Sintesis informativa 20 de abril de 2017
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Huelga de choferes en Oaxaca reúne fuerzas; preparan manifestaciones EMILIO MORALES El pulpo camionero hasta a los de casa atropella. Juan Zavala Las secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y de Vialidad y Transporte (Sevitra) han ignoarado el acuerdo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para detener el 60 por ciento de las unidades de las empresas Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca (Tucdosa) e integrarlos a la huelga de los trabajadores. La resolución de la autoridad laboral se dictó el pasado lunes 17 de abril y, hasta ayer, ninguna de las dos dependencias ha procedido a la retención de los vehículos. “No lo han hecho seguramente por todos los movimientos de la señora Candiani en Derechos Humanos, en la Junta, trasladando camiones, tratando de bloquear vialidades”, aseguró el secretario general de Choferes del Sur y Tucdosa, Alejandro González Forastieri.
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Huelga de choferes en Oaxaca reúne fuerzas;
preparan manifestaciones
EMILIO MORALES
El pulpo camionero hasta a los de casa atropella.
Juan Zavala
Las secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) y de Vialidad y Transporte (Sevitra) han
ignoarado el acuerdo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para detener el 60
por ciento de las unidades de las empresas Choferes del Sur y Transportes Urbanos de la Ciudad
de Oaxaca (Tucdosa) e integrarlos a la huelga de los trabajadores.
La resolución de la autoridad laboral se dictó el pasado lunes 17 de abril y, hasta ayer, ninguna de
las dos dependencias ha procedido a la retención de los vehículos.
“No lo han hecho seguramente por todos los movimientos de la señora Candiani en Derechos
Humanos, en la Junta, trasladando camiones, tratando de bloquear vialidades”, aseguró el
secretario general de Choferes del Sur y Tucdosa, Alejandro González Forastieri.
Bajo este escenario, el dirigente sindical informó que, conjuntamente con grupos sociales del
estado que apoyarán el movimiento de huelga, tomarán acuerdos para realizar movilizaciones en
la capital de Oaxaca en las cuales exigir al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa,
intervenga en el conflicto laboral a favor de los trabajadores.
Las protestas, dijo, son porque hay elementos para suponer que el gobierno estatal favorece a las
empresas y a la presidenta del Consejo de Administración de ambas, Alejandra Gómez Candiani.
“Desafortunadamente no nos dejan otro camino que
manifestarnos con los grupos sociales y pedir la
intervención del gobierno. Porque parece que se
favorece de alguna manera estas actitudes de una
señora intransigente e ignora el derecho de los
trabajadores”.
Una de las organizaciones que ha ofrecido apoyo al movimiento sindical es la Corriente del
Pueblo Sol Rojo, además de sindicatos independientes. Esta agrupación política es una escisión
del Frente Popular Revolucionario (FPR) tras diferencias en la reivindicación de demandas
sociales y presos políticos.
González Forastieri también reprochó la traición de algunos de los operadores de los camiones
urbanos que originalmente apoyaron la huelga, paro parcial de labores que inició el pasado 20 de
marzo para exigir mejores condiciones labores y la renovación del contrato colectivo de trabajo.
“Es obvio que la empresa, que la señora Candiani, sigue manipulando toda esta situación, mal
aconsejando a operadores para hacer un movimiento contrario de los compañeros trabajadores de
la huelga”.
Esto parece indicar, afirmó, que seguirá teniendo visos muy difíciles de resolver porque la
representante de las empresas no quiere dejar entrar ni trabajar al sindicato de ninguna manera y
lo que ha propiciado es la división entre los trabajadores.
Cuadruplican costo de tratadoras de agua en Oaxaca
EMILIO MORALES
Plantas de tratamiento, barril sin fondo.
Juan Zavala
En 2010, los Gobiernos municipales pagaron 5 millones 456 mil pesos por la construcción de seis
plantas tratadoras de agua en diferentes partes del estado, este precio sufrió un vertiginoso
aumento en cuatro años, ya que en 2014, los ayuntamientos pagaron poco más de 22 millones de
pesos por cada una de estas obras, según consta en documentos oficiales del Gobierno estatal.
Los Gobiernos municipales de Oaxaca gastaron 257 millones 764 mil pesos entre 2011 y 2015
para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y, a pesar de la inversión, se
redujo 1.3 por ciento la capacidad de tratamiento, de acuerdo a informes oficiales del Gobierno
estatal.
La administración anterior elevó el costo de la construcción de las plantas de tratamiento de
aguas residuales hasta en cuatro veces respecto al costo que tenían en 2010.
Inversión inútil
En comparación con el 2011, en el 2014 se dejaron de limpiar uno de cada de 77 litros de aguas
negras, aún cuando la infraestructura aumentó de 133 a 143 plantas. Se convirtieron así, en un
barril sin fondo o en una inversión inútil.
Los mismos informes del Gobierno del estado detallan que la capacidad instalada en el 2011 era
de 85 millones 997 mil 372 metros cúbicos por año y el volumen de agua tratada de 26 millones
819 mil 45 metros cúbicos por año.
Para el 2014, la capacidad instalada era de 85 millones 504 mil 484 metros cúbicos por años, es
decir, se redujo en 492 mil 888 metros cúbicos por año; mientras que el volumen de agua tratada
fue de 26 millones 472 mil 149 metros cúbicos, es decir, una disminución de 346 mil 896 metros
cúbicos por año.
Otra inversión
La administración anterior tenía proyectado invertir 841 millones 194 mil 386.62 pesos de los
años 2012 a 2016 para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y 189
millones 810 mil 898.95 para el mantenimiento y rehabilitación de plantas de tratamiento en el
mismo periodo, de acuerdo con su plan sectorial en Protección Ambiental. Sin embargo, la
inversión hasta el 2015 apenas superó los 257 millones de pesos.
En este documento, advierte que en materia de saneamiento, el principal problema que enfrentará
la calidad del agua en el país será la falta de infraestructura de tratamiento de las aguas
residuales.
Por tercer día, Lachiguiri mantiene toma en Ciudad
Administrativa tras fallido diálogo con Segego
Ismael García
Oaxaca.- A dos días de la protesta, el diálogo entre la Secretaría General de Gobierno y
habitantes de agencias de San José Lachiguiri y San Sebastián Río Hondo fracasó, lo que derivó
nuevamente en bloqueo carretero y retención de personal en la Ciudad Administrativa. Bloqueo
que hoy continua luego de que los manifestantes pernoctaran en el lugar.
El martes, los pobladores aplicaron la dosis a los burócratas, varios de los cuales respondieron en
un primer evento a la agresividad de los indígenas de la Sierra Sur y con palos dieron cobertura a
personal de base para que pudieran salir por la puerta posterior; el de confianza, pudo salir
después de las 18:00 horas.
Tras su visita a Teotitlán de Flores Magón, la encargada del despacho de la Segego, María del
Carmen Ricárdez Vela, dialogó con los inconformes, que exigen recursos presupuestales de los
ramos 28 y 33 a sus respectivas autoridades municipales.
Incluso, la funcionaria presumió que el acuerdo y la razón se impuso tras el encuentro; sin
embargo, los moradores de Lachuguiri y de Río Hondo permanecieron en el lugar y pasaron la
noche del martes y madrugada del miércoles en el complejo administrativo. En la mañana
nuevamente se manifestaron en el exterior del inmueble, ubicado a un costado de la vía federal
190, en Tlalixtac de Cabrera.
Previamente, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones
Descentralizadas de Carácter Estatal, ordenó a sus afiliados no acudir a laborara ayer miércoles
ante falta de condiciones por la protesta.
Después del mediodía, al no ver satisfechas sus demandas y tras romperse el diálogo, los
inconformes bloquearon los accesos al complejo de oficinas; dos horas después, instalaron un
bloqueo carretero también en la parte posterior, donde colocaron piedras, ramas y troncos.
Según el dirigente de la Unión de Pueblos de la Sierra Sur, Abel Cruz Martínez, la Segego se ha
negado a obligar a la autoridad municipal de San José Lachiguiri, que encabeza Carlos Santos
Cruz, a que entregue las participaciones municipales, por lo cual se pronunciaron por su salida.
Después de las 19:00 horas, la mayoría del personal de confianza logró salir del inmueble pero
los manifestantes continuaron con su protesta, y por segunda ocasión pernoctaron a las afueras de
Ciudad Administrativa. Hoy jueves amagan con intensificar sus protestas.
Incomunican a comunidad de la Costa por lío
electoral, otra vez
Ismael García
Oaxaca.- Habitantes de San Antonio Tepetlapa aislaron por segunda ocasión en el año a sus
vecinos de la agencia de San Pedro Tulixtlahuaca, en el marco de un conflicto postelectoral en
ese municipo de la región de la Costa.
Desde este miércoles por la madrugada, abrieron una zanja a lo largo del camino que comunica a
ambos pueblos, con lo que quedaron aislados los habitantes.
Según informaron los afectados, la acción es promovida por el perredista Dimas Zorroza
Morales, del grupo Izquierda Democrática Nacional, que lidera René Bejarano, y que buscan que
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana les avale una asamblea, en que
eligieron a sus autoridades.
Al momento, son al menos dos mil personas las incomunicadas en dicha localidad, informaron
las autoridades auxiliares.
Prevalece impunidad en comunidades
indígenas que defienden su tierra Dieron a conocer que después de un año y ocho meses de dilación en
resolver un amparo interpuesto en agosto del 2015, emitieron una
sentencia que niega el acceso a la justicia por Diana Manzo el Jueves 20 de abril de 2017 - 05:00:01
Juchitán.- Integrantes de Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) asesorados por la organización social
Proyectos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) denunciaron que prevalece la impunidad
contra comunidades indígenas que defienden su tierra y territorio ante proyectos eólicos debido a que los jueces
favorecen otros intereses ajenos a la comunidad.
Dieron a conocer que después de un año y ocho meses de dilación en resolver un amparo interpuesto en agosto
del 2015, Anastasio Ochoa, juez del Sexto Distrito con sede en Salina Cruz, emitió una sentencia que niega el
acceso a la justicia para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, quienes se oponen a la construcción de un
nuevo parque eólico propiedad de la empresa Eólica del Sur en terrenos de Juchitán y El Espinal.
Juan López Cruz, abogado de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) informó
que la APPJ interpuso un amparo en agosto de 2015 por violaciones a los principios del derecho a la consulta.
“El amparo se presentó por el cierre de la primera consulta indígena que se llevó a cabo en México en el marco
de la reforma energética. Ésta se realizó en Juchitán Oaxaca, en 2014, a través de la Secretaría de Energía
(Sener) para la instalación de un parque eólico de la empresa Eólica del Sur”, dijo.
Explicó que el proceso de consulta, el primero que se realizó en el Istmo de Tehuantepec sobre proyectos
eólicos fue documentado por la Misión de Observación (MO), la cual estuvo integrada por varias
organizaciones, incluido el ProDESC, quienes reportaron distintas violaciones al derecho a la consulta libre,
previa e informada.
“El lunes 17 de marzo de 2017, el juez Anastacio Ochoa Pacheco, finalmente dictó sentencia, pero observamos
que el Juez Sexto de Distrito hizo caso omiso, desestimó y no incluyó en sus argumentos las pruebas
presentadas en video, que evidencían distintas violaciones a los Derechos Humanos de la comunidad, lo cual
nos parece grave”, dijo.
En el amparo se documentó que hubo otorgamiento anticipado de permisos; la falta de información
culturalmente adecuada para la comunidad indígena zapoteca de Juchitán por parte de las autoridades que
llevaron a cabo la consulta; y el cierre de la consulta misma.
“Durante ocho meses, la MO documentó que la consulta no respetó los más altos estándares internacionales
establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que la consulta
indígena debe ser: libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, pero nada de esto ocurrió,
por eso interpusimos el amparo”, dijo.
Isabel Jiménez, integrante de la APPJ y defensora comunitaria, expresó que “la llegada de los parques eólicos a
la región ha derivado en diversas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, principalmente, del
derecho al consentimiento libre, previo e informado y del derecho a la consulta ya que nosotras y nosotros
tenemos también el derecho a elegir nuestro propio desarrollo”.
Recalcó que con la negación de este amparo, las autoridades del estado de Oaxaca están permitiendo que el
ambiente de impunidad que impera en el país sea también el que predomine en la región del Istmo de
Tehuantepec, afectando a las comunidades indígenas que se encuentran en procesos de defensa de sus derechos
a la tierra, al territorio y los bienes naturales ante la industria eólica en México.
Señalaron que además de esta negativa de acceso a la justicia y dilación de respuestas del juez sexto, existe otro
amparo contra la empresa Bii Ioxho propiedad de Gas Fenosa Natural la cual fue interpuesta en el año 2012 y
lleva cinco años sin recibir dictamen.
Por último informaron que el mismo lunes cuando conocieron del dictamen, de inmediato presentaron un
recurso de revisión ante los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en la ciudad de Oaxaca.
En Octubre del 2014, el gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Energía (Sener) publicaron en la comunidad de
Juchitán el desplegado de inicio de la Consulta Previa sobre el megaproyecto Eólica del Sur, dando a conocer
el Protocolo para la implementación del proceso para llevarla a cabo.
El proyecto Eólica del Sur implica la generación de energía eoloeléctrica (generada por viento) en modalidad
de autoabastecimiento, mediante la instalación de 132 aerogeneradores en los municipios de Juchitán y El
Espinal, en el estado de Oaxaca.
Lamenta Peimbert Calvo que las investigaciones oficiales se encuentren estancadas
Denuncian que persisten las agresiones contra víctimas del
desalojo en Nochixtlán
Ante las omisiones, los afectados han recurrido a instancias internacionales para
solicitar justicia
DIANA MANZO
Corresponsal
Juchitán, Oax.
Arturo Peimbert Calvo, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, informó
que a 10 meses del caso Nochixtlán continúan las agresiones hacia las víctimas del desalojo
perpetrado por policías federales contra pobladores y maestros de la sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó ocho muertos y más
de 100 heridos.
Expuso su preocupación debido a que Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité
de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán, sufrió un atentado el pasado 5
de marzo en el que fue baleado en un pierna, por lo que se solicitaron medidas cautelares a
quienes exigen justicia en el caso.
Dijo que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, e
integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán,
coincidieron en que la investigación no puede seguir retrasándose y el Estado mexicano debe
generar las condiciones para que las indagatorias permitan esclarecer lo ocurrido en esa fecha de
2016 en dicha población oaxaqueña.
Peimbert Calvo resaltó que el de Nochixtlán es el primer caso de violaciones graves a los
derechos humanos que se dirimirá dentro del nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial y
expresó su confianza en que los recientes acuerdos tomados con el titular de la PGR permitan
avances sustanciales.
Recordó que el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de Junio de Nochixtlán
presentó ante la PGR 12 puntos en materia de derechos humanos, pues la falta de avances
favorece la impunidad, alienta las agresiones a las víctimas, a los familiares de las personas
fallecidas y a sus defensores, por lo que es necesario visibilizar la dilación con la que las
autoridades están actuando.
Dijo que las agresiones obligaron a que se buscaran otros espacios en los que las víctimas
pudieran acceder a garantías de seguridad y que coadyuven al acceso a la justicia. Por ello,
enfatizó, se solicitó audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
exponer el caso en la próxima sesión del organismo en junio de este año.
El defensor agregó que en el seguimiento a las investigaciones se tiene el apoyo de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
A negociación, eliminación del fuero en Congreso
de Oaxaca; PRI rechaza firmar acuerdo
CARLOS ROMAN VELASCO
El desafío del congreso estatal sobre mantenimiento o abolición del fuero.
Luis Ignacio
Los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la 6e
legislatura Horacio Antonio Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), y León Leonardo Lucas, del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), firmaron ya el dictamen para la eliminación del
fuero constitucional a servidores públicos y representantes populares.
En tanto que los diputados priístas, Donovan Rito García y Adriana Atristain Orozco, se negaron
a firmar el documento que este sábado será puesto a discusión del pleno de la legislatura, con el
argumento de que el gobernador del estado no puede quedarse sin la protección del fuero
constitucional.
Esta previsto que el próximo sábado cuando concluya el primer periodo ordinario de sesiones de
la actual legislatura, los 42 legisladores discutan y, en su caso, aprueben o rechacen el dictamen
elaborado por la comisión. Aunque otra posibilidad es que se regrese a la comisión, a fin de
volver a discutir si es proceden o no retirar el fuero al titular del Poder Ejecutivo.
El vice presidente de la fracción parlamentaria del PRD, Horacio Antonio Mendoza, aseveró que
esta es una oportunidad histórica para que Oaxaca se ponga a la vanguardia en materia de
procuración de justicia y combate a la impunidad.
“Ahora cuando los ciudadanos exigen acabar con la
corrupción y abatir la impunidad, es necesario que los
legisladores oaxaqueños tengamos la sensibilidad y
responsabilidad necesaria para hacer leyes a favor del
pueblo; sin duda, existe un gran malestar porque vemos
que la justicia no acaba de cumplir su cometido, que es
castigar a quienes cometan una violación a la ley
independientemente si labora en una empresa privada,
en el Congreso estatal o en el gobierno del estado, eso
no puede ser obstáculo para sancionar la comisión de
delitos”.
Expresó que su partido ha sido un permanente promotor de la desaparición del fuero, “pues no es
posible que existan ciudadanos de primero y de segunda, en función del empleo que
desempeñan”.
Manifestó que los legisladores perredistas darán el debate el próximo sábado, durante la
discusión del dictamen en la sesión del pleno, “porque estamos convencidos de que es necesario
ya terminar con tanta impunidad y abuso de poder de los servidores públicos y representantes
populares”.
“Los priístas buscan por todos los medios evitar que el gobernador del estado pierda su fuero,
pero los legisladores perredistas insistimos que es necesario que todos los servidores públicos no
tengan una protección adicional para presentarse ante la justicia en caso de la comisión de un
delito, porque de esta forma se sitúan por encima de los ciudadanos y la sociedad se divide entre
quienes pueden evadir la acción de la justicia y entre quienes no”.
Tres personas asesinadas a balazos en
Pochutla y Sola de Vega
Una persona fue asesinada a balazos en Santa Catarina Loxicha, Pochutla.
Tomás Martínez
Tres personas fueron asesinadas a balazos, dos en el distrito de San Pedro Pochutla y otro más en
la comunidad de Sola de Vega, tomando conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el reporte de la policía, el primer caso ocurrió en la comunidad de Toro Mocho,
San Antonio Cofradía perteneciente a San Pedro Pochutla, donde fue localizado el cuerpo sin
vida de Victoriano J., al presentar varios impactos de arma de fuego.
El síndico municipal de Santa Catarina Loxicha, Marcelo Sánchez Bautista, fue quien reportó el
hallazgo del cuerpo sin vida en el paraje Cerro del Toro Mocho de la citada comunidad.
A la zona acudieron los elementos de la policía municipal y posteriormente los agentes
investigadores y peritos para realizar las diligencias, confirmando que la persona presentaba
lesiones producidas por arma de fuego y que le causaron exposición de masa encefálica.
Albina M.R. compareció ante el agente del Ministerio Público para reclamar el cuerpo sin vida de
su esposo y pidió que se investigue el caso para localizar al presunto responsable.
Asesinado a plomazos
De igual forma, en el cerro Antonio de la comunidad de Santo Domingo de Morelos
perteneciente a San Pedro Pochutla, fue localizado el cuerpo sin vida de una persona que
presentaba varios impactos de arma de fuego calibre 22.
La autoridad municipal de Santo Domingo de Morelos mencionó que los hechos ocurrieron en el
paraje Paso San Antonio del citado municipal, donde fue localizado sin vida Pedro Pascual R.H.
de 28 años de edad.
Ana Sebastián M. compareció ante el agente del Ministerio Público para reclamar el cuerpo sin
vida de su esposo, Pedro Pascual, indicando que fue originario de El Corazal, Magdalena Loxicha
e ignora como ocurrieron los hechos. Del caso se inició el acta penal por el delito de homicidio.
Muerto en Tlacotepec
Y por último, en el basurero de la comunidad de San Jacinto Tlacotepec, Sola de Vega, fue
localizado el cuerpo sin vida de Ezequiel R.P., de 30 años de edad, que presentaba varios
impactos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo.
Los peritos y agentes investigadores al realizar la inspección ocular corroboraron que presentaba
orificios al parecer de proyectil de arma de fuego.
En el lugar fueron localizados casquillos percutidos al parecer calibre 22 y del caso se abrió la
carpeta de investigación 35/F.S.V./2017 por el delito de homicidio.
Fortino R.P. reclamó el cuerpo sin vida de su hermano y dijo desconocer quienes fueron los
presuntos responsables. La causa de la muerte fue traumatismo craneoncefálico con fractura,
hemorragia intracraneana, lesión cerebral ocasionada por lesiones de proyectil disparado por
arma de fuego.
Ejecutan a presunto asesino de Miroslava
en Chihuahua Junto al cadáver del sujeto identificado como Gabriel Ochoa Cárdenas, se encontró una cartulina que lo señala como responsable del asesinato de la periodista.
La cartulina encontrada junto al cadáver de Gabriel Ochoa Cárdenas lo señala como presunto asesino de
la periodista. (Especial)
MILENIO DIGITAL19/04/2017 11:10 PM
Ciudad de México A menos de 24 horas de que el gobernador Javier Corral Jurado afirmara que se tienen identificadas a las personas que participaron en la ejecución de la periodista, Miroslava Breach Velducea, la tarde de este martes fue ejecutado un sujeto que presuntamente participó en el crimen.
Los hechos se registraron a las 17:00 horas en un taller mecánico ubicado en las calles Río Yaqui y Río Bravo de la colonia Junta de los Ríos de Chihuahua, en cuya capital el pasado 23 de marzo fue abatida la periodista de ocho tiros a la cabeza.
Junto al cadáver, los agentes aseguraron un arma corta calibre 38 Super, similar a la que se utilizó para asesinar a Breach Velducea, quien se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue sorprendida mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la secundaria.
Entre las evidencias que fueron aseguradas, y por el cual se abrió una carpeta de investigación relacionada con el atentado a la periodista, destacó una cartulina en el que se le señalaba como el autor material del crimen de Miroslava Breach.
"Este es el marrano que asesinó a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha Esto (sic), es la prueba de que no queremos marranos haciendo Injusticia", se resaltaba en este material que fue dejado por un par de sujetos en el lugar.
En la citada cartulina se habla de Arturo Quintana, alías "El 80", quien tiene el control de la organización delictiva La Línea, en la zona occidente de la entidad.
También se vinculó a Pablo Ernesto Rocha, quien recientemente fue titular de la Policía Estatal Única.
Al ser entrevistado sobre las evidencias encontradas en la ejecución de dicho sujeto, quien fue identificado como Gabriel Ochoa Cárdenas, de 55 años de edad, y supuesto ex instructor de la Academia de la PEU, el fiscal general, César Peniche Espejel, confirmó que se investiga su relación con el crimen de la periodista.
"Por el momento no podemos hacer un pronunciamiento, estamos haciendo las diligencias para establecer si se trata de alguna de las personas que tenemos identificadas dentro de nuestra investigación", dijo.
"Efectivamente (los victimarios) dejaron un mensaje y en términos de ese mensaje vamos a verificar su contenido y ver cuál es la intención, porque desde luego, para que podamos considerar su contenido, debe ser congruente con las evidencias que hemos investigado", explicó Peniche.
Acuerdo entre los procuradores Raúl Cervantes Andrade y Jeff Sessions
Cede México y Tomás Yarrington será extraditado de Italia a
Estados Unidos
JESÚS ARANDA Y GEORGINA SALDIERNA
El ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba será extraditado de Italia a
Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, que alcanzan penas de dos cadenas
perpetuas y 90 años de prisión, acordaron el procurador general de la República, Raúl Cervantes
Andrade, y su homólogo estadunidense, Jeff Sessions.
En el contexto de la visita de Cervantes a Washington, se dio a conocer un comunicado
conjunto donde se afirma que ambos países resolvieron solicitar al gobierno italiano que
‘‘otorgue precedencia a la solicitud de Estados Unidos, así como buscar su autorización para la
rextradición de Yarrington a México’’.
El ex mandatario tamaulipeco fue detenido el 9 de abril pasado en la ciudad italiana de
Florencia. El pasado 10 de abril, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la
Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, señaló que, debido a que
tanto Estados Unidos como México habían solicitado la detención de Yarrington con fines de
extradición, Italia –que tiene acuerdos en la materia con ambos países– era la que decidiría.
La detención, resultado de la cooperación entre los tres países
Aunque Elías Beltrán comentó: ‘‘Lo importante es que se juzgue y se sancione cualquier acto de
delincuencia organizada o corrupción política’’ en México o en cualquier parte del mundo.
Ayer, los procuradores Cervantes Andrade y Sessions afirmaron que la detención del priísta
que gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, fue resultado de la cooperación entre las autoridades de
las tres nacionales involucradas.
Añadieron que, ‘‘tras un análisis cuidadoso de la evidencia y las posibles penas por los
cargos’’ contra Yarrington –en México podría alcanzar 20 años de prisión–, en caso de que se
conceda la extradición acordaron que a la conclusión del juicio en Estados Unidos, el ex
gobernador sea cedido a México de manera temporal para que pueda ser presentado ante la
justicia.
Es decir, primero tendrá que responder en Estados Unidos por delitos cometidos entre 1998 y
2013 en Texas por importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y
estructuración de operaciones de dinero, y después enfrentar en México ilícitos cometidos de
1998 a 2015 por delitos contra la salud.
‘‘Tanto Estados Unidos como México se han comprometido igualmente a intercambiar
información y a colaborar con sus respectivas instancias de justicia contra Yarrington, y a utilizar
todos los instrumentos legales disponibles con ese fin’’, indicaron los procuradores, los cuales
agradecieron al gobierno de Italia, a la PGR, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del
Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento
de Justicia de Estados Unidos ‘‘por su diligente trabajo en la localización y detención del
fugitivo’’.
Este arresto es un ejemplo más del compromiso compartido por Estados Unidos y México
para combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional, sostuvo el comunicado.
El subprocurador Elías Beltrán había explicado que Italia determinaría a qué país extraditaría
a Yarrington, con base en seis factores:
–La gravedad de los delitos de que se le acusa.
–Si la solicitud está sustentada en un tratado de extradición: México y Estados Unidos lo
tienen con Italia.
–El tiempo y la comisión de los delitos.
–Nacionalidad y lugar de residencia: Yarrington sólo cuenta con nacionalidad mexicana y su
lugar de residencia es México.
–Fechas en que se emitieron las fichas rojas a Interpol para su detención y extradición:
México lo hizo en diciembre de 2012 y Estados Unidos el primero de marzo de 2016.
–La posibilidad de una extradición posterior a un tercer Estado.
En la picota
Detalla el fiscal la compra de bienes con recursos del erario
Creó red criminal desde que inició su mandato en Veracruz
El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa al comparecer este miércoles ante el juez de la justicia guatemaltecaFoto Víctor Camacho/ enviado
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Enviado
Guatemala.
Desde los primeros días de su administración, Javier Duarte de Ochoa organizó con sus
amigos un grupo de operadores financieros que adquirirían –con recursos federales y estatales
asignados al gobierno veracruzano– bienes inmuebles en diversas entidades del país, así como un
yate y tierras ejidales en Campeche para la construcción de departamentos de lujo, entre otras
operaciones para ocultar el desvío de dinero.
El fiscal José Antonio Galdamez leyó ayer en el quinto tribunal penal los cargos contra el ex
gobernador de Veracruz y señaló que dos ex integrantes de la red de lavado de dinero ya
colaboran con autoridades mexicanas, por conducto de la Procuraduría General de la República
(PGR), y han aportado detalles de cómo varias fiestas organizadas por Duarte servían para que
ordenara adquirir inmuebles o crear empresas fachada a las cuales inyectarles dinero del erario y,
entre otras cantidades, casi 350 millones de pesos que fueron utilizados para capitalizar empresas
bien constituidas a cambio de facturas que sirvieran para ocultar los desvíos.
Despedía a los funcionarios de desantendían sus órdenes
Cuando las cosas no salían bien o como las ordenaba Duarte, éste se enojaba, regañaba a sus
cómplices o despedía a los funcionarios que no atendían las indicaciones que les daban para
desviar recursos.
Las acusaciones contra Duarte están acumuladas en el juicio 97/2016 del juez de distrito
especializado en el sistema penal acusatorio radicado en el Reclusorio Norte de Ciudad de
México.
El 14 de octubre de 2016 ese juzgado libró una orden de aprehensión contra el ex gobernador
por su probable participación en la comisión de delincuencia organizada y operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
“Los hechos por los cuales se encuentra requerido Javier Duarte son que cuando fue
gobernador del estado de Veracruz, del primero de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016,
en coordinación con otras personas realizó un complejo esquema de operación para introducir
recursos al sistema financiero mexicano y así otorgarles una apariencia de licitud. Para lo cual
fingieron que el dinero fue obtenido como producto de la venta de terrenos del núcleo ejidal de
Lerma, en el municipio de Campeche, en el estado del mismo nombre.
De igual manera adquirió a través de prestanombres diversos inmuebles con recursos que
provenían del erario del gobierno de Veracruz, leyó el fiscal mientras Javier Duarte permanecía
serio, durante la audiencia en la que le fue notificada su formal detención con fines de extradición
a México.
La investigación de las autoridades mexicanas empezó con una denuncia presentada por la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante la PGR, el 6 de octubre de
2016,derivado de la obtención de información sobre el uso de recursos federales y estatales para
fines privados, sobre su desvío, ocultamiento de fondos y en términos generales, sobre la
utilización indebida de recursos gubernamentales, por instrucciones del ahora ex gobernador de
Veracruz, leyó el fiscal guatemalteco en representación del gobierno mexicano.
Las autoridades lograron determinar que desde finales de2010, es decir, desde que comenzó
su mandato como gobernador, Javier Duarte de Ochoa invitó a varios de sus amigos a colaborar
con él para hacer inversiones y negocios.
Entre las personas “que reclutó están Alfonso Ortega López, Moisés Manzur Cysneiros, José
Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Mario Rosales Mora. Cada uno de los
integrantes (de la red) tendría que realizar diversas actividades.
Ortega López buscaba oportunidades para invertir dinero; Manzur, entre otras, operaba las
instrucciones del hoy requerido y serviría como testaferro (de Duarte); José Juan Janeiro se
encargaría, entre otras cosas, de restructurar los pagos que correspondían a las actividades de
inversión y ventas que se ejecutaran, además de prestanombres.
En el caso de Rafael Gerardo Rosas, prestaría su nombre para la adquisición de inmuebles, y
Mario Rosales trabajaba en una notaría en la que se llevarían a cabo diversas operaciones y
serviría de testaferro del ex gobernador.
“El 12 de octubre de 2016, Alfonso Ortega declaró ante la PGR que el 31 de diciembre del
año 2010, durante una fiesta que se celebró en el departamento ubicado en torre B, nivel uno, del
conjunto Finisterre, en Ixtapa Zihuatanejo, Duarte de Ochoa lo instruyó a recibir fondos y
colocarlos en diversas inversiones.
Ortega dijo que Duarte se ostentaba como dueño del departamento citado, y posteriormente
tuvo conocimiento que el ex gobernador era dueño de dos departamentos más en esos conjuntos,
los cuales se adquirieron el 17 de mayo de 2010 a través de una negociación que realizó José
Juan Janeiro Rodríguez con los representantes del desarrollo Ventas Arrecife, y que tenían un
valor aproximado de un millón 500 mil dólares por cada departamento.
Ortega declaró ante el Ministerio Público Federal que, por órdenes de Duarte, el 3 de febrero
de 2011 constituyó una sociedad para una empresa que fue denominada Inmobiliaria Rohor SA
de CV, en la cual aparece como accionista Mario Morales.
Posteriormente, el 12 de mayo de 2011, Inmobiliaria Rohor adquirió dos inmuebles contiguos
en la calle Sierra Fría 715, en la colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, con un
valor de 47 millones de pesos. Javier Duarte de Ochoa dijo que en ese lugar pretendía construir
su casa de retiro.
En marzo de 2011 dio la instrucción de comprar un yate
En marzo de 2011, durante las fiestas de la Cumbre Tajín, el ex mandatario veracruzano instruyó
a Ortega para que adquiriera una nave con características de las que se utilizan en los lagos de
Europa, y para ello le ordenó constituir la empresa Alpargata Marine XXI Corporation, con la
finalidad de que por medio de ésta se realizara la compra-venta con la empresa distribuidora de
yates con sede en Florida, Estados Unidos, por el precio de 790 mil dólares.
Asimismo, las acusaciones contra Javier Duarte señalan que éste ordenó a Ortega que el
despacho de Contreras y Janeiro efectuara el pago de la embarcación con recursos que habían
sido desviados del presupuesto de Veracruz.
Meses después, Ortega se enteró de la existencia de unas parcelas ubicadas en el estado de
Campeche, que pertenecían al núcleo ejidal Lerma, que Duarte adquirió para construir
departamentos de lujo.
Duarte después de su audiencia en Guatemala. Foto: AP / Moises Castillo
Y Javier Duarte guardó silencio… POR JULIE LÓPEZ , 19 ABRIL, 2017NACIONAL
GUATEMALA (apro).- Dos aspectos destacan de la audiencia del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en el Tribunal Quinto de Sentencia de la ciudad de
Guatemala este 19 de abril: admitió que tenía seis meses de vivir en este país –casi todo el
tiempo que permaneció prófugo–, y se abstuvo temporalmente de aceptar la solicitud del
gobierno de México de extraditarlo por ser sospechoso de participar en hechos de
delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita.
Detenido el pasado 15 de abril en Panajachel, Sololá, a 140 kilómetros de la capital de
Guatemala, el exmandatario estatal escuchó durante casi dos horas y media los delitos que se le
imputan y un detalle de las declaraciones que respaldan los cargos en voz del presidente del
Tribunal, Adán García.
El magistrado le explicó que no enfrenta ningún cargo en Guatemala y que la audiencia sólo tenía
el propósito de notificarle el motivo del pedido de extradición de México. “Usted no está
obligado a responder ninguna pregunta respecto al caso en esta audiencia; puede permanecer
callado si así lo desea”, le dijo García.
Luego, le pidió que se identificara por su nombre, que proporcionara los de su esposa (Karime
Macías Tubilla) y padres (María Cecilia de Ochoa Guasti y Javier Duarte Franco), así como su
domicilio en México.
Cuando García le preguntó cuánto tiempo tenía de estar en Guatemala, Javier Duarte respondió:
“seis meses”. El dato confirma lo pronunciado por Omar García Harfuch, director de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), 24 horas
después de la captura: que la incautación de pasaportes falsos con la foto de Duarte y su esposa
Karime Macías, el 10 de noviembre de 2016, fue el indicio de que el exgobernador estaba en
Guatemala desde entonces.
El testimonio clave presentado en la audiencia y que justifica los cargos contra Duarte de Ochoa
es el de José Juan Janeiro Rodríguez, un abogado fiscalista y supuesto cómplice del
exfuncionario, quien ofreció a la PGR detalles de algunas de las propiedades que Duarte posee y
que están valoradas en millones de pesos.
El documento que leyó el magistrado destaca una delación en particular: cómo Janeiro advirtió a
Duarte, en septiembre de 2016, que había gastos personales del expriista y Moisés Mansur
Cysneiros (amigo cercano y prestanombres de Duarte) por 350 millones de pesos que la
Secretaría de Gobierno de Veracruz no tenía cómo justificar.
El testimonio delata cómo Duarte le propuso borrar las operaciones del registro electrónico
financiero, a lo cual Janeiro Rodríguez respondió que desde hacía cuatro años había evidencia en
el sistema bancario de esas transacciones. Un mes después, Duarte renunció de su cargo y poco
después se convirtió en prófugo, una vez que la PGR formuló cargos en su contra.
Duarte llega a su audiencia en Guatemala. Foto: AP / Moises Castillo
“Me reservo el derecho” Durante la audiencia en Guatemala, Javier Duarte apareció con un chaleco blindado, parte del
protocolo de seguridad para procesados de alto perfil. Acompañaron al exgobernador los
abogados guatemaltecos Óscar Patzán y Amarilis Navas Portillo.
Patzán dijo que representa al exgobernador veracruzano desde el 17 de abril, dos días después de
su captura, pero que hasta un día antes de la audiencia recibió copia de la solicitud de extradición.
Asimismo, pidió autorización para que Pablo Campuzano de la Mora, un abogado de Duarte que
llegó desde México para la audiencia, pudiera acompañarles en calidad de asesor.
Después de que el magistrado le pidió al Ministerio Público que se pronunciara, el fiscal José
Antonio Galdámez, de la Unidad Especial de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, dijo
que no objetaba que Campuzano permaneciera en la sala, pero aclaró que sólo podía ser
observador “sin (entablar) comunicación con los abogados titulares” ni con el detenido.
El Tribunal autorizó un receso de casi 15 minutos para que el exgobernador y sus abogados
discutieran la postura que plantearían en la audiencia. Así, la única vez que Duarte habló fue
cuando respondió al magistrado García cómo se pronunciaba respecto al pedido de extradición.
“No allanaré (aceptaré) la extradición hasta que recibamos la solicitud formal”, dijo. “No quiere
decir que no la voy a aceptar, pero por ahora me reservo el derecho de hacerlo”.
Según la ley guatemalteca, el gobierno de México tiene 60 días para presentar una solicitud
formal a Guatemala, pues lo presentado hasta ahora es preliminar. El plazo comienza a correr
desde que un memorial planteando las actuaciones en esta audiencia llegue a manos de la PGR.
Ésta debe enviar la solicitud a Guatemala por medio de la Cancillería, quien la entregará a su
contraparte y ésta a las autoridades judiciales. Éstas, a su vez, la facilitarán a la defensa de
Duarte.
Alrededor de 70 periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios locales e internacionales
atendieron la audiencia. Durante una pausa en los procedimientos, algunos periodistas le decían:
“Unas palabras Javier”, pero Duarte guardó silencio. Un periodista mexicano le preguntó, “¿(Es)
inocente?”. El exgobernador de Veracruz tampoco respondió.
Al final de la audiencia, el magistrado García anunció que se formalizaba la detención de Duarte
en el Centro de Detención de Matamoros. Hasta este día su captura era provisional.
¿Qué cómplices de Javier Duarte siguen prófugos?
Uno de ellos, Moisés Mansur, es señalado como el principal prestanombres de Javier Duarte; su captura se ha postergado porque dio información a las autoridades mexicanas para recuperar más de 400 mdp.
Javier Duarte en su audiencia en Guatemala.Carlos Sebastián / Nómada.gt
Arturo Angel (@arturoangel20)
abril 20 2017 06:00
FONDEA el periodismo independiente
Cuatro personas vinculadas con la presunta red de lavado de dinero de Javier
Duarte, entre ellos un empresario identificado por las autoridades como su
principal prestanombres, continúan oficialmente prófugas de la justicia ya
que desde octubre pasado un juez federal giró órdenes de aprehensión en su
contra.
Todas ellas cuentan con fichas rojas de Interpol para su localización en caso
de que hayan salido de México, confirmaron a Animal Políticoautoridades
federales.
Originalmente, la lista de acusados por la Procuraduría la componían nueve
personas encabezadas por el exgobernador de Veracruz pero en los ultimos
meses se ha conseguido detener a cuatro de ellas. Además la
PGR desactivó una de las órdenes, girada contra un abogado de Duarte,
luego de que este accedió a proporcionar datos clave a los investigadores.
Las personas que están prófugas y las ya detenidas fueron acusadas por la
Procuraduría General de la República (PGR) de haberse coludido para ocultar el
origen de más de 200 millones de pesos provenientes del erario e invertirlo en
empresas y propiedades con fines ilícitos.
Dos de las personas detenidas ya fueron sentenciadas.
Los cuatro prófugos
El empresario Moisés Mansur Cysneiros es una de las cuatro personas que
están legalmente prófugas, aunque desde finales del año pasado las autoridades lo
tienen ubicado en Canadá. La orden en su contra está vigente pero no se ha
cumplido porque esta persona accedió a cooperar con las autoridades en la
recuperación de recursos públicos desviados.
De acuerdo con la acusación de la PGR y que dio parte a su orden de aprehensión,
Mansur era el principal prestanombres de Duarte, y como tal se encargaba de
coordinar todas las acciones relacionadas con el movimiento de recursos entre
empresas fachada, así como la adquisición de propiedades.
Mansur era, por ejemplo, uno de los co-propietarios del rancho Las Mesas, el cual
presuntamente fue adquirido con recursos desviados de Salud y Educación en
Veracruz. También era dueño de varios departamentos en la Ciudad de México.
Un abogado de Duarte que testificó en PGR dijo que todas esas propiedades eran
en realidad ocupadas por el exgobernador.
La colaboración de Mansur ante la PGR ha permitido hasta ahora recuperar más
de 400 millones de pesos desviados en la administración de Duarte. Aun con ello,
la dependencia prevé cumplir en algún momento la orden de aprehensión,
aunque el empresario recibiría una pena reducida.
Rafael Gerardo Rosas Bocardo es otra de las personas que cuenta con orden
de aprehensión y está prófuga.
Según la acusación de PGR, esta persona actuaba bajo instrucciones de Mansur y
su labor era fungir como prestanombres. Su paradero es desconocido.
En el expediente está asentado que, por ejemplo, Bocardo es socio de una
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple denominado Corporativo Monjafin, que
recibió cientos de millones de pesos que posiblemente provenían de las arcas
públicas.
Los otros dos prófugos son Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez
Nieva. La investigación de la PGR ubica a ambos como comisarios ejidales, los
cuales presuntamente se coludieron con Mansur para simular que él era un
ejidatario y venderle terrenos ejidales a precios ínfimos.
Luego, esos terrenos fueron “vendidos” con sobreprecio a una empresa de nombre
Consorcio Brades, que los pagó con dinero público proveniente de empresas
fantasma.
El paradero de estas últimas dos personas tampoco se conoce.
El que negoció
Una de las órdenes de aprehensión que se giró originalmente era en contra de
José Juan Janeiro Rodríguez, abogado que trabajaba para Moisés Mansur, y
que según las investigaciones también auxilió en la creación de compañías
fachada a la vez de servir como prestanombres.
En la acusación la PGR estableció que Janeiro ayudó en la creación de compañías
como Consorcio Brades, la cual concentró recursos públicos provenientes de
empresas fantasma que recibieron contratos. También trabajó en la constitución
de empresas fachada en Estados Unidos a través de las que se adquirieron
propiedades y diversos bienes.
Janeiro igual sirvió como prestanombres para, por ejemplo, poner a su nombre
un tercio del rancho La Mesa en el Estado de México, o adquirir un conjunto de
departamentos de lujo en Ixtapa Zihuatanejo.
En febrero de este año Janeiro decidió contactar a la PGR con el objetivo de
confesar su participación en el entramado de desvío de recursos que encabezaba
Javier Duarte. Hizo una primera declaración que quedó asentada en 150 páginas,
dando detalles precisos del movimiento de recursos. A cambio de ello la PGR
solicitó a un juez dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Las detenidas con sentencia
Dos de las nueve personas contra las que se giraron las ordenes de aprehensión ya
fueron detenidas y sentenciadas. Se trata de las hermanasNadia Isabel Arzate
Peralta y Elia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la
empresa Consorcio Brades.
La PGR presentó pruebas ante el juez que demostraban que Brades era una
empresa creada exprofeso para recibir dinero que había sido triangulado entre
empresas fantasma. Ya con esos recursos, Brades pagó a Moises Mansur por
terrenos ejidales sobrevaluados. La intención de todo esto, según las autoridades,
era lavar el origen de los recursos.
El pasado 12 de abril se dio a conocer que el juez de control del Reclusorio Norte,
Gerardo Moreno García, dictó sentencia condenatoria de tres años y cuatro meses
de prisión contra las dos hermanas por el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
La sentencia se alcanzó gracias a que la PGR pactó con Nadia y Elia un “proceso
abreviado” que permite el nuevo sistema penal. El acuerdo consistió en que las
detenidas reconocieran su culpabilidad en el delito de lavado de dinero, a cambio
de que se les quitara el cargo de delincuencia organizada.
Los detenidos sin sentencia
En la última semana la PGR consiguió cumplimentar dos órdenes de aprehensión
por este caso. El pasado sábado 17 de abril fue capturado Javier Duarte en
Guatemala. Ayer, en una audiencia en ese país, se informó al exgobernador de
Veracruz del arranque del juicio de extradición en su contra. La Procuraduría
tiene ahora un plazo de 60 días para formalizar la petición.
Por otro lado el día de ayer se dio a conocer la captura de Javier Nava Soria en
España, gracias a una ficha roja de localización y captura de Interpol.
Nava es identificado en la investigación de la Procuraduría como un contador que
trabajaba bajo las instrucciones de Mansur, y su rol consistía en contribuir en la
constitución de diversas empresas que se utilizaron para triangular recursos. En
varias de ellas era nombrado comisario o apoderado.
La Procuraduría ubicó a Nava como la cabeza responsable de la operación
financiera que permitió que más de 250 millones de pesos llegaran a Consorcio
Brades, previa triangulación entre más de 15 compañías, y luego que ese dinero
fuera entregado a Mansur por la supuesta compra de terrenos ejidales.
La PGR indicó ayer que Nava fue capturado en la ciudad de Cabrils en Barcelona.
En los próximos días se oficializará ante España la solicitud formal de extradición
en su contra.
El día que se olvidaron de Duarte
Estrictamente Personal
RAYMUNDO RIVA PALACIO
Tan sonriente apareció Javier Duarte en los momentos de su captura en Guatemala, la estrella emergente del
PRI que estalló en el cielo cuando la justicia lo empezó a perseguir por multimillonarios desvíos de dinero del
erario, que en la prensa rápidamente lo llamaron “cínico”. Pero un experto en movimientos faciales y lenguaje
de cuerpo, el maestro Raúl Quintanilla, director académico del Centro de Formación Artística de Televisión
Azteca, discrepa de esa impresión. Quien otrora era déspota, que bramaba y no hablaba, dijo Quintanilla, ya
había perdido esa conducta, y en las imágenes distribuidas por la policía guatemalteca se le veía acorralado,
amedrentado y sin tener la claridad para comprender ampliamente la situación en la que se había metido.
¿Qué sucedió entre agosto, cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo que no se preocupara, y octubre,
cuando lo obligaron a pedir licencia como gobernador? Duarte no lo supo nunca. No leyó que las condiciones
que llevaron al presidente a respaldarlo en verano, se habían modificado en otoño. El 1 de noviembre de 2016,
en este espacio se hizo la crónica del cambio de actitud del residente en esas semanas, que, por el momento
actual, habría que recordar:
“El apoyo del presidente a Duarte en agosto, cambió en septiembre. Funcionarios de la Presidencia y la
Secretaría de Gobernación hablaron con varios gobernadores para sensibilizarlos sobre acciones penales que
pensaban emprender contra Duarte y otros gobernadores y exgobernadores, como César Duarte, de Chihuahua;
Roberto Borge, de Quintana Roo, y Guillermo Padrés, de Sonora, y buscar su apoyo sin generar críticas sobre
una cacería de brujas. Así, el 21 de septiembre la PGR anunció que atraería las denuncias interpuestas por el
gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en contra de Duarte, quien reaccionó presentándose en
Los Pinos sin cita para tener una audiencia con el presidente, dos días después.
“Duarte fue maltratado ese día en Los Pinos y buscó el apoyo del coordinador del PRI en el Senado, Emilio
Gamboa, quien era, junto con el diputado Enrique Jackson, su asesor político, pero no llevó a nada. El
presidente le había ordenado a la entonces procuradora Arely Gómez que comenzara a vigilar a Duarte, aunque
esa tarea recayó en el Cisen, que emitió una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Duarte no estaba
al tanto de todo esto y seguía pensando que el presidente lo respaldaba. Por eso, cuando el martes 11 de octubre
recibió una llamada telefónica de que el presidente lo esperaba en Los Pinos, ‘viajó muy contento’, según una
persona que lo vio ese día.
“Sin embargo, recordó el cercano a Duarte, ‘cuando llegó a la Ciudad de México supo que no lo vería a él, sino
a (Miguel Ángel) Osorio Chong’. De acuerdo con personas que platicaron con él sobre lo hablado, el secretario
de Gobernación le confió que tenían un amplio expediente de corruptelas de Yunes y que no iba a tomar
posesión como gobernador, porque lo iban a hacer público. Para ello -Duarte contó a sus cercanos-, Osorio
Chong le dijo que para que pudieran proceder contra Yunes tenía que solicitar licencia al día siguiente... Al día
siguiente, le instruyó, daría una entrevista a Carlos Loret en su programa… en Televisa, donde anunciaría su
decisión.
“Duarte salió de las oficinas alternas de Osorio Chong… y se fue a su departamento, registrado a nombre de su
amigo de la universidad y socio en los negocios en Veracruz, Moisés Mansur... A las seis y media de la mañana
del 12 de octubre llegó a Televisa, donde comenzó la entrevista...
Media hora después salió rumbo a Toluca, donde tomó un avión para Xalapa... ‘Estaba muy contento’, recuerda
una persona que lo vio. ‘Estaba muy tranquilo y relajado’. Dos días después estaba jugando golf en la casa que
rentaba en el Club de Golf de Xalapa, cuando al mediodía llegaron sus abogados. El principal, Guillermo
Barradas, formado en el despacho de los panistas Fernando Gómez Mont y Julio Esponda, le dijo que su
situación judicial era grave y que la PGR gestionaba una orden de aprehensión en su contra.
“Duarte decidió desaparecer del ojo público. Se escondió en la cajuela del automóvil de una prima de su
esposa, Karime Macías, para escabullirse hasta el aeropuerto de Xalapa… Voló en el helicóptero de la Fiscalía
de Veracruz a Coatzacoalcos el mismo 14 de octubre. Cuatro días después, Yunes denunció que se había
escapado en un helicóptero del gobierno, que negó el gobernador interino Flavino Ríos. Las autoridades, sin
embargo, interrogaron a los pilotos del helicóptero, quienes les confirmaron que habían transportado a Duarte,
e identificaron a Barradas como su acompañante.
“Ese fue el momento de la hecatombe. ‘Después de la plática con el presidente, estaba seguro que no le iban a
hacer nada’, dijo una de las personas que hablaban con él. Inclusive, en vísperas de hablar con Osorio Chong,
Duarte estuvo en el rancho El Faunito, en Fortín de las Flores, junto con su arquitecto, para revisar las cascadas
que había pedido construyeran en la instalación. El rancho fue asegurado por la PGR el 22 de octubre, y cuando
llegaron junto con la Marina, observaron que nada se había movido. Estaban colgados los cuadros, todo en su
lugar sin alteración, incluidas las decenas de botellas en la cava con vinos de 100 mil pesos. Peña Nieto le había
volteado la espalda”.
Twitter: @rivapa
En la picota
Se acatarán leyes de ambos países, afirma subprocurador
Prepara PGR la petición formal
NOTIMEX
La Procuraduría General de la República (PGR) integra la solicitud formal de extradición del ex
gobernador de Veracruz Javier Duarte al gobierno de Guatemala, la cual abarcará todas las
investigaciones en que haya orden de aprehensión en su contra, para que exista claridad y certeza
jurídica respecto de los delitos por los que será entregado a México, sostuvo el subprocurador
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán.
En entrevista con Notimex, explicó que se imputa a Duarte delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), denunciados por la Unidad de
Inteligencia de la Secretaría de Hacienda.
Sin hacer referencia a los delitos que le imputa la fiscalía de Veracruz, Elías declaró: ya
tenemos a sus cómplices o a la mayoría de sus cómplices; ahora vamos a recuperar todo el daño
que han sufrido los veracruzanos.
Agregó que se han recuperado bienes en México y se han solicitado asistencias jurídicas
internacionales en Estados Unidos, España y otros países.
ONU evaluará la reforma educativa
LAURA POY SOLANO
Antes que concluya la actual administración, el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, por sus siglas en inglés), realizarán una evaluación sobre la reforma educativa, afirmó la
presidenta del organismo, Sylvia Schmelkes del Valle, quien destacó que nos parece muy
importante que hacia el cierre del gobierno que inició la reforma, se pueda tener un balance de lo
que ha sucedido.
Tras insistir en la necesidad de incrementar el número de maestros que se evalúa cada año –
150 mil para noviembre próximo– llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a presentar
su estrategia de mejora de la formación inicial de maestros, pues aún está pendiente la puesta en
marcha del plan integral para el fortalecimiento de las escuelas normales.
Toda reforma educativa, dijo, tiene de hecho que comenzar con una restructuración de la
formación inicial de docentes, porque son los que van a llevar la carga más importante, entonces
sí considero urgente que se dé a conocer qué es lo que se está pensando hacer en ese sentido.
Reunidos ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de
Diputados, donde entregaron el reporte denominadoLa educación obligatoria en México: informe
2017, Teresa Bracho, consejera integrante de la Junta de Gobierno del INEE, destacó que la
reforma educativadebe ser sometida a evaluación, tarea que dijo el organismo autónomo espera
presentar, al menos una parte, en su informe de 2018, con la finalidad de conocer las
implicaciones que han tenido las distintas acciones de políticas públicas implementadas con la
reforma.
En entrevista tras concluir el acto, Schmelkes del Valle reconoció que la persistencia de
desafíos como mejorar la equidad del sistema educativo y la calidad del aprendizaje, entre otros
temas, es resultado no sólo de políticas públicas ineficaces y contextos socioeconómicos
adversos.
Es todo eso junto, apuntó, a lo que se suma el hecho de que todo cambio educativo tarda más
tiempo del que uno quisiera. Se ven los resultados en no menos de cinco años, pero sí creo que
tenemos que poner más énfasis a la equidad. La mayoría de estos problemas, que hemos
detectado desde el primer informe, se dan en los contextos socioeconómicos más desfavorecidos.
Respecto a incrementar el número de maestros que se deben evaluar cada año, enfatizó que sí
hay condiciones para realizar esta tarea, pese a la limitante de que sólo pueden conectarse 35 mil
computadoras al mismo tiempo para aplicar las pruebas, pues destacó que si se hicieran más de
una vez al año se podría alcanzar la meta.
En el WTC expertos internacionales ofrecerán conferencias del 26 al 28 de abril
Exhibirán en foro la más avanzada tecnología al servicio de la
educación
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
El nuevo modelo de educación en México, que entrará en vigor en 2018, requerirá de maestros y
directivos más capacitados y con mayor acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, según representantes de organizaciones que ayer dieron a conocer la realización
del Foro Internacional Educativo Global Educational Supplies and Solutions (GESS 2017).
Expertos nacionales e internacionales opinaron que es necesario y urgente cambiar el modelo
educativo mexicano para impulsar el desarrollo social y económico del país y reducir la brecha de
enseñanza en pro de enfrentar el mundo tecnológico y digital que se prevé para los próximos 20
años.
En conferencia de prensa, indicaron que del 26 al 28 de abril se realizarán en el World Trade
Center (WTC) de la capital del país los foros Internacional Educativo GESS México 2017 y el
Regional de Educación e Innovación Virtual Educa, este último a iniciativa de la Organización de
los Estados Americanos (OEA).
Más autonomía
José Navarro Meneses, director general de E.J. Krause de México, una de las organizadoras del
foro GESS, señaló que las transformaciones derivadas de la reforma educativa llevarán a que los
maestros tengan mayor autonomía escolar, pero también a que necesiten más capacitación y
mayor acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.
El foro, explicó, va dirigido a los docentes. En esta ocasión GESS México tiene programadas
más de 80 ponencias, de entrada gratuita, con expertos nacionales e internacionales.
En esta reunión de “profesionales de la educación se tendrá la mayor exposición de materiales
de las más recientes tecnologías en acción y nuevos productos útiles en el salón de clases.
Nos enorgullece brindar a la comunidad educativa la mejor exhibición de materiales,
tecnologías, nuevos productos para el salón de clases, soluciones y dispositivos educativos de
más de 100 marcas nacionales e internacionales, señaló.
Propone la Cámara de Diputados dictamen para ley de seguridad interior
Intervención militar en seguridad pública podría ser
permanente
Plantean ‘‘identificar, prevenir y atender riesgos’’, sin que se requiera declaratoria
previa
Las fuerzas armadas realizarían ‘‘las acciones necesarias en vías de comunicación e instalaciones’’
GEORGINA SALDIERNA Y ENRIQUE MÉNDEZ
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados propuso un dictamen de ley de
seguridad interior, donde se defina una intervención permanente del Ejército y la Marina en
tareas de seguridad pública, y para ‘‘identificar, prevenir y atender riesgos’’, sin que se requiera
una declaratoria previa.
En el proyecto, entregado a los integrantes de la comisión, se planteó que las fuerzas armadas
realicen ‘‘las acciones que sean necesarias, pertinentes y eficaces en áreas del país, vías generales
de comunicación e instalaciones que lo requieran’’.
Si bien el PRI anticipó que ante las posturas de PAN y PRD, esa ley no se aprobará en el
periodo de sesiones que concluye la próxima semana, la secretaría técnica de la comisión envió el
documento para su revisión, donde precisó que, cuando se detecten amenazas ‘‘que representen
un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones
fundamentales de gobierno, el Presidente, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar
acciones inmediatas’’ de militares.
A lo largo del documento, la comisión que preside Mercedes del Carmen Guillén Vicente
(PRI) refirió que la ley de seguridad interior no busca que las fuerzas armadas ejerzan tareas de
seguridad pública, pero expuso que realizarán ‘‘acciones de seguridad interior’’, aunque no
detalla de qué tipo.
Esas ‘‘acciones’’ se justificarían para enfrentar o atenuar –expresa– las amenazas que ya
están clasificadas en la Ley de Seguridad Nacional, cuando ocurran dentro del territorio:
espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, actos de interferencia
extranjera, impedir a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, intentos de
quebrantar la unidad de la Federación, obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales
contra la delincuencia organizada.
También, por actos en contra de la seguridad de la aviación o el personal diplomático, tráfico
ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción
masiva, contra la navegación marítima, financiamiento al terrorismo, bloqueo a inteligencia o
contrainteligencia e incluso destrucción o inhabilitación de infraestructura estratégica.
La comisión legislativa retomó esas ‘‘amenazas’’ para justificar que, aun cuando no tiene
atribuciones constitucionales para legislar en materia de seguridad interior, sí para expedir leyes
de seguridad nacional, ‘‘y toda vez que la seguridad interior forma parte de la seguridad
nacional… se considera (sic) que el Congreso puede legislar en esa materia como parte
procedimental de la seguridad nacional’’.
Derechos humanos, intocados
Consideró que, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011,
ninguna ley puede restringir o suspenderlos, y si bien la de seguridad interior constituiría un
mecanismo extra que permita salvaguardar plenamente los derechos y garantías ciudadanas, para
que el Estado pueda garantizar a su población el libre ejercicio de sus derechos humanos, es
necesario que previamente brinde un ambiente seguro en el que imperen la paz y el orden
público.
Aclaró que la intervención de las fuerzas armadas quedaría prohibida cuando se trate de
movilizaciones ciudadanas o de protesta electoral, aunque sólo si éstas son pacíficas y rechazó
que una ley de este tipo tenga como objeto militarizar el país.
Sin embargo, aceptó: Para decirlo claro: el problema de seguridad interior ha rebasado a la
autoridad civil, lo que justifica medidas extraordinarias, en tanto haya condiciones para retornar a
la normalidad.
Salvador Cienfuegos y Peña Nieto en el CIV Aniversario de la Marcha de la Lealtad. Foto: Octavio Gómez
Relación equívoca entre Peña Nieto y las Fuerzas Armadas POR ERUBIEL TIRADO , 19 ABRIL, 2017ANÁLISIS
“Nadie es patria. Todos lo somos…”
El otro, el mismo. Jorge Luis Borges
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto cierra filas en torno
de las Fuerzas Armadas. No lo contrario, que sería lo normal en una democracia
moderna. Inédito, en efecto, fue el acto del pasado 28 de marzo, cuando el mandatario,
a contrapelo de su también inédita e histórica baja aceptación como gobernante,
refrendó su “apoyo” incondicional para fortalecer la influencia y acción de los militares
del país.
El apoyo no sólo es el económico –de ahí la presencia destacada del responsable de
las finanzas del gobierno– sino político. Esto último se destaca porque el evento fue
realizado con la coartada de la defensa institucional, cobijado en un patriotismo
chabacano (“criticar a las Fuerzas Armadas es desprestigiar a México”). Todo, con el
verdadero agravante de prefigurar un acto de corte (pre)electoral y de estilo prusiano, al
lanzar invectivas, entre otras, contra las declaraciones del líder fundador del partido
Morena sobre el papel castrense en materia de seguridad.
Humo verde olivo
Más de treinta mil desapariciones desde 2012 (según organismos internacionales y
locales de defensa de los derechos humanos, muchas de ellas forzadas y atribuidas,
por comisión u omisión, a las Fuerzas Armadas). Más de cien mil muertes, lo que
apunta a que Peña Nieto terminará su sexenio con una tasa de homicidios dolosos más
alta que la administración precedente. Dos terceras partes de las entidades del país
cuentan ya con una temible práctica de albergar fosas clandestinas en sus territorios
(donde no se contabilizan oficialmente siquiera los homicidios cometidos). Y una cauda
creciente de señalamientos y quejas formales contra militares por violaciones a los
derechos humanos, donde la tortura sobresale ya como una práctica institucional (con
infraestructura castrense y policial, según estudios recientes), dejando atrás la imagen
de la mujer guerrerense de la primavera pasada, como una pequeña muestra y
anécdota descuidada del desempeño de los soldados.
Estos son los grandes trazos del tétrico rosario de saldos de un país que se esconde
tras las cortinas de humo de los encendidos elogios al Ejército y la Marina, que igual
quiere ocultar con propaganda el tamaño de sus fracasos en materia de seguridad.
Todo ello, producto de políticas erróneas y de una total falta de transparencia y control
de las acciones militares y policiales en la última década.
No es casual que en este primer trimestre se observe una involuntaria campaña de
propaganda del gobierno a favor de su sector castrense. Hasta antes del 28 de marzo,
más de 52 veces funcionarios federales, empezando por el presidente Peña, han
realizado actos y referencias públicas de elogio o desagravio a las Fuerzas Armadas.
No sólo eso. Una semana sí, y otra también, la presencia y los dichos sobre el Ejército y
la Marina han estado presentes en la opinión pública, sea por los propios militares, los
políticos y los “líderes de opinión”, quienes repiten ad nauseam el argumento
manipulador sobre:
1) La injusta crítica o señalamientos contra el Ejército y la Marina sobre su incapacidad
de desempeñarse como policías y que terminan cometiendo errores –involuntarios,
según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, como torturar o
matar civiles, y
2) la necesidad de darles un marco de actuación que “los proteja” cuando,
supuestamente por incapacidad o corrupción policial, tengan que salir a las calles a
perseguir delincuentes. A esto se añade el reforzamiento de la publicidad masiva de la
propia Sedena (“La fuerza de México”) y de sectores empresariales como el minero
Grupo México y Cinemex, donde todo soldado es “héroe” por sobre cualquier
consideración y por sobre cualquier otro ciudadano o persona común.
Con este tipo de enfoques, la sociedad no necesariamente se identifica con quienes
cumplen esa función de protección. Esto es parte de la imagen distorsionada del
Ejército que insiste en encarnar valores y comportamientos totalitarios que reflejen el
país que no somos y la unidad que no tenemos.
¿El político-militar o viceversa? Es, ésta, una falsa disyuntiva. En este mismo juego de
reflejos perversos y deformes entra en escena la figura del secretario de la Defensa,
cuya imagen pública y personal se destaca en algunas encuestas (que circulan entre la
clase política) como personaje identificable y confiable (paradoja con un aprecio
institucional en declive, según Buendía & Laredo, el 27 de marzo).
Lo anterior quizá ha envalentonado a un militar al que, ya fuera de su papel institucional
y legal en un régimen republicano, no le importa lanzar estigmas y anatemas contra
quienes empiezan a ver como enemigos: contra el líder político de Morena: instruye,
con desdén, a un funcionario de tercer nivel de la Sedena para que de modo expreso lo
ataque y le niegue su carácter de político nacional y lo degrade, según esto, a mero
“actor social”.
Ya antes un humillado secretario de Gobernación (“los políticos no hacen su trabajo,
por lo que nos llaman a nosotros”, afirmaba Cienfuegos en diciembre pasado), en forma
indebida por su carácter de fiel de la balanza política, había puesto su propia
descalificación al señalar como “detractores del Ejército” a quienes acusan a la
administración peñanietista de militarizar al país, y a los soldados de cometer
violaciones a los derechos humanos.
Grave indicio de comportamiento antidemocrático el del militar secretario, porque,
encandilado de su propia imagen, descuida el lenguaje y su posición subordinada al
poder civil, aprovechándose de la ignorancia y la debilidad del presidente. Peor aún,
irrumpe en algo más que una amenaza velada contra quienes considere sus opositores,
sociales o políticos, al afirmar que no sabe de dónde viene eso de que se regresen a
sus cuarteles (los militares), porque es la propia sociedad la que demanda su presencia
en las calles, donde seguirán “para darles certeza (sic)” a los ciudadanos (La Jornada,
10 de marzo).
De ahí a pensar que la “sociedad” pide a los militares quitar a los civiles del poder para
“restaurar el orden” hay poca distancia, según nos lo muestra la experiencia histórica
del hemisferio y la lectura castrense de otras latitudes que así justificaba sus afanes
golpistas.
Agenda oculta
Llama la atención que tanto las figuras del presidente como los altos mandos
castrenses reaccionen con virulencia ante declaraciones de un actor político, como el
fundador de Morena. En particular porque el contenido de sus dichos son superficiales
y, a lo más, parafrasean argumentos que, en su momento, han vertido organismos
multilaterales como la ONU, la OEA y sus mecanismos del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos u organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch
o Amnistía Internacional.
Los gobernantes actuales y los militares olvidan que el mismo político, durante su
primera campaña presidencial, señaló que recurriría al Ejército para recuperar la
seguridad de los ciudadanos (enero de 2006).
Detrás de esta reacción oficial y de la insistencia en aprobar la Ley de Seguridad
Interior se halla una estrategia de impunidad transexenal, tanto del presidente Peña
Nieto como del sector castrense, cuya oficialidad pueda ser sometida a juicios penales
en el país o bajo normas de justicia internacional de cuyo sistema México forma parte.
El silogismo es simple en la consideración militar, toda vez que han transitado bajo las
casacas del PRI y del PAN, sacando siempre ventajas corporativas y clientelares (diez
mil millones de dólares en gasto militar en los últimos años son ganancia neta a la luz
de sus pobres resultados).
México solitario
Este último factor, junto con la “cooperación” estadunidense a cambio de endurecer las
tareas sucias de contención de los migrantes que pasan por nuestro territorio y de
continuar ejecutando bad hombres, aseguran que sigan fluyendo los recursos de la
Iniciativa Mérida para concluir la contrarreforma legal que disminuye nuestras garantías
y nuestra aspiración a un Estado democrático de derecho (The New York Times, 16 de
marzo de 2017, la misma edición donde se confirma la autoría de iniciativa de la Ley de
Seguridad Interior: la Sedena, no el PRI ni el PAN).
La administración Trump mirará hacia otro lado ante las desviaciones democráticas que
impone la cooperación bilateral, siempre y cuando se cumplan sus designios ante la
complacencia de las contrapartes instancias de decisión militar, cuyo nacionalismo,
visto está, es de papel.
Los gobiernos europeos, en particular los que mantienen su gran interés en la inversión
energética y en la venta de infraestructura bélica a México, tendrán el mismo
comportamiento complaciente y retórico de atención a nuestra crisis humanitaria y de
seguridad, pero sin hacer mayor ruido. Éste es el verdadero escenario cómplice con el
que cuentan militares y políticos mexicanos, por lo que sólo resta proveerse del blindaje
necesario ante cualquier tentativa que los incrimine al terminar el presente sexenio.
La Ley de Seguridad Interior es parte de este corolario (“Cambio de situación
sustantivo”, Jorge Carrillo Olea, La Jornada 24 de marzo) y explica el temor de que un
signo distinto que pueda gobernar el país rompa la estrategia de la impunidad
transexenal. Los esfuerzos ahora se concentran en conservar el poder.
Es lamentable y equívoco el colofón presidencial sobre las visiones críticas de la
relación civil-militar en México. Apuntar errores y desviaciones del comportamiento del
poder cuando éste amenaza a la sociedad misma debe ser motivo de reflexión y unidad
aun en la disidencia de opiniones, no de estigmas y anatemas. Son preocupantes los
barruntos de intolerancia presidencial, graves los del Ejército y la Marina, que se niegan
a reformarse en democracia. l
* Coordinador del Programa Seguridad Nacional y Democracia en México, de la
Universidad Iberoamericana.
Este análisis se publicó en la edición 2111 de la revista Proceso del 16 de abril de 2017.
Dinero Los gobernadores como fabricantes de pobres
VW ya libró lo peor de la tormenta
Ciudades donde mejor es pensar en mudarse
ENRIQUE GALVÁN OCHOA
S i queremos ver el tema con realismo, las reformas estructurales han arrojado a la pobreza a 2
millones de personas, desde que arrancaron en 2012 hasta 2014, de acuerdo con datos del más
reciente estudio del Coneval. Falta actualizar las cifras a 2016 y probablemente, con los
agravantes de la inflación y la devaluación, han hecho pobres a 2 millones más. Bonito promedio:
un millón de nuevos pobres cada año. Los estragos los sufren más algunos sectores. De acuerdo
con la ENOE, en el segundo semestre de 2016 seis de cada 10 jóvenes trabajaban en empleos
informales con salarios bajos, inestabilidad laboral y sin prestaciones como servicios de salud y
seguridad social. Y también los ancianos: si reciben ingresos provenientes únicamente del
Programa de Adultos Mayores (708.46 pesos mensuales) no podrán cubrir el costo de una canasta
básica alimentaria (2 mil 684.65 pesos en las zonas urbanas y mil 734.56 en la rural). La
condición de los aborígenes es para soltar el llanto: siete de cada 10 son muy pobres. Uno de los
problemas de las reformas estructurales es que no atendieron aspectos como la honorabilidad de
los funcionarios. Los gobiernos de los estados en conjunto se endeudaron con más de medio
billón de pesos, con despilfarro y corrupción al calce. Los gobernadores dominan los Congresos
locales y éstos son los que autorizan los presupuestos, conforme a sus deseos y necesidades. Y
los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Hacienda por establecer algún control se han quedado
cortos, porque enfrenta los límites de la soberanía de los estados. El peor delito del cual podría
acusarse a los gobernadores que están presos, y otros que se están sumando a la lista de
perseguidos, debería ser ese: el empobrecimiento de tantas familias. Sin embargo, no es un delito
que esté especificamente incluido en los códigos penales.
Los competidores
Si deseamos hallar a los favorecidos de las reformas tenemos que seguir mirando fuera de
México. Los petroleros de Estados Unidos han duplicado el número de equipos de exploración en
Texas. Prevén asociarse a dos proyectos: Raven Petroleum y MMEX Resources. Como he
mencionado aquí, construyen refinerías en Eagle Ford y Permian Basin para procesar los
abundantes suministros locales de crudo ligero y convertirlos en gasolina y diésel. El objetivo,
confirma Bloomberg, es México, ahora que ha caído (¿deliberadamente?) la producción de
Pemex. México ha aumentado sus importaciones año con año. Curiosamente, los exportadores
estadunidenses no enfrentarán competencia de Pemex, sino de la mafia. En las redes sociales
circulan videos en los que se pueden ver camionetas en la autopista Puebla-México que
transportan bidones de gasolina, aparentemente robada. No es la única región donde operan. Hay
reportes de otros lugares de la República. Así que el desplumadero de Pemex viene de dos lados:
los petroleros fuereños y los mafiosos locales.
VW ya libró la tormenta
Es muy raro cómo reaccionan a veces los consumidores. Hallar un pelo en la sopa en un
restaurante puede ser que nos aleje para siempre. Sin embargo, el mundo ha perdonado a
Volkswagen el pecado de los autos trucados para que las autoridades no se percataran de su
potencial como generador de contaminantes. El grupo automovilístico alemán ha hecho público
que obtuvo una utilidad operativa el primer trimestre de este año de 4 mil 700 millones de
dólares, 29.4 por ciento mayor que durante el mismo periodo del año anterior e impulsada por las
ventas de su marca principal VW, y la introducción de nuevos modelos. Todavía tiene pendientes
algunos litigios, que está negociando. Y, por supuesto, la gracia le habrá costado una fortuna.
Pero ya está recuperando lo que perdió.
¿Ha pensado en mudarse… por razones de seguridad?
Aunque es difícil encontrar un lugar de la República donde no se percibe la amenaza de la
delincuencia, una encuesta del Inegi indica que estas ciudades son las más peligrosas: Ecatepec,
Villahermosa, Chilpancingo y la región norte de Ciudad de México (que incluye las delegaciones
Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza). Y en las que hay menor percepción de
inseguridad –lo que no quita que un día le peguen un susto– son Puerto Vallarta, Durango y
Saltillo. Por otra parte, 33.8 por ciento de la población mencionó que la situación empeorará en
los próximos meses.
Ombudsman social
De la implacable fiscal de Guatemala, Thelma Aldana, habría que decirle que ¡acá hay chamba de
fiscal anticorrupción! Sería perfecta.
Raúl Arias/ Ciudad de México
R: No pasaría por la aprobación de las comisiones del Senado. Se aterrarían.
Twiteratti
Que no se olvide algo importante: Él no es él sin ellos, sin su pacto y sus socios (en sus
gobiernos, en sus partidos, en los bancos, etcétera).
Pedro Kumamoto @pkumamoto
Ni mi calcetín tiene tantos hoyos como la 3de3 de Vázquez Mota.
Raúl Arias @raulariasmtz
Si en CDMX hicieran a la misma velocidad universidades y hospitales, como hacen centros
comerciales, otro gallo nos cantara.
@ManceraMiguelMX
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Foro: elforomexico.com/encuestas/
Astillero Los Duartes reposados
Se saben impunes
Cómplices a nivel federal
Yarrington, cedido a EU
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
EX SOCIOS EN PROBLEMAS. En agosto de 2011 la constructora brasileña Odebrecht, presidida en esa fecha por Marcelo Odebrecht (en la imagen con el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa), grupo líder en el negocio de ingeniería hoy bajo investigación policial en Brasil por corrupción, presentó una propuesta al gobierno veracruzano para llevar a cabo una asociación público-privada para construir una presa. El proyecto no se concretó aunque sí se destinaron los recursos que nadie sabe dónde estánFoto Tomada de Twitter
E n su primera audiencia públicaen una sala judicial guatemalteca, Javier Duarte de Ochoa mostró
rasgos de conducta entre infantiloides y desparpajados que, además de reflejar el natural
torbellino interno que su situación ha de provocarle, pueden inscribirse en el contexto de la
convicción de muchos mexicanos con poder (político, económico, criminal) de que, a fin de
cuentas, la teatralidad jurídica en su contra sólo ha de ser un circunstancial trago amargo,
superable en el corto o el mediano plazo, en tanto cambian las condiciones coyunturales que les
hicieroncaer en desgracia.
No le faltan razones al ex gobernador para asumir posturas displicentes. La plantilla de
colaboradores que le acompañó en la larga noche veracruzana sigue intocada en lo general,
aunque piezas notables han llegado a prisión, como el interino Flavino Ríos, el peligroso Arturo
Bermúdez Zurita, quien fue secretario de inseguridad pública; Francisco Valencia, quien fue
secretario de obras públicas y director de la Comisión Estatal del Agua, y Mauricio Martín
Audirac, quien ocupó la secretaría de finanzas y planeación. Cuatro personajes de primer nivel, es
cierto, pero una cantidad insuficiente, representativa, si acaso, de la colusión criminal masiva que
se vivió en diversos ámbitos de poder. La dimensión del daño causado a la sociedad veracruzana
no puede quedar circunscrita sólo a las fichas de tres ex funcionarios y dos exgobernadores
(Flavino Ríos, además de ser interino por unas semanas, fue secretario general de gobierno en el
último tramo de Duarte). Otros cómplices se mantienen políticamente vigentes, varios de ellos
como diputados.
Los Duartes reposados, relativamente despreocupados, deseosos de mostrarse invulnerables,
no pertenecen solamente al sombrío terreno de la política veracruzana. En la cúpula de la
administración federal en curso hay graves cuotas de responsabilidad de lo que ha sucedido (no
solamente) en Veracruz. Para empezar, quienes han ocupado la secretaría de Hacienda,
particularmente Luis Videgaray Caso, el muy encaminado precandidato presidencial de la Casa
Blanca para México y, en menor medida, en términos proporcionales, pues ya no le tocó a
plenitud el poder del gobernador Muerte, el actual secretario de ese ramo, José Antonio Meade
(la carta opcional del dúo que pretende decidir la postulación presidencial priísta de 2018:
Videgaray y el yerno de Trump, el comisionado especial para México, Jared Kushner).
Así fuera solamente por incapacidad manifiesta (que no fue sólo eso), varios órganos y
personajes del poder ejecutivo federal, comenzando por su unipersonal depositario, Enrique Peña
Nieto, permitieron que en Veracruz se desarrollara una de las peores historias de abusos, saqueo,
corrupción y violencia criminal contra la sociedad, sin freno esos episodios tan denunciados con
insistencia por diversas instancias, tolerado el amigo Javier, celebradas a carcajadas sus
ocurrencias, desbordado comensal en el banquete del poder sexenal.
Por lo pronto, Duarte de Ochoa trata de aparentar que no está en contubernio con sus
compañeros de jugadas políticas. Ha dicho en Guatemala que no ha decidido, aún, si acepta ser
extraditado a México, en tanto no conozca el escrito exacto que al respecto presente el gobierno
peñista. Sin embargo, denota asentimiento el fraseo del súbito niño Duarte (así gobernaba, entre
desplantes de cesarismo capulinesco, entre risotadas y despotismo, permitiendo asesinatos,
desapariciones, ratería, entre autocomplacencias e inconsciencia): no aceptar hoy esa extradición
exprés no significa que no la acepte un poco más adelante (en YouTube, en la cuenta Julio
Astillero, a la que los interesados pueden suscribirse, el autor de estas líneas ha puesto una
videocharla en la que habla sobre tiempos y formas de este proceso de extradición, y sus
consecuencias prácticas). A fin de cuentas, Duarte habrá de acomodarse a las líneas tácticas que
sus amigos le tracen: soltar la lengua contra Morena y AMLO antes de las elecciones del estado
de México (que parece lo más probable), o pasando éstas y ya entrando en el escenario de lucha
súper libre de la presidencial 2018.
La picante tesis pinolera de que no hay chile que embone a los mexicanos, podría tener
aplicación oportuna en el caso de Tomás Yarrington Ruvalcaba, el ex gobernador de Tamaulipas
que fue detenido en Italia. Ayer, México y Estados Unidos anunciaron la decisión del primer país
para propiciar que el político que fue priísta sea extraditado al segundo país. Tal determinación
muestra el grado de subordinación de la instancia mexicana frente a los planes y decisiones de su
imperioso vecino. Estados Unidos decidió aprehender a Yarrington y llevarlo a sus cárceles y a
México no le ha tocado más que aceptar. En todo caso, EU le concede al claudicante peñismo el
posterior envío temporal de Yarrington a México, luego que haya sido sentenciado en territorio
gringo, y siempre y cuando las reglas binacionales vigentes en ese momento así lo permitan. Peor
hubiera sido si México hubiese maniobrado para quedarse con el tamaulipeco, pues eso habría
significado eventuales sanciones menores y probabilidades de evasión o benevolencias
operativas.
En Coahuila, mientras tanto, los aspirantes a gobernar participaron en un debate que, a la hora
de cerrar esta columna, se significaba por cortes de la transmisión, que seguidores del
correspondiente candidato en turno adjudicaron a formas de censura; la lectura de textos
preparados, como si los participantes no fueran capaces de improvisar en una confrontación
abierta de posturas, y la presencia constante del moreirismo como punto de referencia, a pesar de
que en esta ocasión el abanderado de ese grupo familiar no lleva tal apellido, pues se llama
Miguel Ángel Riquelme. Por cierto, risible, si no fuera trágica, la exoneración que Rubén
Moreira hizo de su hermano Humberto. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 •[email protected]
México SA De reformas y promesas
¿Dónde está el 5 por ciento?
Aumenta costo de la deuda
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
C on eso de que prometer no empobrece, a mediados de 2014 el gobierno peñanietista se aventó la
siguiente puntada:si (el Congreso) se aprueban todas las reformas estructurales y salen adelante
leyes que no desnaturalicen la esencia de esas modificaciones, México crecerá (económicamente)
a tasas de 5 por ciento. En 18 meses se han realizado los cambios que por años se postergaron, y
(con ellos) se abre la expectativa de crecer más, y hacerlo en una proporción mayor a la
registrada en los 30 años anteriores. México puede alcanzar un crecimiento sostenido en estos
seis años y ser un país distinto.
Los lectores no tardarán un segundo en registrar que el autor de tan bonitas frases no es otro
que el mismísimo (ex)ministro del (d) año, Luis Videgaray, autodenominado cerebro de las
reformas estructurales –hoy en funciones de aprendiz de canciller–, quien en junio de 2014
acompañó a Enrique Peña Nieto –o al revés– en visita oficial a España y en su nombre hizo la
oferta.
Casi tres años después de esa bella promesa, con todas las reformas aprobadas y leyes que ni
lejanamente desnaturalizaron su esencia, la economía mexicana crece cada vez menos y a un
ritmo inferior al registradolos 30 años anteriores (1.9 por ciento anual es el promedio que carga el
gobierno de Peña Nieto –2013-2016–, y descontando), es decir, todo lo contrario a lo ofrecido
por el (ex) ministro del (d) año, y con visos de empeorar.
Como ayuda de memoria vale mencionar que esa proporción es igual a la lograda durante el
sexenio de Felipe Calderón (el mismo que a los mexicanos prometió vivir mejor, y que ahora
intenta regresar a las andadas vía Margarita Zavala) e idéntico al reportado en la década
perdida (años 80).
La economía mexicana de mal en peor, y como bien lo advierte el Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el gobierno peñanietista (léase Videgaray)
sobrestimó los resultados que alcanzarían las reformas estructurales; esperaba un crecimiento de
entre 5 y 6 por ciento para los dos últimos años del sexenio gracias a la aprobación de las
mismas, pero a duras penas promedia 1.9 por ciento, y descontando. Dicho instituto divulgó sus
más reciente análisis y de él se toman los siguientes pasajes. Va, pues.
Si bien el contexto internacional ha representado un desafío para lograr un crecimiento
superior, esta situación también refleja que el proceso reformador no atendió las necesidades
internas estructurales; un elementoolvidado desde el inicio de un modelo con sustento en el
comercio internacional, pero con la ausencia del desarrollo de motores internos.
Dejó de lado el fortalecimiento de la planta productiva y del mercado interno para lograr
resultados favorables y sostenidos superiores, a partir de los resultados propios, que garanticen un
mínimo avance, independientemente de los factores externos y por tanto reste vulnerabilidad al
aparato productivo. La visión de apertura comercial debe estar acompañada de una estrategia
nacional, teniendo al comercio como un mecanismo, no como el fin.
Las más recientes proyecciones gubernamentales –plasmadas en los llamados Precriterios de
Política Económica para 2018– no son muy optimistas, ya que estiman un rango de crecimiento
inferior al promedio alcanzado en las pasadas tres décadas. Las presiones del tipo de cambio, el
mayor costo de los energéticos y con ello la creciente inflación, así como la crisis del sector
minero, limitan la capacidad de crecimiento superior en la economía y por tanto de una
recuperación sólida durante 2017.
El escenario del presente año se encuentra comprometido en alcanzar mejores resultados,
como lo muestra el indicador adelantado que confirma una desaceleración del crecimiento en el
corto plazo. Además, la caída en la inversión, el desempeño del componente de confianza
empresarial peor evaluado sobre el momento adecuado para invertir y el incremento en la tasa de
interés, elevando los costos financieros a una tasa de referencia de 6.5 por ciento y limitando aun
más las posibilidades de inversión, por lo que no sólo el contexto de incertidumbre externa
representa un desafío para 2017, sino que el entorno nacional también enfrenta sus propias
deficiencias.
Las finanzas públicas también presentan un desafío por la mayor estimación en el costo
financiero (pago de intereses de la deuda pública) y la menor inversión gubernamental. En el
primer caso será de 661 mil millones de pesos a lo largo de 2018, en tanto que la nueva
estimación para 2017 se ubicó en 573 mil millones, es decir, el monto del costo financiero en
ambos años es de un billón 234 mil millones de pesos.
En cambio, la inversión pública presentó una caída de 16 por ciento en el primer bimestre de
2017 en comparación con el mismo periodo de 2016. Por su parte, el gasto en sueldos y salarios
de los servidores públicos federales sólo se redujo 2.3 por ciento. En contrasentido, los gastos de
operación aumentaron 10.1 por ciento.
Resalta que el costo financiero de 2017 supera la inversión conjunta de Petróleos Mexicanos
y la Comisión Federal de Electricidad. El gasto en inversión total suma de 587 mil millones de
pesos, donde Pemex y CFE tienen una asignación de 242 mil y 204 mil millones,
respectivamente. En este sentido, el ajuste financiero incluye menor inversión y mayor pago de
intereses de la deuda, además de plantear un nuevo recorte al gasto de gobierno para 2018 por
casi 44 mil millones, equivalente a 0.2 por ciento del producto interno bruto.
Al mismo tiempo, las expectativas empresariales plantean un entorno delicado para este año,
particularmente en el componente con peor evaluación: el relativo al momento adecuado para
invertir, y en este sentido el sector de las manufacturas acumulan 112 meses por abajo del umbral
de los 50 puntos, es decir, una opinión pesimista de los directivos empresariales sobre la
situación económica en general del país y sus empresas, mientras los sectores del comercio y la
construcción suman 70 meses bajo dicho umbral.
Además, esta visión empresarial se profundiza con el alza en las tasas de interés, implicando
una limitación adicional a la inversión productiva, además del recorte presupuestal del sector
público en este renglón. Estos datos demuestran cómo se prioriza el pago de los compromisos
financieros, así como el gasto corriente, lo que castiga el crecimiento del país. Entonces,
prometer sí empobrece.
Las rebanadas del pastel
El circo político-mediático a todo lo que da, mientras cada día que transcurre el navío de gran
calado se hunde un poco más.
Twitter: @cafevega
La Fiscalía Anticorrupción (de
España, claro) va por políticos
ligados a pagos de OHL México
Por Redacción / Sin Embargo
Una red de presunta corrupción fue descubierta y virtualmente
desmantelada por la Fiscalía Anticorrupción de España, que
involucra a OHL México, una constructora con sede en Madrid
pero que está considerada una de las más importantes del sexenio
del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
La Guardia Civil española registró hoy la sede de la constructora
en Madrid. Investiga en concreto los documentos que probarían
que OHL México desvió un millón 400 mil euros a Suiza que
estaban destinados para el enriquecimiento personal del ex
presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien
a cambio se habría comprometido con la empresa a adjudicarles
la construcción y operación del metro de Navalcarnero. Es decir,
un sistema idéntico al que utilizó OHL en México para conseguir
contratos en el Estado de México y que presuntamente está en
fase de investigación por la justicia.
ADEMÁS
De Oteyza deja a OHL México, tras año escandaloso por
presunta corrupción con gobiernos
Por Pedro Águeda y Antonio M. Vélez
Madrid, 20 de abril (SinEmbargo/ElDiario.es).– La Guardia Civil española
realizó hoy un registro en la sede central de la constructora OHL, en Madrid,
en el marco de una investigación judicial sobre la supuesta financiación ilegal
del gubernamental Partido Popular en la región de Madrid. La tesis de los
fiscales que investigan el caso es que a través de la filial de OHL México se
realizó el pago de un millón 400 mil euros, que se depositaron en Suiza y se
puso como beneficiarios a una serie de “prestanombres” del ex presidente de
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ayer mismo fue detenido.
Según dijeron a la agencia de noticias Efe fuentes de la investigación, el
registro fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que
investiga en una pieza declarada secreta la supuesta financiación ilegal del PP
madrileño.
El registro de OHL coincide con otros que durante la jornada de hoy se
practican en Madrid dentro de la operación Lezo contra la corrupción en la
empresa pública de aguas Canal de Isabel II.
En el contexto de esa operación hubo ayer una docena de detenciones, entre
ellas la del expresidente de la Comunidad (región) de Madrid Ignacio
González, que con anterioridad fue responsable del Canal.
La vinculación de la empresa española OHL con la principal trama de
corrupción político-empresarial del país ibérico es vieja. Sobre todo por la
estrecha relación de su presidente, Juan Migue Villar Mir, y su yerno y ex
consejero delegado, Javier López Madrid, con las autoridades madrileñas en
el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid cuando gobernaba con mayoría
absoluta el PP.
ADEMÁS
Ruiz Esparza, Eruviel, Apolinar Mena y OHL son
acusados por Infraiber, en PGR, de corrupción
En la primera pista que apunta a sobornos que realizó OHL a cambio
contratos públicos se encontró la financiación irregular del PP, en concreto en
la llamada “contabilidad B” del ex gerente del PP durante dos décadas, Luis
Bárcenas, procesado por diversos delitos y que ha permanecido en prisión
varios meses.
En esos documentos aparecen los nombres de OHL, Villar Mir y López
Madrid como uno de los que daban dinero de forma ilegal al PP para su
financiación irregular, con lo que a cambio eran beneficiarios de los contratos
públicos de sus administraciones de forma preferente. Es decir, un sistema
casi identico al que utilizó OHL en México para conseguir contratos en el
Estado de México y que presuntamente todavía está en fase de investigación
de la justicia mexicana.
En abril de 2016, José Andrés de Oteyza Fernández, el perno en la puerta
giratoria con distintos gobiernos, dejó de ser el presidente del Consejo de
OHL, unas de las llamadas constructoras del sexenio junto con Grupo Higa.
La separación del directivo se dio “por motivos personales”, dijo la empresa.
Pero De Oteiza, ex Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial del sexenio
de José López Portillo y Embajador de México en Canadá de 1983 a 1987
(con Miguel de la Madrid) vivió un año de escándalo en escándalo tras estar
involucrado en audios donde OHL México presuntamente presentaba
contratos con sobrecostos al Gobierno del Estado de México y pagaba
vacaciones a funcionarios.
En el caso que se registró hoy en España, la Guardia Civil investiga en
concreto los documentos que probarían que OHL México desvió un millón
400 mil euros a Suiza que estaban destinados para el enriquecimiento
personal de Ignacio González, quien a cambio se habría comprometido con
OHL a adjudicarles la construcción y operación del metro de Navalcarnero.
La concesión del tren a Navalcarnero, proyecto que no se culminó, está en el
origen mismo de la Operación Lezo. Se trata del punto de arranque de la
investigación de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2015, diez meses
antes de la denuncia que Cristina Cifuentes presentó ante la Fiscalía General
del Estado en junio de 2016, confirmaron fuentes de la investigación.
Fuentes de OHL han subrayado que la empresa está “prestando la mayor
colaboración y facilitando toda la información solicitada”. “Reiteramos que
en ningún momento OHL ha pagado ninguna comisión a ningún partido
político”, han dicho las mismas fuentes. Tras conocerse el registro, pasadas
las 13:30 horas las acciones de OHL se desploman más de un 11% en la
Bolsa de Madrid.
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La SCT, nudo en los escándalos de corrupción sexenal,
suma otra sospecha con empresa española
INDRA Y SAERCO
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también
están registrando las sedes centrales en Madrid de Indra y Saerco en el marco
de las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP en Madrid
que sigue en una pieza separada el juez de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco.
Según han indicado a Efe fuentes de la investigación, los registros de la
multinacional Indra y de Saerco, empresa que gestiona las torres de control de
aeropuertos, se suma al que la Guardia Civil está realizando en OHL por
orden de Velasco que indaga la vinculación entre la adjudicación de contratos
públicos de la Comunidad de Madrid y la presunta financiación irregular del
PP.
Además de estos tres registros, las fuentes consultadas han señalado aEfe que
se siguen otras actuaciones similares en otras empresas, como el caso de la
sede en Madrid de Licuas, dedicada a conducciones hidráulicas, obra civil y
mantenimiento de integral de edificios.
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El Edomex y OHL: 15 años de un romance muy rentable
Los registros que se están practicando se producen 24 horas después de que la
UCO realizara la operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II,
en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio
González.
Las acciones de Indra caen un 6 por ciento en bolsa tras conocerse la noticia.
También está registrando la UCO la Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid (MadridDigital), para lo que cuenta con la
“máxima colaboración” por parte del personal, según ha explicado a este
diario un portavoz del gobierno regional.
Adicionalmente, ayer miércoles la Guardia Civil registró la empresa Subastas
Segre, que preside la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero. Una
portavoz de esta casa de subastas asegura que no les investigan a ellos como
empresa, sino a Cavero, que posee un 13 por ciento y al propio Ignacio
González, que también consta como accionista por su matrimonio en bienes
gananciales.
Te lo firmo y… no te cumplo: EPN impuso la moda y gobernadores del PRI la adoptaron con gusto Por Shaila Rosagel
“Te lo firmo y te lo cumplo” fue la moda que instituyó el
Presidente Enrique Peña Nieto entre los candidatos y aspirantes a
puestos de elección popular por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). Una estrategia política que busca, a través de
las promesas y los compromisos por escrito, dar certeza de que el
priísta es la mejor opción para el electorado, dicen analistas
consultados por SinEmbargo. Pero, aunque los priístas han hecho
muchas promesas, pocas se han cumplido en un país de un pueblo
sin memoria, que olvida pronto porque en México los ciudadanos
“ya saben que el político siempre miente y nunca cumple sus
promesas”, criticaron.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña
Nieto puso de moda el dicho: “te lo firmo y te lo cumplo”, con los 266
compromisos que signó ante Notario Público cuando se encontraba en
campaña para la sucesión presidencial de 2012. Como él, varios priistas le
siguieron los pasos con el mismo resultado: no cumplir.
“[Peña Nieto] fue quien utilizó lo de los compromisos como una herramienta
para decir: ‘no soy como los otros, yo te lo firmo y te lo cumplo’. Ellos lo
saben, una cosa es estar en campaña y prometer, y otra cosa es estar frente de
un Gobierno. Por muy buenas que sean las intenciones, es sólo una estrategia
para ganar una campaña. Ahí lo interesante es ver si cumplió, pero, ¿cuántos
ciudadanos hacen ese seguimiento”, dijo Ivonne Acuña Murillo, académica
del departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Iberoamericana (UIA).
De acuerdo con la última revisión que hizo SinEmbargo de los compromisos
firmados por Peña Nieto, a cuatro años de Gobierno, se registraba un nivel de
incumplimiento de 77 por ciento; es decir, sólo había cumplido hasta esa
fecha con 61.
Peña Nieto instauró una “moda” para dar credibilidad al discurso político
durante las campañas, explicó Acuña Murillo. Una estrategia política que
siguieron otros mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
como Eruviel Ávila Villegas, en el Estado de México; Rubén Moreira Valdez,
en Coahuila, y Manuel Velasco Coello, en Chiapas, así como varios
candidatos a la gubernatura entre 2105 y 2016.
“En campaña dicen todo lo que quieren hacer y firman compromisos, pero en
Gobierno terminan haciendo los minoritarios. Se tiene que romper con esa
idea, a los políticos se les tiene que analizar a partir de sus hechos, no de sus
promesas”, consideró Héctor Quintanar Pérez, politólogo de la Facultada de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
En la campaña presidencial de 2012, el entonces candidato priista Enrique Peña Nieto instauró una moda:
la firma de compromisos ante Notario Público. Foto: Cuartoscuro
Los compromisos en la contienda por la Presidencia de la República no
fueron los primeros de Peña Nieto. En 2005 firmó ante notario público 608
compromisos de campaña para la gubernatura del Edomex, que giraban
alrededor de tres ejes: seguridad económica, seguridad social y seguridad
pública.
El “te lo cumplo” de Peña Nieto y otros priistas ha quedado sólo en promesas.
Eruviel Ávila, por ejemplo, firmó, cuando era candidato también al Edomex,
6 mil compromisos, de los cuales, afirmó durante su Segundo Informe de
Gobierno, ya se habían cumplido la mitad. El mandatario destacó la entrega
de becas, capacitación a maestros, combate a la pobreza y en materia
de seguridad dijo que trabajaba en capacitación y equipamiento de la policía,
así como en inteligencia y tecnología.
Pero ni Peña ni Eruviel le cumplieron al Edomex. Durante los últimos 12 años
los principales indicadores de bienestar para la entidad empeoraron. El Estado
de México esta dentro de los más pobres, más inseguras y más endeudados
del país. Peña Nieto incrementó la deuda pública en 9 mil millones de pesos;
mientras que Eruviel Ávila mantiene a la entidad entre las cinco más
endeudados del país, a pesar del millonario presupuesto que maneja.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el 46.6 por ciento de los mexiquenses viven pobres; mientras que
entre 2010 y 2014 la pobreza se incrementó de 42.9 por ciento a 49.6 por
ciento.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP) detallan que durante los últimos doce años se han registrado al
menos 21 mil 656 asesinatos. El estado se ha mantenido como una de los más
peligrosos.
El priista Eruviel Ávila Villegas también hizo uso de la firma de compromisos ante Notario Público cuando
hizo campaña por la gubernatura del Edomex. Foto: Cuartoscuro
El documento “Perfil del Estado de México”, elaborado por el Instituto de
Estudios Legislativos del Congreso local, dice que la entidad encabeza la lista
a nivel nacional con los mayores índices de homicidios, secuestro y extorsión.
El documento cita datos del SESNSP con corte A julio de 2015, donde el
Edomex se coloca como la entidad más peligrosa del país, pues de 2012 a
2015 se registraron 7 mil 771 homicidios, por encima de Guerrero,
Chihuahua, Jalisco y Michoacán.
El candidato a la gubernatura del Edomex Afredo del Mazo Maza también
siguió los pasos de su primo Peña Nieto. En 2009, cuando contendió por la
Alcaldía de Huixquilucan firmó ante notario público 30 compromisos que
giraban alrededor de mejora de vialidades, seguridad pública, servicios
públicos, educación, salud, desarrollo social e infraestructura.
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Edomex tendrá 15 observadores para 21 mil casillas, 11
millones de votantes y “un PRI mañoso”
El 13 de marzo pasado, durante uno de sus actos de campaña ahora en la
contienda por la gubernatura de la entidad, un grupo de mujeres del municipio
que gobernó entre 2009-2012 le reclamó por su gestión.
“No sé con qué cara viene a pedir voto cuando aquí no ha hecho nada. ¿Qué
ha hecho por el pueblo? ¿Qué hizo cuando fue presidente [municipal]? Nada”,
le reclamaron.
De acuerdo con el ejercicio de verificación de hechos
de SinEmbargo#DichosyHechos, la incidencia delictiva aumentó un 30 por
ciento en Huixquilucan entre 2011 y 2012, cuando Alfredo del Mazo era
Alcalde.
Alfredo del Mazo hasta la fecha no ha firmado compromisos como aspirante a
la gubernatura del Estado de México. De acuerdo con la analista Ivonne
Acuña, el priista busca tomar distancia de su primo. Los resultados del
sexenio de Peña Nieto hacen que firmar promesas ahora, quizás no sería la
mejor idea.
“Tiene que separarse, pero es muy difícil y no creo que lo logre. Se sabe que
es el candidato de Peña Nieto, era su candidato desde las elecciones que ganó
Eruviel Ávila, además es su primo”, detalló la académica. ADEMÁS
#DichosyHechos | El paso de Alfredo Del Mazo por
Huixquilucan contradice lo que ofrece para Edomex
“TE LO FIRMO Y TE LO CUMPLO”
El priista Alfredo del Mazo sí utilizó, el domingo pasado para un
promocional, una de las promesas, que de acuerdo con el diarioVanguardia,
ha sido de constantemente utilizada por otro priísta, Rubén Moreira Valdez,
Gobernador de Coahuila: “de la seguridad me encargo yo”.
En 2011, Moreira Valdez también firmó compromisos ante notario público en
los distintos municipios de Coahuila. En Torreón signó 120 en el “Plan
Laguna Siglo XXI”, para mejorar la economía de la región, la seguridad y la
justicia, medio ambiente, salud y educación.
En materia de seguridad se comprometió a crear una nueva legislación y a
mantener coordinación con Durango, Nuevo Léon y Texas para combatir la
inseguridad. A pesar de lo comprometido, la entidad que gobierna se
convirtió en una de las más peligrosas.
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31 maneras de presionar a los ciudadanos de Edomex
para que voten PRI, según observadores
En enero, el Gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a tomar
precauciones si deseaban viajar a Coahuila, pues está considerada entre los 11
estados más peligrosas de México por sus homicidios, robo a mano armada,
de vehículos, secuestro, extorsión y agresión sexual, especialmente en las
carreteras entre Piedras Negras y Nuevo Laredo.
Datos del SESNSP muestran que desde que Moreira asumió la gubernatura de
Coahuila, las violaciones y otros delitos sexuales fueron al alza en 36 por
ciento; mientras que el secuestro aumentó 31.3 por ciento.
La pobreza extrema se cuadruplicó entre 2010 y 2014 en el estado, de acuerdo
con datos del Coneval. El crecimiento económico, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), al tercer trimestre de 2016 sólo creció 0.2
por ciento; mientras que la deuda pública sigue en ascenso después de que
Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador y hermano de Rubén, incrementó
los pasivos de la entidad 36 mil 186.6 millones de pesos.
En 2012, en compañía del entonces candidato a la Presidencia Enrique Peña Nieto, Manuel Velasco,
quien buscaba la gubernatura de Chiapas, también uso la firma de compromisos. Foto: Cuartoscuro
Otro Gobernador priísta que también firmó compromisos es Manuel Velasco
Coello, en Chiapas. El 29 de mayo de 2012, el entonces candidato a la
gubernatura de la alianza PRI-Partido Verde Ecologista de México, firmó su
primer compromiso de crear un Gobierno de coalición con partidos y
ciudadanos para desarrollar a la entidad.
Además, a lo largo de su campaña política y por el paso de varios municipios,
Velasco hizo promesas como la conservación de la riqueza natural del estado,
construir carreteras, y ayudar a los productores agrícolas de la región. Ya
como Gobernador, a principios de diciembre de 2016, firmó el “Pacto por
Chiapas” para impulsar el crecimiento económico de la entidad.
Pero Manuel Velasco tampoco cumplió. De acuerdo con el semáforo estatal
de México ¿Cómo vamos?, para el primer trimestre de 2017, Chiapas se
mantiene en rojo debido a que se perdieron 2 mil 313 empleos formales. La
entidad también está en semáforo rojo en productividad, pobreza laboral,
deuda pública, informalidad y desigualdad laboral.
Si de pobreza se trata, el Gobernador chiapaneco tampoco ha
logrado disminuirla. De acuerdo con el último estudio del Coneval, entre
2012 y 2014, en Chiapas el 76.2 por ciento de la población era pobre, y de ese
total, el 31.8 por ciento vivía en pobreza extrema.
Otros candidatos a gubernatura por el PRI firmaron compromisos para los
procesos electorales de 2015 y 2016. En abril del año pasado, en Oaxaca el
entonces aspirante Alejandro Murat, hoy Gobernador, firmó 600
compromisos para mejorar la economía de la entidad y acabar con la pobreza.
En San Luis Potosí, para la elección de 2015, el aspirante del PRI a la
gubernatura de la entidad Juan Manuel Carreras López también se
comprometió ante notario; y en 2016, el aspirante de la coalición PRI–PVEM
a la gubernatura de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, firmó 268
compromisos en los municipios de Armería, Tecomán e Ixtlahuacán.
En Quintana Roo, para los comicios del año pasado, Mauricio Góngora
Escalante, quien fue candidato del PRI–PVEM y Nueva Alianza a la
gubernatura, firmó compromisos con las mujeres y las niñas de la entidad.
Los analistas coinciden en que muchas veces los mexicanos aceptan el hecho de que el “político siempre
miente” y que “no cumple sus promesas”. Foto: Cuartoscuro
CIUDADANOS OLVIDAN COMPROMISOS
Pero aunque los compromisos queden en letra muerta, los analistas políticos
coinciden en que los ciudadanos en México olvidan en cada elección las
promesas de los candidatos.
Los mexicanos aceptan el hecho de que el “político siempre miente” y que
“no cumple sus promesas”.
“Los compromisos se pierden, la gente se ocupa de lo que le afecta
directamente, lo demás, lo olvida, tiene corta memoria. Un sexenio después
vuelve a votar por el partido del candidato que no cumplió. Hay un
desencanto, la gente sabe de antemano que los políticos no cumplen sus
promesas. En la campaña de 2012, cuando se repartieron las tarjetas Soriana,
se le preguntaba a las personas si votarían por el PRI y decían: ‘Sí claro,
porque será lo único que me toque en todo el sexenio’. Esto entre los teóricos
se le conoce como cinismo político”, explicó Ivonne Acuña.
Héctor Quintanar consideró que el incumplimiento de compromisos puede
resultar secundario durante nuevos comicios electorales.
“Cuando Peña fue desenmascarado de que hubo muchos compromisos en el
Edomex que no cumplió, le disminuyó un puntito, dos en las encuestas. Ahí
se demostró que un candidato no es confiable, no cumplió lo que prometió,
pero le mermó poquito.El electorado carece de memoria histórica mínima
para tomar su decisión en las urnas”, anotó.
El politólogo añadió que el tener en el radar al político que cumple y al que
no, depende de la memoria, con el “mirar hacia el pasado”, por lo que en
México es fácil “salirse con la suya”.
“Cuando hay una estructura antidemocrática como la del PRI que compra
votos, es muy difícil que influya el incumplimiento. Nuestros políticos son
lamentables, pero a los ciudadanos mexicanos les falta mucho por madurar en
la construcción cívica”, finalizó.
Por Shaila Rosagel
¿Cómo parar a tiempo a las ratas? Revocación de mandato y cárcel son ya urgentes, dicen analistas
Por Dulce Olvera
En 2010 y 2012, dos diputados presentaron una iniciativa de Ley
para la Revocación de Mandato para dar el derecho a la
ciudadanía de correr y renovar funcionarios públicos “ineficaces
o corruptos”. Sin embargo, no tuvieron eco “porque no quieren
ser tocados”, dijo el también investigador Jaime Rodríguez, uno
de los promotores de esa legislación. Actualmente, luego de que
salieron a la luz diversos casos de desvío de recursos y
endeudamiento de estados sin resultados, organizaciones civiles
impulsaron el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual incluye
dos marcos, tanto administrativo como penal, para castigar con
destitución, deshabilitación o prisión a funcionarios públicos. No
obstante, otra vez está encontrando frenos de la clase política
porque el Senado no ha asignado a los magistrados
especializados, acusaron especialistas.
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Constituyentes aprueban la revocación de mandato a
funcionarios, incluida la del Jefe de Gobierno
Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– Ante la falta de control a ex
gobernadores señalados de corrupción, algunos detenidos y otros prófugos,
organizaciones y académicos llamaron a la asignación de los 13 magistrados
faltantes para el Sistema Nacional Anticorrupción cuyo régimen de
responsabilidad administrativa permitirá la revocación y deshabilitación hasta
por 20 años. También propusieron eliminar el fuero político o implementar la
revocación de mandato existente en otros países del continente.
En diciembre de 2012, como parte del inicio del actual sexenio, los
gobernadores priistas que iniciarían su gestión posaron para la foto sonrientes
y a lado de quien portaba la banda presidencial, Enrique Peña Nieto. Cinco
años después, cuatro de ellos están detenidos, incluyendo Javier Duarte de
Ochoa (Veracruz); mientras César Duarte Jáquez (Chihuahua) es prófugo de
la justicia y sobre Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) pesan seis órdenes
de aprehensión.
Durante sus seis años de gubernatura, nadie los frenó a tiempo por el “pacto
de impunidad entre políticos”, la “corrupción institucionalizada muy
extendida en la clase política del país” y por el poder que tenían esos
mandatarios sobre los congresos locales ante “la debilidad y dependencia” de
la figura presidencial, dijeron organismos y especialistas en derecho,
transparencia y sistema político.
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Los allegados (como Bermúdez) lo hundieron, según los
cargos; Duarte ya no ríe: suda, muy serio
Hace siete años, dos diputados implementaron, sin ser decretada, una
iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, una figura de participación
ciudadana y de rendición de cuentas no existente salvo en la Constitución de
la Ciudad de México, actualmente bajo impugnación. En Ecuador, Colombia
y Venezuela hay esta figura democrática a nivel nacional y constitucional.
Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), dijo en entrevista que ya no hace falta esta figura
por el régimen de administraciones graves del Sistema Nacional
Anticorrupción que entrará en rigor el próximo 18 de julio, “una herramienta
más poderosa y objetiva que la revocación de mandato, la cual suele ser de
mayorías políticas que se tramita en Congresos estatales”.
“El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción incluye un nuevo régimen de
responsabilidades administrativas graves de tipo juicio que depende de la
calidad de la investigación y capacidad del juez (no de Congresos)”,
destacó Kaiser.
Con este régimen, los 13 magistrados del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa podrán investigar a funcionarios públicos partir de una
denuncia de la Auditorías Superior de la Federación, la Secretaría de la
Función Pública o de cualquier órgano que encuentre algún caso de
corrupción.
Si en este juicio se encuentra culpable al servidor público señalado,
se sancionará con destitución y deshabilitación para ejercer ese cargo o
similar por los próximos 20 años, así sea un Gobernador o Alcalde en
funciones, explicó Kaiser.
“Espero que poco a poco empiecen a entender y vean que aunque vayan en
sus primeros días de gobierno y les falte casi todo su mandato, si son
sorprendidos en un acto de corrupción y son debidamente investigados por el
Tribunal, puedan quedar destituidos de su cargo”, reiteró.
No obstante, advirtió que todavía no están nombrados los magistrados de este
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Ni fiscal, ni magistrados, y más: apenas 3 entidades están
listas para el Sistema Anticorrupción
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, expuso que el año
pasado se aprobaron siete de 22 leyes que tienen que ser reformadas para
crear el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellas, las ya aprobadas del
régimen de responsabilidades administrativas y la que se hizo en materia
penal. En los estados de la República se está armonizando para tener vigencia
a nivel local.
“Para que una estrategia anticorrupción funcione se necesitan las dos
herramientas: en algunos casos es la vía administrativa, que es equivalente a
la Secretaría de la Función Pública, y su mayor sanción es la inhabilitación.
Con la penal, equivalente a la PGR, se puede llegar a la cárcel”, explicó
Bohórquez.
Investigadores en derecho y ciencia política también destacaron la ausencia
del nombramiento de magistrados especializados en la vía administrativa (en
la vía penal ya hay jueces) y del Fiscal Anticorrupción.
“Se tiene el marco jurídico, pero no se tiene a los aplicadores. El Senado de la
República aún no asigna a los magistrados que conocerán las faltas graves de
los servidores públicos. ¿De qué sirve el SNA si la autoridad que la aplicará
no se ha conformado porque no quieren ser tocados? Hay una falta de
voluntad política y además los nombramientos de los titulares de este sistema
los hace la propia clase política; es un sistema débil porque el vigilante
depende del vigilado”, dijo el investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia.
La politóloga especialista en sistema político mexicano, Ivonne Acuña
Murillo, urgió a que ya funcione la Fiscalía Anticorrupción para frenar “la
libertad” de los gobernadores para que no pase “lo que estamos viendo con
los Duartes, Borge y demás”.
“El SNA y la Fiscalía Anticorrupción necesita autonomía para poder
fiscalizar y sancionar; que no tengan compromisos políticos ni partidistas.
También se necesita que los gobernadores rindan el uso de sus presupuestos”,
llamó la académica.
Sin embargo, advirtió Acuña Murillo, los gobernadores “se han fortalecido
porque el Presidente los necesita y no los va a presionar ni quitar atribuciones
si necesita de su apoyo”, por lo que “aumenta” la posibilidad de que “no haya
un control suficiente sobre lo que hacen”.
Ante ello, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, del Centro de Estudios de
Impunidad y Justicia, afirmó que “es urgente eliminar el fuero político desde
el Presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales y
los diputados y senadores. La revocación de mandato serviría contra la
corrupción si se quitan estos fueros”.
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El Sistema Nacional Anticorrupción queda instalado…
pero sin Fiscal ni magistrados
REVOCACIÓN DE MANDATO
El Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nohlen define la revocación de
mandato como el procedimiento institucional de una democracia participativa
que permite a los electores “en todo momento” despedir y reemplazar a
funcionarios públicos previamente a que terminen el periodo para el que
fueron elegidos.
En febrero de de 2010, el Diputado e investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Fernando Cárdenas Gracia,
presentó una iniciativa de Ley de Revocación de Mandato. En ella argumentó
que “estimula” a los funcionarios públicos electos a ser más responsables con
sus electores, y a los votantes a jugar un rol de “supervisión más activo”.
En entrevista con este diario digital, el investigador afirmó que la propuso
para que “los ciudadanos tuviesen mecanismos para remover de su cargo a los
malos gobernantes; que se pudiesen remover si no estaban cumpliendo con su
plataforma electoral o que la ciudadanía encontrara que no fuesen eficientes o
por razones de corrupción”.
“La figura existente en países sudamericanos existe para dar a entender que
existe el derecho de nombrar a los gobernantes y también de quitarlos, aunque
no concluya su mandato correspondiente. Generalmente se establece a la
mitad de la gestión”, aseguró Cárdenas Gracia.
Sin embargo, no tuvo eco.
“Los demás grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados no respaldaron
salvo algunas voces minoritarias. No hubo una corriente de partidos grandes
dominantes a favor, por lo que no se pudo dictaminar la iniciativa”.
En 2011, después de la discusión de una reforma política sin incluir la figura,
el abogado y politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez contrastó al argumentar
que la revocación de mandato “le habría arrancado al poder la estabilidad que
requiere para tomar decisiones riesgosas que son necesariamente
impopulares. Habría sometido al gobierno al veleidoso imperio de la
encuesta”.
En septiembre de 2012, la Diputada Julisa Mejía Guardado insistió y también
lanzó una iniciativa para reformar los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución
–sobre soberanía, democracia y facultades del Congreso de la Unión– para
que “actos de corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y
pérdida de legitimidad se consideren causales para que el electorado solicite
la revocación de mandato de un funcionario público electo”.
No pasaron. Pero justamente son las causas por las que seis ex gobernadores
priistas han sido detenidos o son buscados por la justicia.
El Presidente Enrique Peña Nieto con quienes gobernaban los estados de la República en 2012. Foto: Twitter.
De izquierda a derecha de la foto referida, Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo
León) fue procesado por desvío de recursos y daño al patrimonio estatal;
Andrés Granier Melo, el de los cientos de pantalones, está detenido por
desvío de al menos 2 mil 600 millones de pesos; Javier Duarte (Veracruz) fue
recién capturado por delincuencia organizada y desvío de recursos tras 186
días fugado; César Duarte (Chihuahua) es buscado incluso por la Interpol por
desvío de dinero; Fausto Vallejo (Michoacán) procesado y relacionado con el
crimen organizado; y contra Roberto Borge (Quintana Roo) se han solicitado
seis ordenes de aprehensión por venta de bienes ambientales públicos.
Los Duarte y Borge son quienes más salen cercanos al abanderado Peña
Nieto. En el caso de los dos primeros priistas, endeudaron a niveles rojos sus
respectivas entidades y no frenaron los índices de violencia y violación a
derechos humanos. Borge Angulo, por su parte, es acusado de represión a la
prensa y de ceder terrenos a empresas.
El politólogo por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE),
Andrés Lajous, resaltó en un texto de la revista Nexos que las iniciativas de
revocación deben considerar si el gobierno o grupos de ciudadanos son
quienes deben convocar al proceso revocatorio; qué porcentaje de votos
permitiría la destitución y cómo sería el mecanismo de salida una vez
aprobado.
A principios de mes, el sector empresarial expuso la necesidad de garantizar
“un ejercicio responsable y constructivo” de las instituciones públicas.
“Debemos fortalecer la representatividad y la rendición de cuentas en todo el
país, así como también asegurar que los organismos autónomos del Estado
mexicano conserven la independencia que requieren para realizar sus tareas y
quienes los dirigen sean electos por sus méritos profesionales y no por
intereses políticos o personales”, declaró el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE).
Este lunes, añadió a propósito de la detención de Javier Duarte en Guatemala,
que “la única manera de tener instituciones sólidas es dotándolas de
legitimidad y eficiencia, y cerrando cualquier camino de corrupción e
impunidad”.
Reforma: Humberto Moreira desvió
millones a una empresa fantasma y
fue exonerado por su hermano
Por Redacción / Sin Embargo
La empresa Chavana, supuestamente creada por Humberto
Moreira para el desvío de recursos públicos, declaró ingresos por
46.4 millones de pesos en su ejercicio fiscal de 2010.
Ciudad de México, 20 de abril (SinEmbargo).- El empresario radiofónico,
Rolando González, aseguró haber recibió millones de dólares del Gobierno de
Coahuila, a través de la empresa Construcciones Chavana, supuestamente
creada por Humberto Moreira Valdés para el desvío de recursos públicos.
De acuerdo con el diario Reforma, González aseguró ante una corte de Texas
que de 2006 a 2009 cobró un total de 49 millones 369 mil pesos que le fueron
pagados por la oficina del director general de Gasto Público a la empresa
identificada como “proveedora”.
Apenas ayer el periódico mexicano dio a conocer que el Gobernador de
Coahuila, Rubén Moreira Valdez, exoneró desde mayo de 2015 a su hermano
Humberto, acusado de presunto fraude y operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
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Rubén Moreira “investigó” y exoneró a su hermano
Humberto desde mayo de 2015:Reforma
En el expediente por el que fue exonerado Moreira, la investigación del
Gobierno de Coahuila detectó pagos por cerca de 50 millones de pesos
realizados en 2010 a una empresa fantasma de Nuevo León. Pero la
Procuraduría señaló que en el periodo que señala el empresarioRolando
González no se encontraron reportes de transferencias provenientes de las
finanzas del estado.
El ex Gobernador Moreira compareció ante la Procuraduría en abril del 2015
y dijo que él no hacías lo pagos, ni trasferencias de fondos del erario, que la
encargada directa era la Secretaría de Finanzas. Las autoridades estatales no
investigaron a ninguno de los funcionario o implicados ni rastrearon el dinero
de dichos pagos.
Por esas fechas, Rolando González, se entregó a las autoridades de Estados
Unidos por lavado de dinero proveniente de las arcas de Coahuila.
La empresa Chavana declaró ingresos por 46.4 millones de pesos en su
ejercicio fiscal de 2010. Su principal cliente fue identificado como Metrorrey
de Nuevo León, de acuerdo con el expediente de la Procuraduría de Coahuila.
Además, según registros del Gobierno de Nuevo León, Construcciones
Chavana fue proveedora de Metrorrey y Simeprode en la Administración de
Rodrigo Medina, recibiendo pagos por distintos conceptos.
Por Redacción / Sin Embargo
El espeso fondo de la corrupción Por Jorge Javier Romero Vadillo
No es una novedad la desfachatez de los gobernadores para saquear las arcas públicas y utilizar su cargo para
los negocios personales y de sus familias. Foto: Especial.
Las detenciones de Tomás Yarrington y Javier Duarte han generado un
esperado clamor en las redes y han servido el espectáculo tan caro a la
televisión, sobre todo la del segundo, en pleno sábado de Gloria, cuando las
noticias escasean y los televidentes reposan. Las reacciones han ido desde las
loas a la gran eficacia y determinación de las autoridades mexicanas,
empeñadas en reducir la impunidad proverbial de la corrupción en México,
hasta las teorías conspirativas más demenciales. Desde la mesura, es evidente
que se trata de dos buenas noticias, pero no significan ningún parteaguas en el
arduo proceso de contención del escandaloso patrimonialismo que
históricamente ha caracterizado al ejercicio del poder público en este país.
De hecho, los casos ejemplares, si bien son importantes para revertir la
sensación de impunidad que la sociedad mexicana tiene respecto al latrocinio
al que nos tienen acostumbrados los gobernantes, no son el principal
mecanismo para reducir los amplios márgenes existentes en el Estado
mexicano para la apropiación privada de los recursos públicos y para la
explotación personal de las parcelas de poder. No cabe duda de que los peces
gordos deben ser perseguidos y juzgados, además de despojados de sus
botines para reintegrarlos a la sociedad de la cual fueron extraídos, pero como
bien ha escrito Mauricio Merino con su captura y castigo se puede crear una
falsa impresión de que se está haciendo algo sustancial, mientras las redes de
corrupción, y las causas institucionales de esta, quedan intactas.
No es una novedad la desfachatez de los gobernadores para saquear las arcas
públicas y utilizar su cargo para los negocios personales y de sus familias. Se
trata de una manera de ejercicio del poder que forma parte de la trayectoria
institucional mexicana. Durante la época clásica del régimen del PRI, la
colusión entre empresarios y gobernante locales fue una marca de la casa, al
tiempo que era costumbre el desvío de recursos públicos a las cuentas
personales de los prebostes locales. Hubo algunos tan descarados, como
Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, que alardearon de sus latrocinios,
mientras otros fueron más discretos, pero llegar a gobernar un estado en
México, por más pobre que este fura, era una garantía de paso a una mejor
vida. En Campeche, por ejemplo, entidad casi despoblada y con magros
ingresos fiscales propios, hubo personajes, como el inefable Carlos Sansores
Pérez, que construyeron fortunas faraónicas a su paso por la gestión pública.
La democracia, se nos dijo, serviría para atemperar la depredación a la que el
monopolio político nos acostumbró. El voto serviría para castigar los abusos y
llevaría a la contención de los políticos en sus ansias de enriquecimiento. Sin
embargo, lo que ha ocurrido es que, en la medida en la que los límites
establecidos por la férrea disciplina impuesta por el arbitraje presidencial
centralizado se han perdido y las perspectivas de largo plazo de los políticos
locales, esperanzados por continuar sus carreras más allá de su gobierno local,
se han diluido, cada alcalde o cada Gobernador, constreñido su mandato a tres
o seis años, sin necesidad de presentarse de nuevo ante sus electores para
rendir cuentas, aprovecha al máximo el tiempo de su gestión, como
los bandidos estacionarios del modelo de Mancur Olson, conscientes de que
sus posibilidades de enriquecimiento tienen fecha de caducidad.
Sin embargo, es indispensable entender con precisión la lógica institucional
del fenómeno. No se trata, como pretende López Obrador, de un
enfrentamiento entre la podredumbre y la virtud, pues no solo es una cuestión
de moralidad, que se resolverá cuando los buenos y honrados encabezados
por él mismo lleguen al poder. Prueba de ello es que la depredación local no
ha respetado fronteras partidistas: una vez en el poder, tanto los panistas
como los perredistas lo han usado de la misma manera que sus pares del PRI.
Así, hay un problema de incentivos racionales y oportunidades orgánicas que
debe ser explicado para desmontarlo.
La explicación más tradicional, desde la perspectiva de la elección pública, de
la corrupción ubica su causa esencial en el problema principal–agente: sin
mecanismos eficaces de disciplina, tanto formales como informales, cada
agente del Estado tendrá como función de utilidad individual el
aprovechamiento personal del poder y los recursos puestos a su cargo. Desde
esta perspectiva, la construcción misma del Estado mexicano, débil y
contrahecho, implicó una gran permisividad para que cada agente, desde el
policía de la esquina hasta los altos directivos de la burocracia, vendiera
directamente sus protecciones y negociara privadamente la desobediencia de
la ley, con lo que se estableció un patrón de relación entre los ciudadanos y
los funcionarios estatales basado en la negociación personalizada.
De acuerdo a este enfoque, una buena forma de resolver la corrupción pasa
por la eliminación de la gestión personalizada, la simplificación
administrativa y la reducción del Estado. Empero, si bien ello puede
contribuir a atemperar la pequeña corrupción cotidiana de la gestión estatal
(las fotomultas, por ejemplo, le quitan al policía la posibilidad de morder,
mientras los trámites por internet eliminan la capacidad de los funcionarios de
ventanilla para vender sus buenos oficios a la hora de agilizar alguna gestión),
ni explican ni resuelven la gran corrupción patrimonial ejercida desde los
cargos ejecutivos de elección popular, como las alcaldías o los gobiernos
estatales. Por lo demás, es un argumento usado para abogar por el Estado
mínimo.
Resulta que existe evidencia para afirmar que el tamaño del Estado no es lo
relevante. Es más, Anna Perssons y Bo Rothstein han argumentado en
un artículo académico publicado en Comparative Politics en enero de 2015
que muchos de los Estados más grandes, como los escandinavos, son de los
menos corruptos del mundo, precisamente porque su tamaño depende de la
cantidad de impuestos que recaudan, lo que lleva a sus ciudadanos a estar
especialmente alertas sobre la manera en la que su dinero se gasta. Esta es una
perspectiva útil para entender la desvergüenza de los gobernantes locales
mexicanos, pues los ciudadanos –sobre todo los más ricos– aunque se
indignan cuando se hacen públicos los escándalos de corrupción, no sienten
que es su dinero el que se están robando estos personajes, pues no lo vinculan
con sus impuestos. Como los gobiernos locales casi no recaudan directamente
impuestos, los recursos desviados provienen principalmente de las
participaciones federales, que a su vez tradicionalmente tampoco es muy
eficaz en eso de las exacciones y ha basado buena parte de su gasto en los
ingresos petroleros y de otros recursos naturales. Así, la falta de exigencia
social de rendición de cuentas se debería precisamente a la propia debilidad
fiscal del Estado.
Los gobernadores mexicanos son extremadamente irresponsables con los
recursos que administran porque no son ellos los que los recaudan y no se
sienten obligados a rendir cuentas directas a los contribuyentes pues, al final
de cuentas, ellos se van después de seis años y las deudas o los boquetes
presupuestales le quedaran a sus sucesores. Mientras esto sea así, difícilmente
se frenará la depredación, por más que existan algunos a los cuáles se les
castigue ejemplarmente.
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.
