Sylabus Nuevode Derecho Constitucional
182
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA SÍLABO DESARROLLADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1
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analisis del derecho ocnstitiucional peruano
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
SÍLABO DESARROLLADO
DE
DERECHO CONSTITUCIONAL
PROGRAMA REGULAR
2014
1
SILABO
DERECHO CONSTITUCIONAL(PROCESO REGULAR)
I. DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR : Formación Técnico PolicialAREA EDUCATIVA Formación BásicaAREA COGNITIVA : Ciencias JurídicasAÑO DE ESTUDIO : PRIMER AÑOHORAS SEMESTRALES : 64 horas académicasHORAS SEMANALES : 03CRÉDITOS : 03PERIODO ACADEMICO : III Semestre DOCENTES :
II. SUMILLA
La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuelas Técnico - Superiores de la Policía Nacional del Perú, sus contenidos se orientan a difundir conocimientos medulares sobre el Derecho Constitucional, sus Fuentes, Teoría de la Constitución, Derechos Constitucionales, Estructura del Estado Peruano, Jurisdicción Constitucional, Reforma Constitucional.
III. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL
Promover el conocimiento reflexivo sobre el Estado Peruano y los derechos fundamentales de las personas, así como del orden jurídico establecido.
2
ETS PNP
PILCOMAYO-
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar la Constitución Política del Perú, vigente, contrastando con su similar de 1979, para establecer las semejanzas y diferencias.
2. Propiciar el conocimiento de la misión y funciones de los diferentes organismos que integran la estructura del Estado.
3. Potenciar el dominio cognoscitivo sobre las garantías constitucionales, asimismo sobre los procesos constitucionales. a esta Fiscalía Militar Policial.
ASIGNATURA : DERECHO CONSTITUCIONAL
LISTA DE PROFESORES
1 MAY PNP® VALLE BALMACEDA Julián A
2 Abogado JAVIER CANO, Jhony B
3 Abogado CASTILLO ALTEZ, Jesús Enrique C
4 Abogado SALAS CONTRERAS, Efraín Carlos D
5 AbogadoRAMOS VILCAPOMA, Flor Elizabeth
E
6 Abogado HUAMAN ROJAS Jesús F
7 SOT1.PNP ROMERO CALDERON, Saira. G
8MAY. (S) PNP
MARTINEZ VARGAS, William H
9 Abogado CHOMBO JIMENEZ, José Luis I
10 Abogado FERREL QUISPILAYA Sambi J
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IV. CONTENIDOS
I UNIDADEL DERECHO CONSTITUCIONAL
PRIMERA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónEl Derecho Constitucional. Concepto. Breve historia del Derecho Constitucional. Ubicación científica. Método del Derecho Constitucional.
Segunda SesiónEl Derecho Constitucional y sus relaciones interdisciplinarias.
SEGUNDA SEMANA(03 horas)
Primera y Segunda SesiónDisciplinas que se pueden diferenciar en el Derecho Constitucional. Derecho Constitucional General. Derecho Constitucional Particular.
TERCERA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónDerecho Constitucional Comparado. Derecho Procesal Constitucional.
Segunda SesiónTaller: Práctica escrita calificada.
II UNIDADFUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
CUARTA SEMANA(03 horas)
Primera y Segunda SesiónFuentes históricas. Fuentes reales.Fuentes formales, Constitución, Ley, Costumbre, Jurisprudencia, Doctrina y los Principios Constitucionales.
III UNIDADTEORIA DE LA CONSTITUCION
QUINTA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónConcepto de Constitución Política del Estado. El contenido o partes de una Constitución.
Segunda Sesión: Taller: “Contrastación de las Constituciones Políticas del Perú de 1979 y 1993”
SEXTA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónLos fundamentos jurídicos de la constitucionalidad y de un Estado Constitucional de Derecho, Supremacía, Jerarquía de las normas jurídicas. La Pirámide de Kelsen.NORMAS SUPRANACIONALES DE DDHH - HT N° 03
Segunda Sesión Inviolabilidad de la Constitución. Tipología de las Constituciones.Taller: “Casos relacionados con la violación de la Constitución Política del Perú”.
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IV UNIDADDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PERU
SEPTIMA SEMANA(03 horas)
Primera y Segunda SesiónDe los Derechos Fundamentales de la Persona.
OCTAVA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónEXAMEN PARCIAL I
Segunda SesiónContenidos de los Derechos Fundamentales de la Persona.
NOVENA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónDe los Derechos Sociales y Económicos.
Segunda Sesión De los Derechos Políticos y de los Deberes.
V UNIDADDE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO
DECIMA SEMANA(03 horas)
Primera y Segunda SesiónConstitucionalmente ¿Qué es el Perú?. Como forma de Estado y como forma de Gobierno.
DECIMO PRIMERA SEMANA(03 horas)
Primera y Segunda SesiónLos Poderes del Estado. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder Judicial.
DECIMO SEGUNDA SEMANA(03 horas
Primera SesiónOrganismos autónomos del Estado: Tribunal Constitucional; Consejo Nacional de la Magistratura;
Segunda SesiónOrganismos autónomos del Estado: Defensoría del Pueblo, Ministerio Público; Jurado Nacional de Elecciones.
DECIMO TERCERA SEMANA(04 horas)
Primera SesiónLa Descentralización. Las Regiones y las Municipalidades.
Segunda SesiónEXAMEN PARCIAL II
VI UNIDADJURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
DECIMO CUARTA SEMANA(03 horas)
Primera SesiónRégimen de Excepción: Estado de Emergencia y Estado de Sitio.
Segunda Sesión Defensa Nacional y Orden Interno. Finalidad Constitucional de la PNP.
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DECIMO QUINTA
SEMANA(03 horas)
Primera SesiónJurisdicción de tipo especial y del Poder Judicial. Jurisdicción Supranacional.
Segunda Sesión Garantías Constitucionales.
DECIMO SEXTA
SEMANA(03 horas)
Primera Sesión El proceso constitucional. Procedimiento e iniciativa.
Segunda SesiónEXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DECIMOSEPTIMA SEMANA
EXAMEN FINAL
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, y el trabajo en equipo.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los conocimientos adquiridos.
C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivos mediante el empleo de Mapas Conceptuales.
VI. EQUIPOS Y MATERIALES
El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y materiales:
EQUIPOS
Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.
MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como empleará transparencias o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN
La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los Talleres en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por la Sub Dirección Académica de la ETS PNP, el Alumno (a) desaprobará la asignatura.
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El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:
A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del Alumno (a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá Nota de Paso Oral.
B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete la aplicación de:
1. Talleres.
2. Exposiciones.
3. Dos exámenes escritos parciales (8ª y 13ª semana), enmarcados en los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis y el pensamiento lógico.
4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y contenido.
C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará un examen final (17ª semana), de similar característica empleada en los exámenes parciales.
D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:
Promedio General
PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4) 10
PEP = Promedio de Exámenes Parciales PO = Paso Oral TA = Trabajo de Investigación monográfica EF = Examen Final
VIII BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
A. BLANCAS B. Carlos. LANDA ARROYO César. Rubio C. Marcial “Derecho Constitucional General”. Tomo I, II Pontificia Universidad Católica del Perú.
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B. GARCIA TOMA, Víctor. “Teoría del Estado y Derecho Constitucional”.
C. GARCIA TOMA, Víctor. “Análisis sistemático de la Constitución Peruana 1993.
D. FERRERO REBAGLIATTI, Raúl. “Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional”.
E. RUBIO CORREA, Marcial. “Para conocer la Constitución de 1993”.
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I UNIDAD
EL DERECHO CONSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÒN
CONCEPTO.- Es una parte del Derecho Público Interno, coordina y sistematiza
los principios, normas e instituciones positivas; que regula la organización y
funcionamiento de los Órganos del Estado; que protege y garantiza la libertad de
la persona humana.
DOMINGO GARCIA BELAUNDE.- El Derecho Constitucional puede considerarse
como aquel que estudia las normas generales, escritas o consuetudinarias que
regulan la actividad del Estado, así como la relación entre gobernantes y
gobernadas.
CONTENIDO:
El Derecho Constitucional se ocupa de:
1. La organización jurídica del Estado
2. Derechos de la persona
3. La relación del Estado y sus Instituciones
4. La estructura gubernamental
El funcionamiento de los Órganos del Poder
5. El régimen de elecciones
Al propagarse las constituciones escritas como consecuencia de la
revolución francesa, en 1789, surge la necesidad de una ciencia especializada.
El Derecho Constitucional nace en los últimos años del siglo XVIII. Las
universidades italianas crearon la cátedra de Derecho Constitucional. En 1834 la
Facultad de Derecho de París, enseña Derecho Constitucional. Años después, su
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denominación fue cambiada por la de Derecho Político; después restableció la
denominación primitiva a comienzos del último cuarta de siglo. En Gran Bretaña y
EE.UU. se puso en vigor el Derecho Constitucional, visto como Derecho del
Estado, a través del estudio de las Instituciones Publicas.
Por razones de METODO, el Derecho Constitucional se divide en General y
Comparado.
El primero se ocupa de las notas comunes a todo Estado y el Derecho
comparado, estudia las Constituciones que tienen mayor importancia por su
carácter típico, poniendo de relieve las singularidades y señalando las analogías y
las diferencias.
El nombre de Derecho Constitucional proviene de la práctica inaugurada de
los EE.UU. en 1787 y más tarde en Francia en 1791 y generalizada después, que
consiste en reunir las reglas de Derecho relativas a los órganos esenciales del
Estado: Parlamento, Gobierno, Elecciones, etc en un texto solemne llamado
CONSTITUCIÒN. No todas las reglas de las instituciones están contenidas en la
Constitución; “se encuentran también en las leyes ordinarias, en los Decretos,
Reglamentos del Gobierno, en las órdenes de los Ministros y las autoridades
locales; en los principios generales de Derecho”.
Las ciencias que han afectado grandemente nuestro sistema de vida, en forma
destacada fueron las CIENCIAS JURIDICAS y dentro de ellas, el Derecho
Constitucional. Nacido en el siglo XIX con el liberalismo político,
Todo grupo social, una vez que ha alcanzado sistematización estable,
produce una INSTITUCIÒN, es decir, un ENTE, que se presenta, por sí, en todo
elemento, como jurídico; (organización o cuerpo social)
El Derecho Constitucional como disciplina es sumamente joven. Con la
instauración de la Constitución de EE.UU. de América se inicia el estudio de la
Constitución (principista, en este caso era la norma que surgía para establecer
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que, los que mandan en una comunidad política no son los Jefes ni los
gobernantes, sino las LEYES. La Constitución envuelve la idea de que ella es la
que debe mandar y no los hombres, que en última instancia son instrumentos
para ejecutar este texto legal.
UBICACIÒN CIENTÌFICA
El DERECHO es uno. Por razones didácticas para mejor comprensión,
establecemos divisiones. En la clasificación de las Ciencias Jurídicas, el
DERECHO CONSTITUCIONAL tiene ubicación como rama del Derecho Público
Interno; pero más que una rama, es basamento de toda la estructura jurídica del
Estado.C I E N C I A S J U R I D I C A S
D. Constitucional
INTERNO D. Administrativo
D.Tributario
D.Penal
PUBLICO D. Proc. Civil
D. Proc. Penal
D. Privativo
Externo D. Internacional Público
D. Especial
D. Civil
D. Comercial
PRIVADO D. Aeronáutico
D. Internacional Privado
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MÈTODO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
MÈTODO es el camino que sigue el pensamiento humano para alcanzar la
verdad.
El Método es el hombre, el crea la pauta y le da una fisonomía propia, por
eso decimos:
¿QUÉ MÈTODO CONVIENE AL DERECHO CONSTITUCIONAL?
Entre los diversos métodos propuestos para el estudio de los fenómenos
constitucionales, concebidos bajo el ángulo de la Ciencia Política, se enumeran
tres:
1. El método puramente lógico y deductivo
2. El método biológico
3. El método histórico y el de la observación.(Que es el de mejores resultados)
EL MÈTODO LÒGICO Y DEDUCTIVO.- Consiste en plantear un cierto número de
principios considerados los mejores para el funcionamiento del organismo político
y luego deducir por el razonamiento lógico sus diversas consecuencias. Este
método es peligroso si las premisas son inexactas o incompletas, pues, todo el
razonamiento caería de su base. Además, sentar premisas absolutas en la
Ciencia Política es muy aventurado por la complejidad de factores que animan el
devenir social.
El principio de separación de poderes, puesto en evidencia en el siglo XVIII
por Montesquieu, parte de una observación justa: que una de las mas efectivas
garantías de la libertad consiste en dividir el poder político entre varios titulares,
cuyo conjunto constituye la soberanía del Estado. En este sentido funcionan los
poderes clásicos con sus titulares separados. Muchas constituciones partiendo de
esta observación han llevado el principio hasta sus últimas consecuencias lógicas:
la separación absoluta de poderes. Si la lógica exige que los poderes estén
separados, la vida política propugna que ellos puedan juntarse y colaborar. La
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Constitución Francesa de 1791, perfectamente racional, fue totalmente impropia
en la practica: no pudo durar; lo mismo nuestra Constitución de 1823, que partía
de una concepción rígida de la tesis de Montesquieu.
EL MÈTODO BIOLÒGICO.- Patrocinado por Herbert Spencer y autores
alemanes, no es muy eficiente o recomendable para realizar investigaciones
científicas. La razón es la inmensa separación existente entre los organismos
vivientes y los sociales. Los primeros son aglutinaciones cohesionadas,
ordenadas de individualidades inconscientes: las células. Los organismos
sociales, al contrario, son aglutinaciones cohesionadas, ordenadas de
individualidades conscientes: los seres humanos, cuyas reacciones no pueden ser
necesariamente determinadas.
EL MÈTODO DE OBSERVACIÒN HISTÒRICA COMPARATIVA.- Es el método
por antonomasia aplicable a la Ciencia Política y por consiguiente al Derecho
Constitucional. Consiste en analizar y luego confrontar los Derechos
constitucionales, teniendo en cuenta todos los factores históricos, geográficos,
económicos sociales, religiosos y éticos, que puedan modificar los alcances o
significados del hecho constitucional. Tiene un valor comparable al método
experimental en las ciencias exactas. Descansa sobre el postulado que el
fenómeno de la organización constitucional es en gran parte natural y
espontáneo. Pero tiene presente los hechos y rechaza seguir los principios
negados por la experiencia. Utiliza el razonamiento lógico, pero teniendo presente
su imperfección en el campo de las ciencias sociales, pues a cada memento del
raciocinio hay que confrontar los resultados obtenidos con los hechos a fin de
evitar los errores. Este método se apoya en la historia y la observación del
Derecho comparado: el estudio del fenómeno político en el tiempo y en el espacio
es el único medio disponible para reemplazar la experiencia.
El estudio histórico comparativo de las instituciones y de los hechos
políticos, descubre la relatividad de los dogmas, de las formulas y de los textos
como factores determinantes de un régimen político.
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Según Andrè Hauriou los estudios jurídicos están de otra parte
particularmente justificados, en razón que el régimen constitucional se ha
reproducido dos veces en la historia de la civilización occidental a raíz de la
conformación de los Estados antiguos y a partir del siglo XVIII.
En fin, el método de observación, tiene en cuenta las doctrinas políticas
constitucionales, pero sólo a título de hechos; en la medida que esas doctrinas
están admitidas con el carácter de “creencias constitucionales” y contribuyen a
modificar las instituciones políticas y sociales.
En la aplicación metodológica del estudio del Derecho Constitucional
debemos tener en cuenta dos tipos de análisis:
El relativo a la descripción de las instituciones
El referente a la discusión de los problemas jurídicos que surgen de la
aplicación de la ley constitucional y de sus instituciones.
EL METODO APLICADO A LA DESCRIPCIÒN DE LAS INSTITUCIONES.-
Encontramos por ejemplo, la descripción de la organización, nominación y
atribuciones de los miembros de la asamblea legislativa. Para proceder a tales
descripciones conviene aplicar métodos generales que no son propios del
Derecho Constitucional; hay que tener en cuenta ciertas reglas jurídicas,
analizarlas y extraer las razones históricas que mediaron en su elaboración. El
método fundamentalmente no es distinto del empleado en el Derecho Civil para
explicar la adopción de ciertas reglas relativas a una institución civil.
Al lado de la aplicación de los métodos jurídicos generales el estudio de las
instituciones constitucionales tiene particularidades.
En muchos casos hay que tener en cuenta las condiciones de hecho dentro de las
cuales funcionan. Es decir, pesar o estimar elementos no jurídicos. La reglas
constitucionales o legales deben colocarse en su marco - que es la vida política -,
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pues de lo contrario su descripción seria puramente abstracta o una caricatura de
la realidad.
Algunas observaciones pueden formularse a tenor de la experiencia: a) el
no funcionamiento de instituciones previstas en la ley; b) la existencia de
instituciones no previstas en los textos; y c) el funcionamiento de instituciones en
condiciones diferentes de las contempladas (tal es el caso famoso de la elección
presidencial de EE.UU). Si leemos la Constitución Americana de 1787, vemos que
esta elección se hace en dos tiempos: en una primera etapa, todos los
ciudadanos electores eligen delegados presidenciales que serán los electores del
Presidente; en una segunda etapa, estos electores eligen al Presidente.
Aparentemente cada una de estas operaciones es muy importante y la segunda
debería serlo aún mas, conforme al espíritu de los autores de la Carta política.
Pero, en realidad, antes de la primera operación descrita, se desarrolla otra
preliminar no contemplada en la Constitución: la designación por las
organizaciones internas de cada uno de los grandes partidos de su candidato a la
presidencia: elecciones primarias. También es fácil apreciar que la designación
de los electores presidenciales - al constatar su numero – señala inmediatamente
al nuevo Presidente de los Estados Unidos. La última operación, la elección
propiamente dicha, por los delegados elegidos, carece ahora de razón de ser.
Las observaciones de la realidad política nos permiten afirmar que no se
puede estudiar el Derecho Constitucional sin apreciar o valorar al mismo tiempo
las realidades políticas y las circunstancias sociales dentro de las cuales
funcionan las instituciones constitucionales. Es esto lo que constituye el
particularismo de su método de estudio.
RELACIONES ENTRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LA CIENCIA
POLITICA.- La necesidad de considerar los hechos de la vida política en cuyo
seno se desenvuelven las instituciones lleva el nombre de la Ciencia Política. Ella
tiene por objeto desprender, despegar las condiciones concretas del medio
ambiente que nutre el funcionamiento de las instituciones jurídicas; de otra parte,
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trata de descubrir las leyes según las cuales evolucionan las instituciones
constitucionales. Por ejemplo: cuando se estudia el estado de los partidos
políticos de un país y se busca qué influencias ejerce su número y estructura en el
funcionamiento de algunas instituciones, digamos: el Parlamento: ¿qué influencia
puede tener determinado sistema electoral en la formación y acción de los
partidos políticos y en su gestión gobernante con respeto a la orientación del
sistema de gobierno? Según ¿qué leyes evoluciona y se transforma un régimen
político en el curso de la historia?, por ejemplo: el régimen parlamentario,
estudiado en sus cambios históricos. Todo esto supone, esencialmente, un
estudio de Ciencia Política.
La noción de Ciencia Política no es nueva. La obra de Montesquieu - El
Espíritu de la Leyes -, como hemos expresado, ya era ciencia política en el siglo
XVIII.
En muchos países esta disciplina tiene un gran desarrollo, especialmente
en los anglo sajones, Los estudios toman un carácter mas técnico, mas científico:
se utilizan encuestas, estadísticas, etc.
Existen, hoy, tratados de Ciencia Política, colecciones, revistas e institutos en la
materia.
Cabe preguntarse ¿qué relaciones existen entre el Derecho Constitucional
y la Ciencia Política: o más exactamente, qué lugar debe reservarle el Derecho
Constitucional al método de la Ciencia Política?
Puede responderse teniendo en cuenta:
1. Que es imposible hacer Derecho Constitucional puro, desligado de la Ciencia
Política.
2. También es muy posible no hacer de la Ciencia política pura o por ella misma,
pero si tener en cuenta los resultados que nos proporciona en otras partes en
su campo de investigación.
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SEGUNDA SESIÒN
EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y SUS RELACIONES
INTERDISCIPLINARIAS
El derecho constitucional, mantiene permanentes vínculos con el resto de
las disciplinas jurídicas, en tanto que, establece los principios fundamentales de
organización de la sociedad política que deben ser desarrollados y reglamentados
por la legislación ordinaria en sus diferentes campos y niveles.
Son cuatro los puntos rectores de toda relación interdisciplinaria que
mantiene el derecho constitucional:
Los principios, instituciones, normas y prácticas constitucionales se
convierten en supraordinantes de las demás disciplinas jurídicas del
sistema legal imperante en un Estado.
Algunos principios, instituciones, normas y prácticas institucionales
requieren del complemento de determinadas disciplinas jurídicas, a
efectos de, desarrollar a plenitud sus alcances y contenidos.
Algunos principios, instituciones, normas y prácticas constitucionales
pueden requerir de un proceso de coordinación, a fin de, conocer mejor o
precisar sus alcances y contenidos.
Algunos principios, instituciones, normas y prácticas derivadas de otras
disciplinas jurídicas pueden ser objeto de asimilación o incorporación a la
temática constitucional, a efectos de, permitir que se cumplan a cabalidad
los fines del Estado.
Las relaciones que el derecho constitucional mantiene con otras disciplinas
jurídicas son las siguientes:
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a. Relación con el derecho administrativo
El derecho administrativo, complementa los aspectos referidos a la
organización y funcionamiento del estado. Y precisa los vínculos de éste
con la ciudadanía. Si bien las normas básicas que regulan la actividad
estatal, se encuentran incluidas en la constitución, su desarrollo y
aplicación se dan en el ámbito de los servicios públicos, los que
corresponden al derecho administrativo.
Se relaciona en aspectos como:
La función pública
La estructura del Estado
b. Relación con el derecho civil
El derecho constitucional, declarar la pluralidad de los derechos personales
básicos, los mismos que el derecho civil se encarga de regular de manera
mas precisa. En algunos casos, el derecho civil sirve de complemento para
discernir sobre nociones significativas.
Se relaciona en aspectos como:
Derechos de la persona
La propiedad
c. Relación con el derecho penal
El derecho constitucional, ha asimilado y recogido los principios
disciplinarios básicos del derecho penal, a efectos de, afirmar debidamente
la seguridad y la libertad personal de los ciudadanos. Plantea los casos de
existencia de prerrogativas funcionales en relación con los alcances de la
ley penal, así como, la demarcación de la aplicación de la ley penal.
Se relaciona en aspectos como:
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Defensa de la libertad y seguridad personal
Las prerrogativas funcionales
La soberanía estatal
d. Relación con el derecho procesal
El derecho constitucional recoge los principios básicos de las garantías del
debido proceso legal y la tutela jurisdiccional, así como, las partes adjetivas
del juicio político.
Se relaciona en aspectos como:
Las reglas del juicio político
Los principios y derechos de la función jurisdiccional
e. Relación con el derecho tributario
El derecho constitucional delimita el poder estatal en el en el ejercicio de
las funciones legislativas y administrativas del estado, en relación con la
recaudación tributaria.
Se relaciona en aspectos como:
Los principios tributarios
f. Relación con el derecho financiero
El derecho constitucional delimita el poder estatal en el ejercicio de las
funciones legislativas y administrativas con la sanción de la ley del
presupuesto de la república, el crédito público, entre otros.
Se relaciona en aspectos como:
Reglas de elaboración del presupuesto de la república
Reglas de política de endeudamiento público
g. Relación con el derecho internacional público
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El derecho constitucional compatibiliza la vigencia y uso de las fuentes
formales que comprometen al estado con la comunidad internacional, así
como, los alcances de las competencias de los órganos jurisdiccionales
supranacionales.
Se relaciona en aspectos como:
Los tratados
La aplicación de la pena de muerte
La jurisdicción supranacional
h. Relación con el derecho municipal
El derecho constitucional establece las reglas básicas para la
estructuración y organización de los gobiernos locales.
Se relaciona en aspectos como:
La autonomía municipal
i. Relación con el derecho laboral
El derecho constitucional recoge los principios básicos de cualquier tipo de
relación laboral, así como, los aspectos sustantivos de los derechos del
trabajador.
Se relaciona en aspectos como:
Principios de la relación laboral
Los derechos laborales colectivos
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PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN
DISCIPLINAS QUE SE PUEDEN DIFERENCIAR EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL
Las Ciencias Políticas agrupan las disciplinas que estudian el fenómeno de
la autoridad, bajo sus diversos aspectos así como las relaciones entre ciudadanos
y la autoridad política en el marco del Estado, podemos percibir fácilmente las
diversas disciplinas que se pueden diferenciar del Derecho Constitucional:
a. La Doctrina Política .- Podríamos en primer lugar dirigir nuestras
investigaciones para determinar cuales son esas instituciones o
relaciones cuya existencia nos permite llegar a la búsqueda del
gobierno perfecto, o de cómo se podría organizar la sociedad ideal.
Esta búsqueda ha inquietado en todos los tiempos a los hombres.
Pensadores filósofos, políticos, ser han preocupado en la historia por
establecer la sociedad perfecta, el Estado ideal., Este esfuerzo
necesari9amente ha tenido influencia en el desarrollo de las
instituciones políticas positivas sobre todo cuando se ha tratado de
renovar las bases del acuerdo entre gobernantes y gobernados.
b. La Historia de las Instituciones Políticas .- En segundo lugar, se
puede indagar como se ha desarrollado la organización del poder
político y las relaciones entre gobernante y gobernados, a través del
tiempo. Es una palabra, recurrir a la historia y reflexionar sobre las
experiencias políticas. La historia es el principal laboratorio de las
Ciencias Políticas.
c. La Sociología Política .- Finalmente, se puede preguntar cómo actúan
los gobernantes y cuáles son sus relaciones con los gobernados,
independientemente de toda consideración moral o de toda búsqueda
del mejor gobierno, independientemente, también de las reglas
constitucionales existentes. No parece ya suficiente la mera descripción
21
del cuadro organizativo de las instituciones hecha con prescindencia del
análisis de los factores que dan basamento o fragilidad al poder. Se
trata, entonces, de establecer todos los factores que en la realidad de la
sociedad política inciden en el comportamiento de gobernantes y
gobernados.
“El Derecho Constitucional no puede concebirse como mera exégesis
de los positivo vigente, aislado de su razón filosófica, de su explicación
histórica, del proceso de las fuerzas sociales en lucha, del fenómeno
económico, de los múltiples aspectos de la realidad colectiva y de los
comportamientos individuales”
Esto es lo que muchos autores denominan “Ciencia Política” stricto
sensu, pero que otros titulan Sociología Política.
El vocablo Derecho Constitucional tiene un lugar relevante entre las
múltiples disciplinas cuya síntesis trata de encuadrar la Ciencia Política.
Es así que la historia, la etnografía, la economía política, la sociología,
etc, tienen preocupaciones que no siempre están totalmente centradas
sobre la vida política, mientras que el Derecho Constitucional concierne
totalmente a ella, aunque es evidente que no siempre puede
comprender o abarcar su totalidad; pero al menos, él se ocupa
exclusivamente de ello.
Durante casi un siglo el Derecho Constitucional ha sido la única
disciplina a través de la cual se ha estudiado el fenómeno político y sus
instituciones, estudio realizado en las Facultades de derecho. La razón
de ese monopolio y las causas que hoy día lo relativizan, refleja el
sentido de la vida política moderna.
DERECHO CONSTITUCIONAL GENERAL
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Las diversas ramas del Derecho cualquiera que sea la complejidad de las
relaciones jurídicas, se ordenan clásicamente en torno de una gran división: la del
Derecho Constitucional Público (General) y del Derecho Constitucional Privado
(Particular). Conviene, para localizar correctamente nuestra disciplina, precisar
esta distinción fundamental.
El Derecho Constitucional Público (General), está formado por el conjunto
de reglas referidas a la organización y funcionamiento del Estado y de otras
colectividades públicas, así como a las relaciones existentes entre el Estado y
colectividades con los particulares.
Cuando se trata de elegir un Presidente de la República, de nominar un Prefecto,
de celebrar un contrato de construcción para un servicio público; o cuando un
vehículo de propiedad del Estado causa un daño a un particular, se aplican reglas
jurídicas que dependen del Derecho público.
DERECHO CONSTITUCIONAL PARTICULAR
El Derecho Constitucional Privado (Particular), está formado por el conjunto
de preceptos jurídicos que se dirigen a los individuos, concebidos
independientemente del marco político dentro del cual viven. El Estatuto personal
de cada uno de nosotros (nombre, filiación, etc), los contratos que celebremos
con otros individuos, las responsabilidades que asumimos respecto de terceros,
etc, dependen del Derecho privado.
La distinción entre Derecho Constitucional Público y Privado tiene un valor
relativo; con esfuerzo didáctico, las diferencias deben hacerse a base de criterios,
ejemplo:
Derecho Interés Relac. Juríd. Finalidad
PUBLICO. General Subordinación Estado distributiva
Colectivo Estado. Ente Publico cada cual lo que
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merece
PRIVADO. Individual coordinación conmutativa
Particular igualitario cambios
La distinción entre Derecho Público y Derecho Privado proviene desde los
juristas romanos, ULPIANO, distinguía: “JUS PUBLICUM”: conjunto de normas
relativas al Estado Romano y “JUS PRIVATUM”: conjunto de normas relativas a
los particulares. Esta división obedece a un valor práctico.
HAURIOU Andre, diferencia en la siguiente forma: “Las relaciones de la vida civil
o comercial están bajo la protección del Estado pero pueden concebirse sin ella,
mientras que el derecho público es el derecho del Estado mismo, el cual regula su
propia organización y actividad. En la práctica se trata de aspectos predominantes
de influencia, pues en la vida de relación están presentes el interés personal y el
de la comunidad”.
Actualmente la intervención del Estado es tan vasta y penetrante, que no
cabe distinguir el área que sea nítidamente reservada a la autonomía de la
voluntad de las partes. El Estado es quien define el derecho y lo sanciona. El
tiene la potestad coactiva y el privilegio de la ejecución preventiva.
PRIMERA SESIÓN
DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO
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Una de las fuentes clásicas de la elaboración constitucional es acudir al
estudio comparativo de aquellos modelos e instituciones consagradas en
constituciones de otros países y cuya incorporación y adaptación parecen
convenientes. El constitucionalismo latinoamericano tiene por ejemplo, en su
formación, la influencia de la Constitución Española de las Cortes de Cádiz de
1812, la Constitución Norteamericana, y las normas constitucionales consagradas
por la Revolución Francesa. Las tres fuentes indican que la gran inspiración de
nuestro constitucionalismo es el pensamiento liberal y los principios que dieron
nacimiento al Estado liberal, desarrollado y perfeccionado durante el siglo XIX y
que, con interpolaciones y ampliaciones provenientes de las corrientes de
pensamiento socialista, mantiene vigencia hasta nuestros días.
La organización republicana de los nuevos Estados independientes, la
democracia representativa, la separación de poderes y los derechos individuales
de la persona, son las principales instituciones aportadas por el pensamiento
liberal, prácticamente universalizadas por las llamadas democracias occidentales.
En este sentido, todas las constituciones peruanas han producido lo que
podríamos denominar clásico del constitucionalismo liberal, independiente de la
referencia expresa en los debates a una u otra constitución en especial.
Ciertamente, esta influencia no ha sido absoluta. Las modalidades
concretas de incorporación han tenido como tamiz los tipos de regímenes
políticos y las formas estructuradas de las corrientes de opinión política
organizadas como partidos. Europa ha desarrollado por ejemplo, una tradición
parlamentarista que configura en la mayoría de países de la Europa occidental el
tipo de su régimen político. Los Estados Unidos en cambio han adherido al
régimen de tipo presidencialista, cuya característica principal es la separación
absoluta de poderes, a diferencia del mayor grado de integración de los
regímenes parlamentarios, en los que el gobierno emana del Parlamento Por
otra parte, como señala Duverger, no es lo mismo un régimen que funciona como
sistema de monopartido, que el que lo hace en sistema bipartidista o
multipartidista. La variable fundamental en cada caso es la forma como distribuye
25
el poder. Así en los regímenes basados en el sistema de monopoartido, tómese el
caso de los países socialistas de Europa del Este, la forma constitucional puede
ser la parlamentaria, pero la estructura real del poder reposa en el partido; a su
vez los sistemas bipartidistas, otorgan un poder considerable al partido que está
en la oposición, configurándose una especie de poder compartido. En los
sistemas multipartidarios en cambio, el poder del gobierno adquiere mayor
autonomía y la distribución de poder entre los partidos es asimétrica, reteniendo
mayor cantidad el que ganó las elecciones.
En el desarrollo institucional del constitucionalismo clásico, según observa
Andre Hauriou, las formas rígidas: régimen presidencial o régimen parlamentario
se han vuelto más flexibles, configurándose en la mayor parte de los casos
modalidades que establecen un equilibrio y mayor parte de los casos modalidades
que establecen un equilibrio y mayor coordinación entre los poderes del Estado,
mediante formulas de tipo mixto presidencial-parlamentario. Este hecho, de
acuerdo a Loewenstein, se explica porque la teoría de tres poderes separados y
contrapesados uno respecto del otro, ha sido sustituida por la teoría de la unidad
del poder del Estado. Ese poder, se estructura en órganos especializados de
acuerdo a funciones muy precisas encomendadas al Estado. Legislativo,
Ejecutivo y Judicial devienen así en órganos que se complementan entre sí y que
están estrechamente interrelacionados, dándose inclusive la posibilidad que los
órganos propiamente políticos, que son el Legislativo y el Ejecutivo, pueden
compartir por delegación o asignación constitucional, funciones que son en
principio atributo de uno de ellos.
En esta perspectiva, el Legislativo puede delegar al Ejecutivo la facultad de
legislar sobre materia específica y plazo determinado, mientras que el Ejecutivo
tiene que someter algunas de sus decisiones administrativas – nombramiento por
ejemplo de los altos funcionarios del Estado – a la ratificación parlamentaria. En
esta perspectiva, no debe llamar la atención que las constituciones modernas
consientan en estas fórmulas mixtas. Ello obedece a la naturaleza del Estado
contemporáneo y la necesidad de una mayor eficacia gubernamental ante la
26
complejidad de los asuntos que plantean las grandes sociedades de nuestro
tiempo.
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
En nuestro país, el Derecho Procesal Constitucional se ha desarrollado
teniendo en Domingo García Belaunde (1944), a su tenaz propulsor. El mérito del
destacado constitucionalista, es haber intervenido con éxito en el debate
conceptual y el nombre que debería adoptar esta disciplina. Se barajaron algunos
nombres tales como. Justicia Constitucional, Jurisdicción Constitucional, Control
Constitucional, Defensa de la Constitución o Revisión Judicial (judicial review).
Aún más, el debate se hizo más sutil, cuando algunos sostenían que la
denominación adecuada debía ser Derecho Constitucional Procesal. Este debate
se zanjó a favor de la denominación de Derecho Procesal Constitucional: ¿ Por
qué? Si partimos de la tesis de que el Derecho Procesal Constitucional es
Derecho Procesal, es ineludible concluir que nuestra disciplina es aplicada, esto
es una rama o división del Derecho Procesal, que se desarrolla sobre un terreno
constitucional. Admitida así las cosas, tendríamos que tener una primera entrada
que sería el Derecho Procesal y luego descender hacia el Derecho Procesal
Constitucional, en cuanto a disciplina aplicada. Para otros autores como el
español Jesús Gonzáles Pérez, este es un conjunto de normas referentes a los
requisitos, contenidos y efectos del proceso constitucional. Según el argentino
Néstor Pérez Segues, esta es una disciplina mixta o híbrida, ocupada tanto en la
estructuración de la magistratura constitucional como la de la jurisdicción
constitucional y de los procesos constitucionales y procesalistas
El origen del Derecho Procesal Constitucional podemos esbozarlo en las
elucubraciones de la primera post-guerra, materializados en la Constitución
Austriaca de 1920 impulsada por Hans Kelsen (1881 – 1973), quien logro
introducir las Cortes Constitucionales y especialmente en su obra ¿Quién debe
ser el defensor de la Constitución?
27
En síntesis, el Derecho Procesal Constitucional comprende la reflexión sobre las
siguientes áreas temáticas:
I. El Derecho Procesal Constitucional de la Libertad
II. El Derecho Procesal Constitucional Orgánico
III. El Conflicto Constitucional y sus soluciones.
EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
ANTECEDENTES
En nuestro país, los procesos constitucionales, procesos competencia les y
jurisdicción supranacional, siempre se legislaron en forma dispersa; aunque
apuntaron a buscar un orden en cuanto a sus desarrollos y objetivos, lo cierto era
que la normatividad en la cual descansaban estas instituciones, se encontraban
en mas de 11 leyes y dentro de éstas, indudablemente la mas recurrida fue la Ley
Nº 23506, Ley de Habeas Córpus y Amparo. Estas normas especiales en algunos
casos no eran coherentes y en algunos otros no eran completas; además de
regular en materia constitucional en forma disjunta, todo aquello se constituía en
una dificultad para el trabajo de los jueces y operadores del derecho. También
hemos de tener presente que si bien es cierto que en los últimos veinticinco años
ha habido una fundamental preocupación por darle determinada jerarquía a los
institutos de orden constitucional regulados en las leyes especiales, no se podían
evitar las incongruencia sucedidas a raíz del clima político y social que vivió
nuestro país en ese período, consecuentemente se hacía cada vez mas necesario
un estudio y análisis sobre la materia; fue así que en las mentes de un grupo de
juristas, se anidaron ideas que perseguían la procreación de un texto normativo
que legisle en su conjunto los procesos constitucionales, con una regulación
ordenada, integral, sistemática y moderna.
28
Código Procesal Constitucional, es el primer Código nacional del siglo XXI
le siguió el Código Procesal Penal y señala una nueva perspectiva en el
desarrollo del Derecho Procesal Constitucional.
VIGENCIA
Con la publicación de la Ley Nº 28237 que establece el Código Procesal
Constitucional, se ha dado un salto copernicano en la protección de los derechos
fundamentales y la supremacía de la Constitución en el Perú. Debemos de
resaltar el hecho que constituye el que se publicara el 31 de Mayo del 2004 y que
su vigencia comenzó a regir luego de seis meses de su publicación, conforme lo
estipulara su Segunda Disposición Transitoria que preveía una Vacatio legis; de
esta manera se sucedía un espacio de tiempo prudencial para adecuar las
condiciones prácticas necesarias para su correcta aplicación, así como para que
se realicen algunas observaciones o aportes adicionales que constituyan posibles
mejoras al texto normativo; en suma, transcurrieron seis meses en los cuales
hubo una mayor difusión y conocimiento de este cuerpo legal por lo jueces y
operadores del derecho, así como se rescataron importantes opiniones de juristas
y especialistas en la materia: todo aquello contribuyó a preparar el campo de
cultivo para cuando entró en vigencia el Código Procesal Constitucional (1º de
Diciembre del 2004) y que se plasmó en un acontecimiento jurídico de gran
magnitud en nuestro país, por ser el primero en la región y por englobar un
sistema de normas procésales acorde con la modernidad.
CARACTERÍSTICAS
El Código procesal Constitucional, constituye un gran avance en la tutela de
los derechos fundamentales y del orden constitucional y entre sus características
más saltantes podemos mencionar:
a. Sistematiza y regula los siete procesos constitucionales que recoge la
Constitución de 1993 y que se encontraban legislados en forma dispersa
29
en diferentes normas especiales: Habeas Córpus, Amparo, Habeas Data,
Acción de Cumplimiento, Acción Popular, Acción de Inconstitucionalidad y
conflicto de competencia.
b. Se reconoce que estamos ante procesos de índole constitucional, dejando
de lado términos como acciones o garantías constitucionales, tan
recurridas en nuestro medio forense; asimismo deja de lado el nombre de
Recurso de nulidad por un nomen juris mas adecuado y moderno, como es
el de recurso de Agravio Constitucional.
c. El flamante Código Procesal Constitucional se sistematiza a través de un
Título Preliminar compuesto de 9 Artículos; trece Títulos con 121 Artículos;
una Disposición Final con 7 Artículos; y una Disposición Transitoria y
Derogatoria con 2 Artículos.
d. Del Título Preliminar, se desprende un aspecto interesante en su séptimo
Artículo que señala que las Sentencias del Tribunal Constitucional que
adquieren la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante
cuando así lo expresa la sentencia, precisando el extremo de su efecto
normativo.
e. Entre los nuevos derechos incluidos en el proceso de Amparo, debemos de
resaltar; el derecho a la igualdad y no ser discriminado por razón de origen,
orientación sexual y condición económica, social; el derecho a la
negociación colectiva y huelga; a la tutela procesal efectiva; a la seguridad
social y la remuneración y pensión entre otros.
f. Se establece que en el proceso de Amparo, no se puede plantear
reconvención ni abandono, sino solo el desistimiento.
30
SEGUNDA SESIÓN
TALLER: Práctica escrita calificada
II UNIDAD
FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN
CONCEPTO DE FUENTES
El Término fuente surge de una metáfora, pues remontarse a las fuentes de
un río, es llegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera
semejante, inquirir la fuente de una disposición jurídica es buscar el sitio en que
ha salido de las profundidades de la vida social a la superficie del derecho.
La palabra fuente, jurídicamente tiene tres acepciones que son: históricas,
reales y formales.
CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
FUENTES HISTÓRICAS.- son los documentos (inscripciones, papiros, libros,
etc.) que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes.
Son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época,
en base en los cuáles nos inspiramos para crear una determinada ley o institución
jurídica, por ejemplo: las leyes de indias, el código de Hamurabi, la declaración de
los derechos del hombre y ciudadano de la 1789, etc.
FUENTES MATERIALES O REALES.- Son los factores y elementos que
determinan el contenido de las normas jurídicas. En otras palabras son, aquellos
factores políticos, sociales, y económicos que contribuyen a la formación del
derecho y que deben ser tomados en cuenta por los legisladores para crear
31
normas jurídicas. P/ej.: la revolución mexicana dio origen a los artículos 27
(propiedad y repartición de tierras) y 123 (protección al trabajador)
constitucionales.
La fuente material por excelencia es la costumbre. También se considera
dentro de estas fuentes a la doctrina.
a) La Costumbre .- Generalmente por costumbre se entiende al conjunto de
actos repetidos que rigen nuestro comportamiento en relación con los
demás. Marcial Rubio, lo define como “una manera de comportarse, de
relativa antigüedad, probablemente aprendida a través de la vida cotidiana
o de la enseñanza de las normas para interrelacionarnos con los demás”.
La costumbre jurídica se distingue de la simple costumbre porque su
uso es generalizado, existe conciencia de su obligatoriedad y por el
respaldo de la fuerza del Estado.
Los países adscritos al Civil Law, no reconocen a la costumbre,
entendida como el quehacer o como realidad habitual en el ámbito
constitucional, valor de fuente de derecho, excepto, como precedente
consuetudinario, cuando llega a dar origen a una norma.
La costumbre, en el derecho constitucional, se forma por acción de
los agentes políticos que operan la constitución y, en algunos países que
cuentan con mecanismos como el referéndum o el Recall, donde la
comunidad interviene, puede también el pueblo dar origen a saludables
costumbres constitucionales.
b) La Doctrina .- Algunos estudiosos del constitucionalismo ubican a la
doctrina como fuente material o indirecta debido a que ella explica,
desarrolla, critica y expone científicamente el orden jurídico constitucional,
operando como una fuente de conocimiento de las normas.
32
Es la opinión de uno o varios autores en cualquier materia de
derecho, que se realiza con el propósito de interpretar, comprender y
aplicar correctamente el derecho.
En estos últimos tiempos, la doctrina se ha constituido en una de las
más importantes fuentes del derecho constitucional. Los aportes de los
especialistas contribuyen a la formación de las normas y a suplir vacíos o
lagunas constitucionales.
Frente a la sentencia de los tribunales constitucionales, que actúan
como intérpretes supremos, la doctrina es el instrumento más idóneo para
hacer retroceder a jueces arrogantes e intolerantes. Esto viene sucediendo
en Italia, España y Alemania.
FUENTES FORMALES.- son los procesos de creación de las normas jurídicas.
Se consideran dentro de ellas a la Constitución, la Ley, La jurisprudencia, el
Derecho Comparado y Los Principios Constitucionales.
Para poder obtener derecho de éstas fuentes es necesario seguir una serie
de actos que darán como resultado una determinada norma jurídica. Como dice
García Maynez:" Las fuentes formales son el canal o el vehículo por donde se
transportan las fuentes reales".
a) Constitución .- Es la “ley de leyes”; es la piedra fundamental de la
organización, es el cimiento, el fundamento del edificio orgánico, no el
edificio mismo. La organización propiamente reside en las leyes orgánicas
de la Constitución; es decir, en las leyes que rigen los hechos, no en la ley
que rige a las leyes.
b) Ley.- Es la norma imperativa, legítima, ordenada y promulgada para el
bien común. Su validez jurídica exige que sea dada por un órgano
33
competente (parlamento) y que concuerde con la Constitución por la forma
y por el fondo.
Dentro del concepto de ley se involucran a las leyes constitucionales, leyes
orgánicas y las leyes ordinarias.
Las leyes constitucionales son aquellas dadas por el parlamento
observando el procedimiento de reforma. En este caso, tienen el mismo rango
que la constitución escrita.
Las leyes orgánicas, en cambio, son aquellas dadas por el parlamento con
la finalidad de desarrollar el texto constitucional. Se denominan, también, normas
en consecuencia y forman parte del bloque de constitucionalidad. Se diferencian
de las leyes ordinarias porque su aprobación requiere mayorías absolutas o
calificadas.
Las leyes ordinarias, son las normas que comúnmente da el parlamento, de
acuerdo con las necesidades del Estado. Están referidas a diversos aspectos,
civiles, penales, laborales etc. De ellas serán fuentes del derecho constitucional
únicamente aquellas que contengan materia constitucional (ley de elecciones, de
referéndum, etc.).
c). La Jurisprudencia.- Es el derecho formado por los fallos emanados de los
jueces, particularmente de los que constituyen la última instancia. Es
también denominado como derecho judicial, derecho vivo o derecho
emergente de las sentencias de los tribunales de última instancia.
d). Los Principios Constitucionales.- Que encierran un abanico de razones,
fundamentos y orígenes que favorecen a la persona, en lo penal, civil,
laboral, etc.
34
III UNIDAD
TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN
PRIMERA SESIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
CONCEPTO.- Es un cuerpo de normas jurídicas básicas y fundamentales que
contienen los derechos esenciales de las personas y que precisan y determinan
la organización del Estado; constituyendo, base, cimiento y columnas maestras
del resto del ordenamiento o edificio jurídico de un país.
EL CONTENIDO DE UNA CONSTITUCIÓN
El contenido de la Constitución ha sido evolucionado en el decurso de la historia:
1. Contenido Exclusivamente político: Referido exclusivamente a la
organización del Estado (Constitución Jurídico – Política)
2. Influencia del Individualismo y Liberalismo: Referido a los derechos del
hombre. Se establecen relaciones de supraordenación y subordinación,
convirtiéndose en un instrumento de control público del Estado.
3. Régimen adjetivo de protección de derechos individuales:
Establecimiento del Tribunal Constitucional y Jurisdicción de la Libertad.
4. Incorporación de Derechos Sociales, Económicos y Culturales: Es la
aparición de la Constitución Jurídico – Social.
35
PARTES DE UNA CONSTITUCIÓN
Toda Constitución presenta dos partes:
PARTE DOGMÁTICA .- Conformada por los derechos fundamentales de
las personas y constituye la parte invariable de toda Constitución. Fue
asimilada de manera progresiva en el desarrollo del constitucionalismo.
PARTE ORGÁNICA .- Conformada por la estructura del Estado y
generalmente varía de constitución en constitución. Estuvo omnipresente
en el desarrollo del constitucionalismo pues originariamente las primeras
constituciones fueron estrictamente políticas.
SEGUNDA SESIÓN
TALLER: “CONTRASTACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DEL
PERÚ DE 1979 Y 1993”
TEMA CONSTITUCIÓN 1979 CONSTITUCIÓN 1993
Seguridad Social Seguro Social obligatorio
monopolizado por el
IPSS (Art.14º)
Se privatiza.
Las prestaciones de
salud y pensiones podrán
otorgarse a través de
entidades públicas,
privadas o mixtas (Art.
11º)
Estabilidad Laboral El Estado reconoce
estabilidad en el empleo;
el despido sólo procede
por causas previstas en
la Ley (48º)
No constituye derecho
absoluto, en los casos de
despido arbitrario, la Ley
señalará la protección
(podrá ser sólo
indemnización o
36
reposición) (Art. 27)
Compensación por
Tiempo de Servicio
La CTS es derecho
constitucional regulado
por ley (Art.44)
No constituye derecho
constitucional
Jornada Legal Es de 8 horas diarias y
48 semanales, puede
reducirse por convenio
colectivo o por Ley (Art.
44)
Es de 8 horas diarias o
48 horas semanales
como máximo (Art. 25)
Remuneración El trabajador tiene
derecho a una
remuneración justa......
(Art.43)
El trabajador tiene
derecho a una
remuneración equitativa y
suficiente (24)
Poder Legislativo Bicameral
Diputados : 180
Senadores : 60
(Art. 164, 166 y 167)
Cámara única
120 Congresistas (Art.
90)
Vigencia de la Ley La ley es obligatoria
desde el decimosexto día
ulterior a su publicación
en el diario oficial, salvo
disposición contraria de
la ley (Art.195)
La ley es obligatoria
desde el día siguiente de
su publicación en el
diario oficial, salvo
disposición contraria de
la misma ley que
posterga su vigencia en
todo o en parte (Art. 109)
Retroactividad de la Ley Ninguna ley tiene fuerza
ni efecto retroactivos,
salvo en materia penal,
laboral o tributaria,
Ninguna ley tiene fuerza
ni efecto retroactivos,
salvo en materia penal,
cuando favorece al reo
37
cuando es más favorable
al reo, trabajador 0
contribuyente(Art. 187)
(Art. 103)
Reelección Presidencial El mandato presidencial
es de 5 años. Para la
reelección, debe haber
transcurrido un período
presidencial (Art.205)
El mandato presidencial
es de 5 años. El
presidente puede ser
reelegido de inmediato
para un período adicional
(Art. 112)
(Derogado por Ley Nro.
27365)
Pena de Muerte No hay pena de muerte,
sino por traición a la
patria en caso de guerra
exterior( Art.235)
Si hay pena de muerte,
por tracción a la patria en
caso de guerra y el de
terrorismo, conforme a
las leyes y alos tratados
de los que el Perú es
parte obligada (Art.104)
Garantías
Constitucionales
Habeas Hábeas
Acción de Amparo
Acción de
Inconstitucionalidad
Acción Popular (Art.295)
Habeas Hábeas
Acción de Amparo
Acción de Habeas Data
A. de Inconstitucionalidad
Acción Popular
Acción de cumplimiento
(Art. 200)
Inconstitucionalidad Pueden interponer esta
acción:
-Cincuenta mil
Pueden interponer esta
acción:
-Cinco mil ciudadanos
38
ciudadanos (Art.299) -Los Colegios
Profesionales (Art. 203)
PRIMERA SESIÓN
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y DE UN
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO
Las normas vigentes forman parte de un todo; o sea, un SISTEMA
JURÍDICO. Ellas se articulan JERÁRQUICAMENTE a partir de la Constitución.
“LA CONSTITUCIÓN PREVALECE SOBRE TODA OTRA NORMA
LEGAL, LA LEY, SOBRE TODA NORMA DE INFERIOR CATEGORÍA, Y ASI
SUCESIVAMENTE DE ACUERDO CON LA NORMA JURÍDICA”
La CONSTITUCIÓN es NORMA SUPREMA por los fundamentos siguientes:
1. Principio de Constitucionalidad del Orden Jurídico: Contiene normas
que no pueden ser contradichas ni desnaturalizadas por ninguna otra
norma del sistema legislativo, ni por ningún otro pronunciamiento jurídico
dentro del Estado.
2. Principio de Competencia: la constitución establece la forma de
organización del Estado; sus órganos rectores, sus instituciones
fundamentales; las funciones de cada entidad.
3. Principio de Legalidad: La Constitución ha sido dictada por las
autoridades legítimamente constituídas. En el texto constitucional está
39
contenido el procedimiento y atribuciones generales que tienen los
órganos y las Instituciones del Estado, para dictar las leyes y las otras
normas del sistema legislativo.
4. PRINCIPIO JERARQUICO DEL ORGANO EMISOR: Todas las normas
están supeditadas a la Constitución, en un Estado de Derecho.
Esta jerarquía implica la prelación de las normas en la siguiente forma:
1. La Constitución (Ley Suprema)
2. Leyes Orgánicas
3. Leyes Ordinarias
4. Decretos Legislativos
5. Resoluciones Legislativas
6. Decreto Supremo (Firmado Presidente y Ministro)
7. Resoluciones Supremas (Rubrica Presidente y Ministro)
8. Resolución Ministerial
9. Resolución Directoral
10.Otras resoluciones de entidades Públicas
NORMAS CON RANGO DE LEY:
A. La LEY aprobada por el Congreso
B. Decretos Legislativos (Ley Delegada)
C. Decretos Leyes; de gobierno de ipso, en tanto no son derogados
o modificados
ESTADO DE DERECHO
“La denominación: ESTADO DE DERECHO, es una tautología, porque
todo Estado lo es de DERECHO por definición y cuando no es así, deja de ser
40
Estado. Un Estado sin derecho será la arbitrariedad y un derecho sin estado será
un convencionalismo social que sugiere una norma de conducta, que no obliga a
su cumplimiento”
CONCEPTO.- Se denomina Estado de Derecho a una forma política en la cual el
poder se halla sometido a un sistema de normas jurídicas, con el fin de proteger
los derechos de la persona humana.
Es aquel en que los tres poderes del gobierno, interdependientes y
coordinados, representan el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo;
es decir, es el sometimiento de gobernantes y gobernados a la Constitución y la
Ley.
Robert Von Mohe, usó por primera vez la expresión “Estado de Derecho”
en 1832.
El Estado de Derecho aparece como el servidor de la sociedad. Consiste
en el gobierno de las leyes y no en el gobierno de los hombres.
ELEMENTOS DEL ESTADO DE DERECHO
Cuatro son los elementos del Estado de derecho:
A. LIBERTAD INDIIDUAL .- En el Estado de Derecho hallamos el
respeto a la libertad humana. Montesquieu, definió la libertad
como – “el derecho de hacer todo aquello que las leyes
permiten” – principio que quedó incorporado a l Declaración del
Hombre y el Ciudadano”: “La libertad consiste en poder hacer
todo aquello que no dañe a otro”.
B. IGUALDAD ANTE LA LEY .- Consiste en dar a todos las mismas
oportunidades, sin distingos de posición.
41
C. SEPARACIÓN DE PODERES .- Está basado en la necesidad de
dar seguridad a cada órgano del Estado, mediante el equilibrio
de poderes, para impedir el exceso de poder.
D. CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIAD DE LAS LEYES .-
Las democracias representativas se hallan frente al dilema:
“imperio de la ley” o “dictadura popular”; los juristas, especulan
sobre la – “obligación de obediencia” – “la desobediencia civil”,
“la sumisión” ante el poder.
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
ORTECHO VILLENA sostiene que “Precisamente de la supremacía de la
Constitución y de su relación de ésta con las demás normas, emerge el principio
de la jerarquía de las normas jurídicas. La existencia de una jerarquía en las
normas jurídicas (en función de sus órganos emisores, de su importancia y su
sentido funcional) es que resultan un orden jurídico constitucional, garantía de la
seguridad jurídica”.
El principio de Supremacía Constitucional rige para los estados que
tienen Constitución rígida, que por cierto son la mayoría en la actualidad.
Significa que la superioridad de sus normas, sobre las normas legales y
administrativas, proviene del carácter fundante del Estado y sienta las bases y
fundamentos para el ordenamiento jurídico.
JERARQUÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS
42
LA CONSTITUCIÓN.- Establece la estructura del estado y sus funciones; además
contiene normas que establecen los derechos fundamentales de las personas.
LEY ORGÁNICA.- Es aquella que regula la estructura y el funcionamiento de las
entidades del Estado previstas en la Constitución.
LEY.- Es la norma jurpidica aprobada por el Congreso y promulgada por el
Presidente de la República.
En caso de conflicto entre una ley orgánica y una ley ordinaria, prevalece la
primera, a pesar de que ambas están en el mismo nivel jerárquico, por dos
razones; la especialización de la materia encomendada por la Constitución.
DECRETO LEGISLATIVOS.- Son emitidos por el Poder Ejecutivo, por delegación
del Poder Legislativo, sobre la materia específica y el plazo determinado.
DECRETO LEY.- Son dictados por los gobiernos de facto. A pesar de su
inconstitucionalidad formal, forman parte del sistema jurídico nacional.
DECRETO SUPREMO.- Preceptos de carácter general que regulan la actividad
sectorial o multisectorial en el ámbito nacional. Se encargan de normar y
supervigilar la organización y funcionamiento de los servicios públicos nacionales
o las actividades de dichas instituciones.
RESOLUCIÓN SUPREMA.- Son normas de carácter específico rubricadas por el
Presidente de la República y refrendadas por el Ministro a cuyo sector le
corresponde.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL.- Son dispositivos que permiten formular y
supervisar la política general del Estado, dentro del ámbito de su competencia y
que tiene a su cargo determinados servicios públicos.
43
RESOLUCIÓN DIRECTORAL.- Son las que expiden los Directores de los
Ministerios u organismos autónomos.
LA PIRÁMIDE DE KELSEN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ
LEY ORGÁNICA
LEY
DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEY
DECRETO SUPREMO
RESOLUCIÓN SUPREMA
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
44
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
SEGUNDA SESIÓN
INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
El tema que se aborda en esta ocasión es uno de los más apasionantes
para los juristas amantes del derecho constitucional. Puede afirmarse que entre
los temas del constitucionalismo se encuentra precisamente la defensa al
principio de la inviolabilidad de la Constitución en un plano general y de la justicia
constitucional en un plano particular: cabe aquí recordar que Cappelletti afirmaba
"la justicia constitucional es la vida, la realidad y el porvenir de las Cartas
Constitucionales de nuestra época y la interpretación de la misma es el punto
medular, en ello reside su progreso o su fracaso, su debilidad o su
fortalecimiento.
Ante ello, podemos decir que no debemos buscar el cambio de una norma
de contenido constitucional, sino por el contrario buscar una justicia constitucional
nos lleva a obtener los logros que en sus aspectos más dinámicos nos lega el
derecho constitucional.
La democracia en la actualidad requiere, que el Estado constitucional de
derecho sea Estado jurisdiccional de derecho, dado que la Constituciones
representa un instrumento eminentemente valorativo que se extiende al logro de
una justicia constitucional supranacional, en correcta defensa de los derechos
fundamentales del hombre que culminan en el reconocimiento y respeto de los
derechos humanos.
45
En principio las acciones que tienden a buscar cambiar en forma integra
nuestra Constitución resultan poco congruentes a los esquemas de supremacía,
inviolabilidad y rigidez que la contienen y que fueran sustentados como candados
implementados en aras de la misma por el Poder Constituyente que le da origen.
El principio de supremacía constitucional ha resultado un tema bastante
debatido y siendo difícil discurrir acerca de él, por las implicaciones que encierra
es necesario su análisis nuevamente, porque de la adecuada o inadecuada
interpretación que se haga del dicho principio, dependerá en mucho que los actos
de autoridad se desarrollen conformes los lineamientos de un verdadero Estado
de derecho. Y si es problemática la interpretación del principio tomando
aisladamente, más lo es cuando lo relacionamos al contenido y limites de los
actos que realiza el Poder Ejecutivo y su organización, es decir, la Administración
Pública.
Evidentemente, con frecuencia se ven rebasados los límites que marca
nuestra Constitución por la acción del Ejecutivo que, al igual que en otras partes
del mundo, se ve impulsado por las complejas circunstancias del mundo moderno,
para absorber cada vez más facultades y acciones que antes solo se concebían
como responsabilidad de los otros poderes, pero que, ante la abrumadora que
supone el afrontamiento de los modernos problemas de administración
gubernamental, ceden frecuentemente facultades y responsabilidades al Poder
Ejecutivo, sin considerar que dicha "cesión" solamente la pueden verificar por
mandato expreso de la Constitución y no en aras de satisfacer políticas que solo
favorecen, irrestrictamente la acción de la Administración Pública, perdiéndose
con ello el principio de la División rector de Poderes.
Fuentes argumentos de tipo político, económico y social alientan el
crecimiento desmedido y anárquico de las facultades del Poder Ejecutivo que,
vistas desde esa perspectiva, lucen aparentemente normales, pero ya enfocados
desde un punto de vista jurídico y apegado al llamado Estado de Derecho,
46
aparecen como irregulares, sin cauce alguno, lo que repercute
inmisericordemente en el nulo respeto a nuestra Carta Magna. Es entonces, tarea
del estudioso del Derecho, revalorizar todos aquellos argumentos que guían las
actividades del Poder Ejecutivo y limitar su acción a las facultades expresas
concedidas en nuestra Constitución lo que haría nula su violación.
Los órganos del Poder Ejecutivo siempre deben tener en cuenta los limites
de su acción, límites que al romperse no solo afectan la legalidad y
constitucionalidad de todo sistema jurídico, sino que también afectan su
legitimidad, o sea, su mismo sostén ideológico - político. Es por ello que se debe
tener presente que la acción del Poder Ejecutivo jamás debe rebasar el principio
de supremacía constitucional.
La constitución escrita se convierte según palabras de Kelsen en el
supuesto último, el postulado formal de que depende la validez de todas las
normas de un sistema jurídico. Además no debe pasarse por alto que las
constituciones contemporáneas pretenden garantizar una serie de valores
políticos y sociales, así como los derechos fundamentales de los gobernados
frente al poder público dotándola de supremacía y rigidez.
Los que se inclinan porque la Constitución puede ser modificada o
cambiada ante todo por considerarla una norma jurídica usual y corriente
obsoleta, desconocen del concepto Constitución su raíz histórica, así como su
carga política o sociológica, que la hacen inviolable y si esta aspiración nunca es
alcanzada, también nunca ha sido abandonada.
La defensa de la Constitución en un sentido amplio (lato sensu) se
integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han
establecido tanto para conservar la normatividad constitucional como para
prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la
evolución de las disposiciones constitucionales, tendiendo a la aproximación entre
la Constitución formal y la Constitución material.
47
Por lo tanto la protección constitucional se integra por la división de
poderes, la regulación de los recursos económicos y financieros del Estado, la
institucionalización de los factores sociales, la supremacía constitucional y el
procedimiento dificultado de reforma.
La defensa de la Constitución en sentido estricto se identifica con las
garantías constitucionales. A este sector la doctrina se ha referido,
indistintamente, como justicia constitucional, jurisdicción constitucional, y control
de la constitucionalidad. A este sentido estricto de defensa de la Constitución es
al que se refiere el maestro Herrera y Lasso.
La doctrina dominante distingue entre la justicia constitucional y la
jurisdicción constitucional. Así, por justicia constitucional entiende:
El conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales
encomienda o determina órganos del Estado, la imposición forzosa de los
mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter
público que han desbordado las limitaciones, que para sus actividades se
establecen en la misma carta fundamental.
TIPOLOGIA DE LAS CONSTITUCIONES
1.- SEGÚN SU REFORMABILIDAD:
Constitución Rígida : Es aquella que establece un procedimiento especial
y distinto a la modificación de las leyes ordinarias para la modificación de
sus normas.
Constitución Flexible : Es aquella que puede ser modificada por el
Congreso en la misma forma que las leyes ordinarias . Cuando la
48
Constitución es flexible no puede haber contradicción entre la ley y la
Constitución, pues una ley que contradice una Constitución es en esencia
una ley que la modifica. Una Constitución flexible no tiene ninguna
superioridad sobre la ley ordinaria; en cambio, las Constituciones rígidas
generalmente proclaman la supremacía de las normas constitucionales
sobre las leyes ordinarias y las normas de menor jerarquía.
2.- SEGÚN SU ESTRUCTURA:
Constitución Consuetudinaria : Cuando la organización del Estado
resulta de prácticas, de tradiciones consagradas por el uso constante y
que llegan a tener fuerza jurídica. En países que pertenecen al Sistema
Constitucional Anglosajón predomina estas constituciones no escritas
(Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel)
Constitución Escrita : Es aquella que se encuentra redactada en un
documento o texto de ley. En el mundo moderno el sistema de constitución
escrita y rígida apareció por primera vez en el hemisferio americano. La
primera Constitución escrita del mundo surgió en las trece colonias
norteamericanas que al constituirse en un nuevo Estado Federal
promulgan la famosa Constitución de Filadelfia en 1787.
Constitución Codificada y Dispersa : Las Constituciones codificadas
contienen en un solo cuerpo normativo al conjunto de instituciones
políticas que pretenden ordenar la vida política del Estado. Las
Constituciones dispersas están formadas por un determinado número de
leyes constitucionales, cada una de ellas con su propia estructura.
TALLER: “CASOS RELACIONADOS CON LA VIOLACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ”
49
EVOLUCION CONSTITUCIONAL DEL PERU
CONSTITUCION DE CADIZ Monarquía Constitucional (Vicente Morales
Duarez
(1812)
CONSTITUCION DE 1823 - República J.F Sánchez
Carrión
(Liberal) - Parlamentarismo Luna Pizarro
-Unicameral FJ. Mariategui
CONSTITUCION DE 1826 - Tricameral - Cámara de
Tribunos
( Cesarista) - Presidencia - Cámara de
Senadores
- Vitalicia - Censores
CONSTITUCION DE 1828 - Madre de nuestras Constituciones -
Presidencial
(Liberal) (M.V. Villarán) -
Bicameral
- Juntas Depar
tamentales
CONSTITUCION DE 1834 - Pro-federalista - Descentralista
(Liberal) -
Municipalización
50
CONSTITUCION DE 1839 Reaccionaria - Autoritaria
(Conservadora) - Centralista
- Clerical
CONSTITUCION DE 1856 Radical - Anticlerical
-
Antimilitarista
- Antiautoritaria
- Sufragista
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
CONSTITUCION DE 1860 Transaccional - Ni la Constitución de
1839
(Moderada) - Ni la Constitución de
1856
CONSTITUCION DE 1867 Radical - Pretendió reproducir
la
(Liberal) Constitución de
1856.
- Legislativo Unicameral
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
CONSTITUCION DE 1920 Introduce el - Derechos
ciudadanos
(Descentralista) Constitucionalismo - Legislaturas
regionales
51
Social - Juntas
Departamentales
CONSTITUCION DE 1933 Desarrolla el - República Unitaria
(incorporó la Acción Constitucionalismo - No-reelección
de Amparo) Social - Sin Vice-
Presidente.
- Econom. Social de Mercado
CONSTITUCION DE 1979 Incorpora aportes del - T.G.C
Constitucionalismo de - C.N.M
La Post-guerra - Regiones.
IV UNIDAD
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
EN EL PERÚ
PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN
TITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado.
52
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le
favorece.
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra
índole.
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El
ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la
moral ni altere el orden público.
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de
comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento
algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de
comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero
común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le
impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los
de fundar medios de comunicación.
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.
53
Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez,
del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con
arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a
la voz y a la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier
medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma
gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el
acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin
mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.
Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por
la ley.
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos
privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser
abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado
54
del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los
asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen
efecto legal.
Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están
sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad
con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su
sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir
de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato
judicial o por aplicación de la ley de extranjería.
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o
abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y
vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas
solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización
jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden
ser disueltas por resolución administrativa.
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de
orden público.
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.
16. A la propiedad y a la herencia.
55
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,
social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa
legislativa y de referéndum.
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas
o de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional.
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad
étnica y cultural de la Nación.
Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando
son citados por cualquier autoridad.
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la
autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta
también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden
ejercer individualmente el derecho de petición.
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser
privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del
territorio de la República.
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
23. A la legítima defensa.
24.A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:
56
a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo
que ella no prohíbe.
b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los
casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata
de seres humanos en cualquiera de sus formas.
c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por
incumplimiento de deberes alimentarios.
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado
judicialmente su responsabilidad.
f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o
por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de
las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de
drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención
preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días
naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir
jurisdicción antes de vencido dicho término.
g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el
esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La
57
autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito,
el lugar donde se halla la persona detenida.
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a
tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato
el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir
por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la
violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.
ARTICULO 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o
que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de
gobierno.
PRIMERA SESIÓN
EXAMEN PARCIAL I
SEGUNDA SESIÓN
58
CONTENIDOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA PERSONA
LA PERSONA HUMANA
Hemos comenzado por decirte que eres peruano. Pero antes de ser
peruano, eres persona humana. A la persona humana, la Constitución dedica su
artículo 1º en estos términos: “La defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”
¿Hace falta decir persona humana?
¿No son humanas todas las personas?
También hay personas jurídicas, que son las sociedades o compañías o
firmas comerciales o industriales. No es pues redundante decir, como dice
nuestra Constitución, persona humana. A la defensa de ésta y al respeto de su
dignidad, se les define como el fin supremo de la sociedad (la sociedad somos
todos) y del Estado (que es la organización jurídica y política de la Nación).
Fin supremo , quiere decir fin que está por encima de otros fines.
Hay doctrinas políticas que colocan por encima de la persona humana, al
Estado. Ello ha llevado a muchos desastres, sobre todo, a la explotación y la
violación de los derechos humanos. Esas doctrinas totalitarias han fracasado
ruidosamente, a raíz, sobre todo de la caída del muro de Berlín en 1989.
Todos los elementos constitutivos de la organización del Estado deben
estar al servicio de la persona humana y de sus derechos.
¿Cuáles son los derechos fundamentales de la persona?
59
El artículo segundo de la Constitución es muy extenso, debido a la variedad de
temas que incluye.
Desde la Declaración de los Derechos Humanos, hasta ahora, los hombres se
han preocupado de definirlos uno a uno.
EL DERECHO A LA VIDA
Toda persona tiene derecho a la vida (Art. 2º, Inciso 1). Es el primero y el
más elemental de los Derechos. Porque, en tu vida, ocurre todo lo que te ocurra.
Si no tuvieras vida o la perdieras, ya no te ocurriría nada, por lo menos en este
mundo. Por eso, los derechos de la persona empiezan por el derecho a la vida.
En nombre del derecho a la vida, el concebido (el que todavía no ha nacido
pero ya está concebido en el seno de su madre) es sujeto de derecho en todo
cuanto le favorece. Lo primero que le favorece es su derecho a la vida. Por
consiguiente, nuestra Constitución no admite el aborto provocado, es decir, el
acto de dar muerte intencional al concebido.
Además de la vida, la persona tiene derecho a su identidad (nombre propio
y otras características), a su integridad, a su desarrollo y bienestar.
60
LA IGUALDAD ANTE LA LEY
Todos somos iguales como criaturas de Dios, hechas a su imagen y
semejanza. En una República Democrática, como la nuestra, no hay privilegios ni
privilegiados. No hay nobles ni plebeyos. No hay –delante de la ley- blancos,
cholos, mestizos, negros, mulatos, chinos, japoneses. Ni ricos ni pobres. Ni altos
ni bajos. Ni gordos ni flacos.
Dice el Art. 103º: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la
naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas”.
Ojo: No hay, no debe haber, no puede haber en el Perú leyes especiales
por razón de la diferencia de personas.
LA LIBERTAD DE OPINIÓN, DE CONCIENCIA, DE COMUNICACIÓN Y DE
INFORMACIÓN
Así como la igualdad, la libertad es esencial para el ser humano. Ese es el
mensaje del cristianismo: los hombres, como criaturas de Dios hechas a su
imagen y semejanza, somos libres e iguales.
Somos hermanos. Por eso, Cristo dijo: “Amaos los unos a los otros”
61
La conciencia del hombre es libre. También lo es su pensamiento. Ni al
más oscuro de los presos en el peor de los calabozos, se le puede arrebatar la
facultad de pensar libremente. Pero la expresión del pensamiento también debe
ser libre.
De todo ello se ocupa el mismo artículo segundo de la Constitución, en cuatro
incisos. Observa:
62
Artículo 2º
Inciso 3: libertad de concienciaInciso 4: libertad de opiniónInciso 5: libertad de comunicaciónInciso 6: libertad de información
Dice el inciso 3 del artículo 2º: que toda persona tiene derecho “a la
libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada”, como
ya hemos señalado al ocuparnos del tema de la religión católica.
Añade dicho inciso que “no hay persecución por razón de ideas o
creencias”. Puedo yo tener las ideas que quiera o profesar las creencias
que se me antoje pero no por ello puedo ser perseguido.
Declara el inciso 3, de manera terminante, “No hay deliro de opinión”. Yo
puedo opinar que el gobierno es pésimo puedo opinar que el gobierno es
magnífico o puedo opinar que la política económica es acertada o puedo
opinar que es un desastre. Pero, cualquiera que sea mi opinión, dicha
opinión no constituye delito. Naturalmente, si de la opinión paso a los
hechos, si de opinar que el gobierno es malo, paso a conspirar contra el
gobierno o a rebelarme contra el gobierno constitucional, entonces sí
cometo delito.
El inciso 4 del artículo 2º reconoce a la persona humana las libertades de
información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, sea mediante la
63
palabra oral o escrita o mediante la imagen, por cualquier medio de
comunicación social. Lo cual incluye, por cierto, la televisión, las
radioemisoras, los diarios, las revistas, etc.
Mi derecho de expresarme se ejerce sin previa autorización ni impedimento
alguno, aunque bajo la responsabilidad de ley. Porque tampoco la libertad
de expresión o de opinión es ilimitada. Tengo que respetar la ley.
Cuando un artículo de la Constitución comprende varios números se divide
en incisos.
Por eso, el mismo inciso 4 señala que “los delitos cometidos por medio del
libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el
Código Penal y se juzgan en el fuero común”.
Si me valgo de cualquier medio de comunicación, televisión, radios,
periódicos, para injuriar a las personas o para difamarlas, entonces cometo
delito previsto en el Código Penal.
El inciso 5 del artículo 2º autoriza a toda persona para “...solicitar la
información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública...”. Hay la
excepción de la información que afecte la intimidad personal o las que se
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
Aun el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse si lo pide
el Juez o el Fiscal de la Nación o una comisión parlamentaria de
investigación.
Pero la persona humana está en el derecho de proteger su intimidad
personal y familiar (inciso 6, del artículo 2º)
64
OTROS DERECHOS
HONOR Y REPUTACIÓN
Si bien es verdad que hay derecho a la amplia información, la persona
tiene derecho, según el inciso 7 del artículo 2º, “al honor y a la buena
reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y la imagen
propias”.
Quiere decir que mi imagen y mi voz no deben poder ser alteradas; y que
mi intimidad y mi honor y mi reputación no deben poder ser mancillados en
los medios de comunicación.
Y, si lo fueran, tengo derecho a rectificación “en forma gratuita, inmediata y
preferencial”.
65
LIBERTAD DE CREACIÓN CULTURAL
La persona humana (inciso 8 del mismo artículo 2º) es libre para la
creación intelectual, artística, técnica o científica. Es dueña de su creación,
sea un libro, sea un cuadro, sea lo que fuere.
EL DOMICILIO
El domicilio es inviolable. Cada uno es dueño y señor de su casa.
Por eso (inciso 9 del artículo 2), nadie puede ingresar en el domicilio ni
efectuar investigaciones o registros sin autorización del dueño de casa o en
caso de delito flagrante o de grave peligro de su perpetración.
66
Asimismo, la persona elige libremente el lugar de su residencia. Puede ser
Lima o Arequipa o Cajamarca o Iquitos. Es libre de transitar por el territorio
nacional y puede ir de Lima a Chancay o de arequipa a Moquegua como
mejor le plazca.
Hay limitaciones por razón de sanidad (si hay una epidemia) o por mandato
judicial (si alguien está condenado a prisión) o por aplicación de la ley de
extranjería (sí los extranjeros no han obtenido el derecho de residir
permanentemente en el Perú).
LAS COMUNICACIONES
La persona no sólo es dueña de su domicilio sino de sus comunicaciones y
documentos privados, los cuales no pueden ser intervenidos sino por
mandamiento judicial.
67
LIBERTAD DE REUNIÓN, DE ASOCIACIÓN, DE CONTRATO
Todos tienen el derecho de reunirse públicamente sin armas (inciso 12,
artículo 2º). Si la reunión es en local privado abierto al público (como una
sala cinematográfica) no requiere aviso previo a la autoridad. Si se convoca
en plazas o vías públicas, si se tiene que dar aviso anticipado a la
autoridad. La autoridad puede prohibir la reunión por motivos de seguridad
o de sanidad públicas. Si, por ejemplo, dos partidos políticos piden para el
mismo día la Plaza San Martín, la autoridad tendrá que dar su autorización
un día para un partido y otro día para otro.
Tampoco la autoridad puede autorizar reuniones en plazas muy próximas
la una de la otra, porque se corre el riesgo de enfrentamientos entre
fuerzas políticas distintas o hasta hostiles. El derecho de reunión es uno de
los que puede suspenderse bajo el llamado régimen de excepción, que
estudiaremos más adelante.
Las personas también tienen el derecho de asociarse. Por ejemplo,
pueden formar un club deportivo que puede tener un equipo de fútbol.
Asimismo, las personas tienen el derecho de constituir fundaciones que
consisten en afectar dinero o bienes y que se dedican a determinado fin.
Por ejemplo: la Fundación Manuel J. Bustamante del Fuente que afecta un
determinado número de acciones de la Compañía Cervecera del Sur, cuyo
producto se dedica a otorgar importantes premios de estímulo intelectual.
Análogamente, las personas tienen derecho de contratar, con fines lícitos,
siempre que no se contravengan leyes de orden público.
68
No se puede contratar con fines ilícitos y delictivos. Por ejemplo: contratar
a un esbirro, un asesino, para que dé muerte a tal o cual persona sería un
contrato con fin delictivo, obviamente prohibido por la ley. Análogamente,
las asociaciones se constituyen con arreglo a ley. Las asociaciones
delictivas como las bandas de traficantes o los terroristas que militan en
Sendero Luminoso o en el MRTA, no son asociaciones que la ley permite
sino que, por el contrario, castiga.
DERECHO DE TRABAJO, DE PROPIEDAD, DE HERENCIA
Toda persona tiene derecho a trabajar libremente, con sujeción a ley (inciso
15 del artículo 2º). Es libre el derecho al trabajo; pero el trabajo tiene que
estar sujeto a ley. El trabajo de los delincuentes, de los ladrones, de los
terroristas, que también trabajan, ese trabajo no está sujeto a ley sino que,
por el contrario, la viola manifiestamente.
Toda persona tiene derecho a la propiedad (inciso 16 del artículo 2º). La
propiedad sobre un bien nos da el derecho a usarla, de aprovecharla, de
venderla o de darla en prenda (si el bien es mueble) o de hipotecarla (si el
bien es inmueble)
69
La propiedad es un derecho natural , que debe estar al alcance de toda
persona. La propiedad debe difundirse. El ideal sería que fuéramos todos
propietarios. En vez de un país de proletarios (que sólo tienen su prole, es
decir, sus hijos) deberíamos ser un país de propietarios. Una familia con su
propia casa (bien inmueble) y su propio automóvil (bien mueble) y otros
bienes de uso común es una familia que ya puede considerarse de clase
media.
La difusión del derecho de propiedad es una de las insistentes
recomendaciones de los pontífices romanos en diversas encíclicas.
La herencia es el derecho que tiene una persona de transmitir sus bienes a
sus parientes más próximos; o , en caso de no tener herederos forzosos,
de lagarlos a quien mejor le parezca. La herencia es inseparable de la
propiedad privada. Si no hubiera herencia, no habría propiedad privada.
La propiedad es necesaria para vivir con dignidad. Toda persona necesita
vivir en una familia, y ésta requiere de un mínimo de bienes materiales,
para vivir en armonía y tener posibilidades de desarrollo.
Normalmente, se accede a la propiedad de los bienes, a través del trabajo.
El trabajo de un padre de familia, le genera una remuneración con la que
puede ahorrar y adquirir los bienes que son necesarios para su mujer y sus
hijos.
70
DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA
Toda persona tiene derecho “a participar en forma individual o asociada en
la vida social, política y cultural de la Nación” (inciso 17, artículo 2º)
Sin ese derecho de participación en la vida nacional, no habría actividad
política. Hay diversas maneras de participar en la vida política. La
Constitución añade que los ciudadanos tienen “los derechos de elección,
de remoción y renovación de autoridades, de iniciativa legislativa y de
referéndum”.
Veamos por parte el precepto:
Derecho de Elección
Es el derecho de elegir a nuestros gobernantes, sea a nivel municipal, sea
a nivel departamental o regional, sea a nivel del gobierno central, sea para
Alcalde, sea para Presidente de la República, sea para representante al
Congreso. Como los ciudadanos no pueden gobernarse a sí mismos, se
71
gobiernan por intermedio de sus representantes elegidos. Tal es la esencia
de la democracia representativa. Pero, a la vez, con la democracia
representativa, la nueva Constitución quiere crear mecanismos de
democracia directa.
Derecho de remover autoridades
Este es el derecho no de elegir, sino, por el contrario, de destituir a las
autoridades. En la Constitución, se ha declarado el principio; ya que hay
una ley que lo reglamenta.
Iniciativa legislativa
Reconoce al ciudadano común y corriente el derecho de iniciar el proceso
de formación de las leyes, derecho que también se reconoce a los mismos
ciudadanos en el artículo 107º de la Constitución.
Referéndum
Es una consulta directa al pueblo para que apruebe textos legislativos, tal
como ha ocurrido con la Constitución aprobada en el referéndum del 31 de
octubre de 1993.
EL SECRETO PROFESIONAL
Toda persona tiene derecho a mantener en reserva (es decir, callar) sus
convicciones de cualquier clase (religiosas, filosóficas, políticas), según el
inciso 18 del artículo segundo)
72
También tiene derecho a guardar el secreto profesional (inciso 19), como
en los casos, entre otros, del sacerdote (secreto de confesión), del
abogado, del médico, del periodista, etc.
LA NACIONALIDAD
Toda persona tiene derecho a su nacionalidad (inciso 21); y nadie puede
ser despojado de la suya. Este precepto se complementa con el artículo
53º que, en su segundo párrafo, dice: “ La nacionalidad peruana no se
pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana”. Tal sería el
caso de peruanos residentes en Estados Unidos que adquieren la
nacionalidad norteamericana. Para el Perú, seguirán siendo peruanos.
73
EL TIEMPO LIBRE
Toda persona igualmente (inciso 22) tiene derecho a la paz, la tranquilidad,
el disfrute del tiempo libre y al descanso.
Este derecho es contra la perturbación, el ruido y, en fin, cualquier
alteración del sosiego.
LA LEGITIMA DEFENSA
Toda persona tiene derecho a la legítima defensa (inciso 23).
Si soy agredido, tengo derecho de responder. Pero mi respuesta debe ser
proporcional a la agresión que haya sufrido. A un alfilerazo no debo
responder con un revólver.
74
A la agresión del terrorismo, los campesinos del Perú y en general, los
ciudadanos han respondido organizándose en rondas campesinas y rondas
urbanas que actúan en coordinación con el Ejército.
LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES
Los límites de la libertad de la persona (inciso 24) del mismo artículo
segundo) están señalados por la Constitución en estos términos: “Nadie
está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe”.
Si la ley manda, tengo que cumplir su mandato.
Si la ley prohíbe, tengo que abstenerme de hacer lo que prohíbe.
Pero –si la ley no manda ni prohíbe- ejercito mi libertad personal para no
hacer, si no quiero, lo que la ley no manda; ni abstenerme de hacer lo que
la ley no prohíbe.
DE ALLI SE DERIVAN IMPORTANTES PRINCIPIOS:
75
La libertad personal no puede restringirse sino en los casos previstos por la
ley. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y cualquier comercio de
seres humanos (como la trata de blancas, es decir, de mujeres para
prostituírse).
No hay prisión por deudas. Si debo dinero a una persona, y no puedo
pagarle, no por eso me va a enviar a la cárcel. (sin embargo, el padre de
familia que desatiende el deber de alimentar a sus hijos, puede perder su
libertad)
Nadie puede ser procesado ni penado sino por acto u omisión que, al
tiempo de cometerse, esté previamente calificado en la ley “ de manera
expresa e inequívoca” como infracción punible, o sea, susceptible de pena.
En otras palabras: no hay pena si no hay ley.
A toda persona se le considera inocente mientras los tribunales de justicia
no hayan declarado su responsabilidad.
Nadie puede ser detenido sino por mandato del Juez o en flagrante delito
(en el acto de cometerlo). En todo caso, el detenido (por la policía) debe
ser puesto a disposición del juez dentro de las veinticuatro horas. Si el
arresto se extiende más allá de ese límite, puede interponerse ante los
tribunales el llamado proceso de Hábeas Corpus.
En los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, el arresto
policial puede prolongarse hasta quince días.
Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para esclarecer
un delito. El detenido (inciso 14 del artículo 139º) “Tiene derecho a
comunicarse personalmente con un defensor de su elección”.... A nadie se
le puede negar un Abogado.
76
Nadie debe, en fin, ser víctima de violencia ni de tortura ni de tratos
humillantes.
PRIMERA SESIÓN
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Los derechos sociales son aquellos que tiene el hombre, en cuanto
persona social. No olvides que el hombre es un ser social, es decir, una persona
que, por su misma naturaleza, debe vivir en sociedad, para poder alcanzar su fin.
La naturaleza social del hombre se comprueba porque sólo en sociedad
alcanza éste el pleno desarrollo de su personalidad.
Los derechos sociales podemos agruparlos en tres:
Los que están íntimamente vinculados con la familia.
Los que guardan relación con la educación
Los que guardan relación con el trabajo.
Toda persona tiene derecho a constituir y pertenecer a una familia. Además,
tiene derecho a recibir educación y a trabajar en bien de la sociedad.
LA FAMILIA
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La familia es la “célula original de la vida social”. Así lo dice el reciente
catecismo aprobado por la Iglesia Católica. Es una verdad aceptada en todos los
tiempos.
La vida social empieza en la familia. Una sociedad es un conjunto de
familias, como un tejido es un conjunto de células.
La vida de familia es iniciación a la vida es sociedad. En ella, el hombre
recibe desde el momento de su nacimiento, los valores morales, la estabilidad y el
afecto que necesita para crecer dignamente y como corresponde a una persona
humana.
Por eso, en nuestra Constitución, se afirma que “la comunidad y el estado
protegen a la familia y promueven el matrimonio”. El Estado debe respetar los
derechos de la familia, que es anterior al Estado.
“El Estado protege a la familia, que es una institución de derecho natural”
Modelo de familia es la que forman San José, la Virgen y el Niño, a la que
llamamos Sagrada Familia.
Si un hombre y una mujer forman una sociedad de hecho –si viven juntos pero no
se han casad- se establece, entre ellos, una comunidad de bienes como si se
hubieran casado.
La política de población (artículo 6º) difunde y promueve la paternidad y
maternidad responsables:
Los padres tienen el deber y el derecho de alimentar, educar y dar
seguridad a sus hijos. También asumen los nobles deberes de dar a sus hijos
hogar, vestido, ejemplo y educación, sabiendo que esas obligaciones entrañan
esfuerzos y sacrificios. Un aspecto particular de la responsabilidad de los padres
se refiere a la “regulación de la natalidad”.
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Por su parte, los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. “El
respeto de los hijos, menores o mayores de edad, hacia su padre y hacia su
madre, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une”. La mayoría de
edad no es una licencia para entender mal la independencia de los padres. A
éstos debemos respetarlos y prestarles ayuda material y moral, en los años de
vejez y durante sus enfermedades o momentos de soledad.
Todos los hijos –nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio- tienen los
mismos derechos y deberes.
¿QUÉ DICE ACERCA DEL NIÑO LA CONSTITUCIÓN?
El niño, con ese nombre, aparece por primera vez en el capítulo II artículo
cuarto: “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.
“También protegen a la familia y promueven el matrimonio”.
Todos tienen derecho a la protección de su salud (artículo 7º).
Debe establecerse un régimen legal de protección para las personas
incapacitadas a causa de deficiencia física o mental.
El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas (artículo 8º). Este
tráfico se encuentra difundido en nuestro país porque somos productores de coca.
Nuestros campesinos, principalmente en las zonas de selva alta, cultivan coca
que es procesada para convertirse en cocaína, la cual, en su mayor parte, se lleva
clandestinamente a otros países, sobre todo los Estados Unidos. El Perú, sin
embargo, no puede,, por sí mismo, luchar eficazmente contra el narcotráfico, sin
la asistencia de los países ricos y consumidores.
Toda persona tiene derecho a la seguridad social (artículo 10º), para
protegerse de contingencias como la enfermedad, la invalidez y por último, la
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muerte. La seguridad social puede estar a cargo de entidades públicas (Essalud)
o privadas o mixtas, vale decir, combinación de públicas y privadas (artículo 11º y
siguientes).
LA EDUCACIÓN
El fin de la educación es proporcionar al hombre la formación integral que
debe conseguir en la tierra, para alcanzar su máximo desarrollo como persona.
A la educación, el artículo 13º de la Constitución le señala como finalidad el
desarrollo de la persona humana.
Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad
de persona, tenemos el derecho inalienable y el deber ineludible a la propia
educación.
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Nadie puede sustituirlos en esta responsabilidad. Cuando faltan los padres,
difícilmente se les puede sustituir en su papel de educadores de su hijos. Los
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger
para éstos los centros de educación (artículo 13º y siguientes)
El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.
Los padres tienen el derecho de elegir para sus hijos el tipo de enseñanza que
corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental; no se
puede renunciar.
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos
humanos, son obligatorias en todo el proceso educativo.
El educando, el que es educado, el niño, como tú, tiene derecho a una
educación con respeto de su identidad.
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También tiene derecho al buen trato psicológico y físico. Los alumnos no
pueden ser objeto de malos tratos por parte de sus profesores ni pueden ser
castigados físicamente por éstos. Un niño sólo puede ser castigado físicamente y
de modo muy moderado, por sus padres y sólo los padres pueden autorizar a
terceras personas el castigo físico –muy moderado- de los hijos.
En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. Debe señalarse que esa
educación llamada gratuita en realidad es pagada por el Estado, esto es, por el
pueblo mismo. La educación gratuita es educación a costa del contribuyente.
En las universidades públicas, el alumno tiene derecho a la gratuidad si su
rendimiento es satisfactorio y si no cuenta con recursos económicos.
La educación universitaria tiene como objetivo principal la formación
profesional.
El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia, lo que
quiere decir que el profesor es libre de enseñar, pero debe hacerlo con tolerancia
para otras opiniones y en especial, para las opiniones que puedan tener sus
alumnos.
La Constitución define la universidad como la comunidad de profesores,
alumnos y graduados. Cada universidad es autónoma dentro de la Constitución y
de la ley. No debe entenderse la autonomía universitaria como extraterritorialidad,
es decir, como si la universidad estuviera fuera del territorio nacional y no
estuviese sometida a las leyes de la república.
EL TRABAJO
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Al trabajo, se le considera como deber y como derecho: como deber, estoy
obligado a trabajar para sustentarme. Todos los hombres tenemos el deber de
trabajar. En el trabajo, la persona ejerce una parte de las capacidades inscritas en
su naturaleza.
En el trabajo, la persona se perfecciona, adquiere virtudes y mediante el trabajo
se gana el sustento para síu y para los suyos.
También es un derecho. Nadie puede ser impedido de acceder al trabajo.
“El valor de trabajo pertenece al hombre mismo. El trabajo es para el hombre y no
el hombre para el trabajo”. Como derecho, nadie me debe impedir el ejercicio del
mismo.
El Estado protege especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan. Entre nosotros, los niños que trabajan, aun en la vía
pública, son muchísimos, a causa de la pobreza de sus familias, y muchas veces
de la falta de trabajo para los padres.
El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa que procure,
para él y su familia, bienestar material y espiritual.
La jornada de trabajo es de ocho horas diarias y hasta cuarenta y ocho
horas semanales. Por encima de esas limitaciones, el trabajador tiene derecho al
pago de horas extras. En vez del criterio rígido de la estabilidad laboral, que
asustaba al empresario y finalmente, perjudicaba a los trabajadores, la ley otorga
a éstos “adecuada protección contra el despido arbitrario”.
El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de pertenecer a
sindicatos; el derecho de los sindicatos a negociar, colectivamente, con el
empleador las condiciones de trabajo; y el derecho de huelga, que es el derecho
de no trabajar para hacer valer determinadas demandas. El derecho de huelga
debe ejercerse “en armonía con el interés social”. Tiene excepciones y
limitaciones, porque la huelga no debe poner en peligro a la sociedad.
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El Estado reconoce a los trabajadores el derecho de participar en las
utilidades de la empresa.
SEGUNDA SESIÓN
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS DEBERES
¿Qué son los derechos y deberes políticos?
Son aquellos derechos y deberes que tenemos las personas como
ciudadanos, es decir, como habitantes de la ciudad o –en griego- de la polis. Por
eso –decía Aristóteles-, “el hombre es un animal político”, es decir, un animal que
vive en la polis.
Derechos y deberes políticos.- Todavía no eres ciudadano; pero lo serás
apenas cumplas dieciocho. Entonces y una vez que te inscribas en el Registro
Electoral, puedes y debes votar. El principal derecho del ciudadano en la vida
pública consiste en participar activamente como persona y como gobernante. Por
eso, también puedes ser elegido para desempeñar cargos públicos, con 18 años,
en los municipios.
Cuando cumplas veinticinco años, puedes ser elegido representante a
Congreso (artículo 90º)
Cuando cumplas treinta y cinco años, puedes ser elegido Presidente de la
República (artículo 110º) y Defensor del Pueblo (artículo 161º)
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Cuando cumplas cuarenta y cinco años, puedes ser elegido vocal de la
Corte Suprema (artículo 147º), Fiscal Supremo o magistrado del Tribunal
Constitucional.
EL VOTO
Acerca del voto, nuestra Constitución establece:
El voto, en el Perú es personal. Tienes que ejercerlo personalmente. No
puedes delegar en otra persona tu derecho de voto.
El voto es igual. Todos tenemos el mismo derecho de voto. Se cumple el
principio democrático: “un hombre, un voto”. Habría que añadir un hombre o una
mujer. El voto del millonario no vale más que el del mendigo.
El voto es libre: una vez en la cámara secreta, atiendes a tu criterio
libremente, sin amenaza ni soborno.
El voto es secreto. Nadie se entera de tu voto, aunque tú naturalmente
puedes revelar por quién has votado.
El voto es obligatorio hasta los setenta años. El que no vota, para la
validez de su DNI, tiene que pagar una multa, a menos que demuestre que no ha
votado por causas de fuerza mayor (por ejemplo, enfermedad o viaje).
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en
actividad, tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulado por ley.
No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades
partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan
pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley. (artículo 34º)
(Artículo modificado por Ley Nº 28480, publicado el 30-03-2005. Antes de la
reforma, este artículo tuvo el siguiente texto: “Los miembros de las FF.AA. y de la
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PNP en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse
otras inhabilitaciones.”)
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los ciudadanos ejercen sus derechos individualmente o a través de
organismos políticos como los partidos.
La ley establece normas para asegurar el funcionamiento democrático de
los partidos y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos.
Todos los peruanos (artículo 38º) “tienen el deber de honrar al Perú y de
proteger los intereses nacionales; así como de respetar, cumplir y defender la
Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
LA FUNCIÓN PÚBLICA
Los funcionarios públicos están al servicio de la nación (artículo 39º). De
dichos funcionarios, el de más alta jerarquía es el Presidente de la República. A
continuación, en ese orden, los representantes a Congreso, ministros de Estado,
Magistrados Supremos.
Los funcionarios públicos que la ley señala, deben hacer declaración de
bienes y rentas, bajo juramento, al tomar posesión de sus cargos, durante el
ejercicio de éstos y al cesar en los mismos.
Los servidores públicos también tienen el derecho de huelga y el de
pertenecer a sindicatos. Pero no tienen tales derechos los funcionarios con poder
de decisión, ni los que desempeñan cargos de confianza, ni los miembros de las
fuerzas armadas y de la policía nacional ni los jueces.
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V UNIDAD
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO PERUANO
PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN
CONSTITUCIONALMENTE ¿QUÉ ES EL PERÚ?. COMO FORMA DE ESTADO
Y COMO FORMA DE GOBIERNO
COMO FORMA DE ESTADO:
Es una forma de organización social
Es una comunidad de estructuras
Es una comunidad de hombres
El Estado es sociedad política, organizada en un territorio con una
finalidad común.
Es una ficción jurídica (abstracto). Se observa a través de sus
manifestaciones (Himno Nacional, Bandera, etc)
La República del Perú es democrático, social, independiente y soberana:
DEMOCRÁTICA .- Que el origen de sus autoridades políticas, deben ser
votados y aprobados por el pueblo.
SOCIAL .- Debe primar los criterios sociales de la solidaridad y la
fraternidad, antes que el individualismo personal.
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INDEPENDIENTE .- No acepta la dominación de ninguna potencia
extranjera, ni en términos políticos, ni económicos. Es decir rechaza el
imperialismo, colonialismo y discriminación racial.
SOBERANA .- Es una emanación de su independencia. Quiere decir que
en el Perú sólo manda su gobierno, elegido democráticamente.
DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO
Defender la soberanía nacional
Garantizar la plena vigencia de los DD.HH. (vida digna)
Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad
Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, en el
desarrollo integral y equilibrado de la nación.
COMO FORMA DE GOBIERNO:
UNITARIO.- Consiste en que el gobierno nacional es detentador de la
soberanía interna, pudiendo establecer normas y tomar disposiciones de
carácter nacional sobre cualquier materia, que deben ser obligatoriamente
obedecidas por las demás instituciones y organismos del Estado en todo el
país.
REPRESNTATIVO.- Porque es elegido por el pueblo y lo representa; es
decir, el gobierno que obtiene la mayoría de votos nos representa, es decir
fue nominado por nosotros y debe representarnos.
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DESCENTRALIZADO.- Es decir que los organismos regionales de la
administración pública dependen jerárquicamente del gobierno central (en
este caso del Pdte. de la República y sus Ministros), tienen derecho a
resolver por sí mismos ciertos asuntos importantes para sus ámbitos
territoriales, dentro de las directivas generales que les imparten sus
Superiores.
PRIMERA Y SEGUNDA SESIÓN
LOS PODERES DEL ESTADO.- PODER LEGISLATIVO.- PODER EJECUTIVO.-
PODER JUDICIAL
El Poder del Estado es uno. Las funciones estatales son ejercidas por
órganos y no por poderes. Sin embargo, es tradicional designar los órganos del
Estado con el nombre de “Poderes”, llamados: Legislativo, Ejecutivo, Judicial.
EL PODER LEGISLATIVO
¿Qué es el Poder Legislativo?
Es uno de los tres poderes propios del Estado. Es el poder que tiene el
Estado. Es el poder que tiene el Estado de dictar las leyes convenientes para la
sociedad y el bien común. Estas leyes deben respetar el orden natural y la
legítima Constitución Política del Estado.
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El Poder Legislativo reside en el Congreso. Este consta de Cámara Única.
Anteriormente, y en la mayoría de Constituciones que hemos tenido en el
Perú, el Congreso fue bicameral, es decir, lo constituían dos Cámaras
Legislativas: la Cámara de Diputados y el Senado.
El artículo 90º de nuestra Constitución dice:
“El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara
Única”
Los congresistas son viento veinte. El Congreso se elige por un período de
cinco años. El congresista no puede desempeñar otra función pública, salvo la de
Ministro de Estado o el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter
internacional.
Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato
imperativo, lo que quiere decir que nadie les puede impartir órdenes en tal o cual
sentido.
Los congresistas son inmunes e inviolables, esto es, no responden ante
autoridad ni tribunal algunos por sus votos y opiniones.
No pueden ser procesados ni presos, salvo en flagrante delito. En ese
caso, son puestos a disposición del Congreso a fin de que éste autorice o no la
privación de la libertad y el enjuiciamiento.
Cualquier congresista puede pedir a los Ministros de Estado y a las
principales entidades públicas los informes que estime necesarios.
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El congreso puede iniciar investigaciones respecto de cualquier asunto de
interés público.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden ingresar en el
recinto del Congreso sin que lo autorice su propio Presidente.
El congreso elige de su seno, una Comisión Permanente, la cual
desempeña algunas de las funciones del antiguo Senado.
La Comisión Permanente acusa ante el Congreso al Presidente de la
República y a los altos funcionarios que menciona el artículo 99º, por infracción de
la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.
Al pleno del Congreso corresponde suspender o no al funcionario acusado
por la comisión Permanente o inhabilitarlo en el ejercicio de la función pública.
Si la resolución del Congreso tiene contenido penal, el funcionario acusado
es denunciado por el Fiscal de la Nación y juzgado por la Corte Suprema.
LAS LEYES
La principal atribución del Congreso es la de “dar leyes y resoluciones
legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. Además, el
Congreso vela por el respeto de la Constitución; aprueba los tratados, aprueba el
presupuesto, autoriza empréstitos, ejerce el derecho de amnistía, la cual consiste
en olvidar el delito, etc.
Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en material penal,
cuando favorece al reo.
La ley no puede regir para el pasado., La ley rige para el futuro. Por eso, no
puede tener efecto retroactivo, efecto para atrás.
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El congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo para que éste ejerza la
potestad de legislar sobre las materias y por el plazo que el Congreso mismo
señale. En este caso, el Poder Ejecutivo, expide los llamados decretos
legislativos.
FORMACIÓN DE LA LEY
Tienen derecho de iniciativa en la formación de la ley el Presidente de la
República y los congresistas. También lo tienen otras instituciones públicas en las
materias que le son propias; y aún directamente los ciudadanos en la forma que
señale la ley.
Una vez aprobada la ley en el Congreso, ésta se envía al Presidente de la
República para que la promulgue en el plazo de quince días. Puede ocurrir lo
siguiente:
a) El Presidente de la República promulga la ley.
b) El Presidente de la República no la promulga. Transcurrido el plazo
de quince días, la promulga el Presidente del Congreso, en defecto
del Presidente de la República.
c) El Presidente de la República, dentro de ese mismo plazo de quince
días, observa la ley (la veta). Envía las observaciones al Congreso.
d) El Congreso vence las observaciones del Presidente de la República
con el voto de la mayoría absoluta de los representantes. En ese
caso, el Presidente del Congreso promulga la ley.
EL PODER EJECUTIVO
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El Poder Ejecutivo es el órgano administrador del estado. Su atribución es
cumplir y hacer cumplir las leyes.
El Presidente de la República es elegido por sufragio directo y por más de
la mitad de votos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta se
procede a una segunda elección, dentro de los treinta días siguientes, entre los
candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas.
Para ser candidato a la Presidencia de la República se requiere tener más
de 35 años de edad al momento de la postulación. El mandato presidencial es de
cinco años y puede ser reelegido, para un período adicional, siempre y cuando
haya transcurrido otro período constitucional como mínimo, el ex presidente
puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones.
También se elige en las mismas condiciones al 1° y 2° Vicepresidente de la
República.
Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados y leyes.
Representar al Estado dentro y fuera de la República.
Dirigir la política general del Gobierno.
Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República.
Convocar a elecciones para Presidente de la República y para representantes
del Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funciones que señala
la ley.
Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria.
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Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni
desnaturalizarlas y dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones.
Cumplir Y Hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los tribunales y
juzgados, y requerido para la pronta administración de justicia.
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones.
Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, y celebrar y ratificar
tratados.
Presidir el Sistema de Defensa Nacional, y organizar, distribuir y disponer el
empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad
del territorio y de la soberanía del Estado.
Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso.
Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos y dictar medidas
extraordinarias en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el
interés nacional y con cargos de dar cuenta al Congreso.
Regular las tarifas arancelarias.
Conceder indultos y conmutar penas, etc.
El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si
éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejo de Ministros. Debe, a
su vez, convocar a elecciones dentro de los cuatro meses a la fecha de
disolución. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato.
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Finalmente puede decretar estado de emergencia en caso que hubiere
perturbación de la paz o del orden interno y de catástrofe, en cuyo caso se
suspenden algunos derechos constitucionales en todo el país o en parte de él,
sólo por sesenta días. También puede decretar estado de sitio, en caso de
invasión, guerra exterior, guerra civil.
Colabora con el Presidente de la República el Consejo de Ministros,
cuyos titulares tienen a su cargo la dirección y la gestión de los servicios públicos.
Son nulos los actos del Presidente de la República que no tienen refrendación
ministerial.
El Consejo de Ministros tiene su presidente. Sin embargo, el Presidente
de la República preside la sesión cuando asiste a él.
Son atribuciones del Consejo de Ministros:
Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la República somete al
Congreso.
Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta
Presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y
resoluciones.
Deliberar sobre asuntos de interés público.
EL PODER JUDICIAL
El Poder Judicial es el órgano del Estado cuya función es administrar
justicia, aplicando la ley. La potestad de administrar justicia emana del pueblo. Se
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ejerce por el Poder Judicial a través de sus organismos jerárquicos, con arreglo a
la Constitución y a las leyes.
Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial:
La Corte Suprema de Justicia, con sede en la capital de la República. Su
jurisdicción comprende todo el territorio de la República. Examina, en revisión, los
asuntos sentenciados en las cortes superiores de la República. Sus fallos son
inapelables. El Presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial.
La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del
Poder Judicial.
Está conformada por los magistrados.
Las Cortes Supremas, con sede en la capital del distrito judicial que señala la
ley.
Los juzgados civiles, penales y especiales, así como los juzgados de paz
letrados en los lugares que determina la ley.
Los juzgados de paz en todos los centros poblados del país.
Los principios y derechos de la Función Jurisdiccional son los siguientes:
La unidad y exclusividad de la Función Jurisdiccional.
Independencia del Poder Judicial.
Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Publicidad en los procesos.
La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas sus instancias.
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Pluralidad de Instancia.
La indemnización por los errores judiciales en materia penal y por las
detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley.
La inaplicabilidad por analogía de la ley penal.
El principio de no ser penado sin proceso judicial.
La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de
conflicto de leyes penales.
Nadie puede ser condenado en ausencia.
La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.
El principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del
proceso.
Toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de las razones
de su detención.
El principio de la gratuidad de la administración de Justicia.
Se encuentra prohibido ejercer función judicial por quien no ha sido nombrado
en la forma prevista por la Constitución o la ley.
El derecho de toda persona de formular análisis y críticas a las resoluciones y
sentencias judiciales, con limitaciones de ley.
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El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos
adecuados
PRIMERA SESIÓN
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitucionalidad.
Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se
encuentra sometido sólo a la Constitución y su Ley Orgánica.
El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa.
Excepcionalmente y con acuerdo de la mayoría de sus miembros puede sesionar
en cualquier otro lugar de la República.(*)
(*) Artículo sustituido por el artículo único de la Ley Nº 26541,publicado el
25-10-95, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 1.- El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la
Constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos
constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y su Ley
Orgánica."
El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede
tener sus sesiones en cualquier otro lugar de la República."
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Órgano judicial, que es garante de la Constitución y de su supremacía
sobre el resto del ordenamiento jurídico, y que tiene jurisdicción en todo el
territorio nacional y es competente para conocer del recurso de
inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del
recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales, de
los conflictos de competencia entre determinados órganos del Estado y de las
demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes.
Los magistrados que integran este alto tribunal, que han de ser juristas de
reconocida competencia y larga experiencia profesional, tendrán las
incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial y serán
independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Atribuciones del Tribunal Constitucional:
Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
Conocer, en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de
hábeas corpus, amparo, habeas data, y acción de cumplimiento.
Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la
Constitución, conforme a ley.
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Es una institución autónoma que fue creada por la Constitución de 1979. El
Consejo de la Magistratura, a cargo de la selección de los magistrados y la
administración del Poder Judicial, también forma parte de éste. El segundo
párrafo del artículo 114 establece que para su conformación ha de procurarse “el
equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la
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matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito
académico y científico”. Ratifica a los magistrados y fiscales cada 7 años.
Academia de la Magistratura:
Su finalidad es la formación de los Jueces, Vocales y Fiscales en todos sus
niveles.
SEGUNDA SESIÓN
ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO.-
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por
la Constitución de 1993. Su misión es proteger los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad; supervisar el cumplimiento de
los deberes de la administración del Estado y la prestación de los servicios
públicos a la población.
El Defensor del Pueblo es el titular de la Defensoría. Representa y dirige la
institución. Es elegido por el Congreso de la República por un período de cinco
años. Goza de total independencia para el cumplimiento de las funciones que la
Constitución le confiere. Se rige por la Constitución y su Ley Orgánica.
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El Defensor del Pueblo, no desempeña funciones de juez ni fiscal. Busca
solución a problemas concretos antes que acusación a los culpables. En
consecuencia, no dicta sentencias, ni ordena detenciones, ni impone multas. Su
poder descansa en la persuasión, en las propuestas de modificación de conducta
que formule en sus recomendaciones, en el desarrollo de estrategias de
protección preventiva, en la mediación que asume para encontrar soluciones y en
su capacidad de denuncia pública en casos extremos.
El “ombudsman” del derecho escandinavo controla a los funcionarios a través de
la información que circula acerca de su desempeño deficiente.
Atribuciones de la Defensoría del Pueblo:
Defender los derechos constitucionales.
Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público es la fiscalía u órgano acusador del estado, el
ministerio publico como representante de la sociedad, monopoliza el ejercicio de
la acción penal, en nombre del estado. Suele ser considerado como la parte
acusadora, de carácter público, encargada por el estado, de exigir la actuación de
la pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Como
representante de la sociedad, el ministerio público no persigue ningún interés
propio, ni ajeno, sino que realiza llanamente la voluntad de la ley.
Atribuciones del Ministerio Público:
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La persecución de los delitos, tanto en la averiguación previa, como durante el
proceso; la representación judicial de la federación.
La vigilancia de la legalidad.
La promoción de una sana administración de la justicia.
La denuncia inmediata de las leyes contrarias a la constitución, entre una rica
gama de actividades que se desparrama entre los ministerios públicos de
competencia común y federal.
El Fiscal es el Titular de la acción penal pública:
El fiscal debe investigar cualquier denuncia que llegue a su conocimiento. Una
vez que haya realizado las investigaciones debe dar una denuncia penal, si es
que éste se encuentra de acuerdo a la ley, ante el Poder Judicial, luego debe
disponer a que se proceda la acusación correspondiente.
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
El Jurado Nacional de Elecciones del Perú es un organismo
constitucional autónomo. Tiene como finalidad fiscalizar la legalidad del ejercicio
del sufragio, de los procesos electorales y las consultas populares, garantizando
el respeto a la voluntad ciudadana. En consecuencia es el órgano encargado de
proclamar los resultados electorales y otorgar los reconocimientos o credenciales
correspondientes a las autoridades electas.
Asimismo, tiene como función el dictar resoluciones de carácter general,
para reglamentar y normar las disposiciones electorales.
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Finalmente, el Jurado revisa en grado de apelación las resoluciones
expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y resuelve
en definitiva las controversias sobre materia electoral. También decide en
segunda y final instancia sobre los casos de vacancias declaradas por los
Concejos Regionales y Municipales.
Es un órgano colegiado, cuyos cinco integrantes son elegidos por distintas
entidades del Estado. El presidente es elegido por la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia, y los restante cuatro magistrados son designados por la
Junta de Fiscales Supremos, por votación universal de los Abogados de Lima, y
por los Decanos de Facultades de Derecho uno de las universidades públicas y
otro de las privadas.
Dentro del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra el Registro de
Organizaciones Políticas donde se mantienen inscritos los partidos políticos
vigentes.
Su sede se encuentra en la ciudad de Lima.
PRIMERA SESIÓN
LA DESCENTRALIZACIÓN
El Perú abrió los ojos al siglo XXI en un escenario social, económica y
políticamente convulsionado, dominado por la corrupción, la impaciencia social, la
incredulidad política y el desencanto ciudadano acerca de la promesa del
desarrollo equitativo.
El Gobierno del Presidente Alejandro Toledo decidió enfrentar ese
desencanto iniciando un profundo proceso de descentralización que, en la
práctica, está en el corazón de la transformación del sistema político y de la
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administración del Estado que los peruanos demandan. Además, a diferencia de
los ocho intentos previos, esta vez la descentralización cobra una dimensión en la
que el proceso legal y administrativo incluidas las transferencias de competencias
y recursos es instrumental a la finalidad de generar crecimiento económico e
incrementar el bienestar colectivo.
En esa línea, el Plan Nacional de Descentralización propone al país una
agenda de grandes objetivos nacionales que le permita a nuestra sociedad poner
la mirada en el horizonte para elevar la eficiencia del aparato estatal en la
provisión de servicios básicos y en la gestión del desarrollo económico.
Sin duda, existe un creciente reconocimiento público sobre la necesidad de un
paradigma de desarrollo descentralizado e incluyente, así como sobre la
consecuente importancia de la descentralización.
El desafío es transformar la enorme expectativa de la población sobre la
descentralización en un respaldo activo y comprometido de la sociedad civil, del
empresariado y del mundo intelectual y político. Por ello, en tanto órgano
conductor del proceso, el Consejo Nacional de Descentralización ha dirigido sus
esfuerzos no sólo a sentar las bases estructurales del proceso de
descentralización sino también a situar los términos del debate sobre la
descentralización en torno a los temas de trascendencia.
La descentralización tiene que ser construida concentrando esfuerzos y
recursos en función de los objetivos que se desea alcanzar, no diluyéndolos en
iniciativas fragmentarias, y por ello es imperioso establecer relaciones más
maduras entre el Estado, la sociedad civil y la clase política.
De hecho, el éxito de la descentralización depende del desempeño del
conjunto de la sociedad y de sus instituciones, así como de la responsabilidad con
que los distintos niveles de gobierno y los actores clave asuman su compromiso
con el desarrollo humano y económico local, regional y nacional.
En ese sentido, el énfasis tiene que ser puesto no sólo en la redistribución y la
equidad social, sino también en la competitividad empresarial y los aspectos
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productivos de la descentralización, que son los que finalmente se traducen en
bienestar.
Para revertir el centralismo demográfico, económico y político, es preciso
construir una tendencia de crecimiento en la contribución de las regiones al PBI
nacional a partir de una creciente capacidad de los Gobiernos Regionales y
Locales para promover la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
Precisamente porque no basta con redistribuir, la descentralización no funciona a
partir de demandas apresuradas por atribuciones y recursos, sino sobre la base
de una creciente calidad en la gestión y del compromiso decidido de generar
mayores recursos para el desarrollo desde cada región, provincia y distrito del
país.
El presente Plan Nacional de Descentralización consagra, justamente, este
cambio de lógica que, junto con la articulación de los esfuerzos de distintos
actores y la aplicación de una visión territorial del desarrollo, hará posible
materializar los beneficios sociales inherentes a la descentralización
Hasta el momento, la descentralización ha registrado importantes avances en
términos de la construcción de un marco legal básico y de la conformación de un
ente técnico encargado de dirigir y coordinar la descentralización.
Asimismo, han surgido nuevos actores políticos regionales y locales cuya
presencia a nivel nacional facilita la rendición de cuentas ante la población y han
sido constituidos mecanismos de participación que fomentan la vigilancia de la
sociedad civil en la toma de decisiones de los Gobiernos Locales y Regionales.
Ahora, una de las grandes tareas pendientes es alcanzar la plena
coordinación intersectorial para asegurar el financiamiento equilibrado de la
descentralización, tanto en lo que se refiere a la provisión de recursos financieros
a las Regiones y Municipios como al aporte económico de ambos a su propio
desarrollo.
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Obviamente este esfuerzo supone, también, la forja de una nueva
administración pública, capaz de planificar concertadamente el desarrollo e
impulsar un proceso cuya complejidad los peruanos comenzamos a vislumbrar.
LAS REGIONES
Enorme trascendencia para el futuro del país constituye la forma en que se
plantee el establecimiento de las regiones. Esto supone contar con un modelo
propio de ocupación del suelo, es decir, cual debería ser la administración política
y la distribución geográfica de nuestra población, de tal forma que genere
espacios integrados que potencien el uso racional de los recursos naturales y
contribuyan al desarrollo económico sostenible.
Lo que se haga o deje de hacer en este aspecto, tendrá impacto directo en la vida
de millones de peruanos en los años venideros.
Desde el punto de vista histórico, nuestro análisis tiene su punto de partida en la
Conquista y Colonización española, cuando esta cultura foránea impone una
división del territorio según su interés de controlar y extraer riquezas,
especialmente minerales, disolviendo las 4 grandes divisiones o "suyos" de la
sociedad incaica. A partir de ese momento se quiebra la relación armónica entre
la población y su suelo.
De allí en adelante, se han dado muchos intentos frustrados por dividir el territorio,
determinar las demarcaciones entre departamentos, provincias y distritos, que
fueron creados, la mayoría de las veces, tomando cualquier accidente geográfico,
como límite entre estas circunscripciones. En otros casos simplemente
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obedeciendo al capricho de gobernantes y parlamentarios de turno o a su interés
político ocasional.
Objetivos
La presente propuesta pretende esbozar algunos lineamientos básicos
hacia una auténtica Regionalización, que sea palanca de la descentralización y
desarrollo económico y social del Perú. Los criterios aquí expuestos aspiran ser
herramienta técnica al servicio de las instituciones que estudian el tema y
contribuir a desarrollar un gran debate nacional.
Antecedentes
La concepción española de ocupación del territorio.
La conquista española significó el quiebre total del modelo de ocupación racional
del territorio que hasta ese momento, había desarrollado inteligentemente el
Imperio Inca, basándose a su vez en las culturas que le antecedieron. Un claro
ejemplo del dominio del entorno que alcanzaron los antiguos peruanos, fué el
Reino Lupaca, ampliamente estudiado por el Antropólogo John Murra. Esta
sociedad asentada en el Altiplano, desarrolló el control de pisos ecológicos, de
manera tal que, se abastecieron de productos de todos los climas y en todas las
estaciones del año.
Los colonizadores españoles, por el contrario, crearían en el Nuevo Continente
sus Audiencias, Intendencias, y Corregimientos, con el propósito de controlar a la
población nativa, religiosa y políticamente, organizarla como fuerza de trabajo en
las minas y extraer de ella, los tributos exigidos por la Corona.
Los primeros esfuerzos de la República.
La Independencia peruana de España, dirigida por los descendientes de
españoles, (criollos) desde las ciudades, predominantemente de la Costa,
significó cierto cambio a la división del territorio durante la Colonia. Así, se
crearían las Provincias, luego los Departamentos que agruparán a aquellas y a su
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vez los Distritos. Sin embargo, al plantearse esta nueva demarcación bajo
criterios estrictamente administrativos, desde Lima, al margen de los intereses de
la mayoría de las provincias, significó en realidad, un remedo de la antigua
demarcación colonial.
La propuesta de demarcación territorial durante la República, ha ido
sufriendo sucesivos cambios, estableciéndose nuevas divisiones y sub divisiones,
tales como la creación de más provincias y departamentos, pero siguiendo la
misma orientación tradicional, es decir, administrar el modelo de mercado para la
exportación de materias primas (agrícolas y minerales), privilegiando un incipiente
desarrollo de la Costa, a espaldas del resto del país.
Si observamos con detalle el mapa del Perú, veremos que los límites entre
departamentos o provincias, se han dado tomando como referencia accidentes
geográficos muy diversos, principalmente el curso de ríos caudalosos, o
sencillamente, siguiendo trazos rectos sobre el papel, según coordenadas
geográficas o alguna extraña razón desconocida. En muy pocos casos se ha
considerado la separación entre cuencas hidrográficas como demarcación.
Ninguna de las Constituciones de la República aprobadas, desde la
Independencia hasta nuestros días, ha planteado la necesidad de cuestionar y
replantear esta división absurda del territorio bajo nuevos criterios.
Algunos Planteamientos de Regionalización recientes.
a) La propuesta del Dr. Javier Pulgar Vidal.
Este ilustre geógrafo, estudió profundamente las regiones naturales en el Perú
siguiendo el sentido transversal a los Andes, es decir, la existencia de diferentes
pisos ecológicos en nuestro país.
Ciertamente, esta propuesta es vigente y digna de ser considerada, pues toma en
cuenta que el accidente geográfico característico del Perú es la Cordillera de los
Andes y que divide drásticamente nuestro territorio, favoreciendo el aislamiento
de Costa, Sierra y Selva.
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b) La Regionalización del APRA.
En la década de los ochenta, el gobierno aprista, en el marco de su propuesta de
Regionalización del Perú, propone e implementa una nueva división política del
territorio en 12 regiones, lo cual es llevado a la categoría de ley.
Si examinamos este planteamiento veremos que, por un lado, carece de
fundamento técnico, económico y social, y por otro, la demarcación mantiene los
viejos departamentos: propone unir departamentos contiguos, y otros, dejándolos
exactamente como eran: por ejemplo, Arequipa, La Libertad, San Martín, Loreto.
De esta manera, se insiste en el aislamiento de la Selva, respecto a la Sierra y la
Costa, insistiendo en una demarcación tradicional que se conserva desde siglos.
Esta propuesta, ha sido desechada en la práctica por su obvio desencuentro con
la realidad, pero lamentablemente, sin darse un debate y elaboración de
propuestas alternativas, lo cual ha postergado hasta nuestros días la solución al
proceso de regionalización que demanda nuestro país.
c) La Regionalización en base a las fronteras del país.
Últimamente se está proponiendo, igualmente sin sustento, establecer "macro-
regiones" según las fronteras que tenemos con los países vecinos. Así
tendríamos: una región fronteriza con Ecuador, la segunda con Colombia-Brasil y
una tercera con Bolivia y Chile.
Cabe aquí hacernos la pregunta: ¿Un país debe organizarse en función de sus
fronteras con los países limítrofes, o debe hacerlo principalmente para potenciar
su mercado interno, aprovechar sus recursos y ocupar racionalmente su territorio?
Formulación del problema
La división política actual del Perú no favorece sino traba su desarrollo, al
mantener aisladas la Costa, Sierra y Selva. Muchas provincias y distritos,
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cercanos en el mapa, en la realidad son lejanos entre si, predominando la
desarticulación entre las ciudades medianas y grandes y los mercados interno y
externo.
Extensas zonas agrícolas se conectan con el país a través de larguísimas rutas.
Solo para dar un pequeño ejemplo: la zona de Quillabamba, gran productora de
café de exportación no tiene salida directa a los mercados nacional e
internacional, sino a través de Cusco (su capital departamental) y de allí por Puno
y Arequipa. Peor aún, su vía férrea está actualmente cortada por desastres desde
hace 4 años. Sin embargo, conectando Quillabamba con San Francisco y
Huamanga, tendría salida a Pisco en pocas horas. Esta ruta es, en la práctica,
una futura región.
Este aislamiento en el marco de la crisis del agro, alimenta la migración de
centenares de miles de productores campesinos, hacia las grandes urbes de la
Costa, para convertirse en comerciantes ambulantes, trabajadores informales o
en sectores marginales de la sociedad. Solo Lima concentra la tercera parte de la
población del país, y sigue creciendo. Esta es la raíz del Centralismo que agobia
al Perú.
Conceptos y criterios
Creemos importante precisar algunos conceptos, para comprender mejor el
proceso de regionalización:
¿Qué es Desarrollo?
Es el mejoramiento sostenido de las condiciones económicas y sociales de vida
de una población. Implica el crecimiento de la producción nativa, protegiendo la
naturaleza, la ampliación del mercado interno, el comercio ventajoso con el
exterior y la distribución de la riqueza con equidad.
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¿Qué es Región?
Entendemos que región es el espacio geográfico que favorece la integración
económica y social de determinada población, permitiendo su relación armónica
con el medio ambiente y potenciando su desarrollo sostenido.
Departamento, Provincia y Distrito.
Los Departamentos actuales, son divisiones ficticias, herencia del pasado, que
agrupan espacios desintegrados, favoreciendo el aislamiento geográfico y
económico de esas zonas. Tomemos el caso de Cajamarca: comprende 3
ámbitos separados: Jaén al norte, Chota al centro y Cajamarca - Contumazá al
sur, cada uno con un acceso distinto a hacia la Costa. El caso de Ayacucho: al
norte Huamanga-Huanta y al sur Puquio – Coracora. Mientras los primeros se
comunican a diario con Pisco, los otros lo hacen igualmente con Nazca.
Estos Departamentos deben ser desechados y sustituidos por las nuevas
Regiones, entendidas como efectivas unidades administrativo-políticas de
integración, en las que concurran todos los agentes económicos, potenciando su
desarrollo productivo y social. La Región a su vez, agruparía a las provincias.
La Provincia viene a ser el componente básico de la Región. Esta debe
entenderse como un ámbito administrativo con características geográficas y
económicas comunes o integrables, como por ejemplo una cuenca hidrográfica o
parte de ella. En este espacio geográfico, su población mantiene costumbres y
tradiciones típicas que le dan identidad. Podría comprenderse el concepto de
Provincia como una Sub-región. Según ello, las provincias actuales tendrían que
replantearse, tomando en cuenta los nuevos criterios de demarcación geográfica.
El Distrito comprende a una localidad determinada, que agrupa distintos
poblados de diferente orden, y viene a ser la célula básica de la actividad
productiva y de la vida democrática. La mayor parte de distritos actuales se
mantendrían como tales.
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Qué elementos deberían considerarse en la determinación de una Región?
Asegurar la integración vertical de recursos de la Costa Sierra y Selva (diversidad
de pisos ecológicos).
Distribuir equitativamente en el país, el potencial y ventajas que posee cada zona
natural.
Fortalecer los circuitos de intercambio comercial actuales y potenciales.
Unificar la administración de las cuencas hidrográficas principales.
Consolidar las vías de penetración (actuales y en proyecto) que atraviesen los
Andes, mediante carreteras y ferrocarriles.
Propiciar la interconexión de las ciudades más importantes.
Acercar las zonas productivas a los mercados de consumo.
LAS MUNICIPALIDADES
La Municipalidad, también llamado gobierno local. El gobierno municipal de
tu distrito es todavía más próximo que el de tu provincia.
El gobierno central cuya cabeza es el Presidente de la República, se ocupa
de las grandes cuestiones nacionales.
El municipio -que es una asociación de familias-, el municipio –donde eres
más vecino que propiamente ciudadano- se ocupa de asuntos que tienen que ver
con tu vida cotidiana como el alumbrado público, el recojo de la basura, la
limpieza de las calles y avenidas, el buen estado de los parques, el ornato de la
ciudad, el tránsito de peatones y vehículos, el cuidado de veredas y pistas.
Las municipalidades son provinciales y distritales. Tienen autonomía
política, económica y administrativa.
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Las funciones ejecutivas corresponden al Alcalde. El Consejo (distrital o
provincial) está integrado por regidores elegidos a la vez que el alcalde y tiene el
Concejo funciones normativas (expide normas, principalmente las llamadas
ordenanzas municipales, equivalentes de la ley en el ámbito del Municipio) y
funciones fiscalizadoras.
Los alcaldes y Regidores son elegidos por sufragio directo y por un período
de cinco años. Pueden ser reelegidos.
Los extranjeros residentes pueden elegir y ser elegidos en elecciones
municipales. Lo que subraya su carácter más vecinal que político.
Las municipalidades son competentes para aprobar su organización y su
presupuesto; administrar sus bienes y rentas; crear, modificar y suprimir
contribuciones, tasas,, licencias y otros arbitrios municipales; organizar los
procesos públicos locales; planificar el desarrollo urbano y rural, etc.
La capital de la República y las capitales de provincias con rango
metropolitano tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. El
mismo tratamiento se aplica para la Provincia Constitucional del Callao y para las
provincias de fronteras.
A propósito del Callao, el puerto de Lima y el principal puerto del Perú y
uno de los más importantes del Pacífico, no es provincia que pertenezca a un
departamento y tampoco es departamento sino que tiene una condición peculiar y
es Provincia Constitucional. Se ganó ese título, otorgado por don Ramón Castilla,
al resistir, en 1856 y en defensa de la Constitución, el asalto de las tropas del
general Manuel Ignacio de Vivanco.
SEGUNDA SESIÓN
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EXAMEN PARCIAL II
VI UNIDAD
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
PRIMERA SESIÓN
REGIMEN DE EXCEPCIÓN: ESTADO DE EMERGENCIA Y ESTADO DE SITIO
El régimen de excepción consiste en la suspensión de las garantías que
protegen determinados derechos constitucionales y la consiguiente atribución de
poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo para que ejercite un control enérgico
113
de la paz y del orden interno en circunstancias graves de intranquilidad o conflicto
interno, o de catástrofes naturales que pueden conducir a alteraciones en la vida
normal de las personas. Por ser una situación anormal, el Poder Legislativo debe
ser inmediatamente informado para que tome las medidas pertinentes de control
político y ejercicio de su representación popular.
En realidad, es la constitucionalización de una forma de dictadura temporal,
para hacer frente a situaciones sociales y políticas especialmente graves.
ESTADO DE EMERGENCIA
El estado de emergencia es el menos fuerte de los dos. Cuando es
impuesto se puede suspender solamente las garantías referentes a las libertades
de reunión, de tránsito en el territorio, la libertad y seguridad personales y la
inviolabilidad del domicilio. Esto quiere decir que las personas pueden ser
detenidas, prohibidas de viajar, impedidas de reunirse en lugares públicos o
privados y que las autoridades pueden allanar los domicilios sin necesidad de
mostrar orden judicial, como normalmente de be ocurrir.
El estado de emergencia, se produce cuando hay perturbación de la paz o
el orden interno o desastres naturales que afectan la vida de la nación y dan lugar
a la suspensión o restricción de ciertos derechos constitucionales. El plazo no
puede exceder de sesenta días y su prorroga requiere de nuevo decreto; las
Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.
ESTADO DE EMERGENCIA
El estado de sitio es una medida aplicable a situaciones sumamente graves
como invasión, guerra exterior o guerra civil y en su vigencia, se suspende las
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garantías referentes a todos los derechos, salvo las que expresamente se
mantengan en vigencia. Por la inmensa cantidad de poderes que asume el Poder
Ejecutivo, la Constitución ordena que el congreso se reúna de pleno derecho para
que así haga una estricta vigilancia de la conducta del ejecutivo y controle
drásticamente los excesos que pueda cometer. Dada la carencia de derechos
efectivos durante el estado de sitio para las personas, el plazo es más reducido
que en el estado de emergencia, es decir de curenticinco días, la prorroga
requiere la aprobación del Congreso.
SEGUNDA SESIÓN
DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO.- FINALIDAD CONSTITUCIONAL
DE LA PNP
DEFENSA NACIONAL Y ORDEN INTERNO
CONCEPTO.- La Defensa Nacional, constituye el conjunto de acciones y
previsiones que permite la supervivencia y permanencia del estado, incluyendo su
integridad, unidad y facultad de actuar con autonomía en lo interno y libre de
subordinación en lo externo, posibilitando que el proceso de desarrollo se realice
en las mejores condiciones.
SIGNIFICADO Y ALCANCE
Si se tiene en cuenta que la finalidad esencial del Estado –además de la
seguridad- es el Bienestar, lo deseable es que éste se logre fundamentalmente,
en un ambiente de paz. Por consiguiente, la Defensa Nacional adopta medidas
para preservar ese ambiente de paz, necesario para que el país desarrolle sus
actividades sin temor y progreso sin interferencias extrañas a la Nación.
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Sin embargo en la vida de los Estados surgen y así lo confirma la historia
oposición de intereses, disputas ideológicas, ambiciones de predominio,
atentados a la soberanía, conflictos territoriales, etc, que en lugar de vincularlos
armónicamente, los desunen a veces hasta el extremo de enfrentarlos como
adversarios en potencia o incluso declarados, generándose así las diferencias y
conflictos entre los Estados.
La Defensa Nacional abarca así, el conjunto de medidas y previsiones
tendientes a:
Asegurar la tranquilidad interna y externa, a fin de permitir el libre ejercicio
de las actividades nacionales para la obtención de Bienestar
Planear y conducir las luchas permanentes en la paz
Prever la guerra y preparar al país para afrontarla con posibilidades de
éxito y conducirla hasta su término.
Recuperar al país después de la misma, volviendo a las condiciones
normales de la paz.
Preparar a la población para hacer frente a los efectos de desastres,
ocasionados por la naturaleza o por acción del enemigo.
Tales medidas y previsiones se materializan en planes, destinados a preparar
y conducir las acciones internas y externas de la Defensa, efectuar la movilización
integral y la preparación del país en caso de conflictos: cuyo conjunto constituye
el Plan de defensa Nacional. La concepción, preparación y ejecución de estos
planes, compete no sólo al Gobierno y a sus diversas autoridades públicas y
privadas, porque en ello se pone en juego el propio destino de la patria.
Consecuentemente, la Defensa Nacional es un deber común de toda la
ciudadanía, sin distinción de clases, edades, ni sexos.
FINALIDAD
La Defensa Nacional tiene las siguientes finalidades:
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Mantener la inviolabilidad de la soberanía e independencia del país y el
ejercicio absoluto de su libertad de acción, así como la integridad de su
patrimonio espiritual y material.
Vencer las resistencias que otros Estados opongan a la consecución de los
objetivos de Desarrollo y defensa nacionales, e impedir que dichos Estados
logren objetivos que resulten vulnerables para el país.
Hacer frente a los desastres o sinistros causados por fenómenos de la
naturaleza, así como a los efectos de la configuración bélica interna o
externa y a cualquier otra causa que afecte significativamente a la
población nacional.
CARACTERÍSTICAS
La Defensa Nacional tiene la siguiente caracterización:
a) Es permanente
b) Actúa contra todas las formas de agresión
c) Es integral
d) Abarca los ámbitos interno y externo
e) Es preventiva
f) Actúa en todos los campos de actividad o dominio.
FUERZA ARMADAS Y POLICIA NACIONAL
Las Fuerzas Armadas (artículo 163º y siguientes) están constituidas por el
ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.
“Su finalidad primordial es garantizar la independencia, la soberanía y
la integridad territorial de la república.”
También pueden asumir el control del orden interno si el Presidente de la
República, al declarar el estado de emergencia o de sitio, así lo dispone.
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La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y
restablecer el orden interno.
Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad.
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público
o privado.
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las
fronteras.
El Presidente de la República es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y
de la Policía Nacional, puesto que es el Jefe del Estado; y las Fuerzas Armadas y
la policía Nacional son órganos del Estado.
Una reforma trascendental ha sido introducida en marzo del 2005, por Ley
Nº 28480, que permite el ejercicio del derecho al voto y a la participación
ciudadana de los miembros de la Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Tradicionalmente se afirmaba que prohibirles el ejercicio de estos derechos se
justificaba en el principio de supremacía del poder civil y la necesidad de evitar
que los miembros de tales instituciones sean deliberantes y participen con la
fuerza de las armas en la vida política del país. Asimismo, se decía que ello
garantizaba su neutralidad, la disciplina castrense y fortalecía la unidad de las
Fuerzas Armadas, que se vería severamente afectada si se suscitarán
enfrentamientos ideológicos en los cuarteles.
FINALIDAD CONSTITUCIONAL DE LA PNP
Son funciones primordiales de la PNP (Art. 166º Constitución), mantener el
orden interno, preservar, conservar el orden público, garantizar la vigencia de las
leyes; protege a las personas, los bienes y prevenir y combatir la delincuencia.
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La PNP, participa en la Defensa Nacional y tiene asignada
constitucionalmente la tarea de participar en el desarrollo económico y social del
país. Esta es una de las funciones más importantes en tiempos de paz, pues
constituyen instituciones públicas de alta disciplina, eficacia y excelente
organización, lo que les permite aportar sustantivamente al logro de un Perú cada
vez más desarrollado.
PRIMERA SESIÓN
JURISDICCIÓN DE TIPO ESPECIAL Y DEL PODER JUDICIAL.-JURISDICCIÓN
SUPRANACIONAL
JURISDICCIÓN.- Es la atribución que tienen todos los magistrados del Poder
Judicial que han sido nombrados debidamente para sus cargos para administrar
justicia en nombre del Estado.
COMPETENCIA.- Es la atribución que tiene cada Magistrado Judicial, de ejercer
su jurisdicción en un tipo determinado de casos y no en otros; v.g. el Juez Civil es
competente en asuntos civiles, el Juez Penal, es competente en asuntos penales,
etc.
El artículo 139º de la Constitución Política del Perú, establece que la
potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial.
Entre unos de los principios y derechos en la administración de justicia se
cuenta lo siguiente: “Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La
Constitución sólo reconoce el fuero ordinario, el fuero militar y la
jurisdicción arbitral”
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JURISDICCIÓN DE TIPO ESPECIAL Y DEL PODER JUDICIAL
FUERO ORDINARIO
Las Salas Superiores y Juzgados son un cuerpo unitario, lo que equivale a decir
que todos y cada uno de ellos dependen de la autoridad jerárquica Superior de la
Corte Suprema de Justicia; esta jurisdicción ordinaria, se somete toda persona
que ha incumplido los derechos y obligaciones que demanda la ley, así como los
que cometen delitos y faltas, en contravención con las leyes vigentes. V.g: Si Olga
tiene un hijo de Jaime y este último no le pasa alimentos a su cónyuge, esta tiene
todo el derecho de recurrir al órgano jurisdiccional para solicitar tutela
jurisdiccional efectiva; o el delincuente que comete delito contra el patrimonio y
asesinato, será juzgado por la Sala Penal correspondiente del Poder Judicial.
FUERO MILITAR
La Constitución del Perú reconoce la jurisdicción militar, para ser juzgados
los delitos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en
ejercicio de sus funciones, los de traición a la patria en caso de guerra exterior y
los referentes al servicio militar obligatorio. Fuera de estos casos, la justicia militar
no puede pronunciarse sobre proceso judicial alguno. v,g: Juan policía del año, en
cumplimiento de su deber, hace uso del armamento de reglamento, para defender
su base ante un ataque inminente de elementos subversivos, matando
involuntariamente a un transeúnte que se acerco por el lugar de enfrentamiento,
en este caso claro Juan será sometido al fuero militar, para determinar si cometió
delito, Negligencia o exculpación.
FUERO ARBITRAL
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Adicionalmente, se permite la jurisdicción arbitral. El árbitro es un Juez
nombrado expresamente por las partes en un conflicto que tienen entre ellas, para
que resuelva obligatoriamente dicha diferencia. Los árbitros son permitidos en
varios casos mas no en todos (v.g: los problemas penales y de delitos no pueden
ser materia de arbitraje) y su fundamento consiste en que las partes tienen el
derecho de autorizar a otro que resuelva el problema por ellos.
JURISDICCIÓN SUPRANACIONAL
El artículo 205º, reconoce la jurisdicción Internacional, es decir que agotada
la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la
Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos
internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es
parte.
El artículo 114º del Código Procesal Constitucional, establece que los
organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se
considere lesionada en los reconocidos por la Constitución, o los tratados sobre
derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Son: el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados americanos y aquellos otros que se
constituyan en el futuro y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú.
SEGUNDA SESIÓN
GARANTIAS CONSTITUCIONALES
121
La vigente Constitución del Perú, dedica un título al tema de las Garantías
Constitucionales y en la actualidad tenemos:
ACCIÓN DE HABEAS CORPUS.- Es una acción de garantía constitucional que
procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona, que vulnera o amenaza la libertad individual.
Sus características son las siguientes:
Es una acción de garantía
Es de naturaleza procesal
Sirve para defender la libertad personal
La finalidad que persigue la acción de Habeas Hábeas es el restablecimiento de
la libertad personal.
ACCIÓN DE AMPARO.- Es una acción de garantía constitucional que se
interpone cuando se vulnera los derechos reconocidos por la Constitución que no
sea el de la libertad personal, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona.
Sus características son las siguientes:
Es una acción de garantía constitucional
Es de naturaleza procesal
Defiende los derechos constitucionales, a excepción de la libertad
personal.
La acción de Amparo tiene un radio de aplicación más amplio que el Habeas
Hábeas, que si bien incide sobre actos y omisiones que vulnera o amenaza a
semejanza de la acción de Habeas Hábeas, lo particular es la amplitud de los
derechos que protege.
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ACCIÓN DE HABEAS DATA.- La acción de Habeas Data es una garantía
constitucional que procede contra un hecho u omisión por parte de cualquier
autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se
refiere el Art. 2º, Inc. 5 y 6 de la Constitución.
Sus características son las siguientes:
Es una acción de garantía constitucional
Es de naturaleza procesal
Sirve para defender los derechos informáticos
Esta garantía esta orientada a hacer posible el pleno ejercicio de los derechos
informáticos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.- Es una acción constitucional que
procede contra normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos,
decretos de urgencia, tratados, reglamentos del congreso, normas regionales de
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en
la forma y en el fondo.
ACCIÓN POPULAR.- La acción Popular es una garantía constitucional que
procede por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos,
normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera
sea la autoridad de la que emanen.
Sus características son las siguientes:
Protege la Constitución y las leyes de la normatividad administrativa del
ejecutivo y otros organismos afines del Estado, que las contradigan o
contravengan
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Se formula contra reglamentos y normas administrativas y contra las
resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad
que emane.
Se entabla ante el Poder Judicial.
Esta acción de garantía es el remedio para defender la constitucionalidad y la
legalidad frente a normas administrativas que las contradicen. Es pues un
remedio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas
inferiores como son las de nivel administrativo. Se diferencia de la acción de
Amparo y del Habeas Hábeas, en que estas defienden la constitución frente a
actos, la Acción Popular la defiende frente a normas.
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO.- La acción de Cumplimiento es una garantía
constitucional que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a
acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.
Sus características son:
Es una acción de garantía Constitucional
Es de naturaleza procesal
Sirve para hacer acatar la ley o un acto administrativo a las autoridades o
funcionarios renuentes.
Esta acción de garantía, de naturaleza especial y rápida tienen como objetivo
poder ayudar a dar seguridad a los ciudadanos y a la población en general.
PRIMERA SESIÓN
EL PROCESO CONSTITUCIONAL.- PROCEDIMIENTO E INICIATIVA
EL PROCESO CONSTITUCIONAL
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Sistematiza y regula los siete procesos constitucionales que recoge la
Constitución de 1993 y que se encontraban legislados en forma dispersa en
diferentes normas especiales: Habeas Córpus, Amparo, Habeas Data, Acción de
Cumplimiento, Acción Popular, Acción de Inconstitucionalidad y conflicto de
competencia.
Se reconoce que estamos ante procesos de índole constitucional, dejando de
lado términos como acciones o garantías constitucionales, tan recurridas en
nuestro medio forense; asimismo deja de lado el nombre de Recurso de nulidad
por un nomen juris mas adecuado y moderno, como es el de recurso de Agravio
Constitucional.
El flamante Código Procesal Constitucional se sistematiza a través de un
Título Preliminar compuesto de 9 Artículos; trece Títulos con 121 Artículos; una
Disposición Final con 7 Artículos; y una Disposición Transitoria y Derogatoria con
2 Artículos.
Del Título Preliminar, se desprende un aspecto interesante en su séptimo
Artículo que señala que las Sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren
la calidad de cosa juzgada, constituyen precedente vinculante cuando así lo
expresa la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo.
Entre los nuevos derechos incluidos en el proceso de Amparo, debemos de
resaltar; el derecho a la igualdad y no ser discriminado por razón de origen,
orientación sexual y condición económica, social; el derecho a la negociación
colectiva y huelga; a la tutela procesal efectiva; a la seguridad social y la
remuneración y pensión entre otros.
Se establece que en el proceso de Amparo, no se puede plantear
reconvención ni abandono, sino solo el desistimiento.
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PROCEDIMIENTO E INICIATIVA:
PROCESO DE HABEAS CORPUS
La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por
cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco
requerirá firma del letrado, tasa o alguna otra formalidad. También puede
interponerla la Defensoría del Pueblo.
La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa
o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo.
Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez o
Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los
hechos.
La demanda de habeas Corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin
observar turnos.
PROCESO DE AMPARO
El afectado es la persona para interponer el proceso de amparo.
El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta
días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido
conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la
demanda.
Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del
demandante, el juez civil del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su
domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de la infracción
Asimismo se requiere el agotamiento de la vía previa.
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PORCESO DE HABEAS DATA
El procedimiento de habeas data será el mismo que el previsto por el
presente Código para el proceso de amparo, salvo la exigencia del patrocinio de
abogado que será facultativa en este proceso.
Para la procedencia del habeas data se requerirá que el demandante
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta.
De oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del
procedimiento y antes de dictar sentencia, el Juez está autorizado para requerir al
demandado que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos,
la remisión de la información concerniente al reclamante; así como a solicitar
informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la
recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la
causa que estime conveniente. La resolución deberá contener un plazo máximo
de tres días útiles para dar cumplimiento al requerimiento expresado por el Juez.
PROCESO DE CUMPLIMIENTO
Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas
con rango de ley y reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el
cumplimiento de un acto administrativo, sólo podrá ser interpuesto por la persona
a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del
deber omitido.
Tratándose de la demanda de derechos con intereses difusos o colectivos,
la legitimación corresponderá a cualquier persona. Asimismo la Defensoría del
Pueblo puede iniciar proceso de cumplimiento.
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El procedimiento aplicable a este proceso será el mismo que el previsto por
el presente Código para el proceso de amparo, en lo que sea aplicable. El Juez
podrá adaptar dicho procedimiento a las circunstancias del caso..
PROCESO DE ACCIÓN POPULAR
La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier
persona.
La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder
Judicial:
Son competentes:
1. La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del
Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto
de la acción popular es de carácter regional o local.
2. La Sala correspondiente de la Corte Suprema de Lima, en los demás
casos.
El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco
años contados desde el día siguiente de publicación de la norma.
PROCESO DE INCOSNTITUCIONALIDAD
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La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal
Constitucional y sólo puede ser presentada por los órganos y sujetos indicados en
el artículo 203 de la Constitución.
En el proceso de inconstitucionalidad no se admiten medidas cautelares.
Admitida la demanda y en atención al interés publico de la pretensión
discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con
prescindencia de la actividad o interés de las partes.
El proceso sólo termina por sentencia; el Tribunal dicta sentencia dentro de
los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.
PROCESO COMPETENCIAL
El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se suscriben sobre las
competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las
leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los
órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales y que opongan:
1. Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales
2. A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí
3. A los Poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos
constitucionales o estos entre sí.
Los poderes o entidades en conflicto actuarán en el proceso a través de sus
titulares. Tratándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá
contar con la aprobación del respectivo pleno.
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SEGUNDA SESIÓN
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
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