REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA – MISIÓN SUCRE

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRADO EN ESTUDIOS JURÍDICOS

PROYECTO:

“MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA”

PROPUESTA CONSTRUIDA POR: LA PRIMERA Y SEGUNDA PROMOCIÓN DE

ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA –

MISIÓN SUCRE.

Enero de 2010

Nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos,

que este edificio monstruoso se derribe, caiga y apartando hasta sus ruinas,

elevemos un templo a la justicia; y bajo los auspicios de su santa inspiración

dictemos un Código de leyes venezolanas.

Simón Bolívar

(Discurso de Angostura, 15 de febrero de 1819)

ÍNDICE

Pág.

Introducción………………………………………………………………………….. 4

Antecedentes………………………………………………………………………… 5

Reflexiones…………………………………………………………………………… 7

Diagnóstico de la realidad socio jurídica venezolana desde Proyectos Comunitarios 7

Justificación……………………………………………………………………………12

Misión Justicia Socialista…………………………………………………………. 13

Objetivo General……..……………………………………………………………13

Objetivos Específicos ………………………………………………………………12

Metas de la Misión Justicia Socialista…...…………………………………………16

Metas iníciales 2010 – 2011 ………………………………………………………16

Procesos ……………………………………………………………………………17

Acciones ……………………………………………………………………………18

Primera Fase o Fase Experimental 2010 – 2011……………………………………18

INTRODUCCIÓN

La propuesta que hoy entregamos al Pueblo Bolivariano de Venezuela y a nuestro Presidente Comandante Hugo Chávez Frías fue elaborada a partir de nuestras vivencias, las experiencias en el proceso de formación en la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, el diálogo de saberes y el desarrollo de nuestro trabajo en y con las comunidades; que nos permitió profundizar en el conocimiento y la reflexión de nuestras realidades, las percepciones comunitarias sobre la justicia, las posibilidades y condiciones de los sectores populares para acceder a la atención jurídica y su relación con el sistema judicial; así como las principales debilidades en las políticas públicas en el abordaje de las problemáticas socio-jurídicas existentes.

Asumiendo el reto que nos impone el momento histórico de ser sujetos participes en la transformación de nuestras propias realidades, y como pueblo, nacidas y nacidos en el seno de las comunidades donde se vive aún la herencia de siglos de marginación y opresión, e impedidos muchos de nosotros y nosotras no sólo del derecho a los estudios universitarios, sino de otros tantos derechos que el sistema capitalista no garantiza realmente a las mayorías sociales, como lo es el derecho inalienable a la Justicia; hemos realizado el trabajo de recoger y sistematizar nuestras experiencias comunitarias para construir conocimientos y propuestas colectivas que esperamos sean un aporte en el camino de la construcción del socialismo que haga posible la justicia social exigida por nuestros pueblos.

Estamos conscientes de nuestro deber en la lucha, como abogados y abogadas socialistas, por la deconstrucción de las estructuras obsoletas e injustas del sistema jurídico burgués y neocolonial aún vigente; impulsando desde el Poder Popular la construcción de lo que hemos concebido como justicias comunitarias y un nuevo sistema jurídico nacional, acorde a nuestra realidad pluriétnica y multicultural, a nuestro modelo de democracia participativa

y protagónica, y a nuestro Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia, sustentado en los principios, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada el 15 de diciembre de 1999, por referendo popular.

Como una contribución de las y los graduandos de la primera y segunda promoción de abogadas y abogados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acorde con la actual corriente histórica de procesos constituyentes de nuestros pueblos del ABYA YALA, presentamos como Trabajo Especial de Grado el Proyecto: MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA, desde el cual pretendemos divulgar con palabras sencillas los conocimientos, experiencias e ideas que hemos construido en y con nuestras comunidades hechas universidad y nuestra universidad hecha comunidad, convertidas en un proyecto que esperamos sirva a la transformación revolucionaria de la realidad socio jurídica venezolana, de cara a las exigencias de justicia de nuestros pueblos.

ANTECEDENTES

La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene entre sus misiones:

Promover la investigación-acción participativa, crítica y transformadora.

Formar nuevos profesionales con compromiso, responsabilidad social y un enfoque político-ideológico, consecuente con nuestro proceso revolucionario, que rompa con la alienación capitalista de los modelos de educación opresora; encaminado a generar la transformación de las estructuras y cultura colonial-burguesas, consolidadas en nuestro país por las élites económicas y políticas cuarto republicanas, bajo la falsa democracia representativa y manejados cual marionetas por el imperio norte americano.

El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFG-EJ) de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se desarrolla en 19 Estados del país (255 municipios) en sedes y ambientes municipalizados, como un desarrollo concreto de las políticas de igualdad e inclusión, generadas por el Gobierno Bolivariano de Venezuela en materia educativa.

Guiados por los Principios de la educación bolivariana y de nuestro maestro Simón Rodríguez, en este Programa de Formación desarrollamos un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculado a la práctica, mediante procesos de interacción comunitaria que contribuyen a la formación de abogados y abogadas, vinculados y vinculadas a las demandas populares.

Con estos principios y sustentados en un modelo de educación emancipadora, en todos los años de nuestra formación, realizamos un Proyecto socio-jurídico a través de la investigación acción participativa, desarrollado desde y para las comunidades, constituyendo así el ambiente fundamental para la reflexión y transformación de la realidad por parte de los y las estudiantes, docentes y comunidades, en un proceso dialógico de conocimientos, prácticas y saberes.

El cuarto y último Trayecto (o año), constituye la última etapa de nuestra formación en los Estudios Jurídicos, y se lleva a cabo la cuarta fase de la Unidad Integradora del proyecto socio-jurídico denominada: “JUSTICIA COMUNITARIA”, que corresponde al desarrollo teórico-práctico en las comunidades, de la línea de investigación: “ATENCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS”.

Se prioriza en estos procesos el diagnóstico para la atención de los problemas socio jurídicos concretos de las comunidades y sus integrantes, y la investigación de las causas, dimensiones colectivas, y complejidades de las problemáticas; promoviendo la acción transformadora, participativa, para la solución de los problemas estructurales, originados en su mayoría en la conflictividad propia del sistema capitalista. Se busca de esta manera superar el asistencialismo y el reformismo, brindando una respuesta real y efectiva a las mayorías, sin dejar de atender los problemas particulares.

En el mismo sentido y con el fin de ofrecer un acompañamiento político-académico a los y las estudiantes, docentes y comunidades en las cuales se desarrolla el proyecto socio-jurídico; así como, a las y los abogados y abogadas de la UBV, se aprueba por parte de las autoridades de la Universidad, a solicitud del Consejo Nacional de Coordinación del Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos con participación de estudiantes, profesores y coordinadores de 19 estados del país, el proyecto de creación del SISTEMA NACIONAL ORGANIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO (SNOA).

El SNOA, tiene entre sus objetivos fundamentales:

Promover la organización de los abogados y abogadas de la UBV para ampliar las fuerzas colectivas nacionales de base popular, capaces de transformar las realidades socio–jurídicas del país y aportar en la integración de Nuestramérica.

Mantener los vínculos y dar continuidad a los procesos de formación y construcción de saberes de los abogados y abogadas graduados en la UBV, así como su articula-ción a los procesos de investigación acción participativa en proyectos socio-jurídi-cos populares y comunitarios.

Generar investigaciones colectivas nacionales a través de la sistematización de los proyectos locales – comunitarios de los graduandos de todo el país, a fin de que la articulación de éstos: favorezca la construcción de Trabajos de Grado Nacionales, que desde la metodología de la IAP, resulten de procesos de encuentro, discusión y sistematización de diagnósticos, conocimientos y experiencias para concretar pro-yectos de dimensión regional y nacional, desde los que se puedan atacar las causas estructurales de los problemas comunitarios que trascienden la dimensión local.

Promover una inserción laboral organizada y orientada a atender los problemas fun-damentales de la sociedad que vamos diagnosticando desde las investigaciones na-cionales, evitando que ésta responda a los puros intereses individuales desde una perspectiva liberal, capitalista.

Tiene como premisa que: la comunidad sea la Universidad y la Universidad sea la comunidad y que los abogados y abogadas del PFG-EJ de la UBV sean una fuerza legítima de promoción y transformación del Sistema de Justicia y de las Políticas Públicas, para el ejercicio del Poder Popular en la construcción de una Justicia Social - Comunitaria.

Producto de este proceso se logró el proyecto que hoy presentamos, a partir de la primera sistematización de la investigación comunitaria y análisis crítico de las realidades socio-jurídicas: locales, estadales, regionales, nacionales e internacionales, que partió de las comunidades en las que desarrollamos proyectos las dos primeras promociones de abogados y abogadas de la UBV, en los estados: Zulia, Falcón, Aragua, Bolívar, Monagas, Miranda y Distrito Capital.

REFLEXIONES

Está entonces, el valor de estas líneas, en la suma de nuestros propios pensamientos, ideas y experiencias colectivas; en el compromiso para el trabajo colectivo en encuentros estadales y posteriormente nacionales; y en la capacidad de llegar a conclusiones y acuerdos para presentar este Proyecto Nacional que se esfuerza en recoger los aportes realizados desde todos los proyectos comunitarios; y como todas las construcciones hechas desde el paradigma de la educación liberadora y la investigación acción participativa, sujeto a la crítica constructiva y a la suma de aportes y voluntades a los propósitos revolucionarios que en él se exponen.

Asumimos igualmente desde aquí, la autocrítica a nuestra propia Universidad y al Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, que tienen el deber de seguir transformándose de cara a los pasos agigantados que requiere esta revolución porque lo

exige la realidad de nuestro pueblo y no dejarse arrastrar en el continuismo y la comodidad de lo estable y lo seguro.

DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SOCIO JURÍDICA VENEZOLANA DESDE PROYECTOS COMUNITARIOS.

En el proceso de sistematización nacional de los proyectos comunitarios de la primera y segunda promoción de abogados y abogadas de la UBV que hemos llevado a cabo, se recogen principalmente una serie de problemas y reflexiones críticas que resultan comunes o reiterados en la mayoría de los diagnósticos de los proyectos locales, las cuales describimos a continuación:

Ausencia de espacios reales de participación de la comunidad, organizaciones y sectores sociales, en la planificación y gestión de las políticas públicas para la atención jurídica y el acceso a la justicia. No se han generado los mecanismos para que la población logre una real y protagónica participación en la elaboración de políticas públicas en el ámbito jurídico.

Ausencia de atención jurídica a las comunidades. Las comunidades en los ámbitos locales no cuentan con instituciones que apoyen a la población en la asistencia jurídica gratuita que requieren, cuando es el propio Estado que les genera dependencia al imponerles un modelo de justicia completamente centralizado, que despoja a las comunidades de la posibilidad de hacer justicia, al reservarse prácticamente toda la potestad de administración de justicia al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, sin establecer mecanismos de participación popular efectivos para la contraloría social de estos Poderes Públicos.

Las pocas instancias de atención jurídica a escala comunitaria no logran la cobertura necesaria ni prestan un servicio adecuado a las realidades locales; y no son sometidas al control social que exige nuestro nuevo modelo democrático.

Falta de políticas públicas que garanticen el empoderamiento de los y las ciudadanas sobre el conocimiento de los instrumentos normativos que establecen derechos y deberes, principalmente en las comunidades retiradas de los centros urbanos. Son las Misiones Educativas uno de los instrumentos que empiezan a cambiar esta situación, desde el empeño del Gobierno Bolivariano por romper la lógica centro-periferia propia del capitalismo a través de una política de desconcentración de la Administración Pública.

La justicia no es gratuita ni accesible a todos los ciudadanos; aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo establece y en estos 10 años de revolución se han realizado grandes avances en la gratuidad del acceso a la justicia; todavía, para acceder a ésta se requiere el traslado hasta los centros urbanos donde están ubicadas las instituciones de la administración de justicia y hacer innumerables trámites que exigen recursos económicos de los que la mayoría de la población más vulnerable no dispone. Por lo que no se ha logrado aún una verdadera política pública de gratuidad en esta materia y el sistema capitalista sigue inclinando la balanza de la justicia a favor de los económicamente privilegiados.

Poca disposición de participación comunitaria en las políticas públicas del campo jurídico por falta de credibilidad en las instituciones de justicia y por la formalidad que les ha caracterizado; además del blindaje histórico que sobre ellas se ha hecho, con la manipulación de los principios de “neutralidad” y “objetividad” que utilizan para sacarlas del debate socio-político, colocándolas y reafirmándolas con estos conceptos en el plano ideológico neoliberal.

Falta de sensibilidad social por parte de funcionarios públicos y de reconocimiento por éstos, de los derechos de todas y todos los ciudadanos. Muchos funcionarios dan un trato despectivo y actúan negligentemente en los procesos y solicitudes de las clases sociales de más bajos recursos.

Esta falta de conciencia y sensibilidad social son mayores cuando se trata del trabajo con los pueblos indígenas, constituyéndose en violaciones permanentes de los derechos que les garantizan sus modos de vida, cultura y territorios.

Cuando la administración de justicia asigna un abogado o abogada, la atención gratuita es lenta (retardo procesal) por la sobrecarga de trabajo que tienen estos funcionarios, y la mayoría de las veces desigual, cuando la contraparte tiene condiciones económicas para pagar uno o varios abogados privados que marcan una diferencia sustancial en un juicio.

Se presentan vicios procesales, funcionarios encargados de “impartir” justicia, se prestan para actos de corrupción, que favorecen a los sectores, económica y políticamente dominantes.

Se ubica como deficiencia la permanencia de la representatividad como práctica política, en lugar de la democracia directa y participativa en los procesos vinculados a la consecución de la justicia.

Carencia de lineamientos, mecanismos o voluntad política por parte de los entes de la administración de justicia en la profundización de la contraloría social y en general, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de las políticas públicas como establece el artículo 62 de nuestra Constitución.

Pese a los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional en generar equidad en el acceso a los bienes y servicio que son administrados por el Estado; El mal manejo principalmente en instancias de gobierno regionales y municipales, hace que en los sectores más pobres se presenten deficiencias en los servicios básicos como (aseo, aguas servidas, electricidad, entre otros) violándose sus derechos; haciendo evidente un sesgo de discriminación económica en la prestación de servicios por parte de algunas instituciones del Estado, puesto que los mismos servicios funcionan en condiciones más favorables en los centros urbanos y sectores económicamente favorecidos. Evidenciando así la lógica capitalista, la pertenencia e intereses burgueses de muchos funcionarios que habitan precisamente en los sectores favorecidos.

Persistencia de un sistema burocrático en los trámites administrativos, que dificultan la concreción de los derechos de los y las ciudadanas.

La administración de justicia no ha logrado políticas efectivas para erradicar la centralización y concentración en sus aspectos funcionales y operativos que faciliten el empoderamiento popular comunitario; a ello se suman las debilidades en la legislación para el sustento de políticas públicas efectivas en esta materia que permitan el bienestar colectivo.

Problemas de violencia en las relaciones sociales cotidianas: vecinales, comunitarias, intrafamiliar y de género, entre otras, que no encuentran espacios adecuados de resolución de conflictos, atención o canalización idónea.

La incidencia de la falta de espacios y mecanismos para la resolución de conflictos en el uso de la violencia para resolverlos, aumentando la criminalidad.

Problemática socio-jurídica y cultural indígena, sin un tratamiento adecuado por el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y en general todas las estructuras del Estado, cuyos funcionarios no han sido formados para el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de nuestra sociedad y el necesario respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, después de siglos de dominación cultural, marginación y desconocimiento.

La elitización de la carrera judicial que parte de las propias escuelas de derecho tradicionales, y el distanciamiento de los funcionarios de justicia del padecer y de la vida de los sectores populares.

Todo esto contribuye a la impunidad de la burguesía y a la criminalización de los sectores populares y sus luchas.

Los centros penitenciarios heredados de la cuarta república, a pesar de los grandes esfuerzos del Gobierno Nacional, siguen constituyéndose en espacios para la formación delincuencial, y las personas que entran por delitos menores, se ven forzados a aprender los más graves crímenes como sistema de defensa en ese medio. Otro problema relativo a los centros penitenciarios son las fallas en la separación de los privados de libertad por edades, niveles de agresividad y delitos cometidos; no hay una clasificación adecuada de las personas detenidas, procesadas, o condenadas, situación que genera mayor vulnerabilidad en los centros de reclusión.

La legislación favorece la acción punitiva y no preventiva del Estado en materia de justicia.

En resumen, el Estado colonial-burgués que heredamos, despojó a las comunidades y al Poder Popular del ejercicio de la justicia, centralizando, elitizando y burocratizando todo el aparato de justicia, al punto que, no es capaz de garantizar acceso y atención jurídica a las mayorías sociales desfavorecidas en el reparto económico capitalista.

Esto se traduce en la ausencia de espacios populares para abordar los problemas socio jurídicos y de instituciones que a escala local atiendan esta materia; y en los casos que las instituciones del ámbito jurídico entran a resolver problemas de los ciudadanos, actúan desde criterios y valores que favorecen a los sectores burgueses y merman las posibilidades reales de justicia de las mayorías populares, impidiendo la concreción en la práctica, del nuevo modelo de Estado y de democracia participativa y protagónica; reproduciendo las estructuras del viejo Estado de Derecho cuarto republicano y su democracia representativa con las lógicas de dominación coloniales-capitalistas, con clara inclinación y privilegio hacia los sectores burgueses.

No existiendo instancias legitimas de resolución de conflictos, la violencia se convierte en un recurso cotidiano para resolver las controversias en la mayoría de los escenarios sociales.

La vieja estructura del Estado burgués permanece aún en el escenario, y sus actores enquistados en las estructuras de poder, sirven a la burguesía, logrando una impunidad casi

plena. Este aparato arremete contra los sectores populares, convirtiéndose en uno de los principales enemigos de sus luchas por la justicia social.

Las escuelas de derecho tradicionales y funcionarios de justicia, identificados con la clase burguesa inclinan la balanza del aparato de justicia a favor de la burguesía; sumado a esto, el poder económico que esta clase social tiene para comprar a funcionarios de todos los niveles; desde la policía, el secretario del tribunal, hasta el juez o posteriormente a los funcionarios del sistema penitenciario; su poder para contratar a más de un bufete de abogados, mientras las personas de escasos y medianos recursos tienen que conformarse muchas veces con un funcionario público abarrotado de casos.

Y por último, la disposición de la burguesía criminal de eliminar incluso físicamente (llegando a algo tan poco visto en nuestro país como el acto de asesinar con una bomba para causar terror) a quienes se atreven a acusarlos o juzgarlos; como ocurrió con el Fiscal Valiente Danilo Anderson, hace que nuestro “sistema de justicia” sea aún: un aparato vivo del Estado de derecho colonial-burgués que el pueblo venezolano resolvió transformar a través del ejercicio del Poder Constituyente Originario con el que decidió la refundación de la República, pero que no se ha logrado transformar realmente desde el Poder Popular conforme a ese mandato.

De otro lado, se ha podido evidenciar en las comunidades el surgimiento embrionario de las mesas técnicas jurídicas y de las comisiones de justicia o derechos humanos en los consejos comunales, que empiezan a plantearse tanto la construcción de normativas comunitarias, como la reflexión y discusión sobre las políticas públicas nacionales y las maneras que estas afectan a los ciudadanos y a las comunidades.

También se fortalece la denuncia popular sobre la impunidad de la burguesía asesina y la criminalización de las luchas campesinas, obreras e indígenas entre otras, que ha sido expuesta también por el propio Presidente de la República.

De la misma manera que en el campo legislativo se empieza evidenciar una mayor iniciativa popular para proponer y luchar por transformaciones revolucionarias y populares de las leyes.

JUSTIFICACIÓN

La problemática expuesta en el diagnóstico anterior, realizado por estudiantes, docentes, miembros de las comunidades y organizaciones sociales involucradas, plantea la urgente necesidad de generar proyectos que integren a colectivos populares y comunidades a

acciones unitarias para la transformación de la realidad socio jurídica venezolana, y es esa la conciencia y sentido que inspira la propuesta de LA MISIÓN JUSTICIA SOCIAL.

En este sentido, consideramos fundamental profundizar los procesos de investigación acción participativa que permitan lograr la construcción y el fortalecimiento de estos referentes populares embrionarios, promoviendo la suma de conciencias y prácticas transformadoras de lo que no queremos que siga siendo la justicia en nuestro país.

Articulando y multiplicando a nivel nacional las Mesas Técnicas Jurídicas o de justicia y demás formas de organización popular y comunitaria que asumen el reto de empoderarse de la definición y construcción de la justicia en su propia comunidad en nuestra patria grande.

Fortaleciendo la conciencia, la formación ideológica-política de los actores populares, estudiantes y profesores que asumen el trabajo comunitario en este campo de lucha.

Desde esta perspectiva, nos hemos planteado la MISIÓN JUSTICIA SOCIAL, como estrategia para la construcción desde y con las comunidades de lo que empezamos a llamar Derecho Comunitario o Justicia Comunitaria y lo que la soberanía popular decida deba ser el nuevo sistema jurídico nacional que facilite el ejercicio del Poder Popular en el campo jurídico y articule las formas diversas de administración de justicia en nuestras comunidades, acorde a nuestra sociedad pluriétnica y multicultural, superando los esquemas coloniales y capitalistas de justicia que son una falsa insostenible y desmontable en el más sencillo de los debates populares.

En este escrito debe entenderse el “Derecho Comunitario”, conforme a las construcciones teóricas surgidas de esta investigación nacional (distinto al uso de este término en el derecho internacional), conforme a la siguiente definición: Es el Derecho que surge de la participación protagónica del pueblo a partir de la solución endógena de sus problemas y conflictos, y en la conducción y administración de su vida en colectivo. Promoviendo el reconocimiento y aplicando los mecanismos comunitarios de solución de conflictos como elementos propios de una sociedad pluriétnica y multicultural, de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; contrario a su reconocimiento en el marco de lo “alternativo” que parte de una lógica cultural excluyente propia del modelo de Estado de Derecho occidental euro-céntrico.

La Misión Justicia pretende favorecer así, los caminos diversos pero articulados de experimentación popular para la transformación del sistema de justicia, comprendiendo que se trata de un proceso complejo con una importante carga cultural y político-ideológica que busca revertir las consecuencias de 500 años de colonización y dominación imperialista.

“MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA”

OBJETIVO GENERAL

Promover y fortalecer la participación popular en la transformación de la realidad socio-jurídica nacional para la consecución de los derechos y la justicia social, profundizando los ejercicios de Poder Constituyente de comunidades y movimientos sociales con el fin de consolidar una plataforma popular de parlamentarismo social, y el desarrollo de procesos dirigidos a la atención jurídica gratuita e integral de las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades, orientados a hacer efectivo el derecho humano y constitucional de acceso a la justicia, construyendo una red primaria de justicia social - comunitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Poder Constituyente, nuevo derecho e integración de Nuestra América.

Aportar en el campo socio jurídico a los ejercicios de poder constituyente desde la escala local – comunitaria o sectorial, hasta la dimensión internacional, especialmente en la integración de Nuestra América.

Promover el estudio, difusión y desarrollo del nuevo derecho, y de los procesos constituyentes originarios populares que han fortalecido el constitucionalismo independentista de los pueblos de Nuestra América, recobrando las raíces de las gestas libertadoras y de los pueblos originarios del Abay Yala.

Promover y apoyar los procesos de construcción de normativas de la comunidad, sectores u organizaciones sociales que concebimos como Derecho Comunitario, entendiendo por éste, el que surge de la participación protagónica del pueblo a partir de la solución endógena de sus problemas y conflictos, y en la conducción y administración de su vida en colectivo.

Contribuir a la articulación y construcción de redes del poder constituyente comunitario o sectorial, en función de fortalecer su participación en la definición de las políticas públicas y procesos legislativos municipales, estadales y nacionales, fomentando el parlamentarismo social.

Formación e investigación socio jurídica:

Ampliar los procesos de formación y socialización de información en el campo socio jurídi-co, favoreciendo la comprensión y aprovechamiento popular de las leyes, apoyados en la nueva plataforma de universidad municipalizada y el nuevo currículo bolivariano.

Generar y fortalecer procesos de investigación acción participativa que favorezcan la siste-matización de las experiencias y conocimientos populares de las prácticas orientadas a la construcción de justicia social y el ejercicio del poder constituyente.

Democracia Protagónica Revolucionaria desde el campo socio - jurídico

Contribuir en la consolidación de la Democracia Protagónica Revolucionaria planteada en el Primer Plan Socialista Libertador Simón Bolívar, el ejercicio directo de la soberanía sobre los asuntos públicos, especialmente mediante la promoción de la participación popular en la construcción de las leyes y políticas públicas del área jurídica.

Apoyar los procesos de constitución y fortalecimiento de los espacios de organización y ejercicio de poder comunitario como son los consejos comunales y las comunas, favoreciendo sus ejercicios de poder constituyente.

Brindar apoyo a los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales y organizaciones o sectores sociales.

Apoyo jurídico al poder popular y atención de grupos vulnerables.

Brindar a las comunidades, movimientos, sectores y organizaciones sociales, así como a los consejos populares de trabajadores, campesinos, estudiantes, entre otros, apoyo en el campo socio-jurídico, en lo atinente a sus demandas sociales de transformación del ordenamiento jurídico, en la reivindicación de sus derechos sociales o colectivos, en las acciones frente a la criminalización de las luchas populares y contra la impunidad de la elite burguesa.

Promover el acceso a servicios profesionales en el campo jurídico, favoreciendo la creación de una red primaria de atención jurídica gratuita, desde las comunidades, sectores y organizaciones sociales.

Formular proyectos específicos destinados a la atención de sectores sociales y grupos vulnerables que requieran prioritariamente atención jurídica gratuita para el acceso a la justicia.

Contribución a políticas públicas en el campo jurídico:

Generar procesos de formación y prácticas tendientes a contribuir con el desmonte del Estado colonial – burgués.

Contribuir con las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social, específicamente en el campo socio-jurídico, generando rupturas con las lógicas de exclusión centro – periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.

Generar campañas, apoyar las políticas de Estado y formular proyectos dirigidos a favorecer la resolución amistosa y pacifica de los conflictos entre las personas, como aporte necesario en la consecución de la seguridad ciudadana y al desarrollo de un “sistema de justicia” que hasta ahora sólo se ha centrado en la solución judicial de los conflictos.

Promover propuestas desde el poder popular para el ajuste del sistema de justicia venezolano a las demandas de justicia social y exigencias frente a la impunidad.

Transformación radical de la ética profesional:

Promover una transformación radical de la concepción de la profesión de Abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional, que la aleje de la mercantilización capitalista, para construir un verdadero referente de profesional al servicio de la justicia, comprometidos con quienes padecen la opresión, marginación o exclusión, y especialmente con la superación del modelo de sociedad burguesa y las relaciones de poder que reproducen la injusticia.

Defensa popular de la soberanía nacional:

Contribuir en la defensa popular de la soberanía nacional desde la dimensión socio jurídica, fortaleciendo la conciencia y participación popular del pueblo como actor protagónico en las acciones jurídicas nacionales e internacionales en resguardo del derecho de autodeterminación de los pueblos.

METAS DE LA MISIÓN JUSTICIA SOCIAL

Nacionales:

Consolidación de una Plataforma Popular de Parlamentarismo Social.

Creación de una Red Primaria de Atención Jurídica Comunitaria.

Internacionales:

Crear una Red Internacional de Investigación Acción Participativa sobre Poder Constituyente, Nuevo Derecho e Integración de Nuestra América.

METAS INICIALES 2010 – 2011

Nacionales:

Elaborar y Presentar a la Asamblea Nacional durante el año 2010 anteproyectos de leyes que contribuyan con el reto planteado por el Presidente de la República de crear leyes populares, revolucionarias, para poner al día toda la legislación nacional con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en este periodo de la Asamblea Nacional.

Durante el año 2010 se plantea elaborar un diagnostico sobre los procesos de participación popular en el campo socio jurídico y propuestas sobre la interacción Estado – comunidad en este ámbito, e iniciar la constitución de la red primaria de atención jurídica, ejecutando de manera experimental procesos de acompañamiento y asesoría jurídica en y con comunidades sobre la base de las demandas populares que permitan definir, ampliar y consolidar esta Red en el año 2011.

Internacionales.

Realizar durante el año 2010 y 2011, intercambios internacionales que permitan generar la red de investigación acción y las primera publicaciones desde esta plataforma organizativa sobre los procesos constituyentes originarios y populares en Nuestra América; aportando en la sistematización y socialización de información de la identidad, alcance, avances y proyección de estos procesos de cara a la emancipación e integración de nuestros pueblos.

PROCESOS

Articulación y actuación sinérgica de los procesos de formación profesional e investigación acción participativa de la UBV-Misión Sucre y la UBT, con la Asamblea Nacional,

Procuraduría General de la República y Presidencia de la República en la consecución del reto legislativo revolucionario.

Construcción de una plataforma para ampliar la participación popular en este reto legislativo, y generar la articulación y sistematización de la investigación acción participativa desarrollada a través de los proyectos de las más de 2.000 secciones del PFG en Estudios Jurídicos de la UBV – Misión Sucre, ubicadas y vinculadas estrechamente a comunidades populares, para la elaboración de proyectos de leyes desde el parlamentarismo social, coordinando especialmente con la Asamblea Nacional y el Presidente de la República, quien a encarnado este clamor popular.

Fomentar la creación de una mesa de trabajo interinstitucional en la que participen todos los poderes públicos involucrados en la consecución de la justicia, a los fines de coordinar la manera en que la Misión Justicia Social o Comunitaria puede apoyarse y aportar al desarrollo de las competencias y políticas públicas dirigidas a promover la participación popular en sus desarrollos institucionales y la plena cobertura en el acceso a la justicia, como son el Proyecto de las Fiscalías Municipales del Ministerio Público, los Tribunales Móviles de la Escuela de la Magistratura del TSJ, los Consejos de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, entre otros.

Generar la incorporación de abogados y abogadas de la UBV – Misión Sucre que cuentan con las herramientas de su formación en la interacción socio educativa comunitaria a procesos de acompañamiento y asesoría jurídica a las comunidades y organizaciones sociales; en la fase experimental y de desarrollo del diagnostico inicial que permita Consolidar el Proyecto Nacional Popular de Red Primaria de Atención Jurídica Comunitaria y la promoción del Parlamentarismo Social. Promoviendo igualmente la incorporación de profesionales y técnicos de otras áreas requeridos para el desarrollo de este proyecto, así como abogados y abogadas de otras universidades con un perfil adecuado a los objetivos de esta Misión.

Articulación, estudio, análisis e investigación de los procesos constituyentes de Nuestra América y las experiencias de participación popular en las transformaciones legislativas.

Ampliación a través de la UBV, de los campos de estudio y formación avanzada de profesionales en el campo socio jurídico y en otras áreas vinculadas a las metas previstas para esta primera fase.

Potenciar todos los Proyectos de los estudiantes y docentes del PFGEJ en comunidades articulando esos desarrollos de investigación acción participativa en comunidades a través

de la Misión Justicia Social como proceso de ampliación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Acompañamiento, Organización e Investigación del PFGEJ.

Generar mecanismos de contraloría social, comunitaria de esta Misión.

ACCIONES

De contar con el visto bueno por parte del Presidente de la República correspondería:

La elaboración, consulta y aprobación del Decreto de Creación de la Misión, lo que requiere definir el ente de adscripción, la estructura organizativa y de coordinación de la Misión.

Definición del presupuesto requerido en la primera fase de esta Misión y financiamiento del Primer Proyecto de la Misión correspondiente a las metas 2010 - 2011.

Selección de los abogados y abogadas de la primera y segunda promoción que se incorporarán en la primera fase, así como, los demás profesionales requeridos en este nivel de ejecución.

Adquisición de equipos e insumos básicos para el desarrollo de la primera fase.

Desarrollo del Programa de Formación Inicial de los profesionales y equipos de trabajo iníciales de la Misión Justicia Social o Comunitaria.

Determinación de las comunidades en las que se iniciará la fase experimental para la construcción de la Red Primaria de Atención Jurídica, y los proyectos específicos y de investigación iníciales.

Asignación de los profesionales a las comunidades, proyectos específicos y de investigación definidos para el arranque.

Diseño y ejecución de campaña informativa a través de Micros, Videos y volantes informativos sobre los fines de la Misión.

PRIMERA FASE O FASE EXPERIMENTAL 2010 – 2011

Ejecución del Proyecto Inicial con la incorporación de 400 abogados y abogadas de la primera y segunda promoción de la UBV – Misión Sucre, y otras universidades, con vínculos comunitarios y perfil para el trabajo de investigación socio jurídica, que asumirán trabajos de:

Promoción de la participación popular y articulación de los proyectos socio jurídicos comunitarios del PFGEJ en función de la creación y reforzamiento de proyectos de leyes en el año 2010 para fortalecer los logros de este periodo de la Asamblea Nacional.

Ejecución del acompañamiento y asesoría jurídica integral, en fase experimental y de diagnostico, iniciando en 100 comunidades, articulado a los proyectos socio comunitarios del último trayecto (año) del PFGEJ.

Generar intercambios internacionales desde la Misión Justicia sobre poder popular y procesos constituyentes de cara a la emancipación e integración de los pueblos de Nuestra América.

Distribución nacional de estos profesionales en 19 Estados en los que se desarrolla el Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos UBV – Misión Sucre.

Articular los proyectos de políticas públicas y atención jurídica desarrollados en comunidades de 255 municipios del país por los estudiantes y profesores de estudios jurídicos, para construir la plataforma inicial de parlamentarismo social y la fase experimental de la red primaria de atención jurídica nacional.

Generar orientaciones académicas desde la UBV para que se incorpore en los proyectos de todas las secciones del PFG en Estudios Jurídicos, la elaboración y discusión de proyectos de leyes, a partir de la ampliación del SNOAI a todos los trayectos del Programa de Formación. Esto resulta una oportunidad excepcional para el aprender haciendo, y cumplir los fines de los proyectos en ese PFG, constituyendo además una obligación de la universidad en su corresponsabilidad social.

Coordinar con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas encuentros nacionales de mesas técnicas jurídicas y comisiones de los consejos comunales vinculadas a la justicia. (En las comunas)

Programar con consejos populares, sectores y organizaciones sociales, encuentros populares de luchas sectoriales para atender a las reivindicaciones y propuestas de transformación jurídica desde las diversas luchas del pueblo.

Realizar encuentros e intercambios internacionales para el estudio, sistematización, reflexión y análisis comparativo de los procesos constituyentes de Nuestra América y las experiencias de participación popular en las transformaciones legislativas.

Desarrollar estudios avanzados en el campo socio jurídico que fortalezcan la formación de profesionales del derecho y en otras áreas vinculadas a las metas previstas para esta primera fase.

Los abogados y abogadas que se vinculen a la Misión Justicia Social, estarán vinculados a seis tareas fundamentales:

1. Poner sus conocimientos y herramientas profesionales al servicio de los espacios de participación popular en el campo socio–jurídico, como las Mesas Técnicas y Comisiones Jurídicas (o de justicia) de los Consejos Comunales. Contribuyendo a la consolidación del Derecho Comunitario, conforme a las definiciones y principios expuestos en esta investigación nacional.

2. Brindar atención profesional a los particulares y organizaciones sociales para responder a las múltiples demandas de acceso a la justicia de amplios sectores de la sociedad, excluidos o marginados por la mercantilización de la justicia en el sistema capitalista. Esta red cumpliría en materia de justicia, el papel de barrio adentro en la salud y de las misiones Robinson, Ribas y Sucre en la educación. El pueblo venezolano no cuenta hasta ahora con asesoría jurídica gratuita en su comunidad, ni con mecanismos de mediación y solución de conflictos, lo que contribuye a la generación de salidas violentas y a la impunidad como norma.

3. Promover el trabajo directo de los funcionarios públicos en las comunidades, favorecer la participación popular en la formación ejecución y control de las políticas públicas, así como la contraloría social de los servidores públicos. Fortaleciendo las políticas de Estado destinadas a la promoción de la inclusión social, específicamente en el campo socio-jurídico; generando rupturas con las lógicas de exclusión centro-periferia, conforme a la cual las instituciones funcionan centralizadamente y sólo las personas que llegan hasta ellas son atendidas.

4. Cumplir funciones de facilitadores (as) docentes, especialmente como profesores asesores de los Proyectos Socio Jurídicos que se desarrollan en la propia comunidad; convirtiendo de esta manera sus funciones de servidor comunitario integral en espacios prácticos para el aprender haciendo de los estudiantes municipalizadas de la UBV – Misión Sucre (como ocurre hoy en día con los médicos de Barrio Adentro); a la vez que fortalece su práctica mediante un proceso

de investigación y la incorporación de los estudiantes a los tres procesos anteriores: asesoría comunitaria, atención jurídica gratuita y coordinación inter-institucional, entre la nueva institucionalidad comunitaria y la estructura institucional aún concentrada.

5. Promover proyectos específicos destinados a la atención de sectores sociales y grupos vulnerables que requieran prioritariamente la atención jurídica gratuita para el acceso a la justicia; como es el caso de los privados de libertad, afectadas (os) por la violencia de género, los inquilinos, conserjes, entre otros, que no obedecen necesariamente a la dimensión de las comunidades territoriales.

6. Vincularse a procesos de formación permanente y estudios avanzados con la UBV, Misión Sucre y otras universidades.

PATRIA SOCIALISMO O MUERTE…

¡VENCERMOS!

Caracas; 20 de enero de 2010.

Avances posteriores a la presentación del proyecto el día sábado 16 de enero de 2010.

En primer lugar estimados compañeros, este fue el proyecto que se le entrego al Comandante Presidente el día 16 de enero de 2010 donde nos colocó por nombre Batallón Bolívar, en el mismo el Presidente solicitó a la Prfa. Yadira Cordova, al Rector Luis Damiani y al Ministro Luis Acuña, diseñar el marco operativo o de ejecución de la Misión, como va a ser su implementación y puesta en marcha. Además solicito a los ministros presentes, Pedro Morejon Turismo, Ricardo Meneces Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, Elias Jaua Agricultura y Tierra, Rodolfo Sans Industrias básicas, Eduardo Samán Ministro del Comercio, Luis Reyes Ministro del Despacho de la Presidencia, sumarse al esfuerzo de darle cuerpo a la Misión, debido a que lo presentado representa objetivos generales y específicos, el espíritu de la Misión Justicia Socialista nombre que recomendó colocáramos.

Consideraciones: Respecto a este aspecto es necesario designar un equipo con compañeros de la I Promo de todos los estados y algunos compañeros de la II Promo que también vienen trabajando en este proyecto y nos sumemos junto a la Profa Yadira Cordova y Silio Sánchez a trabajar la propuesta de estructura operativa y funcional, para posteriormente presentárselo a los

ministros y que den aportes, para el plan final presentárselo al Cdte Presidente, a fin de que lo considere para fines pertinentes.

Por otro lado tenemos que en el Aló Presidente del domingo 17 de enero de 2010, el Comandante nos dio las primeras líneas de trabajo.

1. Conformar a nivel nacional los Comités de la Justicia Socialista.2. Diseñar las cartas del barrio.

Esto como tares puntuales del batallón Bolívar, textualmente del Presidente: “yo quiero que me ayuden en esto, yo les pido que me apoyen”…Respecto a la línea 1 una propuesta puede ser que en las comunidades donde cada uno de los grupos hizo proyecto, planifiquemos la instalación de los primeros comités de Justicia Socialista, y que en la alianza con el Ministerio para las Comunas donde se vaya a realizar una Comuna, el Batallón Bolívar instale los Comités para la Justicia Socialista. Otra tarea al respecto es conceptualizar integralmente los Comités para la Justicia Socialista. Respecto a las cartas del barrio, no creo que se tarea difícil y solo depende de nuestro empeño y trabajo en equipo.

Tareas puntuales para lo inmediato.

1. Terminar de conformar las comisiones y los equipos de trabajo que hasta la presente fecha tenemos los siguiente:

Comisión de Planificación Operativa.Tendrá como tarea la planificación y proyección de cómo será nuestra organización y actuación para dar operatividad a la Misión Justicia Socialista. Es una especie de equipo coordinador que tendrá como premisa fundamental la construcción colectiva con el Batallón Bolívar completo, de las líneas de trabajo y los planes de acción. Además de hacer propuestas, recomendaciones y orientación para que sean consideradas por el Batallón a fin de avanzar en nuestros objetivos y proyecto de país de la forma más participativa y protagonismo colectivo posible. La función de esta comisión esta sólo en propuesta para terminar de definirse su esencia y tareas a desarrollar en asamblea de los y las Abogados (as) del Batallón Bolívar.

Voluntarios a esta comisión hasta la última reunión celebrada el día lunes 18 de enero de 2010.Mary Vargas, Marieta Henríquez 0424-1547690, José Luis Agüero 0426-5122045 y Yanis Araujo 0414-1071366.

Comisión de Seguimiento. Es una comisión de suma importancia debido a que tendrá la responsabilidad de dar seguimiento y supervisión al proceso de marcha de la Misión Justicia Socialista a todos los

niveles, considerando que los procesos deben ser valorados desde lo transcurrido presente y proyecciones de acción futura.

Voluntarios propuestos a esta comisión hasta la última reunión celebrada el día lunes 18 de enero de 2010.Leo 0426-4127701, Adelso Aranda 0412-5840767.

Equipos de trabajo: Su diferencia con las comisiones es que estos equipos pueden ser coyunturales y las comisiones permanentes, aunque la mayoría de los equipos de trabajo lo más seguro es que en lo pronto pasen hacer comisiones permanentes. Recordemos que esto solo es una propuesta de organización nuestra necesaria por lo rápido que marchan las cosas.

Equipo de Registro del Titulo, Inpreabogado y colegiatura.

Ismar Maurera 0426-7143727, Edwar Ovallez, Leo 0426-4127701, Erasmo Guevara, Yaury Mejias, Hugo Muñoz 0414-9343155, Fernando 0412-9983004.

Equipo de Convenios y Estudios Avanzados.

Briceidy 0412-1741806, Cesar, Evelyn 0414-1606393.

Equipo de nuevas formas jurídicas productivas.

José Luis Agüero 0426-5122045, Carneiro, Hugo Muñoz 0414-9343155, Fernando 0412-9983004.

Equipo de Cartas del Barrio y Comunas.

Sorangel Viloria, Wildy.

Equipo de análisis Jurídico y acta constitutiva de la Misión.

Ismar Maurera 0426-7143727, Cheyla Facundez 0416-7189225, Rainer Humbria 0416-1935681.

Hasta ahora en esto hemos avanzado a nivel organizacional, como propuesta de los compañeros de la UBV Caracas esperamos que el día viernes 22 de enero de 2010, reunirnos con dos o más voceros de los compañeros graduandos de las otras sedes a fin de compartir las propuestas que ellos vienen trabajando como forma propia de organización, con el animo de sumarlas y hacer una sola plataforma organizativa a nivel nacional como Batallón Simón Bolívar.

Para el día de hoy miércoles 20 de enero de 2010, tenemos pautado reunirnos a fin de afinar detalles respecto a la organización y equipos de trabajo y dar información respecto a la reunión sostenida el día martes 19 de enero de 2010 con el Ministro Ricardo Menéndez de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias donde este propuso sumarnos a nivel nacional a las mesas productivas impulsadas por dicho ministerio y otros, para lo cual solicitó que para el día jueves 21 de enero de 2010, enviáramos los nombres de los voluntarios. Para el día viernes 22 esta propuesto hacer un taller sobre la propuesta de Misión Justicia Socialista a fin de que todos manejemos el mismo lenguaje e información.

Aún esta pendiente la designación de las vocerías para los pronunciamientos públicos a fin de garantizar que las participaciones de nuestro compañeros ante los medios de comunicación social, sean en base a los dispuesto por el colectivo y no en base a criterios individuales debido a que hablamos en nombre del Batallón Bolívar y la Misión Justicia Socialista y todo lo que se diga acarreara responsabilidad sobre el colectivo. De allí la importancia en definir los criterios para las propuesta de los voceros y condiciones de actuación.Todo lo expuesto se encuentra sujeto a modificación colectiva y solo representa los avances que hemos tenido desde el día de la graduación.

PATRIA SOCIALISMO O MUERTE.

BATALLÓN BOLÍVAR, ABOGADOS SOCIALISTAS DE LA REVOLUCIÓN PARA EL PUEBLO.

VENCEREMOS….

Sistematizado por: José Luis Agüero