebido como un mecanismo pasajero que busca entregar “una transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado”, ha chocado con problemas para identificar a los beneficiarios y girar los recursos. Con una du-ración de tres meses, susceptible de ser prorrogada, el programa prevé una transferencia de 160.000 pesos mensuales por beneficiario.

Según el Departamento Nacional de Planeación, al 11 de junio el número de hogares beneficiados por

Ingreso Solidario era de 2,4 millones. De este modo, el monto total de la transferencia sería cercano a 1,2 billones de pesos, esto es, alrededor del 0,1 % del pib (no es claro si los hogares ya habían recibido el dinero). En principio, este programa beneficiaría a trabajadores por cuenta propia que por las medidas de aislamiento obligatorio no han podido trabajar, pero, a semejanza del paef, su cuantía es irrisoria frente al gran número de trabajadores en esa con-dición. A pesar de ello, Ingreso Solidario podría convertirse en la semilla de los programas intergu-bernamentales de gasto diseñados para ayudar a contrarrestar en forma automática las fluctuaciones en el nivel de empleo en departamentos y regiones, tipo seguros de desempleo o, acaso, programas de infraestructura.

Aunque otros programas financiados con recursos del fome pueden beneficiar a los desempleados, se trata de un resultado más bien incidental. Así ocurre con Familias en Acción, cuyo principal objetivo es promover la salud y la educación de la niñez pobre.

Ante la amenaza que representa la crisis para la supervivencia de las empresas, el Gobierno res-

pondió ofreciendo garantías al endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para el pago de nómina y para financiar capital de trabajo. El respaldo se extendió a las microempresas y a los trabajadores independientes. El monto asignado a los programas de garantías de crédito –17,2 billones de pesos en total, casi tres quintos de los usos– se puede ver como cupos anunciados. A mediados de junio las entidades financieras habían desembolsado créditos con tales garantías por el equivalente al 20 % de ese total.

La utilización del endeudamiento para financiar gastos corrientes de las empresas y proveerles liqui-dez es cuestionable. El porcentaje de las garantías es relativamente alto (entre 70 y 90 %, según el caso), pero puede haber reticencia de empresarios e incluso de banqueros a acudir a ese recurso.

Aunque la eficacia de las po-líticas económicas tiene sus lí-mites frente a la magnitud de la crisis, para aquellos empresarios y trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia los programas gubernamentales de apoyo tal vez llegaron demasia-do tarde o fueron inadecuados o insuficientes.

la tributaria, otra vez

Teniendo en cuenta que prácti-camente desde que se expidió la Constitución de 1991 los gastos permanentes del Gobierno na-cional han excedido sus ingresos permanentes, la conveniencia o necesidad de una reforma tributaria que eleve el recaudo sigue estando sobre el tapete.

Sin embargo, una reforma de ese corte, que ya era difícil de llevar a cabo antes de la pandemia, encara un nuevo contratiempo: los efectos econó-micos adversos que tendría si se adopta en medio de una recesión profunda. Con todo, habría una salida: orientar la reforma a gravar más la riqueza que el ingreso y, a su turno, a gravar más el ingreso que el consumo. Ello implicaría, por ejemplo, darle pre-lación a gravámenes como el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre la renta personal. Gravar en forma progresiva las grandes riquezas y los altos ingresos no interferiría, o no lo haría tanto, sobre la recuperación económica, aparte de favorecer la equidad.



palabras clave: renta básica, pib, impuesto progresivo. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Renta mínima básica, viable y necesariaJorGe enrique esPitia zaMora, profesor e investigador, Centro de Pensamiento en Política FiscalUniversidad Nacional de Colombia

Implementar esta medida reflejaría una política pública esencial en el marco de un Estado de bienestar como lo establece la Constitución Política de 1991; además, por no resultar tan onerosa en términos fiscales, representa una oportunidad para generar cohesión e inclusión social, que ayudarían a mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia.

La renta básica universal corresponde a un ingreso que deberían recibir todos los ciudadanos a efectos de profundizar su libertad, en especial aquella que todo ser humano debe tener de elegir una religión o un hogar; de participar directa o indirectamente en la formación de las normas que rigen su comportamiento (política), y de disfrutar de los derechos constitu-cionales a poseer bienes y servicios necesarios para gozar de una vida digna, como la educación o la salud.

Desde 1967 la discusión de una renta básica univer-sal ha estado presente en el ámbito académico, aunque fuera en un texto de John Rawls y Ronald Dworkin, como bien lo narra Philippe van Parijs en Renta básica y justicia social. ¿Por qué los filósofos no están de acuerdo?

La pandemia provocada por el covid–19 ha pues-to por primera vez en la palestra política de varios países de América Latina la discusión de medidas de política para instrumentalizar la renta mínima básica, definiendo sus componentes y operatividad.

En mayo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso entregar durante seis meses de un ingreso básico de emergencia a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas, o el 34,7 % de la pobla-ción regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1 % del pib para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.

Según la Comisión, la pandemia provocará en el corto plazo un aumento tanto de la pobreza como de

Las asig-naciones

de los programas sociales no

alcanzan para resolver las

necesidades básicas de las

familias.

la pobreza extrema y la desigualdad en la región, debido al contexto de bajo crecimiento económico, ante la caída del –5,3 % del pib y el aumento del des-empleo de 3,4 puntos porcentuales proyectados por este organismo. Así mismo, estima que la pobreza aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año anterior, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7 % de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

baja cobertura De programas sociales

En el caso colombiano, si se estima para un año una renta básica universal de 1 smlv (877.830 pesos) para todos los ciudadanos, independientemente de as-pectos como raza, credo, edad, lugar de residencia y profesión, el valor de esta medida ascendería a unos 500 billones de pesos, la mitad del pib nacional. Vale la pena mencionar que los ingresos tributarios del Gobierno nacional son 158 billones de pesos, el 15 % del pib, y si se adicionan los ingresos tributarios de los departamentos y municipios suman 188 billones de pesos, el 18 % del pib.

Las asignaciones de los programas sociales no alcanzan para resolver las necesidades básicas de las familias, como vivienda, alimentación o educación (por ejemplo, en este momento la educación remota ha obligado a muchas familias a incurrir en gastos para la compra de equipos y el acceso a servicios de internet), todas ellas con una baja cobertura social. Un caso es el del Programa Familias en Acción, que apoya a 2,6 millones de familias pobres y pobres extremas, equivalente al 62 % de estos hogares en Colombia.

Con respecto a la respecto a la asignación, y con base en la segunda entrega de incentivos, en el marco de la emergencia por el covid-19, el Gobierno nacional realizó abonos a 1.423.374 de Familias en Acción, con una inversión de 382.000 millones de pesos (269.000 pesos por familia, es decir 31 % del smlv), y a 158.658 de Jóvenes en Acción, con una inversión de 110.128 millones de pesos (695.000 pesos por joven, 80 % del smlv).

De otra parte, el ingreso solidario corresponde a una asignación de 480.000 pesos (55 % del smlv), y los primeros beneficiarios son 131.136 personas en pobreza extrema, 458.929 hogares pobres y 338.685

en condiciones de vulnerabilidad económica; también lo recibieron 234.218 hogares con menos de 30 puntos en el Sisbén III. Si esos beneficiarios se suman como si fueran hogares, incluso las personas, se estaría hablando de 1.200.000 familias, es decir 28 % de los hogares pobres.

uso más eficaz De los recursos

Considerando el bajo alcance de los programas so-ciales, además de las asignaciones tan insignificantes del Gobierno nacional para afrontar la pandemia, cerca de 54 senadores de la República redactaron un proyecto de ley que propone una renta básica de emergencia de:

• 1 smlv por 3 meses para el 100 % de las familias pobres (4 millones de hogares = 12 millones de personas) y

• 1 smlv por 3 meses al 100 % de las familias vul-nerables (3 millones de hogares = 9 millones de personas) que perdieron sus ingresos por el confinamiento.

Cabe recordar que de los 22 millones de personas empleadas en Colombia, el 43 % son por cuenta propia (restaurantes, peluquerías, pequeños negocios, entre otros), muchos de los cuales después de más de tres meses del inicio del confinamiento obligatorio siguen sin poder generar ningún tipo de ingreso.

El proyecto que busca modificar el decreto 518 de 2020 –en el cual el Gobierno estableció el ingreso solidario en medio de la pandemia– propone no solo cambiar el nombre –de “Programa de Ingreso Solida-rio” por “Programa de Renta Básica de Emergencia”–, sino también ampliar la cobertura y el monto que reciben las personas.

La propuesta asciende a 19 billones de pesos (3 % del pib), y además agregaron una reforma a efectos de obtener fuentes de financiamiento de la renta básica de emergencia, entre los cuales se encuentran:

• Un impuesto progresivo al patrimonio tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas superricas del país, a los dividendos recibidos, y ampliar el impuesto solidario a los sueldos de los privados.

• Suspender los programas sociales actuales tanto para hacer un uso más eficiente de los recursos como para evitar inequidades horizontales entre los hogares beneficiarios.

• Usar responsablemente los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia cumpliéndole a la población pobre y vulnerable del país, pues este tiene una asignación de 25.2 billones de pesos y al mes de mayo tan solo han comprometido 2.5 billones, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Presupuesto.

Tales medidas permitirían el recaudo de entre 15 y 20 billones de pesos, por lo cual la propuesta alternativa de los senadores estaría completamente cubierta, además de ser viable financieramente.

Aunque a la iniciativa no le alcanzaron los tiempos para ser aprobada en primer debate por la Comisión Tercera del Senado, lo que la dejó sin posibilidad de continuar su trámite en la actual legislatura, se está avanzando en un acuerdo político que permita tener cuanto antes una nueva propuesta, muy necesaria en estos momentos cuando la población pobre y vulnera-ble del país se encuentra en una situación muy difícil para atender sus necesidades básicas.


Especial Pandemia


Especial Pandemia

palabras clave: economía social, cooperativismo, sector solidario. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Cooperativismo, alternativa para la recuperación económicaJairo orlanDo villabona, profesor, Facultad de Ciencias EconómicasUniversidad Nacional de Colombia

Iniciativas de este tipo, en las cuales los empleados se han hecho cargo de empresas declaradas en quiebra y las han convertido en cooperativas, por ejemplo, han demostrado ser una opción para superar las crisis económicas y sociales. En esta transición se garantiza el empleo, el pago de impuestos y el aporte a la riqueza del país.

El COVID-19 Ha aceleraDo y agudizado lo que ya se veía venir: una crisis económica y social mundial sin precedentes, con mayor afectación a los países en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentra Colombia.

Después de un buen desempeño en 2019, que llevó al país a alcanzar una tasa de crecimiento del 3,3 %, frente al 0,1 % de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se esperaba que en 2020 alcanzara un crecimiento económico cercano al 3,5 %. Sin embargo, en el primer trimestre del año se produjo un desplome del pib del 2,4 %, con un importante freno de la demanda tanto exterior como interna. Esto debido a dos choques que han afectado todas las proyecciones: la pandemia provocada por la propagación del covid-19, y la fuerte caída del precio internacional del petróleo.

El Banco Mundial espera que la producción del país se reduzca 4,9 % y que en 2021 retome el cre-cimiento, con una tasa de 3,6 %; el Fondo Moneta-rio Internacional estima un crecimiento de apenas 2,5 % para el presente año, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) proyecta que el pib bajará un 6, 1 % y advierte que el próximo año el pib del país subiría de forma gradual apenas 2,8 %.

Al igual que en otros países, en Colombia el tejido empresarial, sobre todo el de la pequeña y mediana empresa (mipymes), se encuentra en inminente ries-go de quiebra. En mayo, la Encuesta de Desempeño Empresarial, de la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), reflejó que durante el primer trimestre de 2020, dos de cada tres mipymes vieron afectadas sus ventas e ingresos en un porcentaje superior al 50 %, y de estas, más de la mitad consideraban que no podrían recuperarse de las pérdidas en menos de un año. Además, el 65 % de las pymes y el 43 % de las microempresas es-taban considerando la posibilidad de cesar contratos en los siguientes tres meses, mientras que el 17 y 34 %, respectivamente, no descartaba la posibilidad de acogerse a la Ley de Insolvencia.

Se trata de proyecciones importantes si se tiene en cuenta que las mipymes conforman el 90 % del aparato productivo colombiano, y generan más del 80 % de los empleos en el país.

Teniendo en cuenta que la organización económica y financiera mundial no será, o no podrá, ser la misma que en el momento previo al desencadenamiento de la pandemia, la economía social conformada por cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales, entre otras, podría convertirse en una alternativa para afrontar los retos económicos en la pospandemia.

Un caso paradigmático se dio en Argentina tras las crisis económicas de 2008 y 2013, cuando parte del sector empresarial se recuperó gracias a las

Sectores como el agro, la construcción y la industria tienen una alta proyección para el crecimiento de la economía solidaria.


cooperativas. Según el Programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires, entre 2012 y 2013 se contabilizaron más de 60 conversiones de este tipo, lo cual demostró que la autogestión era una herramienta aprehendida por la clase trabajadora para salir adelante tras el cierre de las fábricas.

oportuniDaDes De crecimiento

Datos de la Organización Internacional de las Coo-perativas en la Industria y los Servicios (Cicopa, por sus siglas en inglés) indican que en Estados Unidos existen 29.285 cooperativas que generan cerca de 1,5 millones de empleos; en Argentina se registran 13.047 con cerca de 390.000 personas empleadas, y en Brasil 6.580 con 1,9 millones de empleados, razón por la que lideran el cooperativismo en América.

En Colombia la economía social alcanzó en 2018 los 19,1 billones de pesos de ingresos –el 2,2 % del pib–. Cooperativas como Colanta aportaron 2,9 billones y Copidrogas 1,6 billones de pesos, lo cual evidencia su capacidad de intervenir de manera significativa en importantes actividades y sectores económicos.

Ese mismo año las organizaciones cooperativas dedicadas a la actividad financiera tenían cerca del 70 % de los asociados, el 51 % de ellos en cooperati-vas financieras de ahorro y crédito y el 15 % en los fondos de empleados. Tales datos evidencian una gran oportunidad para que el gremio cooperativo fortalezca su crecimiento mediante acuerdos más contundentes. De hecho, aunque las actividades financieras son relevantes en la economía social, son poco significativas en el consolidado nacio-nal: los bancos cooperativos solo representaron el 0,8 % de todos los activos bancarios.

También se puede replicar en otras actividades que hoy no cuentan con empresas de economía social, como por ejemplo en la industria –un sector fundamental en la generación de empleo–, o en sectores en los cuales todavía puede ganar más protagonismo, como el agro o la construcción.

urge actualizar legislación

Tomando en cuenta el coeficiente de Gini, el Ban-co Mundial ubica a Colombia como el segundo país más inequitativo de América Latina, después

de Honduras. Dicho indicador se mide en un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mis-mo ingreso, y 1 que una persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad. En el país el Gini está en 0.53. Una manera de revertir este factor es hacer más colectiva la propiedad: no es posible que en 2017 solo cuatro grupos económicos nacionales y otros multinacionales tuvieran el 71 % de las operaciones económicas de Colombia.

Infortunadamente la legislación cooperativa co-lombiana no ayuda mucho a pensar en este tipo de transiciones, por cuanto las reservas legales que se hacen constituir de los excedentes son de un 50 %, mientras que en Argentina y Chile no pasan del 15 y 18 % respectivamente; además, en la mayoría de los países del mundo los excedentes cooperativos se pueden distribuir a los socios, y en Colombia no.

De hecho, si se disminuye el monto de reservas del 50 % que se exige en Colombia, incluso tomando países de la región queda un monto de entre 85 y 82 % para tomar la opción de capitalizar las coope-rativas o distribuir excedentes como se hace en casi todo el mundo, lo que haría que muchas personas pensaran en invertir en las cooperativas como una muy buena opción de propiedad colectiva y de ren-tabilidad; también se debe eliminar la norma que obliga a las cooperativas a distribuir las reservas patrimoniales a terceros y no a sus asociados.

Tales factores frenan el crecimiento de este tipo de instituciones y desincentivan la inversión en las organizaciones cooperativas. Por eso, el Gobierno y la Superintendencia de la Economía Solidaria deben replantear sus políticas obsoletas para ponerse a tono con la legislación cooperativa internacional.


palabras clave: teleasistencia, formación médica, siste-ma de salud. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Formación y atención remotas, desafíos para la práctica médicaJorGe alberto Cortés, profesor, Facultad de MedicinaUniversidad Nacional de Colombia

Durante la pandemia, el sector salud se ha puesto a prueba en varios aspectos, lo que ha llevado a un cambio radical en la práctica médica, escenario en el que se moverá durante varios años.

Asistir al laboratorio clínico, al odontólogo, o a rea-lizarse una endoscopia, son actividades que han cambiado en los últimos meses, y no es claro cuándo se retornará a la “normalidad”.

Con la pandemia provocada por el nuevo coronavi-rus, aspectos como el número de personas infectadas e inmunes (a los que la infección no les repite o lo hace de forma considerablemente más leve) y las nuevas medidas de bioseguridad necesarias para el desempeño de ciertas prácticas han transformado las áreas de la salud de forma sustancial.

Dos elementos fundamentales harán que varios de estos cambios persistan en la pospandemia. El primero es la transmisibilidad del virus, el cual va de persona a persona a través de gotas de saliva o aerosoles, y del contacto con las manos de las personas infectadas.

El segundo es la manera como afecta a distintos grupos de personas. La tabla 1 muestra la mortalidad según grupos de edad en Colombia a 30 de mayo de 2020 (en años). Así, se observa que la mortalidad es considerablemente más alta a partir de los 60 años, uno de los fundamentos del aislamiento social y físico de este grupo etario.

cambios en las meDiDas De protección Del paciente

El riesgo de adquirir una infección en los escenarios de atención en salud ha sido una preocupación de larga data. Con la nueva pandemia se ha hecho más evidente que en circunstancias y lugares específicos en los que se efectúan procedimientos o se administran tratamientos que generan aerosoles puede haber infecciones (al trabajador de la salud o al siguiente paciente en turno) en áreas como cirugía, odontología, gastroenterología o cardiología.

Algunos de dichos procedimientos son: intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta, admi-nistración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente a decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, venti-lación no invasiva con presión positiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar.

En este momento los procedimientos quirúrgicos ya se han adaptado: cirujanos y anestesiólogos utilizan equipos para protegerse y las salas de cirugía requieren de condicio-nes especiales para su funcionamiento. Sin embargo, para realizar procedimientos odontológicos, de endoscopias digestivas o ciertos tipos de ecocardiogramas, se requiere la adaptación de los espacios físicos para garantizar la se-guridad del paciente y del equipo de salud. Tales cambios requieren, entre otros aspectos, inversiones económicas y ajustes de infraestructura y de ingeniería, por lo que pueden tomar un tiempo en aplicarse.

meDicina a Distancia

Mientras no se disponga de una vacuna, la seguridad para salir, asistir a un consultorio, sentarse en una sala de espera y hacer una consulta directa con un médico o terapeuta seguirá siendo limitada, en especial para las personas con enfermedades subyacentes y para los adultos mayores.

Por eso, muchas actividades relacionadas con la aten-ción médica –y no solo centrada en covid-19– se seguirán haciendo mediante asistencia remota, por ejemplo a tra-vés de teleconsulta, teleasistencia y telemedicina. Así se garantizará que sea menos necesario salir a una consulta,

a reclamar medicamentos o a tomarse pruebas de laboratorio.

Según la Organización Panamericana de la Salud (ops), las teleconsultas son una herramienta esencial para usar du-rante una pandemia. En situaciones en las que no hay una planificación adecuada y medidas de mitigación, los servicios de salud pueden estar expuestos al riesgo de colapso causado por una sobrecarga de consultas que podrían ser atendidas por medios virtuales.

“Las teleconsultas son una forma segura y efectiva de evaluar casos sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de trans-misión de la enfermedad. Estas permiten que muchos de los servicios clínicos clave continúen operando regularmente y sin interrupciones, tanto en la preparación como en el curso de una emergencia de salud pública”, señala la ops.

eDucación en saluD

Otro cambio está relacionado con la forma en la que se educará a los estudiantes de las áreas de la salud, ya que tradicionalmente el contacto con el paciente se ha privile-giado para obtener vivencias directas y aprendizaje con personas que cuentan sus historias, su afección, su manera de entender la enfermedad.

La educación requerirá que tanto es-tudiantes como pacientes estén seguros en sus encuentros, es decir que durante un tiempo se limitarán –por razones de bioseguridad– los contactos, o se reali-zarán con una mayor protección. En este escenario, los modelos, la simulación y el contenido virtual tendrán un mayor peso en la educación. Por ejemplo, el Real Colegio de Cirujanos tanto de Inglaterra como de Irlanda desarrollaron las herra-mientas e–step y best, respectivamente, como medios de educación quirúrgica virtual en programas de 1 a 2 años. Dichos programas cuentan con foros de dis-cusión, acompañamiento académico y personal, y casos clínicos, además de diferentes módulos en los cuales se desarrollan diversos temas de cirugía.

investigación

Aunque se han realizado importantes y rápidos avances con respecto al conocimiento del nuevo coronavirus, todavía falta mucha información por indagar acerca de este, como por ejemplo ¿con qué frecuencia los que se enferman ya no repetirán? ¿habrá una vacuna? Y si la hay, ¿qué tan efectiva será y qué costos tendrá? Los avances en los próximos meses permitirán entender si los cambios son transitorios o definitivos.

En el caso colombiano, se han impulsado nuevas estra-tegias diagnósticas que faciliten la identificación de los pacientes, el desarrollo de ventiladores (aparatos para soportar la respiración de los enfermos graves), e incluso la investigación de medicamentos, cuyos resultados en los próximos meses brindarán una guía de mejores formas de diagnosticar, tratar y prevenir la infección.

¿para DónDe vamos?

Las dimensiones por el nuevo coronavirus sars-cov-2 y su enfermedad, el covid-19, ha removido, como sucedió con otras pandemias, los cimientos de nuestra forma de pensar y actuar.

La pospandemia es el escenario en el cual se moverá la atención en salud durante varios años, y su éxito dependerá de si hemos logrado ajustarnos, conocer y controlar los

Los avances en la investigación científica durante los próximos meses permitirán comprender si los cambios que afronta la práctica médica son transitorios o definitivos.


Especial Pandemia

nuevos riesgos, y ser solidarios con quienes –por razones de enfermedad, situación económica, o simplemente por una decisión personal– se exponen y se infectan con este virus que llegó para quedarse.

Las técnicas, la tecnología y la forma de prestar la aten-ción habrán cambiado, pero no la esencia de los servicios de salud y los principios éticos: acompañar, ayudar, algunas veces incluso curar, pero nunca hacer daño.

00-1 1-10 11-20 21-30 31-40

Edad (años)

Tabla 1. Mortalidad por grupos de edaden pacientes colombianos con COVID-19

Fuente: Instituto Nacional de Salud, datos a mayo 30 de 2020.

41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 >90

10

20%

30

40


palabras clave: anomia social, aglomeraciones, cohesión social. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co


Pandemia, pandemonio y pananomiavíCtor reyes Morris, sociólogo, Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

Una mayor eficacia en las campañas de prevención y autocuidado –que se difundan no solo por los medios de comunicación y las redes sociales–, además de una estrategia más eficaz para la entrega de ayudas económicas a las poblaciones más vulnerables, reducirían el riesgo de desobediencia ciudadana a los protocolos y normas que regirán durante largo tiempo nuestra vida cotidiana.

¿Qué significan las tres palabras del título del presen-te texto? Se llama “pandemia” a la propagación mundial de una nueva enfermedad; para llegar a esta situación se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente, y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria. La Organización Mundial de la Salud (oms) declaró una el pasado 30 de enero, cuando el nuevo coro-navirus sars-cov-2 se expandió en cuestión de semanas por todo el mundo.

Según el Diccionario de la lengua española, “pandemonio” es una palabra que se utiliza para indicar que hay mucho ruido y confusión, algo así como una reunión de demonios.

Pananomia es una palabra que todavía no existe, pero que se referiría a la expansión epidémica de una enferme-dad social que consiste en la “pérdida de acatamiento de las normas sociales”.

Me centro en este punto porque en Colombia parece estar ocurriendo y creciendo –tanto como en otros luga-res– una conjunción de ruidos “demoniacos” producto de una situación social anómica todavía no generalizada.

Para comprender algunas situaciones sociales actuales del agobiante confinamiento obligatorio impuesto para frenar los efectos del covid-19, la “anomia” se define como un estado social en el cual las normas han perdido su fuerza reguladora, han sufrido una pérdida de legitimidad, lo que correspondería a un momento transicional de una sociedad que tiene efectos de inestabilidad, desintegración y otros igualmente indeseables.

Pero atención: la anomia no es nueva, se trata de un comportamiento que no difiere de los que se observa en otras circunstancias, como pasarse un semáforo en rojo, tirar basura en la vía pública, colarse en el transporte público, ocupar las sillas destinadas para las personas de la tercera edad en TransMilenio, o colarse en la fila; estas son algunas faltas de civismo comunes en nuestra socie-dad. El concepto de anomia lo trajo a la sociología uno de los padres fundadores de esta disciplina, el francés Émile Durkheim (1858-1917).

campañas De prevención son ineficaces

¿Por qué hacer referencia a la anomia en este momento? Una razón esencial es que la exigencia de una gran disci-plina social para sortear con menores consecuencias la pandemia parece no estar teniendo la acogida suficien-te en la conciencia ciudadana, y en los últimos días es-tán apareciendo brotes de dicha enfermedad con mayor frecuencia. De hecho, entre el puente festivo del 25 de mayo y el del 15 de junio se registró un incremento del 39,6 % en el número de fiestas y reuniones en Bogotá, al pasar de 1.333 a 1.861, respectivamente.

Indudablemente la situación es inédita, es decir que en la historia moderna del país no se conocía una amenaza que obligara a millones de personas a confinarse en sus viviendas por tanto tiempo y a poner entre paréntesis la vida social y económica. Es cierto que los colombianos no Por diferentes razones, el aislamiento social obligatorio ha demostrado ser un pedido difícil de cumplir para muchos colombianos.

estábamos preparados para ello, pero tampoco lo estaban los ciudadanos de otras naciones, y sin embargo la reticencia allí ha sido menor. El hecho de no se vean cadáveres en las calles como consecuencia de los efectos de la pandemia no implica que no existan una alta letalidad y un alto riesgo de contagio.

La percepción del riesgo juega un papel fundamental para modificar los hábitos. Una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena mostró que aunque en general los colom-bianos reconocen que medidas de autocuidado –como lavarse las manos, usar tapabocas y guardar la distancia física social– sirven para enfrentar el virus, solo la mitad de la población consultada cree que podría contagiarse. Además la percepción no es la misma en todos los grupos etarios; así, mientras los bogotanos y caleños jóvenes son los que más le temen al nuevo coronavirus, con el 36 y 45 % respectivamente, en el caso de la capital del país, los adultos mayores de 60 años son los que menos percepción del riego tienen frente al covid-19, con un 26 %.

Todo ello parece indicar que las campañas de preven-ción y autocuidado –que se divulgan con tanta frecuencia en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales– no están surtiendo el efecto para el que han sido diseñadas: que las personas entiendan la dimensión del riesgo, y reducirlo.

Cabe preguntarse si algunos mensajes han sido equívo-cos, o si no hay suficiente capital social para obrar sobre las personas y advertirles in situ sobre el riesgo. Desde el primer momento se debería haber promovido una movi-lización social de base para advertir sobre los riesgos. Esto no lo sustituyen las campañas de medios ni la presencia diaria del presidente de la República hablando del tema, porque además existe una correlación directa entre la crisis de las instituciones y la desconfianza en las medidas adoptadas por estas.

una cuestión De exclusión

Lo que se encuentra en el fondo de tal escenario es que el país no ha alcanzado un orden social incluyente y aceptable para todos. La sociedad colombiana es muy desigual y no está cohesionada socialmente, entre otras razones porque

persiste la histórica negación de plenos derechos que fortalecen distintas formas de discriminación o exclusión.

La desintegración social implica la existencia de espacios anómicos, entendiendo estos como lugares de transgresión permanente de las normas, que se conforman como un verdadero contraorden social, el cual se organiza dentro de una composición social específica en donde las reglas sociales pueden ser otras, incluso en oposición a las del conjunto de la sociedad, y en muchos de los cuales existen actores violentos que de manera sucesiva han impuesto su ley suplantando al Estado. Tales espacios constituyen uno de los mayores desafíos para los profundos cambios que requiere la sociedad colombiana.

Se debe entender que una población con tan alto grado de informalidad para obtener ingresos necesita abando-nar el confinamiento para conseguirlos; y entonces surge el dilema en la conciencia de las gentes entre morir del contagio o morir de hambre, incrementando así el riesgo de desobediencia a los protocolos y normas.

La anomia no es la simple trasgresión de las normas, sino que implica la doble condición de la incapacidad del “orden social” de imponerse, y de la resistencia de quie-nes –con razón o sin ella– se excluyen, son excluidos o se sienten excluidos de los beneficios y obligaciones que se derivan de ese orden.

De alguna manera dicho factor transluce la transito-riedad de una situación, su necesidad de cambio, y de preguntarse si es el síntoma del comienzo del fin de un orden. La pandemia agudiza o pone en evidencia estas situaciones anómalas, dramatiza condiciones de muchos sectores de la población y hasta tiene efectos de salud mental, que también deben ser acompañados –o por lo menos comprendidos– no para justificar las transgresio-nes al confinamiento, sino para buscar salidas desde las instituciones a estos pandemonios.

Especial Pandemia


“La sociedad civil ha demostrado el enorme poder de la solidaridad”Diana Manrique Horta, editora, UN PeriódicoUniversidad Nacional de Colombia

“Necesitaremos la ética de la justicia,

porque el confinamiento ha dejado un mundo

mucho más pobre y desigual

que el anterior”.

En la reconstrucción De los países en la pos-pandemia, el compromiso de erradicar el hambre y la pobreza, y crear sociedades más igualitarias, necesitará de mucha energía ética, señala la profe-sora Adela Cortina, doctora honoris causa de nueve universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, título concedido en 2019.

Para la catedrática, en este momento de incerti-dumbre que afronta la sociedad, donde el mundo va a cambiar de manera radical, resulta esencial cultivar virtudes como la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la honestidad y la esperanza: “sin entrenamiento diario es imposible ponerlas en práctica, que es lo que exige una vida justa y buena”.

En esta entrevista para UN Periódico, la experta destaca la importancia del capital ético y social, por qué es importante promover la educación de la igual dignidad de todas las personas para combatir comportamientos como el rechazo a los adultos mayores (gerontofobia), y el papel de la respon-sabilidad social de las empresas para ayudar en la superación de la crisis.

UN Periódico (unp): ¿los gobiernos y organismos multilaterales han estado a la altura de la crisis?, ¿cuál ha sido el principal acierto y cuál el desacierto?

Adela Cortina (ac): sus actuaciones han sido muy deficientes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud anunció que se trataba de una pandemia hasta el 12 de marzo, cuando, al parecer, el 31 de diciembre China informó que había una

neumonía de origen desconocido y que el contagio se originó en un mercado de animales vivos. En cuanto a los Gobiernos, estaban absolutamente desprevenidos, y la mayoría han ido improvisando sus decisiones, lo que crea desconcierto en la ciu-dadanía. Por el contrario, la sociedad civil ha dado una excelente respuesta, al menos en España. Pro-fesionales de la sanidad, agricultores, empresarios, Policía y Ejército, trabajadores de servicios esenciales y organizaciones cívicas se han volcado para paliar el desastre y han demostrado el enorme poder de la solidaridad.

unp: un antes y un después de la crisis, ¿cuáles podrían ser los principales cambios?

ac: mencionaré cuatro que creo que deberían darse: 1) la conciencia de que el riesgo de pande-mias será permanente, y es preciso que los países cuenten con las medi-das sanitarias para hacerles frente, como por ejemplo un sistema de salud pública potente y bien organizado, que no excluya a nadie, además de profesionales sanitarios, materiales de protección, investigación en bio-medicina y fármacos adecuados; 2) la convicción de que los países son interdependientes y es necesaria una coordinación real para hacerles frente a los riesgos de manera conjunta; pero también, 3) que los distintos países apuesten por una demo-cracia liberal-social que permita atender al derecho a la salud y la vida de todos sus miembros; y 4) una profunda reflexión sobre las ventajas y los inconvenientes del teletrabajo, el teleocio y esta nueva forma de vida que se ha extendido durante la pandemia.

unp: ¿qué ha revelado en los seres humanos el confinamiento, por ejemplo, al aumento de la violencia intrafamiliar?

ac: me temo que el confinamiento no ha hecho más que sacar a la luz y agudizar lo que ya estaba presente. Por una parte, no todos los confinamientos han sido iguales, porque no es lo mismo pasar tres meses en una casa confortable que en un aparta-

mento minúsculo y agobiante. Y, por supuesto, donde ya había un deterioro familiar se ha agudiza-do, mientras que otras personas han aprovechado para disfrutar de la lectura o la música, e incluso de adentrarse en su intimidad.

unp: cuando dejemos de sentirnos amenazados, ¿seguirán habiendo “brotes” de compasión, de solidaridad?

ac: afortunadamente la compasión y la solida-ridad han formado parte de nuestras sociedades a lo largo de la historia. Y no solo ha habido bro-tes, sino personas, instituciones, profesionales y asociaciones, desde las familias hasta las organi-zaciones cívicas, que han apostado por los más vulnerables. Teniendo en cuenta que vulnerables y frágiles somos todos, como ha demostrado una

vez más la pandemia, esos grupos constituyen nuestro mejor capital ético y social. Un capital que con el uso no se agota, sino que genera mucha más riqueza.

unp: ¿los nacionalismos o las de-mocracias se fortalecerán o se debi-litarán?

ac: la libertad es parte indispensable de la vida humana, y este es un momen-to crucial para apostar por promover y consolidar la democracia, o buscar fal-

sas seguridades en los nacionalismos y totalitarismos. El riesgo es grande porque algunas personas creen que las sociedades cerradas y autoritarias ofrecen más seguridad. Pero eso es falso: el autoritarismo es opaco, no informa de lo que realmente ocurre ni se preocupa por la vida de los suyos. En una pandemia oculta la verdad, con la consecuente proliferación de muertes que podían haberse evitado. Los auto-ritarismos son injustos e ineficientes para proteger vidas. El gran desafío consiste ahora en fortalecer y extender las democracias.

unp: usted ha rechazado la gerontofobia que ha surgido con la pandemia, ¿a qué obedece esta percepción y cómo se puede cambiar?

ac: por desgracia la gerontofobia es endémica en nuestras sociedades y la pandemia no ha hecho sino

Para la profesora Cortina, uno de los grandes desafíos es fortalecer y extender las democracias.


Especial Pandemia

En entrevista con UN Periódico, Adela Cortina -filósofa y catedrática Ética de la Universidad de Valencia (España)-, reflexiona sobre los efectos y desafíos de la pandemia en aspectos como la ética y la libertad y la cultura.


“Teniendo en cuenta cuán vulnerables y

frágiles somos todos, como ha demostrado una

vez más la pandemia, las asociaciones y

organizaciones cívicas constituyen nuestro mejor

capital ético y social”.

sacarla a la luz algo más. El despre-cio al anciano se percibe a menudo en instituciones y en conductas personales, y lo peor es que los propios ancianos internalizan esa valoración negativa y en ocasiones pierden su autoestima, se sienten acomplejados. En esta pandemia el hecho de que sean más vulne-rables las personas con menores defensas ha llevado a considerar “grupo de riesgo” a los mayores de 60 años, sin más consideraciones, cuando esa es una línea conven-cional, porque la edad cronológi-ca es solo un elemento más. Los horarios de salida a la calle se han determinado artificialmente por grupos de edad y eso ha creado la sensación de guetos, que es justo lo contrario de lo que reclaman las sociedades intergeneraciona-les. Eso se cambia educando en la igualdad de la dignidad de todas las personas y fomentando la re-lación y las actividades entre las distintas generaciones para que se den cuenta de lo superficiales que son las diferencias.

unp: ¿qué papel juega y jugará la ética en la reconstrucción de los países en la pospandemia?

ac: un papel insustituible. La ética de la compa-sión, porque la crisis sanitaria ha segado vidas, ha causado un profundo sufrimiento en aquellos que han perdido seres queridos en situaciones dramáticas. Vamos a necesitar todos los arrestos éticos posi-bles para acompañar a las víctimas en el dolor. Pero también necesitaremos la ética de la justicia, porque el confinamiento ha dejado un mundo mucho más pobre y desigual que el anterior. El compromiso de erradicar el hambre y la pobreza y crear sociedades más igualitarias necesitará de mucha energía ética.

unp: y en el ámbito de la ética, ¿qué elementos de la responsabilidad social de las empresas podrían ayudar a superar la crisis?

ac: las empresas pueden proporcionarles a las sociedades bienes materiales (productos, trabajo, servicios) e inmateriales (actuaciones justas, que infundan confianza, reputación, sostenibilidad). Si asumen su responsabilidad social atendiendo a las expectativas legítimas de todos los afectados por su actividad (clientes, trabajadores, accionistas, proveedores, entorno social y ambiental), cumplirán con su deber de justicia y serán una valiosa clave para superar la crisis. Sin ellas no se podrá hacer. Y, por otra parte, esa también será la forma en que

Para la profe-sora Cortina, los compor-tamientos de rechazo a los ancianos o al pobre se pue-den transformar educando en la igual de la digni-dad de todas las personas.

“El reconoci-miento mutuo de

la dignidad y la vulnerabilidad es lo que nos hace

humanos”, afirma la filósofa Cortina.

palabras clave: compasión, ética, Adela Cortina, gerontofobia. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

resulten rentables, porque la empresa del presente y del futuro será social, o no será.

unp: ¿qué se puede hacer para mejorar el grado de responsabilidad de cada persona antes situa-ciones como esta que vive el mundo?

ac: recordarle, como se ha hecho reiteradamente a lo largo de la cri-sis sanitaria, que estamos todo en el mismo barco y solo nos salvaremos si remamos juntos en la misma di-rección. Pero recordarle también, y sobre todo, que los seres humanos no somos individuos aislados, unidos contingentemente por agregación, sino personas en relación, en vínculo unas con otras, de modo que el vínculo nos constituye. El reconocimiento mutuo de la dignidad y la vulnerabilidad es lo que nos hace humanos.

unp: a pesar del liderazgo de las tecnociencias, la biología y la naturaleza siguen jugando un papel esencial ¿qué lecciones para los transhumanistas deja esta crisis?

ac: que no es digno de la ciencia lanzar profecías sobre la muerte de la muerte para 2045 o la curación

de la vejez en un futuro próximo, tratando de em-baucar a los ilusos con afirmaciones imposibles de comprobar, y tampoco invertir una gran cantidad de dinero en esas supuestas investigaciones cuando unos humildes virus están asolando a la humani-

dad. Pero no solo ellos, sino también el hambre, la desigualdad, la guerra, el cambio climático y tantas otras causas de desgracia y exclusión. Más vale que las ciencias se ocupen de resolver los problemas reales y demuestren así su grandeza.

unp: ¿qué piensa de que por un lado se hable de inteligencia artificial, por ejemplo, mientras no sen han podido sortear aspectos elementales del cui-dado de la vida?

ac: la inteligencia artificial es muy eficiente para manejar los Big Data (macrodatos) proporcionando informa-

ciones sumamente útiles para hacer predicciones, y en el caso de la pandemia para hacer rastreos de fuentes de contagio, pero no puede sustituir las investigaciones biomédicas o sanitarias, y tampoco pretenden hacer esa sustitución aquellos que tra-

bajan bien en el campo de la inteligencia artificial.

unp: ¿qué es practicar la hospitalidad cosmopolita?

ac: por el momento, trabajar activa-mente en organizar la acogida e integra-ción de los inmigrantes y los refugiados políticos en los países a los que se ven obligados a trasladarse porque en los suyos no pueden sobrevivir. Mientras no se resuelvan los problemas de sus países, la hospitalidad es un mínimo de justicia que, por desgracia, no se practica.

unp: ¿por qué es importante cultivar las virtudes? ¿hay un descuido en su práctica?

ac: las virtudes o excelencias del ca-rácter son hábitos que nos predisponen a obrar bien; a actuar con justicia, pru-dencia, fortaleza, templanza, honestidad, esperanza y otras tantas tan valiosas. Y es importante cultivarlas porque sin en-trenamiento diario es imposible ponerlas en práctica, que es lo que exige una vida justa y buena.

Fotos: Nathalia Angarita/Unimedios.

palabras clave: tecnología, covid-19, pandemia. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co


palabras clave: claveles, inmunidad, hongo, floricultura. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Ciencia& Tecnología

Proteínas blindan al clavel contra ataque de hongossHaron D’yana MeJía, Unimedios Bogotá

En la búsqueda de mayor inmunidad para el clavel, se identificó un grupo de proteínas y metabolitos de las raíces y del tallo que servirían como potencial marcador de resistencia al letal hongo Fusarium oxysporum f. sp. danthi, causante de la fusariosis. Así se contribuiría al mejoramiento genético de nuevas variedades de esta flor, cuya exportación mundial es liderada por Colombia.

La exportación De flores es uno de los puntos fuertes de la economía colombiana y la cuarta mayor fuente de divisas, después del café, el petróleo y el banano. Cifras de la Asociación Co-lombiana de Floricultores (Asocolflores) indican que en 2018 se vendieron 260.000 toneladas por valor de 1.460 millones de dólares.

El país, que cuenta con más de 1.600 variedades de flores que llegan a 100 destinos internaciona-les, es el segundo exportador de crisantemos, el cuarto de rosas y lirios, y el primero de claveles (Dianthus caryophyllus), lo que lo convierte en el principal proveedor de la flor en el mundo, y a esta en la más cultivada en el territorio nacional.

No obstante, el cultivo de clavel es muy pro-penso a la fusariosis –o marchitez vascular–, una enfermedad que ocasiona daños hasta en el 60 % de la producción. Cuando empieza la infección las raíces permanecen sanas, pero a medida que avanza estas se pudren, de modo que al arrancar una planta se rompe por el cuello y parte de las raíces quedan en el sustrato. En estados más avanzados, el tallo se agrieta por la parte exterior, tomando aspecto de leña seca.

Como todavía no existe un método de desin-fección del suelo, se aplica control tanto químico –a través de fungicidas– como físico, es decir mediante el corte de los tallos dañados; sin em-bargo, estos métodos resultan poco eficaces para mantener a raya al agente dañino.

Por eso la química Ana Patricia Martínez Gon-zález, doctora en Ciencias – Bioquímica de la Fa-cultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia (unal), señala que ante esta situación es urgente que el sector cuente con variedades más resistentes.

En el mercado existen variedades de claveles con distintos niveles de resistencia al marchi-tamiento vascular, de las cuales aquellas sus-ceptibles o menos resistentes son mucho más atractivas por el color vistoso de su flor. “En las variedades susceptibles, el hongo coloniza los vasos del tallo y degrada el área invadida forman-do grandes cavidades llenas de aire y residuos que interrumpen el paso de agua a través del tallo, lo que ocasiona la muerte de la planta”, explica la experta.

Recientemente ella hizo uno de los aportes más relevantes para superar los devastadores efectos de la fusariosis: identificó que en el apoplasto del clavel ocurren fenómenos bioquímicos y moleculares asociados con la resistencia de la enfermedad. El apoplasto es el espacio interce-

lular donde se llevan a cabo los primeros eventos de reconocimiento del patógeno que conducen a la activación de defensa de la respuesta de defensa de la planta.

en la búsqueDa De varieDaDes resistentes

Para identificar las características de resistencia al hongo, trabajó con dos variedades de claveles: resistente y susceptible. Como material de partida contó con esquejes (fragmentos de plantas que se utilizan con fines reproductivos, por ejem-plo para injertos) indexados de clavel libres de patógenos con tres semanas de enraizamiento, de las variedades comerciales Solex y Golem.

El análisis se apoyó en el uso de herramien-tas ómicas, concretamente en la proteómica y metabolómica, las cuales permite estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. En el caso del clavel ha sido posible estudiar, en un mismo momento, un gran grupo de proteínas presentes en los mecanismos de defensa del clavel.

Así, se identificó un conjunto de proteínas y metabolitos que podrían ser marcadores de resistencia (característica genotípica de las plan-tas que permite identificar si será una variedad resistente o no), útiles en un proceso de cruces genéticos para obtener nuevas variedades de clavel más resistentes al Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.

buscanDo mayor inmuniDaD para el clavel

Los resultados que se presentan en la investiga-ción de la doctora Martínez se constituyen en uno de los primeros reportes conocidos acerca del análisis protémico y metabólmico del fluido

apoplástico en interacciones planta–patógeno, y el primero realizado en clavel.

Para la experta, “al haber encontrado posible marcadores de resistencia, el análisis de resis-tencia de clavel se podría hacer en solo unos meses, mientras que con la tecnología actual el mismo análisis tarda varios años”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que los estudios para obtener nuevas variedades de clavel no solo buscan características como la diversidad del color y de tonos, sino que duren más tiempo y que resistan los ataques de hongos y plagas, es importante que también se conozcan los marcadores de resistencia, pues gracias a ellos “es posible determinar más rápido cuándo una planta tendrá un alto porcentaje de resistencia en campo”, un aporte que sin duda beneficiará al sector floricultor colombiano.

Por eso, desde hace más de dos décadas el grupo de investigación Estudio de Actividades Metabólicas Vegetales trabaja en la identificación de los fenómenos bioquímicos relacionados con los mecanismos de defensa del clavel. El equipo de estudio es liderado por el profesor Harold Dubán Ardila Barrantes, del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la unal, al cual también pertenece la doctora Martínez. Los resultados de sus investigaciones represen-tan una gran oportunidad de innovación para la floricultura nacional.

La identificación de los inductores y marcadores ayuda a disminuir el uso de agroquímicos para controlar los agentes dañinos.

Hongo Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.

Fotos: Ana Patricia Martínez.


Desarrollo rural Los plaguicidas afectan las funciones cerebrales de las abejas

Investigadores de la Universidad de Almería (España) comprobaron que la exposición a pesticidas de los insectos encargados de la floración y polinización de las plantas provoca la pérdida de neuropéptidos en su organismo. Estas moléculas regulan los mecanismos nerviosos del aprendizaje y la memoria, el apetito, el comportamiento sexual, y el control del dolor y de la presión arterial.


Desarrollorural

palabras clave: abejas africanizadas, varroasis, apicultura. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Abejas colombianas: africanizadas y resistentes a enfermedades lina María Castillo Joya, Unimedios Bogotá

Un estudio realizado en varias regiones del país evidenció que las abejas colombianas presentan niveles bajos de infección por virus, lo que las convierte en una de las comunidades apícolas más sanas del mundo.

Las abejas son las encargaDas de los procesos de polinización de la mayor parte de pastos, frutas y hortalizas, salvo los cereales, que son poliniza-dos por la acción del viento. La extinción de estos insectos constituiría una verdadera catástrofe, e incluso pondría en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Aunque hormigas, avispas, murciélagos, escara-bajos y colibríes, entre otros, también intervienen en el proceso de polinización, las abejas acostumbran visitar muchas más variedades de plantas, por lo cual su extinción también pondría en riesgo la viabilidad de múltiples especies, cuyos frutos constituyen buena parte de la base en la pirámide nutricional de nuestra especie. De ahí la importancia de que gocen de buena salud.

Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, las abejas melí-feras de Colombia y de la mayor parte de Latinoamé-rica son híbridos entre las europeas (traídas por los españoles y portugueses durante la colonización) y la descendencia de las africanas que escaparon accidentalmente de un laboratorio de Brasil en los años cincuenta.

Debido a que tales híbridos tienen características más similares a las abejas africanas que a los demás tipos, popularmente se les conoce como “abejas africanizadas”, las cuales se adaptaron a los dife-rentes entornos ambientales colombianos. Pese a dicha información, hasta hace menos un lustro existían vacíos de datos científicos con respecto a la composición genética y el estatus sanitario de las abejas en Colombia.

Al respecto, los profesores Judith Figueroa, Ma-nuel Fernando Ariza y Víctor Manuel Tibatá, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia (unal), mencionan que “no existían sistemas de diagnós-tico oficial aunque se habían registrado pérdidas de colmenas a consecuencia de una alta prevalencia de virus y por el ataque del ácaro Varroa destructor, causante de la varroasis, una de las enfermedades más letales de las colmenas; tampoco se había pro-bado científicamente la resistencia de los híbridos africanizados, y su alta presencia en Colombia era apenas un pensamiento empírico”.

Para ayudar a resolver estos y otros interrogantes, durante tres años los investigadores del Grupo de

Ciencia y Tecnología Apícola de la unal, apoyados por Colciencias, desarrollaron uno de los estudios más importantes realizados a gran escala en tres departamentos: Sucre, mayor productor de miel; Boyacá, mayor productor de polen; y Magdalena, específicamente en la Sierra Nevada de Santa Mar-ta, donde hay un ecosistema alternativo para su diversificación. Para esto contaron con el apoyo de las organizaciones Arpa, Asoapiboy y Apisierra.

gozan De buena saluD

De 5.400 colmenas, 491 se muestrearon de manera aleatoria utilizando técnicas de biología molecular diagnóstica como la pcr (reacción en cadena de la polimerasa) y la rt-pcr (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) en tiempo real, para detectar la prevalencia de virus y otros microorganismos dañinos o patógenos.

Así, por primera vez en el país se evidenció que de los siete principales virus que afectan a las abejas, los de mayor frecuencia en las comunidades apícolas son los conocidos como: de las alas deformes (19 %), de parálisis aguda (7,2 %), de la cría ensacada (21 %) y de la celda real negra (17 %).

Otros agentes patógenos identificados fueron la bacteria Melissococcus plutonius, causante de la enfermedad loque europea, que ataca a las crías; el parásito Nosema apis, el cual ataca el sistema digestivo de las abejas; y el ácaro Acarapis woodi, responsable de la acariosis traqueal. En relación con Varroa destructor, a pesar de que se registró un 92 % de prevalencia, el índice de infestación fue bajo, con un promedio del 4,6 %.

Además, para identificar si la mayoría de la api-cultura del país es en realidad de tipo africanizado y establecer una posible relación entre este geno-

tipo y la resistencia al ataque de virus y de Varroa destructor, se utilizaron técnicas de amplificación y secuenciación de adn mitocondrial, herramientas complementarias a la taxonomía clásica empleadas en la tipificación de especies morfológicamente similares o indistinguibles. Así, se confirmó que el 98,7 % de las poblaciones analizadas en el área de estudio, y en otros tres departamentos: Antioquia, Huila y Cundinamarca, son híbridos africanizados.

Los resultados del estudio son relevantes si se tiene en cuenta que se determinó que la prevalencia de los microorganismos dañinos para las abejas es baja en comparación con otros países, lo cual puede afectar positivamente la vida, crianza y provecho de estas especies en la agricultura y el ecosistema colombianos.

Según los investigadores, los resultados de este estudio pionero en Colombia contribuyen al co-nocimiento del estatus sanitario y genético de la apicultura nacional, y por lo tanto los apicultores y entes gubernamentales agropecuarios del país los podrían utilizar para tomar decisiones en programas tanto de salud y control apícola como de mejora-miento genético.

El paso siguiente a esta reveladora aproximación científica apunta a continuar con los muestreos no solo en Sucre, Boyacá y Magdalena sino en todo el territorio nacional, a fin de establecer si aparecen nuevos patógenos o si se mantiene el estatus en-contrado en este estudio y complementarlo con el registro de muertes por el uso de plaguicidas.

Las abejas colombianas se encuentran entre las más sanas del mundo.


Artes& Culturas

palabras clave: cuarto de baño, habitación, intimidad, arquitectura moderna. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co

Variaciones del cuarto de baño, el refugio de la intimidadolGa luCía Muñoz lóPez, Unimedios Medellín

El baño, última invención en la vivienda de la arquitectura occidental, evolucionó y adquirió un carácter propio en cada cultura; es un espacio entre lo diverso y lo industrializado que se convierte hoy en el último reducto para el ser: lugar de encuentro del ser físico y espiritual.

En el baño se da un teatro particular en el que hay un único actor y espectador. La privacidad que concede permite la desinhibición moral, corporal y mental. Es el lugar del cuerpo, del instinto, del cuidado y de la auscultación más íntima… pero no siempre fue así.

Aunque hoy no cabe en nuestra cabeza imaginar una vivienda sin un cuarto de baño, solo ha pasado poco más de un siglo desde que existen las condiciones técnicas y sociales para que este “refugio personal” forme parte de la estructura básica de cualquier casa.

El arquitecto Gerardo Abril Carrascal, magíster en Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (unal) Sede Medellín, afirma que “desde la incorpora-ción a la vivienda el baño se ha considerado subsidiario, accesorio, o en función de espacios más nobles como el salón y las habitaciones; pero su tecnificación tiene repercusiones en los cambios fundamentales que pro-dujeron el espacio arquitectónico del siglo xx, dándole un protagonismo inusitado en la arquitectura moderna”.

En su investigación, el arquitecto devela una nueva mirada sobre dicho espacio y muestra su evolución desde tres ópticas: la relación con el agua, el vínculo con otros espacios de la vivienda, y el espacio en sí mismo.

Para su análisis recurre a la pintura, la literatura, la publicidad y las fotografías de sus inicios, buscando entender si el cuarto de baño fue la interpretación de hechos culturales de su época o una tradición reciclada.

relación con el agua

El agua siempre estuvo asociada con el ocio, el encuentro con otros y la relajación del cuerpo, y no con la idea de higiene más reciente en la historia. Los romanos son los primeros en incorporar tecnologías de relación con el agua, como el baño turco, conocimiento concentrado en las termas romanas, primeros edificios públicos donde se dieron estas interacciones.

Durante la Edad Media, aunque también existe una relación lúdica con el agua –por ejemplo se realizaban fiestas y banquetes dentro de grandes bañeras–, la llegada de la peste negra, considerada la epidemia más mortífera en la historia de la humanidad, transforma en pánico colectivo esta relación, porque, según menciona el investigador, “en el intento por entender su etiología, concluyeron que el contacto con el agua, en especial la de los baños a vapor, significaba un momento crítico de vulnerabilidad corporal pues la peste ingresaba al cuerpo en forma de un viento venenoso mientras se bañaban, por tener abiertos los poros de la piel”.

Así empieza una gran revolución en la que se cierran los baños públicos, y tras el temor provocado alrededor del agua, se empiezan a producir telas más resistentes e impermeables y las personas usan atuendos que los cubren demasiado.

Alrededor de 1850 aparece el químico Louis Pasteur asegurando que el problema es el agua sucia, y se em-pieza a recomendar el lavado de manos y la construc-ción de fuentes de agua limpia en las viviendas. En ese momento, señala el magíster Abril, se les pregunta a los arquitectos: ¿en qué lugar de la casa se debe ubicar el

agua?, cuestión que conecta con las otras dos partes de su investigación: ¿dónde va y cómo es el agua?

A finales del siglo xix surge el concepto de “higie-ne”, y se da un proceso y una industria alrededor de la arquitectura para higienizar o volver salubres las ciudades y las viviendas.

Esa relación con la industria, que se concreta en el primer boom higienista de la Modernidad, pone un velo sobre toda la experimentación en el baño, ubicando la palabra higiene como único motor de cambios, como sugiere el historiador suizo de la arquitectura Sigfried Giedion. Aunque los arquitectos modernos sí respon-dieron a una cuestión de higiene y estuvieron vincu-lados a la industria, también incorporaron tradiciones ancestrales que asocian el agua con el ocio y el disfrute, y crearon la escenografía que hoy se conoce.

cuatro variaciones

En su investigación, el magíster Abril organiza los pro-yectos según criterios temáticos e identifica cuatro variaciones del cuarto de baño, para lo cual analiza 50 casas europeas y norteamericanas, verificando qué ele-mentos tienen en cuenta los arquitectos. Así, presenta cuatro tipos de vivienda unifamiliar moderna a partir de la ubicación del cuarto de baño:

1. “Enclavar” o centrar: el baño es el núcleo sobre el que orbitan las otras actividades; está en el centro del espacio, como en las casas tipo pabellón o de cristal estadounidenses, como por ejemplo la Casa Farnsworth, construida entre 1946 y 1951 y diseñada por el arquitecto Mies van der Rohe. Está situada en Illinois y es uno de los íconos de la arquitectura del movimiento moderno, caracterizada por ser una simple estructura metálica que solo se cierra con vidrio.

2. Mediar: el baño media entre dos espacios, o más, y se usa para separar lo público y lo privado, como por ejemplo el salón social y las habitaciones, o entre co-rredor y alcoba, o vinculando dos habitaciones. Se ve en la casa e-1027 de la arquitecta Eileen Gray ubicada en Roquebrune-Cap-Martin (Francia) y construida entre 1926 y 1929, y en las casas binucleares del estadounidense Marcel Lajos Breuer. Es el más común en las tipologías de apartamento actuales.

3. Absorber: los fenómenos de la naturaleza entran al baño. Sol, lluvia, viento y vegetación lo convierten en un mundo íntimo lleno de exterior, en el que el espacio se extiende hacia el paisaje o se incorpora a un patio. Se aprecia en proyectos californianos que fomentan la vida al aire libre, como las casas Zack y Hale, y las Case Study Houses, experimentos en arquitectura construidas por el estadounidense Craig Ellwood a mediados del siglo xx.

4. Escindir: busca no contener las actividades del baño dentro de una habitación, sino fusionarlos con otros espacios. Aparece la habitación-baño, como el apartamento del propio Le Corbusier –reconocido ar-quitecto francés–, ubicado en París y declarado en 2016 como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En él varios elementos de baño aparecen desperdigados en la habitación y se exhiben sin pudor.

El arquitecto Abril destaca que hasta la primera mitad del siglo xix, la magia del cuarto de baño oscila en la tensión entre lo que se oculta y lo que se exhibe. En ese sentido, menciona, la voluntad superior del baño, más allá de un asunto higienista, “representa una necesidad de hacer visible lo invisible, de evidenciar situaciones de la intimidad a través de formas y ma-teriales”. Los arquitectos construyen estos espacios íntimos para el cuidado del cuerpo y la mente, para la contemplación y la divagación.

Casa E-1027 de Eileen Gray. Foto: Proyecto de restauración.

Casa Hale. Foto: Craig Ellwood Collection, env Archives.

Desnudo en la bañera, de Pierre Bonnard.

UN Periódico Digital - Educación, salud, economía y otros ...... ISSN 1657-0987 Nº 226 / julio...

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