EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Número del Caso: CC-2017-570

Fecha: 6 de diciembre de 2017

Región Judicial de San Juan – Caguas, Panel IV

Abogados de la parte Peticionaria:

Lcdo. José E. Torres Valentín

Lcda. Marilucy González Báez

Lcdo. José J. Nazario de la Rosa

Lcdo. Carlos E. Gómez Menéndez

Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular de

Conformidad y Voto Particular Disiente

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

Rosa Lydia Vélez y otros

Peticionario

v.

Departamento de Educación y

otros

Recurrido

Certiorari

2017 TSPR 197

198 DPR ____

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rosa Lydia Vélez y otros

Peticionario

v.

Departamento de Educación

Y otros

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico a 6 de diciembre de 2017.

Examinada la petición de certiorari presentada

en el caso de epígrafe, se ordena el archivo

administrativo de este asunto por este estar

paralizado en virtud de la Sec. 301 (a) del Título

III de PROMESA, 48 USC Sec. 2161 (a), hasta tanto

una de las partes nos certifique que se ha

levantado la paralización, ya sea por la conclusión

del procedimiento de quiebras o mediante una

solicitud a esos efectos, acorde permite la Sección

362(d) del Código de Quiebras.

Lo acordó el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez está conforme y hace

constar la expresión siguiente:

Desde el 1990 la parte demandante ha

solicitado en los tribunales de este país

que el Departamento de Educación atienda

los reclamos de los niños y niñas con

necesidades especiales. Actualmente, queda

pendiente la compensación por los daños que

estos sufrieron debido a los actos ilegales

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

De entrada, reconozco que estamos ante una

reclamación monetaria. Éstas, como norma

Núm. CC-2017-570 Certiorari

CC-2017-0570 2

general, están sujetas a la paralización automática

dispuesta por la sección 301(a) del Título III del

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic

Stability Act (PROMESA). Aunque estimo que debemos

ver más allá del texto simple de la ley e

interpretarla de una manera que no produzca

resultados injustos, en este caso, ambas partes

solicitan la paralización del pleito. Por

consiguiente, estimo que lo más adecuado es que sea

el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el

Distrito de Puerto Rico quien levante la

paralización. Para ello, espero que el Tribunal

tome en cuenta que el caso en poco, o en nada,

afecta el proceso de quiebras, el carácter

histórico y apremiante de este pleito judicial, y

que su paralización solo atrasa la concesión del

remedio legal que por tantos años llevan buscando

las partes afectadas.

El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió Voto

Particular de Conformidad al que se unen el Juez Asociado

señor Kolthoff Caraballo y el Juez Asociado señor Feliberti

Cintrón. La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

proveería no ha lugar sin más. El Juez Asociado señor Colón

Pérez emitió Voto Particular Disidente al cual se une el

Juez Asociado señor Estrella Martínez.

Juan Ernesto Dávila Rivera

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rosa Lydia Vélez y otros

Peticionarios

v.

Departamento de Educación

Recurrido

CC-2017-0570

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES al cual se unieron los Jueces Asociados señores

KOLTHOFF CARABALLO y FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de diciembre de 2017.

Coincido con la decisión de este Tribunal de

archivar este caso administrativamente hasta que las

partes notifiquen que el procedimiento de quiebras ha

concluido. Este Tribunal no se ha negado a expedir este

recurso. Aquí ha ocurrido algo diferente, este Tribunal

está impedido de expedir un auto en este caso de daños

y perjuicios, porque una ley federal que el Congreso

aprobó utilizando el poder que la Constitución le da

sobre los territorios como Puerto Rico, nos privó de

jurisdicción.

CC-2017-0570 2

I

Como es conocido, el Congreso de Estados Unidos, en virtud

del poder que le otorga la Cláusula Territorial de la

Constitución de Estados Unidos, Art. IV, Sec.3, Const. EE. UU.,

LPRA, Tomo 1, aprobó el Puerto Rico Oversight, Management, and

Economic Stability Act (PROMESA), 48 USCA sec. 2101 et seq. El

propósito de esta legislación fue establecer el proceso de

reestructuración de la deuda de Puerto Rico. En aras de cumplir

con este propósito, el Título III de PROMESA autoriza y

establece el procedimiento que debe seguir el gobierno de Puerto

Rico para presentar una petición de quiebra. Es por esto que el

Título III de PROMESA incorporó las secciones 362 y 922 de la

Ley de Quiebras federal, 11 USCA secs. 362 y 922, las cuales

paralizan automáticamente los pleitos que se estén llevando

contra el deudor al momento de radicar la petición de quiebra.

48 USCA sec. 2161.

La paralización automática del inciso (a) de la Sección

362, 11 USCA sec. 362(a), aplica a cualquier petición de

quiebra. El propósito de esta es proteger al deudor de las

reclamaciones de los acreedores y, a su vez, proteger a estos

últimos frente a otros acreedores. Collier on Bankruptcy, sec.

362.03 (Alan N. Resnick & Henry H. Sommer eds., 16th ed.) Por

otro lado, la Sección 922, supra, forma parte del Capítulo 9 de

la Ley General de Quiebras, el cual trata sobre peticiones de

quiebras municipales, y también paraliza automáticamente las

reclamaciones que se estén llevando contra la municipalidad que

haya presentado una petición de quiebra. Collier, supra, sec.

922.01. Asimismo, el propio texto del Título III de PROMESA, 48

USCA sec. 2164, indica que “[e]l inicio de un caso bajo este

CC-2017-0570 3

título constituye una orden de suspensión”. (traducción

oficial.)

Cabe destacar que una vez se presenta la petición de

quiebra, los tribunales quedan privados de jurisdicción

automáticamente, sin necesidad de ser avisados, y no pueden

continuar atendiendo los casos en donde se esté reclamando

contra el deudor que radicó la petición de quiebra. Marrero

Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490-491 (2010). Asimismo,

la Sección 362(b), 11 USCA sec. 362(b), menciona una serie de

excepciones a la paralización automática. Por último, la sección

362(d) de la Ley de Quiebras federal, 48 USCA sec. 362(d),

establece el procedimiento que debe seguir una parte interesada

que entienda que debe levantarse la paralización automática en

su caso.

Aunque la controversia que tenemos ante nuestra consideración es procesal, este caso

involucra una reclamación por daños y perjuicios, cuyo remedio sería una compensación

monetaria. Por ello, entiendo que todo incidente procesal en este caso quedó paralizado

cuando el gobierno de Puerto Rico presentó la petición de quiebra el 3 de mayo de 2017.

Como en la demanda se solicita una compensación monetaria del

Estado, este caso está paralizado automáticamente y no nos

corresponde determinar lo contrario. Como ya mencionamos, las

partes tienen la opción de presentar una moción en el Tribunal

de Quiebras en la cual soliciten que se levante la paralización

automática.

Los tribunales estatales tienen la facultad inicial de

determinar si un caso está paralizado. Voto particular

disidente, pág.3. Véase también, Lacourt Martínez et al. v. Jta.

Lib. et al. 2017 TSPR 144, 198 DPR ___ (2017); In re Mid-City

CC-2017-0570 4

Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. Ill. 2005). Sin embargo,

esta facultad no es absoluta y está delimitada por el texto de

la ley.

La Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados

Unidos nos ordena seguir lo establecido en las leyes federales,

sin excepción alguna. Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

Asimismo, PROMESA, 48 USCA sec. 2103, establece que las

disposiciones de esa ley están por encima de las leyes locales o

de cualquier ley que sea inconsistente con lo que ella dispone.

Esto también obliga a los jueces locales a resolver conforme a

lo que ella establece. En fin, el sistema constitucional en el

que vivimos nos obliga a resolver cónsono con lo que establecen

las leyes. PROMESA nos priva de jurisdicción para atender este

caso.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Rosa Lydia Vélez y otros

Peticionario

v.

Departamento de Educación

Y otros

Recurrido

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado SEÑOR

COLÓN PÉREZ al que se une el Juez Asociado SEÑOR ESTRELLA

MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico a 6 de diciembre de

2017.

Por considerar que el asunto ante nuestra

consideración -- la revisión de una

determinación del Tribunal de Apelaciones en la

cual dicho foro, al amparo de la Regla 52.1 de

las de Procedimiento Civil, infra, se negó a

expedir un recurso que buscaba revisar la

denegatoria del Tribunal de Primera Instancia

de tornar el pleito que nos ocupa como uno de

litigación civil compleja -- no quedó

paralizado en virtud de lo dispuesto en la Sec.

301(a) del Título III del Puerto Rico

Oversight, Management and Economic Stability

Act (PROMESA), infra, disentimos del errado

curso de acción seguido por una mayoría de este

Tribunal en el día de hoy. Veamos.

Núm. CC-2017-570 Certiorari

CC-2017-0570 2

I.

En el presente caso la señora Rosa Lydia Vélez y

otros (en adelante “señora Vélez”) nos solicitan la

revisión de una Resolución emitida el pasado 4 de mayo de

2017, y notificada el 10 de mayo del mismo año, en la cual

el Tribunal de Apelaciones denegó expedir un recurso de

certiorari presentado por ésta; ello por entender que no

se trataba de un asunto revisable bajo la Regla 52.1 de

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. En dicho

recurso, la señora Vélez solicitó la revocación de una

Resolución del Tribunal de Primera Instancia, en virtud de

la cual el foro primario denegó certificar el pleito ante

nos como uno civil de litigación compleja, por lo que

devolvió el mismo a la sala de origen para la continuación

del trámite ordinario. Según se desprende del expediente

que obra en nuestro poder, la solicitud de la señora Vélez

se realizó a la luz de lo resuelto por este Tribunal en

Vélez v. Dpto. de Educación, 194 DPR 477 (2016), caso en

el cual determinamos que cada padre, madre o encargado de

un estudiante registrado en el programa de educación

especial podía incoar una reclamación independiente en

daños y perjuicios en contra del Departamento de

Educación, dentro del mismo pleito de interdicto que se

atiende en el Tribunal de Primera Instancia.

Así las cosas, y en lo pertinente al asunto que nos

ocupa, luego de que el Tribunal de Apelaciones notificara

CC-2017-0570 3

la referida Resolución, el 19 de mayo de 2017 el

Departamento de Educación sometió ante el foro primario un

Aviso de Paralización Automática de los Procedimientos. En

el mismo, en síntesis, esbozó que, tras la presentación

por parte de la Junta de Supervisión y Administración

Fiscal, el pasado 3 de mayo de 2017 de la petición de

quiebra al amparo de la Sec. 301(a) del Título III del

Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability

Act (PROMESA), 48 USCA sec. 2101 et seq, ante la Corte de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico, procedía la paralización de todos los procedimientos

en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

incluyendo, a su juicio, el presente caso.

Por otro lado, inconforme con la determinación del

Tribunal de Apelaciones, y tras varios trámites procesales

no necesarios aquí pormenorizar, el 23 de mayo de 2017, la

señora Vélez presentó ante el foro apelativo intermedio un

escrito intitulado “Reconsideración, sobre falta de

jurisdicción para emitir resolución y sobre la

paralización de los procedimientos apelativos”. En

esencia, en dicho escrito la señora Vélez solicitó al foro

apelativo intermedio que tomara conocimiento de la fecha

de presentación de la petición de quiebra por parte de la

Junta de Supervisión y Administración Fiscal (3 de mayo de

2017) y dejara sin efecto la Resolución emitida por dicho

foro, pues a su juicio, se emitió sin jurisdicción (4 de

mayo de 2017).

CC-2017-0570 4

Entre tanto -- previo a que el Tribunal de

Apelaciones atendiera el escrito presentado por la señora

Vélez -- y ante la solicitud del Departamento de

Educación, el Tribunal de Primera Instancia emitió una

Sentencia el 1 de junio de 2017, notificada el 13 de junio

del mismo año, mediante la cual decretó la paralización de

los procedimientos en el presente caso y dejó sin efecto

todos los términos pendientes.

Posteriormente, el 13 de junio de 2017 -- para ser

específicos -- el Tribunal de Apelaciones declaró no ha

lugar el escrito de “Reconsideración, sobre falta de

jurisdicción para emitir resolución y sobre la

paralización de los procedimientos apelativos”. Dicha

determinación fue oportunamente notificada a las partes.

Insatisfecha, el 10 de julio de 2017, la señora Vélez

acude ante nos, mediante auto de certiorari, y sostiene

que:

1. Erró el Tribunal de Apelaciones al emitir una

Resolución sin jurisdicción ante la paralización

automática desde el 3 de mayo de 2017 en virtud

de la presentación de la petición de quiebra In

re: Commonwealth of Puerto Rico, Case No. 17-

1578 al amparo de PROMESA, 48 U.S.C. secs. 2201

et seq.

2. Erró el Tribunal de Apelaciones al denegar el

expedir el auto de certiorari por entender que

no es una Resolución revisable en virtud de la

Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil.

3. Erró el Tribunal de Apelaciones al denegar

expedir el auto de certiorari y en consecuencia

sostener la Resolución del Tribunal de Primera

Instancia denegando la certificación de

CC-2017-0570 5

litigación compleja en cuanto a la fase de daños

y perjuicios en el caso de autos.

Así pues, examinado el recurso presentado ante

nuestra consideración, y tras un análisis en extremo

formalista de la normativa que gobierna estos asuntos, una

mayoría de este Tribunal decide archivar

administrativamente el presente recurso por entender que

el mismo está paralizado en virtud de la Sec. 301(a) del

Título III de PROMESA, supra. Como ya adelantamos, de ese

lamentable curso de acción disentimos.

Si bien PROMESA es un estatuto que regula los

contornos de la restructuración de la deuda pública en

Puerto Rico, no es, ni pretendió ser, una camisa de fuerza

que impida a los tribunales locales proveer vehículos

procesales para canalizar eficientemente los casos y

controversias que ante su consideración -- y en sus

diversas manifestaciones -- se presenten; salvaguardando

así los reclamos de miles de estudiantes que exigen el

derecho a una plena educación que atienda las necesidades

especiales de un numeroso grupo de estudiantes. Cumplir

nuestra función constitucional, y observar lo dispuesto en

la ley PROMESA, no son tareas mutuamente excluyentes.

Siendo ello así, en lo pertinente al asunto que nos

ocupa, conviene señalar que el Congreso de Estados Unidos

de América aprobó PROMESA, supra, con el propósito de

establecer los contornos para la regulación de la deuda

pública en Puerto Rico. Para adelantar tales propósitos,

CC-2017-0570 6

la referida disposición legal estableció el procedimiento

que debe seguir el Estado Libre Asociado de Puerto Rico

para presentar una petición de quiebra.

Sobre ese particular, la sec. 301 (a) del Título III

de PROMESA, incorporó a la referida disposición legal las

secciones 362 y 922 del Título II del Código de Quiebras

de los Estados Unidos de América, la cual trae consigo la

paralización automática de los pleitos que se ventilan

contra un deudor al momento en que se radica la referida

petición de quiebra; hecho que –- en lo relacionado al

caso de marras -- se consumó en nuestro país el pasado 3

de mayo de 2017 cuando la Junta de Supervisión y

Administración Fiscal, en representación del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, presentó ante la Corte de los

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, una

petición de quiebra al amparo de la Sec. 301(a) del Título

III de PROMESA, supra.

La referida paralización automática es una de las

protecciones más básicas que el legislador estadounidense

instituyó en el Código de Quiebras para los deudores que

se acogen a éste. Midlantic Nat’l Bank v. new Jersey

Dep’t of Envtl. Protection, 474 US 494, 503, 106 S. Ct.

755, 88 L. Ed. 2d 859 (1986); Soares v. Brockton Credit

Union, 107 F.3d 969, 975 (1er Cir. 1997). Véase, además,

In re Crespo Torres, 532 B.R. 195 (2015). En lo que

finaliza el pleito de quiebra, la misma impide, entre

otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier

CC-2017-0570 7

proceso judicial, administrativo o de otra índole que fue

o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, o para

ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que

se iniciara la quiebra. 11 USCA sec. 362; Marrero Rosado

v. Marrero Rosado, 168 DPR 474., 490-491 (2006). Véase,

además, In re Coupel, 556 B.R. 746 (2016).

Ahora bien, es norma reiterada que tanto los

tribunales federales como los estatales tenemos la

facultad inicial de interpretar la paralización y su

aplicabilidad a los casos. Rafael Lacourt Martínez v.

Junta de Libertad Bajo Palabra, 2017 TSPR 144, 198 DPR ___

(2017); Laboratorio Clinico Irizarry v. Departamento de

Salud, 2017 TSPR 145, 198 DPR ___ (2017) In re Mid-City

Parking, Inc., 332 B.R. 798, 803 (N.D. III. Ill. 2005)

(Nonbankruptcy forums in both the state and federal

systems have jurisdiction to at least initially determine

whether pending litigation is stayed). Véanse, además, In

re Lenke, 249 B.R. 1 (10) (D. Az. 2000); In re Singleton,

230 B.R., 533, 538-539 (6th Cir. 1999).1 Realizado dicho

análisis, habrá escenarios en donde procederá la

1 Precisa señalar aquí que, contrario a lo que se puede intimar de la Opinión de Conformidad, los jueces locales nos encontramos en igual

posición que los jueces federales al momento de interpretar el alcance

de la legislación que nos ocupa; al punto que la Corte de Distrito de

los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en controversias

procesales similares, ha tomado el curso de la no paralización.

Véanse, a modo de ejemplo, Atiles-Gabriel v. Puerto Rico, 2017 WL

2709757, 2 (D. PR 2017) (J. Gelpí) (se denegó su aplicación a un

procedimiento de hábeas corpus) (“The relief sought concerns a

person’s liberty; it does not seek a right to payment, nor an

equitable remedy for which monetary payment is an alternative

remedy”); Vázquez Carmona v. Department of Education of Puerto Rico,

2017 WL 2352153, 1 (D. PR) (J. Gelpí) (se denegó la aplicación de la

paralización a un procedimiento de injunction) (“The relief requested

is not monetary damages”).

CC-2017-0570 8

paralización automática, y habrá escenarios donde –- por

no tratarse de una reclamación monetaria -- no procederá.

Así, por ejemplo, en Rafael Lacourt Martínez v. Junta

de Libertad Bajo Palabra, supra, y en Laboratorio Clínico

Irizarry v. Departamento de Salud, supra, rechazamos el

que se paralizaran pleitos ante la consideración de los

tribunales que no involucraran una reclamación monetaria.

A juicio nuestro, el asunto ante nos es uno de estos

últimos.

Es decir, para quien suscribe, el presente caso, por

la naturaleza de las controversias traídas ante nuestra

consideración, no está paralizado en virtud de la Sec.

301(a) del Título III de PROMESA, supra. Ello, por

entender que, si bien el pleito ante nos en su fondo

incluye una demanda en daños y perjuicios (y, por ende,

una reclamación monetaria), en estos momentos sólo

estaríamos pasando juicio sobre un asunto procesal y no

sobre la reclamación monetaria en sí. Dicho de otro modo,

la intervención de este Foro en esta etapa de los

procedimientos se limitaría a determinar si el Tribunal de

Apelaciones actuó correctamente al denegar expedir un

recurso de certiorari presentado por la señora Vélez donde

ésta solicitaba la revocación de una Resolución del

Tribunal de Primera Instancia, -- en virtud de la cual el

foro primario denegó certificar el pleito ante nos como

uno civil de litigación compleja -- por entender que no se

CC-2017-0570 9

trataba de un asunto revisable bajo la Regla 52.1 de las

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

En ese sentido, adelantamos que somos de la opinión

que, en el asunto llevado ante la consideración Tribunal

de Apelaciones, estaban presentes al menos dos de las

instancias cobijadas en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, supra, -- entiéndase un caso que

reviste de alto interés público o un caso en donde esperar

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia --, que justificaban la intervención del foro

apelativo intermedio en esta etapa de los procedimientos.

Sobre este particular, conviene señalar que la Regla

52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra,

autoriza a manera de excepción la revisión mediante

certiorari de anotaciones de rebeldía; de determinaciones

sobre la admisibilidad del testimonio de un testigo de

hechos o pericial esencial; y de las determinaciones

interlocutorias que involucren privilegios evidenciarios y

asuntos sobre relaciones de familia. Según nos expresa el

Lcdo. Rafael Hernández Colón, en su tratado Práctica

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, págs. 533

(2017), “[e]llo reconoce que ciertas determinaciones

interlocutorias pueden afectar sustancialmente el

resultado del pleito o tener efectos limitativos para la

defensa o reclamación de una parte o conllevar cuestiones

neurálgicas o de política pública que deben estar sujetos

a revisión de forma inmediata.”

CC-2017-0570 10

Ahora bien, la Regla 52.1 de las de Procedimiento

Civil de 2009, supra, permite, además, la expedición del

recurso de certiorari para revisar órdenes y resoluciones

que se emitan en casos que revistan de interés público y

en cualquier otra situación en la que esperar a la

apelación constituiría un fracaso irremediable de la

justicia. Sin duda alguna, y como ya mencionamos, somos de

la opinión que el recurso de Certiorari presentado ante el

Tribunal de Apelaciones por la señora Vélez cumple con las

dos instancias de la Regla 52.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, antes expuestas.

Al respecto, y a grandes rasgos, vale la pena

recordar que, en múltiples ocasiones, algunos miembros de

este Tribunal, en especial el compañero Juez Asociado

señor Estrella Martínez, ha señalado que el presente caso,

el cual lleva litigándose por más de tres décadas, reviste

de un gran interés público que amerita que las

controversias relacionadas al mismo se atiendan con

prontitud. Véase, Rosa Lydia Vélez v. Departamento de

Educación, Sentencia de 7 de enero de 2016, 194 DPR 477

(2016)2; Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque,

2 Mediante Sentencia del 7 de enero de 2016, notificada y

archivada en autos el 12 de enero de 2016, este Tribunal reconoció el

derecho de padres, madres, encargados y tutores de estudiantes

registrados en el Programa de Educación Especial, a reclamar

compensación por los daños y perjuicios ocasionados por el

Departamento de Educación.

En su Opinión Particular, el compañero Juez Asociado Estrella

Martínez, estableció –- y quien suscribe comparte ese criterio -- que

la fase de daños y perjuicios en el caso de epígrafe es un pleito

revestido de alto interés público. Al respecto, el Juez Asociado

Estrella Martínez señaló:

CC-2017-0570 11

Sentencia del 21 de octubre de 2005, pág. 31, 2005 TA 3243

(KLAN2003-01177). De otra parte, es menester señalar

también que una lectura íntegra y cabal del recurso de

certiorari presentado por la señora Vélez acredita que, en

este caso, “esperar a la apelación constituiría un fracaso

irremediable de la justicia”, pues, a todas luces, se

estarían lesionando innecesariamente los derechos de las

partes envueltas en el litigio de no atenderse y evaluarse

oportunamente aquellos señalamientos de error dirigidos a

determinar si este pleito debe considerarse como una

civil de litigación compleja “cuyas circunstancias

requieran un manejo judicial especializado que sea

declarado como tal, según lo establecido en las Reglas 4 y

5 [de las Reglas para Casos Civiles de Litigación

Compleja], con el objetivo de evitarle cargas innecesarias

a los litigantes o al tribunal y permitir una

administración judicial eficiente del trámite procesal”.

Véanse, Reglas 4 y 5 de las Reglas para Casos Civiles de

Litigación Compleja, 4 LPRA Ap. XXVII, R. 4 y 5 (Énfasis

____________________________________

Por último, es imperativo señalar que la controversia ante

nos pone nuevamente de relieve la problemática de la falta

de acceso a la justicia que, lamentablemente, permea en

nuestra sociedad; problemática que se acentúa cuando se

trata, como en el caso de epígrafe, de pleitos revestidos

de alto interés público cuyas particularidades urgen un

mayor acceso de los ciudadanos a los foros judiciales. Por

ello, considero que negarse a actuar en estos momentos

conllevaría ignorar la atención diligente que requiere

este caso y, por ende, cerrarles las puertas a unos

padres, madres y encargados que por años han reclamado que

se les conceda el remedio que en derecho le asiste. En ese

sentido, recordemos que el Poder Judicial viene llamado a

velar y asegurar que todos los ciudadanos sean acreedores

de un mayor acceso efectivo a los tribunales. (Ver Opinión

Particular del Juez Asociado Estrella Martínez del 7 de

enero de 2016, 194 DPR 477, 488 (2016). (Énfasis nuestro;

nota al calce omitida)

CC-2017-0570 12

nuestro). No olvidemos que se trata aquí de un pleito con

una extraordinaria cantidad de reclamantes, que presentan

una multiplicidad de alegaciones, y controversias de

hechos o de derecho, las cuales exigen un volumen extenso

de evidencia; así como abundante prueba testifical,

pericial en diversas áreas, y documental.

Siendo ello así, -- y al presente caso estar dentro de

las instancias expuestas en la Regla 52.1 de las de

Procedimiento Civil, supra -- le correspondía al Tribunal

de Apelaciones, como condición previa para determinar si el

pleito ante nos ameritaba certificarse como uno civil de

litigación compleja, pasar juicio sobre si en el mismo

estaban presentes, o no, los criterios expuesto en la Regla

5 de las Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja,

supra. En particular, conforme a la precitada Regla 5, los

tribunales debemos pasar juicio:

La Jueza Administradora o el Juez Administrador

de la Región Judicial a quien se le haya

referido una solicitud o moción bajo la Regla 4

determinará si un caso civil es de litigación

compleja luego de citar a las partes a una

vista, de ponderar los méritos del caso de

acuerdo con las alegaciones y a la luz de la

totalidad de las circunstancias particulares del

caso. Además, tomará en consideración uno o más

de los criterios que se exponen a continuación:

(a) Multiplicidad de partes

(b) Multiplicidad de alegaciones o defensas.

(c) Multiplicidad de testigos disponibles para el juicio.

(d) Volumen extenso de evidencia.

(e) Necesidad de peritaje.

CC-2017-0570 13

(f) Presencia de intricadas controversias de hechos o de derecho que exigen prueba documental

y testifical abundante o inusual.

(g) Naturaleza compleja del remedio o de los remedios reclamados.

(h) Complejidad en la etapa apelativa.

(i) Casos certificados por el Tribunal de Primera Instancia como pleitos de clase.

(j) Tipo de caso: casos de responsabilidad civil por productos defectuosos (product liability).

(k) Intensidad de la actividad en la etapa preliminar al juicio.

(l) Controversias de carácter novel.

(m) Casos de responsabilidad civil como consecuencia de desastres naturales, eventos

atmosféricos, catastróficos o desastres

provocados.

(n) Cualquier otro factor que fomente la necesidad de una administración o manejo

judicial temprano y organizado para evitar

retrasos y cargas innecesarias a las partes y al

sistema judicial. 4 LPRA Ap. XXVII, R.5.

(Énfasis nuestro)

Ese era el ejercicio que tenía que llevar a cabo el

Tribunal de Apelaciones y no lo hizo. Al no hacerlo, a

nuestro juicio, erró.3

3 Sobre este particular, llama nuestra atención lo citado por la señora

Vélez en la pág. 4-5 de su Alegato en referencia a lo dispuesto por el

Juez Asociado Retirado de este Tribunal, y quien por designación del

Tribunal de Primera Instancia fungió como Comisionado Especial en este

pleito, Hon. Francisco Rebollo López, quien, en el Informe rendido el

pasado 18 de noviembre de 2013, sostuvo lo siguiente:

“Procedimiento a seguir en la adjudicación

de esta causa de acción”

Nos corresponde, con la ayuda de las representaciones legales

de las partes, diseñar el procedimiento a seguir en la

adjudicación de esta causa de acción en daños y perjuicios de

cada uno de los integrantes de la clase demandante.

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No olvidemos que aunque la decisión de expedir un

auto de certiorari es una discrecional, “la discreción no

debe hacer abstracción del resto del Derecho. ... Es

decir, discreción es una forma de razonabilidad aplicada

____________________________________ La Sentencia del 21 de octubre de 2005 del Tribunal de

Apelaciones establece:

“…que el TPI dentro de este mismo pleito adjudique las

reclamaciones de daños y perjuicios que alegadamente

sufrieron cada uno de los miembros de la clase, aunque queda

a la discreción del TPI sub-dividir en grupos, de ser

posible, a los demandantes cuyos perjuicios educativos y

subsiguientes daños sufridos sean similares. De no ser

posible, tendrá que ventilar cada caso individualmente.”

(Énfasis nuestro)

Rosa Lydia Vélez y otros v. Awilda Aponte Roque, Sentencia

del 21 de octubre de 2005, pág. 31, 2005 TA 3243.

Somos del criterio que esas expresiones del Tribunal de

Apelaciones demuestran el reconocimiento de la discreción que

debe tener el foro de instancia respecto a la adopción de los

mecanismos adecuados ante la complejidad de la etapa de la

adjudicación de la causa de acción en daños y perjuicios de

los integrantes de la clase demandante. Todo ello conforme la

garantía constitucional del debido proceso de ley y la Regla

1 de las Reglas de Procedimiento Civil, que provee para que

se facilite “el acceso a los tribunales y el manejo del

proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y

económica de todo procedimiento.”

Esto es, partimos de la premisa que el Tribunal de

Apelaciones – actuando con gran sentido de justicia – dejó la

‘puerta abierta’ a la creatividad en el procedimiento y en

los mecanismos para la adjudicación de las causas de acción

en daños y perjuicios de los integrantes de la parte

demandante. Ello incluye el cumplimiento con las exigencias

de la garantía constitucional de un debido proceso de ley

respecto a adecuada notificación a los integrantes de la

clase demandante sobre el procedimiento de adjudicación de

sus causas de acciones en daños y perjuicios mediante

edictos, asambleas regionales y otros métodos, tal como

ocurrió en la etapa previa, antes de emitirse la Sentencia

por Estipulación. Véase Sentencia de 14 de febrero de 2002,

págs. 15-16. Es de notar que el Tribunal de Apelaciones

también sugirió la sub-división en grupos dentro de lo

posible, de los demandantes cuyos perjuicios educativos y

subsiguientes daños sufridos sean similares, tal como

consideró uno de los jueces que presidió los trabajos de este

caso en una etapa anterior, el Hon. Oscar Dávila Suliveres.

Minuta de 20 de enero de 2006, pág. 6. Igualmente somos del

criterio que se debe considerar la posible aplicación de las

Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja, In re

Reglas para Casos Civiles de Litigación Compleja, 148 D.P.R.

932 y ss. (1999)” (Énfasis nuestro) Informe-Recomendación-

Resolución, págs. 12-14.

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al discernimiento judicial para llegar a una condición

justiciera”. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338

(2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580

(2009). Véase, además, Torres Martínez v. Torres

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008) (Énfasis nuestro).

II.

Siendo ello así, por los fundamentos antes expuestos,

y distinto a lo erróneamente resuelto por una mayoría de

este Tribunal, nos reiteramos en que la controversia

particular ante nuestra consideración no está paralizada

en virtud de la Sec. 301(a) del Título III de PROMESA,

supra, razón por la cual hubiésemos emitido una Resolución

aclarando que el trámite ante este Tribunal -- en cuanto a

las controversias expuestas en el alegato de la señora

Vélez -- no está paralizado, y concediéndole al

Departamento de Educación un breve término para presentar

su alegato. Por no ser ese el criterio mayoritario,

disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado