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Revista ACORE es una publicación destinada a quienes conforman el mundo ACORE. Las opiniones expresadas en ella son las de los autores

y no reflejan necesariamente la posición de los editores.

A C O R ER E V I S T A

PRESIDENTE DE ACOREGeneral Rafael Samudio MolinaSECRETARIO GENERAL EJECUTIVOMayor Carlos H. Espinosa ArgüelloDIRECTOR REVISTACoronel Germán Aragón BautistaDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONESTeniente Enrique Franco CabreraJEFE DE REDACCIONCarlos Osorio PinedaASESOR EDITORIALCarlos Castillo LugoCOLUMNISTASBrigadier General Carlos Leongómez MatéusAlto Comisionado para la Paz, Dr. Luis Carlos RestrepoGeneral Rafael Samudio MolinaAlejo Vargas VelásquezEduardo Pizarro LeongómezGeneral Álvaro Valencia TovarAlfredo Witschi-CestariJean Carlo Mejía AzueroMayor General José Roberto Ibañez SánchezJosé Joaquín Caicedo PerdomoCésar Mauricio Velázquez ARTE Y DIAGRAMACIONJohana Andrea Celis SuárezDIGITACIONMartha Lucía Llanos GonzálezSUSCRIPCIONESCalle 70 No. 4 - 24 PBX 345 0511 Ext. 113Bogotá, D.C.DISTRIBUCION NACIONALAntioquia (Medellín) Carrera 77B No. 50-9Atlántico (Barranquilla) Carrera 68 No. 78-11Bolívar (Cartagena) Bocagrande Entrada a la Base NavalBoyacá (Duitama) Calle 19 No. 13 - 26 Apt. 702Caldas (Manizales) Carrera 23 No. 57-86 Apto. 803Cauca (Popayán) Carrera 7 A No. 24-AN-06 Casa 8, Rincón del ríoHuila (Neiva) Carrera 9 No. 5-29 Magdalena (Santa Marta) Carrera 21 No. 17-24Meta (Villavicencio) Carrera 35 No.30-15-Diagonal Parque El HachaNariño (Pasto) Carrera 43 No. 16-B-05Norte de Santander (Cúcuta) Vía El Portico frente al Grupo MazaQuindío (Armenia) Cll. 17 Nte. No. 14 - 20, Ofic.404, Edif. TorremolinosRisaralda (Pereira) Manzana 16, Casa 6, Tercera Etapa, Bosques de la Acuarela - Dos QuebradasSantander (Bucaramanga) Calle 45 No. 28-29, Apto. 901 Edif. SotaventoTolima (Ibagué) Calle 12 No. 2-70 Ofic.305 Edif. El MolinoValle (Cali) Calle 5-B2 No. 36-C-20IMPRESIONEdiciones Antropos - Teléfono 433 7701FUENTES GRAFICASRevistas del Ejército Ediciones números 97, 98, 100, 107, 108 y 110.Under the Rubble of Terrorism Special Edition 2002 Bogotá D.C., ColombiaRevista de las Fuerzas Armadas Edición194 Marzo de 2005.Revista Cemil Diciembre 2002.Revistas Defensa Nacional Números 437, 441 y 445.Revista Indepaz, Módulo Tres.

Octubre de 2005

Mingobierno Resolución No.0286 (Febrero /82)

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Diseño de caratula DANIEL RONDEROS LOBO

C o n t e n i d o

6.PresentaciónBrigadier General Carlos Leongómez Matéus

La guerra por la pazGeneral Rafael Samudio Molina

Hacia una política Nacional de Seguridad y PazAlto Comisionado para la Paz Dr. Luis Carlos Restrepo

4.

Colombia: Guerra y PazGeneral Álvaro Valencia Tovar

22.

Guerra y paz en Colombiacomienzos del siglo XXIAlejo Vargas Velásquez

Una democracia asediadaEduardo Pizarro Leongómez

36.

Conflicto o terrorismo: ¿Cómo llegaremos al año 2010?César Mauricio Velázquez O.

Una mirada desde Naciones Unidas al conflicto colombianoAlfredo Witschi-Cestari

46.54.

Gedeón y sus enseñanzasBreve reflexión académica sobre la guerra en ColombiaJean Carlo Mejía Azuero

Dilema de la paz y de la justiciaMayor General José Roberto Ibañez Sánchez

El futuro de las negociaciones de pazJosé Joaquín Caicedo Perdomo

60.66.

80.94.

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Presentación

La Universidad, conflicto y postconflicto

BRIGADIER GENERALCARLOS LEONGÓMEZ MATÉUS

Rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

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Presidente GN Rafael Samudio Molina * Primer Vicepresidente GN José Manuel Sandoval Belalcázar * Segundo Vicepresidente BGIM Eduardo León Pedraza Neira * Vocales CO Luis Ernesto Cortés Ahumada - CO José Antonio Romero Velasco - CO Gusta-vo Enrique Rosales Ariza - CO Mario López Castaño - CO Rodrigo Arenas Pinilla - CO Luis Fernando Acosta Melo - MY Roberto Fernández Guzmán - CT José Antonio Rojas García - CF Luis Virgilio Avella Díaz CN Ricardo Alberto Rosero Erazo - CO Pastor Duarte Hernández - CO Neftalí García Carvajal. *Revisor Fiscal CO Guillermo Rodríguez Guzmán.

JUNTA DIRECTIVA

creativo y constructivo, proponer y sumarse a la creación de condiciones favorables y confiables de un clima propicio para las negociaciones encaminadas hacia la paz.

De lograrse esta anhelada situación, o sea el alcance de la paz, el posconflicto surge como su consecuencia. La clave del post-conflicto es la sostenibilidad de los acuerdos y de los compromisos, la “seguridad de la paz”, que exige, como condición ineludible, la protección participativa de la sociedad en general a través de sus diferentes formas de organización eco-nómica, social, política y cultural. En la actual coyuntura regional y global, la determinación para involucrar a los denominados actores armados en un proceso de esta naturaleza, descansa en la creación de un ambiente de confianza y credibilidad, tanto nacional como internacional. En este sentido las universida-des, que están llamadas por la razón de su existencia a crear y promover la transforma-ción a favor del bienestar ciudadano, y muy especialmente las públicas, deben abrirse e involucrarse, definitivamente, hacia aquellas actividades, programas y experiencias que fortalezcan la convicción de que la paz es un patrimonio público que requiere de esfuerzos materiales e intelectuales simultáneos y articu-lados, con sentido generacional futuro.

Por estas razones a las que se une nuestro infinito amor por Colombia, la Universidad ha atendido el honroso llamado del Alto Comi-sionado de Paz para contribuir al desarrollo de la patriótica labor que cumple y cooperar activamente con los plausibles esfuerzos desti-nados al logro de la anhelada paz, política de Estado a la cual nos sumamos con entusiasmo y profesionalismo.

l tema que es motivo de este número de la revista ACORE, ha formado parte de la vida colombiana por muchas décadas; cada uno de nosotros ha participado,

en el pasado, de diversas formas, en la formu-lación de propuestas, vías y acciones para el logro de la paz. Todos hemos experimentado la situación de violencia y de confrontación, y podemos con autoridad evaluar su trayectoria y pronunciarnos sobre las alternativas hacia el futuro.

La paz es una condición ineludible para enfrentar los desafíos que nos impone nuestro compromiso con Colombia y su inserción en el sistema internacional y para participar ac-tivamente en los trascendentales debates de restructuración de la arquitectura política regio-nal y mundial. La respuesta a la violencia que vivimos conocida como “Política de Seguridad Democrática”, ha suscitado debates pero es-pecialmente estimulado esperanzas. Conflicto, amenaza, terror y guerra son expresiones que deseamos erradicar de nuestro léxico cotidiano; en su defecto acariciamos la plena vigencia de la palabra Paz.

La Universidad Militar Nueva Granada es consciente de su responsabilidad histórica frente a la sociedad y al Estado. La comparte con las restantes instituciones educativas, y en particular, con las de carácter público. Entiende que abrir y, abrirse a estos debates es parte del ejercicio de esa responsabilidad; tanto en este nivel en el que nos encontramos hoy como en la contribución a la formación ciudadana y demo-crática de nuestros estudiantes. La controversia y el análisis, frente a las necesidades de nuestra sociedad, forman parte de ese proceso y esta Universidad, con su Instituto de Estudios Geoes-tratégicos, está decidida a propiciar el debate

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Hacia una Política Nacional de Seguridad y Paz

Intervención del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en el coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz, organizado por el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, el pasado 27 de abril.

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Conceptos rectores para una política de seguridad y paz

Quisiera señalar lo que pueden ser algunos derroteros académicos para adelantar nuestra labor. Re-saltar en primer lugar la importan-cia de tener una gran claridad con-ceptual sobre el momento que vive la nación y la forma como deben orientarse las políticas de seguri-dad y los esfuerzos de paz. Creo que gran parte de las dificultades heredadas, que este Gobierno ha enfrentado con decisión, tienen que ver con abordajes concep-tuales que terminan propinando políticas costosas para quienes estamos interesados en fortalecer las instituciones democráticas.

Podemos decir sin temor a equi-vocarnos, que existe una especie de “guerra de los conceptos” que en principio debería adelantarse en un plano teórico y civil entre ciudadanos desarmados, pero que inevitablemente incide en el campo de las fuerzas enfrentadas, involucrando los intereses tanto de las Fuerzas Armadas instituciona-les como de los grupos armados ilegales.

Debates sobre la existencia o no de un conflicto armado interno, la validez de un cese de hostilida-des para iniciar conversaciones con grupos armados ilegales, la oportunidad o no de llevar a cabo “despejes” militares para adelan-tar los diálogos, la forma como

puede establecerse un acuerdo humanitario, la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pú-blica o la posibilidad de los civiles de declararse neutrales frente a las acciones militares del Estado, el estatus de los facilitadores in-ternacionales que nos ayudan a buscar salidas pacíficas a nuestros problemas de violencia interna, son auténticos puntos de reflexión, de cuyo abordaje depende en gran parte el futuro de la Patria. No se trata de asuntos coyunturales, ni menos aún de una diatriba marcada por la obstinación per-sonal de un presidente. Creemos necesario adelantar un debate a fondo sobre estos tópicos y qué mejor escenario que el de la Uni-

versidad para llevar a cabo una reflexión pública y calificada que nos permita alcanzar un consenso, o en su defecto, exponer con soli-dez conceptual ante la opinión las diferencias, para que sea el pueblo quien tome las decisiones a través de los mecanismos democráticos pertinentes.

Conflicto armado interno o amenaza terrorista

Sin querer agotar el debate, solo para barruntar algunas ideas que sirvan de guía para un trabajo más juicioso, quisiera definir los ámbitos problemáticos frente a los cuales hay que construir los men-cionados conceptos. En el caso del

debate sobre “conflicto armado interno o amenaza terrorista”, existe una clara intencionalidad política por parte del Gobierno de redefinir la visión que tenemos sobre la situación de violencia interna que azota a la Nación. Es bien sabido que no existe una pre-cisión matemática sobre el alcance de dichos conceptos. El mundo se debate todavía en cuanto al sentido de la palabra terrorista, y si una amenaza terrorista puede ser definida a su vez como parte integrante de un conflicto armado interno. Pero si bien los alcances semánticos de las palabras son motivo de debate entre los poli-tólogos y académicos, no así las consecuencias políticas de aceptar

una u otra denominación.

Resulta interesante entrar al campo de los efectos que en la vida política tienen las palabras, señalando el cuidado que ponen distintas naciones de la tierra en utilizar el término conflicto armado interno para calificar problemas que resultan similares a los que pa-dece Colombia. No es accidental que el gobierno inglés haya dado el debate ante Naciones Unidas para impedir que la situación de violencia en Irlanda del Norte sea calificada como “conflicto armado interno”. Llaman terroristas a los miembros del IRA, pero con ese pragmatismo que caracteriza a los ingleses se permiten pactar con ellos un acuerdo de paz, avalado

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por el mundo entero, que tiene como soporte un cese de hostilida-des. En sus lineamientos generales es este un buen modelo para abor-dar la problemática de nuestro país. Por otro lado, tampoco Rusia permite que la guerra en Cheche-nia sea denominada “conflicto armado interno”, logrando que su posición sea aceptada por varios organismos de Naciones Unidas.

omo primer resultado prác-tico, al no recibir este califi-cativo dichas naciones han

impedido que se les incluya en una lista de países con “menores vinculados al conflicto armado interno”, que está próxima a ser presentada al Consejo de Segu-ridad, para que este organismo tome las medidas que considere necesarias, incluso, eventualmen-te, una intervención armada para proteger a los menores reclutados. En Colombia se ha socializado de tal forma el término “conflicto armado interno”, que aparece en leyes y documentos guberna-mentales, sin que los funcionarios sepan del alcance político que puede tener la mencionada defini-ción. Vale por eso pensar aquí con criterio pragmático y saliéndonos de la razón pura entrar al terreno de la razón práctica -escenario por demás propio de la política-, donde los conceptos se convier-ten en instrumentos de presión legítima, en fuerzas que inciden en el desarrollo de los pueblos u obstaculizan la plena expresión de sus potencialidades.

Quiero, en consecuencia, hacer referencia a otros argumentos planteados por el Gobierno. Al aceptar la existencia de un conflicto

armado interno damos a los grupos armados ilegales la condición de “partes”, lo que legitima de hecho su uso de armas y uniformes, así como la definición de blancos mili-tares que no son otros que nuestros soldados y policías. Curiosamente, el principal argumento que esbo-zan organizaciones de Derechos Humanos para mantener la califi-cación de conflicto armado interno, consiste en asegurar la protección de los civiles injustamente atacados dentro de la contienda. Pero este argumento, que poco persuasivo ha resultado para los terroristas co-lombianos que siguen haciendo de los civiles sus principales víctimas, tiene como reverso considerar legí-timos los ataques a los uniformados que portan las armas del Estado. Si aceptamos indiferentes que maten a nuestros policías y soldados, en vez de responder enardecidos cada vez que se trunca una vida que ofrece lo mejor de sí para que ten-ga futuro la Nación, se habrá roto entonces ese pacto básico entre los ciudadanos desarmados y aquellos otros que con las armas velan por nuestra tranquilidad. Y el día que esto acontezca, Colombia ya no será viable. No sobra aclarar que independientemente del tratamien-to político que el Gobierno le dé a la situación de amenaza terrorista que enfrentamos, esto no es óbice para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Nues-tras Fuerzas Militares respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos que no se han alzado en armas para atentar con-tra la sociedad colombiana, y en consecuencia dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas.

En el campo político, la condi-ción de “parte” puede ser entendi-da también como la posibilidad de ostentar el carácter de interlocutor legítimo a nivel nacional e inter-nacional. Es interesante observar cómo grupos pacifistas radicales o activistas de izquierda que se inclinan por una posición anties-tatal, insisten en llamar por igual a los guerrilleros, autodefensas y miembros de la Fuerza Pública colombiana, “actores del con-flicto”, tratándolos como partes equiparables, frente a las cuales los ciudadanos se pueden decla-rar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del casco ur-bano de Toribío para que las Farc cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada el concepto de “neu-tralidad profesional” propio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o la Cruz Roja na-cional, al campo de la neutralidad política. Por esta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de Derechos Humanos que consideran la cola-boración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el Gobierno estaría violando la normatividad humanitaria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a las au-toridades legítimas sobre los ries-gos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamente sentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del Estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos, de la peor forma: como víctimas. La cuestión es entonces cómo logra-

Nuestras Fuerzas Militares respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos... y en consecuencia dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas.

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mos que esas víctimas potenciales cooperen con el Estado para que éste pueda garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.

o menos importante es el argumento que surge al des-cribir la naturaleza de nuestra

democracia. Colombia es una democracia vigente, en trance de fortalecerse, con instituciones sólidas y una cultura política antiautoritaria que ha impedido la incubación de dictaduras, tan usuales en años pasados en otros países de América Latina. Nuestra Constitución y la Corte Cons-titucional que la interpreta son consideradas de avanzada en el mundo en cuanto a defensa de los derechos fundamentales. Somos una nación descentralizada, con gran raigambre participativo, con elección popular de autoridades municipales y departamentales.

En la actualidad, incluso, el más férreo grupo opositor al presiden-te Uribe, nacido de la izquierda sindical y apoyado por antiguos guerrilleros reinsertados, ocupa la Alcaldía de Bogotá, el segun-do cargo más importante de la Nación. Muestra de pluralismo de la que este Gobierno se siente orgulloso. En Colombia las autori-dades no persiguen al contradictor político, como sucedía en los antiguos regímenes de la seguri-dad nacional. La nuestra es una seguridad democrática, que tiene como horizontes la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y el fortalecimiento del pluralismo político.

Sobra decir que este pacto ma-yoritario a favor de la democracia lo hemos logrado bajo la amenaza de grupos armados ilegales finan-ciados por el narcotráfico, el se-cuestro o el robo de gasolina, que no cuentan con apoyo popular ni

No existe actividad terrorista en la que no

se vean inmiscuidos los miembros de las

Farc o del Eln.

Protesta de las familias de los soldados secuestrados.

Algunos batallones tienen bajo su supervi-sión las vías que hacen parte de la estructura económica nacional.

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respaldo político. Si hablamos de «conflicto armado interno” en vez de hablar de “democracia ame-nazada”, transmitimos al mundo una imagen deformada de lo que acontece en nuestro país. Sí, es la nuestra una democracia vital, pujante, pero amenazada por guerrilleros y paramilitares que convierten en “objetivos militares” a las autoridades locales, como fue el caso de los más de 300 alcaldes amenazados por las Farc a finales del Gobierno pasado o los gober-nantes de los entes territoriales amenazados por las autodefensas.

omo sucede hoy en las legislacio-nes inglesa y española, el único nombre que tenemos para calificar a quienes usan el terror para ata-car a una democracia garantista y pluralista, es el de terroristas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los eufemismos, en

este caso, nos hacen daño. No quiere decir eso que entremos, como sugieren al-

gunos, en la “moda mundial” de la guerra santa contra el terrorismo, suponiendo que hemos importado el término para agradar a alguna potencia extranjera. Calificar a los terroristas como lo que son es un acto de sinceridad patria, lo que no quiere decir que sean mons-truos irremediables o que carezcan de ideas políticas. Lo que hace peligrosos a los terroristas es pre-cisamente que tengan ideas me-siánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política. De allí la importan-cia de exigirles como condición básica para cualquier diálogo que desistan de la violencia, pues sin

el recurso del arma bien pueden sus ideas entrar a jugar dentro de las reglas democráticas.

aer en el juego de decir que existe en Colombia un “conflicto social y armado”, es nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque existen con-flictos sociales, o que los conflictos sociales en Colombia no tienen cauces democráticos para diri-mirse, por lo que sólo encuentran

la vía de las armas para ex-presarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos

sociales serios, pero estos conflic-tos pueden dirimirse a través de los mecanismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir estos conflictos, los pola-rizan y radicalizan para afianzar su estrategia de poder. Los violentos apabullan los conflictos para sem-brar el unanimismo nacido del terror. Interpretando libremente a Estanislao Zuleta, podría decir que mientras a los demócratas nos interesa que haya cada vez más conflictos -pues para nosotros con-flicto es una palabra noble y nos la jugamos por defender la vida del adversario-, a los violentos no les interesa que se abran escena-rios plurales para la discusión y solución de los conflictos, pues ellos solo quieren capitalizar a su favor el odio de los desfavorecidos para catapultarlo y usarlo como herramienta para imponer su he-gemonía. La acción de los grupos violentos colombianos es la más cruda negación que los conflictos dan aliento a la democracia.

La paz que buscamos dentro de

la democracia es polifónica; la de los violentos es la paz de los se-pulcros. Así como se acercan a los cinturones de miseria de nuestras grandes ciudades para convertir el conflicto social de la marginalidad en un arma mortífera que pasa por envenenar el alma de nuestros jó-venes convirtiéndolos en asesinos púberes, así intentan por todas las vías subyugar los conflictos de la democracia a su dialéctica del odio de clases. Concederles que existe un “conflicto social y armado” no es otra cosa que le-gitimarles su estrategia del terror.

ntiendo que para algunos sectores de la comunidad internacional re-sulta difícil aceptar estos argumen-tos. Personalmente he debatido de manera amplia con algunos de los embajadores del llamado G-24 que han insistido en utilizar esta denominación. Pero no podemos dejar que observadores de otros

países, que no alcanzan a comprender la dimensión de nuestros problemas o actúan bajo la presión de sus propios

intereses o urgencias, definan la naturaleza de lo que nos acon-tece, trazando así el rumbo que debe seguir nuestra Nación. Si aceptamos que existe “conflicto armado interno”, que las guerrillas y autodefensas son “partes”, que los miembros de la Fuerza Pública son “actores del conflicto”, que los civiles pueden declararse neu-trales frente a la Fuerza Pública, entonces muy pronto tendremos gobiernos extranjeros y orga-nismos internacionales pasando por encima de las autoridades

Lo que hace peligrosos a los terroristas es precisamente que tengan ideas mesiánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política.

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legítimas para hablar con los ilegales, invocando para ello el principio de neutralidad. No nos equivoquemos, en esta definición se juega la suerte de la Nación. Una cosa es hablar de un país dividido por un conflicto armado interno y otra, muy diferente, de una Nación amenazada que lucha por consolidar su democracia. Una democracia amenazada por grupos terroristas está en todo su derecho de solicitar a los países democráticos del mundo ayuda para enfrentar esta amenaza. Un país dividido, azotado por un “conflicto armado interno”, es sinónimo de una democracia y unas autoridades cuestionadas, un

gobierno al cual muchas naciones no brindarán ayuda en el campo de la seguridad y que preferirán cuestionar a la espera de ver qué rumbo toman los acontecimientos.

on estos apenas algunos argumen-tos para ahondar en este debate apasionante, que hemos asumido con el presidente Álvaro Uribe con amor de Patria herida. Otros relacionados con la diferenciación entre los campos político, jurídico y humanitario, para aclarar que

nuestra afirmación en lo po-lítico no pretende derogar la vigencia del DIH o impedir

las acciones humanitarias de or-ganismos especializados como el de la Cruz Roja nacional o interna-cional; las consecuencias que esta decisión tiene sobre la política de paz en cuanto a las condiciones para hablar con grupos terroristas y pactar con ellos acuerdos, he podido tratarlos en otros esce-

narios y deberán ser materia de análisis exhaustivo por parte de los académicos agrupados bajo este Convenio, a fin de entregar a la opinión un compendio de textos que haga claridad sobre el asunto. No quiere decir esto que el debate vaya a darse por terminado. Di-gamos que apenas empieza, que queremos posicionarlo como un gran debate de la democracia y adelantarlo con el mayor respeto entre ciudadanos desarmados, impidiendo que quienes hacen uso de la violencia intervengan con el silogismo de las armas para forzarlo según sus intereses o abortarlo con sus balas.

Acuerdo humanitario

De los otros puntos que he señalado haciendo parte de este abanico de lo que podríamos llamar “conceptos rectores de una política de seguridad y paz”, quisiera hacer referencia, solo por su carácter paradigmático y valor pedagógico, al llamado “acuerdo humanitario” y al tema de la “fa-cilitación internacional”. Creo que en el campo del llamado canje, intercambio o acuerdo humani-tario -y ya cada una de estas tres palabras tiene un sentido distinto y denota intereses diversos y hasta contrapuestos- se decide igual-

Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror.

Los reiterados ataques terroristas de los grupos guerrilleros han

despertado la solidaridad de los colombianos.

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mente un asunto crucial para la Nación. El dilema es el siguiente: si ante un grupo que somete a un chantaje descarado a la Nación entera, debemos ceder ante sus pretensiones y liberar de las cárce-les delincuentes para que al otro día descarguen de nuevo su furia sobre los ciudadanos y las institu-ciones. O si al contrario, debemos adelantar acciones humanitarias, entendidas como mutuos gestos de buena voluntad por parte del Estado y los secuestradores, para lograr la liberación de las víctimas; gestos de buena voluntad que no pongan en peligro la seguridad de otros ciudadanos y se ajusten a las normas legales vigentes. La posición del Gobierno ha sido la segunda, pero no ha sido fácil mantenerla, pues cabe lamentar que importantes sectores de opi-nión consideren que la presión política debe dirigirse sobre el Gobierno para que ceda ante las pretensiones de los violentos y no sobre los secuestradores. Como se da de antemano la consideración de que la guerrilla no va a ceder, entonces debe ceder la autoridad democrática.

mportantes generadores de opinión, entre ellos algunos ex presidentes, se han dedicado

a torcerle el cuello al DIH para encontrar una fórmula ingeniosa pero funesta si se aplica en la realidad política. Empiezan por tomar el concepto “prisioneros de guerra” propio de los Con-venios de Ginebra y del Proto-colo I, es decir de los conflictos internacionales para aplicarlo a la situación de violencia interna que vive Colombia. Por esta vía convierten a los secuestrados en “prisioneros de guerra”, lo mismo que a los guerrilleros, haciéndolos intercambiables. Los más pudo-rosos recurren al Protocolo II y

extienden a los civiles la fórmula “personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto”. Buscan así eludir las normas humanitarias que impiden la retención de civiles y por otro lado tratan de pasar por encima de la ley penal colombia-na, a fin de liberar sin obstáculos los guerrilleros que se encuentran pagando sus penas en las institu-ciones penitenciarias.

El malabarismo más extraño lo hacen cuando recurren a una frase del Artículo 3 común que faculta a las partes para adelantar acuerdos especiales que permitan actualizar o poner en vigencia

normas humanitarias. Asumiendo que el DIH hace parte del bloque de constitucionalidad y se coloca por encima de las normas inter-nas, sugieren que en virtud de ese artículo y de la peculiar interpre-tación que dan a esa frase, el Pre-sidente de la República firme un acuerdo con un grupo armado al margen de la ley, documento que adquiere ipso facto el carácter de norma supraconstitucional, capaz

de ponen en suspenso el código penal colombiano, permitiendo por tanto al Presidente liberar gue-rrilleros procesados o condenados sin importar su delito ni consultar a las autoridades judiciales.

Este artificio jurídico sería sufi-ciente para que 24 horas después de firmado el mencionado acuerdo el Presidente de la República estu-viera compareciendo ante la Comi-sión de Acusaciones de la Cámara, investigado por una flagrante viola-ción de la ley colombiana. No solo se interpreta mal la aludida frase del Artículo 3 común que sugiere ir más allá del mínimo humanitario

y no, como en este caso, ponernos debajo de él para negociar lo que en el DIH es imperativo e inne-gociable. Se transforma además de forma sofística la condición de los secuestrados, convertidos

Los éxitos alcanzados en la lucha contra los grupos subversivos han merecido el registro de los medios de comunicación e inspirado a connotados columnistas.

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ahora en prisioneros de guerra; se sugiere violar la normatividad penal interna que el mismo DIH se esfuerza por preservar; sino que además se encuentra una maravillosa fórmula para eludir la ley y la Constitución, nada más ni nada menos que con la argucia expedita de firmar un acuerdo entre la máxima autoridad de la Nación y un grupo de delincuentes al margen de la ley. Documento que de inmediato tendría más valor que las leyes aprobadas por el Congreso o las decisiones de nuestras instituciones republica-

nas. Más dislates imposible reunir en un solo acto.

o triste del asunto es que

este dice que sólo puede liberar guerrilleros de acuerdo con la ley y a partir del compromiso por parte de éstos de no volver a delinquir. ¿Cómo así que un gobernante legítimo dentro de un Estado de Derecho no puede pedirle a delin-cuentes que reciben un beneficio judicial, el compromiso básico de no volver a injuriar a las institucio-nes ni violentar a los ciudadanos?

Qué enormes confusiones debe causar a los ilegales vernos en este tipo de debates, incidiendo en la percepción que tienen del problema y despertando en ellos esperanzas de ver consolidados sus propósitos. No es accidental que lleguen a considerar en su fuero interno que algunos de estos eminentes ciudadanos, que ex-

presan en público sus diferencias con el Gobierno en este asunto, son sus “aliados estratégicos” en el propósito de consumar el des-piadado chantaje. Ante asuntos de tanta gravedad debería primar un consenso nacional ante los violentos, tal como rige para los asuntos de política exterior. Ante una amenaza interior que pone en peligro la unidad nacional, los líderes históricos deberían actuar

como actúan los miembros de la Comisión de Relaciones Exterio-res, con unidad de Patria y venti-lando sus opiniones divergentes de manera directa con las altas autoridades del Gobierno, para no enviar mensajes equívocos a los secuestradores.

Es lamentable que el asunto del canje se haya querido convertir además en bandera electoral, o que, como pude constatarlo en la gira con el presidente Uribe por Europa en febrero de 2004, grupos minoritarios y radicales simpatizantes de las Farc corearan al tiempo consignas ofensivas con-tra el Primer Mandatario, “libertad para Simón Trinidad” y “canje... canje”, dejando claro, como lo decía una pancarta de las Farc

durante el anterior proceso de paz con ese grupo guerrillero, que “el canje no es un gesto humanitario sino un acto revolucionario”. Due-le aún más que sean emisarios de los victimarios quienes muchas veces se toman el atrevimiento de aconsejar a los familiares de los secuestrados lo que deben hacer para poner al Gobierno contra las cuerdas. Como quien dice, los pájaros tirándole a las escopetas.

dichas fórmulas se presentan como alternativas para agobiados familiares que marchan ilusos tras las quimeras. Resulta desgastante la polémica pública de quienes cuestionan al Presidente cuando

La unidad élite contra el terrorismo urbano tiene la capacidad de adelantar operaciones de combate en las ciudades contra organizaciones al margen de la ley.

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Pero como en este asunto los desafueros son la norma, quiero comentar una anécdota que espe-ro no se convierta en tormentosa noticia política de los próximos días.

Es tal la falta de criterio y ecua-nimidad para tratar este tema -cosa que entiendo, pues está de por medio el dolor de los secues-trados y sus familias- que durante el debate del proyecto de Ley de Justicia y Paz que se adelanta en el Congreso, estamos a punto de caer en una peligrosa paradoja, que podría costarle mucho a la Nación. En las Comisiones Prime-ras conjuntas de Senado y Cáma-ra, fue aprobada una propuesta del Senador José Renán Trujillo, acordada con el Gobierno, para conceder los beneficios consagra-dos en dicha ley a los miembros de grupos con los que se alcancen “acuerdos humanitarios”. Pues el Gobierno no está en contra de buscar un mecanismo que permi-ta la libertad de los secuestrados, concediendo algún beneficio jurí-dico a quienes muestren gestos de buena voluntad que permita a los cautivos regresar a la libertad. De lo que se trata es de hacerlo sin poner en peligro la política de Se-guridad Democrática, ni estimular hacia un futuro nuevos chantajes y secuestros. Las condiciones para dicho acuerdo se han hecho públi-cas varias veces, y a ellas se añade ahora la posibilidad de otorgar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para alcanzar dicho propósito.

asta allí las cosas van bien,

extendiendo al máximo nuestra generosidad sin poner en peligro la eficacia de una política de pa-cificación ni la integridad de las instituciones. Pero un significativo grupo de parlamentarios, entre los que se cuentan algunos de los más duros críticos del Gobierno en lo relacionado con este proyecto, de-jaron constancias en el sentido de revivir en las plenarias del Congre-so el debate, para tornar más ágil la concesión de estos beneficios, de tal manera que el Presidente de la República ordene de manera directa la excarcelación de los gue-rrilleros beneficiados, sin que estos tengan que pasar por el tribunal especial, pagar una pena privati-va de la libertad básica o reparar a las víctimas. Algunos, incluso, sugieren que esta función no debe ser facultativa del Presidente sino obligatoria. De ésta manera creen asegurar un mecanismo expedito para el intercambio de secuestra-dos por guerrilleros presos.

Si esto llegase a suceder, estaría-mos ante una peligrosa paradoja. Aquellos que firmen acuerdos de paz y desmovilicen a sus hom-bres, entregando armas y bienes ilícitos, se irían a la cárcel con el compromiso de reparar a sus víctimas antes de obtener un be-neficio judicial. Pero aquellos que secuestren a ciudadanos inocen-tes, chantajeando al Estado para conseguir sus propósitos, podrían salir de las cárceles por mecanis-mos expeditos que resultarían una burla para la justicia y las víctimas. Se desestimularía por completo la

política de desarme y desmoviliza-ción, mientras se estimularía a los grupos armados ilegales para que recurran a la práctica del secuestro con el propósito de obtener mejo-res condiciones de excarcelación para sus miembros.

Esta propuesta es una muestra más de la falta de universalidad con que algunos legisladores tramitan la Ley de Justicia y Paz. Para el Gobierno es claro que el asunto de la excarcelación de miembros de grupos armados ilegales es central para consolidar los esfuerzos de paz. Pero consi-dera que los criterios aplicados a guerrilleros y paramilitares deben ser idénticos, pues de lo contrario encenderíamos de nuevo a la Nación antes que avanzar hacia una efectiva reconciliación na-cional. Esperamos que prime la cordura entre los legisladores, para que desistan de su pretensión de modificar lo aprobado en las Co-misiones Primeras conjuntas sobre acuerdo humanitario. Lo otro sería abrir un enorme boquete a la Ley de Justicia y Paz, que tornaría inane el resto del articulado. Este sí sería un “mico” de gigantescas proporciones, un “gorila” que en vez de ayudar a la pacificación del país intensificaría mucho más la violencia. Me imagino a las autodefensas rehusándose a la desmovilización y haciendo secuestros para obtener mejores condiciones que las brindadas por el actual proyecto de ley. Y a la guerrilla acorralando al Presidente y presionando a los ciudadanos para que se le apliquen tan expe-ditos mecanismos con el propósito de sacar a todos sus efectivos de las cárceles. A este escenario bien podríamos llegar en pocos días, si el asunto del canje o inter-cambio se sigue manejando sin profundidad conceptual y visión estratégica, por lo que considero

No sólo es cuestionable la figura de los “países amigos” que poco pueden hacer en el campo de la facilitación y sí mucho en abrirle espacios de interlocución a los grupos armados ilegales colombianos.

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pertinente, señores académicos, estudiar con seriedad este tema y adelantar una pedagogía na-cional para que encontremos una salida humanitaria al caso de los secuestrados pero sin exponernos a violencias futuras o procesos de desinstitucionalización que luego tendríamos que lamentar.

Facilitación internacional

Por último una referencia a los “facilitadores internacionales”. Aunque Colombia cuenta con una tradición poco evaluada de participación de la comunidad internacional en procesos de paz, se hace necesario redefinir el papel del facilitador a la luz del calificati-vo que los grupos armados ilegales han recibido como organizaciones terroristas. Si ha sido una cons-tante que la guerrilla busque el oxígeno internacional para abrirse espacios políticos, en las actuales circunstancias esta búsqueda re-sulta más intensa y afanosa. Las Farc están buscando conformar un grupo de países amigos del acuerdo humanitario, cuidado-samente seleccionados por ellos. Escogen a Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina del continente ameri-cano; a España, Suiza y Francia de Europa, y al Vaticano y Naciones Unidas como acompañantes. No sólo es cuestionable la figura de los “países amigos” que poco pueden hacer en el campo de la facilita-ción y sí mucho en abrirle espa-cios de interlocución a los grupos armados ilegales colombianos. Resulta preocupante además que a partir de una lectura simplista

del nuevo orden internacional, las Farc escojan unilateralmente los países que deben ser los acom-pañantes del proceso, pensando -tal vez- que sus ideas tendrán en ellos mayor eco. Recientemente el Eln trató de influir en una reunión programada entre el presidente Uribe y los presidentes de Brasil, España y Venezuela, anunciando como cosa curiosa que la situación colombiana resultaba peligrosa para la subregión. Y este mismo grupo, después de romper con la facilitación mexicana pretextando un desacuerdo con la política in-terna y exterior de ese país, llamó

al viejo grupo de países amigos -Cuba, Suiza, Francia, Noruega y España- a reasumir unas funciones gaseosas que nada tienen que ver con la intención de resolver el espinoso asunto del secuestro, al que de manera tan profesional nos había llevado la facilitación mexicana.

Naciones Unidas no puede pedir la condición de neutralidad frente a los grupos terroristas colombianos, para tender puentes con ellos.

Equipos de comunicaciones y campamentos con oficinas amobladas han sido encontradas en operaciones del Ejército contra la guerrilla.

A pesar de las dificultades del relieve y el clima, el Ejército ha logrado desvertebrar importantes campamentos de la subversión.

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engo serias dudas sobre la validez de estos “grupos de países amigos” puestos en

marcha durante la administración anterior. No sólo su conformación fue en ocasiones apresurada y caótica, sino que jamás se definie-ron con claridad sus funciones o el límite temporal de su interven-ción. Cuando comenzó la actual administración el grupo de países amigos que acompañó el proceso con las Farc seguía reuniéndose por inercia, así no existiera proce-so, pues en el mundo diplomático es fácil constituir grupos pero muy difícil disolverlos. Dichos grupos, útiles para obtener apoyos opera-tivos si son bien orientados tienen sin embargo una falla grave, que son acciones difusas, fácilmente aprovechables por los ilegales para ganar espacios de interlocución y contar con canales de alto nivel para transmitir sus posiciones y comunicados, convirtiéndose en un factor de deslegitimación de nuestro Gobierno. Por otro lado, cuando dicha labor es adelantada por embajadores de planta y no por facilitadores profesionales dedicados de manera exclusiva a esta tarea, la posibilidad de equí-voco es mayúscula.

l campo de la facilitación internacional debe ser enton-ces estudiado con cuidado.

El fracaso de la labor de buenos oficios de Naciones Unidas debe salir de los chismes de salón y de las inculpaciones tendenciosas para analizarse con objetividad. En nuestro concepto la labor de facilitación debe separarse de la figura del Asesor Especial del Secretario General, pues resultan contradictorias. Por otro lado, Na-

ciones Unidas no puede pedir la condición de neutralidad frente a los grupos terroristas colombianos, para tender puentes con ellos.

Si Colombia hace parte del sis-tema de Naciones Unidas, resulta absurdo que se invoque neutrali-dad frente a los grupos terroristas que amenazan nuestra democra-cia. Se hace necesario que el Se-cretario General de Naciones Uni-

das redefina sus protocolos para clarificar qué significa adelantar una labor de buenos oficios frente a un grupo terrorista que amenaza a un Estado miembro. La ONU tiene un claro mandato de lucha contra el terrorismo, reforzado después del 11 de septiembre por la Resolución 1373. ¿Cómo puede entonces declararse neutral frente a organizaciones que hacen parte de las listas terroristas de Europa y Estados Unidos, y que atacan flagrantemente a la población civil? Creemos que en este caso la labor previa de exhortación y presión política legítima para que dicho grupo cese en sus acciones terroristas es parte integral de la gestión de buenos oficios, lo cual no es obstáculo para que se abra espacio a una “neutralidad profe-sional” limitada al campo de los procedimientos pero no extensible al ámbito político. Dicha “neutra-

Los “grupos de países amigos”, conformados para apoyar procesos en marcha, no resultan adecuados para la labor de facilitación.

La destrucción de importantes puentes que unen vastas regiones del territorio nacional son un arma utilizada por la guerrilla para incomunicar municipios y atentar luego contra ellos.

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lidad” operativa y circunstancial cobijaría al funcionario encargado de adelantar los contactos y no se predicaría del Sistema de Nacio-nes Unidas en general, ni de la Oficina del Secretario General en particular. Así impediríamos con-fusiones como las que bloquearon el reciente intento de facilitación de Suiza con las Farc, que fue interpretado por este grupo como el establecimiento de un canal para las relaciones “político di-plomáticas” con esa Nación, con el propósito de tratar asuntos de “interés mutuo”.

Frente a estas confusiones el modelo adelantado por México con el Eln debe ser apreciado en toda su dimensión. Se trató de una labor profesional que permitió avances significativos para un en-cuentro directo entre el gobierno

efinido el ámbito de los conceptos, entremos a un segundo ámbito rela-cionado con propuestas de paz y metodologías

de diálogo con grupos ilegales, que es necesario tener en cuenta. En primer lugar quisiera resaltar la importancia de la decisión tomada por este Gobierno de adelantar diálogos con todos los grupos ar-mados ilegales, siempre y cuando expresen de manera pública su compromiso de abandonar la violencia. Nuestro esfuerzo por

convencer a las autodefensas de desmontar su mortífero aparato de terror, no ha tenido suficiente acompañamiento por parte de la academia. Encontramos aquí un sesgo entre los intelectuales que trabajan el tema de la paz, nacido quizá de un prejuicio histórico. La mayoría de ellos ven con buenos ojos adelantar negociaciones con grupos armados nacidos de la izquierda, pero no con la derecha armada. No obstante que los grupos guerrilleros han insistido en que sin un desmonte de los grupos

Política de paz con los grupos armados ilegales

Estos grupos se levantan en la actualidad como la más grave amenaza para la gobernabilidad democrática.

colombiano y el Eln. Por la clari-dad de su encuadre, la destinación de un diplomático para adelantar la labor con exclusividad y la preci-sión de sus objetivos, la facilitación adelantada por México configura un modelo digno de repetirse. La facilitación internacional resulta útil si se adelanta de manera dis-creta y profesional, como producto de un previo acuerdo del facilita-dor con el gobierno colombiano, con aceptación explícita por parte del grupo armado ilegal y limita-ción en el tiempo. Los “grupos de países amigos”, conformados para apoyar procesos en marcha, no resultan adecuados para la labor de facilitación. Y menos aún los contactos espontáneos de gobiernos extranjeros con los gru-pos terroristas colombianos, que terminan deslegitimando nuestra democracia y dando alientos a

su acción violenta. Es hora de repasar con cuidado nuestras ex-periencias en este campo para no seguir cometiendo errores y, más bien, aprender a utilizar con pre-cisión este importante instrumento internacional como medio para alcanzar la paz en nuestra Patria.

paramilitares no avanzarán en un proceso de paz; que las pasadas conversaciones con las Farc y el Eln durante el gobierno de Andrés Pastrana se vieron sucesivamente torpedeadas por la acción de estos grupos, hasta ahora nadie había intentado explorar una sa-lida dialogada con los grupos de autodefensas.

Cuando se iniciaba el actual gobierno, los anteriores Comisio-nados de Paz, convocados por Carlos Holmes Trujillo, escribieron un libro titulado “Al oído de Uri-

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be”. Querían transmitirle a este Gobierno sus experiencias y darle consejos en el tema de la paz. Cuando se inició el diálogo con las autodefensas, revisé el texto en busca de alguna orientación. A la pregunta de si era posible un diá-logo con estos grupos se respondía diciendo que de pronto cuando se hiciera la paz con las guerrillas, o negando de plano la posibilidad. Me dí cuenta entonces que se tra-taba de abrir camino, sin la ventaja de una sólida experiencia previa.

esto se han sumado prejui-cios que impiden la labor del pensamiento. Por ejemplo,

suponer que las autodefensas no son nuestros opositores sino nues-tros aliados. Qué grave error. Estos grupos se levantan en la actualidad como la más grave amenaza para la gobernabilidad democrática. No dependen del Estado, antes bien, compiten con él por el monopolio de la fuerza y de la justicia. El hecho de no presentarse como contradictores abiertos de nuestras instituciones democráticas los hace más peligrosos, pues se disfrazan con nuestros ropajes, confundien-do a cientos de ciudadanos que han creído encontrar en ellos una alternativa de seguridad, cuando en realidad imponen una nueva forma de sometimiento.

Para el Gobierno siempre ha sido claro que el primer paso para legitimar el Estado y favo-recer un diálogo sólido con las guerrillas es desmontar los grupos paramilitares, centrando la acción antisubversiva solo en las Fuer-zas Armadas institucionales. Sin embargo encontramos opositores a la izquierda y a la derecha. En-contramos también temor en los ciudadanos que no olvidan las acciones violentas de la guerrilla y temen quedar expuestos de nuevo a sus desafueros.

Es importante que a la luz de este Convenio profundicemos sin apasionamientos partidistas ni visiones maniqueas en el reto que significa desmovilizar a las auto-defensas. Y que seamos capaces de articular el desmonte de estos grupos con una política de paz que involucre también a las Farc y el Eln. Simplemente como ejercicio intelectual permítanme una pros-pección de lo que puede ser una política de seguridad y paz que dé continuidad a los propósitos de este Gobierno.

Fortalecidos los logros obteni-dos hasta el presente con la políti-ca de Seguridad Democrática, que exigirán de nuestra parte persis-tencia y compromiso a largo plazo, podremos adentrarnos poco a poco en una política de paz viable y duradera que la complemente. En efecto, conseguir la seguridad no es alcanzar la paz. Pero sí es un requisito indispensable para mostrar a los violentos que el ca-mino de las armas es inútil y para fortalecer al Estado como interlo-cutor legítimo, capaz de ofrecer a todos los colombianos garantías para el disfrute de sus derechos y libertades democráticas.

n primer lugar debemos con-solidar el desmonte de la ma-quinaria paramilitar. Ya ellos

aceptaron en el Acuerdo de Santa Fe Ralito del 15 de julio de 2003 desmovilizar a sus hombres, de-jando atrás el argumento histórico que no lo hacían si antes no daba ese paso la guerrilla. Consolidar ese proceso antes de terminar el presente año, como bien se dice en el acuerdo, debe ser un propósito nacional. Sin lugar a dudas las guerrillas tratarán de utilizar este espacio para golpear a poblaciones vulnerables y agu-dizar sus ataques contra el Estado a fin de demostrar el fracaso de la

Seguridad Democrática. El reto será entonces enfrentar la ame-naza terrorista de la guerrilla sólo con instrumentos democráticos, buscando el apoyo activo de la población civil a las políticas de seguridad y el respaldo internacio-nal, tanto político como financiero para seguir consolidando nuestra democracia.

Entre tanto, ofreceremos a las Farc y al Eln propuestas claras para una salida dialogada. Como condición inicial insistiremos en el cese de hostilidades, entendido como un compromiso político por parte de estos grupos de suspen-der las acciones violentas. Dicho requisito es fundamental. Mucho se ha criticado el cese de hostilida-des de las autodefensas, que dista de ser perfecto. Pero como las au-todefensas se han comprometido con su palabra, ninguna justifi-cación pueden esgrimir cuando incurren en acciones violentas, corriendo en cambio con todos los costos políticos al hacerlo. Las estadísticas muestran por demás una disminución significativa en homicidios -67%- y de masacres -83%- atribuidas a estos grupos desde que se iniciaron los diálo-gos. No solo se han incrementado las acciones militares contra todos aquellos que violan el cese de hostilidades -en cifras que superan en promedio el 300%-, sino que el reclamo llevado a la mesa de diálogo resulta un útil mecanismo de presión para posicionar las con-diciones del Gobierno y acelerar la desmovilización. Pues si bien ha dicho el Gobierno “urgencia para el cese de hostilidades y pa-ciencia para la desmovilización y el desarme”, la paciencia para la desmovilización se acaba cuando el cese de hostilidades se viola.

En días pasados el Eln rompió sus relaciones con la facilitación

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mexicana, como un pretexto para no asumir ante la opinión el costo político de su negativa a dejar de secuestrar. Incluso uno de los jefes de las autodefensas, en entrevista televisiva, tachó al Gobierno de fundamentalista por no entender que el asunto del se-cuestro era tema para tratar en la mesa. Otros sectores de opinión piensan lo mismo, y así se lo han hecho saber al Gobierno. Sin embargo, el Presidente ha dejado claro que si nos hacemos los de la vista gorda con esta práctica terrorista, si en pos de un logro efímero cedemos ante la negativa de ese grupo de abando-nar la terrible práctica del s e c u e s t r o , perderemos e n t o n c e s toda legitimi-dad y auto-ridad moral para exigírse-lo en el futu-ro, exponién-donos a que dicho grupo rea l i ce se -cuestros ma-sivos como los sucedidos durante el go-

bierno anterior para obligarnos a ceder ante sus propósitos. Si aceptamos que ese grupo sus-penda acciones contra la Fuerza Pública y la infraestructura pero que siga secuestrando mientras dialoga con nosotros, como fue su propuesta, sería tanto como legitimar sus acciones contra los ciudadanos mientras la Fuerza Pública se compromete a no atacarlos, en virtud del compro-miso de reciprocidad. No hay que afanarse, tal vez la correlación de fuerzas no es todavía suficiente para obligar al Eln a cambiar su posición y asumir que el mundo

actual exige un compromiso serio frente al secuestro. Lo que no po-demos hacer es iniciar un diálogo que en vez de permitirnos avanzar, nos devuelva al mismo empanta-namiento en que estamos con ese grupo desde hace diez años. La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el cam-po de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos.

e manera especial, es impor-tante teorizar y desarrollar los modelos e instrumentos

La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el campo de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos.

Las Farc han visto en Arauca una región con gran potencial para ubicar allí

su estructura financiera.

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que sirvan al Presidente y los Altos Mandos militares para combinar de manera acertada la presión política y militar legítima con las salidas negociadas. En este campo de de-cisión no podemos seguir movién-donos por espontáneas intuiciones, o a partir del mensaje clandestino que envía un grupo armado ilegal anunciando su voluntad de paz. Se necesitan estrategas capaces de determinar cuando es preciso coaccionar con la fuerza del Estado pero también de auscultar el mo-mento preciso para abrir caminos de paz; de combinar el uso de la fuerza legítima y las acciones de acorralamiento político con los métodos persuasivos propios de una mesa de diálogo.

abrá que analizar si el Eln está maduro para dejar de secuestrar, o si se necesita mayor presión legítima, incluso, ojalá de sectores de izquierda que son escuchados por ellos, para que abandonen de una vez por todas esas prácticas delictivas. Esto no quiere decir que dejemos atrás lo logrado hasta ahora. El Gobierno ha ofrecido a ese grupo una suspensión de acciones militares ofensivas como reciprocidad a un cese de acciones violentas decretado por ellos, que debe incluir el secuestro. Acto seguido podemos adelantar pro-gramas de desminado conjunto en zonas donde han operado, estudiar mecanismos para la finan-ciación internacional del proceso y poner en marcha un “acuerdo humanitario” que permita la libe-ración de los secuestrados en su poder y de los presos de ese gru-po que puedan recibir beneficios judiciales. Cumplida esta primera

fase estaríamos en condiciones de apoyar la convocatoria de la llamada “Convención Nacional”, mecanismo participativo en el que ha insistido ese grupo desde hace varios años. Basta entonces que el Eln anuncie que está dis-puesto a dejar de secuestrar, para que de inmediato retomemos los preacuerdos alcanzados hasta ahora con la ayuda de México, que bien pueden llevarnos a un encuentro directo entre el Go-bierno y ese grupo guerrillero. Ante quienes dicen que nuestras exigencias son exageradas, que deberíamos iniciar conversaciones sin el requisito del cese de acciones violentas y la definición de un de-rrotero claro, debemos responder con argumentos sólidos, por lo que dejo también a consideración de los académicos encargados de desarrollar el Convenio que hoy firmamos, estudiar la validez de estas exigencias para dar mayor fundamentación a nuestra pro-puesta, de tal manera que si se considera justa el país la conozca y se apropie de ella, pues siempre corremos el peligro de olvidar lo esencial e irnos tras quimeras que tienen a la postre terribles costos para la nación.

Y qué hacer entre tanto con las Farc? Poco interés ha mos-trado ese grupo en adelantar

un proceso de paz con el actual Gobierno. Cuando apenas se iniciaba la actual administración formularon la exótica exigencia de desmilitarizar dos departamentos fronterizos como condición para iniciar conversaciones dejando la impresión de estar más interesado en consolidar dominio territorial,

que en una propuesta de paz que no ponga en peligro la unidad de la Nación. Hoy por hoy, sus esfuerzos se centran en el llamado “canje” de guerrilleros presos por civiles secuestrados, con el pro-pósito de asestar un golpe político al establecimiento y fortalecer su capacidad militar con la liberación de guerrilleros experimentados que permanecen en la cárcel. Será necesaria más presión militar y política para que accedan a una salida dialogada viable y segura para el Estado.

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a lograr un acuerdo humanitario que permita la libera-ción de las personas secuestradas, siempre y cuando se adelante bajo el marco jurídico vigente y cumpliendo condiciones razona-bles: sin despejes militares y con el compromiso de los guerrilleros liberados de no volver a delinquir. Aunque en un principio el Presi-dente ligó el acuerdo humanitario al inicio de un proceso de paz, por sugerencia de dirigentes naciona-les y familiares de los secuestrados, desde el 24 de septiembre de 2002 tomó la decisión de diferenciar los dos escenarios.

El 23 de julio de 2004, el Go-bierno entregó en Roma a un faci-litador internacional una propuesta en dos fases. En primer lugar un acuerdo humanitario, cuyos términos fueron conocidos por la opinión el 18 de agosto de ese año: el Gobierno libera de manera unilateral un grupo de guerrilleros condenados por rebelión, a los cuales se les ofrece una alternativa para su reincorporación a la so-ciedad. Liberados por parte de la

“El Gobierno está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si estas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad”.

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guerrilla los políticos secuestrados y miembros de la Fuerza Pública en su poder, se examina el inicio de la segunda fase, previa decla-ratoria de un “cese de hostilidades por parte de las Farc, sin entrega inicial de armas ni desmovilización y con reciprocidad del Gobierno, que consistirá en la suspensión de acciones militares ofensivas”. Tal como quedó consignado en el documento del 23 de julio “el compromiso de una y otra parte tendrá vigilancia internacional”.

Aunque dicha propuesta no me-reció ninguna respuesta por parte de las Farc, en un gesto de buena voluntad el Gobierno indultó el 2 de diciembre a 23 guerrilleros pertenecientes a ese grupo, que hoy se encuentran en libertad. El pasado 20 de diciembre se ofreció una fórmula sencilla para perfec-cionar el acuerdo que facilite la liberación de 63 colombianos y extranjeros secuestrados: “El Gobierno está dispuesto a reunir-se de manera inmediata con las Farc en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si estas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad”. Para el traslado de los miembros de las Farc al lugar de encuentro y su regreso se contará con garan-tes nacionales e internacionales.

Voceros de dicho grupo han afirmado en comunicado público del pasado 25 de febrero que sólo hablarán de paz si se les recono-ce carácter político y se convoca una Asamblea Constituyente.

El 6 de diciembre de 2000, las Farc

arrasaron la población de Granada,

Antioquia. Manzanas enteras fueron

derrumbadas y 29 personas murieron

bajo los escombros, 15 de ellos civiles.

Siguiendo los lineamientos de la propuesta que formulamos desde julio del 2004, podemos decirles a las Farc que si se trata de sacar adelante un proceso de paz, no tenemos ningún problema en con-siderarlos interlocutores válidos, siempre y cuando cesen en sus acciones violentas. Y aún más, si para consolidar un proceso de paz serio es necesario convocar una Asamblea Constituyente, tampoco vemos problema en explorar esa posibilidad.

Tanto al Eln como a las Farc debe quedarles claro que así como este Gobierno ha sabido comba-tirlos con firmeza, tiene también decisión y grandeza para explo-rar los caminos del diálogo. No del diálogo como pretexto para fortalecerse militarmente y volver a la violencia. Del diálogo que conduzca a un efectivo desarme y reconciliación de la Nación.

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La guerra por la paz

El general Rafael Samudio Molina dialoga con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y el general Alberto Ruíz Novoa, luego de la ceremonia de clausura del Coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz.

General Rafael Samudio MolinaPresidente Nacional de ACORE

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La Guerra

Una definición general y aceptable, puede ser: “La guerra es la violencia organizada, es decir, la lucha armada y cruenta entre grupos políticos organizados”.

La guerra, como la discusión, son los dos instrumentos básicos de la política. Por eso Von Clau-sewitz afirmaba correctamente que “la guerra es la continuación de la política con otros medios“: De ahí que sea erróneo estable-cer la diferencia entre soluciones políticas y “soluciones militares“ porque la llamada “solución mi-litar“ es en realidad una solución política.

Al respecto citemos textualmen-te a Clausewitz:

La guerra es un acto político... y también un efectivo instrumento político, una continuación del co-mercio político y la ejecución de éste por otros medios.

1. En ninguna circunstancia debe considerarse la guerra algo independiente... la política se entrelaza con la acción total de la guerra y debe ejercer una influen-cia continua sobre ella.

2. Las guerras deben diferir en carácter, según los motivos y las circunstancias a los que obedecen.

3. El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General consiste en entender el tipo de guerra en que interviene, y no en tomarlo por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”.

Marco internacional de la guerra y los conflictos armados

Sobre la guerra como fenóme-no político militar, no existe defini-ción jurídica absoluta, taxativa ni concepto absolutamente aceptado internacionalmente.

Conflicto armado interna-cional:

En concordancia con el Artículo 2° común, a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Artículo 1° del Protocolo Adicional I de 1977, el conflicto armado internacional se verifica entre por lo menos dos Estados.

Artículo 2° común a los Convenios de Ginebra:

“El presente Convenio se apli-cará en caso de guerra declarada o

de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra”.

Marco Constitucional Colombiano

Capítulo 6- De los estados de excepción

Artículo 212.- EI Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el es-tado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente ne-cesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.

La declaración del estado de guerra exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere nece-sario repeler la agresión.

Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el esta-do de guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad.

Conc.: arts. 59, 97, 104, 138, 150-1, 152 (e), 173-5, 189-3 a -6, 208, 213 a 215, 217, 241,252, 350, 362 inc. final.LE: 137/94, arts.1º y ss.; L.O. 5ª/92, arts. 120, 254; L. 94/93, L 171/94.

Se caracteriza por:

a. Una permanente actividad militar;

b. Un elevado grado de ten-sión en la opinión pública;

c. La entrada en vigor de normas jurídicas atípicas, respecto de las que rigen en tiempo de paz;

d. Una progresiva polariza-ción política dentro de las estructuras beligerantes.

"El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General, consiste en entender el tipo de guerra en que interviene y no en tomarlo por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”. Von Clausewitz

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la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a ma-terias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declara-toria del estado de excepción.

2. No podrán suspenderse los Derechos Humanos ni las li-bertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del Derecho Internacional Humani-tario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno du-rante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

3. No se interrumpirá el nor-mal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.

4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el Gobier-no declarará establecido el orden público y levantará el estado de excepción.

5. El Presidente y los minis-tros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguien-te de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los ar-tículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su

Artículo 213.- En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucio-nal, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no ma-yor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la pertur-bación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspen-der las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

En ningún caso los civiles po-drán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

Conc.: arts. 116, 138, 152 (e), 189-4, 200-5, 208, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 241, 251-5, 252, 296, T-12, T-13, T-30. C.P., art. 346; L.E. 137/94, arts. 1º y ss.; L.O. 5ª/92, arts. 254, 313; L 94/93; L 171/94; L 522/99.

Artículo 214.-Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:

1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de

constitucionalidad. Si el Gobier-no no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio en forma inmediata su conocimiento.

Conc.: arts, 6°, 22, 91, 93, 104, 113, 123, 152, 189, 197, 198, 200, 212, 214-7, 241, 252, 296, 33’8, 345.L. 16/72, art. 27; L. 14/92; L. 94/93; Leyes 137, 171 de 1994.

Los conflictos arma-dos - Protocolo II de Ginebra

Artículo 1. Ámbito de apli-cación material

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el Artículo 3º común a los Convenios de Gi-nebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condi-ciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el Artículo 1º del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus Fuerzas Armadas y fuerzas armadas disi-dentes o grupos armados organi-zados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

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Otras definiciones:

El término “conflicto armado internacionalizado” describe hosti-lidades internas que se convierten en internacionales. Las circuns-tancias concretas que pueden dar lugar a esa internacionalización son numerosas y, a menudo, complejas: la expresión conflicto armado internacionalizado inclu-ye las guerras entre dos facciones internas respaldadas por Estados diferentes, las hostilidades directas entre dos Estados extranjeros que intervienen militarmente en un conflicto armado interno respal-dando a grupos enemigos y las guerras en que se produce una intervención extranjera para apo-yar a un grupo rebelde que lucha contra un Gobierno establecido.1

Conflicto Armado y Dere-cho Humanitario

La Aplicabilidad del Proto-colo II

¿Es aplicable el Protocolo II a la situación de desorden público en Colombia? ¿Tienen los grupos armados ilegales mandos respon-sables? ¿Ejercen estos grupos control sobre ciertas partes del territorio nacional, que les permi-ta realizar operaciones militares sostenidas y concertadas? ¿Tienen capacidad y voluntad de aplicar el Protocolo?

Responder las anteriores pre-guntas no es nada fácil. Para esto se requiere analizar los requisitos de aplicación material consagra-dos en el Protocolo II.

El Artículo 1º de dicho instru-mento establece que el conflicto armado se libre: “entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disi-dentes o grupos armados organi-zados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo". Control territorial, or-ganización y mando responsable

más la capacidad para aplicar y respetar las normas humanitarias y las costumbres de la guerra, son requisitos exigidos.

Estos elementos, deben anali-zarse en sentido jurídico, político y pragmático.

Para empezar debe abordarse la idea del control territorial por parte de un grupo armado y organizado. Al efecto es obligado diferenciar los conceptos presencia y control. Desde luego los grupos armados hacen presencia en muchas áreas de la geografía colombiana y de modo eventual, un control tran-sitorio impuesto por la fuerza de las armas y el terror sin sujeción

Mediante la campaña institucional "Nuestro

compromiso es Colombia", el Ejército cumple una

importante tarea de presencia en los

medios de comunicación.

1. D. Schindler, "El derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos internacionalizados", Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n° 53, 1982, p. 279.

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cierta de la población cautiva a la cual sujetan coercitivamente. Por esta razón el control formal y fundamental solamente lo ejer-cen sobre sus propias facciones quienes itinerantes se desplazan de una a otra región, adelan-tando actividades criminales de secuestro, extorsión y cautiverio colectivo para trabajos de siembra y procesamiento de coca.

Algunos analistas hablan de control atendiendo a facilidades de movilidad y circulación para ingresar a una zona, desarrollar hostilidades en ella y enmarcar extensiones arbitrarias de territorio.

Y a ese territorio le adjudican la función de constituirse en so-porte físico de una jurisdicción de dominio y control territorial, todo lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico y político, que tan solo podría ser aceptable en la comprensión especulativa de quienes lo planteen desde algún país europeo, ajeno a la realidad y dimensiones de nuestra geografía física y humana.

dicionalmente se precisa de una estabilidad, que en nuestro medio es inexisten-

te como control de una porción, aún modesta, del territorio para que ellos estén en capacidad de aplicar efectivamente las reglas del Protocolo.

En cuanto a realizar operacio-nes militares sostenidas y concer-tadas para aplicar el Protocolo, es decir, proteger y asistir enfer-mos y heridos por ejemplo, o dar trato humano a los prisioneros tal como lo preveen los Artículos 4º

(garantías fundamentales) y 5º (personas privadas de la liber-tad). Tal acontecimiento no ha ocurrido ni ocurre, con la excep-ción de algunos ataques a lejanos destacamentos militares y tomas transitorias de igualmente distan-tes localidades excepcionales.

Las cuadrillas armadas ilega-les desarrollan sus actividades criminales especialmente y con predilección sobre caseríos y po-blaciones inermes, destruyendo indiscriminadamente viviendas y construcciones de servicios públicos, culturales y religiosos mediante armas de fuego y car-gas explosivas que proyectan con tubos artesanales, que en forma alguna pueden aceptarse como ejercicio de dominio territorial, control político, aceptación de la población ni permanencia en la vida de las comunidades.

Dice el pueblo colombiano, de modo coloquial, que se vive bajo la amenaza terrorista de la guerrilla.

Estos grupos poseen, desde luego, una estructura orgánica relativamente jerarquizada y ma-nejada horizontalmente según sus conveniencias, cuya existen-cia el Gobierno acepta cuando toma contacto mediante algunos agentes oficiales en situaciones específicas, que generalmente han correspondido a la formulación de invitaciones para obtener su desmovilización y regularización ciudadana.

El concepto de responsabilidad lo manejan de modo discrecional, circunstancial y acorde con sus

intereses. Mucha de la fortaleza aparente de su estructura se debe al efecto de la guerra política, den-tro de la cual sus propagandistas e ideólogos redactan documentos y esquematizan organizaciones formales, sin validez de quienes se describen como subordinados. La estructura y jerarquía, de “frentes” y “direcciones nacionales” como el Secretariado General para las Farc y el Comando Central para el Eln, corresponden a la de cuadri-llas errantes y en movimiento hu-yendo del apremio de las tropas.

En sus escritos, se atribuyen jerarquía de corte militar, que ob-viamente no modifica su actividad delincuencial y denominan hostili-dades al secuestro, el terrorismo y dedicación al narcotráfico.

Por similares razones carecen de códigos de conducta, asunto evidente en la indiscriminada y sangrienta aplicación, sin fórmula de juicio, de penas de muerte a sus hombres, población civil, funcio-narios del gobierno, autoridades militares y de la iglesia.

En cuanto hace referencia al mando responsable, es evidente que en cuadrillas sin Dios ni Ley, aplicadas a los menesteres des-critos, de los cuales a diario da cuenta la prensa nacional e inter-nacional, que esta figura no existe ni puede existir mientras que su objetivo primordial sea el crimen organizado con fines de lucro, especialmente el de las drogas.

De manera coherente debe asumirse que, la observancia de las leyes de la guerra por parte de estos grupos es una ficción, por

Las cuadrillas armadas ilegales desarrollan sus actividades criminales especialmente y con predilección sobre caseríos y poblaciones inermes.

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ausencia evidente de objetivos altruistas que orienten su accionar, básicamente como actos terroris-tas o de delincuencia.

orprendería que solamente fuera el desconocimiento de la realidad colombiana el

elemento de juicio para que na-cional e internacionalmente, haya quienes persistan en la apología y propaganda de estos grupos fuera de la Ley orientadas a buscar el otorgamiento del status interna-cional de beligerancia. En reali-dad todo se debe a su militancia en la izquierda radical, porque es evidente que ni siquiera pueden demostrar capacidad y voluntad para ajustarse a una sola de las normas del derecho de los con-flictos armados, como lo señala el Comité Internacional de la Cruz

Roja, que “consiste en poseer la aptitud mínima necesaria para eje-cutar el mencionado instrumento”.

Marco Jurídico Colombiano

Código Penal Colom-biano -Titulo V- Delitos contra la Seguridad Pública

Capitulo Primero - Del Concier-to, El Terrorismo

Concierto para Delinquir

Artículo 186.- Modificado. Ley 365 de 1997, Artículo 8º. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese sólo hecho, con prisión de tres

(3) a seis (6) años. Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será prisión de tres (3) a nueve (9) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escua-drones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sica-rios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, en-cabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

Conc.: 188

Concierto es acuerdo, convenio, conjura o complot para delinquir, para realizar o ejecutar hechos punibles. Varios elementos se des-prenden de este tipo: 1) La reunión o intervención de varias personas. Por tanto se trata de un delito plu-risubjetivo. 2) El concierto, acuerdo o convenio entre tales personas. 3) La finalidad es cometer delitos (dolo específico). Este delito se diferencia de la conspiración en que en ésta el acuerdo radica en cometer delito de rebelión o sedición, mientras que en el con-cierto para delinquir la finalidad es indeterminada (cometer delitos).

Terrorismo

En la antigua mitología grie-ga, el terror (phobos) y el temor

Intervención del general Rafael Samudio Molina, en el Coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz.

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que satisfaga los objetivos de los terroristas”.

Tomado de Una guerra Irregular entre dos ideologías. Un enfoque Liberal.Diana Duque Gómez. Intermedio Editores, Bogotá 1991. (Páginas 92, 93, 95, 96)

Artículo 187.- Modificado. De-creto 180 de 1988, Artículo1º. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad físi-ca o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, proce-samiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, cassette o escrito anónimo,

(deimos) eran los nombres de los caballeros gemelos que tiraban del carro de Ares (Marte), el dios de la guerra.

Según Von der Heydte, “el acto terrorista ha de entenderse como un acto violento de la guerra irregular, al que las leyes del país en que se lleva a cabo el acto consideran un acto criminal premeditado, cuya finalidad, la que se proponen los perpetradores, es sembrar miedo y aún pánico entre los afectados directa o indirectamente”.

“El resultado material del acto terrorista -el daño real que inflige al adversario- desempeña apenas un papel subordinado si se com-para, por una parte, con el efecto sicológico, la intimidación y el miedo, y, por otra, con el efecto propagandístico”. En la guerra irregular subversiva “el terroris-mo es siempre uno solo de entre varios instrumentos... Los actos terroristas son contra personas

o cosas. El acto de terror contra personas empieza con insultos en público, disputas con adversarios políticos, haciéndolos callar a gritos, interrumpiendo u obstru-yendo la enseñanza en escuelas y universidades, lanzando ame-nazas anónimas y orquestando el descrédito público de determi-nadas personalidades. De ahí se pasa, gradualmente, al secuestro, la tortura y el asesinato...” Los actos terroristas contra objetos van desde ciertos daños menores inti-midatorios, como poner símbolos de combate o de advertencia en las paredes de las residencias de los adversarios políticos, hasta la destrucción de equipo, archivos, torres eléctricas, ocupación violen-ta de edificios, provocar incendios, colocar bombas selectiva o indis-criminadamente, etcétera.

En síntesis y en general, como señala Paul Wilkinson, “El terro-rismo puede ser definido breve-mente como el uso sistemático del asesinato, el daño y la destrucción, o la amenaza de ellos, para crear un clima de terror, a fin de dar publicidad a una causa, y de inti-midar a un sector más amplio para

En su tarea de recuperar la seguridad ciudadana, el Ejército logra permanentemente neutralizar las acciones terroristas con su presencia en todos los municipios del país.

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la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.

Nota: El Artículo 1º del Decreto 180 de 1988 fue adoptado como legislación permanente por el Artículo 4º del Decreto 2266 de 1991.

El terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, busca menosca-bar el poder del Estado, a quien enfrenta directamente en cada una de sus manifestaciones, al través de las múltiples modalidades que ha desarrollado en su carrera delictiva.

Ambigüedad ideológica y jurídica

En las definiciones existe falta de normatividad internacio-nal y nacional clara y precisa, para tipificar las guerras y diferentes tipos de enfrentamientos armados a nivel nacional e internacional. Este vacío permite todo tipo de interpretaciones y manipulación que generan ambigüedad en el en-tendimiento y comprensión con-ceptual de los términos empleados y dificultad para la aplicación de las normas existentes, a más de la posibilidad de enmarcar o definir la naturaleza de la confrontación que altera el orden público general que sufre Colombia.

Las normas jurídicas se caracte-rizan por ser taxativas. Lo escrito produce un único significado que no admite interpretaciones subje-tivas. La ambigüedad es inacepta-ble en todo tipo de escrito jurídico y así debería ser, especialmente en la normatividad del Derecho

Internacional Humanitario. De lo contrario, la opción interpre-tativa constituye herramienta para que grupos armados ilegales narcoterroristas enmascaren sus acciones, busquen y obtengan reconocimiento internacional por-que se acomodan y tienen cabida supuestamente, en los Convenios y Protocolos de Ginebra, sin per-juicio de continuar la comisión de sus acciones terroristas.

El problema nacional

Guerra política

El gobierno afronta la disyun-tiva de emplear la denominación de guerra o conflicto interno, por-que en cualquier caso puede ser utilizado para demandar y lograr reconocimiento internacional, con carácter de victoria política y la consecuente dificultad adicional de obstaculizar la solución del problema.

Reconocimiento Internacional

Su autoproclamación como grupo político opositor al gobierno nacional, el reconocimiento de status de beligerancia, neutralidad internacional, apoyo de ciertos países, presión internacional so-bre el gobierno colombiano, sin el calificativo de terroristas interna-cionales y libertad de movimiento internacional, los convertiría casi en Estado paralelo.

Influencia sobre la pobla-ción civil y sobre la Fuerza Pública.

¿Guerra? ¿Conflicto Inter-no? ¿Amenaza Terrorista?

La indefinición y ambigüedad descrita, impide precisar si el problema nacional debe llamarse Guerra, Conflicto Interno o Ame-naza Terrorista.

Impacto Sicológico sobre la población Civil.

Sobre la población civil inciden con profundidad, de una parte, las disquisiciones académicas y su expresión editorializada a través de los medios de comunicación y, por otra, la presentación noticiosa manipulada de la realidad de las acciones violentas.

Los medios de comunicación compiten por cautivar la atención popular y lo logran de modo sen-sacionalista destacando en todos los casos el horror y el daño que causan las acciones de los grupos armados ilegales. Mediante tomas audiovisuales y entrevistas forza-das a las víctimas, inmersas en el caos y el dolor, resultan orientadas para atribuir su desgracia al Esta-do y sus autoridades, dejando la sensación de que las condiciones objetivas de pobreza, abandono y desatención son acto calculado de las oligarquías que manejan el poder. Adicionalmente, los presentadores de las noticias apro-vechan el clima de excitación para formular sus opiniones, exacerbar sentimientos y normalmente vol-ver “chiva” la entrevista a los cri-minales, ya que la opinión oficial no es noticia, a menos que deban referirse a reveses militares o cosas similares.

Dice el pueblo colombiano, de modo coloquial, que se vive bajo la amenaza terrorista de la guerrilla.

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El terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, busca menoscabar el poder del Estado

En estas condiciones, la tergi-versación deliberada de las noti-cias continúa mediante el rumor, deformándose y reiterándose en “avances” y comunicados de “última hora”, que duran cuanto tiempo precisen sus promotores, hasta inducir en la población los sentimientos de derrota, deses-peranza y pánico que culminan en la generación de las actitudes y conductas, calculadas por sus gestores, dentro de su plan gene-ral integrado de acciones físicas y réplicas subjetivas.

Impacto sicológico sobre la Fuerza Pública

Todas las manifestaciones cri-minales, terroristas y en general las agresiones armadas de los grupos ilegales contra la pobla-ción, reciben respaldo, explicación y justificación por cuenta de los medios de comunicación y de los ideólogos enemigos nacionales e internacionales que manejan ONG de izquierda y otras orga-nizaciones sesgadas de derechos humanos, ecologistas, etcétera.

La inmensa publicidad busca perfilar a delincuentes y a sus ca-becillas con tinte de servicio social, desprendimiento y generosidad heroica para contraponerlas a la Fuerza Pública a la cual señalan como elemento represivo de una dictadura de Estado y a los man-dos como marionetas ignorantes y corruptas del régimen que de-fienden.

El proceso así conducido, que contraría la realidad de nuestras Instituciones como cualquier colombiano sabe, busca inducir y orientar la opinión ciudadana

contra las fuerzas del orden y así minar la fortaleza espiritual de las tropas, espíritu de lucha, su fe en la causa.

La Política de Seguridad Democrática

El Gobierno denominó con este nombre su agenda, que comprende siete estrategias, de las cuales consideramos las dos primeras fundamentales, porque se orientan a recuperar el poder real del Estado que había sido arrebatado por los grupos vio-lentos, y reconstruir la confianza de todos los ciudadanos en unas instituciones que permitieran el debate creativo. La Seguridad Democrática se consideró como el camino para la recuperación del imperio eficaz de las instituciones y paso esencial para que los colom-bianos se sientan reconciliados.

Estrategias que componen la política de Seguridad De-mocrática

Control del territorio y de-fensa de la soberanía nacional

Mediante esta estrategia, el Gobierno se propuso restablecer su presencia legitima en todo el territorio nacional, centrando sus acciones en expandir la presencia física permanente de las Fuerzas Armadas, en obtener mejores resultados operacionales contra grupos subversivos y de autode-fensas, y en proteger a la pobla-ción, la infraestructura y los bienes públicos y materializar el ejercicio de la autoridad del Estado en to-dos los municipios del país.

Entre 2002 y 2003 el asalto a poblaciones cayó 84%. El tráfico vehicular en 2003 creció frente al año anterior en el 12,2% y entre enero y mayo de 2004 se registraron 58,8 millones de mo-vilizaciones. Se retomó el control de los 167 municipios que se en-contraban sin Fuerza Pública, al tiempo que se incorporaron bajo el mando de las unidades superio-res de cada jurisdicción, 20.403 soldados campesinos de apoyo en 596 municipios. El pie de fuerza se aumentó en 60.000 uniformados y se previó para finales del 2004 disponer de 79.000 hombres y mujeres más, para un total de 357.780 efectivos. Se crearon tres nuevas Brigadas Móviles y cuatro Batallones de Alta Montaña. La Policía Nacional se incrementó en 25.000 hombres, para un total de 137.000 uniformados que hacen presencia en todas las cabeceras municipales del país.

Se crearon 12 nuevos Escua-drones Móviles de Carabineros y 12 Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas.

Adicionalmente se creó la Red de Cooperantes, que ha rendido en forma sobresaliente su partici-pación en el conocimiento antici-pado y control de las actividades delictivas de los grupos armados.

Las estadísticas demuestran que la opinión pública respalda la ges-tión del Gobierno en el campo de la seguridad con la respuesta favo-rable del 70%. La mayor capaci-dad de la Fuerza Pública permitió la reducción durante el último año del 63% de los secuestros en rete-nes ilegales y la neutralización de 23.199 delincuentes terroristas por

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concepto de capturas y bajas. La tasa de homicidios pasó del 65.8% al 51.6% alcanzando el nivel más bajo en los últimos 18 años y la rebaja del 49% de secuestros extorsivos.

Los actos terroristas disminuye-ron el 25% entre 2002 y 2003 y 30.1% durante el primer semestre de 2004.

Entre el 2002 y el 2003 se re-dujeron los ataques a poblaciones en el 84%, en el primer semestre de 2003, el 75%.

Combate al problema de las drogas y al crimen or-ganizado

El narcotráfico y los altos índices de criminalidad fueron dos de los mayores retos que el Gobierno se propuso enfrentar.

Los avances conseguidos en el debilitamiento de las redes de tráfico ilícito de drogas y la reduc-ción del crimen, son producto del esfuerzo operativo e investigativo de las Fuerzas Armadas, el De-partamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Entre 2002 y 2003 los cultivos de coca disminuyeron el 16%, los decomisos de coca y base de coca se incrementaron entre el 64% y el 63% en los años 2002 y 2003. Durante esta administración se han decomisado 355 embarca-ciones y 23 aeronaves, se han destruido 2.937 laboratorios y 13 pistas clandestinas.

En el cuatrienio se han judi-cializado 210 organizaciones del trafico de drogas.

La determinación política de ordenar y ejecutar la extradición de los delincuentes vinculados con el tráfico de drogas, las actividades de interdicción de aeronaves, la

conducción de procesos de expro-piación y extinción de dominio de bienes procedentes del narcotrá-fico, el incremento de control del lavado de activos dentro y fuera del país y el fortalecimiento de la inteligencia técnica, definitiva-mente han servido de modo tal que desaparecieron los grandes carteles y en la actualidad se tra-baja para desarticular las redes emergentes que tratan de reactivar las líneas de comercialización de la droga.

Fortalecimiento del servicio de justicia

El propósito general determi-nado fue enfrentar los problemas de accesibilidad y eficiencia del servicio de justicia.

El Gobierno dirigió el esfuerzo principalmente a facilitar el acce-so, adelantar la reforma organi-zativa y operacional del sistema jurídico, impulsar una eficiente defensa judicial del Estado y fortalecer la política criminal y penitenciaria, incluyendo el me-joramiento de la infraestructura carcelaria.

Se activaron los centros de convivencia ciudadana de con-ciliación extrajudicial y concilia-dores de equidad. Se incrementó la capacidad carcelaria en 9,5%. El Gobierno aprobó un Plan de Inversión para crear 24.000 nue-vos cupos carcelarios y mediante el sistema de concesión, 21.000

Las Fuerzas Militares han adquirido equipos y

tecnología de punta para enfrentar las acciones

subversivas.

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cupos más.

Desarrollo en zonasdeprimidas y de conflicto

El conflicto armado que afec-ta al país ha tenido un impacto especialmente notorio en aque-llas zonas en las que los grupos violentos han desplegado su actividad de manera mas intensa, causando mayores pérdidas de capital humano, natural y físico, y deteriorando la confianza de los ciudadanos en el Estado.

La política de Seguridad Demo-crática prestó especial atención en el restablecimiento de estas zonas a través de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los habitantes y a promover un desa-rrollo regional sostenible.

En lo que va corrido de esta administración, se han presen-tado resultados concretos para el restablecimiento de una base económica local a partir de pro-yectos productivos y de gene-ración de ingresos, el desarrollo de infraestructura física y social y el fortalecimiento comunitario a

través de una activa participación de los habitantes de estas zonas.

urante el periodo se han beneficiado 32.000 familias y 52.000 hectáreas con pro-

yectos productivos y la creación del programa de Familias de Guardabosques. Se han iniciado 15 proyectos agropecuarios e in-corporado más de 6.000 hectáreas que benefician a 2.500 familias y se diseñaron proyectos que aten-derán otras 46.000 hectáreas y 30.000 familias.

Protección y promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional

Humanitario

Con el fin de dar respuesta a la situación en Derechos Humanos (DD.HH.) que atravesaba el país, producto de la intensificación y degradación de la violencia, y de la relativa debilidad de una cultura de respeto por los derechos fun-damentales, las acciones del Go-bierno se orientaron a centrar su esfuerzo en la atención y preven-ción del desplazamiento forzado,

el apoyo a víctimas del terrorismo, la difusión y promoción de los derechos, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el fortalecimiento de los sistemas de información.

pesar de que muchas agen-cias internacionales de vee-duría, observatorios, ONG,

persisten en desconocer o mini-mizar los esfuerzos y los resultados obtenidos, es indispensable hacer notar que se ha avanzado muchí-simo en este campo.

El logro más significativo al-canzado en lo corrido de esta administración, fruto de la polí-tica de Seguridad Democrática y de la reactivación económica, es el cambio en la tendencia del desplazamiento registrado desde 2003. La información reportada permitió advertir que en 2004 esta tendencia se mantuvo, con lo cual al finalizar el año se consiguió disminución del 17% con respecto a 2003, y de 55% frente a 2002.

En las Fuerzas Militares se fortaleció el proyecto de reentre-namiento, capacitación y prepa-

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ración en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humani-tario para todas las unidades y guarniciones de la Fuerza Pública. Como innovación se diseñaron y pusieron al servicio de los organis-mos de capacitación, Pistas de DH y DIH o escenarios de recorrido para los alumnos a modo de ba-zares, donde mediante situaciones simuladas, escenarios, representa-ciones y el uso de diversas ayudas audiovisuales, con el propósito de garantizar por cuenta de las tropas el cumplimiento absoluto del DH y el DIH, como premisa fundamen-tal de la aplicación de la Política de Seguridad Democrática.

Es determinación guberna-mental y de los Mandos Militares incentivar la cultura de respeto por los derechos fundamentales y para el efecto, con participación de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se atienden cumpli-damente todo tipo de reclama-ciones sobre el tema y se inician los procesos que de ella surjan de modo oportuno realizando su seguimiento hasta la finalización.

En materia de prevención y di-fusión de los Derechos Humanos junto con el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas se han vinculado 7.389 personas a los servicios de protección del Es-tado que corresponden al 41% de los 17.974 que se espera vincular.

Desde agosto de 2002 se ha dado impulso y hecho seguimien-to a 41 casos graves de violación de Derechos Humanos de los cien priorizados, por el Comité Especial de Impulso. Este Comité lo preside el Vicepresidente de la República, hacen parte el Procurador y el Fiscal General de la Nación y son

invitados permanentes el Defen-sor del Pueblo y el Director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Con apoyo del Ministerio del Inte-rior se han puesto en marcha 151 planes de acción de DH y DIH.

n cumplimiento de la Convención de Ottawa se aprobó y puso en ejecución el Plan Nacional contra minas y se ha llevado a cabo la destrucción del total almacenado en los arsenales de las Fuerzas Militares. El observatorio de minas ha realizado la georeferenciación de 637 campos de minas y el re-gistro de 4.720 eventos ocurridos desde 1990 con participación de organizaciones particulares dentro de las cuales nuestra Asociación en convenio con la Vicepresiden-cia adelantó importante actividad. Adicionalmente debe señalarse,

que nuestro país es el único del mundo que, en medio del conflic-to, realiza el desminado humani-tario por intermedio de las tropas.

Con el fortalecimiento del sis-tema de información unificado de DH es posible contar con información confiable. Histórica y consolidada sobre homicidios y masacres.

Fortalecimiento de la convivencia y los valores

La consolidación de un Estado Comunitario depende en gran

Soldados del Ejército Nacional recogen los cadáveres de miembros de las Farc y de las Auc, luego de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados en la localidad de Campamento, Antioquia.

La mayor capacidad de la Fuerza Pública permitió la reducción durante el último año del 63% de los secuestros en retenes ilegales.

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medida de la recuperación de su legitimidad y gobernabilidad. Por eso, a través de esta estrategia, el Gobierno se propuso desarrollar todas las acciones factibles para fortalecer el tejido social y recu-perar la confianza ciudadana en sus instituciones.

Al efecto se adelantó la cons-trucción de escenarios de convi-vencia, promoción de los valores y la identidad cultural, así como en el fomento de la democracia y la participación ciudadana.

La dimensión internacional

La política de Relaciones Ex-teriores, además de cumplir los propósitos tradicionales que ca-racterizan la gestión internacional de un país en desarrollo, ha hecho énfasis en el apoyo y complemen-to de los esfuerzos desplegados en el ámbito interno para implemen-tar la política de Seguridad Demo-

crática y atender las necesidades de desarrollo económico y social de la Nación.

on el fin de defender la so-beranía nacional e impul-sar el desarrollo integral de

fronteras, se ha avanzado en el afianzamiento de la jurisdicción de Colombia en los asuntos de sobe-ranía marítima y terrestre, especial-mente en el Caribe. Igualmente, se han fortalecido las comisiones de vecindad con Brasil, Ecuador Pa-namá, Perú, Venezuela y Jamaica. Adicionalmente, a junio de 2004, se crearon 8 comités territoriales para la integración y desarrollo fronterizo, estando muy cerca de cumplirse la meta de 10 comités para 2006. Estos han permitido el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos y la consolidación de una política de integración y desarrollo fronterizo.

El Gobierno ha conducido la actividad internacional con énfasis

en obtener el reco-nocimiento de la comunidad interna-cional, como efec-tivamente se logró, de la calificación de terroristas para las Farc, el Eln y las Auc y adicionalmente la suspensión de las libertades que se habían concedido en el extranjero, a una forma de di-plomacia paralela por cuenta de estos grupos, sin restric-ción alguna.

En igual forma el

Gobierno Nacional ha aplicado el esfuerzo diplomático en procura de regularizar el tratamiento que Venezuela otorgó en el pasado a delincuentes de los grupos ar-mados, que hallaron en ese país refugio, obteniendo su extradición con destino a nuestro país para responder a la justicia colombiana.

La guerra por la paz

Entendemos que conforme a la concepción internacional y a nuestro ordenamiento jurídico, formalmente Colombia no está en guerra ni enfrenta un conflicto interno.

Por conveniencias de orden político y así se debe entender, el Gobierno sostiene categórica-mente que no se está librando una guerra, pero la realidad operacio-nal para la Fuerza Pública indica lo contrario.

Con esta argumentación se debe motivar y exigir a todos los comandantes y tropas, para mantener la actitud ofensiva en los niveles estratégico y táctico. Si-milar mensaje debe comprometer a la sociedad civil, porque en la guerra no se puede ser indiferente o neutral.

No encontramos en los docu-mentos de la Defensa y Seguridad del Estado ni en la Política de Seguridad Democrática, definición precisa, sin ambigüedades de la naturaleza de la guerra, conflicto interno o amenaza terrorista, que permita al Gobierno el planea-miento y aplicación efectiva del Poder Nacional.

El aprovechamiento del recurso humano es una de los grandes valuartes de las Fuerzas Militares para enfrentar el terrorismo.

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La indefinición ha trascen-dido a la opinión publica na-cional e internacional en las intervenciones del Jefe del Estado, análisis de politólogos, foros académicos y medios de comunicación social, situación que induce discusiones especu-lativas, alejadas de la realidad o alineadas con corrientes de pensamiento extraños a nues-tros intereses nacionales.

En este campo específico, la Política de Seguridad De-mocrática contrasta con la exactitud que otros Estados imprimen a su concepción y determinación de la Estrate-gia Nacional de Defensa.

Estados Unidos, ante los hechos terroristas del 11 de septiembre, y la “característica de incertidumbre que define el actual ambiente estratégico en el mundo”, revisó y formuló mediante el documento de Es-trategia Nacional de Defensa su nuevo concepto: “Estados Unidos es una Nación en guerra”.

El propósito fundamental de la Nación colombiana y de sus Fuer-zas Militares debe ser, combatir y ganar la guerra, cuándo y dónde se produzca la agresión.

No debe olvidarse el epígrafe tomado, de Clausewitz:

“El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General consiste en entender el tipo de guerra en que interviene, y no en tomarlo por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”.Tomado del Libro Informe al Congreso

2004, Álvaro Uribe Velez, 20 de julio de 2004, Presidencia República de Colombia, Primera Edición, Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP (Sinergia)

Es determinación gubernamental y de los Mandos Militares incentivar la cultura de respeto por los derechos fundamentales.

El Ejército en su proceso de restructuración adelanta una serie de acciones tendientes a incrementar los niveles de instrucción y entrenamiento mejorando así su capacidad de combate.

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Guerra y paz en Colombia comienzos del siglo XXI

Este texto se basa en varios trabajos del autor cuya mención se omite por facilidad de lectura.

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ

Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Director Depar-tamento de Ciencia Política.

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1. Lo histórico

scribir sobre la guerra y la paz en Colombia requiere necesariamente hacer algu-nas referencias a la historia colombiana y a la persis-

tente tendencia, en distintos mo-mentos de su devenir, de acudir al uso de la violencia política para obtener resultados políticos. Una relación con antecedentes remotos en nuestra historia política, que comienza en la pos-independencia española, con las guerras civiles del Siglo XIX entre los nacientes partidos, el Liberal y el Conserva-dor, que muy temprano en nuestra historia republicana apostaron sus proyectos políticos a las armas, con lo cual comenzó ese largo tránsito de relación y entrecruza-miento entre violencia y política. Continúa con las ‘insurrecciones pueblerinas’ del naciente partido político de izquierda, el Partido Socialista Revolucionario, ante-cesor del Partido Comunista, en los años 20 del siglo pasado -las insurrecciones bolcheviques- y en las cuales ésta agrupación de

izquierda acude, como lo habían hecho antes los partidos políticos tradicionales, al recurso de las armas para hacer política.

Posteriormente viene ese gran período de nuestra historia reciente que conocemos como la ‘Violen-cia’ y en el cual los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Con-servador, de nuevo volvieron al uso de las armas por razones o con pretensiones políticas, sólo que en esta ocasión no lo realizaron de manera formal, declarando una guerra civil, sino a través de los grupos de guerrillas liberales y con-servadoras. Ese desangre colectivo se va a resolver mediante la figura del ‘golpe militar’. Pero lo anterior dejó como secuela un período de bandolerismo, con ribetes en algu-nos casos de ‘bandolerismo social’ por sus pretensiones justicieras y los apoyos locales que en algunos casos estos comportamientos ge-neraron.

Ya al inicio del Frente Nacional vemos el comienzo de la nueva ola de violencia política, ligada ahora a discursos de transformación revolucionaria del Estado, que se va a incubar en las guerrillas de mayor tradición y persistencia como son las Fuerzas armadas Re-volucionarias de Colombia (Farc),

el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Li-beración (Epl), a partir de la con-fluencia de múltiples elementos de los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de guerrillas liberales que se articulan de esta manera a la siguiente violencia.

Todo esto como reflejo de una débil construcción del Estado-Na-ción, que se manifiesta en la inca-pacidad del Estado colombiano de ejercer claramente los monopolios clásicos de un Estado moderno: el monopolio de la fuerza legítima, el monopolio del control territorial, el monopolio de la justicia y la tributación.

2. Los orígenes del actual conflicto interno armado

Es importante diferenciar lo que podríamos llamar los factores es-tructurales que estarían explican-do esa persistente relación entre violencia y política, con las causas específicas que dan origen al mo-vimiento guerrillero y factores más contemporáneos que permiten su reproducción.

Dentro de los factores que expli-can el surgimiento de estas organi-zaciones en la primera mitad de los años 60, podemos mencionar los de orden externo (la ‘guerra fría’ y sus influencias en la llamada ‘doc-trina de la seguridad nacional’, la revolución cubana y la ruptura política chino-soviética), así como los de tipo interno (la democracia restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no resuelto, la radicalización de sectores de la juventud especialmente estudian-tiles -en los años 60-, los remanen-tes de las guerrillas liberales de la

En este breve texto daremos al lector una mirada de conjunto, sin duda panorámica -sin dejar de ser rigurosa-, al conflicto armado colombiano, con su historia, sus transformaciones y los desafíos contemporáneos.

Con la aparición de los llamados grupos de autodefensa se va a 'enredar' el conflicto armado.

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anterior violencia, las tendencias al radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente petrolera).

Posteriormente aparecen otros factores que van a ayudar a la reproducción de la confrontación, el narcotráfico en primer lugar, y especialmente los cultivos de uso ilícito, que se vuelven fuentes de rentas para la financiación de la guerra, el colapso del aparato de justicia como elemento de regu-lación de las conductas sociales y la disparada de la impunidad, la pérdida de la confianza como valor social de cohesión, conduc-tas delincuenciales y corruptas asociadas a la gestión del Estado.

Esta es una distinción nece-saria en la medida en que se ha dado en los últimos tiempos una tendencia a presentar el conflicto interno armado como uno ligado exclusivamente al narcotráfico y a partir de allí derivar a una lectura que implica que la lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla son la misma cosa, sobretodo por razones del uso de la ayuda mili-tar norteamericana, e igualmente considerar que el conflicto interno armado se resuelve si se logra ‘derrotar’ al narcotráfico. Creo que ahí hay una lectura equivo-cada, lo cual no significa que se desconozca el papel fundamental que éste cumple como elemento de financiación de los actores de la guerra interna.

Sin embargo, es importante destacar que si bien los factores de orden externo tienen una influen-cia en el surgimiento de las prime-ras guerrillas, el conflicto armado colombiano tiene históricamente una centralidad mayor en rela-ción con los factores internos que con los internacionales, no sólo porque el antecedente inmediato del conflicto liberal-conservador

de alguna manera se prolonga en las nuevas guerrillas en su primer momento, sino también, porque la propia tendencia al aislamiento que ha tenido Colombia llevó a que este conflicto se guiara mu-cho más por dinámicas internas que por las influencias interna-cionales y estos son elementos fundamentales para entender el hoy del conflicto. Lo otro podría llevar a conclusiones equivocadas: suponer que mecánicamente los cambios externos se reflejan en cambios en lo interno.

urante los diferentes gobier-nos del Frente Nacional, las Fuerzas Armadas cada vez

más se van a ver enfrentadas a los problemas del orden público interno, primero el bandolerismo, rezago de la violencia liberal-con-servadora, posteriormente la emergencia y desarrollo de las guerrillas que se denominan a sí mismas como ‘revolucionarias’ y

las complejidades posteriores y, luego, la emergencia del narcotrá-fico como un factor que va a influir de manera relevante en casi todas las dimensiones de la vida nacio-nal. Todo esto lleva a considerar el problema de la seguridad interna como el central y a considerar, sólo de manera esporádica la hipótesis de amenazas externas como algo relevante, especialmente por pro-blemas limítrofes con Venezuela y Nicaragua.

3. Su evolución

En el decenio de los 80 vamos a tener cuatro procesos a destacar: 1) Las primeras guerrillas superan

Los soldados de la Tercera División recorren uno de los campamentos guerrilleros localizados en el departamento del Cauca.

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sus dificultades internas y con ritmos diferentes continúan sus procesos de crecimiento y expan-sión. 2) Aparecen en la escena pública los denominados grupos de autodefensas o paramilitares que van, sin duda, a ‘enredar’ el conflicto armado. 3) Se inician los procesos de búsqueda de su-peración negociada del conflicto interno armado, creando nuevas polarizaciones asociadas a la pre-sencia simultánea de escenarios de paz y de guerra (situación que se mantiene hasta el presente). 4) El narcotráfico entra a convertirse en un factor que altera e incide sobre el conflicto armado de diver-sas maneras: potenciando actores como los grupos de autodefensas o paramilitares; estableciendo relaciones, regionalmente cam-biantes, con las organizaciones guerrilleras; transformándose en una fuente de financiación privile-giada para la guerra y explicación en buena medida de la dimensión que ha tomado el conflicto.

Porque el desarrollo de una guerra requiere que se puedan re-solver por lo menos los siguientes ‘cuellos de botella’: la formación de cuadros de conducción, que todo indica las guerrillas lo han resuelto con sus ‘escuelas de cua-dros’; la obtención de material bé-lico adecuado y suficiente, que el mercado internacional clandestino de armas lo suministra de manera permanente y la disponibilidad de recursos financieros en la can-tidad requerida para dar curso a lo anterior.

e presenta un crecimiento si-multáneo de las organizaciones guerrilleras y de los grupos de au-todefensa o paramilitares, lo que nos daría indicios preocupantes

acerca de la generalización del conflicto, por lo menos en el mundo rural. La táctica

de las fuerzas enfrentadas parece orientarse cada vez más hacia la consolidación de territorios con influencia propia y a la disputa de los que están en poder del adversario. En ambas situaciones se acude determinantemente al control poblacional y territorial de las mismas.

Sin embargo, es paradójico constatar cómo ese crecimiento militar de las guerrillas (también de los grupos de autodefensas) va acompañado de una pérdida de su capacidad de influencia políti-ca en el conjun-to de la socie-dad colombiana e, igualmente, cómo la presen-cia de los dos actores arma-dos y el uso re-currente a simi-lares prácticas de violencia en el tiempo, tien-de a desdibu-jarlos y a ha-cerlos perder su diferencia frente al conjunto de la sociedad, lo cual a su vez retroalimenta lo anterior, al ser percibidos como factores de violencia.

4. El conflicto armado en la posguerra fría

Después de la Segunda Guerra Mundial se fue configurando pro-gresivamente un orden mundial en lo político, militar y económico, caracterizado por la bipolaridad, de una parte, es decir, dos grandes áreas mundiales, los conocidos como el campo socialista y el ca-pitalista, influenciadas y lideradas

El narcotráfico entra a convertirse en un factor que altera e incide sobre el conflicto armado de diversas maneras.

El Ejército avanza con paso firme a

enfrentar los retos que le impone su

accionar militar.

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cada una por una superpotencia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La otra característica era la tendencia a un cierto multila-teralismo a partir de las alianzas regionales en lo político-militar: el Pacto de Varsovia y la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Durante este momento podríamos señalar que existía un tema relevante en la agenda global, la lucha contra el capitalismo para los primeros y/o la promoción de la revolución mundial y la lucha contra el comu-nismo, para los segundos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) surge como un ente de confluencia de los dos campos de ese orden mundial y ello la convierte en un espacio en el cual hay una mezcla simultánea de confrontación-negociación-coo-peración.

Este orden mundial perduró du-rante cerca de medio siglo y sim-bólicamente finalizó con la ‘caída del muro de Berlín’ y el derrumbe del llamado campo socialista, aun cuando ya venía erosionado, en lo económico, lo militar y lo político, hace un tiempo.

osteriormente va a emerger un nuevo orden internacio-nal, basado en un esquema,

aparentemente transitorio, carac-terizado por la unipolaridad, es decir, ya no existe sino un solo polo hegemónico global en lo político-militar, la superpotencia norteamericana, aun cuando se dé una tendencia a la multipola-ridad en lo económico, con polos regionales en la Unión Europea,

A pesar de que los miembros de la Fuerza Pública están capacitados para enfrentar campos minados, la remoción de minas es relativamente nueva.

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el Sudeste Asiático, América del Norte. El otro rasgo de este nuevo orden global va a ser la tendencia al unilateralismo por parte del polo hegemónico estadounidense, acompañado de una presencia subsidiaria o a posteriori de sus tradicionales aliados de las alian-zas regionales. Lo anterior, junto con el cambio de las relaciones Este-Oeste, ha influido en el re-planteamiento de las relaciones Norte-Sur, en el rol de la ayuda al desarrollo y en el peso relativo que a nivel internacional tienen movimientos de países del Sur como los No Alineados.

Las prioridades de la agenda global, fuertemente influida por el país dominante, abarcan aspectos como la defensa de la democra-cia procedimental, la utilización racional del medio ambiente, el combate contra la criminalidad

internacional, narcotráfico y co-rrupción en primer lugar y con relevancia, el respeto y vigencia de los derechos humanos en las distintas sociedades.

Igualmente hay un auge, en su primer momento, en el sentido que la democracia y el mercado no tienen rivales y lo que viene es una época de paz y prosperidad; todo esto como reflejo de lo que podemos denominar el periodo optimista de la posguerra fría. Pero rápidamente van a emerger nuevos conflictos armados a nivel internacional -primera guerra del Golfo, la crisis de los Balcanes, las guerras ‘humanitarias’ en Somalia y otras naciones africanas-, lo cual lleva a la idea de que la guerra seguirá estando presente, y al surgimiento de nuevas amenazas de naturaleza diversa.

En lo interno, podríamos decir que se da el mismo movimiento: un entusiasmo inicial en el sen-tido que el principio del fin de la guerrilla está a la vista, como reflejo del derrumbe del llamado ‘mundo socialista’, asociado ésto al proceso reformista y de expec-tativas de cambio que conllevó la

Asamblea Constituyente de 1991 y la nueva Constitución Política. La realidad, sin embargo, mostró que el crecimiento más grande de la guerrilla se da justamente en los 90, asociado a varios factores: el acceso a nuevos recursos de financiación, como las extorsio-nes a compañías petroleras; la generalización del secuestro y sobretodo la captación de rentas del negocio ilegal del narcotráfico que se comienzan a convertir en un elemento fundamental en la financiación del conflicto armado, y a un ‘mercado negro’ de armas más dinámico.

Desde el punto de vista táctico militar, en los 90 la guerrilla de las Farc tuvo algunos éxitos en la concentración de un mayor número de fuerzas militares sobre objetivos específicos. Esto creó la sensación de triunfalismo militar y reforzó una cierta arrogancia política. Pero ello no significaba que se estuviera pasando, en la dinámica de la confrontación mili-tar, a una guerra de posiciones o a una capacidad de la guerrilla para defender territorios, ni siquiera por un tiempo limitado. De hecho, a

Las personas más vulnerables al dolor y al miedo producto del terrorismo, son los niños.

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partir del año 1998, una vez que las Fuerzas Armadas desarrollan un tipo de respuesta con base en la fuerza aérea (avión fantasma, bombardeos, helicópteros arti-llados), esta forma de operar se volvió cada vez más inviable y se puede decir que comenzó a modi-ficarse de nuevo la correlación de fuerzas de la confrontación.

Desde el punto de vista militar podríamos decir que el Eln, desde finales de los 80, pareciera aban-donar la prioridad de construir fuerzas militares regulares, tipo ‘batallón’, para lo cual las llama-das ‘compañías’ serían una base, y que su preocupación se centra-ría más en desarrollar y expandir frentes en áreas geográficas nuevas. Eso explica la presencia en los últimos años de frentes en Cundinamarca, Tolima, Nariño, entre otras regiones, tomando distancia de la tradición inicial muy santandereana del Eln.

En la administración de Andrés Pastrana se va dar una clara deci-sión política de iniciar un proceso de negociación con la guerrilla de las Farc, tomando el riesgo político de establecer una zona de distensión para este propósito, pero igualmente un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Se trata de una reforma que pretende ubicarse en dos direcciones, aparentemente contrapuestas, que sirva a forta-lecer la capacidad disuasiva del Estado para un eficaz proceso de negociación y al mismo tiempo esté preparada para enfrentar un escalamiento posible de la confron-tación militar con la insurgencia.

5. El conflicto interno armado después

del 11 de septiembre de 2001

Después de los actos de terro-rismo en septiembre del 2001 en los Estados Unidos, aparecen varios interrogantes y un aparen-te movimiento hacia una nueva configuración del orden global. De una parte, parecieran surgir dudas acerca de la solidez y fortaleza del orden unipolar surgido en la posguerra fría y emergen interro-gantes que se dirigen a temas tales como los siguientes:

¿Sigue teniendo sentido un orden basado exclusivamente en los Estados?

¿Son los Estados, con sus forta-lezas y sobretodo con sus debilida-des, los protagonistas fundamen-tales de un orden global?

De otro lado, pareciera modifi-carse la tendencia al unilateralismo de la potencia dominante y surge la búsqueda de un multilateralismo, por lo menos transitorio, expresado en la denominada ‘coalición anti-terrorista’, condensada en la frase del presidente norteamericano “o están con nosotros o están con el terrorismo”. Una coalición sin duda laxa, con socios ‘novedosos’ que hasta la víspera habían sido considerados como poco desea-bles frente a este nuevo fenómeno y que deben asumir un tipo de guerra novedosa.

Lo anterior implica un ajuste en la agenda global, situando la lucha contra el terrorismo como prioridad de la misma y se tiende

a buscar una legislación global an-titerrorista que en buena medida se expresa inicialmente en la Reso-lución 1393 del 28 de septiembre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la búsqueda de su expresión en las organizaciones regionales.

Uno de los efectos más im-portantes, a nivel internacional y nacional, es de tipo simbólico-po-lítico, es decir, la opinión pública tendió a endurecer su mirada respecto de los grupos armados no estatales, a quienes eventualmente veía de manera complaciente o por lo menos tolerante, ya sea como grupos de lucha contra go-biernos autoritarios o como rebel-des. A partir de los hechos del 11 de septiembre se va a generalizar una mirada menos tolerante y a identificar a este tipo de organi-zaciones como terroristas o por lo menos muy próximas a éstas.

Los principales efectos con relación al conflicto armado co-lombiano se derivan del cambio de énfasis de la política estadou-nidense frente a Colombia, así como de los efectos internos de la ruptura del proceso de conversa-ciones entre el gobierno Pastrana y las guerrillas, lo cual contribuye a un creciente desencanto respecto de las posibilidades de la salidas negociadas en importantes secto-res de la sociedad. Sin embargo, con una posición ambigua de los colombianos que pasan con facilidad de la ilusión de la paz a la ilusión de la guerra. Del lado de los actores guerrilleros sus per-cepciones no parecen modificarse mucho, seguramente continúan concibiendo lo sucedido el 11 de septiembre y la cruzada antiterro-

Lo mas destacable de la política de Seguridad Democrática ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

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rista global como algo transitorio que finalmente no afecta el caso colombiano y convencidos, no sólo en términos discursivos sino también en su práctica, que la particularidad y las características endógenas de la guerra interna en Colombia pesan más que los factores de orden externo.

l gobierno de Álvaro Uribe planteó, dentro del Plan de Desarro-

llo ‘Hacia un Estado Co-munitario’, su política de Seguridad Democrática basada en las siguientes estrategias: a) Control del territorio y defensa de la soberanía nacional; b) Combate al narcotráfico y al crimen organizado; c) Fortalecimiento del servi-cio de justicia; d) Desarro-llo en zonas deprimidas y de conflicto; e) Protección y promoción de los dere-chos humanos; f) Fortale-cimiento de convivencia y valores y g) Política de relaciones exteriores y coo-peración internacional. En el documento de la Política de Seguridad Democrática se precisan los siguientes objetivos estratégicos: 1. Consolidación del control estatal del territorio; 2. Protección de la población; 3. Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Co-lombia; 4. Mantenimiento de una capacidad disua-siva; 5. Eficiencia, trans-

parencia y rendición de cuentas.

La política de Seguridad Demo-crática ha producido resultados positivos en varios campos, pero tiene límites y vacíos que deberían ser llenados si se pretende con-

solidar sus resultados. Es verdad que hay una serie de indicadores que muestran tendencias positi-vas -disminución de secuestros, de retenes ilegales, de ataques a poblaciones, homicidios- lo que

Erradicación de cultivos de coca.

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parcialmente puede atribuírsele, porque algunos, como la disminu-ción de homicidios, responden a tendencias de mediano plazo cuyo factor explicativo se asocia a po-líticas de gobernantes locales que han incidido en el comportamien-to de este delito y no solamente a la Seguridad Democrática. Lo más destacable de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública, necesario para que un Estado con un conflicto armado interno, cuente con mejor capacidad disuasiva y ofensiva: incremento del pie de fuerza, con-tinuación de la profesionalización de la tropa, creación de nuevas Brigadas Móviles y Batallones de Alta Montaña, el programa de ‘soldados campesinos’, mayor movilidad, etcétera.

l problema radica en las ex-pectativas creadas alrededor de la misma desde la campa-

ña presidencial y en la estrategia seguida. Se promovió la idea de que la guerrilla podría ser derro-tada en un período de tiempo relativamente corto, que sólo faltaba voluntad para enfrentarla militarmente. Cualquiera que conozca el ABC de las guerras irregulares sabe que no es así, que éstas se caracterizan porque las fuerzas irregulares buscan el desgaste del adversario -físico, militar, político, psicológico- y golpean cuando las fuerzas regu-lares se descuidan, con la lógica de ‘muerde y huye’. Es decir, el método de la guerra de guerrillas está siempre presente en el menú de las organizaciones guerrilleras y por ello resolver el problema sólo en el campo militar es muy difícil. La estrategia inicial de la Seguridad Democrática fue de contención-protección -dar seguridad al tránsito de vías principales con caravanas mili-tares de escolta, protección de

cabeceras municipales con mayor pie de fuerza y de infraestructura energética-, de tal manera que se produce un impacto importante en la opinión, pero no quiere decir que el problema se haya resuelto. En la segunda fase se destinó una fuerza operativa al sur del país para atacar a las Farc en sus retaguardias, pero eviden-temente el tamaño de la fuerza frente al territorio selvático y las interrelaciones de esta guerrilla con sus pobladores, hacen que los resultados a obtener no sean muy esperanzadores, indepen-diente de que la guerrilla viene recibiendo golpes importantes y seguramente ésta contra atacará a la Fuerza Pública -lo cual no necesariamente significan el inicio de ofensivas o que concluyó el repliegue táctico-. Pero el conflicto no se va a resolver por esa vía.

El gran vacío de la Seguridad Democrática es que desestima el componente político, es decir, no cuenta con una estrategia de negociación frente a la guerrilla, articulada, creíble y seria que le permita a un Estado fortaleci-do y con capacidad disuasiva, colocarse como el interlocutor legítimo frente a estos alzados en armas y les ofrezca, en lugar de la posibilidad de una capitulación deshonrosa, una seria y viable terminación de la confrontación armada para entrar a ser parte de un proceso de consolidación de la democracia, en el cual todos puedan aportar.

6. Las perspectivas de lograr la paz

Es necesario, para encontrar buenas estrategias que apunten en la dirección de la superación del conflicto interno armado, tener presente los elementos de orden histórico, pero igualmente los cam-bios en el contexto y en los actores.

La violencia generada por la subversión deja a su paso dolor y destrucción.

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Debe pensarse en una estrate-gia que combine adecuadamente lo político con lo militar, teniendo siempre lo político al comando y que incluya, primero, la existen-cia de una clara voluntad refor-mista de las élites dirigentes para dar respuesta audaz a las deman-das sociales más relevantes que las guerrillas han convertido en sus banderas, lo que podríamos llamar tomar la ofensiva política frente a ésta; segundo, lograr convencer a las guerrillas que deben olvidarse de la hipótesis de ganar militarmente la guerra -la presencia militar es básica-, por cuanto tiene como adversario a un Estado fortalecido política y militarmente y legitimado y en esa medida lograr que asuman en serio la negociación; tercero, que la sociedad colombiana desarrolle una presión política muy grande por la salida negociada y cuarto, que la comunidad internacional logre presionar de manera eficaz a los distintos actores del con-flicto.

Pero esto requiere una directriz política y diplomática adecuada que más que en la tendencia a confrontar, imponer un punto de vista y aún ridiculizar a las contra-partes políticas e internacionales, se base en una disposición de-mocrática a convocar consensos internos y externos. Esta es una tarea pendiente.

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Una democracia asediada

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

Presidente del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Politólogo y profesor de la misma uni-versidad. Investigador en temas sobre actores armados, conflicto y derecho internacional humanitario.

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La política de “seguridad democrática” de Uribe

omo señalaba recien-temente un reconocido analista en asuntos in-ternacionales, uno de los rasgos más notables

de la actual administración es la plena correspondencia entre su enfoque externo y su enfoque in-terno. Según Leonardo Carvajal, la política exterior de Álvaro Uribe Vélez es un reflejo de su política doméstica y, por tanto, se halla al servicio de los objetivos internos del gobierno. “En lo nacional, al proceso de entendimiento con las Farc lo reemplazó la estrategia de la seguridad democrática. Y a nivel internacional, la diplomacia para la paz de Andrés Pastrana se transformó en la diplomacia para la guerra de Uribe, aunque este último también ha dejado una ventana abierta para adelantar futuros contactos con los grupos subversivos al insistir en la me-

diación de la ONU y al negarse a levantar la excepción para que guerrilleros y paramilitares sean juzgados por la Corte Penal Inter-nacional”3 . Carvajal compara esta correspondencia entre la política nacional y la política internacional con la del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) quien aplicó mano dura interna y apoyó a Rea-gan en la guerra centroamericana. Igualmente, la compara con la de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), quien buscó una solución negociada al conflicto interno y contribuyó a la creación del Grupo Contadora para alcanzar la paz en Centroa-mérica.

La dimensión internacional

Los atentados en Nueva York y Washington, como vimos ante-riormente, no solamente afectaron el curso de los acontecimientos internacionales sino, igualmente, la modalidad de participación de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, mediante un crecien-te involucramiento en la guerra contrainsurgente. Es decir, tras el 11 de septiembre y el acceso a la presidencia de Álvaro Uribe existe una visión compartida entre Washington y Bogotá aún más

grande que la que hubo durante el gobierno Pastrana y, por tanto, una mayor coordinación y sinto-nía entre ambos gobiernos4 .

Durante la administración Pas-trana, Colombia retornó a una política exterior centrada en torno a los Estados Unidos, gracias, al dinamismo de su embajador en Washington, Luis Alberto More-no. Este regreso a una especie de “respice polum” (girar en torno a la estrella del norte, como propug-na el ex presidente Marco Fidel Suárez en los inicios del siglo XX), en detrimento del “respice similia” (girar en torno a los semejantes como pregonara Alfonso López Michelsen, como canciller de Car-los Lleras Restrepo a fines de los años 60), no sólo ha continuado sino que se ha fortalecido durante el gobierno de Álvaro Uribe5 .

Sin duda, la administración Uribe se ha apoyado en el clima internacional posterior al 11 de septiembre para el diseño tanto de su política interna como inter-nacional. Para ello ha cambiado la visión que había desarrollado la Cancillería colombiana en tor-no al impacto regional de nuestro conflicto interno, con el objeto de aislar internacionalmente a la gue-rra, aumentar los flujos de recursos

3. Leonardo Carvajal, “Desde EI Nogal hasta lrak”, en Semana.com, 3 de abril de 2003.

4. Jhon A. Cope, “Colombia’s War: Toward a New Strategy”, Strategic Forum, No. 194, 2002, p. 2.

5. Este alineamiento en tomo a Washington tiene, sin duda, costos y beneficios. Por un lado, va en contravía del viraje hacia la izquierda que se vive a nivel continental, lo cual puede aislar a Colombia en América Latina. Pero, por otra parte, dado que la so-lidaridad latinoamericana frente a Colombia no pasa muchas veces más allá del discurso retórico, es probable que el alineamiento con Washington haya sido opción realista para evitar un colapso institucional.

La administración Uribe se ha apoyado en el clima internacional posterior al 11 de septiembre para el diseño tanto de su política interna como internacional.

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externos para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía y lograr una mayor colaboración internacional en la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de activos.

En numerosos documentos publicados en los Estados Unidos en la última década -como vimos con anterioridad- se percibía el conflicto colombiano como un grave factor de desestabilización regional”. Esta era, igualmente, la visión dominante en los países de la región andina. Sin embar-go, esta mirada era duramente cuestionada por parte de las au-toridades colombianas. Para estas, reconocer explícitamente que

nuestro conflicto podía coadyuvar a la desestabilización regional, podría hacer blanco a nuestro país de una eventual intervención internacional bilateral o multilate-ral, con justificaciones fundadas en razones ya sea humanitarias o de seguridad. Esta perspectiva sufrió un cambio radical con el nuevo gobierno. Uribe Vélez ha venido construyendo un esquema internacional fundado en la acep-tación explícita de que el conflicto colombiano sí constituye una amenaza para la seguridad regio-nal y, en consecuencia, ha hecho constantes llamamientos para una movilización de la comunidad in-ternacional en torno a Colombia6 .

Este nuevo enfoque diplomático fue, a mi modo de ver, igualmente una reacción defensiva frente a un entorno regional percibido como crecientemente hostil y negativo. Durante la administración Pastra-na las tensiones se limitaban a los

constantes enfrentamientos con el gobierno de Hugo Chávez, debido a su posición abiertamente favo-rable hacia los grupos guerrilleros colombianos. Pero, esas tensiones se agudizaron debido al triunfo electoral del coronel Lucio Gutié-rrez en Ecuador y de Luiz Inacio Lula Da Silva, en Brasil. El avance de los candidatos de izquierda en nuestro entorno regional se tornó en una fuente de temores para la Cancillería colombiana.

Estos temores tienen varias fuentes. Por una parte, como vimos, durante el gobierno de Andrés Pastrana todo el eje de la diplomacia colombiana en las Américas giraba alrededor de la Embajada en Washington y no hubo ningún esfuerzo tendiente a diseñar una estrategia, diplomáti-ca andina. Por otra parte, la persis-tente precariedad del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano le impide reaccionar con agilidad

La presidencia de Hugo Chávez Frias, en Venezuela, y el avance de los gobernantes de izquierda en la región, se torna en una fuente de preocupación para la Cancillería colombiana.

6. En la respuesta al cuestionario del opositor Polo Democrático en torno a la adhesión a los Estados Unidos en la guerra en Irak, la canciller Carolina Barco sostuvo recientemente que “la cooperación internacional es necesaria para que a mediano plazo haya resultados satisfactorios”, por lo cual el gobierno espera que “el terrorismo sea visto como una amenaza internacional, que necesita la cooperación decidida de los países del mundo”, El Tiempo, 3 de abril de 2003.

Hugo Chávez, presidente de

Venezuela.

Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador.

Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil.

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La reconstrucción del Estado y de la

gobernabilidad democrática

La reconstrucción del Estado se apoya en la necesidad de re-establecer el control del territorio nacional que hoy le disputan los distintos actores armados. El nú-mero de municipios que controlan actores no estatales es distinto de un analista a otro, e incluso se manejan cifras francamente fantasiosas1 3. El único indicador disponible para medir con algún grado de credibilidad la débil, precaria o total ausencia estatal en Colombia es el vacío de la presencia policial, dado que es la rama de las Fuerzas Militares mejor asentada en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras del Mi-nisterio de Defensa, la Policía Na-cional se hallaba ausente al inicio de la administración Uribe en 160 municipios, es decir, alrededor del 15% de los municipios del país. A mediados del año 2003, sólo quedaba un 5% de municipios sin presencia policial, al menos en las cabeceras municipales1 4.

La recuperación del control territorial es, igualmente, una respuesta a una preocupación de la comunidad internacional que, tras el 11 de septiembre, ha com-probado la alta vulnerabilidad de “Estados colapsados” o “proceso de colapso”, así como de “terri-torios sin gobierno” (ungoverned spaces), los cuales pueden con-vertirse en teatros de operación

de grupos terroristas1 5.

Para alcanzar este objetivo se piensa establecer una presencia permanente del Estado en la to-talidad del territorio, mediante la reconstrucción de los puestos de policía que la guerrilla ha destrui-do en los últimos años. El objetivo es que no haya menos de cien miembros de la Policía Nacional

12. Política de defensa y seguridad democrática. República de Colombia Ministerio de Defensa Nacional, 2003 (http://www.minde-fensa.gov.co).13. En la prensa internacional se habla de zonas bajo control de la guerrilla que abarcan hasta un 50% o más del territorio nacional. La prensa confunde zonas en las cuales ha habido alguna acción militar en los últimos años con zonas bajo control de la guerrilla. 14. “Policía llega a otros 62 municipios”, El Tiempo, 12 de agosto de 2003. Según el Director de la Policía Nacional, general Teodoro Campo, para fines del año 2003 habrá presencia de la policía en la totalidad de los 1.098 municipios del país.15. En su discurso ame los ministros de Defensa de las Américas en su última reunión en Chile, el secretario de Defensa estadou-nidense Donald Rumsfeld hizo referencia a los riesgos para la seguridad regional de “ungoverned spaces” o “lawless areas”. A su turno, el general James Hill, director del Comando Sur, sostuvo en una conferencia reciente en Miami que “Today, the threat to the countries in the region is not the military force of the adjacent neighbor or some invading foreign power. Today’ foe is the terrorist, the narco-traffickers, the arms trafficker. This threat is a weed that is planted… and nurtured in the fertile ground of ungoverned spaces, such as coastlines, rivers and unpopulated border areas” (Andrés Oppenheimer, “Terrorists, traffickers find haven in Latin America’s ‘ungoverned spaces’, Arizona DaiIy Star, 12 de marzo de 2003). Los principales “ungoverned spaces” son, según el Departamento de Defensa, la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, los límites entre Brasil y Colombia (el corredor Tabatinga y Leticia), la frontera entre Colombia y Ecuador (el área. de Lago Agrio), la región de Darién entre Colombia y Panamá y, finalmente, Surinam.

La capacitación de soldados en el manejo

de equipamiento militar es el gran reto de los profesores militares.

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en cada uno de los municipios del país. Pero, para garantizar la seguridad de estas vulnerables unidades policiales y dadas las de-bilidades de las Fuerzas Armadas y su incapacidad para copar con su personal actual un territorio tan vasto, el gobierno está impulsando la figura de los “soldados campesi-nos”1 6, como un medio adicional de penetración territorial. Además, se espera crear una extensa red de informantes (o “cooperantes”) que le permita a la Fuerza Pública disponer de información rápida para evitar tanto incursiones de la guerrilla como de la criminali-dad común organizada (piratería terrestre, robo de combustible, contrabando, etc.)1 7.

La quiebra de las “economías de guerra”

Como habíamos sostenido an-teriormente, el tráfico de drogas se convirtió en el combustible princi-pal del conflicto armado en Colom-bia. Tanto los grupos paramilitares como los grupos guerrilleros -en particular, las Farc- comenzaron a depender de estos recursos para su expansión territorial, recluta-miento de nuevos miembros y fortalecimiento militar.

Frente a este panorama, una de líneas prioritarias de acción del actual gobierno es quebrar el principal soporte financiero

de la guerra interna, es decir, los recursos provenientes del tráfico de drogas. Esta política se acom-paña de medidas adicionales para enfrentar otras fuentes de financiamiento, tales como el se-cuestro, la extorsión a la industria petrolera y minera y la desviación de recursos municipales y regalías departamentales hacia las arcas de la guerrilla o los paramilitares. Así mismo, se están fortaleciendo las instituciones que puedan ade-lantar un control del lavado de activos y la expropiación de bienes indebidos. En pocas palabras, una

Ataco, Tolima, Colombiajulio 2, 1999.

16. La idea gubernamental es crear una especie de fuerza territorial de cien mil hombres integrada por soldados reclutados entre la población campesina, la cual operaría en sus propias regiones colaborando con el Ejército y la Policía. Estos soldados recibirán una instrucción básica para desarrollar labores de inteligencia y defensa local.

17. Las llamadas Redes de Cooperantes de las Fuerzas Armadas están siendo conformadas por ciudadanos conectados entre sí y con las Fuerzas Armadas por medio de teléfonos o radios en tareas de vigilancia de vías de comunicación, áreas urbanas o rurales. El gobierno espera disponer para el final de su mandato, de una red de un millón de cooperantes.

El gobierno está impulsando la figura de los “soldados campesinos”, como un medio adicional de penetración territorial.

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estrategia global para debilitar las finanzas de los actores armados,

las autoridades públicas a todos los niveles: jueces, personeros, concejales y alcaldes municipa-les. Es decir, su expansión militar ya no responde a su poder en el plano militar, sino, ante todo, a su capacidad de intimidación en las zonas rurales.

En el mes de septiembre de 2003, la Federación Colombiana de Municipios denunció que alre-dedor de 250 de los 1.098 alcaldes del país tienen que despachar des-de las capitales departamentales debido a las amenazas y la falta de garantías para el ejercicio de sus funciones. Sin duda, no todas las amenazas provienen de las Farc. Igualmente, las Auc tienen un alto nivel de responsabilidad. En el año 2002 fueron asesinados 25 alcaldes y hasta junio de 2003 ya habían sido ultimados otros 15, según da-tos de la Federación Colombiana de Minicipios3 4.

¿Hacia el fin del conflicto?

¿Cuáles son los futuros escena-rios probables tras esta etapa de redefinición estratégica? Es muy difícil hacer pronósticos al respec-to. El proceso de paz con las Auc debe superar serios obstáculos, uno de los cuales es la inmersión de muchos de sus frentes de gue-rra en el tráfico de drogas y la conversión de sus comandantes en una suerte de “señores de la guerra” (warlords), similares en su conducta a muchas facciones ar-madas en los conflictos africanos. ¿Podrá sostener el líder militar, Carlos Castaño, la precaria unidad de las Auc hasta el final del proce-so? ¿Podrá el gobierno adelantar contra viento y marea un proceso

El accionar permanente del Ejército Nacional ha permitido desmantelar importantes campamentos de la guerrilla.

34. http://www.fcm.org.co/es/noticia.

tanto de extrema derecha como de extrema izquierda.

El desvertebramiento del poder local

Ante la imposibilidad de am-pliar sus dominios territoriales por la vía de la destrucción de las unidades militares -tal como venía ocurriendo durante la administra-ción Samper-, las Farc han optado por el destierro o el asesinato de

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de paz sólo con uno de los polos del conflicto y, además, el más cuestionado?

En cuanto hace a las Farc y al Eln tampoco el panorama es claro. Por un lado, las Farc han demos-trado una excepcional capacidad de adaptación e innovación frente a los cambios en las estrategias estatales y no seria extraño que el actual repliegue de sus unidades militares sea simplemente una eta-pa de reflexión y acumulación de recursos materiales y territoriales para retomar la ofensiva en una etapa posterior. En el caso del Eln, una organización seriamente debi-litada, si rechaza los ofrecimientos de adelantar una política de paz con el actual gobierno de Uribe Vélez le queda aún la opción de llevar a cabo una alianza estre-cha con las Farc para adelantar acciones conjuntas o, en último término, la fusión simple y llana.

Frente a este panorama incier-to, el gobierno colombiano debe realizar un enorme esfuerzo para convertir la reconstrucción estatal y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía en una po-lítica de Estado al margen de los vaivenes gubernamentales. Los esfuerzos desarrollados en este terreno en los últimos cinco años comienzan a mostrar resultados: hoy en día existe más Estado en Colombia que cinco o diez años atrás, es decir, la sombra de Co-lombia entrando en la categoría de un “Estado en proceso de colapso” (failing state) se ha disipado en buena medida.

Gracias a este cambio, la balan-za estratégica del conflicto armado

interno comien-za a favorecer de manera creciente al Estado colom-biano, lo cual per-mite vislumbrar una luz al final del túnel, es de-cir, el término del conflicto crónico. Pero, en buena medida, esto va a depender de la sostenibilidad del proyecto de “se-guridad demo-crática” con ob-jeto de mantener y fortalecer aún más la superio-ridad estratégica y táctica de las Fuerzas Militares y de Policía. Pero, si nos atenemos a las conclusiones de la obra de Daniel Pécaut, esta superioridad militar no basta. Es necesario, además, evitar un deslizamiento autoritario de las instituciones estatales, contener la grave crisis fiscal y aumentar el gasto social.

Un conflicto armado se diri-me, de forma simultánea, tanto en el terreno militar como en el terreno político. La democracia colombiana debe demostrar una gran fortaleza en ambos planos y, dado que un triunfo militar total es improbable en Colombia, es necesario tomar en consideración que la superioridad militar del Es-tado debe ser sólo un instrumento para forzar una salida política negociada al conflicto interno que sufre el país.

Un conflicto armado se dirime, de forma simultánea, tanto en el terreno militar como en el terreno político.

Bolívar, Cauca, Colombiajulio 23, 2001

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Colombia: Guerra y Paz

GENERAL ÁLVARO VALENCIA TOVAR

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Colombia: Guerra y Paz

Resulta desconcertante que Colombia, la democracia política más firme y estable de Hispanoamérica, haya sufrido más guerras y conflictos armados internos que ningún otro país de la misma estirpe.

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esde el origen mismo de la nación, los patricios que quisieron darle in-dependencia y libertad se trenzaron en disputas

de letal intransigencia, varias de las cuales desembocaron en guerras civiles. La Cundinamarca centralis-ta de Antonio Nariño, pragmática, clarividente, pugnaba por un go-bierno unitario, fuerte, que pudiese enfrentar las contingencias de un futuro que presentía con claridad. Contra ella, Camilo Torres, teórico de una democracia calcada de las antiguas colonias inglesas. Carta-gena y Mompox. Popayán y las ciudades confederadas del Valle. Tunja y El Socorro. Esta ciudad y San Gil. El recuento de rivalidades y reyertas resulta interminable.

El péndulo oscilante de gue-rras y constituciones

El siglo XIX configura un trágico panorama de guerras civiles, tan

absurdas como repetitivas, estre-chamente ligadas con los procesos constitucionales. La Guerra Magna dejó toda una tradición bizarra, un subconsciente bélico que no halla otra forma de dirimir las contro-versias políticas que el campo de batalla. La polarización partidista es tal que cada Constitución parece llevar en sus fundamentos políticos el germen de una guerra intestina y cada confrontación armada engen-dra de alguna manera una nueva Carta Fundamental.

Al observar la raíz de este fenó-meno, por demás significativo, se halla como razón primaria la ten-dencia del vencedor a proscribir al vencido del poder político. Este carácter excluyente de la ideología triunfante engendra energías pri-marias en la dirigencia derrotada, que busca y encuentra pretextos para empuñar las armas en cua-lesquiera incidencias propias del acontecer político de una nación en la infancia, que no acaba de formarse y busca, en forma casi desesperada, la configuración de un Estado del cual no tiene una imagen clara ni una noción precisa. En el esquema siguiente aparecen las siete Constituciones, separadas por un péndulo que en sus oscilaciones isocrónicas marca el acento político de los extremos a que se ha hecho referencia.

De estas Cartas Fundamentales se desprenden las guerras civiles: La que se promulgó en la Villa del Rosario en 1821, pergeñada cuando tan sólo la Nueva Grana-da había alcanzado la indepen-dencia en la batalla de Boyacá, se desprenden las duras divergencias que distanciarían a Bolívar y a Santander hasta el rompimiento total como consecuencia de la frustrada Convención de Ocaña y de la asunción de la dictadura por el Libertador.

En 1830, tras la fugaz dictadura del general Rafael Urdaneta y la extinción de la Colombia soñada por Bolívar, la Constitución de 1830, proclamada por el Congre-so Admirable, quizá la mejor de aquella etapa turbulenta, queda sin piso pues se había promulgado para los tres segmentos del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, pero en cierta forma suscita la rebelión que derriba la dictadura, restablece la República y da pie a que el Congreso Granadino pro-mulgue la Carta de 1832. Como ocurrirá unas cuantas veces en adelante, es una Constitución débil, inadecuada para horas de crisis requeridas de un instrumento fuerte, sólido, que suministre la brújula capaz de orientar la inex-perta nación hacia el norte de su destino.

Péndulo oscilante de las guerras civiles en Colombia.

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i siquiera la experiencia ad-ministrativa del general San-tander acierta a dirigir su

gobierno con el tino demostrado como Vicepresidente en ejercicio desde 1819 hasta 1826. Del 33, cuando se posesiona de la Pre-sidencia a su regreso del exilio, arbitrariamente decretado por Urdaneta como sentencia por una imaginaria responsabilidad del prócer en la Conspiración del 25 de septiembre de 1828 contra Bolívar, hasta el 37, Santander, siempre apegado a la legalidad, halla en la joven Constitución el más fuerte impedimento para gobernar.

Esta debilidad constitucional da pie a la llamada Revolución de los Supremos, gobernantes de las regiones alzados en ar-

mas (1839-1840) develada por los generales gobiernistas Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipria-no de Mosquera y José Hilario López. La reacción no se hizo esperar, manifestándose en una nueva Carta, promulgada en 1843 bajo el gobierno de Herrán. Por primera vez la Constitución respondía al momento histórico. Bajo su égida, los tres generales mencionados presidieron gobier-nos democráticos, que hallaron en la Constitución centralista del 43 un instrumento adecuado para gobernar, si bien la Liberación de los Esclavos promovida por el presidente López y convertida en Ley introduciría un nuevo factor de ruptura, junto con otros de carácter religioso y político que en 1851 habían suscitado una re-belión, develada por los generales gobiernistas.

Nacimiento de los partidos históricos

En 1848 el derrocamiento en Francia de la Casa de Orleans, produjo en la Nueva Granada un movimiento para adoptar el ideal revolucionario que dio paso a la Segunda República francesa. La juventud proclamaba frenética-mente el ideario galo y ese mismo año el ideólogo radical Ezequiel Rojas fundó el Partido Liberal sobre esas bases idealistas pero de difícil aplicación en el país de entonces. Al año siguiente, 1849, José Eusebio Caro, Mariano Os-pina Rodríguez y Julio Arboleda fundaron el Partido Conservador con una plataforma opuesta a la radical.

nfortunadamente, lejos de con-tribuir a la estabilidad política, las nuevas denominaciones

contribuyeron a polarizar hasta extremos de fanatismo dos ver-tientes que se disputan el poder feroz e irracionalmente.

El frustrado Golpe de Estado de abril de 1854, dado por el coman-dante del reducido ejército federal, se derrumbó por la reacción de los tres generales ex presidentes que restauraron la legitimidad y, caso único en la América Latina, no asumieron el poder, sino llamaron al Vicepresidente para ejercerlo, mientras el Congreso elegía al sucesor del depuesto gobernante, general José María Obando.

e tales turbulencias resulta procla-mada la Constitución Federal de 1854. El radicalismo se abría paso

Pañuelo con los retratos de los jefes liberales de la guerra de los Mil Días.

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mayores del siglo que termina con tratados formales de paz. Las demás “revoluciones” hallan fin virtual con la derrota de los “re-volucionarios» o la única victoria rebelde, la del general Mosquera en 1862.

a paz la hicieron los militares. Comenzó con el noble gesto del general Benamín Herrera,

triunfante en Panamá, al dirigirse a su contendor, general Salazar, ofreciéndole la paz con una frase imperecedera: “La Patria por en-cima de los partidos”. El Tratado se firmó a bordo del acorazado norteamericano Wisconsin al cual debe su nombre. En Neerlandia, litoral Atlántico, el nombre de la hacienda bautizó el Tratado entre Rafael Uribe Uribe por la revolución y Juan B. Tobar por el Gobierno.

Y en la población nortesantan-dereana de Chinácota, el tercero de los generales insurgentes, Sixto Durán, firma con el general Ra-món González Valencia.

Sin embargo, la verdadera paz la alcanza otro general. Rafael Re-yes Prieto, al ser elegido Presidente de la República en cenizas. Triun-fante al someter en fulminante campaña la desatentada rebelión del 95, su prestigio permaneció incólume al no participar en la Guerra de Los Mil Días por ausen-cia del país. Su talla de estadista, el acierto en atraer a su gobierno a los Generales derrotados, la Reforma Militar, la revaluación del papel moneda que había llegado a la degradación de 25.000 pesos por dólar, la reconstrucción de las vías públicas, la revitalización de la agricultura, el progreso nacional en todos los órdenes, borraron las heridas físicas y espirituales de la patria bipartida, todo lo cual hizo posible la reconciliación de los colombianos, base de una paz que

impetuosamente. El país bajo la Carta, débil e inadecua-da, se hacía ingobernable.

Nueva Carta en 1858, más radical y federalista que su predecesora, sancionada por un presidente conservador, don Mariano Ospina.

El general Mosquera se alza en armas. De conservador que fuera en las épocas bolivianas, es ahora un radical extremista. La suya será la única revolución triunfante del siglo XIX, que en 1863 proclama la Constitución de Rionegro, de avanzado radicalismo. El péndulo ha alcanzado su máxima oscila-ción y el federalismo a ultranza preside los destinos de los Estados Unidos de Colombia. Es el nuevo nombre de la República. El ante-rior, Confederación Granadina, apenas había durado cuatro años.

Rebelión conservadora en 1876 contra el gobierno radical de Aqui-leo Parra. En la batalla de Garra-patas, donde la juventud estudian-til se cubrió de gloria al derrotar a los revolucionarios con más coraje que pericia militar. Triunfo rebelde en Manizales a órdenes del gene-ral Julián Trujillo, que condujo a la virtual autonomía del “Estado Soberano” de Antioquia. Triunfo radical en Santander con el gene-ral Sergio Camargo. Se logra la paz, pero el ejemplo antioqueño es seguido por Santander y Pa-namá, luego los demás Estados, con lo que la Presidencia liberal del Estado Federal pierde gober-nabilidad, máxime con dos años de presidencia decretados por la ilusa Constitución del 63.

El Estado tambaleante termina por desmoronarse en manos de Rafael Núñez, El Regenerador, así llamado por su famosa frase “Regeneración o Catástrofe” que en alianza con el conservatismo moderado derrota la revolución

de 1885 en la indecisa batalla de Los Obispos o La Humareda, que el presidente Núñez convierte en victoria gobiernista al anunciar desde un balcón del Palacio Pre-sidencial ante una multitud enar-decida: “La. Constitución de 1863 ha dejado de existir” frase con la cual destruye la Carta que había jurado defender.

La victoria militar abre camino a la Constitución conservadora de 1886. Los devaneos federalistas terminan con una Carta rígida-mente centralista, cuyo texto hace imposible cualquier reforma. Con-tra ella y los fuertes gobiernos cen-trales se levantan alocadamente los liberales, rápidamente batidos por el general Rafael Reyes, cuya estrella comienza a remontarse en el horizonte de la República.

Nueva rebelión en 1899

s el comienzo de la trágica y desastrosa contienda de los Mil Días, la más sangrienta

y prolongada de esa turbulenta historia decimonónica. Bucara-manga, Peralonso, Palonegro, marcan con hitos de muerte el fe-roz comienzo de la contienda, que halla punto final en los Tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chináco-ta. La Patria exangüe, sus campos desolados, el crédito internacional perdido, los odios partidistas a flor de piel, la moneda envilecida por las emisiones sin respaldo, los caminos deshechos, son apenas parte del saldo dramático de esa guerra civil, que en buena parte conducirá a la pérdida de Panamá el 3 de noviembre de 1903, bajo la inepta presidencia de José Ma-nuel Marroquín y un Congreso sin realismo ni visión.

El fin de las guerras civiles

La contienda de Los Mil Días, es la única de las siete guerras civiles

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duraría casi 40 años, con dos cam-bios pacíficos en el poder: 1930 con la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera y 1946 con la Unión Nacional de Mariano Ospina Pérez.

Turbión de violencia sectaria

Los dos cambios, 1930 y 1946, se debieron fundamentalmente a la división interna de los partidos en el poder. Ambos tuvieron reper-cusiones violentas, la primera muy localizada y de breve duración, a causa del conflicto internacional con el Perú en 1932, que unió la nación en torno al carismático presidente Olaya. El segundo,

produjo un traumatismo profun-do, verdadero desquiciamiento de la paz rural, cuyos efectos duran todavía, bajo una metamorfosis que pasó de la refriega sectaria entre 1948 y 58 y la Guerra Re-volucionaria Prolongada de 1964 que aún prevalece convertida en delincuencia de narcotraficantes y

terroristas.

Indultos y amnistías acom-pañaron las etapas de paci-ficación parcial. Del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. De la Junta Militar en 1957-58. Del Frente Nacional bajo Alberto Lleras Camargo en 1958-60. De Belisario Betancur en 1982-86.

La desmovilización exitosa del M-19 mediante el Plan de Etapas iniciado por Virgilio Barco en 1989 y culminada bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. Así se llega al fiasco inverosímil de la Zona de Distensión, con la cual creyó el presidente Andrés Pastrana lograr la paz con las Farc, tan sólo para comprobar después de casi cuatro años

de frustraciones, que esa organi-zación armada y sostenida por el narcotráfico, no quería la paz sino el poder.

Firmantes del Tratado de Paz en el vapor Wisconsin en 1902.

a paz, esquiva como lo ha sido a lo largo de nuestra historia re-

publicana, sigue siendo un anhelo sentido del pueblo colombiano. Entonces, cabe preguntar, ¿Por qué se ha dejado arrastrar a la guerra que tantos males le ha cau-sado? Simplemente porque nuestra gente es dúctil a la dirección política, además de emocional y apasionada. Lo prueba el hecho de que bajo el liderazgo inspirado de al-

Conclusión

gunos de sus conductores ha convivido en paz, como en los cuarenta años iniciados con la Presidencia del general Rafael Reyes. No es violento en sí mismo, pero su ser pasional lo hace propenso a la reacción temperamental no razonada y por ende al llamado tribal de caudillos en los altos niveles de la política y de caciques y gamonales en los ámbitos pueblerinos y rurales.

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ALFREDO WITSCHI-CESTARI

Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Colombia.

Una mirada desde Naciones Unidas al conflicto colombiano

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n marzo de 2005, el se-cretario General de las Naciones Unidas, Kofi An-nan, presentó el Informe Un concepto más amplio

de la libertad: desarrollo, segu-ridad y derechos humanos para todos1 . Se trata de una excelente base para un artículo sobre la forma como las Naciones Unidas perciben el conflicto armado en Colombia. Esta vinculación es relevante por cuanto el conflicto colombiano no es un fenómeno aislado. Se enmarca en un contex-to global donde temas como la se-guridad colectiva y la lucha contra el crimen, el terrorismo y el delito cobran particular relevancia, de igual modo que el reto de vencer la pobreza, la discriminación, la in-equidad, y lograr la vigencia plena de todos los derechos humanos.

En el mencionado documento el Secretario General establece con claridad y sencillez las permanen-tes correlaciones entre seguridad,

desarrollo y derechos humanos. Señala allí, por ejemplo, cómo el desarrollo, la seguridad y los dere-chos humanos son indispensables y se fortalecen recíprocamente: “esta relación no ha hecho más que reforzarse en nuestra era de rápidos progresos tecnológicos, de aumento de la interdependencia económica, de globalización y de espectaculares transformaciones geopolíticas”. Si bien no puede decirse que la pobreza y la ne-gación de los derechos humanos sean sistemáticamente la 'causa' de las guerras civiles, cuando éstas existen siempre son parte del caldo de cultivo de violencia que puede degenerar en conflictos internos. Ahora bien, el terrorismo y la de-lincuencia organizada, el crimen bajo todos sus aspectos (incluida la corrupción) indiscutiblemente incrementan la inestabilidad y contribuyen a degenerar situa-ciones en las que la violencia no puede más que prosperar.

Los conflictos no son las únicas causas que mantienen a los países atrapados en la pobreza. Pero son elementos que contribuyen de ma-nera determinante a obstaculizar el desarrollo. Adicionalmente, en esta era de creciente globalización, un acto de terrorismo contra un centro financiero de un país rico, sin duda afecta el desarrollo de millones de personas en todo el planeta.

stas fuertes interconexiones entre seguridad, desarrollo y derechos humanos ayudan a

explicar el papel de las Naciones Unidas en las actuales circunstan-cias de la humanidad. De hecho,

1. El Informe completo puede consultarse en http://www.un.org/spanish/largerfreedom//contents.htm

2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son las metas fijadas para el 2015 por los Jefes de Estado del Mundo en la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000): reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal y la igualdad entre los sexos; reducir la mortalidad de menores de 5 años y materna en dos terceras partes y en tres cuartas partes respectivamen-te; detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda

gran parte de sus esfuerzos se concentran en dos grandes frentes: cumplir los Objetivos de Desarro-llo del Milenio2 , ODM, -sin duda la más importante agenda global en estos primeros 15 años del Siglo XXI-, y en muy estrecha relación con ellos, la paz y la seguridad mundiales.

sus 60 años de creación, los principios originarios de las Naciones Unidas

permanecen vigentes. En la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, los Estados firmantes ratificaron la necesidad de contar con una organización que tuviera como propósito central preservar al mundo del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. La ONU asumió también la tarea de ayudar a crear condiciones para preservar el respeto de las obliga-ciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, así como impulsar el progreso social colectivo y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de la libertad.

Por tanto, lejos de ser un orga-nismo ajeno, las Naciones Unidas son la resultante de sus Estados miembros. De ahí su importancia y limitaciones: es sin duda el esce-nario internacional más represen-tativo de los principios éticos, so-ciales y políticos de la humanidad; pero bajo ningún pretexto puede sustituir las soberanías y, por ende,

Las interconexiones entre seguridad, desarrollo y derechos humanos ayudan a explicar el papel de la ONU en las circunstancias de la humanidad.

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si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. En este nuevo milenio, la labor de las Naciones Unidas debe poner al mundo más cerca del día en que todas las per-sonas sean libres para elegir el tipo de vida que quieren vivir, puedan acceder a los recursos que harán que esas opciones tengan sentido y tengan la seguridad que les per-mita disfrutarlas en paz”.

sta idea es ratificada con mu-cha fuerza por el Proyecto del Milenio, equipo liderado por

el premio Nóbel de Economía, Jeffrey D. Sachs, cuando afirma a su turno que “existe una fuerte relación de causa y efecto entre la pobreza y los traumas originados por la escasez de recursos al prin-cipio de un conflicto”. El equipo ilustra además sobre la necesidad de mantener un crecimiento sos-tenible al indicar: “Por término medio, el trauma de crecimiento económico negativo provocado por una disminución del 5% in-

las responsabilidades nacionales, responsabilidades éstas que no competen sólo a los gobiernos sino que incluyen a todos los sectores económicos, políticos, laborales, sociales y culturales de cada país.

La ONU, tanto desde la Se-cretaría General como desde sus Agencias especializadas, enfoca su trabajo principalmente hacia

la cooperación con los Estados para que cuenten con instituciones fuertes y puedan enfrentar cabal-mente las innumerables exigencias del mundo actual. De ahí que en el mencionado informe, Kofi Annan afirme: “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos se-guridad sin desarrollo y no ten-dremos ni seguridad ni desarrollo

El riesgo para la generación de un conflicto armado disminuye cuando aumentan los ingresos nacionales.La historia de 177 poblaciones colombianas destruidas por los terroristas de

las Farc y el Eln quedaron plasmadas en una edición especial de la Revista Ejército titulada "Bajo los escombros del terrorismo".

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crementa el riesgo de guerra civil en más o menos un 50%”.

Ahora bien, el proceso inverso también es cierto: el riesgo para la generación de un conflicto arma-do disminuye cuando aumentan los ingresos nacionales. El análisis de la pobreza en el mundo demues-tra que la pobreza es un factor casi sistemático para la creación de con-diciones propicias para el estallido de un conflicto y, si la pobreza se man-tiene o se agrava, tiende a convertirse en el factor cen-tral de conflictos sin solución: “Las repercusiones de lo antedicho son dobles: la inversión en el desarrollo es especialmente im-portante para reducir las proba-bilidades de conflicto, y las estra-tegias de desarrollo deben tomar en consideración sus posibles efectos para reducir los riesgos de conflicto (o aumentarlos por inadvertencia)”3 .

ara apoyar a Colombia a superar exitosamente sus diferentes retos, la Organi-

zación de las Naciones Unidas tiene un grupo excepcionalmente importante de Agencias actuando en el país, todas por invitación del Estado colombiano4 .

La razón de esta amplia presen-cia tiene mucho que ver con los efectos del conflicto armado, ya que varias de ellas ayudan al Esta-do y a las organizaciones sociales

a atender a las víctimas civiles de la indiscriminada violencia que el conflicto genera.

Para sólo citar algunos ejem-plos, en 1996 el gobierno de Co-lombia invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a

crear una Oficina en el país. Ésta se abrió en 1997 con un mandato que incluye, entre otras tareas, la de observar la situación de los Derechos Humanos (DDHH) y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado interno colombiano. La oficina también asesora a autoridades e instituciones en el desarrollo de políticas y programas que pro-mueven y protegen los DDHH y el DIH. Su mandato también prevé asesorar a la sociedad civil

en materia de DDHH e informar a la Alta Comisionada respecto de la situación y los avances logra-dos en el país en el marco de su mandato. Esto permite entonces a la ACNUDH de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU su informe anual sobre

Colombia.

a Agencia especializada en la atención de la po-blación desplazada, AC-NUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), co-menzó su labor a favor de

los desplazados inter-nos (DIs) en 1998, a solicitud del gobierno

de Colombia. Su marco de acción se estableció en un Memorando de Intención firmado entre el Gobierno colombiano y el ACNUR en enero de 1999.

Entre las otras agencias, se puede mencionar al Programa Mundial de Alimentos, la FAO, UNIFEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Ofi-cina de las Naciones Unidas con-tra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-trial (ONUDI). Sus estrategias son múltiples y, de acuerdo con el mandato de cada Agencia, van desde apoyar todos los esfuerzos dedicados a asegurar la seguridad alimentaria de los más necesi-tados, promover la salud sexual y reproductiva, o contribuir a la defensa y el bienestar de la niñez, hasta colaborar para suprimir el

3. http://www.unmillenniumproject.org/reports/whyS.htm

4. Se trata de 22 Agencias, que conforman el Sistema de las Naciones Unidas www.nacionesunidas.org,co

Sin importar las condiciones de clima, tiempo y terreno, los Ingenieros Militares van por el país construyendo lo que la guerrilla destruye.

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armado o un ataque terrorista, res-petando profundamente el sentir y los argumentos del gobierno, para las Naciones Unidas es claro que desde hace varias décadas se de-sarrolla en Colombia un conflicto armado interno6 . El terrorismo, es a su vez sistemáticamente con-denado y reconocido como un instrumento nefasto usado por los actores armados ilegales, así como también lo son el secuestro, las masacres y la desaparición forzada de personas.

En el caso específico del PNUD es de suma importancia apoyar iniciativas ciudadanas por la paz y la reconciliación, los programas de desarrollo y paz, los escenarios de diálogo como el que llevó al tras-cendental Consenso de Cartagena en febrero de este año, en el marco de Proceso de Londres – Cartage-na7 . El PNUD también patrocina estudios e investigaciones que puedan apoyar a Colombia en la formulación de políticas incluyen-tes en beneficio de toda la nación y de la democracia colombiana.

Este es el caso del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: el conflicto, callejón con salida8 , cuya investigación contó con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Este Informe, elaborado para el PNUD por un gran equipo de investigadores independientes, recibió en diciembre de 2004 el Premio a la Excelencia por el

crimen y promover el desarrollo alternativo. También contribuyen a impulsar a los territorios en sus estrategias de desarrollo local y ofrecen apoyo a iniciativas comu-nitarias y empresariales en medio y a pesar del conflicto. Igualmente, y para mencionar sólo algunos ámbitos, las Naciones Unidas apo-yan los esfuerzos de la nación para hacer frente al reto de lograr que Colombia sea un país sin minas antipersona.

l respecto, no puede olvidarse que durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana

y en los dos primeros años de go-bierno del presidente Álvaro Uribe, el Secretario General de la ONU atendió la solicitud colombiana de apoyar la búsqueda de la paz en Colombia y los acercamientos con organizaciones guerrilleras. Como está indicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, “con el fin de avanzar en un proceso de negociación con las Farc, el Presidente de la Repú-blica solicitó al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, sus buenos oficios para iniciar un proceso de paz serio que se cris-talice en un cese de hostilidades y concluya, en un plazo razonable, en el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatien-tes a la vida democrática.”5 .

rente al actual debate en torno a si el país vive un conflicto

Proceso Participativo, galardón otorgado a los mejores informes de desarrollo humano que se ela-boran en los casi 200 países. Más de cuatro mil personas de todo el país participaron en los debates y diálogos que le permitieron al equipo investigador afirmar que el conflicto armado interno (que califican de “conflicto degradado”) se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo hu-mano de los colombianos. Entre las razones se incluyen:

· El conflicto produce miles de muertes prematuras cada año.

· El conflicto impide que millo-nes de niños y jóvenes accedan a la educación.

· El conflicto destruye gran cantidad de activos productivos.

· El conflicto impide que la gente participe en la discusión y decisión de los asuntos co-lectivos.

¿Alguien ha ganado este con-flicto? Esta fue una de las muchas preguntas que se hizo el equipo del Informe Nacional de Desa-rrollo Humano, y la respuesta es realmente sobrecogedora: en un conflicto que se degrada y que ha afectado en modo directo o indirecto a millones de colombia-nos, la guerra ha sido un fracaso: las Farc-Ep y el Eln, tras más de cuatro décadas están lejos de llegar al poder; los paramilitares

5. Ver: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/farc/acercamientos.htm

6. El Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional describe a los conflictos armados internos, como “ aquellos que se desarrollan en el territorio de una Alta Parte contratante (nota del autor: en este caso Colombia lo es), entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permite realizar operaciones sostenidas y concertadas...”. Ver: OACNUDH, Compilación de instrumentos internacionales. Bogotá, 2002. Pág. 433.

7. http://indh.pnud.org.co/articulo.plx?id=245&t=noticia; http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/internacional/DeclaraciondeCartagena.pdf

8. http://indh.pnud.org.co/index_.plx?f=1120502841

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en veinte años de barbarie no lograron acabar con la guerrilla; el Estado tampoco ha sido capaz de derrotar a la guerrilla, ni de detener el paramilitarismo ni de remover las causas del conflicto. Adicionalmente, el conflicto arma-do ha perturbado el crecimiento económico, ha debilitado la demo-cracia colombiana y distorsionada la inserción internacional del país.

su turno, como parte de las estrategias para salir del conflicto, el Informe propone

una serie de acciones graduales que aborden sus múltiples causas y efectos: por ejemplo, desde la óp-tica del desarrollo humano plantea evitar la extensión del conflicto a nuevas víctimas, comunidades y regiones; disminuir el número de combatientes ilegales, víctimas y personas afectadas; impedir una degradación aún mayor; resarcir a las víctimas; castigar a los res-ponsables de conductas crimina-les; buscar que la salida militar o la solución negociada tengan el menor impacto negativo sobre la población y sobre el futuro del país.

En todo caso, cualquier estrategia debe tener en cuenta la diversidad y las múltiples iniciativas de desa-rrollo y paz en lo regional y local. Esto implica, para el Estado y las élites, mirar con justicia esa inmensa “otra Colombia” que por siglos ha sido relegada al abandono, pero ha sabido encontrar formas de hacerle frente al conflicto.

Respecto a un tema tan difícil como es el papel del narcotráfico, desde la perspectiva del conflicto armado el informe plantea que si bien debilitarlo es una condición necesaria para superar el conflic-to, ello no es suficiente ya que mientras que por un lado acabar con la droga no pone automáti-camente fin al conflicto, tampoco acabar con el conflicto termina

con el problema de la droga en Colombia. De ahí hace varias novedosas recomendaciones para combatir el narcotráfico desde la óptica específica de su impacto sobre el conflicto armado. Entre ellas se incluye:

A. Abrir un nuevo diálogo internacional sobre el narcotráfico con la participación de Colom-bia, Estados Unidos, organis-mos multilaterales, autoridades regionales, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Esta política llevaría a con-centrar las políticas represivas en los eslabones medios y no en la criminalización del campesinado cocalero. Implica más erradi-cación manual y alternativas rentables para los colonos, más prevención y fortalecimiento del tejido social. Propone también que en los países consumidores también se ataque más asertiva-mente la distribución mayorista, así como trabajar en programas educativos de prevención.

B. Diferenciar claramente el tratamiento dado a productores grandes y pequeños.

C. Las acciones represivas deberían concentrarse en esla-bones intermedios de la cadena del narcotráfico para desmantelar las redes de comercialización, interdicción aérea, acciones inter-nacionales contra las mafias y sus redes.

Finalmente, este esbozo del ac-cionar de las Naciones Unidas en Colombia no puede concluir sin reiterar la importancia del principio de distinción. La diferencia entre combatientes y no combatientes, clara en todos los tratados de DIH, todos ellos ratificados por Colombia, debe convertirse en una hoja de ruta firme para cada fun-cionario del Estado, para todos los

miembros de la Fuerza Pública y, naturalmente, para cada colombia-no, y esto incluye a los miembros de los grupos armados ilegales. La legitimidad y el bienestar de la población, una población que pide cada día más la presencia integral del Estado con todos los beneficios de la democracia, pasa en gran parte por asegurar el total respeto de esa distinción.

Pese al conflicto, y en el marco de grandes esfuerzos realizados por el Estado en todos sus niveles, hay miles de hombres y mujeres que en Colombia realizan esfuer-zos heroicos por tratar de crear hechos de paz que les permitan avanzar hacia mejores niveles de vida para sus comunidades. Estas iniciativas de paz, de diversos orígenes y múltiples caracterís-ticas, merecen el respeto y la admiración de todos. De igual modo, lo merecen esos hombres y mujeres, servidores públicos, que al cumplir con su deber respetan cabalmente todos los derechos de sus conciudadanos sin distinción. En estos escenarios, en los esce-narios del desarrollo humano, el progreso, la equidad, solidaridad y la paz, Colombia tiene un aliado firme en las Naciones Unidas.

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Gedeón y sus enseñanzas.Breve reflexión académica sobre la guerra en Colombia.

Quiero precisar que el término guerra empleado en el título del artículo sigue los lineamientos de la comunidad de trabajo para la investigación de causas de la guerra (arbeitsgemeinschaft kriegsursachenforschung, Akuf) de la universidad de Hamburgo, citado en el libro de Kurtenbach Sabine. Análisis del conflicto en Colombia. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá Colombia. Mayo de 2005. Pág. 12. en éste sentido “la guerra es un conflicto armado de masas en el que por lo menos en uno de los bandos participan fuerzas estatales, y que muestra un mínimo de continuidad y organización de las partes en conflicto”.

JEAN CARLO MEJIA AZUERO

Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Do-cente e investigador. Profesor de la Escuela Superior de Guerra, la Academia de Altos Estudios de la Policía Nacional, las escuelas de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Profesor de post-grados en DICA y en Seguridad y Defensa Nacional. Tutor maestría en Seguridad y Defensa Escuela Superior de Guerra.

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l problema del conflicto en Colombia, mirado desde la perspectiva militar, co-mienza por reconocer el tipo de enemigo que hemos

venido enfrentando, así como su estrategia y las tácticas utilizadas; nuestros militares de herencia prusiana, lastimosamente olvida-da por seguir la norteamericana, cometieron durante muchos años un error al cual fueron llevados por las elites políticas nacionales;1 Subestimar al adversario. Jhon

Los grandes genios militares siempre han nacido para el mando, el que van mol-deando lentamente a través de los días. Así, con el paso del tiempo comienzan a entender cómo el bienestar y la moral de sus hombres son elementos esenciales para la obtención de la victoria final.

Laffin enseñaba con relación a la guerra convencional2 , algo perfec-tamente aplicable en una guerra revolucionaria: “la generalidad de las personas tiende a creer que sus propios comandantes son los mejores, los grandes comandantes no menosprecian a sus homólogos extranjeros”.3 De hecho, todavía la dirigencia nacional y el alto mando creen que a las autodeno-minadas Farc, al Eln y a las Auc se les derrota militarmente, y este es un craso error.

Lo primero que hay que reco-nocer militarmente, así le cueste al orgullo castrense, es que el enemigo es fuerte porque el Es-tado ha sido débil durante más de cuatro décadas; que no se encuentra derrotado ni militar ni políticamente; que además se halla totalmente robustecido por sus finanzas ilícitas4 ; que se

despliega nacional e internacio-nalmente; que es altamente móvil; que utiliza métodos terroristas (tan antiguos como el mismo arte de la guerra), que se adecua a nuestras actuaciones, que se mueve en un territorio desconocido para la mayoría de nuestros hombres5 y que combina diferentes formas de lucha; en fin, que el enemigo así se le catalogue como simple terrorista, cree firmemente en una guerra popular prolongada para tomarse el poder, sustentado en ideas con origen marxista leninis-ta, remozadas con una ideología nacionalista y Bolivariana desde el año 19826 . Finalmente, ese enemigo ya no se encuentra sólo, por el contrario ahora está acom-pañado de caudillos que desde otros Estados quieren imponer la visión de China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, en el sur del continente.7

1. A los políticos compete decidir qué tipo de política de defensa debe adoptarse y, si la ocasión lo demanda, qué tipo de guerra debe librar el ejército, las fuerzas de campo. En ese sentido su responsabilidad con respecto al combatiente es enorme, hasta el punto de que sus errores los pagará este último con su propia sangre. Regan Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Editorial Critica. Barcelona, España 2001. Pág. 16.2. Vincenc Fisas enseña que la principal característica de los conflictos actuales es su carácter interno. De esa forma señala que en el período comprendido entre 1989 y el año 2002, el 94% de los 116 conflictos producidos en el mundo han sido intraestatales. Vincenc Fisas. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Editorial Paidos. Serie sociedad. N° 119. Barcelona, España. 2004. pagina 22. también se puede consultar las cifras de Eduardo Pizarro Leongómez. 3. Laffin Jhon. Grandes Batallas de la Historia. Secretos de los maestros de la estrategia. Editorial Ateneo. Buenos Aires, Argentina. Año 2004. Pág. 15.4. Desde el punto de vista estratégico el centro de gravedad del enemigo gira en torno de sus finanzas. Muchos analistas y gran parte del estamento militar equivocadamente consideran que el narcotráfico sostiene a los grupos ilegales; no obstante lo anterior las cifras muestran que por ejemplo por concepto de extorsión y secuestro las autodenominadas Farc recibieron el año 2004 una cifra cercana al billón y medio de pesos.5. “10. Aquellos que desconocen las condiciones de las montañas y bosques, desfiladeros arriesgados, pantanos y ciénagas, no pueden conducir la marcha de un ejército. 11. los que no usan los guías locales son incapaces de sacar ventajas del terreno.”. Sun Tzu. El arte de la guerra. prefacio de B.H. Liddel Hart. Editorial Panamericana. Quinta reimpresión de la primera edición. 2003. Pág. 149.6. Séptima conferencia de las Farc. Ratificada ésta posición en 1993 en la octava conferencia.7. Sería muy bueno analizar la constitución Boliviana de Simón Bolívar, su repercusión en la constitución de Venezuela y la identidad con los estatutos del partido clandestino comunista de las autodenominadas Farc. El diario Vanguardia de Cuba respecto a la política de seguridad del presidente Chávez mostró a las claras cuál es la intención de éste mandatario frente a una posible invasión norteamericana: una guerra popular prolongada. para cumplir con el propósito de resistencia prepararan las famosas reservas, compran nuevas armas, y están dispuestos a internarse en las selvas a esperar al enemigo grande, pesado, demasiado tecnificado.

Jcmas

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uiero en ésta ocasión evo-car como ejemplo militar a Gedeón,8 gran capitán

Israelita que venció a los madia-nitas en el monte Guilboa (actual territorio de Israel), ya que su don de mando en las batallas entronizó unos principios del arte de la gue-rra que hoy deben ser estudiados por nuestros dirigentes frente a cualquier política de seguridad y defensa y también por nuestros generales en el ámbito de una polí-tica militar9 , que sea consecuencia de una doctrina militar propia y coherente, que debería redundar en la estrategia y la táctica.

El magno Gedeón, que coman-

daba un ejército pequeño pero altamente aleccionado, sostenía:

1. La calidad es mejor que la cantidad. Una pequeña fuerza de hombres bien esco-gidos, entrenados y serenos es mejor que una masa incierta, entrenada a medias. Éste pun-to es altamente preocupante en nuestro conflicto; el sofisma plan-teado por el incremento del pie de fuerza puede ser un arma de doble filo en el futuro por las siguientes razones: a. falta de entrenamiento adecuado, b. crecimiento de la

soldadesca sin la presencia de cuadros (ya se está viendo la au-sencia de oficiales y suboficiales), o con mandos mal formados c. dificultades de desmovilización en un posconflicto, d. altísimos costos de sostenimiento, e. una carga prestacional a futuro insostenible. Si bien Colombia se encuentra por debajo del indicador internacional de número de efectivos respecto al de habitantes, aún estando en un conflicto interno, lo cierto es que el crecimiento desmesurado y desordenado de soldados es contraproducente10 . La solución es para mí sencilla; Un Ejército

8.En hebreo significa guerrero o destructor.9. Hasta tanto Colombia no cuente con una política militar, fruto de una doctrina seria, estable y propia, será muy difícil dar el salto cualitativo hacia el robustecimiento de las Fuerzas Militares y que les permita al mismo tiempo entender que son actor político imprescindible en una democracia emergente. "La política militar es uno de los componentes de la política de defensa del Estado a la que debe servir permanentemente, por lo tanto debe ser consecuente con los objetivos de ésta y con sus lineamientos generales de acción, manteniendo con ella una estrecha coordinación y complementación", en lo específico, y la "política militar tiene que ver con la dimensión, estructura y capacidad técnico - profesional de las Fuerzas Armadas y debe ser planificada en el largo plazo". Thouby Fernando. Política de defensa y política militar. Dimensionamiento y estructuración de las Fuerzas Militares. Revista Fuerzas Armadas y sociedad. Año 10. N° 4 oct. – dic. de 1995. Pág. 1.

Con equipo especializado en reconocimiento y control de la seguridad vial, se ha logrado disminuir en más de 88% las acciones terroristas sobre las carreteras nacionales.

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relativamente pequeño, altamente entrenado con fuerzas especiales debidamente equipadas y con una alta moral. La recuperación del territorio a través de la presencia de soldados es otro sofisma. La guerrilla no controla el territorio de la forma en que hemos creído usualmente, lo hace a través de la intervención de la economía y la penetración de las adminis-traciones locales y regionales,

también lo hace a través de sus milicias y las intrincadas redes de inteligencia que maneja. A las guerrillas móviles se les combate con unidades móviles que entren, golpeen y salgan, con presencia del Estado en los municipios, una policía rural robustecida11 y con inversión social e infraestructura (Ocho black hawk ha perdido el Ejército en algo más de dos años; ¿cuántas carreteras se hubieran podido construir en zonas aleja-das? ¿Cuánto le cuesta al Estado las pensiones de sobrevivientes o de invalidez de éstos hombres?) Finalmente, nuestro Ejército debe comprender que crecer significa

hacerlo integralmente en equipos de transporte, armamento, otros medios logísticos y también en moral, que sólo puede ser trans-mitida a través de líderes bien capacitados y educados; no a tra-vés de comandantes simplemente instruidos.

2. Atención al detalle y un buen trabajo de equipo son una grande ayuda para obte-ner la victoria. A un enemigo como el que enfrenta el pueblo de Colombia se le gana con dos elementos básicamente. Trabajo en equipo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas (es tal vez lo más difícil para el colombiano), que plantee la necesidad de movilizar a toda la sociedad en pos de la victoria final (las guerras las ganan los pueblos no los ejércitos), a través de la estrategia más simple y sencilla: el regreso al amor por la Patria fruto de la comprensión de qué significa Colombia y del por qué somos y queremos seguir siendo colombianos.12 Los aún existentes celos entre las Fuerzas, la persecución del éxito personal y operacional y no del bien general (ni siquiera el institucional) han llevado al traste con todas las intenciones de triunfo militar y político.13 Y un segundo elemen-to, la inteligencia estratégica que nos permita a través de análisis

La tranquilidad retornó a las calles de Santa Rosa, en el Cauca.

10. Vargas Andrés Mauricio. Reyes Mauro Alejandro. Algunas consideraciones sobre el gasto en Fuerza Pública en Colombia. Incidencia en la economía. Facultad de Economía. Universidad Externado de Colombia. Año 2004. 11. La policía rural en Colombia esta integrada por los miembros de la especialidad de carabineros. Gracias a la degradación del conflicto los policías de ésta especialidad se han convertido en unidades elite de contraguerrilla, bajo el nombre de escuadrones móviles de carabineros. Otra consecuencia del conflicto es la militarización de la Policía.12. Artículo 41 de la Constitución Política del 4 de julio de 1991.13. Aquí encuentra argumentación la existencia de comandos conjuntos. Pero surge otro problema práctico: ¿estamos preparados logísticamente para soportar su existencia? ¿se ha esperado el tiempo prudente para estudiar a fondo por parte de la Escuela Superior de Guerra el experimento Fuerza de Tarea Omega?

Todavía la dirigencia nacional y el alto mando creen que a las autodenominadas Farc, al Eln y a las Auc se les derrota militarmente, y este es un craso error.

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ponderados, razonados, serios y sustentados, conocer al detalle los movimientos del enemigo y de sus aliados. Como en Colombia no hemos creído nunca en éste tipo de inteligencia, en conse-cuencia no ha sido reconocida ni empleada por los altos mandos y el gobierno. Ningún conflicto asimétrico en la actualidad se de-sarrolla en el territorio de un solo Estado; el caso colombiano no es una excepción. Sin inteligencia no hay estrategia y en Colombia sin eufemismos no existe una concep-ción estratégica del Estado; sólo de esa forma se puede entender cómo Colombia ha perdido en los escritorios y no en los campos de batalla, gran parte del original territorio nacional.

3. Es importante que el comandante lleve a cabo un reconocimiento personal pre-vio a la batalla. Aquí durante muchos años tuvimos generales que no iban al campo de batalla, que no conocían al enemigo a profundidad (debo reconocer que todavía algunos no lo conocen, sobre todo los que creen ver en el enemigo a simples bandole-ros.) en su territorio; y aunque si bien es cierto se han presentado grandes cambios, no deja de ser desmoralizante para los que hoy están cargando con el peso de la guerra en los puestos avanzados, que muchos de sus compañeros “los delfines y consentidos”, no salgan nunca de Bogotá o de otras

La Estrategia Militar es vital para desarrollar operaciones contra la subversión.

La Nación no cree que estamos en guerra, porque simplemente se le ha dicho que no hay conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”

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grandes guarniciones y, que a la vez, éstos sean enviados siempre al exterior o a las escuelas de formación. Con oficiales expertos en lo teórico (pero en guerras con-vencionales y en autores extran-jeros) y con combatientes que no pueden transmitir las experiencias de una confrontación asimétrica, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando hacía el exterior de lo que es la institución castrense? Ahora bien, en una guerra popular pro-longada en donde es aplicable la combinación de formas de lucha, el conocimiento sobre el campo de batalla no sólo debe mirarse militarmente. La guerra política plantea un campo de batalla políti-co, al igual que sucede con la gue-rra jurídica, la judicial entre otras tantas. ¿nuestros comandantes se apersonan de hacer el reconoci-miento de esos nuevos escenarios de lucha? La respuesta habitual de muchos militares es que de la guerra política debe encargarse el gobierno. ¿Acaso el gobierno le dará la cara a nuestros militares cuando sean llevados a responder ante los tribunales internaciona-les? ¡No más ingenuidad señores!

4. La moral enemiga pue-

de quedar destruida por un ataque nocturno sorpresivo. La sorpresa militar es imprescindible para lograr victorias contundentes en las batallas; pero manejada con creatividad, astucia y habili-dad es decisiva para ganar guerras cuando se destruye la moral del enemigo. La noche desde el punto de vista militar se convierte en una aliada impresionante; en éste as-pecto estamos muy bien, gracias a la preparación integral de muchos de los recién ascendidos genera-les, aunque hay que admitir que faltan más operaciones comando directamente sobre el enemigo, no a uno o dos kilómetros de su ubicación. Es importante tener en cuenta que la sorpresa en la guerra revolucionaria debe ser

asumida por el Estado en los ámbitos no propiamente bélicos, pero absolutamente militares. El enemigo nunca esperaría una guerra popular prolongada en contra de ellos, ni la utilización en masa de los medios de lucha, ni mucho menos la asociación efectiva entre el pueblo y la Fuer-za Pública. Estoy seguro que esta sorpresa los aniquilaría. Las Farc como el Eln, lo vengo diciendo de un tiempo acá, se destruyen desde adentro, con la fuerza de la guerra de magnitud contraria.14

5. La acción de las partes que componen un Ejército debe estar concienzudamente coordinada. Militarmente ha-blando, pero también políticamen-te, aquí es en donde más ajustes se deben realizar. La Nación no cree

14. Toda guerra solamente puede ser efectivamente enfrentada por otra guerra de igual o mayor magnitud pero contraria. El conocimiento exacto de la amenaza, nos permite saber qué tipo de guerra va a utilizar y qué tipo o variable de respuesta debemos brindar.

Mantener la seguridad e integridad de los colombianos, es el

principal objetivo de los soldados del Ejército

Nacional.

... un ejército al que le falta equipo pesado, forraje, alimentos y provisiones, está perdido”. Sun Tzu

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que estamos en guerra, porque simplemente se le ha dicho que no hay conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”15 ; el Estado no actúa en consideración a lo anterior porque no se cuenta con una coordinación nacional, al no existir un norte común que enlace al pueblo con la Fuerza Pública. Desde la óptica militar es impen-sable hoy en día ganar una guerra sin un trabajo coordinado entre el pueblo y su mejor representación; las Fuerzas Armadas.16 La trilogía de Clausewitz, gobierno – pueblo – fuerza armada, está mandada hace tiempo a recoger, porque pueblo es igual a Fuerza Pública.

6. Un enemigo puede ablandarse con historias res-pecto de lo “invencibles” que son sus oponentes. Un factor fundamental en la guerra, muchas veces desconocido por nuestros generales es el relacionado con la guerra psicológica. De hecho, durante muchos años contrague-rrillas integradas por soldados profesionales no fueron embos-cadas por la guerrilla, quienes al observar el orden y la disciplina de sus integrantes se atemorizaban. Históricamente y en otras latitudes quien no recuerda la batalla de Gaugamela (también conocida como la batalla de Arbela) en don-de se enfrentaron las tropas persas de Darío III y las de Alejandro de

Macedonia, conocido como el Magno. Pues bien, a pesar de que las tropas de Darío quintuplicaban a las de Alejandro, la creencia en-tre las tropas del primero sobre la naturaleza invencible del Hijo de Filipo II, generó la muerte de más de 50.000 persas frente a tan sólo 480 macedonios en el campo de batalla. Lo mismo se podría decir del efecto de las sirenas colocadas por los alemanes en las bombas lanzadas por los famosos aviones Stuka17 en la Segunda Guerra

Mundial, que lograban más pánico entre los ingleses y franceses, que destrucción material. La ventaja de la guerra psicológica es inva-luable.

7. Un comandante debe tener el mando absoluto, y nunca debe estar entorpecido por la posibilidad de diferen-cias con sus comandantes. Un problema que se está con-virtiendo, lamentablemente, en habitual es el del mando. Muchos hoy día sostienen que en Colom-

15. Amenaza, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa en buen castellano, acción de amenazar, dicho o hecho con el que se amenaza o aquel delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de un mal grave para él o para su familia. Por el contrario agresión significa el acto de acometer a alguien con la intención de matarlo o herirlo, pero también el ataque armado de una nación a otra sin previo aviso. En nuestro caso ¿hay amenaza terrorista o habrá agresión? Sin duda alguna hay una agresión terrorista planteada dentro de una combinación de formas de lucha por una guerrilla. Terrorismo y conflicto armado lo he venido diciendo insistentemente no son excluyentes; basta ver la normatividad del Código Penal Colombiano, las normas internacionales de derechos humanos y el mismo protocolo II de Ginebra de 1977.16. El término Fuerzas Armadas es constitucional y legal. Constitución Política, Artículo 189 N° 3.17. Aviones junker Ju - 87

La preparación que reciben los miembros

de nuestro Ejército, se refuerza en la

Compañía de Tiro.

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bia no existe un Ejército sino que en realidad hay tres. Uno el del general Castellanos, oficial de inmejorables condiciones huma-nas y profesionales, otro el del general Montoya en el norte del país y finalmente otro en la Fuerza de Tarea Omega, dirigido por el general Fracica. Yo agregaría un cuarto Ejército y no es otro que el promovido desde el Comando General, que pretende so pretex-to de la creación de Comandos Conjuntos, llevarse el protagonis-mo frente a la conducción de la guerra, cambiarle la naturaleza al Estado Mayor Conjunto y minimi-zar la participación activa de los comandantes de Fuerza. Quiero insistir en algo, no es que esté en desacuerdo con los Comandos Conjuntos, que de hecho existen en Colombia hace algún tiempo, en lo que no estoy de acuerdo es en su implementación, fruto de la inexistencia de una estrategia co-herente a mediano plazo, también por la falta de medios, por la poca movilidad propia fruto de la casi total dependencia de una potencia extranjera. Sun Tzu indicaba: “de aquí se sigue que un ejército al que le falta equipo pesado, forraje, alimentos y provisiones, está per-dido.”18 Un ejército debe moverse bajo un solo “mando doctrinal”, las fisuras en las Fuerzas Militares es señal prístina de la falta de una doctrina militar propia que sea irradiada a todos los cuadros sin distinciones ni grados. La visuali-zación teórica y las enseñanzas de una guerra convencional, frente a la desbordante realidad planteada por un conflicto asimétrico sobre Los demenciales ataques

contra los oleoductos afectan el medio ambiente y el ecosistema de más de 70 municipios, que además, les ha impedido recibir miles de millones de pesos por concepto de regalías.

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el cual se ha venido aprendiendo sobre el camino, sin momentos de reflexión académica, nos tiene muy mal parados. La responsa-bilidad de la Escuela Superior de Guerra sobre lo que viene pasando debe evaluarse. ¿Cómo es posible que la política militar no se refleje en un plan nacional de desarrollo? ¿Cómo puede ser posible que no exista investiga-ción científica, enseñanza de la ideología, sociología y antropo-logía militar? Lastimosamente el uniforme ya no es sinónimo de liderazgo, ni los soles de mando, el verdadero mando se ejerce con el ejemplo, con amor verdadero por la Patria, que se denota en el buen trato hacía los subalternos, hacia los compañeros y superiores; el mando se ejerce con humildad y sencillez pero con la firmeza y responsabilidad que provienen de la cultura y la educación. El man-do se ejerce sin la arrogancia del grado, lo que convierte al General en un instrumento de paz y no en una herramienta de destrucción, anteponiendo el interés particular al interés general. El mando es un don y como don, no le es entre-gado a todos los hombres, sino sólo a aquellos destinados para perpetuarse en la historia. Los éxitos tácticos son la vanagloria del bullicioso y grosero coman-dante, los éxitos estratégicos son la demostración silenciosa de quien es un verdadero líder. Ustedes li-bremente pueden escoger: ¿Patton o MacArthur?

8. Elija el arma más ade-cuada para la acción en cues-tión. Aquí vuelve a ser esencial el conocimiento de la guerra de magnitud contraria. Piénsese en lo siguiente: si las autodenominadas Farc manejan intrincadas redes de

organizaciones no gubernamenta-les en Europa, ¿qué tipo de arma deberíamos utilizar contra ésta amenaza jurídico–política? Básica-mente la creación de organizacio-nes que le hicieran contrapartida efectiva a las del enemigo. Ahora, si las Farc manejan cincuenta ONG, nosotros debemos empezar mínimo con setenta u ochenta, ya que es un terreno que ha sido desaprovechado por el Estado por algo más de treinta años. Éste es uno sólo de los ejemplos que se pueden encontrar en la degrada-ción del conflicto. Sólo cuando co-nocemos a través de la Inteligencia y el estudio profundo la amenaza, podemos llegar a seleccionar el arma adecuada para vencerla.

9. La moral y la persona-lidad dominante del coman-dante inspirarán al Ejército y elevaran su moral. Si existe un elemento primordial en la guerra es la presencia de verdaderos lide-res; la moral de la tropa deviene de la moral de su comandante. Dos ejemplos históricos fuera de los ya relatados nos pueden ayudar para entender la importancia de la moral de los soldados; luego de la muerte del rey Foulques V conocido como 'el joven' (monar-ca del reino latino de Jerusalén) y quien mantuvo la tregua con Sa-ladino, se presentó la recaptura de Jerusalén el 2 de octubre del año 1187. La actuación del defensor de la conocida ciudad de Dios, su valentía y liderazgo lograron que el grande Saladino perdonara la vida de las mujeres, los niños y los ancianos del pueblo cristiano residente en la Ciudad Santa. De esa forma terminó la segunda Cruzada y por orden papal19 em-pezó la tercera, dirigida entre otros

por Ricardo Corazón de León. El otro ejemplo es más cercano y hace alusión a la participación del Batallón Colombia número uno en la Guerra de Corea y las alusiones de los generales aliados sobre la valentía y pundonor de los guerreros colombianos. La pregunta a veces podría ser ¿en dónde y cuándo nos perdimos? Pero también habría que pregun-tarnos ¿No es el mismo Estado el que a través de ciertas decisiones, fruto del desconocimiento total de la dignidad militar, toma medidas que desmoralizan a la tropa? Y ¿Dónde queda la defensa del estamento castrense que cuenta con una división inmensa en su Reserva activa y que además des-deña, critica y fustiga la existencia de una Reserva profesional? ¿Cómo se va a atraer al pueblo si a veces los mismos comandantes de la Reserva en Colombia han odiado a los civiles? El militar debería comprender algo que es inevitable; nunca nació militar sino civil y además si Dios lo permite, va a morir civil. En consecuencia, la carrera militar simplemente es la preparación hacia la vida civil. Por qué menospreciar al pueblo.

10. La victoria es completa sólo cuando la persecución se lleva hasta el límite y el ene-migo no sólo es desmoraliza-do, sino destruido. La retirada del enemigo debe ser entorpe-cida mediante el previo blo-queo de sus líneas de escape. La única forma de ganarle a las autodenominadas Farc y al Eln es perseguirlas incansablemente, no dejarlas en paz, asediarlas por todos los medios, principalmente utilizando aquellos que constitu-

19. Gregorio VIII

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yen el setenta por ciento de toda guerra. Debemos destruir sus me-dios de comunicación, sus redes de apoyo internacional, sus mandos medios deben ser nuestra prioridad operacional, para que no lleguen las órdenes del estado mayor y del secretariado. Insisto, sus mandos medios (comandantes de frente, columna, guerrilla), son el centro de gravedad del enemigo opera-cionalmente. Debemos conseguir que se autodestruyan creando e incentivando la zozobra que pro-duce el negocio de las drogas. Los grupos armados al margen de la ley se acaban desde adentro. Aquí esta la clave. “¡el que tenga oídos que escuche…!”. Y si prestamos la debida atención comprenderemos que en la mayoría de escenarios planteados por la guerra que vive Colombia, podemos ganar sin la utilización de un solo cartucho. Por eso el más grande teórico de la guerra enseñaba: “el arte supremo de la guerra consiste en dominar al enemigo sin combate”. Sun Tzu.

11. Las tropas que atacan y persiguen deben viajar con pertrechos ligeros. Tal y como lo mencioné al comienzo de éstas primeras palabras, las fuerzas especiales, los comandos, son esenciales en la guerra. La doctri-na inglesa y alemana; las experien-cias contra Noriega, en Panamá; Chavin de Huantar, en el Perú; o Entebbe, en Uganda, deben ser ejemplo constante. ¿Cómo puede ser posible que ni una operación comando haya permitido en cua-renta años de enfrentamiento la captura o baja de un miembro del secretariado o del “Coce” del Eln? Mi respuesta es contundente. Falta

de credibilidad en la Inteligencia. Basta con imaginar que muchos de los directores de Inteligencia en las Fuerzas Militares son oficiales de otras armas y especialidades y que a pesar de haber trabajado en ésta delicada área, no cuentan con la cultura, la educación y el perfil para acometer la más delicada

misión en un conflicto. Suministrar la información necesaria para po-der vencer al enemigo y elaborar análisis objetivos sobre la amenaza que permitan tomar las medidas adecuadas. Autores de la talla de Raul Sorhn (Veinte claves para ganar la guerra); Samuel Huntin-gton (Choque de civilizaciones) y Gordon Thomas (Las torturas psicológicas de la CIA), concuer-dan en indicar que en los países más avanzados el mayor número de Ph’d deben estar vinculados a los servicios de Inteligencia.

12. La astucia suele tener éxito donde la fuerza de las armas sólo pueden fallar. A veces me aterro al pensar que ninguno de nuestros dirigentes y muchos de nuestros Generales parecen jamás haberse leído la Ilíada o la Odisea, por lo tanto

desconocen lamentablemente en que consistió la utilización del ca-ballo de Troya como génesis de la guerra de estratagemas, utilizado por las tropas de Agamenón en su ataque a la ciudad de Príamo. Pues bien, el mismo Laffin indica “que la guerra en sí no es regular, segura ni predecible y por lo tanto el mejor comandante con el que se puede contar es aquel que es original e imaginativo.”20 Sobran las palabras.

Es importante tener en cuenta estos principios de la guerra to-mados de Gedeón, interpretarlos adecuadamente y sobre todo apli-carlos en forma creativa; de pronto así empezaremos a cambiar la forma anticuada con la que hemos venido trabajando como Ejército21 y sobre todo como Nación, frente a un enemigo que parece hijo de Hermes o Mercurio. Retomaré fi-nalmente las palabras de Sir Bassil Liddell Hart en su texto Thoughts on War: (pensamientos sobre la guerra) “hay más de dos mil años de experiencia que nos indican que la única cosa más difícil que introducir una nueva idea en la mente militar, es lograr que ésta se libre de una vieja”.

A nadie le conviene seguir em-peñados en una confrontación que esta acabando con la nación colombiana; porque “nunca ha existido una guerra prolongada de la cual se haya beneficiado algún país”. Sun Tzu.22

20. op.cit. Pág. 2221. El término Ejército utilizado en éste artículo debe entenderse en sentido lato, es decir, Ejército de tierra, de aire y la armada.22. Op.cit. pág. 11

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raíz del reciente proceso de paz con los mal llamados “paramilitares” han surgido en los medios de comunicación social del país y del exterior todo tipo de especulaciones. Unas sobre bases jurídicas mas o menos fundamen-

tadas, otras sustentadas en la realidad social colombiana, las más, sin mayores consideraciones intelectuales, como no sean las de tomar partido a favor o en contra de tal proceso.

Quienes hemos trajinado estos temas, recordamos una obra que en plena época bipolar se convirtió en la Biblia de la subversión en los países del Tercer Mundo, particularmente en Latinoamérica y en Colombia donde la suspicacia criolla la extendió y aplicó en los ámbitos

Dilema de la paz y de la justicia

MAYOR GENERAL JOSÉ ROBERTO IBAÑEZ SÁNCHEZ

77

guerrilleros y de la extrema izquier-da. Se trata del libro de Jacques Vergés: “Estrategias judiciales en los procesos políticos”. Obra poco conocida en los círculos jurídicos oficiales, menos en el medio mi-litar, a pesar de su trascendencia para la supervivencia de nuestro frágil régimen jurídico.

En tal obra Verjés advirtió cómo, en Estados con estructuras políticas y económicas frágiles, débiles, como sería el caso de Colombia o en regímenes tota-litarios, como lo sería el caso de las llamadas “dictaduras del Cono Sur”, quienes subvierten el orden público establecido cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y por ello, de forma fácil pueden convertirse de acusados en acusadores. Porque la justicia, concebida para regular las relacio-nes sociales, las violaciones indivi-duales a la ley, no puede resistir un asalto general contra el Estado sin que éste se traumatice; pues ella es una razón de Estado cuando el régimen es fuerte, pero si es débil o le sobreviene una crisis, es a la justicia a la que el propio Estado debe rendirle cuentas.

onsideración poco aplicable a países desarrollados, por la carencia de argumenta-

ción subversiva frente a las bon-dades, estabilidad y fortaleza del Estado. Por eso el primer mundo de la década de los setenta no se alarmó cuando aparecieron “sui-cidados” en las cárceles alemanas los miembros de las “brigadas rojas” o cuando en Italia dichos subversivos fueron exhibidos en-jaulados y encadenados. Hechos

que de haber ocurrido en países tercermundistas habrían sido francamente escandalosos para las distintas organizaciones protec-toras de los Derechos Humanos.

ales son las razones con las cua-les la subversión armada en Colombia ha defendido a sus militantes, es decir, sin apelar

a lo jurídico sino a lo político. Por eso sus acciones se han orientado no a enfrentar la responsabilidad de sus hechos criminales, sino a la impugnación tenue o brusca, total o parcial del sistema político esta-blecido, sin atender a la gravedad, ferocidad o barbaridad de tales hechos, sino a las motivaciones de lucha. Y en tales circunstancias, la débil voluntad del Estado para

defenderse, se ha enfrentado con la firme voluntad de la subversión por derribarlo, en medio de una intensa publicidad nacional e internacional.

A la luz de tales consideracio-nes se explican los fracasos de los gobiernos colombianos an-teriores frente a las perspectivas de paz con las Farc y el Eln, en medio del clamor de una nación hastiada y martirizada por la vio-lencia. Dichos grupos terroristas habían logrado crear cierto grado de deslegitimación del Estado, y

... la débil voluntad del Estado para defenderse, se ha enfrentado con la firme voluntad de la subversión por derribarlo.

La desmovilización de la totalidad de los grupos subversivos es el objetivo de la Ley de Justicia y Paz.

78

éste por su incoherencia y falta de voluntad no podía defenderse, incluso abandonaba de paso en la picota pública a quienes lo habían defendido.

demás, tal situación explica cierta tendencia de algún sector de la

sociedad a ofrecer, aún a costa de sus propias normas reguladoras, ventajas a la

subversión armada para lograr sentarla en la mesa de negocia-ciones. Tales como la concesión de un indulto ajeno a la definición clásica del delito político, a veces sin excluir de él los actos de feroci-dad o de barbarie y los homicidios fuera de combate. Sobre todo del secuestro, uno de los delitos más inhumanos y crueles, pero que ha sido junto con el narcotráfico, los delitos preferidos por la subversión como medio de financiamiento económico. Razón por la cual es-tos delitos han sido excluidos por los alzados en armas de cualquier inicio de negociación.

Pero con el gobierno del presi-dente Álvaro Uribe Vélez, que ha sustentado su política de seguri-dad nacional justamente sobre la base de recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacio-nal y en todas las actividades de gobierno, habida la negativa de la subversión por entablar cualquier diálogo tendiente a la paz, por las razones ya expuestas, y como han sido los mal llamados “paramilita-res”, tanto o mas criminales que la guerrilla, quienes han aceptado el llamado de paz del gobierno, se ha formado una escandalosa publicidad sobre éste proceso.

Primero porque en el terreno teórico, el delito político, por sus fines presuntamente altruistas, fue calificado benévolamente por los clásicos del derecho positivo, sus-ceptible de indultos y amnistías, a pesar de que ellos jamás aceptaron incluir los actos de ferocidad y de barbarie, actos en que han incurri-do tanto la narcoguerrilla como los grupos también mal llamados de

“autodefensa”. Y algunos juristas se rasgan las vestiduras cuando el gobierno plantea un mecanismo de paz que sirva tanto para la paz de hoy con los segundos, como para mañana con los primeros.

Otro de los aspectos que al-gunos plantean es la impunidad generada del proceso de paz con los paramilitares. Como si los anteriores procesos que se desarrollaron exitosamente con los movimientos guerrilleros, hoy reinsertados en la vida civil, no hubieran generado impunidad, sobre todo frente al feroz delito del secuestro, cuyos iniciadores fueron algunos de ellos, que hoy usufructúan de dichos procesos.

Si vamos al meollo del asunto, todo indulto, toda amnistía, todo perdón, conlleva necesariamente algún grado de impunidad. Y nuestra historia esta saturada de hechos de tal naturaleza, empe-zando por los tratados de Trujillo de 1820, a pesar de la crueldad con que se había desarrollado el espíritu de la guerra a muerte, proclamado trece años antes en la misma ciudad venezolana. Lo paradójico de nuestra historia es que sea hoy el sector político, el que llevó al país a destrozarse en el sinnúmero de guerras civiles del siglo XIX y en la violencia política del siglo XX, el que ahora pretenda bloquear la paz.

i en la realidad histórica nuestra se han dado los procesos de paz

Miles de jóvenes universitarios colman las plazas públicas de las ciudades para expresar su apoyo a la Fuerza Pública.

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de esta manera, ¿por qué oponer-nos al actual proceso de paz con los “paramilitares”, que al fin y al cabo, surgieron como contrapeso criminal a las criminales actuacio-

nes de la narcoguerrilla?. Las razones no pueden ser otras que las de socavar la política

de Seguridad Democrática del presidente Uribe. Cuando a la luz de la realidad jurídica y de la verdad histórica, es que unos y otros han realizado los actos más feroces, que parodiando a Churchill, “jamás superados en el lóbrego índice del crimen huma-no”. Hechos como los del Club El Nogal y los asaltos a poblaciones indefensas con pipetas de gas, son moralmente tan repudiables como las masacres también contra la población civil indefensa, que en tantos lugares han realizado los “paramilitares” de manera inmisericorde.

Es posible que estemos ante otro desfase entre la formalidad jurídica y la realidad social, en-tre lo teórico y lo práctico, entre lo ético y lo necesario, pero el país debe saber que la paz es el bien jurídico primario que ha de orientar el conflicto presente; que se debe desarrollar privilegiando a los grupos armados ilegales que no han cometido actos de ferocidad y de barbarie y castigar

a quienes estén insertos en tales delitos, pero dejando de lado toda intención de ponerle trabas al pro-ceso de paz, para demostrar que la política del actual gobierno no ha dado resultados y que además promueve la impunidad. Porque eso no lo creen los colombianos, que al fin han logrado comprender las falacias guerrilleras y su falta casi absoluta de voluntad de paz.

Lo grave es que dichos plantea-mientos han sido llevados al plano internacional, para encontrar eco en las conocidas ONG, probada-mente defensoras de la guerrilla, que alguna influencia tienen en sectores periodísticos y políticos de los Estados Unidos, con miras a parar el “Plan Patriotas”, que tiene ahogada la subversión en su epicentro y por ello atacan en

Integrantes del Comando Especial

Conjunto del Ejército en el momento de

la destrucción de un complejo cocainero

localizado en el sur del país.

la periferia. Deseamos advertir sobre la responsabilidad de blo-quear el proceso de paz. Esto sería paralelamente un triunfo de la subversión armada y el reincendio del país que tendrán que asumirlo quienes persisten en ponerle tra-bas a dicho proceso y en reanimar una guerra antipopular contra un Estado que puede tener fallas, pero que es probadamente demo-crático y que por tal razón invalida cualquier intento de cambiarlo por la vía armada.

Si vamos al meollo del asunto, todo indulto, toda amnistía, todo perdón, conlleva necesariamente algún grado de impunidad.

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El futuro de las negociaciones de paz

JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO

Licenciado en Derecho de la Universidad de París, con estudios de postgrado en el Instituto de Estudios Políticos, de París, Fran-cia. Diplomado del Unitar de las Naciones Unidas, Caracas, 1973. Profesor universitario en Derecho público, Derecho internacional privado, Derecho Económico Internacional y en Derecho laboral, de varias universidades nacionales.

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Aspectos

internacionales

a recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz por el Congreso Nacional tiene como propósito establecer el marco jurídico de las

futuras negociaciones de paz con los llamados “grupos armados organizados al margen de la ley”: Farc-Ep, Eln, Epl y Auc. Con lo anterior los grupos paramilitares adquieren estatus político y que-dan equiparados con las guerri-llas como actores del “conflicto armado interno” en los términos del Artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 1949 y del Artículo Primero del Protocolo Adicional II de 1977, tratados debidamente aprobados y ratificados, con plena vigencia interna e internacional para la República de Colombia. Muy criticada durante su proceso de elaboración por los organismos internacionales, ONU y OEA, y desde luego por la mayoría de las organizaciones no gubernamen-tales en el ámbito de los derechos humanos, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz generará en-frentamientos entre el Gobierno Nacional y los miembros de la comunidad internacional, así el párrafo segundo de su Artículo 2 pretenda resolver cualquier con-flicto normativo de la siguiente manera: “la interpretación y apli-cación de las disposiciones previs-tas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de

algunas disposiciones internacio-nales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internaciones que regulan esta misma materia”1

Antes de iniciar el estudio del tema que nos ocupa, conside-ramos necesario precisar dos aspectos: la existencia o no de un conflicto armado internacional en el caso colombiano según las normas internas e internacionales vigentes; y, la diferencia entre par-tes y actores del conflicto armado interno colombiano.

1. La existencia de un conflicto armado no internacional

A comienzos de junio la oficina del Alto Comisionado para la Paz remitió a las misiones diplomáticas así como a las representaciones de organismos internacionales y agencias de cooperación, el docu-mento titulado “lineamiento para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, en el cual prescribe el uso del concepto “conflicto armado” y considera in-aceptables las expresiones “actores armados” o “actores del conflicto”. Cabe recordar que recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostuvo que, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra de 1949 y en particular su Artículo 3 común, “se acepta, generalmente, que existe una situación de conflicto armado no internacional cuando surgen hos-tilidades abiertas en el territorio de un Estado entre Fuerzas armadas y/o grupos armados dotados de un mando responsable, es decir, con

un mínimo de organización, cuya acción hostil presenta un carácter colectivo”2 . Lo anterior queda confirmado por las siguientes nor-mas legales colombianas:

1.1. La ley 782 de 2002

Esta ley del 23 de diciembre de 2002 sancionada por el presiden-te Álvaro Uribe Vélez, reconoce expresamente la existencia de un conflicto armado no internacional en múltiples disposiciones: artí-culos 6, 10, 11 y 18. A titulo de ejemplo, citaremos a continuación el Artículo 6 de la mencionada ley: “Artículo 6: El Artículo 15 de la ley 418 de 1997, prorrogada por la ley 548 de 1999, quedara así: Artículo 15. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno…” (subrayamos).

1.2. La Ley de Justicia y Paz

Como la ley recientemente aprobada no deroga la Ley 782 de 2002 y puede considerarse como una implementación de la misma en lo referente a la creación del beneficio de alternatividad, confirmando la aplicación de la legislación anterior en el párrafo 3 de su Artículo 2 que dice: “la reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favore-cidas con amnistía, indulto o cual-

1. Para los efectos del presente estudio, hemos utilizado el texto conciliado definitivo al proyecto de ley número 211 de 2005. Cámara, con la respectiva numeración del articulado.2. Citado por Jaime Zuluga Nieto, Rasgos totalitarios de la “democracia profunda”, un periódico, el tiempo No. 77, julio 3 de 2005, página 3

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quier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002 se regirá por lo dispuesto en dicha ley”. En ese sentido estaríamos ante un reconocimiento implícito de la existencia de un “conflicto armado no internacional” en Colombia, tal como había quedado consagrado mediante la Ley 782 de 2002.

El hecho de que Colombia par-ticipe en la cruzada antiterrorista dirigida por el gobierno estadou-nidense, no la exime de dar cum-plimiento a las Convenciones de la CICR así como al Protocolo II de 1977. En efecto, si bien es cierto que los grupos armados al margen de la ley han sido calificados como terroristas, tal como lo sostienen los Estados Unidos de América y la Unión Europea, esta tipificación no hace imposible la paz ni des-carta el cumplimiento de las nor-mas internacionales de la CICR. Al respeto cabe recordar que los Tigres Tamiles de Sri Lanka y los grupos paramilitares protestantes en Irlanda del Norte también fue-ron calificados como terroristas, y unos y otros están involucrados en procesos de paz, incluso los primeros con la mediación de un gobierno europeo: Noruega.

2. La diferencia entre partes y actores del conflicto arma-

do no internacional

La aplicación de la alternatividad no excluye la competencia de la justicia penal ordinaria.

La Armada Nacional garantiza la

seguridad ciudadana y económica en las

áreas fluviales del país.

83

en Colombia

Con el propósito de excluir a las AUC del marco legal de una negociación, la guerrilla estable-ció una diferencia entre “partes” y “actores” del conflicto armado no internacional, controversia que quedó zanjada en el Artículo 1 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz.

2.1. Las partes del conflicto armado no internacional

Para las Farc-Ep es necesario diferenciar “partes” y “actores” en el conflicto: “Por la complejidad

de la situación hay que diferenciar muy bien entre lo que son Estado colombiano y la insurgencia agru-pada en las Farc y el Eln, única-mente. Actores del conflicto como los paramilitares son a su vez parte de una de las partes. Por tanto, no existen negociaciones entre el gobierno y los paramilitares. A mi juicio, lo que hay son unas conversaciones entre actores a lo que les unen objetivos comunes: derrotar a la insurgencia, legitimar el proyecto paramilitar, favorecer la incapacidad y legalizar los di-neros del narcotráfico”3 . En ese mismo sentido se pronunció José Humberto Torres Díaz, defensor de los Derechos Humanos, en una entrevista efectuada el 25 de abril de 20054 .

2.2. Los actores del

conflicto armado no internacional

Independientemente de la con-troversia entre “partes” y “acto-res”, lo cierto es que la Ley de Justicia y Paz se refiere a quienes podrán reincorporarse individual o colectivamente a la vida civil en los siguientes términos: “Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la Ley 782 de 2002” (Artículo 1, párrafo segundo). A la luz de lo anterior, no es relevante diferenciar “partes” y “actores”, sino hablar en términos genéricos de “actores” del conflicto armado no internacional para los efectos de facilitar los procesos de paz.

Hechas estas aclaraciones, po-dremos tratar el tema del presente estudio, sustentando la siguiente tesis:

Si bien es cierto que la Ley de Justicia y Paz establece una alternatividad penal sin impuni-dad y garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación de las victimas, también es cierto que la falta de claridad en cuanto a la tipificación de delitos políticos y conexos y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de extradición, alentará la ingerencia de gobiernos extranje-ros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz.

Primera Parte

3. JUAN LEONEL – LUIS PEDRO, ¿Existe conflicto social y armado en Colombia? página WEB FARC – EP página 2.4. Tórres Díaz (JOSE HUMBERTO), entrevista del 25 de abril de 2005, Amnistía Internacional, Agencia de Información Subsidiaria, página WEB www.infosolidaria.org.

Parte de la infraestructura de la narcosubversión en el sur del país destruida por el Comando Especial Conjunto del Ejército.

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La Ley de Justicia y Paz estable-ce una alternatividad penal sin im-punidad y garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Consideramos indispensable reconocer objetivamente que la Ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional y que sancionara el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ofrece un equilibrio real entre la tan anhelada paz y las exigencias ineludibles de la justicia. De lo anterior, el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de La Vega, había dejado constancia expresa en la exposición de motivos en los siguientes términos: “…en los últimos años las exigencias de la justicia penal imponen con insis-tencia que se niegue el beneficio del indulto o la amnistía a quienes, han cometido delitos graves, dife-rentes a la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la aso-nada. En tales casos, es necesario que se apliquen medidas dentro el marco de la verdad, la justicia y la reparación que en desarrollo del Código de Procedimiento Penal, permitan avanzar de manera deci-dida hacia la reconciliación Nacio-nal”. A renglón seguido, se expresa claramente el equilibrio entre justicia y paz, base fundamental de cualquier futura negociación:

“Para el Gobierno Nacional el asunto es claro: los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de delitos no in-dultables ni amnistiables, pero que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, deberán responder judicialmente por sus acciones, siendo posible, sin embargo, otorgarles beneficios de acuerdo con su esfuerzo por consolidar la convivencia pacifi-ca”.

1. La Ley de Justicia y Paz establece una alternatividad

penal sin impunidad

Refiriéndose al objeto de la ley, el Artículo primero párrafo primero sienta los propósitos de la misma que se llevarán a cabo mediante los conceptos de alternatividad penal y de pena alternativa: “la presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación indi-vidual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

1.1. La alternatividad penal

Según el Artículo 3 de la Ley, se destaca una “complementa-

riedad” similar a la existente en la Corte Penal Internacional. La aplicación de la alternatividad no excluye la competencia de la justicia penal ordinaria, aplicable en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para otorgar esos beneficios: “alterna-tividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respec-tiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las victimas y su adecuada resociali-zación. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”.

Para acceder a este beneficio, los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser im-putados, acusados o condenados como autores o participes de he-chos delictivos cometidos durante o con ocasión de la pertenencia a esos grupos, deberán figurar en el listado que el Gobierno Nacional

Las operaciones de control que desarrolla la Armada Nacional contra

el narcotráfico en los ríos del país, han golpeado duramente este flagelo

internacional.

85

remita a la Fiscalía General de la Nación, situación que demuestra el control del Ejecutivo sobre el proceso con el fin de evitar que no se desvíe su cometido. En cuanto a los requisitos de elegibilidad para una desmovilización individual, previo listado de grupos armados al margen de la ley establecido en el Artículo 10, quedaron enume-rados en el Artículo 11, entre los cuales cabe destacar “que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el gobierno nacional para tal efecto”. Entonces, queda bajo control del Ejecutivo el inicio del proceso de alternatividad.

1.2. La pena alternativa ex-cluye la impunidad

El Artículo 30 confirma la apli-cación primero de una pena de acuerdo con las reglas del Códi-go Penal: “la Sala Competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal”. Una vez sentenciado un reo según las nor-mas ordinarias, puede existir “una pena alternativa” si se cumple lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz: “En caso de que el condena-do haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le im-pondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho años, ta-sada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”.

2. La Ley de Justicia y Paz garantiza los derechos a la verdad, justicia y

reparación de las víctimas

Así la alternatividad penal otor-

gue beneficios a quienes contri-buyan a la consecución de la paz nacional, lo anterior no permite menoscabar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas definidos en el Artí-culo 5 así:

“Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la per-sona que individual o colectiva-mente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los da-ños deberán ser consecuencias de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley…”. El mismo artículo define también como víc-timas a los miembros de la Fuerza Pública en las mismas circunstan-cias. El cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de consanguini-dad, cuando a éste se le hubiere dado muerte o estuviere desapa-recido, tanto de civiles como de miembros de la Fuerza Pública (en este último caso cuando hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como con-secuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al mar-gen de la ley), son considerados como víctimas. Cabe anotar que un familiar primero civil de la víctima directa solo se tiene en cuenta para los civiles y no para los miembros de la Fuerza Pública.

A continuación veremos como se consagran y se garantizan los derechos de las víctimas.

2.1. La consagración

de los derechos de las victimas

Los derechos a la verdad, justi-cia y reparación, derechos consa-grados a favor de las víctimas en cualquier proceso de paz, figuran expresamente en las siguientes disposiciones legales, inmediata-mente después de la definición de la alternatividad penal lo cual demuestra la prioridad que tienen para la construcción de una paz duradera:

Así como el otorgamiento de la alternatividad penal no puede menoscabar los derechos de las víctimas, de la misma manera el ejercicio de los mismos debe “res-petar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. (Artículo 4).

2.2. La garantía de los dere-chos de las víctimas

El capítulo VIII de la Ley de Justicia y Paz se refiere con lujo de detalles a los derechos de las víctimas, desarrollando en su Ar-tículo 38 el alcance del Artículo 4 antes mencionado.

Sin embargo, la garantía de estos derechos queda consagrada en varias disposiciones a lo largo de la ley:

· Derecho a la justicia: artí-culo 6.

· Derecho a la verdad: artí-culo 7.

· Derecho a la reparación: artículo 8 y Capítulo IX (artí-culos 43 a 57).

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eviste especial importancia lo dis-puesto por el Artículo 45 numeral 3 según el cual, entre los actos de reparación integral, queda consa-grado “el reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de

perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles”.

Conclusiones preliminares

El proceso de concesión de los beneficios de la alternatividad consagrado en el Artículo 3 de la Ley de Justicia y Paz solo puede ser activado por el gobierno na-cional al establecer su intervención entre los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva (el listado de que trata el Artículo 10) y para la desmovilización in-dividual (el acto de compromiso y la presentación ante la Fiscalía General de la Nación de que trata

el Artículo 11).

Además, para que pueda lle-varse a cabo una desmovilización colectiva es indispensable “que el grupo no se haya organizado para el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito” (Artículo 10 numeral 5). Para la desmo-vilización individual se requiere “que su actividad no haya tenido como finalidad el trafico de estu-pefacientes o el enriquecimiento ilícito (Artículo 11 numeral 6). Tal como quedo redactada la ley, solo se excluyen a grupos armados de narcotraficantes o narcotraficantes que se hagan pasar por grupos armados organizados al margen de la ley con el fin de obtener be-neficios de la alternatividad.

Se omitió considerar al narco-tráfico omnipresente en la finan-ciación de las actividades de la gran mayoría de los actores del conflicto interno. Los silencios de la ley o su falta de precisión acerca de aspectos tan fundamentales de la problemática interna nos dejan la impresión que tanto el gobier-no nacional como el Congreso Nacional no han querido referirse de frente al principal actor del conflicto armado colombiano: el narcotráfico.

Segunda Parte

La ausencia de tipificación de delitos políticos y conexos así como la falta de precisión en ma-teria de extradición alentarán la in-jerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz.

Sin duda alguna el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz es muy ambiguo cuando dice que: “la interpreta-ción y aplicación de las disposicio-nes previstas en esta ley deberán

Escombros y hierros retorcidos fue todo lo que quedó del parqueadero de la iglesia de María Auxiliadora de Medellín, tras la explosión de un carro bomba.

· Reparación integral de los daños causados con la con-ducta criminal: Artículo 23.

· Archivo de los hechos y circunstancias relacionados con los actos delictivos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad: Artículo 33.

· Actos de reparación median-te restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción: Artículo 45.

· Solicitud de reparación: Artículo 46.

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realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tra-tados ratificados por Colombia”. Esta afirmación se fundamenta en las siguientes observaciones:

• La jurisprudencia de la Cor-te Constitucional sólo admite la primacía de los tratados interna-cionales en materia de derechos humanos tal como lo señala el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Entonces tratados ratificados que no se refieran a derechos humanos no podrán prevalecer sobre la Ley de Justicia y Paz.

• Pueden existir tratados ratifica-dos por Colombia más no vigentes internacionalmente ni aplicables internamente. El ejemplo del tra-tado bilateral de extradición entre la República de Colombia y los Es-tados Unidos de América de 1979, es el más diciente y preocupante ejemplo de utilización inadecuada de la formula “tratados ratificados por Colombia”.

• Cuando exista divergencia entre norma constitucional y nor-ma internacional sobre un punto específico, la interpretación y apli-cación de las normas de Ley de Justicia y Paz serán muy difíciles a menos de dar primacía a cual-quiera de los dos ordenamientos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

La ambigüedad se torna en confusión al considerar la segunda frase del párrafo segundo del Artí-culo 2 que dice: “La incorporación de algunas disposiciones inter-nacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales

que regulan esta misma materia”. Lo anterior está relacionado con el párrafo segundo del Artículo 72 de la misma ley que dice: “Manten-drá plena vigencia el numeral 10 del Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legisla-ción nacional mediante la Ley 67 de 1993”. Lo anterior es una forma muy sutil de decir que los delitos de narcotráfico no pueden considerarse como delitos políticos ni como delitos políticamente mo-tivados en materia de extradición. Veremos este punto más dete-nidamente más adelante, razón por la cual solo quedemos por el momento con la confusión creada por una primera lectura.

1.1. La ausencia de tipificación de delitos

políticos y conexos

En ningún momento la Ley de Justicia y Paz tipifica expresamen-te la existencia de delitos políticos, de delitos políticamente motivados o de delitos conexos a los políticos. Sin embargo, los comentarios acerca de la ley insisten en el reco-nocimiento del carácter político de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para dilucidar tan importante y delicado aspecto de la legislación expedida por el Congreso Nacional, nuevamente debemos acudir a las relaciones entre la ley de 2005 y la Ley 782 de 2002, así como al Artículo 72 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz.

1.1.1. Refiriéndose al Artículo 56 de la Ley 418 de 1997, prorro-gada por la Ley 548 de 1999, el Artículo 22 de la Ley 782 de 2002 dice expresamente lo siguiente:

“Artículo 56. Para establecer la conexidad de los hechos materia de investigación con el delito polí-tico, a que se refiere el Artículo 90 del Código de Procedimiento Pe-nal, también se tendrán en cuenta lo siguientes medios probatorios:

• La inclusión del solicitante en las actas que elabore la entidad del Gobierno Nacional.

• Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes.

• La constancia que para todos los efectos expidan los voceros o miembros representantes del gru-po armado organizado al margen de la ley con la que se haya ade-lantado un proceso de paz.

Dicha constancia deberá conte-ner, como mínimo, la información de que el solicitante pertenecía a dicho grupo al momento de los hechos por los cuales esta siendo investigado o fue condenado, y la reivindicación de tales hechos por parte del grupo, con la indi-cación de los fines políticos que lo motivaron. Cualquier otro medio probatorio que el peticionario o su apoderado adjunten a la solicitud”.

Así la Ley 782 de 2002 reco-nozca la tipificación de delitos políticos y permita establecer la conexidad de los hechos materia de la investigación con el delito

Tanto los delitos políticos como los conexos pueden ser indultables razón por la cual los beneficios de la alternatividad penal no son aplicables.

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político para lo cual se requiere la expedición de una constancia del grupo armado organizado al margen de la ley sobre los fines políticos que los motivaron, tan-to los delitos políticos como los conexos pueden ser indultables razón por la cual los beneficios de la alternatividad penal no son aplicables. En efecto el Gobier-no Nacional en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Justicia y Paz, señaló que la al-ternatividad y la pena alternativa solo se aplicarán a “los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de delitos no indultables ni amnistiables”.

1.1.2. Volvamos a la confusa disposición del Artículo 72 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz: “Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del Artículo 3 de

la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psico-trópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 67 de 1993”. En efecto, la mencionada norma internacional descarta que los delitos de narco-tráfico puedan considerarse como delitos políticos o conexos para los efectos de la extradición: “A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la coo-peración prevista en los Artículos 5, 6, 7, y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se consideran como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos política-mente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamen-tales del derecho interno de las

Partes”. Entonces los delitos de narcotráfico tales como fueron tipificados en el Artículo 3 de la Convención de Viena de 1988 no se pueden considerar como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados para la aplicación, entre otras normas, del Artículo 6 sobre extradición de la mencionada Convención. Por consiguiente, a menos que existan “limitaciones constitucio-nales y principios fundamentales del derecho interno” en Colombia que tipifiquen los delitos de narco-tráfico como delitos políticos o co-nexos en el caso de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se sometan a la Ley de Justicia y Paz, no podrá alegarse el carácter político de los delitos cometidos para impedir una extradición. En ese sentido puede interpretarse la última frase

La ampliación de la cobertura y el

mejoramiento de la operatividad de los sistemas de defensa aérea, para disuadir y

contrarestar la amenaza

subversiva, ha sido vital para las Fuerzas Militares.

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del Artículo 31 sobre “estableci-miento de reclusión” cuando dice: “La pena podrá cumplirse en el exterior”.

1.2. La falta de precisión en materia de extradición

La mayoría de los dirigentes de los grupos armados organizados al margen de la ley esta solicitada en extradición bien sea por delitos de narcotráfico o por delitos de lesa humanidad de conformidad con tratados bilaterales o multilaterales ratificados por la República de Colombia. Como el tema de la no extradición no quedó plasmado en la Ley de Justicia y Paz, y por el contrario existen indicios acerca de posibles extradiciones (Artículo 31), la aplicación de la alternativi-dad colocará al país ante la difícil alternatividad de aplicar la legis-lación interna en aras de lograr la paz o de cumplir sus compromisos internacionales en materia de ex-tradición lo cual pondrá en peligro las negociaciones de paz.

1.2.1. La Ley de Justicia y Paz y los compromisos bila-terales en materia de extra-

dición

De todos los compromisos bila-terales, reviste especial dificultad el manejo de las solicitudes de extra-dición presentadas por los Estados Unidos de América. En efecto, el tratado de 1979 sigue vigente in-ternacionalmente entre las Partes como consecuencia del canje de los instrumentos de ratificación, pero no es aplicable internamente en Colombia a raíz de las decla-

ratorias de inexequibilidad de sus leyes aprobatorias por la Corte Su-prema de Justicia5 . Por ese motivo, las solicitudes estadounidenses de extradición se fundamentan en el Artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, las dispo-siciones pertinentes del Código Colombiano de Procedimiento Penal y los principios aplicables de derecho internacional. Así no sea aplicable el tratado de 1979, el Gobierno Nacional ha cumplido taxativamente sus compromisos bilaterales con los Estados Unidos de América.

Sin embargo, ante las solicitu-

des de extradición en contra de dirigentes de los grupos armados organizados al margen de la ley, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso de la competencia discrecional que le corresponde en la materia, asumió una posición que, en principio,

5. La Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la Ley 27 de 1980, aprobatoria del tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, en su sentencia de diciembre 12 de 1986, acogiendo la tesis de la competencia intemporal en materia de control constitucional de las leyes aprobatorias de tratados internacionales por vicios de forma. Así mismo la Ley 68 de 1986, por lo cual se volvió a aprobar el tratado fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia por las mismas razones en su sentencia de junio 25 de 1987. Al respecto, la doctrina mayoritaria considera que la declaratoria de inexequibilidad de las leyes aprobatorias del tratado de 1979 no afecta su vigencia en el ámbito internacional entre las partes, sino únicamente su aplicación en el ámbito interno mientras no vuelva a expedirse una nueva ley aprobatoria.

Una práctica común de los grupos terroristas es amenazar a los periodistas y a los medios de comunicación por las posiciones que éstos adoptan frente al conflicto.

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no es contradictoria: cuando la persona solicitada pertenece a un grupo armado en proceso de desmovilización, el trámite de extradición queda suspendido mientras se negocia el acuerdo de paz; por el contrario, cuando la persona solicitada pertenece a un grupo armado que no esta en vía de desmovilización, procede la extradición y se cumple el compro-miso bilateral. Lo que no sabemos es cómo se manejará la misma solicitud de extradición cuando haya terminado la negociación de paz si los Estados Unidos de América insistan en ella. Refirién-dose al caso del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el embajador de los Estados Unidos, William Wood, manifestó la posición de su gobierno en los siguientes tér-minos: “El 27 de abril de 2004, el presidente Uribe dijo que no va a negociar la extradición y que Man-cuso no será extraditado mientras respalde el proceso de desmovili-zación. Todavía estamos pidiendo su extradición, esperamos que lo puedan extraditar” 6

1.2.2. La Ley de Justicia y Paz y los compromisos

multilaterales en materia de extradición

La misma ley insiste en la apli-cación de “los tratados internacio-nales ratificados por Colombia” (Artículo 2 párrafo segundo) y en la plena vigencia, por lo menos, del numeral 10 del Artículo 3 de la Convención de Viena de di-

ciembre 20 de 1988. Sin embargo, pueden presentarse conflictos con las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional, con-venio multilateral ratificado por Colombia y vigente en el ámbito internacional, en los siguientes casos:

• El Fiscal de la Corte Penal In-ternacional puede iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de crímenes de lesa humanidad por parte de miembros de grupos armados or-ganizados al margen de la ley en Colombia, solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para seguir adelante y obtener que se debata su admisibilidad.

• Así el miembro del grupo armado haya sido condenado a la pena alternativa de que trata la Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional puede aplicar el Artículo 17 de sus Estatutos para decretar la admisibilidad del caso alegado que esa ley permite que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte…” (Artículo 17, numeral 2a, de los Estatutos de la CPI).

• Declarada la admisibilidad, en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona.

• Una vez detenida la perso-na, el Estado requerido deberá

pronunciarse sobre su entrega a la Corte Penal Internacional, procedimiento similar al de una extradición.

n ese momento, el Gobierno Na-cional deberá tomar una decisión sobre el cumplimiento o no de la orden de entrega de una persona amparada por la Ley de Justicia y Paz a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad ya que los crímenes de guerra no son de la competencia de la Corte de la Haya por siete años, contados a partir del deposito del instrumento de ratificación por Colombia, según la reserva presentada de conformidad con el Artículo 124 de los Estatutos. Tendrá especial importancia el Artículo 59 numeral 4 de la Con-

vención de Roma que dice:

“4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del

Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgen-tes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte...”

2. La falta de precisión en algunos temas de la Ley de Justicia y Paz alentará la injerencia de gobiernos ex-

tranjeros y organismos inter-nacionales en las

futuras negociaciones de paz

El trámite de extradición queda suspendido mientras se negocia el acuerdo de paz.

6. Entrevista del embajador William Wood, El Tiempo, Bogotá, número 33106, 10 de julio de 2005, página 1 - 4.

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Al no considerarse claramen-te aspectos tan vitales como la tipificación de delitos políticos y conexos y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de extradición, dejándolos en manos de la competencia dis-crecional del presidente Uribe, lo anterior alentara la ingerencia de gobiernos extranjeros y organis-mos internacionales en las futuras negociaciones de paz.

2.1. La injerencia de go-biernos extranjeros en las futuras negociaciones

de paz

Tenemos que entender y acep-tar que el conflicto armado en el país genera inquietudes en el exterior por ser Colombia el prin-cipal productor de cocaína en el mundo. Además por su posición geográfica, la situación interna puede afectar a los países vecinos ya que guerrilleros y paramilitares cruzan constantemente las fronte-ras internacionales.

Estamos ante una internacio-nalización del conflicto como consecuencia del tráfico de estu-pefacientes y una regionalización del mismo por el desbordamiento de su marco territorial. Ante esa situación no puede sorprendernos que varios gobiernos extranjeros tengan injerencia en las futuras negociaciones de paz en la medida en que se hayan involucrado en buscar soluciones al conflicto y res-paldado las solicitudes de ayuda para la lucha contra el terrorismo.

La injerencia de los Estados Unidos es manifiesta por la ayu-da económica y militar aportada para luchar contra el tráfico de estupefacientes lo cual les permite exigir que se le cumplan los com-promisos adquiridos en materia de extradición.

Por consiguiente, en cualquier momento el gobierno estadouni-dense podría interferir el proceso de paz al exigir la extradición de los dirigentes de los grupos arma-dos al margen de la ley quienes dijeron claramente que se retira-rían de la mesa de negociación en tal evento. A titulo de ejemplo, volvamos a la entrevista del 10 de julio de 2005 del embajador William Wood en lo referente a un caso específico: “según tengo entendido, 'don Berna', tiene el ca-rácter de desmovilizado. Entonces, me imagino que va a ser uno de

Los niños siguen siendo víctimas del conflicto armado, a pesar de la protección prevista por las normas humanitarias y por el gobierno nacional.

los primeros en dar la declaración libre, pasar por las entrevistas e investigaciones formales y sobre quien se decida una condena. Esto

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le toca sólo durante el período breve como miembro de los pa-ramilitares. La ley no le da ningún beneficio para el período anterior al que se convirtiera en paramili-tar, cuando cometió crímenes en contra de nosotros, bajo nuestra ley. La ley dice que la pena alter-nativa puede ser cumplida afuera del país, lo que significa que 'don Berna' podría cumplir su pena alternativa en Estados Unidos y al mismo tiempo, ser juzgado por crí-menes no cubiertos bajo esta ley, que son muchos” 7 . Mientras el gobierno de los Estados Unidos no exija la entrega de un determinado miembro de un grupo armado en proceso de desmovilización, a sabiendas que su extradición haría fracasar el proceso de paz, esta en todo su derecho de manifestar su opinión de acuerdo con sus inte-reses particulares.

Por otra parte, Colombia soli-citó y obtuvo el respaldo y ayuda de muchos países, especialmente europeos, para la solución del conflicto armado interno y la lu-cha contra el terrorismo. El futuro de la solidaridad manifestada por numerosos Estados depende en gran medida de la aceptación o no que tenga la Ley de Justicia y Paz. De cómo se aplicará la alter-natividad depende no solamente la ayuda que se pueda recibir sino también la cordialidad de las relaciones con la Unión Europea. Los resultados de la visita del presidente Uribe Vélez a España confirman el respaldo que recibiría Colombia una vez revisada y apro-bada la Ley de Justicia y Paz por

la Unión Europea. No olvidemos que los criterios políticos de las relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser diametralmente opuestos.

2.2. La injerencia de organismos internacionales

en las futuras negociaciones de paz

Tanto los organismos interna-cionales universales y regionales así como las organizaciones no gubernamentales en materia de de-rechos humanos han manifestado su inconformidad y oposición a la Ley de Justicia y Paz. La tensa si-tuación creada por la violación de los derechos humanos se agravó a raíz del inoportuno documento titulado “lineamiento para el en-foque de los proyectos de coope-ración internacional” que prohibió el uso de las expresiones “conflicto armado”, “actores armados” o “actores del conflicto”. No es tanto lo que puedan hacer la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos, sino la manifestación de la opinión negativa de la comunidad internacional en contra de Colom-bia, causada por la situación de los derechos humanos en Colombia. Determinaciones de esta entidad pueden movilizar amplios sectores de la opinión pública quienes a su vez presionarán a sus gobiernos o sus representantes en los foros internacionales. No olvidemos que la paz no se logra a punta de penas alternativas sino luchando contra las causas mismas del con-

flicto lo cual requiere condiciones económicas favorables: espacio para nuestros productos de ex-portación mediante la aplicación de aranceles especiales, inversión extranjera en el país, ayuda eco-nómica bilateral y multilateral para financiar los procesos de desmovilización, asistencia técnica para fortalecer los sectores más afectados por el conflicto armado, etc. Todo esto sin contar con la inevitable actuación de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad.

Conclusiones preliminares

Sin duda alguna, el tema de la extradición puede impedir el éxito de las negociaciones de paz en el supuesto caso de que los Estados Unidos insistan en las solicitudes de entrega de miembros de los grupos armados al margen de la ley, exijan esas extradiciones y se les concedan. Pensar en que los condicionamientos del Gobierno Nacional al conceder esas extra-diciones serían suficientes para que la pena por cumplirse en el exterior sea aquella de cinco a ocho años impuesta por la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial, es totalmente utópico. Dada la separación de poderes y la independencia del poder judicial frente al ejecutivo en los Estados Unidos, ni siquiera la celebración de un tratado formal entre ambos países permitiría dar plena seguridad sobre el cumpli-miento único de la pena alterna-tiva en ese país.

7. Entrevista del embajador William Wood, El Tiempo, Bogotá, número 33106, 10 de julio de 2005, páginas 1 - 4.

No olvidemos que la paz no se logra a punta de penas alternativas sino luchando contra las causas mismas del conflicto

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Conclusiones finales

La Ley de Justicia y Paz facilita los procesos de paz y la reincor-poración, individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación. Sin embargo, la falta de claridad en cuanto al tema de la extradición puede poner en peligro las futuras negociacio-nes de paz y alentar ingerencias perturbadoras de gobiernos ex-tranjeros y entidades internacio-nales. Para fortalecer el proceso de paz y evitar malentendidos con la comunidad internacional, sería conveniente considerar dos posibilidades: dar por terminado de común acuerdo el tratado de extradición de 1979 y negociar un nuevo acuerdo bilateral acorde con las experiencias de los últimos cinco años, y reformar el Código de Procedimiento Penal para for-talecer el mecanismo de los con-dicionamientos para efecto de la pena alternativa y reglamentar la entrega de acusados de crímenes internacionales a la Corte Penal Internacional.

Por último, de todo lo que hemos visto y analizado surge omnipresente la sombra del narcotráfico detrás del conflicto armado interno en Colombia, ra-zón por la cual mientras no se re-suelvan los problemas generados por el tráfico de estupefacientes en Colombia, el conflicto armado seguirá latente.

El desplazamiento obligado por los grupos subversivos ha generado que en muchas regiones del país el campo haya sido abandonado.

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Conflicto o terrorismo:

¿cómo llegaremos al 2010?CÉSAR MAURICIO

VELÁSQUEZ O.

Comunicador Social y Perio-dista. Decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, Presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional.

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l conflicto colombiano debe enfocarse, ante todo, desde el tema de la paz y de las vidas humanas que están

en juego. No tiene sentido cons-truir discursos para justificar que nuestro problema es una amenaza terrorista, un conflicto de baja intensidad, armado y social, si establecemos grados de valor para la vida humana.

Es un error creer que el proble-ma consiste en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas. Si así fuera, la solución sería táctica, con materiales y es-trategias bélicas. Esta visión nos ha precipitado al abismo de la guerra informal, del terrorismo bélico, del genocidio disimulado.

La arrogancia en algunas postu-ras militaristas, por un lado y, por otro, la actitud demencial de los alzados en armas y de los grupos

paramilitares o de autodefensa, producen un capítulo sin fin de sangre y dolor en la patria. La sola represión y el lenguaje de agresividad de unos contra otros obstaculizan salidas al conflicto y generan nuevas desconfianzas.

La búsqueda de una solución al conflicto armado por la vía po-lítica es una necesidad imperativa, no sólo por la imposibilidad de obtener su desenlace mediante la imposición de una victoria militar, sino también a que una paz dura-dera y estable necesita sustentarse en acuerdos que resuelvan los factores políticos, económicos y

sociales que han alimentado la confrontación armada en el país. Por tanto, no es suficiente la res-puesta militar como si se tratara de una amenaza terrorista.

Hoy las Farc, por ejemplo, dominan territorios, gozan de representación política en algunas poblaciones, tienen miles de per-sonas en su milicia, ejercen poder militar y tienen apoyo y conexio-nes internacionales. ¿Pero, con todo esto, nos enfrentamos a un grupo guerrillero o a una banda terrorista? El terrorismo puede ser una actitud, una metodología; no es una ideología.

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, se ha

caracterizado por la calidad y exigencia en los procesos de

formación de los oficiales colombianos.

Conflicto o terrorismo:

¿cómo llegaremos al 2010?

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Los graves desequilibrios so-ciales persistentes, la guerrilla de izquierda o de derecha y los nada despreciables factores de la violen-cia conexa con el narcotráfico, la corrupción, la exclusión y la delin-cuencia organizada, constituyen el entramado del conflicto armado, no simple circunstancias que gene-ran una amenaza terrorista.

Ante esta difícil circunstancia, la Comisión de Conciliación Na-cional, creada por la Conferencia

esperanza que va más allá de co-yunturas políticas, dirigido a todas las personas de buena voluntad.

Una propuesta desde la Comi-sión de Conciliación Nacional

La negociación entre el go-bierno nacional y los grupos al margen de la ley ha sido un pro-pósito originario y permanente de la Comisión de Conciliación Nacional. Desde su constitución, en 1995, ésta se propuso efectuar todas las diligencias a su alcance

el diálogo y la concertación entre todos aquellos actores y sectores que pueden y deben decidir sobre el futuro de los territorios y de la nación, hasta construir una Política Nacional Permanente de Paz.

El diálogo y la concertación se convierten así en condicio-nes indispensables para la paz. El Proyecto propone adelantar convocatorias y discusiones que concilien las aspiraciones, poten-cialidades y requerimientos de los

Episcopal de Colombia e inte-grada por personas de todas las tendencias políticas, ideológicas e intelectuales, preparó la iniciativa denominada Propósito Nacio-nal 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación”. Un proyecto de

para restablecer y preservar los diálogos de paz. Se trata de un propósito que, aunque esquivo, está vigente y requiere respaldo de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional.

El Proyecto Propósito Nacio-nal 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación” tiene por objetivo celebrar el Bicentenario de la In-dependencia de Colombia en paz, reconciliados y en una sociedad más justa. Este objetivo solo será realidad en tanto se promuevan

territorios y las poblaciones y de éstos con la nación colombiana, y que resulten en acuerdos políticos, sociales, y económicos tendientes a la consecución de la paz y la reconciliación.

El Proyecto es, ante todo, un proceso participativo que tras-ciende las divisiones políticas, sociales, económicas, étnicas y religiosas. Es, a su vez, incluyente al invitar a participar a la totalidad de las expresiones de la sociedad colombiana.

El binomio ciudadano - Ejército se ha conjugado en casi todo el territorio nacional para enfrentar conjuntamente las acciones de la subversión.

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Para ello, se adelantarán con-vocatorias amplias y plurales mediante tres componentes sustantivos y simultáneos, es-trechamente vinculados entre sí, que permitirán alcanzar los propósitos enunciados. Estos son: 1) Fortalecimiento, desde lo local, de la Unidad Nacional, 2) Solución Negociada al Con-flicto Armado, y 3) Promoción de los Derechos Humanos y la Reconciliación.

as actividades del Proyecto se adelantarán a través de la Comisión de Conciliación

Nacional, mediante alianzas estratégicas en los ámbitos local, regional y nacional con todas aquellas instituciones, autori-dades, organizaciones civiles, sector privado y comunidades que manifiesten un verdadero interés por la construcción de la paz. El Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconci-liación” se rige por un principio de responsabilidad compartida en la planeación, financiación, administración y /o ejecución de las actividades de éste.

El enfoque del Proyecto es: 1) participativo, convocando a ac-tores y sectores políticos, sociales y económicos nacionales, regio-nales y locales en el proceso de definición de una agenda nacional por la paz; 2) descentralizado, reflejando la diversidad regional, cultural y ambiental, y propiciando espacios para definir el futuro de las regiones; y 3) consensuado, basado en alianzas estratégicas entre todos.

Se busca que el Proyecto sea

de todos y para todos, generando una apropiación colectiva de sus resultados. Siendo así, el proce-so es tan importante como los resultados.

Más allá de la firma de acuerdos de paz

No obstante, para la Comisión de Conciliación Nacional es tam-bién claro que la reconciliación nacional implica mucho más que la negociación y firma de acuerdos de paz con los grupos alzados en armas. La construc-ción de un verdadero pacto de reconciliación nacional implica la definición y gestión de una agen-da que congregue ampliamente a los sectores más representativos de la población colombiana, sus comunidades y sus territorios. Ello supone reconocer que la sociedad es la protagonista más legítima de cualquier transformación. Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por ende, sus conflictos no obedecen a una sola lógica.

La oscilante expectativa que el país afronta desde hace varios años respecto a la evolución de la guerra o de la negociación, ha aplazado la urgencia de construir una fuerza social capaz de dotarse de su propia agenda, de convenir y ejecutar visiones sobre el futuro de las provincias y de la nación, y de imponer esos acuerdos sociales como las bases de la reconciliación nacional y el fin de la confronta-ción armada.

Para la Comisión de Concilia-ción Nacional es evidente que

un proceso de negociación no será exitoso mientras pretenda convenir reformas sustantivas en materia política, social y econó-mica sin un referente imperativo construido por la sociedad. Por ello, es necesario avanzar en la búsqueda de acuerdos sociales y mecanismos efectivos para hacer-los políticamente exigibles.

La búsqueda de la paz social supone la acción de los actores involucrados en la conflictividad cotidiana, nacional, regional y local. Son necesarias la identifi-cación y la directa participación en el análisis de sus conflictos, sus desafíos y sus respuestas, evitando la intermediación de intereses. Estos actores han estado ausentes de las soluciones, debido a que el análisis sobre su realidad está so-focado por la excesiva y exclusiva atención al conflicto armado como fenómeno de elites.

La construcción de un ver-dadero pacto de reconciliación implica la definición y gestión de una agenda que congregue ampliamente a los sectores más representativos de la población colombiana, sus comunidades y sus territorios. Ello supone reconocer que la sociedad es la protagonista más legítima de las transformaciones locales, regio-nales y nacionales. Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por tanto, sus conflictos no obedecen a una sola lógica.

Aunque la población colombia-na ha emprendido relevantes pro-cesos de participación y búsqueda

La reconciliación nacional implica mucho más que la negociación y firma de acuerdos de paz con los grupos alzados en armas.

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Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por tanto, sus conflictos no obedecen a una sola lógica.

de acuerdos, en la mayoría de los casos estos no han logrado una efectiva conciliación de intereses ni los efectos políticos que las motivan. En buena medida ello se debe a la ausencia de método para la convocatoria, la conduc-ción y la búsqueda de acuerdos del diálogo social. La sociedad civil organizada cumple un papel de primer nivel en la perspectiva de profundizar un sólido proceso de paz.

La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse sobre la justicia; debe hacerse en la liber-tad. No es paz de oprimidos, no es paz de humillados, no es paz de sepulcros. Debe ser una paz di-námica, de iguales, de hermanos, de conciudadanos. El diálogo es el único camino para el entendi-miento; dialogar no es abdicar.

Nota: algunas ideas de este artículo han sido tomadas del do-cumento que sustenta el Proyecto Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación”. Bogotá, junio 29 de 2005.

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