¿Qué estamos haciendo en seguridad pública local?

45¿QUÉ ESTAMOSHACIENDO ENSEGURIDADPÚBLICA LOCAL?Roberto lagos Flores

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO ENSEGURIDAD PÚBLICA LOCAL?

MUNICIPIOS Y CIUDADANOS FRENTE AL DELITO

Documento N°45

Roberto Lagos Flores

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Registro Intelectual N° 200.727Instituto Chileno de Estudios MunicipalesUniversidad Autónoma de ChileNoviembre 2010

Comité Editorial

Teodoro Ribera N.Rector Universidad Autónoma de Chile

Ricardo Israel Z.Director Ejecutivo ICHEM

Andrés Chacón R.Secretario General ICHEMEditor

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Índice

Autor Roberto Lagos Flores.......................................................... 5

Resumen............................................................................... 7

1. Introducción......................................................................... 9

2. Marco Referencial.................................................................. 11

3. Hipótesis de Trabajo............................................................... 15

4. Análisis de Datos................................................................... 194.1. Caracterización Local........................................................ 204.2. Evaluación Municipal........................................................ 254.3. Rol Ciudadano............................................................... 35

5. Conclusiones........................................................................ 47

6. Bibliografías......................................................................... 53

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Roberto Lagos Flores

Cientista Político, Pontificia Universidad Católica de Chile. Di-plomado en Seguridad Ciudadana. Magíster en Sociología © Universidad Alberto Hurtado. Investigador Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Autónoma de Chile.

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Resumen

Sobre la base de los resultados arrojados por la Encuesta Nacio-nal de Opinión Pública Municipal (ENOPM 2010) en su apartado especial sobre seguridad pública, este estudio caracteriza la situación de la delincuencia en el plano local chileno, explo-rando los niveles de conocimiento, participación, evaluación y confianza institucional en los municipios del país como enti-dad co-responsable en la provisión de servicios de seguridad pública, además se aproxima a determinar y analizar el rol de la ciudadanía en materia de gestión de la seguridad en el plano barrial, con énfasis en sus niveles de victimización, de temor al delito en el barrio y de adopción de medidas vecinales para enfrentar la delincuencia. Es decir, analiza la seguridad públi-ca local en dos dimensiones: la dimensión institucional (munici-palidad) y la dimensión social (individuos), como asimismo sus interrelaciones y lazos con otros agentes, desde la visión de la ciudadanía.

Comprobamos una alta valoración y confianza en los munici-pios, niveles medios de conocimiento de iniciativas municipales y adecuados niveles de aprobación de estos servicios; al mismo tiempo probamos la escasa participación de las personas en acciones institucionalizadas de gestión de su seguridad, pero un masivo empleo de fórmulas preventivas comunitarias e indi-viduales, en medio de una situación de victimización media y de alto temor e inseguridad a nivel de barrio.

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Observamos también la presencia de ciertos factores determinantes en las evaluaciones de los ciudadanos respecto a los esfuerzos del municipio chileno por enfrentar el delito a nivel local y las acciones de la propia ciudadanía al respecto. En este punto no sólo llama la atención la pro-pensión de las personas por asignar mayores facultades a las policías y Fuerzas Armadas en temas de seguridad, también la ampliación de roles municipales como guardias e incluso policías municipales, lo que podría incentivar indagaciones posteriores para explicar este fenómeno. Consi-derando relevante esta información, siguen predominando acciones de coordinación y asociativismo local, con los municipios en la articulación de respuestas de seguridad. En todos los análisis los niveles de confianza en los municipios y de conocimiento de las acciones municipales tienen impacto directo en la percepción de seguridad en el espacio local, pre-sentando a los municipios, tal como la literatura comparada lo señala, como un poderoso activo para colaborar en la prevención del crimen en nuestra sociedad con un rol de liderazgo ineludible.

Resumen

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1. Introducción

En un estudio sobre las políticas de seguridad en Francia, Mai-llard (2009) señala que éstas ya no son un asunto exclusivo del gobierno nacional, por el contrario, indica que el Estado cen-tral perdió el monopolio tradicional de la seguridad pública, dando paso a un uso extendido de contratos entre el Estado y otros agentes públicos y privados (lo que se ha denominado “contractualización”), en especial, con los municipios, algo que extiende en general a las políticas europeas de prevención del crimen. De este modo, los municipios en la realidad social y polí-tica francesa han logrado adquirir importantes cuotas de poder frente al tema y así concretan un cambio que se está haciendo global: la redefinición de las instituciones frente a los problemas de seguridad pública.

En América Latina podemos observar algo parecido. Los estu-dios municipales de la última década muestran una serie de procesos que han alterado paulatina, pero sostenidamente a los municipios asignándoles nuevas funciones, responsabilida-des y la delegación de nuevas áreas o temas que tensionan su accionar y sobrecargan su trabajo. Este fenómeno de cre-cimiento de funciones y demandas ha sido denominado en la literatura como la “ampliación de la agenda local” (Cabrero 2008), por cuanto algunos municipios han visto una oportuni-dad y un desafío en ello, adaptando su estructura organizacio-nal a sus nuevas funciones. Este hecho ha provocado interesan-tes debates y generado un renovado interés por todas las áreas

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que cubren este campo de estudios. Las políticas de seguridad pública son un ejemplo de aquello. Nickson (1993) indicó que el fortalecimiento de las unidades locales de gobierno fue un factor relevante en el proce-so de redemocratización en América Latina. Israel (2007) ha visto en este proceso la oportunidad de consolidar las reformas políticas necesarias para promover una reforma al sistema municipal que le permitan a estas unidades, además de funcionar bien como organizaciones, satisfacer las expectativas y demandas de la ciudadanía. En un sentido coinciden-te Cravacuore, Ilari y Villar han señalado que “los gobiernos locales han incorporado a su agenda nuevos temas entre los cuales sobresalen la planificación estratégica del territorio, el desarrollo local y una nueva po-lítica social” (2004: 3), subrayando con esto el crecimiento del quehacer municipal aunado a la asociatividad y la innovación.

Dentro de este marco es posible desarrollar una discusión profunda y razonada en torno a los procesos de cambio municipal, sus avances y retrocesos, y la incorporación de nuevos temas a su agenda. En este con-texto el caso de la seguridad es paradigmático, pues en un comienzo surgieron respuestas públicas municipales como parte de la “ola inno-vadora” de los gobiernos locales de los años 90´, pero paulatinamente entraron a la estructura de los municipios. Es decir, no sólo se comenzaron a entregar respuestas de seguridad, protección y prevención civil en los municipios de Latinoamérica como parte de la ampliación de la agen-da, también lo ha permitido un nuevo modelo de gestión pública de proximidad y en sintonía con los mecanismos participativos de gestión. En este punto se insertan muchas opciones de políticas de seguridad de la última década. Se proveen soluciones exponiendo la creatividad de los gobiernos subnacionales, como la propia redefinición y reinterpretación que deben hacer estos órganos para enfrentar problemas propios de la sociedad moderna.

Pues bien, en este estudio caracterizamos la institucionalidad local en materia de prevención del delito y sus aportes a la seguridad pública en perspectiva local-barrial, identificando los factores determinantes en las evaluaciones de los ciudadanos respecto al municipio chileno, intentan-do saber: ¿Qué estamos haciendo en seguridad pública local?

Introducción

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2. Marco referencial

Uno de los fenómenos más interesantes que ocurren en el siste-ma municipal, al amparo de la ampliación de la agenda local, es la cantidad de funciones y su consecuente sobrecarga de trabajo. Dentro de las recientemente asumidas están las de se-guridad y prevención del delito, extendidas durante los últimos diez años, pero escasamente evaluadas. Los últimos gobiernos en Chile se han concentrado en difundir la idea que la “seguri-dad ciudadana es tarea de todos”, restándole el protagonismo clásico al Estado y diseñando políticas públicas que han tenido amplia aceptación en círculos académicos y políticos, las que han terminado por delegar funciones de seguridad en los muni-cipios. Ese nuevo modelo de gestión local de la seguridad, que no es exclusivo de Chile, ha revalorizado el papel de la comuni-dad local, de las agencias desconcentradas y de la presencia de los municipios en el tema.

El Plan de Seguridad Pública 2010-2014, “Chile Seguro”, que vie-ne a reemplazar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010, acentúa entre otras cosas el carácter descentraliza-do de las políticas de seguridad, estableciendo modificaciones legales para que los municipios de Chile lleven a cabo directa-mente planes y programas en materia de prevención y seguri-dad. Habrá que esperar el desarrollo y especificación de esta propuesta, que claro está, potencia y dirige la atención hacia el sistema político local.

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Muchos de los temas de vanguardia en el plano de la seguridad local que contiene esta política han sido previstos por distintos estudios nacionales e internacionales. Hay antecedentes acumulados sobre la relación entre municipios y seguridad, prevención y protección delictual que están en la base de las políticas actuales. Por lo tanto, esta investigación se sostie-ne en la abundante literatura científica que observa la descentralización de las políticas de seguridad y el fortalecimiento de los gobiernos locales como elemento imprescindible para mejorar los asuntos públicos rela-cionados con la delincuencia y la victimización (Vanderschueren 2007a, Dammert 2007, Crawford 1997). En consecuencia, buscamos explorar y describir lo que coyunturalmente está ocurriendo en el país en materia de institucionalidad local, como también el rol que les corresponde a los ciudadanos en la prevención del delito en sus barrios y comunas. De esta forma, nos instalamos en el debate sobre la capacidad del sistema muni-cipal chileno para continuar con la senda de abordar los problemas de seguridad local, más allá de la precariedad de sus recursos o del finan-ciamiento estatal con que cuentan, pues nos preocupa comprender la evaluación de la ciudadanía al respecto, el grado de conocimiento que tienen y cómo se articula el municipio chileno con la personas en accio-nes concretas destinadas a prevenir el delito y vivir más seguros.

En efecto, recientes trabajos referidos a las políticas de seguridad señalan la creciente vinculación entre éstas y las municipalidades. Por ejemplo Dammert, Alda y Ruz indican que “en las últimas décadas se ha eviden-ciado un cambio en la forma como se aborda la prevención del delito en el mundo. Es así como en la actualidad el control del delito no es visto como una tarea única y exclusiva de las instituciones públicas destinadas a ello, sino más bien se ha convertido en una tarea difusa y fragmentada en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones no guberna-mentales y la comunidad en general” (2008: 12).

Aún más, muchos autores han mostrado que la relación entre los munici-pios y la comunidad a la cual se deben como organizaciones políticas, ejecutivas y normativas, tiene que enmarcarse en el desarrollo de una vida urbana moderna caracterizada por la fragmentación de las propias ciudades y la creación de barrios cerrados (Bauman 2005), en la pér-dida o deterioro de espacios públicos (Manzano 2009), en el desarrollo de un comportamiento social más individualista, con proyectos de vida sumamente personalizados (Beck 2003) y en una creciente sensación de

Marco referencial

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frustración y temor al delito (ENUSC 2009; Paz Ciudadana 2009). Tomando en consideración que si bien el fenómeno del crimen y la delincuencia en Chile no alcanzan la magnitud de otros países del continente, son eviden-tes la alta frecuencia de delitos contra la propiedad, la alta percepción de temor de las personas y la existencia de barrios críticos amenazados por la delincuencia (Plan de Seguridad 2010; Carli y Ruiz 2009).

Todo este contexto es necesario de considerar cuando se estudian políti-cas antidelincuencia en contextos urbanos, lo que nos recomienda asumir las diferencias entre la seguridad objetiva (victimización) y la seguridad subjetiva (percepción de temor), que se basan en las teorías criminológi-cas que reconocen la etiología multicausal del delito, en la que operan una serie de factores de riesgo que facilitan la realización de delitos y conductas antisociales (García-Pablos 2003). Solamente comprendiendo este marco de análisis y un enfoque multifactorial de abordaje es posible argumentar la opción de observar una de estas dimensiones con la ma-yor precisión posible, teniendo como base lo distintivo de la naturaleza de la realidad investigada.

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3. Hipótesis de trabajo

En este estudio exploramos algunas hipótesis de trabajo rela-cionadas con la experiencia de las personas en relación al de-lito y el crimen moderno, confrontándolas con su realidad más cercana (comunas y barrios) y con las instituciones locales con que se relacionan a la hora de enfrentar este tema. Esta ob-servación se realizará de la mano de un abordaje de hipótesis exploratorias en torno a tres grandes dimensiones de investiga-ción: una primera de caracterización general, una segunda de evaluación a las municipalidades en la gestión de estos servi-cios y una tercera en la determinación del rol de los ciudadanos en materia antidelictivas, las que obviamente serán observadas en perspectiva integral y complementaria y se explican a con-tinuación.

En primer lugar, en lo referido a la caracterización, las medicio-nes de opinión pública ubican de manera permanente a los problemas de delincuencia como los prioritarios a nivel nacio-nal (serie de Encuestas Centro de Estudios Públicos –CEP-; serie de Encuestas Universidad Diego Portales –UDP-); en este estudio queremos comprobar dicha situación trasladada a la realidad local. Por otra parte, la literatura nos indica que una constante del fenómeno de seguridad pública es la existencia de niveles altos de temor al delito, al menos durante los últimos diez años (ENUSC 2009; Paz Ciudadana 2009). Por otra parte, que la victi-mización presenta niveles medios con una estabilización de los delitos a nivel de hogares en torno al 35% (ENUSC 2008 y 2009)

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y por último, una situación de incerteza en el plano local respecto a siste-matización, efectividad o impacto de las políticas de prevención y pro-tección (Plan de Seguridad 2010). De acuerdo a estos hechos, buscamos determinar si a nivel local-municipal existen niveles de victimización me-dios (en torno al 30%), niveles de temor “altos” a nivel general (ENUSC 2008 y 2009) y niveles de temor de rangos “medios” en el barrio (ENOPM 2009). Además buscamos estudiar ciertos determinantes sociodemográfi-cos y contextuales que se asocian con los niveles de temor al delito iden-tificados en el plano local.

En resumen, esperamos confirmar con los datos obtenidos:

1. Principal problema público comunal: la delincuencia.2. Victimización barrial de nivel medio.3. Evolución de la delincuencia: temor alto en el barrio y evaluación

barrial insatisfactoria.4. Aproximación a los determinantes de la percepción de inseguri-

dad.

En segundo lugar, referido a la evaluación municipal, nos basamos en el supuesto de que existe una redefinición del rol institucional del municipio en la provisión de servicios de seguridad (Vanderschueren 2007b; Frühling 2008). Por un lado, queremos comprobar la importancia que tiene la pre-vención del delito en materia de gestión municipal (como asunto público o issue). Estimamos que el municipio tiene altos apoyos en comparación con otras instituciones, a lo sumo, en niveles medios en confianza institu-cional (Encuesta CEP 2009; Encuesta UDP 2009; ENOPM 2009). Del mismo modo, presumimos también que el grado de conocimiento es bajo con respecto a las políticas municipales de seguridad y casi nulo respecto de una institucionalidad reciente y en constante cambio: el Consejo Comu-nal de Seguridad, del que existe poca evidencia y sobre el que la política nacional 2006-2010 sembró esperanzas (ENSP 2006). También creemos que el nivel de conocimiento de las acciones municipales en seguridad es bajo, pero quienes las conocen evalúan bien a los municipios (ENOPM 2009) y que las personas prefieren a los municipios por sobre el gobierno nacional para gestionar políticas de seguridad pública (ENOPM 2009). Como otros estudios lo comprueban, la confianza en los municipios com-parados con otros organismos es generalmente positiva (Morales 2008), pero sobre la evaluación de éstos no existe evidencia que podamos

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contrastar. Finalmente, y tal como lo señalamos en la primera dimensión, conjeturamos la existencia de ciertos determinantes sociodemográficos y contextuales que se asocian con los niveles de apoyo a los municipios en sus tareas de seguridad y protección ciudadana.

En resumen, contamos con las siguientes hipótesis a confirmar con los da-tos obtenidos:

1. Prevención del delito como el principal asunto comunal (issue).2. Grado de conocimiento de la seguridad local: sobre el Consejo de

Seguridad Comunal bajo; sobre las acciones municipales en segu-ridad bajo, pero evaluadas positivamente.

3. La evaluación de los alcaldes en seguridad es positiva.4. La participación ciudadana en planes de seguridad municipal es

bajísima o nula.5. Institucionalidad local: el municipio presenta mayores apoyos que

otras instituciones; las personas los prefieren por sobre el gobierno para gestionar políticas de seguridad pública.

6. Aproximación a los determinantes del apoyo municipal en serviciosde seguridad.

En tercer lugar, reconocemos que existe un impacto evidente de la de-lincuencia en el comportamiento de los individuos. Por una parte se les exige a los ciudadanos estar preparados para enfrentar el delito urbano (responsabilización) y por otra parte, los mismos sujetos intensifican sus ac-ciones en pos de la seguridad personal, familiar y social. En este plano te-rritorial de las experiencias colectivas surgen áreas de indefinición donde las instituciones se modifican, se reorientan o impulsan a los ciudadanos a tomar ciertas conductas o hacerles cambiar sus prácticas. Por ello surgen estrategias comunitarias diversas: de prevención, control y evitación del delito, que permiten percibir de distinto modo ciertas conductas desvia-das que ocasionan peligros a la comunidad local.

En efecto, estimamos la opción de ver el comportamiento y actitudes de la opinión pública en dos planos, uno retrospectivo, referido a prácticas llevadas a cabo por las personas, y otro de índole prospectivo, explo-rando en las acciones que potencialmente los sujetos están dispuestos a apoyar ante la presión de evitar la posibilidad de ser víctimas del delito.

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En resumen, contamos con las siguientes hipótesis a confirmar con los da-tos obtenidos:

1. De naturaleza retrospectiva: las medidas adoptadas por las personas para sentirse más seguros oscilan entre un polo societal y comunita-rio (extensivo), y otro individualista y autonómico (intensivo).

2. De naturaleza prospectiva: las medidas que las personas apoya-rían para sentirse más seguros en un futuro próximo pueden ser vis-tas como manifestaciones de una polaridad, por un lado, esencial-mente preventivas y democráticas y, por otro, punitivas y persecu-torias.

Dicho de otro modo, estas hipótesis exploratorias pueden revelar que la inseguridad pública y el temor al delito podrían llevar al deterioro de las instituciones democráticas y hacer surgir discursos autoritarios. También que la inseguridad se ha individualizado al punto de alterar las medicio-nes de la victimización y seguridad objetiva. De la misma línea surge la conjetura que si bien las personas creen que la seguridad debe estar anclada en el plano municipal, el apoyo para la extensión de facultades a los municipios en el tema es bajo. Es probable esperar que las acciones vecinales reflejen medidas que la literatura señala como de vigilantismo (Aniyar 1999), de tácticas de espacios defendibles (Newman 1973) y de policiamiento comunitario (Herrera y Tudela 2005; Blanco 2005) o de otras que la literatura científica recién estudia.

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4. Análisis de datos

En un texto anterior hemos señalado que realizar investigacio-nes que ponderan “el soporte institucional en los municipios, la densidad asociativa de la sociedad civil, la co-responsabilidad de actores locales y no locales, y la sinergia producida a partir de un modelo de trabajo en red” (Lagos 2009: 103), responde a una estrategia de estudio que abre nuevos caminos de análisis y de intervención social, pues arroja luz sobre las dimensiones menos observadas de las políticas de seguridad preventivas, además contribuye a la descripción del campo de los estudios locales en una narrativa de sus funciones sociales. Asimismo se hace cargo del “reconocimiento de que la delincuencia es un problema altamente complejo, cuyas causas, consecuencias y factores asociados son múltiples y de variada naturaleza” (Mu-nizaga 2010: 9).

Para comprobar nuestras hipótesis de trabajo utilizamos la base de datos provista por la Encuesta Nacional de Opinión Pública Municipal 2010, a partir de la cual observamos el rol de los mu-nicipios y de las personas frente al tema1.

1 Disponible en: http://www.ichem.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=114&func=startd own&id=118

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4.1. Caracterización local

De acuerdo a los datos disponibles el principal problema público de las comunas del país es la delincuencia. Los ciudadanos señalaron en su primera mención (67%) que ésta se posiciona en el primer lugar de los problemas más urgentes, dejando atrás otros como empleo, salud o edu-cación. Situación idéntica a la registrada por otros instrumentos de medi-ción de la opinión pública (CEP 2009, 2010; UDP 2009; EOPM 2009). Lo que señala una tendencia permanente de la sociedad chilena, esta vez en el plano local y por lo tanto novedosa, de alta preocupación por el delito y la delincuencia.

Una medida útil de caracterización de la criminalidad en un marco tem-poral acotado, por ejemplo de doce meses, es observar los niveles de victimización; conceptualizándola como el hecho de haber sido víctima de algún delito en un lugar determinado y en ese período de tiempo. En esta medición los niveles de victimización sufridos por la población son de un 23% a nivel de barrio. No obstante, como se presumen a partir de una pregunta a nivel local, se originan diferencias con las estimaciones a nivel nacional que generalmente incorporan la ocurrencia de delito en lugares más allá del prisma barrial. Por ello hay contrastes con las cifras de victimización de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2009, que diagnosticó un 35% de victimización en el país. En pers-pectiva comparada los niveles de victimización se mantienen estables en el barrio con misma medición de 2009 (26%).

Desde el punto de vista del análisis absoluto, el mayor número de vícti-mas proviene del grupo C3 (28,2%) y D (27,9%), seguido por el C2 (23,8%) y E (11,9%) y finalmente por el grupo ABC1 (8,2%). Lo que nos señala un orden estamental para encauzar las políticas y los recursos. Ahora bien, en un análisis relativo, es decir, de acuerdo a la proporción de personas victimizadas respecto del total de personas de ese estrato social los pa-trones se modifican levemente. A saber, los segmentos C2 (25,2%), C3 (24,4%) y ABC1 (22%) tienen la mayor incidencia delictual, seguidos por los grupos E (19,3%) y D (19,2%). Estos hallazgos coinciden con análisis de la victimización por grupo socioeconómico para el caso chileno (Araya 2005; Olavarría 2006).

Ahora bien, Garland (2005) señala que la distribución del miedo al delito o percepción de temor no se ajustan a los patrones reales de victimización

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o de riesgo. De igual modo argumenta Kessler al señalar que “el miedo puede ser un sentimiento anterior y no una consecuencia de la victimiza-ción” (2009: 173). Con todo, según los datos con que trabajamos pode-mos caracterizar la situación de la delincuencia en el barrio de acuerdo a la percepción de sus habitantes, construyéndola a partir de dos variables. Una, referida a la evolución de la delincuencia en su barrio y otra, consi-derando una calificación que hacen las personas del mismo territorio.

En principio, la percepción de inseguridad se puede capturar a través de la proporción de personas que percibió que la delincuencia en su barrio “aumentó”, las que representan el 33,6% de la población; quienes indicaron que la delincuencia “se mantuvo” fueron un 48,9% y sólo un 13% indicó que la delincuencia en su barrio “disminuyó”. Todo esto se puede observar en el Gráfico Nº 1 que muestra un alto nivel de percepción de inseguridad. Adicionalmente, el 30% de las personas califican con nota 5 a su barrio en materia de seguridad, en una escala construida de 1 a 7, donde uno representa a su territorio en “extremo inseguro” y siete como “extremo seguro”2 ; en el mismo ítem, un 19,4% califica con nota 4 a su ba-rrio y un 15,5% con nota 6. Esta variable, considerada como evaluación de inseguridad en el barrio, muestra una percepción negativa de ella debido a que más del 70% de los casos lo evaluó con nota bajo 5.

Gráfico 1: Percepción de inseguridad. ¿Usted diría que durante los últimos 12 meses la delin-

cuencia en su barrio? (%):

Fuente: Elaboración propia a base de EOPM 2010

2 Existe una mediana y una moda de 5, una media de 4,3 y una desviación típica de 1,6.

13%

48,9%

33,6%

4,5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Disminuyó Se mantuvo Aumentó NS/NR

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En definitiva, las dos variables centrales de esta caracterización inicial, victimización y percepción de inseguridad, expresan el volumen de vio-lencia –objetiva y subjetiva- a que están expuestos los ciudadanos y la importancia que tiene el campo del delito para ellos.

Por una parte, un 23% de la población ha sido víctima de un delito y casi un 34% cree que la delincuencia aumentó en su barrio, lugar al que un 45% de la población evalúa de modo apenas suficiente: nota 4. Esto forma un cuadro global que puede explicar lógicamente la alta preocu-pación por el tema y la extensión de las responsabilidades que le dan las personas a las policías, gobierno central, justicia e incluso a los gobiernos locales.

A su vez, comprobamos lo que otros estudios nacionales demuestran: la percepción de inseguridad es mayor que la victimización, ratificando lo dicho por Kessler en cuanto a que “el miedo al delito en una sociedad, en un período determinado, es el resultado de un proceso sociocultural cuya relación con la inseguridad objetiva no es del orden “representa-ción-realidad” (2008: 107). Cabría suponer que los niveles de cercanía y confianza en los municipios, como veremos luego pueden contrarrestar esta sensación generalizada.

La alta percepción de inseguridad en el barrio, medida como la expre-sión de que la delincuencia aumentó durante el último año, se puede explicar por diversos elementos. Para ello realizamos variados análisis de regresión logística con la expectativa de predecir factores que influyan en el grupo de personas que indica que la inseguridad aumentó (varia-ble dependiente), este grupo representa, luego de la reconstrucción de esta variable, el 35,5% de los casos (excluidos casos perdidos y categorías de no sabe y no responde). Las variables explicativas las agrupamos en dos dimensiones, aquellas que representan factores sociodemográficos que podrían explicar los niveles de temor de la población: sexo, grupos socioeconómicos, identificación política y edad de los sujetos; y aquellas que representan factores contextuales relacionados directamente con la problemática de la delincuencia: aquellos victimizados en sus barrios, que tienen niveles altos de confianza en sus municipios y que conocen las iniciativas municipales de seguridad. Cabe destacar que probamos con otras variables de contexto, como por ejemplo el liderazgo del Alcal-de en la materia, pero las distintas pruebas nos arrojaron problemas de

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multicolinealidad y no las incluimos en los modelos predictivos. Ambos ti-pos de factores fueron incluidos en distintos bloques al proceso de análisis estadístico.

Ahora bien, ¿Qué factores influyen en la percepción de inseguridad ba-rrial a partir de nuestra muestra? Los resultados del análisis indicaron que los factores sociodemográficos no lograron significancia estadística en ninguno de los test, en cambio, algunos factores contextuales sí predicen los niveles de temor barrial. Luego de la realización de varios modelos lo-gísticos llegamos a conservar uno definitivo que recoge algunas variables relacionadas directamente con la experiencia del delito que tienen im-pacto en la variable dependiente, para mayor detalle se puede observar el Cuadro 13.

En este cuadro, como en los siguientes de regresión logística, incluimos los coeficientes B y valores de los EXP(B). Este último corresponde a un indi-cador que mide el cambio en el cociente de probabilidad de la variable dependiente cuando la variable independiente aumenta en una unidad y el resto de las variables explicativas se mantienen constantes. El cuadro muestra también el nivel de significancia a pie de la tabla para aquellas variables que poseen un 95% de confianza, los valores de la constante y de cada prueba, tanto de la bondad del ajuste como de la capacidad predictiva del modelo.

En esta prueba el test de Hosmer y Lemeshow, como el porcentaje de ca-sos correctamente estimados, nos indican que el modelo final selecciona-do logra una adecuada capacidad predictiva. Además de las pruebas de Likelihood ratio obtenidas que nos señalan que la incorporación de variables contextuales otorgan un mayor valor a la solución definitiva.

3 Cabe señalar que la variable grupos socioeconómicos (GSE) corresponde a una dummy para los diferentes estra-tos ABC1, C2, C3, D y E. Desde ya sabemos que su inclusión conjunta en el modelo genera problemas de colineali-dad, pues a medida que aumentan las personas ABC1, por ejemplo, disminuyen las de otros grupos; sin embargo, hemos optado por mantenerlas en virtud de su peso teórico comparado y de la iteración propia del análisis esta-dístico que excluye a la que presentan mayor colinealidad.

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Así, hay tres variables que lograron los coeficientes de significancia de-terminados por el test de Wald: victimizados, confianza municipal y co-nocimiento de iniciativas municipales. Por tanto, aquellas personas que fueron victimizadas tienen tres veces más probabilidades de sentir un ma-yor temor en su barrio e interpretar un aumento de la delincuencia, que quienes no fueron víctimas; caso contrario, pero igualmente significativo: aquellos que confían en su municipio tienen un 28,2% menos de probabi-lidades de sostener que la delincuencia aumentó en su barrio; del mismo modo, quienes conocen las medidas de seguridad implementadas por su municipalidad tienen un 32,8% menos de chances de percibir un au-mento delincuencial, que quienes no las conocen. Estos factores definen en un alto porcentaje la evolución de la delincuencia barrial, en un mo-delo que explica el 66% de los casos, con un punto de corte de 0,4 y con un balance discreto, pero adecuado entre especificidad y sensibilidad.

Cuadro 1:Alta percepción de temor barrial. Resultados regresión logística modelo

definitivo:BLOQUE 1

Sociodemográfica y políticaBLOQUE 2Contextual

B EXP(B) B EXP(B)Sexo (mujer) 0,044 1,045 0,061 1,063

GSE (ABC1) -0,256 0,774 -0,182 0,834

GSE (C2) -0.209 0,811 -0,197 0,821

GSE (C3) -0,091 0,913 -0,115 0,891

GSE (D) -0,060 0,942 -0,009 0,991

Edad (sobre 50 años) 0,072 1,075 -0,194 1,214

Sin identificación política 0,211 1,234 0,199 1,220

Victimizado 1,143 3,137**

Confianza Municipal -0,337 0,714**

Conocimiento de iniciativas municipales -0,398 0,672**

Constante-0,778

0,459**-0,588

0,556**Prueba Omnibus 5,800 70,383

Pruebe Omnibus modelo 5,800 76,182

R cuadrado de Nagelkerke 0,007 0,093

Prueba de Hosmer y Lemeshow 4,067*** 4,823***

Sensibilidad 89,3% 82,2%

Especificidad 13,6% 38,6%

Porcentaje de casos correctamente predichos 62,6% 66,8%

**Significancia a un 95% de confianza***Significancia a un 99% de confianzaFuente: Elaboración propia a base de EOPM 2010

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4.2. Evaluación municipal

El reciente Plan de Seguridad Pública 2010-2014, “Chile Seguro”, señala que “hasta el año 2010, la focalización de recursos por parte del Ministe-rio del Interior en programas preventivos de carácter local se ha venido desarrollando a través de los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM)” (2010: 57). Indicando que algunas dificultades de este modelo de gestión local recaen en la falta de antecedentes verificables o resul-tados claros de las acciones, en equipos profesionales locales que no logran desarrollar las gestiones administrativas y en problemas de conti-nuidad de las acciones, entre otras.

Ruiz y Lizana (2009) coinciden en que la implementación de estrategias locales en barrios se debilita por la escasa coordinación de los equipos técnicos ministeriales con las municipalidades y la excesiva centralidad de las policías en la movilización de la comunidad. Pese a ello afirman que los municipios deben ser los encargados de conducir los procesos de recuperación de barrios vulnerados por la delincuencia. Del mismo modo, Dammert y Bailey (2005) señalan que las respuestas a la criminali-dad deben tener lugar en el plano local, pero que los gobiernos locales encargados carecen de los recursos suficientes y tienden a depender excesivamente de otras instancias.

De acuerdo a nuestros datos el 53% de la población considera que el principal responsable de la seguridad pública es el gobierno central, no obstante, un amplio 44% cree que es el municipio el encargado de este tema4. Esta opinión minoritaria no se sostiene en el plano real, pues da cuenta de una incongruencia entre las disposiciones institucionales y la opinión pública, porque los municipios no tienen facultades y atribucio-nes para hacerse cargo de manera exclusiva de acciones preventivas y de colaboración en seguridad pública, aunque el Plan Chile Seguro considere avanzar hacia ello. Esta situación se suma a las debilidades de carácter estructural de los municipios chilenos en distintos planos de su accionar (financiero, recursos humanos, autonomía, capacidad institu-cional, etc.).

4 En 2009 misma percepción era inversa, es decir, un 59% pensaba que los municipios eran los encargados del tema.

26

Por lo tanto, ¿Qué está ocurriendo en al plano local con las políticas de seguridad?; ¿Qué perciben las personas del despliegue de recursos, es-trategias, políticas, planes y programas que buscan mitigar el delito en el plano local?, ¿Es posible caracterizar y evaluar al sistema político local por el abordaje de esta problemática? La respuesta es que al menos parcialmente, toda vez que reflexionemos sobre las conocidas restriccio-nes de la institucionalidad municipal, pero a la vez reconozcamos su carácter indispensable.

De acuerdo a nuestros datos el tema más importante a abordar por los municipios es la prevención de la delincuencia con el 26,4% de apoyo. En efecto, y en una estimación evidente, pero novedosa desde la pers-pectiva local, los encuestados consideran que éste el principal tema (is-sue) que debe ser enfrentado por el gobierno local. En segundo y tercer lugar aparecen el funcionamiento de los consultorios y la cesantía de la comuna. Para mayor detalle véase Gráfico 2, en el cual se comparan los resultados de los años 2009 y 2010 en misma variable registrando una estabilidad en las preferencias de las personas por la delincuencia y la cesantía, observándose que los cambios se dan en las posiciones siguien-tes del sector salud y educacional.

Gráfico 2:¿Cuál cree Ud. que debería ser el tema más importante a tratar por el municipio?

(total menciones: 300%):


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Ahora bien, Manzano (2009) luego de un estudio sobre delincuencia en dos barrios de similares características históricas y socioeconómicas (Le-gua Emergencia y Yungay) indica que de los programas gubernamenta-les el más reconocido por las personas es el Programa Barrio Seguro, de controvertida evaluación, en tanto los Programas Previene (CONACE) y Comuna Segura (División de Seguridad Pública), dos instancias emble-máticas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP 2006-2010) tienen un escaso conocimiento por parte de las personas de la comu-nidad. Por nuestra parte, comprobamos que a nivel nacional existe un escaso nivel de conocimiento de las personas por este tipo de programas con ejecución local-municipal, siendo el más reconocido el programa Puente con un 7% de conocimiento, pero con conocimiento práctica-mente nulo aparecen los relacionados con la prevención del delito y sus-tentados por la anterior Estrategia Nacional y actual Plan de Seguridad Pública: Programas de Violencia Intrafamiliar con un 2,2% de conocimien-to, las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia OPDs con 1,4% y el Programa Previene con 2,5%. Este último con presencia en las quince regiones y en más de 200 comunas del país.

Frente a esta situación cabría recordar que el despliegue territorial de la ENSP 2006-2010 se realizó en tres niveles: un Consejo Nacional de Se-guridad Pública, un Consejo Regional y Consejos Comunales integrados por el Alcalde, autoridades públicas locales y representantes de la socie-dad civil. Estos Consejos tenían como meta realizar diagnósticos y hacer operativos los planes comunales de seguridad que financian proyectos en temas de prevención social, situacional, rehabilitación y asistencia a víctimas (Ministerio del Interior 2009). Los datos disponibles nos permiten afirmar que sólo el 4,5% de las personas conoce el Consejo Comunal de Seguridad Pública, marcando una enorme distancia entre esta institucio-nalidad local reciente y las personas, quienes demuestran con su desco-nocimiento su escasa gravitación en el plano comunal.

En contrapunto, un 15% de las personas a nivel nacional conoce las ini-ciativas de seguridad ciudadana ejecutadas por su municipalidad5. De acuerdo a este antecedente cabría suponer cierto éxito por parte de los

5 En comparación con datos de 2009 este porcentaje decae, pues entonces un 26% de la población conocía eltrabajo municipal en seguridad pública.

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municipios para dar a conocer su oferta en la materia, para difundir sus planes y actividades y entregar antecedentes de sus obras en las distin-tas instancias de diálogo dispuestas para ello en el transcurso de su ges-tión local. Esto sin duda puede ser considerado como una fortaleza de la acción municipal y de su propia agenda de trabajo, apoyada claro está por otras instancias nacionales. Por ello correspondería esperar en el futuro mayores niveles de conocimiento sobre iniciativas y acciones municipales, de diverso tipo, pero que aborden la delincuencia, la vio-lencia y la inseguridad de las personas localmente. Toda vez que es una tarea que se ha ido instalando en la estructura municipal y que todas las disposiciones institucionales apuntan a su fortalecimiento. Como sustento a esta tesis, Haefner y Fuentealba (2010) señalaron que en el 45% de las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de municipios urbanos y de mayores recursos, está incorporada la temática. En tanto, en un 52% de los municipios estudiados se realizan labores de seguridad pública en otras dependencias municipales distintas a las DIDECO, éstas podrían ser SERPLAC o unidades especializadas en seguridad y protección civil. En suma, un amplio abanico de posibilidades que se abre para la incorpo-ración de la seguridad pública local.

Gráfico 3: ¿Conoce las iniciativas en seguridad ciudadana implementadas por su munici-

palidad? (%):


15%

85%

Sí No

Análisis de datos

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Dicho de otro modo, desde la opinión pública se desconoce el Consejo Comunal de Seguridad, pero se reconocen las acciones municipales que tienen directa relación con la seguridad, lo que refleja una clara diferen-ciación entre ambas dimensiones. Inicialmente una instancia de carácter local, patrocinada por la política nacional y que debía aglutinar a re-presentantes de la comuna con miras a conformar un cuadro consultivo y resolutivo en la materia, no se ha hecho visible para las personas; por otro lado, sí lo logran las acciones de prevención y control del delito en el plano local, tal vez facilitadas por vías de comunicación más directas. Este 15% de personas que conoce lo que su municipio hace en la materia permite visualizar las mayores fortalezas del gobierno local para abordar estos temas y explica que las personas apoyen esta institución en un 42% para la gestión de la seguridad, como lo veremos luego.

En síntesis, un claro desconocimiento del Consejo Comunal de Seguridad creado por el gobierno nacional, con asidero local y que debió ser la ex-presión de la participación de las organizaciones sociales, pero luego de al menos 3 o 4 años de funcionamiento el impacto en las personas es ba-jísimo. Sin desconocer sus problemas de constitución, en general, diversas opiniones de actores locales indican que esta instancia ha sido aprove-chada por los cuerpos técnicos y profesionales de la comuna para la gestión de políticas locales, y en menor medida como una instancia de diálogo y fortalecimiento social.

Estas estrategias si bien tienen asidero en la opinión de las personas, son inconsistentes con las políticas vigentes. Así, las personas creen en un 42% que las labores de seguridad y de prevención del delito deben estar ra-dicadas en los gobiernos locales, considerados más adecuados para es-tos fines que el gobierno central6, esta variable es denominada en este estudio como institucionalidad adecuada. Un porcentaje de aprobación a la gestión descentralizada de la seguridad que refleja la emergencia del gobierno local como actor clave en las políticas de seguridad frente al delito. En otro estudio demostramos no sólo la inclinación mayorita-ria de la ciudadanía por los municipios en tareas de seguridad, sino que

6 Este porcentaje es distinto a los datos de 2009 que señalaban que el 59% de las personas pensaban que la seguridad debía ser gestionada por las municipalidades.

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constatamos que aquellos que han sido víctimas del delito, quienes tie-nen mayores niveles de temor, que saben de las acciones municipales en la materia, pertenecientes a la Región Metropolitana, mujeres y personas mayores de 50 años apoyan y determinan, más que otros grupos, la des-centralización de la seguridad (Lagos 2010).

En tanto, Manzano (2009) en un estudio sobre violencia en barrios críticos ha reconocido una paradoja: pese a que el municipio y la comisaría de Carabineros son las instituciones que más trabajo desarrollan a nivel lo-cal en materia de prevención y control del delito, fueron las instituciones peor evaluadas en su estudio, las menos conocidas en cuanto a sus fun-ciones preventivas y distantes del barrio. Nosotros podemos destacar en cambio que la evaluación de los municipios supera los niveles regulares de conocimiento y confianza.

En efecto, y como se observa en el siguiente gráfico, las personas que conocían las iniciativas en seguridad tomadas por su municipalidad (el 15% de la población) las calificaron en cuatro niveles de aprobación, desde muy malas (acciones inadecuadas) hasta muy buenas (acciones convenientes). A este respecto, el 54,9% de las personas las evaluó como buenas. Visto de otro modo, un 62,7% calificó como buenas o muy bue-nas las iniciativas de seguridad de su municipio, un alto nivel de aproba-ción; en cambio, un 32% las indicó como malas o muy malas, lo que nos demuestra que pese a la opción mayoritaria de aprobación, hay que reconocer un grupo de personas que critica estas acciones, las cuestiona y desaprueba.

Gráfico 4: En general, las iniciativas tomadas por su municipio en temas de seguridad Ud.

las evaluaría como:


6,9%

25,8%

55%

7,8%

63,6%

8,8%

23,5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy malo

Malo

Bueno

Muy bueno

2009 2010

Análisis de datos

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En otro punto, Vanderschueren (2007b) indica que el liderazgo político es uno de los elementos diferenciadores de las prácticas contra el delito que logran buenos resultados. Es decir, la participación comprometida y decisoria de la autoridad civil en el campo territorial local. El liderazgo se expresa en los apoyos de la autoridad civil en materia discursiva, política y/o de gestión, referidos a la experiencia concreta del delito localizado. En un anterior estudio de casos sobre prevención a nivel comunal con-cluimos un explícito apoyo del municipio y del alcalde a estas materias, que la ciudadanía interpretó favorablemente (Lagos 2009). Sin embargo, el cumplimiento de las expectativas se ve frenado por las trabas estruc-turales del sistema municipal y por los escasos recursos que tienen para llevar a cabo una gestión eficiente e innovadora, que cumpla con los requerimientos de los ciudadanos.

En este estudio observamos que si bien existen opiniones negativas sobre los alcaldes en la materia (33% los califica con un mal liderazgo), un 47,4% de los sujetos aprecia como bueno y muy bueno el liderazgo del Alcalde en seguridad local. Esto implica que este liderazgo canalizado proactiva y positivamente puede ser una garantía de éxito de las iniciativas muni-cipales en la materia, y pueden servir para la institucionalización de éstas instancias (Véase Gráfico 5).

Gráfico 5:¿Cómo calificaría el liderazgo de su alcalde, con respecto a la seguridad de esta

comuna? (%):


42%33,4%

8,7%5,3%

Muy malo Malo Bueno Muy bueno

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En materia de participación ciudadana, los datos demuestran que la po-blación no participó durante el último año en la elaboración de algún Plan relacionado con la seguridad municipal. Estimación que demuestra la nula incorporación de la ciudadanía en instrumentos de gestión par-ticipativa, como podría esperarse al menos de los Planes Comunales de Seguridad, dependientes del Ministerio del Interior y que en 2009 se eje-cutaban en 100 municipios7.

Por su parte, en materia de evaluación del soporte institucional del muni-cipio para las tareas de seguridad se puede señalar que según nuestros datos existe una doble visión de las municipalidades chilenas. Una con un alto nivel de confianza institucional, pues ocupa posiciones con or-ganismos prestigiosos socialmente como las policías; otra, un nivel alto de percepción de corrupción, donde supera levemente al congreso o tribunales de justicia. Este patrón de análisis es decidor respecto de los servicios locales de prevención y colaboración en torno al delito, ya que es ahí donde puede gatillar su respaldo o desafección.

Finalmente, y más allá de niveles preocupantes de percepción de co-rrupción en los municipios, tradicionalmente se señala que los niveles de confianza hacia las instituciones muestran las expectativas de las perso-nas en los resultados de esas organizaciones. Es así que la bibliografía lo presenta como una medición del apoyo ciudadano hacia las institucio-nes democráticas; en tanto que el nivel de rechazo expresado en niveles bajos de confianza institucional muestran el desapego por ellas. En nues-tro estudio sometimos a opinión pública doce instituciones democráticas, comúnmente evaluadas en estudios de este tipo, tal como lo muestra el Gráfico 6, en una escala de valoración de tipo ordinal que va de un nivel “1” (muy poca confianza) hasta un valor “4” (mucha confianza).

7 Este dato es consistente con lo obtenido en 2009, donde un 1% manifestó participar en una instancia de ese tipo.

Análisis de datos

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Gráfico 6:¿Cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? (%):


Como se desprende del gráfico anterior la confianza en el municipio chi-leno aparece en un lugar destacado comparativamente con el resto de los organismos: un 51,5% considera algo o muy confiable a esta institu-ción. La que además es, como en el capítulo anterior se mostró, un factor predictivo en el componente subjetivo de la delincuencia: cuando es alta predice menos niveles de percepción de inseguridad en el barrio.

Por lo tanto, ¿Qué factores influyen en la confianza municipal desde la óptica de la seguridad local a partir de esta muestra? Para responder esta interrogante transformamos la variable confianza municipal medida originalmente a través de una escala ordinal, en una variable de tipo di-cotómica necesaria de asumir para el procedimiento de análisis logístico. Luego de este proceso la variable a predecir representa el 53,9% de los casos que considera a los municipios confiables.

48,4%

23,4%

24,9%

12,5%

13%

23,5%

14,6%

16,4%

7,8%

6%

8,2%

27%

36,6%

34,6%

32,8%

35,7%

27,5%

33,5%

30,3%

17,4%

17,8%

16,4%

19,5%

29,3%

29,7%

39,2%

36,4%

29,7%

37,3%

38,4%

38,2%

38,7%

40%

6,5%

7,6%

7,6%

8%

9,6%

11%

13,1%

32,5%

33,6%

33,9%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Partidos Políticos

Congreso

Tribunales de Justicia

Gobernaciones

Intendencia

Juntas de vecinos

Gobierno Central

Municipios

Fuerzas Armadas

Policia de Investigaciones(PDI)

Carabineros

muy poca confianza poca confianza algo de confianza mucha confianza

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Para el análisis de regresión logística introducimos variables explicativas agrupadas en factores sociodemográficos (sexo, grupos socioeconómi-cos, identificación política y edad de los sujetos) y factores contextuales (personas victimizadas en sus barrios, que conocen las iniciativas munici-pales de seguridad y percepción alta de inseguridad en el barrio), cabe destacar que probamos con otras variables de contexto y caracteriza-ción, pero los diversos test nos recomendaron eliminarlas de los modelos predictivos.

Luego de la realización de varios modelos logísticos, llegamos a conser-var un modelo definitivo que recoge algunas variables relacionadas di-rectamente con la experiencia del delito que tienen impacto en la va-riable dependiente. Los resultados del análisis final se pueden ver en el Cuadro 2. Algunos de los factores no lograron significancia estadística en ninguno de los test, solamente tienen peso explicativo las variables edad, identificación política y percepción de inseguridad.

Cuadro 2:Confianza Municipal. Resultados regresión logística modelo definitivo:

BLOQUE 1Sociodemográfica y

política

BLOQUE 2contextual

B EXP(B) B EXP(B)Sexo (mujer) -0,039 0,961 -0,043 0,958GSE (C2) -0,017 0,983 0,007 1,007GSE (C3) -0,239 0,788 -0,192 0,826GSE (D) -0,089 0,915 -0,026 0,974GSE (E) -0,276 0,759 -0,202 0,817Edad 0,013 1,014** 0,014 1,014**

Identificación política: centro derecha 0,454 1,574** 0,429 1,535**

Inscrito en registros electorales -0,145 0,865 -0,150 0,861

Victimizado 0,119 1,127

Conocimiento de iniciativas municipales 0,376 1,359Alta percepción de inseguridad en el barrio 0,336 0,714**

Constante -0,5130,599**

-0,3760,686**

Prueba Omnibus 24,316 10,377Pruebe Omnibus modelo 24.316 34,692R cuadrado de Nagelkerke 0,029 0,041


Sensibilidad 64,2% 63,3%Especificidad 47,4% 50,1%



Análisis de datos

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En primer lugar, a mayor edad de las personas hay 1,1 veces más chan-ces de confiar en los municipios que en sujetos de menor edad; en tanto, las personas identificadas como de centroderecha tienen un 53,5% más chances de confiar en sus municipios que quienes son de centroizquier-da o no tienen identificación política. El factor edad es tradicionalmente un elemento explicativo, tanto en análisis delictual como en acciones de apoyo a las instituciones. De igual modo, Morales (2008) mostró que las personas identificadas con la centroderecha confían más que otros grupos políticos en instituciones como carabineros, iglesia, municipios y gobierno, hecho que ratificamos con nuestra evidencia.

En segundo lugar, solamente uno de los factores contextuales incorpora-dos en el modelo predice los niveles de confianza municipal: la percep-ción alta de inseguridad en el barrio. Así, un 28,6% menos de chances de confiar en sus municipios tienen las personas que señalan una alta per-cepción de inseguridad en el barrio, que quienes tienen percepciones más bajas, puesto que su coeficiente B es negativo. Algo que ya vimos en nuestro primer modelo de análisis: el temor tiene una relación inversa con la confianza municipal.

Tanto los factores del género, el estrato socioeconómico como la inscrip-ción electoral no tienen significancia estadística en nuestro modelo de análisis, como tampoco victimización y conocimiento de iniciativas mu-nicipales.

El modelo definitivo determina en un alto porcentaje la confianza en los municipios medida según patrones de análisis convencionales del tema delictual, en un modelo que explica el 56% de los casos de nuestra me-dición, con un punto de corte de 0,54, con un correcto balance entre especificidad y sensibilidad.

4.3. Rol ciudadano

Siguiendo a Garland (2005) podemos decir que existe una nueva infraes-tructura a nivel local que está enfrentando el delito, la violencia y la vic-timización en nuestra sociedad. Esta nueva infraestructura se caracteriza por sostener variadas tácticas de prevención del delito (Sozzo 2000) que se sustentan en diferentes ideas criminológicas, teorías preventivas y teorías del control que se aplican y conviven en el plano local, superponiéndose

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o complementándose según sea el caso y con dispares resultados. De hecho, hay iniciativas en el plano local que se inspiran en las teorías de diseño espacial seguro (por ejemplo las originadas por el modelo CPTED), otras de policiamiento comunitario que persiguen una nueva alianza en-tre policía y sociedad, hay acciones de vigilancia barrial o de eficacia colectiva en barrios vulnerados (Manzano 2009), etc. Todas ellas confor-man actualmente un panorama múltiple y desigual de estrategias anti-delictuales que requieren la cooperación y la co-gestión entre diversos actores, preferentemente entre las propias personas y la institucionalidad local, como el municipio, las policías o los servicios desconcentrados.

Es por ello que resulta de interés conocer cómo desde la opinión de las propias personas se están gestionado estas relaciones en el plano local, cómo se conectan los sujetos con las instituciones relacionadas con la se-guridad, qué acciones son las más frecuentes y cuáles serían apoyadas más firmemente por los individuos en caso de ser necesario.

Pues bien, para esta dimensión de análisis sostendremos que existen algu-nas prácticas locales emprendidas por las personas y que tienen como fi-nalidad la generación de confianza, cohesión y cooperación entre ellas, como un paso previo a la construcción de seguridad. Es en cierta medi-da uno de los objetivos de las políticas públicas en la materia. La idea de estas estrategias es la conformación de una comunidad local activa en la prevención de la violencia y el delito. Por ello es que su relación con el municipio debe ser fluida, permanente y oportuna, con la mayor partici-pación debido a que desde las municipalidades “se recogen las deman-das ciudadanas y las acciones innovativas, se proyectan intervenciones más integrales que incorporan la participación de los residentes, no sólo como mano de obra sino como tomadores de decisiones” (Ruiz y Lizana 2009: 119).

Esta comunidad, considerada como actor y destinatario de las políticas, puede ser vista de modo simplificado como un agente ligado al proceso de disminución del delito y el temor democrático y participativo o, en contraste, como un mecanismo de defensa, es decir, un espacio homo-géneo y restrictivo. Estas dos posibilidades opuestas, una como un lugar de oportunidad para la prevención comunitaria en el plano local y otra como un obstáculo y fuente de estigmatización, se pueden ilustrar según los datos de nuestro estudio.

Análisis de datos

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Estos nos muestran que resulta difícil definir la hegemonía o predominio de una de estas visiones polares, sin embargo, según nuestra información, es posible por razones de conveniencia caracterizar las acciones y medi-das tomadas por la población en el pasado reciente.

Las opciones mayoritarias dicen relación, en primer lugar, con el esta-blecimiento de nuevas formas de coordinación social, cercana a la ver-tiente participativa y plural, de comunicación con otras entidades; en segundo lugar, aparecen las medidas relacionadas con más protección ambiental o personal, de carácter más físico o situacional; y en tercer lugar, las personas toman medidas de control o de supervigilancia en el ámbito local y, por ende, se asemejan a comunidades, grupos o personas más restrictivas o intolerantes, que poseen una mayor predisposición a la sospecha, al miedo a los otros y al retraimiento social. Ese es el orden de adopción de medidas ciudadanas que se sostienen en nuestros datos, como puede derivarse del Gráfico 7 que ilustra estas afirmaciones. Por este motivo, de forma desagregada podemos decir que la mayor medi-da adoptada por las personas durante el último año fue en primer lugar el intercambio de números telefónicos entre vecinos (26%); en segundo lugar la instalación de rejas, cercos o cierres en sus viviendas (16,2%); en tercer lugar, las medidas de coordinación con las policías (13%); y final-mente en cuarto lugar aparece la coordinación con las municipalidades para gestionar medidas de seguridad (7,8%). En resumen, estas acciones de gestión de la seguridad en las comunas y barrios pasan en su mayoría por el diálogo, el conocimiento mutuo y la convivencia entre los propios vecinos y las instituciones locales que les pueden cooperar en la tarea. La protección de sus casas con rejas o cierres de modo individual, si bien se aleja de la idea de cooperación social, revela la ansiedad y el senti-miento de inseguridad y muestran un resguardo básico tomado por las personas que ven amenazadas sus vidas por el delito.

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Gráfico 7:Medidas adoptadas en conjunto con los vecinos del barrio para sentirse más

seguros.


En esta visión retrospectiva de las acciones sociales la prevalencia es muy clara respecto de medidas de coordinación social, le siguen la pro-tección residencial y al final el control territorial, en una escala de menor a mayor restricción o control, o en caso contrario, de mayor comunidad barrial y cohesión a mayor asilamiento individual y defensivo.

Sin embargo, las opciones se invierten cuando las personas manifiestan opciones de protección y defensa de la comunidad de carácter futuro, prospectivas, destinadas a saber si los mismos sujetos apoyarían algunas nuevas opciones de política local y nacional. De acuerdo a nuestros da-tos, es abrumador el respaldo tanto a las instituciones policiales como a las Fuerzas Armadas en lo referido a su contribución a tareas de seguri-dad pública, como a agregar mayores controles institucionales en sus barrios y sostener medidas restrictivas o derechamente autoritarias en el combate a la delincuencia.

En efecto, un 76% de las personas entregaría mayores poderes y facul-tades a las policías para combatir la delincuencia, un 70% de las perso-nas estaría dispuesto a apoyar la existencia de policías municipales en su comuna. En tercer lugar, aparece el apoyo de un 64% a la existencia

26,0%

16,2%

13,2%

7,8% 7,0%

3,2%

7,1%

1,9% 1,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hanintercambiado

númerostelefónicosentre losvecinos

Han puestorejas, cercos ocierre en sus

viviendas

Han habladocon las policiaspara coordinar

medidas deseguridad

Han habladocon el municipiopara coordinar

medidas deseguridad

Han formado unsistema de

vigilancia entrelos vecinos

Tienen unsistema de

alarmacomunitaria

Tienen unsistema decontrol de

acceso paralas personasajenas a su

barrio

Han contratadoa una personaque vigile sus

casas

Han compradoo conseguidoarmas paradefenderse

Análisis de datos

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de guardias municipales. En cuarto lugar, está el apoyo del 62,3% de las personas a permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas en el com-bate a la delincuencia. En estas primeras cuatro opciones se revela una percepción de apoyo a que las municipalidades incrementen sus fa-cultades de prevención y control del crimen, como también un mayor apoyo en funciones de control de otras instituciones como las Fuerzas Armadas. El hecho que una gran mayoría de chilenos estén dispuestos a apoyar estas medidas revela la emergencia de un sentimiento pu-nitivo, que habría que seguir midiendo y explicando. Asimismo, la per-cepción de un mundo externo angustiante, extremadamente peligroso y una clara orientación hacia la defensa pública. Ciertamente llamati-vo resulta sostener estas acciones considerando que la seguridad es un bien o servicio que los ciudadanos están dispuestos a pagar a cual-quier precio, al punto de entregar mayores poderes a instituciones que hasta ahora están al margen de la vertiente pública de la seguridad.

Gráfico 8: Medidas que las personas adoptarían o apoyarían para sentirse más seguros.


En resumen, tenemos por un lado, sujetos que se coordinan, se protegen y se defienden, y personas dispuestas a entregar mayores recursos y atri-buciones en control del crimen a órganos que no tienen esos poderes. Estas opciones podrían sugerir estudios posteriores para afirmar si existe en Chile una demanda social robusta que exige respuestas más severas frente

76,4%70,6%

64,4% 62,3%

40% 38,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Que las policíastengan más

poder yfacultades para

combatir ladelincuencia

Que existieranpolicías

municipales ensu comuna

La existencia deguardias

municipales

Permitir lacolaboración delas FF.AA en el

combate a ladelincuencia

Pagaría porseguridad

privada para sufamilia

Le negaría laentrada al

vecindario apersonas ajenas

a su barrio

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a la delincuencia, fenómeno que la teoría cataloga como populismo punitivo (Varona 2008). No obstante, lo que resulta provocador es que los sujetos patrocinan medidas restrictivas y permiten que actores que tradicionalmente han estado en los márgenes de la seguridad pública asuman roles protagónicos: el apoyo a guardias y policías municipales, a las policías tradicionales y a las Fuerzas Armadas, implica el otorgamien-to de espacios de autonomía indebidos para estos organismos, ya que no existen elementos concretos que permitan comenzar un debate que solicite la existencia de policías municipales; tampoco está en la agen-da pública la masificación de guardias e inspectores municipales, si bien hay registro de que algunos se desempeñan en comunas urbanas, con alta población y mayores recursos; por otra parte, el rol de las Fuerzas Armadas es aún más limitado en estas tareas, pues funciona como cola-borador en casos de excepción o situaciones límites, que pueden estar más presentes por las situaciones vividas post-terremoto (febrero 2010); en tanto, la exigencia de mayores poderes a las policías es una solicitud que puede ser más concreta y cercana a la realidad, de hecho, está en la agenda legislativa la ampliación y facilitación de la actuación de las policías en la investigación de delitos, bajo el supuesto que favorece las tareas de persecución criminal.

Según Ávila (2005), se pueden distinguir actualmente tres tipos de prácti-cas locales de prevención ampliamente utilizadas, por un lado, estrate-gias de vigilantismo, consideradas como aquellas acciones relacionadas con la imposición de restricciones y supervisión de los propios vecinos, que en casos extremos pueden desembocar en acciones de “caza del enemigo”, o como ha ocurrido en algunos casos del resto del continente en el linchamiento de sospechosos sin la actuación del sistema de jus-ticia. Dammert (2005) ha dicho que algunas prácticas de este tipo de vigilancia barrial emula a los neighborhood watch desarrollados en los Estados Unidos. En nuestro estudio estas orientaciones se asemejan a las opciones de control o de supervigilancia, por ejemplo: contratar a per-sonas para que vigilen las casas, comprar o conseguir armas para de-fenderse de la delincuencia o simplemente controlar el acceso para las personas ajenas al barrio.

Un segundo tipo de experiencias locales que la literatura retrata son la construcción de espacios defendibles, que surgen de la herencia teórica de Newman (1973), es decir, el montaje de lugares con más seguridad, en

Análisis de datos

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esta práctica son los dispositivos de protección como alarmas, guardias privados, rejas, muros, monitores, armas, vigilantes, etc. Si bien hay pun-tos de contacto con las estrategias de vigilantismo vecinal, en nuestro estudio las definimos como las medidas de protección ambiental o per-sonal, en que incluimos la formación de sistemas de vigilancia entre los vecinos, la proliferación de cercos, rejas o cierres en las viviendas de la comunidad y la instalación de sistemas de alarmas comunitarias, con todo lo que está detrás de ellos, es decir: protocolos de acción, uso y mantención de dispositivos como botones de alarma, bocinas, letreros en las viviendas, etc.

Un tercer tipo de prácticas contemporáneas y muy utilizadas son las ini-ciativas de policiamiento comunitario y de prevención comunitaria; lo que predomina en ambos es la participación de instituciones policiales y la generación de confianza entre las personas del barrio. El nuevo tipo de participación e integración policías-comunidad promueve mejorar sus relaciones a partir de estrategias de acercamiento, de confianza mutua entre los funcionarios policiales y las personas y cuando corresponda con la movilización de las personas hacia la cooperación. Lo mismo ocurre entre agentes municipales y los líderes sociales. En nuestro estudio retrata-mos estos principios en acciones de coordinación social, donde incluimos medidas como el intercambio de números telefónicos entre los vecinos y el diálogo y la coordinación sistemática de los individuos, tanto con las policías como con el municipio para tomar medidas de seguridad.

En este último tipo de prácticas centramos la discusión final de este ca-pítulo, debido a que, entre otras cosas, las personas manifiestan accio-nes de coordinación directa con sus municipios. Por lo tanto, buscamos examinar los factores determinantes de esta relación de coordinación y articulación con actores locales (la probabilidad de coordinación repre-sentada en la muestra es de 0,13).

En consecuencia, realizamos un análisis de regresión logística con la ex-pectativa de predecir factores que influyan en la variable dependiente, es decir, en el grupo de personas que manifestaron realizar acciones de coordinación cercana a la vertiente participativa y plural, de comunica-ción con otros actores. El grupo de personas que se coordinaron durante el último año fue construido a partir de la fusión de las tres variables de base que expresaba este tipo de medidas preventivas. De este modo, se

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realizó un modelamiento estadístico sobre la base de satisfacer al me-nos dos de las tres posibles acciones de coordinación preestablecidas en nuestros indicadores, a saber: a) intercambio de números telefóni-cos entre los vecinos, b) coordinación con las policías o c) coordinación con el municipio para tomar medidas de seguridad. Este grupo quedó conformado por el 11.6% de los casos (luego de excluir casos perdidos, categorías de no respondientes y sujetos que indicaron sólo una acción de coordinación). Como se entiende, la nueva variable es robusta por cuanto considera a sujetos que tomaron al menos dos de tres medidas posibles, en consecuencia, sujetos altamente preventivos socialmente y que adquieren un rol fuerte de agentes de seguridad en el plano comu-nal.

Luego de varios modelos de regresión del tipo logístico, en los que rei-teramos nuestros patrones sociodemográficos y políticos (sexo, grupos socioeconómicos, identificación política y edad de los sujetos) y con-textuales (victimizados, confianza municipal, conocimiento de iniciativas municipales de seguridad, percepción de inseguridad en el barrio, y otros que testeamos pero que no se incorporaron a los modelos de análisis definitivos), concluimos en un modelo de análisis que recoge algunas va-riables que tienen impacto en la variable dependiente, como se puede observar en Cuadro 3.

En este modelo interpretativo los factores demográficos y políticos nueva-mente presentan escasa evidencia a partir de nuestra muestra: el efecto del género en acciones de coordinación es estadísticamente insignifican-te, a diferencia de lo que se relata en la literatura comparada; lo mismo acontece con la estratificación social a excepción del grupo socioeco-nómico E. Esta vez hay una relación estadísticamente significativa, pues muestra que las personas pertenecientes a este grupo tienen un 67% de chances de no coordinarse socialmente (debido a que su coeficiente B es negativo); misma situación ocurre con aquellas personas que no tienen identificación política, ya que tienen un 43% menos de chances de co-ordinarse que quienes sí se identifican con alguna tendencia política en Chile. En tanto, los efectos de la edad, de la situación de inscripción en los registros electorales y del resto de los estratos socioeconómicos no tienen significancia estadística. La edad es un supuesto permanente del análisis delictual, y a su vez, la inscripción electoral es un factor que podría sig-nificar algún tipo de compromiso de largo plazo con la institucionalidad

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local y con la vida cívica posible de rastrear en nuestro estudio, como se desprende de los identificados con la política del país. En cuanto a los factores contextuales sorprende el hecho que la variable victimización no tenga significancia, esto se podría explicar porque las acciones de prevención como la que buscamos predecir cubren a todos los sujetos por igual y no depende de su situación de víctimas reales, es decir, el hecho de saberse víctimas potenciales tal vez cobra mayor fuer-za en el asociativismo local. Tampoco tiene impacto el temor al delito en el barrio, como podría suponerse a partir de la literatura comparada y de nuestro marco referencial.

Dentro de esta dimensión, las variables de contexto ratifican que con-fianza en el municipio y conocimiento de acciones municipales sí tienen significancia estadística. Así, las personas que tienen altos niveles de con-fianza en sus municipios tienen un 129% de chances de asociarse con otros actores locales, respecto a quienes no confían en su municipalidad. Además, aquellos que conocen las medidas de seguridad implementa-das por su municipalidad tienen un 50% más de chances de asociarse con otros actores locales que quienes no las conocen. Estos dos factores de contexto, junto a los factores de no identificación política y de grupos socioeconómicos más desfavorecidos, son los que tienen efecto en la variable dependiente y definen en un alto porcentaje la coordinación social e institucional en las comunas del país.

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Cuadro 3:Coordinación social. Resultados regresión logística modelo definitivo:


Este modelo definitivo explica el 64% de los casos de nuestra medición, con un punto de corte preestablecido de 0,12 y con un balance ajustado entre especificidad y sensibilidad, pues predice correctamente un 64,2% y un 62,4% de los casos, respectivamente.

Al parecer, el establecimiento de rutinas de diálogo social e institucional en las comunas del país, el conocimiento mutuo entre vecinos y, del mis-mo modo, entre ellos y las policías y funcionarios municipales se da entre quienes conocen la seguridad municipal y confían en sus municipalida-des. Por el contrario, no tiene una distinción clara para las personas no identificadas políticamente, pues quienes se autodefinen políticamente

BLOQUE 1Sociodemográfica y

política

BLOQUE 2contextual

B EXP(B) B EXP(B)

Sexo (mujer) -0,09 0,991 -0,023 0,977

GSE (C2) 0,050 1,052 0,096 1,101

GSE (C3) -0,198 0,820 -0,101 0,901

GSE (D) -0,827 0,438** -0,691 0,501

GSE (E) -1,271 0,281** -1,124 0,325**

Sin identificación política -0,571 0,565** -0,560 0,571**

Inscrito en registros electorales 0,090 1,094 0,041 1,042

Edad (sobre 50 años) 0,148 1,159 0,143 1,153

Victimizado 0,354 1,425

Conocimiento de iniciativas municipales 0,831 2,295**

Confianza Municipal 0,410 1,507**

Alta percepción de inseguridad en el barrio 0,144 1,160

Constante-2,8260,059**

-2,3710,093**

Prueba Omnibus 31,658 22,716

Pruebe Omnibus modelo 31,658 54,374

R cuadrado de Nagelkerke 0,055 0,093


Sensibilidad 60,8% 64,3%

Especificidad 60,9% 62,4%


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predicen este tipo de actitudes. Esto también sucede con las personas del segmento pobre o más vulnerable ya que logran un impacto negati-vo en el modelo, pues en contraste con los otros grupos socioeconómicos de mayores ingresos son quienes menos toman medidas de coordinación a nivel local para enfrentar la delincuencia, aumentando su vulnerabili-dad delictual.

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5. Conclusiones

De esta forma volvemos a la pregunta que originó este estudio: ¿Qué estamos haciendo en seguridad pública local? De acuer-do a los resultados de este estudio múltiples estrategias, rutinas, coordinaciones y tácticas que combinan las dimensiones ob-jetivas y subjetivas de la delincuencia. En general, se reiteran los patrones impuestos por las instituciones encargadas de la delincuencia y las personas reaccionan ambiguamente frente a la experiencia del delito en Chile.

En efecto, hay personas que emprenden acciones directamen-te relacionadas con la prevención del delito, de manera eficaz, coordinada, conocen las acciones de sus municipios, en cam-bio, otros sujetos se previenen de manera esporádica, indirecta, caracterizándose por un sentimiento de inseguridad mayor a la victimización real, albergando sentimientos de desconfianza, sospecha y ejercen o quieren ejercer control sobre sus territo-rios.

La evidencia nos muestra que las personas participan esca-samente en la gestión institucionalizada de la seguridad, pero participan de modo activo en la gestión vecinal de su propia protección y mucho más apasionadamente en estrategias in-dividuales. Ahora sabemos lo que hacemos: nos coordinamos y apoyamos entre vecinos, valoramos enormemente a las poli-cías, conocemos lo que hacen nuestras municipalidades y que-remos que ellas tengan más poder para protegernos; también

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nos gustaría que las Fuerzas Armadas colaboraran en el combate a la delincuencia, lo que arroja sombras de dudas debido a la generación de roles indebidos institucionalmente.

En materia de comprobación de hipótesis podemos decir lo siguiente. El principal problema público comunal sigue siendo la delincuencia, ob-servándose que los niveles de victimización a nivel de barrio están en niveles medios (23%), por tanto, la percepción de la evolución de la de-lincuencia a nivel de barrio sigue siendo preocupante: hay un alto temor y las personas califican negativamente la seguridad barrial. Lo que tiene mayor impacto en las personas atemorizadas es, como lo presenta la literatura comparada, el hecho de ser víctima de un delito, en contrapar-tida, los niveles de temor diminuyen en la medida que impactan en las personas la confianza en sus municipalidades y la población conoce las medidas de seguridad municipal.

En una segunda dimensión, la redefinición de las instituciones y el des-centramiento del Estado en seguridad son evidentes a la luz de nuestro estudio. La emergencia del municipio es palpable. Las tareas de preven-ción del delito comunal emergen como el principal asunto a tratar por los municipios, situación que no reflejan el resto de los estudios de opinión. El grado de conocimiento de las personas sobre el Consejo de Seguridad Comunal es prácticamente nulo (debería funcionar en más de 100 muni-cipios del país), lo que abre cuestionamientos a este tipo de estrategias nacional-locales y que se derivan de los actuales marcos normativos a nivel de gobierno. Contrariamente a lo que suponíamos, el conocimiento de las personas sobre las acciones municipales en seguridad no es tan bajo, de hecho un 15% de la población las conoce y quienes las cono-cen las evalúan positivamente; además es un factor predictivo del temor al delito y de la coordinación a nivel local.

La evaluación de los alcaldes en seguridad es, en general positiva, lo que ratifica la importancia que la literatura señala sobre el rol de los alcaldes como ejes articuladores de las coaliciones locales que dan buenos resul-tados en la prevención local del crimen. Su participación decidida, legíti-ma y representativa es innegable, pero no concebido como un conjunto de atributos personales sino más bien como una práctica social perma-nente.

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También comprobamos que la participación ciudadana en planes de se-guridad municipal es nula, lo que ahonda las preocupaciones por el ne-cesario aprovechamiento de las organizaciones sociales y de las perso-nas por la oferta pública en la materia, considerándose un elemento que es indispensable para lograr buenos resultados en la seguridad local.

En materia de apoyo a la institucionalidad constatamos que el municipio chileno presenta mayores apoyos que otras instituciones encargadas del delito, posicionándose junto a las policías como los actores más confia-bles. En contraste, desechamos la hipótesis original de que las personas prefieren a los municipios por sobre el gobierno para gestionar políticas de seguridad pública, sin embargo, hay un 42% de la población que ve a los municipios como los futuros encargados de la materia, arrojando interesante evidencia prospectiva para la descentralización de estas la-bores.

Los elementos que tienen efectos en los niveles de apoyo al municipio son, primero, la edad (personas de mayor edad) y la identificación políti-ca con la centroderecha, a diferencia de las personas no identificadas o de centroizquierda, pues predice un mayor apoyo a los municipios.

Enseguida, a medida que el temor o inseguridad en el barrio disminuye, la confianza municipal aumenta, con lo que entregamos un elemento novedoso al debate científico sobre la naturaleza subjetiva de la insegu-ridad.

En la tercera dimensión de análisis, comprobamos que las personas adop-tan medidas para sentirse más seguros, las que oscilan entre un polo socie-tal y comunitario (extensivo) y otro individualista y autonómico (intensivo). En ese espacio intermedio predominan formas de coordinación social, cercana a la vertiente dialogante y plural, luego, medidas relacionadas con más protección ambiental, físico o situacional; y finalmente, accio-nes de control o de supervigilancia en sus barrios, llegando a conformar un grupo de acciones restrictivas o de sospecha y retraimiento social, aún cuando estas opciones siguen siendo minoritarias, puesto que la táctica más permanente y apoyada es la vía comunitaria de organización, que se basa según Sozzo (2000) en la presunción de que el delito es el resulta-do del fracaso de los procesos de socialización y control social informal de la vida en comunidad.

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De naturaleza prospectiva, comprobamos que las personas apoyarían para sentirse más seguros en un futuro próximo acciones persecutorias y de control, con más apoyo de las policías y las Fuerzas Armadas, en-tregando altos apoyos a que las municipalidades cuenten con guardias e incluso policías propios, una situación que por el momento está fuera del debate público. La experiencia comparada también muestra casos de abandono de las policías municipales, como actualmente sucede en México debido, entre otras cosas, a situaciones de corrupción, malas prácticas e ineficiencia policial.

Para el estudio de un fenómeno multicausal como es la seguridad pú-blica, comprobamos el impacto del componente subjetivo y de la ex-periencia directa del crimen en la vida de las personas, dado que son variables que presentan un mayor poder predictivo que los tradicionales indicadores de mediano y largo plazo que la literatura especializada dis-cute. Los aspectos demográficos, socioeconómicos y políticos, tienen un poder explicativo limitado, en contrapartida, factores de contexto local, como el rol de las municipalidades en la vida pública relacionada con servicios de seguridad y prevención emergen con particular éxito. Por ejemplo, a medida que los municipios aumentan sus acciones en pre-vención del delito y en medidas de colaboración de la seguridad local la gente tiene menos miedo al crimen en su barrio, confía en sus institucio-nes y logra mayores niveles de coordinación social. Del mismo modo, el liderazgo de los Alcaldes en la materia asoma como un elemento clave.

Para Beck (2002) los individuos crean sus identidades en un mundo donde las instituciones pierden su poder, por tanto se construyen mundos pri-vados y las soluciones se vuelven singulares. Una de las posibilidades de rescate de las instituciones que colaboran en la construcción social es lo que Tocqueville (1957) mencionó a fines de siglo XIX: las organizaciones políticas locales son los medios principales para obtener libertad y par-ticipación. Lo local en materia de política de seguridad puede llegar a profundizarse y a contribuir a este doble desafío: en un mundo individuali-zado el resurgimiento de los grupos sociales, como los surgidos de la orga-nización comunitaria, que como vimos en este estudio tienen un impacto comprobado en la reducción del crimen, o de las municipalidades, con liderazgo y articulación de respuestas públicas, que como ratificamos generan efectos en confianza pública, disminución del temor y entrega de servicios específicos a nivel local, permitiendo mejorar la gobernanza,

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concebida como la relación que se establece entre la sociedad civil y el estado o el gobierno local, entendida como una relación cooperativa entre ambos para la formulación de políticas públicas.

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¿Qué estamos haciendo en seguridad pública local?

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