Querella prevaricación M. A. Revilla en apoyo a Elpidio Silva

8/13/2019 Querella prevaricacin M. A. Revilla en apoyo a Elpidio Silva

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A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

DON GONZALO MENDIBIL MARTN, procurador de los

Tribunales, actuando en representacin de; DON MIGUEL ANGEL

REVILLA ROIZ, representacin que acredito mediante escritura de poder

que se aporta como DOCUMENTO N 1;Y OTROS que se relacionan en

el DOCUMENTO N 2 consistente en firmantes de la campaa de apoyo al

Juez Elpidio Jos Silva Pacheco realizada por el querellante Sr. Revilla enChange.org, representacin que ser ratificada mediante APUD ACTA que

desde este momento se deja solicitada, bajo la direccin letrada de D.

GONZALO BOY TUSSET y D. CANDIDO CONDE-PUMPIDO

VARELA ante la Excma. Sala comparezco y, como mejor proceda en

Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo, en la representacin que

ostento, a interponer QUERELLA CRIMINAL, de conformidad con lo

establecido en el artculo 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el

ejercicio de la ACUSACIN PARTICULAR, por la comisin del delito

dePREVARICACIN previsto en el artculo 446.3 del Cdigo Penal,

as como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la

investigacin de los hechos que son objeto de querella, contra el Excmo.

Sr. DON JESS GAVILN GMEZ.

ITRIBUNAL ANTE EL QUE SE PRESENTA

Es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al tratarse

el querellado de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (Artculo


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57.1.3 de la LOPJ), y establecerse en el artculo 272 de la LECrim que la

querella debe presentarse ante el rgano que proceda si el querellado

estuviese sometido por disposicin especial de la Ley a determinado

Tribunal.

IINOMBRE Y DOMICILIO DEL QUERELLANTE

El querellante, D. MIGUEL ANGEL REVILLA ROIZ es SecretarioGeneral del Partido Regionalista de Cantabria, pudiendo ser citado en la

sede de dicho partido sita en Ams de Escalante 2, 2 D. Santander, CP

39002.

IIINOMBRE Y LTIMO DOMICILIO CONOCIDO DE LOS

QUERELLADOS

El magistrado querellado desempea su funcin en la Sala de lo Civil

y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde

entendemos puede ser localizado a efectos de notificaciones legales, por lo

que indicamos la calle General Castaos n 1, en Madrid.

IV- RELACIN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

INTRODUCCIN.- El da 12 de Julio de 2.013 tuvo entrada en la

Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Regionalista_de_Cantabriahttp://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Regionalista_de_Cantabria


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querella por prevaricacin presentada por la Fiscala, en contra de D.

Elpidio Jos Silva Pacheco, mi mandante.

Dicha querella presentada por la Fiscala sostena un presunto

comportamiento prevaricador de mi mandante, en el dictado de varias

resoluciones adoptadas en el seno de varios procedimientos, instruidos por

l mismo en el Juzgado de Instruccin n 9 de Madrid: las Diligencias

Previas 58/2010, 3173/2013 y 4182/2013.

El da 25 de Julio de 2.013, el aqu querellado dict auto de admisina trmite de la mencionada querella; desde este acto (ya irregular) hasta la

finalizacin de la fase de instruccin, mediante el dictado de auto de

transformacin de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, de

fecha 9 de Diciembre de 2.013, se han sucedido diferentes actos comisivos,

que pudieran dar lugar al delito continuado de prevaricacin.

As mismo, se personaron como acusacin particular tres presuntos

perjudicados por las resoluciones adoptadas por mi representado en las

diligencias que instrua en su Juzgado: D. Miguel Blesa de la Parra, D.

Carlos Aguilar Fernndez y D. Gerardo Daz Ferrn.

PRIMERO.- Auto de fecha 4 de Noviembre de 2.013

Como ya se dijo, el da 25 de Julio de 2.013 el aqu querellado dict

auto de admisin a trmite de la querella, incoando Diligencias

Preliminares n 47/13 y acordando se recabase del Juzgado de Instruccin

N 9 de Madrid, testimonio de la totalidad de las Diligencias Previas

58/2010, 3173/2013 y 4182/2013, incluyendo las piezas separadas que


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contuviesen situacin personal, secreto de actuaciones y responsabilidad

civil, en su caso, o cualquiera otra que constase en la causa. Cabe significar

que el acceso a la totalidad de la causa debi de ser previo a la admisin a

trmite de la querella, resultando un primer indicio que la querella fuese

admitida sin conocer la totalidad de la causa, de la intencin de realizar una

urgente instruccin que apartar a D. Elpidio Jos Silva de la instruccin

contra el Sr. Blesa.

El da 11 de Septiembre de de 2.013 le fue notificada a mi cliente la

querella presentada a trmite y fue citado, en calidad de imputado, a fin deque prestara declaracin el da 25 de Septiembre. Ntese igualmente la

urgencia de la citacin.

Sin embargo, motivado por diferentes incidencias relacionadas con el

derecho de defensa, el aqu querellado se vio obligado a suspender

sucesivamente las fechas sealadas para su declaracin, toda vez que, en laprimera del da 25 de septiembre, la defensa no tuvo tiempo material para

instruirse de los ms de 20 tomos de que constaba el procedimiento.

Se suspendi, por tanto, para el da 2 de octubre de 2.013, sin

embargo, la defensa de D. Elpidio Jos solicit traslado mediante copia de

las actuaciones y suspensin nuevamente de la diligencia para poder

instruirse; se acord, empero, no dar traslado fsico de las actuaciones,

aunque s estaran a su disposicin en la sede judicial, y para ello, se volvi

a suspender la citacin, acordndose para el da 16 de Octubre de 2.013.

La defensa volvi a solicitar la suspensin, toda vez que, an en el

escaso tiempo otorgado para su instruccin, pudo advertir que el Juzgado

de Instruccin n 9 de Madrid no haba remitido todo lo solicitado, que la


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causa no estaba completa: se puso en evidencia que faltaban en las

actuaciones varias declaraciones testificales de especial trascendencia

(adems de que la testifical del da 7 de marzo del Director de Riesgos de

Bankia no era legible), as como los correos electrnicos corporativos de la

[email protected] por la entidad Bankia de forma

voluntaria a la Polica Judicial en el seno de las Diligencias Previas

58/2010.

De nuevo, el querellado hubo de acordar la suspensin de la

declaracin en calidad de imputado y seal nueva fecha, el da 28 deoctubre de 2.013, a las 10.00 horas. Sin embargo, el archivo que contena la

totalidad de los correos electrnicos corporativos de Bankia, de la cuenta

de D. Miguel Blesa lleg, al parecer, esa misma maana.

El aqu querellado dict providencia de fecha 28 de octubre de 2.013,

Desde la sede judicial se realiz llamada telefnica para avisar al letrado dela defensa que dispondra de 45 minutos antes de la declaracin, para

instruirse de los mismos. Fue citado para instruirse, en presencia y bajo la

vigilancia de la Sra. Secretaria Judicial, a las 09:45 horas de la maana del

da 28 de Octubre de 2.013.

Como decimos, el mismo da de la declaracin, por medio de

providencia de 28 de octubre, se acord por el Magistrado Instructor,

permitir el acceso a la defensa y al imputado, el examen y cotejo de los

correos electrnicos existentes en la causa. ES EL INSTRUCTOR,

QUIEN PERMITE EL ACCESO A LOS CORREOS

ELECTRNICOS MEDIANTE PROVIDENCIA DE 28 DE

OCTUBRE, SIENDO LO NORMAL, PUES SE TRATA DE UNA
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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PIEZA DE CONVICCIN EXISTENTE EN LAS DILIGENCIAS

58/2010 Y 3173/2013.

Evidentemente en el transcurso de una hora para el examen de los

correos siempre bajo la atenta mirada de la Secretaria, la defensa de D.

Elpidio Jos Silva junto con el magistrado no tuvo tiempo de leer ms de

8.000 correos electrnicos que constaban en el mencionado archivo, sino

tan solo 13 de ellos, as como a seleccionar aquello que fuera de inters

para el desempeo de la defensa de su cliente.

Sin embargo, en esas circunstancias ningn abogado que se precie, ni

ningn profesional del Derecho, sera capaz de realizar tan ingente labor,

no slo en este escaso tiempo concedido sino en sede judicial, lugar que no

es el adecuado para la serena lectura y comprensin del material a estudiar

Y MUCHO MENOS PARA LA PREPARACIN DE UNA

ESTRATEGIA DE DEFENSA BASADA EN ESOS CORREOS,posibilidad que quedaba cercenada por la presencia de la Secretaria.

Pese a que en esas precarias condiciones de defensa para el imputado

se practic finalmente la diligencia de declaracin, no obstante, el aqu

querellado dict auto el mismo da, el 28 de octubre de 2.013, por medio

del cual, se autorizaba el examen por la defensa del querellado de los

correos electrnicos existentes en la causa, previo examen por el

Instructor de los mismos, descartando y excluyendo los que cercenen la

intimidad del Sr. Blesa o que no guarden relacin con los hechos a que

se contrae la querella en trmite.

Es decir, en la misma fecha, el aqu querellado, instructor de las

actuaciones dirigidas contra mi mandante, acord el mismo da dos


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resoluciones con idntico sentido pero sustancialmente contradictorias: se

autorizaba el acceso al archivo que contenan los correos corporativos,

propiedad de la entidad Bankia, de la cuenta del Sr. Blesa, a la sazn,

acusador particular.

Si bien, en la segunda resolucin, lgicamente, supedita el acceso al

previo examen del aqu querellado, por si hubiera contenido ntimo y, por

tanto, vetado a las partes.

Por lo tanto, el Instructor, aqu querellado, continuaba permitiendo elexamen de los correos electrnicos, porque consideraba dicho trmite como

til y necesario para la defensa, aunque esta vez lo condicionaba a su

previo anlisis.

Sin embargo (qu sorpresa), el aqu querellado dicta el 4 de

Noviembre de 2.013 (tan slo 7 das ms tarde) nueva resolucin,mediante auto acordando no facilitar a la defensa el acceso a este archivo

con ms de 8.000 correos electrnicos corporativos, porque afectan (todos

ellos) al derecho fundamental a la intimidad y al derecho fundamental al

secreto de las comunicaciones.

Es decir, aparentando, en tan escaso margen de tiempo (tan slo

7 das) haberse ledo todos y cada uno de los ms 8.700 correos

electrnicos, decide el aqu querellado que todos ellos tienen contenido

ntimo, de carcter personal e, incluso, profesional con terceros que

ninguna relacin tienen con la causa instruida.

Pero, qu ocurri realmente para que en tan escaso periodo de

tiempo el instructor, aqu querellado, cambiara su parecer y dictara


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resolucin absolutamente contradictoria con las dos anteriores del da 28 de

Octubre? Efectivamente pudo leer, analizar, comprender y concluir que

ese ingente material compuesto de ms de 8.700 correos electrnicos

tena que ser absolutamente vetado a la defensa de D. Elpidio JosSilva?

Qu casualidad, entre el da 28 de Octubre de 2.013 y el da 4 de

Noviembre de 2.013 en que se sucede tan inslito cambio de criterio,

precisamente, se haba producido la declaracin, en calidad de testigo-

perjudicado (e imputado) del Sr. Miguel Blesa, a la sazn acusadorparticular aqu pero imputado en el proceso del que todo trae causa.

Efectivamente, el da 31 de Octubre de 2.013 tuvo lugar la

declaracin del Sr. Blesa, al cual se le concedio una cualidad de

TESTIGO/IMPUTADO, inexistente en nuestra ley procesal que le permita

no contestar a preguntas que le afectasen directamente por su situacin deimputacin, en el curso de la cual por el aqu querellado se le pregunt

acerca de su parecer sobre el acceso de los correos corporativos de Bankia

a la defensa del Sr. Silva Pacheco. Aqul mostr su desacuerdo, posicin

obstructiva que fue incorporada por el Sr. Instructor, el aqu querellado, en

el auto de 4 de Noviembre de 2.013, que acord la denegacin del acceso al

procedimiento, en el caso de los correos electrnicos corporativos.

As, el aqu querellado, al fundamentar su resolucin cambiando

el criterio inicial, afirma el 4 de noviembre de 2013, como hecho base,

Por el seor Blesa se manifest expresamente su oposicin al examen

de dichos correos, por afectar a su intimidad.


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Luego expresa que nada aportan a las presentes actuaciones, y que

a los mismos no se refieren las resoluciones (del querellado) que sirven

para la imputacin por parte del Ministerio Fiscal, y que a mayor

abundamiento, por este instructor se confirman plenamente las

conclusiones del informe policial, en el sentido de que los ya aportados y

ya examinados, son los nicos relevantes en aquella causa 58/2010, y desde

luego los restantes carecen de relevancia tanto para aquella causa como

para la presente, por tener un contenido totalmente personal, de la

esfera ntima y de amistad, o estrictamente laboral y profesional con

terceras personas, o intranscendentes a los efectos aqu debatidos.(Lanegrita es nuestra).

Sin embargo, es un hecho pblico y notorio, pues dichos correos han

trascendido en diversos y numerosos medios de comunicacin, que su

contenido versa sobre comportamientos presuntamente delictivos en el

seno de las diligencias investigadas por D. Jos Elpidio Silva en el Juzgadode Instruccin n 9 de Madrid, que, sin duda alguna, dieron lugar al

dictado de las resoluciones que el aqu querellado estaba investigando

por presunta prevaricacin. De la mera lectura de las resoluciones de

dicho Magistrado donde se citan especficamente los correos, as como

de la declaracin de imputado tomada antes de adoptar la prisin, en

la que se le piden explicaciones sobre determinados correos

electrnicos, solo puede colegirse la evidente relacin de dichos correos

con las resoluciones adoptadas que se dicen prevaricadoras.

No est de ms recordar que dichos correos estaban en poder de la

perjudicada por el delito como documentosal ser correo ya abierto, y por

lo tanto nunca podan ser tenidos como comunicaciones, y que pertenecan

a una cuenta corporativa propiedad de CAJAMADRID por lo que cualquier


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intimidad haba sido expuesta por el propio Sr. Blesa, no pudiendo ser

objeto de proteccin, tal y como ha reiterado el Tribunal Constitucional en

varias resoluciones.

Hemos sabido, gracias a lo publicado por los medios de

comunicacin espaoles y extranjeros sobre dichos correos reputados

ntimos por el aqu querellado, que la gestin de Bankia, a manos de su

principal responsable (acusador particular en el procedimiento instruido por

el aqu querellado), estuvo presidida por el enchufismo, los crditos a

dedo, utilizacin de misteriosas tarjetas de crdito black a efectos

fiscales, extraos favores concedidos al expresidente de Gobierno D. Jos

M Aznar, amigo personal del Sr. BlesaAs como relaciones de ndole

armamentstico opacas, posible relacin con la Grtel Y estos son los

que han sido publicados, siendo que el Magistrado Sr. Silva Pacheco ha

asegurado pblicamente que en los correos que l examin hay ms de lo

que se ha publicado.

Estos correos electrnicos corporativos, propiedad de la entidad

Bankia, demuestran no slo la forma (presuntamente delictiva) en que se

gestion una caja pblica cuya ruina es una de las principales causantes del

rescate financiero espaol, sino, incluso, desvelan actitudes presuntamente

delictivas, ante las cuales, cualquier autoridad judicial que tenga directo

conocimiento, no debera obviar, por su contenido crimingeno.

En el presente caso, el instructor de las Diligencias contra mi

mandante slo habra tenido dos opciones, ambas, como comprobaremos,

igualmente prevaricadoras: o bien, no ley realmente el contenido de 8.700

correos electrnicos en el transcurso de 7 das (a razn de 1.242 correos

diarios que en una jornada de 8 horas, sin pausa alguna, implicaran


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leer 155 correos a la hora, todo un record si se tiene en consideracin

que, adems, deba discernir sobre los mismos), para poder discriminar

el contenido ntimo y excluirlo, o bien, el nico motivo que le gui para el

dictado del auto de 4 de Noviembre de 2.013 fue el inters de una parte

acusadora de no permitir el acceso a la defensa de un material probatorio

altamente cualificado para defenderse de las imputaciones.

Sin embargo, para centrar este apartado, diremos que el dictado de

dicho auto de 4 de Noviembre fue claramente delictivo, por cuanto a

sabiendas de su injusticia, obviando claramente el contenido presuntamentecriminal de los correos, opta por calificarlos a todos como de carcter

ntimo e, incluso, se adelanta al parecer del juzgador, estableciendo que su

carcter es irrelevante, para denegar su acceso e impedir, de facto, la

defensa de D. Elpidio Jos Silva.

Si hubiera de sostenerse que dichos correos fueron ledos en eltranscurso de una semana, por fuerza, el contenido del auto es

presuntamente prevaricador, por cuanto se evidencia que muchos correos

(basndonos en su publicacin) no son ntimos y s necesarios para la

defensa de nuestro representado.

Sobre el marcado posicionamiento a favor de la acusacin en el

procedimiento instruido por el aqu querellado, este solo hecho es, por s

mismo revelador; sin embargo, lo desarrollaremos en el siguiente apartado,

para mayor claridad expositiva.

SEGUNDO.- Auto de fecha 9 de Diciembre de 2.013 acordando la

transformacin de las diligencias previas en Procedimiento Abreviado.


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Debe sealarse con carcter previo que el da 9 de diciembre era el

da en el cual el Magistrado Sr Silva tena previsto regresar a su juzgado

tras la suspensin de 4 meses acordada en un procedimiento sancionador de

CGPJ a todas luces incoado para apartarle de la instruccin de la causa

durante la instruccin de la querella. La precipitacin en el dictado de dicho

auto, as como la comunicacin a efectos de suspensin que con el mismo

se pretende, llegando a desvirtuar el auto que lo declara "formalmente

imputado", son una evidencia del irregular proceder que ha tenido el

querellado.

El da 9 de diciembre de 2.013 se dict auto de transformacin en

Procedimiento Abreviado, que una vez fue notificado a la defensa del Sr.

Silva Pacheco, present recurso de reforma.

A)En primer lugar, con absoluto olvido de las normas que rigen elProcedimiento Abreviado, ms concretamente, del artculo

779.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el auto aborda

cuestiones autnomas no propias del contenido que se establece

en dicho precepto.

As, el artculo 779.4 LECr establece que Si el hecho constituyera

delito comprendido en elart. 757,seguir el procedimiento ordenado en el

Captulo siguiente. Esta decisin, que contendr la determinacin de los

hechos punibles y la identi f icacin de la persona a la que se le imputan,

no podr adoptarse sin haber tomado declaracin a aqulla en los

trminos previstos en elart. 775.
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.757http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.757http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.757http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.775http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.775http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.775http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.775http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATL&nref=75a1&producto_inicial=B&anchor=ART.757


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Se trata, por tanto, de un auto de imputacin formal, que contendr

los hechos punibles y la identificacin de persona imputada. Incluso,

muchas veces se realizan calificaciones jurdicas, que ya tiene establecido

nuestra jurisprudencia que no sern vinculantes.

Sin embargo, el auto al que nos referimos, creando indefensin

claramente, aprovecha el dictado del auto para incorporar sucesivas

denegaciones de solicitudes de diligencias a instancia de la defensa del Sr.

Silva Pacheco, zanjando, as, la cuestin sobre el agotamiento de la fase de

investigacin.

Es tal la precipitacin del Auto que a pesar de haber sido solicitadas

diligencias de prueba consistentes en recabar resoluciones que otorgaban la

competencia al juzgado del en esa causa querellado, dictadas por el propio

Decanato, y ser objeto de la querella la "torticera actuacin del Magistrado

para atribuirse la competencia de forma irregular", no solo son omitidas endicha resolucin sino que son denegadas por impertinentes e irrelevantes

mediante providencia inmotivada, lo que resulta cuando menos curioso

dado que el propio magistrado aqu querellado reprocha dicha falta de

motivacin al Sr. Silva..

Ni la ley ni la prctica judicial ampara este comportamiento,

como no poda ser menos, puesto que crea gran indefensin que en un auto

absolutamente reglado, se solventen cuestiones ajenas al carcter y espritu

del mismo.

El aqu querellado dicta el auto referido, en una suerte de totum

revolutum en el cual resuelve sobre diligencias interesadas y, al mismo


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tiempo, procede a decretar la continuacin del procedimiento por el cauce

previsto para el procedimiento abreviado.

No es procedente, al menos, no, si se quiere respetar las normas

procesales y no causar indefensin, el dictado del auto en tanto en cuanto

no se encuentren resueltas las diligencias interesadas por las partes e

incluso es necesario y aconsejado de la prudencia, habiendo recursos

pendientes de apelacin, esperar a la resolucin de los mismos. (parece que

el Magistrado tena muy claro que sus resoluciones serian mantenidas por

los dems miembros de su Sala.

El aqu querellado, con desprecio por las normas procesales o con

ignorancia de las mismas, utiliza la resolucin impugnada para resolver,

dentro de ella, asuntos incidentales propios de resoluciones autnomas;

dicho en otros trminos, no es legalmente admisible que en un auto de

adecuacin al Procedimiento Abreviado se resuelvan peticiones autnomasde diligencias como ocurre en el presente caso.

Todo ello, con la clara finalidad de acelerar con inusitada velocidad

el dictado de un auto lesivo para los intereses del Sr Silva, que haba de ser

coincidente con la fecha en que ste se incorpora a su puesto de trabajo, en

el Juzgado de Instruccin n 9 de Madrid, y su consecuente notificacin al

Consejo General del Poder Judicial para que, a su vez, tenga conocimiento

a los fines de su suspensin.

Si observamos cmo se desestiman las cuatro diligencias solicitadas

en su da y su falta de motivacin, entendemos que la nica finalidad no

es otra que resolver, aunque se trate de una forma no contemplada en

la ley ni amparada en nuestra jurisprudencia, de forma rpida para


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dar lugar al dictado del auto mencionado y hacerlo coincidir con la

incorporacin de mi mandante a su puesto de trabajo.

Es evidente que el Instructor ha hecho caso omiso a la Jurisprudenciade nuestro Tribunal Supremo que ha fundamentado que "nadie puede

negar (...), que el proceso dir igido contra un juez sigue exigiendo ciertas

cautelas que se derivan de la esencia misma de la funcin judicial. La

acusacin contr a un juez afecta al Estado de Derecho y, por lo tanto,

debe ser tramitada en un proceso que tenga en cuenta tanto la especial

posicin institucional del Juez como la seriedad de un proceso que tienela misin de reforzar el Estado de Derecho" FJ. 3, STS 2 de 10 mayo

1999 EDJ 1999/25736

Aqu no se ha tenido ninguna cautela ni seriedad y se ha dictado una

resolucin que se apartara de lo razonable en materia de interpretacin

judicial de las normas.

B)Particular interpretacin, asumiendo la tesis de la acusacin,sobre el dictado de los autos dictados por D. Jos Elpidio Silva

Pacheco, objeto de investigacin por presunta prevaricacin,

sobre la base de autos dictados por la Audiencia Provincial de

Madrid.

Se puede observar, en primer lugar, cmo la estimacin de recursos

al imputado Miguel Blesa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid,

se transforma en hecho base y argumento esencial para imputar delito de

prevaricacin a mi mandante.


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Sin ms argumento que el hecho de haber dictado autos estimatorios

la Audiencia Provincial de Madrid a favor de la tesis del imputado en el

Juzgado de Instruccin n 9 de Madrid y, lo que es peor, sin siquiera

haber tenido en cuenta el contenido de los correos electrnicosobrantes a la causa, el aqu querellado dicta sentencia a mi mandante.

As, sobre la competencia para la investigacin de los hechos que

motivan reapertura de las actuaciones, por ms que la Audiencia Provincial

de Madrid diera la razn al recurrente, lo cierto y verdad es que ni siquiera

se cuestion la existencia de indicios de criminalidad contra el imputadoMiguel Blesa y, adems, la competencia vino confirmada por el propio

Decano de los Juzgados de Instruccin de Madrid, tal cual consta en la

causa.

Basar, como hace el aqu querellado, la imputacin de mi mandante

en que ste debiera haber conocido lo que con posterioridad iba a dictar laAudiencia Provincial de Madrid, es tanto como exacerbar a toda costa la

situacin procesal de D. Jos Elpidio Silva, a fin de concluir, cuanto antes

el procedimiento y, as, satisfacer las ansias de unos pocos (poderosos

todos ellos), sentndolo en el banquillo de los acusados.

El Instructor de esas Diligencias contra mi mandante, aqu

querellado, toma como referencia y fundamental razn de la imputacin,

precisamente, las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid,

sentando con ello un peligroso precedente, por cuanto no son pocas las

ocasiones en que los Tribunales que revisan las resoluciones de otros

Jueces, dictan autos de nulidad o revocan directamente lo all dispuesto.


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Incluso ms, debemos recordar que cuando la Audiencia Nacional

rechaza la competencia nada dice sobre que los hechos no sean

constitutivos de delito sino que sindolos no es competencia de dicho

rgano jurisdiccional.

Omite el presente Instructor que dicha no aceptacin de competencia,

fue tambin revisada, en su da, por el correspondiente Fiscal de la

Audiencia Nacional que NO DICTAMIN QUE NO HUBIESE BASE

INDICIARIA DE LA COMISIN DE DELITOsino, simplemente, que

la Audiencia Nacional no era competente para su investigacin.

C)Sobre la falta de competencia para investigar.

Transcribimos necesariamente para la mejor comprensin del texto:

La Audiencia Provincial, en Auto firme de 25 de Junio de 2.013, alestimar el recurso contra la prisin provisional acordada y dejarla

sin efecto, declara de forma taxativa la falta de competencia del

querellado para haber asumido la ampliacin de la denuncia,

incluso menciona los trminos " retener" y " sustraer" del reparto

las mismas, por refer irse a hechos sin conexidad alguna, como por

el querellado se haba manifestado en su propio Auto de 13 de

Mayo; la Sala refiere la aplicacin de la Norma N 6 de Reparto,

diferencindola de la N 12, invocada en el Auto anterior citado por

el querellado, que se refiere a nuevos hechos conocidos en el

transcurso de la propia investigacin tramitada en el Juzgado, no

cuando se conocen mediante la va externa de la denuncia

presentada en el Registro General, independientemente del

destinatario final y Juzgado competente que pudiera determinarse


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de las citadas Dil igencias Previas, que fueron registradas con el N

3173/2.013, como se ha dicho, y el hecho de que pudieran atribuirse

al Juzgado de Instruccin n' 9, precisamente por haber practicado

ya diligencias, aunque inicialmente fuera incompetente.

Son de aplicacin a este "razonamiento" lo expuesto ut supra y,

recordar que los criterios de la Audiencia Provincial, sobre los que se

sustenta la imputacin, son todos emitidos ex post, con la relevancia que

ello tiene a efectos crimingenos.

Parece confundirse la falta de competencia con una supuesta errnea

interpretacin de las normas de reparto; debe recordarse que la vulneracin

de las normas de reparto no afecta al Derecho al Juez Natural, al menos as

lo tiene dictaminado nuestro Tribunal Constitucional que, a esos efectos, es

el supremo intrprete de la Constitucin.

Es decir el Instructor, aqu querellado, con su visible nimo

acusatorio, confunde la supuesta vulneracin de una norma administrativa,

como son las de reparto, con la incursin en un ilcito penal como sera la

"sustraccin" de la competencia; se trata de dos institutos distintos y, no

olvidemos, las normas de reparto, de carcter meramente administrativas,

son dictadas por este propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el

que se encuentra radicada esta Instruccin.

Incluso si de normas de reparto vamos a hablar, y de su posible

vulneracin y relevancia penal, hemos de recordar que en el caso presente

se ha designado al Ilmo. Sr. D. Jess Gaviln Lpez como Instructor de las

presentes Diligencias Previas47/2013 siguiendo, supuestamente, el turno

de designaciones propio de los procedimientos Diligencias Previas de este


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Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es decir con aparente sujecin a

las normas de reparto de este Tribunal. Sin embargo, se trata de una Causa

Especial y presumimos que alguna norma de competencia o de reparto se

habra podido vulnerar.

Pero la gravedad de que con posterioridad se hayan dictado varias

resoluciones al respecto, sealando que la competencia es del Juzgado de

Instruccion n 9 y que dichas resoluciones no se hayan querido incorporar a

la causa por dar por finalizada apresuradamente la instruccin, denota el

caracter prevaricador de las resoluciones adoptadas ya que la instruccin esprecisamente para recabar la documental necesaria para el juicio. se ve

claro que aqui lo importante era cerrar la instruccin cuanto antes a efectos

de conseguir apartar de la carrera al Magistrado, por lo menos mucho ms

que averiguar la verdad de lo sucedido.

D) Presunta interpretacin prevaricadora, asumiendo la tesis de laacusacin, de una providencia dictada en la investigacin llevada

a cabo contra el imputado Miguel Blesa.

Seguimos transcribiendo el texto del auto:

"La Providencia de7 de Diciembre de 2.012

, copia al folio 778,

Rollo de Sala Tomo Ill, y testimonio de actuaciones, dictada a raz

de la declaracin de los imputados en la causa, contiene

objetivamente una extensa investi gacin de carcter prospectivo ygeneral sobre el funcionamiento interno de Caja Madrid, que se

ampla al periodo comprendido entre 2.002 a 2.010; rebasa

sobradamente el objeto concreto del prstamo de la denunciaoriginaria, y a las personas implicadas, recabando informacin en

tales trminos, desde el Director General de Supervisin del Banco

de Espaa, del Servicio de Prevencin del Blanqueo de Capitales,

hasta la Direccin General de la Polica, Ministerio de Hacienda,


20/45

20

Altos directivos de Bankia en aqul momento, interesando

informacin documental, contable y de gestin del periodo de tiemporeseado, as como del Presidente del Consejo General del

Notariado.

En ella se adoptan medidas concernientes a derechosfundamentales relativos a la intimidad de las personas y el secretode las comunicaciones, sin motivacin alguna, con especialrelevancia de la intervencin de correos electrnicos deldenunciado. Dicha Providencia de 7/12/2012, es recurrida entiempo y forma por la representacin de Miguel Blesa, con la

adhesin del Ministerio Fiscal, no resolvindose el recurso por elquerellado hasta el 27 de Mayo de 2.013; la Providencia esdeclarada nula por Auto firme de la Audiencia Provincial de

Madrid, de fecha 19 de Junio de 2.013, en donde se subraya comocausa la "ausencia del ms mnimo juicio de proporcionalidad yrazonabilidad de las medidas adoptadas que incluyeron dichas

medidas limitadoras de derechos fundamentales de la intimidad

personal y secreto de la comunicaciones" en relacin este ltimoextremo con dichos correos electrnicos, resaltndose tambin el

carcter prospectivo de la investigacin, as como la afectacin y

perjuicio de derechos fundamentales de terceros, por la injerencia

indiscriminada en el patrimonio y personas de los implicados y sus

empresas, o personas con ellos relacionadas, adoptadas, adems,mediante simple providencia.

Consta Auto del querellado de 1 de Enero de 2.013, resolviendo elrecurso de reforma contra la reapertura de las Diligencias Previas

58/2.010, en donde se justifica igualmente la existencia de alarma

social, derivada de la crisis econmica mundial, relacionada con el

"cambio drstico en el contexto de la denuncia inicial, dadas lasactuales coordinadas perifricas que, prcticamente han colocado

en estado de alarma al conjunto de la sociedad espaola"

Al respecto, decir que es evidente que uno de los supuestos

"indicios" de criminalidad en que se sustenta el Instructor de las presentes

para el dictado del auto aqu impugnado sera el supuesto carcter

prospectivo de la investigacin que intentaba realizar nuestro representado;

obviamente, dicho carcter, si lo tena o no, es un motivo que afectara a la

nulidad o no de la misma pero que no tendra como consecuencia arrastraral autor de dicha nulidad hasta el banquillo de los acusados.


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21

Bsicamente, confunde el Instructor la nulidad de un acto con su

incardinacin como conducta tpica, antijurdica y culpable.

En otro orden de cosas, se critica, imputando tal proceder como

conducta prevaricadora, que la resolucin inicial hubiera adoptado la forma

de providencia; la forma no afecta a la esencia de la resolucin y, de hecho,

se tramita el recurso contra la misma.

Ignorando deliberadamente lo resuelto en esta materia, el Instructor,aqu querellado, otorga importancia inusitada a este hecho, por lo dems,

muy generalizado en la prctica de nuestros rganos judiciales; tanto es as,

que ello ha dado lugar a jurisprudencia slo concerniente a este asunto.

Pero el querellado, Instructor de las actuaciones contra mi mandante,

como si desconociera lo anterior, le da importancia inusitada, siendo,

adems, que el dictado de la providencia ni siquiera cre indefensin ya

que se present recurso de reforma que fue resuelto mediante auto

motivado.

Tampoco parece razonable, desde la perspectiva de un posible

retardo malicioso, el plantear los tiempos de tramitacin de los recursos

que se ejercitaron por parte de quienes hoy actan como querellantes;

decimos esto sobre la base del conocimiento prctico de la realidad de la

Justicia en Espaa y, de considerarse que esos tiempos seran un retardo

malicioso, evidentemente el nmero de imputados en Espaa, entre Jueces

y Magistrados, debera ser muy superior, siendo que adems la propia

Audiencia Provincial, tal y como dice el propio Auto tardo ms en resolver

el recurso directo de apelacin que fue interpuesto por una de las defensas


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22

y que no fue resuelto hasta el 19 de junio, a pesar de estar tramitado en el

mismo tiempo que el de reforma.

Que la medida adoptada versase sobre la incautacin de unos correos

electrnicos, debemos decir que se confunde la pretendida falta de

fundamentacin de la resolucin habilitante con lo que sera la comisin de

un delito de prevaricacin.

En esencia, una vez ms lo que se est atacando con esta

Instruccin no es otra cosa que la independencia Judicial de aquellosdestinados legalmente a investigar a los poderosos, lo cual, desde quien

est llamado a investigar a mi mandante supone la realizacin intromisiva y

obstaculizadora de un rgano judicial, personificada en el Sr. Silva

Pacheco, quien se ve de esta manera inquietado en su digno quehacer. Y lo

que venimos a denunciar, precisamente, es que esta actuacin del Instructor

sera presuntamente prevaricadora.

E)Considerar hecho imputable el dictado de una providencia en laque se tiene por personada a la acusacin popular,

errneamente, como particular, es un dato subsanable y no

cre indefensin.

As se expresa el auto presuntamente prevaricador:

5) En cuanto a la admisin ilcita de la personacin del Sindicato

Colectivo de Funcionarios Manos Limpias en las Diligencias

Previas 58/2.010, consta documentado en las actuaciones que el

mismo interes su personacin en calidad de "acusacin popular", a

raz de la reapertura de las DP 58/2.010, mediante escrito de 21 de


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23

Noviembre de 2.012, que fue sustituida por iniciativa del querellado,

quien dict Providencia de 23 de Noviembre siguiente, tenindole

personado como "acusacin particular", sin motivacin o

justificacin alguna al respecto, siendo objetiva y jurdicamente

cierto que para la persecucin de los delitos societarios en general,

slo pueden ser perseguibles por denuncia de la persona agraviada

o su representante legal, de acuerdo con los artculos 295 y 296 del

Cdigo Penal. El Auto de la Audiencia Provincial de 19 de Junio de

2.013, declara nula nuevamente la Providencia citada, dejando sin

efecto dicha personacin, que, adems, no fue realizada en todo

caso, en virtud de los artculos 270, 280 y 776 de la LECrm.,

mediante querella y prestacin de la correspondiente fianza.

Primer punto que llama la atencin es la "elevacin" a delito la

confusin o no de los trminos "acusacin particular" con "acusacin

popular"; la diccin utilizada es irrelevante pero si de ello se derivan

responsabilidades penales es evidente que entonces, tambin debern

derivarse para el Instructor de las presentes que llega a dictar este auto en

base a un supuesto artculo del Cdigo Penal que NO EXISTE. Sin

embargo, consciente de su error, el aqu querellado se da una

oportunidad a s mismo (la que no da a mi mandante) y subsana su

propio error con ocasin del dictado del auto de 26 de diciembre de

2.013.

De lo anterior slo hacer referencia a que se llega a extremos tales

como la atribucin a mi mandante de delitos que ni tan siquiera existen en

el Cdigo Penal como sera el 449.3 que se refleja en el auto.


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24

Ahora bien, se podr decir por parte del Instructor, aqu querellado,

que eso no es ms que un error material; podramos aceptarlo pero, para

ello, el Instructor tambin debera reconocer que lo sucedido con la

Providencia de 23 de Noviembre de 2012 tambin fue un error material

cuando se dijo acusacin particular en lugar de popular, sin perjuicio de

que ello no tena relevancia y lo de atribuir un delito inexistente en nuestro

ordenamiento s que lo tiene.

Tanta relevancia le ha conferido a su propio error el aqu querellado

que, en vez de proceder al dictado de un auto aclaratorio por incurrir enerror material, ha decidido, mediante auto de 26 de Diciembre de 2.013,

estimar en parte el recurso de reforma contra el auto de 9 de Diciembre,

en el sentido de corregir dicho error. Obviamente, l mismo fue

consciente de la relevancia de su error, que hubo de incluirlo como

causa de estimacin del recurso, toda vez que contena una falta

infinitamente ms relevante que la que imputa como delito deprevaricacin al Sr. Silva Pacheco.

F)Considera hecho imputable la incoacin de diligencias contrael Letrado del imputado Miguel Blesa; diligencias que, despus

de practicarse la declaracin del imputado, fueron archivadas.

Qu delito hay en incoar un procedimiento A INSTANCIAS DE UN

ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL QUE ASI LO INDICA y, una vez

haber dado explicaciones el sospechoso, haber sobresedo el mismo?

Creemos que no se sopesa con Justicia, de forma deliberada, el correcto

actuar de mi mandante.


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25

G)Hecho punible: decretar prisin provisional contra eltodopoderoso Sr. Blesa.

7) Para concluir, los hechos atinentes a la posible comisin de dos

del itos contra la l ibertad individual al acordar la prisin provisional

de D. M iguel Blesa de la Parra, en Autos de 16 de Mayo de 2.013 y 5

de Junio de 2.013, a instancias del Sindicato Colectivo de

Funcionarios Manos L impias, que careca total y absolutamente de

legitimacin procesal, as como la incongruencia entre ambos Autos,

al imponer al imputado dos medidas incompatibles entre s, segninvoca el Ministerio Fiscal, encuentran soporte probatorio indiciario en

las propias resoluciones y actuaciones documentadas, debidamente

testimoniadas en la presente causa, por los siguientes extremos:

Una vez ms nos encontramos ante valoraciones impropias de un

Instructor y, tambin, ante una clara falta de coherencia entre lo

razonado y lo resuelto.

Los trminos y la rotundidad que se utiliza en el prrafo antes citado

son impropios de un Instructor y s muy propios de los "Hechos Probados"

de una Sentencia, cabe preguntarse a estas alturas si la sentencia ya est

dictada o solo se ha perdido la imparcialidad.

5) La ausencia de justificacin suficiente para haber decretado la

primera de las prisiones, cuando se trataba, y as lo motiva la

Audiencia Provincial en el Auto referido decretando su libertad, de

unos hechos ocurridos con anterioridad , que databan de ms de

cuatro aos, con afirmaciones genricas respecto a conductas

delictivas, no tener en cuenta las circunstancias personales del


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26

denunciado, quien estuvo a disposicin del Juzgado desde el inicio

de actuaciones, ms la intervencin en esos hechos de entidades

pblicas como el banco de Espaa, y algo definitivo, como era la no

pertenencia ya del denunciado a la entidad que de hecho se estaba

ya investigando por el querellado, esto es, Bankia, como sucesora de

Caja Madrid. No obstan los anteriores extremos las referencias del

Auto a los posibles riesgos de fuga y afectacin de las fuentes de

prueba, que tienen ms carcter genrico que las anteriores

circunstancias objetivas que debieron determinar su no ingreso en

prisin, que es la conclusin que viene a colegirse de dicho Auto. No

hay solucin de continuidad en el posterior Auto de 5/72.013

acordando nuevamente la prisin, en donde se incorporan la

mencin al contenido de los correos electrnicos de 23 de Octubre

de 2.008, de carcter genrico, que slo guardaran una relacin

indirecta con la causa, aunque se hayan incorporado a las presentes

actuaciones, como se ha reseado anteriormente.

Ante este razonamiento no nos queda ms que argumentar que si se

entiende que estamos ante una ausencia de suficiente motivacin de la

resolucin judicial por la que se acuerda la prisin de Blesa, dicha conducta

tendra su encaje perfecto en el mbito sancionador administrativo no en el

del Derecho Penal; es decir se acude, en el presente caso, al Derecho Penal

de forma indebida.

Existen mecanismos sancionadores administrativos, perfectamente

claros, para aquellos casos en que un Juez no razona suficientemente sus

resoluciones pero, en lugar de acudir al Servicio de Inspeccin se acude al

ms coercitivo de la va Penal.


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27

Probablemente, el Fiscal querellante ha exacerbado el procedimiento

llevndolo por la va penal, sin embargo, no es de recibo que el Instructor

de las actuaciones, aqu querellado, asuma con tanta complacencia tal

error de quien acusa, asumiendo su tesis, con tal indebida literalidad.

H)Sobre la valoracin de las escasas diligencias permitidas a ladefensa del Sr. Blesa.

En nada afectan la base indiciaria documental apuntada, las

di l igencias, practicadas en esta Instruccin; la declaracin del

querellado, porque centra su defensa de forma casi exclusiva, en la

necesidad de proceder al visionado de dichos correos electrnicos,

con carcter prospectivo y general, para demostrar que en lo que

denomina "''motivacin interna" de las resoluciones dictadas,

estara la justificacin de la prisin acordada, cuando del referido

examen por el mismo y la Guardia Civil de los intervenidos, slo son

relevantes para la causa, y de modo muy relativo, como se ha dicho,

aquellos que dichos funcionarios ponen de manifiesto en el atestado

referido, y as ha sido confirmado por este Instructor, en los

trminos de las resoluciones dictadas con anterioridad, mientras que

los restantes son de carcter particular e ntimo, confirmado por la

Audiencia Provincial en resolucin firme dictada al efecto,

declarado vulnerado este derecho fundamental, dejando a salvo las

valoraciones subjetivas del querellado sobre la intervencin de

terceras personas o actividades que considera ilcitas, sin olvidar

que esa diligencia de prueba fue declarada nula por la Audiencia, no

por el contenido, sino por la forma, circunstancias y modo de

obtenerse.


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28

Es cierto que tanto las declaraciones testificales del Magistrado y

los Secretarios Judiciales confirman la ausencia de retardo

malicioso del querellado, segn apreciaron , ms la situacin de los

numerosos asuntos objeto de tramitacin en aquel momento, que

habra precisado de determinadas solicitudes de refuerzo del

personal administrativo, pero no lo es menos que contrasta esta

opinin subjetiva con los datos objetivos respecto a la demora en

dictar las resoluciones reseadas en apartados anteriores, que

pendan exclusivamente del querellado, y que habitualmente en

situaciones de similar naturaleza, tienen preferencia cuando se

encuentran en juego recursos frente a decisiones excepcionales

como declaraciones del secreto sumarial o que afectan, como en

presente caso, a derechos fundamentales, sin que corresponda a este

Instructor obtener el definitivo juicio valorativo. Tambin que los

Guardias Civiles, aparte de confirmar la inexistencia de cualquierotro dato relevante en los repetidos correos electrnicos, que no

fueran los reseados en su atestado, refieren la finalidad de la

investigacin en orden a los hechos delictivos originarios de la

denuncia, esto es el crdito en cuestin, pero, igualmente, el

contenido, extensin y forma de las distintas resoluciones dictadas

apuntan al carcter generalista y prospectivo de la investigacin

realizada, y no lo dice esto el Instructor, sino la propia Audiencia

Provincial en las resoluciones dictadas, firmes y con efecto

vinculante.

Igual consideracin puede hacerse de los peritos que intervinieron

en las DP 58/2.01 O, pues aunque refieran la finalidad del informe

centrado en los prstamos referidos, del simple examen de su

contenido se desprende objetivamente esa prospeccin e


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29

investigacin generalizada que afectaba a la entidad bancaria

reseada y sus integrantes, incluido aquel denunciado que ya no

formaba parte de la misma, ordenada por el querellado.

En consecuencia, tanto de la valoracin individualizada de cada una

de las distintas conductas del querellado, como, especialmente, de la

concatenacin de todas ellas, a partir de una reapertura

improcedente de las diligencias archivadas provisionalmente, por

inexistencia de dato nuevo alguno que lo justificase, seguido sin

solucin de continuidad por la asuncin contraria a las normas de

reparto de una ampliacin de denuncia relativa a otros hechos, sin

conexin alguna con los anteriores, el carcter prospectivo y de

investigacin general desplegado por el querellado, en relacin con

hechos atinentes a la situacin general del funcionamiento de la

entidad bancaria a la que perteneca el denunciado, relacionado con

la crisis global del sistema financiero, la apertura injustificada de

diligencias al Letrado de la defensa del Sr. Blesa, ms la prisin deldenunciado, acordada en dos ocasiones en relacin causal con las

anteriores circunstancias, en la forma sucesiva y temporal descrita,

en base a la exclusiva solicitud de dicho Sindicato, y con oposicin

del Ministerio Fiscal y la defensa, quien como acusacin careca de

legitimacin, sin constar formalmente su personacin en la causa,

siendo declaradas nulas en su integridad por la Audiencia

Provincial, todas y cada una de las resoluciones anteriores, en las

que se sustentaron dichas actuaciones, confirma, a juicio de este

Instructor, la existencia de indicios racionales bastantes, en los

trminos interesados por el Ministerio Fiscal.


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La peculiarsima valoracin que hace el Instructor, aqu querellado,

de las pocas diligencias que nos ha permitido, reflejan, tal cual venimos

diciendo, un juicio predeterminado sobre el nimo con el que habra

actuado mi mandante, que refleja no slo su parcialidad sino tambin su

presunto comportamiento prevaricador.

Junto con ello, no se ajusta a la realidad de lo declarado por los

miembros de la Guardia Civil lo que recoge el auto impugnado; los

miembros de la Guardia Civil que han declarado en las presentes

diligencias dijeron algo muy distinto de lo que refleja el Instructor;obviamente el Instructor parece realizar una personalsima "valoracin de

prueba", cuando estamos en una fase que no permite tales valoraciones.

El deber del Instructor era la determinacin de unos hechos, de unos

indicios y de unos responsables, el resto slo representa un exceso, una

vulneracin del derecho al Juez imparcial y, tambin, una conviccin

predeterminada de los hechos objeto de investigacin.

El hecho mismo de haber denegado un puntal esencial en la defensa

del Sr. Silva Pacheco, como es el acceso a los correos electrnicos, de

forma absolutamente arbitraria y contraria a Derecho, junto con la peculiar

valoracin (faltando a la verdad, a veces) redunda ms si cabe en el

contenido criminal del auto que venimos analizando.

En suma, todo lo dicho hasta aqu no es ms que un mero resumen

del actuar presuntamente delictivo del aqu querellado mediante el dictado

del auto que hemos analizado sucintamente.


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Es un resumen de valoraciones personalsimas, de corte inquisitivo,

asumiendo burdamente la tesis de la acusacin, con un nico fin: perjudicar

a mi representado injustamente, condenndole de antemano, con claro

abuso de autoridad.

TERCERO.- Auto de 26 de Diciembre de 2.013, que resuelve recurso

de reforma contra el auto de 9 de Diciembre de 2.013: postura de

acusacin en claro perjuicio de D. Jos Elpidio Silva Pacheco.

Por si lo anterior no fuera suficiente, en respuesta al recurso de

reforma, no slo confirma el contenido, presuntamente prevaricador del

anterior auto, sino que aade nuevo contenido injusto a sabiendas de su

injusticia.

En este caso, el aqu querellado reconoce lisa y llanamente que ha

asumido la tesis de la acusacin, concretamente, la del Ministerio Fiscal,

por cierto, coincidente con las acusaciones particulares.

En este auto, que estima parcialmente el recurso de reforma

interpuesto por la defensa del Sr. Silva Pacheco, por entender que se

equivoc cuando le haba imputado previamente delitos inexistentes en elCdigo Penal, se incluyen respuestas del Sr. Instructor Recusado, que

entendemos inciden ms si cabe en el nimo prevaricador que

denunciamos.

Dichas respuestas son las enumeradas en el prrafo n 4 y en el

prrafo n 8 del Fundamento de Derecho Tercero del mencionado auto:


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A)PRRAFO N 4 (Fundamento de Derecho 3):

No se ataca la instruccin e independencia judicial del Instructor

querellado por investigar a los poderosos, como se alega; en primer

trmino, si se refiere al Sr. Blesa, slo de or su declaracin como

perjudicado en la presente causa,()se constata el manifestado

sentimiento personal de muerte civi l y ciudadana del mismo, antes de

haber sido Juzgado, o prcticamente encausado (la negrita esnuestra).

En relacin a lo que manifestbamos acerca de la posicin

absolutamente parcial del instructor recusado, esta afirmacin en el auto

que posteriormente nos ha sido notificado es una buena muestra de dicho

posicionamiento a favor del querellante y en detrimento de la defensa.

El sentimiento personal de muerte civil y ciudadana del Sr. Blesa

es una consecuencia de los hechos por los que fue investigado y de la

decisin adoptada por mi mandante en el marco de un proceso penal; ese

sentimiento, probablemente lo tengan o lo hayan tenido la infinidad de

personas que, encontrndose en prisin provisional, se ven abocados a esta

situacin personal, prevista en nuestro Ordenamiento Jurdico, bajo el

principio de igualdad. Por cierto, tambin existe un gran nmero de

personas que habiendo sufrido la prisin provisional, por mucho ms

tiempo que el padecido por el querellante, finalmente vieron su caso

sobresedo o fueron absueltas, es ms, a prcticamente la totalidad de ellas

se les niega incluso el acceso a cualquier tipo de compensacin incluso


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econmica, tal y como ha sucedido recientemente de forma excandalosa en

casos como el de D Dolores Vazquez .

El sentimiento personal de muerte civil y ciudadana manifestado

por el Sr. Blesa en su declaracin es objeto de una compasin

absolutamente incompatible con la autoridad judicial que debe dirigir la

investigacin judicial de forma imparcial; dicho sentimiento del

querellante, a juicio del instructor, aqu querellado, ha sido constatado,

por lo que asistimos, nuevamente, a un prejuicio de quien se supone ha de

ser imparcial, pero que en fondo est firmemente posicionado en contra dela defensa. Y todo ello, antes de que mi mandante sea juzgado, como

vemos es el deseo del querellado en esta querella.

B)PRRAFO N 8 (Fundamento de Derecho 3):

La prdida de imparcial idad de este Instructor por el hecho de asumir

las tesis del M ini sterio Fiscal, quien por mandato constitucional y su

propio Estatuto preserva y promueve la observancia del inters general y

legalidad vigente, dara lugar a la abstencin o recusacin de

prcticamente todos los Instructores de causas penales, siendo ordinaria y

habitual, por lo general, la concurrencia de criterios, dejando a salvo el

mbito de sus competencias y funciones. (La negrita es nuestra).

Con claro menosprecio al principio de igualdad de armas, garanta

de nuestro Derecho Procesal, y de paso, gran desdn hacia la labor del

derecho fundamental a la defensa, se realiza una inslita afirmacin, basada

en un uso o costumbre, al parecer, extendida geogrficamente e inveterada


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en el tiempo: los jueces espaoles desdean la funcin de la defensa,

siendo, sorprendente, vinculante lo informado por los Fiscales.

Realmente sorprendente que se justifique, precisamente, la posicin

parcial a favor de la tesis del Fiscal en su querella, en detrimento de quien

se halla imputado en la causa que instruye el aqu querellado, quien, de

paso, recordemos, es un Magistrado y debe ser tratado con la cautela

prevista en los artculos 408 y 410 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Evidentemente, es indiscutible, el Ministerio Fiscal tieneencomendada la funcin de defensa de la legalidad y del inters pblico, en

trminos generales y no slo en el proceso penal; pero, tambin es

insoslayable que en el proceso penal asume la acusacin, es una parte

acusadora, frente a la parte que asume la defensa. Se trata de partes

enfrentadas y en el conflicto de dichas partes, la autoridad judicial que

tiene las funciones instructoras no asume la tesis de nadie, sino que seerige en un rbitro y en cualquier caso, debe de tomar y razonar la

posicin propia asumida.

Este deliberado olvido, por parte del instructor aqu querellado, y de

paso, menosprecio hacia los principios que sostienen y apoyan el proceso

penal en nuestro Estado de Derecho, incide ms que nunca en la autntica

necesidad de ser investigado por los graves hechos que venimos

denunciando; todo ello, a la vista de su particular y parcial visin e

interpretacin de las normas procesales y constitucionales que rigen el

procedimiento penal espaol, suponiendo un peligro para el Estado de

Derecho su presunto actuar delictivo.


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V.- CALIFICACIN JURDICA

Los hechos relatados anteriormente son constitutivos de un delito de

prevaricacin penado en el artculo 446.3 del Cdigo Penal:

El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o

resolucin injusta ser castigado:

1) Con la pena de prisin de uno a cuatro aos si se trata de

sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito y la

sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su

mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha

ejecutado. En ambos casos se impondr, adems, la pena de

inhabilitacin absoluta por tiempo de diez a veinte aos.

2) Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitacin

especial para empleo o cargo pblico por tiempo de seis a diez aos,

si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en

proceso por falta.

3) Con la pena de mul ta de doce a veinticuatro meses e

inhabi li tacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de

diez a veinte aos, cuando dictara cual qui er otra sentencia o

resolucin injustas.


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El Tribunal Supremo Sala 2, S 9-2-2012, n 79/2012, entre muchas,

ha afirmado en relacin al delito de prevaricacin, que:

la jurisprudencia, que ha asumido la teora objetiva conelementos de la teora de los deberes, ha venido insistiendo en que la

injusticia requerida por el artculo 446 del Cdigo vigente exige una

absoluta colisin de la actuacin judicial con la norma aplicada en

el caso, de tal forma que la decisin cuestionada no pueda ser

explicada mediante ninguna interpretacin razonable efectuada con

los mtodos usualmente admitidos en Derecho. As, se ha dicho que

debe apreciarse la injusticia que requiere la prevaricacin cuando

" ...la resolucin de que se trate carece de toda posible expl icacin

razonable, es decir , es a todas luces contrar ia a Derecho, porque su

contenido, incluso en el supuesto de ms favorable interpretacin

de la norma aplicable al caso o de las pruebas concur rentes, no se

compadece con lo ordenado por la Ley, pudiendo referirse tal

i legalidad as cual i f icada, tanto a aspectos de procedimiento como

materiales, ya se trate de cuestiones de cali f icacin jurdica, ya de

problemas de hecho o de apreciacin de la prueba". ( STS num. 4 de

julio de 1996). Y la STS num. 2/1999EDJ 1999/25736,seal que el

apartamiento de la funcin que corresponde al autor en el Estado de

Derecho segn los arts. 117.1 y 103.1 CE, en ocasiones aludida

mediante el uso de adjetivos, "...ser de apreciar, por lo general,

cuando la aplicacin del derecho no resulte de ningn mtodo o

modo aceptable de interpretacin del derecho".

En el presente caso, los hechos relatados en la querella tendran,

presuntamente, perfecto encaje legal en la configuracin jurisprudencial del

delito de prevaricacin. Se habran dictado resoluciones injustas, a
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sabiendas. Resoluciones que carecen de toda explicacin razonable y son, a

todas luces, contrarias a Derecho.

La anterior sentencia citada afirma: se entender por resolucininjusta aquella que se aparta de todas las opciones jurdicamente

defendibles segn los mtodos usualmente admitidos en Derecho,

careciendo de toda interpretacin razonable, y siendo en definitiva

exponente de una clara irracionalidad. Por lo tanto, una resolucin

basada en una interpretacin que pueda reputarse errnea, no es injusta a

los efectos del delito de prevaricacin, siempre que, alcanzada por los

mtodos de interpretacin usualmente admitidos, sea defendible en

Derecho.

Esta configuracin del elemento del tipo objetivo viene a rechazar al

mismo tiempo la teora subjetiva de la prevaricacin, segn la cual se

apreciara el delito poniendo el acento en la actitud o la conviccin del

juez al resolver, y prescindiendo de que la resolucin sea objetivamente

conforme a la ley. Desde este punto de vista es evidente que " ...la

inj usticia objetiva de la resolucin no puede ser el iminada recur r iendo a

la subjetividad del au tor, dado que el Juez debe aplicar el derecho y no

obrar segn su propia idea de la justicia" , ( STS 2/1999EDJ 1999/25736

). Por lo tanto, no puede admi ti rse que una resolucin sea justa solo

porque el juez que la dicta, sin referencia alguna a cr i ter ios objetivos, asla considere.

A) Elemento objetivo:
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- El auto dictado el 4 de Noviembre de 2.013 prescindeabsolutamente de la jurisprudencia acerca de la consideracin de

los correos corporativos de una empresa como no ntimos.

Concretamente, la sentencia de 7 de Octubre de 2.013 del Tribunal

Constitucional, resume toda la doctrina al respecto, con ocasin de resolver

un recurso de amparo en el mbito laboral. Sin embargo, el contenido de

esta sentencia y de toda la doctrina resumida es extrapolable, cmo no, al

mbito penal.

As, entre otras consideraciones, el TC entiende que quedan fuera de

la proteccin del secreto de las comunicaciones (tambin de la intimidad)

aquellos canales que no son cerrados, por no prever la confidencial, como

son los correos corporativos pertenecientes a una empresa, cuyo Convenio

o regulacin advierten que son de uso exclusivo de la empresa, para

materias reservadas a empresa y no de ndole ntimo:

Asimismo, en nuestra labor de delimitacin del mbito de cobertura del derecho,

hemos precisado que el art. 18.3 CE protege nicamente ciertas comunicaciones: las

que se realizan a travs de determinados medios o canales cerrados. En

consecuencia no gozan de la proteccin constitucional del art. 18.3 CE aquellos

objetos que, pudiendo contener correspondencia, sin embargo la regulacin legal

prohbe su inclusin en ellos, pues la utilizacin del servicio comporta la aceptacin

de las condiciones del mismo . As pues quedan fuera de la proteccin

constitucional aquellas formas de envo de la correspondencia que se configuran

legalmente como comunicacin abierta, esto es, no secreta . As ocurre cuando

es legalmente obligatoria una declaracin externa de contenido, o cuando bien su

franqueo o cualquier otro signo o etiquetado externo evidencia que, como acabamos

de sealar, no pueden contener correspondencia . En tales casos pueden ser

abiertos de oficio o sometidos a cualquier otro tipo de control para determinar su

contenido (STC 281/2006, de 9 de octubre, FJ 3.b]). De igual forma, en la STC


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241/2012, de 17 de diciembre, FJ 7, tambin hemos excluido la proteccin

constitucional de comunicaciones abiertas, que se realizan en un canal del que no

puede predicarse su confidencialidad.

Segn reiterada jurisprudencia constitucional, el derecho a la intimidad personal,

en cuanto derivacin de la dignidad de la persona (art. 10.1 CE), implica la

existencia de un mbito propio y reservado frente a la accin y el conocimiento de

los dems, necesario, segn las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad

mnima de la vida humana . A fin de preservar ese espacio reservado, este derecho

confiere a la persona el poder jurdico de imponer a terceros el deber deabstenerse de toda intromisin en la esfera ntima y la prohibicin de hacer uso de lo

as conocido . As pues, lo que garantiza el art. 18.1 CE es el secreto sobre

nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros,

particulares o poderes pblicos, los que delimiten los contornos de nuestra vida

privada (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3; o SSTC 185/2002, de 14 de octubre,

FJ 3; 93/2013, de 23 de abril, FJ 8). En cuanto a la delimitacin de ese mbito

reservado, hemos precisado que la esfera de la intimidad personal est en relacin

con la acotacin que de la misma realice su titular, habiendo reiterado este Tribunal

que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena ;

en consecuencia corresponde a cada persona acotar el mbito de intimidad

personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 241/2012, de 17 de

diciembre, FJ 3), de tal manera que el consentimiento eficaz del sujeto particular

permitir la inmisin en su derecho a la intimidad (STC 173/2011, de 7 de

noviembre, FJ 2).

La defensa de D. Elpidio Jos Silva Pacheco ha sealado que la

normativa de la entidad Bankia (Antes Caja Madrid) respecto a la

seguridad informtica, excluye la confidencialidad de las comunicaciones

mediante el correo corporativo, a salvo casos excepcionalsimos, que deben

tratarse mediante claves especiales para la ocasin. Adjuntamos como

DOCUMENTO N 1 el cuerpo normativo que rige para este tipo decomunicaciones.


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- El auto de fecha 9 de Diciembre de 2.013 prescindeabsolutamente de lo dispuesto en la jurisprudencia sobre eldelito de prevaricacin, que requiere que objetivamente se

aparte de lo aceptado en Derecho: el auto contiene

consideraciones particularsimas y subjetivas, presumiendo,

incluso el dolo concreto del investigado y arrogndose funciones

propias del juzgador.

- El auto de fecha 26 de Diciembre de 2.013 prescindeabsolutamente del cabal, sereno, pacfico y consolidado principio

de igualdad de armas, que impide al juez instructor asumi r

ninguna tesis de las acusaciones y posicionarse claramente como

acusador en claro perjuicio del investigado.

B) Elemento subjetivo: el dolo

La STS de 9 de Febrero de 2.012 es la que desarrolla ms

recientemente este delito. Expresa lo siguiente:

En cuanto al elemento subjetivo, plasmado en la expresin " a

sabiendas" , no es otra cosa que la inclusin expresa del dolo, en el

sentido de que el autor debe tener plena conciencia del carcter

inj usto de la resolucin que dicta. Es decir, debe ser consciente de

la adopcin de la resolucin, de su sentido y de sus consecuencias y

de que todo ello no puede estar amparado en una interpretacin

razonable de la ley. En este sentido, el elemento subjetivo se integra


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por "...la conciencia de estar dictando una resolucin con total

apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones

usuales y admisibles en derecho, en aquellos casos en los que la

norma pueda ser susceptible de distintas interpretaciones, elemento

que debe ser puesto en relacin con la condicin del Juez de tcnico

en derecho, y por tanto conocedor del derecho y de la ciencia

jurdica -iura novit curia-.", ( STS num. 2338/2001

EDJ 2001/56021).

2. No se trata de un elemento subjetivo integrado en el elemento

objetivo relativo a la injusticia. Es decir, la resolucin no se reputa

injusta porque el juez la considere as. Lo que importa, desde el

punto de vista atinente al tipo objetivo, es que lo acordado no es

defendible en Derecho ni podra llegarse a ello por alguno de los

mtodos de interpretacin de las normas admitidos en Derecho.

El elemento subjetivo, por el contrario, se refiere al conocimiento de

esos elementos del tipo objetivo. Basta con que el juez sepa que la

resolucin no es conforme a derecho y que a ella no l legara

empleando l os mtodos usuales de in terpretacin, sino solamente

imponiendo su propia volun tad, su deseo o su cr i ter io sobre la

interpretacin racional de la ley.

En el presente caso, no cabe duda alguna acerca del elemento

subjetivo del injusto. El Magistrado querellado, presuntamente, tuvo plena

conciencia de lo injusto de sus resoluciones que se apartaron

ostensiblemente del Derecho.
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En cuanto al dictado del auto de fecha 4 de Noviembre de 2.013, por

el que rechaza de plano que la defensa de mi mandante tenga acceso a los

correos corporativos, como botn de muestra es significativo que da

apariencia de haber ledo e interpretado 8.700 correos electrnicos en el

escaso margen de 7 das, para valorar que son de carcter ntimo y que no

tienen relevancia con la causa. Slo 7 das antes haba permitido su acceso.

Tras la declaracin del testigo (acusador particular) Sr. Blesa, quien

se niega a que la defensa acceda a tan relevante material, es cuando adopta

esta inslita resolucin.

No ignora el Magistrado querellado que el contenido de los correos

no tienen carcter ntimo, por cuanto conoce por los medios de

comunicacin que su esencia es tan criminal como para que mi mandante

adoptara la medida de prisin provisional del Sr. Blesa.

As mismo, la forma y el fondo del auto de transformacin en

Procedimiento Abreviado de fecha 9 de Diciembre de 2.013 obedece, en un

principio, al nimo de dar una inusitada celeridad al procedimiento que

sigue en contra de mi mandante, hacindolo coincidir en el tiempo con la

fecha de reincorporacin de ste a su Juzgado, para conseguir gran

perjuicio personal.

En cuanto al fondo, damos por reproducido el anlisis realizado ut

supra, que incide en el nimo acusador del querellado en contra de mi

mandante, no dudando en exteriorizar dicho nimo en el auto de fecha 26

de Diciembre de 2.013: postura claramente mimtica del Ministerio Fiscal

(querellante), asumiendo su tesis.


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Sin duda, la ignorancia inexcusable tambin es prevaricacin. Pero

es que, adems, la resolucin presuntamente prevaricadora, sin parangn

alguno, fue dictada por un Magistrado con reconocidsima experiencia,

que ejerce sus funciones en un rgano judicial de envergadura, como es el

Tribunal Superior de Justicia de Madrid.. Ello resulta un elemento

agravante.

Por ltimo, esta parte quiere llamar la atencin sobre la celeridad con

la cual stos han actuado en este caso. Sobre todo en comparacin con la

habitual tardanza en otros casos. En el fondo, todo ello nos conduce apreguntarnos: Por qu no existe ningn precedente parecido de tal

irregular comportamiento? Tiene todo ello algo que ver con la

identidad de la persona imputada?

VI.- DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN

Interesa, desde este momento inicial del procedimiento, las

siguientes diligencias, sin perjuicio de las que ms adelante podremos

solicitar en el transcurso de la investigacin:

1- Ratificacin Apud Acta del querellante


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2.- Declaracin del querellado.

3- Se requiera a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid, para que traslade testimonio de TODO LO ACTUADO,

con inclusin de tantas piezas de conviccin hayan sido incorporadas, con

especial mencin a:

- providencia y auto de fecha 28 de Octubre de 2.013 sobre acceso alos correos electrnicos

- Declaracin en calidad de perjudicado-testigo de Miguel Blesa de laParra del da 31 de Octubre de 2.013

- Auto de fecha 4 de Noviembre de 2.013- Auto de fecha 9 de Diciembre de 2.013- Auto de fecha 26 de Diciembre de 2.013- Archivo digitalizado que comprende unos 8.700 correos electrnicos

corporativos de la cuenta del Sr. Blesa.

En su virtud,

SOLICITO A LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL

SUPREMO: Que teniendo por presentado este escrito de querella junto

con las copias y los documentos que se acompaan, se sirva admitirla y

acuerde practicar las diligencias solicitadas en el cuerpo de este escrito.

Es de Justicia que pido en Madrid, a XXX de Enero de 2.014.


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Ldo. Cndido Conde-Pumpido Varela

Proc:Gonzalo Mendibil Martn

Querella prevaricación M. A. Revilla en apoyo a Elpidio Silva

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