Revista Izquierda, nº 18, diciembre 2011

8/3/2019 Revista Izquierda, n 18, diciembre 2011

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y los intereses del gran capital por el control y la regulacin de la propiedad y el uso

del suelo, en funcin de maximizar sus ganancias en la produccin de ciudad, aparece

oculta, desdeable, mitigable en el contexto de un ordenamiento territorial normado

por ley, verticalmente desde el poder permanente.

La ciudad profunda queda invisibilizada por los destellos de los centros

comerciales, grandes hoteles, centros de negocios para goce exclusivo de una

fraccin en extremo minscula de la sociedad. Ayudar a desentraar que existen

resistencias populares en el entramado de formas ocultas de la dominacin y que,

adems, es posible desnudar una contradiccin estructural que subsume en buenaparte a las otras es una logro que alienta el aprendizaje en la experiencia. La opcin

de generar consciencia, identificar reivindicaciones, impulsar modos de organizacin,

reclamacin y solidaridad ha abierto canales y rutas a la accin autnoma de la

ciudadana, a la exigencia de sus derechos escritos en la Constitucin y la ley, pero

escamoteados por el poder. Arrebatar la informacin estratgica de los proyectos

urbanos, celosamente oculta a los ojos de la ciudadana, en el contubernio de la

tecnocracia, la burocracia, el gran capital y sus contratistas, que constituyen el poder

permanente de la ciudad, demuestra que la labor prometeica de robar el fuego a los

dioses para entregarlo a los hombres an tiene una funcin liberadora, al menos enpos de romper el secreto y hacer valer el derecho ciudadano a la informacin.

Esto es todava una pequea parte de un proceso que habr de ganar en amplitud

y movimiento. De hecho, en las condiciones del ambiente electoral prximo pasado,

marcado por el ahogamiento meditico y de encuestas contra el Polo, el brote frgil

e incipiente sucumbi a las expectaciones inducidas del mercado electoral a favor

del progresismo.

La crisis del sistema que busca forzar desenlaces

La crisis capitalista y su expresin nacional empiezan a sacudir el establecimiento.

El crecimiento de la inconformidad ha empezado a desbordar las formas tradicionales

de gobernar. Las movilizaciones estudiantiles han logrado una simpata y un eco de

respaldo social al tocar las fibras ms sensibles del empobrecimiento de las capas

medias y la ampliada inaccesibilidad de una formacin responsable y de excelencia

para la inmensa mayora de la juventud popular. Con el estudiantado, el rgimen hace

concesiones, como el retiro del proyecto de reforma de la ley 30, en busca de cooptar

el movimiento y desarticularlo, bajo la presuncin de aprovechar lo que cree son sus

debilidades. Con petroleros, palmeros y corteros de caa juega a la represin y a las

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Una vez ms sobre el debate estratgico

En estas condiciones tienen una nueva importancia el debate en el seno del

movimiento popular y en la izquierda. Ese debate no lo puede ocultar la derrota

electoral del Polo cuando apenas empiezan a colocarse en el escenario las fuerzas

reales en pugna. Es grave que el rgimen tenga entre sus propsitos golpear, aislar

y destruir el Polo y que haya podido alcanzarlo, en parte, apoyndose en una especie

de operacin cacique de cooptacin hacia sectores proclives, provenientes del

llamado centro izquierda. Pero es grave tambin que el Polo no haya logrado medir la

inercia de su compromiso exclusivo con la democracia gobernable, su creencia casisupersticiosa en la fiabilidad del aparato ideolgico meditico electoral, plagado de

perversin y de continuas invitaciones a hacer actos de fe en la versin colombiana

del pensamiento nico. Hay que decirlo sin tabes: el Polo no tiene una poltica clara

ni propia para la lucha social o sindical, ni para el horizonte de las movilizaciones y

paros que han tenido lugar en el pas en los ltimos cuatro aos. A falta de una poltica

consecuente, predomina la del enemigo.

Las alianzas no han llegado ms all del juego eleccionario, casustico y local con

tendencia evidente al repliegue. No existe una poltica consensuada para la izquierda,

a la que se mira con desconfianza, y se clasifica entre una pretendida izquierdademocrtica y otra izquierda, que a veces se estigmatiza como tradicional o

simpatizante de la insurgencia, a manera de cua para sembrar mayor confusin.

Si el tema de la paz o la guerra es central en la realidad colombiana de hoy,

mxime cuando incluye la creciente presencia militar directa y actuante del Comando

sur, todo el discurso sobre la defensa de la soberana nacional se diluye cuando se

soslaya una posicin de compromiso contra los factores de la guerra interior, como si

se negara la existencia del problema. Una forma de guerra civil, con caractersticas

sociales de clase y de exclusin poltica, existe en Colombia, nos guste o no. La

democracia gobernable incluye en su men de gobernabilidad la guerra civil y una

poltica de la guerra civil, que son cosas diferentes. La primera se desenvuelve en

los campos de batalla, entre las fuerzas enfrentadas. La segunda se juega en la

eliminacin fsica de opositores y sindicalistas, en el terror y la expulsin de tejido

social en las regiones, en la criminalizacin de la protesta social y de la juventud, en la

judicializacin y persecucin de quienes luchan por la paz y los acuerdos humanitarios,

en los ms de siete mil presos polticos invisibles. Toda la polticamacartista contra

el Polo o contra defensores de los derechos humanos es parte de la poltica de la

guerra. Negar las dos formas de la guerra, en las condiciones de hoy, es negarse a

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la intelectualidad. Hay varios modos de mirar y valorar su aporte a la construccin de

la unidad posible y necesaria. Ante todo, contrastan con la despolitizacin, animada

desde el poder y los medios en amplias capas populares, los niveles de consciencia

poltica, la importancia otorgada a nuevos valores y nuevas formas de valorar su

relacin con la educacin, con la tierra, con la desigualdad, contra la discriminacin, el

desconocimiento y el olvido. Los derechos vitales se asumen, no bajo el presupuesto

utilitarista del gremio o la organizacin profesional, sino bajo una lgica de dignidad

humana, de universalismo solidario, de profunda comprensin del sentido de la igualdad.

Constituyen lo ms dinmico de la lucha social. Desafortunadamente retardan todavala unidad y coordinacin necesarias para alcanzar mayor contundencia y efectividad.

En segundo lugar, estos procesos en desarrollo deben ser vistos y tratados con

total respeto y en una relacin de conversacin entre iguales. No tienen que ser

considerados entes sin consciencia ni comprensin poltica, ni mucho menos correas

de transmisin. Constituyen, en distintos grados, una nueva izquierda emergente de

origen popular, su composicin es predominantemente joven, en ella tiene notable

importancia la mujer, provienen en buena parte del pas rural, campesino, indgena,

afro.Marcha patritica, Congreso de los pueblos, Minga nacional indgena hablan de

un nuevo pas, de otra idea de democracia, de derechos que rompen con el andamiajede la democracia gobernable, en abierto desafo al poder dominante. En direccin

a estas nuevas fuerzas debe acercar sus propuestas el Polo, con su autocrtica y

rectificacin de proyecto. La unidad de la izquierda o las izquierdas puede encontrar

en ello motivaciones y encantos que enriquecern las renovadas experiencias. Como

punto de encuentro de dichas izquierdas, el Polo no puede eximirse de abrir sus puertas

y aprender de ellas la portentosa dinmica y los mtodos persuasivos, amables e

integradores para sectores que empiezan a participar de la lucha sociopoltica.

Cabe construir iniciativas de convergencia, de unidad de accin y nuevas formas de

confianza, con compromisos exigibles que la consoliden y oportunidad para que las

nuevas fuerzas tengan espacio y poder de expresin y direccin.

Qu significa rectificar

La unidad de las fuerzas transformadoras de la sociedad ms all del Polo no es

para aislarlo, sino para encontrar el carril de la lucha comn. La aproximacin y unidad

de las fuerzas de izquierda de adentro y afuera del Polo es un propsito realizable en el

marco de un programa que recoja de modo ms preciso y fiel las aspiraciones de los

trabajadores(as). Los temas de la paz, de la tierra y los territorios, del medio ambiente,

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FilsofoUniversidad Nacional

de ColombiaProfesor Titular

Universidad del Tolima

Jorge gantiva Silva

La poltica delamor en la izquierda

del capital

La banalizacin de la poltica del amor

El alcalde electo de Bogot, Gustavo Petro, despus

de una campaa centrada en lo polticamente

correcto, radicalmente distanciado del imaginario

y del proyecto de la izquierda, ha prometido una poltica

de amor para la ciudad y ha presentado una estrategia de

poder que el progresismo aspira conseguir mediante una

particular caracterstica: congraciarse con el gran capital y

las lgicas del establecimiento. Su lnea de reconciliacin

proviene de un viejo recetario que las lites gobernantes en

Amrica Latina y, en particular en Colombia, promueven para

incorporar a la izquierda al mundo del capital. Sus formas y

maniobras han sido diversas: una de ellas combina el mundo

pagano y el cristianismo como forma de dominacin. La

poltica del amor constituye tambin una estratagema,

por supuesto, no de amor como afecto, como relacin de

alegra, como potencia creadora o como liberacin de la

subjetividad, sino como un bien acomodado eslogan del

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descompuestos- para integrarlos al sistema de dominacin

al que alguna vez dijeron oponerse y a la sociedad capitalista

por cuyo cambio lucharon.

Desde la fundacin del Polo Democrtico Alternativo,

PDA, esta poltica ha sido una constante de las lites, las

cuales no han dejado de usarla para destruir los proyectos

de la izquierda democrtica, sin desconocer, por supuesto,

los graves errores y limitaciones de sta. En una sociedad

tan desigual y violenta como la colombiana, la bsquedade la solucin poltica al conflicto toma en particular un

ribete de aceptacin y compromiso ante la necesidad de

encontrar salidas a la compleja crisis de la sociedad. La

multiplicidad de este conflicto tiene un nombre: la bsqueda

de una alternativa al bloque de poder, siendo la izquierda

justamente una de las protagonistas en la lucha por ser arte

y parte en la superacin/deconstruccin del sistema que

concentra el litigio en cuestin.

La lgica del capital se empea en desbaratar suposibilidad, su proyeccin histrica, su razn de ser. Las

derechas en Colombia han insistido en la inaceptabilidad

e inviabilidad de la izquierda antisistema como proyecto

poltico alternativo. Cuando la izquierda democrtica

alcanz el ms significativo resultado electoral con Carlos

Gaviria, el establecimiento desat un sistemtico ataque

de destruccin. Su incomodidad lo transform en una

poltica de persecucin, interceptaciones telefnicas,

macartizaciones y transfuguismo. Ahora, la lucha se centra

en definir la naturaleza de su proyecto histrico: si mantiene

una postura antisistema, si lucha contra el gran capital, si

guarda su independencia y lucha por la construccin de otra

sociedad, o si se torna en una correa de transmisin del

capitalismo, del gobierno nacional, y se convierte en una

fuerza funcional y cmplice del tiempo presente.

El amor es un

poderoso afecto

de los seres

humanos, asociado

a la potencia,

a la alegra y la

emancipacin si

despliega su fuerza

contra el odio a lademocracia, al cual

recurren los grupos

gobernantes, si

lucha contra la

explotacin y la

precarizacin

de la vida y del

trabajo, si enfrenta

el capital -esemonstruo que

destruye toda

posibilidad

de amor-.

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N 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Izquierda en debate

La vieja nueva izquierda del capital

Los neoliberales inventaron muchas leyendas cmicas, como aquella

que declaraba la desaparicin de los lmites entre la izquierda y de derecha.

Mediante sus cantos de sirenas buscaron desarmar a sus adversarios

ideolgicos y polticos y propiciar una desbandada de sus fuerzas y

movimientos. Sistemticamente utilizaron distintos medios, sin desestimar

la violencia, la eliminacin fsica, la persecucin, la desaparicin, el genocidio

o el estado de guerra permanente. Su grado de tolerancia alcanza

a lo sumo la aceptacin de la izquierda admitida al capital, una suertede socialdemocracia neoliberal que desprecia el significado de las luchas

sociales, el valor de la resistencia contra el imperio, el alcance de la utopa

y el sentido de las alternativas al capitalismo. Su aceptacin del centro

izquierda busca inhabilitar todo proyecto de izquierda anticapitalista,

antisistema, social e internacionalista que confronte el capitalismo

transnacional, las oligarquas dominantes y el rgimen demofascista. Pese a

los mltiples fracasos vividos en el mundo y en Colombia, se busca cerrar el

paso y el espacio a las fuerzas sociales y polticas que confrontan el poder

establecido. La izquierda del capital como parte del mismo sistema es unaforma de la dominacin imperante.

EnLe Monde Diplomatique (2011), Serge Halimi sostiene a la luz de la

experiencia catastrfica del centro izquierda en Europa que La izquierda

reformista se distingue de los conservadores mientras dura la campaa por un

efecto ptico. Luego, cuando se da la ocasin, se esfuerza por gobernar como

sus adversarios para no perturbar el orden econmico, para proteger la platera

del castillo. Este es el drama del progresismo que busca instalarse en el

establecimiento y hace todos los esfuerzos para integrarse y ser reconocido

por los seores del gran capital. La denominada nueva izquierda no es sino

un remoquete para descalificar la izquierda social, libertaria, anticapitalista

que lucha contra el sistema. Como dice Marcos Roitmann en La Jornada

(27.03.2011):

Para la nueva izquierda institucional y la socialdemocracia, el capitalismo

debe redefinirse como un sistema poltico destinado a generalizar los

beneficios de la economa de mercado. Con ello, lo importante es consumir,

no importa qu, cmo y cundoNo hay por donde equivocarse, gracias

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a la izquierda institucional y la socialdemocracia, el

capitalismo se reinventa y queda absuelto de ser un orden

de violencia, deshumanizante, asentado en la desigualdad,

la explotacin y la injusticia social. Por consiguiente, es

mejor llamar las cosas por su nombre y quitarle la mscara

a esta nueva izquierda y sus aliados socialdemcratas. Es

ms apropiado llamarlaizquierda del capitalismo, concepto

apegado a sus prcticas y claudicaciones estratgicas

de lucha anticapitalista. Por este motivo, dmosle labienvenida, poniendo al descubierto sus espurios intereses

que consisten en mantener inalteradas las estructuras de

explotacin inherentes al modo de produccin capitalista.

La izquierda del capital est obsesionada por la

financiarizacin de la economa, la privatizacin de la tierra

y del suelo, la segregacin de la ciudad, la perpetuidad

de ciudades de bienestar y guetos de exclusin y miseria

social. La pretensin de querer asociar este transformismo ytransfuguismo con la idea de una nueva izquierda es un remedo

de lo que ya histricamente hizo aguas en la vieja Europa y

ha terminado en un rotundo fracaso. La nueva izquierda es

la vieja estrategia de reconciliarse con el gran capital, como

hizo Lula en Brasil, y en modo alguno compromete la idea

de justicia, igualdad y democracia que propugna la izquierda

antisistema y anticapitalista en el mundo.

La poltica del amor contra el capitalEl amor es un poderoso afecto de los seres humanos,

asociado a la potencia, a la alegra y la emancipacin si

despliega su fuerza contra el odio a la democracia, al cual

recurren los grupos gobernantes, si lucha contra la explotacin

y la precarizacin de la vida y del trabajo, si enfrenta el capital

-ese monstruo que destruye toda posibilidad de amor-. El

amor del capital es alienacin, consumismo y sumisin. La

poltica del amor contra el capital se orienta a la generacin

Todo acto de amor

es una lucha,

una ruptura de

lo existente, una

expresin de una

nueva realidad.

Una poltica del

amor puede ser

entendida -slo as-como produccin

de comunidad, de

lo comn, de la

alegra de ser.

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Profesor Departamentode Ciencia Poltica

Universidad Nacionalde Colombia

JairoEstrada lvarEz

Capitalismo

extenso y profundo

E

l gobierno de Santos ha puesto en evidencia

los alcances de la estrategia capitalista en

el momento actual: Se encuentra en curso la

continuacin y culminacin de un nuevo ciclo histrico dereorganizacin territorial de la acumulacin, emprendido

hace ms de dos dcadas y caracterizado en lo esencial

por el ejercicio de la violencia estatal y paramilitar contra

el mundo del trabajo. La impronta de tal reorganizacin

ha sido la acumulacin por despojo, la cual se ha servido

de todo el andamiaje terico, ideolgico y poltico

dispuesto por el neoliberalismo con el fin de garantizar un

proyecto relativamente estable de dominacin de clase,

inserto en las dinmicas de la acumulacin transnacional

y sustentado en la (pretensin de) desestructuracin

violenta y permanente de las clases subalternas.

La reorganizacin del territorio ha sido (y contina

siendo) una gran empresa capitalista de conquista y

colonizacin, de extensin y profundizacin de la relacin

social capitalista, de mercantilizacin extrema y de

depredacin socioambiental. Dadas las diversas formas

de resistencia y lucha social y popular, esta empresa ha

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bloque de poder que le sirve de soporte. En el centro de ese proyecto

se encuentra el discurso y la retrica del restablecimiento del orden del

derecho, que cedera a aquel basado en el imperio de la violencia. Se

est en presencia de una repentina operacin de lavado de fachada, de

esa fachada ensangrentada por dcadas de despojo y desplazamiento

forzado -no concluidos, en todo caso-. En sentido estricto, se trata de

la representacin de la lgica militar, llevada a la escala social, en este

caso, a la escala de la produccin del territorio. A la tierra arrasada, al

territorio alistado, le sigue la consolidacin, y sta debe operar como unorden del derecho.

La particularidad de la experiencia colombiana, a diferencia de

otras experiencias internacionales, y sobre todo de Amrica Latina,

consiste en que quienes hoy propugnan por ese nuevo orden han

estado comprometidos hasta la mdula con aquel (no concluido) de

violencia y despojo y, hoy, en una magistral reivindicacin de la razn

cnica, aparecen como renovadores. Santos es quiz uno de las mejores

exponentes de esa especie. Otro tanto sucede con el equipo de

cualificados tecncratas que lo secunda, curtidos en las mejores fuentesde un neoliberalismo heterodoxo, capaz a adaptar de manera recurrente

y sin desparpajo alguno- su retrica y sus polticas a las exigencias de

la poca; eso s, sin perder el norte: la mercantilizacin como cemento

de la sociedad. A stos se suma una verdadera plyade de intelectuales

conversos y de productores de opinin que se han credo el cuento de

ser artfices de una gran transformacin, la del posconflicto. La ciencia

social se pretende poner en forma abusiva (y mercenaria) al servicio de

El Prncipe.

Los derechos de propiedad sobre la tierra en el centro de la

agenda

En el centro del discurso y de la retrica del restablecimiento del

derecho se encuentran los derechos de propiedad, especialmente de la

propiedad sobre la tierra, y, habra que agregar, de la propiedad sobre el

territorio. Ah est en curso una operacin de alta ingeniera: transitar de

la expropiacin basada en el ejercicio de la violencia, a la expropiacin

basada en el orden de las leyes. Ese trnsito se constituye en una



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Yolanda Izquierdo. Asesinada

en enero de 2007. Reclamabatierras de desplazados.Tomado de: ht tp://www.colarte.com/graficas/pintores/GonzalezBeatriz/GonBAArc391.jpg

necesidad de la modernizacin capitalistaen Colombia.

La tierra y el territorio ocupan en la actualidad un lugar

de primer orden en las dinmicas de la acumulacin

capitalista. En su mercantilizacin extrema se encuentran

nuevas posibilidades del proceso de valorizacin del

capital; en su financiarizacin, las posibilidades de

las rentas ofrecidas por los mercados de futuros y de

derivados financieros. Con una ventaja difcil de superar

por cualquier otro negocio especulativo: la existenciareal y material del objeto de la especulacin. As se

autonomice al extremo, el capital siempre requiere del

lugar. La geografa es parte consustancial a su existencia.

Por ello, sus ltimos refugios estn precisamente en

el negocio de la tierra y el negocio inmobiliario. No es

una casualidad que los flujos de inversin extranjera

se hayan desplazado en esa direccin, aumentando

espectacularmente durante la ltima dcada a ms de

10.000 millones de dlares en promedio anual, y se erijanhoy en la punta de lanza de la conquista y la colonizacin

destructiva de nuevos territorios.

Conquistar y colonizar esos territorios significa, por

una parte, ejercer el control sobre recursos naturales

estratgicos con miras a garantizar abastecimientos

presentes y futuros de materias primas y energa,

as como el dominio sobre campos promisorios de la

tecnociencia, basados, entre otros, en la biodiversidad

y el conocimiento ancestral. Por otra parte, significa

tambin abrir las nuevas posibilidades para su insercin

en las dinmicas transnacionales de la acumulacin,

especialmente las extrapoladas por la financiarizacin.

Esa presencia creciente de la inversin extranjera,

unida a las nuevas inversiones de los transnacionalizados

grupos econmicos criollos, se ha constituido en el

soporte de una profunda reorganizacin econmica,

que ha dado en caracterizarse como un modelo

N 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Neoliberalismo rampante Volver


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de reprimarizacin financiarizada. Dada la

naturaleza de esta economa, su implantacin

demanda una reorganizacin territorial basada

en la conjuncin de la expansin geogrfica

con la intensificacin de la relacin capitalista.

La dinmica de la acumulacin capitalista goza

hoy de nuevas posibilidades de expansin en

toda la geografa nacional, especialmente en la

Orinoquia, la Amazonia y el Pacfico; al mismotiempo se intensifica en el Caribe y la regin

andina, pero sobre todo en los centros urbanos.

Los principales componentes de esta economa

financiarizada de extraccin y explotacin de

recursos naturales se encuentran, en primer lugar,

en los recursos para la generacin de energa,

tales como el petrleo, el gas, el carbn y el agua.

En segundo lugar, en los recursos minerales,

metlicos y no metlicos, dentro de los que sedestacan el oro y otros metales preciosos, el

nquel, el coltn y otros minerales. En tercer lugar,

en los recursos forestales. En cuarto lugar, en

los recursos genticos y de biodiversidad. Junto

con estos recursos, se halla, en cuarto lugar, la

produccin de agrocombustibles, que tambin

viene transformando el paisaje rural y agrario.

La agricultura de las grandes plantaciones de

palma aceitera, de maz, de caa de azcar,

entre otros, se ha encauzado principalmente

hacia la produccin de etanol y biodiesel,

afectando las condiciones de la produccin de

alimentos y deteriorando an ms la ya precaria

soberana alimentaria. Todos estos constituyen

componentes inmersos en la acumulacin

especulativa de los mercados de valores.

Se encuentra en curso la

continuacin y culminacin

de un nuevo ciclo histrico

de reorganizacin

territorial de la

acumulacin, emprendido

hace ms de dos dcadas

y caracterizado en lo

esencial por el ejerciciode la violencia estatal

y paramilitar contra

el mundo del trabajo.

La impronta de tal

reorganizacin ha sido la

acumulacin por despojo,

la cual se ha servido

de todo el andamiaje

terico, ideolgico ypoltico dispuesto por el

neoliberalismo con el fin

de garantizar un proyecto

relativamente estable

de dominacin de clase,

inserto en las dinmicas

de la acumulacin

transnacional y sustentado

en la (pretensin de)

desestructuracin violenta

y permanente de las clases

subalternas.



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justificar la democratizacin del rentismo sobre la tierra. As

como el capitalismo produjo la magia de la acumulacin basada

en el ahorro pensional de los trabajadores, convirtindolos en

capitalistas sin propiedad, ahora se a apresta a gestar un nuevo

rentismo, el de los expropiados a quienes se le restituye la

propiedad, para tomrsela en arriendo. A todo ello se le podra

llamar la solucin financiarizada de la cuestin agraria.

La perspectiva de anlisis desde la economa poltica aqu

propuesta seguramente nos permite comprender mejor losalcances de la aprobada ley de vctimas y de restitucin de

tierras. Y sobre todo, valorar las pretensiones de un proyecto

de ley an no presentado, pero largamente preparado, que con

seguridad dar mucho de qu hablar en 2012: el proyecto de ley

general agraria y de desarrollo rural.

Con esa ley, el gobierno se Santos se apresta a ordenar el

territorio en disputa. Su proyecto de capitalismo es sin duda

extenso y profundo. Treinta y ocho millones de hectreas

en exploracin petrolera; cerca de 11 millones de hectreasdedicados a la exploracin y explotacin mineras; pretensiones

de hacer llegar la explotacin forestal a 12 millones de hectreas;

39.2 millones de hectreas destinadas a la ganadera, cuando se

requerira un mximo de 21.1 millones; 3.6 millones de hectreas

de produccin agrcola, cuando se tiene un rea cultivable de 21.5

millones de hectreas, todo ello concentrado en una superficie

total de cerca de 114 millones de hectreas.

Si se considera que la produccin del territorio es

esencialmente un proceso de produccin social, en este

ordenamiento territorial en curso se condensan (y condensarn)

las principales contradicciones y conflictos de clase, sociales

y ambientales que marcan (y marcarn) la tendencia histrica

de la acumulacin en la fase capitalista actual. Desde luego

tambin las resistencias y las alternativas socioterritoriales, el

movimiento real contra el capital.



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ProfesorDepartamento deCiencia poltica

Universidad Nacionalde Colombia

daniEl librEros

CaiCEdo

La financiarizacin dela educacin superior

a) El cuello de botella del financiamiento de laEducacin Superior segn el Banco Mundial

E

l proyecto de reforma de la ley 30 derrotado

por el extraordinario movimiento de protesta

estudiantil que presenciamos en las ltimas

semanas completaba un ciclo de definicionesinstitucionales mediante las cuales los recursos del

servicio de la educacin superior quedan controlados por

los intermediarios financieros.

Efectivamente, el artculo 152 del proyecto de ley

transformaba el FODESEP, entidad de naturaleza jurdica

mixta a la que se encuentran asociadas 125 universidades

y sirve al financiamiento genrico de las Instituciones de

educacin superior1, que en la actualidad pertenece al

1 Este tipo de financiamiento fue definido por la ley 30 de1992 como el que fluye hacia la oferta educativa. Por elloes genrico. Incluye posibilidades crediticias al desarrollocientfico, acadmico y administrativo; al fortalecimiento de suinfraestructura fsica; a la renovacin y adquisicin de equiposy dotaciones y al desarrollo de programas de creatividad,bienestar universitario que las Instituciones deban llevar a caboen beneficio de la comunidad acadmica. El monto de losactivos de FODESEP reconocido oficialmente en sus balances alfinalizar el 2010 llegaba a $22.907.781.



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pblico. No sera sostenible una inversin del gobierno para ampliar el

sistema dadas las tendencias demogrficas y fiscales actuales.3

Esta caracterizacin del Banco Mundial constituye una confesin

explcita no tan solo del tipo de prioridades presupuestales que las elites

internas y transnacionales han definido para el pas, sino, igualmente, del

carcter de Estado que se encuentra asociado a las mismas. Conforme

al presupuesto que el Congreso aprob para el prximo ao, un monto

superior al 40% del mismo cubrir los pagos de endeudamiento al

capital financiero y el gasto militar. Estamos en presencia de un Estadocontrolado por los grandes intermediarios financieros y volcado a la guerra

interior, que al mismo tiempo, reduce cada vez ms los derechos sociales

y que, como si fuera poco, legisla para que esta situacin se agrave en

el futuro inmediato, tal y como qued confirmado con el regresivo Acto

Legislativo denominado Sostenibilidad Fiscal. Se trata, adicionalmente,

de un Estado que en el tercer pas ms inequitativo del planeta, segn el

PNUD, desarrolla una poltica fiscal regresiva con grandes exenciones y

una evasin tolerada para los grandes inversionistas.4

3 The Government cannot afford to increase tertiary education supply on its own,Banco Mundial, 2008, citado por Vctor Manuel Gmez y Jorge Celis Giraldo, enlaRevista de Estudios Sociales No. 33 de la Universidad de los Andes, Agosto del2009.

4 El propio Departamento Nacional de Planeacin reconoci hace dos aos que elmonto total de las exenciones a la renta sum $9 billones. Ricardo Ortega, actualGerente de la DIAN, a principios de octubre en el debate parlamentario realizado

a propsito de la reglamentacin del Sistema de regalas, anot a propsito delcomportamiento de las empresas extractivas multinacionales, Algunas empresasdel sector minero energtico efectan transacciones con entidades en parasosfiscales, el 100% de las ventas lo hacen a compaas vinculadas, no hay informacindisponible de los compradores() Algunas empresas del sector petrolero disfrazande legales importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador.Incluyen estos activos como fijos que usan para la deduccin especial, sobornan alos empleados de la aduana Inflan los costos de los servicios contratados paradisminuir la base gravable. En vista de la deduccin de activos fijos productivoslas empresas petroleras, mineras y de concesiones de infraestructura le han pasadofactura al pas por $18,5 billones. El Espectador, octubre 8 del 2011. Se trata

de un rgimen tributario vergonzoso. Afortunadamente el movimiento estudiantil haempezado a denunciarlo contrastndolo con el gasto fiscal en Educacin Superior.



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b) El crdito ACCES y la modificacin del ICETEXUbicado en esa perspectiva de anlisis, el BM defini mediante el crdito

ACCES una poltica financiera para la educacin terciaria sesgada hacia las

universidades privadas y hacia los estratos 1 y 2. El 80% de los prstamos,

segn el propio MEN, tomando datos de 2010, ha sido otorgado a estudiantes

de esas instituciones de educacin superior, de los cuales aproximadamente

el 70% pertenece a esos estratos desfavorecidos5, a travs de una cartera

crediticia que ha aumentado de manera considerable.6

A pesar de ello, la matrcula en la universidad pblica pas del 35% en ladcada del noventa al 55% en la actualidad, lo cual se consigui, preservando

el ajuste fiscal, con exigencias de autofinanciamiento y con la aplicacin de

indicadores gerenciales empresariales. Esto ha tendido graves consecuencias

para la IES pblicas.

Adicionalmente, el Banco Mundial exigi una transformacin de la naturaleza

jurdica del ICETEX para incorporarlo al sistema financiero. La ley 1002 del

2005 cumpli con ese objetivo, definindolo como una entidad financiera de

naturaleza especial regido por el Estatuto Orgnico del Sistema Financiero,

decreto ley 663 de 1993 y el Decreto 278 del 2004. Esta misma ley creun Fondo de Garantas para cubrir riesgos, fijar comisiones y definir los

mrgenes de cobertura. Bajo estas definiciones los dineros de la financiacin

a la demanda educativa ingresaron al mercado de capitales y a la entidad se le

exigi una tercerizacin de actividades administrativas conforme a los criterios

de la gerencia bancaria7.

5 Debe tenerse en cuenta que el ICETEX presta a una tasa de inters del 16% anual que esun monto excesivo para esos estratos que los obliga a pagar el endeudamiento durante

muchos aos. Esta es una de las causas del porqu la cartera de dudoso recaudo, segn lapropia directora del ICETEX, ya llega al 30%. Debe tenerse en cuenta que cuando se habla decrditos a la educacin superior se incluyen los niveles tcnicos y tecnolgicos y en generalinstituciones de baja calidad, en las que estudia una capa importante de la poblacin deestos estratos. A las familias de los estudiantes que no acceden al ICETEX les queda la bancaprivada con altas tasas de inters. En el pas desapareci el crdito de fomento desde 1993con la reglamentacin de la ley orgnica de poltica monetaria (ley 32 de 1992).

6 El Icetex, durante el perodo 2002-2010 aument su cartera de prstamos en un 268%,pasando de $154.272 millones de pesos a $652.352 pesos. Datos de su propia pgina web.

7 Ese tipo de gestin ha sido ponderada por los propios directivos del BM como una estrategiacomplementaria de reduccin de costos. Axel F.B. van Trotsenburg, director del Banco Mundial

para Colombia y Mjico, anot en 2008 al respecto: Adems de la exit osa focalizacin delprograma, ICETEX, la institucin colombiana de crditos educativos gubernamentales, mejor



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La reforma de la ley 30 intentaba ampliar el mercado de capitales

con crditos educativos elevando los ingresos del ICETEX a $4 billones

en 2019. Inclua, adicionalmente, unos crditos focalizados a las familias

ms pobres, con soporte presupuestal y a ttulo de subsidio a la tasa

de inters, es decir, manteniendo el crecimiento de la inflacin. Debe

tenerse en cuenta que la focalizacin es un mecanismo institucional de

la poltica social neoliberal antpoda del universalismo en los derechos,

que en el propio diseo de ACCES el 30% del portafolio total de ICETEX

estaba destinado a focalizacin y que la poltica de cero tasa de inters hasido parte de una estrategia internacional de bancarizacin de pobres

para, una vez incorporados en las redes crediticias de los intermediarios

financieros, cambiarles las reglas de juego. Esto ya fue experimentado

en Estados Unidos y en Chile, para citar ejemplos emblemticos. De

hecho, la existencia de la sostenibilidad fiscal era una seal clara de que

asistiramos en el pas a ese tipo de situaciones.

c) La Reforma Institucional que acompaa a la financiarizacin educativa

Sin embargo, lo ms significativo del crdito ACCES fue la reformainstitucional que acompa a las modificaciones crediticias. Esta incluy

la creacin del Viceministerio de Educacin Superior, el perfeccionamiento

del Sistema Nacional de Informacin -SNIES- mediante el cual se

homogenizan los indicadores para el diseo de las polticas internas de las

universidades y para la gestin administrativa, indicadores que adems de

tomar los mtodos empresariales, inciden en las decisiones del conjunto

del funcionamiento de las IES8. Igualmente, incluy el Observatorio Laboral,

expresin de la pertinencia educativa, tantas veces ponderada en los

discursos oficiales, entregndole a las universidades, los estudiantes y las

sustancialmente la gestin de los crditos estudiantiles. Por ejemplo, ICETEX redujosus costos administrativos de 13.2 por ciento de su presupuesto en 2002 a 7.6 porciento en 2006. En Breve, publicacin del Banco Mundial - Internet, No. 100,enero de 2007.

8 Estos indicadores incluyen, seguimiento de los estudiantes; tasas de graduacin;tasas de desercin; utilizacin de espacios; programas de estudios; e informacin

financiera clave Resaltado por Axel F.B. Van Trotsenburg, en op.cit, enero del2007. La legislacin concordante se encuentra en diversas normas educativas.



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empresas la informacin sobre cules carreras tienen mayor demanda en

el mercado laboral9.

La exigencia del BM de modificaciones institucionales contra crdito

confirma que la financiarizacin obliga al autoritarismo estatal para

poder adecuar el entorno institucional educativo a las nuevas formas

de inversin privada. Si el crdito ACCES tuvo como contraprestacin

la reduccin de la autonoma universitaria para lograr una pertinencia

que posibilite que los egresados cumplan con los endeudamientos, debe

aadirse que la legislacin educativa implementada durante los ltimosaos ha profundizado ese autoritarismo estatal que cercena la autonoma

en todos los terrenos de la actividad universitaria, incluyendo el curricular

(estndares y competencias), con lo cual ha limitado, igualmente, en

gran medida, la libertad de ctedra. Estamos en presencia de la tirana

homogenizante del mercado que determina el carcter de universidad

diseado por el neoliberalismo10.

La Reforma de la ley 30 fortaleca an ms ese autoritarismo hasta

el punto que en su primera versin liquidaba los Consejos Acadmicos

en las universidades estatales. Ello, por cuanto esta reforma intentabaestablecer una nueva fase institucional de la mercantilizacin educativa

y pretenda la adecuacin normativa a la transnacionalizacin del

negocio educativo por la va de los tratados de libre comercio, lo cual

exige estndares normativos internacionales11. De hecho la creacin de

instituciones privadas con nimo de lucro, definidas en la reforma como

mixtas, fue incluida como parte del cumplimiento de las exigencias

internacionales. Estas instituciones mixtas eran complementarias al

formato de la financiarizacin, ya que el proyecto las haba definido

como sociedades annimas.

9 Esta informacin se encuentra disponible al pblico en http://www.graduadoscolombia.edu.co.

10 Vctor Manuel Moncayo ha resaltado este aspecto en varios de sus artculos sobreel tema.

11 Fue esta una de las razones del porqu los rectores de las universidades privadasde elite se opusieron a la reforma. Ellos han exigido, pblicamente, participar

en las definiciones de las reglas de juego de la transnacionalizacin del servicioeducativo que se anuncia con la aprobacin del TLC con Estados Unidos.



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Profesora delDepartamento de

Ciencia PolticaUniversidad Nacional

de Colombia

Carolina Jimnezm.

En estos quince meses del gobierno de JuanManuel Santos hemos asistido a una profundaredenicin en el andamiaje jurdico e institucional enColombia. En efecto, las cinco reformas constitucionales,

aunadas a las que se encuentran en curso, y las mltiples

leyes que se han producido en materia rural, econmica,poltica y de la administracin del Estado dan cuentade dicha redenicin. La prolca produccin normativaque ha caracterizado a esta administracin debe leerseteniendo en cuenta por lo menos dos dimensiones.

Por una parte, una estrategia de reestructuracin yrelegitimacin de un rgimen poltico fragmentado ypolarizado bajo el gobierno de lvaro Uribe (2002-2010) y,por la otra, una estrategia de reprimarizacin econmica,que busca posicionar al pas en la divisin territorial deltrabajo como clster minero energtico (especialmentecarbn, oro y petrleo) y agroindustrial (palma, caucho yplantaciones forestales).

Podramos decir, entonces, que estas dimensiones se

constituyen en ejes estructurales que denen el horizonte

El desarrollo legislativodel gobierno de Juan

Manuel Santos



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Tambin se divide el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, el cual queda como Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible y se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos

dos ministerios son fundamentales para impulsar el objetivo central del

PND, cual es el de la convergencia regional. En efecto, estas instituciones

concentraran sus esfuerzos en la denicin de una nueva espacialidad

urbana-rural que se ajuste a la nueva geografa de la acumulacin

capitalista que se requiere en el escenario contemporneo. Entre los

puntos ms importantes se destacan la transformacin de los centrosurbanos de las ciudades capitales y el despliegue de una estrategia

reprimarizadora con unos mrgenes mnimos de sostenibilidad ambiental.

Otro de los reajustes ministeriales signicativos es el que se da con

el Ministerio de Minas y Energa, al cual se le quitan funciones operativas

y se le asigna como nica y exclusiva responsabilidad la formulacin y

reglamentacin de polticas de minera, al tiempo que se crea la Agencia

Nacional Minera, encargada de los procesos de contratacin y titulacin,

del seguimiento, el control y la seguridad minera y de los temas relativos apromocin y fomento. Esta adecuacin institucional es fundamental para

dar sostenibilidad a la locomotora minera de Juan Manuel Santos, que

hoy es responsable de buena parte de los conictos socioterritoriales que

se viven en el pas por las afectaciones que de estos se desprenden en

trminos ambientales, culturales, de seguridad y soberana alimentaria;

los casos de explotacin de oro a cielo abierto en Santurbn, la Colosa y

Marmato y de extraccin de carbn en el Catatumbo, Csar y la Guajira,

entre otros, son representativos de esta cuestin

1

.La propuesta de reforma de la administracin de justicia tambin

juega un papel importante en el objetivo gubernamental de fortalecer las

instituciones para aumentar la eciencia del Estado. Entre los elementos

ms problemticos de esta propuesta destacamos dos: 1. La solicitud

de una ley estatutaria que regule las competencias y especialidades

1 Para un trabajo detallado sobre confictos sociales territoriales en Colombia

desde las percepciones de los sectores sociales populares se recomiendaconsultar el trabajo del Observatorio Nacional de Paz: www.observapaz.org

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en materia de tutela entre jueces y tribunales, ya que esta llevara a

limitar la tutela contra providencias judiciales, y 2. la posibilidad de que

particulares administren funciones propias del aparato de justicia.

En este apartado de reforma institucional tambin podramos ubicar

la ley estatutaria 1475 sobre reforma poltica. Esta ley recoge todos los

elementos asociados con la regulacin de los estatutos y accionar de

los partidos y movimientos polticos, as como los temas referentes al

proceso electoral (nanciaciones, participacin, sanciones, consultas).

Frente a esta ley es necesario sealar que sta, pese a que podraavanzar en alguna medida en aumentar los niveles de vigilancia dentro

de los partidos para evitar la inltracin de actores armados y dineros

ilcitos en las campaas, no necesariamente logra resolver de manera

estructural dicho problema. El fenmeno recurrente de la parapoltica en

varias regiones del pas en el pasado proceso electoral as lo evidencia.

Paradjicamente, sera posible decir que este articulado se podra

constituir en una ventana para avanzar en la muerte poltica de partidos

de la oposicin contra los que el rgimen regularmente tiende a formularimputaciones de vnculos con grupos insurgentes.

Desarrollo rural y legalizacin de los derechos de propiedadLa ley 1448 conocida como la ley de vctimas del conicto armado

interno en Colombia y de restitucin de tierras y el borrador del proyecto

de ley de desarrollo rural, se constituyen en herramientas jurdicas sobre

las que se pretende apoyar la actual administracin para impulsar su

estrategia de una nueva ruralidad minera y agroindustrial. En efecto,estas dos iniciativas abren el escenario para avanzar en polticas de

ordenamiento productivo del territorio rural que subordinan proyectos

agrcolas campesinos e indgenas sustentados en el minifundio a estrategias

agroindustriales de corte latifundista y ampliamente tecnicadas.

Frente a la ley de vctimas han sido mltiples y de diversos rdenes

las posturas que han emergido. Para una fraccin no despreciable de

los sectores econmicos dominantes del pas, esta propuesta impulsa

un importante proceso de modernizacin del campo colombiano y se

constituye, en consecuencia, en un paso necesario para alcanzar un

Rgimen po lti co y discursoN 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Volver


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verdadero desarrollo econmico y social en Colombia. Para un sector

ortodoxo de la elite econmica, este tipo de propuestas signican

reveses en las polticas del Estado, pues no solo conducen a que ste

asuma responsabilidades que no le corresponden, sino que ponen en

peligro la estabilidad macroeconmica de la nacin2.

Para algunos sectores de la sociedad civil, esta ley representa una

buena iniciativa para abrir el escenario de la discusin nacional sobre

todos los temas que acompaan la construccin de la paz, pero sobre

todo para reconocer a millones de colombianas y colombianos queviven en una situacin dramtica desde hace varios aos, producto

de la desgarradora guerra que se tiene lugar en el pas, mientras que

otro sector no despreciable en el cual nos inscribimos ha criticado

fuertemente la iniciativa al considerarla insuciente para alcanzarla

verdad, la justicia y la reparacin.

En efecto, esta ley termina limitndose a aclarar los derechos de

propiedad rural, elemento estratgico para el sostenimiento del modelo

desarrollo primario exportador hacia el que hoy se orienta la economadel pas. La ley no permite avanzar en escenarios reales de reparacin, al

no garantizar a las vctimas, entre otras cosas, el acceso a bienes muebles,

como semovientes y enseres, por ejemplo; al excluir de la reparacin a

los tenedores porque no ejercan derechos o expectativas de derechos

susceptibles de ser restituidos; al no reconocer como vctimas del conicto

a los dirigentes de la oposicin asesinados al margen de los combates,

crmenes que estn tendiendo a catalogarse como delitos comunes, y al

no dar medidas de proteccin que garanticen condiciones de seguridad yrespeto por la vida de las personas que retornen a sus tierras.

2 Al respecto han sido notorias las declaraciones de rechazo realizadas por el exministro de gobierno de Uribe, Fernando Londoo. Se puede consultar: Cul

ser peor? Por: Fernando Londoo. El Tiempo, 21 de octubre, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8163720

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Sostenibilidad fscal y regalasAcorde con el ideario neoliberal que enarbola el gobierno de Juan Manuel

Santos se presentaron al Congreso de la Repblica dos reformas al ttulo

XII de la Constitucin poltica sobre el rgimen econmico y de la hacienda

pblica, que terminaron materializados en los actos legislativos 3 y 5 de 2011. A

travs de estas reformas constitucionales fue posible establecer el principio de

sostenibilidad scal (modica los artculos 334, 339, 346) y el Sistema General de

Regalas (modica los artculos 360 y 361). Estas dos reformas garantizan tanto

el saneamiento de las nanzas pblicas a costa del gasto social, como el pagode la deuda externa, dos componentes centrales para cumplir los compromisos

adquiridos con los organismos nancieros internacionales y el capital mundial.

En efecto, bajo el reconocimiento de que la sostenibilidad scal es un

derecho colectivo, se limita el ejercicio de derechos individuales fundamentales,

como el derecho a la vida, en conexidad con los derechos a la salud y al trabajo,

so pena de que puedan poner en riesgo las nanzas del Estado. De la misma

manera, con la creacin del Sistema General de Regalas se logra, por una

parte, garantizar el pago de la deuda a travs de los recursos que recibira elfondo de ahorro y estabilizacin administrado por el Banco de la Repblica, y

se desprotegen las coberturas mnimas en salud, educacin, mortalidad infantil,

agua y alcantarillado, garantizadas por el rgimen anterior.

Marco legal para la paz y polticas de control socialFinalmente, podemos mencionar la ley 1453 de seguridad ciudadana que

reforma el cdigo penal y que se constituye en un serio revs para los derechos

a la protesta social al criminalizar, entre otras cosas, manifestaciones en lava pblica que puedan obstaculizar la infraestructura de transporte; en este

sentido, protestas que impidan la normal movilizacin del transporte pblico

urbano e intermunicipal pueden ser objeto de importantes penas3.

Y, adems, est la propuesta del senador Roy Barreras tendiente a establecer

un marco jurdico para la paz a travs de la creacin del artculo 66 transitorio

de la Constitucin poltica de Colombia, que permitira dotar al gobierno

3 Protestas que bloquean el transmilenio o las tradicionales tomas indgenas delSuroccidente de la Carretera Panamericana podran ser objeto de un proceso legal.

Rgimen po lti co y discursoN 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Volver


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nacional de los instrumentos jurdicos necesarios para la conduccin

de un eventual proceso de paz. Esta iniciativa ha sido ampliamente

criticada por organizaciones de vctimas y las que trabajan en la

construccin de la paz, en razn de que ella permitira que miembros

de la fuerza pblica puedan acceder a penas alternativas establecidos

en la justicia transicional, limitando su responsabilidad en crmenes de

lesa humanidad, y tambin por la posibilidad que abre para disear

instrumentos de justicia transicional de carcter judicial o no judicial, lo

cual implica que el ejecutivo asuma funciones de la administracin dejusticia, desvaneciendo uno de los principios democrticos como es el

de la divisin tripartita de poderes.

Los desafos del marco jurdico para la construccin de la pazLa agenda legislativa propuesta por Santos durante 2011 y apoyada

ampliamente en el Congreso por las fuerzas que han conuido en lo

que se ha denominado Unidad Nacional, plantea serios desafos a las

dinmicas de la conictividad socioterritorial en el pas y, en consecuencia,a la construccin de la paz. En efecto, aunque desde algunos sectores

de lo que se conoce como la sociedad civil se ha tendido a ver con

buenos ojos el paquete de normas sobre justicia transicional, ste no se

constituye en un escenario de posibilidad real para salir del estado de

guerra en que vive Colombia.

De mltiples y de diversos rdenes son los argumentos que se puedan

dar al respecto. Aqu solo queremos sealar que mientras se mantenga,

por una parte, una estrategia econmica responsable de la destruccinde los territorios y las solidaridades e identidades sobre ellos construidas

y, por la otra, una estrategia poltica que persigue la legitimacin del

rgimen fundada en prcticas de zanahoria lgicas de cooptacin de

algunas organizaciones sociales populares ygarrote criminalizacin de

la protesta social a travs de leyes como la de seguridad ciudadana, es

imposible avanzar en una verdadera y anhelada paz.

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ante el asedio y el lamentable exterminio de los proyectos

polticos que decidieron desarrollar para participar en la vida

poltica del pas.

Observar la guerrilla de este modo permite ver que, antes

que un grupo armado y regido por estructuras militares,

las FARC-EP son una organizacin poltica que se construye

en la maduracin de mltiples dinmicas de lucha social en

el pas. Pero, adems, que como organizacin poltica es

tambin una estructura armada que se rige por patronesde jerarqua, mando y obediencia militar, lo que le imprime

un cariz de ejrcito, aunque no en la misma lgica de los

cuerpos armados profesionales que componen los aparatos

militares de los Estados. Al interior del movimiento insurgente

conviven tanto la construccin y deliberacin poltica propia

de un partido como la disciplina y el espritu de cuerpo de

una institucin castrense.

Otros elementos complejizan la visin sobre esta guerrilla.En primer lugar, su relacin con las economas ilcitas,

especialmente con el narcotrfco. La guerrilla ha tomado la

fnanciacin del narcotrfco de una manera pragmtica: en

las zonas donde el grupo armado hace presencia cohonesta

con los campesinos que siembran coca, y entre el movimiento

guerrillero y la masa campesina se desarrolla un relacin

simbitica en cuyo marco tanto el campesino -que no

tiene ninguna opcin econmica distinta de vida- obtiene

proteccin de la guerrilla para el cultivo y la comercializacin,

como sta logra desarrollar sus fnanzas y establecer contacto

con masas poblacionales que pueden ser inuenciadas

polticamente. En segundo lugar, su accin dentro de una

guerra irregular asimtrica y degradada la ha llevado a utilizar

tcticas y acciones que son percibidas de manera muy crtica

por la poblacin en general y condenadas, a su vez, por la

comunidad internacional como violatorias del DIH.

En vez del

encauzamiento

del conflicto hacia

su resolucin, lo

que tenemos es

una continuacin

de la situacin

crtica de violencia

que, con nuevasy ms complejas

manifestaciones,

se enseorea de

las regiones en las

que la presencia

insurgente sigue

siendo notoria

y determinante.



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As mismo, en el marco de un proceso poltico tan complejo como el colombiano,

se ha llegado a asegurar por analistas polticos de diversas tendencias ideolgicas

que la misma existencia del movimiento subversivo es una traba al desarrollo de

una izquierda poltica amplia, incluyente y con opciones reales de poder. Haciendo

suyo este extrao argumento, el establecimiento ha logrado ganarse la opinin de

diversos sectores del espectro poltico para condenar la accin guerrillera. Finalmente,

el ambiente internacional de condena a las acciones violentas para la toma del poder

poltico, ligado a la guerra contra el terrorismo orquestada desde USA, ha creado una

imagen negativa, casi insuperable del movimiento insurgente, y con ello ha eliminadolas posibilidades de una participacin creativa de la comunidad internacional en la

solucin pacica del conicto colombiano.

La guerra en Colombia: el fin del fin o la cronificacin de la violencia

En la actualidad, el conicto poltico, social y armado parece inclinarse, al menos

en la parte militar, a favor del Estado. En los ltimos diez aos, el astronmico gasto

militar que ha sido invertido en aumento de pie de fuerza, modernizacin tecnolgica,

inteligencia tcnica y lobby internacional ha dado resultados que se perciben comoverdaderos procesos de derrota del movimiento insurgente: el ejercito ha dado de

baja a mandos claves en la estructura guerrillera, se han disuelto redes de apoyo

logstico de los alzados en armas, se ha ganado la opinin nacional e internacional

en apoyo de la estrategia de guerra y, en general, las fuerzas militares parecen llevar

la iniciativa en la lucha contra la guerrilla. La seguidilla de golpes ha permitido al

establecimiento asegurar, como la ha hecho repetidas veces, que el conicto armado

est a punto de resolverse por la imposicin de los militares y el aniquilamiento del

movimiento insurgente. Sin embargo el desarrollo de las acciones de guerra parece

asegurar algo diferente.

La muerte de altos dirigentes de la insurgencia ha sido suplida por la incorporacin

a su estamento de direccin, el secretariado, de nuevos cuadros con caractersticas

similares a las de los que han cado en combate. Pero, adems, la guerra en las

regiones parece no ceder, en contrava del supuesto debilitamiento que causara la

muerte de los cuadros de direccin. En las regiones, el control de la insurgencia sigue

siendo notorio y las reas de donde haban sido expulsados muestran lentamente

nueva presencia de los actores armados con nuevas maneras de relacionamiento

entre ellos: guerrilla, maas y estructuras delincuenciales armadas.

N 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Conflicto y solucin poltica Volver


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En vez del encauzamiento del conicto hacia su resolucin, lo que

tenemos es una continuacin de la situacin crtica de violencia que, con

nuevas y ms complejas manifestaciones, se enseorea de las regiones en las

que la presencia insurgente sigue siendo notoria y determinante.

En la guerra el enemigo construye al enemigo: la posible

respuesta de las FARC-EP a su situacin en el conflicto

Las FARC-EP han sufrido importantes bajas en la estructura de direccin,

pero la propia fortaleza institucional que han desarrollado, tanto por suestructura leninista de direccin y mando como por su longevidad en el

conicto, les ha permitido sortear el problema de mandos y recomposicin

de la estructura. En lo militar, han tenido que ceder frente a la superioridad

militar del Estado, pero han retornado a la estrategia que han utilizado

durante buena parte de su existencia, la guerra de guerrillas. En lo nanciero

han logrado diversicar sus fuentes de ingreso combinando tanto rentas

ilegales como participacin en negocios legales. Ideolgicamente, el ncleo

duro de construccin doctrinaria se encuentra al parecer intacto, toda vezque las orientaciones polticas siguen emanando de los cuadros de direccin

que han permanecido en la organizacin y que cuenta en algunos casos con

ms de veinte aos en las las del movimiento.

Asimilar la nueva estrategia de neutralizacin de cuadros de direccin

por parte del establecimiento implicar para la guerrilla revisar sus

formas de comunicacin y toma de decisiones, protocolos de seguridad y

contrainteligencia, pero fundamentalmente aplanar mas la organizacin, de

tal manera que se pueda dar una toma decisiones ms rpida sin contar con

la aprobacin previa de las instancias ms altas de la jerarqua. Con este n,

la regionalizacin de las estructuras ayudar a mejorar el desempeo en los

teatros de operaciones, a acelerar los mecanismos y tcticas de combate y,

sobre todo, a multiplicar los blancos que el establecimiento espera eliminar.

Por supuesto, el peligro que esta estrategia encarna para la guerrilla es que

una mayor descentralizacin lleve a la autonoma de facciones completas de

la organizacin que puedan ser mas fcilmente permeadas por el enemigo

conducindolas a la desmovilizacin. Pero donde seguramente se concentrar

con mayor ahnco el trabajo de los insurgentes ser en la construccin de



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que no reconocen el papel de las organizaciones gremiales

y polticas que gravitan en l- se le acusa de un cierto

espontanesmo. De otra parte, existen lecturas que maximizan

el grado de politizacin del movimiento, elevndolo muy por

encima de su estado real. En este caso se tiende a confundir

estado de nimo con nivel de conciencia.

El debate sobre la caracterizacin

No obstante estas tendencias, lo importante es reconocerlo que hay de nuevo en este movimiento estudiantil. Lo que

lo hace diferente a las anteriores experiencias de lucha,

especialmente de los ltimos aos, es su masividad, amplitud

y diversidad. No quiere decir esto que antes no se haya dado.

Pero la intensidad y extensin que alcanz en los meses de

octubre a noviembre no tienen precedentes en la historia

inmediata. Por qu? Porque si miramos bien el proceso de

neoliberalizacin en nuestro pas, el modelo de privatizacindel derecho a la educacin se profundiz a comienzos de la

dcada del 90, lo cual quiere decir que la generacin que

naci y creci en este periodo hoy tiene en promedio 20 aos.

La gran mayora de estos jvenes han tenido que recurrir al

endeudamiento fnanciero para poder acceder a un programa

de educacin superior. Anlogamente, sus padres han visto

disminuidos sus derechos laborales y quizs buena parte de

ellos perdieron sus empleos. Cuntos de ellos viven hoy de la

economa informal o subsisten con empleos precarios?

Por eso no asombra la gran participacin de estudiantes

de las universidades privadas, incluyendo aquellas que se

consideran de lite, y tambin de los aprendices del SENA,

que no encentran opciones reales para la profesionalizacin,

as como el creciente nmero de estudiantes de secundaria

que presionan el ingreso a la educacin superior en las

instituciones pblicas, gran parte de ellas al borde de la

quiebra. Como puede verse este movimiento articula vastas

Este movimiento

guarda similitudes

con el movimiento

estudiantil chileno.

Las causas que lo

generan son las

mismas: el desmonte

del derecho a la

educacin, de la manocon todos los recortes

a la seguridad y el

bienestar social, los

despidos masivos

y la reduccin de la

capacidad adquisitiva

del salario. Es la

crisis del modeloneoliberal lo que est

en el fondo de estas

intensas jornadas de

protesta ciudadana. El

programa de gobierno

del presidente Santos

apunta a una mayor

profundizacin del

modelo, con lo cual

se agudizarn las

contradicciones

sociales en curso.

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En tercer lugar, es urgente defnir la metodologa de discusin con

el gobierno nacional, pero con un criterio amplio de participacin

de la comunidad universitaria y los sectores sociales involucrados, sin

dejarse presionar por los afanes de la agenda legislativa. Sobre todo,

no caer en la trampa de dejarse arrastrar a una negociacin con el

poder ejecutivo a puerta cerrada y por las alturas.

Este punto amerita una reexin por separado. Ms all de

defnir una metodologa de interlocucin con el gobierno (cosa que

hay que hacer), lo esencial es defnir una iniciativa de construccin,democrtica y participativa, de un proyecto alternativo de educacin

superior que est respaldado por acciones de movilizacin que puedan

sostenerse en el tiempo. La politizacin del movimiento se logra en

la medida en que las personas que se van incorporando a l hacen

su propia experiencia en el proceso de luchas. Slo en la medida en

que van comprendiendo la profundidad de estas batallas y su relacin

con otras luchas que van en la va de proponer cambios en el rgimen

poltico y social contemporneo, se podr dar un salto de calidad queabra el camino a la conquista de un modelo educativo que garantice

gratuidad, universalidad, calidad, autonoma y democracia. Slo as

se podr reconstruir la relacin entre universidad y sociedad, slo

a travs de esta mediacin ser posible lograr el cumplimiento de

la funcin social de la educacin. El impulso de las constituyentes

universitariaspuede ser un medio efectivo para comenzar el proceso

de reforma democrtica de la educacin superior.

Los estatutos generales, acadmicos y los reglamentos de las

instituciones pblicas han sido modelados de acuerdo a parmetros

que violan la autonoma universitaria y que imponen los derroteros

para la mercantilizacin de la educacin. Se debe pasar de la

resistencia a la alternativa, conquistando espacios decisorios de la

comunidad universitaria que logren reestructurar en un sentido

opuesto las caducas normas administrativas y acadmicas. En lo

concreto, se debe trabajar por reversar los contratos de outsourcing

que entregan a corporaciones privadas funciones importantes de las

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instituciones pblicas y combatir la corrupcin interna que se deriva de su captura

administrativa por parte del gamonalismo y el clientelismo regional.

Conquistar espacios para la libertad de ctedra, exigir el nombramiento de

profesores de planta, exigir relaciones horizontales entre docentes y discentes en

la prctica pedaggica, oponerse a la mediocridad, abrazar el compromiso con las

causas de la justicia social y criticar los valores que se imponen desde las doctrinas

dominantes del pensamiento, constituyen tan slo una pequea parte del programa

alternativo de la educacin en Colombia. Para avanzar hacia estos objetivos no es

necesario esperar que los cambios vengan desde arriba por voluntad de los lderespolticos. Lo ms seguro es que estos no lleguen con el actual gobierno. Pero los

cambios que estn operando en el mundo indican que las aspiraciones del movimiento

pueden ser ms altas. Por qu conformarse con menos cuando la humanidad en la

poca actual se est proponiendo transformaciones ms profundas?

La emergencia de este movimiento estudiantil coincide con el inicio de una etapa

de ascenso de la lucha de masas en Colombia. Se han vuelto comn los estallidos

sociales en las cabeceras urbanas y los bloqueos en las principales carreteras del

pas. Recientemente se observa una reactivacin de las luchas obreras en los campospetroleros, que vinculan a la protesta poblaciones enteras en los Llanos Orientales,

el Magdalena Medio y la Costa Caribe. Y qu decir de las comunidades que estn

desarrollando procesos de resistencia a los proyectos de explotacin forestal y minera

en las regiones de los santanderes y del eje cafetero. Hasta hace poco, las refriegas

sociales se mantenan en planos urbanos pero perifricos. Ahora el movimiento

estudiantil est movilizando masas de sectores de extraccin social diversa de las

grandes ciudades, que hasta hace poco permanecan apticas.

La conuencia de los acumulados de unidad y movilizacin pueden encontrar

las conexiones que les haca falta a travs de la irrupcin de estas nuevos fuerzas de

la protesta. Los cambios en el estado de nimo del pueblo pueden darle el impulso

que le faltaba a la iniciativa del Paro Cvico Nacional. Pero esta accin no sobrevendr

por desarrollo espontneo. El elemento de la organizacin poltica es decisivo en la

sntesis entre conciencia y necesidad de las masas. El movimiento estudiantil puede ser

el catalizador de este proceso si las distintas fuerzas organizativas que los componen

logran aanzar la unidad que pueda desembocar en un amplio frente de lucha popular

que marque el inicio del n de este prolongado invierno.

N 18, Diciembre de 2011 Bogot, Colombia Luchas populares Volver


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Campaa 16 das deactivismo contra la violenciade gnero. Manifestacionesen Pakistn.Tomado de:http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

El catalizador de ese proceso fue la presentacin por parte del

gobierno de la propuesta de Nueva Ley de Educacin Superior, a

todas luces el ms aberrante de los intentos por hacer de la educacin

una mercanca. La pelea contra la nueva ley de educacin superior es

una entre tantas que ha dado el movimiento universitario, aunque

sta en particular ha tenido una profundidad enorme. Los estudiantes

construimos el 20 y 21 de agosto en la histrica Universidad Distrital

los objetivos de la movilizacin, las bases de la organizacin estudiantil

y el programa mnimo de los universitarios de Colombia (a 40 aosdel programa mnimo del 71). Das despus defnimos en Cali que

entrbamos en una dinmica de Paro Nacional Universitario en el

momento en que el gobierno nacional radicara la propuesta de ley:

ah comenz el pulso directo.

El gobierno se envalenton y con toda su arrogancia frm ante

el pas que su propuesta sera ley, a toda costa. Un mes despus con

el paro nacional universitario y un movimiento estudiantil a or de

piel, el gobierno asuma su derrota retirando la ley y aguantando elimpacto de un estudiantado entusiasta que colmaba las calles, las

paredes, y la historia. Santos se la jug por retirar la ley y fnalizar como

perdedor en una batalla importante para el movimiento social en su

conjunto: la batalla elocuente donde se demostr que las calles son el

gora de nuestra indignacin, y que es posible hacer democracia sin

permiso y con desobediencia frente al status quo.

En ese momento se instaur la otra batalla. Ya no de Santos

por aprobar su ley, sino de Santos por deslegitimar, dividir y acabar

con el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil ms

acostumbrado a hundirse con las banderas, que a llevarlas a nuevos

campos de batalla. El paro universitario, la mejor herramienta para

derrocar la ley, se volvi el centro del debate universitario despus de

logrado uno de tantos objetivos del movimiento.

La suspensin del paro se da no por el agotamiento del

movimiento estudiantil, sino por la necesidad de forjar nuevos campos

de batalla. La herramienta de los universitarios no es nicamente el

paro, es esencialmente la MANE, como espacio que puede forjar no

Ser joven y no ser

revolucionario, es

una contradiccin

hasta biolgica

(Salvador Allende).



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solo paros y movilizaciones, sino propuestas, derroteros comunes y

objetivos a largo plazo. El paro nacional, tan pertinente para pelear

contra la ley, no se puede generalizar como la nica herramienta

para pelear en una misma coyuntura por todas las reivindicaciones

histricas del movimiento estudiantil por ms de veinte aos, menos

cuando la justeza de la lucha se mide tambin desde afuera, y no solo

desde nosotros mismos.

El programa mnimo de los estudiantes contiene puntos que

van ms all del modelo de educacin y plantean un modelo depas: una Colombia digna, sin desigualdades y con justicia social.

Esa Colombia que los universitarios estamos construyendo palpita

con el fortalecimiento del movimiento estudiantil. Los estudiantes

no podemos ser irresponsables con nuestras acciones. Si algo ha

aprendido el movimiento estudiantil es que el trabajo de ganar el

corazn de la gente es arduo y difcil como para echarlo a perder por

decisiones que consultan ms la euforia individual que la vocacin

de poder colectiva (el sustrato de nuestro avanzar). Algn profesorlo expres de la ms bella forma: El movimiento estudiantil no es

como el torrente inatajable de los ros, sino como los potentes ujos

y reujos del mar.

La primera tarea en ese marco es entender lo que se ha logrado:

una victoria importante, un primer paso en una guerra de lpices

y creacin contra el gobierno nacional. Sin embargo la pelea hasta

ahora empieza y, en ese sentido, el mayor parte de victoria debe ser

la unidad del movimiento estudiantil colombiano, unidad que pasa

por el fortalecimiento de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Es

importante reconocer de manera colectiva los aciertos y desaciertos

cometidos en el camino: construir la historia desde una perspectiva

crtica y humanista parte, desde luego, del ensayo y el error. Hemos

avanzado, pero an hay muchsimas cosas por edifcar y mejorar.

La MANE tiene la tarea de lograr mayores niveles de amplitud y

organizacin, pensarse a mediano y largo plazo, construirse desde

lo local a lo nacional, y convertirse en un referente unitario en todos

los niveles.

El programa

mnimo de los

estudiantes

contiene

puntos que

van ms all

del modelo

de educacin

y planteanun modelo

de pas: una

Colombia

digna, sin

desigualdades

y con justicia

social.

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El estudiantado como actor poltico: hacia un

movimiento estudiantil con vocacin de poder

El movimiento estudiantil tiene varios retos, siendo

la base de ellos responder al momento poltico y acumular

legitimidad frente a la sociedad, a la vez que se piensa como

actor estratgico en su propia lucha y dentro de las luchas

sociales. En otras palabras, el movimiento estudiantil debe

plantearse a mediano y largo plazo, y plantear sus objetivos

en esos trminos.Un primer reto que debe asumir el estudiantado

a partir de la MANE es la construccin de la propuesta

alternativa de educacin. En este escenario los estudiantes

deben involucrar a todos los estamentos universitarios,

pero adems a los sectores sociales estratgicos para una

educacin como derecho y con un saber amplio y colectivo.

Este proceso no puede empezar desde el punto cero junto

al gobierno. El proceso debe empezar entendiendo la sumade los acumulados ya construidos- desde las discusiones

ms locales con un carcter amplio y altamente vinculante,

para despus ir recogiendo el proceso de construccin hasta

llegar al nivel nacional.

Por supuesto, en el proceso debe haber momentos de

interrelacin con el gobierno que permitan abrir y mantener

el debate pblico y posicionar las propuestas vertebrales. Sin

embargo, lo fundamental debe ser la construccin desde

la universidad y los sectores sociales de una educacin con

gratuidad, acceso y cobertura, autonoma y democracia,

calidad acadmica y bienestar en funcin de un pas

soberano que plantee los rumbos para una sociedad justa y

sin desigualdad: los caminos de una verdadera paz.

En resumen, la educacin que el movimiento estudiantil

ha planteado para Colombia es profundamente antagnica

con el modelo de gobierno de Juan Manuel Santos y

compromete una apuesta por pensar, imaginar y construir

En Colombia nos hemos

atrevido a combatir el

dogma del mercado,

que cubre las violencias

invisibles, y el dogma del

militarismo, que encubre

un sistema poltico

amasado con sangre.



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nuevos rumbos para un pas donde el dogma del

mercado ha fracasado de manera estruendosa y

con consecuencias muy lamentables en materia de

derechos sociales.

Otro reto del movimiento universitario es pensar

la reactivacin de la movilizacin, la agitacin y, en

general, la necesidad de mantener la iniciativa poltica.

Los estudiantes debemos convertirnos en activistas

de nuestras consignas, y hacer que la sociedadcolombiana las sienta y las haga suyas. Mantener

una actividad permanente en funcin de implicar

la educacin como debate fundamental de un pas

distinto, donde los colombianos puedan estudiar

con calidad, donde los derechos estn por encima

del mercado y donde la democracia se exprese en la

participacin activa y cualifcada de la sociedad y no

en el simulacro formal de quienes legislan a favor delgobierno, se convierte en una tarea permanente para

mantener viva la llama e impedir que se construya un

imaginario mediatizado de un movimiento estudiantil

apoltico y funcionalizado dentro de la falsa

democracia del gobierno. El movimiento estudiantil

es profundamente poltico y tiene el inters explcito

de impugnar y subvertir el rumbo que los mismos en

el poder le han dado histricamente a Colombia.

Por ltimo, el movimiento estudiantil tiene

el deber de hacerse movimiento popular. Las

reivindicaciones universitarias son sectoriales, pero

de fondo la manera de alcanzar una educacin como

derecho para Colombia compromete profundas

modifcaciones polticas al modelo planteado por

Santos. La nica posibilidad de ganar la pelea que

estamos dando es articular el conjunto del movimiento

social con sus banderas y reivindicaciones a la pelea

El movimiento estudiantil

no es homogneo, por el

contrario, est edificado

a partir de una inmensa

heterogeneidad que permite

potenciar su accionar y cubrir

las perspectivas ms diversas

sobre un mundo nuevo.

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Campaa 16 das de activismo contrala violencia de gnero. Manifestacionesen las calles alemanas contrala violencia domstica.Tomado de: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

por una educacin como derecho. Al hacerlo,

asumimos tambin que al reivindicar una nueva

educacin para un nuevo pas estamos reivindicando

tambin el derecho a la salud, la tierra, las garantas

laborales, las libertades democrticas, la diversidad

en toda su dimensin y, en general, las salidas para

la paz con justicia social -lo contrario a la paz de los

cementerios propuesta por Uribe-Santos-.

El movimiento estudiantil que se ha gestadoen Colombia ha hecho poesa y arte con su accin

colectiva. Ha forjado nuevos saberes en el fragor

de sus batallas. Tiene incrustada la memoria de sus

muertos, sus desaparecidos, sus presos polticos

no ha olvidado (porque es prohibido olvidar) que

los estudiantes tambin tenemos derecho a la rabia,

inherente al deber de indignarnos. El movimiento

estudiantil se alimenta de la imaginacin, perono una imaginacin ingenua o acrtica: es una

imaginacin creativa que no olvida, que recoge

experiencias, que reivindica la posibilidad de ser

nosotros mismos, de arar nuestro propio camino,

de forjar nuestra propia cosecha.

El movimiento estudiantil se hace indgena,

campesino, obrero se hace pueblo. Entiende que

ni la sumisin, ni la desposesin, ni la ignorancia, ni

la muerte, pueden ser los rumbos para una juventud

que se aferra a la vida digna y la reivindica contra

la desesperanza. Los estudiantes nos negamos a la

amnesia, a la desidia: hemos decidido luchar. Y la

posibilidad de demostrar que estamos construyendo

un nuevo horizonte es evidenciar, frente al cotidiano

marasmo, que hemos caminado por el rumbo de la

esclavitud y la ignominia.



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financieros) que permitieron, entre otras cosas, disimular la envergadura

de la deuda griega.

Mario Monti, el nuevo primer ministro italiano, diplomado en

Yale, es miembro de la Trilateral y del Grupo Bilderberg (think tank del

establishement international). Es consejero internacional de Goldman

Sachsdesde 2005.

Lucas Papademos, el nuevo primer ministro griego, tambin

diplomado en el MIT, fue consejero del Banco de la Reserva Federal en

Boston. De 1994 a 2002 fue Gobernador del Banco de Grecia, poca enla que Goldman Sachsayud a falsificar las cuentas del Estado griego.

As se ha puesto crudamente de manifiesto la esencia de la

democracia burguesa, que no es como se pretende mediadora o

rbitro entre intereses diferentes o contrapuestos, sino esencialmente la

dictadura de las clases dominantes sobre las grandes masas oprimidas

y explotadas, como ya lo sealaron en su tiempo Marx, Engels y Lenin.

II. La fuerza de choque del capital financieroson las agencias de notacinLas principales agencias de notacin son Standard and Poors,

Moodys y Fitch. Son instituciones privadas que se ocupan de poner

notas a empresas y Estados que van del riesgo mnimo (AAA) al riesgo

mximo (CCC), las cuales expresan el riego que corren los inversores

financieros que prestan a dichas empresas y Estados. Existen hace

tiempo, pero comenzaron poniendo notas a empresas y bancos y,

despus, extendieron su radio de accin a los Estados. Una nota baja

(riesgo alto) tiene por consecuencia automtica que la empresa o el

Estado que reciba un prstamo pagar un inters ms elevado.

Estas agencias no tienen nada de independientes, pues pertenecen a

grandes capitales privados: el 13% de Moodyspertenece al multimillonario

Warren Buffet, Fitch pertenece mayoritariamente a la sociedad financiera

francesa Fimalacy el 20% de su capital al grupo Hearst, y Standard and

Poorsal grupo estadounidense McGraw-Hill Companies. Cobran por sus

servicios a las empresas que quieren ser calificadas y a las que utilizan

las notas. De modo que grupos privados estrechamente vinculados al



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capital financiero decretan la lluvia o el buen tiempo para los

Estados que necesitan recurrir a prstamos del capital financiero

transnacional. Si la nota es alta (poco riesgo), el Estado pagar un

inters bajo por los prstamos. Si la nota es baja (riesgo alto), el

Estado pagar un inters alto, entrando as en un crculo infernal

de endeudarse cada vez ms y pagar intereses cada vez ms

altos. Y deber aplicar los ajustes exigidos por los acreedores

que se traducen en recesin, ms desocupacin, congelacin de

salarios, privatizacin de los servicios pb

Revista Izquierda, nº 18, diciembre 2011

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