Transparencia y Ciudadania

8/14/2019 Transparencia y Ciudadania

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Transparencia y

Ciudadana

Ismael Cruz Medina


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1-Seguridad Ciudadana

Inocencia defraudada

Durante los ltimos aos, he mantenido posiciones encontradas con mihijo, que ahora tiene 17 aos. La causa de la contradiccin es que l nocomparte mis reacciones frente a algunos hechos que se producen con

frecuencia en nuestra sociedad. As como por su definida conviccin deque en este pas no se puede vivir.

As, por ejemplo cuando ocurre un hecho bochornoso de esos queestremecen a la colectividad, como los asesinatos y violaciones cometidoscontra nios, ancianos y mujeres indefensas, las agresiones a ciudadanos

y ciudadanas en robos y atracos para despojarlos de sus pertenencias(chferes), motoconchistas, comerciantes y otros humildes trabajadores).

Algunas veces reacciono indignado y hasta llego a expresar que losautores de esos hechos deberan ser eliminados porque constituyen un

peligro para la sociedad.

Mi hijo, no comparte esa posicin e interviene para recordarme que nadietiene derecho disponer de la vida de otra persona. Que lo que hay quehacer es llevarlo a la crcel y aplicarle el castigo correspondiente, y sobre

todo tratar de regenerarlos para que recapaciten su error y reintegrarlo ala sociedad.

Lo cierto es que ante sus reproches, siempre termino aceptando sus puntosde vista, por considerar que su razonamiento obedece a una buena

formacin humanitaria y a su inocencia y buenos sentimientos

El pasado sbado, 4 de marzo, se produjo un acontecimiento que provocun cambio en la forma de ver las cosas por parte de este jovencito. Resulta

que su primo de diecisis aos estaba de cumpleaos. Lleg a nuestra casa y partieron juntos, alrededor de las cuatro de las tardes, a montarskateboard, acompaado de otros dos amiguitos, en una rampa que hay enla avenida de La Salud en el parque Mirador Sur, casi esquina WinstonChurchill. Una vez en el lugar, tres de ellos se despojaron de las

pertenencias consideras no adecuada para realizar sus acrobticosejercicios y las entregaron a mi sobrino para que las sostuviera.

Mientras los tres adolescentes se encontraban realizando sus prcticas,dos jvenes se acercaron al que tena los objetos y cuchillo en mano, aun

siendo de da y ante la mirada de varias personas, lo obligaron a entregar


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todo lo que posea: dos celulares, una memoria MP3, un guillo, un reloj,una cadena y doscientos treinta pesos que el muchacho llevaba consigo.

Adems lo obligaron a quitarse un par de tenis Reebok que llevabapuesto.

Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, los compaeros trataron deauxiliarlo, pero cuando se acercaron, uno de los pillos que le tenacolocado un cuchillo en el costado del indefenso muchacho, lo conmin aque se alejaran si no queran que su amigo fuera asesinado. En tanto queel otro malhechor, que se mantena a unos cuantos metros, amenazaba condispararle con un arma de fuego que deca tener.

Logrado sus propsitos, los dos delincuentes emprendieron la fuga,atravesando la Av. Winston Chuchill y se internaron en el sectordenominado "El Manguito", dejando paralizado e impotente a los cuatrosadolescentes, sin sus pertenencias y uno de ellos descalzo.

Cuando lograron reponerse, recibieron la informacin por parte dealgunos de los que presenciaron el hecho, que los autores haban sido untal Pit, y otro joven apodado Jhoan, que viven en el referido barrio.Tambin le dijeron que ese era el tercer asalto que materializaban ese daen el mismo lugar.

La ingenuidad de los muchachos se puso de manifiesto. Pensaban que el

hecho de tener los nombres de los ladrones y el barrio donde vivan erasuficiente para que la polica los arrestara y los obligara a devolverles sus pertenencias. Comenzaron a llamar a sus amiguitos, cuyos padres son policas, en el entendido de que ya tenan la pista para atrapar a losdelincuentes. Sin embargo, nada le result.

Mi esposa fue a buscarlo y haba que estar presente para describir elcuadro que represent la llegada a casa de los adolescentes: el sobrino,de cumpleaos, descalzo no poda pronunciar palabras. En tanto que el

nuestro se mostraba nervioso y slo pudo decir: Papi tu tiene todas larazn, a los ladrones hay que matarlos a todos.

Me pidieron que los acompaara a poner la denuncia a la polica. Le dijeque eso no serva de nada; sin embargo, como ellos insistan, opt poracompaarlos al da siguiente al destacamento que opera en el referido

parque. All los policas tomaron nota de la denuncia y ante la insistenciade los adolescentes de que los autores del asalto haban sido losdenominados Piti y Jhoan, los agentes confirmaron la existencia de

los dos malhechores y les prometieron a mis muchachos que cuando locapturen los llamarn para que los identifiquen y que tratarn de


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recuperar los objetos que les haban robados.

Ahora, mi hijo me da la razn en cuanto digo que a los ladrones hay quetratarlo con "manos dura". Despus de este acontecimiento maneja un

nuevo cdigo para aplicrselo a los delincuentes: dice que hay queamputarles una de las extremidades, segn el tipo de delito que cometan,para que los ciudadanos lo puedan identificar cuando se le acerquen.

En lo que s mantiene invariable su posicin es en el sentido de que en estepas no se puede vivir. Que Lstima!

Por quin doblan las campanas

La muerte de cualquier hombre me diminuye, porque estoy ligado a la humanidad;

nunca hagas preguntar por quin doblan las campanas por ti. (John Donne, prologuistadel libro Por Quin Doblan las Campanas de Ernest Hemingway)

La muerte de la joven Vanessa Ramrez Faa, ocurrida en la ciudad deSantiago la semana pasada, ha llenado de luto a la sociedad santiaguera

y a la colectividad dominicana en general. Este hecho se inscribe dentrodel estado de inseguridad ciudadana que se extiende en formadesenfrenada por toda la geografa nacional.

Confieso que cuando recib la informacin, por medio de la crnicareseada en este portal, sent una sensacin de rabia, indignacin eimpotencia, que iba en aumento en la medida en que conoca lascaractersticas de la joven asesinada: dieciocho aos de edad, estudiantedel segundo ao de medicina, hija de dos destacados mdicos. Su padre,un connotado filntropo presidente de la Sociedad Corazones del Cibao ydel Consejo de directores de la clnica Corominas. Y aun ms, con losrelatos de compaeros y amigos de la joven estudiante destacando suscondiciones personales.

El hecho ha provocado rechazo e indignacin por amplios sectores de lavida nacional, especialmente de la colectividad de Santiago que reclamaque las autoridades tomen medidas para frenar la criminalidad y ladelincuencia.

Representantes de la iglesia Catlica, encabezado por los obispos detodas las Dicesis que operan en la regin del Cibao, de las iglesiasevanglicas, de los sectores empresariales, de asociaciones

profesionales, sindicatos, clubes juveniles, centros de madres, juntas de

vecinos, representantes de universidades, personalidades, estudiantes,deportistas y gente del pueblo en sentido general, se han unido para


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demandar que se detenga la ola de violencia que azota al pas y quecobr la vida a la estudiante de medicina.

Lo ms lamentable de este hecho es que el mismo no constituye una

accin aislada, ya que de acuerdo a los informes de la polica, el crimen fue cometido por cuatro mozalbetes, con un prontuario de antecedentescriminales y que algunos de ellos haban sido sometidos a la justicia porla comisin de un atraco en el ao 2004 y que lograron salir de la crcel,no se sabe si por la inadecuada instrumentacin del expediente o por unamala decisin de los jueces.

Hechos como estos se producen todos los das en las calles de las principales ciudades del pas, incluso se seala que los referidosdelincuentes haban realizado otros asaltos ese mismo da. La nica

diferencia con los otros actos cometidos es que ste tuvo como desenlacela muerte de la vctima.

Pero hay algo ms, a diario decenas de ciudadanos se presentan a losdestacamentos policiales y hacen llamadas a los medios decomunicacin, denunciando por sus nombres las operaciones de losmalhechores y las respuestas que reciben es que para ellos actuar, losque hacen las denuncias tienen que formular una querella en contra delos delincuentes. Esto fundamentado en la interpretacin que hace la

polica del nuevo Cdigo Procesal Penal.Esta situacin ha trado como consecuencia que los delincuentes actencomo chivos sin ley en todos los lugares: tienen centros deoperaciones conocidos por todos en los barrios (menos por la polica), sedesplazan en vehculos (carros y motocicletas) sin placas por todas lasciudades sin que nadie los moleste, circulan en motos sin luces, cruzandolos semforos en rojo, por las calzadas y en vas contrarias ante laindiferencia de los agentes del orden. Andan armados, comercializan enlugares conocidos los artculos robados, etc., etc.

Vuelvo a insistir, como lo he hecho en mltiples ocasiones a travs deesta columna, que los derechos humanos y las libertades ciudadanastienen que ser garantizados de manera primordial a los ciudadanos queactan en el marco de la ley. No puede haber legislacin que permita la

proteccin de las acciones de los delincuentes en menoscabo de losderechos de los hombres y mujeres que cumplen con sus deberes, loscuales constituyen la mayora en el pas.

El gobierno est en la obligacin de rescatar la autoridad perdida frentea los delincuentes. Y que quede claro, no se interprete que estoy


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planteando retroceder a los mtodos criminales de ejecucionesextrajudiciales, por el contrario lo que planteo es que las autoridadestienen que poner en marcha un plan integral de combate a ladelincuencia a todos los niveles, basado en acciones preventivas y

labores de inteligencia delictiva y criminal .Tampoco me refiero a las causas estructurales y sociales que generan ladelincuencia, como la falta de empleos y de educacin de nuestros

jvenes, las cuales muchos utilizan para justificar la participacin de los jvenes en la delincuencia. Esos son problemas que hay que enfrentar,pero tienen otros escenarios, cuyos resultados se obtendrn a ms largoplazo.

No se puede seguir dejando la impresin en los delincuentes que ellos

tienen cancha abierta para desarrollar sus actos. Hay que poner enmarcha acciones para seguirles los pasos a donde quiera que se muevan

y demostrarles que la delincuencia no tiene impunidad en nuestro pas.

El Plan de Seguridad Ciudadana que viene desarrollando el Gobierno,tiene sus puntos luminosos en los lugares donde se aplica, pero al mismotiempo provoca un desplazamiento de los delincuentes a aquellos

sectores donde no se est implementando dicho programa. Tampoco esposible garantizar la seguridad colocando un agente a cada ciudadano.

El asunto est en desarticular las redes de operacin de la delincuencia ypara ello existen mtodos cientficos avanzados.

En otro orden de ideas, resulta alentador las voces que se han levantadopara protestar por el asesinato de Vanessa, sobretodo porque entre ellas se destacan algunas personalidades que en el pasado han tenidoposiciones que se han interpretado ms en apoyo a los delincuentes queen defensa de los derechos de los ciudadanos que actan correctamente.

Muchos, como fruto de la indignacin que le provoca un acontecimientotan espeluznante, reviven el manido tema de aumento de las penas parahechos de esa naturaleza: pena de muerte, cadena perpetua, trabajo

forzado, etc. Desde mi punto de vista esas medidas no serviran de nada,independientemente de que podra estar de acuerdo con algunas de ellas.

El problema principal consiste en que el gobierno tiene que demostrar suautoridad para que los delincuentes sepan que no tienen espacio pararealizar sus acciones y que todo el que viole la ley ser castigado deacuerdo a la gravedad del delito cometido. Eso es lo que va ahora, lo delas penas se puede ver luego.


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En Santiago sonaron las campanas, pero las mismas no doblaron slo por Vanessa. Doblaron por todos los jvenes que se desplazan a suscentros de estudios expuestos a correr su suerte. Doblaron por los quetodos los das se dirigen a sus trabajos a ganarse el sustento de sus

familias. Doblaron por quienes con sus esfuerzos e iniciativas ponen un pequeo negocio para ganarse la vida y generar empleos. En fin,doblaron por todos los dominicanos que vivimos en esta tierra y estamosexpuestos a correr la misma suerte. Paz a sus restos y consuelo y

fortaleza para esa desdichada familia.

La inseguridad tiene mltiples facetas

Todava sin recuperarnos del brutal asesinato de la estudiante demedicina Vanessa Ramrez Faa, ocurrido en la ciudad de Santiago yejecutado, de acuerdo al informe policial, por cuatro jvenes para robarleun telfono celular.

La prensa nos trae la informacin que otro estudiante tambin demedicina, de 18 aos e hijo de un mdico, fue arrollado en la avenida 27de febrero, en el tramo comprendido entre las avenidas Privada y Nezde Cceres, por un automvil conducido por jebitos que realizaban unacompetencia con las luces apagadas.

La vctima, en esta ocasin fue el joven Eduardo David Rodrguez,estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autnoma deSanto Domingo (UASD), quien era hijo del doctor Juan Ramn RodrguezMontn y de la licenciada Felicia Rodrguez.

El referido tramo de la avenida 27 de febrero, es utilizado todas lasnoches (despus de la media noche) por jvenes provistos de automvilescon motores de alta potencia que se dedican a practicar su deporte

preferido, poniendo en peligro la vida de los transentes que cruzan apie, as como de los conductores que tienen que atravesar dicha va. Pueslos desalmados e irresponsables pilotos de los autos de carrera, no sedetienen ni siquiera en las intersecciones donde hay semforos instalados.

En mi caso particular, que vivo en una calle paralela a dicha avenida, he sido espectador desde hace ya varios aos, cmo ese grupo de sinvergenzas han tomado ese espacio como pista de carrera de suslujosos y potentes automviles. Muchas veces despierto sobresaltadocomo consecuencia del escandaloso ruido que provocan los poderososmotores de los autos que intervienen en las competencias.


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Confieso que cuando escucho los automviles pasar como la Honda delDiablo por dicha va, me quedo en suspenso y paralizado, esperando elimpacto de un accidente al cruzar la prxima interseccin, por dondeatraviesan sin hacer caso a las seales del semforo que regula el

transito.Tambin, como conozco bien la situacin, cuando me toca cruzar esaavenida en horas de la noche, tanto a pie como en vehculo, antes dehacerlo tomo medidas para percatarme que la calle est despejada, noimporta que las luces del semforo me estn dando paso, medida quecomparto con mi familia y amigos que me visitan.

Lo cierto es que lo sucedido al joven Eduardo David Rodrguez, le puedeocurrir a cualquier ciudadano que transite por esa va en horas de la

noche. Pues ese es un espacio ocupado por esos jvenes, desde hacemucho tiempo. Cuando alguien llama a la polica para solicitar su apoyo,la respuesta es que no tienen ni vehculos, ni agentes disponibles. No se sien este caso, como en otros, su inaccin est relacionada con suinterpretacin del Nuevo Cdigo Procesal Penal, de que para actuar serequiere que los ciudadanos presenten querellas formales contra losvioladores de ley.

La inseguridad tiene muchas formas de expresarse y en cualquiera de sus

manifestaciones puede cobrar la vida o poner en peligro a los ciudadanos.Adems de la delincuencia y la criminalidad formal, hay que cuidarse delos gatillos alegres que disparan sus armas al aire, de los desaprensivosque utilizan las vas pblicas para satisfacer su morbo de adiccin a laalta velocidad, de los que conducen vehculos pesados por carreteras yavenidas guiando por el carril de la izquierda y lanzando piedras y otrosmateriales a la va pblica rompiendo cristales y poniendo en juego la

seguridad de los que viajan en otros autos, entre tantas situaciones deinseguridad a que nos enfrentamos todos los das.

Finalmente, como estoy convencido que para estos jovencitos no hay leyni autoridad que les ponga freno, me permito recomendarles a todos losque se vean obligados a cruzar por la avenida 27 de febrero a pie o envehculo, despus de la media noche, que no lo hagan sin percatarse queno existe peligro para ello.

En este caso, al igual que con el tema de la delincuencia, la nica solucines que los responsables retomen la autoridad y hagan cumplir la ley sinimportar quien sea el afectado. Por aqu andamos hablando de pena de

muerte y de cadena perpetua, cuando no somos capaces de hacer cumplir


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con simples disposiciones como las que reglamentan el trnsito devehculos.

Ahora s me dio miedo!

La informacin aparecida, la semana pasada en los medios decomunicacin, dando cuenta de que un oficial del Departamento de

Recuperacin de Vehculos de la Polica Nacional que actu en eldesmantelamiento de una banda que se dedicaba al robo de vehculos, harecibido, junto a sus familiares, amenazas de muerte de parte de losmalhechores que se encuentran detenidos, as como la agresin a tiros deque fue vctima el sargento Saulo Salustiano Matos, quin particip juntoal referido oficial en las pesquisas que llev a la captura del grupo de

delincuentes, constituye un hecho que mueve a preocupacin y a reflexinsobre el rumbo que estn tomando las cosas en materia de inseguridad ydelincuencia.

En esa misma direccin podramos enmarcar la denuncia hecha por el Fiscal del Distrito, doctor Jos Manuel Hernndez Peguero, sealandoque el ex coronel Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe, recientementeencarcelado en el penal de La Victoria, luego de regresar de Espaa, leest amenazando con desatar represalias en su contra por haberloapresado para que encare en la Justicia un expediente sobre supuestolavado de dinero en un caso vinculado con el extraditado ex capitnQuirino Ernesto Paulino Castillo.

Agreg el funcionario que Pepe Goico le mand a decir que se recuerdeque lo que se est usando en Espaa es contratar sicarios colombianos

para eliminar por paga a una determinada persona, y que ese mtodo seque puede comenzar a utilizar aqu a partir de ahora.

A pesar de que esta ltima denuncia parece ms bien una fantasa propia

de una pelcula de ficcin, por venir de un alto funcionario, no deja de serpreocupante, porque al igual que la primera, refleja que en el pas se haperdido el principio de la autoridad y todos los esfuerzos que realicemospara controlar la delincuencia no alcanzarn los resultados esperados sino se reestablece ese principio. Si se permite que desde la crceles losdelincuentes amenacen y "ajusten cuentas" contra las autoridades,entonces habremos perdido la batalla contra ese flagelo.

El robo de vehculos se ha convertido en una actividad altamente lucrativa

en el pas. Todos los aos se registra la sustraccin de miles de autos delujos, los cuales de esfuman de manera misteriosa en nuestro medios, ante


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la incompetencia o indiferencia de las autoridades responsables.

Todava anda por ah dando vuelta de corte en corte el expediente de losoficiales que usufructuaron durante la pasada gestin de gobierno, los

vehculos robados a particulares y recuperados por la institucin delorden, sin que se dicten las acciones penales correspondientes contra losautores de esos bochornos hechos.

Los problemas hay que enfrentarlos en su origen, pues si dejamos, comohemos permitidos, que se nos vayan de la mano, entonces se convertirnen complejos. El gobierno esta en la obligacin de poner en marcha un

plan general contra la delincuencia, la cual cada vez se torna masdesafiante, Los programas "Barrios Seguro" y "Ciudad Segura" sonbuenas iniciativas, pero tenemos que disear estrategias para combatirla "alta delincuencia", la cual da muestra de moverse con facilidad y

grandes recursos, Hay que proteger a los agentes que cumplen con sudeber, tanto creando una legislacin que sancione de manera drstica lasagresiones contra ellos, como dotndolos de los medios de proteccinnecesarios para cumplir con su labor. Pero al mismo tiempo hay continuarcon una profilaxis para sanear ese cuerpo, ya que desde dentroconstantemente salen seales que empaan su imagen.

Estos hechos me traen a la memoria la ola de asaltos y robos a

residencias y negocios que se produjo en el pas en el ao 1999 y que para contrarrestarla llev a la jefatura de la Polica Nacional altristemente clebre, general Pedro de Jess Tejada Candelier. Esperamosque las autoridades busquen frmulas para impedir que la situacin se nos

salga de control. De lo contrario habr que apelar a que alguien nosdefienda, Dios nos libre que tengamos que acudir como en el pasado a unChapuln Candelado.

El toro por los cuernos

Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno Ampliado,convocado por el seor Presidente de la Repblica para buscar frmulasencaminadas a enfrentar la ola de delincuencia que ha estado azotando al

pas en los ltimos meses, constituyen una seal de que el gobierno hacomprendido la necesidad de tomar el toro por los cuernos y encarar condeterminacin la situacin.

Esto as porque hasta la convocatoria del referido consejo de gobierno laimpresin que uno perciba era que las autoridades gubernamentales nocompartan los reclamos de la poblacin de que la delincuencia haba


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desbordado los lmites normales y pareca que estaban satisfechas con losresultados del plan de accin que haban puesto en marcha.

El paquete de medidas anunciadas por el presidente, representa una

expresin de que en el gobierno hay la voluntad de enfrentar condeterminacin el flagelo que ha movido la preocupacin de ampliossectores de la vida nacional.

Las disposiciones adoptadas, algunas de aplicacin prctica, fueronoficializadas de inmediato por el mandatario. Entre ellas: La prohibicintemporal de importacin de armas de fuego y municiones y el decomiso delas armas ilegales incautadas. La regulacin de los horarios de los centrosde diversin para que solamente permanezcan abiertos hasta la doce de lanoche, exceptuando los viernes y los sbados. Tambin se anunci la

formacin de patrullas mixtas (PN-FA) para el patrullaje en horas de lanoche y regulaciones para el uso de las motocicletas; as como encargar alos departamentos investigativos, bajo la coordinacin de la Direccin

Nacional de Investigaciones (DNI), de ubicar e identificar los puntos deventa de drogas en todo el territorio nacional. Orden tambin que los

policas que prestan servicios en las instituciones oficiales sean sustituidospor militares para que stos se integren a las labores de patrullaje.

Adems, el presidente anunci que sern reclutados unos cinco mil nuevos

agentes policiales e igual nmero de auxiliares, as como el aumento delos sueldos a los integrantes del cuerpo policial; asimismo comunic laprofundizacin del proceso de depuracin, equipamiento y entrenamientodel cuerpo del orden.

Un aspecto significativo y alentador fue el hecho de que el primermandatario se uni a la voz de los amplios sectores del pas que reclamanuna modificacin parcial del Cdigo Procesal Penal, el cual algunosentienden que facilita a los delincuentes burlar la persecucin penal. Este

punto adquiere mayor significacin, si tomamos en consideracin queimportantes funcionarios del gobierno, entre ellos el Jefe Policial, el

Procurador General de la Repblica y el Consultor Jurdico del Poder Ejecutivo, se haban pronunciado en contra de la modificacin de lareferida pieza legal.

La sociedad debe darles todo el apoyo al gobierno y al presidente, quieneshan trazado las lneas gruesas para enfrentar la ola de criminalidad.

Ahora bien, los encargados de aplicar las medidas, tienen que entenderque la poblacin espera acciones inmediatas y efectivas, por tanto estn

en el deber de hacer valer el principio de autoridad. A los delincuenteshay que hacerle ver que todo el que viola la ley en la Repblica


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Dominicana recibir una sancin de acuerdo al delito cometido, noimporta que se trate de la quiebra de un banco, del trfico de drogas o

personas, del desfalco de bienes del erario, del robo de un pollo ocualquier otra violacin.

Dmosle un voto de confianza a las autoridades, aunque tengamos quehacer algunos sacrificios. El pas tiene que recobrar la normalidad.

La venta y expendio de bebidas alcohlicas.

La decisin de las autoridades de incluir algunas restricciones a la venta y el consumo de bebidas alcohlicas, dentro de las medidas adoptadaspara enfrentar la ola de delincuencia y criminalidad que azota el pas, hadesatado una cadena de reacciones de sectores que consideran que esadisposicin les perjudica.

Dichas reacciones no dejan de tener cierto fundamento, sobre todo porquelas medidas restrictivas abarcan y dan el mismo trato tanto a los negociosque por su naturaleza se dedican a la diversin y el entretenimiento, enlugares cerrados (bares, restaurantes, discotecas, cafs, night club, etc.),como a una serie de establecimientos que realizan la comercializacin yel expendio en lugares abiertos y a los cuales no debera permitrseles laventa de alcohol ni en horas de la maana, ni de la tarde, ni de la noche

(colmados y colmadones, bodegas, cafeteras, etc.) y que hemosdejados que se venda y consuma sin restriccin, al igual que el agua, laleche, refresco, golosinas o cualquier otro producto comestible, sinimportar que el lugar donde se expende sea frecuentado por nios.

Aqu todo el que pone un negocio puede vender bebidas a cualquier persona y en cualquier sitio, sin ningn tipo de reglamentacin, con la sola excepcin de los menores de edad, donde tampoco contamos conmedidas estrictas para garantizar su cumplimiento. Cualquiera puede ir

a un almacn y comprar una caja de ron o cerveza e instalarse donde lede la gana a vender al pregn esos productos porque no hay ningunadisposicin que lo prohba. Pero al mismo tiempo la gente transita portodos los lugares exhibiendo botellas de alcohol, ante la miradaindiferente de todos.

Sera interesante saber si quienes hoy levantan su voz exigiendo que serevisen las medidas provisionalmente adoptadas, estaran en disposicinde aceptar que nos abocramos a formular una normativa integral y

sostenible para regular la materia, como existe en todos los pasescivilizados.


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Ahora que se debate el tema, las autoridades deberan animarse paraabordar a profundidad ese asunto que tanto dao le ha provocado a la

sociedad dominicana. Se requiere de una legislacin que regule elotorgamiento de los permisos o licencias para los establecimientos que se

dediquen a su comercializacin. Hay que prohibir la venta y el consumoen lugares abiertos, el consumo en vehculos, especialmente losconductores. Pero al mismo tiempo hay que establecer sanciones para losque incurren en la violacin a las disposiciones establecidas.

Antes de continuar permtanme compartir con los amigos lectores uncorreo electrnico que me hizo llegar el amigo Francisco Sandoval, undestacado dominicano, preocupado por los problemas del pas, quedesarrolla con mucho xito trabajos de consultaras en las reas fiscales

y de contabilidad en varios estados de los Estados Unidos.

En este pas la distribucin de bebidas alcohlicas est controlada por elGobierno Federal en coordinacin con los gobiernos estatales. A nivel

federal es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo regula atravs de una divisin llamada ATF que quiere decir (Alcohol, Tabaco y

Armas de Fuego). Cada Estado dentro de los lineamientos generales del gobierno federal impone sus propias regulaciones para expedir unalicencia de licor.

En New York, las licencias de licor se clasifican dependiendo de losestablecimientos que la requieran. Si es una bodega, este tipo deestablecimiento slo puede vender cerveza y vinos suave-dulces y no

pueden ser consumidos dentro del establecimiento. Para vender licor fuerte debe ser una tienda de licor o un restaurante-bar. Para elestablecimiento de este tipo de negocio hay que reunir una serie derequisitos tales como:

-Donde se pretende establecer el negocio no puede estar cerca de unaescuela, una iglesia o centro de trabajo con nios.

-Tiene que tener aprobacin de la junta de vecinos. Adems de que el localtiene que calificar con las regulaciones de seguridad de los bomberos, etc.

- Para todas las licencias de licor y cerveza se necesita un chequeo delhistorial de las personas dueas del negocio.

-Se le toma las huellas digitales y stas son chequeadas por el FBI parasaber si el solicitante tiene historial delictivo.


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-Tienen que proveer informacin de los ltimos diez aos de trabajo y losltimos diez aos de residencia.

-Deben especificar la procedencia del dinero que ser utilizado en lainversin.

- No pueden haber funcionarios pblicos que tengan influencia en lasagencias que expiden las licencias.

Todas estas regulaciones son aplicables tanto a los detallistas como a losmayoristas y stos ltimos no pueden vender licor a nadie que no tengauna licencia de detallista.

Tambin existen las licencias temporarias que son menos rigurosas peroque son por fechas especficas; es decir, licencias para un evento porejemplo una kerms donde desean vender alcohol por una cuantas horas,

se le provee una licencia por ese tiempo. Hasta aqu la nota de FranciscoSandoval.

Algo ms que deseo compartir es una conversacin que sostuve en laciudad de Hudson, en el Estado de Nueva York, con Julio, un dominicanonativo de Cotui, de los pocos ciudadanos de nuestro pas que viven en esa

pequea ciudad.

Tombamos una cerveza en su casa, y me explicaba su deseo de regresara la patria que lo vio nacer a pasar los ltimos aos de su vida. Tambin

externaba su preocupacin por el caos y el desorden, que a su manera dever las cosas, existen en el pas. Me seal que el problema principal pararegresar son su mujer y sus dos hijos (nacidos en Estados Unidos) que nohay quien les hable de ir a vivir a un lugar donde no hay luz.

Julio se mantiene bien enterado de todo lo que sucede en nuestro pas. Serefiri a las ltimas medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar laviolencia y la criminalidad, con las cuales dijo estar de acuerdo.

Refirindose a las restricciones a la venta y el consumo de alcohol,dispuestas por el gobierno, me seal que en esa ciudad al queencuentran tomndose una cerveza en la calle le ponen una multa de ciendlares y si es un conductor se lo llevan preso inmediatamente y tiene queir a Corte. Si es reincidente hasta le cancelan la licencia de manejar.

En un momento se detuvo para decirme: Mire, esos son mis hijos, elvarn tiene catorce aos y la hembra tiene diez. Si yo le pido a uno de


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ellos que me traiga una de las cervezas que estn en la nevera y alguienme denuncia, de seguro que voy a tener problemas y hasta me puedenquitar a mis hijos. Con esta afirmacin pude comprobar que la

persecucin a la violacin de la norma se extiende hasta la intimidad del

hogar. Eso se llama autoridad.Otra cosa que me dijo mi anfitrin fue la siguiente: Ese hombre que est

gobernando all es el nico que puede resolver los problemas de ese pas,porque l vivi aqu y sabe como es que se hacen las cosas.

Finalmente, estoy de acuerdo que las medidas restrictivas relacionadascon la venta y consumo de alcohol deben ser revisadas. Eso s, sinchantajes, como aquel de que miles de padres de familias van a sercancelados si no se derogan las disposiciones adoptadas. Los que se

acostumbraron a comercializar las bebidas alcohlicas sin ningunaregulacin deben comprender que ese desorden tiene que cambiar.

Es el momento para que sin demora nos aboquemos a discutir frmulas para dotar al pas de una reglamentacin legal para regir esa delicadamateria. Esta podra ser una buena iniciativa de los nuevos congresistasque estrenaremos en el prximo da.

El robo de los cables elctricos y el simbolismo de la

autoridad

De todos los rincones del pas se reciben reportes dando cuenta quebandas organizadas realizan a diario el robo de los cables del tendidoelctrico, dejando en la oscuridad a poblaciones enteras. Losdesaprensivos llevan a cabo sus fechoras con el propsito de vender losalambres robados a empresas que se dedican a fundirlo para extraer elcobre con fines de comercializarlo.

El pasado fin de semana aprovech los das de asueto para, junto a mifamilia, retirarme a mi natal campito de Palmar Grande en el municipiode Altamira. Al llegar a la comunidad la primera noticia que recib fueque no haba energa elctrica desde haca varios das, porque se habanrobado los cables del tendido, en una extensin de aproximadamente milquinientos metros. La pobre gente de las localidades afectadas se lasingeniaba recolectando dinero para comprar de nuevo los cables yreestablecer el servicio, que de acuerdo a lo que me sealaron, la accinde los malhechores ya se haba producido en varias ocasiones.


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A mi regreso a la capital me puse a revisar la prensa y en algunos de los peridicos digitales del martes 7 de noviembre encontr las siguientesinformaciones relacionadas con el caso:

-El seor Juan Modesto Rodrguez, en comunicacin dirigida al peridico Listn Diario, denuncia que en Villa Altagracia y Pedro Brand, cada semana cientos de hogares son dejado a oscura por los bandidos queatrados por la demanda de cobre se roban los alambres del tendidoelctrico (Listn Diario, 7/11/06)

-El peridico digital El Viajero trae la informacin de que en la avenidaRuta 66 del AILA, la Polica Nacional apres a un hombre que robabalos cables del tendido elctrico. (El Viajero 7/11/06)

-El mismo peridico Listn Diario trae otra nota dando cuenta que: enmenos de seis meses la Polica Nacional ha apresado y sometido a la

justicia a 50 personas involucradas en el robo y venta de alambres deltendido elctrico. (Listn Diario 7/11/06)

-El vespertino El Nacional trae la noticia que La polica apres a unhombre con 2,000 pies de alambre del tendido elctrico que haba

sustrado de una finca ubicada en el kilmetro 22 de la Autopista Duarte.(El Nacional 7/11/06)

Como puede apreciarse se trata de una oleada delincuencial conpresencia prcticamente en todo el territorio nacional. Esta situacin haobligado a los residentes en diferentes barrios y comunidades aorganizarse en comit de vigilancia para proteger las redes elctricas, loque ya ha dejado como saldo el linchamiento, la golpeadura y elapresamiento de varios de los responsables en diferentes lugares del pas.

La proliferacin de estos hechos y la ineficiencia que han demostrado las

autoridades policiales para enfrentarlos, unido a la venalidad con queson tratados en los tribunales los responsables de cometer estas acciones,mueve profundamente a preocupacin y refleja el nivel deresquebrajamiento de la autoridad en la Repblica Dominicana. La

preocupacin es mayor si relacionamos estos acontecimientos con otrosque se han enraizados en nuestro medio y que han desbordado lacapacidad o quizs el inters de las autoridades.

Me refiero a hechos como los constantes robos de vehculos, las acciones

que por aos llevan a cabo cuatreros en toda la geografa nacionalrobando ganado de todo tipo en perjuicio de nuestros productores


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pecuarios y de humildes familias de la zona rural, as como tambin la sustraccin de las barandas de proteccin colocadas en las autopistas ycarreteras, entre otros de los tantos hechos vandlicos que presenciamosa diario.

La autoridad tiene smbolos que no se pueden relegar, al menos queestemos apostando al caos y a la anarqua. Entre esos smbolos estn elcontrol del territorio nacional, la proteccin de los sistemas y redeselctricas, el resguardo de los depsitos y la conduccin de los sistemas deagua potable y la comunicacin cablegrfica y vial, entre otros. Atentarcontra estos servicios tiene que ser perseguido y penalizado con sancionesdrsticas y ejemplarizadoras.

Si permitimos que grupos desaprensivos sigan cometiendo fechoras comola de dejar a oscura a una poblacin y la consecuente paralizacin de susactividades, a la gente no le quedar otro camino que tomar la justicia en

sus manos, lo que constituye una manifestacin de falta confianza en lasautoridades competentes. El gobierno tiene que evitar que el caos y eldesorden continen ganando terreno, de lo contrario estaremosahondando la fosa para la sepultura de nuestro limitado ordenamientodemocrtico.

Vend el sof compadre

Recuerdo una ancdota que escuch en una ocasin acerca de un seorque le comentaba a su compadre que se haba enterado que su mujer leestaba siendo infiel con otro hombre. De acuerdo a su relato el espacioque utilizaban para llevar a cabo el acto de infidelidad era un sof quehaba en la sala de la casa donde resida junto a su esposa.

El compadre consternado por la informacin que haba recibido de suamigo y temiendo que ste vaya a cometer una locura se apresur a

preguntarle: y qu piensas usted hacer?, ya lo resolv le contest stemuy tranquilo, lo que aument la ansiedad del compadre, llegando a

pensar que haba atentado contra la mujer y su amante o que simplementele haba pedido el divorcio a su esposa. Y qu fue lo que hizo?, insisti elamigo: Pues vend el sof compadre.

La ancdota la traigo colacin a propsito de unas declaraciones dada ala prensa por el Secretario de Estado de Obras Pblicas, ingeniero Freddy

Prez, refirindose a la ola de robo de los cables elctricos y otros

materiales metlicos que viene azotando al pas durante los ltimosmeses. El funcionario ha sealado lo siguiente: yo pienso que la


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Esta situacin es ms preocupante si tomamos en consideracin que el pas consagra un presupuesto de ms de diecisis mil millones de pesosanuales a la Seguridad Nacional, en el que se incluye el pago de unanmina que supera los cincuenta mil servidores pblicos. Seria interesante

saber en que invierten su tiempo todos los organismos de investigacinque hoy existen en nuestros cuerpos armados.

A las propuestas de aconsejar a los dueos de las empresas, los cualesse sobreentiende que son cmplices, para que no compren los materialesrobados, y a la del secretario de Obras Pblicas de que el presidente

prohba por decreto la exportacin de esos materiales, se le puede agregarotra: que el gobierno prohba tambin la venta de las referidas sierras

para que los ladrones no la puedan utilizar en derribar los postes de lasinstalaciones elctricas que ha denunciado la distribuidora Edesur. Conestas mediditas estaramos dando solucin al problema como lo hizo elcompadre vendiendo el sof.

2-Coyuntura Electoral 2006

La Encuesta Listn Hamilton

Los resultados arrojados por la ltima entrega de la encuesta de la firma

Hamilton y el peridico Listn Diario, le enva una clara seal a losdirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que debera serbien ponderada por esa entidad poltica, si desea volver alcanzar losniveles de popularidad que tuvo en el pasado reciente.

En este sondeo qued evidenciado la valoracin que tiene la poblacindominicana de los esfuerzos que est haciendo la administracin del

presidente Leonel Fernndez en procura de sacar al pas de la difcil situacin econmica dejada por el pasado gobierno perredesta que

encabez el agrnomo Hiplito Meja.De acuerdo a los referidos resultados, los principales lderes del Partidode la Liberacin Dominicana (PLD), obtienen los porcentajes ms altos devaloracin favorable, mientras que los dirigentes del partido blancoobtienen la peor ponderacin por parte de los encuestados.

Resulta revelador que entre los lderes mejor evaluados se encuentrencuatro integrantes del partido morado. El presidente Fernndez est a lacabeza con la opinin favorable del 60 por ciento de los dominicanos,

Jaime David Fernndez Mirabal alcanza el 57 por ciento, Jos Tomas


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comicios, queda evidenciado la debilidad institucional de ese organismo,el cual desde su conformacin ha sido objeto de fuertes cuestionamientos,tanto por la forma en que fueron seleccionados sus integrantes, atendiendoa los intereses particulares del grupo que controla el Senado de la

Repblica, como por la falta de autoridad y la parcializacin con queacta en los momentos en que las circunstancias lo han demandado.Actualmente la situacin del organismo se torna ms compleja, debido aque los problemas internos que confronta el Partido Revolucionario

Dominicano (PRD), que condujeron a su fraccionamiento, parece habercolocado al presidente del tribunal en un contexto que no les inspiraconfianza a los lderes de los partidos que lo llevaron a ocupar esa alta

posicin.

De ah la posicin asumida por los dirigentes de la "alianza rosada,quienes reaccionaron pidiendo la renuncia del presidente de la Junta,cuando se divulgaron unos supuestos o reales pronunciamientos del Dr.

Arias en los que manifestaba su deseo de que el congreso que surja de losvenideros comicios sea equilibrado, es decir, representativo de todas las

fuerzas polticas.

En las ltimas semanas, la Junta se ha visto envuelta en un nuevoconflicto, esta vez como consecuencia de la decisin de recibir lainscripcin de varias candidaturas de la referida alianza despus de

vencido el plazo establecido; as como tambin por la recepcin dealgunas candidaturas municipales, de la misma coalicin poltica, en la

sede principal del tribunal, las cuales debieron ser presentadas por antelas juntas de los municipios correspondientes.

El artculo 70 de la Ley 275-97 establece que las propuestas de candidatospara que puedan ser admitidas debern ser presentadas a ms tardar 60das antes de la fecha en que se celebrarn las prximas elecciones. Ese

plazo en consecuencia conclua el 16 de marzo a las doce de la noche.

Los dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano y ReformistaSocialcristiano, no cumplieron con lo establecido en la disposicin legal y

por el contrario se aparecieron a la Junta unos cuantos minutos antes devencer el plazo, alegando que los equipos de informtica se les habancalentado y que esto le impidi completar la relacin de los candidatos.

Luego se conoci la informacin de que dichos dirigentes sometieron unainstancia solicitando que el organismo le concediera un plazo no mayorde veinticuatro (24) horas a los fines de cumplir con las disposiciones de

la ley electoral y las resoluciones emanadas por ese Honorable Tribunal.


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Esta instancia nunca fue dada a conocer por el Tribunal Electoral y encontraposicin, el Secretario General de la Junta, Dr. Antonio Lockward

Artiles, recibi la documentacin incompleta, le dio las gracias por elesfuerzo realizado y los exhort a que cuanto antes completaran la

informacin. Es decir les otorg un plazo, sin lmite, para completar lasinscripciones. Frente a estos acontecimientos el Partido de la Liberacin Dominicana(PLD), present una instancia al pleno de la Junta solicitando que ese altoorganismo declarara nulas las inscripciones de las candidaturas que sehicieron fuera de los plazos y exigiendo al Tribunal que se someta a la ley.

Ante el escndalo planteado, el Dr. Lockward Artiles, manifest que laorden le fue impartida por el presidente del organismo, Dr. Luis Arias ylos jueces Salvador Ramos, Luis Domnguez y Rafaelina Peralta. El

presidente neg su intervencin en la decisin, mientras los dems, todosconocidos por sus estrechos vnculos con los partidos que conforman lareferida alianza, minimizaron el hecho sin negar que fueran quienesdieron la orden.

Como era de esperarse esta decisin provoc contradicciones en el senodel organismo, especialmente por parte de presidente del tribunal Dr. Luis

Arias y del juez Roberto Rosario, este ltimo en desacuerdo con la formaen que se estn manejando las cosas, opt por tomar unas vacaciones para

dar tiempo a que la situacin sea esclarecida y adems, para no participar en el pleno del organismo que se reunira para conocer elasunto.

El pleno se reuni, sin la asistencia del juez Roberto Rosario, quien fuereemplazado por su suplente. La decisin adoptada fue la que todosesperbamos. Validar todas las candidaturas, bajo el alegato de que

fueron inscritas dentro de los plazos que establece la ley. Tambindeclar como bueno y valido el recibo de la documentacin

correspondiente a los cargos municipales que se hicieron en la sedeprincipal del tribunal de comicios, auque ya algunas de las juntas localeshaban recibido la inscripcin de candidatos, como ocurri en el Distrito

Nacional.

Esta decisin del pleno de la Junta se inscribe en lo que ha sido su polticade tomar decisiones en bloque, es decir sin discernimiento, como ocurricon el rechazo de todas las solicitudes de reconocimiento de nuevos

partidos y la validacin de todas las alianzas que le fueron presentada

para los prximos comicios.


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Frente a los problemas planteados, surgen las siguientes interrogantes:La decisin de la alianza rosada de presentar candidaturas fuera del

plazo establecido por la ley, no puede interpretarse como una bola deensayo para tantear el grado de compromiso que tienen los jueces con esa

coalicin poltica?Qu garanta puede tener la poblacin de que ese tribunal, con losniveles de contradiccin que se observan entre sus integrantes, est encapacidad de organizar unos comicios limpios y transparentes, sin tenerque revivir los traumas por los que hemos pasado en eleccionesanteriores?

Ser necesario acudir, como en el pasado a la creacin de una Comisinde Seguimiento, para garantizar la pulcritud y legitimidad de losresultados de las elecciones?

El PLD reaccion anunciando, en rueda de prensa de su Comit Poltico,que frente a la desconfianza que le inspira la Junta, solicitar la creacinde una comisin de seguimiento y pedir a representantes de la sociedadcivil y de organismos internacionales que vigilen el desarrollo del proceso.

No hay que hacer mucho esfuerzo, para saber quienes se oponen a que laselecciones sean observadas: Los dirigentes de PRD y sus aliados del

PRSC, quienes fueron los autores de los palitos en las elecciones el 2002 y

los jueces del organismo que se encargaron de legitimarlos.

El pas est obligado a garantizar que las prximas elecciones se realicencon la transparencia y limpieza debida. Si para ello hay que formarnuevamente la Comisin de Seguimiento y acudir a observadoresnacionales e internacionales, que se haga, pues no podemos darnos el lujode caer de nuevo en una crisis electoral, similar a las ocurridas en el

pasado. El que no tiene hecha, no tiene que tener sospecha, dice el refrnpopular.

El pesado fardo de la Alianza Rosada

Desde que se anunci el intento de constituir la coalicin polticadenominada como "Alianza Rosada", las organizaciones que la integran,es decir, los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y ReformistaSocial Cristiano (PRSC), han confrontado mltiples dificultades, tanto alinterior de sus respectivas entidades como para llegar a acuerdos para laconformacin de boletas unitarias en el mbito provincial y municipal.

Sin embargo, las cpulas de las dos entidades se las arreglaron para dejar


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constituido el frente, aunque ello ha devenido en una cadena dedesprendimientos y renuncias de grupos y dirigentes de los dos partidos,quienes acusan a los cabecillas de la alianza de despojarlos decandidaturas que consideran haber obtenido legtimamente.

Ahora bien, el problema principal que tiene que enfrentar la referidaalianza consiste en el pesado fardo que tiene que cargar como resultadode la pasada gestin llevada a cabo por el presidente Meja, quienreiteradas veces ha reivindicado ser el arquitecto de ese proyecto.

Adems, los principales candidatos que presenta la coalicin han sido protagonistas de acciones reprochables que hoy desearan que lapoblacin votante olvidara.

Resulta difcil convencer a los votantes para que les den su apoyo a losresponsables de sumir al pas en una de las crisis ms devastadoras delos ltimos aos. Pues aunque se pretende presentar la alianza comoinnovadora, lo cierto es que sus protagonistas han mantenido el controlabsoluto del congreso y de los ayuntamientos durante los ltimos cuarentaaos y en lugar de propiciar los cambios que la sociedad ha demandado,

se han convertido en retranca para boicotear las aspiraciones de reforma.

No es posible olvidar en tan poco tiempo las travesuras llevadas a cabopor esos mismos congresistas que ahora ofertan hacer transformaciones si

son favorecidos con una nueva eleccin, cuando en realidad desde haceaos ostentan esas posiciones y no han puesto en prctica lo que ahoraofrecen.

La poblacin debe evaluar la responsabilidad que tienen los promotoresde la "Alianza Rosada" en un conjunto de acciones reprochables quecondujeron al pas a descender prcticamente una dcada en todos losindicadores de desarrollo, como son: la devaluacin de la moneda, la altatasa de inflacin, el incremento del desempleo, el aumento de la pobreza,

etc., etc.

Fue ese congreso que hoy pretende reelegirse, integrado por perredestas y reformistas, el que se apandill para imponer una reforma a laconstitucin en el ao 2003, con el nico propsito de permitir lareeleccin del entonces presidente Hiplito Meja.

Ha sido ese mismo congreso, del cual pretenden reelegirse diecinueve desus integrantes, que ha mantenido en zozobra a la opinin pblica con el

sometimiento constante de proyectos dirigidos a extender el perodo parael que fueron electos.


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Fueron esas mismas fuerzas y esos mismos legisladores que se asociaron para designar los integrantes de la Cmara de Cuenta, integrada porreconocidos activistas polticos.

Esos mismos legisladores fueron los que utilizaron su mayora paradesignar una Junta Central Electoral integrada por connotadosmiembros de sus organizaciones polticas, situacin que ha hechoretroceder la institucionalidad de los procesos electorales.

Esos grupos y legisladores, que ahora pretenden que el pueblo olvide elpasado, fueron los que de manera irresponsables aprobaron un festival deprstamos, sometido por el gobierno de Hiplito Meja, que duplicaron ladeuda externa, llevndola de tres mil seiscientos millones de dlares a laastronmica cifra de siete mil millones, en el pasado gobierno.

Esos mismos congresistas son los que han mantenido en su curul a undiputado condenado por trfico de personas y su partido lo mantiene comocandidato a la misma posicin para los prximos comicios.

Pero al mismo tiempo, la alianza rosada, tiene que cargar sobre sushombros la desastrosa gestin de gobierno de su principal armador, quiencomo resultado de su administracin hoy tiene la ms alta tasa de rechazo

entre los polticos dominicanos.

De las prximas elecciones tiene que salir un congreso que est encapacidad de viabilizar los cambios institucionales que demanda la

sociedad dominicana. Esos cambios no pueden ser encabezados por unoscongresistas que se han burlado del pas cuando se le ha demandadoactuar con responsabilidad. El momento es oportuno para elegir uncongreso para el cambio, de lo contrario seguiremos secuestrados poraquellos que durante los ltimos aos han utilizado sus posiciones para

satisfacer sus intereses particulares.

Todos a cumplir con el deber cvico de votar

El 16 de mayo se celebrarn las elecciones congresuales y municipalespara elegir a los representantes al congreso y las municipalidades, paralos prximos cuatro aos. Dichas elecciones han concitado un gran inters

por parte de los partidos polticos, debido a que en las mismas se van aescoger ms de mil quinientos cargos correspondientes al poder

legislativo y a los ayuntamientos de todo el territorio nacional.


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Sern escogidos por el voto popular un total de treinta y dos (32) senadores (as), ciento setenta y ocho (178) diputados (as), alrededor deciento cincuenta y un (151) sndicos y vice sndicos y unos novecientos

sesenta (960) regidores (as) y sus respectivos suplentes.

Las elecciones constituyen el nico mecanismo que disponen losciudadanos para decidir a quienes les confieren la delegacin derepresentarlos en las instancias de direccin establecidas en un rgimendemocrtico. Todos debemos acudir a cumplir con ese deber cvico, paracoadyuvar al fortalecimiento de nuestra democracia. Ningn ciudadano(a) debe renunciar a ese derecho por desgano, frustracin o indiferencia.

El abanico de opciones es amplio: unos van en busca de la reeleccin,para quienes los votantes tienen en sus manos la posibilidad de apoyarlessi estn satisfechos con sus ejecutorias o sancionarlos si no han llenadoslas expectativas de quienes lo eligieron. Algunos se presentan en busca de

posiciones que ya desempearon en otra oportunidad, lo que permite a loselectores hacer memoria para recordar como fue su pasada gestin. Otros

se presentan por primera vez y los (as) ciudadanos (as) podrn evaluarsus propuestas a la hora de emitir el sufragio.

Eso s, la situacin demanda que cada una de las partes involucradascumpla con su responsabilidad. Los partidos estn en la obligacin dejugar limpio, permitir que los (as) sufragantes ejerzan el votolibremente y acatar los resultados arrojados en las urnas. Los miembrosde la Junta Central Electoral, como responsables de organizar laselecciones, tienen que olvidarse de sus intereses particulares y colocarse ala altura de sus investiduras. Tienen que garantizar la diafanidad,

pulcritud y transparencia del proceso y certificar que los resultados seanproducto de la expresin librrima de la soberana popular.

La sociedad civil, la comunidad internacional, los medios decomunicacin y toda la ciudadana en general, estn en la obligacin demantenerse vigilantes para demandar que estas elecciones se conviertanen una fiesta de la democracia, que nos permita alcanzar nuevos peldaosen el proceso de consolidacin y fortalecimiento de nuestras instituciones.

Dejemos a un lado el pesimismo y olvidemos los ruidos intranquilizantes

que salen del tribunal comicial. Vamos civilizadamente a las urnas ydemos un voto de confianza a quienes les hemos encargado la tarea de


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organizar y arbitrar el proceso. Que ganen los (as) candidatos (as) que en sus respectivas demarcaciones cuenten con el mayor apoyo de la gente.Por el bien de todos, esperamos que as sea.

Que se respete la soberana popular.

Los resultados de los recin pasados comicios, celebrados el 16 de mayo,los sabemos todos los que vivemos o estamos en la Repblica

Dominicana. El da de las elecciones, cuando concluy el conteo de losvotos en los colegios electorales, solamente se esperaba que la Junta

Central Electoral (JCE) oficializara la aplastante victoria que habaobtenido el Partido de la Liberacin Dominicana (PLD) y sus aliados sobre sus adversarios de la denominada " Gran Alianza Nacional" o"Alianza Rosada".

Inclusos los representantes de esa coalicin abandonaron los centros devotacin convencidos de que haban sido derrotados.

El pas se mantena atento, esperando que el Tribunal de Eleccionesiniciara la emisin de los boletines, pues de todas partes llegaban reportesdando cuenta que la poblacin haba acatado el llamado a votar,acudiendo de manera cvica y ordenada a los centros de votacin. Dichocomportamiento fue reconocido y elogiado por los observadoresinternacionales, en una intervencin televisiva, acompaados de losintegrantes de la Junta Central Electoral, el martes 16 en la noche, antesde iniciarse la emisin del primer boletn.

La primera nota discordante la puso el seor Robert Polanco, delegadodel Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por ante la junta del

Distrito Nacional. Pues mientras esperbamos el inicio de los cmputos, el seor Polanco apareci en los medios de comunicacin sealando en forma arrogante que su partido no aceptaba que se transmitiera elboletn nmero uno, porque los datos que contena correspondan en sumayor parte a la circunscripcin 1 y que en sta haba ganado elcandidato a sindico Roberto Salcedo. Es decir, pretenda que la Junta del

Distrito digitara primero las actas que daban ganador a su candidato.Transcurrieron varias horas, hasta que alrededor de la media noche seley el primer boletn.

En el referido boletn, result sorprendente que la "Alianza Rosada"


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apareciera arriba en ciudades que haba ganado en forma arrolladora el partido morado y sus aliados, como son La Romana, Santiago y SanCristbal, lo que dejaba evidenciado que desde el inicio se puso enmarcha un plan de manipulacin de las actas de acuerdo a los intereses de

la coalicin rosada, tal como lo haba expresado el delegado del partidoblanco en la Junta del Distrito Nacional.

De ah en adelante, las maniobras quedaron evidenciadas: Todas las provincias "ganadas" por la "Alianza Rosada", fueron las primeras enconcluir el conteo del cien por cientos de los votos. En tanto que en lamayora de las que estaba arriba el PLD, se provoc unentaponamiento y la consiguiente paralizacin del conteo, a travsdiversos procedimientos retardatarios.

Cuando se completaron los cmputos en los lugares que la AlianzaRosada haba ganado las elecciones, sus dirigentes pusieron en marchaun plan de denuncias, para desacreditar el proceso en donde la votacinno les favoreca. Estas denuncias incluyen el supuesto o real uso derecursos del Estado por parte del partido oficial, los alegatos de comprade votos y de conciencia en su contra, la supuesta alteracin de actas

para beneficiar al partido oficial, supuestas asignaciones de votos departidos minoritarios al PLD, la militarizacin de los centros de votacin,

as como los errores e irregularidades cometidos por los funcionarios delos colegios electorales en el llenado de las actas, entre otrasalucinaciones creadas por sus fantasiosas imaginaciones. Sin embargo,en sus reclamos no hacen referencia a la necesidad de cotejar las actas,ni a que las juntas municipales agilicen el conteo para determinar los

ganadores.

En definitiva, el plan consista en lo siguiente: Asegurar el conteo en los lugares que salieron gananciosos y crear un

caos donde perdieron, con el objetivo de que la decisin del ganador seatransferida a la Cmara Contenciosa de la junta Central Electoral, en elentendido que all encontrarn un ambiente ms favorable.

- Atribuirle la derrota que recibieron a un fraude electoral, para asdetener los reclamos internos de que los arquitectos de la coalicin rosadallevaron a sus organizaciones a una humillante derrota electoral. Esto,adems les permita vincular a algunos de los dirigentes "sublevados" enla labor de pataleo.

-Involucrar las bases de los dos partidos, y ms especficamente a la


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dirigencias media, en el proceso de impugnaciones, crendole el espejismode que podran mantener posiciones que perdieron y as neutralizar suscuestionamientos.

-Iniciar unas series de impugnaciones masivas, incluyendo aquelloslugares en donde fueron ampliamente derrotados, con la finalidad dedesacreditar el proceso y llevar el mayor nmero de casos a la sealadaCmara Contenciosa, para que la misma pueda emitir algunos "falloshistricos" a su favor y al mismo tiempo rechazar la mayora de los casosen beneficios del PLD y sus aliados, para dar la apariencia de que susdecisiones se tomaron con equidad.

-La ya manida campaa de denuncia nacional e internacional, esta vezcon la desventaja de que fueron esas organizaciones polticas las quenegaron su apoyo a la propuesta de formacin de la Comisin Asesora dela Junta.

Cuando se concluy el conteo en las diez provincias que la Alianza Rosada estaba arriba, se puso en marcha el diablico plan con lacomplicidad de funcionarios de la Junta Central Electoral y de algunas

Juntas Municipales. El retraso en los boletines se mantuvo durante ochodas, lo que provoc desconfianza en la poblacin y acciones de violenciasque dejaron un saldo de diez personas muertas. Durante ese periodo no

fue posible que el pleno de la junta sesionara, lo que generaba mayorincertidumbre.

Finalmente, luego del reclamo de que se respete la voluntad popular poramplios sectores de la sociedad dominicana y la comunidad internacional,el pleno de la Junta logra reunirse y mediante resolucin, otorga un plazode veinticuatro (24) horas a las juntas municipales para que concluyan elconteo y los remitan a la cede central del organismo. Los resultados no sehicieron esperar, el PLD y sus aliados mantuvieron ventaja en veintids

(22) provincias y la Alianza Rosada solamente en diez (10), lo queconfirma la victoria del partido oficial, tal como ha sido reclamado por lacolectividad nacional.

Todas las acciones puestas en marcha por aquellos que pretendendesconocer los resultados de las elecciones estn condenadas al fracaso,

pues la mayora de la poblacin, los grupos empresariales, el cuerpodiplomtico, las iglesias, la sociedad civil, los observadoresinternacionales y en fin, los poderes fcticos, estn convencidos de que los

comicios fueron transparentes y reclaman por diferentes medios que serespete la voluntad popular libremente expresadas en las urnas.


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El nico camino que les queda a los dirigentes de los partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Socialcristiano es aceptar elveredicto soberano del pueblo, expresado mayoritariamente en las

urnas. Abandonar los planes de llamados a la desobediencia civil que slo conducen a producir desrdenes y prdida de vidas de gente delpueblo. Deben ajustar sus reclamos a los procedimientos establecidos enla ley electoral en aquellos casos que las circunstancias as lo ameriten.Todo lo dems cae en el terreno del pataleo para tratar de ocultar suresponsabilidad en el diseo de una estrategia que desde su inicio estabacondenada a un triste final.

El pas ha cambiado y por ello la poblacin ha decidido renovar susliderazgos y bajo ninguna circunstancia va a permitir que su voluntad seavulnerada. Perder y ganar es parte del juego poltico. Los ganadoresdeben asumir el triunfo con humildad y ejercer sus funciones contransparencia y responsabilidad. Los que perdieron que se acojan a losresultados con dignidad y decoro. El pas continuar adelante y se

presentarn nuevas oportunidades. Hacer lo contrario sera cavar sutumba.

Tiempo de travesuras

Transcurrido el proceso electoral que concluy con la contundentevictoria del Partido de la Liberacin Dominicana (PLD) y el consecuente

fracaso de la denominada Alianza Rosada, integrada por los PartidosRevolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC),ahora el pas se aboca a un largo perodo de transicin, en el cual

seremos testigos de una serie de travesuras de parte de los sectoresdesplazados, en un intento por perpetuar los privilegios que han detentadodurante los ltimos aos, ms all del 16 de agosto.

Derrotados en todos los escenarios, a pesar de los intentos de retorcer lavoluntad popular, por medio de necias y descabelladas impugnaciones,que fueron todas rechazadas por carecer de sustentacin legal, ahorarecurren al recurso de aprovechar el tiempo que le queda al frente de lasinstituciones para adoptar decisiones en su favor.

La primera seal en esa direccin sali del presidente de la Cmara deCuentas, licenciado Mximo Ramn Castillo Salas, asegurando que sumandato concluira en el ao 2008. De manera sorprendente, en la

primera sesin del Senado, luego de las pasadas elecciones, los senadores se destaparon aprobando una resolucin que ratifica los miembros del


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bufete directivo de dicha Cmara, Mximo Ramn Castillo Salas, Hctor Dotel Matos y Mario Alba Morillo, como presidente, vicepresidente ysecretario, respectivamente.

Esta decisin deja la siguiente interrogante: Si el mandato de losintegrantes de esa Cmara concluye en el ao 2008, como dijera su presidente, para qu era necesario la aprobacin de prolongar sumandato por parte del Senado?

Este organismo, desde su designacin en el ao 2004, ha estado envueltoen escndalos por irregularidades y dilapidacin de decenas de millonesde pesos, lo que llev a dos de sus miembros a renunciar a sus cargos, porlo que en trminos ticos y morales dichos bufete est descalificado para

fiscalizar y auditar las cuentas pblicas.

Ahora bien, la decisin del Senado de ratificar los miembros de la Cmarade Cuentas, slo representa el inicio de una zafra de disposicionesencaminadas a favorecer a los sectores desplazados, en una especie dereparto de la piata o botn, que es precisamente la manera como estos

seores perciben el manejo de los fondos pblicos.

Ya veremos ese Congreso aprobando la asignacin de pensiones al granel,para otorgarles sueldos de por vida a los legisladores que concluyen su

mandato, a decena de asesores que cobran lujosos salarios en ambascmaras; as como a amigos, parientes y compaeros de partido de estossacrificados ciudadanos.

La zafra tambin se extender a los ayuntamientos, como ocurri en el del Distrito Nacional, cuando fueron derrotados en el ao 2002. Podraextenderse a la Junta Central Electoral (JCE) y a otras instanciascontroladas por los partidos desplazados.

Tengamos paciencia, observando todas esas travesuras, hasta que

transcurran estos das de transicin, que de acuerdo al presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tendremos que aceptar susdecisiones si es que queremos que en el pas haya gobernabilidad, pues delo contrario tendremos que vernos en las calles con dos organizaciones

polticas que tienen amplias races sociales.

Todo parece indicar que los dirigentes del PRD no han entendido que lostiempos han cambiado y que en gran medida el rechazo que han recibidoen las ltimas elecciones, se debe entre otras razones a que la poblacin

se resiste a aceptar esa manera de irrespetar las instituciones que hacaracterizado las administraciones perredeistas. Si ese partido desea


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reencontrarse de nuevo con el pueblo que ante le brind su apoyo tieneque abandonar esas posiciones tremendistas y acogerse a la voluntad

soberana de la mayora. Ahora le toca el turno al PLD, pues perredestasy reformistas ya tuvieron su oportunidad y simplemente la desperdiciaron.

3-Debilidades Institucionales y Corrupcin

La maa de robar

En la sociedad dominicana, el acto de apoderarse de lo ajeno se ha

convertido en una prctica tan comn, que da la impresin que hemosolvidado que nuestra legislacin tipifica como robo el que con fraude sustrae una cosa que no le pertenece. (Artculo 379 del Cdigo PenalDominicano)

Tambin es bueno recordar que no solamente las leyes de los hombres sancionan este hecho, sino que igualmente en la ley divina estconsignado como un pecado. As por ejemplo cuando Dios entreg aMoiss la tabla de los Diez Mandamientos, en el Monte Sina, para que los

presentara al pueblo de Israel, el octavo de ellos reza de la siguiente

manera: No Hurtars. (xodo, Captulo 20 versculo 16) A pesar de estas reglamentaciones, la primera de carcter penal y lasegunda de conviccin cristiana, en nuestro pas hay ladrones a todos losniveles sociales. Ladrones de cuello blanco que se las arreglan pararealizar operaciones fraudulentas en su provecho, funcionarios que robanlos recursos que el Estado pone en sus manos, contratistas que

sobrevalan los presupuestos de las obras contratadas, bandas queatracan y asaltan a mano armada los comercios, bancos, viviendas,conductores, etc., para despojar a laboriosos ciudadanos de bienes

adquiridos con su esfuerzo y trabajo. Tambin roban rateros de todacalaa que han hecho de esa actividad su modus vivendi, etc., etc.

Se roban la luz, el agua, las llamadas telefnicas y la seal del cable.

Se roban los cables transmisores de la energa y de los servicios decomunicacin.

Se roban los bancos, tanto sus propietarios como sus ejecutivos, atravs de la quiebra y otras operaciones fraudulentas.

Se roban las tapas de los hidrantes, las seales de trnsito y las barandas

de proteccin de las carreteras y avenidas.


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Se roban la propiedad intelectual: libros, pelculas, videos, msica,patentes, etc.

Se roban las puertas, persianas, lavamanos y sanitarios de lasinstalaciones y lugares pblicos.

Se roban los vehculos para sacarlos del pas, desguazarlos y venderlospor piezas.

Oficiales de la polica se apropian de los vehculos recuperados, parausufructuarlos en su provecho.

Se roban los accesorios de los vehculos: radios, espejos retrovisores,logos, gomas, bateras, pantallas, herramientas, etc.

Se roban, o mejor dicho se robaron, todas las traviesas y los rieles de lasvas ferroviarias del Consejo Estatal del Azcar.

Se roban los extinguidores colocados en los tneles para ser utilizadosen casos de emergencias.

Se robaron las verjas de proteccin del Conservatorio Nacional de Msicay del antiguo Parque Zoolgico.

Cuatreros se roban a diario reses y otros animales, incluyendo de altovalor gentico, para sacrificarlos y venderlos como carne.

Se roban los terrenos y otros bienes del Estado a travs de maniobrasfraudulentas.

Se roban las medicinas y otros materiales destinados a beneficiar a laspersonas de escasos recursos que acuden a los hospitales.

Se roban los materiales y equipos, incluyendo plantas elctricas,inversores y ordenadores de las escuelas pblicas.

Se roban los ttulos de propiedad que son registrados debidamente por losciudadanos en la Direccin de Catastro, despojando a los legtimosdueos de sus bienes inmuebles.

Se roban la identidad de los ciudadanos por medio de la suplantacin de

de sus datos en el Registros Civil y la Junta Central Electoral.Se roban camiones y furgones cargados de mercancas en las calles,carreteras y avenidas del pas.

Se roban las cajas de muertos, profanando tumbas en los cementerios,dejando los cadveres a la intemperie.

Se roban los impuestos que pagan los ciudadanos, evadiendo transferirlosal fisco.

Se roban los fondos de los salarios retenidos a los trabajadores, para los

planes de jubilaciones y seguridad social.


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Ladronzuelos de todo tipo azotan a la poblacin arrancando carteras,celulares, prendas y otras pertenencias.

Se roban las elecciones por medio de diversas formas de fraudes ymanipulacin de los resultados.

Se roban la virgen de Altagracia, la Santa Cruz del Seibo y otrosemblemas de las iglesias.

Y hasta la verja de una crcel modelo, recientemente construida en elmunicipio de Santo Domingo Norte, se la robaron.

La lista puede seguir amplindose.

El asunto es que apoderarse de lo ajeno se ha convertido en una actividadtan rutinaria en nuestro medio que parece que la gente ha olvidado o

simplemente desconoce que el que realiza esos actos incurre en un delito

sancionado por las leyes de los hombres a travs del Cdigo Penal; ytambin condenado por las leyes de Dios por medio de uno de susmandamientos.

Mucho de los que cometen esas acciones llevan una vida tan normalque deja la impresin de que sus actos no conllevan sanciones ni penales,ni morales: asisten a las iglesias y comulgan como si nada. Otros se

presentan en los medios de comunicacin hablando de moralidad ydictando lecciones de buena conducta.

Nuestra sociedad requiere de una revolucin moral para adecentar susvalores y el fortalecimiento de las instituciones responsables de la

formacin de las nuevas generaciones y aquellas encargadas de aplicarjusticia. De lo contrario sucumbiremos ante la impunidad y la indiferenciade todos.

Esperamos que la muerte de Eduardo David haga reaccionar a unasautoridades que tienen por costumbre actuar despus que se produce ladesgracia, sobre todo si esta mueve la opinin pblica.

El Decreto Puente: una buena iniciativa

La promulgacin por el Poder Ejecutivo del decreto nmero 36-06,denominado Decreto Puente, que tiene como propsito regularizar lascompras y transacciones del Estado, constituye una interesante iniciativaque ha sido bien recibida por todos los sectores de la vida nacional

preocupados en que el pas avance en el establecimiento de mecanismostransparentes que permitan la salvaguarda del patrimonio pblico.

El presidente Fernndez con la firma de esta disposicin pone demanifiesto el compromiso de su gobierno en transparentar las acciones


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del Estado, como va para el combate a la corrupcin. Sin embargo, hayque entender que la referida disposicin, a pesar de establecer lasreglamentaciones para la contratacin de obras, bienes y servicios,compras y concesiones, tiene la limitante que no conlleva sanciones

legales, por no tratarse de una ley. El alcance del decreto debe ser extendido a todas las instituciones quemanejan fondos del Estado: Gobierno Central, Cmaras Legislativas,

Ayuntamientos, Junta Central Electoral, Poder Judicial, Partidos Polticos, Liga Municipal Dominicana, Organizaciones noGubernamentales, Universidades, etc. Pues nadie debe ser excluido deuna disposicin que tiene por finalidad proteger el patrimonio nacional yevitar que el mismo sea objeto de apropiaciones indebidas.

Lo ideal hubiese sido la aprobacin del proyecto que desde hace muchotiempo est dando vuelta en el Congreso Nacional y que por falta devoluntad no acaba de ser sancionado por nuestros honorableslegisladores.

Ahora que tenemos el reglamento, que entrar en vigencia a partir delprimero de junio del ao en curso, una vez se establezcan los mecanismospara su implementacin, hay que evitar que esta disposicin sea retorcidautilizando artimaas e interpretaciones maliciosas, por parte de los

responsables de administrar los recursos del Estado.

En el pas sobran los ejemplos de manipulaciones interesadas, por partede funcionarios, para apropiarse del patrimonio nacional. Como muestrabasta recordar la disposicin que obliga a someter al Congreso todas lasventas de bienes del Estado que sobrepasen la cantidad de veinte mil

pesos. Sin embargo esta disposicin no ha impedido que gran parte denuestro patrimonio haya sido distrado en provecho de particulares atravs de la subvaluacin de los precios de dicho bienes o simplemente

dividindolos en partes, para evitar someterlos al Congreso.

El pas tiene que avanzar hacia la creacin de un marco institucional quegarantice su modernizacin y desarrollo. El presidente ha dado el primer paso, toca ahora al congreso convertir en ley esta normativa con lascorrespondientes sanciones para quienes la violenten.

Finalmente, como esta medida atenta contra los intereses de mucha genteque se ha trazado como meta el enriquecimiento personal, sobre la base de

la apropiacin de los bienes del pueblo, tenemos que mantenernosvigilantes para que este intento de adecentamiento no sea burlado, como


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ocurre en el pas con la mayora de las disposiciones. Ojo pelao comodice el pueblo.

Las Organizaciones No Gubernamentales, ONGs

Durante los ltimos aos, el tema de las Organizaciones NoGubernamentales ha ocupado amplios espacios en los medios decomunicacin, la mayora de las veces ms por escndalos y noticiasnegativas, que por los valiosos aportes que desarrollan algunas de esasinstituciones.

Estas entidades tienen como fundamento legal tanto disposicionesconstitucionales como leyes especiales que norman su funcionamiento. En

primer lugar, la Constitucin de la Repblica en su Titulo ll, Seccin 1,Artculo 8, Ordenar 7, establece la libertad de asociacin y de reunin sin armas, con fines polticos, sociales, econmicos, culturales o decualquier otra ndole, siempre que su naturaleza no sea contraria nianteponga al orden pblico, la seguridad nacional y las buenascostumbres.

La ley 520, sobre organizaciones que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, del 20 de junio del ao 1920, sirvi de marco legal para elestablecimiento de estas organizaciones en el pas. Dicha disposicin

legal fue recientemente suplantada por la ley 122-05, sobre Regulacin y Fomento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, promulgada porPoder Ejecutivo el 8 de abril del ao 2005.

Estas organizaciones vienen operando en la Repblica Dominicana, desdelos primeros aos de la dcada de los sesenta, cuando se establecieron los

primeros voluntariados para colaborar con los sectores ms pobres atravs de proyectos de desarrollo y asistencial social.

Sin embargo, fue en los aos setenta y ochenta cuando se produjo unincremento de estas asociaciones, impulsadas por sectores polticos,religiosos, empresariales y grupos sociales y comunitarios, entre otros.

Dichas entidades jugaron un gran papel en la captacin de recursosinternacionales para impulsar proyectos de desarrollo en reas donde los

servicios del Estado eran deficientes.

Durante los aos sealados se establecieron en el pas varias entidadesque han desarrollado una extraordinaria labor como la Asociacin

Dominicana de Rehabilitacin, la Liga Dominicana Contra el Cncer,

Mujeres en Desarrollo (MUDE), la Fundacin para el DesarrolloComunitario (FUDECO), el Instituto Dermatolgico, la Asociacin de


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Apoyo a la Micro Empresa (ADEMI), entre otras tantas entidades deservicios. As se pusieron en marcha mltiples proyectos de capacitacin, generacin de ingresos, salud comunitaria, saneamiento ambiental, produccin agropecuaria, mejoramiento habitacional, agua potable,

energa alternativa, juventud, gnero, etc., destinados a mejorar lascondiciones de vida de los sectores ms vulnerables de la poblacin.

Estos esfuerzos fueron encaminados por personas motivadas en sumayora por el inters de coadyuvar con el mejoramiento de lascondiciones de vida de los sectores marginados y de menores ingresos,tanto por medio de acciones de carcter asistencial, comoacompandoles en un proceso de capacitacin dirigido a desarrollar sus

potencialidades para su crecimiento personal y el de sus comunidades.

Hasta entonces las inversiones del Estado en esos proyectos de desarrolloeran mnimas. Muy contadas entidades tenan asignaciones del gobierno ylas que reciban, por lo general las mismas no pasaban del diez porciento de su presupuesto de gastos.

Hasta ah todo marchaba bien. El problema se complic cuandocomenzaron aparecer personas motivadas en la bsqueda de beneficios,que se dedicaron a constituir entidades con la finalidad de captar recursosnacionales e internacionales para su provecho. Pero al mismo tiempo

aprovechando sus relaciones polticas lograron incluir en el presupuestodel gobierno partidas para financiar esas instituciones, desnaturalizandolos orgenes y fines de las mismas.

La situacin sigui complicndose cuando el espacio de las ONGs esinvadido de manera apabullante por congresistas y polticos influyentes(senadores, diputados y otros funcionarios), los cuales, desde el principiode los aos noventa iniciaron un festival de creacin de organizaciones,mucha de ellas sin cumplir con los requerimientos legales, las cuales

fueron incluidas con importantes asignaciones en la ley de gastospblicos.

Hoy se conoce de legisladores que tienen cientos de organizaciones quereciben millones de pesos, los cuales son retirados por los propioscongresistas y gastados sin rendir cuenta a nadie de la forma como sonutilizados.

Este hecho ha alcanzado tal magnitud, que de acuerdo al informe de Ingresos y Egresos del Gobierno Central, presentado por la Oficina

Nacional de Presupuesto (ONAPRES), correspondiente al ejercicio fiscalal mes de abril del ao 2006, se reporta que el monto desembolsado en


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ese primer cuatrimestre a unas dos mil ONGs se eleva a la astronmicasuma de RD$ 2,919, 665.00 (dos mil millones novecientos diecinueve milseiscientos sesenta y cinco de pesos).

No hay dudas que entre estas entidades hay decenas y talvez cientos que sededican a la realizacin de labores de desarrollo y asistencia a lossectores ms vulnerables de la poblacin y que al mismo tiempo cumplencon lo establecido por la ley en lo relativo a como deben ser invertidos losrecursos que reciben del Estado, pero la verdad es que la mayor parte deese dinero es utilizado por legisladores y otros aprovechados para fines

personales y proselitistas.

El gobierno est en la obligacin de tomar medidas para transparentar eluso de los fondos pblicos y entre ellas deber contemplarse acciones

dirigidas a que estas entidades no sean tomadas como pretexto paradespilfarrar los recursos del Estado. Esperamos que la nueva reforma

poltica institucional a que nos abocaremos, incluya la prohibicin atodos los funcionarios pblicos, sin importar su rango, para que no

puedan recibir fondos del gobierno para financiar ONGs y otrasentidades similares.

Tambin sera recomendable que todas las instituciones que reciban fondos del Estado lo manejen cumpliendo con las normas y

procedimientos establecidos para esos fines. Estoy seguro que las primeras en estar de acuerdo con estos planteamientos seran lasOrganizaciones No Gubernamentales autnticas y responsables, las cualeshan tenido que pasar, en los ltimos aos por la difcil situacin de ver

sus nombres cuestionados como consecuencia de acciones realizadas porpersonas que nada tienen que ver con el sector que representan.

Espectculo desconcertante

Los recientes escndalos que se han desatados en el pas comoconsecuencia de las cuestionadas operaciones llevadas a cabo por funcionarios y entidades gubernamentales relacionadas con algunascontrataciones, concesiones poco transparentes y prstamos onerosos,resultan desconcertantes para quienes hemos estado apostando a que lastransacciones del Estado se realicen con el mayor nivel de transparencia y

pulcritud.

La situacin resulta ms desalentadora, porque estos hechos se producen

apenas semanas despus de la entrada en vigencia del denominadoDecreto Puente, promulgado por el Poder Ejecutivo con el propsito de


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Tambin ha sido objeto de cuestionamientos la divulgacin de uncontrato por ms de 400 millones de pesos, otorgado por la Secretara de

Estado de Obras Pblicas a la firma Interiores y Patios Margarita S.A., propiedad de la seora Margarita Gmez, para la decoracin y

embellecimiento del nuevo parque que ser construido en Santiago dondeestaban las instalaciones del Aeropuertote Cibao.

Sobre este ltimo contrato se ha sealado que se llev a cabo un concursoen el cual solamente se present la empresa de la seora Gmez, luego dehaber pagado la suma de 300 mil pesos por el derecho a participar. Las

suspicacias sobre este contrato son mayores, por tratarse de la mismaempresa y la misma persona que se vieron involucradas en un escndalo a

principio de la presente gestin, lo que dej algunas manchas sinesclarecer, en un contrato para amueblar y decorar el nuevo edificio quealoja a la Suprema Corte de Justicia. Se entenda que para garantizar labuena imagen y sanidad del gobierno, lo ms recomendable hubiese sidomantener esa empresa y a su propietaria lo ms lejos posible de losasuntos relacionados con concesiones y contrataciones del Estado.

A estos escndalos se agrega el deprimente espectculo llevado a cabo porlos integrantes de las cmaras legislativas, los cuales en maratnicas

sesiones realizaron un verdadero festival de aprobaciones de proyectos deleyes. Entre los proyectos aprobados est el prstamo para la construccin

del Metro de Santo Domingo y el otorgamiento de la concesin para laconstruccin de la Isla Artificial.

Ambas aprobaciones arrojan dudas, debido a que las fuerzas mayoritariasen el congreso, es decir, los partidos Revolucionario Dominicano y

Reformista Socialcristiano, haban mantenido una abierta oposicin a losmismos y sorpresivamente aparecen apoyndolos, desobedeciendo lasorientaciones de las cpulas de esas organizaciones. Adems, en el casodel proyecto de la Isla Artificial, el gobierno ha sealado en reiteradas

ocasiones no tener inters en el mismo y de manera pblica no han dadola cara los auspiciadotes de la obra, aunque est claro que la decisin delos legisladores de aprobar el proyecto cont con el padrinazgo de los

sectores interesados.

Por la salud del gobierno, se hace necesario que estos escndalos seanesclarecidos y si se comprueba que los responsables actuaron de mala fe ocon intenciones de obtener beneficios en perjuicio del Estado, deben ser

sancionados de manera ejemplarizadora para enviar una sealcontundente de que la era de esas travesuras est llegando a su fin.


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En este pas se ha enraizado una cultura de aprovechamiento de lasposiciones del Estado para el enriquecimiento personal y de grupos. Haymucha gente que ha hecho fortuna sobre esa base y como es natural semantienen al acecho de cualquier oportunidad para sacar ventajas. Las

nuevas disposiciones que regulan esta materia tienen que ser acatadas portodos los funcionarios de las entidades oficiales, sin excepcin. Los queentienden que las instituciones que tienen bajo su direccin forman partede su patrimonio y que las nuevas reglamentaciones establecidas les

perjudican, simplemente deben dejar sus funciones y dedicarse a susasuntos personales

Una piata

Cada vez me convenzo ms que nuestra sociedad ha sido vctima, durantelas ltimas dcadas, de un secuestro por parte de mafias que se hanatrincherado bajo la sombra de diversas instancias de poder paradesfalcar, en su provecho el patrimonio nacional, el cual se han repartidocomo si se tratara de una verdadera piata.

La corrupcin es el principal causante del atraso y la pobreza que hoysoporta nuestro pas, ya que los recursos que deban estar orientados aldesarrollo de la educacin, la salud, programas sociales y a encararotros problemas estructurales, han ido a parar a los bolsillos de un grupo

de mafiosos que han acumulado grandes fortunas amparndose en elejercicio de posiciones pblicas y en la realizacin de negociosfraudulentos en perjuicio del Estado Dominicano.

La reflexin viene al

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