EL FEDERALISTA, Año V, No 21, Enero de 2015, es una publicación mensual editada y distribuida por El Federalista Editores, S.A. de C.V. Viaducto Río Becerra 461, interior 1, Colonia Ampliación Nápoles, CP 03840, México, Distrito Federal, teléfono (55) 9000 0378, www.elfederalista.mx, contacto@elfederalista.mx. Editor responsable: Ing. Roberto Meléndez Franco. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2010-022609573500-102 otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ISSN 2007-4328. Certificado de Licitud de Título y Contenido 15446 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos. Impresa por Talleres del Grupo Milenio, Avena No. 17, Col. Granjas Esmeralda, C.P. 09810, México, D.F. Todos los derechos reservados.

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asesores del Consejo EditorialJavier Lozada León

asesor del Director generalJuan Manuel Álvarez Navarro

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asesor

Desterrar caciquismos estatales, primer reto Del iNe aNte eleccioNes 2015: ricarDo aNaya cortés

la Nueva legislacióN electoral DismiNuirá las coNtroversias y Dará certeza y legaliDaD a los comicios: luis castro

tres visioNes soBre eleccioNes 2015

“avaNces y peNDieNtes De la represeNtacióN política iNDígeNa eN méxico”: mtra. martha siNger sochet

Desafios para el iNstituto NacioNal electoralreDaccióN De el feDeralista

feDeralismo históricola crisis política De méxico geNeraría uN histórico aBsteNcioNismo electoralJosé Núñez ramos

feDeralismo y culturacultura electoralignacio sachman torres

Numeralia feDeralistalázaro santillán ubilla

ARTICULISTAS

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eNero 2015

eN portaDa

el feDeralista impulsa a los artistas mexicaNosméxico es cuna de grandes artistas en todas las épocas y en los últimos años se ha registrado un renuevo en las diferentes manifestaciones, de manera particular entre los pintores y escultores. es por ello que el feDeralista, consciente de esa brillante realidad, desea impulsar a esos nuevos artistas del color, del pincel y del cincel.

una forma de promocionar a los nuevos talentos y también a los consagrados de la plástica mexicana, es difundiendo sus obras para que sean conocidas y apreciadas. en las páginas de nuestra revista, dichas pinturas engalanan los contenidos. seguiremos impulsando a estos valores de todas las regiones de méxico, como corresponde a una publicación federalista.

agradecemos especialmente al pintor Jorge cárdenas aceves, Director General del portal de pintores mexicanos contemporáneos www.pintoresmexicanos.com

título: Ver lleva tiempo / autor: Lourdes Berbeyer

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semBlaNza

intar es decir, es sentir, es vivir. Es una aventura

que me introduce a mi propio ser. Pintar es como

expresarse verbalmente, pero es decir lo que las

palabras no alcanzan. Cuando otros piensan con

palabras, sonidos o numeros, yo pienso con imá-

genes, con expresiones, con actitudes, con color y,

asi, suscitar una emocion, una reflexion.

Desde muy temprana edad tuve la inquietud de la pintura,

pasaba horas enteras dibujando. El color, las lineas y las for-

mas, que de estas surgian, me invitaban a seguir. Nunca ima-

gine la satisfaccion tan grande que este oficio trairia a mi vida,

pues me permite estar en contacto con mi ser y no hay nada

mas sublime que pertenecerme.

Se cuándo y cómo me inicie en este mundo del arte, mas

no se como ni cuando voy a terminar. Mi trabajo es busqueda,

encuentro y nuevamente busqueda; pero mientras encuentro y

soy, la busqueda es placentera.

http://pintoresmexicanos.com/lourdesberbeyer/index.html

lourdesBerbeyer

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título: Música oculta, poesía Jaime Torres Bodet

autor:Lourdes Berbeyer

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e frente al proceso electo-

ral del 7 de junio próximo,

el Partido Acción Nacional

aseveró que el primer reto

del INE será asegurar que

el nuevo sistema nacional

de coordinación con los organismos

políticos locales funcione y permita

el desarrollo democrático a nivel fe-

deral, so riesgo de mantener el sub-

desarrollo político prevaleciente en

muchos estados “que siguen atados

al lastre de caciquismos partidarios

estatales”.

El PAN, por conducto de su

dirigente nacional, Alfredo Anaya

Cortés, sostuvo que ese instituto

político revisará cuidadosamente

los procesos de selección de candida-

tos para evitar que la delincuencia

financie campañas e infiltre abande-

rados a cargos de elección popular, al

tiempo que destacó que el caso Iguala

y la desaparición de normalistas de

Ayotzinapa provocó una sacudida

moral que revela los efectos terribles

de la corrupción en el funcionamien-

to de las instituciones.

Acción Nacional rechazó la po-

sibilidad de abstencionismo en

los comicios de 2015 e indicó que,

por el contrario, infundirá en sus

seguidores elementos de voluntad

política necesarios para vencer

el miedo y favorecer la partici-

pación en las urnas. Al mismo

tiempo, estableció que gracias a

reformas promovidas por el PAN

ningún candidato podrá ganar una

elección a “billetazos”, gracias a

que las nuevas reglas limitarán el

monto de los gastos de campaña

y robustecen las capacidades de

fiscalización

Del mismo modo, Anaya Cor-

tés estableció que su propuesta

federalista ante estos próximos

comicios propone reformar los

artículos 115 y 116 constitucionales

para fortalecer las capacidades

institucionales de los municipios

en materia de seguridad y, tam-

bién, para establecer esquemas

subsidiarios para que la federación

y los estados contribuyan a for-

talecimiento institucional de los

Desterrar caciquismos estatales, primer reto del INE ante elecciones 2015: PaNJaVIER LOZaDa LEÓN

DLas nuevas reglas

electorales, especialmente

las relacionadas con coaliciones,

serán una buena ocasión para que todos

los partidos, con regitsro o

en busca de él, acrediten

efectivamente el sustento

electoral propio con el que

cuentan

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municipios y los apoyen en el cum-

plimiento de todas sus funciones.

RESPUESTAS DEL PAN AL CUESTIONARIO PRESENTADO POR EL FEDERALISTA

(P) ¿Cuál es su visión sobre las elec-ciones federales de junio de 2015 para renovar la Cámara de Diputa-dos, a la luz de la nueva legislación electoral y la conducción del proceso a cargo del Instituto Nacional Electo-ral (INE)?

(R) Empezando por el final, es el

primer reto del INE, que deberá ser

muy proactivo para asegurar que el

nuevo sistema nacional de coordina-

ción INE-OPLES funcione satisfacto-

riamente. Fue necesario establecer

este nuevo sistema nacional porque

la experiencia de un par de décadas de

reformas políticas nos muestran que

la autonomía plena de la autoridad

federal, alcanzada en 1996 permitió el

desarrollo democrático a nivel federal,

que contrasta fuertemente con el

subdesarrollo político institucional

prevaleciente en muchos estados, que

siguen atados a los lastres de caciquis-

mos partidarios estatales.

(P) ¿Qué tipo de “blindaje” adoptará su partido para evitar que el crimen organizado financie campañas e infiltre candidatos a cargos de elección popular?

(R) Los procesos de selección de candi-

datos serán cuidadosamente oberva-

dos por los órganos partidarios. El reto

es conciliar valores fundamentales

como la democracia y la transparencia

de los procesos internos con la integri-

dad de las intituciones y la honestidad

de los políticos que las encarnan.

(P) ¿Desde la perspectiva de su

partido, cuál cree que será el efecto electoral del caso Iguala y la desapa-rición de normalistas de Ayotzinapa?

(R) Esa tragedia ha tenido impactos

nacionales y locales. Éstos últimos

son los más intensos, pues no sólo

se han agitado a las organizaciones

antisiste en el estado, movilizando

fuerzas políticas que operan en el

margen de las instituciones o que de

plano son ilegales, sino que también

han atemorizado con la violencia a

las organizaciones cívicas pacíficas

y ordenadas y los ciudadanos. A

nivel nacional, el caso Iguala ha sido

una sacudida moral que revela los

efectos terribles de la corrupción en

el funcionamiento de las institucio-

nes y por eso mismo debe suscitar

una respuesta firme y decidida de

las organizaciones democráticas en

todo el país. El PAN ha asumido este

papel de forma responsable y firme.

(P) ¿Cuál es su expectativa en cuanto a abstencionismo y si habrá diferen-cias regionales marcadas?

(R) La predicción convencional es la

de baja participación y desmoraliza-

ción, pero el PAN no contribuirá a la

autorealización de esa profecía. Por

el contrario, infundirá en la realidad

los elementos de voluntad política

necesarios para vencer el miedo y

favorecer la participación.

(P) ¿La presencia de tres nuevos partidos en el espectro político de México, atomizará el voto?

(R) A lo largo de los años, especial-

mente tras las reformas políticas de

1977 y 1989 el sistema político mexi-

cano ha tenido puertas abiertas a las

nuevas expresiones partidarias. De

hecho, varios partidos se han man-

tenido en el el sistema gracias a esas

oportunidades, y también hay que

decir que muchas organizaciones

cívicas que pretendían convertirse

en partido no lograron el apoyo elec-

toal indispensable para lograrlo. Las

nuevas reglas electorales, especial-

mente las relacionadas con coalicio-

nes, serán una buena ocasión para

que todos los partidos, con regitsro

o en busca de él, acrediten efectiva-

mente el sustento electoral propio

con el que cuentan.

(P) Estas elecciones serán las más complejas y costosas. ¿Cree usted que está justificado este nivel de gasto en un proceso electoral, donde la mayor parte se la lleva el financia-miento a los partidos políticos?

(R) En México pasamos de un esque-

ma de financiamiento no regulado

a un sistema de financiamiento

de partidos predominantemente

público, desde 1994. Cuando se tomó

esta decisión se dijo que ello era

necesario precisamente para blindar

a los partidos de las posibilidades

de captura por agentes económicos

o políticos indeseables (los factores

reales de poder, el crimen organiza-

do). El debate sobre el costo de las

elecciones debe darse retomando

esos argumentos y revisando la com-

binación financiamiento público y

privado. En todo caso, la ventana

política y legal para realizar esa rfor-

ma será el primer año de la próxima

legislatura.

(P) También los comicios del próximo año tendrán desafíos con el nuevo mo-delo fiscalizador sobre ingresos y egre-sos de partidos y candidatos. ¿Cuál es su opinión sobre el particular?

(R) Se trata de una reforma im-

pulsada por el PAN, porque no es

conveniente que algún candidato

articulistas

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o partido sea capaz de ganar una

elección “a billetazos”. Esto ha

sido posible a pesar de las reglas

que limitan el monto de gastos de

campaña porque el sistema de vigi-

lancia de esos gastos era débil y de

efectos extemporáneos. La reforma

actual robustece las capacidades

de fiscalización y le otorga a estas

reglas vigencia inmediata, al esta-

blecer un proceso de fiscalización

simultáneo y concominatente con

el ejercicio del gasto.

(P) En este 2015 habrá elecciones locales en 9 entidades federativas para gobernador y en 8 más de ca-rácter intermedio. ¿Considera usted que los cambios en la legislación electoral y la creación del INE con sus nuevas atribuciones, lesionan el federalismo electoral al quitarle atribuciones a los Organismos Públicos Locales Electorales?

(P) Las elecciones locales repre-sentan la renovación política en los estados. ¿Tiene su partido alguna estrategia específica para la participación electoral de mujeres y jóvenes?

(R) El PAN ha sido desde hace muchos

años el partido que incorpora el ma-

yor número y porcentaje de mujeres

en el Congreso de la Unión y realiza

todas las acciones necesarias para in-

corporar candidatas en candidaturas

competitivas, para no sólo cumplir

con los requisitos legales vigentes,

sino para impulsar realmente el

papel de la mujer en la vida cívica, el

servicio público y la política. Por lo

que hace a los jóvenes, el partido ha

mantenido un espacio muy activo e

importante en las estructuras parti-

drias para los jóves. Acción Juvenil

tiene una vida institucional muy

intensa en el PAN.

(P) Finalmente: ¿Cuál será la propuesta federalista de su partido a nivel federal y local?

(R) Entre otras propuestas, la

Plataforma propone reformar los

artículos 115 y 116 constituciona-

les para fortalecer las capacidades

institucionales de los municipios en

materia de seguridad pública, y para

establecer esquemas subsidiarios

para que la federación y los esta-

dos contribuyan al fortalecimiento

institucional de los municipios y los

apoyen en el cumplimiento de todas

sus funciones, sin desplazarlos y

anularlos, como pretende la iniciati-

va de contrarreforma constitucional

a los artículos 115 y 116 presentada en

diciembre de 2014 por el titular del

Ejecutivo.

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título: al son de la guitarra

autor:Lourdes Berbeyer

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ARTICULISTAS

l nuevo marco normativo

electoral pretende dar

certeza y confiabilidad

a los resultados de las

urnas, disminuir las

controversias y generar

confianza en el Instituto Nacional

Electoral (INE), afirmó Luis Castro

Obregón, Presidente del Partido

Nueva Alianza (PANAL). Sin em-

bargo, cuestionó que las atribu-

ciones que se le otorgan a la nueva

autoridad electoral sobre los

Organismos Públicos Locales Elec-

torales (OPLE´s) en las elecciones

estatales, “trastoca el federalismo

electoral y la oportunidad de que

los estados sean tratados con ma-

durez política y democrática”.

En respuesta al cuestionario

que le presentó EL FEDERALISTA

sobre las elecciones del próximo

7 de junio, Castro Obregón al

precisar su opinión sobre esas

atribuciones que tiene el INE en

los casos de conflictos electora-

les en las entidades federativas,

puntualizó: “Existe un impacto

negativo al federalismo electoral

e incertidumbre que el INE ya está

resolviendo mediante reglamentos

y acuerdos”.

Luego de vaticinar que Nueva

Alianza mantendrá el registro

como partido político, no obstante

que se subió el porcentaje míni-

mo de dos al tres por ciento de la

votación nacional, reconoció que

la participación de tres nuevos

partidos en el proceso electoral,

“necesariamente existirá una

mayor distribución del voto”; sin

embargo, “la diversidad política

debe verse como un activo”.

Debe recordarse que Nueva

Alianza obtuvo en la elección federal

de 2012 un millón 150 mil 662 sufra-

gios, cifra que le permitió conservar

su registro como partido político

nacional. En 2015, tendría que lograr

un millón y medio de votos.

En otro tema, Luis Castro

Obregón, catedrático de varias uni-

versidades y licenciado en Ciencia

Política y Administración Pública,

adviertió que el caso Iguala podría

algunas atribuciones del INE sobre los OPLE´s, trastoca el federalismo electoral

eLa creación del INE fue entre

otros argumentos por la creencia

de que los gobernadores

influenciaban en las decisiones

de los institutos estatales

electorales, sin embargo

esto trastoca el federalismo y la oportunidad de

que los estados sean tratados con madurez política y

democrática

la nueva legislación electoral disminuirá las controversias y dará certeza y legalidad a los comicios: Luis Castro Obregón

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generar “un efecto negativo en la

participación electoral” del 7 de

junio.

Asimismo, señaló que “apoyar

el federalismo es también crear

lineamientos generales para las

32 entidades federativas sobre el

uso y mecanismos para solicitar

deuda pública; esto fortalece los

presupuestos estatales y genera

certidumbre sobre los Gobiernos

Locales”.

TexTo ínTegro del cuesTionario:

(P) ¿Cuál es su visión sobre las elec-ciones federales de junio de 2015 para renovar la Cámara de diputados, a la luz de la nueva legislación electoral y la conducción del proceso a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE)?

(R) * Las nuevas reglas del juego es-

tán a prueba en el presente proceso

electoral. Cabe señalar que la última

reforma fue hecha a petición de

los partidos tradicionales perdedo-

res, quienes incluso invadieron las

atribuciones de los estados para jus-

tificar sus derrotas electorales. Este

nuevo marco normativo pretende

nuevamente, dar certeza y confiabi-

lidad a los resultados, disminuir las

controversias y generar confianza en

la autoridad electoral.

• El establecimiento para todo el

país de una jornada electoral única,

permite establecer una planeación

electoral nacional y local, coordi-

nada para los partidos políticos. La

atención del elector en un periodo

único, al coincidir elecciones en 17

entidades federativas y el federal;

generará una mayor participa-

ción que en las pasadas elecciones

intermedias federales, en dichas

entidades.

• El criterio establecido para

tener el tres por ciento de votación y

así mantener el registro de partidos

políticos no será un obstáculo para

que Nueva alianza mantenga su

presencia en el Congreso, sin embar-

go es un intento de los partidos del

siglo pasado para crear un oligopolio

de partidos políticos. En las opcio-

nes políticas distintas a los partidos

tradicionales converge cerca del 20%

del voto ciudadano.

• La creación del INE fue entre

otros argumentos por la creencia de

que los gobernadores influenciaban

en las decisiones de los institutos es-

tatales electorales, sin embargo esto

trastoca el federalismo y la oportuni-

dad de que los estados sean tratados

con madurez política y democrática.

Es riesgoso que algunos parti-

dos del siglo pasado, cuestionen la

designación de los consejeros de los

OPLE´s, siendo que ellos aprobaron los

nuevos mecanismos de selección de la

autoridad electoral en los estados.

(P) ¿Qué tipo de “blindaje” adoptará su partido para evitar que el crimen organizado financie campañas e infiltre candidatos a cargos de elección popular?

(R) Se realizará un análisis exhaustivo

de la trayectoria partidista del candi-

dato, agregando la carrera en el ám-

bito público y en la iniciativa privada.

La trayectoria será pública a través de

los mecanismos de transparencia con

los que cuenta el partido.

Se solicitará a la PGR y las pro-

curadurías estatales, información

respecto a si los candidatos a elección

federal y local pudieran estar suje-

tos a investigación en curso. Todos

los candidatos federales o locales

presentarán su declaración patrimo-

nial que será informada al interior de

partido, no será pública por razones

de seguridad.

Asimismo, se evaluará la viabili-

dad de realizar exámenes de confian-

za a todos los aspirantes a candidatu-

ras, previo consentimiento.

(P) ¿Desde la perspectiva de su partido, cuál cree que será el efecto electoral del caso Iguala y la desaparición de normalistas en Ayotzinapa?

articulistas

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(R) La ausencia de seguridad cues-

tiona la percepción que el ciudadano

tiene de la democracia y en especial

del papel de los gobiernos y los par-

tidos políticos, por lo que se puede

esperar un efecto negativo en la

participación electoral.

Las elecciones son un mecanismo

de evaluación de los gobiernos y gru-

pos legislativos por lo que el ciudada-

no tendrá que considerar estos casos

en la reflexión y sentido de su voto.

El Estado mexicano debe cumplir

su misión de concluir las investi-

gaciones, hacer justicia y ejercer

sanciones severas contra los respon-

sables y los cómplices, sin excepción

ni encubrimiento. Es legítima la

exigencia de justicia, de que no haya

impunidad, de que concluyan las

investigaciones y de que no quede

nadie sin castigar, y toda esa energía

sea canalizada para transformar

las instituciones por la vía pacífica,

mediante nuevas leyes.

No obstante, resulta contrapro-

ducente exigir justicia de manera

violenta o que haya quien pretenda

sacar provecho político de esta si-

tuación, y de ahí que Nueva Alianza

le apuesta a la transformación de

México por la vía institucional.

(P) ¿Cuál es su expectativa en cuanto a abstencionismo y si habrá diferen-cias regionales marcadas?

(R) En elecciones intermedias pasa-

das han existido importantes dife-

rencias regionales en la participación

y/o abstencionismo. Es de esperarse

que en nueve entidades federativas

que tienen elección a gobernador

existe una mayor participación

ciudadana que en aquellas donde

solo habrá elecciones para renovar la

cámara de diputados federal.

En las últimas elecciones interme-

dias la participación ha tenido las

siguientes cifras: en el 2003 de 41%; y

en 2009 del 44%.

Nueva Alianza será un factor que

estimule la participación electoral, es

un ejercicio democrático en el que de-

bemos expresar el país que queremos

en el futuro, por lo que sería deseable

tener una participación que rebase

el 52%.

A nadie beneficia que se inhiba

el voto y la participación política de

la ciudadanía. Nosotros seremos

promotores del voto.

(P) ¿La presencia de tres nuevos partidos en el espectro político de México, atomizará el voto?

(R) En primer lugar, le damos la

bienvenida a los nuevos partidos, son

los ciudadanos los que decidieron que

ARTICULISTAS

existieran estas tres nuevas opciones

políticas y electorales, y serán ellos

quienes decidan cuáles se quedan.

Al existir tres nuevos partidos

necesariamente existirá una mayor

distribución del voto. Esta mayor

distribución no necesariamente tiene

que verse reflejada en diez visiones

distintas en el congreso.

Nueva Alianza en particular, ha

sido un partido que ha construido

mayorías en el congreso federal y en

las instancias locales. Para enfrentar

los retos de nuestro tiempo, se re-

quiere de distintos enfoques resolver

los problemas, por lo que diversidad

política tiene que verse como un acti-

vo, más aún cuando entre la plurali-

dad se construyen consensos.

La atomización no necesariamen-

te genera ingobernabilidad.

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(P) Estas elecciones serán las más complejas y costosas ¿Cree usted que está justificado este nivel de gasto en el proceso electoral, donde la mayor parte se la lleva el financiamiento a partidos políticos?

(R) Este es uno de los tantos pen-

dientes de nuestro sistema electo-

ral. Todos los partidos tenemos que

reducir los gastos, innovar en los

mecanismos de promoción del voto

e incentivar las economías escala,

sumando los procesos electorales

federal y locales. Los partidos del

siglo pasado absorben la mayor

parte del presupuesto a partidos,

por lo que es un tema que debe de

plantearse.

Sin embargo, la satanización

del gasto electoral no nos puede

llevar a extremos, la lógica del

sistema electoral mexicano busca

que la participación ciudadana

no dependa del dinero privado

y por otro lado que existan

condiciones de equidad entre

competidores. El gasto

electoral mejora la compe-

tencia electoral.

Quienes aspiren

a ser candidatos a

diputados federales

podrán gastar hasta

224 mil 74 pesos durante

las precampañas, lo que implica

un incremento del 37 por ciento

con respecto a lo autorizado en la

elección de 2012.

EL INE estima que se podrían

registrar dos precandidatos por

cada uno de los diez partidos polí-

ticos con registro nacional. Para la

elección de 300 diputados de mayo-

ría relativa, se estaría hablando de

seis mil precandidatos que en con-

junto podrían gastar un máximo de

mil 344 millones 444 mil pesos.

Ese dinero puede provenir de

las prerrogativas que reciben los

partidos del Estado y de recursos

privados que consigan los propios

precandidatos. Los precandidatos

independientes no gozan de dichas

prerrogativas.

Estamos todos obligados a cumplir

con la ley y para ello son necesarios

mecanismos efectivos de fiscaliza-

ción, transparencia y rendición de

cuentas.

(P) También los comicios del próximo año tendrán desafíos con el nuevo modelo fiscalizador sobre ingresos y egresos de partidos y candidatos ¿Cuál es su opinión sobre el particular?

(R) Para llegar a este punto en los

sistemas de fiscalización, hemos

pasado por rebase a los topes de

gastos en las campañas políticas.

Nueva Alianza es el partido que

menos observaciones tiene y que

menos multas ha tenido como con-

secuencia de los gastos de campaña.

Si bien los nuevos esquemas

permitirán tener información opor-

tuna sobre los montos y destino de

los recursos, tenemos que evitar

la burocratización del ejercicio del

gasto, que pudiera entorpecer a las

campañas electorales.

La fiscalización de los comi-

cios locales estará en poder de los

OPLEs, pero bajo criterios genera-

les del INE por lo que habrá una

estandarización.

Entre sus nuevas atribuciones,

al Consejo General del INE se le

otorgó la facultad para, en función

de su capacidad técnica y finan-

ciera, desarrollar, implementar y

administrar un Sistema en Línea

de Contabilidad de los partidos po-

líticos, así como establecer meca-

nismos electrónicos para el cumpli-

articulistas

13

ARTICULISTAS

miento de las obligaciones de éstos

en materia de fiscalización.

El nuevo diseño legislativo de

fiscalización en materia electoral

implica, primero la redefinición de

las competencias a nivel federal y

local; segundo, la transformación y

creación de instancias de ejecución y

supervisión de las actividades en ma-

teria de fiscalización; tercero, la mo-

dificación de los procedimientos para

rendir cuentas y de revisión por parte

de la autoridad. En conjunto, estas

transformaciones no sólo suponen el

tránsito hacia un nuevo diseño insti-

tucional sino el redimensionamiento

del volumen y alcances del trabajo a

realizar por las instancias encargadas

de fiscalizar las actividades de natu-

raleza electoral.

(P) En este 2015 habrá elecciones locales en nueve entidades federativas para gobernador y en ocho más de diputados locales y alcaldes. ¿Considera usted que los cambios en la legislación electoral y la creación del INE con sus nuevas atribuciones, lesionan el federalismo electoral al quitarles atribuciones a los Organismos Públicos Locales Electorales?

(R) Existe un impacto negativo al

federalismo electoral e incertidum-

bre que el INE ya está resolviendo

mediante reglamentos y acuerdos.

(P) Las elecciones locales re-presentan la renovación política en los estados ¿Tiene su partido alguna estrategia específica para la participación electoral de mujeres y jóvenes?

(R) Durante este año se renovó

el Movimiento de Mujeres y el

Movimiento de Jóvenes en Nueva

Alianza, contamos por primera

vez con representación de estos mo-

vimientos en todas las entidades

federativas.

Además, Nueva Alianza fue el

único partido que el pasado proceso

electoral cumplió desde un primer

momento con el criterio de la equi-

dad de género.

Somos el único grupo parlamen-

tario con el mismo porcentaje de

legisladores hombre y mujeres, y

nuestra militancia es mayoritaria-

mente de mujeres.

Es el único partido con presen-

cia en medios y campaña vigente

de equidad de género. En las próxi-

mas elecciones la participación de

jóvenes y mujeres seguirá siendo

indispensable.

(P) Finalmente ¿Cuál será la pro-puesta federalista de su partido a nivel federal y local?

(R) Tenemos que generar incenti-

vos para que estados y municipios

tengan la capacidad de cobrar

impuestos existentes y que esto

mejore sus finanzas públicas.

Apoyar el federalismo es tam-

bién crear lineamientos generales

para las 32 entidades federativas

sobre el uso y mecanismos para

solicitar deuda pública; esto for-

talece los presupuestos estatales

y genera certidumbre sobre los

Gobiernos Locales.

En resumen, Nueva Alianza

propone ofrecer al país una concep-

ción que, más que una suma o lista

de políticas públicas, implique una

visión general e integral. Confor-

mada, a su vez, por varios concep-

tos que aseguren: la competitivi-

dad integración de y la equidad en

la sociedad; la calidad de vida y

bienestar de toda la población y la

cohesión e la nación.

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l proceso electoral ya en

marcha y que culminará con

la votación del 7 de junio,

muestra características de

incertidumbre, toda vez que la

frialdad de las cifras que se registra no

necesariamente permite vislumbrar

resultados positivos históricos. Hay

inquietud social en México, problemas

nacionales, estatales y locales que

en absoluto se habían conjuntado en

la alborada de unos comicios donde

jamás concurrieron tantas elecciones

locales con una elección federal como

sucede ahora.

Lorenzo Córdova Vianello en su

carácter de Consejero Presidente del

Instituto Nacional Electoral, considera

que en muchos sentidos se tendrá el

proceso más grande de la historia de

México. Si de numeralia se trata sim-

plemente, es cierto. Casi 82 millones

de ciudadanos inscritos en la Lista

Nominal podrán emitir su voto en

aproximadamente 152 mil 500 casillas

distribuidas en todo el país –9 mil más

que hace tres años—para elegir a los

500 integrantes de la Cámara de Dipu-

tados y las autoridades en 16 entidades

federativas.

Siguen las cifras. Se tendrá que in-

sacular a 10.5 millones de ciudadanos

que serán capacitados; 2.5 millones

más que en 2012. La capacitación de

estas personas que se investirán de

autoridad electoral para el 7 de junio

estará a cargo de 33 mil 344 capacitado-

res asistentes y de 5 mil 666 superviso-

res electorales. Sí, será el proceso más

grande de la historia de México, tam-

bién, porque un millón 251 ciudadanos

tendrán los conocimientos necesarios

para asumir las funciones de autoridad

de casillas, una cifra inédita en la vida

electoral del país. Todo un reto, pero a

la vez toda una enorme incertidumbre.

Por principio, lo que se ha dado en

llamar el “proceso más grande de la

historia de México”, no deja en claro si

se le denomina así simplemente por

las cantidades ya aludidas o porque

también debe contemplarse que se pue-

de transformar –nadie lo desea y como

premonición de algo malo menos—en

el “proceso más grande de la historia de

México” en cuanto al abstencionismo;

en cuanto a sucesos electorales y poste-

lectorales que trastoquen la por hoy ya

quebrantada paz social.

Contenderán en los comicios

federales diez partidos políticos, lo que

resulta inédito y no precisamente una

mayor garantía de ejercitar el voto.

En cualquier ámbito se puede hacer el

siguiente ejercicio elemental: los nom-

bres de esos institutos políticos, y ya

e

Tres visiones sobre elecciones 2015

articulistas

incertidumbre en comicios de 2015POR IgNaCIO SaCHMaN TORRES

15

Tres visiones sobre elecciones 2015

a crisis estallada en el otoño

de 2014 no sólo reflejó de

golpe las carencias de un sis-

tema político hundido en la

putrefacción a consecuencia

de la corrupción, sino puso de ma-

nifiesto que todos los partidos son

iguales y ello es convicción plena de

la población.

No parecería haber salida de cara

a un proceso electoral que ahora se

renueva hacia los comicios de junio

próximo, cuando es evidente que los

siete institutos políticos en contien-

da cojean del mismo pie y babean

frente al panal de rica miel que el

INE oferta con dinero a manos llenas

disfrazado de participaciones para

que siga el festín.

Las cifras puestas a gusto del

consumidor son alarmantes y sólo

demuestran una misma considera-

ción: todos son iguales y no tienen

llenadera.

El PRI viene de hecho desde 1910

como continuador de los principios

de la Revolución, pero a partir de

la Constitución del 17 se institucio-

nalizó y surgió el grito popular de

“carrancearse” los presupuestos.

Siguieron en la misma consideración

pública todos los sucesivos presiden-

tes desde Obregón hasta Zedillo.

El PAN se hizo gobierno en el

año 2000 y a partir de ese momen-

to el pueblo advirtió que no habría

cambio ninguno sino al contrario en

materia de corrupción, habida cuen-

ta que de la pareja presidencial en

adelante no hubo límite a tropelías y

saqueos como bien se advirtió desde

el principio. Peor las cosas cuando

se “democratizaron” varios estados

y municipios, en tanto abusivos le-

gisladores azules reinventaron luego

negocitos como los “moches”, y así

seguimos hasta la fecha…

El PRD se apoderó del DF y

reinaguró -desde el viejo voto duro

tricolor- todos los manejos sucios

de prebendas y repartos en colonias

populares, pero también en delega-

ciones y dependencias desde donde

es posible saquear a los ciudadanos.

No sólo eso: al arribar como gober-

nantes a diversos estados llegaron a

extremos ominosos de asociarse con

mafias y delincuentes como se evi-

denció en Guerrero, dándose en con-

secuencia situaciones de extrema

gravedad como ahora padecemos.

Eso en cuanto los llamados tres

partidos grandes. Mas qué decir por

otra parte de la herencia familiar

de un partidillo como el Verde, que

de ecologista no tiene nada, y sólo

ha servido para enriquecer al hijo

del fundador y su cauda de amigos

que se hallaron de buenas a prime-

ras ante un negocio maravilloso,

lotería que vuelven a ganar cada

temporada de caza sobre todo ahora

que ligaron su primera gubernatura

y quieren más.

Peor las cosas con los tres parti-

dos menores, todos hijos de algún

iluminado que supo ver a tiempo

la ubicación del túnel de la mina y

cómo conservarla: tal es el caso del

Partido del Trabajo, fundado en los

años noventa y que no representa

nada pero cobra. O del ahora Movi-

miento Ciudadano, antaño Conver-

gencia, dedicado sólo a la búsqueda

de coaliciones para seguir amaman-

tándose y, más recientemente, con

lTodos son igualesPOR JaVIER LOZaDa LEON

no digamos sus abanderados, su línea

ideológica si la tuviera, sus propues-

tas. ¿Sabe alguien lo que es el Partido

Humanista, el Partido Encuentro

Social, Movimiento Ciudadano? Se

sabrá algo de Morena (Movimiento

Regeneración Nacional), pero no por

la esencia del nuevo partido, sino por

los desgastados desplantes del Peje.

Y del Partido Verde Ecologista por su

insulsa propaganda de que lograron la

pena de muerte, entre otras ñoñerías.

Los demás institutos políticos

(Nueva Alianza, Partido del Trabajo,

Acción Nacional y de la Revolución

Democrática) son más o menos

conocidos por su antigüedad y, en los

últimos tiempos, por los escándalos

internos y externos en que se han

visto envueltos. El Partido Revolucio-

nario Institucional no queda impolu-

to. Un ejemplo simple, su exdirigente

en el Distrito Federal Cuauhtémoc

Gutiérrez de la Torre, el líder de los

pepenadores y lo que sabe al respecto

la ciudadanía.

Todos estos elementos, quiérase

que no, van a ser factor que determine

lo que ocurrirá el 7 de junio. Un gran

reto para las autoridades será aplicar

las nuevas disposiciones legales

establecidas en la reforma política-

electoral. Y es que la consolidación

de la democracia se enfrenta a un

precario Estado de Derecho que gene-

ra condiciones adversas. Habrá que

contener la indignación que hoy se

vive en el país. Habrá que hacer una

labor pre-electoral intensa y propues-

tas políticas que motiven la participa-

ción ciudadana antes, en y después de

los comicios.

Es cierto, si bien las elecciones

no van a resolver los problemas que

tenemos, sí deben constituirse en un

mecanismo privilegiado mediante el

cual la inconformidad y la protesta

social se reflejen en una democracia

constitucional.

16

ENERO 2015ELFE

DER

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Nueva Alianza, el famoso Panal de

los maestros del SNTE con que Elba

Esther pretendía extender sus inver-

siones y la fuerza de su poder…

Es así que el Instituto Nacional

Electoral, aunque parezca increíble,

aprobó una bolsa para ellos que as-

ciende a un total de 5,356 millones.

Da risa la consideración del INE

de que esa cantidad incluye dinero

para actividades ordinarias hasta

por un monto de 3,909.5 millones

de pesos; para gastos de campaña

1,172 millones: para actividades

específicas como educación cívica

e investigación 117 millones; para

¡franquicias postales! 156 millones

y, para ¡¡franquicias telegráficas!!,

693,000 pesos.

El partido que más recursos re-

cibirá este año será el PRI, con 1,376

millones de pesos, lo cual bien puede

alcanzar para relojes nuevos.

Al PRI lo siguen el Partido Acción

Nacional (PAN), con 1,158 millones

de pesos, y el Partido de la Revolu-

ción Democrática (PRD), con 886.1

millones de pesos.

En cuarto lugar está el Partido

Verde Ecologista de México (PVEM),

aliado tradicional del PRI, con 444.7

millones de pesos.

A éste le siguen el Partido del

Trabajo (PT), con 389.7 millones

de pesos; el Partido Nueva Alianza

(Panal), con 371.2 millones de pesos,

y Movimiento Ciudadano (MC), con

368.4 millones de pesos.

Eso es en cuanto a cada uno de

los institutos políticos le correspon-

de por ley, aunque bien se sabe que

-para colmo- nadie respeta jamás los

topes de campaña.

Así que lo “mejor” de la época

de rapiña estaría por venir y, en tal

tenor, asoman ahora tres partidos

más con apetitos de hiena -(More-

na, Partido Humanista y Encuen-

tro Social)- toda vez que resulta

tentador advertir el tamaño de las

piñatas y la posibilidad de “pasar a

mejor vida” sin el menor rubor y sin

necesidad de morirse.

Para colmo, los tres nuevos parti-

dos políticos recibirán de inmediato

120.9 millones de pesos cada uno.

De siempre se manejó en el país

la seguridad de que “quien parte y

comparte se queda siempre con la

mejor parte”, pero nunca como ahora

surgieron riquezas tan notorias cuan-

to cínicas y cada vez más exacerbadas

del reparto de “utilidades”.

Los llamados partidos de opo-

sición se quejaron siempre de lo

mismo mientras sólo añoraron el

poder, pero más tardaron en llegar

que en servirse con el cucharón

hasta acabar con el cuadro. No sólo

eso: la moderna fauna nociva con

nuevas siglas -lo mismo de izquier-

da, derecha y también de centro- tra-

jo consigo herramientas modernas

de enriquecimiento obsceno cada vez

más insultante.

La cantidad de dinero que los

partidos reciben cada año se calcula

multiplicando el número de electores

por el monto del salario mínimo.

Los recursos que obtendrán

los partidos -distribuidos según el

porcentaje de votación que cada uno

consiguió en la pasada contienda

federal- servirán tanto para sus

actividades cotidianas como para las

campañas federales y locales de este

año, cuando se renovarán los 500

asientos de la Cámara de Diputados y

cientos de cargos en 17 entidades.

La mayoría de los comicios se

realizará el domingo 7 de junio, salvo

los de Chiapas, que se llevarán a cabo

en julio.

elecciones conflictivas e imprevisibles con visualización de elevado abstencionismo.Partidos y candidatos deberán revertir su desprestigio ante los electoresPOR JOSÉ NÚÑEZ RaMOS

as elecciones del próximo 7

de junio serán las más com-

plejas, difíciles, conflictivas

e impredecibles de que se

tenga memoria en Méxi-

co, debido a una serie de factores

negativos y a un entorno de violen-

cia, inseguridad, hartazgo social,

problemas económicos y la descon-

fianza y el repudio de mucha gente

hacia los partidos, los políticos y las

autoridades.

Se dirá que lo anterior es un esce-

nario pesimista y quizá exagerado,

pero la realidad es la realidad, según

los resultados de una encuesta sobre

el tema que levantó la empresa Grupo

de Comunicación Estratégica, en la

cual el rechazo y la condena a los par-

tidos, políticos y gobiernos registra

porcentajes elevados, lo mismo el

anuncio de que no se acudirá a las ur-

nas, es decir, se visualiza un elevado

abstencionismo.

Es cierto que no en todo el país se

sufre la agitación social y violencia

que se registra en Guerrero, Oaxaca y

Michoacán. Sin embargo, la vergüenza

l

articulistas

17

nacional de lo ocurrido en Iguala, será

seguramente uno de los temas más

recurrentes de la campaña electoral

de todos los partidos, lo cual volverá a

encender socialmente la protesta y la

indignación en todo el país, ya que es

un tema de contaminación social.

De esa manera, los comicios

programados para el primer domin-

go de junio podrían significar un

parteaguas de nuestra democracia,

en virtud de que estará en juego una

serie de valores cívicos y políticos y

un historial de apertura y práctica

democrática. Lo anterior, que ha cos-

tado sangre, esfuerzos, luchas patrió-

ticas y un difícil recorrido histórico,

podría ser pisoteado y lastimado por

la violencia de radicales, boicoteado-

res electorales y apátridas que sólo

defienden sus intereses y canonjías

gremiales, como es el caso de la CNTE

y otros grupos extremistas.

El terreno es fértil no solo para

la protesta y las manifestaciones,

sino para el boicot de los comicios,

como ocurre en Chilpancingo, Iguala

y otros municipios de Guerrero que

bajo la consigna de que si no apare-

cen vivos los estudiantes de Ayotzi-

mapa, no permitirán la realización

de las elecciones. Lo más probable,

como indica el sentido común y las

investigaciones de la PGR, el resul-

tado será, por desgracia, que los

normalistas fueron secuestrados,

asesinados, quemados sus cuerpos y

sus cenizas echadas al río San Juan.

Se ignora cuando la PGR hará el

anuncio oficial del final de la inves-

tigación, ya que se estará analizando

y ponderando qué fecha es la más

conveniente. Lo más probable y lógico

es que debe ser a la brevedad, ya que

no tiene sentido llegar al 7 de junio sin

dar por concluido este episodio terrible

y doloroso. Ahora bien, si el anuncio

se da a conocer cerca de los comicios, el

efecto negativo sería mayor.

Coincidentemente en estos comi-

cios intermedios se homologan la

renovación de la Cámara de Dipu-

tados del Congreso de la Unión (500

miembros) con la elección de nueve

gobernadores, 641 legisladores de 16

Congresos Locales, 887 alcaldes y sus

respectivos ayuntamientos, más de

400 presidentes municipales bajo el

sistema de Usos y Costumbres en Oa-

xaca, los integrantes de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal y los

16 Delegados Políticos de la Ciudad de

México.

Como puede observarse, es un

evento cívico-político muy importan-

te para el país y para nuestro sistema

democrático. Además, existen otros

elementos que resaltan la trascen-

dencia del mismo: casi 81 millones

de mexicanos integran el Padrón

Electoral Nacional (el más alto de

la historia de México); participarán

10 partidos políticos con registro

federal; existe nueva legislación

electoral y nueva autoridad, ya que

el Instituto Nacional Electoral (INE)

sustituyó al IFE; el INE tiene nuevas

atribuciones como la posibilidad de

atraer comicios locales en donde se

registren problemas serios; participa-

ción de candidatos independientes.

En paralelo, serán las elecciones más

caras de la historia y el número de

spots ascenderá a la escandalosa cifra

de 15 millones.

Los partidos políticos y los miles

de candidatos que participarán en los

multicitados comicios, tendrán la

difícil tarea de revertir esa seria ame-

naza del elevado abstencionismo que

se pronostica, mediante una serie de

acciones, tales como las siguientes:

los partidos deben nominar candi-

datos de alta calidad moral, a fin de

evitar que se infiltren políticos con

nexos con el crimen organizado; los

candidatos deben prometer lo que

puedan cumplir; respetar sus com-

promisos y trabajar a favor de sus

electores; respetar a los adversarios;

realizar una campaña electoral seria

y respetuosa y evitar las “campañas

negras”; evitar gastos onerosos y

actitudes prepotentes, etc.

Lo cierto es que existe en Mé-

xico un elevado desprestigio de los

partidos y de los políticos en gene-

ral -aunque existen excepciones-,

debido principalmente por actos de

corrupción, impunidad y abusos de

poder. Seguramente los electores les

cobrarán a los partidos la factura en

las urnas, por lo que se visualiza que

ninguno de los partidos se salvará, en

razón de lo cual resulta imprevisible

vaticinar cuál será el más dañado.

Los resultados del próximo 7

de junio marcarán un antes y un

después, ya que nuestra democracia

estará en juego y, por ende, el futuro

de nuestro país. De allí su importan-

cia y trascendencia.

título: Regreso a casa

autor:Lourdes Berbeyer

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ENERO 2015ELFE

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título: Quietzal, a dance to the gods

autor:Lourdes Berbeyer

articulistas

19

ARTICULISTAS

n este texto se abordan

problemas que he tratado

con más detalle en otros

trabajos (Singer 2013,

2014a, 2014b, 2005). El

objetivo es describir de

manera sucinta, los instrumentos

que se han diseñado para mejorar la

representación política indígena en

México y analizar los problemas que

aún se enfrentan para alcanzar una

representación política democrá-

tica que incluya a este importante

sector de la población.

acerca de la rePresenTación democráTicaEn un contexto democrático, una de

las funciones más importantes de la

representación política es condensar

y expresar la voluntad del pueblo.

Es a través de ella, que los distintos

intereses e identidades presentes en

la sociedad, forman parte de los pro-

cesos decisorios que se llevan a cabo

a su nombre; por ello, la represen-

tación política debe ser incluyente,

heterogénea y plural.

La calidad de la representación

democrática suele medirse en rela-

ción a la dinámica que se da entre

los poderes del Estado, así como

a la que compete a las institucio-

nes y mecanismos acordados para

conformarla. Igualmente, si la

representación democrática aspira

a actuar a nombre del pueblo, tam-

bién deben evaluarse los canales

con los que cuenta la ciudadanía

para su participación política,

los medios de que dispone para

controlar a sus representantes y la

confianza que le merecen. Por ello,

el hecho de que las elecciones se

celebren con regularidad y que los

representantes electos decidan so-

bre los asuntos de interés general

cumpliendo con las reglas estable-

cidas en las asambleas legislativas,

no es condición suficiente para

que la representación democrática

cumpla efectivamente su función.

De su calidad inclusiva, o por el

contrario excluyente, depende

en buena medida la efectividad

y legitimidad que alcancen las

“avances y pendientes de la representación política indígena en México”MTRa. MaRTHa SINgER SOCHETProfesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNaM

eLa reforma constitucional

en materia indígena del 2001 avanzó

muy poco en el cumplimiento

de esos acuerdos,

por lo que la participación

indígena en la esfera de la

representación política, en

sus distintos niveles,

nacional, estatal y

municipal, sigue siendo

a todas luces insuficiente

20

ENERO 2015ELFE

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ALI

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articulistas

decisiones que los representan-

tes toman a nombre del pueblo.

Numerosos estudios muestran que

en las democracias contemporáneas

tiende a abrirse una brecha entre

representantes y representados, lo

que en el caso mexicano se expresa

en falta de confianza y descrédito

hacia los políticos y las institucio-

nes. El desafío es entonces que las

decisiones no solamente se adopten

conforme al Estado de derecho, sino

que sean asumidas por los represen-

tados como propias.

En la historia de nuestro país,

el camino de la construcción de la

representación democrática, ha sido

arduo y complejo. Del sistema de

partido hegemónico se ha transi-

tado hacia un sistema de partidos

plural, y a pesar de que con frecuen-

cia los procesos electorales siguen

suscitando profundas controversias,

también se ha pasado de elecciones

sin competencia a elecciones cada

vez más competidas, con lo que ha

ganado pluralidad la representación

política. Sin embargo, aún se ad-

vierten limitaciones para la partici-

pación del conjunto de la ciudada-

nía en la toma de decisiones.

En una sociedad caracterizada

por la desigualdad y pobreza, como

la mexicana, es evidente que no

todos los ciudadanos tienen las

mismas oportunidades para ejercer

plenamente sus derechos. Además,

existen otras fuentes de exclusión,

ligadas a la ausencia de reconoci-

miento a las identidades colectivas,

que conduce a la discriminación en

la representación política.

Ciertamente, desde 1992, cons-

titucionalmente quedó establecido

que “La Nación mexicana tiene una

composición pluricultural susten-

tada originalmente en los pueblos

indígenas” (CPEUM, 1992, Artículo

4), a lo que se agregó con las cues-

tionadas reformas constitucionales

en materia indígena del año 2001:

“que son aquellos que descienden

de poblaciones que habitaban en el

territorio actual del país al iniciar-

se la colonización y que conservan

sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas,

o parte de ellas” (CPEUM, 2001,

Artículo 2).

A pesar del reconocimiento for-

mal de esta composición pluricultu-

ral de la Nación, uno de los mayores

rezagos en la representación política

sigue siendo la exclusión indígena.

De ahí que la vigencia del recla-

mo del derecho a la diferencia se

mantenga cuestionando tanto las

condiciones en las que los ciudada-

nos construyen y recrean sus iden-

tidades, como el margen con que

cuentan para su acción participativa

en los asuntos públicos.

las demandas indígenas de inclusión en la rePresenTación PolíTicaDesde los años noventa, se han

formulado distintas propuestas para

mejorar la representación indígena,

muchas de ellas experimentadas

con éxito en otros países, como el

establecimiento de una circunscrip-

ción plurinominal para garantizar la

participación indígena en la Cámara

de Diputados, la obligación de que

los partidos incluyan un mínimo de

candidatos indígenas en sus listas

para diputados de representación

proporcional, el diseño de distritos

electorales federales y locales que

propicien el acceso de indígenas a

cargos de elección popular, registro

de candidaturas ajenas a los parti-

dos, entre otras.

Un importante punto de par-

tida para caminar en ese sentido,

se recogió en los Acuerdos de San

Andrés sobre “Derechos y Cultura

21

ARTICULISTAS

Indígena”, firmados por el Gobierno

Federal y el Ejército Zapatista de

Liberación Nacional el 18 de enero de

1996, que debían enviarse a “las ins-

tancias de debate y decisión nacio-

nal”. Al respecto, en el Documento

2, apartado III se establecieron los

siguientes compromisos:

1. Ampliación de la participa-

ción y representación políticas.

Fortalecimiento municipal.

Es conveniente prever a nivel

constitucional los mecanismos

necesarios que: a) aseguren una

representación política adecuada

de las comunidades y pueblos

indígenas en el Congreso de la

Unión y en los congresos locales,

incorporando nuevos criterios,

en la delimitación de los distritos

electorales que correspondan a las

comunidades y pueblos indíge-

nas; b) permitan su participación

en los procesos electorales sin

la necesaria participación de los

partidos políticos; c) garanticen

la efectiva participación de los

pueblos indígenas en la difusión

y vigilancia de dichos procesos;

d) garanticen la organización

de los procesos de elección o

nombramientos propios de las

comunidades o pueblos indígenas

en el ámbito interno; e) reconocer

las figuras del sistema de cargos

y otras formas de organización,

métodos de designación de repre-

sentantes, y toma de decisiones

en asamblea y de consulta popu-

lar; f) establecer que los agentes

municipales o figuras afines sean

electos o en su caso, nombrados

por los pueblos y comunidades

correspondientes; g) prever en

la legislación a nivel estatal los

mecanismos que permitan la re-

visión y, en su caso, modificación

de los nombres de los munici-

pios, a propuesta de la población

asentada en las demarcaciones

correspondientes”. (Consultado

en Hernández y Vera, 1998)

No obstante, la reforma cons-

titucional en materia indígena del

2001 avanzó muy poco en el cum-

plimiento de esos acuerdos, por lo

que la participación indígena en la

esfera de la representación política,

en sus distintos niveles, nacional,

estatal y municipal, sigue siendo a

todas luces insuficiente.

la cuesTión indígena en los ParTidos PolíTicosEn consonancia con la Constitución

mexicana, los 7 partidos políticos na-

cionales reconocen en sus documen-

tos básicos el carácter pluricultural

de la Nación. Sin embargo, muy poco

han contribuido a la inclusión indí-

gena en la representación política.

Durante largo tiempo, el Partido

Revolucionario Institucional como

partido hegemónico, monopolizó la

relación con los pueblos indígenas y

mantuvo con éstos un control corpo-

rativo y clientelar, integrándolos en

su sector campesino.

22

ENERO 2015ELFE

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articulistas

Este partido cuenta con una Secreta-

ría de Acción Indígena dentro de los

comités directivos de las entidades

federativas y contempla en sus

documentos básicos la participación

indígena mediante usos y costum-

bres para la elección de sus comités

municipales y delegacionales. Así

mismo, establece la disposición de

promover la nominación de candi-

datos indígenas en demarcaciones

geográficas de mayoría indígena

(PRI, 2008).

El Partido de la Revolución

Democrática, también incluye la

participación indígenaen su estruc-

tura interna y en la designación de

candidatos, señalando expresamente

en sus estatutos que “garantizará la

presencia de los sectores

indígenas, migrantes, de la diver-

sidad sexual u otros en sus órganos

de dirección y representación, así

como en las candidaturas a cargos de

elección popular” (PRD 2011).

Por otra parte, mientras que el

Partido del Trabajo se manifiesta

en su programa de acción a favor de

terminar con la exclusión y opresión

de los pueblos indígenas, no estable-

ce mecanismos para incluir indíge-

nas entre sus candidatos. El partido

Movimiento Ciudadano, va un poco

más allá, declarándose a favor de

“proponer el establecimiento de una

legislación en la que se reconozcan

expresamente los derechos sociales,

económicos y políticos de los grupos

indígenas, con respeto a su organi-

zación política” (PMC 2002), pero es

ambiguo en cuanto al compromiso

que sostiene de nominar candidatos

indígenas.

Finalmente, tanto el Partido

Acción Nacional (PAN) como el

Partido Verde Ecologista de México

y el Partido Nueva Alianza, refie-

ren tangencialmente al carácter

pluricultural de la Nación y eluden

toda referencia a la promoción de

candidaturas indígenas.

La ausencia de un partido políti-

co nacional que reivindique específi-

camente los intereses indígenas en

México, puede ser explicada desde

múltiples ángulos, entre ellos,

la propia diversidad del mundo

indígena en el país, la dispersión

geográfica de las distintas etnias, las

prácticas clientelares y corporativas

a las que los pueblos indígenas han

estado sometidos, o incluso las di-

ficultades que existen para cumplir

con los requisitos que exigen las

normas para conseguir el registro

legal correspondiente.

Solamente un partido político

indígena, el polémico Partido de

Unidad Popular (PUP) en Oaxaca,

ha conseguido obtener registro

legal para actuar en ese estado.

Sus integrantes, pertenecientes al

Movimiento de Unificación y Lucha

Triqui (MULT) tuvieron que acudir

al Tribunal Electoral del Estado

de Oaxaca (el 10 de noviembre de

2003) demandando su derecho de

asociación, debido a que le fuenegada

la solicitud de registro presentada

ante el Instituto Estatal Electoral de

Oaxaca. Este partido que, como se ha

señalado, es de carácter estatal, ha

participado en diversas elecciones a

diputados locales y para concejales en

algunos ayuntamientos oaxaqueños,

pero su presencia es muy exigua por lo

que en contadas ocasiones ha logrado

algún triunfo electoral.

A pesar de las diferencias en el

trato a la problemática indígena en

los partidos nacionales, los resultados

electorales de los últimos veinte años

en los distritos de mayoría indígena

muestran que las preferencias electo-

rales se han diversificado, siguiendo

tendencias semejantes a las que se

observan en el resto del país. Sin

embargo es prácticamente inexis-

tente la identificación de los pueblos

indígenas con los partidos. También

en estos años han emergido nuevas

organizaciones indígenas que no solo

se mantienen distantes de éstos, sino

que incluso rechazan su actividad

parlamentaria.

Apenas en agosto de 2012, con las

reformas constitucionales en materia

político electoral, se abrió nueva-

mente la oportunidad para que los

ciudadanos sin recurrir a los partidos

puedan solicitar el registro de candi-

datos para competir en elecciones para

ocupar los cargos de representación

popular. Habrá que esperar algún

tiempo para poder valorar su impacto

en la inclusión indígena en la esfera

de la representación.

23

ARTICULISTAS

conformación de nuevos disTriTos indígenas

El 11 de febrero de 2005, el Ins-

tituto Federal Electoral concluyó

una nueva ordenación de distritos

electorales uninominales, dentro de

los 300 empleados para las elec-

ciones federales, con criterios que

privilegiaron la concentración de

población indígena dentro de ellos.

Hasta ese momento, la distritación

que había estado vigente desde 1996,

contemplaba 37 distritos ubicados

en regiones indígenas, incluyendo

“distritos indígenas” (con 30% o más

de población hablante de lengua

indígena) y “distritos eminentemen-

te indígenas” (que integraban 70% o

más de esa población).

En el ejercicio de redistritación

2004-2005, se distinguieron 28 dis-

tritos electorales indígenas (con 40%

o más de población indígena) distri-

buidos en once estados: Campeche,

1; Chiapas, 4; Guerrero, 1; Hidalgo,

2; Estado de México, 1; Oaxaca, 8;

Puebla, 3; Quinta Roo, 1; San Luis

Potosí, 1; Veracruz, 3 y Yucatán, 3

(Anexo 11 del Acuerdo CG28/2005).

En conjunto sumarían 9.3% de los

300 distritos uninominales, y sola-

mente son el 5.2% de las 500 curules

de la Cámara de Diputados. Por su

parte, las 5 circunscripciones pluri-

nominales no fueron modificadas.

Los criterios que se emplearon

para esta redistribución pasaron

por alto los cuestionamientos de los

pueblos indígenas a la distribución

municipal y privilegiaron las condicio-

nes técnicas por encima de las cultura-

les, por lo que en ocasiones incluyeron

en un mismo distrito diversas etnias,

dando lugar a conflictos intercomuni-

tarios. En términos de los beneficios

técnicos que se esperaba alcanzar, la

redistritación también arrojó deficien-

cias, como lo evidenciaron diversos

estudios, entre ellos el coordinado por

François Lartigue (Lartigue 2008: 13).

La redistritación atendió a cerca del

50% del total de la población indígena,

caracterizada por su concentración te-

rritorial, por lo que lejos de garantizar

equidad, produjo desigualdad de opor-

tunidades para el resto de la población

indígena dispersa a lo largo del país.

24

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

articulistas

Esta redistritación se ocupó para las

elecciones federales de 2006, 2009 y

2012, pero al no estar acompañada de

acciones afirmativas que obligaran

a los partidos a la postulación de

candidatos indígenas, no logró que

de los 28 nuevos distritos emanara

una mejor presencia indígena en las

Cámaras de Diputados y Senadores.

Por otra parte, la disposición

aprobada en 2005 para que los

mexicanos en el extranjero pudiesen

votar en elecciones presidenciales,

justificada entre otros

motivos para beneficiar a miles

de migrantes indígenas, no fue

exitosa ni en laselecciones de 2006

ni en las de 2012. En ambos casos, el

número de votos captados fue suma-

mente escaso.

Finalmente, cabe señalar que

aún no se cuenta con mecanismos

que aseguren una representación po-

lítica adecuada de las comunidades

y pueblos indígenas en los congresos

locales.

el reconocimienTo del sisTe-ma jurídico indígena Para la designación de auToridades municiPalesDesde que se aprobó la muy cues-

tionada reforma constitucional de

2001 en materia indígena, el Artícu-

lo 2o. reconoció por primera vez en

su inciso VII que las comunidades

indígenas podrán: “Elegir, en los

municipios con población indígena,

representantes ante los ayunta-

mientos”, pero también estableció

que “las constituciones y leyes de

las entidades federativas reconoce-

rán y regularán estos derechos en

los municipios, con el propósito de

fortalecer la participación y repre-

sentación política de conformidad

con sus tradiciones y normas inter-

nas” (CPEUM, artículo 2, apartado

A, inciso VII) , no obstante, esto no

ha ocurrido, salvo en pocas excep-

ciones y no en todos los casos ha

significado el reconocimiento de los

sistemas normativos indígenas o

“usos y costumbres” para designar

autoridades municipales.

Un primer obstáculo para el

cumplimiento de esta disposición

ha sido el lento proceso de armo-

nización de las constituciones y

leyes de los estados con respecto a

las disposiciones federales. Existen

todavía algunos estados que aún no

han hecho ninguna de las modifi-

caciones correspondientes en sus

normas. Además, dada la estructura

del pacto federal, en México rigen

distintos ordenamientos jurídicos

para cada estado de la federación,

lo que ha dado lugar a distintas ma-

neras en que se ha hecho efectivo, o

aún no, el todavía incipiente recono-

cimiento de los derechos indígenas

como el que se refiere a la elección

de autoridades municipales.

Otro problema que se advierte

es la distribución geográfica de la

población indígena. Según datos del

Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática (INEGI), de

los 2443 municipios existentes en el

año 2000, 98.8% (2413) contaban con

población indígena, pero solamen-

te 346 municipios (14.1% del total)

concentraban 70% o más población

indígena y 119 (4.8%) de 50% a menos

de 70% de población indígena (INEGI

2004: 9). La mayor concentración

de población indígena se registra en

ocho estados: Oaxaca, con 231 mu-

nicipios (de un total de 570); Yuca-

tán, 68 (de 106); Puebla, 44 (de 217);

Chiapas, 36 (de 118); Veracruz, 35 (de

212); Guerrero, 18 (de 81); Hidalgo, 12

(de 84) y San Luis Potosí, 11 (de 58),

(Hernández Díaz, 2002: 79).

Además de la dispersión indígena

en el territorio nacional y los flujos

migratorios obligados por la búsque-

da de mejores condiciones de vida,

como se advierte en los datos del

INEGI, los pueblos y comunidades

indígenas suelen no coincidir con las

demarcaciones municipales; la divi-

sión política de los estados de la fede-

ración produjo en muchos casos la

fragmentación de las comunidades,

convirtiéndolas en minorías dentro

del espacio municipal, mientras que

en otros casos dentro de un munici-

pio conviven comunidades cuya com-

posición étnica, prácticas religiosas

y organización política es distinta,

lo que no solo genera conflictos

intercomunitarios sino evidentes

dificultades para la traducción de su

participación electoral en represen-

tación política.

25

ARTICULISTAS

Solamente 11 estados de la Repúbli-

ca han establecido procedimientos

para incluir de alguna manera a la

población indígena en la esfera de la

representación política municipal:

San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz,

Querétaro, Puebla, Campeche, Tlax-

cala, Sonora, Chiapas, Guanajuato

y Oaxaca. Es importante señalar

que tres estados, Yucatán, Guerrero

e Hidalgo, a pesar de su numerosa

población indígena, no disponen de

instrumento alguno en ese sentido.

En la mayoría de los casos se trata

de instrumentos muy poco eficientes.

En San Luis Potosí, la Ley Electoral

prevé únicamente la recomendación de

que para la renovación de ayuntamien-

tos, los partidos políticos incluyan en

sus planillas a miembros de las comu-

nidades indígenas del municipio.

En otros casos, como los de

Tabasco, Veracruz o Querétaro, sus

leyes electorales sólo establecen la

obligación de los partidos políticos de

promover una mayor participación

de los indígenas en la vida política

del Estado, así como de las mujeres,

jóvenes, adultos mayores y grupos

vulnerables, a través del respaldo de

su eventual postulación a cargos de

elección popular.

En Puebla la norma es aún más

ambigua, ya que su código electoral

solamente enuncia que pueden exis-

tir municipios donde “el candidato

de los partidos políticos se determi-

ne mediante el método de usos y cos-

tumbres”, (CIPEP, artículo 200bis.

apartado B, inciso IV) sin establecer

cuáles son esos municipios, ni como

se da la relación entre las comunida-

des y los partidos políticos.

Por otra parte, se encuentra

el caso de Campeche, en donde se

reconocen sistemas normativos in-

ternos de los pueblos y comunidades

indígenas, pero no para el ámbito

municipal, sino solamente para

los procedimientos propios de las

comunidades y para la conformación

tanto del Gran Consejo Maya, que

funciona como órgano colegiado de

representación del pueblo Maya en

el propio estado, como del Congreso

Maya (en el que participan miem-

bros de diversos estados).

En otros casos los “usos y

costumbres” han sido reconocidos

como procedimientos legítimos

para la elección específicamente de

autoridades municipales, aunque

la mayoría de las veces se trata de

autoridades que tienen solamente

carácter auxiliar.

Tlaxcala fue la primera entidad

de la República en introducir un sis-

tema de representación de ese tipo.

Desde 1985, a los regidores electos

bajo el principio de mayoría relativa

y de representación proporcional se

añadieron los regidores de pueblo

electos bajo el “principio de repre-

sentación comunal y territorial”

(Olmedo 1999:4).

Más adelante, en 1995 se introdu-

jo en la Constitución de Tlaxcala la

figura de presidente de comunidad

para poblados distintos a la cabecera

municipal con más de mil habitan-

tes, cuya elección se hace conforme

al sistema de “usos y costumbres”.

De acuerdo al Catálogo elaborado por

el Instituto Electoral de Tlaxcala de

2006, en 98 comunidades se eligen a

presidentes de comunidad por este

medio, distribuidos en 24 de los 60

municipios que existen en la entidad

(Espinoza, 2006:8).

Las presidencias de comunidad

funcionan en esta entidad como

órganos desconcentrados de la ad-

ministración pública municipal y se

eligen cada tres años, en la misma

fecha de la elección del ayuntamien-

to, con la asistencia técnica, jurídica

y logística del Instituto Electoral de

Tlaxcala (en el que no hay represen-

tación indígena).

Con menor peso político, en So-

nora, también se contempla la incor-

poración de la población indígena en

la estructura de la organización mu-

nicipal, a través de la figura de regi-

dor étnico (y su suplente) designado

conforme a los “usos y costumbres”.

En este caso, el Consejo Electoral se

constituye en autoridad decisoria,

por encima de la comunidad, cuando

existen controversias.

Un procedimiento distinto para

procurar la representación indígena

en el ámbito municipal es el que se

ha establecido en Chiapas. Ahí, el

Código de Elecciones y Participación

Ciudadana establece que: “En los

distritos y municipios con población

26

ENERO 2015ELFE

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X

articulistas

predominantemente indígena, los

partidos políticos deben preferir

como candidatos, a ciudadanos in-

dígenas, previo proceso de selección

interna respetando sus tradiciones,

usos y costumbres, y que en las

planillas para la integración de los

Ayuntamientos, la población indíge-

na de esos municipios esté propor-

cionalmente representada” (CEPC,

artículo 69, inciso XV)

En Guanajuato, una reciente Ley

para la Protección de los Pueblos y

Comunidades Indígenas (promul-

gada el 14 de marzo de 2011) plantea

que se debe propiciar el acercamien-

to entre la población de las comuni-

dades indígenas y el ayuntamiento,

pero no se han establecido los meca-

nismos para ello.

Es sin embargo Oaxaca, donde

la representación indígena a nivel

municipal se ha desarrollado de

mayor manera. Este caso cobra espe-

cial interés dado que involucra a la

mitad de los habitantes del estado1,

a 15 de los 56 grupos etno- lingüísti-

cos que se reconocen en México y a

la peculiar división administrativa

y territorial de Oaxaca que con 570

municipios, representa casi un cuar-

to del total de municipios del país.

No obstante las deficiencias que

algunos especialistas han detectado

en el funcionamiento de las elec-

ciones por “usos y costumbres” en

esta entidad, siguiendo al abogado

indígena Hugo Aguilar, las reformas

legales han propiciado un cambio en

la relación del Municipio con el Es-

tado, así como el freno del abuso de

los partidos sobre las comunidades

y pueblos indígenas basado en las

negociaciones para el lanzamiento

de candidaturas indígenas (Aguilar

2010: 114).

Con ello, en no pocas ocasiones

las comunidades han revitalizado

sus formas de participación y repre-

sentación, ampliándolas a sectores

que habían permanecido excluidos.

Ello dio también lugar a la renova-

ción de los juegos internos de poder

y al avance de los proyectos comuni-

tarios y autonómicos. El cambio ope-

rado a nivel local, también produjo

una mayor participación indígena

en las elecciones tanto a nivel estatal

como federal y una mayor pluralidad

y competencia electoral en ellas

Según datos del Censo General de

Población y Vivienda levantado por

el Instituto Nacional de Geografía e

informática en el año 2000, de 3.5

millones de habitantes en Oaxaca,

37% son hablantes de lengua indíge-

na; según estimaciones del Consejo

Nacional de Población, la población

indígena de Oaxaca representaba en

2000 el 55.7% del total en ese estado

(CONAPO 2005:18).

Ciertamente las elecciones por

derecho consuetudinario no han es-

tado ajenas a los conflictos e incluso

eventualmente a la violencia. En

algunos otros casos las comunidades

han seguido sujetas a grupos do-

minantes y caciques que controlan

los procesos internos, excluyendo a

los opositores de las decisiones y la

participación. En otros, las eleccio-

nes por “usos y costumbres” han

permitido preservar las relaciones

clientelares y de control político que

a través del PRI se construyeron du-

rante largo tiempo (véase al respecto

Recondo 2007a).

Uno de los grandes pendientes

que ha dejado sin resolver este siste-

ma electoral, pero también el régi-

men electoral de partidos políticos

(en Oaxaca y en el resto del país)2,

es la muy baja participación y en

ocasiones exclusión de las mujeres

de los procesos para designar a las

autoridades de gobierno.

Por su parte, esta organización

electoral también ha generado

nuevos problemas, derivados de la

recomposición de fuerzas locales,

del reacomodo del control caciquil

y de las relaciones clientelares

preexistentes; del manejo de los

recursos asignados por la federación

a los municipios; de los conflictos

entre la cabecera municipal y las

agencias municipales y de poli-

cía; de los casos en que se generan

conflictos entre habitantes del

municipio que no pertenecen a la

comunidad (avecindados) y quienes

si forman parte de ella; de la lucha

por la participación de “el promedio

nacional de presidentas municipales

es de 3.5%, en Oaxaca representa tan

sólo 1.9%. Por lo que respecta a cargos

menores dentro de la estructura

municipal, como las síndicas, el pro-

1 según datos del censo general de población y vivienda levantado por el instituto Nacional de geografía e informática en el año 2000, de 3.5 millones de habitantes en oaxaca, 37% son hablantes de lengua indígena; según estimaciones del consejo Nacional de población, la población indígena de oaxaca representaba en 2000 el 55.7% del total en ese estado (coNapo 2005:18).

2 “el promedio nacional de presidentas municipales es de 3.5%, en oaxaca representa tan sólo 1.9%. por lo que respecta a cargos menores dentro de la estructura municipal, como las síndicas, el promedio na-cional es de 11.5%, en tanto que en el caso de oaxaca representan úni-camente 1.6% del conjunto en dicho cargo; mientras, las regidoras, que en el ámbito nacional representan 28%, significan escasamente 6.4%. en el análisis de estas cifras es necesario considerar, sin embargo, que el número absoluto de regidoras en oaxaca no es el más bajo del país, como Baja california, donde hay apenas seis regidoras de un total de 17 y representan 35.3%, mientras que en puebla, la entidad federativa con mayor número de regidoras (509), el porcentaje es de 29% del total estatal” (Bonfil 2008: 106).

27

ARTICULISTAS

medio nacional es de 11.5%, en tanto

que en el caso de Oaxaca representan

únicamente 1.6% del conjunto en

dicho cargo; mientras, las regidoras,

que en el ámbito nacional repre-

sentan 28%, significan escasamente

6.4%. En el análisis de estas cifras es

necesario considerar, sin embargo,

que el número absoluto de regidoras

en Oaxaca no es el más bajo del país,

como Baja California, donde hay

apenas seis regidoras de un total de

17 y representan 35.3%, mientras que

en Puebla, la entidad federativa con

mayor número de regidoras (509), el

porcentaje es de 29% del total esta-

tal” (Bonfil 2008: 106).

La conflictividad electoral en

municipios regidos por “usos y cos-

tumbres” ha generado una compleja

realidad, a la que las instituciones

encargadas de velar por los procesos

electorales se han enfrentado con di-

ficultades. En primer lugar, porque

no existen principios constituciona-

les y bases legales suficientes para el

desarrollo de los derechos reconoci-

dos a las comunidades y la escueta

reglamentación existente no prevé

eficientemente los mecanismos de

resolución de conflictos. En segundo

lugar, por la dificultad que implica

reglamentar esos procedimientos

que son orales y variables.

Establecer bases legales y prin-

cipios constitucionales significaría

necesariamente incluir la participa-

ción de los propios interesados en su

diseño, e impedir que los derechos

colectivos sean desvirtuados. Im-

plicaría también establecer normas

sustantivas, procesales y autorida-

des con base en los principios del

sistema normativo indígena, de

carácter general. Ello permitiría pre-

servar la diferencia que caracteriza

las formas que adopta este sistema

en las distintas comunidades, así

como contar con “criterios mínimos

para determinar cuándo no se han

cumplido determinadas normas o se

ha violentado el funcionamiento de

las instituciones comunitarias como

la asamblea” (Aguilar 2010: 117).

Por otra parte, la diversidad de

aproximaciones con las que las cons-

tituciones de los estados atienden a

la problemática indígena, ha gene-

rado un escenario de desigualdad al

que deben enfrentarse las comuni-

dades indígenas que están dispersas

a lo largo del país.

Más aún, en los hechos, se

ha dado lugar a la existencia de

autoridades paralelas a la autoridad

municipal estatal. En otras ocasio-

nes, ha motivado a que las comu-

nidades indígenas desconozcan las

elecciones realizadas por el régimen

de partidos políticos y decidan

actuar por cuenta propia. Este es el

caso de la Juntas de Buen Gobierno y

municipios autónomos zapatistas en

Chiapas, que se han replicado en al-

gunos otros estados (véase al respec-

to, entre otros, Hernández Navarro

2007 y Vera 2007). En el caso más re-

ciente, en el municipio de Cheran en

Michoacán, la comunidad purépe-

cha se ha manifestado públicamente

demandando el respeto al artículo

2 de la Constitución mexicana y por

tanto ha decidido desconocer las

elecciones por partidos y celebrar las

elecciones municipales, respetando

sus “usos y costumbres”.

En la arena de participación

electoral que compete al nivel

municipal, como se ha revisado,

solamente algunos cuantos estados

de la República con sus legislaciones

han avanzado en la participación

indígena en la vida política munici-

pal, por lo que todavía una amplia

proporción de la población indígena

del país se encuentra excluida del

acceso a esta forma de participación

y a ejercer el derecho establecido en

el antes mencionado Artículo 2 de

la Constitución. Por otra parte, aún

suponiendo que se hubiera acatado

en todas las entidades federativas lo

que dispone la fracción VII del Artí-

culo 2o. de no modificarse el diseño

actual de las demarcaciones munici-

pales, como lo ha demandado el mo-

vimiento indígena, seguirá siendo

poco probable garantizar la interven-

ción indígena en las decisiones de

estos espacios, que como refieren los

datos del INEGI representan 98.8 del

total de municipios del país.

Por último, cabe señalar que el

reconocimiento del carácter pluricul-

tural de la Nación obliga a adecuar el

marco jurídico a esa condición, dado

que actualmente se siguen privile-

giando los principios y derechos del

individuo frente a los de las colecti-

vidades. Esto significa construir lo

que se ha denominado pluralismo

jurídico, apoyado en los avances que

en la materia se han plasmado en la

legislación y en las normas interna-

cionales existentes. La tarea no es

sencilla y requiere tanto de voluntad

política, como de la mera aplicación

del Estado de Derecho.

28

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

título: Libertada

autor:Lourdes Berbeyer

articulistas

29

ARTICULISTAS

l filósofo e historiador

mexicano Miguel León-

Portilla refirió que al

conmemorar los 23 años de

existencia del Instituto Fe-

deral Electoral (IFE), volvió

a anunciarse que esa importante cor-

poración iba a cambiar su nombre.

Hubo al menos un consejero que se

manifestó con extrañeza, expre-

sando que, si el IFE había alcanzado

importantes logros, reconocidos por

la mayoría, ¿por qué ahora se iba

alterar su nombre?

Cuando se introduce un cambio

en el nombre de una institución, se

procede así porque suele pensarse

que el hasta entonces vigente es in-

adecuado por una o varias razones.

Por el contrario, si no hay razón

clara para introducir un cambio,

suele pensarse que hay otros géneros

de motivos para efectuarlo. Estos

pueden ser de carácter ideológico, de

motivaciones políticas, o de afanes

de innovación protagónica. Esos

cambios han afectado a nombres de

ciudades y pueblos, a dependencias

gubernamentales e incluso a la no-

menclatura de calles y avenidas.

León-Portilla preguntó: ¿Qué

estamos ganando con la alteración

del nombre –INE por IFE--? Se busca

declarar que no fue atinado darle el

que tenía antes. ¿No vendrán con

esto confusiones y descrédito? ¿No

van a costar millones de pesos las

nuevas credenciales?

Y añade que al expresarse el

adjetivo Federal se está declarando

que es una institución cuya función

tiene que ver con las actividades

electorales en el ámbito pleno de un

Estado Federal. El adjetivo nacional

es verdad que se refiere a toda la

nación, pero no incluye la connota-

ción de una organización federal,

cosa muy significativa en los proce-

sos electorales cuando se denotan

sus alcances federales, estatales o

municipales.

Al respecto, de la reforma

constitucional en materia política

electoral, publicada el 10 de febrero

de 2014, destaca la transformación

del Instituto Federal Electoral (IFE)

Desafios para el Instituto Nacional Electoral

REDaCCIÓN DE EL FEDERaLISTa

eLa reforma electoral de

2014 en materia de género es

histórica en muchos sentidos

y será un parteaguas en sí mismo, por ello

es que desde las instituciones

se debe comprometer a

nutrir su espíritu de igualdad a través de

decisiones con perspectiva de

género

30

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

en una autoridad de carácter nacional:

el Instituto Nacional Electoral (INE).

El objetivo de las modificaciones

fue disminuir la injerencia de los go-

bernadores de las entidades federativas

en los procesos electorales locales;

incluso se pretendió la desaparición

de los  institutos estatales electorales.

Sin embargo sólo se logró que el INE

tuviera facultades para interferir en las

elecciones locales,  siempre y cuando

se declare el instituto estatal electoral

incapaz de llevar a cabo las  elecciones,

o en el caso de que lo soliciten los parti-

dos, por alguna inconformidad.

A pesar de las modificaciones,

seguirá existiendo la misma estructu-

ra del IFE, salvo que el INE adquirirá

nuevas tareas.  Además de organizar

los procesos electorales federales, se

coordina con los organismos electo-

rales locales para los comicios en los

estados.

Uno de los cambios logrados fue

que la designación de los nombra-

mientos de los consejeros electorales

ya no estará en manos de los congresos

locales, lo mismo aplica en el caso de

los tribunales electorales. Los tribuna-

les serán nombrados por la Cámara de

Senadores.

TransParenTar la vida PúblicaLorenzo Córdova Vianello, Conseje-

ro Presidente del INE, aseveró durante

la firma del convenio de colaboración

entre ese organismo y el Instituto

Federal de Acceso a la Información:

Estamos en el preludio de un nuevo

sistema nacional de transparencia y

estamos iniciando la conformación

también de un nuevo sistema nacional

de elecciones. La concepción de ambos

sistemas se sustenta en reformas

constitucionales que pretenden trans-

parentar la vida pública, evitar la dife-

renciación de criterios por parte de las

autoridades, homogeneizarlos pues,

en la aplicación de la ley, y también en

la potenciación del ejercicio de derechos

de los ciudadanos.

En la ceremonia cívica de inicio del

proceso electoral federal 2015-2015, sos-

tuvo que cada proceso electoral es una

oportunidad para que la democracia se

reitere como un ancla de estabilidad

política. En cada jornada electoral se

contribuye a la gobernabilidad y permi-

te que los poderes públicos se renueven

con equidad en elecciones libres y

auténticas.

equidad de géneroLorenzo Córdova expuso en el Foro

Paridad de Género y Procesos Electora-

les que las profundas transformaciones

que la reforma electoral impuso a la

organización electoral y, particular-

mente la obligación legal que ahora

tienen los partidos para impulsar

candidaturas en términos de paridad,

han propiciado nuevos desafíos para

las autoridades electorales. Uno de ellos

es encontrar el mecanismo que el INE

tendrá que instrumentar para verificar

que los partidos, además de cumplir

con la distribución de 50 por ciento de

candidaturas para mujeres y 50 por

ciento para varones, postulen a las

candidatas en distritos donde tengan la

posibilidad de triunfar, y no en lugares

en los que históricamente se carece de

respaldo electoral.

La reforma y en el INE –dijo-- que-

remos mujeres legisladoras y no sólo

mujeres candidatas, de ahí que la crea-

ción del Observatorio de Participación

Política de las Mujeres que fue creado

conjuntamente con el Tribunal Electo-

ral del Poder Judicial de la Federación

y el Instituto Nacional de las Mujeres,

constituye un esfuerzo para potenciar

el compromiso y atribuciones de cada

una de esas instituciones del Estado

Mexicano en favor de la participación

política de las mujeres.

El Observatorio se creó en el marco del

61 aniversario del reconocimiento de

la ciudadanía de las mujeres, pero va

mucho más allá. Con dicho Obser-

vatorio se sistematizará información

estadística que hoy está dispersa, que

facilitará diagnósticos precisos de lo

que está sucediendo con la inserción

de las mujeres en la vida pública. Los

diagnósticos no son meras cifras; pue-

den ser también una manera de crear

todos los contextos de exigencia para

mejorar en estos temas. Es uno de los

retos del INE.

La reforma electoral de 2014 en ma-

teria de género es histórica en muchos

sentidos y será un parteaguas en sí

mismo, por ello es que desde las insti-

tuciones se debe comprometer a nutrir

su espíritu de igualdad a través de

decisiones con perspectiva de género.

Para el INE --sostuvo su Presidente-- la

paridad de géneros es un compromiso

a seguir impulsando de manera trans-

versal en sus decisiones. Queremos

más mujeres legislando, no tan sólo

para cumplir con la ley, sino porque

estamos convencidos de que su visión

de la política y su forma de ver el país

enriquecerá las iniciativas del Poder Le-

gislativo. Queremos más legisladoras

y queremos más mujeres involucradas

en la vida pública, porque creemos que

la igualdad política es una condición

consustancial a la democracia.

Tareas de fiscalizaciónA decir del titular del INE, que expuso

en la reunión: La reforma electoral

y su impacto en el sistema electoral

mexicano, la reforma 2014 le impone

al INE nuevas atribuciones en una

lógica de reforzamiento de las tareas de

fiscalización; ahora se tiene que hacer

la fiscalización a partir de un sistema

articulado, a través de un sistema de

contabilidad en línea que implica una

especie de reporte en tiempo real de

los ingresos y gastos de los partidos

políticos. Se fortalecen las atribuciones

de fiscalización al dotar o volver a cons-

articulistas

31

truir una Comisión de Fiscalización de

la que la unidad en la materia consti-

tuyen una secretaría técnica, en fin,

y además –por supuesto- se reducen

los tiempos de la fiscalización misma,

bajo la lógica de poder tener elemen-

tos de la fiscalización que puedan ser

considerados al momento de calificar

las elecciones

El rebase de los topes de gasto

de campaña es ahora una causal de

nulidad de la elección. Pero bajo esta

perspectiva hay una gradualidad, y

la reforma se inscribe como un paso

adelante en la consolidación de la ins-

titucionalidad electoral o por ejemplo,

también, el de la materia de radio y

televisión que ahora se consolida, se

expande, por decir, la capacidad de

gestión del Instituto Nacional Elec-

toral, como autoridad encargada de

la administración de los tiempos del

Estado y de vigilar la observancia de

las prohibiciones, de las obligaciones,

y de las restricciones que existen en

esa materia, llevadas a la televisión

restringida y a lo que la tecnología ha

permitido, es decir, el multiflexeo a

partir de una misma señal.

Hay una lógica que coloca a la refor-

ma 2014 un paso más en esta gradual y

paulatina construcción de una demo-

cracia más consolidada; sin embargo,

la reforma también, a diferencia de

lo que ocurría en el pasado, tiene una

lógica rupturista, es decir, sí hay una

lógica refundacional en la reforma,

particularmente por lo que tiene que

ver a la creación de una nueva relación

entre los órganos electorales locales y el

órgano electoral nacional.

la reforma elecToral del 2014Lorenzo Córdova Vianello expuso en

conferencia magistral sustentada en

el marco del Seminario Internacio-

nal Derechos políticos, instituciones

electorales, sistema de gobierno y

democracia, en el Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas de la UNAM, que la

reforma de 2014 encuentra su elemento

distintivo en el tema de la estandariza-

ción de procesos y reglas a nivel federal

y a nivel local, desde 1990.

Desde la reforma de ese año se

apostó por un modelo electoral que

gradualmente propició la existencia, la

coexistencia de 33 sistemas electorales

construidos de manera paralela, es

decir, de un sistema electoral federal y

de 32 sistemas electorales, uno por cada

entidad federativa, uno por cada estado

más el Distrito Federal, que de algu-

na manera se construyeron o fueron

modelando como un espejo de lo que

fue el sistema federal; por supuesto con

modalidades y variaciones y particula-

ridades específicas, pero todos los siste-

mas electorales locales asumieron una

configuración bi-instancial de un órga-

no administrativo electoral, el órgano

encargado de la organización de las elec-

ciones con una similitud muy grande

respecto de lo que el IFE fue en el plano

federal y una instancia jurisdiccional

que servía como instancia de resolución

de controversias y de validación en tér-

minos de la legalidad de los actos de las

autoridades administrativas.

Para el Consejero Presidente, el

gran desafío, no se quiere, es que en el

futuro el Instituto Nacional Electoral

ahora se tenga que hacer cargo de los

programas sociales para garantizar

que no se utilicen con fines políticos,

de desarrollar los programas contra la

pobreza, de ser el gran fiscal, el órgano

anticorrupción, porque la rendición de

cuentas en este país prácticamente no

existe, y mucho menos de ser el gran

educador en materia política. Esas son

funciones del Estado Mexicano y ojalá

y logremos ponderar a lo electoral en su

debida dimensión, pero esto implica

o pasa porque la reforma electoral no

fracase sino, por el contrario, signifique

un paso adicional en la consolidación

de nuestro sistema democrático.

ARTICULISTAS

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título: Facetas / autor: Lourdes Berbeyer

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título: abre tu corazónautor: Lourdes Berbeyer

feDeralismo histórico

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uando hace tres meses todo marchaba relativamen-

te bien en México y con perspectivas favorables en

los renglones económico, social y político con vistas

a 2015 y los siguientes años, súbitamente todo se

descompuso y se generó una grave crisis de gober-

nabilidad. La masacre de Iguala y el escándalo de la

llamada “casa blanca” perfilaron lo que Porfirio Díaz y don Jesús

Reyes Heroles alertaron: “No despierten al México bronco”.

La crisis política de México generaría un histórico

abstencionismo electoralJOSÉ NÚÑEZ RaMOS

cEsta crisis de gobernabilidad que algunos analistas la deco-

difican en crisis institucional, crisis de liderazgo y crisis de legi-

timidad, todavía no sabemos en qué y cuándo vaya a terminar,

en virtud de que paulatinamente crece el descontento y la incon-

formidad social y el gobierno no atina a encontrar las respuestas

y los mecanismos que permitan retomar la tranquilidad y la cre-

dibilidad.

El gobierno Federal desplegará una serie de acciones y políticas públicas en el país que mitigarán a la sociedad mexicana de los acontecimientos que generaron justificado repudio, enojo y protestas. Si como se dice que en 2015 mejorará la economía, eso indudablemente apaciguará los enconos.

FEDERALISMO HISTÓRICO

Gran paradoja: cuando más se requiere fortalecer a la democracia, ésta se debilita en vistas a los comicios del próximo 7 de Junio.

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ENERO 2015ELFE

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Se define la crisis institucional como

la debilidad e ineficacia de las insti-

tuciones responsables de la seguridad

(policías de Iguala y Cocula) y la jus-

ticia y el involucramiento de autori-

dades (alcalde de Iguala) y partidos

políticos (PRD y Morena) en los trági-

cos acontecimientos registrados en la

cuna de la bandera nacional en que se

secuestró y probablemente se asesinó,

descuartizó y quemó a 43 estudiantes

normalistas de Ayotzinapa.

En cuanto a la crisis de liderazgo,

se le relaciona con los cuestionamien-

tos a la estrategia de seguridad, a la

conducción gubernamental de la pro-

pia crisis y la sospecha de un conflicto

de intereses que toca al Presidente

Enrique Peña Nieto, por lo de la “casa

blanca”, hecho que lo han debilitado

a él y a su gobierno y puesto en entre-

dicho su eficacia.

Por lo que toca a la crisis de legi-

timidad, ésta se refiere a la debilidad

del Estado de derecho en nuestro

país, lo que provocó la ampliación de

la brecha entre sociedad e institucio-

nes políticas.

Ahora bien, los dos acontecimien-

tos referidos con anterioridad, fueron

la chispa que detonó la crisis de go-

bernabilidad, pero en realidad es una

serie de elementos que deviene de

décadas atrás, tales como violencia,

inseguridad, impunidad, corrupción,

exhibió e incrementó la protesta y el

desplome de la confianza ciudadana

en las instituciones políticas.

La pesadilla de Iguala evidenció la

complicidad de los partidos políticos

que impulsan y apoyan a candidatos

que tienen vínculos con el crimen

organizado, aunque era una realidad

que se registraba en algunas regiones

de nuestro país desde hace muchos

años. En otras palabras, Ayotzinapa

fue la gota que derramó el vaso.

Vale la pena mencionar que

Transparencia Internacional publicó

los resultados de su Barómetro Global

de la Corrupción 2013, y los resultados

para México demostraron que los par-

tidos políticos son para los mexicanos

la institución más afectada por la

corrupción.

Y no se crea que es sólo por sus vín-

culos con el crimen organizado, sino

que desde hace muchos años existe

la venta de candidaturas a cargos de

elección popular; los manejos irregu-

lares de sus presupuestos motivo por

el cual son cotidianamente sanciona-

dos por las autoridades electorales; las

comisiones o “moches” para diri-

gentes y legisladores de autoridades

estatales y municipales por trámites

de presupuestos federales; nepotismo

y amiguismo, entre otros.

Es más, una reciente encuesta

de GEA-ISA (Grupo de Economistas y

Nieto, Ejército, partidos políticos,

corporaciones policíacas, juzgados,

organismos electorales. Inclusive, en

términos generales, la insatisfacción

de la democracia pasó de 55 a 61% y la

creencia en que los partidos políticos

no representan los intereses de la

sociedad se derrumbó de 30 a 12%, en

los dos últimos años. De esos 18 pun-

tos, seis se perdieron en los últimos

tres meses.

La misma muestra, resaltó otro

dato de gran impacto: la intención de

votar el 7 de junio de 2015 disminuyó

de 43 a 31%, lo cual de confirmarse en

la realidad, tendríamos un absten-

cionismo cercano al 70%.

En apariencia el panorama es

muy negativo; sin embargo, existen

diversos factores que podrían modifi-

car ese vaticinio que de hacerse reali-

dad constituiría un golpe durísimo a

nuestro sistema democrático.

veámos: En las próximas semanas se iniciarán

las campañas electorales durante las

cuales partidos políticos, candidatos

y organismos electorales bombardea-

rán con millones de spots en medios

electrónicos e impresos para con-

vencer y persuadir a los ciudadanos

a acudir a las urnas. Y aunque las

citadas campañas causan molestia

generalizada, su efecto se advierte

con las largas colas en las casillas.

El 7 de Junio no sólo se elegi-

rán 500 diputados federales, sino

también a nueve gobernadores, 641

legisladores de 16 Congresos locales,

887 ayuntamientos encabezados por

los presidentes municipales; los

integrantes de la Asamblea Legisla-

tiva del Distrito Federal, así como los

16 delegados políticos de la Ciudad

de México. También las autoridades

locales de más de 400 municipios

de Oaxaca bajo el sistema de Usos y

Costumbres. Los comicios locales es-

injusticia, narcotráfico, desempleo,

pobreza, marginación, inequidad so-

cial, etc. Estaban debajo de la alfom-

bra –como la basura- y no se querían

ver, pero la inconformidad social los

Asociados e Investigaciones Sociales

Aplicadas), refleja un severo des-

plome de la confianza de los ciuda-

danos en las instituciones políticas

y, ello incluye, al Presidente Peña

feDeralismo histórico

37

tadísticamente redoblan el interés de

los ciudadanos en acudir a las urnas,

ya que eligen a sus autoridades más

próximas.

El Gobierno Federal desplegará

una serie de acciones y políticas

públicas en el país que mitigarán a

la sociedad mexicana de los aconte-

cimientos que generaron justificado

repudio, enojo y protestas. Si como se

dice que en 2015 mejorará la econo-

mía, eso indudablemente apaciguará

los enconos.

Es casi seguro que para la fecha de

los comicios, se conozca el destino de

los normalistas de Ayotzinapa. Y aún

en el peor escenario, la beligerancia ha-

brá disminuido, ya que el tiempo es el

mejor aliado para restañar las heridas.

El Congreso de la Unión habrá

ya aprobado el Sistema Nacional

Anticorrupción y otras legislaciones

que habrán de combatir corrupción,

impunidad y opacidad.

Es oportuno recordar algunos

antecedentes de la evolución elec-

toral en México, ya que ha sido un

recorrido difícil, tortuoso, lleno de

obstáculos, riñas y enfrentamientos

diversos. Sin embargo, la evolución

es significativa, ya que en la actuali-

dad nuestro sistema electoral es de-

mocrático, legal a todas luces, tiene

legitimidad y goza de reconocimiento

internacional. Las referencias histó-

ricas serán únicamente de elecciones

presidenciales.

El trayecto histórico electoral

lo iniciaremos al final de la dicta-

dura de Porfirio Díaz, época en que

precisamente los procesos electorales

amañados significaron que se colmó

la paciencia de los mexicanos y que

desató la Revolución Mexicana.

Así, en 1910, Francisco I. Madero,

candidato antirreleccionista –con

algunos de sus partidarios- fue encar-

celado y las elecciones favorecieron a

Díaz, con un Congreso controlado por

el dictador que validó los comicios y

su séptima reelección. Ese resultado,

repetimos, significó el inicio de la

revuelta armada.

Debe recordarse que el 5 de

Octubre de 1910, desde San Anto-

nio, Texas, Madero dio a conocer el

Plan de San Luis, documento que,

a su vez, dio origen a la Revolución

Mexicana. Una parte de ese texto,

establece: “…haciéndome eco de la

voluntad nacional, declaro ilegales

las pasadas elecciones y quedando

por tal motivo la república sin gober-

nantes, asumo provisionalmente la

presidencia de la república, mientras

el pueblo designa conforme a la ley

sus gobernantes. Para lograr este

objeto es preciso arrojar del poder a

los audaces usurpadores que por todo

título de legalidad ostentan un frau-

de escandaloso e inmoral”.

Después de la Revolución, se in-

tegró el Congreso Constituyente que

precisamente aprobó en Querétaro la

Constitución de 1917, que entre otras

cosas, instituyó a la Junta Empadro-

nadora, las Juntas Computadoras Lo-

cales y los Colegios Electorales como

organismos encargados de organizar

y calificar los procesos para elegir

al Presidente de la República y los

miembros del Congreso de la Unión.

No obstante ello, los siguientes

años fueron violentos, difíciles y

de enfrentamientos entre la clase

gobernante. Así, en 1920 el Presi-

dente Venustiano Carranza intentó

imponer un candidato civil frente

a la popularidad del general Álvaro

Obregón y terminó dos metros bajo

tierra; en 1924, la imposición del

también general Plutarco Elías Calles

fue acompañada de la revolución de-

lahuertista y generó una terrible pur-

ga revolucionaria; para la sucesión

de 1928, además de dos candidatos de

oposición asesinados por el gobierno

un año antes –Francisco R. Serrano

y Arnulfo R. Gómez-, el Presidente

electo, Álvaro Obregón también fue

asesinado en el Parque de la Bombilla

de la Ciudad de México.

Ante esa turbulencia política y

militar, en 1929, Plutarco Elías Calles

crea el Partido Nacional Revoluciona-

rio (PNR), antecedente primero del

Partido de la Revolución Mexicana

(PRM), en 1938 y del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), en 1946,

y en la primera elección lleva a la

Presidencia de la República a Pascual

Ortiz Rubio, quien derrotó en los co-

micios al candidato de la oposición,

José Vasconcelos.

El propio Vasconcelos y sus

seguidores denunciaron un fraude

electoral y el 1 de Diciembre de ese

año, proclamó el Plan de Guaymas

desconociendo los poderes de la Fede-

ración, a los poderes de los estados y

municipios “que desde hace 30 años

han venido ensangrentando al país,

robando el Tesoro público y creando

FEDERALISMO HISTÓRICO

38

ENERO 2015ELFE

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la confusión y la ruina de la Patria,

y que han pretendido burlar el voto

público en la elección presidencial

última”. Al propio tiempo, Vascon-

celos se declaró presidente electo y

decidió marchar al extranjero.

Luego, la elección presidencial

del 7 de julio de 1940 fue sangrienta,

ya que el saldo en la capital de la

República fue de 30 muertos y 158

heridos. El resultado oficial otorgó el

triunfo a Manuel Ávila Camacho con

el 94% de los votos emitidos y conce-

dió sólo el 5% al opositor Juan Andreu

Almazán, quien fue postulado por

un partido de reciente creación

denominado Partido Revolucionario

de Unificación Nacional (PRUN) y

también recibió el apoyo del Partido

Laborista Mexicano y del Partido

Acción Nacional (PAN).

En 1946, la elección de Miguel

Alemán Valdés como Presidente de

México tuvo un desarrollo regular, ya

que no registró grandes protestas de

los opositores.

En cambio, seis años después,

el 6 de julio de 1952, los comicios

presidenciales fueron uno de los

más competidos en la historia

electoral de México. Contendieron

Adolfo Ruiz Cortines, postulado por

el PRI; Miguel Enríquez Guzmán,

por la Federación de Partidos del

Pueblo Mexicano; Vicente Lombardo

Toledano, por el Partido Popular y,

Efraín González Luna, candidato del

PAN, partido que había sido fundado

en 1939. Los resultados arrojaron el

triunfo de Ruiz Cortines, pero la opo-

sición argumentó diversas irregula-

ridades y parcialidad del gobierno y

de las autoridades electorales para el

candidato del tricolor.

Debe recordarse que en 1946, el

Presidente Manuel Ávila Camacho

promulga la Ley Electoral y crea la

Comisión Federal de Vigilancia Elec-

toral, conformada por el Secretario

de Gobernación y otro miembro del

gabinete, un diputado, un senador

y dos representantes de los parti-

dos políticos con mayor relevancia.

Asimismo, dicha legislación ordena

la creación de comisiones electora-

les locales y el Consejo del Padrón

Electoral.

También en 1951, el Congreso de

la Unión aprobó reformar la Ley Elec-

toral para que la Comisión Federal de

Vigilancia Electoral pudiera arbitrar

el registro de nuevos partidos políti-

cos y emitir constancias de mayoría.

En la elección presidencial de

1958, contendieron Adolfo López

Mateos, por el PRI y Luis H. Álvarez,

por el PAN. La campaña electoral fue

intensa y pasional, pero la maquina-

ria tricolor se impuso y su candidato

alcanzó el 90.6% de la votación nacio-

nal y el panista originario de Chihua-

hua el 9.4%.

Tanto Luis H. Álvarez como los

dirigentes de Acción Nacional denun-

ciaron un gran fraude electoral, bajo

el argumento de que el gobierno y el

PRI incurrieron en las siguientes fal-

tas: electores con varias credenciales

que votaron en diferentes casillas a

favor del “candidato oficial”; clausura

de casillas sin previo aviso; reparto de

credenciales el mismo día de la elec-

ción; expulsión de representantes de

casilla de la oposición y casillas donde

vota quien quiere, sin credencial y sin

padrón, etc. Sin embargo, la diferen-

cia fue abismal entre uno y otro: 9 a 1.

La elección presidencial de 1964 no

generó gran controversia ni desazón

política. En principio, el candidato

del PRI, Gustavo Díaz Ordaz –a cuya

candidatura se colgaron PPS y PARM-

obtuvo el 87.89% de la votación nacio-

nal, en tanto que el único candidato

opositor, José González Torres, del

PAN, logró el 10.95%.

En 1970, dos años después del

Movimiento Estudiantil y matanza

de Tlatelolco, la elección presidencial

que algunos analistas estimaban como

difícil para el partido gobernante, no

significó mayor problema para que el

candidato del PRI –con el apoyo simbó-

lico de PPS y PARM-, Luis Echeverría

Álvarez que ganara con el 82.93% de

la votación total. Su único opositor,

Efraín González Morfín, del PAN, al-

canzó apenas el 13.78% de los sufragios.

En 1973, desapareció la Comisión

Federal de Vigilancia Electoral y, en su

lugar, el Congreso de la Unión aprobó

la creación de la Comisión Federal Elec-

toral, institución en la que participan

con voz y voto para la toma de decisio-

nes, los representantes de todos los

partidos políticos con registro legal.

Seis años después (1976), ante la

manifiesta debilidad de los partidos

de oposición, se realizó la elección

feDeralismo histórico

39

presidencial más fácil para el PRI,

ya que no tuvo candidato opositor.

De esa manera, su abanderado José

López Portillo –otra vez con el apoyo

de PPS y PARM- logró el 92% de los

votos. Los restantes fueron nulos o

para candidatos no registrados.

En 1977, la estructura electoral

del país continuó su perfecciona-

miento y modernización cuando el

Gobierno Federal expidió la Ley de

Organizaciones Políticas y Procesos

electorales (LOPPE), cuya principal

aportación fue permitir el ingreso

a la vida institucional de fuerzas

políticas “no incluidas” y propiciar

su representación en los órganos

legislativos. Además, modificó la

integración de la Comisión Federal

Electoral y permitió la participación

de los partidos políticos registrados

–ya fuera bajo la figura de registro

condicionado o definitivo- en igual-

dad de condiciones. Es decir, la CFE

quedo conformada por el Secretario

de Gobernación, un representante de

cada partido político con registro y

un notario público.

En la elección presidencial de 1982,

se presentaron siete candidatos –algu-

nos francamente testimoniales- como

resultado de la apertura electoral y

después de que seis años antes López

Portillo no tuvo opositor. Así, Miguel

de la Madrid Hurtado, candidato del

PRI y sus eternos aliados PPS y PARM,

gano la elección con el 68.43% de los

votos. Pablo Emilio Madero, del PAN,

obtuvo el 15.8% y Arnoldo Martínez Ver-

dugo, del Partido Socialista Unificado

de México (PSUM), alcanzó el 3.48%.

El resto de candidatos obtuvieron por-

centajes muy bajos: Rosario Ibarra de

Piedra (PRT) 1.76; Ignacio González Go-

llas (PDM) 1.84; Cándido Díaz Cerecedo

(PST) 1.45 y Manuel Moreno Sánchez

(PSD) 0.21% de la votación nacional.

Luego, en 1987, el Congreso de la

Unión realizó una reforma Cons-

titucional para introducir el criterio

de representación proporcional en la

integración de la CFE.

La elección presidencial de 1988

resultó altamente competida y, pre-

viamente, se registró una campaña

electoral estridente y con múltiples

acusaciones y denuestos entre los can-

didatos. El candidato del PRI, Carlos

Salinas de Gortari logró el 50.36% de

la votación nacional, en tanto que

Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por

el Frente Democrático Nacional (PPS,

PMS, PFCRN y PARM), logró el 31.12% y,

Manuel Clouthier del Rincón, abande-

rado del PAN, tuvo apenas el 17.07. Los

otros aspirantes: Gumersindo Maga-

ña, del PDM y Rosario Ibarra, del PRT,

registraron porcentajes ridículos.

Sin embargo, esa elección fue

una de las más cuestionadas de la

historia de México y, principalmente

por la “caída del sistema de cómputo

electoral”. Diversos analistas y políticos

están convencidos de que se fraguó

un gran fraude electoral para otorgar

el triunfo a Salinas y afirman que el

verdadero ganador fue Cárdenas.

Muchos años después, Manuel

Bartlett Díaz, ya como senador del Par-

tido del Trabajo (PT), pero en el proceso

de 1988 era Secretario de Gobernación y

en paralelo presidente de la CFE, reveló

que en las primeras horas del domin-

go 6 de julio de ese año, Cuauhtémoc

Cárdenas iba ganando en algunas en-

tidades del país y prácticamente arra-

sando en el Distrito Federal, por lo cual

el Presidente Miguel de la Madrid le

ordenó suspender la información a los

representantes de los partidos políticos

contendientes, así como a los medios

de comunicación. A raíz de ello, el 26

de mayo de 1989, el Partido de la Revo-

lución Democrática (PRD), encabezado

por Cárdenas, obtuvo su registro como

partido político nacional.

En 1990, a resultas de las refor-

mas constitucionales en materia

electoral, el Poder Legislativo expidió

el Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales (COFIPE) y

ordenó la creación del Instituto Federal

Electoral (IFE), a fin de contar con

una institución imparcial que diera

certeza, transparencia y legalidad a las

elecciones federales.

La elección de 1992, también fue al-

tamente disputada, luego del asesina-

to del candidato del PRI, Luis Donaldo

Colosio. El partido en el poder, decidió

sustituirlo por Ernesto Zedillo Ponce

de León, tecnócrata brillante, pero sin

experiencia política. En un debate de

la campaña, se recuerda, fue apabu-

llado por el candidato del PAN, Diego

Fernández de Cevallos y, en menor

proporción por Cuauhtémoc Cárde-

nas, abanderado del PRD. Pese a ello,

Diego se retiró temporalmente de la

campaña –según dijo después por un

problema de salud-, lo que aprovechó

el tricolor para impulsar la campaña

de Zedillo. El resultado electoral otorgó

48.69% de la votación al priísta; 25.92 a

Diego Fernández y, 16.59 a Cárdenas.

Hubo otros candidatos testimoniales:

Cecilia Soto (PT), Jorge González Torres

(PVEM), Rafael Aguilar Talamantes

(PFCRN), Álvaro Pérez Treviño (PARM),

Marcela Lombardo (PPS) y Pablo Emi-

lio Madero (PDM).

Seis años después, con el nuevo

milenio llega la alternancia del poder

FEDERALISMO HISTÓRICO

40

ENERO 2015ELFE

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presidencial en nuestro país, después

de graves errores políticos y financie-

ros de los últimos gobiernos ema-

nados del PRI. Las crisis financieras

fueron el detonante para que muchos

mexicanos le dieran la espalda al

tricolor y votaran por el cambio. Así,

Vicente Fox Quesada, un empresario

que había obtenido la gubernatura de

Guanajuato, le ganó internamente la

postulación a los dirigentes del PAN

y ganó la Presidencia de la República

con el 42.52% de la votación nacional.

Francisco Labastida Ochoa, del PRI,

obtuvo el 36.11 y Cuauhtémoc Cár-

denas, en su tercer intento, apenas

logró el 16.64%.

Pese a la cuestionada administra-

ción de Vicente Fox, el PAN conservó

la Presidencia de la República con

Felipe Calderón Hinojosa en los co-

micios de 2006, por la diferencia más

pequeña en una elección de ese tipo,

ya que el blanquiazul logró apenas

el 35.89% de la votación nacional

y Andrés Manuel López Obrador

alcanzó el 35.33%, es decir, una

diferencia de 0.56%, lo que generó

una serie de protestas durante varios

meses del perdedor, argumentando

que su derrota obedeció a un fraude

instrumentado por la administración

foxista. El candidato del PRI, Roberto

Madrazo Pintado tuvo el 22.26% de los

votos totales.

La elección de 1994 con un 24.15%

de abstencionismo, y la de 1982 con

un 33.13%, son las elecciones con el

nivel de abstención más bajo de los

últimos 15 años. Sin embargo en

lo que se diferencian la primera de

ellas es su grado de confiabilidad,

dado que en 1994 se contaba con el

Instituto Federal Electoral.

Después de las elecciones de 1994

la crítica se concentró en la inequidad

de las condiciones de la competencia

(financiamiento público y acceso a

radio y televisión). Una vez instalado

el nuevo gobierno se inició la elabora-

ción de una agenda de discusión con

el propósito de arribar a una “reforma

electoral definitiva” y dar paso a la

“normalidad democrática”.

Las elecciones federales del 2000

se consideran una de las más demo-

cráticas en la historia de nuestro

país, donde el IFE llevó a cabo dicho

proceso en una completo orden,

garantizando en todo momento la

estabilidad nacional, elecciones

en las cuales Vicente Fox Quesada

candidato de Alianza por el Cambio

se alzó con el triunfo con el 42.52%

de la votación, en contraposición

con el PRI que se adjudico el 36. 11%

y Alianza por México que obtuvo el

16.64%; lo que implico que de una

lista nominal de 58,782,737, haya

habido una participación ciudadana

del 63.97% (37,601,618) y un absten-

cionismo del 36.03% ( 21,181,119).

En la última elección presiden-

cial, la de 2012, el PRI recuperó el

poder después de 12 años de go-

biernos de Acción Nacional, con

su candidato Enrique Peña Nieto,

quien obtuvo el 38.21% de la votación

nacional; seguido por el abandera-

do de la izquierda (PRD, PT y MC),

Andrés Manuel López Obrador, con

31.59% y Josefina Vázquez Mota, del

PAN, con 25.41%. Gabriel Quadri, de

Nueva Alianza sólo logró el 2.29% de

la votación nacional.

Pese a las protestas de los perde-

dores, la mayoría de los mexicanos

quedaron convencidos de que fueron

las elecciones más escrupulosas

y transparentes de la historia de

México, con un IFE ciudadano; con

reglas claras; observadores nacio-

nales y extranjeros y un andamiaje

electoral integrado por un ejército de

ciudadanos y representantes de todos

los partidos. El argumento de que el

gobierno del PRI hubiera inclinado

la balanza por su candidato, no era

viable, porque el Gobierno Federal

era del PAN, que por cierto quedó en

el tercer lugar.

En esta última elección, votó poco

más del 63% del padrón electoral na-

cional, por lo que el abstencionismo

fue de menos del 37%. Estas cifras son

altamente positivas si se les compara

con elecciones en países desarrolla-

dos, donde luego se considera exitoso

que acudan a las urnas la mitad de los

inscritos en los padrones electorales.

En razón de ello, consideramos

que sería un retroceso democrático

que en las elecciones federales inter-

medias de este 2015, factores tan gra-

ves y vergonzosos como los ocurridos

en Iguala y en Tlatlaya, propicien un

elevado abstencionismo.

Y es que precisamente, es a través

de la democracia como los mexicanos

debemos elegir a nuestros gober-

nantes y de esa forma incidir en las

grandes decisiones nacionales.

feDeralismo histórico

41

título: a traves del tiempo / autor: Lourdes Berbeyer

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ENERO 2015ELFE

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título: Sín finautor: Lourdes Berbeyer

feDeralismo y cultura

43

n los albores de un proceso electoral como el que se

dará el venidero 7 de junio; en el fragor que se ha des-

bordado por ese acontecimiento; en la dantesca ava-

lancha de publicidad, spots y el desaseo en el uso de re-

cursos públicos que con ese motivo se está registrando,

bien vale la pena detenerse en algo esencial de lo que

no todos hablan pero que existe: la Cultura Electoral. Sí, la Cul-

tura Electoral sustentada –digámoslo-- en valores, reglas y princi-

pios que generen confianza entre la ciudadanía, que es primordial

para el funcionamiento de las instituciones y del sistema político

en nuestro país, con lo cual se garantiza la democracia, dicen los

estudiosos. Al menos quienes participaron no hace mucho en la

Primera Feria de la Cultura Electoral en México.

POR IgNaCIO SaCHMaN TORRES

e

Antes de tratar lo que es la Cultura Electoral, bien valdría

la pena aludir lo que viene a ser la Conciencia Cívica de la que,

también, pocos hablan a pesar de que es un movimiento no par-

tidista de concienciación, concertación, denuncia, presión y,

sobre todo, de educación ciudadana.

El ausentarse de las urnas como muestra de repudio a la ac-

titud negativa –y hasta delictiva-- de muchos de quienes fueron

erigidos por el voto ciudadano en cargos de elección popular no

es el camino. La actitud de quien renuncia a dar el voto en unas

elecciones, léase abstencionismo, no conduce a nada.

La ciudadanía es más activa y comprometida, no nos atreveríamos por consiguiente a señalar que falta Cultura Electoral. Hay una herramienta valiosa que es la libertad de expresión que, sin embargo, no ha logrado un impacto en la otra cultura: la de rendición de cuentas, en el desarrollo pleno de la democracia y en la erradicación de la corrupción

FEDERALISMO Y CULTURA

Cultura Electoral

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ENERO 2015ELFE

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Aunque parece que el objetivo de al-

gunos es ese: hacer que la “Incultu-

ra” Electoral se dé para justificar que

no hay fomentada en los mexicanos

la Conciencia Cívica. Pero la Cultura

Electoral no puede agotarse con el

desánimo de participación política

de la sociedad. La Cultura Electoral

se adquiere, existe y subsiste; es

como aprender a caminar o a andar

en bicicleta, jamás se dejará de

saberlo. El que es culto va a serlo

siempre. Es el caso de los comicios.

Quien acude a las urnas lo seguirá

haciendo a pesar de las decepciones

hacia los políticos en todos los nive-

les de gobierno que han incurrido en

frivolidades, escándalos, tráfico de

influencias, crímenes y, en fin, en

toda la gama de ilícitos de siempre o

de nuevo cuño.

La Cultura Electoral debería

fomentarse, estimularse. No me-

diante miles de spots y desplegados

periodísticos repetitivos de estu-

pideces y ocurrencias que cuestan

millonadas a los mexicanos, sino

mediante campañas auténticas que

contribuyeran a que los ciudadanos

valoren y critiquen con fundamen-

to el trabajo de las instituciones

electorales, de los partidos políticos,

de los aspirantes a un cargo –cual-

quiera—de elección popular; alentar

las críticas ciudadanas y el diálogo

social que es la única manera de

consolidar la Cultura Democrática…

léase, la Cultura Electoral.

Hay que dejar en claro que una

sociedad mejor informada estará en

condiciones óptimas de reclamar

sus derechos políticos y sociales. En

ese sentido, se debería establecer de

inmediato, ya en el fragor de esta

contienda de 2015, que los represen-

tantes de los medios de comunica-

ción cuenten con una especializa-

ción en Derecho Electoral, para que

expliquen a la población sobre los

alcances de las sentencias del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, por ejemplo. Poco se

sabe. La Cultura Electoral reclama

de esos conocimientos. Estamos de

acuerdo que hay un mayor acceso a

la información pública ¿y? Que se

tienen herramientas para conocer

antecedentes de quienes contienden

por un cargo de elección popular ¿Y?

La Cultura Electoral debe ser de allá

para acá y de aquí para allá.

Se ha llegado a un proceso

electoral “intermedio”, como se

entienden estos comicios del 2015 en

que el citado fragor de una elección

presidencial no aviva la llama de la

euforia electiva. Pero bien vale la

pena detenerse en esto que llama-

mos, y con justificada razón, la

Cultura Electoral. Es el momento de

fomentarla, de desterrar si no para

siempre, sí lo más lejos posible de la

mente ciudadana la compra y coac-

ción del voto que frenan el avance

democrático; las tarjetas de Soria-

na, lo espantoso del caso “manos

limpias”, los programas asistencia-

listas, en fin, esas prácticas que ge-

neran desconfianza de los sistemas

electorales no sólo de nuestro país

sino a nivel internacional que tam-

bién nos pegan porque formamos

parte de la región latinoamericana y

del orbe.

Hablando del fomento posible

a la Cultura Electoral, no escapa lo

que ya se dijo antes de una “In-

cultura” Electoral, porque existen

prácticas que generan desconfianza

en las instituciones, el alejamiento

de los ciudadanos de la política y la

deslegitimación de los procesos elec-

torales. El encabezado de este artí-

culo debería ser, más que Cultura

Electoral: Se vive una crisis de instituciones

y partidos políticos.

¿Por qué lo anterior? Porque sobre-

viven prácticas indeseables como la

compra y coacción del voto, el clien-

telismo, los gastos excesivos en las

campañas, la falta de representati-

vidad política y la baja participación

ciudadana. Son, hay que decirlo,

algunas de las variables que han

frenado la consolidación de la demo-

cracia en México, la alternancia del

Poder. Se está gastando en una par-

tidocracia innecesaria, inventando

nuevos membretes partidistas pero

sin canalizar realmente recursos en

democracia para lograr la vigoriza-

ción de las instituciones y recuperar

la confianza ciudadana.

Aquí vale referir dos líneas en

cuanto a que en México existe,

subsiste y persiste la crisis en la le-

gitimación de los partidos políticos

y las instituciones. La ciudadanía

es más activa y comprometida, no

nos atreveríamos por consiguiente a

señalar que falta Cultura Electoral.

Hay una herramienta valiosa que

es la libertad de expresión que, sin

embargo, no ha logrado un impacto

en la otra cultura: la de rendición de

cuentas, en el desarrollo pleno de la

democracia y en la erradicación de

la corrupción.

Los analistas políticos en mu-

chos medios de comunicación social

no contribuyen realmente a fomen-

tar la Cultura Electoral. Critican,

ofenden y en ocasiones difaman

feDeralismo y cultura

45

a los actores políticos, pero no lo

hacen a partir de un criterio, sino

de un interés ideológico o económi-

co. Hay columnistas y leedores de

noticias francotiradores al servicio

de un partido político; otros con una

tendencia que les dicta el propio ac-

tor político-electoral. En consecuen-

cia, este recurso periodístico que

debería ser elemento destacado en

el fomento de la Cultura Electoral se

encuentra, en el mejor de los casos,

en un estado de gestación.

Aludiendo algo de la Primera Feria

de la Cultura Electoral en México,

evocamos a Pablo Pérez Tremps,

académico de la Universidad Carlos

III de España, quien abordó otro

ramo de lo que hoy nos ocupa y

que se ha puesto en vigencia con

el atentado contra Charlie Hebdo,

la revista satírica francesa. En su

oportunidad mencionó que la sátira

es, precisamente, un recurso que

floreció durante periodos de gobier-

nos autoritarios y actualmente ha

contribuido a la construcción o des-

trucción de trayectorias políticas;

sin embargo, aún faltan elementos

que le permitan generar una Cul-

tura Electoral en México y en otras

partes del mundo.

Con lo anterior es menester

reiterar que la Cultura Electoral

existe y no la pueden destruir las

balas de Al Qaeda, los yihadistas o

los caciques guerrerenses en cada

caso. Tampoco se puede destruir con

vedas electorales o censura hacia los

medios que verdaderamente cum-

plen una función de levantar con-

ciencia. Es, sí, necesario invertir en

democracia para lograr la vigoriza-

ción de las instituciones y recuperar

la confianza ciudadana.

Se puede creer que el concepto de

Cultura Electoral es reciente; nada

de eso. Para entender mejor el tema

y ver su importancia en el tiempo,

éste tipo de ejercicio fue acuñado por

la ciencia política norteamericana a

mediados de los años cincuenta del

pasado siglo, en cierta medida como

alternativa al concepto de ideología

dominante de la escuela marxista y,

por lo tanto, a su enfoque particular

sobre la incidencia de las creencias,

referentes simbólicos y actitudes

sobre la política.

Recordando también algo de las

clases de Teoría Política, el concepto

de Cultura (ídem) nació ligado al

tema de la modernización, esto es,

al problema de la transición de una

sociedad tradicional a una moderna

y al de los efectos que dicho proceso

genera sobre las relaciones de poder.

De hecho, el planteamiento básico

del que parte es el de la dicotomía

que distingue la cultura occidental

(moderna) de la no occidental (tradi-

cional). Las teorías de la moderniza-

ción son los intentos más explícitos

de definición del fenómeno de la

Cultura Política, esto es, son las que

mejor explican por qué y cómo se

acuñó dicho concepto. La distinción

entre tradición y modernidad ha

sido crucial para el análisis de las

culturas políticas de las naciones en

proceso de desarrollo, que fueron

esencialmente los casos que provo-

caron la construcción del enfoque

sobre la cultura política.

De acuerdo con sus teóricos,

la modernización arranca con la

introducción de la tecnología al

proceso productivo y va acompaña-

da principalmente de movimientos

de industrialización, urbaniza-

ción y extensión del empleo de

los medios de comunicación y de

información, redundando en el

aumento de las capacidades de una

sociedad para aprovechar los re-

cursos humanos y económicos con

los que cuenta. El incremento en

los bienes, satisfactores y recursos

que pone en circulación el proceso

de modernización genera necesi-

dades y aspiraciones sociales que

antes no existían y una expansión

de opciones de vida. Genera, en

suma, una verdadera “revolución

de expectativas crecientes”. Todos

estos cambios chocan con las

estructuras y relaciones políticas

vigentes, dando lugar a desajustes

FEDERALISMO Y CULTURA

46

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

y conflictos que amenazan la estabili-

dad del orden político establecido (ojo).

Para concluir: una Cultura

Política-Democrática-Electoral es el

arquetipo para las sociedades en pro-

ceso de cambio, sobre todo si dicho

cambio se quiere en sentido demo-

crático, en la medida que constituye

el mejor respaldo para el desarrollo

de instituciones y prácticas democrá-

ticas. Es una barrera de contención

frente a las actitudes y comporta-

mientos anticonstitucionales que

violenten la vigencia de un Estado

de Derecho. Al mismo tiempo, es

un muro en contra de eventuales

inclinaciones a la prepotencia o a la

arbitrariedad del poder, ya que se

resiste a reconocer autoridades polí-

ticas que no actúen con responsabi-

lidad, es decir, que no estén expues-

tas al escrutinio permanente de las

instancias encargadas de hacerlo.

Por otra parte, si convenimos

que los valores culturales no sola-

mente dan apoyo y consistencia a

las instituciones de una sociedad,

sino que pueden jugar un papel

significativo en el desarrollo

económico y político de la misma,

comprenderemos que promo-

ver expresamente una Cultura

Electoral ayuda a la construcción

de instituciones y organizacio-

nes democráticas. Eso debería de

entenderse a cabalidad en estas

fechas que no son, para nada, las

de la Fiesta del Voto de los Mexica-

nos, sino todo lo contrario.

feDeralismo y cultura

47

título: Canto a la vida / autor: Lourdes Berbeyer

48

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

PaRTIDOS POLíTICOSPOR LÁZaRO SaNTILÁN UBILLa

fuen

te: P

ropue

sta de

Ley d

e Ing

resos

2015

.

financiamiento para partidos políticos5,356 millones de pesos

Numeralia feDeralista

1158

1376

886

390

445 368

371

121

121121

pri

movimieNto ciuDaDaNo

Nueva aliaNza

moreNa

partiDo humaNista

eNcueNtro social

paN

pri

prD

pt

49

propuesta de gasto neto total 20154,676,237 millones de pesos

fuen

te: P

ropue

sta de

Ley d

e Ing

resos

2015

.

NUMERALIA FEDERALISTA

3,909.5

1,172.9

117.3

actividades ordinarias permanentes

gastos de campaña

actividades específicas

franquicias postales

franquicias telegráficas

156.4

0.7

gobierno federal61.7%

aportaciones a seguridad social5.2%

organismos y empresas18.7%

financiamiento Deuda14.4%

50

ENERO 2015ELFE

DER

ALI

STA.M

X

Numeralia feDeralista

gasto federalizado 20151,526,138 millones de pesos

fuen

te: w

ww.tr

ansp

arenc

iapres

upue

staria

.gob.m

x 5.

51

NUMERALIA FEDERALISTA

conservación mantenimiento carretero y temporal19,133 millones de pesos

fuen

te: D

ecret

o de E

gres

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la Fe

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ión pa

ra el

Ejerci

cio

52

ENERO 2015ELFE

DER

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STA.M

X

título: Lucha entre el bien y el mal / autor: Lourdes Berbeyer