PROPUESTAS PARA REVOLUCIONAR

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PROPUESTAS PARA REVOLUCIONAR EL SISTEMA EDUCACIONAL CHILENO 10 PRINCIPIOS 60 REFORMAS JUNIO 2013 Estas propuestas corresponden a una elaboración colectiva de Revolución Democrática, liderada por su Comisión de Educación.

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PROPUESTASPARA

REVOLUCIONAREL SISTEMAEDUCACIONALCHILENO

10 PRINCIPIOS60 REFORMASJUNIO 2013

Estas propuestas corresponden a una elaboración colectiva de Revolución Democrática, liderada por su Comisión de Educación.

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Nuestro movimiento tiene la convicción de que es indispensable abordar y poner en práctica, de manera gra-

dual pero decidida, las siguientes 10 revoluciones en educación1. Creemos que estas reformas son fundamen-

tales para construir un nuevo sistema educacional, que entregue a todos los ciudadanos – independiente de

su origen o condición social – oportunidades de desarrollo integral equitativas, pero que por sobre todo se

transforme en un espacio relevante para el desarrollo y profundización de nuestra democracia.

Por cierto, estas reformas no pueden ser aplicadas por decreto. Requieren de una gradualidad temporal y una

priorización en la que debieran participar distintos actores. Sin embargo, hemos querido proponer un conjunto

amplio de revoluciones pues creemos que este proceso de cambio debe ser sistémico, abordando nuestros proble-

mas educacionales de manera integral. De otra manera será muy difícil avanzar sustantivamente.

Cada una de las revoluciones que proponemos se presenta a través de principios guía – en general ausentes en la

discusión educacional – que luego se complementan con las reformas concretas que creemos deben implemen-

tarse para construir un sistema educativo que esté a la altura de lo que la sociedad espera de él.

1 Estas propuestas están basa-

das en un diagnóstico que pu-

ede revisarse en: http://www.

revoluciondemocratica.cl/

wp-content/uploads/2013/03/

RD_Educación_documento_

v3.pdf

Construir un proyecto educativo público y nacional, que ponga a los estudiantes en el centro del proceso educacional en sus distintas etapas y que sea consistente con nuestro modelo de desarrollo

I. El país necesita, antes que todo, definir un horizonte normativo compartido para el sistema

educativo chileno en su conjunto, que oriente las políticas a mediano y largo plazo. La generación

de este proyecto nacional, definido a través de un proceso participativo y democrático, es

fundamental para devolver a la educación su carácter público. Nuestra ciudadanía merece

definir qué quiere, espera y exige a su sistema educativo

1. Implementar un amplio proceso nacional de diálogo ciudadano que permita definir el proyecto educa-

cional que guiará las políticas del sector al menos en los próximos 20 años. Este proyecto considerará

distintas instancias de participación de la ciudadanía.

2. Establecer un mecanismo amplio y democrático (ej. referéndum nacional) para la aprobación de este

nuevo proyecto educativo nacional.

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Ampliar la noción de calidad de la educación, promoviendo una mirada integral del proceso y los resultados educacionales

II. Entendemos educación de calidad como aquella que conduce al desarrollo integral de los y las

estudiantes, lo que por cierto trasciende con creces aquellas competencias que pueden medirse

a través de los instrumentos estandarizados como el SIMCE o la PSU. Además de avanzar en

una nueva definición de calidad (que integre la dimensión social, emocional y cognitiva del

aprendizaje), proponemos un conjunto de medidas clave que ayuden a asegurarla en todos los

niveles educacionales.

3. Realizar una revisión y ajuste del currículum nacional de acuerdo a la redefinición del concepto de calidad, que

sea consistente con el proyecto educativo nacional y que tome en cuenta el dinamismo del conocimiento en la

sociedad que vivimos.

4. Reformar el Sistema de Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), convirtiéndolo en un Siste-

ma de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad Educativa, modificando el enfoque de evaluación imperan-

te y priorizando el uso formativo de las pruebas en los establecimientos, transformándolas en una herramienta

que apoye y oriente el trabajo de profesores y directivos escolares.

5. Reducir el número de evaluaciones censales, que abarcan a todo el sistema, avanzando hacia un equilibrio con

mediciones de carácter muestral (que son menos costosas, más pertinentes para monitorear la calidad de la edu-

cación y no tienen consecuencias para los establecimientos individualmente). Para ello, es necesario revisar y mo-

dificar el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y algunas funciones clave de las instituciones que lo

componen.

6. Eliminar los rankings públicos de establecimientos educacionales, cuya implementación produce comprobados

perjuicios para el sistema escolar y no promueve su mejora, sino solo la competencia entre escuelas.

7. Ninguna escuela debería ser abandonada a su suerte. Proponemos crear un Programa Nacional de Mejoramiento

de Escuelas y Liceos, que contrapese la presión que recibe el sistema con apoyos y fortalecimiento de las capaci-

dades de los establecimientos. En este programa, el apoyo y la colaboración entre escuelas será uno de los ejes

claves para el mejoramiento. Entendemos el cierre de escuelas como un fracaso de todas las instancias del sistema.

Apuntamos a que todas las escuelas pueden y deben ser capaces de mejorar.

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8. Acreditación obligatoria y permanente de las instituciones de educación superior y sus carreras. Todas

aquellas instituciones y carreras que no logren superar la calidad exigida en el proceso de acreditación

(que incluirá criterios de proceso y resultado) deben ser clausuradas si las debilidades detectadas no son

resueltas en un período limitado de tiempo. La acreditación no podrá ser contratada ni costeada por la

institución que busca certificarse.

9. Creemos que es imposible garantizar calidad en la educación superior con la magnitud de la oferta exis-

tente. Proponemos restringir y regular la creación de nuevas instituciones y programas de educación

superior, subiendo los requisitos necesarios para operar en el sistema, a través de criterios mínimos de

calidad y de estudios previos sobre demanda y pertinencia de cada programa.

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Devolver al Estado su rol de garante del derecho a una educación de calidad para todos y todasIII. El Estado debe garantizar en plenitud el derecho de las personas a una educación de calidad. Esta

revolución supone modificar la Constitución de la República y entregar mayores atribuciones

al Estado y asegurar el cumplimiento de los principios de gratuidad, universalidad y calidad en

todos sus niveles (parvularia, básica, media y superior).

10. Reforma constitucional que defina rol del Estado como garante de una educación de calidad, y no solo

como encargado de “fomentar” la educación (como hoy se establece en la carta fundamental)

11. Crear una nueva institucionalidad para la educación parvularia, que aborde separadamente los roles de

financiamiento, provisión, evaluación de calidad y fiscalización. Esto implica integrar el actual entrama-

do de instituciones y agencias que definen políticas o administran establecimientos para este sector (IN-

TEGRA, JUNJI, MINEDUC), proponiendo un nuevo ordenamiento político, técnico y administrativo.

12. Redefinir y potenciar el rol del Ministerio de Educación como agente articulador de la nueva institu-

cionalidad definida por la Ley General de Educación en el nivel escolar. El MINEDUC dejará de ser una

entidad subsidiaria, asumiendo ahora un rol protagónico en la definición de políticas educacionales y en

la conducción técnica del sistema escolar.

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13. Nuevo marco legal para la educación superior. Proponemos derogar la LOCE (que sigue vigente en este

nivel), y generar una nueva Ley Marco para la educación superior, entregando al Estado más y mejores

atribuciones para regular el sistema en su conjunto, exigiendo a las instituciones de educación superior

el cumplimiento de mayores requisitos de calidad y equidad, y garantizando la existencia de una red pú-

blica de instituciones de educación superior inclusiva, tanto Universidades como Centros de Formación

Técnica, inclusivos y de alta calidad.

Recuperar y reconstruir una educación pública de calidad en todos sus niveles IV. Es indispensable jugársela por la recuperación de la educación pública, que deberá ser

gratuita y de calidad en todos sus niveles. No existirá educación de calidad y menos equidad

en Chile sin una nueva educación pública, valorada por la ciudadanía. Aspiramos a una

educación pública de calidad – parvularia, escolar y superior – que vuelva a ser mayoritaria

en nuestro país.

14. Reforma a la institucionalidad de la educación pública, a través de la creación de una nueva entidad, des-

centralizada y profesional, que administre las escuelas y liceos que hoy son propiedad de las municipali-

dades. Estas nuevas entidades no debieran superar un número de 50 (cercano al total de provincias hoy

existentes en el país).

15. Creación de un financiamiento basal para la Educación Pública, complementario y distinto al modelo de

subvención, que permita mejorar las condiciones de este sector e implementar la nueva institucionalidad.

16. Regulación de la creación de nuevas escuelas (públicas y privadas), previa autorización del MINEDUC

fundada en estudios pertinentes que analicen un conjunto amplio de dimensiones (educativas, sociales,

económicas, geográficas, etc.). Este punto debe ser articulado con los instrumentos de planificación urbana

y con los planes reguladores de las distintas comunas del país.

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17. Fortalecer la formación técnico profesional a nivel del sistema escolar, generando vínculos eficientes con el

sector productivo y social del país, pero también con los actores de la comunidad local, que permita darle

pertinencia a esta modalidad. Adicionalmente, se propone un incremento en los recursos públicos y priva-

dos destinados a la educación media TP, junto con la actualización e inversión en recursos pedagógicos y

técnicos de cada especialidad. Debe además existir una ruta lógica para que un estudiante TP pueda enca-

minarse hacia una carrera técnica o universitaria.

18. Proponemos evaluar la existencia del modelo de administración delegada, revisando sus resultados y la

pertinencia de subsidiar a grupos gremiales del sector productivo que no muestren calidad de formación,

adecuada inserción laboral y continuidad de estudios con el nivel superior.

19. Desde el Estado se debe promover la existencia de Universidades Públicas y de Excelencia en todas las

regiones de Chile. Esto permitirá además crear una red de universidades estatales. La idea es que a través

de la expansión del sistema público se reduzcan las universidades que no satisfacen un mínimo de cali-

dad. Chile no debiera tener más de 30-35 universidades importantes y de calidad.

20.Transformación del Aporte Fiscal Directo en un Financiamiento Basal Estatal para las Universidades

del CRUCH, que podría ser complementado con un fondo especial para las privadas sin fines de lucro

que hagan un aporte comprobable al país, asignados en función del plan de desarrollo que cada una de

ellas tenga y contra convenios de desempeño (como lo hace MECESUP).

21. Creación de al menos un CFT e IP público en cada una de las regiones del país. Estas nuevas institucio-

nes se coordinarán estrechamente con los liceos TP de sus territorios y se transformarán en modelos para

el resto del sistema.

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Ampliar los espacios de participación y fortalecer la democracia desde las instituciones educacionales, formando ciudadanos y ciudadanasV. La educación debe ser el espacio clave para el desarrollo y fortalecimiento de nuestra

democracia. Esto supone por una parte ampliar los espacios de participación en todos los

niveles, incluyendo a todos los actores del sistema educativo, y por otra reestructurar el

currículum incorporando central y transversalmente la educación cívica y la formación

democrática y ciudadana.

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22. Ampliación de las funciones y atribuciones de los Consejos Escolares, que le permitan tomar decisiones

relevantes en escuelas y liceos (Ej.: aprobación de planes de mejoramiento, proyecto educativo, reglamen-

to de convivencia, entre otras decisiones).

23. Creación de Concejos Locales de Educación que promuevan instancias de diálogo permanente entre

el MINEDUC, sostenedores, directivos, docentes, estudiantes y familias, que sirvan como espacio de

discusión para el diseño e implementación de las políticas educativas en el nivel escolar y parvulario.

24. Generación de una metodología de deliberación y revisión de las bases curriculares del sistema escolar,

que permita que este importante instrumento tenga legitimidad a nivel de los distintos actores sociales

(profesores, directivos, estudiantes, familias).

25. Fortalecimiento de la formación ciudadana y en derechos humanos y civiles en el currículum de la

educación básica y media.

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26. Apertura de espacios para la participación formal de los distintos estamentos (estudiantes, docentes,

funcionarios, etc.) en las instituciones de educación superior, garantizando además el derecho a orga-

nización de dichos estamentos. Esta medida es clave para la democratización de la educación superior.

27. Creación participativa de un “Estatuto del Estudiante”, que establezca derechos y deberes de este impor-

tante actor de la Educación Superior, junto con promover la existencia de un “Consejo Nacional Estu-

diantil”, órgano de deliberación, participación y consulta de los estudiantes ante el MINEDUC.

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Promover la diversidad en las unidades educativas, eliminando los procesos de selección y trato discriminatoriosVI. Parte esencial de la crisis educacional que enfrenta nuestro país es la inaceptable segregación

social, económica y cultural que se reproduce en cada uno de sus niveles, perpetuando las

desigualdades. Estas desigualdades no sólo se refieren a disparidades en el acceso a una

educación de calidad, o a la dispar provisión de la educación dependiendo de la zona geográfica,

región, comuna o localidad en donde un estudiante se encuentre, sino que también se expresa

en las escasas posibilidades que tienen actualmente los estudiantes de diferentes grupos

sociales de integrarse e interactuar en el espacio educativo, para de esta forma ampliar su

capital social y cultural.

Resulta indispensable construir un nuevo marco normativo e institucional que reduzca la

segregación y fomente decididamente la integración y cohesión social y cultural. Prioritario

en este plano es:

• Eliminarlosmecanismosinstitucionalesydelsistemaeducativoquegeneranbarrerasala

integración y cohesión social en la educación escolar.

• Construirunapolíticadeintegraciónycohesiónsocialenlaeducaciónsuperior,incluyendo

estrategias y medidas específicas que la generen y fomenten.

• Construirunapolíticaeducativaquerecuperey fomenteelvalorde ladiversidadenlos

procesos de enseñanza y aprendizaje

• Construirunapolíticaeducativaquetengaporobjetivocombatirlasdesigualdadesyroles

de género tradicionales, transformando a los establecimientos educacionales en agentes

socializadores de cambio.

28. Creación de una red nacional de “Escuelas (o liceos) integrados socialmente” (al menos uno por co-

muna), que demuestren el valor y los buenos resultados de la educación socialmente diversa. Los liceos

de excelencia creados en los últimos años deberán transformarse a esta modalidad de establecimientos

integrados, social y académicamente.

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29. Eliminación de cualquier mecanismo de selección por características socioeconómicas, religiosas, cul-

turales o académicas de los estudiantes en la educación parvularia, básica y media de todos los estableci-

mientos con financiamiento público. Se establecerá la selección aleatoria como forma legal de resolver las

diferencia entre demanda y cupos disponibles.

30. Desarrollo de políticas, estrategias y medidas que fomenten y promuevan la interculturalidad en los es-

tablecimientos educacionales del país, como por ejemplo la enseñanza de la historia y lengua de nuestros

pueblos originarios.

31. Fortalecer las estrategias de integración e inclusión social de estudiantes con necesidades educativas

especiales (NEE) en los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media del país.

32. Implementar una política nacional de promoción de los talentos (académicos y no académicos) en las

escuelas y liceos, con énfasis en aquellos que trabajan en contextos desaventajados.

33. Enfrentar de manera directa el fenómeno de la deserción y fracaso escolar, a través de la creación de

políticas y estrategias de retención, que entreguen incentivos y apoyos a las escuelas para la retención de

alumnos de los tres primeros quintiles. Entre estos instrumentos se deben considerar becas de manten-

ción, alimentación, transporte, etc.

34. Nueva política de admisión de los jóvenes a la educación superior, que disminuya la ponderación de la

PSU y que ponga énfasis en mecanismos complementarios de acceso (como rendimiento en el estable-

cimiento de origen y propedéuticos). Esta política debe incorporar mecanismos especiales de admisión

para jóvenes provenientes de la educación media técnico profesional, que les permita continuar con ca-

rreras afines a su especialidad.

35. Garantía de acceso, condiciones de estudio y permanencia diferenciados para estudiantes con necesida-

des educativas especiales.

36. Promover y desarrollar estrategias de inserción exitosa y continuidad de estudios de estudiantes en el

nivel superior reduciendo significativamente sus tasas de deserción. Una de las medidas asociadas debe

ser la creación de una Beca de mantención garantizada (de 150 mil pesos como piso, expresado en UF o

UTM) para los 3 primeros quintiles.

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Crear un nuevo sistema de financiamiento para la educación chilena en todos sus niveles, basado en la gratuidadVII. Es evidente, y así lo han señalado incluso algunos organismos internacionales, que tanto en el

caso de la educación escolar como superior, la manera en la que se está financiando el proceso

educativo en Chile es profundamente injusta y en algunos casos completamente insuficiente.

El sistema de financiamiento debe estar al servicio del objetivo de una educación de calidad

para todos, por lo que es indispensable buscar modelos alternativos.

37. Gratuidad en todo el sistema escolar (parvularia, básica y media) de la educación financiada pública-

mente, lo que implica la eliminación (en un plazo máximo de 6 años) del financiamiento compartido.

38. Sistema de financiamiento de la educación que reduzca el peso de la asistencia, considere un financia-

miento basal por matrícula anual estimada para las escuelas y tome en cuenta los costos de educar con

calidad, sobre todo en contextos desaventajados. Debe haber una base estable para enfrentar costos fijos

asociados a educar con un piso mínimo de calidad.

39. Avanzar en un período de 6 años a un financiamiento por alumno promedio de al menos 150.000 pesos

(sin considerar aportes adicionales como la Subvención Escolar Preferencial).

40. Fijación de un costo máximo de referencia según la carrera e institución de Educación Superior, de acuerdo

a exhaustivos estudios de costos y considerando reajustes anuales. Esto permitirá eliminar los copagos de

los estudiantes y también que el Estado garantice becas que cubran el 100% de los aranceles reales.

41. Sobre la base de lo anterior y para financiar el costo por alumno, proponemos avanzar hacia un sistema de

“Gratuidad Progresiva Universal”, que se funde en los pilares de justicia y solidaridad, en la cual todas y

todos los estudiantes puedan ingresar a estudiar, buscando para ello alternativas tributarias que permitan

financiar este sistema solidario con aportes obligatorios y contingentes a los ingresos de los egresados.

42. Reforma al Aporte Fiscal Indirecto y su transformación en AFR (Aporte Fiscal a la Retención). Se trataría

entonces de un aporte a las instituciones para incentivar la retención de alumnos provenientes de los tres

primeros quintiles. Se pagaría por alumno y su monto debe ser inversamente proporcional a su nivel so-

cioeconómico. Además, se pagaría crecientemente a medida que el alumno avanza en la carrera.

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Eliminar el lucro en la educación escolar y superior VIII. La educación debe ser antes que todo un bien público que el Estado garantiza como derecho a

sus ciudadanos. Este principio no es compatible con el de la ganancia económica privada, que

privilegia el beneficio individual por sobre el derecho a una educación de calidad. No creemos

en la educación como un bien de consumo o mercancía.

43. Se propone eliminar progresivamente el lucro en todos los niveles del sistema educacional – lo que im-

plica permitir que operen solamente fundaciones o entidades sin este fin – e impulsar un marco regulato-

rio estricto para garantizar el cumplimiento de esta medida. Establecimientos privados que no cumplan

con este principio serán cerrados y/o administrados provisionalmente por el Estado.

44. En el caso de la educación superior, el lucro debe ser prohibido no sólo en la modalidad universitaria,

como ocurre actualmente, sino en todas las modalidades de educación superior (CFT e IP).

45. Implementación de una Superintendencia de Educación Superior que tenga como misión prioritaria

la fiscalización del uso correcto de los recursos públicos y la no existencia de lucro en cualquiera de sus

expresiones.

46. Las universidades privadas que son agentes de gratuidad, contribuyen al fin del lucro y cumplen con los

estándares de calidad exigidos, podrán incorporarse al CRUCH con todos sus derechos y deberes. Las

que no cumplan con los estándares financieros y de calidad establecidos, no podrán seguir recibiendo

alumnos (operando figura de administrador provisional encargado del cierre).

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Entregar a los profesores, profesoras y directivos un liderazgo prioritario en los esfuerzos de cambio educacional que queremos impulsar IX. Es indispensable hacer de la pedagogía una de las profesiones más valoradas y respetadas

en la sociedad chilena, lo que significa mejorar sustantivamente sus condiciones de trabajo,

así como reestructurar su formación inicial y continua, ofreciendo a los docentes reales

oportunidades para progresar en su carrera profesional. Esta carrera docente debiese exigir

y beneficiar por igual a todos los profesores y profesoras de establecimientos subvencionados

(públicos y privados, parvularios y escolares) del país.

47. Implementación de una Nueva Carrera Docente, que valore equilibradamente la calidad profesional– indi-

vidual y colectiva –, la experiencia y el perfeccionamiento, pero que por sobre todo eleve las remuneraciones

de los profesores en un 100% respecto a la situación actual, en un período máximo de 6 años. Las educadoras

de párvulos deberán formar parte de esta nueva carrera docente. Además, esta nueva carrera deberá con-

tener un conjunto atractivo de mejoras laborales para todos aquellos profesores de calidad destacada que

quieran moverse o permanecer en escuelas y liceos públicos.

48. Evaluación docente formativa (es decir, orientada a entregar información para la mejora), y aplicada a to-

dos los profesores de establecimientos municipales y particulares con financiamiento público.

49. Creación de un sistema especial de evaluación y acreditación de las facultades y carreras de educación, con

altas consecuencias, que eleve los estándares de calidad en la formación de nuevos profesores y apunte a

reducir el número de instituciones y programas actualmente existentes en el mediano plazo. Dentro de las

facultades de este sistema estará proponer una regulación del número de cupos para diferentes carreras de

pedagogía en las cuales se pueda hacer una estimación específica de la proyección de su demanda.

50. Implementación de un Programa Nacional de alianzas entre las escuelas/liceos y las facultades de edu-

cación acreditadas. El objetivo de este programa será comprometer al sistema escolar en la formación de

profesores, junto con favorecer una adecuada inducción de los nuevos docentes.

51. Creación de un sistema de habilitación de profesores que establezca un filtro de calidad para quienes ejerce-

rán la profesión y cuyos resultados tendrán consecuencias para las instituciones formadoras.

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52. Reestructurar el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica para que

vuelva a ocupar un lugar central en el desarrollo de políticas para fortalecer las capacidades de docen-

tes y directivos, con un énfasis especial en las nuevas generaciones de profesores.

53. Conformación de una nueva política de formación continua de los docentes en ejercicio, que se nutri-

rá principalmente del trabajo de profesores de excelencia que contribuirán apoyando y acompañando

a otros docentes, y que deberá contar con el concurso activo de las mejores facultades de educación.

54. Creación de una política de Tiempo Docente que asegure una proporción justa entre horas lectivas y

horas de planificación (al menos 2/3 y 1/3), favoreciendo así una mejor preparación y reflexión perma-

nente de su trabajo.

Construir un sistema educacional basado en la colaboración como vía para la creatividad e innovación X. Un salto en la calidad de nuestra educación solo será posible si el país pone su atención en

desarrollar las capacidades necesarias para ese cambio. Para avanzar decididamente en

esta línea, las bases del modelo actual (centrado en la competencia) deben modificarse,

remplazándolas por estrategias y lógicas de colaboración, solidaridad y trabajo en red.

Nuestro principal activo para la reforma está en las mismas instituciones educativas, y es

un deber aprovecharlo y proyectarlo a todo el sistema. La incorporación de la innovación

tecnológica cumple un rol central en esta tarea.

55. Crear un conjunto de políticas e incentivos que apunten progresivamente a eliminar la dinámica de com-

petencia entre establecimientos. Este cambio de base es central para crear un sistema que promueva la

colaboración entre escuelas, aprovechando así los conocimientos de profesores, directivos y sostenedores

como catalizador de la mejora.

56. Entregar al MINEDUC un rol clave en el diseño, promoción y financiamiento de iniciativas de colabora-

ción entre escuelas. Esto implica además enfrentar las tareas de desarrollo de capacidades en el sistema

con una mirada integrada, y no sólo pensando en las escuelas como unidades aisladas.

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57. Impulsar la creación de un registro de directores destacados, que asegure financiamiento para establecer

relaciones de apoyo y colaboración con escuelas de una determinada zona. Se debieran entregar recursos

para reforzar el equipo técnico de la escuela, para permitir al director y su equipo poder destinar tiempo

para apoyar a otros establecimientos.

58. Desarrollar una Estrategia Nacional de Integración educativa de las TICs, que articule y actualice el

equipamiento, la formación y los recursos digitales provistos a los establecimientos y sus actores, con el

trabajo colaborativo, el mejoramiento educativo institucional y el desarrollo de habilidades TIC para el

aprendizaje de los estudiantes.

59. Nuevo Sistema de Apoyo a la Investigación Científica, basado principalmente en convenios marco de me-

diano y largo plazo con universidades y centros de investigación, promoviendo activamente los programas

asociativos (modelo Anillos de Investigación) y apostando a fortalecer la oferta. Es necesario también poten-

ciar y mejorar sustantivamente los programas que funcionan financiando la demanda, como FONDECYT.

60. Creación de un agresivo Programa de Apoyo a la inserción de capital humano avanzando, que garantice

oportunidades de integración e investigación a los centenares de profesionales que cursan estudios de post-

grado tanto en Chile como en el Extranjero. Especial énfasis deberá ponerse en la apertura de espacios en

regiones que cuentan con poca masa crítica de investigación y desarrollo.

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Es momento de una revolución democrática de la educación en Chile, principalmente porque la ciuda-

danía exige un sistema educativo distinto y porque en nuestra opinión existen las condiciones políticas,

sociales y económicas para avanzar en esa dirección. El gran desafío de estas reformas es modificar los ci-

mientos de nuestro sistema educativo, definido en las sombras de una dictadura. Apuntamos a repensar el

sentido de la educación, a reformularla desde sus bases y a transformarla en el motor de una sociedad más

democrática, justa y cohesionada. Revolución Democrática quiere cumplir un rol activo en este proceso.

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Fotografía: R

odri

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