A la luz del proceso de estabilización y consolidación de las democracias latinoamericanas, ¿Qué fortalezas y debilidades señalaría usted?

La principal fortaleza es que la institucionalización viene vinculada al tiempo, entonces, en este sentido, el hecho de que haya habido estabilidad macropolítica (por usar un término que no es muy ortodoxo en nuestra disciplina, pero parangonando a la economía) eso significa que el tiempo juega a favor del grado de estabilidad de las mismas. A mayor paso del tiempo, mayor posibilidad de que las instituciones perduren. Esta es una condición necesaria, no suficiente, y una regla que funciona.

Sin embargo, existen dos tipos de factores negativos que proceden de dos tipos de circunstancias o factores. Uno de ellos es institucional, ya que a veces se diseñan reglas de juego que no son suficientemente operativas o acertadas para abordar los principales problemas que tiene la vida política. En ese sentido, podemos encontrar el abuso de la normatividad y, por consiguiente, lo que ha significado los cambios constantes de constitu-ciones, reglamentos etcétera, como por ejemplo en el caso paradigmático de Colombia, que renovó la Consti-tución por completo en 1991, y en 16 o 17 años ha sufrido no menos de 20 grandes reformas. Este es el abuso de pensar que a través de reformas

de la norma se encuentra la solución de las políticas. Además, hay refor-mas que se han llevado a cabo sin pensar demasiado bien los efectos, o se han tomado decisiones de alguna manera erróneas en el ámbito institu-cional. Esto tiene mucho que ver con algunas reglas de juego electorales, o con el diseño y la reglamentación del Congreso y sus relaciones con el Poder Ejecutivo, y demás. Por un lado, entonces, están los factores institu-cionales. Pero también es obvio que la política se mide por el rendimiento de la misma, por la capacidad que las decisiones políticas tienen a la hora de resolver los problemas de los ciudada-nos, y en este sentido uno de los prin-cipales indicadores, sin ser el único, son las grandes variables económicas. Y las mismas en este período han sido en términos generales, y en la mayoría de los países, bastante poco satisfactorias. Chile es un caso excep-cional, pero hay otros países donde el rendimiento ha sido bueno pero hay otra serie de problemas que ocultan, como el caso de Colombia, donde las grandes variables económicas no han ido mal, o el caso de Panamá. Pero se trata de excepciones.

Para el resto de la región el rendimiento ha sido insuficiente, y los patrones de desigualdad se han incrementado notablemente. Los datos que tenemos nos permiten ver hoy que estamos en una sociedad más desigual que la de hace 20 o 25

años. Esto tiene mucho que ver tam-bién con el crecimiento demográfico, pero es obvio que la política juega un rol primordial. Probablemente sean el desmantelamiento del Estado y la poca preocupación por políticas de corte social los factores que estén en el origen de esto.

¿Qué papel han cumplido los dirigen-tes y cómo lo vincula con la calidad de la democracia? Es algo que intuimos muy im-portante, que la relación entre buenos políticos y buena política está ahí. Es algo muy importante, pero desgracia-damente estamos muy lejos tanto de tener una teoría sólida al respecto, y yo les pediría a los investigadores que prestaran atención a este fenómeno, porque yo digo que hay una intuición con respecto a esta relación, pero na-die la ha probado y al final, a lo mejor llegamos a la conclusión de que los políticos no hacen la diferencia, pero yo creo que sí lo hacen. Por ejemplo, en el caso de la Argentina y en relación con el juicio que se está llevando adelante contra Fernando de la Rúa por los hechos del 20 de diciembre, yo creo que, si hubiera estado otra persona a cargo durante la crisis ¿las cosas habrían sido sustancialmente diferentes? Esa es la gran pregunta, no, una pregunta muy vieja entre os historiadores. Pero yo creo que, como clase política, tendríamos que saber algo más de ellos.

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Entrevista a Manuel Alcántara Sáez.Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Salamanca.

Por Lic. Mauro Solano Coordinador UCALP de Espacios Políticos

www.espaciospoliticos.com.arLA PRIMERA RED FEDERAL DE CIENCIA POLITICA

AÑO 07 | N º 4Buenos Aires.Argentina

0.2 Quiénes Somos0.2 La desnacionalización (¿y una posible re-nacionalización?) del sistema argentino de partidos Juan Manuel Abal Medina (h)0.3 Entrevista a Manuel Alcántara Sáez Mauro Solano0.4 ¿Democracias sin partidos? Andrés Malamud0.4 Entrevista a Estela Garau Gonzalo Diéguez0.5 Reforma del estado y política social en la Argentina: Notas sobre los futuros retos de una relación compleja Fabián Repetto0.6 Misiones, acción colectiva y el revés a la reforma Pablo Lozada Castro0.7 Los estatutos de la crisis Antonio Camou0.8 Posibilidad de cambio, límites al cambio La alternancia política en la provincia de Santa Fé Gastón Mutti0.8 Entrevista a Eduardo Zimmerman Maximiliano Campos Ríos0.9 De la teoría a la práctica. Un año buceando en el Senado de Estados Unidos Christian Höy1.0 La mirada en el espejo: algunas reflexiones sobre el desarrollo en la ciencia política en la Argentina Pablo Bulcourf y Juan Cruz Vazquez1.1 Una apuesta el desarrollo de la plítica comparada en Argentina Lucas Jolías y Augusto Reina1.2 ¿Por qué no funciona el control parlamen -tario? Agustín Ferraro1.2 Buenos Aires digital, aporte a la calidad institucional Gabriel Enríquez1.3 La auditoría ciudadana en municipios Walter José Cueto1.3 La provisión de bienes públicos Gabriela Pérez1.4 El terrorísmo: el problema de las causas Patricia Kreibohm1.5 Entre el alineamiento y la búsqueda de oportunidades con Venezuela Delfina López Freijido1.5 Rusia y la estructura subyacente de las relaciones internacionales Luis Schenoni1.6 ¿A dónde van los niños soldados de Birmania? Khatchik DerGhougassian1.7 Una mirada al consejo consultivo local Virginia D`Angelo Gallino1.7 Paz democrática y proliferación de armas nucleares Jorge M. Battaglino1.8 Pedagogía electoral básica Mario Riorda1.9 Entrevista a Carlos Floria Maximiliano Campos Ríos y Laura Paonessa

Indice por Páginas

Llegamos a nuestro cuarto número con un doble desafío: superar la can-tidad y la calidad de los artículos que formarían parte de este nuevo ejemplar. Esto significaba reproducir un cuerpo temático con docentes e investigadores de todo el país, para dar cuenta de una premisa que guía nuestro proyecto desde sus orígenes mismos: la institucionalización de nuestra disciplina y la consoli-dación del espíritu federal de la misma.Asimismo implicaba volver a contar con aportes de destacados referentes de primer nivel radicados en el exterior.

Después de un notable esfuerzo de nuestros auspiciantes, podemos mostrar con orgullo este flamante producto, esperando que ustedes, pú-blico lector, encuentren a lo largo de estas páginas la reproducción de un debate pluralista lleno de ideas acerca de las principales cuestiones que conforman la agenda académica de la ciencia política contemporánea.

Con el aporte de docentes de todos los puntos geográficos del país, desde Tucumán y Mendoza pasando por Rosario, Entre Ríos y Córdoba, tratamos con este nuevo ejemplar de abordar un abanico de tópicos res-petando siempre diferentes abordajes metodológicos y miradas analíticas. El análisis del sistema de partidos argentino en el escenario pos electoral, la calidad institucional de las políticas públicas en el plano nacional y provincial, las campañas electorales y los principales acontecimientos que hacen a la política exterior argentina y la agenda de relaciones internacionales forman parte de la cuarta edición impresa de espacios políticos.En el VIII congreso nacional de ciencia política, y por cuarta vez consecutiva, nos parecía esta, la mejor manera de decir presentes mediante la presentación de 2.000 ejemplares de distribución gratuita.

Revista de distribución gratuita. Prohibida su venta / Noviembre de 2007

Editorial

Quienes somos

Idea original y fundadores:> Gonzalo Diéguez> Maximiliano Campos Ríos

Director GeneralLic. Maximiliano Campos Ríos

Director AcadémicoLic. Gonzalo Diéguez

Coordinador GeneralLic. Emilio Vitale

Coordinador RegionalLic. Camilo Vedia

Coordinador InstitucionalLic. Juan José Rusailh

Coordinadora EjecutivaLic. Daniela Duverne

Coordinadora UdeSALic. Laura Paonessa

Coordinador UBALic. Walter Caamaño

Coordinador UCALPLic. Mauro Solano

Coordinador ComahueLic. Hernán Horacio Pierucci

Coordinador CUYO - Mdza.Lic. Pedro San MartínLic. Julio Aguirre

Coordinadora CUYO -San JuanGiselle Slabusky

Coordinadora UNSTA - TucumánAlicia Camaño

Coordinadora UNRSofia Perotti

Coordinadora UNICENLic. Carolina Von Oertel

Coordinador La Rioja Lic. Sergio Carrizo

MiembrosLic. Pablo Lozada Castro,Lic. Nicolás Caputo, Lic. Andrea Conde, Lic. Aldana Ahumada, Lic. Luciano Jáuregui, Lic. Octavio Tesone, Lic. Bárbara Quiñones Rojas, Lic. Sebastián Quadrana, Lic. María Paola Rosenfeldt, Lic. Deleandra Espinato,Lic. Emiliano Arena,Lic. Gustavo Rojas de Cequeira César,Diego Nieto,

Consejo de Expertos

Dr.Guillermo O´Donnell, Dr. Ludolfo Paramio, Dr. Andrés Malamud, Dr. Juan Manuel Abal Medina (h), Dr. Mario Riorda, Dr. Gastón Mutti, Dr. Fabián Repetto, Dr. Arturo FernándezDr. Jorge Battaglino

Pasantes 2007

Simón Martínez Zuviría (UdeSA)Ana Clara Pianezza (UdeSA)Mariana Piccinini (UBA)

Agradecimientos

Transistemas S.A / Nación AFJPPablo Bulcourf / Lucas Jolías / Augusto Reina / Consejo de expertos

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20070.2

La desnacionalización (¿y una posible re-nacionalización?) del sistema argentino de partidos.

Juan Manuel Abal Medina (h)(UBA – UNSAM- UdeSA)

Durante mucho tiempo, los estudios sobre los partidos políticos y los sistemas de partidos dieron por supuesta la existencia de una única arena de competencia partidaria, situada en el ámbito nacional. Las comparaciones se hacían (y las hipó-tesis se contrastaban) tomando como unidades de análisis a los sistemas partidarios de diferentes Estados na-cionales. El estudio de los sistemas de partidos subnacionales, y del im-pacto de éstos en la configuración partidaria nacional, quedaban habitu-almente excluidos de los trabajos de los autores clásicos de la disciplina, como Duverger, Sartori y Blondel. Sin embargo, en países con institu-ciones federales de gobierno, y, en particular, en países (como la Argen-tina) que recientemente han experi-mentado profundos procesos de de-scentralización de sus competencias estatales, es clara la necesidad de adoptar una perspectiva distinta para entender lo ocurrido, y para tratar de vislumbrar qué puede suceder.

Desde el retorno democrático hasta finales de los años 90, el siste-ma de partidos argentino se configuró con una estructura de competencia que –retomando conceptos de Pe-ter Mair- podemos denominar como “cerrada y predecible”. Solamente el peronismo y el radicalismo podían aspirar a competir por el poder y, cuando accedían a éste, constituían gobiernos monocolores, sin formar coaliciones con otras fuerzas. En 1999 se producen las primeras novedades: el gobierno pasa a estar integrado por una coalición de partidos, y una fuerza distinta a la UCR y el PJ (el Fre-paso) accede a cargos ejecutivos na-cionales. La crisis de esa gestión gen-eró la aparición de un gobierno (el de Duhalde) elegido por (y sostenido en) una mayoría legislativa de sectores del justicialismo, el radicalismo y el Frepaso. A partir de 2003, accede al gobierno un nuevo actor político: el Frente para la Victoria, conformado mayoritariamente por sectores per-onistas pero integrado también por sectores progresistas provenientes de otras fuerzas políticas. La compe-tencia política de comienzos del siglo XXI, por lo tanto, en poco se asemeja a la de fines del siglo pasado.

Otro cambio tan fundamen-tal como éste tiene que ver con la novedosa implantación territorial de las fuerzas políticas. Los comicios de 2003 muestran una heterogeneidad regional notablemente superior a la de comicios previos. En estos años hemos presenciado el surgimiento de lo que autores como Suárez Cao y Gibson denominan un sistema de partidos “federalizado”, donde más de un sistema partidario territorial-mente delimitado se encuentra oper-ando. Así, de una coordinación bipar-tidista en todo el territorio nacional se pasó a una multiplicidad de patrones de competencia diferentes en los dis-tintos distritos. Esto no es nuevo en la Argentina: durante décadas, antes de la aparición del radicalismo y –princi-

palmente- del peronismo, el sistema partidario tuvo características de este tipo. ¿Pero qué motivó la reaparición de este formato? Pueden encontrarse básicamente dos razones.

En primer lugar, siguiendo el argumento de autores como Chibber y Kollman, el proceso de descentral-ización de competencias y recursos desde el Estado nacional hacia pro-vincias y municipios ocurrido en los años 90 determinó la mayor impor-tancia de los niveles de gobierno subnacionales en la arquitectura in-stitucional federal. Demostrando que el federalismo es un proceso dinámi-co y cambiante, los gobiernos sub-nacionales aumentaron en más de 20% su participación en el gasto pú-blico total, y multiplicaron significa-tivamente sus planteles de personal, tanto que actualmente ocupan al 80% de los empleados públicos del país. En algunas provincias, esto supone que el gobierno local es la principal fuente del empleo y de la actividad económica. Así, la competencia sub-nacional cobra una renovada impor-tancia, y los dirigentes provinciales asumen un mayor protagonismo en el escenario político. La influencia de la llamada “Liga de Gobernadores” en la formulación de acuerdos y políticas nacionales, en detrimento del propio Congreso de la Nación, fue un signo distintivo y recordado de estos años.

En segundo lugar, es imposi-ble soslayar el fuerte impacto que la crisis de 2001 tuvo sobre el sistema de partidos. Es ése el momento de máx-ima debilidad del Estado nacional, que perdió incluso su facultad exclu-siva de emitir moneda (con la apar-ición de 14 cuasi-monedas provin-ciales) y con amenazas secesionistas por parte de algunos gobernadores. Las fuerzas que integraban el gobi-erno nacional se desintegraron como partidos (el Frepaso) o sufrieron una crisis inédita (el radicalismo), e in-cluso el peronismo no salió indemne de la crisis, quedando disgregado e intervenido judicialmente. Los comi-cios de 2001 vieron el auge del ab-stencionismo y el voto negativo; en el 2003, en tanto, el justicialismo no presentó un candidato unificado y el candidato oficial de la UCR realizó una pésima elección, quedando sex-to detrás de los tres postulantes per-onistas y de dos antiguos miembros del radicalismo. Desde entonces, el grueso (aunque no la totalidad) del peronismo se ha alineado con el go-bierno de Néstor Kirchner, pero, he aquí lo novedoso, también amplios sectores del radicalismo y de otros ex miembros del Frepaso (del Frente Grande y del socialismo) integran su coalición. Estamos, indudablemente, ante un escenario muy diferente del de fines de la década pasada.

Hacia adelante, con las inevi-tables prevenciones que toda predic-ción debe tener en ciencias sociales, puede esperarse que a medida que la crisis se disipa, y que el Estado nacio-

nal recobra competencias y recursos fiscales en relación a las provincias, la competencia partidaria vuelva a anclarse en la arena nacional. La re-nacionalización de la política deberá impactar, más o tarde o más tem-prano, en la dinámica partidaria. Las preguntas que quedan abiertas sobre este proceso son, por un lado, sobre su alcance y por el otro, sobre sus protagonistas. Con respecto a lo prim-ero, resta saber si la reconstitución de un sistema nacional de partidos desencadenará en organizaciones partidarias nacionales fuertes, como fueron históricamente las argentinas, o si por el contrario veremos orga-nizaciones nacionales descentraliza-das y flexibles al modelo norteam-ericano. Con relación a quiénes serán los protagonistas del nuevo sistema, podemos esperar que éstos expresen posiciones ideológico-programáticas más reconocibles y definidas que los principales actores de la pasada década (recordemos que la UCR y el PJ, especialmente durantes los años noventa, tuvieron a su interior mayor distancia ideológica que la que existía entre ambos). Se trate de los viejos partidos reconstituidos sobre nuevas claves o de organizaciones realmente nuevas, que éstas se dividan no sólo por tradiciones históricas, sino por representar programas e intereses diferentes.

>> Bibliografía de consulta

- Abal Medina, Juan, Eberhardt, Laura y Nejamkis, Facundo (2007). “Argentina después de la crisis: ¿Reestructuración del sistema de partidos?”, presentado en el XXVII Congreso de la Latin Ameri-can Studies Association, Montreal.- Abal Medina, Juan y Suárez Cao, Ju-lieta (2002). “La competencia partidaria en la Argentina: sus implicancias para el régimen democrático”, en Abal Me-dina, J. y Cavarozzi, M. El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal, Rosario, Homo Sa-piens.- Blondel, Jean (1968). “Party System and Patterns of Government in West-ern Democracies”, Canadian Journal of Political Science, 1/2.- Calvo, Ernesto, y Abal Medina, Juan comps. (2001). El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, re-forma política y gobierno dividido en la Argentina, Buenos Aires, EUDEBA.- Chhibber, Pradeep y Kollman, Ken (2004). The formation of national party systems: federalism and party competi-tion in Canada, Great Britain, India and the United States, Oxford, Oxford Uni-versity Press.- Duverger, Maurice (1951). Les partis Politiques, Paris, Colin. Traducción cas-tellana: Los partidos políticos (1996), México, FCE.- Gibson, Edward y Suárez Cao, Julieta (2007). “Competition and power in fed-eralized party systems”, CHSS Work-ing Paper.- Mair, Peter (1997). Party system change, Oxford, The Clarendon Press.- Sartori, Giovanni (1976). Partidos y sistemas de partidos, Madrid, Alianza.

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 2007 0.3

Entrevista a Manuel Alcántara Sáez.Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Salamanca.

Por Lic. Mauro Solano Coordinador UCALP de Espacios Políticos

¿En qué medida cree usted que la es-trategia de algunos líderes, como por ejemplo Hugo Chávez, puede llegar a convertirse en un riesgo potencial para la consolidación de los procesos democráti-cos y la vigencia de una democracia de corte liberal?

Lo primero que hay que decir es, y aquí parafraseo al propio Chávez, es que Chávez es una consecuencia de todo lo que ha pasado, y es en el fondo el reflejo de una determinada situación propia de Venezuela, un país demasiado vinculado a la explotación y a la riqueza y a la renta petrolera, pero también es rep-resentativo de una América Latina muy excluida, de la América Latina mestiza, popular, antiimperialista, nacionalista, a pesar de que muchos de ellos son mitos, que tienen poca apoyatura histórica o empírica, pero bueno, los mitos funcio-nan. Entonces en ese sentido, Chávez es un representante de todo eso, de tal manera que si no hubiera surgido ahí, y eso que en Venezuela se daban las cir-cunstancias perfectas para que surgiera, habría surgido en otro país.

¿Cómo evalúa usted el contexto elec-toral que se está dando en Argentina, en medio de una situación general de descreimiento y crisis de los partidos políticos?

Por lo que he estado siguiendo del caso, lo que leo y me cuentan es que hay una gran apatía, que no hay clima electoral para nada, no hay una sensación de que va a haber elecciones el próximo domingo. A veces no hay que ser muy ingenuos, y pasa que las situaciones de este tipo son generadas también desde arriba. Probablemente sea lo que le interesa al poder, y en la medida en que las encuestas favorecen a la candidata oficialista para alcanzar una mayoría que pueda ser suficiente para salir vencedora en la primera vuelta, pues no hay razón para mover el am-biente, generando polarización y más ruido. Es, en términos futbolísticos, “enfriar el partido”.

Yo creo que la clase política es responsable de esto, pero también es un reflejo de la crisis que vive la política ar-gentina. Nadie habla, salvo los académi-cos muy seguidores del caso argentino, de esto. En general, se habla de una crisis de los partidos, por ejemplo en el mundo andino, donde hay abundante literatura al respecto (países con sistemas de par-tidos desestructurados, volatilizados, incluso aniquilados), pero sin embargo yo creo que el caso argentino es el más serio. Primero por lo que ha sido y por la importancia del país. Yo creo que se inicia una nueva época - como dijo Elisa

Carrió hace unos días en El País – no es de hoy, pero es obvio que estamos en una situación muy distinta, con iden-tidades partidistas muy volatilizadas, y no sé si se van a construir otras. Por otro lado, resulta muy preocupante el clima claro de inflación que existe en el país, aunque esto no se traduzca en los guarismos oficiales. Ya todos los bancos y todas las grandes operaciones financieras ya están descontando esta inflación al 20%, lo cual es peligroso porque eso puede sumir al país en un clima de desconfianza, de preocupación a partir del mes de noviembre, que de-spierte otra vez la situación de crisis.

¿Cree usted que la violencia separatista de grupos como la ETA afectan la con-solidación de las instituciones en España y si es posible una segunda versión de la Moncloa para solucionar este tema?

Yo creo que afectan afortunada-mente muy poco. Creo que las institu-ciones han sabido estar por encima de esto. Probablemente el momento más difícil fue el final de la época de Felipe González, cuando se hizo patente que había habido actos de terrorismo de Estado en la lucha contra la ETA, y esto sí que tenía un efecto profundamente desestabilizador de las instituciones. Afortunadamente aquello es pasado,

hay políticos que han perdido su libertad como consecuencia de esto y eso sería lo que más podría haber influido en las in-stituciones. Yo creo que las instituciones no están amenazadas, y por ese lado no vería ningún problema en términos de consolidación, ni tampoco en términos de calidad de la democracia. Creo que, aún siendo un tema doloroso y preo-cupante, no creo que sea un tema que tenga incidencia sobre la consolidación democrática. Sí tiene incidencia sobre la agenda política, la lucha política, porque evidentemente desde el primer mo-mento de la legislatura el Partido Popular usó todo lo referente al terrorismo como un arma política. Entonces ahí se rompió el gran consenso que durante mucho tiempo había presidido la vida política española entre los dos grandes partidos. Eso sí que es preocupante, hoy por hoy esa vía de consenso está rota y no veo la posibilidad de que haya un gran pacto entre todas las fuerzas políticas para salir del atolladero. Pacto que debería pasar por la renuncia definitiva de ETA, no en plan de tregua, y que entonces eso sentara las bases para llegar a un clima político de pacto. Pero, en cualquier caso, esto no se va a producir, ningún movimiento estimo, hasta por lo menos abril del año que viene, es decir hasta después de las elecciones.

viene de tapa

Entrevista a Estela Garau. Directora de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales - Universidad Argentina de la Empresa - UADE.

Por Gonzalo DiéguezDirector Académico de Espacios Políticos

¿Democracias sin partidos?Andrés MalamudInvestigador, Universidad de Lisboa

Los partidos políticos son a la democracia contemporánea lo que los glóbulos rojos a la vida humana: indis-pensables. Sin unos, la otra es inviable. O al menos eso es lo que afirma la may-oría de los dirigentes políticos. ¿En qué medida la defensa de los partidos refleja un imperativo democrático y en qué me-dida es un artilugio para resguardar in-tereses particulares? Vamos a los datos. En el mundo existen 193 es-tados independientes, de los cuales 90 son democracias completas (www.freedomhouse.org). Entre estos últi-mos, seis se gobiernan sin ningún tipo de organización partidaria. En principio, la ausencia de partidos en el 7% de las democracias existentes desmiente el argumento acerca de la inseparabilidad de ambos fenómenos. Una mirada más profunda, sin embargo, despierta algu-nas dudas. Los países cuyos pueblos se autogobiernan sin intermediación partidaria son Palau, Micronesia, Kiri-bati, Islas Marshall, Nauru y Tuvalu(1). Todos ellos poseen un conjunto de car-acterísticas comunes: son sociedades con 100.000 habitantes o menos y están localizados en islas (o mejor dicho, ar-chipiélagos) desperdigadas por el Océ-ano Pacífico. En otras palabras, son mi-croestados aislados. Exigua población y ausencia de fronteras aparecen así como condiciones sine qua non de la democracia apartidaria. En contraste, no existen casos de sociedades con más de doscientos mil habitantes y estados linderos que se gobiernen sin partidos. Por una vez, los políticos tienen razón. Los que se equivocan, en cam-bio, son los analistas que auguran la muerte de los partidos y su sustitución por la movilización ciudadana y la so-ciedad civil. En la cresta de la ola desde el colapso argentino de 2001, estos co-mentaristas creyeron en la viabilidad del “que se vayan todos” y esperan su concreción. La mutabilidad de las alian-

zas, la fluidez de las viejas organizacio-nes y la personalización de las campa-ñas crearon una ilusión de cambio, pero los cimientos de la política nacional se mantienen relativamente firmes: vein-tiún gobernadores sobre veinticuatro representan a los dos partidos tradicio-nales, el peronismo conserva su eter-na supremacía en el Senado nacional (además, claro, de la presidencia de la República), y la Cámara de Diputados, a pesar de la fragmentación opositora, está alineada con el Poder Ejecutivo. Y sin embargo, algunos cambios hubo. La cuestión es que esos cambios manifies-tan tendencias globales más que par-ticularidades nacionales. Los partidos ya no son lo que solían ser. Se han adaptado a dos grandes transformaciones: la comple-jización de la sociedad de clases y el desarrollo de las tecnologías de comu-nicación. Por un lado, las sociedades capitalistas ya no se dividen en burgue-sía y proletariado, dicotomía sobre la que se asentaba el continuo ideológico de izquierda y derecha. En cambio, el advenimiento de la sociedad de servi-cios, la segmentación de los sectores socioeconómicos y la educación uni-versal han generado una diversificación ideológica que las viejas etiquetas no captan. Por otro lado, los medios de co-municación audiovisuales e informáti-cos han reducido dramáticamente la importancia de las organizaciones que intermediaban entre electores y repre-sentantes. Si un mensaje televisivo en horario central tiene más impacto que decenas de actos partidarios, un candi-dato telegénico vale más que decenas de militantes. Los partidos contemporáneos, en Europa y Estados Unidos, son cada vez menos organizaciones programáti-cas y cada vez más aparatos de promo-ción de liderazgos. Los partidos sobrevi-virán y seguirán siendo fundamentales

para la democracia, pero ya no mold-earán a las elites gobernantes: serán moldeados por ellas.

PARTIDOS SÍ. EPPURE… “Desde hace tiempo, algunos académicos vienen alertando que el ascenso de la presidencia moderna, al promover la declinación de los parti-dos y priorizar la gestión por sobre los programas, erosiona la participación pública y obstruye la revitalización de la política”. Esta frase, que podría haber escrito cualquier analista de la política argentina, constituye una traducción extractada de un artículo reciente sobre Estados Unidos (2). Las coincidencias respecto de la desestructuración partidaria no sig-nifican que las realidades argentina y norteamericana sean iguales. Pero im-plican, eso sí, que el ideal de partidos fuertes proveniente de Europa occiden-tal no es universal. La democracia no puede fun-cionar sin partidos, pero sí con partidos débiles o poco cohesionados. El truco consiste en encontrar “equivalentes fun-cionales”: en ciertas sociedades, las tres funciones tradicionalmente cumplidas por los partidos son llevadas a cabo, en parte, por otras organizaciones. Así, la representación política, el reclutamien-to de líderes y la fijación de políticas tienen lugar incluso cuando los partidos son débiles, inestables o fragmentados, sea mediante la intervención estatal o a través de acciones emergentes de la sociedad civil. La representación, por ejemplo, puede canalizarse a través del apoyo directo a una persona en vez de a un partido, como muestran los casos de Macri o Blumberg. El reclutamiento pu-ede darse por canales no políticos como el deporte (Scioli, Reutemann), la movi-lización social (nuevamente Blumberg, D’Elía) o la Justicia (Ibarra, Gil Lavedra). Y las políticas públicas pueden formu-

larse e implementarse mediante acuer-dos entre sindicatos y cámaras empre-sarias o mediante la delegación estatal en organizaciones como Cáritas o las asociaciones piqueteras. Los partidos fuertes se caracter-izan por la cohesión. El término significa “varios actuando como si fueran uno” y expresa lo contrario de fragmentación. La cohesión puede ser natural, por afini-dad entre los miembros, o producida, mediante la práctica de la disciplina partidaria y la sanción a quienes la in-cumplan. Su función es coordinar a los representantes para hacer posible la ac-ción de gobierno; o, por lo menos, esto es así en los sistemas parlamentarios de Europa. En los presidencialismos fede-rales, de los que sólo existen cuatro ca-sos en América, la historia es diferente. Aquí, la indisciplina partidaria no vol-tea gobiernos ni permite la disolución del parlamento. Simplemente, obliga al presidente a negociar con todos los legisladores que sean necesarios hasta reunir una mayoría que apruebe sus proyectos. Claro que negociar con unos pocos grupos es más simple que hacer-lo con una multiplicidad de individuos, pero también tiene desventajas: una de ellas es la dilución de la responsabilidad individual; otra reside en la apropiación de los partidos por parte de sus camaril-las dirigentes. Hoy en día, los índices de co-hesión partidaria son bajos en Brasil y Estados Unidos, y decrecientes en México. En Argentina, los partidos fuertes pertenecen al pasado. Y eso no es necesariamente malo, a juzgar por el pasado.

(1) Dag Anckar y Carsten Anckar (2000), “De-mocracies without Parties”, Comparative Politi-cal Studies, 33 (2): 225-47.(2) Sidney Milkis y Jesse Rhodes (2007), “George W. Bush, the Republican Party, and the ‘New’ American Party System”, Perspec-tives on Politics, 5 (3): 461-88.

¿Cuáles fueron los objetivos que guiaron la creación de esta carrera en el marco de la UADE?

La idea que tuvimos desde UADE es con-solidar una currícula exigente y dinámica, funcional al nuevo marco de la sociedad globalizada que nos permita formar grad-uados preparados para un mercado laboral competitivo y siempre cambiante. En este sentido nos propusimos armar un plan de estudios novedoso que articulara en forma óptima los contenidos temáticos relaciona-dos con la gestión pública y las relaciones internacionales de manera tal que nuestros estudiantes no tuvieran que optar por una licenciatura u otra sino encontrar lo mejor de cada una de ellas bajo un mismo pro-grama de estudios.

Este proyecto temático integral se termina de conformar con un cuerpo docente que dicta cursos a partir de su propia experien-cia profesional en los diversos campos de estudio específicos, junto a la instalación de infraestructura tecnológica de avanzada y una metodología de trabajo basada en el desarrollo de las competencias profesion-ales; en suma, con esta licenciatura en go-bierno y relaciones internacionales, apunta-mos a formar graduados bajo el lema de la UADE: Mejor educación para muchos más.

¿El programa de la carrera contempla la posi-bilidad de realizar prácticas profesionales?

En efecto desarrollamos un sistema de pas-antías aprovechando los más de 1.600 con-venios que tiene la UADE con diferentes organizaciones públicas y privadas de todo el país. Como este sistema de pasantías no es de carácter obligatorio para nuestros alumnos, intentamos complementar la for-mación teórica con la oferta de numerosos cursos de extensión universitaria. Estos no solo son gratuitos sino que además com-prenden diversas temáticas debido a que nuestro trabajo académico se desarrolla por departamentos; de esta manera prepar-amos a nuestros alumnos a partir del de-sarrollo por competencias para que se de-senvuelvan en diversos campos laborales: las ONG´s, las empresas, el gobierno, etc. ¿Cuál han sido los resultados al respecto? Honestamente han sido muy buenos. En la actualidad contamos con una matrícula de más de 277 alumnos y en el año 2006 tuvimos la primera camada de graduados; tenemos un número aproximado de 14 li-cenciados que ya recibieron su título y se encuentran trabajando en diferentes áreas, tanto de gobierno como del sector priva-do. En este punto quiero destacar que el

espíritu que tratamos de inculcar a todos nuestros alumnos es el de profesionales con una mentalidad netamente emprend-edora, sea el rubro que sea en el que les in-teresa desempeñarse y trabajar. Asimismo los intercambios personales producto de la interacción entre nuestros alumnos del interior del país y de distintos países ex-tranjeros también representa otro aspecto muy importante que me gustaría destacar en cuanto a la formación que reciben en esta carrera.

¿Cómo se compone el cuerpo académico de la carrera?

En este momento te diría que la com-posición de nuestro plantel docente se di-vide en tres tercios. Un tercio se conforma por profesores con dedicación full time y de la misma manera se reparte otro tercio en docentes con dedicación parcial y otro más con dedicación simple. A eso debemos sumarle un número importante de profe-sores extranjeros que nos visitan todos los años gracias a los convenios de coop-eración académica firmados con diferentes universidades.

Tomando en cuenta tu rol en la gestión aca-démica, ¿cómo ves la figura del politólogo en la sociedad argentina?

Creo que la figura de los politólogos en nuestro país está creciendo significativa-mente en términos de importancia. Si uno observa lo que sucedía en ámbitos guber-namentales y otras esferas sociales algu-nos años atrás, advertía que profesionales de otras disciplinas como la abogacía o la sociología ejercían funciones y actividades que en la actualidad desempeñamos los politólogos. Creo que este proceso gradual y ascendente se debe consolidar día a día con una formación académica de grado y posgrado de excelencia.

Por último ¿cuál es tu impresión respecto de la idea de formar asociaciones o colegios profesionales? Ese es una cuestión que hace ya unos años se viene debatiendo. Recuerdo que el año pasado participé de unas jornadas que se realizaron sobre este tema en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.Hay algunos que promueven ferviente-mente la necesidad de formar un cole-gio de politólogos y otros que plantean sus reparos. Personalmente creo que aún debemos profundizar mucho más el análi-sis sobre su viabilidad, tomando en cuenta las características de la sociedad global contemporánea

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20070.4

Reforma del estado y politica social en la Argentina: Notas sobre los futuros retos de una relacion complejaFabián Repetto Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO México. Consultor internacional especializado en políticas sociales

La Argentina transitó, en menos de una década, desde una enorme crisis político-institucional y socio-económica hacia un escenario de fuerte crecimiento económi-co y mejoría de sus indicadores sociales fundamentales. Dicha realidad ha dado lugar, como no podía ser de otra manera dados los rasgos exitistas y trágicos que coexisten en la cultura política de la so-ciedad argentina, a posiciones extremas en términos de lectura de lo acontecido: por un lado, y amparadas en los logros acumulados del crecimiento, las visiones exitistas visualizan que lo realizado en los últimos años (particularmente desde el 2003 a la fecha) ya está consolidado y requiere sólo ajustes marginales; por el otro, y combinando análisis de solidez variable y falta de proyectos alternati-vos de parte de la oposición partidaria, las perspectivas trágicas “ningunean” los éxitos económicos explicando los mismos sólo por razones exógenas y coyunturales, al tiempo que sugieren (en general sin más fundamentos que las propias expectativas particularistas) la proximidad de una nueva crisis pro-funda, que haga retroceder los avances logrados.

En ese contexto de dicotomías de puntos de vista y retóricas en conflicto suelen destacar, por su ausencia en tanto prio-ridades, dos temas cuya importancia re-sulta vital para lograr atacar la desigual-dad y consolidar rumbos de desarrollo económico y social en la Argentina del mañana: el Estado y las políticas socia-les. Esto no implica, por supuesto, que nada haya acontecido en los últimos años en relación a ambos aspectos, so-bre todo cuando se los compara con lo que sucedió en uno y otro caso durante los años ´90 e inicios del nuevo siglo, donde el neoliberalismo menemista y la inoperancia de la Alianza debilitaron, por convicción o falta de ideas respec-tivamente, el rol del Estado y las políti-cas sociales como fuentes insustituibles (más no únicas) en la búsqueda de una sociedad más integrada e incluyente.

Lo primero que destaca en el “haber” del gobierno encabezado por Néstor Kirch-ner en lo referido al Estado (proceso embrionariamente ya iniciado durante el mandato provisional de Duhalde), tiene que ver con una cuestión más amplia que involucra a la autoridad pública y su aparato de gestión: la recuperación del ejercicio del poder por parte de quienes tienen la responsabilidad y el mandato ciudadano de gobernar el Estado. Este aspecto, de sentido común en latitudes lejanas, o en casos emblemáticos de de-mocracies latinoamericanas como Brasil y Chile por mencionar sólo dos ejemplos, resultó toda una buena noticia en Argen-tina luego del deterioro de la función de gobierno durante las etapas de Menem y De la Rua. Este cambio de tendencia general estuvo acompañado de cierta mejoría parcial en algunos aspectos reg-ulatorios, de un claro papel pro-activo en aspectos claves de la dinámica macro-económica y de un creciente aumento en la acumulación de reservas monetarias.

Cuando la mirada se desplaza hacia el campo de las políticas sociales, también aquí destacan “buenas nuevas” durante los últimos años, sobre todo si se lo com-para con el conjunto de los gobiernos desde el retorno a la vida democrática en 1983. Si bien gran parte de la mejoría en

los indicadores sociales (en particular lo referido a los problemas de desempleo y pobreza) se vincula estrechamente a las bondades del ciclo económico ex-pansivo, cierto es también que se avanzó en aspectos cruciales de las políticas de salud, de educación y de seguridad so-cial (con marcado énfasis en el interés público/colectivo más que privado). Las propias acciones frente a la pobreza, ex-presión cabal del neoliberalismo de los ´90 en el campo de lo social, aumentaron al menos su escala, aún cuando pervive una “programitis” caótica y fragmentada en todo el aparato estatal, lo cual deno-ta la tarea aún pendiente de consolidar objetivos y estrategias que den forma y contenido a una política coherente frente a dicha problemática.

¿Significa lo anterior que el nuevo gobi-erno que asume sus tareas en Argentina a finales del 2007 no tiene asignaturas pendientes en los ámbitos del Estado y las políticas sociales? La respuesta a este interrogante sí reconoce cuestiones no resueltas, dado que los avances logra-dos en tiempos recientes aún son insu-ficientes para remontar una empinada cuesta, esa que, arrastrando problemas del pasado, se acentuó durante los años de destrucción del Estado y el descuido de las políticas sociales.

Y si bien la tarea de re-fortalecimiento estatal (en su doble dimensión de rel-ación social y aparato técnico-admin-istrativo) afecta a multiples áreas de gestión pública, aquí y en consonancia con el diagnóstico anterior, sólo se co-locará el acento en sus vínculos con la política social. Aun cuando los cambios ya acontecidos en la propia dinámica es-tatal y en este campo de política pública tienen nexos diversos, lo que sobresale es que las urgencias de este tiempo han afectado la posibilidad de pensar estrate-gias más integrales, donde lo hecho en términos de reformas del Estado mejo-rase el contenido y la gestión de la políti-ca social, y viceversa. Es precisamente en esa línea de asignaturas pendientes que este trabajo concluirá esbozando una serie de aspectos en que Estado y políticas sociales pueden construir “cír-culos virtuosos”, capaces de consolidar el crecimiento económico, promover un mayor desarrollo social y una mejor cali-dad democrática.

No se presentarán argumentos en torno a contenidos concretos de políticas y pro-gramas sociales, en tanto una revisión sistemática de los cambios acontecidos y sus posibles mejoras supera el alcance de este trabajo. Más bien, se colocará el acento en aspectos de institucionalidad social (en cuya conformación y dinámica el Estado tiene un papel protagónico), entendiendo por la misma lo siguiente: “Se interpretará a la “institucionalidad social” como el conjunto de reglas de juego formales e informales (incluyendo las rutinas y costumbres organizacio-nales) que se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales, a la vez de enmarcar el conteni-do y la dinámica administrativa y política de las políticas sociales. Para todos los involucrados, la institucionalidad social representa un entramado de incentivos que estructura sus límites y oportuni-dades de negociación y acción, lo cual, sin embargo, no clausura las posibi-lidades para que se avance en transfor-

maciones más o menos amplias de dicha institucionalidad”.

Vale priorizar tres retos fundamentales en términos de institucionalidad social, para los cuales serán clave dos procesos: por un lado, lo que acontezca con las transformaciones del Estado y el forta-lecimiento de sus capacidades adminis-trativas, fiscales y políticas; por el otro, lo que suceda en términos de definiciones estratégicas respecto a cuáles serán los rumbos fundamentales de la política so-cial:

1) Se requiere avanzar de un modo sistemático y preciso hacia una recon-strucción/reconfiguración del sistema de derechos sociales que permita enfrentar seriamente la desigualdad, lo cual no sólo implicará nuevas leyes en temas críticos de la política social (algunas de las cuales ya fueron aprobadas durante el gobierno de Néstor Kirchner) sino una mayor coherencia, “en clave de dere-chos”, de la acción de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judi-cial. Cambios en el Estado que fortalez-can el ejercicio real de los derechos (y responsabilidades) sociales no podrán, por ende, quedar limitados al ámbito ejecutivo. Es obvio, también, que cu-alquier nuevo “contrato social” a favor de mayor igualdad habrá de requerir un nuevo “contrato fiscal progresista” que le de sustento, aspecto éste no presente realmente en la agenda pública y guber-namental. Avances en la ciudadanía y en la redistribución de los recursos son aspectos complementarios, por ende, de este primer reto en términos de institu-cionalidad social.

2) Es menester avanzar hacia una mayor integralidad de las intervenciones estat-ales del Poder Ejecutivo Nacional en el campo de las políticas sociales. Si bien ha ido quedando en el pasado la mini-malista concepción de reducir este ám-bito de gestión pública a las acciones frente a la pobreza, aún queda mucho por hacer en cuanto a pasar del dicho al hecho respecto a cómo enfrentar la mul-tidimensionalidad de los problemas soci-ales (sean estos aspectos globales como la desigualdad y la pobreza, o cuestiones más acotadas, pero no por eso menos importante, como la inserción de los jóvenes o la calidad educativa). El Conse-jo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, heredero del desprestigiado Gabinete Social, no ha resuelto en ab-soluto los problemas políticos y técnicos asociados a complementar los abordajes sectoriales (sin duda necesarios y no re-emplazables) con una gestión social más amplia que recupere lo mejor de cada sector, a la vez que agregue valor con enfoques más coordinados e intersec-toriales. Un nuevo protagonismo de la Jefatura de Gabinete en la material, con la consiguiente inversion de capacidades

específicas que se requeriría, podría ayu-dar a enfrentar los conflictos solapados y alcances acotados que hoy desdibujan el papel del citado Consejo.

3) Es pertinente avanzar en una mejoría de lo que podría denominarse “un sistema federal de política social”. Sabido es que el federalismo argentino enfrenta prob-lemas de largo plazo que suelen ser “ma-quillados” por el peso específico del go-bierno central que maneja los principales recursos públicos (sobre todo en épocas de bonanza económica). En el campo de lo social, dada la descentralización del sistema educativo y de la salud pública, sumado a la gestión territorializada de la oferta del Ejecutivo Nacional en térmi-nos de programas frente a la pobreza y el desempleo (procesos que operan en el marco de grandes heterogeneidades en materia de capacidades y culturas de gestión provinciales y municipales), pa-rece requerirse un relanzamiento de los Consejos Federales hoy existentes. No tanto en lo referido a su ámbito de in-cumbencia sectorial (donde los casos de Educación y Salud han mostrado logros relevantes en su historial reciente), sino en cuanto a dar un paso más y comple-mentar visiones sectoriales de esos Con-sejos sectoriales en una perspectiva más amplia e integral, donde las decisiones que se tomen en materia educativa o sanitaria, o en lo referido al trabajo o a los programas frente a la pobreza, pu-edan formar parte de visiones de conjun-to (acompañadas de mejores prácticas de gestión social), las cuales requerirán ser procesadas política y fiscalmente en otras arenas, aquellas más complejas y movedizas que involucran a las máximas autoridades políticas y económicas del régimen federal argentino.

Para concluir, los mencionados tres retos que desde el prisma de la institucionali-dad social interpelan a futuro el vínculo Estado-políticas sociales, requieren ser enfrentados con una economía política diferente a la del pasado. Implica, valga decirlo, combiner y “anudar” tres refor-mas de singular importancia y dificultad: en el sistema político-estatal, en el plano fiscal y en el ámbito federal. Se trata, al final de cuentas, de aspectos que afectan las relaciones entre los tres poderes del Estado, entre el Estado y los principales actores económicos, entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. Eso es cierto, como tan cierto es aquel viejo axioma de que “para hacer una tortilla algunos huevos hay que romper”. O di-cho de otro modo…el conflicto deberá regresar al primer plano. Bienvenido sea si esto acontece, en tanto la propia po-sibilidad de que el mismo se manifieste y se procese democráticamente, estaría expresando algunos novedosos signos vitales en la salud de la vida pública ar-gentina.

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Misiones, la acción colectiva y el revés a la reforma.Pablo Lozada CastroLicenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés (UdeSA). Docente de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Introducción

A lo largo de la historia de nuestro país las reformas constitucionales han sido, en términos generales, al menos controvertidas. Desde el regreso a la vida democráti-ca en el año 1983 hasta el día de hoy se produjeron numerosas reformas constitu-cionales, entre ellas la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Si bien en algunos casos estos procesos estuvieron asociados a una actual-ización necesaria de las mismas, como resultado del consenso y adecuándolas a contextos históricos distintos a los que nacieron, en otros, en cambio, el criterio que primó fue netamente reeleccionista donde el principal objetivo de las refor-mas fue la mera permanencia en el poder por parte del gobernador de turno.En varias ocasiones esto se vio facilitado por el bajo nivel de competencia elec-toral existente en los sistemas de partidos, en la mayoría de los casos a causa de las crisis en los sistemas mismos. En algunos, un factor fundamental ha sido el diseño institucional, donde el sistema electoral incide de manera tal que una fuerza política puede alzarse con la mayoría de los escaños quedando sobrepresentada a nivel legislativo y en condiciones de aprobar fácilmente la necesidad de reforma. En este trabajo buscaré indagar sobre lo sucedido en el año 2006 en la Provincia de Misiones, donde la acción colectiva de distintos actores echó por tierra el in-tento de re- reelección del Gobernador Carlos Rovira, quien pese a casi replicar la cantidad de votos obtenidos en los comicios legislativos previos sufrió un duro revés en la elección de Convencionales Constituyentes.

La reelección en Misiones A diferencia de otras constituciones provinciales, la Constitución de la Provin-cia de Misiones contempla la posibilidad de reelección por un período para el cargo de Gobernador. Esta modificación fue introducida en el año 1988 sobre la Constitución del ´58; esta última había sido rechazada al momento de su san-ción por el principal partido de la oposición, lo que habla a las claras de cómo han sido en gran medida los procesos de reforma constitucional en la República Argentina, donde mayoritariamente estos no han sido producto del debate y del consenso para su mejoramiento sino de los intereses coyunturales del gobierno de turno.En el año 2006 el Gobernador Carlos Rovira, quien se encuentra finalizando su segundo período al frente de la gobernación, fracasó en su intento de hacer una reforma constitucional en la que el único objetivo era incorporar la reelección indefinida.

Las elecciones previas Desde el año 2003 el actual Gobernador de la Provincia de Misiones, quien había llegado a la Gobernación en el año 1999 con el apoyo del aquel entonces Gober-nador Ramón Puerta, encabeza la denominada Renovación. La Renovación nuclea a un importante sector del peronismo, partido que dividió sus filas en la disputa por la gobernación en el 2003, donde disputaron la misma el ex - gobernador Ramón Puerta, quien recibió el apoyo del ex - presidente Duhalde, y el actual Gobernador Carlos Rovira, el cual fue apoyado por el actual Presidente Néstor Kirchner, quien obtuvo un contundente triunfo alcanzando un 47,86 % de los votos. Como señalé recién, en las sucesivas elecciones que se llevaron adelante desde la asunción del Gobernador de la Provincia de Misiones en el año 2003 para ren-ovar los legisladores nacionales y provinciales, el Rovirismo obtuvo resultados que oscilaron siempre el 45 % de los votos. En las elecciones de legisladores provinciales de octubre de 2005, la Alianza Fr-ente Renovador de la Concordia, cuya lista era patrocinada por el Gobernador, obtuvo un 44, 79 % de los votos, cifra bastante cercana al 43,45 % obtenido en la elección de Convencionales Constituyentes del año 2006.A diferencia de lo sucedido en el año 2006, donde la oposición se articuló en el Frente Unidos por la Dignidad, en el 2005 ésta se encontraba dividida en 14 listas, las que sumaron en total 233.552 votos, 43.762 más que los 189.790 ob-tenidos por la Alianza Frente Renovador de la Concordia que terminó alzándose con 12 de los 20 escaños que se encontraban en juego.

La necesidad de reforma Durante el transcurso del año 2006, el Gobernador, que como señalé se en-cuentra finalizando su segundo período de mandato, impulsó un proceso de reforma a la Constitución Provincial con el objetivo de permanecer al frente de la gobernación.Para ello fue necesario que la Legislatura de la provincia aprobara la necesidad de reforma; eso fue posible gracias a que dos diputados del Partido Justicialista y uno de la Unión Cívica Radical, quienes votaron de manera contraria a la de-cisión tomada por sus bloques, apoyaran el proyecto de reforma impulsado por el bloque Renovador.Entiendo que el incentivo de apoyar la iniciativa de reforma impulsada por el ofi-cialismo para estos tres legisladores era mayor que el de votar con sus bloques, si se tiene en cuenta el caudal electoral de la Renovación capitaneada por el Gobernador de la provincia, difícilmente los partidos a los que pertenecían estos tres legisladores lograran imponerse en la contienda electoral.Vale la pena aclarar que en la Legislatura Provincial existían dos proyectos de reforma, de los proyectos existentes, el que fue aprobado solo buscaba la modi-ficación del art. 110 de la Constitución para incorporar la reelección indefinida.

El proyecto que fuera desestimado planteaba una reforma más amplia, teniendo en cuenta la incorporación de institutos referidos a los derechos ambientales y de los pueblos originarios, pero no fue tenido en cuenta, lo que dejó en eviden-cia que el único objetivo de esta reforma era la de continuar en el poder.

La oposición

Desde un primer momento este proceso recibió duros cuestionamientos desde distintos sectores, tanto los partidos políticos del arco opositor como las or-ganizaciones sociales, sindicatos, asociaciones de profesionales e iglesias por nombrar algunos. Aunque no podemos dejar de mencionar que también recibió un fuerte apoyo de las autoridades nacionales, más precisamente del Presidente Néstor Kirchner, quien tenía en Rovira un aliado estratégico para su proyecto nacional. Las listas que inicialmente se inscribieron para participar del comicio fueron seis, aunque finalmente, como veremos, la elección se polarizó entre dos de ellas, la lis-ta del Frente Renovador de la Concordia, y la del Frente Unidos Por la Dignidad.Esta última estuvo integrada por el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical, el Movimiento de acción popular (MAP), el Partido Socialista (PS), el Partido Intransigente (PI), el Partido Alternativa (PA), el Movimiento Tierra Colo-rada (Motico), el Partido Nacionalista Constitucional (PNC), el Movimiento Gen-eracional (MG), el Partido del Encuentro (de Montecarlo) y el Partido Reconstruc-ción de la Democracia Municipal (de Posadas). Además adhirieron a esta organizaciones sindicales como la Central de Traba-jadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), y otras organizaciones como los colegios profesionales, las iglesias y distintas orga-nizaciones no gubernamentales. Pero el apoyo que a mi entender resultó clave fue el del Obispo de Iguazú, Mon-señor Joaquín Piña, quien desde un principio se opuso al proceso reformista y apoyó la iniciativa del FUD, y que cuando el Frente Unidos por la Dignidad comenzó a sufrir los embates del Gobernador, como por ejemplo la intervención del Partido Justicialista de Misiones para que este no integrara el frente, aceptó encabezar la lista de candidatos a Convencionales Constituyentes.El Obispo de Iguazú es una figura que cuenta con un gran prestigio y legitimidad en la región, quien vivió durante varios años en el Paraguay donde fue un duro detractor de la dictadura de Stroessner y que en la Provincia de Misiones, donde lleva largos años de residencia; es una figura que goza de gran reputación por su trabajo y compromiso con los más necesitados. En torno a una figura como la de él se consolidó este frente integrado por fuerzas políticas que en procesos electorales anteriores habían competido de manera separada, pero que en esa oportunidad cooperaron para bloquear el proceso de reforma.

La acción colectiva

Tal vez las preguntas fundamentales para entender lo sucedido sean: ¿Por qué numerosas fuerzas políticas que se enfrentaron en contiendas electorales ante-riores iban a realizar una coalición?, ¿qué interés común tenían estas?, ¿qué las llevo a aliarse?, ¿por qué confiar en antiguos adversarios políticos?.A lo largo de este apartado intentaré analizar esta cuestión para tratar de hipo-tetizar por qué la acción colectiva llevada adelante por el Frente Unidos por la Dignidad resultó exitosa.Para que una acción colectiva sea exitosa es fundamental que el colectivo ten-ga un interés común. En el caso del Frente Unidos por la Dignidad este obje-tivo común existía y era el de bloquear el intento de reforma constitucional del Gobernador Carlos Rovira.Pero para lograr que la acción colectiva tuviese éxito era necesario trabajar coop-erativamente, ¿por qué trabajar cooperativamente?, porque el no hacerlo podía tener no solo un costo altísimo para la sociedad en general, por el enorme dete-rioro institucional que esto podía traer aparejado para la democracia en la Pro-vincia de Misiones, sino también para las fuerzas políticas opositoras, las cuales teniendo en cuenta el caudal electoral con el que contaba el Gobernador Rovira verían seriamente dificultada su posibilidad de acceder al poder. Por ello el incentivo que tenían los distintos actores para cooperar era muy alto, lo bastante alto como para que el beneficio superara al costo, y ante la existencia de una meta común, que era la de bloquear la incorporación de la reforma indefinida en la Constitución Provincial, se produjo la coordinación de los distintos actores. Pero para poder bloquear el intento de reforma, era necesario superar el caudal electoral del oficialismo, que como dijimos oscilaba el 45% de los votos. Para ello era necesario que la mayor cantidad de votantes de los distintos partidos apoyaran al FUD, como dije anteriormente, inicialmente se inscribieron seis lis-tas para participar en los comicios, si bien algunas fuerzas políticas como el ARI, rechazaban el intento de reforma del oficialismo, también rechazaron inicial-mente al FUD por algunas de las fuerzas que lo integraban. ¿Qué es lo que llevó a que finalmente estas fuerzas trabajaran cooperativamente apoyando al FUD? Creo que el incentivo para hacerlo era alto, dado que el costo era mucho más bajo que el beneficio que podían obtener por cooperar, y para llevar adelante esta empresa era necesario que todos los actores que se oponían a la reforma contribuyeran.¿Qué generó la confianza para que los distintos actores trabajaran cooperativa-mente a diferencia de lo sucedido en comicios anteriores? A mi entender fue la figura del Obispo Piña quien aceptó encabezar la lista de Convencionales Con-stituyentes.¿Pero fue solo su figura la que generó esta confianza?, ¿qué garantías existían

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para los distintos actores que los convencionales mantuvieran la palabra em-peñada? Entiendo que para ello fue fundamental la integración de la lista del FUD. En ésta el grueso de los candidatos a Convencionales Constituyentes eran figuras de gran prestigio para la sociedad en general, religiosos y religiosas de las distintas iglesias, miembros de distintas organizaciones y los referentes más importantes de las principales fuerzas que integraron el FUD. Para cualquiera de ellos el costo de no cumplir con la palabra empeñada hubiese sido altísimo debido a la condena social que eso hubiese generado. Considero que la figura intachable del Obispo Piña, y la de los candidatos a Con-vencionales Constituyentes que integraron la lista, funcionaron como una ga-rantía de certidumbre para los partidos políticos que integraron el frente, dado que no cabían dudas que éstos iban a cumplir con el compromiso asumido, lo que reducía el nivel de desconfianza entre los distintos partidos al interior de la coalición.En el contexto recién desarrollado, se llegó a la elección de Convencionales Constituyentes del 29 de octubre de 2006, donde el Frente Unidos por la Digni-dad se impuso en la contienda electoral asestando un duro golpe a la intención de permanecer en el poder del Gobernador Carlos Rovira. El FUD ganó aproximadamente por un 12 % de los votos, con un nivel de partic-ipación que rondo casi el 70 % del padrón electoral habilitado para votar, obte-niendo 20 de los 35 Convencionales Constituyentes que se elegían. Recordemos que tal como lo había establecido el oficialismo, la modificación al artículo para habilitar la reelección indefinida se iba a realizar por mayoría simple. Con este resultado el intento del Gobernador de Misiones de presentarse como candidato por un nuevo período al frente de la gobernación provincial se vio frustrado, lo que significó un duro golpe para él, sin dejar de mencionar la re-percusión que esto generó políticamente a nivel nacional como describiré en el próximo apartado.

El Efecto Misiones

Con lo sucedido no sólo el intento del Gobernador Rovira de presentarse como candidato por un nuevo período al frente de la gobernación provincial se vio frus-trado, sino que este resultado tuvo un efecto multiplicador ya que por esos días eran varios los gobernadores que estaban buscando avanzar en procesos de reforma constitucional o de interpretación de la norma para permanecer en el cargo.El Gobernador de la Provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, fue el primero en de-sistir de seguir avanzando en la búsqueda de reformar la Constitución Provincial, mientras que Felipe Solá retiro el pedido de interpelación que había presentado ante la Justicia para que ésta lo habilitara a presentarse como candidato por otro período. Esto último se realizó por expreso pedido del Presidente de la Nación, quien a mi entender buscó estratégicamente atenuar el costo político que le había generado el revés electoral sufrido por el Gobernador Rovira en la Provincia de Misiones en la elección de Convencionales Constituyentes.Como dije en un principio, el Presidente de la Nación se había involucrado de lleno en la campaña y apoyaba a varios de los gobernadores que estaban impulsando procesos de reforma por aquellos días. Luego de lo sucedido en Misiones la posición que había sido adoptada desde la Casa de Gobierno fue modificada.Lo sucedido en Misiones, a diferencia de otros procesos de reforma, llevó a que este tema pasara a ser una cuestión a nivel nacional; producto de ello en algu-nas provincias, como San Luís o La Rioja, se derogó la reelección indefinida, aunque en otras como Catamarca, Formosa o Santa Cruz sigue existiendo.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo he girado sobre distintos aspectos vinculados al inten-to de reforma constitucional en las Provincia de Misiones. Como antes señalé, este intento fue impulsado desde la gobernación de la provincia y desde un primer momento generó resistencia en un espectro importante del arco político opositor y de las organizaciones de la sociedad civil que luego se fue acentu-ando a medida que el proceso avanzó.Considero que es alentador lo sucedido en la Provincia de Misiones, donde se produjo la articulación de distintos actores políticos y sociales para frenar un proceso donde el único objetivo de la reforma era la permanencia en el poder. No obstante, considero que se debe diferenciar lo que fue el Frente Unidos por la Dignidad de lo que es una coalición que disputa el acceso al Gobierno. Si bien fueron llevadas adelante distintas negociaciones entre varios de los actores que integraron el FUD de cara a las elecciones del mes de octubre de este año, ha quedado en evidencia que es verdaderamente difícil que pueda replicarse una coalición del mismo tipo entre los partidos políticos que lo integraron para com-petir electoralmente, dado que la meta para trabajar cooperativamente no es la misma. Entiendo que es mucho más sencillo efectuar la coordinación para producir el bloqueo de un proceso de reforma, donde todos los actores tenían una meta común y el costo de trabajar cooperativamente era notoriamente más bajo que hacerlo individualmente, que efectuar la coordinación de los distintos partidos para disputar el poder. Si bien mayoritariamente todos los partidos tendrían interés por acceder a éste, probablemente existan varios actores al interior de los mismos que quieran acceder al mismo cargo, lo que posiblemente lleve a que los distintos actores terminen bloqueándose entre sí en la búsqueda de un mismo objetivo. Podría decir que es altamente probable que a mayor cantidad de partidos políti-cos que integren una coalición, mayores vayan a ser las dificultades para poder efectuar la coordinación dada la multiplicidad de intereses existentes.Pero por lo pronto no puedo dejar de considerar de vital importancia lo actuado por el FUD en defensa de la Democracia y de las Instituciones de la Provincia de Misiones, dado que tal vez esto sirva de precedente para evitar futuros intentos de atropellar las mismas.

Los estatutos de la crisis. Por Antonio Camou (UNLP – UdeSA)

El gobierno nacional ha convocado a discu-tir una nueva Ley de Educación Superior. Esto se suma al hecho de que universi-dades como la de Buenos Aires o La Plata están embarcadas desde hace algunos me-ses en procesos de reforma estatutaria.

Los reclamos por encarar estas reformas han sido planteados por distintos sec-tores universitarios, en algunos casos desde hace bastante tiempo, aunque recibieron un impulso clave a partir de los preocupantes conflictos generados en torno a las elecciones de autoridades universitarias.

Pero tanto esas demandas como estos conflictos reconocen raíces más pro-fundas; se originan en tensiones que atraviesan, con modalidades y efectos diferenciados, el ancho mundo universi-tario, y que se tornan especialmente agu-das, y hasta convulsivas, en las grandes universidades públicas. Claro que estos problemas no nos llegan sólo desde “afuera”, los universitarios tenemos una importante cuota de responsabilidad que asumir en esta historia.

En principio, padecemos una notoria cri-sis de recursos, un marcado desequilibrio entre múltiples, intensas y heterogéneas exigencias dirigidas a las universidades, y una limitada dotación de factores para responderlas de manera calificada y efi-caz.

No menos grave es la crisis de reglas que definen la gobernabilidad académica y democrática de la universidad. A diferen-cia de otros ámbitos de la vida pública, la universidad es una institución autónoma que ha de resolver sus controversias me-diante el acuerdo de los claustros. Pero es precisamente ese juego de normas el que hoy está en cuestión: en parte por genuinas demandas de transparencia y mayor participación de diferentes sec-tores, en parte debido a un creciente de-terioro y una extendida desconfianza en la institucionalidad pública del país, y en una porción nada despreciable por efecto de lógicas partidarias y clientelares que desde hace muchos años vienen avan-zando sobre los espacios de decisión académica.

En tercer lugar, enfrentamos una crisis de sentido. Las creencias y valores uni-versitarios han comenzado a desgajarse en visiones que están perdiendo fuerza motivacional y capacidad legitimatoria. Las imágenes-objetivo que forjamos de la institución son más una herencia cris-talizada por los años que un proyecto común de construcción de futuro. Para algunos, por ejemplo, la universidad es una institución eminentemente científica, cuya producción debe evaluarse con los más altos patrones internacionales; pero para otros es un espacio esencialmente político, que debe organizarse siguiendo la consigna “una persona, un voto”. En medio, han comenzado a emerger con-flictos que carecen de un horizonte de validación común, y que en el mejor de los casos se destraban apelando a una mayoría numérica circunstancial o a la presión de cuerpos en movimiento. Tal parece que después de trágicos años de autoritarismo, no le hemos podido en-contrar un lugar adecuado al principio de autoridad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y posiblemente tampoco en otros lados.

Finalmente, y más allá de esforzadas excepciones, nos encontramos con una severa crisis de actores, de sujetos col-ectivos capaces de articular críticas con proyectos, participación con representa-tividad, liderazgo académico con gestión

institucional. Si la vieja saga reformista pensó a la universidad como una peque-ña república meritocrática, quizá haya que empezar a reconocer hoy que esa república está perdiendo sus ciudadanos.

Por de pronto, los académicos son un colectivo estructuralmente fragmentado. En sus diversas categorías conviven unos pocos profesores-investigadores de tiem-po completo con profesionales que alter-nan la docencia con el tribunal, el sanato-rio o la empresa, pasando por una amplia mayoría que recorre todas las formas del multiempleo. Algunos se identifican como trabajadores de la educación y los representa un gremio, a otros un colegio, un asambleísta universitario, un partido, o nadie. Mal pagos, poco reconocidos, y enfrentados a crecientes exigencias de evaluación, no son pocos los universita-rios que consideran que sus obligaciones empiezan y terminan –comprensible-mente- con una clase bien dada o un pa-per sugerente. En el camino, muchos de los que podrían participar activamente en la vida institucional de la universidad no lo hacen, y otros que querrían hacerlo, no pueden.

Pero no es menos aguda la crisis de rep-resentación en el sector estudiantil. En un extremo encontramos minorías au-todenominadas “revolucionarias”, que responden a estrategias partidarias y terri-toriales de acumulación de fuerzas, y que tienden a concebir la universidad como un peón de ajedrez en el tablero de la política criolla. En la otra punta deambula una masa flotante de alumnos que jamás se sintieron ciudadanos de una academia democrática (¿por qué habrían de sentirse así?), sino usuarios discontinuos del ser-vicio de la educación superior. Atrapados entre aquella hiperpartidización y esta indiferencia, un amplio segmento estudi-antil se debate entre las exigencias del es-tudio y las urgencias de la supervivencia cotidiana; con las energías restantes esgri-men razonables demandas de calidad aca-démica y autonomía institucional, pero en elecciones obligatorias a las que marchan con desgano, votan lo que encuentran. En ese marco, las limitaciones estructurales que afectan a las agrupaciones indepen-dientes, la más reciente debacle de los radicales y la escasa inserción estudiantil del peronismo, han dejado huérfanos de representación política efectiva a una si-lenciosa multitud de jóvenes. Los mismos estudiantes que en los comicios naciona-les votan por candidatos que encarnan grandes mayorías sociales y políticas, en las copiosas elecciones universitarias lle-van agua a los molinos de ideologías que atrasan décadas.

¿Con qué modelo (re)armar este rompe-cabezas? ¿Podremos los universitarios constituirnos en actores de esta múltiple crisis? ¿Los grandes intelectuales del país nos apoyarán con sus reflexiones y propuestas? ¿Cuál será el papel del go-bierno y de los legisladores nacionales? ¿Qué otras voces de la sociedad civil nos ayudarán a enriquecer la discusión por la Educación Superior que necesitamos? ¿Tendremos la capacidad, y la voluntad, para mirarnos críticamente en el espejo de otras realidades universitarias interna-cionales?

Haríamos mal en pedirle a una reforma de la normativa vigente la solución de todos los problemas universitarios que tenemos; pero haríamos peor en no apr-ovechar este debate para reflexionar críti-camente sobre esta penuria de recursos, de reglas, de sentidos y de actores.

Tenemos que discutir los estatutos de la crisis. 05/09/07

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 2007 0.9Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20070.8

Posibilidades de cambio, límites al cambio. La alternancia política en la Provincia de Santa FeMg. V. Gastón Mutti (Universidad nacional de Rosario – UNR)

La modificación e implementación del nuevo sistema electoral en la Provincia de Santa Fe rompió con uno de los principales axiomas que han marcado la política argentina en el ámbito nacional y provincial en los últimos veinte años: los sistemas electorales han sido instrumentos privilegiados bajo el control de los gobernadores y de los partidos de gobierno para desarticular los intereses estratégicos de la oposición e im-pedir así que ésta alcance el poder. Hasta en esto Santa Fe se ha afanado por ser diferente.Si bien el sistema de internas abiertas, simul-táneas y obligatorias para partidos políticos y semiobligatorias para ciudadanos ya se imple-mentó en octubre de 2005, momento en el cual triunfó la oposición, ésta es la primera vez que fue utilizado para los principales cargos ejecuti-vos de la Provincia y para sus diputados y sena-dores provinciales. Es por ello que compartimos los dichos de dirigentes encumbrados del Frente para la Victoria para quienes la última elección era la “hora cero” del sistema electoral. Recordemos brevemente las particularidades de este sistema aprobado luego de la derogación de la criticada, pero funcional, ley de lemas. Entre las principales características de la legis-lación se encuentran: * La adopción del sistema de internas abiertas, simultáneas, obligatorias para los partidos políti-cos, confederaciones y alianzas, semiobligatorias y de un solo voto para los ciudadanos.* Además se establece que la elección de los precandidatos se realizará en un solo acto en todo el territorio provincial y para designar todas las candidaturas en disputa. Agregando que los precandidatos pueden serlo por un solo partido político, alianza o confederación, en una única lista y para un solo cargo electivo y una sola cat-egoría. Esto lleva a que en las elecciones gene-rales sólo pueden participar aquellos candidatos surgidos de las elecciones internas impidiendo alianzas post electorales o la presentación de cualquier candidato que no lo hubiera hecho o que no hubiese resultado electo en los comicios primarios.* El sistema se considera eficaz ya que al cel-ebrarse las elecciones internas abiertas en todos los partidos en un mismo momento se produce una necesaria “concentración y orden” en las actividades electorales evitando cualquier falta de transparencia de los comicios. Esto también supone que puede evitarse que el votante se in-miscuya en la vida interna de un partido que no es de su real interés.* La semiobligatoriedad del voto en las inter-nas se establece ya que son consideradas una carga pública para los ciudadanos. Sin embargo también se fijan los causales para no emitir el sufragio entre los que se establece que podrán no hacerlo aquellos ciudadanos que comuni-quen fehacientemente su voluntad de no par-ticipar. Este trámite de excusación se realiza en un formulario que deberá posteriormente ser presentado dentro de los sesenta días siguientes junto a su documento de identidad para concluir el trámite. Se “ayuda” a la ciudadanía para que “ayude” a los partidos políticos a realizar una correcta elección de sus candidatos.Es verdad que dicho mecanismo es sumamente

engorroso y lleva a que aquellas personas que buscan excluirse de las elecciones primarias deban realizar trámites más complejos que si fueran a votar. Si se fija un mecanismo de ex-cusación, se está planteando que el derecho-de-ber no es tal, es un derecho pero no implica un deber, que sólo se producirá en el caso de las elecciones generales.Después del entrenamiento de casi quince años de ley de lemas, cualquier sistema era fácil de comprender.En los últimos comicios primarios se excusa-ron 18.156 ciudadanos (2.9%) sobre un total de 2.319.522 electores, y concurrieron a votar un 73,88 %. Los dos departamentos donde más excusaciones se dieron fueron Rosario y La Capital. Por su parte el nivel de voto en blanco en la Provincia fue del 16,4% para gobernador y 20,23% para diputados provinciales. El mayor índice de voto en blanco fue en el Departamento La Capital para senador provincial donde alcanzó un 38,57% y el menor del 7,59 para gobernador en el Departamento San Javier en el norte pro-vincial.Aun cuando en las primarias el Frente para la Victoria, con dos candidatos, obtuvo el 46,47% y el Frente Progresista, Cívico y Social, con un can-didato, el 44,96% (en diputados provinciales esta diferencia fue superior alcanzando el 3,64%), en los comicios generales la tendencia se revirtió. El 2 de setiembre Binner alcanzó el 48,6% y Bielsa sólo el 38,79%.A partir de estos comicios se pueden analizar las dificultades que podrán surgir en la gobernabili-dad de la Provincia.La primera de ellas es la existencia de un Senado opositor. Hay que recordar que Santa Fe tiene un sistema bicameral en el cual el Senado está compuesto por los representantes de los Depar-tamentos en que está dividida la Provincia. Ellos suman un total de diecinueve y tienen una fun-ción, además de la electoral, puramente admin-istrativa. Sin embargo es interesante constatar que en ellos se dio un menor nivel de votos en blanco en senadores comparativamente con los diputados provinciales, e incluso, en algunos de-partamentos, con los candidatos a gobernador.En las elecciones generales los senadores del Fr-ente Progresista ganaron en cinco departamen-tos, la UCR en uno y el Frente para la Victoria en los trece restantes.Esto genera un interrogante sobre la forma en la cual la vicegobernadora, Griselda Tessio, de extracción radical, logrará conciliar y generar la gobernabilidad en el Senado, fundamental para la sanción de las leyes que el nuevo gobierno necesita.En segundo lugar pueden surgir las disputas al interior del bloque de diputados provinciales ofi-cialistas. Hay que recordar que la Constitución de la Provincia de Santa Fe fija un número total de cincuenta diputados, correspondiéndole a la fuerza ganadora automáticamente veintiocho de ellos, y repartiéndose los veintidós restantes en-tre las demás fuerzas que superen el 3% de los votos emitidos.En los últimos comicios sólo dos fuerzas obtuvi-eron diputados: el Frente Progresista y el Frente para la Victoria. Sin embargo, se debe recordar

que durante los gobiernos previos la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de lucha al interior del propio bloque oficialista. Al obtener el gobernador electo una mayoría automática, las disputas se transfirieron al interior de su blo-que. Esta situación fue muy común durante el período en que se instrumentó la ley de lemas, actuando los propios diputados oficialistas como opositores a su propio gobierno (Reutemann en 1991, Obeid en 1995 y en 2003). Esta situación podría volver a darse, más aún cuando entre los diputados del Frente Progresista se encuentran cinco agrupaciones políticas, el socialismo, el radicalismo, el ARI, la democracia progresista y el Encuentro Popular.Como contrapeso se pueden encontrar las difi-cultades que también tendrá el Frente para la Victoria para conciliar los intereses de sus pro-pios diputados que aún deben procesar la der-rota a que fueron sometidos luego de veinticu-atro años de gobierno y representando líneas internas diferentes.Con relación a la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados debemos recordar que el gobierno electo tendrá minoría en la Asam-blea Legislativa que tiene entre otras funciones la selección de los jueces provinciales. Es verdad que la solución a dicha desventaja puede ser no dar quórum en la Asamblea y designar a los jueces por acuerdo tácito, sin embargo ello ac-tuará como un elemento deslegitimador de los nombramientos.En tercer lugar estas disputas internas de los fr-entes sólo reflejan la anárquica situación de los partidos políticos provinciales. El dilema en el futuro será cómo evolucionan dichas estructu-ras y cómo propician los principios de diferenci-ación política entre ellos. Esto es válido tanto en la relación gobierno-oposición, como también al interior de los propios frentes. Un caso paradig-mático es el del radicalismo que ha presentado sus candidatos “oficiales” los cuales obtuvieron sólo un 2,93% y por otro lado un grueso de dicha agrupación que acompañó a Binner colocando cargos de máxima importancia como la vice-gobernación, diputados provinciales, senadores provinciales, y demás cargos locales.Como cuarto punto se encuentra el accionar de la liga de intendentes y presidentes comunales justicialistas que, muy poderosa en los años ’90, podrá revitalizarse en los próximos tiempos a partir del éxito alcanzado por muchos de ellos. Es importante destacar que el poder territorial de los líderes municipales y comunales se suma al de los senadores provinciales y podrán conver-tirse en un polo de poder político al momento de discutir el presupuesto provincial y las políti-cas descentralizadas. Esto hace del área de mu-nicipios y comunas de la gobernación un lugar de máxima importancia en el cual el gobierno provincial deberá conseguir la aquiescencia de los líderes territoriales justicialistas en aras de garantizar la gobernabilidad.Un quinto punto es la estructura de la Corte Su-prema de Justicia provincial. Ella es el producto de años de concertación en-tre el justicialismo gobernante y de los sectores radicales preponderantemente usandizaguistas. Esta relación se fortaleció principalmente desde

la llegada de Reutemann al gobierno provincial en 1991. Actualmente la Corte cuenta con un miembro designado durante el gobierno de Re-viglio (1987), dos durante el primer gobierno de Reutemann (1991), otros dos durante el segundo gobierno de Reutemann (1999), uno de ellos cer-cano al líder radical Usandizaga, y uno que se encuentra pronto a asumir nombrado durante el gobierno de Obeid (2003). Este último nombramiento generó la protesta del gobernador electo Binner que pretendía que se esperara a su asunción para realizar el cambio. Principalmente el problema se plantea en que existe una tradición que establece que tres de los miembros de la Corte son del norte provincial y tres del sur. Sin embargo este último nombra-miento altera dicho equilibrio a favor del sur, con lo cual el gobernador electo deberá reestablecer el equilibrio (cuando se produzca una vacancia ya que hay dos jueces que estarían próximos a jubilarse) teniendo que colocar jueces del norte donde su partido tiene una menor tradición e in-serción.Entre estos nombramientos también se destaca el del Procurador General de la Corte que ha re-alizado el gobernador Obeid, ya que condiciona al gobierno entrante pues en él recae un impor-tante rol en la política criminal como respon-sable del ministerio público y su control sobre los fiscales. En sexto lugar se encuentra el control que sobre los gremios de empleados estatales provinciales ha tenido el justicialismo. Esto se vuelve relevante sobre todo con UPCN que es una fuerza de suma importancia en la interna justicialista provincial. Si bien su principal refer-ente ha expresado la voluntad de no convertirse en un impedimento para el futuro gobierno, las lógicas de acción empleadas por dicho sindicato ha puesto en discusión en reiteradas oportuni-dades el propio poder de los gobernadores per-onistas. Esto nos permite pensar en una tensa relación entre las facciones sindicales y el gobi-erno provincial. Por último, la existencia de una bu-rocracia de tercer rango y de rangos menores creada y formada durante los gobiernos justi-cialistas y con formas de reclutamiento prepon-derantemente política que deberá interactuar con los nuevos funcionarios designados. Estas tensiones, si bien no alcanzarán necesariamente niveles de visibilidad, podrán condicionar las to-mas de decisiones, las implementaciones y las evaluaciones de las políticas provinciales. El cambio fue la consigna que movilizó a la ciudadanía en Santa Fe, incluso en algunos bastiones del Frente Progresista que pasaron a manos del Frente para la Victoria. El cambio es el horizonte que se ha fijado el próximo gobierno provincial de Hermes Binner. Sin embargo, las herencias de más de veinte años de justicialismo y de la conformación institucional provincial deberán analizarse para que puedan ser contra-pesadas. Hay vientos de cambio, pero pueden soplar desde direcciones variables.

Rosario, octubre de 2007

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Entrevista a Eduardo ZimmermanD. Phil en Historia Moderna, Universidad de Oxford, Rector UdeSA

Por Lic. Maximiliano Campos Ríos. Director Gral. Espacios Políticos

¿Cuál es el balance que Ud. puede hacer a pocos años del Bicentenario argentino?

A lo mejor lo que se puede hacer es, arrancar con una comparación con el primer centenario. A mí me parece que en comparación con 1910, la primera apreciación que yo hago es de tipo cualitativo con el clima imperante, 1910 es una época de enorme optimismo, una mezcla de orgullo y potencialidad argentina con algo de ingenuidad. Allí hay un primer contraste fuerte, porque este segundo centenario nos encuentra, salvo con algún optimismo moderado que tiene que ver con el crecimiento económico de los últimos años, nos encuentra más bien con incertidumbre, grandes dudas, encrucijadas permanentes y poca claridad sobre el rumbo fu-turo. Esto es algo que a mí siempre me impresionó, si yo tuviera que definir el contraste entre los dos centenarios, lo más llamativo es la diferencia en el “Clima en general”.Uno podría decir también que es un momento en que la inserción argentina en el mundo es diferente. Un contexto internacional que en los últimos años dista mucho de los que era en el primer centenario, aunque, como observan algunos, esta nueva coyuntura económica parece traer nuevamente una oportunidad similar a la que la argentina tuvo en su época dorada. Por eso, el contexto económico pareciera brindar las condiciones para replicar las oportunidades del primer centenario.En materia institucional, el primer centenario era un momento de expectativa, construcción y perfeccionamiento institucional; tomando las palabras de Alberdi, el inicio de una transición entre la “República posible hacia la República verdadera”. Que tenía que hacer conciliar ese enorme desarrollo económico y de la sociedad civil con mejores instituciones que las que ex-istían hasta ese momento. En cambio lo que tenemos hoy, es más bien una fuerte sensación de deterioro institucional, y una creciente frustración por la incapacidad de contar con institu-ciones acordes al momento, una sensación de estar a la deriva, a la “intemperie”, un lamento permanente acerca de la incapacidad institucional para procesar las demandas.

En los 80´s y los 90´s, con la recuperación de la democracia y la alternancia, se habló mucho de la transición a la democracia como paso previo y necesario hacia la consolidación. Hoy a 25 años de la recuperación democrática quizá no corremos el riesgo de un golpe militar, pero tampoco tenemos certeza de la consolidación. ¿Qué opinión le merece la evolución de este proceso?

Yo miraría ahí dos dimensiones: La primera que es para mi la más arriesgada (en presencia de politólogos) es la de la crisis de los partidos políticos, a mi me llama mucho la atención, y sin ser un especialista, lo que para mi constituye uno de los dramas institucionales de la argentina: “La desaparición de los partidos políticos” como dato, un debilitamiento tal que llega a la inexisten-cia de un sistema medianamente estable.A mí me genera enormes dudas si la argentina puede funcionar sin la existencia de partidos políticos. Lo que empieza a haber es, un “juego democrático” que dista mucho de una verdadera democracia. Entonces creo que uno de los desafíos pendientes es la reconstrucción de un siste-ma de partidos en argentina, y la clase política....., lo cual es también muy preocupante, no habla de este tema. Yo no escucho que los dirigentes políticos tengan este tema en agenda, y a mi me gustaría que alguno planteara fuertemente esta agenda como deber prioritario.Me llama la atención, pero quizá como algo anecdótico, el uso del término “espacio político”, quizá sería bueno que los tomadores de decisión tengan claro la distinción sustancial entre “es-pacio” y “partido”. Esta es una dimensión, recapitulando: La democracia necesita la reconstruc-ción de los partidos políticos.La otra dimensión es cualitativa y tiene que ver con el clima de descreimiento sobre lo que se ha hablado ya mucho. Falta de credibilidad en la clase política, baja en la participación política, y acá hay un punto de contacto con el primer centenario, sólo que en aquel momento el apartamiento de la participación era el crecimiento económico. La relación que se establecía era de alejamiento en función de un individualismo a la “Tocqueville”, donde cada uno quería mejorar y se olvidaba de la participación; y hoy más bien es la necesidad de “salvarse” frente a un ambiente de “lo público” muy hostil.

¿Es posible lograr un desarrollo económico sostenible sin una mayor inversión, y un uso adecuado de los fondos en cuanto a educación superior?

Ese es un punto muy importante. Yo creo que las universidades tienen que cumplir un papel muy fuerte en todas las cuestiones que estuvimos conversando recién. Tienen que cumplir con su función primaria que es la de producir y transmitir conocimiento, toda sociedad necesita esto, y so sólo por su perfeccionamiento institucional, sino también por su desarrollo económico. La formación del capital humano que asegure un desarrollo sostenible.La universidad no sólo debe fomentar la creación de investigadores, sino también de adminis-tradores que puedan conducir al estado en este proceso. Yo creo que el sistema universitario argentino debería ser una buena combinación entre lo público y lo privado. Vencer los viejos prejuicios para pensarse integral y sistémicamente, como un sistema variado y diverso en el cual distintas instituciones puedan convivir y ampliar la oferta, sin que esto implique la privatización total de la educación superior, ni que el surgimiento de ofertas privadas sean percibidas como un ataque a la educación pública y gratuita.

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De la teoría a la práctica. Un año buceando en el Senado de Estados Unidos Christian Höy / Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Senado de la Nación

A principios del 2006, un ex alumno de la Carrera de Ciencia Política, luego colega y amigo, me comentó sobre una beca que según sus palabras “tenía mi nom-bre escrito”. La vorágine de un trabajo de tiempo completo en el Senado de la Nación sumado a mis modestos aportes como ayudante en la Facultad de Cien-cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires me dejaban poco espacio para ex-plorar este tipo de experiencias. Un día, la curiosidad fue más fuerte y con sólo leer los contenidos de la misma me convenció inmediatamente a presentarme a ella. Era la convocatoria 2006-2007 de la Comisión Fulbright conjuntamente con la Asociación Americana de Ciencia Política para el Con-gressional Fellowship Program (1). Primero, fui seleccionado como rep-resentante de Argentina. Luego de un proceso de selección bastante selectivo fui elegido junto a otros 5 colegas de Es-paña, Egipto y Jordania y Alemania, para participar del citado programa. Poco sabía de que se trataba todo esto. Fui descubriendo las bondades a medida que se iban presentando las distintas ac-tividades que tiene este programa. Luego de instalado en Washington, DC, empe-zamos a cursar en la Universidad Johns Hopkins, en su sede de Washington, DC (SAIS), 2 materias junto a los otros 3 “fulbrighters” extranjeros y 30 estadoun-idenses provenientes de distintas agen-cias, universidades y medios norteameri-canos (Departamento de Estado, CIA, New York Times, entre otros) que nos prepara-rían para trabajar en el Capitolio. Luego

de terminados estos cursos iniciamos un seminario de orientación intensiva que se desarrolló en el mismo Capitolio donde nos familiarizamos con toda la tecnología para investigación temática que se usa en el Congreso Norteamericano.Hacia diciembre ya estábamos todos lis-tos para iniciar una ronda de entrevistas con legisladores de ambas cámaras y sus equipos para finalmente decidir en que despacho o comisión íbamos a pasar los próximos 8 meses de esta experiencia. Las entrevistas en sí mismas eran un cur-so acelerado para manejarse en ese mun-do desconocido que era “The Hill” (2) . Yo lo único que tenía en claro era que quería trabajar en el Senado y no en la Cámara de Representantes para poder luego, comparar ambas experiencias – la del Senado argentino y la del norteameri-cano – Además, en el proceso de entrevis-tas descubrí que la Cámara baja era muy atípica dado que se renueva totalmente cada 2 años por lo que casi es un salto de campaña en campaña que me interesaba, por supuesto, pero prefería a esa altura enfocar mi trabajo más hacia el desarrol-lo de políticas públicas que la actividad propia de una campaña electoral. Así es como en Enero de 2007 empiezo a trabajar como asesor del Senador Norm Coleman, quien además de parecer una excelente persona, muy moderada, con-ocía muy bien la realidad de América La-tina y de Argentina, en particular. Cosa rara en tiempos donde lo único que im-porta en Estados Unidos es Irak. Justamente mi trabajo en el despacho

de Coleman era ocuparme de todos los temas de la Comisión de Relaciones Ex-teriores que no fueran Irak. Todo el equi-po de esta comisión sólo se ocupaba de Medio Oriente y a mi me quedó “el resto del mundo”. Así es como un día tuve que recibir, de parte del Senador, a una delegación del gobierno de Georgia que venía, como todos lo que vienen a DC, en busca de fondos para sus proyectos de distinta índole. Debo reconocer que al ini-cio de mi experiencia me sentía algo inco-modo porque me veía “del otro lado del mostrador”. Sentía que tranquilamente podía ser yo quien acudía a estas reunio-nes para solicitar fondos para proyectos de Argentina. Mi integración al equipo de trabajo fue to-tal, no había diferencia a pesar de que era “el exótico” de la oficina. Así es como al cabo de poco tiempo caminaba y me movía por el Congreso como en “mi casa”. Pero mis responsabilidades no sólo in-cluía este trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Congreso, algo impensable en nuestro Congreso Nacional. A medida que se iban dando las cosas iba descu-briendo otras cualidades del programa. Por invitación de distintas universidades del país, tuve la oportunidad de conocer estados como Montana o Kansas, que difícilmente podría ir si no fuera por estas invitaciones a disertar sobre Argentina o América Latina que me llegaban. El im-pacto de mi visita a lugares como Helena o Missoula (Montana) era increíble, no sólo yo exploraba estos lugares sino que también hacía conocer a mi país. La Em-

bajada Argentina me proveía de folletería de turismo por lo que, además de todo, también era un agente de turismo.A través de esta beca pude conocer también, en una exhaustiva agenda pre-parada por el Gobierno de Canadá, su or-ganización política y su bellísima capital Ottawa. Una invitación a San Cristóbal de las Casas en Chiapas Méjico me llevó allí para hablar sobre las peculiaridades del federalismo argentino e interiorizarme sobre algunas peculiaridades del sistema político mejicano.Los Wilson Seminars también fueron parte importante del programa. Cada vi-ernes distintas personalidades del ámbito político de Washington DC venia al Con-greso a iluminarnos sobre distintas cues-tiones concernientes a la política de Esta-dos Unidos. Por allí, pasaron politólogos prestigiosos, ex legisladores, actuales legisladores, periodistas y sin número de personas que hacen a la política de la capital norteamericana.Así es como en Agosto de 2007, en un acto realizado en el Capitolio finalizamos esta increíble experiencia que no sólo me dejo un acabado conocimiento sobre el funcionamiento de aquel Congreso sino también una gran red de amigos y cole-gas que seguramente me llevarán a ex-plorar otras aristas del mundo de la Cien-cia Política.

(1) Para obtener mayor información sobre el programa ver: http://www.apsanet.org/con-tent_3031.cfm (2) Expresión que usan los estadounidenses para referirse a su Congreso Nacional

IV. Seminarios sobre Estados Unidos en el mundo actual:

Seminarios intensivos de una semana de duración sobre distintos aspectos políticos, culturales y sociales de Estados Unidos en el mundo actual para graduados de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Economía, Periodismo, Historia, Abogacía, Admin-istración Pública, Administración de Empresas. Los seminarios se realizan en Argentina y son dictados por profesores de los Estados Unidos. Se dan becas que cubren los costos de traslado, alojamiento y comidas para los participantes.

V. Seminarios sobre Estados Unidos para jóvenes líderes:

Seminarios de un mes de duración sobre liderazgo y distintos aspectos políticos, cultura-les y sociales de Estados Unidos en el mundo actual para graduados de Ciencias Políti-cas, Relaciones Internacionales, Sociología, Economía, Periodismo, Historia, Abogacía, Administración Pública, Administración de Empresas. Los seminarios se realizan en Es-tados Unidos. Se dan becas que cubren los costos de traslado, alojamiento y comidas para los participantes.

VI. Seminarios sobre Estados Unidos para docentes:

Seminarios de seis semanas de duración sobre Política Exterior, Literatura, Religión, His-toria, Política y Seguridad Nacional de Estados Unidos en el mundo actual para docentes de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Economía, Periodismo, Historia, Soci-ología, Abogacía, Literatura. Los seminarios se realizan en Estados Unidos. Se dan becas que cubren los costos de traslado, alojamiento y comidas para los participantes.

VII. Becas Humprey:

Capacitar a profesionales involucrados en el diseño de políticas de interés público y ori-entadas al desarrollo del país mediante un programa combinado de estudios académicos y pasantías profesionales en una de las siguientes áreas: Desarrollo agrícola, Periodismo y comunicación, Desarrollo económico, Finanzas y sstema bancario, Administración de recursos humanos, Derechos humanos, Recursos naturales y medioambiente, Salud públi-ca, Administración y políticas públicas, Administración y desarrollo de tecnología, Planea-miento regional y urbano, Educación, Prevención y tratamiento del abuso de drogas, Políti-cas de prevención y tratamiento del HIV, Estudios para la no proliferación de armas. Además de administrar el programa de becas, la Comisión Fulbright ofrece asesora-miento a personas interesadas en estudios de posgrado en Estados Unidos. En la sede de la Comisión Fulbright funciona una biblioteca con catálogos actualizados de todos los posgrados ofrecidos por el sistema universitario estadounidense, información sobre exámenes requeridos para estudiar en Estados Unidos, libros de referencia, ayuda fi-nanciera, etc.

El Programa Fulbright comenzó sus actividades en Argentina en 1956 a partir de la firma de un convenio entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos que dio origen a la Comisión Fulbright.

Desde su creación, el Programa Fulbright ha contribuido significativamente a promover el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de ambos países a través de intercam-bios educativos y culturales. Aproximadamente 4800 argentinos y estadounidenses han recibido becas de la Comisión Fulbright para realizar estudios de posgrado, enseñar y llevar a cabo proyectos de investigación en ambos países. Las becas Fulbright son es-pecialmente competitivas: se presentan aproximadamente 10 candidatos con excelentes antecedentes por cada beca que otorga el Programa Fulbright.

En los últimos diez años, la Comisión Fulbright otorgó 1775 becas. De estas becas, 35 por ciento para becarios de Estados Unidos y 65 por ciento para becarios Argentinos. 50 por ciento fue para mujeres y el 50 por ciento para hombres; a la vez, el 40 por ciento de los becarios argentinos fueron de la Capital Federal y el 60 por ciento del interior del país.

PROGRAMAS

La Comisión administra los siguientes programas de becas:

I. Becas para ciudadanos argentinos:

>> Estudiantes: Becas de dos años para realizar estudios de posgrado (Maestrías y Doc-torados) en Universidades de Estados Unidos.>> Investigadores: Becas de tres a seis meses para realizar proyectos de investigación en centros de investigación y universidades de Estados Unidos.

II. Becas para ciudadanos estadounidenses:

>> Estudiantes: becas de ocho meses para tomar clases o realizar proyectos individuales de investigación en Argentina.>> Profesores: becas para profesores de Estados Unidos para dar clases y realizar proyec-tos de investigación por un semestre en universidades argentinas.

III. Becas para Asistentes de Idioma Argentinos y Estadounidenses: >> Becas para profesores de inglés argentinos para trabajar como Asistentes de Idioma y tomar cursos en instituciones educativas de Estados Unidos. >> Becas para estudiantes de Estados Unidos para trabajar como Asistentes de Idioma en profesorados de inglés terciarios o universitarios de Argentina.

EL PROGRAMA FULBRIGHT DE ARGENTINA

PARA INFORMACIÓN: Comisión FulbrightViamonte 1653, P. 2, C1055ABE, tel.: (011) 4814 3561/62; info@fulbright.com.ar; www.fulbright.edu.ar

Se equivocó la palomase equivocaba por ir al norte fue al sur

creyó que el trigo era aguase equivocaba.

Creyó que el mar era el cieloque la noche la mañana

se equivocaba, se equivocaba.

Rafael Alberti.Una historia con sabor amargo.

Una expresión común entre aquellos que han iniciado el camino de la re-construcción de la historia de la ciencia política en la Argentina remarca la estrecha relación entre los procesos político-institucionales y el desarrollo de la actividad poli-tológica: hablar de “marchas y contramarchas” para señalar los flujos de expansión y contracción de esta empresa cognitiva es un lema patentado por muchos. Es que el desarrollo de la actividad científica y del pensamiento en general requirió siempre de cierto “caldo ideológico”, que permitiera el despliegue de las libertades, la afir-mación de una actitud crítica y, principalmente, un valor social orientado al desarrollo del conocimiento y su aplicación a diversos ámbitos de la vida. En líneas generales, este proceso fue históricamente acompañado por significativos movimientos de las estructuras sociales, permitiendo la más de las veces la incorporación de nuevos sec-tores a la arena política y distribuciones más equitativas de la renta en lo económico. También es cierto que en este discurrir, las situaciones de crisis y los cambios estruc-turales proporcionaron un punto de reflexión con rasgos de originalidad y nuevas propuestas. El cúmulo de estos factores nos hace comprender cómo, hacia finales del siglo XIX, la ciencia política logra institucionalizarse y profesionalizarse en los Estados Unidos en el marco de una combinación de liberalismo, republicanismo, de-mocracia, pragmatismo, positivismo, utilitarismo e industrialismo. Este entramado fue acompañado por un fuerte proceso de movilización social con aporte migrato-rio y disposición de recursos económico-financieros, teniendo una fuerte afinidad selectiva en el desarrollo de una ciencia con pretensión de “hablar de aquellos que ejercen el poder”; y convirtiéndose por esta razón en una herramienta política de múltiples usos. Pocas son las disciplinas que poseen esa extraña amalgama con su objeto de estudio.

Desde el polo opuesto del continente, y atendiendo el caso particular argen-tino, se ha señalado que el clima intelectual alrededor del Centenario hizo a un des-pliegue inicial de la ciencia política, marcado especialmente por la reflexión en torno al grupo de los llamados liberales reformistas, que dio lugar a una serie sostenida de críticas de época sobre las instituciones republicanas, la calidad de las mismas y el rol del federalismo. Desde entonces (y llegando a nuestros días) el problema elec-toral sería una constante en la reflexión política argentina, vertido inicialmente en la pluma de autores como Rodolfo Rivarola, José Nicolás Matienzo y Ricardo Levene, quienes se constituyeron en actores centrales de los debates en torno al tema y lo reflejaron desde las páginas de la Revista Argentina de Ciencias Políticas. La historia siguió su curso, y en 1898 se creó la primera cátedra de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, que posteriormente se emularía en Córdoba, introduciéndose en estas primeras décadas gran parte de los debates europeos respecto a las recientes ciencias sociales, que paradójicamente tendrían fin con la Reforma Universitaria. Ya cercanos a la década del treinta, el clima intelectual fue girando en torno a un anti-cientificismo causado en parte por los abusos de los esquemas del reduccionismo positivista de corte evolucionista y por la reacción de ciertos sectores decadentes de las viejas oligarquías que abrazaban un nacionalismo anti-inmigratorio. Por otro lado, fueron ganando espacio posiciones político-religiosas conservadoras que veían en toda actividad científica una disputa por el espacio de verdad con la fe y las insti-tuciones que la representaban. En este sentido, los treinta representaron un punto de inflexión tanto en el espacio del desarrollo científico como en el proceso político democrático y el desarrollo económico del país.

Pero, ¿en qué se diferenció entonces esa incipiente ciencia política argentina de la norteamericana? Los contrastes son notorios: en los Estados Unidos el proceso fue creando tanto instituciones de investigación como de docencia de tiempo com-pleto, significando la construcción de una “profesión” de politólogo; mientras que en la Argentina la actividad era un hobby intelectual de juristas y políticos, y no un tra-bajo especializado y rentado. Por otra parte, en el país del norte la ciencia política se puso al servicio de la propia gestión pública: tal como lo demuestran las actividades de Harold Lasswell y Charles Merrian durante la década del treinta y especialmente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial; mientras que en nuestro país se cre-aron carreras afines como las Licenciaturas en Derecho Consular y Diplomacia en la Universidad Nacional de Litoral, que no lograron desarrollar en forma sistemática un proceso de profesionalización o de programas de investigación empírica sostenida.

El reflejo del espejo siguió cambiando, y en 1940 la creación del Instituto de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dio origen a un renacer de las ciencias sociales de la mano de Ricardo Levene (h) y de Gino Germani. En esa década la discusión entre una sociología teórica y una sociografía de menos valía marcó dos posicionamientos que se verían fuertemente enfrentados décadas más tarde. La relación entre algunos intelectuales y el régimen peronista generó una discontinuidad en este proceso que se retomaría con la der-rota del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Sin embargo, durante los años del peronismo la discusión en torno al Estado adquirió un rol central, debié-ndose resaltar con especial atención los trabajos de Arturo Enrique Sampay, hoy olvidados por la ciencia política. A comienzos de los años cincuenta se creó en la Universidad Nacional de Cuyo la carrera de Ciencia Política y Administración con una clara orientación hacia la formación de los cuerpos burocráticos del Estado, y en 1957 se creaban en la Universidad de Buenos Aires las carreras de Sociología y de Psicología. La primera, dirigida por Germani, permitiría no solo el dictado tradicional de corte profesionalista sino una verdadera comunidad científica orientada hacia la investigación, con un despliegue editorial y de intercambio académico internacional como nunca se había desarrollado en la Argentina. La “operación Germani” terminó ganando la partida a la visión intelectual comandada por Alfredo Poviña desde el Instituto de Sociología de la Universidad Nacional de Córdoba. Germani logró con-struir un modelo profesional de sociólogo; pero esa primavera terminó rápidamente en invierno: el golpe de 1966 desarticuló el modelo universitario y volvió a recrear

fuertemente los viejos fantasmas que se habían adueñado de los años treinta. Para muchos sectores, las ciencias sociales (tanto en su versión liberal desarrollista como en su vertiente combativa de eco marxista) eran vistas como demonios que con-ducirían a un comunismo ateo alejado de la “argentinidad”, en una visión (con may-ores connotaciones negativas) que se extendía a las cátedras nacional populares como invocadoras de un fantasma aun peor: el peronismo. La imagen en el espejo se empañaba: sin libertad, y con la persecución de los sectores más proclives a la cien-cia, todo intento de florecimiento en su área social se encontró con un terreno yermo. A pesar de ello, la disciplina contó con dos momentos importantes que merecen mencionarse: la creación de la Asociación Argentina de Ciencia Política en 1957 (bajo la dirección de Segundo Linares Quintana); y la constitución de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad del Salvador en 1956. En el plano internacional, la primera desarrolló una intensa labor afiliándose a la Internacional Political Science Associa-tion y participando activamente en sus congresos, lo que fue complementado a nivel regional con la presidencia de Linares Quintana en la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, en el marco de la cual publicó y dictó conferencias en el país y en el exterior. En el plano interno se había retomado la publicación de la vieja Revista Argentina de Ciencias Políticas, llegando a sacar cuatro números. Pero lo cierto era que todas estas actividades seguían desarrollándose como apéndices del derecho, y toda idea de creación de un ámbito profesional autónomo para la ciencia política era fuertemente combatido por sus miembros. En 1969, y a partir del inicio de la reforma al Plan de Estudios de la Universidad del Salvador dirigido por Carlos Floria, se construyó el primer diseño curricular articulado de ciencia política con un claro eje en teoría política empírica y una sólida formación metodológica; en cierta forma “equivalente” al modelo que Germani hiciera para la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Durante esos años la reciente Universidad Nacio-nal de Rosario heredaba los estudios de ciencia política de la Universidad Nacional del Litoral y también iniciaba un plan de actualización curricular relevante, mientras que a nivel internacional los estudios desarrollados por Guillermo O´Donnell eran un elemento fundamental para el reconocimiento de la ciencia política argentina en los grandes centros mundiales. Pero los tiempos volvieron a acortarse: la sociedad se volvía a politizar en forma bimodal y los reclamos de participación política solo tuvieron vientos democráticos en un lapso corto. La imagen en el espejo se tornaría difusa o desaparecía por completo: en 1976 se instalaba en la Argentina la Dictadura Militar mas cruenta de su historia; y el reflejo de la ciencia y el pensamiento libre se provocaría solo desde el exilio, mientras que la memoria sería desde entonces el único eco de los ojos ante el asesinato del pensamiento. Sólo algunos pocos se ale-jaban del espejo sin que su imagen se desvaneciera, animándose a mantener cierto debate desde el resguardo de centros de investigación o instituciones académicas privadas que resistían la intervención del régimen autoritario.

El advenimiento de la democracia a partir de 1983 significó la recuperación de las instituciones democráticas básicas mediante la instalación del sistema de elec-ciones libres y periódicas, permitiendo crear el clima básico de libertad necesaria para el desarrollo de la actividad científica. La ciencia política no fue ajena a estos tiempos. Se fueron creando carreras de grado y de postgrado en forma creciente y sostenida a lo largo de estos años; entre ellas las de la Universidad de Buenos Aires, que desde entonces concentraría el mayor número de alumnos, docentes y proyectos de investigación reconocidos. Asimismo, y bajo este impulso, el número de publicaciones crecería en forma exponencial y se vería nítido en la aparición de publicaciones periódicas que paulatinamente irían incorporando normas de calidad editorial internacionales. Hoy en día contamos con revistas como Temas y Debates, Revista Argentina de Ciencia Política, Postdata, Política y Gestión, Colección y El De-bate Político entre otras.

Uno de los hitos más importes en el desarrollo reciente de la ciencia políti-ca argentina lo constituye la creación de la Sociedad Argentina de Ciencia Política (SAAP), surgida como contrapartida a la Asociación Argentina de Ciencia Política cuando ésta se negara a aceptar masivamente a los politólogos que venían del exilio. Hasta la fecha, la SAAP ha realizado siete Congresos Nacionales de Ciencia Política en diferentes regiones del país; publicando en un primer momento el Boletín SAAP y actualmente la Revista SAAP, bajo normas internacionales para publicaciones cientí-ficas y contando con el reconocimiento del CONICET. Asimismo, y por convenio con la provincia de Río Negro, efectúa una labor de auditoría sobre el Sistema de for-mación y capacitación política para jóvenes dirigentes. De este modo, y bajo su halo, la SAAP generó un nucleamiento de la comunidad disciplinaria nacional que fue participando exponencialmente en sus actividades. Para el VIII Congreso Nacional de Ciencia Política se han organizado aproximadamente 47 mesas generales con la ex-posición de más de 200 ponencias, presentándose por primera vez en forma especial 37 grupos de investigación. Paralelamente, se ha dado continuidad a las mesas de estudiantes y se efectuará la presentación de 29 libros junto a paneles especiales de revistas científicas y páginas web. El crecimiento sostenido de la SAAP es uno de los indicadores más claros del proceso de institucionalización de la disciplina.

Los debates en torno a la construcción de una profesión.

Es indudable que la ciencia política en particular y las ciencias sociales en general han logrado un crecimiento sostenido a partir del proceso democratizador iniciado a comienzos de los noventa; lo cual debe remarcarse enfáticamente contem-plando las crisis económicas, que han restringido enormemente la disponibilidad de recursos para el financiamiento de actividades y el empobrecimiento de los sectores sociales que proveen de la masa crítica de investigadores y docentes. Esto nos de-muestra que las condiciones políticas e institucionales democráticas brindan uno de los elementos centrales para el desarrollo de actividades como la ciencia política.

La paulatina institucionalización y ampliación del ámbito universitario y de investigación ha ido produciendo una masa crítica de nuevos politólogos compro-metidos con su disciplina e identificados con el “título” que los representa. Sus preo-cupaciones, además de cognitivas y “políticas”, son ahora también profesionales. Esto significa no solo un debate sobre las incumbencias, cualificaciones y competen-cias profesionales, sino también la búsqueda y construcción de espacios laborales en donde poder ejercer “su profesión”... simboliza, ni más ni menos, la creación de trabajo. Este proceso requiere del reconocimiento social de la ciencia política como

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La mirada en el espejo: algunas reflexiones sobre el desarrollo de la ciencia política en la Argentina.Por Pablo Bulcourf y Juan Cruz VazquezProfesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Matanza. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y Profesor e investigador de la Universidad de Morón.

una profesión, y por lo tanto de la aceptación de que los politólogos poseen un con-junto de conocimientos y habilidades que son considerados “útiles” y que merecen ser remunerados. En los últimos años los ámbitos legislativos a nivel nacional, pro-vincial y municipal han ido incorporando politólogos como asesores. En la adminis-tración pública el número de politólogos ha crecido enormemente, principalmente en las áreas ligadas al diseño e implementación de políticas públicas. En la selección realizada por la Cancillería el número de politólogos y licenciados en relaciones in-ternacionales también ha crecido. El ámbito de la opinión pública y la consultoría de medios han ido incorporando politólogos en áreas antes reservadas para sociólogos y psicólogos. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o la Organización de Estados Iberoameri-canos han contratado mayormente a politólogos y licenciados en relaciones inter-nacionales en sus iniciativas. Empresas de envergadura de dimensión nacional y trasnacional han abierto sus áreas de relaciones institucionales a la ciencia política. Muchas universidades han desarrollado en forma conjunta con el Estado programas de análisis de la calidad institucional y la participación ciudadana como el Programa de Auditoría Ciudadana, en donde se encuentra una predominancia de la profesión. El crecimiento de Organizaciones No Gubernamentales orientadas hacia el mejora-miento institucional y la producción de conocimiento sobre temas de agenda públi-ca como Poder Ciudadano, Conciencia y especialmente Cippec constituyen ámbitos muy importantes para el desarrollo de la ciencia política y sus graduados. Muchos de estos cambios todavía no se han visto reflejados en los propios diseños curricu-lares de las carreras de ciencia política originando nuevos debates en torno a los contenidos y modalidades de formación académica y profesional.

Estos debates no son inocentes, representan intereses y concepciones acer-ca de lo que es la ciencia política, de sus ámbitos de incumbencia y de la forma en la cual se debe formar universitariamente en grado y postgrado a las nuevas camadas de licenciados en ciencia política y en relaciones internacionales. Décadas atrás la disputa se estructuró entre quienes hacían de la ciencia política su actividad central y por lo tanto buscaban su institucionalización y reconocimiento social nacional e internacional de aquellos que solo la visualizaban como un área del derecho y por tanto reservada a los abogados como un hobby elegante en ratos de ocio y es-parcimiento. Hoy existen dos nuevos clivajes cuya resolución es necesario superar para lograr incrementar tanto la institucionalización como la profesionalización de la ciencia política. El primero, posiblemente el más importante, se estructura entre aquellos que ven a la ciencia política como un ámbito de discusión principalmente filosófico, en donde los problemas propios de la disciplina, sus áreas y temáticas son totalmente ajenos y la enseñanza de la metodología algo que hay que desterrar del ámbito universitario; y aquellos que promueven una “autonomía total” de la ciencia política intentado despojarla de toda reflexión más allá de la producción e in-terpretación del “dato empírico”. El segundo se polariza entre aquellos que ligados a una concepción más tradicional de la disciplina la conciben como una actividad exclusivamente académica ligada a la docencia e investigación auto-reproductiva; y aquellos que proclaman una profesionalización sin anclaje en la actividad cognitiva y totalmente externa al mundo universitario y al propio origen académico de la cien-cia política.

Estas discusiones no son sencillas y representan intereses muchas veces genuinos de sectores que pretenden mantener sus espacios y prerrogativas frente a otros que se disputan los mismos espacios y recursos. La puja se ve reflejada en toda reforma sobre contenidos y diseños curriculares; a la hora de asignar dedica-ciones especiales; en la aprobación de proyectos de investigación y en la selección de sus becarios; y principalmente en los concursos docentes. Todo esto, a su vez, se conjuga con diferencias ideológicas y posiciones político-partidarias. Pero, la más de las veces, se encuentra atravesada por cuestiones estrictamente personales, ya que en definitiva somos sujetos que interaccionamos con deseos, aspiraciones e intere-ses propios, generando en este cruce amigos y enemigos y sus correlativos amores y odios. El desarrollo de la ciencia política reciente en la Argentina nos muestra un panorama activo y en expansión donde se conjuga una puja distributiva de bienes materiales y simbólicos. Esperemos que esta vez la paloma no se duerma en la orilla sino en la cumbre de una rama.

Referencias Bibliográficas:

Bulcourf, Pablo (2004): “El árbol y sus frutos: la ciencia política y la construcción del conocimiento social en la Argen-tina reciente”. En Revista Argentina de Ciencia Política. Eudeba, Buenos Aires.

Bulcourf, Pablo (2005): “La ciencia política en busca de sentido”. En Espacios Políticos, Año 5, Nro. 2, Noviembre, Córdoba.

Bulcourf, Pablo (2005): “El desarrollo de los estudios internacionales en la Argentina: su historia y perspectiva” En María Susana Arrosa Soarez (comp.): Sociología y relaciones Internacionales. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Bulcourf, Pablo (2006): “¡Cuidado!: edificio en construcción. La ciencia política en la Argentina y su paulatina profe-sionalización”. En Espacios Políticos, Año 6, Nro. 3, Rosario.

Bulcourf, Pablo y Martín D´Alessandro (2001): “Haciendo camino … la intrincada construcción de la ciencia política argentina..”En Espacios Políticos, Año 1, Nro. 1, Noviembre, Río Cuarto.

Bulcourf, Pablo y Martín D´Alessandro (2002): “La ciencia política en la Argentina. Desde sus comienzos hasta los años 80”. En Revista de Ciencias Sociales, Nro. 13, noviembre, Buenos Aires.

Bulcourf, Pablo y Martín D´Alessandro (2003): “la ciencia política en la Argentina”. En Julio Pinto (comp.): Introduc-ción a la ciencia política, Eudeba, Buenos Aires.

Bulcourf, Pablo y Juan Cruz Vázquez (2004): “la ciencia política como profesión”. En POSTData Nro. 10, diciembre, Buenos Aires.

Bulcourf, Pablo y Lucas Jolias (2006): “La historia de la ciencia política en la Universidad del Salvador” En VV.AA. La ciencia política en la Argentina – 2006. Universidad del Salvador, Buenos Aires.

Cueto, Walter, Alejandro Belmonte y Marcela Ballabio (2006): Una Auditoría Ciudadana sobre la calidad de las prác-ticas democráticas en el Municipio de Luján de Cuyo (Provincia de Mendoza). Universidad Nacional de Cuyo, Men-doza.

De Luca, Miguel (2006): “Ciencia política en Córdoba capital: un balance sobre el VII Congreso Nacional de la SAAP”. En Revista SAAP. Vol. 2, Nro. 3, Buenos Aires.

Fernández, Arturo (comp.) (2002): La ciencia política en la Argentina. Dos siglos de historia. E. Biebel, Buenos Aires.

Fernández Ramil, María de los Angeles (2005): “La ciencia política en el diván: la instrospección disciplinar”. En Re-vista de Investigaciones Políticos y Sociológicas. Vol. 4 Nro. 2, Santiago de Compostela.

Garcé, Adolfo y Gerardo Uña (comps) (2006): Think Tanks y políticas públicas en Latinoamérica. Dinámicas globales y realidades regionales. Prometeo, Buenos Aires.Leiras, Marcelo, Juan Manuel Abal Medina y, Martín D´Alessandro (2005): “La ciencia política en la Argentina: el camino de la institucionalización dentro y fuera de las aulas universitarias”. En RCP Revista de Ciencia Política, Vol. 25 Nro.1, Santiago de Chile.

Pereyra, Diego (2006): “Los científicos sociales como empresarios académicos. El caso de Gino Germani”. Jornadas

de Jóvenes Investigadores en Ciencia Política y Sociología. Universidad Nacional de La Matanza, San Justo.

Una apuesta al desarrollo de la política comparada en Argentina.Por Lucas Jolías y Augusto Reina Coordinador general y coordinador de contenidos de www.politicacomparada.com.ar

Dentro de las diversas formas de aproxi-marnos al conocimiento de la realidad, la comparación es una de las herramientas más utilizadas tanto en términos científicos como en la vida cotidiana. Prácticamente no hay criterio que no se origine en una relación comparativa. Pensar que cada fenómeno es único, irrepetible e incomparable puede ser cierto, pero quedara en el “puede ser” sino lo contrastamos definitivamente. El trabajo de un comparativista no consiste en solo enumerar hechos, etiquetarlos y clasificarlos, sino en hallar el sentido de los hechos ponié-ndolos en relación con otros.

El desarrollo de la ciencia política tanto en los Estados Unidos como en Europa, ha tenido un sustancial apoyo de la política comparada en el proceso de institucionalización y pro-fesionalización de la disciplina. Muchos de los nombres más influyentes de la ciencia política del siglo pasado, han pertenecido no-toriamente al campo de la comparación. Una de las posibles causas de esto es que la cien-cia política es un ámbito en el cual conviven teóricos, comparativistas e ideográficos; si la pensáramos como una familia, los compartiv-istas serian el hijo del medio. Como bien afirmaba Panebianco, la política comparada es un campo necesariamente ideográfico e indefectiblemente teórico, eso lleva a que en su núcleo se discutan constantemente tanto cuestiones de teoría o filosofía política como temáticas relacionadas con la metodología y el abordaje de datos empíricos. Falencias teóricas entorpecen el desarrollo de estudios comparados y un inadecuado uso de la em-piria lleva a formular comparaciones con er-róneas conclusiones.

Ahora bien, si la política comparada ha sido -y sigue siendo- un área muy importante den-tro de la ciencia política ¿Cómo se ha desar-rollado la política comparada en Argentina y en que condiciones se encuentra? ¿Por qué la política comparada es una de las especial-izaciones menos institucionalizadas del país? Analicemos algunas de las posibles causas de su joven desarrollo:

a) Avatares políticos. La política comparada no es ajena a las desventuras de la ciencia política en la Argentina. Las interrupciones democráticas y los bajos grados de institucio-nalización y profesionalización de la ciencia política durante gran parte del siglo XX, tam-bién han ido en detrimento de la producción académica en política comparada. Es recién con la vuelta a la democracia que la ciencia política argentina (y por consiguiente la políti-ca comparada) comienza su etapa de profe-sionalización y especialización de sus áreas.

b) Recursos escasos. No es muy llamativa la falta de institucionalización de este subcampo en relación al tópico mencionado; para hacer política comparada se necesitan “recursos” y ellos están presentes en un campo intelec-tual con una alta profesionalización. Como menciona Arturo Fernández con respecto a la falta de financiación del área, “Sin desarrollo propio de la política comparada es muy difícil producir ciencia política de punta en el mundo de hoy” (1). Para hacer política comparada es necesario viajar y el costo de la investigación es una cuestión mayúscula para entender la difícil proliferación de la subdisciplina. Si es-cogemos unidades subnacionales nuestros costos serán menores que viajar a un país extranjero aunque seguirán siendo compara-tivamente mucho más caros que un boleto de transporte publico a nuestra biblioteca vecina. Cómo señalaba Sartori, la política comparada necesita de “conceptos capaces de viajar”; pero creemos que en este caso necesitamos de “politólogos capaces de viajar”.

c) Interés profesional por otras áreas. Por di-versas razones que exceden al presente artí-culo, que pueden estar tanto relacionadas con los intereses cognitivos o culturales de los argentinos como de una salida laboral, otras especializaciones tienen mayor difusión. Sol-amente para ejemplificar téngase en consid-eración la cantidad de postgrados, maestrías y centros de investigación especializados en áreas como las Políticas Públicas, Opinión Pública, Administración Publica y Relaciones Internacionales. d) Emigración de comparativistas. Muchos aca-démicos argentinos con interés por la política comparada terminan emigrando a universi-dades del exterior, por diversas causas: falta de recursos para llevar a cabo las investigaciones, no hay postgrados ni cursos de doctorado es-pecializados, no hay espacios institucionales de

discusión sobre política comparada, entre otras.Estos puntos son, a nuestro juicio, obstáculos que ha debido sortear el campo para comen-zar su aún prematuro proceso de institucio-nalización. Cada uno de ellos tiene un revés positivo para comenzar la tarea de construir un campo comparativista en Argentina. Los siguientes tópicos pueden leerse respectiva-mente como contrapuntos de los anteriores.

a) Estabilidad democrática. Cómo men-cionábamos antes, sin estabilidad democráti-ca no es posible el desarrollo de las ciencias sociales, y en especial, de la ciencia política. La consolidación del régimen en nuestro país ha sido una condición necesaria para la profe-sionalización de la disciplina y de su recono-cimiento profesional.

b) Comparaciones sub-nacionales. La falta de recursos se puede contrarrestar con la elabo-ración de programas de investigación orienta-dos a la realización de comparaciones subna-cionales. La ciencia política argentina esta en condiciones de producir política comparada con sustancia. Los estudios subnacionales no tienen porqué sentirse disminuidos ante la clásica indagación cross-national. Todo proyecto académico tiene diferentes etapas de mayor o menor magnitud, lo importante es que el estudio produzca conocimiento. Por más mínimo que uno sienta su aporte, ello no significa que en el futuro adquiera una mayor relevancia. Estudiar 25 naciones con un sub-sidio que permita viajar a todas ellas, no sig-nifica que el resultado de ello sea un estudio cualitativamente superior a uno subnacional; solo le dará mas “espectacularidad”. El con-cienzudo estudio de Robert Putnam sobre la democracia en los gobiernos regionales de Italia es un excelente ejemplo. Arend Lijphart comenzó a iluminar sus hipótesis sobre las democracias consociativas con un estudio de caso de su país bajo natal y Guillermo O´Donnell estructura toda su obra “Modern-ización y Autoritarismo” analizando dos uni-dades subnacionales (Buenos Aires y Sao P ablo); la lista podría seguir mucho más.

c) Relevancia pública. La política comparada tiene una gran capacidad de aplicación en el plano político. Cómo ha mostrado Andreas Shedler (2) , constantemente observamos dis-cusiones políticas basadas en conocimientos brindados por el subcampo. En nuestro país -comúnmente en situaciones de crisis- son numerosos los casos en que afloran debates que no siempre son aprovechados por com-parativistas (algo que el mundo del derecho ha sabido capitalizar). Parlamentarismo vs. Presidencialismo, reforma del sistema elec-toral y de listas y reforma del Estado, son sólo algunos de los temas que marcan la relevan-cia pública de la política comparada.

d) Nuevos cursos de especialización. La cre-ciente institucionalización del subcampo y su relevancia pública, traerá aparejado la deman-da de cursos de postgrados especializados en el área. Luego de varios años, se han abierto los primeros cursos relativos al método com-parado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país. e) Programas de investigación en conjunto con instituciones del extranjero. El hecho de que haya una gran cantidad de argentinos en universidades del exterior tiene la ventaja de poder llevar a cabo investigaciones en conjun-to con instituciones extranjeras. Es llamativa la poca producción grupal con entidades o in-vestigadores residentes en el exterior; solo un 4,4% de artículos de política comparada pub-licados en las siete revistas más importantes, han sido elaborados por equipos conforma-dos por argentinos y extranjeros (3).

La ciencia política argentina esta en condi-ciones de producir política comparada con sustancia, solo es cuestión de asumir la re-sponsabilidad de profesionalizar un campo. Para hacer política comparada hay que recor-rer, preguntar, buscar y viajar en busca de la comprensión sensible de los fenómenos. Las condiciones están dadas para que los politólo-gos argentinos comencemos el viaje.

(1) Fernández, Arturo: Entrevista en el diario La Nación. Lunes 5 de septiembre, sección cultura, 2005.(2) Schedler, Andreas: “La relevancia pública de la política comparada”. En POSTData Nro. 10, Buenos Aires, diciembre, 2004.(3) Ver Jolías Lucas y Augusto Reina: “Las compara-ciones no son odiosas. Métodos y estrategias en política comparada”. En Revista Argentina de Cien-cia Política nro. 13 (en prensa).

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¿Por qué no funciona el control parlamentario? Por Agustçin FerraroUniversidad de Salamanca (agustinferraro@usal.es)

La literatura y la práctica del control parlamentario de la administración pública, en países iberoamer-icanos, muestran diferencias con la literatura y la práctica del control parlamentario en otros países. Estas diferencias son notables si consideramos los dos países cuyas legislaturas son, en términos comparativos, las más poderosas e influyentes en sus respectivos sistemas políticos, a saber, el Congreso de los Estados Unidos de América y el Parlamento Federal (Bundestag) de Alemania.

Podemos caracterizar a la concepción del con-trol parlamentario de la administración pública, predominante en Iberoamérica, como una con-cepción jurídica y formal de dicha actividad. Es posible también definir a esta concepción como clásica, puesto que responde a una perspec-tiva sobre el Estado y las políticas públicas que tuvo amplia vigencia hasta principios del XX. La concepción clásica del control parlamentario es mantenida y expuesta, en la primera mitad del siglo XX, por diversos autores, de los cuales los más destacados fueron Karl Loewenstein y Maurice Hauriou. Éstos tuvieron, y continúan teniendo hoy, una amplia influencia formativa y orientadora en el derecho constitucional y en la ciencia política en países de América Latina, España y Portugal.

La concepción clásica del control parlamentario entiende que la administración pública forma parte de la esfera de acción del poder ejecutivo. Por esto es que concibe a la actividad de con-trol como algo ajeno, y generalmente posterior, a la actividad de ejecución o implementación. El esquema básico del proceso de gobierno, según esta perspectiva, consiste así en un primer momento de legislación, donde el parlamento aprueba leyes que contienen planes de política pública. En un segundo momento, a cargo del poder ejecutivo, se produce la ejecución de di-chas leyes, que equivale a la implementación de las políticas públicas. En un tercer momento, fi-nalmente, el parlamento o asamblea legislativa realiza un control de lo que se ha llevado a cabo, que le permitirá evaluar sus resultados y pro-poner eventuales modificaciones, mediante nue-va legislación. Se agrega a este esquema, en la concepción clásica del control parlamentario, la

idea o precepto de que esta actividad de control tiene que ser llevada a cabo, principalmente, por la oposición política en el parlamento. Se supone que los miembros de la asamblea legislativa que forman parte del partido del gobierno no deben ejercer dicha actividad de control, o al menos no principalmente (los actuales partidarios de la escuela de la elección racional dirían que no cor-responde a su auto-interés, pero como tantas otras afirmaciones aparentemente descriptivas, ésta también es una prescripción).Ahora bien, el problema con este esquema tan simple y elegante es que no funciona en abso-luto para los modernos estados “administrati-vos”, que se desarrollan durante el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, la concep-ción clásica del control parlamentario se vuelve obsoleta y condena a los parlamentos que la siguen en la práctica a una completa falta de in-fluencia sobre la agenda de políticas públicas, lo que equivale a su completa irrelevancia política como actor institucional independiente. Hay una serie de razones que explican este proceso, que fueron básicamente diagnosticadas por William F. Willoughby ya a principios del siglo pasado. Las ideas de Willoughby dan origen a la con-cepción moderna del control parlamentario de la administración pública. Mientras que la concep-ción clásica del control parlamentario es formal y jurídica, la concepción moderna es substantiva y administrativa.

Willoughby observa en diversos estudios que, con el desarrollo de un Estado regulador, que comienza a actuar en muchos ámbitos de la vida económica y social de los que el Estado antes no se ocupaba, la actividad de la administración se ha transformado de manera fundamental. La administración ya no consiste en la aplicación de preceptos generales, las leyes, sino que se ha convertido básicamente en actividad regula-dora, que crea sus propios preceptos generales. En otras palabras, las modernas agencias admin-istrativas, ya en época de Willoughby, funcio-nan mediante la creación constante de normas o regulaciones administrativas generales (derecho administrativo). Willoughby es el primer autor en observar este proceso, describirlo y establecer la conclusión necesaria desde el punto de vista

del derecho constitucional: la administración pública moderna es una rama del poder legisla-tivo y debe estar bajo la dirección del Congreso. Pues si el Congreso no ejerce la dirección de las agencias administrativas, pierde todo control so-bre su propia competencia legislativa (que ahora ejercen, substantivamente, dichas agencias).

Esta tesis de Willoughby es llevada a la práctica durante las décadas siguientes en los EE.UU., bajo la iniciativa de destacados parlamentarios de ambos partidos políticos, hasta concluir en la Ley de Procedimientos Administrativos de 1946 (Administrative Procedures Act). La ley reforma la estructura de trabajo del Congreso y la estructura de la administración, para cumplir con las ideas de Willoughby y asegurarse que la actividad administrativa esté bajo la dirección operativa de los legisladores. Es así que, al día de hoy, existe un amplio consenso en la ciencia política de los Estados Unidos respecto a la “he-gemonía” del Congreso sobre la administración pública (Congressional Dominance). En otras pa-labras: las agencias administrativas están bajo el control de los comités y subcomités del Con-greso que les corresponden por área de trabajo.

La ciencia política en Alemania ha sido especial-mente crítica con la idea relativa a que el control parlamentario deba o pueda ser ejercido por la oposición. Ya a principios de la década de 1970 Thomas Ellwein caracterizaba a esta idea como un “cuento de hadas”, debido a que la oposición, precisamente, no tiene el poder de que sus reso-luciones sean aprobadas por el parlamento. Para los autores alemanes, es muy claro que pretend-er que sólo la oposición ejerza el control del go-bierno equivale a condenar al parlamento, como actor institucional, a la más completa impoten-cia. Del mismo modo que en los Estados Unidos, una serie de reformas del trabajo parlamentario, a principios de la década citada, conducen a que el Parlamento Federal de Alemania se convierta en una verdadera instancia de co-dirección del gobierno (Parlamentarische Mitsteuerung). Este concepto representa hoy en día la noción orien-tadora del trabajo parlamentario en dicho país.

Ambas concepciones del trabajo parlamentario,

en Alemania y Estados Unidos, pueden ser car-acterizadas como modernas, es decir substan-tivas y administrativas, precisamente porque reconocen que el proceso de las políticas públi-cas no es un proceso lineal, con etapas clara-mente diferenciadas. Que el ciclo de las políticas públicas no puede dividirse en “etapas” es algo que la ciencia de la administración pública ha reconocido ya hace tiempo. Precisamente por esto, es una ilusión pensar que un congreso o parlamento pueda aportar a las políticas públi-cas solamente en su etapa de “elaboración”, de-jando la “implementación” en manos del poder ejecutivo. Mientras el Congreso no se implique en la implementación, ejerciendo una acción ori-entadora sobre la actividad de la administración, sea de manera formal o informal, seguirá conde-nado a una relativa irrelevancia política, como ocurre habitualmente en América Latina. Uno de los factores que determinan esta irrelevancia parlamentaria, y la consiguiente falta de con-troles sobre el ejecutivo, es la continuada vigen-cia de una concepción atrasada e ineficaz de la labor parlamentaria.

Bibliografía

Ellwein, Thomas. 1973. Das Regierungssys-tem der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Ferraro, Agustin (ed.). 2007. A la búsqueda del buen gobierno en América Latina. Gobernanza multinivel, reformas estructurales y cooperación internacional en las democracias latinoamerica-nas, Barcelona: Bellaterra.

Ferraro, Agustin. 2006. “Control parlamentario sobre la implementacion de politicas publicas. El (escaso) aporte del congreso a la eficiencia administrativa en america latina.” Estado, Go-bierno, Gestión Pública. Revista Chilena De Ad-ministración Pública 3 (8): 80-111.

Willoughby, William F. 1913. “The Correlation of the Organization of Congress with that of the Executive.” Proceedings of the American Politi-cal Science Association 10, 155-167.

“Buenos Aires digital”, aporte a la calidad insitucional Por Gabriel EnriquezUBA - SGP

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El desarrollo y la implementacion de estrate-gias de gobierno electrónico en cada vez más municipios, el incremento constante de ciudades que deciden apropiarse de la tec-nología para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el importante presupuesto con el que cuenta la ciudad de buenos aires, me lleva a reflexionar sobre la importancia que tendría la elaboración de un política pública que manifieste con claridad y vol-untad política el concepto “ Buenos Aires ciudad digital”El diseño e implementación de una ciudad digital, es un proyecto complejo que implica llevar adelante un cambio paradigmático en los organismos públicos y en los actores privados y,fundamentalmente, un correcto enfoque externo que integre a los usuarios receptores del servicio.¿Está la Ciudad de Buenos Aires, apr-ovechando el potencial que posee para configurarse como una ciudad digital? En lo que respecta a los atributos definitorios, se encuentra relativamente más atrasada que otros municipios de nuestro país.

Por y para qué una Ciudad Digital

Un proyecto de ciudad digital como el que pretendo estimular, surge como respuesta a la demanda de la sociedad actual que, a través de sus organizaciones y de otras maneras, reclama no sólo cada vez más ser-vicios sino que éstos, sean además de mayor calidad y eficiencia. Con el tiempo los ciu-dadanos han ido tomando conciencia acerca de la potencialidad de las tecnologías pues-tas al servicio de la gestión pública. Se demanda hoy una mayor complejidad de servicios digitales, complejidad que va mucho más allá del mero concepto informa-tivo 24x7x365 con el que se diseñaron los primeros websites de organismos oficiales.Hacia finales de los años 90, las actividades realizadas por medio de las tecnologías de información y comunicación, se articularon y se integraron en un concepto definido como gobierno electrónico. En muy poco tiempo su relevancia en la transparencia del sector

público y en la participación ciudadana se in-crementó de manera notable. Rápidamente se observó una mejora cualitativa en los ser-vicios e información ofrecidos al ciudadano y un notable aumento de la eficiencia, el con-trol y la eficacia en la gestión pública. De esta manera el concepto de gobierno electrónico deja paulatinamente de asociar-se a la idea de comercio electrónico y amplía su espectro a la idea de un “mejor gobierno. La implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión pública permite la construcción de un sólido sistema democrático, porque afecta positi-vamente a su eficiencia, eficacia y transpar-encia, y vuelve a la administración pública más receptiva a la participación ciudadana. Por eso es que se espera que una política de gobierno electrónico aumente la calidad de las políticas públicas.Supone un rotundo cambio en la adminis-tración pública y como tal, un cambio sus-tancial en la relación entre las personas y las instituciones y en la forma de trabajar, por lo tanto es imprescindible una fuerte capa-cidad de conducción, motivación y persua-sión. El potencial que ofrece el e-Gobierno contribuye a la gobernabilidad democrática, a través de herramientas que facilitan:

i) el control social de la gestión pública, ii) la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, iii) la participación ciudadana, iv) la cobertura, inclusión y democra-tización de los servicios gubernamen-tales v) la transparencia como base para luchar contra la corrupción,

Y al mimo tiempo mejoran los servicios a los ciudadanos, facilitan el acceso a la in-formación y estimulan la productividad de organizaciones públicas y privadas. (Fin-quelevich, 2005)

Los beneficios de una ciudad digital son diversos e incorporan una multiplicidad de actores. Dentro de la ciudad digital, se en-cuentra, señalado precedentemente, lo que hoy se denomina e- goverment, que ofrece

servicios públicos a los ciudadanos a través del desarrollo de diferentes actividades, como por ejemplo el desarrollo de portales oficiales donde el ciudadano puede realizar sus trámites.Cuando se reflexiona acerc del objetivo “Buenos Aires Ciudad Digital”, se hace con la clara premisa de obtener una serie de ben-eficios que impacten en forma directa en una mejor calidad de vida para los habitantes de la ciudad. Estos beneficios sociales podrías enumerarlos de la siguiente manera:- Fomento del desarrollo económico.- Mejora de la relación entre los actores que interactúan en la ciudad, procurando una ciudad integrada.- Ahorro de tiempo y dinero para todos los actores (ciudadanos y empresas públicas), por ejemplo en la realización de trámites.- Mayor dinamismo.- Mayor eficiencia en la comunicación entre los actores (empresas, instituciones públi-cas, ciudadanos).- Facilidad en la búsqueda de servicios para los clientes.- Mejora en la búsqueda de información sobre diversos temas, que permita al ciu-dadano acceder a diferentes actividades culturales y de ocio.- Simplificación de las actividades adminis-trativas.- Mejora de los servicios públicos.- Impulso de la sociedad de la información.- Acceso y difusión de información en tiem-po real.- Impacto positivo en la satisfacción del ciu-dadano. - Cuando disponemos de una ciudad en red, existe mayor comunicación y dinamismo dentro y entre ciudades.- Promoción de nuevas actividades económi-cas, vinculadas a las TIC.- Empresas locales con un mayor desar-rollo económico, porque podrán ofrecer sus productos en forma global, se mejorará la transparencia de la gestión pública, y funda-mentalmente se impulsará la democracia.Las ciudades que presenten una infraestruc-tura de telecomunicaciones y de informática

avanzada y que brinden a sus ciudadanos una gran cantidad de servicios digitales, serán denominadas simplemente ciudades, pero también serán reconocidas por su cali-dad de vida y su nivel de ciudadanía.Estamos ante la presencia de un nuevo paradigma de ciudadanía, donde el ciu-dadano es el destinatario central de los ser-vicios ofrecidos por los Gobiernos Estatales - “citizen centric”. En su vida cotidiana, en su residencia, en su puesto de trabajo, en la utilización de los servicios públicos, po-drá hacer uso de estos servicios pensados para su mejor calidad de vida, con acceso a numerosas fuentes de información y una comunicación interactiva con otros ciudada-nos, empresas e instituciones.La ciudad de Buenos Aires, afortunada-mente, cuenta con la infraestructura nec-esaria para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, presenta una administración pública capacitada, cuenta con recursos económicos per capita superiores a los de otras ciudades que ya han intentado con éxito insertarse entre las ciudades con may-or desarrollo digital, con medios de comu-nicación, transacciones vía web y lugares vivenciales para el ciberespacio. Y posee también, un elevado nivel de apropiación de TIC por parte de sus habitantes. Estos datos favorables que muestra la ciu-dad de Buenos Aires, sumados, no confor-man una ciudad digital, para ello deben ar-ticularse, deben amalgamarse, superar esta fase. Y este proceso debe ser conducido por el gobierno de la Ciudad, con firme decisión y compromiso político para que pueda re-alizarse. Debe ser él quien lidere un proceso donde comulguen las ONG y las empresas privadas dedicadas a esta temática. Se trata de construir una ciudad digital para aumentar la participación y democratizar las decisiones, para relacionarnos de me-jor manera, para pensar en un desarrollo sustentable, para generar oportunidades de crecimiento y para influir en el diseño de la comunidad enla que habitamos y en la cuál merecemos vivir de mejor manera.

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 2007 1.3Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20071.2

La auditoria ciudadana en municipios - Evaluando la calidad de las prácticas democráticas en la Argentina - Por Walter José CuetoDocente e investigador de la Universidad nacional de Cuyo. Director del Centro de Estudios sobre Innovación Institucional para la Gobernabilidad Democrática (CEII).

La evaluación de la calidad de las prácticas democráticas a nivel de municipios en la Ar-gentina, se inició sobre un convencimiento diagnóstico generalizado: Que luego de veinte años de democracia, los ciudadanos siguen careciendo de medios eficaces para exigir a los gobiernos que rindan cuentas por sus acciones y omisiones, que siguen siendo escasas las oportunidades institucionales para participar en las decisiones públicas, que los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos y de qué modo pueden recu-perarlos, protegerlos y ejercerlos. Que la cri-sis de diciembre de 2001 hizo especialmente evidente la debilidad de las instituciones democráticas y la desconfianza sobre ellas, los políticos y la política en general, aunque la población valore la democracia como régi-men político. En síntesis, que la democracia argentina sigue conviviendo con un Estado no reformado y con una sociedad extrema-damente desigual (O`Donnell, G. 2003) y que ya desilusionada y avasallada daba muestras que podía seguir canalizando sus reclamos de manera violenta e intolerante. Porqué no buscar entonces, un camino que ayude a la renovación institucional y a elevar la alicaída calidad de la democracia argentina…

La idea de auditar la calidad de la democracia a nivel municipal desde la per-cepción de la ciudadanía es una iniciativa ar-gentina que ya no es sólo un proyecto y a me-diados de 2006 ha llegado a involucrar a casi cuarenta, inclusive a algunos como Rosario (Santa Fe), Morón (Buenos Aires) y Guay-mallén (Mendoza) que plantean importantes desafíos de implementación por su tamaño y complejidad. Esta tarea impulsada desde el Programa Auditoría Ciudadana – Calidad de las prácticas democráticas en Municipios* ha ido desarrollando progresivamente una red interinstitucional que ha contribuido a su sustentabilidad, desde el temprano auspicio del PNUD, pasando por la disposición de los propios municipios, la participación de las empresas consultoras y de centro de estu-dios e institutos universitarios y una extensa nómina de organizaciones de la sociedad civil

que en cada foro cívico se han ido integrando, aunque en grados variables de compromiso y responsabilidad, pero siempre reconoci-endo que el esfuerzo por estabilizar nuevos espacios públicos para la construcción de ciudadanía y de enlace entre la sociedad y el municipio es bueno, promisorio y vale la pena hacer esfuerzos; entendiendo siempre por calidad de la democracia el grado en que, dentro de un régimen democrático, una con-vivencia política se acerca a las aspiraciones democráticas de su ciudadanía.

La idea, como se ha reiterado en diferentes trabajos, tiene antecedentes im-portantes en la Universidad de Essex y el Centro de Derechos Humanos en Gran Bretaña que sugirieron la importancia de que la evaluación democrática fuese guiada por una estrategia de consulta y participación ciudadana. Pero sin duda, la mayor experien-cia de auditoría de la democracia se ha desar-rollado hasta ahora en Costa Rica entre 1998 y 2002. Allí, la auditoría ciudadana de la cali-dad de la democracia fue definida como “un método para investigar y evaluar participati-vamente la vida política de un país o parte de él, como una herramienta innovadora que articula la investigación participativa con la acción cívica, que en determinadas condicio-nes, puede llegar a tener impactos sobre la calidad de la convivencia democrática y so-bre las reflexiones académicas acerca de la democracia”. (Vargas Cullell, J. 2003) La noción de auditoría es un présta-mo conceptual hecho desde el campo de la administración y se refiere a un tipo de evaluación que tiene como condición básica la revisión sistemática de registros y como finalidad última asegurar una rendición de cuentas lo más exhaustiva posible por par-te de quienes son responsables de ejercer las actividades auditadas. Por definición la auditoría contrasta la realidad con ciertos parámetros o estándares a fin de examinar su grado de cumplimiento. En la experiencia costarricense y también en la argentina, esos estándares han sido denominados aspiracio-

nes democráticas y se le han impuesto tres requisitos: a) debe ser un acuerdo documen-tado entre varias personas cuya adopción debe seguir un proceso que comprende ac-tividades cuidadosamente registradas y abi-ertas al escrutinio público, b) que ese acuer-do contenga criterios que permitan concretar un ejercicio de evaluación y c) que tenga un diseño metodológico para recopilar la infor-mación y verificar su cumplimiento.(Vargas Cullell, J. 2003). Es, en palabras de O`Donnell “un juego de espejos” que devuelve a la ciudadanía una imagen de cómo se ve ella misma y en relación con la democracia; au-toevaluar su vida democrática y desarrollar capacidades para mejorar su calidad. Esto último implica la conformación de foros cívi-cos que activen, trasmitan y propaguen los objetivos de la auditoría en cada comunidad.

El enfoque de auditoría ciudadana es innovador en un triple sentido. Desde la teoría revaloriza la noción de democracia y su impacto sobre la vida cotidiana de los ciu-dadanos desde su propia perspectiva. Met-odológicamente transforma las propias per-spectivas en estándares o aspiraciones y en indicadores que facilitan la comparabilidad lo que asegura que, siendo opiniones informa-das y percepciones, sean medibles y evalu-ables. Su implementación se funda en una investigación acción y participativa, concen-trada en los foros cívicos locales que hablan de políticas y de prácticas sociales de abajo hacia arriba. Dicha implementación ha focal-izado la atención en un conjunto específico y predeterminado de prácticas democráticas identificadas en torno a (1) la cultura cívica democrática (2) la participación ciudadana en políticas públicas (3) el trato al ciudadano y (4) la rendición de cuentas (accountability) que se están evaluando reiteradamente en cada municipio que decide integrarse al Pro-grama.

Lo cierto es que hoy, a cuatro años de puesto en marcha el Programa –agosto de 2003- existen importantes resultados en tér-minos de diagnósticos participativos que de-

finen el panorama de fortalezas y debilidades de sus instituciones, de las prácticas y capa-cidades ciudadanas auto percibidas y simul-táneamente apoyos sistemáticos en gestión institucional para alentar la integración y sostenimiento de foros cívicos en cada mu-nicipio para que se haga realidad el diálogo entre vecinos y entre vecinos y autoridades, la participación ciudadana en la resolución de problemas y en la priorización de proyec-tos, en el control y evaluación de la gestión local y que aseguren mayor transparencia y habitualidad en la rendición de cuentas. Pero además han comenzado a asociarse por la vía de la cooperación y la integración nuevas iniciativas que ayuden a las comunidades lo-cales a superar las debilidades identificadas y fortalecer sus lazos con los gobiernos lo-cales.

El enfoque de auditoría ciudadana, tal como hemos tratado de presentarlo, es un modo operativo que permite visualizar cómo se puede articular profesional y académica-mente la Ciencia Política con la vida política; construir y contrastar teoría, métodos y téc-nicas con las demandas de la ciudadanía; cómo políticos, funcionarios, politólogos y ciudadanos pueden construir un espacio de diálogo, de consensos y disensos. Es un modo de interacción entre el Estado, la Socie-dad y la Universidad, para recuperar gober-nabilidad y legitimidad, para construir trans-parencia y calidad institucional gestando y recreando prácticas ciudadanas cada vez más democráticas. Es en definitivas una per-spectiva que prescribe a la democracia como una construcción histórica y singular que se impulsa tanto desde arriba, con la dirigencia, como desde abajo, con las organizaciones de la sociedad y las ciudadanas y ciudadanos.

*Subsecretaría para la Reforma Institucional y Forta-lecimiento de la Democracia de la Jefatura de Minis-tros del Poder Ejecutivo Nacional. Argentina.

Mendoza, 03 de octubre de 2007.

La provisión de Bienes Públicos: una perspectiva para recrear la reforma permanente del Estado. Por Lic. Gabriela Perez (UBA – UdeSA)

La reforma del Estado en Argentina es una cuestión que inquieta y moviliza a quienes tra-bajan en una organización pública, a quienes estudian la cosa pública y, en general, a quienes ejercen cotidianamente la ciudadanía. Diversas corrientes teóricas, políticas e ide-ológicas animaron y animan abordajes y pro-puestas para reformar el Estado.

Entre las corrientes en que abrevaron las re-formas estatales de las últimas décadas se encuentran el nuevo gerenciamiento público, el neoinstitucionalismo y el nuevo servicio público. El primero planteó la necesidad de trascender el paradigma burocrático clásico e incorporar instrumentos gerenciales exitosa-mente probados en el mercado. El segundo, otorga un lugar central a las instituciones como reglas de juego, y al logro de la gober-nabilidad para el fortalecimiento del sistema democrático y el mercado (Fleury, 2002). El último, y más reciente, propone fortalecer los principios que sustentan la ciudadanía democrática y redefinir el rol primario del servidor público como actor central en el pro-ceso de articulación y definición de intereses comunes (Denhardt y Denhardt, 2000).

Desde la recuperación democrática, pueden identificarse dos momentos en los que sur-gió y se impuso, con diversos niveles de pro-fundidad, la necesidad de reforma, animada por distintos intereses y entendimientos del problema y su solución: a fines de la década de 1980, con la sanción de las leyes de Emer-gencia Económica y Reforma del Estado (Leyes Nº 23.696 y 23.697) durante la admin-istración Menem; y en 2001 con el Plan Na-cional de Modernización del Estado (Decreto Nº 103/2001) de la administración De La Rúa. Actualmente el Proyecto de Modernización del Estado desarrolla diversas líneas de ac-ción iniciadas en ese segundo momento, y revisadas a raíz de la crisis de 2001/2002.El subcomponente “Macroestructura del Gobi-

erno” del Proyecto de Modernización del Esta-do desarrolló un trabajo de investigación sobre la reforma del Estado en Argentina y elaboró una propuesta para futuras modernizaciones desde la perspectiva de la provisión estatal de bienes públicos, condensada en Macroestruc-tura. La construcción del Estado y los Bienes Públicos (PME, 2007).

En ese documento se propone 1) entender al Estado nacional como la instancia política máxima de la Nación, la cual resulta de, con-tiene y expresa un proceso social complejo en el que conviven fuerzas identitarias y grandes contradicciones en el curso de su desenvolvimiento; 2) asimismo, entender que su función básica y sustantiva es la con-strucción de un sentido colectivo que sat-isfaga la necesidad de cohesión comunitaria, y que además genere, preserve y eventual-mente expanda un lugar de autoridad con aptitud suficiente para dirimir los conflictos y armonizar los intereses del conjunto; y 3) que tal función se realiza mediante la pro-visión de bienes públicos.

La piedra fundante para la definición socio-histórica de los bienes públicos es la Consti-tución Nacional, que expresa el logro de una voluntad política preexistente de unidad na-cional. Su texto establece reglas macroestruc-turales básicas como la forma de gobierno re-publicana, representativa y federal. Y aunque no menciona expresamente los bienes públi-cos a proveer, establece los derechos que el Estado debe garantizar, lo que a su vez requi-ere la provisión de otra serie de bienes públi-cos para hacerlos efectivos (desde un mer-cado interno integrado y competitivo, hasta la libertad de circulación y de expresión).

Se propone, entonces, que el Estado nacio-nal es proveedor/productor de bienes públi-cos, en la medida en que se organice para hacerlo. Desde esta perspectiva, una revisión

del Estado en función de la provisión de bi-enes públicos implicaría hacer explícito lo implícito en sus documentos fundacionales y construir así un “estatuto metodológico” que sirva de guía para futuras intervenciones modernizadoras.

En ese marco se revisaron las habituales re-comendaciones para la reforma (vinculadas con la concentración / desconcentración, cen-tralización / descentralización de funciones, ventanillas únicas, etc.), y se concluyó que su aplicación, aún en condiciones ideales, gener-aría un Estado más eficaz y eficiente, pero no cualitativamente diferente al que fuera objeto de intervención. Es decir, resultaría un Estado mejor pero estructuralmente igual al actual, caracterizado por una creciente introspección y autorreferencialidad, proceso inducido por el “olvido” de aquello en que radica el principio del Estado: la provisión de bienes públicos.

Si la función principal del Estado es la pro-visión de bienes públicos, y la Constitución Nacional, en principio, orienta la definición de los bienes públicos concretos, el Estado de-bería estructurarse en función de esos bienes públicos. Partiendo de la distinción weberi-ana entre estructura burocrática y burocra-cia, la definición de la forma y el contenido del Estado debería seguir el siguiente orden conceptual y cronológico: i) bienes públicos a proveer, ii) estructura burocrática para or-ganizar tal provisión y iii) burocracia para ejecutarla. Así, la reforma estatal puede en-tenderse como un proceso sostenido e incon-cluso, pero de imposible conclusión en tanto la definición socio-histórica de los bienes pú-blicos es un proceso continuo y permanente.

Más concretamente, se propone la creación de una instancia, en la Jefatura de Gabinete de Ministros, donde se formulen –de forma no vinculante- las estructuras ideales, al mar-gen de toda consideración de las limitacio-

nes de cualquier orden (político, burocrático o económico), que a su vez funcionen como guía para las futuras iniciativas moderniza-doras. Para ello debería convocarse a las partes interesadas, constituyendo equipos interdisciplinarios con el concurso de fun-cionarios políticos y técnicos, especialistas y organizaciones sociales, entre otros, con la doble función de recortar el alcance del bien público en cuestión y de diseñar la estructura burocrática ad hoc para su provisión.

Esta instancia de reforma estatal, sustent-able y constante, pondría en marcha un dispositivo para la participación social plena en la definición de los bienes públi-cos que el Estado debe proveer y producir por sí o por terceros. Habilitaría, además, la construcción de una memoria institucional activa que actuaría, a su vez, como tercer elemento en las negociaciones entre los funcionarios políticos, los técnico-adminis-trativos, los sindicatos y demás grupos de interés, a la hora de asumir funciones en un organismo brindando certezas y resguardos para todas las partes. La perspectiva de la provisión de los bienes públicos pretende enriquecer el escenario de las discusiones sobre la reforma estatal y brindar una herramienta que promueva, o al menos lo intente, el reencuentro del Es-tado con sus funciones primarias y, en de-finitiva, con la sociedad.

>> Bibliografía de consulta

- DENHARDT, J. V. y DENHARDT, R. B. (2000), “The New Public Service. Serving, not Steering”, Public Ad-ministration Review, N° 60, nov/dic.FLEURY, Sonia (2000), “Reforma del Estado”, Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Americano para el Desarrollo Social.PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO (2007), Macroestructura. La construcción del Estado y los Bienes Públicos, Jefatura de Gabinete de Minis-tros, Argentina.

El terrorismo: el problema de las causas.La perspectiva de los factores exógenos.Por Mg. Patricia Kreibohm Docente e investigadora Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino - UNSTA – Tucumán

Como se sabe, el terrorismo constituye un problema en el más estricto sentido del término. Un problema concreto que afecta la vida, la seguridad y el bienestar de muchas sociedades con-temporáneas, pero también un prob-lema teórico que ha suscitado fuertes debates y profundas confrontaciones (1). De hecho - hasta la fecha - no se ha podido elaborar una definición con-sensuada del concepto y tampoco se ha logrado formular una teoría general que sirva para explicar el fenómeno. Desde el punto de vista metodológico, los progresos no han sido sustanciales y - en la mayoría de los casos - las dife-rencias ideológicas han prevalecido por sobre las precisiones científicas, restando valor y objetividad a los re-sultados obtenidos. En la actualidad, el tema sigue configurando un dilema; un dilema teórico que no ha podido re-solverse y cuyas derivaciones se han reflejado en el plano de la praxis, im-pidiendo el hallazgo de respuestas ad-ecuadas y de políticas concretas para enfrentar sus desafíos.

El problema de las causas es uno de los ejes más controvertidos de su análisis. En efecto, el disenso provocado por esta cuestión ha dividido a los especialistas, quienes se han adherido - básicamente - a dos grandes corpus interpretativos: En primer término, la corriente de los factores endógenos, que considera a los activistas y a la dinámica intrínseca de sus grupos, como los principales impulsores del terrorismo. En segundo lugar, la corriente de los factores exó-genos, según la cual, la gestación del terrorismo obedece a causas externas a sus organizaciones. Desde esta per-spectiva, los especialistas consideran que - aún existiendo una predisposición en los individuos para integrarse a estos movimientos - son razones ambientales o contextuales las que determinan su emergencia. En otras palabras, entien-den que la decisión de recurrir a la vía terrorista depende de la forma en que sus actores definen una situación políti-ca y reaccionan ante ella (2). En este artículo nos concentraremos en los análisis de esta última línea y - a los efectos de ordenar el planteo - tomare-mos en consideración las argumen-taciones de tres hipótesis explicativas específicas.

- 1. La hipótesis de la crisis.

Esta interpretación goza de mucho consenso entre los investigadores (3). Según ella, la existencia de una crisis - política, social, económica, o una combi-nación de las tres - produce descompen-saciones tan severas en la legitimidad del poder político, en la desintegración del tejido social y en las frustraciones de las aspiraciones colectivas, que jus-tifica - para determinados individuos - la elección del terrorismo como vía para ejecutar el cambio. En este sen-tido, Michael Wieviorka sostiene que la violencia terrorista configuraría una re-spuesta equivocada a los desequilibrios propios de una situación de cambio (4). El terrorismo - señala el autor - debe ser interpretado como un antimovimiento social(5) ; es decir, como una forma ex-trema y descompuesta de movimiento social. Expresa claramente la ruptura entre el interior y el exterior y configura un activismo volcado a la destrucción del sistema, percibido como nefasto y destructivo. En cuanto a sus acciones, se identifican como una respuesta con-traofensiva y auto-preservadora, en la que la bomba y los disparos son el dis-

curso del terrorista; un discurso que fija el sentido de su acción. “Su carácter es misterioso, escandalo-so, dramático. Siempre hay exceso o defecto cuando se trata del terrorismo: exceso que quema o defecto que hie-la.” (6) Según Richard Rubenstein, la convic-ción de que la crisis, la anomia o la exclusión son instrumentos de alter-ación general que potencian la disfun-cionalidad institucional y pueden de-sembocar en violencia colectiva, es un idea bastante frecuente que tiene sus fundamentos teóricos en los grandes maestros de la sociología funcionalis-ta: Talcott Parsons y Robert Merton. De acuerdo a ella, es indudable que la ex-istencia de una crisis genera un clima específico que desencadena una serie de sensaciones negativas entre los in-dividuos. Normalmente dichas sensa-ciones están vinculadas a la exclusión o a la marginación; a la frustración o a la incertidumbre estructural y si bien suelen traducirse en conductas bastante previsibles también pueden, eventualmente, conducir a la violencia bajo la forma terrorista. Así, bajo deter-minadas circunstancias, los individuos pueden iniciar procesos de alienación que los conduzcan a la búsqueda de soluciones extremas: una de ellas es el terrorismo. Sin embargo - dice el autor - esto no significa que sea factible ex-traer conclusiones con categoría de ley ni generalizar la constatación empírica de un nexo necesario entre crisis y vio-lencia terrorista. (7)

- 2. La hipótesis de los estímulos socio-tecnológicos.

Una segunda línea de análisis sostiene que la aparición del terrorismo con-temporáneo responde a un conjunto de estímulos que se han incrementado en los últimos tiempos. Dichos estímu-los se han gestado por la confluencia de una serie de avances tecnológicos y sociales, y entre ellos debe desta-carse: la configuración de los sistemas democráticos, el desarrollo económico, científico y técnico, los cambios sociales rápidos y los progresos de los medios de comunicación. En efecto, los terror-istas cuentan - en la actualidad - con un sinnúmero de ventajas para llevar a cabo sus acciones: la facilidad para acceder a las armas, a la información y a los contactos internacionales; la cre-ciente vulnerabilidad de las sociedades urbanas modernas y la efectividad de los medios masivos de comunicación. Todas estas posibilidades - sostienen los especialistas - se han incrementado a partir del proceso de globalización y han introducido cambios sustantivos en la manera de pensar y de actuar de los activistas. Desde este punto de vis-ta, estos progresos actúan - en ciertas sociedades desestabilizadas y dividi-das - como catalizadores de la violen-cia, proporcionando a sus agentes la inspiración y la chispa que los inclina al terrorismo (8). De hecho - en las últi-mas décadas - los terroristas han po-tenciado sistemáticamente sus capa-cidades logísticas y operativas, dando origen a un nuevo género de violencia de alcance verdaderamente global. (9) Probablemente, estos factores no re-sulten suficientes para dilucidar la emergencia del fenómeno; sin embar-go, contribuyen a interpretarlo a partir de un simple y elemental cálculo de costo-beneficio. En otras palabras, los autores adscriptos a esta línea consid-eran que la mayor disponibilidad de medios y de recursos, es un claro in-

centivo que sirve para explicar, por un lado, la notable intensificación de las acciones terroristas durante las últimas décadas y por otro, el sostenido incre-mento de su capacidad destructiva.

- 3. La hipótesis del terrorismo como reacción.

Un tercer conjunto de explicaciones sostiene que la aparición del terroris-mo está motivada, fundamentalmente, por sentimientos colectivos de descon-tento generalizado. Según este en-foque, el accionar terrorista sería una extensión directa - aunque imprevista - de movimientos no violentos prec-edentes que se fueron concretando en facciones progresivamente radicaliza-das. Esto no significa que el terrorismo sea la continuidad de un proceso; muy por el contrario, se trata de una rup-tura con cualquier movimiento social previo, pero - aparentemente - buena parte del terrorismo contemporáneo hundiría sus raíces en el prolongado e intenso ciclo de descontento social que se manifestó en muchos países durante las décadas del 60 y del 70. En esta ép-oca, muchas regiones del globo experi-mentaron cambios políticos, sociales y económicos que generaron reacciones colectivas de rechazo; reacciones que - en algunos casos - se canalizaron a través de la violencia terrorista. Concre-tamente, la disolución de ciertos lazos tradicionales que cohesionaban social y culturalmente a algunas sociedades, condujo a una percepción profunda-mente negativa y magnificada de la realidad; una percepción que indujo a ciertas agrupaciones a emplear la vio-lencia como herramienta de salvación. Como sostiene M. Wieviorka, el terror-ismo es - indudablemente - una com-binación de miedo y de ruptura; de es-peranza y de desesperación. De hecho, muchos movimientos radicalizados han sostenido que su decisión de ac-tuar fue determinada por las presiones y los abusos a los que se veía expu-esta su población; presiones y abusos ejecutados por el poder político local, pero originados desde el exterior.

El caso arquetípico al que recurren es-tos investigadores para demostrar sus hipótesis es el del colonialismo; un fenómeno asociado a la fuerza de una dominación extranjera y a la práctica política basada en la arbitrariedad y en la discrecionalidad. A través de sus análisis, el colonialismo aparece como un modelo de dominación específico que generó diversas disfunciones y terminó engendrando un cúmulo de resentimientos y de frustraciones para las poblaciones autóctonas. En la ac-tualidad, el sistema colonial formal ha sido prácticamente superado; sin em-bargo - en el caso islámico - la emer-gencia terrorista parece estar fuerte-mente vinculada al disgusto general de las poblaciones ante la imposición del paradigma de modernización occi-dental. De hecho, para muchas comun-idades árabes y/o musulmanas la fuer-za de la occidentalización sigue intacta y constituye una fuente de complejas sensaciones de opresión y de margin-ación política, económica y cultural. En los últimos tiempos, estas percepcio-nes se han exacerbado por el conflicto con Israel, reforzando el complejo de inferioridad de estas poblaciones. En este contexto - sostienen los analistas - los grupos fundamentalistas se auto-identifican como los verdaderos defen-sores de los oprimidos y se presentan ante el mundo como la única punta de

lanza contra sus más poderosos enemi-gos: los judíos y los norteamericanos. Como sostiene Rubenstein, los miem-bros de estas organizaciones pueden ser fanáticos religiosos, pero la religión es el medio mediante el cual expresan sus convicciones políticas, su odio por la dominación occidental, sus sueños de redención nacional y su conserva-durismo social. Se sienten amenazados y debido a ello, sus objetivos primarios se concentran en reforzar la legitimi-dad religiosa y la autenticidad históri-ca, contenidas en el sistema general de creencias; un sistema que se sostiene en la ley coránica (Charia), en la figura del profeta (Mahoma) y en la fuerza de la comunidad (Umma). En este contex-to, el terrorismo podría ser cabalmente interpretado como un espacio reactivo de verdadera significación social.

A modo de conclusión:

Indudablemente los análisis y las per-spectivas de esta corriente de inter-pretación pueden contribuir significa-tivamente a dilucidar las causas del terrorismo. Sobre la base de una serie de trabajos empíricos, sus autores han definido un campo analítico específico, han desarrollado categorías adecuadas, han construido universos conceptuales más profundos y han enriquecido las visiones de conjunto, incorporando a los factores ambientales que no habían sido valorados adecuadamente. Asi-mismo, han logrado establecer pará-metros hermenéuticos claros y han empleado - rigurosamente - una serie de razonamientos que amplían las limi-taciones de nuestros conocimientos. Sin embargo, entendemos que la expli-cación etiológica del terrorismo no pu-ede llevarse a cabo mediante una sola vía ni reducirse a los márgenes de una visión fragmentada. Las causas que precipitan la implementación de esta estrategia siempre son variadas, sinu-osas y complejas y, por lo tanto, será una adecuada combinación de factores - tanto endógenos como exógenos - la que tendrá mayores posibilidades de éxito.

El problema de las causas es uno de los núcleos más críticos del fenómeno; un núcleo sobre el cual deberían fortalecerse - sistemáticamente - los progresos teóri-cos. Más que combatir al terrorismo, lo que deberíamos hacer es identificar las razones que lo provocan y trabajar para evitar que sigan proliferando.

>> Bibliografía de consulta

(1)“Indudablemente el terrorismo es un problema extremada-mente complejo. Tal vez esta sea una de las razones que expli-can la cantidad y variedad de definiciones que se han formu-lado y que hacen tan ardua la tarea de su conceptualización.” Rafael Calduch Cervera. Conferencia “La problemática concep-tualización jurídica del Terrorismo Internacional”. Universidad de Castilla-La Mancha, Noviembre de 2001.(2) Reinares Nestares, Fernando y Giner, Salvador. (Comp.) Terrorismo y sociedad democrática. Akal, Madrid, 1982. Terror-ismo y sociedad democrática. P. 58(3) Cuando se alude a crisis o cambio económico-social, no nec-esariamente se está hablando de retroceso, empobrecimiento o estancamiento. Por el contrario, muchas veces se hace referen-cia a los conflictos que trae aparejado el crecimiento económi-co, el desarrollo tecnológico e, incluso, la elevación del nivel de vida de la media de una sociedad. (4) Cf: William Kornhauser The politics of Mass Society. En: Wieviorka, Michael. El terrorismo. La violencia política en el mundo. Plaza y Janés. Barcelona, 1991. P. 432(5) Un anti-movimiento social invierte las categorías de un movimiento social y significa, básicamente, una ruptura cuyo carácter tiende a la utopía o a los absolutos del todo o nada. Ibidem P. 24(6) Wieviorka, M. El terrorismo. La violencia política en el mun-do. Op. Cit. P. 15(7) Sobre todo porque, como afirma Raymond Boudon, la crisis puede manifestarse también a través de conductas opuestas a la violencia: apatía, desmovilización, repliegues introspectivos, resignación y atonía. En realidad, lo único que puede sosten-erse con firmeza es que una situación de crisis crea un terreno favorable para la emergencia y/o para el incremento de la vio-lencia.(8) Wardlaw, Grant. Terrorismo Político: teoría, táctica y contra-medidas. Ediciones del Ejército, Madrid, 1986. P. 79(9) Seoane, Julio y Rodríguez, Ángel. Psicología Política. Pirámide, Madrid, 1997. P. 208

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Entre el alineamiento y la búsqueda de oportunidades con Venezuela Por Delfina Lopez Freijido (UTDT)

Con el cierre de las elecciones argentinas el 28 de octubre, comienza un período de redefiniciones y reforzamientos de los posicionamientos internacionales de los países latinoamericanos, luego de dos años caracterizados por una mayor incertidumbre region-al debido a los procesos electorales que estaban tomando lugar. Paralelamente, a nivel mundial, se presencia un proceso de reacomodamientos geopolíticos, tanto de poderes internacionales -Rusia, Irán, China, India- como de temas en la agenda mundial (seguridad energética). Es en este contexto en el cual Argentina debe repensar sus objetivos estraté-gicos para planificar una política exterior que responda a una inserción internacional que brinde señales de confianza y contundencia a los demás agentes internacionales, y que a su vez sea funcional al avance en el desarrollo humano del país.

En este conjunto de cambios, se destaca Venezuela de la mano de un Presidente de alto perfil internacional. Venezuela se ha conformado como uno de los nuevos poderes internacionales, y uno de los nuevos actores protagónicos de la agenda internacional ar-gentina. Si bien en gran parte son los recursos energéticos de los cuales dispone lo que le dan semejante poder de influencia, su arraigo en el escenario internacional deriva de la complementación de su poder económico con otros factores. Por un lado, encontramos la aspiración de Chávez de consolidar un liderazgo regional e internacional de la mano de un fuerte discurso antiimperialista y antiamericano con resonancia tanto en la región como en los países islámicos y africanos. En cuanto al área latinoamericana, su deseo de lider-azgo, su poder económico y energético, encuentran un camino despejado para avanzar con éxito. Claro está, cada país tiene su propia agenda y debe responder a necesidades par-ticulares que en casos, como el de Colombia, no es compatible con un fuerte alineamiento con Venezuela. Sin embargo, este no es así para todos los vecinos latinoamericanos, y los poderes regionales (Estados Unidos, Brasil, México), no están reafirmando activamente tal status. De este modo, el deseo de liderazgo, la disponibilidad de recursos pertinentes de poder y la falta de fuerte competencia activa, brinda a Chávez la posibilidad de afirmar su lugar como poder regional. Lo que es más, no sólo los recursos que domina responden a una demanda altamente inelástica, sino que los ofrece a costos convenientes, en muchos casos acompañados de otros incentivos positivos específicos (inversión en sectores claves, intercambios comerciales, etc), respondiendo a la necesidad de los respectivos países. Así, las relaciones internacionales del país caribeño se diversifican, con una fuerte actividad diplomática personalista, estableciendo un mayor poder de influencia, en distintas regio-nes - incluyendo los países del “Eje del Mal”-, y con un discurso confrontativo y mediático. Por otro lado, tanto Venezuela, como aquellos otros países en auge con los que relaciona, se encuentran en el centro del debate sobre el debilitamiento o subdesarrollo de las insti-tuciones democráticas. Esta característica, junto con los poderes estratégicos que dominan y la importancia que le están dando al desarrollo militar, da lugar a la conformación de un frente de potencial amenaza a la seguridad internacional.

Es esta Venezuela la que se presenta con fuerza en nuestra región, marcando un eje de división en ella, a la que le dimos la ratificación para la entrada en el MERCOSUR, nuestro principal proceso de integración, y la que compró bonos de nuestra deuda. Esto no quiere decir que estemos encaminados a un callejón sin salida, pero si intenta llamar la atención sobre la importancia de medir los potenciales riesgos ante una profundización del

protagonismo de Venezuela en nuestra agenda. Especialmente teniendo en cuenta nuestra actual crisis energética, los altibajos en el avance de la integración en el MERCOSUR, la falta de verdadera diversificación de nuestras relaciones internacionales y de los valores que defendemos como nación y la necesidad de mayor participación ciudadana en general, y en el ámbito de la política exterior, en particular. Sin duda, desarrollar relaciones con Venezuela en distintos ámbitos es deseable, y podría ser muy beneficioso para superar al-gunos de nuestros problemas. Pero debe tenerse cuidado con el grado de dependencia que se desarrolle y analizarse el balance de beneficios en la relación a corto, mediano y largo plazo. Dar a Venezuela el lugar de garante de la sustentabilidad energética y/o financiera implicará tomar partido en cuestiones que escapan a nuestros intereses reales. Esto toma relevancia si consideramos la necesidad de sostener las acciones acorde a los discursos avanzados por los representantes en el escenario internacional, pues es un requisito para que nuestras posiciones en los foros internacionales cobren peso -siendo estos foros los medios que favorecen a los países que carecen de la capacidad de incidir unilateralmente en el mundo, como Argentina-. Además, la poca diversificación de nuestras relaciones diplomáticas, ante un escenario de reconfiguraciones geopolíticas que polarizan el pan-orama internacional, aumenta los riesgos de un fuerte alineamiento con uno de los actores de más controversiales.

Por otro lado, los intercambios con Chávez, como con cualquier otro país, no vi-enen gratis. Puede retrasarse la devolución del favor, pero cualquier beneficio que obten-gamos de Venezuela deberá ser pagado y no necesariamente en la misma especia, volvi-endo menester conocer las verdaderas y potenciales condiciones de su ayuda. Podría ser el pedido de apoyo en alguna situación internacional en la que nuestros intereses o valores puedan verse comprometidos. Chávez tiene ambiciones y el camino que está siguiendo responde a esos intereses, que no necesariamente se condice con los nuestros, al menos no totalmente. Argentina tiene intereses que asegurar, valores que cumplir y necesidades que satisfacer, la política exterior debería ser planificada cuidadosamente para responder a ello, dentro de lo cual Venezuela es una fuente de oportunidades, pero no agota el abanico que sólo la diversificación en las relaciones internacionales podría traer. Por otro lado, el recurso utilizado como arma política por Chávez, el petróleo, le confiere un fuerte poder de injerencia en los países con los que se relaciona -como ocurrió en República Dominicana, a quien se le cortó el suministro de petróleo hasta que Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano en 1992, salió del país (1) - del cual nosotros no disponemos. En este sentido debe resaltarse la incidencia que Chávez tiene en Estados Unidos, y viceversa, pues a pesar del crudo discurso hacia la Casa Blanca, no se ha dado una merma en el intercambio co-mercial. La diferencia de realidades en cuanto a poder, requiere cautela e inteligencia en nuestra política exterior abocadas a la búsqueda de oportunidades que contribuyan al de-sarrollo integral de la Argentina.

>> Bibliografía de consulta

(1) Alonzo, Juan Francisco. “Chavez saca pecho con la petrodiplomacia”. http://muevete.wordpress.com, 3 de septiembre 2007.

En los últimos meses la política ex-terior rusa ha dado señales inequívocas de querer recuperar un papel preponderante en el contexto internacional, logrando inquietar a analistas y dirigentes de los países más in-fluyentes del primer mundo. El primer llamado de atención, con-siderado por algunos como la mayor esca-lada de tensión desde la caída del muro de Berlín, se produjo a causa de las pretensio-nes estratégicas norteamericanas en Europa del Este hace poco más de tres meses. En este caso, el gobierno de Moscú amenazó con “tener nuevos blancos en Europa” para sus misiles con alta capacidad nuclear. (1) El segundo episodio, donde el Reino Unido fue el principal involucrado y el principal perjudicado, reintrodujo al espionaje en la es-cena internacional con el envenenamiento de Litvinenko por la KGB, dejando muchas resem-blanzas con el clima hostil de la Guerra Fría. (2) Por último, el tercer y más reciente acontecimiento fue la decisión de la Feder-ación Rusa de avanzar en sus pretensiones sobre el lecho submarino del Ártico, plantan-do la primera bandera que flameará en el Polo Norte. Balyasnikov, funcionario ruso encargado de la expedición, agregó que sería “como poner una bandera en la luna”. (3) Los tres episodios vuelven a introducir, quizás solapadamente, a tres temas que pueden contarse entre los más propios del clima de la Guerra Fría: la tensión nuclear, el espionaje y la carrera por los territo-rios no ocupados. Pero fundamentalmente muestran la vigencia de un actor que fue obviado durante los últimos años y a fuerza de una retórica desafiante y de capacidades reales busca recuperar un rol sustancial. Sin embargo, el resurgimiento de Rusia como actor internacional de gran peso no parece ser considerado como una hipó-tesis suficientemente seria por los grandes teóricos de las Relaciones Internacionales. Ni siquiera aquellos que supieron rescatar los beneficios para la paz que tuvo una Rusia consolidada en el sistema de la Guerra Fría.Entre estos últimos, Keneth Waltz es sin lugar

Rusia y la Estructura Subyacente de las Relaciones InternacionalesPor Luis Schenoni Pontificia Universidad Católica - UCA-

a dudas el más digno de mención. Fundador y principal exponente del Realismo Estructur-al, Waltz define al mundo de las Relaciones Internacionales como un sistema anárquico en el cual los actores se distribuyen según sus capacidades (fundamentalmente milita-res y económicas) conformando una estruc-tura dentro de la cual todos buscan al menos sobrevivir. Este es el concepto básico de lo que Waltz ha legado a la disciplina bajo el nombre de la tercera imagen. (4) Asimismo, esta estructura que se conforma en base a las capacidades desiguales de los actores, tiene como fun-damento un cierto Equilibrio de Poder que la sustenta, dado por la tendencia histórica a equiparar al más fuerte. “Así entre las ciu-dades-estado griegas e italianas, y entre las naciones-estado europeas, cualquier estado que amenazase con sobrepasar a los otros en poder, debía estar dispuesto a enfrentar un intento de los demás para evitarlo. Y ello sucedía así, no porque gozasen del proceso en si, sino porque para cada estado su poder en relación con los otros es en última instan-cia, su clave para la supervivencia”. (5) La visión estructural de la Guerra Fría presentaba un equilibrio inusualmente benévolo en el que la bipolaridad reducía a dos los actores capaces de defeccionar y el equilibrio del terror introducido por el nuevo potencial bélico nuclear actuaba como factor disuasivo para ambas potencias. En este contexto la teoría de Waltz, expuesta embrionariamente en El Hombre, el Estado y la Guerra y acabadamente en su Teoría de las Relaciones Internacionales fue hasta los 90’ el principal soporte teórico de las Relaciones Internacionales como dis-ciplina académica y como fundamento de política exterior de grandes potencias. Sin embargo, con el fin de la Guer-ra Fría, la idea del Equilibrio de Poder pareció desmoronarse ante la evidencia de la hege-monía norteamericana y el pensamiento waltziano ingresó en su peor etapa, apabul-lado por las críticas de quienes esperaban la previsión de este acontecimiento y no

encontraban en esta teoría una buena guía para comprender los nuevos tiempos. La meditada respuesta de Waltz fue publicada en 1993 como La Estructura Emergente de las Relaciones Internacio-nales y explicaba la realidad de entonces como un estado de transición entre una es-tructura caída, la del equilibrio de la Guerra Fría, y una nueva estructura que surgiría de un equilibrio renovado donde actores como Japón y Alemania contrabalancearían el poder norteamericano. (6) Pasados diez años desde esta últi-ma apreciación teórica, Waltz pareció haber cambiado sus perspectivas sobre los acto-res y apuesta a China como un futuro rival para los Estados Unidos. (7) De cualquier forma, las expecta-tivas son lejanas mientras los actores no decidan jugar el juego de las grandes po-tencias, o para ser más claros, mientras no decidan acompañar sus capacidades económicas, poblacionales y territoriales, con capacidades militares considerables. Los acontecimientos citados en el comienzo de este artículo llaman a la reflexión sobre por qué no considerar a la Federación Rusa entre las posibles grandes potencias de una nueva estructura. Rusia tiene aún el potencial arma-mentistico más grande del planeta después de los Estados Unidos, y aunque el presupuesto de defensa norteamericano quintuplique al ruso, éste sigue ocupando el segundo lugar a nivel global. Incluso esta diferencia puede acortarse si consideramos con Waltz que Rusia cuenta con un arsenal nuclear considerable y que bajo estas condiciones “mientras un país pueda tomar represalias después de ser ataca-do, o parezca capaz de hacerlo, sus fuerzas nucleares no pueden considerarse obsoletas por un avance tecnológico del adversario”. (9) La razón para considerar a Rusia fuera del juego de las grandes potencias es y fue desde el comienzo una razón económica. Pero en un mundo donde después del 11-S, Afganistán e Irak, la seguridad se consolida día a día en el tope de la agenda internacio-

nal ¿Qué rol toca jugar a la segunda poten-cia militar del planeta? O lo que es aún más relevante ¿Qué rol pretende jugar y qué esta dispuesta a dar para jugarlo? Para Waltz que un estado no juegue el rol de potencia teniendo la posibilidad de hacerlo es una anomalía estructural (9). La hipótesis de una estructura emergente podría dar esperanzas a potencias económicas flore-cientes como Alemania, China o Japón para tener esas aspiraciones en un futuro. Pero existe también una estructura subyacente, donde Rusia es la paradójica beneficiaria de haber sido vencida sin presentar batalla pues conserva aún las armas, la tecnología y el ter-ritorio de su predecesora la URSS. Estimar qué rol jugará Rusia resulta difícil. Como bien expresa Waltz “la tercera imagen (la estructura) describe el marco de la política mundial, pero sin la primera (los decisores) y la segunda imagen (la política interna de los estados) no pueden conocerse las fuerzas que determinan la política” (10). En los últimos meses al menos, la dirigencia rusa parece perfilarse claramente decidida a jugar el juego de las grandes potencias. Para el realismo, mientras la seguridad aca-pare el tope de la agenda política internacio-nal, Rusia deberá ser en el futuro, cuando menos, un actor difícil de obviar.

>> Bibliografía de consulta

(1) La Nación, 4 de julio de 2007.(2) La Nación, 17 de julio de 2007.(3) La Nación, 2 de agosto de 2007.(4) Waltz, K. El Hombre, el Estado y la Guerra, Ed. Nova, Buenos Aires, 1970, Cap. VI, VII y VIII.(5) Ibidem p. 231.(6) Waltz, K. The Emerging Structure of International Politics, International Security, V 18, N 2, pp. 55-65.(7) Entrevista a K. N. Waltz: Conversations with His-tory; UC Berkeley. En www.globetrotter.berkeley.edu(8) Waltz, K. The Emerging Structure of International Politics, International Security, V 18, N 2, p. 51(9) Ibidem, p. 66.(10) Waltz, K. El Hombre, el Estado y la Guerra, Ed. Nova, Buenos Aires, 1970, p. 262.

¿A dónde van los niños soldados de Birmania?Por Lic. Fernando Palacio (RR.II.) -Universidad Católica de Córdoba-, Master Peace and Conflict Studies -Tokyo University of Foreign Studies-. Trabaja en el Centro de Documentación de Derechos Humanos en la frontera entre Tailandia y Birmana, donde realiza su trabajo de campo para el doctorado en la facultad de Estudios Culturales y Regionales en la misma universidad japonesa (TUFS). e-mail: ferpal1@yahoo.com

La guerra civil birmana es la más larga en la historia de los países independientes, más larga aún que el conflicto Israel-Palestina. Las diferencias étnicas de los pueblos que conforman la Unión de Myanmar y un gobierno militar, unitario y racista han creado una de las crisis humanitarias más severas de nuestros tiempos y sin embargo ampliamente desconocida: el 90% de su población vive con un ingreso per cápita promedio diario de U$S 0,50; más de 500,000 personas desplazadas violentamente de sus hogares viven en zonas imposibles de monitorear; un sistema de salud colapsado; uno de los mayores índices HIV positivo en Asia, más de 1.200 prisioneros políticos en cárceles donde ni siquiera la Cruz Roja tiene acceso y uno de los peores records de violaciones a los derechos humanos; 45 años de represión sistemática; poseer, junto a Somalia, uno de los dos índices más altos de corrupción del mundo; generar un éxodo de refugiados -3 millones viven ilegalmente solo en Tailandia, y en menor medida en Bangladesh e India-; poseer uno de los ejércitos más grandes del mundo (400,000 soldados) y ser el segundo productor mundial de opio no son, según China y Rusia, suficiente razón para incluir a Birmania en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU por “no constituir una amenaza a la paz y seguridad internacional”.Los militares que gobiernan el país desde 1962 poseen uno de los historiales más extensos de violaciones a los derechos humanos, cuya materialización a través de cuatro décadas, y en particular en regiones pobladas por minorías étnicas, han llevado a que algunas organiza-ciones humanitarias clasifiquen al régimen de genocida, colocándolo a la altura de Camboya, Rwanda y Yugoslavia. Birmania es signatario de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño –que prohíbe el reclutamiento militar de menores de 15 años- y posee una ley de protección infantil que castiga el reclutamiento de menores de 18, sin embargo su ejército nacional posee unos 70.000 niños soldados en sus líneas, mientras que otros 6.000 menores perman-ecen movilizados en ejércitos irregulares. El número de niños en el ejército nacional, los métodos de reclutamiento y la per-manente negativa del gobierno a que organizaciones independientes lo monitoreen sugieren que el uso militar de menores es resultado de una política sistemática. Los varones de entre 12 y 18 años constituyen el grupo de mayor riesgo de ser reclutados por la fuerza, brutal-mente entrenados y convertidos en eficaces mercenarios. La Coalición Contra el Uso de Niños Soldados estima que unos 300.000 niños par-ticipan activamente en diferentes conflictos armados en los cinco continentes, de los cuales la mayoría se encuentra en países de África; sin embargo, Birmania, sola, con sus 70,000 menores en el ejército nacional posee el mayor número absoluto de niños soldados, lo que significa un cuarto de los niños soldados del mundo.Estos adolescentes están incomunicados de sus familias, son entrenados, portan armas, re-alizan tareas militares; combaten en conflicto armado abierto y reprimen la disidencia. Para los más jóvenes la situación es peor ya que son usados en las tareas más sucias y riesgo-sas como inteligencia y espionaje, como escudos humanos y como detectores humanos de minas antipersonales. Las condiciones en que estos niños viven son tan deplorables, son tratados tan brutalmente y están tan alienados por las atrocidades que son obligados a llevar a cabo que un gran número de ellos encuentra en el suicidio su única escapatoria. Desertar es una empresa riesgosa ya que están emplazados en zonas donde sobrevivir es ya casi imposible, están solos, uniformados y sin dinero; son cazados por el ejército y castiga-

dos con una muerte cruenta y pública para prevenir a los demás soldados sobre el riesgo que implica dejar el ejército por la puerta trasera. Aún así muchos desertan; los que huyen deben atravesar territorios controlados por minorías étnicas hostiles cuyas culturas y lenguas son incompresibles; cruzan selvas y montañas atestadas de soldados enemigos y de malaria, con la esperanza de alcanzar los campos de refugiados al otro lado de la frontera con Tailandia. Sin embargo, “del otro lado” no es mejor. Los campos de refugiados birmanos en Tailandia están administrados por minorías étnicas que han debido huir del país debido a las políticas racistas (genocidas) del gobierno Bamar. Por esto, los residentes de los cam-pos rechazan a los desertores del ejército nacional, de hecho son víctimas frecuentes de discriminación, acecho y re-reclutamiento a los ejércitos irregulares desde donde continúan luchando aunque ahora desde el lado opuesto. Tailandia no es signataria de la Convención Internacional de Refugiados, por lo que el Alto Comisionado para Refugiados está limitado en cuanto a quienes puede ofrecer este estatus, y con él, acceso a los “privilegios” de un refugiado en Tailandia. Por principio, los desertores no tienen derecho a solicitar el estatus de refugiado, lo cual deja a los desertores birmanos en Tailandia -incluidos los niños- en una situación de total desprotección legal; y aunque sí poseen el derecho a ser protegidos por los derechos reconocidos en las Convenciones de Ginebra y sus protocolos, estos instrumentos son apli-cables en zonas de conflicto armado, lo cual excluye a Tailandia. Como si esto no fuese suficiente, los gobiernos de estos dos países han acordado un Memorando de Entendimiento según el cual ambos países deben deportar por vías oficia-les a cualquier desertor del ejército del país vecino. En el caso de los birmanos, ser encontra-dos por autoridades tailandesas significa ser entregado a las manos de aquellos de quienes habían escapado. En Birmania, legalmente la pena por desertar es de 20 años de prisión con trabajo forzado, aunque, como vimos, el castigo de hecho es una muerte sumaria y ejemplar. Por este Memorando, las organizaciones humanitarias que desde Tailandia asisten a los refu-giados, inmigrantes y afectados por la guerra civil no tienen otra opción que recibir a los de-sertores y esconderlos de las autoridades, negándoles así acceso a los programas de ayuda para refugiados en nombre de salvaguardar sus identidades.Los niños soldados desertores de Birmania, a pesar de haber sido reclutados por la fuerza, son vistos por el gobierno tailandés como un elemento desestabilizador de su propia seguri-dad nacional, por lo cual también en Tailandia son cazados. El limbo legal en que viven estos menores en territorio tailandés resulta una aber-ración, sin embargo es necesario comprender que lo que sucede en Tailandia es en gran parte efecto colateral de la situación interna en Birmania.Los recientes eventos de la llamada Revolución Azafrán han puesto de manifiesto los me-canismos que sostienen el estatus quo de la situación birmana -la terquedad de la junta mili-tar, la inoperancia de la ONU, la laxidad de ASEAN, lo ineficiente de las sanciones impuestas por occidente, el peso de China, la tolerancia cómplice de India y Tailandia y la paciencia desi-lusa y el temor constante de un pueblo que ha debido aprender a vivir oprimido y olvidado. La incertidumbre legal en que viven estos niños constituye una violación a sus dere-chos humanos más elementales, y en este sentido la comunidad internacional toda es cóm-plice al no cumplir con su inherente Responsabilidad de Protegerlos.

La destrucción de 20.037 armas de fuego el 24 de octubre de 2007, la mayor en la historia del país según Clarín (1), marcó el éxito del Plan de Desarme Voluntario establecido por la Ley 26.216 que se puso en marcha el 10 de julio de 2007. En menos de cinco meses, de acuerdo a los datos oficiales del Registro Nacional de Armas (RENAR), se entregaron 56.000 armas. Como preveía el Plan, la en-trega de cada una de estas armas a cambio de la cual se recibía una suma de 100 a 450 pesos, ha sido de forma voluntaria y anóni-ma. Se supone que buena parte de estas ar-mas han sido entregadas por personas que las heredaron sin tener demasiado interés en la posesión de las mismas, y, por lo tanto, sin cuidar demasiado los requisitos de reno-vación de registro. Son, entonces, armas jurídicamente ilegales, pero probablemente carentes de alguna participación en hechos delictivos. Por supuesto, por más importante que sea esta cantidad de armas entregadas voluntariamente en tan poco tiempo (2) es una parte ínfima de las armas en circulación ilícita, que, como se estima, son casi el doble de las 1.250.000 registradas y en manos de más de 600.000 legítimos usuarios. Son es-tas, evidentemente, las armas de crimen cuyos dueños probablemente nunca pen-sarán entregarlas.

De hecho, el Plan no fomentó ninguna expec-tativa de mejorar la seguridad, y sus promo-tores han tenido la necesaria prudencia de evitar de presentarlo como la solución a los problemas de inseguridad en el país. El im-pacto del Plan en este sentido es a mediano y largo plazo, consiste en disminuir el factor de riesgo de victimización accidental o involun-taria con una arma; concienciar a la ciudada-nía de la seriedad de este riesgo; y desmitificar el arma como garantía de seguridad personal, razón por la cual se efectúan las compras so-bre todo en épocas en las cuales los indicios de inseguridad suben, como fue en 1989 o en la crisis de 2001-2002. Ninguno de estos tres aspectos del Plan en sí responde a la de-manda de seguridad de los ciudadanos, pero

El éxito del plan de desarme voluntarioPor Khatchik DerGhougassian Profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés

la experiencia de medidas similares en otros países ha demostrado su impacto positivo en el mediano y largo plazo.

El Plan, además, reveló un fenómeno novel en el contexto interno social-político argen-tino que consiste en la asociación de la socie-dad civil movilizada y del Estado para brindar una solución a una temática que tradiciona-lmente ha sido competencia de los órganos estatales. Se trata, más precisamente, del protagonismo de la Red Argentina para el Desarme (RAD) y de la predisposición del go-bierno nacional de interactuar directamente con representantes de la sociedad civil. No había sido así, por ejemplo, en los finales de los noventa cuando el tema de las armas de fuego se instaló en la agenda de seguri-dad, y aparecieron los primeros estudios y las primeras alertas. En aquel entonces, de armas livianas se hablaba y se decidía sólo en los ámbitos estatales, a saber el RENAR, y a falta de una movilización social y una comunidad epistémico especializada en el tema, cualquier intento de debate público o se fracasaba o se politizaba. Tampoco había voluntad política de cambiar el status quo de la cuestión que consistía en la creencia de que Argentina tenía una sólida ley de armas (24.492) implementada desde 1975 y que, además, era dotada de un órgano de control –el RENAR-, y, por lo tanto, la discusión del arma se circunscribía en su aspecto de pos-esión legal/ ilegal. Era por un lado cierto que la ley argentina es una de las más completas en el continente americano; pero, por otro lado, no se debía olvidar que la defensa del status quo a menudo es defensa de intere-ses creados en el contexto de la situación del mismo, y, sobre todo, ni una buena ley y tampoco un instrumento de control como es el RENAR en sí podrían equivalerse a una política de control.

Así, mientras en los principios de la década conocida como posGuerra Fría el tema de las armas se instalaba en la agenda de segu-ridad internacional, en Argentina el debate

pasaba totalmente desapercibido a pesar del escándalo de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Sólo con la subida de las tasas de la criminalidad las armas empezaron a aparecer no tan sólo como medio de violen-cia delictiva sino también a menudo como causa de la misma. Cabe mencionar que en Brasil, donde la situación de inseguridad ha sido peor que la Argentina, la falta de una ley de armas no impidió la movilización social contra la violencia delictiva armada, y ha sido precisamente gracias a esta mo-vilización exitosa que en 2004 se votó el Estatuto de Desarme que recibió el 82% de apoyo popular. La primera reforma policial en la Provincia de Buenos Aires (1998-1999) incluyó el tema de la amenaza de la prolif-eración de armas livianas en la agenda de seguridad ciudadana, y fue en esa época en que se empezó a estudiarlo también en la dinámica social y política y no sólo en el ámbito jurídico. También datan de fines de la década de los noventa los primeros pasos de implementación de planes de entrega volun-taria de armas en las provincias – Mendoza para más precisión - .

Pero es la crisis de 2001-2002 y sus conse-cuencias en el ámbito de seguridad la que incentivó una verdadera movilización de la sociedad civil que se expresó en dos niveles. En primer lugar, activistas sociales lograron generar una amplia conciencia acerca de la amenaza de las armas y se formó un fuerte apoyo en la opinión pública a la perspectiva de más control para más seguridad. En se-gundo lugar, surgió una comunidad epis-témica de investigadores y estudiosos del tema de la proliferación de las armas con fuertes vinculaciones con redes globales que proporcionaron un alto grado de seriedad científica al argumento de la necesidad de mayores niveles de control. La RAD, precisa-mente, refleja la institucionalización peculiar de esta movilización social de activismo ciu-dadano e investigación académica. El fenó-meno de la movilización social a favor de mayores niveles de control de armas se cir-

cunscribe en el esfuerzo más colectivo que se hizo en la sociedad para evitar la caotización de la situación durante la crisis. Constituye en este sentido un indicador más del arraigo de la democracia como condición de la co-existencia comunitaria. Pues, tomando en cuenta la magnitud de la crisis y su impacto de dislocación social, nada a priori garan-tizaba una mínima organización social para evitar un estado generalizado de anarquía.A la movilización social le correspondió una predisposición desde el gobierno de abrir espacio a modelos novedosos de interac-ción entre el Estado y la sociedad. Una vez más, esta actitud oficial no ha sido sólo con-secuencia del debilitamiento institucional del Estado, un fenómeno que predata la crisis y, de hecho, es causa de la crisis. Refleja más bien una voluntad política que, a su vez, se circunscribe en la decisión de no reprimir la movilización social en general, y, más bien, incorporarla en las instancias gubernamen-tales. Es cierto que esta política de incorpo-ración de los movimientos sociales en los ámbitos gubernamentales podría también interpretarse como cooptación y neutral-ización de las demandas sociales, pero no quita que esta política le brindó a la movili-zación social la oportunidad de transformar sus demandas en políticas públicas.

El Plan de Desarme Voluntario por lo menos refleja esta oportunidad brindada a la socie-dad. Es un primer paso hacia la definición de un modelo de cooperación Estado-sociedad civil en la formulación e implementación de la agenda de seguridad ciudadana que, a su vez, debería plantearse como objetivo princi-pal la institucionalización de una más amplia política de control de armas.

>> Bibliografía de consulta

(1) “Destruyen a más de 20 mil armas entregadas a cambio de dinero”, Clarín, 25 de octubre de 2007.(2) Un hecho notable a tal punto que el Ministerio del Interior que tenía asignado 180 días al plan por un pre-supuesto de 15 millones de pesos pensó en la posibi-lidad de prorrogarlo.

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Una mirada a un Consejo Consultivo LocalPor Virginia D’Angelo Gallino Docente Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Espacios de participación multiactoralLos Consejos Consultivos forman parte del diseño de la política social que en el 2002 dio origen al Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJdeHD). Han sido denominados “espacios multiactorales” por la heterogeneidad de su composición y porque son escenarios en los que se con-struyen hegemonías y consensos y donde confrontan intereses, saberes, valores y prácticas (Biagini, 2005).Su análisis permite visualizar formas y estilos de participación y representación; competencias para gestionar; diferentes tipos de aprendizajes y sus alcances como herramientas de política social.El rol de los Consejos estuvo restringido primeramente al control de la implement-ación del Programa. Dos años más tarde, bajo otras condiciones políticas, económi-cas y sociales, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) dispone una ampliación de sus funciones orientándolas hacia la pro-moción del desarrollo local y la economía social; transformación que sólo algunos pudieron poner en marcha.Tanto estos como otros espacios de par-ticipación instituidos desde el Estado han sido y son objeto de investigaciones cuyo producto es un insumo muy importante para el diseño de futuras políticas de in-clusión social.

El Consejo Consultivo de La PazUn esquema teórico “tripartito”, como lo llama Rofman, en el que las esferas del Estado, la economía y la sociedad civil están claramente separadas, no explica la complejidad de interrelaciones políticas, sociales y económicas que se tejen en lo local. Este nivel está atravesado, además, por otros tipos de relaciones interjurisdic-cionales de carácter gubernamental, parti-dario, empresarial y de organizaciones de la sociedad civil.En el caso de la ciudad de La Paz, que el año 2002 tenía un 60% de la población, estimada en 30.000 habitantes, bajo la línea de pobreza, el Consejo se conformó con el Plan Vida, siguió de manera más sistemática con el PJJdeHD y continúa hasta ahora.La estrategia de la comuna fue participar con pocos representantes y llevar al seno del Consejo gran cantidad de cuestiones relativas a diversos problemas del muni-cipio. Esto complejizó la agenda, impidió el tratamiento en profundidad de muchos temas y generó conflictos y alejamientos.El interés para participar de los actores tuvo como común denominador el mane-jo de recursos. Las procedencias organiza-cionales marcaron diferencias en el modo de gestión. Algunas pusieron énfasis en las reglas de juego, otras en el manejo de los proyectos productivos, otras en la contraprestación y otras en obstaculizar el funcionamiento del Consejo.En la relación con los beneficiarios el Municipio y el Consejo asumieron la re-sponsabilidad de difundir la información, utilizando los medios de comunicación lo-cales. Esto trajo aparejado muchos incon-

venientes por la falta de notificación feha-ciente, no contando los beneficiarios con un mecanismo para recurrir legalmente.

ControlLa capacidad de las organizaciones se fo-calizó fundamentalmente en el control. La actividad de la mayoría de los miembros del Consejo se orientó a cruzar datos y a elaborar un registro único de beneficia-rios. La superposición con otros planes hizo muy engorrosa y desgastante la tarea porque a pesar de estar acordado que el Consejo concentraba el control de todos, existía una estructura informal paralela.

AislamientoLa falta de funcionamiento del Consejo Consultivo Provincial provocó el aislamien-to de los CCL; se recibían algunas comuni-caciones desde la gerencia de empleo, por una coordinadora local de Acción Social de la Provincia o cuando representantes locales viajaban para entrevistarse con fun-cionarios provinciales y nacionales.

Diferentes prácticasEn el Consejo convivieron viejas y nuevas formas de relacionamiento. No se evolu-cionó en el pasaje de un modelo clientelar a uno de cooperación (Clemente, 2006) sino que tensionaron fuertemente. Las prácticas clientelares no pesaron en el inicio pero luego se arbitraron los medios para su intervención mediante represent-antes de organizaciones sociales y gu-bernamentales. Esta situación, que operó negativamente en el funcionamiento del Consejo, no promovió por parte de sus miembros el diseño de estrategias de ne-gociación o neutralización.

No acompañamientoLos consejeros se vieron sobrecargados de trabajo. Disponían de poco tiempo para reflexionar y autoevaluarse. Evitaban las instancias de debate que generaran dife-rencias o enfrentamientos, demandando un tipo de fortalecimiento regular, dife-rente al que se ofrecía desde el MDS, el CENOC o el PNUD.

Institucionalidad democráticaDentro de las concepciones de política social que analizan los “sujetos que con-forman los espacios multiactorales” (Rof-man, 2005), una centra su enfoque en el plano institucional, destacando estas in-stancias como nuevas formas de institu-cionalidad local en tanto contribuyen a dar voz a quienes no la tienen y a la defensa de sus derechos.La puesta en marcha de los Consejos Con-sultivos, más que un proceso de democra-tización, fue una metodología de gestión que puso en tensión modelos de repre-sentación y participación.

Inclusión socialRespecto al “derecho de inclusión social” Pautassi dice que no es tal ni cumple con las condiciones mínimas para incluir a un ciudadano.

Las dificultades que plantea la integración social no fueron consideradas por el CCL en su real dimensión. No cuestionó las causas del problema, la propuesta de in-clusión y las dificultades del beneficiario; perdiendo incluso de vista las condiciones de precariedad y de baja autonomía en las que el Consejo ha debido desempeñarse.En 5 años, el número de beneficiarios descendió de 2500 a 1600. De los ex ben-eficiarios, sólo un porcentaje mínimo se incorporó al mercado de trabajo formal. La mayoría son actualmente subemplea-dos y muchos perdieron el beneficio por irregularidades en el trámite.

Distribución de bienes y oportunidadesLa magnitud de este Programa se relacio-na más con la dimensión de los conflictos que pretendió prevenir que con un sistema de redistribución de ingresos. Sirvió para contener la crisis pero quedó atrapado en su propia lógica asistencial y no produjo los resultados previstos en su diseño.Sobre las oportunidades, la secretaria de Acción Social de La Paz estima que un 90% de las contraprestaciones se desarrollaron en actividades comunitarias y sólo un 10% tomó contacto con el circuito productivo.

Aprendizajes del proceso participativoSe destacan: sentarse con otros actores a la misma mesa; agudizar capacidades para el manejo de información, evaluación de proyectos y monitoreo de contrapresta-ciones; gestionar en medio de conflictos de poder y disputa por recursos; alcanzar consensos; desnaturalizar prácticas pro-pias y ajenas; establecer prioridades; eval-uar la calidad del proceso participativo y los resultados alcanzados.

Comentario finalSi entendemos a la participación como una práctica transformadora de los suje-tos y de la realidad, la evaluación de estos procesos participativos dará cuenta en los próximos años de cuánto se ha avanzado hacia un orden social más justo o si sólo se sofisticaron “los instrumentos de la política” (Bustelo, 2000).

>> Bibliografía de consulta

- Biagini G. (2005) “Sociedad civil y salud en Latinoa-mérica: aproximaciones al estado del arte de las in-vestigaciones” UBA-UNLu, Argentina, 01-10-07, dis-ponible en www.lasociedadcivil.org/uploads/ciberteca/g_biagini.pdf- Bustelo, E. (2000) De otra manera. Ensayos sobre Política Social y Equidad. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.- Clemente, A. (2006) Estudio de Caso argentino: Políti-ca de transferencia de ingresos. Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Consejos Consultivos de Política Social. Informe Final, mimeo.- Pautassi, L. Rossi, J. y Campos, L. (2003) “Plan Je-fes y Jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derechos? Buenos Aires, Argentina: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).- Rofman, A. (2005) “La Participación de la sociedad civil en las instancias de articulación multiactoral: Ha-cia la elaboración de un modelo de análisis” Ponencia presentada en la V Conferencia de la ISTR-LAC. Lima, Perú (10 al 12 de agosto)

PAZ DEMOCRÁTICA Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARESPor Jorge M. Battaglino Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)

Las crisis nucleares en Corea del Norte e Irán pueden interpretarse como conse-cuencias no buscadas de la política de se-guridad de los Estados Unidos post 11/9. La no proliferación de armas nucleares ha sido uno de los temas centrales de la agen-da de seguridad norteamericana desde que impulsó la firma del Tratado de No Prolif-eración Nuclear (TNP) en 1968. El principal objetivo del TNP era limitar la posesión de armas nucleares a los estados que ya las poseían en 1968 y vedar su desarrollo al resto. El tratado fue exitoso, más de 30 países abandonaron sus programas nucle-ares con fines militares en los 20 años pos-teriores a la firma del TNP.

La nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos post 11/9 modifica sustan-cialmente la postura previa en relación a la no proliferación. A diferencia del supuesto original del TNP (la propagación de armas nucleares constituye un problema per se), la nueva estrategia establece que el prin-cipal desafío a la seguridad internacional es la combinación de estados villanos con armas de destrucción masiva.

Esta visión descansa en el supuesto de que los regímenes democráticos con armas nucleares son menos amenazantes para la seguridad internacional. Si la guerra nuclear es improbable entre democracias consolidadas, se puede dividir a los países con capacidad para fabricar armas nucle-ares en tres categorías: la de los amigos democráticos (Israel, India), la de los “es-tados villanos” (Corea del Norte, Irán), y la de los regímenes no democráticos que por distintas razones no pueden ser desar-mados (Pakistán, China). La nueva estrate-gia de seguridad identifica a los países en la segunda categoría como la principal amenaza a la seguridad internacional.

La nueva estrategia de seguridad se asocia con un mayor nivel de proliferación nucle-ar por dos razones. Primero, al fundarse en una fuerte identificación entre amigos y enemigos, al adoptar el cambio de régimen como una política concreta y en un con-texto de primacía militar norteamericana, fomenta el desarrollo de armas nucleares como estrategia de disuasión por parte de aquellos países que son percibidos como enemigos por los Estados Unidos. Cierta-mente, los programas nucleares de Corea del Norte e Irán fueron una respuesta di-recta a su inclusión en el “eje del mal” (1). Segundo, para Estados Unidos el desarrol-lo de armas nucleares por parte de estados amigos no representa una amenaza seria para la seguridad internacional. Si las ar-mas nucleares no son tratadas per se como un problema, el mundo podría presenciar, en el futuro inmediato, a nuevos estados amigos de los EEUU que optan por el de-sarrollo de programas nucleares con fines militares. EEUU puede aceptar a un Israel nuclear, pero probablemente Egipto y otros países de la región no; un Japón con armas nucleares puede ser tolerable para EEUU, pero podría alarmar a los coreanos y chinos. Hasta ahora, lo único que separa a países como Japón, Corea del Sur, Tai-wán, Turquía o Egipto, entre otros, de la adquisición de armas nucleares es el TNP y el conjunto de instituciones internacio-nales, como los clubes tecnológicos o los regímenes, que limitan el desarrollo de tecnología nuclear con fines militares.

Si consideramos que un mundo con menos armas nucleares es deseable, deberíamos reparar en la necesidad de fortalecer políti-cas universales. Las bombas nucleares y el material necesario para producirlas son peligrosas donde quiera que se fabriquen, no sólo en los estados considerados menos confiables. Con o sin cambio de régimen, el fortalecimiento de una política global de no proliferación nuclear es indispensable. Basar la no proliferación en la mera iden-tificación de amigos y enemigos debilita la cohesión y predictibilidad necesarias en que debería descansar un sistema inter-nacional de no proliferación que requiere, para su éxito, de la cooperación multilat-eral y la aceptación universal de reglas.

(1) Sobre la crisis coreana ver Victor Cha and David Kang, “The Debate over North Korea”, Political Sci-ence Quarterly 119:2 (2004); sobre Iran: Scott Sa-gan, “How to Keep the Bomb From Iran”, Foreign Affairs 85:5 (Sept/Oct 2006).

Pedagogía electoral básica: ¡la efectividad prima, así de simple!Mario Riorda (mriorda@uccor.edu.ar) Decano de la Facultad de Ciencia Política y RRII - Universidad Católica de Córdoba (UCC) y profesor de política y comunicación

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 2007 1.9Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20071.8

“Yo muchas veces me he dicho, viendo la grandeza extraordinaria de la doc-trina de Perón: ¿cómo no va a ser maravillosa si es nada menos que una idea de Dios realizada por un hombre?

Eva Duarte de Perón, 1951

Robert Merton establecía una doble perspectiva para analizar los diferentes grupos humanos según sean “adentristas” (quienes ven el grupo desde el interior del mismo grupo) o “afueristas” (quienes lo ven desde afuera). Aden-tristas son los que trabajan en las campañas. Un ejército de profesionales y no profesionales. Candidatos, amigos, oportunistas, militantes, consultores, publicistas, periodistas, politólogos, encuestadores, productores, fotógrafos, técnicos de las más diversas disciplinas, lobbystas, recaudadores de dinero, opinadores varios, entre otros. Desde la perspectiva de Merton, cada categoría social sólo puede comprender cabalmente a cada categoría social. Conclu-sión aplicada y parcial: sólo quien es o ha sido parte de una campaña puede entender este enorme complejo de acciones, coordinadas y descoordinadas, y puede llegar a dimensionar lo que es una campaña sin asombrarse tanto.

¿Pero pueden los afueristas, es decir la inmensa ciudadanía restante, comprender esa fábrica de lenguajes?

No, indefectiblemente no. Cuando digo comprender, digo digerir o más bien tolerar tamaño festival de comunicación. El rechazo a la política tiene en lo electoral su máxima expresión. “Todos son iguales”, “Dejen de mentir”, “Hasta cuándo se van a pelear”, son sólo algunas de las expresiones habitu-ales que se escuchan como rebote de lo electoral.

¿Cómo se entiende que un candidato gaste grandes sumas de dinero en afiches, sin colocar una sola letra extra a la de su nombre que aluda explícita o implícitamente a sus ideas, su propuesta?

Porque puede hacerlo económicamente por sí o por terceros. Porque nadie le reclama cosas diferentes, ni el periodismo, ni sus contrincantes, ni la mayoría del electorado. Porque en la colonización de la política por parte de los me-dios las imágenes predominan y los proyectos faltan. Porque quien maneja el arte de la fraseología (decir cosas atractivas en 30 segundos) lleva una inmejorable ventaja a sus competidores.

¿Por qué hay fórmulas con candidatos que representan a alianzas elec-torales históricamente rivales, ideológicamente enfrentadas o simple-mente impensables?

Porque hay un claro rompimiento de los sistemas de partidos. Porque se asiste a una transición de tipo estructural que hace coexistir a viejas y nue-vas expresiones partidarias. Porque las identidades están en plena mutación y no hay condena pública al transfuguismo. Porque los actores o partidos afectados por el nuevo escenario se “acomodan” con el solo instinto de so-brevivir.

¿Por qué se ve una excesiva personalización?

Porque hoy los líderes son líderes sin partidos (no es novedad la person-alización en la política, sólo que antes los líderes eran líderes partidarios). Porque resulta más fácil crear un partido que ganar una interna. Porque regu-larmente los líderes miden –en la opinión pública– más que los propios par-tidos y son garantes aglutinadores ante el desconcierto de apoyos políticos contradictorios.

¿Es verdad que vender un candidato es lo mismo que vender un jabón –como afirmaba un periodista norteamericano–?

No. Al contrario de las especulaciones en torno a que las campañas dejaron de proponer cuestiones ideológicas, Latinoamérica toda –y no sólo ella– re-fleja una fuerte presencia de discursos ideológicos. Aún con sus matices, la ideologización, más explícita en algunos casos, más maquillada en otros, está presente en la voz de los grandes líderes y así como ha fracturado los consensos en muchos de los países y regiones, en otros es el sostén de la gobernabilidad.

¿Por qué se asiste a un aumento exponencial de campañas con men-sajes negativos, aun sabiendo de su probable daño al sistema político?

En ciertos contextos, más del 90% de los spots y los discursos son de ataque al adversario y estas campañas funcionan. La efectividad prima. Así de sim-ple. Los malos desempeños gubernamentales son la verdadera constante en Latinoamérica y muchas veces, más que “votar por”, se vota en “contra de”. Toda vez que una gestión sea mala, se encuentra allí la materia prima para que prime la “política del veneno”.

¿Por qué hay una verdadera ausencia de proyectos, especialmente de visiones de largo plazo?Porque son atajos publicitarios más que posiciones políticas elaboradas. La ausencia de proyectos y la inexistencia de discusión en los senos partidarios posibilita que el arrojo y audacia de las agencias de publicidad las transforme en los verdaderos centros de construcción política de proyectos. En eleccio-nes subnacionales abundan expresiones como “mi proyecto es el del presi-dente” –aún compitiendo con otro candidato que sostiene el mismo discurso- o campañas cuyo lema es tapar baches por ejemplo.

¿Por qué hay apariciones “epidémicas” de centros, fundaciones, institu-tos que se presentan como sinónimos de “equipos técnicos”?

Porque en comunicación política, lo verosímil –lo que parece verdad– prima; basta un local con un cartel más grande que las ideas para que un candidato tenga equipo y proyecto. Son verdaderas cortinas de humo que, con estética, computadoras vacías, un buen cóctel de inauguración con fotos de notables, y alquileres que finalizan una vez pasadas las elecciones, no dejan de ser una casa partidaria más. Si la mayoría de los políticos y gobiernos improvisan, estas puestas en escena son su expresión más ridícula.

¿Por qué la apelación a los sentimientos y la emotividad es el centro de la comunicación política electoral y prima por sobre la comunicación de los proyectos?

Las campañas con este estilo funcionan. La efectividad prima. Así de simple. Y la TV ayuda. Madre y médica para contener y curar a los que no están en el modelo, representó Bachelet para Chile. La apelación a los pobres, una forza-da centralidad en lo religioso y un discurso restaurador hicieron de Ortega un ex revolucionario en Nicaragua. La patria roja, rojita, instauró Chávez en Ven-ezuela. Tradiciones aborígenes puestas televisivamente en escena ayudaron a Morales en Bolivia.

¿Por qué los debates electorales son tan mitificados?

Porque son montajes espectaculares que favorecen a los medios y a sus anunciantes, más que ejercicios democráticos de discusión de proyectos. La lógica discursiva que los envuelve está plagada de léxico simple –preferente-mente deportivo– que los domina, mitad extraído de las carreras de caballos (cabeza a cabeza, marcha adelante) y mitad del boxeo (pega duro, esquiva los ataques, distrae) y ello es popular pero nunca resalta la profundidad de proyectos. Curiosamente, se basan en la comparación explícita, es decir, una subcategoría de la comunicación negativa.

¿Por qué los oficialismos –regularmente- ganan más campañas de las que pierden?

Porque en cierto sentido, esto implica algo de sosiego electoral y un freno de los malos desempeños gubernamentales. Porque el uso sistemático de la publicidad oficial no tiene posibilidad de ser emulado, ni siquiera por la oposición más rica económicamente. Amén de ello “uno con plata puede comprar un perro, pero no puede hacer que el perro mueva la cola”.

¿Por qué cada vez es menor el arrastre electoral de arriba hacia abajo?

Porque cada circunscripción vota lo que cree mejor. Por ello, hay pocas es-trategias electorales coordinadas y dependientes del nivel más jerárquico. Más bien hay tácticas electorales de supervivencia política. Más que juego de equipo a largo plazo, hay sociedades cómplices de la inmediatez (de ahí las incoherencias ideológicas que generan los nuevos acoples partidarios).

¿Por qué nadie sabe de dónde sale la plata?

“La mitad del dinero invertido en publicidad política es dinero tirado a la calle, pero como nadie sabe cuál mitad, la publicidad continúa”, decía una vieja y ya precaria frase que debiera mutar a: “la publicidad continúa porque la plata sigue apareciendo”. La complicidad es muy grande, y la culpa no la tiene sólo la política. Si la plata aparece es porque alguien la ofrece y los intereses no se pautan, se pautan otras cosas… El sistema legal no alcanza a tapar los agujeros negros, porque los mismos que deben votar esas leyes son los mismos que necesitan de esos recursos.

En definitiva, así son las campañas. Pero curioso. Quienes las practican, quienes las estudiamos o trabajamos en ellas (los “adentristas”), quienes las critican, y aun quienes las odian con violenta apatía (los “afueristas”) no dejan de hablar de ellas porque siguen siendo el hecho más público de la democracia. La grandilocuente frase de Evita seguramente causa alguna sen-sación. Así se construye una campaña bien hecha: su objetivo es estremecer. Ese estilo funciona. Así de simple. La efectividad prima.

Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 2007 1.9Espacios Politicos / La primera Red Federal de Ciencia Politica / 20071.8

Entrevista a Carlos FloriaDoctor en Derecho y Ciencias Sociales; Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UBA desde 1984; Miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano; Profesor del Instituto del

Servicio Exterior de la Nación, entre otros.

Por Maximiliano Campos Rios y Laura Paonessa

Hay que celebrar que a pesar de todo haya revistas como Criterio, que cumple 80 años, como Doxa, Desarrollo Económico, POSTdata, nos parece importante fomen-tar el debate, sobre todo entre las cama-das más jóvenes y que se configure una comunidad científica que valore y prestigie la disciplina.

Sobre todo que la comunidad más joven tome el legado, la posta. Es complicado, porque nosotros intentamos hacerlo siem-pre en Criterio y cuesta convencerlos de que en algún momento dado nosotros tomamos la posta. Tomar la posta significa que tenés que trabajar pero sobre todo que tenés que escribir, animarte a escribir. Porque una de las preocupaciones que tienen los editores es cómo van a hacer para continuar y expre-sar una línea editorial. Pero por sobre todo, lo importante es que se acepte la idea del rel-evo, porque en el caso de algunas revistas lo que está ocurriendo no es que los veteranos no quieran relevar, son los jóvenes los que no quieren aceptar el relevo.

En comparación con otros países del mun-do y en especial de América Latina, ¿usted cómo cree que está el estado de la disciplina en comparación con Brasil, Chile o Estados Unidos?

El caso norteamericano es un caso muy es-pecial, entre otras, yo creo que una de las cosas más notables que tiene es la Univer-sidad, la vida universitaria y académica en general. Se podrán encontrar muchas cosas bien variadas, pero nunca faltan aportes de muy buena calidad. Además hay una po-blación dedicada a eso muy grande.

¿Y comparando con otros lugares y tiempos?

Primero hay un problema que lo veo desde la ciencia política en general, más allá de la Argentina, que es el llamado a la reflexión fuerte sobre lo que es y lo que tiene que aportar. Esa no es una opinión solitaria. Te doy un ejemplo, hay una colaboración en la Revista First Things, que me había comen-tado Robert Dahl en un correo electrónico, que se llamaba ‘Cómo entender la política’, un título tan indiferente. Pero el artículo es de una calidad, de ahí vino la recomendación de Dahl. Este autor escribe en contradicción a los politólogos, él dice ‘acá los politólo-gos no están entendiendo cómo se debe entender la política’, hay algunos de los as-pectos de la vida política que hacen al arrojo, al coraje con el cual debe asumirse un com-promiso político que no es tratado, como si no fuera un tema dentro de la ‘politología’, por así decirlo. Entonces lo que hace es una brevísima referencia a Maquiavelo y por otro lado diciendo cosas muy originales sobre lo que significa esto en cuanto a la ciencia en sí misma. Pero esto es en general, diciéndolo desde una posición muy privilegiada, y sin embargo tiene este tipo de observaciones.

¿Y la experiencia argentina cómo se desar-rolló? La experiencia nuestra, para nosotros nace prácticamente en los años 60, y el origen tiene mucho que ver con una experiencia personal y cómo se desarrolló la beca Eisenhower, que en esa época era infinitamente más privilegia-da que en la actualidad, se elegía una persona por país en 30 países. Yo en ese momento enseñaba Derecho político en la UBA. En ese año, 1966, hay una invitación para los que estaban escribiendo sobre ciencia política, y en ese momento en la Argentina casi no se escribía sobre ciencia política, se escribía so-bre derecho político, filosofía o sociología. La ciencia política tenía una definición muy vaga de qué cosa era eso.

¿En qué consistía la beca?

Era una beca muy prolongada, eran diez me-ses en Estados Unidos, vos no te postulabas sino que te llamaban, te preguntaban si es-tabas dispuesto a trabajar para producir un

trabajo que tuviera que ver con la disciplina. Pareciera que hoy por hoy el estado de la disciplina está mucho mejor porque hay más oportunidades para investigar, para viajar, para conocer otras realidades políti-cas, para poder incentivar la producción de conocimiento científico, o sea que estamos mejorando.

Sí absolutamente sí. Para compararte con esa época, la señalo no por la participación que objetivamente tuvimos algunos, sino porque realmente fue un cambio muy fuerte. El diseño de la beca dependía de las personas que vos ibas a entrevistar. En este caso hacer un diseño de recorrida por Estados Unidos a través de la ciencia política, que incluía las dimensiones internacionales también, no era tan complicado, vos tenías 15 nombres, no mil: Robert Dahl, Hans Morgenthau, Karl Deutsch, Giovanni Sartori...

Consultaba a todos los que hoy son clásicos

Eso era lo fundamental, que si yo tenía al-guna duda la iba disipando. Por ejemplo, en la conversación con Sartori, que en ese momento era decano de la Fac. de Ciencia Política en la U. de Florencia, me dice ‘yo es-toy pensando un cambio total de la facultad de ciencia política y lo que usted va a hacer es algo que podría parecerse bastante’. Y lo que me propuso Sartori me pareció una excelente idea, no se me había ocurrido hacer algo de esa naturaleza, y para mí me resolvía un problema, porque francamente estaba tratando de inventar un trabajo, y este proyecto tenía un sentido mucho mayor de lo que esperaba. Entonces Sartori me dijo ‘yo lo ayudo, nos comunicamos y vamos vi-endo, usted llévese en su valija un esquema y lo va consultando’.

O sea que la carrera de Ciencia política en la Argentina fue una idea de Sartori y suya.

En realidad fue de él y me tocó hacerla a mí. Porque realmente es así, ahora trato de tomarlo con discreción y humildad has-ta donde se puede. Una vez aprobado el proyecto, yo iba con el esquema y le con-sultaba a cada uno ‘si esto fuera un plan de carrera, qué corregiría, qué le agregaría’ y así con casi todos. Los que más contribuy-eron fueron Sartori, Dahl y Morgenthau para darle a las relaciones internacionales una dimensión académica que no tenía en este momento.

Me imagino que en esos momentos Mor-genthau estaba “viviendo” las relaciones internacionales, pensando el realismo, esta corriente muy al calor de la guerra fría. Muy influenciado por esa visión, quizás hasta etnocéntrica desde este punto de vista del mundo, pero novedosa para in-currir académicamente y transmitirlo...

Pero la conversación dio un eje que hasta el día de hoy sigue siendo de una actualidad fenomenal. Porque una de las pregunta que le hago es ‘cómo se entiende la política in-ternacional norteamericana’ y me responde ‘mire, el eje principal es que nosotros nos movemos entre la misión y la violencia. Nosotros en política internacional somos misioneros, vamos hacemos la guerra en nombre de una misión universal de la cual nos creemos portadores. Es como si estu-viera hablando hoy. Y si esa misión llega a ser rechazada o se frustra, pasamos a la vio-lencia. Y nuestra participación en la guerra verá que no es nunca de entrada muy dis-ponible, pero cuando nos comprometemos somos cada vez más violentos. Nunca lo olvidé ese esquema.

Después con el tiempo él agregó un eje que cruzaba al anterior que es lo que llamamos unilateralismo / multilateralismo. Y la com-binación de estos ejes da un esquema de cuatro tipo de políticas exteriores donde usted ubicar a los distintos presidentes. Esa figura yo la podría repetir hoy y tiene una autoridad formidable.

Entonces la carrera de ciencia política en la Argentina en su génesis, en su nacimiento tuvo una influencia muy importante de lo que se estaba discutiendo en el mundo, con los aportes de gente muy valiosa. Exacto, yo de esa estadía retorno carpeta en mano con un plan y mi primer gesto, creo que honrado y académicamente respetuoso, fue ir al Decano de derecho ofrecérselo. Su respuesta ‘acá no va a entrar ningún sociólo-go, ni psicólogo ni politólogo en la facultad de derecho’. Lo que ocurrió después es que estaba en la ciudad Jean-Yves Calvez, con el cual tenemos una gran amistad, a quien le comento este inconveniente. Entonces Calvez interviene y habla con la gente de la Universidad del Salvador, donde ya había un instituto de ciencia política para ver si pu-ede cuajar, aunque fuera como un plan de transición porque ya había un plan de cien-cia política dirigido por Raúl Puiggrós. En resumen, en ese momento Puiggrós, debo decir que se portó muy bien, porque cuan-do se enteró de todas estas conversaciones que habían transcendido, y ahí en lugar de hacer un acto de resistencia, de decir ‘no yo no comparto para nada este plan’ cedió su cargo. Lo cual salvó un conflicto. Y ahí irrum-pimos nosotros.

¿Y cómo seleccionaron los primeros profe-sores que integraron la primer camada?

Esa primera camada de profesores de cien-cia política que era algo novedoso, hasta revolucionario, de vanguardia.Ahí hubo una mezcla de procedencias dis-tintas y lo que la unía era la idea de una cien-cia política moderna.

¿Quiénes fueron los primeros que ense-ñaron?

Bueno, allí entró en un primer momento lo que se llamó el grupo Criterio, éramos 3 o 4, pero le llamaban así, estaban Rafael Braun, Natalio Botana, Marcelo Montserrat, Félix Peña. Y después allí es donde empiezan a incorporarse otros, ingresó Mariano Grondona un tiempo, después se retiró, y había otros nombres... al-gunos sacerdotes, Carlos Mugica.

¿Y cómo recibían los académicos este nuevo plan de ciencia política que venía de afuera?

Yo diría que el impacto primero mayor fue sobre la UCA y en la UCA se apreció con sospecha este extraño plan americano, im-perial. Pero después fuera de la UCA llegó de una manera mucho más calma a Men-doza, Córdoba y Rosario. Pero por otro lado fue una experiencia muy porteña, de-mandó mucho tiempo, fue una donación de tiempo que hicimos con mucho gusto pero fueron tiempos tumultuosos. Empezó con una conferencia inaugural espectacular, que presidía Robert Dahl, Giovanni Sartori, Hans Morgenthau, y Sergio Cotta, un profe-sor de filosofía del derecho. Y frente al es-cepticismo general organizamos un acto de apertura que fue multitudinario en el salón de actos de la USAL. Y fue realmente una primera experiencia entusiasmante, era una donación de tiempo que lo hacíamos con el gusto de hacer una cosa nueva. Con una ad-hesión estudiantil muy grande, hasta que se empieza a politizar todo. Ahí ya empieza el tema, antes que montoneros yo diría JP. Y paulatinamente lo que íbamos notando era una politización obvia de la época.

¿Cómo evolucionó el proceso?

Y esa época culmina con la decisión colecti-va de retirarnos cuando prácticamente mon-toneros y por lo menos la parte más dura de la JP toma la conducción del centro estudian-til. Y ahí pasan algunos episodios... a Braun le tapiaron la puerta, me denuncian como ex–becario Eisenhower. Y de pronto tuvimos la sensación de que estábamos perdiendo el tiempo, no ya donando tiempo, y fue donde hicimos un retiro prácticamente masivo.

O que la intención de ustedes fue en un primer momento generar una ciencia política profesionalizada, moderna, ese era el obje-tivo, que se fue mermando en su debate por la violencia, la politización y la militarización de la política. ¿Usted coincide con la visión de que hubo un segundo reverdecer de la disciplina con la democracia y con la cre-ación de la carrera en la UBA en el 87, a partir del informe Strasser?

Sí, yo creo que sí. En el caso de Carlos Stras-ser ya era un planteo muy serio y después se llevó con él a Eugenio Kvaternik, no tenía muchos tampoco para apelar porque varios de los que habían estado comprometidos con las experiencias anteriores no querían saber nada de volver a empezar. Pero lo suyo fue una renovación importante, ahí ya entró en la UBA de una manera muy franca y muy di-recta, y hasta donde yo conocí con poco con-senso en algunos aspectos. Hubo altercados, líos y demás pero hay una continuidad, apa-rece Arturo Fernández, Luis Aznar y toda una camada... Y ellos fueron de alguna manera retomando las cosas y aceptando cuestiones que eran inaceptables en el momento que se plantearon con líos.

Creo que teníamos razón desde el punto de vista académico, político y de análisis en el famoso tema de la militarización, de la vio-lencia, ..., pero una cosa es tener razón hoy y decirlo ‘nos parece que al fin y al cabo no estamos equivocados’ y otra es que en ese momento, tuviera alguna posibilidad de eficacia una prédica de esa naturaleza. De modo que hay dos tiempos, y ese segundo tiempo, Carlos Strasser lo manejó muy bien. Creo que es muy importante tener en cuenta el testimonio inicial de Edgardo Catterberg, que está más olvidado. Y después el hecho de la carrera en sí, los planes se empiezan a reproducir en todo el país, no hay muchas diferencias entre los planes en Rosario, Men-doza y Córdoba.

Escuchando su experiencia en Estados Unidos, de esta beca y las consecuencias positivas que tuvo después, retomo las ideas que se plantearon, que nosotros los jóvenes tenemos más posibilidades de salir del país, de conocer otras experiencias y de estar en contacto con una pluralidad de académicos reconocidos, ¿cómo se puede incorporar esas vivencias al regresar al país para institucionalizar más la disciplina?

A mí me parece, y no estoy diciendo ningu-na novedad, que son tiempos de renovación de la política que es fundamental repensar. Acá me parece bastante inútil pensar que las generaciones que están circulando en este momento y desde hace un rato tienen algún porvenir, las generaciones políticas de profesionales, en algo que pueda significar la renovación de la política en sí misma. Mi idea y no solamente mía es que estamos fr-ente a la probabilidad y la necesidad de una generación de políticos inteligentes, impor-tantes, equivalentes a lo que fue la política en momentos de crisis en lugares de crisis, para explicar un poco, no digo que vamos a tener a Adenauer, Schumann, Monet, pero algo por el estilo, algo que esté repensando lo que puede ser la renovación política en la Argentina. Y no diría que esto pasa sola-mente en el caso argentino, pero acá me pa-rece bastante claro.

Usted tiene bastantes esperanzas en la nueva generación de políticos que también se profesionalizan y que también hacen lecturas políticas, que son profesionales, politólogos muchos también...

Sí, exacto. Porque yo además lo que creo, que compartimos varios, es que vos no po-dés vivir en un retorno al pasado que impli-que la política como faccionalización, porque esto ya no son partidos, son facciones. No solamente al peronismo le pasa esto. Vos con las facciones podés vivir un cierto tiem-po, pero después tienen que organizarse par-tidos y afinidades. (ver entrevista completa en www.espaciospoliticos.com.ar)