Programas anticorrupción en América Latina y el Caribe

Centro Regional para América Latina y El Caribe, Panamá

Área de Gobernabilidad Local y Descentralización / Gobernabilidad DemocráticaProyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) Sitio en Internet: http://www.regionalcentrelac-undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=6&lang=esFotos de Portada: Charlotta Sandin y Gerardo Berthin

PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estudio sobre tendencias anticorrupción y

Autor:Miguel Peñailillo

proyectos del PNUD

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

CENTRO REGIONAL PNUD - PANAMA

Freddy Justiniano DIRECTOR a.i PNUD CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Gerardo BerthinASESOR DE POLITICAS DE GOBERNABILIDAD LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN

Maria Angelica Vásquez CONSULTORA - DESCENTRALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL

DIRECCIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD - NUEVA YORK

Álvaro PintoCOORDINADOR DEL AREA DE PRÁCTICA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

AUTORMiguel Peñailillo

SEPTIEMBRE 2011

Los análisis y recomendaciones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las opiniones de Naciones Unidas o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Contenido

Listado de Acrónimos.................................................................................................................................... 9

Presentación ...............................................................................................................................................11

Agradecimientos .........................................................................................................................................13

Introducción................................................................................................................................................15

Capítulo 1

Aproximación a un Estado de la Corrupción en América Latina y El Caribe...............................................19

Capítulo 2

Tendencias Anticorrupción en América Latina y El Caribe .........................................................................39

Capítulo 3

Dimensionando los Proyectos Anticorrupción y los Socios del PNUD en la Región ...................................65

Capítulo 4

Desafíos y Recomendaciones......................................................................................................................79

Referencias..................................................................................................................................................87

ANEXOS .......................................................................................................................................................91

Listado de Acrónimos

ALC América Latina y EL Caribe

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BGC Barómetro Global de la Corrupción

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICC Convención Interamericana Contra la Corrupción

CNUCC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

IdPC Índice de Percepción de la Corrupción

OEA Organización de Estados Americanos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

ONU Organización de las Naciones Unidas

OMS Organización Mundial de la Salud

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PACDE Programa Temático Global de Anti-Corrupción para la Efectividad del Desarrollo (siglas en inglés)

MESICIC Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

TRAALOG Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (siglas en inglés)

PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 11

Presentación

La Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG)comenzó en abril del 2010. El TRAALOG ha sido financiado por el Fondo Fiduciario Temático de Gobernabilidad Democrática (Democratic Governance Thematic Trust Fund, DGTTF), el Programa Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (Global Thematic Programme on Anti-Corruption for Development Effectiveness, PACDE), y el Fondo Fiduciario España-PNUD. El TRAALOG es una iniciativa del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD (RBLAC) y es implementada por el Centro Regional para América Latina y el Caribe, PNUD en Panamá.

El TRAALOG apunta a iniciativas pequeñas a nivel local que pueden ser ampliadas al ámbito nacional a través de políticas públicas, desarrollo de capacidades y alianzas. Una de las principales actividades del TRAALOG es promover el desarrollo y la sistematización de productos y herramientas de conocimiento, concentrándose en iniciativas específicas destinadas a aumentar la transparencia y rendición de cuentas, así como incorporar cuestiones de lucha contra la corrupción en otras áreas, tales como al acceso a la información, ética, cambio climático, salud, Objetivos de Desarrollo del Milenio y auditoría social. La idea es que estos productos de conocimiento sirvan como medios para generar interés y debate entre las oficinas de país del PNUD, dentro y fuera de la región, en Centros de Servicios Regionales y otras unidades del PNUD y de todo el sistema de las Naciones Unidas, así como profesionales de desarrollo y gobernabilidad democrática.

Del mismo modo, se espera que estos productos de conocimiento sirvan como referencia en el seguimiento de iniciativas y en la búsqueda de oportunidades para una replicación. Estos también pueden ser utilizados para desarrollar y apoyar proyectos y programas, así como actividades regionales. Estos productos de conocimiento son el resultado de alianzas con una serie de Oficinas de País del PNUD, donantes, consultores y expertos asociados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos ayudaron a identificar experiencias que proporcionan información práctica y valiosa referente a mejorar la gobernabilidad democrática e incrementar transparencia y la rendición de cuentas.

Estos productos de conocimiento no pretenden ser prescriptivos. Más bien, su objetivo es:

• Proporcionar ejemplos de actividades de transparencia y rendición de cuentas;• Generar debate y diálogo de políticas;• Ilustrar prácticas;• Presentar herramientas, metodologías, enfoques y estructuras;• Resaltar estudios de caso;• Guiar a lectores a recursos adicionales.

Gerardo BerthinAsesor de Políticas

Área de Gobernabilidad DemocráticaCentro Regional para América Latina y el Caribe, PNUD


Agradecimientos

La elaboración de este estudio ha sido posible gracias al apoyo del Programa Temático Global de Anti-Corrupción para la Efectividad del Desarrollo (PACDE, por sus siglas en inglés), y ha contado con el apoyo del equipo del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática del Centro Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, en particular Gerardo Berthin, María Angélica Vásquez, y Dayana Guillen. El estudio se ha beneficiado de comentarios y sugerencias de funcionarios del PNUD: Pablo Gago, Diana Torres, Diego Antoni, Marcela Ríos, María Angélica Vásquez, y Gerardo Berthin. De igual forma, el estudio se ha enriquecido aun más con los aportes de otras personas de amplia experiencia en el campo anticorrupción: Karen Hussmann (Alemania), Lorenzo Calderón (Colombia), Patricia Lima Oliveira (Brasil), Ángel Saldomando (Chile), y Andrés Hernández (Colombia). Debe agradecerse también la colaboración brindada por funcionarios y autoridades nacionales entrevistadas en el contexto de la Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción celebrada el 21 de junio de 2011 en Cali, Colombia. La revisión de indicadores contó con el apoyo de Margaret Browne.


Introducción

Durante las últimas dos décadas se ha producido en Latinoamérica y el mundo una mayor conciencia sobre los efectos perniciosos de la corrupción. Esta circunstancia ha motivado a organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a organismos internacionales y gobiernos, a impulsar iniciativas para combatir la corrupción. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas ha llevado adelante iniciativas decisivas para promover que los Estados adopten medidas para fortalecer la integridad de los funcionarios públicos, la transparencia y la buena gestión pública. En tal sentido, la negociación y aprobación en 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), el acuerdo internacional de mayor alcance en este campo, constituye su mayor logro.

En dicho marco general, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca mejorar la gobernabilidad democrática, focalizando muchas de sus acciones en el combate contra la corrupción. El Programa Global Anticorrupción del PNUD para el período 2008-2011, ha buscado además hacerse cargo de la mayor demanda de apoyo proveniente de los países, luego de la aprobación en el año 2005 de la CNUCC. Dicho Programa, denominado Programa Temático Global de Anti-Corrupción para la Efectividad del Desarrollo (PACDE por sus siglas en inglés), tiene como objetivo incrementar la capacidad institucional y estatal de los países para comprometerse más efectivamente en la reducción de la corrupción, mejorando la gobernabilidad y el desarrollo sostenible. Para ello busca que el PNUD colabore con los países en el fortalecimiento de las capacidades, sistemas e instituciones de los niveles nacionales, regionales y locales, para mejorar la gobernabilidad mediante la implementación de iniciativas anticorrupción. Este esfuerzo adquiere importancia si se considera que todos los países del continente, excepto Barbados, Belice y Surinam, han suscrito y ratificado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), el tratado anticorrupción más importante del globo, y que sólo Barbados no ha ratificado la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), la primera de su tipo.

Dentro del esfuerzo global del PNUD, y en particular el regional a través de la Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) promovida por el Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática del PNUD, se ha considerado necesario actualizar la información sobre la profundidad y alcance de la corrupción en la región, a fin de mejorar las capacidades del PNUD para la prestación de apoyo técnico y financiero en programas y proyectos anticorrupción. En dicha línea, el presente estudio persigue ser un aporte al análisis que el PNUD efectúa en América Latina y el Caribe sobre sus actividades en el campo del combate a la corrupción.

El presente estudio tiene como objetivo general actualizar el Estudio sobre Corrupción en América Latina y el Caribe del PNUD del 2009. Más específicamente, en esta su versión actualizada del 2011, el estudio tiene como principal objetivo contextualizar las principales tendencias de la corrupción en la región e identificar y sistematizar las iniciativas del PNUD. Igualmente persigue dotar al PNUD de información sobre las tendencias y desafíos de la anticorrupción en la región a la luz de la CNUCC, un mapa contextualizado de las principales iniciativas del PNUD en temas de transparencia, rendición de

PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

cuentas y anticorrupción en la región en los últimos dos años, e identificar los principales actores y socios del PNUD en la materia. Este estudio, por su amplitud, no está destinado a examinar en profundidad áreas específicas, como la justicia, los derechos humanos o el diagnóstico de países o subregiones. Asimismo, dado el carácter limitado de este estudio, se ha accedido a fuentes reconocidas y a los informes disponibles sobre la región.

En consecuencia, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de la corrupción y de las principales tendencias anticorrupción, así como de las iniciativas del PNUD, basado en la revisión de fuentes secundarias relevantes sobre la materia, en la información del PNUD, así como en la revisión de la actividad anticorrupción publicada de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de lasociedad civil. Se ha consultado asimismo a expertos calificados. Tal análisis incluye el acceso y análisis de datos obtenidos de las encuestas e índices, regionales y mundiales, más reconocidos. El análisis reconoce como base el concepto amplio de corrupción del PNUD, y como marco de clasificación y análisis las categorías y conceptos de la CNUCC. Utilizando tales herramientas, el estudio busca, más allá de precisiones nacionales, exhibir una imagen regional de la dialéctica corrupción-anticorrupción, quepermita situar las iniciativas PNUD y comprender mejor su aporte y potencial en un escenario regional diverso.

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APROXIMACIÓN A UNESTADO DE LA CORRUPCIÓNEN AMÉRICA LATINA Y ELCARIBE

P RO G R A M A S A N T I - CO R RU P C I Ó N E N A M É R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E 19

Capítulo 1

Aproximación a un Estado de la Corrupción en América Latina y El Caribe

Antecedentes

La corrupción es una expresión que evoca una gran variedad de actos. Estos incluyen el fraude público y privado, el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, la malversación de fondos públicos, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, y el tráfico de influencias, por mencionar los más comunes. Individualmente considerados, cada uno de estos actos es anormal, en tanto vulnera lo debido, sea porque quebranta un precepto legal, atenta contra el bien común o transgrede la noción de aquello que el grupo social considera correcto. Tomados en conjunto, su ocurrencia en el tiempo es un proceso complejo y anormal, con causas históricas, culturales, económicas, políticas y sociales, y que afecta la forma de vida de las personas, sus posibilidades de desarrollo humano y los fines colectivos de una comunidad política.

Desde una perspectiva general y aplicable a este estudio, la corrupción puede ser entendida como un “abuso de autoridad para obtener un beneficio personal.” Esta noción tiene la ventaja de considerar las diversas modalidades del acto corrupto así como comprender el sentido que lo anima, cual es hacer uso indebido de una autoridad entregada por otros con el propósito de obtener algún tipo de beneficio particular. Se trata de una noción de corrupción utilizada por el PNUD y que permite fácilmente comprender qué es la corrupción dentro de una empresa, de una organización política o de una institución pública, nacional o internacional. Este concepto amplio comprende la serie de modalidades específicas que puede adoptar el acto corrupto, ya que el concepto de corrupción adquiere un contorno más nítido cuando se trata de un acto corrupto específico, que es identificado mediante la tipología de delitos usados en las leyes nacionales y los tratados internacionales (soborno, fraude, peculado, etc.).

El contexto de la corrupción en la región

América Latina y el Caribe (ALC) es una región joven con un territorio equivalente a Oceanía y Europa juntos, dividido en una treintena de países que albergan a casi 600 millones de habitantes. Sus países fueron colonias españolas,1 portuguesas,2 inglesas,3 francesas4 y holandesas5 durante cuatro siglos, y cuentan con una gran diversidad étnica.

ALC tiene algunas características generales que deben ser tomadas en cuenta al examinar el fenómeno de la corrupción. Una de ellas es que la región no es pobre, pero tiene muchos pobres. Sus actividades económicas son fundamentalmente secundarias y terciarias, cuenta con abundantes recursos naturales,

1 Casi todos los países de Centroamérica, Sudamérica, y Cuba y República Dominicana en el Caribe2 Brasil3 Bahamas, Belice, Trinidad y Tobago, Guyana, por citar algunos4 Haití, Guayana Francesa, Dominica, Santa Lucía; Martinica, por citar algunas5 Surinam o Guayana Holandesa.

P RO G R A M A S A N T I - CO R RU P C I Ó N E N A M É R I C A L AT I N A Y E L C A R I B E

y económicamente es la tercera región más rica del planeta, con un Producto Interno Bruto (PIB) aproximado de US $ 6 billones anual. Sus principales economías son Brasil, México y Argentina, Colombia y Perú. Sin embargo, según varios estudios recientes la pobreza de la región alcanza al 32% de la población6 (y hasta un 45% de los niños menores de 18 años).7

Junto con lo anterior, ALC es una de las regiones más desiguales del mundo. A nivel de países, aunque su PIB per cápita promedio es de US$8,952,8 hay diferencias que van desde los US$15,260 en Chile a los US$1,370 en Haití. Al interior de los países la desigualdad económica es aun más profunda. Por ejemplo, el 10% más rico tiene el 48% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo el 1.6%; ALC es la región del mundo con la mayor inequidad en la distribución de la propiedad de la tierra; y la mitad de los niños que comienzan la primaria no la terminan, y sólo terminan la universidad el 0.9% de los estudiantes provenientes del quintil más pobre.9 Como se deriva del Primer Informe Regional sobre Desarrollo Humano del PNUD, en esta región la desigualdad es tan alta y tan persistente que, combinada con una baja movilidad social, se vuelve hereditaria de una generación a otra.10

Asimismo, es una región democrática pero con problemas de gobernabilidad. Si bien desde hace dos décadas, casi todos los países del subcontinente viven en democracia, y sus ciudadanos gozan de libertades civiles básicas y prensa libre, hay serias dudas sobre su estabilidad y la capacidad de satisfacer las crecientes necesidades de la gente. De acuerdo al Segundo Informe del PNUD sobre la Democracia en América Latina la región enfrenta serios retos que han llevado a una profunda insatisfacción popular con los líderes elegidos democráticamente. El crecimiento económico insuficiente, las profundas desigualdades y los sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular y socavado la confianza en la democracia electoral.11

Factores de Vulnerabilidad y el Fenómeno de la Corrupción

Examinando algunas características de la región con mayor detalle, se puede afirmar que, la mayoría de los países de ALC comparten ciertos aspectos que los hacen vulnerables y pueden facilitar la corrupción pública y/o privada.

El primero de estos aspectos de vulnerabilidad ante la corrupción es la existencia de sistemas de gobierno democráticos que muestran un agotamiento en términos de desempeño. El Segundo Informe del PNUD sobre la Democracia en América Latina publicado el 2010 señala que los gobiernos democráticamente electos de la región aún no pueden cumplir las aspiraciones políticas, sociales y económicas de la mayoría de sus poblaciones. Las enormes disparidades en materia de ingreso en América Latina representan también una amenaza directa para la consolidación de la democracia de participación ciudadana, una situación que no ha tenido cambios significativos durante la década.

6 América Latina, evolución de la pobreza y la indigencia 1980-2010”, CEPAL, 2011.7 Arletty Pinel, UNFPA, declaraciones en Santiago, Chile, 2011.8 Según FMI, 2011.9 Indicadores para América Latina, Niños en situación de pobreza extrema y pobreza total, CEPAL, 2011.10 PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, 2010. 11 OEA-PNUD. Nuestra Democracia, 2010.

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El segundo aspecto es una aún débil capacidad de los Estados para llevar adelante sus políticas y hacer efectiva la ley. La efectividad del gobierno es baja en la mayoría de sus países, y casi todos los países muestran un bajo nivel de imperio de la ley, sus poderes judiciales son calificados de corruptos, y el acceso a la justicia es restringido para amplias masas de la población, especialmente para los más pobres. De acuerdo al último Índice de Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial, 12 Perú, Argentina, Guatemala, Honduras, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Nicaragua, muestran un indicador de efectividad del gobierno inferior al 50% (con un indicador inferior de hasta 14%). Lo mismo sucede con el índice de imperio de la ley respecto de Brasil, Colombia, México, Perú, Argentina, El Salvador y Honduras que están por debajo al 50%, y hasta niveles inferiores a un 20% en el caso de Paraguay, Guatemala, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Sólo cuatro países de América Latina muestran un nivel de imperio de la ley superior al 50% (Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá). Junto con lo anterior, en muchos países se considera que el sistema de designación de los integrantes de los tribunales superiores está sometido fuertemente a la influencia política, y que esta situación genera riesgos de corrupción posterior, a lo que se suman una gestión ineficaz y malas prácticas en los niveles medio e inferior de los sistemas judiciales.13 En la mayoría de los países de la región existe un déficit de respeto por la ley y de confianza en la justicia, factores que facilitan la perpetración de actos corruptos.

Un tercer aspecto ampliamente presente en la región es la inseguridad debido a la criminalidad y la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina y el Caribe es la segunda región más violenta del mundo, y en donde existen altos índices de violencia interpersonal y criminal. Según el Latinobarómetro,14 el 35.9% de los encuestados ha sido, o su familia, víctima de un delito en los últimos 12 meses. Los mayores niveles en este estudio los muestra Venezuela (52%) y luego Argentina, Brasil, México, Honduras y Perú, con cifras levemente superiores al 40%. Asimismo, la región cuenta con una alta tasa promedio de homicidios, aunque con grandes diferencias, donde en Latinoamérica la mayor tasa se encuentra en El Salvador, Colombia y México.15 Por su lado, el Caribe es quizás la región más violenta del mundo, donde el número de asesinatos cada 100.000 habitantes supera el número en regiones con países en conflicto, y con cifras similares a las de Colombia o El Salvador.16 Junto con esta situación, cada vez adquiere más importancia como riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad política la incidencia de la producción, distribución y consumo de drogas en toda la región. Esto resulta especialmente preocupante si se toma en cuenta que en los últimos años

12 Anti-corruption & Governance Index, World Bank Institute, 2009.13 “Controles y descontroles de la corrupción judicial. Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá,” Fundación para el Debido Proceso Legal, 2007.14Latinobarómetro, 2007-2010. Asimismo, es destacable que, a pesar que en 2010 el problema económico aparece como el más importante en la región, en varios países se señala a la delincuencia como el principal problema, a saber: Venezuela, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Argentina, México, Guatemala, Uruguay, Honduras, Chile y República Dominicana. Por otra parte, La percepción de inseguridad personal es muy alta en América Latina: un tercio de la población cree que puede ser víctima en cualquier momento, otro tercio que le puede suceder algunas veces, y un 21% ocasionalmente. Según el informe 2010, se vive en un continente asustado por la delincuencia.15 Medido en homicidios cada 100.000 habitantes. Fuente: La criminalidad en los países de América Latina. Hugo Fruhling, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile, 2009.16 “Crime, violence and development; trends, costs, and policy options in the Caribbean,” UNODC and World Bank, 2007.


se verifica una contracción del consumo de drogas en países desarrollados, lo que ha incrementado su comercialización en los países subdesarrollados, sin que estos cuenten con condiciones suficientes para luchar contra este problema. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),17 en América del Sur se detecta un aumento del consumo de cocaína, y más al norte, si bien existe gran violencia relacionada con la droga en México, la situación en el Triángulo Norte de América Central integrado porGuatemala, Honduras y El Salvador es aún más grave, con un índice de homicidios muy superior al de México. Por otra parte, fuentes18 señalan que Venezuela ha pasado a ser uno de los principales puntos de partida del tráfico de cocaína con destino a Europa. Otro estudio menciona al crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo y la debilidad del Estado como impedimentos para el desarrollo económico y político de Latinoamérica.19 El Caribe también es mencionado como una zona fuertemente afectada por el tráfico de drogas, donde la seguridad de la población, la actividad turística y los modos de vida de la juventud se ven perjudicados por esta situación.

En cuarto lugar, la región de ALC cuenta con una alta concentración de la riqueza y una amplia distribución de la pobreza. A pesar de ser una región con un PIB de seis billones de dólares anuales, la desigualdad de ingresos es una de las más altas del mundo. El 20% más rico20 de Colombia obtiene el 62% de los ingresos (2006), similar al de Bolivia (61%; 2007), Honduras (60.8%; 2007), Brasil (58%; 2009), Guatemala (57.8%; 2006), Panamá (56.8%; 2009), Paraguay (56.5%; 2008), México (56%; 2008), República Dominicana (53%; 2007), Perú (52%; 2009), El Salvador (51.9%; 2007) y Argentina (50%; 2009).21 Por otra parte, según el Informe Mundial de la Riqueza 2008,22 en el transcurso de los años 2005 a 2008 los individuos más acaudalados de Latinoamérica incrementaron su fortuna en un 20.4%. Según el mismo informe, los ricos de los países petroleros del Medio Oriente vieron aumentar sus ingresos en un 17.5% en el mismo período, en África un 15%, en Asia un 12.5%, en Europa 5.3% y en Estados Unidos y Canadá en un 4.4%. Asimismo, y de acuerdo a este informe, la riqueza total de los ricos latinoamericanos, definidos como las personas que tienen más de un millón de dólares en ahorros líquidos, aumentó de US$420 trillones en el 2005 a US$620 trillones en el 2007. El informe proyecta que esta situación seguirá en ascenso, ya que la riqueza de los ricos de la región ALC crecerá un 10.8% anual, más que la de otros ricos del globo.

Además de los cuatro aspectos mencionados, se han señalado otras características más específicas y especialmente asociadas a la corrupción pública en los países de la región, y que son:23 la existencia de una función pública en transición; leyes engorrosas, superposición de responsabilidades de diferentes

17 Informe Mundial sobre las Drogas 2010, UNODC, 2010.18 Informe Mundial sobre las Drogas, op. cit.19 Strategic Challenges in Latin America. Assessing the Threats and Managing the Responses.” John Chipman, Conference on Strategic Perspectives on Latin America, IISS, 2009.20 World Bank database, http://data.worldbank.org/21 Sólo muestran mejores índices en este aspecto específico, Uruguay, Venezuela y Chile (a pesar que observando el índice de Gini, Chile está entre aquellos más desiguales de la región, junto a Brasil, Bolivia y Colombia).22 Estudio realizado por Capgemini y Merril Lynch.23 “La Corrupción en América Latina: Estudio Analítico Basado en una Revisión Bibliográfica y Entrevistas.” Parker, Berthin, de Michelle, y Mizrahi; 2004.

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organismos gubernamentales y confusión sobre leyes; procedimientos burocráticos y reglamentaciones complejas y excesivas; debilidad de las instituciones de control y fiscalización; legislaturas inefectivas; sistemas judiciales disfuncionales que no son eficientes ni independientes; controles sociales débiles, escasa articulación y falta de voz; más conciencia, pero actitudes mixtas hacia la corrupción; y, ausencia de voluntad política para controlar la corrupción. Efectivamente, los aspectos generales mencionados, así como estas características más específicas favorecen la corrupción, en tanto generan condiciones e incentivos para la desviación y abuso del poder en la gran mayoría de los países de la región. Asimismo, y como se verá más adelante, las encuestas e índices internacionales recogen no sólo una impresión delalcance de la corrupción en la región, sino que múltiples constataciones sobre condiciones facilitadoras de la corrupción, como son la baja confianza en la democracia, en las instituciones, y en la eficacia del gobierno, así como la baja aplicación de la ley y bajos niveles de rendición de cuentas.

El Fenómeno de la Corrupción en América Latina y el Caribe

Una vez considerados algunos hechos relevantes de la región asociados a la corrupción, resulta necesario describir la situación actual del fenómeno, mirando el presente y, cuando es posible, los últimos diez años. Primeramente entendiendo que la corrupción no es un problema nuevo, pero que hoy en día es más estudiado y las encuestas e índices nos pueden mostrar mejor su grado de extensión y su localización que en el pasado.

Se puede afirmar que la corrupción ha estado tan honda y tradicionalmente presente en la región, que durante décadas pasadas tuvieron aceptación las visiones que atribuían a la corrupción en América Latina un fundamento cultural. Existen en todos los países frases tradicionalmente utilizadas por la población para describir, e incluso valorar la corrupción: desde el conocido “hoy por ti, mañana por mí,” en Chile, hasta “al pendejo ni Dios lo quiere,” en Nicaragua. En un nivel político mayor, son muy conocidas en la región las expresiones “nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos”24 y “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley.”25

Durante la última década del siglo XX ha habido escándalos de alta corrupción donde han aparecido directa o indirectamente implicados gobernantes latinoamericanos. Así ocurrió en Brasil (1991) donde el Presidente Fernando Color de Mello fue acusado constitucionalmente por soborno, y destituido de su cargo de Presidente; en Venezuela (1993) el ex Presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado, junto a algunos de sus ministros, de malversación de fondos públicos y fraude a la nación; en Chile (1994) luego de la dictadura del General Augusto Pinochet se conocieron pagos millonarios al hijo del general en transacciones realizadas por las Fuerzas Armadas; en México (1995) se dio el caso que implicó a Raúl Salinas de Gortari, hermano del Presidente de la época, con acusaciones de homicidio y enriquecimiento ilícito; en Ecuador (1997), donde el Presidente Abdalá Bucaram fue acusado de corrupción y depuesto por el Congreso pero se asiló en Panamá; en Perú (2000) el Presidente Alberto Fujimori fue acusado de delitos de lesa humanidad y corrupción, huyendo a Japón y posteriormente a Chile, desde donde fue extraditado a Perú y hoy cumple condena; en Argentina (2001), el ex Presidente Carlos Saúl Menem fue acusado de corrupción y tráfico de armas a Ecuador y Croacia; en Nicaragua (2002), donde se produjo el

24 Atribuida al Presidente mexicano Álvaro Obregón (1880-1924).25 Atribuida al dictador peruano Oscar Benavides (1876-1945).


caso de Arnoldo Alemán, en que el ex Presidente nicaragüense fue acusado de enriquecimiento ilícito y apropiación de fondos públicos por US $100 millones.26

Estos escándalos, denuncias e investigaciones provocaron en la región descontento e indignación pero también, por su recurrencia, se creó una percepción más o menos generalizada de que la corrupción era parte del sistema político democrático, afectando negativamente el veredicto sobre la democracia. El Latinobarómetro de 2001 describía esta percepción al mostrar que “la satisfacción con la democracia baja de 37% en 2000 a 25% en 2001 en el promedio de la región (…) Las diferencias por países y la manera cómo evolucionaron son enormes y están directamente correlacionadas con el desempeño de cada gobierno en el respectivo país (…)” El informe concluyó que las debilidades de los sistemas democráticos de la región son “la baja importancia de los bienes políticos, la alta correlación entre el desempeño económico y el apoyo al sistema democrático, la baja confianza en las instituciones y los personeros que gobiernan, el reconocimiento de que los militares tienen influencia en el acontecer político, junto con la confusión de su función dentro del sistema democrático”. El informe de 2001 concluía que “América Latina ha mirado las reformas estructurales y económicas como el objetivo central para conseguir el desarrollo y la estabilidad política, pero al mismo tiempo ha descuidado la atención a la construcción de bienes políticos.”

Diez años después, el mismo informe (2010) afirma que “la corrupción es uno de los puntos que afectan a la democracia y su apoyo.” Sin embargo también destaca que la región percibe que hay progreso en la reducción de la corrupción. Efectivamente, hubo un importante aumento de esa percepción a lo largo de los años 2004–2007, cuando aumentó de 26% a 39%, y desde entonces esa percepción de progreso está más bien estancada, manteniéndose en 37% en el año 2010, con un leve descenso en la percepción respecto del 2009, cuando alcanzó 39%. A pesar de las buenas noticias de los últimos años, el estudio confirma que existe una cantidad significativa y permanente desde 1995, de demócratas insatisfechos, que fluctúan entre el 34% (1996) y 15% (2009). La corrupción es una de las causas que genera este descontento con la democracia.

En suma, durante la década del 90 las renacientes democracias fueron afectadas por múltiples casos de corrupción, que dañaron la legitimidad de los gobiernos y el veredicto de la democracia, y que en algunos países significaron la repulsa popular y, a veces, la expulsión de sus cargos de gobernantes elegidos. La corrupción en la democracia puso en riesgo la gobernabilidad democrática en la región, ya que abrió frentes de inestabilidad y oportunismo político. En la década siguiente se muestran señales de recuperación, donde la democracia está afectada principalmente por las crisis económicas, y en la mitad de la década una percepción de que los gobiernos de la región tuvieron un mejor desempeño, a la vez que un avance en la reducción de la corrupción.

26 En muchos casos, luego de largos procesos judiciales, no se pudo comprobar fehacientemente la participación directa de estos altos dirigentes en los actos de corrupción, algunas veces con vuelcos debido a la retractación de testigos o su muerte, o porque los tribunales superiores de justicia acogieron los recursos de los acusados. En cualquier caso, lo que quedaba en la opinión pública era una percepción de corrupción y de impunidad.

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El Estado de la Corrupción en los Últimos Diez Años

Luego de contar con antecedentes contextuales sobre la corrupción en la región, es posible esbozar una figura acerca de la extensión y profundidad del fenómeno. Para ello, se toman en cuenta los más reconocidos índices y encuestas aplicadas regionalmente. Primeramente se examinará cuál es el nivel general de la corrupción, sus tendencias y algunos casos notables de países, para luego visualizar aquellos actores que parecen más sindicados como vinculados a la corrupción. Finalmente, se constatará cuál es la percepción de los ciudadanos acerca del estado de la corrupción y de los avances en materia de anticorrupción.

La Corrupción es un Fenómeno Extendido en la Región

América Latina y el Caribe (ALC) es una región extensamente afectada por la corrupción. Se puede afirmar que en esta región la corrupción es un problema con características endémicas, en cuanto se trata de un fenómeno localizado en toda la región y con un alto número de personas afectadas. Asimismo, comparada con otras regiones del mundo, ALC es una región caracterizada por altos niveles de corrupción.

La extensión del fenómeno es reconocida por funcionarios internacionales y expertos, y percibida claramente por la población. Los índices más reconocidos internacionalmente recogen esta visión de la ciudadanía. El Índice de Percepción de la Corrupción (IdPC) 2010, de Transparencia Internacional, muestra que en la gran mayoría de los países de la región se percibe un alto nivel de corrupción (Gráfico 1).

Gráfico 1

El IdPC, mide anualmente desde 1995 la percepción de corrupción en varios países utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 es alta y 10 es baja. En la mayoría de los países de ALC el IdPC no alcanzan una

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10

Chile

Uru

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Haití

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a

Índice de Percepción de la Corrupción (2010)

Regional Average 2010

Fuente: Transparencia Internacional


calificación de 4. Las únicas excepciones corresponden a Chile, Uruguay, y en menor medida, Puerto Rico y Costa Rica.27 Los dos primeros con puntajes mayores a 6. Un segundo grupo, el más numeroso, estaría conformado por aquellos países cuya calificación los ubica entre los 3 y los 5.9 puntos. Por último, se observa un grupo de 8 países que lograron una calificación inferior a los 2.9 puntos. Dentro de éste grupo, los países con menor calificación corresponden a Paraguay y Venezuela.

Observando las diferencias del IdPC intra-regiones (Gráfico 2), se puede observar que en la sub-región de Centroamérica y México, sólo Costa Rica se encuentra sobre los 5 puntos. Junto a El Salvador yPanamá, aparece dentro de los tres países cuyos puntajes los ubican sobre el promedio de la sub-región. Las calificaciones más bajas corresponden a Nicaragua y Honduras.

Gráfico 2

En los cuatro países del Caribe considerados para observar la subregión, las puntuaciones del IdPC están entre Puerto Rico, con 5.8, y Haití, con 2.2, como se puede apreciar en el Gráfico 3

27 Por una razón práctica no se incluye en los gráficos a países con población inferior a 2 millones de habitantes. Sin embargo, hay que mencionar que Barbados está calificado con puntaje de 7.8.

0

2

4

6

8

10

Costa Rica El Salvador Panamá Guatemala México Nicaragua Honduras

Índice de Percepción de la Corrupción México y Centroamérica (2010)

Promedio Subregión 2010


26


Gráfico 3

Para el caso de Sudamérica (ver Gráfico 4), los países que superan el promedio sub-regional del IdPC (5) son Chile y Uruguay. Significativamente por debajo de éstos se encuentran Brasil, Colombia y Perú. El resto de los países no supera los 2.9 puntos, siendo los más bajos Paraguay y Venezuela.

La visión sobre la extensión del fenómeno es corroborada por otras fuentes. El más reciente Índice de Gobernabilidad del Instituto Banco Mundial, muestra que la gran mayoría de los países de la región exhiben bajos indicadores en materia de control de la corrupción28 (Ver Gráfico 4).

Gráfico 4

Para el indicador Control de la Corrupción, las calificaciones varían entre 89.5 (Chile) y 8.1 (Venezuela). Sólo Chile, Uruguay y Costa Rica presentan una calificación considerablemente mayor a la del resto de

28 El Índice de Gobernabilidad del instituto del Banco Mundial, utiliza seis indicadores, que son: voz y rendición de cuentas; calidad regulatoria; estabilidad política; imperio de la ley; efectividad gubernamental; y, control de la corrupción.

0

2

4

6

8

10

Puerto Rico Jamaica R. Dominicana Haití

Índice de Percepción de la Corrupción Caribe (2010)

Promedio Subregión 2010Fuente: Transparencia Internacional

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20

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60

80

100Control de la Corrupción - América Latina (2009)

Fuente: Banco Mundial - Worldwide Governance Indicators


los países de la subregión. Por su parte, los países con calificaciones más bajas corresponden a Venezuela, Ecuador, Honduras y Paraguay. Estos resultados generales coinciden con los del IdPC, y sus diferencias son únicamente de grado.

La percepción sobre la extensión de la corrupción es persistente. La corrupción en la región es un fenómeno con presencia permanente. Los datos de los últimos diez años muestran que el panorama de la corrupción no ha cambiado sustancialmente, salvo muy raras excepciones.

Acudiendo nuevamente al IdCP, se puede ilustrar en el Gráfico Gráfico 5 la evolución del índice promediado de todos los países de la región, entre los años 2001 y 2010.29 Como se puede observar a lo largo de una década, el IdCP de la región no ha alcanzado en ningún caso en la escala 4, aunque ha exhibido una pequeña tendencia a la mejora a partir del año 2006.

Gráfico 5

La persistencia del problema es evidenciado también en los datos del Banco Mundial. Los seis indicadores (Voz y Rendición de Cuentas, Calidad Regulatoria, Efectividad Gubernamental, Control de la Corrupción, Estabilidad Política, y el Imperio de la Ley) del Índice de Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial corroboran esta tendencia, y en particular como ya se mencionó, el indicador de control de la corrupción que es persistentemente bajo a lo largo de la última década. De una manera preocupante, la misma persistencia la muestran los indicadores de estabilidad política e imperio de la ley, como se verifica en el Gráfico 6.

29El promedio incluye todos los países de ALC considerados en el Índice.

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Promedio Índice de Percepción de la Corrupción en la Región


28


Gráfico 6

Observando los datos más en profundidad (ver Gráficos 7, 8 y 9 respectivamente), se puede apreciar la diversidad de tendencias de estas áreas (indicadores) en los distintos países y sub-regiones.

Gráfico 7

Voz y Rendición de cuentas

Calidad Regulatoria

Efectividad Gubernamental

Control de la Corrupción

Estabilidad Política

Estado de Derecho

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-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

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0.8

1

Variación en los Indicadores de Gobernabilidad en América Latina y el Caribe (2000 - 2009)

2000 2003 2006 2009


0

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100

Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá

Indicadores para México y Centroamérica (2009)

Voz y Rendición de Cuentas Estabilidad Política Efectividad GubernamentalCalidad Regulatoria Imperio de la Ley Control de la Corrupción



Gráfico 8

Gráfico 9


0

50

100

Haití Jamaica Puerto Rico R. Dominicana

Indicadores para el Caribe (2009)

Voz y Rendición de Cuentas Estabilidad Política Efectividad Gubernamental

Calidad Regulatoria Imperio de la Ley Control de la Corrupción


0

50

100

Indicadores para Sudamérica (2009)

Voz y Rendición de Cuentas Estabilidad Política Efectividad Gubernamental

Calidad Regulatoria Imperio de la Ley Control de la Corrupción


30


A pesar de todo, en algunos países se perciben cambios. El IdPC ha variado de manera importante en algunos países entre los años 2000 y 2010. Esta variación puede dar indicios sobre posibles casos de países más y menos efectivos en el control y/o combate a la corrupción, o al menos, de cambios significativos en la percepción en un largo periodo. Un modo simple de examinar si un país ha tenido una variación positiva o negativa en el IdPC en los últimos diez años resulta de comparar sus puntuaciones, como en este caso, entre los años 2001 y 2010.30 El Gráfico Gráfico 10 nos muestra una variación promedio por sub-región.31 Examinando la variación por subregiones (Gráfico 11), se puede verificar una tendencia positiva en el Caribe aunque con mayor inestabilidad que las demás subregiones.

Gráfico 10

30 Para cada país se ha calculado la variación del índice entre los años 2001 y 2010 (cuando los datos lo han permitido). Ésta corresponde a la diferencia entre las calificaciones registradas para ambos años. Una variación negativa registra una disminución en el puntaje obtenido por el país en los últimos 10 años. Por el contrario, una variación positiva registra un aumento en dicho puntaje.31 No se han incluido los datos de algunos países del Caribe, por cuanto no existen series de datos completas para esta sub-región.

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

Variación del Índice de Percepción de la Corrupción en Latinoamérica (2001 - 2011)

Promedio Variación RegiónFuente: Transparencia Internacional


Gráfico 11

Gráfico 12

Como se puede observar en el Gráfico 12 donde se muestra las tendencias para algunos países pre-seleccionados, se exhibe una alta variación positiva en el caso de Uruguay, así como variaciones de relativa consideración para los casos de Costa Rica y Bolivia. Por otro lado en el otro extremo, Jamaica y

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1

2

3

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variación Positiva del Índice de Percepción de la Corrupción (Países Seleccionados y Promedio Región)

Bolivia Costa Rica Uruguay Promedio Región


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1

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Promedio del Índice de Percepción de la Corrupción - Por Subregión

Promedio IPC México y Centroamérica Promedio IPC Caribe Promedio IPC Sudamérica


32


Venezuela presentan variaciones negativas superiores a -0,5 puntos (Gráfico 13). Vale la pena además hacer notar que Paraguay y Bolivia, que muestran un IdPC alto en el año 2010, han mostrado también avances en comparación con su situación en el año 2001.

Gráfico 13

En suma, se puede observar una persistente profundidad y extensión del fenómeno de la corrupción en ALC, así como la inexistencia de una variación significativa a favor de mejores IdPCs a lo largo de la década, salvo las excepciones mencionadas. La revisión de los indicadores permite observar adicionalmente sus limitaciones para describir modalidades de corrupción. Asimismo, este tipo de índices si bien son útiles para hacer comparaciones entre países, no permiten detectar específicamente áreas o sectores de mayor corrupción, una labor que sí se puede encontrar presente en otro tipo de estudios de país,32 tales como aquellos que tratan de medir la corrupción cotidiana (petty corruption).33

Actores de la Corrupción en la Región, según la Percepción Ciudadana

Cuando se trata de identificar a los principales actores de la corrupción normalmente se acude a los lugares comunes, lo que involucra apuntar con el dedo a funcionarios corruptos y empresarios ambiciosos. Si bien existe un gran sustrato de realidad en esta premisa, resulta también necesario reconocer que los actores clave en la temática son más diversos y que para identificarlos es necesario establecer algunos alcances y categorías. El alcance tiene que ver con delimitar lo que se entenderá por corrupción, y las categorías por diferenciar tipos de corrupción que permitan identificar actores clave.

Como se ha señalado anteriormente, el concepto de corrupción que se utiliza en este estudio es amplio, e involucra actos efectuados por agentes públicos y privados para ganancias personales por sobre la

32 Un ejemplo es el último diagnóstico sobre la corrupción en Nicaragua patrocinado por el Programa Fondo conjunto de Donantes para la Anticorrupción en el 2009. 33 Ver por ejemplo, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana en http://www.transparenciamexicana.org.mx/

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Variación Negativa del Índice de Percepción de la Corrupción (Países Seleccionados y Promedio Región)

Jamaica Venezuela Promedio Región



colectiva. Esto significa que teóricamente los corruptos pueden ser empleados, gerentes y empresarios al interior de sus organizaciones, funcionarios públicos de cualquier rango, directivos y autoridades, sean nacionales, extranjeros o internacionales, dirigentes políticos, sociales, religiosos y gremiales, y en general, cualquier persona que ejerza algún nivel de autoridad o poder otorgado en representación de una colectividad. Se debe considerar asimismo, que los actores de la corrupción pueden serlo activa o pasivamente, es decir, como corruptores o ser sujetos de corrupción. Por eso una metáfora que se utiliza con frecuencia es que como en el tango, en la corrupción se necesitan “dos para bailar.”

En ALC se llevan a cabo tradicionalmente actos de gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña corrupción (petty corruption),34 con la intervención de varios de los actores señalados más arriba. Sin embargo, hoy se pueden hacer algunas precisiones acerca de qué actores pueden ser percibidos como los más propensos a involucrarse en prácticas corruptas. El Barómetro Global de la Corrupción (BGC) 2010 consultó sobre instituciones y sectores clave que puedan ser más propensos a involucrarse en prácticas corruptas35 y resaltó que en América Latina36 los partidos políticos son considerados los más propensos. Le siguen muy de cerca el sistema judicial, el congreso y los empleados públicos, siendo la percepción regional coincidente con los resultados a nivel global. En menor medida en la Región, pero de manera importante también, son señaladas las empresas privadas. En el BGC 2010, la policía en general aparece, pero menos expuesta. De acuerdo al BGC, los países en que los partidos políticos aparecen como los más expuestos de todos los actores son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México. El sistema judicial fue el mencionado como más propenso en Bolivia y Perú; el congreso/la asamblea nacional lo fue en Brasil y Colombia; los empleados públicos también en Brasil, así como la policía, pero asimismo en Colombia.

De acuerdo a la misma fuente, las instituciones y sectores clave que serían menos propensas son los medios de comunicación, las ONG, las organizaciones religiosas, el ejército y el sistema educativo. Junto con lo anterior, es importante tomar en cuenta que en el BGC 2010, la mayoría de los encuestados señalaron a los medios de comunicación como el actor en el cual confiaban más para luchar contra la corrupción, y 25% afirmó que no confiaba en ninguna institución para esta tarea.

Según el BGC 2010, en todo el mundo se percibe que los niveles de corrupción han aumentado en los últimos tres años. En Latinoamérica esta percepción es menor que en otras regiones, A pesar de esto, la mitad de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado, siendo esta creencia notablemente más marcada en Venezuela (86%), Perú (79%) y México (75%). Junto con ello, casi cuatro de diez personas

34 La primera es la que involucra a agentes de poder económico y de la política y que persigue comúnmente transar en las grandes decisiones políticas, y en algunos casos, afectar las regulaciones y controlar el aparato estatal, hasta llegar a lo que se denomina la captura del Estado. En este tipo de corrupción le cabe participación a grandes empresarios, grupos económicos e inversionistas extranjeros, junto a dirigentes políticos, congresistas, altos magistrados y autoridades políticas de primer nivel. La segunda categoría es aquella que persigue normalmente afectar las decisiones de entidades públicas o el uso de sus recursos presupuestarios de las mismas para un beneficio económico directo o indirecto ilegítimo, como se da en los fraudes, estafas, y las malversaciones de caudales públicos. La tercera consiste en pequeñas transacciones económicas indebidas para acceder a un beneficio del Estado u organización, o para evitar el cumplimiento de la función pública y comúnmente evadir la ley. Aquí los actores son los escalafones funcionarios más bajos o aquellos que se relacionan con el público, y los ciudadanos y clientes de empresas.35 Las instituciones y sectores considerados en el Barómetro son los partidos políticos, el congreso, la policía, los empresarios/sector privado, los medios de comunicación, los empleados públicos, el sistema judicial, las ONGs, las organizaciones religiosas, el ejército y el sistema educativo. 36 En el estudio sólo se consideró a nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela.

34


creen que el nivel de corrupción se ha mantenido. Estos datos guardan cierta correspondencia con los obtenidos por el Latinobarómetro 2010, en el que se registran mayoritariamente respuestas negativas sobre una reducción de la corrupción en los organismos del Estado en la mayoría de los países de la región, representando mejor esta tendencia Argentina, Perú, Honduras y Guatemala. Eso sí, también se verifican en el Latinobarómetro algunos países con una percepción de reducción de la corrupción pública en los dos últimos años, especialmente Uruguay, Panamá, El Salvador, Bolivia y Colombia.

La población cree que la corrupción es generalizada, aunque su experiencia es distinta. Los ciudadanos en LAC están acostumbrados a la corrupción y tienen una opinión de que se encuentra generalizada.37

Según el mismo BGC, en el año 2010 un 23% de los latinoamericanos habría pagado un soborno para acceder a servicios públicos, un nivel muy alto comparado con el de Norteamérica, pero inferior a lo que pagarían por los mismos servicios en el Medio Oriente y África del Norte, el África Subsahariana o algunos países de los Nuevos Estados Independientes (ex republicas soviéticas).38 Otros estudios muestran niveles similares de victimización promedio en la región,39 y en el nivel nacional mayor de victimización se registra en Haití (53%), México (35%), Bolivia (32%), Perú (32%) y Paraguay (27%), y menor en Chile (5%), Uruguay (7%), Jamaica (7%), Trinidad y Tobago (9%), y Panamá (9%) respectivamente. En este sentido, existen grandes diferencias en victimización en los distintos países de la región.

Al momento de comparar los indicadores de percepción con los de victimización de la corrupción es habitual encontrarse con discrepancias importantes, debido a diferencias metodológicas y conceptuales.40 Los datos expuestos deben así ser interpretados considerando las limitaciones propias de este tipo de estudios, pero tomando en cuenta que en cualquier caso se trata de cifras significativas, que retratan un problema generalizado de corrupción en la región, con variaciones en los grados y modalidades en cada país.

37 Los datos de la encuesta LAPOP/Universidad de Vanderbilt de 2006, 2008 y 2010, muestran que de manera constante un porcentaje superior al 60% de los encuestados en la región consideran que la corrupción de los funcionarios públicos está algo generalizada o muy generalizada en sus países.38 Barómetro Global de la Corrupción 2010, Transparencia Internacional.39 LAPOP 2010, Universidad de Vanderbilt.40 Adicionalmente, la mayoría de los datos sobre percepción no la definen, y los de victimización se refieren únicamente a una de sus múltiples modalidades, el soborno.

TENDENCIASANTICORRUPCIÓN ENAMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


Capítulo 2

Tendencias Anticorrupción en América Latina y El Caribe

Antecedentes

Esbozar las tendencias de la acción anticorrupción en ALC requiere al menos tomar en cuenta el proceso histórico que se ha desarrollado en las últimas dos décadas en el combate a la corrupción, la postura de los gobiernos y organismos internacionales, y detectar aquellas áreas en las que se ha producido focalizaciones de esfuerzo. A continuación se desarrolla una breve descripción del proceso de incorporación de la corrupción como un área de política gubernamental en la región, para posteriormente analizar las principales tendencias de la acción anticorrupción gubernamentales e intergubernamentales en los últimos cinco años.

La historia reciente muestra casos de gran corrupción recurrentes en la región, la persistencia de la corrupción cotidiana (petty corruption) y aprendizajes en la búsqueda de soluciones. Como se señaló en el capítulo anterior, en la región hubo una serie de escándalos de gran corrupción, a medida que transcurría la última década del Siglo XX. Tales escándalos afectaron y sindicaron generalmente a las máximas autoridades políticas de los países, creando un riesgo de gobernabilidad y llamando posteriormente la atención sobre la gravedad del fenómeno y su efecto sobre la gobernabilidad democrática. Sin embargo, dicho proceso ha sido largo y ha tenido diversas etapas. La primera de ellas, durante gran parte de década del 90, estuvo caracterizada por la advertencia del problema, que iniciaba con el escándalo político y la búsqueda de justicia, y la suscripción de un acuerdo regional anticorrupción. En esta etapa, los países de la región se percataron que sus leyes nacionales eran precarias, pero que además que no existían instrumentos internacionales que facilitaran la aprehensión en el extranjero de las ex altas autoridades acusadas de corrupción una vez que abandonaban el país. La iniciativa de contar con un tratado internacional hemisférico contra la corrupción nació en la Primera Cumbre de las Américas celebrada en 1994, y se negoció en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), para ser adoptada finalmente en el año 1996. Se trató de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) es un hito político, al ser la primera convención anticorrupción en el mundo, a la vez que un desafío que dio lugar a una segunda etapa, aquella destinada a implementarla y darle seguimiento a la implementación.

La CICC comprendía una serie de compromisos gubernamentales, destinados a la prevención de la corrupción, a la penalización de actos corruptos, y a la cooperación internacional en la materia. Su puesta en práctica dio lugar, primeramente, a la discusión y aprobación de nuevas leyes en la mayoría


de los países de la región. Se trató de leyes cuyo objetivo era hacer más transparente, eficiente e íntegra la gestión pública,41 y también de leyes que criminalizaban diversas modalidades de corrupción.42

Comenzaron a surgir iniciativas de ley en la región, algunas de ellas promovidas por la OEA, que alentó la elaboración de leyes modelo. Se aprobaron leyes anticorrupción en diversos países durante la década del 90, y en muchos casos se crearon oficinas gubernamentales anticorrupción, encargadas de su implementación a la vez que de proponer políticas públicas anticorrupción a los gobiernos.43

En otros países se asignaron o fortalecieron funciones de oficinas encargadas del control superior, como las Contralorías, que sumaron a sus funciones tradicionales otras asociadas a la lucha contra la corrupción, como son las declaraciones de patrimonio, o la investigación de casos de corrupción. Esta segunda etapa de creación legislativa y de puesta en marcha de organismos especializados se inició a fines de los 90 y se prolongó entrada la década siguiente. Pero al mismo tiempo una nueva etapa se fue forjando, al crearse en el seno de la OEA un mecanismo de seguimiento de la CICC y al iniciarse las negociaciones para un futuro tratado internacional anticorrupción de alcance global.

De esta manera, los años de discursos, leyes e inauguraciones dieron paso a la necesidad de verificar si los recursos políticos y económicos invertidos en el combate a la corrupción tenían un resultado verificable. Varios gobiernos quisieron seguir el ejemplo de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Combate al Soborno Transnacional, y de otras como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y establecer un mecanismo que permita monitorear o hacer seguimiento a las medidas que los Estados de la región estaban tomando en el combate a la corrupción. Por ello, en 2001 se creó el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), como un mecanismo de cooperación intergubernamental, el que, con la ayuda de la OEA, haría un examen periódico de la implementación de las provisiones de la CICC y emitiría recomendaciones para su mejor implementación. A la fecha actual, el MESICIC ha celebrado dos rondas de examen entre 2002 y 2008 y se encuentra en la tercera. De este mecanismo se pueden extraer ciertas lecciones, como se verá más adelante.

Coetáneamente, se habría ido fraguando en Naciones Unidas la convicción de que era necesario contar con un instrumento anticorrupción de carácter global. Entre los años 2001 y 2003 se negoció dicho instrumento, aprobándose en Mérida, México, el texto de la CNUCC. Dicho tratado recogió las lecciones aprendidas en diversas regiones del mundo y se constituyó en el instrumento más amplio y de mayor alcance en la lucha contra la corrupción, estableciendo desde su inicio la necesidad de monitorear su implementación. Eso sí, la aprobación y puesta en marcha del mecanismo de seguimiento tardó seis

41 Las medidas preventivas contempladas en la CICC apuntaban a la dictación de normas para prevenir los conflictos de interés, mejorar el control de los recursos públicos, alentar la denuncia de los actos de corrupción, fortalecer los organismos de control superior, transparentar los activos y pasivos de las autoridades públicas, desestimular la exención tributaria de los pagos corruptos, y promover la participación de la sociedad civil, entre otros.42 La CICC criminalizaba el soborno, el lavado de activos, el peculado y la malversación de fondos públicos, el uso indebido de información privilegiada o reservada, el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito.43 Por ejemplo, en Colombia se creó el Programa Presidencial Anticorrupción, ubicado en la Vicepresidencia; en Argentina se creó la Oficina de Ética Pública, más adelante reemplazada por la Oficina Anticorrupción, en el Ministerio de Justicia; en Ecuador nació la Comisión Anticorrupción, posteriormente denominada Comisión de Control Cívico de la Corrupción.

40


años. Recién a fines de 2009 se aprobó la regulación del mecanismo, el cual comenzó a operar en 2010. Así, se pueden distinguir tres etapas en la respuesta regional que los gobiernos han dado al problema de la corrupción. La primera caracterizada por la sensibilización frente al problema y la reacción gubernamental, la segunda por la dictación de normas domésticas y acuerdos internacionales, y una tercera que se enfoca en el seguimiento y la evaluación de las normas y tratados.

Este proceso de dos décadas ha significado avances en el combate contra la corrupción en la región. En un primer nivel de carácter estratégico, ha habido consensos en la región sobre la influencia negativa que la corrupción puede ejercer sobre la gobernabilidad democrática, y sobre la necesidad de tener normas regionales e internacionales en materia de anticorrupción, de darles implementación nacional y de hacerles seguimiento periódico. Hoy en día, nadie discute la necesidad de adoptar tales medidas, y los organismos internacionales y multilaterales sostienen líneas permanentes de acción destinadas a apoyar los esfuerzos anticorrupción de los países. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han apoyado a los gobiernos de la región para efectuar reformas administrativas para mejorar la gestión pública y fortalecer institucionalmente el aparato anticorrupción de numerosos países. La OEA y las Naciones Unidas han impulsado programas y proyectos a nivel hemisférico para apoyar con asistencia técnica a gobiernos y congresos en la implementación de leyes anticorrupción.

Otro avance importante es que se ha desarrollado un mundo nuevo de actores internacionales, gubernamentales, sociales y privados, dedicando esfuerzos a la lucha contra la corrupción, lo que constituye un capital social que favorece las iniciativas en la materia. La colaboración entre entidades públicas y privadas, entes gubernamentales y sociedad civil, gobiernos, donantes y organismos internacionales, es ya una realidad del trabajo anticorrupción en la región, y la actuación colaborativa y las redes de apoyo han demostrado ser un factor de sostenibilidad de los proyectos e iniciativas.

Un tercer avance de importancia es la existencia de una arquitectura jurídica internacional que favorece el diseño y rediseño de las legislaciones nacionales anticorrupción. Se puede decir que en América Latina las convenciones anticorrupción fueron los motores y canales por los cuales se iniciaron las grandes reformas en materia de prevención y represión de la corrupción. La CICC (1996), la Convención de la OCDE (1997) y la CNUCC (2003) fueron sucesivamente marcando una ruta que, si bien tienen desafíos, no tiene marcha atrás. Este hecho da fundamento jurídico y político a los ciudadanos, organizaciones y gobiernos para demandar e impulsar agendas anti-corrupción en sus respectivos países.

Las Tendencias Anticorrupción

El fenómeno de la corrupción ha generado respuestas de diversa naturaleza en la región. Movilizaciones ciudadanas, discursos, juicios políticos, anuncios de reforma legal, procesos judiciales por corrupción y peticiones de extradición, han sido las más comunes. Pero también, y posteriormente, se han llevado a cabo reformas sustanciales de las legislaciones domésticas, se han implementado planes de fortalecimiento institucional, campañas de difusión y educación, acciones concertadas de organizaciones de la sociedad civil, generándose flujos de política pública y actividad especializada anti-corrupción. Los gobiernos de la región, desde fines de los 90, han asumido que la anticorrupción y la transparencia son temas ineludibles de la agenda pública, y en muchos casos se han comprometido con líneas de acción y


programas, construyendo políticas que facilitan la alineación y orientación de los actores estatales y no estatales en la materia.

En el nivel internacional, la actividad de la OEA, la OCDE y las Naciones Unidas en anti-corrupción ha ayudado a formar un lenguaje común, a difundir mecanismos y herramientas de prevención y de combate a la corrupción, y a sentar las bases de algunas plataformas de cooperación.44 Las Naciones Unidas, especialmente desde 2005, con la entrada en vigor de la CNUCC, ha desplegado una actividad incesante de promoción del tratado internacional, de asesoría y apoyo técnico a los gobiernos, y facilitando que se ponga en funcionamiento el mecanismo de seguimiento de su implementación.

Desde el nivel nacional, las políticas públicas anticorrupción en los países de la región son variadas y en la mayoría de los casos, y a lo largo de los años, muestran modificaciones y cambios de énfasis derivadas de los cambios de gobierno y de los subsecuentes cambios en las políticas de éstos (excepciones a lo anterior han ocurrido en Brasil, debido a los gobiernos consecutivos del Presidente Ignacio “Lula” Da Silva; y en Chile, debido a cuatro gobiernos consecutivos de la concertación de Partidos por la Democracia). A pesar de ello, existen indicios importantes acerca de ciertas tendencias anticorrupción, que encuentran su motor dinamizador en la actividad de organismos internacionales,45 en la actividad de entidades gubernamentales con responsabilidades específicas en la lucha contra la corrupción, y en organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional y regional.

Las tendencias anticorrupción en la región son así un proceso complejo de las diversas iniciativas que impulsan actores nacionales e internacionales, cuya descripción constituye, más que el listado exhaustivo de estas, una descripción de grandes áreas de acción en curso.

I. Tendencias desde una perspectiva internacional intergubernamental

En ALC una fuente importante de acciones anti-corrupción son las iniciativas intergubernamentales que se acuerdan en el marco de la OEA, a través del MESICIC. Desde 2001 a 2011, veintiocho de los treinta y tres Estados suscriptores de la CICC46 han llevado adelante un seguimiento de su implementación, y han efectuado recomendaciones para su efectiva implementación. De este modo, un fuerte énfasis gubernamental ha estado dado por los acuerdos regionales para implementar en los países las diversas provisiones de la CICC. Durante los primeros cinco años (2002 a 2005) el MESICIC promovió la implementación de medidas preventivas y de cooperación específicas, para luego, y en paralelo a las anteriores, alentar la implementación de medidas de prevención y de represión penal (2006 a 2011).

44 Desde comienzos de la década del 90, la OEA ha sido una instancia intergubernamental de diálogo y promoción de la lucha contra la corrupción, y desde el año 2001 viene desplegando una labor de seguimiento a la implementación de la CICC a través del MESICIC. La OCDE por su parte ha impulsado un combate al soborno transnacional desde 1997 en adelante, influyendo sobre las políticas e iniciativas de Brasil, Chile y México (Chile y México son miembros plenos de la OCDE; Brasil es un Estado en adhesión y cooperación reforzada).45 Siendo los gobiernos un socio preferente del PNUD, se han excluido de este estudio las áreas de acción de la banca multilateral y donantes, aunque en algunos países tienen fuerte presencia en las decisiones públicas.46 Barbados es el único Estado miembro de la OEA que, a pesar de haber suscrito la CICC en 2001, aún no la ratifica de manera que tengavigencia nacional.

42


Las medidas preventivas, represivas y de cooperación internacional sobre las que el mecanismo de seguimiento enfocó su acción pueden observarse, en un flujo de tiempo, en el cuadro siguiente:47

Verde: medidas preventivas; Naranja: disposiciones penales; Celeste: medidas de cooperación internacional.

Bajo el marco de la CICC, las medidas anticorrupción impulsadas se enfocan fuertemente sobre el sector público, y dentro de él, sobre la rama Ejecutiva. Estas han generado una demanda intergubernamental hacia los Estados, dirigida de manera privilegiada a la prevención y luego a la represión de la corrupción.

47 El mecanismo de seguimiento fija rondas en las que por un lapso determinado examina la implementación de ciertas provisiones de la CICC, a la vez que se revisa el grado de implementación que han tenido las recomendaciones efectuadas a cada país en la ronda anterior. En consecuencia, el examen del mecanismo recae acumulativamente sobre todas las provisiones tratadas en las diversas rondas, adquiriendo eso si un mayor énfasis aquellas seleccionadas para cada ronda.48 Se mencionan las diversas medidas anticorrupción contempladas en la CICC y que han sido seleccionadas para cada ronda de examen. En algunos casos las provisiones comprenden implícita o explícitamente más de una materia, y en estos casos el cuadro las ha diferenciado. Es importante tomar en cuenta que siendo la CICC la primera convención de su tipo, adolece de algunas materias consideradas importantes hoy en día, como es la transparencia en la política y en el sector privado. Para ver más información sobre las diversas rondas del MESICIC ver http://www.oas.org/juridico/spanish/lucha.html

Medidas examinadas48

2002-2005Primera Ronda

2006-2008Segunda Ronda

2008-2011Tercera Ronda

Normas de conducta funcionaria Sistemas de compras públicas transparentes

Impedimento de beneficios tributarios

Prevención de conflictos de intereses Sistemas de contratación funcionaria

Mecanismo de prevención de soborno

Control de recursos públicos Mecanismos de protección de denunciantes

Delito de soborno transnacional

Denuncia de actos de corrupción Delito de soborno Delito de enriquecimiento ilícito

Declaración de patrimonio e intereses

Delito de tráfico de influencias Extradición

Organismos superiores de control Delito de lavado (asociado a actos de corrupción)

Acceso a la información

Consulta ciudadana

Participación de sociedad civil

Cooperación técnica mutua

Asistencia recíproca

Autoridades centrales de cooperación y asistencia


La prevención ha sido alentada a través de la promoción del establecimiento, perfeccionamiento y aplicación de marcos normativos nacionales, como son los estatutos funcionarios, los códigos de conducta destinados a prevenir conflictos de intereses, las normas para el uso adecuado de los recursos públicos y la prohibición de beneficios tributarios a privados por actos de corrupción; de mecanismos de control interno y de detección, como son la denuncia de actos de corrupción, la protección a denunciantes, las declaraciones de patrimonio e intereses, los sistemas de ingreso de funcionarios y de contratación pública; y, de mecanismos de control externo, como son los mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, y el fortalecimiento de los órganos de control. No ha habido examen y recomendaciones especialmente dirigidas al sector privado (en tanto potencial corruptor) ni a la corrupción privada (aquella entre privados), seguramente porque la CICC no establece provisiones específicas para ese sector, aunque tal vez habría sido posible promover una línea de acción en ese sentido (basándose en las medidas del artículo III numerales 1049 y 11,50 y en las medidas represivas de los artículos VI, VIII y XI).51

La represión de la corrupción ha sido estimulada fortaleciendo el marco normativo, mediante la tipificación penal de delitos especialmente asociados a la corrupción, como son el soborno nacional o transnacional, el enriquecimiento ilícito, el trá�co de in�uencias y el lavado de activos, así como a través del examen de las condiciones nacionales para la extradición y la asistencia recíproca. Aquí también el foco se dirige con algún mayor grado de fuerza sobre los funcionarios y autoridades corruptos, aunque haciéndolo extensivo en general a todo el sector publico. Como ya se mencionó el sector privado y la corrupción privada no están en el foco de la represión penal, como tampoco la recuperación de activos.

Indudablemente, estas grandes áreas de acción anticorrupción se han impulsado con mayor fuerza en los países de la región debido al apoyo jurídico que provee la CICC, y el apoyo político de la OEA como su organismo promotor.52

La tendencia de los últimos diez años muestra una disposición de los gobiernos a implementar las medidas anticorrupción de la CICC, aunque a la vez resulta evidente que tal disposición no se ha traducido en una mayoría de procesos y resultados exitosos, como se verá más adelante. Para ello es necesario que la voluntad formal de los gobiernos se asiente en la voluntad política de los actores anticorrupción domésticos, comenzando por las más altas autoridades, y permeando el proceso de gestión de las políticas públicas53 de una manera sostenida.

Los informes de seguimiento de la OEA muestran que en algunas materias las recomendaciones del MESICIC se enfocaron sobre diversas etapas del proceso de gestión de medidas anticorrupción. En algunas materias, las recomendaciones instaron a la dictación de normas, la ampliación de la cobertura

49 Aplicación de medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.50 Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.51 Sobre actos de corrupción, soborno transnacional, uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias.52 La focalización de la actividad intergubernamental sobre estas materias ha llevado al desarrollo de otros aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, ya que se ha generado un consenso regional en la cooperación anticorrupción, en la valoración del intercambio de información sobre los problemas de corrupción nacionales y sobre la participación de la sociedad civil en la tarea, y la aceptación de los gobiernos – al menos formal – de la posibilidad de recibir recomendaciones y apoyo de los otros Estados.53 Que incluye la asignación de recursos y la capacidad burocrática para sostener el desarrollo técnico y operativo de cada iniciativa.

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institucional del marco normativo o de su aplicación a funcionarios durante o después del desempeño de la función pública; en otras materias el énfasis de las medidas estuvo dado por dar mayor efectividad a los ordenamientos jurídicos nacionales existentes; y en otras, el énfasis estuvo en su difusión, el establecimiento de procedimientos y sistemas operativos y en el fortalecimiento institucional.

Así, durante el periodo anterior a 2006, el MESICIC demandó frecuentemente a los gobiernos:

Un marco normativo que favoreciera la denuncia de actos de corrupción, una ampliación de la cobertura de las normas sobre acceso a la información a la mayor parte de las entidades públicas, y un alcance mayor de las normas sobre prevención de conflictos de intereses para que sean aplicables a otros funcionarios. Estas fueron demandas que requieren la intervención del gobierno, pero especialmente la voluntad del poder legislativo. En estos casos, la responsabilidad de llevar adelante las recomendaciones estaba radicada las más de las veces en el Congreso Nacional/legislatura y el gobierno.

Una mayor efectividad estatal en materia de resguardo y control de recursos públicos, y en el cumplimiento de las normas existentes sobre declaraciones de patrimonio e intereses. Esta responsabilidad de efectividad recae especialmente sobre el gobierno, pero también sobre los órganos encargados del control financiero y de tales declaraciones, como son en muchos casos, las Contralorías Generales y los Tribunales de Cuentas, los cuales a veces son independientes del Ejecutivo.54

También se demandaron acciones de implementación política y operativa, como son las de difusión, regulación administrativa y fortalecimiento institucional en materia de Declaraciones de Patrimonio e Intereses, de organismos superiores de control, participación de la sociedad civil y asistencia y cooperación. Estas son materias que requieren una voluntad y acción esencialmente gubernativa.

Luego de constatar lo anterior, un examen más detenido de los avances del mecanismo de la OEA, evidencia aspectos que están siendo tomados en cuenta por los gobiernos de una manera más efectiva que otros. Lamentablemente, los informes de seguimiento muestran que la mayoría de las recomendaciones efectuadas a los gobiernos no son implementadas satisfactoriamente, o no son debidamente reportadas al MESICIC, tejiendo un manto de duda sobre la real voluntad o capacidad de adhesión de los gobiernos a ellas.55

Al respecto, la OEA56 muestra que en todas las materias de la Primera Ronda existe un nivel promedio relativamente bajo de cumplimiento de las recomendaciones del MESICIC.57 Sus valiosos informes permiten concluir que, revisando aquellas recomendaciones más frecuentes, entendiendo por ellas

54 En Chile la Contraloría General de la República es el órgano encargado del control externo del buen uso de los recursos públicos y es un órgano de la Administración pero autónomo del Ejecutivo. La Auditoría General de la Nación Argentina depende del Congreso de la Nación.55 Para un examen de la mayor o menor implementación de la CICC en un país resulta necesario un examen detallado de cada uno de los informes de país, así como de los informes alternativos de las OSC.56 Informe Hemisférico, Segunda Ronda del MESICIC, OEA, 2008.57 A la fecha de este informe no ha concluido la Tercera Ronda, luego de la cual se obtendrán datos sobre el grado de implementación de lasrecomendaciones de la Segunda Ronda.


aquellas que fueron efectuadas a más de la mitad de los países del mecanismo en cada materia, los resultados son aún más preocupantes, ya que en promedio la mitad (52%) de los países a los que se les efectuó una recomendación informaron un cumplimiento que no fue satisfactorio, contrastando con un cuarto de ellos (26%) en que se consideró satisfactorio, cómo se aprecia en el Gráfico 14.58

Gráfico 14

Como se evidencia en el Gráfico 14, los Estados parte del mecanismo constatan en el año 2008 un bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones más frecuentes efectuadas y, dentro de dicho rango, con variaciones según la medida anticorrupción de que se trate.59

Se evidencia una tendencia más favorable a los mecanismos preventivos de consulta ciudadana y participación de la sociedad civil, y la asistencia y cooperación internacional, aunque siempre dentro

58 Los Informes regionales de cada ronda del MESICIC entregan información sobre la mayor frecuencia con que los Estados Parte (gobiernos) efectúan recomendaciones a otros Estados sobre una serie de materias de la CICC. Los gráficos muestran en que porcentaje de países aparecesiendo implementada satisfactoria o insatisfactoriamente una misma recomendación, o en qué porcentaje no fue informada su implementación, al Comité de Expertos del MESICIC, luego de aproximadamente tres años de efectuada a los gobiernos. En la gráfica se utiliza la categoría de implementación insatisfactoria para facilitar la comprensión, ya que el Informe regional utiliza una frase menos clara y relacionada con que el Estado debe prestar especial atención a la implementación de la recomendación sobre la que se le pide informar al Comité.59 Un detalle no menor de observar es que, en promedio, en un 34% de los casos no se entrega información por el Estado parte al MESICIC, lo que indica una deficiente capacidad de numerosos países para hacer seguimiento a las recomendaciones en el nivel doméstico.

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Prevencion C. de Intereses

Control de recursos públicos

Denuncia de corrupcion

Decl. De patrimonio e

intereses

Organos superiores de

control

Acceso a la información

Consulta ciudadana

Participación ciudadana

Asistencia y cooperación

Nivel de cumplimiento de recomendaciones más frecuentes del MESICIC

satisfactorio insatisfactorio no informa

Fuente: OEA

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de rangos bajos (inferiores al 30%). Por otra parte, aparece un nivel preocupantemente bajo de cumplimiento satisfactorio de las recomendaciones (menos de 10%) en materias centrales para la prevención de la corrupción, como el acceso a la información, el fortalecimiento de los organismos superiores de control y la prevención de conflictos de intereses.

Durante el periodo 2006-2008 la actividad intergubernamental para la implementación de la CICC de la etapa anterior, se vio complementada con las nuevas áreas en revisión del mecanismo de seguimiento. Las recomendaciones del MESICIC a los países se caracterizaron por lo siguiente:

Un pronunciado impulso al establecimiento de marcos normativos para, en primer orden, que los países de la región cuenten con sistemas de protección a los denunciantes de actos de corrupción. Esta área constituyó claramente un vacío normativo en la región, el que aún se mantiene. Adicionalmente, se demandaron cambios normativos para el establecimiento de sistemas de contratación de funcionarios transparentes y basados en la equidad, y de sistemas de compras públicas transparentes y eficientes. Asimismo, se demandaron cambios normativos para incluir todas las figuras denominadas como actos de corrupción, 60 en numerosas legislaciones penales nacionales.

También se recomendó a varios países una mayor efectividad en la aplicación de las normas ya existentes sobre sistemas de contratación de funcionarios. En numerosos casos, las leyes existentes no se aplican en la práctica, o son suspendidas indefinidamente en sus efectos mediante la frecuente aplicación de normas excepcionales y de naturaleza transitoria.61

Junto con lo anterior, el mecanismo demandó una mayor voluntad de implementaciónrecomendando la regulación de los procedimientos, en aquellos países donde existía una legislación que protegiera a aquellos que denuncian actos de corrupción. También demandó mayor difusión a la población y capacitación a los funcionarios sobre los sistemas de compras y de contratación de funcionarios, y un mayor control sobre los sistemas de compras. Estos sistemas, que inciden fuertemente en el gasto público y en la confianza de las empresas y la ciudadanía en las entidades públicas, adolecen de suficientes garantías de efectivo funcionamiento y con frecuencia son objeto de denuncias de soborno, tráfico de influencias y nepotismo.

En resumen, el seguimiento de la implementación de la CICC ha ayudado a centrar las miradas de los gobiernos y de la banca multilateral en varias áreas temáticas anticorrupción, y más específicamente en aquellas sometidas a examen en cada Ronda de Análisis. En ese marco, las tendencias regionales impulsadas desde la OEA se caracterizan por su enfoque hacia la corrupción pública, con un fuerte aunque no exclusivo acento en la rama Ejecutiva. Dentro de ese espacio de acción, los gobiernos han

60 Estos actos de corrupción comprenden en la CICC los delitos de soborno, activo y pasivo, tráfico de influencias, y lavado de activos producto de las dos figuras penales anteriores.61 Así se ha dado en los casos de Argentina y Nicaragua, por ejemplo.


aceptado promover normas legales y administrativas, procedimientos, mecanismos y sistemas de prevención y represión penal, que contempla la CICC.

Las tendencias en materia de prevención se han enfocado al establecimiento de marcos jurídicos domésticos en materia de normas de prevención de con�ictos de intereses, compras públicas, contratación de funcionarios y protección a los denunciantes. También han buscado fortalecer el control externo sobre los actos de las entidades públicas, mediante la promoción del acceso a la información, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los organismos superiores de control. Junto con lo anterior, se ha perseguido dar mayor cumplimiento y difusión a otros mecanismos de transparencia, como las declaraciones de patrimonio e intereses, los sis temas de compras públicas y de contratación de funcionarios, y el acceso a la información. En materia de represión penal, ha existido una tendencia a uniformar legislaciones penales para sancionar modalidades de corrupción, como son el soborno nacional y transnacional, el trá�co de in�uencias, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Las medidas adjetivas, procesales y operativas para cooperar en la persecución de la corrupción más allá de las fronteras ha estado presente aunque de menor manera.

II. Una perspectiva desde los programas y planes nacionales anticorrupción

Por otra parte, los gobiernos también muestran tendencias anticorrupción más específicas. Numerosos países han desarrollado programas anticorrupción y planes de acción que privilegian ciertas opciones dentro de un amplio “catálogo de medidas anticorrupción” que ofrecen las convenciones vigentes, tales como la CICC y la CNUCC. Estas son algunas de las principales tendencias:

1. La búsqueda de aumentar el control externo social sobre el Estado

La mayor transparencia y el acceso a la informaciónExiste un consenso regional en que la transparencia es una herramienta altamente eficaz y eficiente para el escrutinio de los actos públicos, a la vez que una manera de relación entre Estado y ciudadanos que fortalece la gobernabilidad democrática. La transparencia activa, denominada así porque implica una entrega voluntaria y activa de información del Estado hacia los miembros de la comunidad, está incorporada en los programas e iniciativas de gobierno sobre gobierno electrónico, atención ciudadana y participación. Una de las grandes virtudes de la transparencia activa es que, salvo los recursos habitualmente necesarios para la entrega de información, sólo requiere voluntad política para llevarse adelante. A diferencia del acceso a la información, la transparencia activa no requiere leyes para la entrega voluntaria de información en manos del Estado.62 Más aún, la transparencia activa facilita la relación con los usuarios de las entidades públicas y permite una mejor entrega de servicios, por lo que resulta ser un agente que favorece la eficiencia en la gestión pública y por ende beneficia a los miembros de la comunidad. En Brasil, Bolivia, Chile y Perú también se han implementado iniciativas para entregar información a los ciudadanos, sobre las funciones, personal y servicios brindados por entidades públicas, aumentando la información a disposición de las personas y alentando el escrutinio público sobre la gestión estatal.

62 Salvo que determinada información sea legalmente reservada o secreta para proteger derechos o intereses considerados relevantes.

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En Brasil se viene desarrollando hace años una política de transparencia activa, uno de cuyos mejores exponentes es el Portal de la Transparencia, que permite a cualquier persona conocer la ejecución de los programas y acciones del Gobierno Federal, del nivel estatal y del nivel municipal. Mediante la entrega de abundante información presupuestaria, se pretende que cada ciudadano sea un vigilante de la correcta aplicación de los recursos públicos en los asuntos que afecten a su comunidad. También se puede acceder a abundante información sobre gastos públicos, funcionarios públicos, adquisiciones y empresas proveedoras sancionadas, entre otros. Este portal es una iniciativa de la Contraloría General de la Unión lanzada en noviembre de 2004, para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. Se puede

acceder a ella en la siguiente dirección: http://www.portaltransparencia.gov.br/

El acceso a la información también ha tenido un fuerte desarrollo en la región. Chile, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, al menos, cuentan con leyes específicas de acceso a la información. Prácticamente todas las leyes han sido aprobadas durante la última década. Existe una corriente internacional creciente de promoción del derecho de acceso a la información, y en ese marco se implementan políticas y programas gubernamentales dirigidos a contar con una ley de acceso a la información y promover su ejercicio.

En el caso de Bolivia, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción elaboró un proyecto de ley que se encuentra en debate legislativo. En Jamaica, se han efectuado campañas ciudadanas para promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, (por ejemplo mediante avisos televisivos y campañas, como el Access to Information National High School Essay Competition. En: http://www.ati.gov.jm/essay-competition.html. En Chile, los órganos de la Administración del Estado recibieron en poco más de dos años de vigencia de la ley, más de 70.000 solicitudes de acceso a la información (fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile, julio 2011) y existe una iniciativa para crear un sitio web que libere datos generados por todas las entidades

públicas.

La promoción de la participación de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicosOtro eje de actividad importante son las iniciativas gubernamentales para aumentar la participación de la sociedad civil en la gestión pública y la rendición de cuentas de las autoridades. El control social desincentiva prácticas corruptas y ayuda a generar redes de apoyo y capital social valioso para el bienestar de comunidades locales y grupos de ciudadanos con intereses comunes, como el medio ambiente, las obras viales o la entrega de mejores servicios. Algunos gobiernos parecen reconocer lo obvio, que el Estado no se basta a sí mismo para controlarse y que requiere de otros actores que colaboren en la tarea. Los planes y programas de anti-corrupción de numerosos países de la región contemplan políticas y mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Así ocurre en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú, donde en algunos casos se busca explícitamente contar con un monitoreo ciudadano de las políticas públicas, especialmente en el ámbitolocal.


La política anticorrupción del gobierno en Bolivia tiene como uno de sus ejes de acción el fortalecimiento de la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y herramientas de auditoría y control social, el fomento a la participación ciudadana y la asociatividad, y la incorporación de mecanismos de rendición de cuentas. En Perú, la Contraloría General de la República (CGR) ha impulsado desde el año 2007 las veedurías ciudadanas, como actividades de control preventivo a través de las cuales la socie dad participa en la supervisión de la gestión de los recursos del Estado en apoyo al control gubernamental, con el acompañamiento y soporte técnico de la CGR. Las áreas de incidencia priorizadas para las veedurías ciudadanas son los Programas Sociales, Obras Públicas y Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En Brasil, el Programa Olho Vivo no Dineiro Público (Programa Ojo con el Dinero Público) es una iniciativa de la Contraloría que promueve el control social, capacitando a más de 30.000 funcionarios públicos municipales, consejeros y líderes sociales desde el año 2004, para efectuar un control social de los más de

cinco mil municipios del país. Más información en http://www.cgu.gov.br/olhovivo/OPrograma/index.asp

También existen algunas iniciativas complementarias a las del gobierno. Por ejemplo, en Paraguay, el Proyecto de la Sociedad Civil Topu’a Paraguay63 persigue fortalecer a la sociedad civil paraguaya en su capacidad de demandar rendición de cuentas al sector público, promover alianzas y mejorar su interacción con el sector público.64

La búsqueda de un cambio en las conductas socialmente aceptadas Las campañas educativas y de sensibilización buscan afectar favorablemente a la sociedad, modificando las conductas perniciosas por otras beneficiosas. En algunos países de la región se llevan a cabo campañas sostenidas sobre valores y sobre una cultura de la legalidad, para hacer coherentes los esfuerzos a favor de la integridad efectuados desde dentro del aparato público, y para disminuir los casos de corrupción, especialmente de la pequeña corrupción. Los gobiernos de Colombia, Brasil, México y Perú, por ejemplo, han promovido líneas de actividad anticorrupción en este sentido.

La importancia de la educación y de la formación ciudadana como componentes de una estrategia anticorrupción son evidentes en México, donde la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo sostenidamente hace años campañas promoviendo la cultura de la legalidad, mediante videos ampliamente difundidos (“Que hubiera pasado si,” en 2008; ) y mediante la iniciativa Cien Minutos contra la corrupción que consiste en una serie de cortos (“Con trampas No,” ”Hagamos lo correcto” y “Siempre

podemos ser honestos”) difundidos en salas de cine de todo el país.

2. El fortalecimiento de la capacidad estatal de control y de prevención de la corrupción

El fortalecimiento de los órganos de control externo e internoExiste una tendencia clara de fortalecimiento de los órganos que efectúan una función preferente de control. Los órganos superiores de control, como los denomina la CICC, comprenden normalmente las Contralorías Generales de la República, los Tribunales de Cuentas, y las Procuradurías, aunque también

63 “Que se levante Paraguay” en guaraní.64 El Proyecto, financiado por el Programa de Democracia de USAID-Paraguay está orientado a ejecutar actividades durante 2011 a 2013 en las áreas de Democracia, Derechos ciudadanos, Género, Transparencia y Anticorrupción. Ver http://www.semillas.org.py/lista_proyectos/proyecto-sociedad-civil-topua-paraguay/

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pueden considerar otras entidades a las cuales el ordenamiento jurídico nacional entrega facultades privativas de control administrativo, financiero o legal. Se ha hecho evidente en los foros especializados que estos órganos desempeñan una función clave e indispensable en la prevención y detección de la corrupción, debido a su nivel de especialización, a su injerencia en los procesos de gestión pública, y a su relativa autonomía del Ejecutivo. Los tratados anticorrupción también otorgan importancia a tales organismos, y comprometen a los Estados a dotarlos de suficientes recursos, capacidad, personal especializado y autonomía para el desempeño de sus funciones. Como tales entidades buscan defender su autonomía del Ejecutivo a la vez que buscan recursos, acceden frecuentemente a fondos otorgados por la banca multilateral (BID, Banco Mundial) para sus planes estratégicos de fortalecimiento institucional. Algunas líneas de política gubernamental anticorrupción ponen el acento en fortalecer estas entidades superiores de control, dándole mayores atribuciones, concediendo recursos o facilitándoles la conducción de iniciativas o políticas anti-corrupción, como ocurre en Argentina (la Oficina Anticorrupción), Colombia (Programa Presidencial) y República Dominicana (Procuraduría).

La incorporación de políticas anticorrupción en los planes de gobiernoSi bien en el pasado el diseño de políticas anticorrupción no era considerado un elemento necesario para la actuación de los gobiernos, ahora sea considerado prácticamente indispensable hacerlo. La ciudadanía exige cada vez más un pronunciamiento de los gobiernos sobre cómo luchará contra la corrupción y quiénes serán los responsables de tal tarea. Adicionalmente, la CNUCC incorporó como imperativo para los Estados firmantes la elaboración y coordinación de una política de prevención de la corrupción.65

Hoy en día es más fácil la identificación de órganos que elaboran y coordinan las políticas de prevención, como ocurre en Brasil, con la Oficina de la Contraloría (CGU), y en Venezuela con laContraloría General de la Republica (CGR); en Colombia, con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; en Argentina, con la Oficina Anticorrupción; en República Dominicana, con la Procuraduría General de la Republica (PGR); o en Bolivia, con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; o la Secretaría de la función pública en México; por mencionar algunos. Existen países en los cuales la identificación de un solo órgano gestor de políticas es más difícil, sea por su sistema político (donde el Parlamento puede compartir responsabilidades con el Ejecutivo) o por la división de funciones entre diversos

órganos públicos, lo que exige un esfuerzo de coordinación mayor entre ellos.

El diseño, implementación y revisión constante de las políticas anticorrupción orienta a los actores públicos y privados, genera información útil para la ciudadanía, y permite una actuación más coordinada de los órganos estatales a cargo del control político, financiero y administrativo.

La búsqueda de mayor coordinación entre órganos en el Estado. Actualmente hay una aceptación por expertos, autoridades y organismos de que la corrupción es un fenómeno complejo. Asimismo, el estudio de las modalidades y procesos de corrupción ha dejado de manifiesto que cada organismo público cumple sólo una parte de la gran labor de lucha contra la

65 Para un análisis detallado del artículo 5 de la CNUCC y sus implicancias, ver “Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for implementing Article 5 of UNCAC?” Karen Hussmann, 2007.


corrupción y que en consecuencia, la efectividad en esta lucha depende también de la capacidad de las entidades de coordinarse y brindarse apoyo en una tarea común. Las operaciones conjuntas para detectar casos de corrupción han mostrado ser útiles en Colombia y en Brasil. La coordinación entre agencias del Estado ha sido declarada como un objetivo en los planes preventivos de Paraguay y Bolivia, así como en los planes de fortalecimiento investigativo en México y República Dominicana.

En Chile, tres organismos autónomos se encuentran coordinando esfuerzos en la lucha contra la corrupción. La Contraloría General de la Republica (CGR), un órgano de control legal y administrativo, autónomo del gobierno; el Consejo de Defensa del Estado, un organismo encargado de representar judicial y extrajudicialmente al Estado de Chile; y el Ministerio Público, encargado de la investigaciónde delitos. Los tres acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional en la detección e investigación de actos de corrupción. Uno de los efectos de este acuerdo es la colaboración que se prestan hoy en día la Contraloría y el Ministerio Público, donde se facilita la presentación de denuncias penales por parte de la Contraloría General, además de colaborar con ella en actividades de capacitación anticorrupción. La Contraloría debe facilitar el acceso a la fiscalía a declaraciones de patrimonio e intereses de funcionarios públicos y a la base de datos del organismo. Esta actividad de mejora en la coordinación se basó en el diagnóstico que la Contraloría efectuó en 2008 sobre la capacidad institucional del país para implementar la CNUCC advirtiendo que, dadas las exigencias del instrumento internacional, resultaba necesario fortalecer la coordinación con otros órganos con

competencias en la materia.

El aumento de las acciones entre órganos del Estado, academia y el sector privado. La coordinación con otros actores se ha mostrado un elemento relevante de políticas e iniciativas gubernamentales en la región. La sociedad civil organizada se ha mostrado un aliado calificado y con importancia política en la lucha contra la corrupción. Si bien en los años 90 la red de capítulos nacionales de Transparencia Internacional contribuyó sustancialmente a la vigilancia ciudadana y a la promoción de la transparencia, ahora existen muchas otras organizaciones activas en iniciativas directa o indirectamente vinculadas a la lucha contra la corrupción. Actualmente, numerosas universidades de la región enfocan sus centros de estudios e investigación hacia el tema de la corrupción generando conocimiento, bases de datos, pero también integrándose a proyectos, en alianza con organismos estatales o la sociedad civil. En Guatemala y El Salvador, el seguimiento de la sociedad civil a la implementación de la CICC obtuvo mayor solidez técnica gracias a la participación de prestigiosas universidades, y al diálogo entre estas instancias de la sociedad civil y las oficinas gubernamentales responsables del seguimiento. En Chile, las universidades prestan al Estado chileno de importantes servicios asesoría, formación y capacitación en probidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Por otra parte, el sector privado, un actor normalmente asociado a la oferta de corrupción, y que no ha estado presente en los planes anticorrupción de los gobiernos, ahora aparece aunque tímidamente en la región, siendo invitado a participar en iniciativas y campañas por la ética en los negocios y la responsabilidad social empresarial. En Brasil, México y Argentina se promueven acuerdos con el sector privado para disminuir la corrupción y adoptar buenas prácticas en los negocios, así como en Colombia se siguen promoviendo pactos de integridad en el ámbito de las compras públicas, una buena prácticaque se reproduce en otros países.

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En Brasil se está desarrollando hace algunos años una cooperación entre el gobierno y la sociedad civil organizada, que persigue la promoción de la ética en los negocios, la prevención y combate a la corrupción, y el estímulo a la implantación de medidas de integridad en las relaciones comerciales. La Oficina de la Contraloría (CGU) ha llevado adelante actividades de cooperación con el sector privado a través de la organización Ethos, como es la elaboración del Manual de Combate a la corrupción en el sector privado y la realización del Curso Virtual para pequeñas y medianas empresas. También se han desarrollado actividades entre la CGU, el Instituto Ethos y Confea (Consejo Federal de Ingeniería, Arquitectura y Agronomía), para el desarrollo de mecanismos para la prevención y combate a la corrupción en las licitaciones, contrataciones y ejecución de obras públicas, así como en acciones de promoción de la ética e integridad para las empresas constructoras y profesionales de la área de ingeniería. La más importante iniciativa en curso es el Proyecto “Juegos Limpios Dentro y Fuera de los Estadios,” mediante la participación de las empresas firmantes del Pacto Empresarial por la integridad y contra la corrupción, que persigue el combate a la corrupción por intermedio de acciones colectivas, educación y formación, y la promoción de la transparencia e integridad en las obras de infraestructura de la Copa del Mundo del 2014 y las Olimpiadas del 2016. (Iniciativas para la cooperación entre los sectores público y privado: el caso de Brasil; Mario Vinícius Spinelli, 2011).

3. El interés sobre los recursos humanos estatales y sus modos de actuación

La importancia de la carrera funcionaria pública y de los límites de actuaciónDurante casi dos décadas se vienen llevando a cabo en la Región reformas en materia de carrera funcionaria y gestión de personas. Es un impulso ya permanente originado en la introducción de tecnologías de gestión de recursos humanos promovidas y financiadas por la banca multilateral, y adoptadas por gobiernos en el marco de procesos de modernización y reforma del Estado. A su vez, el impulso de la carrera funcionaria, enfatizando un sistema de ingreso y promoción al servicio civil basado en el mérito, y por la estabilidad en el empleo, ha sido considerado en los foros internacionales un elemento central para disminuir la corrupción, ya que puede facilitar la separación entre la dirección política del gobierno y la entrega regular e igualitaria de servicios públicos a la comunidad.

Este interés por la gestión de las personas en la función pública se ha complementado y profundizado por un marcado interés de expertos y gobiernos por establecer marcos jurídicos sobre la conducta ética de funcionarios y autoridades. En toda la región se han llevado a cabo reformas legales, estableciendo limitaciones a la conducta de los funcionarios y a su ingreso a la función pública. Esto es especialmente valido desde la suscripción de la CICC y luego de la primera Ronda del MESICIC, en 2002, ya que fue un tema de revisión. Los ordenamientos nacionales han establecido normas sobre inhabilidades de ingreso, incompatibilidades y prohibiciones, fundamentalmente destinadas a garantizar la integridad funcionaria y prevenir conflictos de intereses. Junto con normas legales, se han creado códigos de ética o manuales de integridad, que facilitan la difusión de las normas legales entre los funcionarios a través de la capacitación. Más recientemente, en países como Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y República Dominicana, los gobiernos han realizado en los últimos dos años reformas de las normas existentes, para ampliar su alcance a otros funcionarios públicos, endurecer las sanciones administrativas y penales,y/o para regular mejor algunas actividades del servicio.


Chile es uno de los países con mejores indicadores en materia de transparencia, y se ha dotado desde 1999 cuando se aprobó la Ley de Probidad y se modificó el Código Penal, en materia de corrupción; en 2006 se ratificó la CNUCC y se enviaron múltiples proyectos de Ley al Congreso, uno de los cuales se tradujo en la actual Ley Nº 20.285 sobre transparencia publica y acceso a la información. Chile cuenta con leyes que regulan el ingreso a la función pública de los funcionarios públicos y autoridades de todos los poderes del Estado, que establecen requisitos, inhabilidades e incompatibilidades asociados a la prevención de conflictos de intereses; que fijan conductas prohibidas como son el uso indebido de información privilegiada, el tráfico de influencias, el uso de personal o de recursos para fines distintos a los institucionales, la recepción de regalos, la participación en asuntos en que hubiera implicanciapara conflicto de interés, la prohibición de vulnerar la licitación pública en materia de compras, y la infracción a deberes de eficacia, eficiencia y legalidad. Se ratificó el deber de denunciar actos de corrupción, y se estableció el deber de prestar declaraciones de intereses y de patrimonio. El año 2011 el gobierno ha ratificado su voluntad de legislar sobre materias de largo debate en el país, como es el lobby y el fideicomiso ciego para las más altas autoridades (fuente: http://www.imaginaccion.cl/seminario/comunicado.pdf).

4. El interés sobre las operaciones de gasto público: las compras públicas y las transferencias

Un eje de actividad importante en muchos países es la transparencia y el control sobre los gastos públicosMuchas iniciativas gubernamentales, y no gubernamentales, están enfocadas sobre las compras públicas y el control sobre el uso de los recursos presupuestarios de las entidades públicas. Los mecanismos de compras del Estado han sido objeto de reformas durante los 90 y después, con una fuerte incorporación de tecnologías de información como herramientas de transparencia y eficiencia. Por ejemplo, los gobiernos de Colombia, Perú, República Dominicana y Jamaica han generado política y han reforzado el control de los procesos de compra, especialmente incorporando el control ciudadano a nivel local o el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en pactos de integridad.

En Colombia, por ejemplo, el Programa Presidencial anticorrupción focaliza esfuerzos de control con ayuda de la sociedad civil en las inversiones en Salud, Vivienda, Educación y Medio Ambiente, mediante el programa de Auditorías Visibles. Asimismo, busca acompañar procesos contractuales de alto impacto y grandes cuantías, haciendo uso de herramientas de comprobada eficacia en Colombia en épocas anteriores como son los Pactos de Integridad (fuente: Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/PPLCC.aspx)

En materia de gasto público también destacan algunas iniciativas para el control del gasto a través de las transferencias, transparentando los montos transferidos desde el nivel central a entidades, departamentos y municipios. En algunos países los gobiernos han centrado esfuerzos, alentando un control ciudadano mediante las rendiciones de cuentas, como en Bolivia, y transparentando los recursos asignados a entidades, proyectos e inversiones, como ocurre en Brasil con el Portal de la Transparencia y los portales de transparencia de las entidades públicas. El control de los recursos es una base de trabajo para la auditoria ciudadana, y que en diversas modalidades se ha implementado en la Región. Por ejemplo, el Índice General Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (IGTP) de 2009 consideró a

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Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. El IGTP mide el nivel de transparencia presupuestaria definida como la existencia de un marco normativo y prácticas claras en el proceso presupuestal, al acceso del público a la información y a los mecanismos formales de participación durante el proceso presupuestal. Los resultados de este estudio muestran percepciones reprobatorias para todos los países de la región con excepción de Costa Rica.66 La importancia de la transparencia presupuestaria está claramente explicada por los autores del IGTP al señalar la gran relevancia que tiene para la rendición de cuentas “…porque la disponibilidad de la información sobre las distintas fases, procesos y resultados de los presupuestos públicos es un componente esencial para conocer el instrumento de política pública más importante de los gobiernos. En el presupuesto se definen las prioridades del gobierno en términos monetarios y se puede saber quiénes serán ganadores y perdedores de la política presupuestaria.”

5. El desarrollo de capacidades para detectar y prevenir la corrupción pública

Más que leyes, ojos y brazos. Otra tendencia visible en la región ALC es la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades de detección e investigación de actos de corrupción. Una vez creada una base jurídica para sancionar prácticas corruptas, los gobiernos se han dado cuenta que las mejores leyes requieren que el Estado cuente con ojos que puedan ver oportunamente las prácticas corruptas, y brazos fuertes y ágiles para apresar y castigar. De otro modo, las leyes serán sólo “papel mojado.” Las instancias investigadoras y sancionadoras requieren procesos y entidades fuertes y tecnificadas para luchar contra la corrupción. De esto han dado cuenta las convenciones anticorrupción, y con especial vigor la CNUCC. Recientemente, en México, Argentina, República Dominicana y Bolivia, entre otros, los gobiernos se encuentran desarrollando iniciativas para fortalecer esta capacidad investigadora y hacer eficaz la detección y represión de la corrupción. Esto implica la capacitación y especialización de los recursos humanos de las Procuradurías, Fiscalías y Contralorías; la asignación de mayores presupuestos a estas entidades; el establecimiento de acuerdos de cooperación y de intercambio de información; y el desarrollo de técnicas modernas de detección e investigación. Pero además, las entidades deben contar con herramientas que les permitan obtener información valiosa para la detección y represión, como son las denuncias y las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos y altas autoridades. En los mismos países señalados, pero también en Brasil, Chile y Jamaica, se percibe un mayor interés por el cumplimiento del deber de presentar tales declaraciones y el uso efectivo de ellas para detectar conflictos de intereses y prácticas corruptas. Los organismos responsables de la verificación del cumplimiento de esta obligación funcionaria están más alertas, y en algunos casos utilizan regularmente las declaraciones en sus funciones de control y detección.

66 http://www.iltpweb.org/


En Argentina, la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y Recursos Humanos, utiliza desde hace años las declaraciones de patrimonio en sus tareas de prevención y detección. La Dirección de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción efectúa un control de las declaraciones juradas patrimoniales. En 2010 verificó 157 casos de declaraciones en las que existían datos que apuntaban a la probable comisión de delitos. Por otra parte, la Dirección de Investigaciones tiene como misión la investigación de casos de corrupción, y utiliza la información de las declaraciones juradas patrimoniales para querellarse y/o hacerse parte de procesos penales por corrupción. En Brasil, una de las medidas más importantes de fortalecimiento de la capacidad investigadora podría ser la creación, en 2006, de la Secretaría de Prevención de la Corrupción e Informaciones Estratégicas, que ha perseguido dar mayor coordinación y unidad de acción a las labores de inteligencia contra la corrupción, así como promover técnicas innovadoras en prevención de la corrupción.

La promoción de la denuncia de actos de corrupción es otra tendencia regional, en la que algunos países implementan mecanismos novedosos para obtener denuncias y para proteger a los denunciantes. En 2003, el informe de Chile ante el MESICIC afirmaba que más de un cuarto de las denuncias de corrupción efectuadas ante el consejo de Defensa del Estado provenían de dirigentes sindicales del sector público, ya que los verdaderos denunciantes conducían sus denuncias ante representantes con fuero legal ante el temor de represalias. En otro contexto y recientemente, la Oficina de Anticorrupción en Argentina ha afirmado que la mayoría de los denunciantes son personas que tienen un vínculo laboral o comercial con la Administración Pública. Asimismo, que estas personas sienten temor de represalias físicas, laborales o económicas, y que esta circunstancia dificulta la obtención de información útil para complementar o dirigir las investigaciones. Por esta misma razón, se promueve la denuncia y la protección de denunciantes en los países de la región, en particular México, Argentina, Bolivia y Colombia.

6. Una búsqueda de mayor adhesión a estándares internacionales

Hoy en día existe un mayor reconocimiento político a los acuerdos internacionales. Prácticamente la totalidad de los gobiernos de la región reconocen que la CICC y la CNUCC son un fundamento valioso de la acción pública en general, y de la acción anticorrupción en particular. Las organizaciones de la sociedad civil fortalecen sus posiciones basándose en las exigencias de los estándares internacionales, y ejercen una vigilancia por su implementación en el medio nacional. Este proceso rápido e intenso de vinculación de las normas internacionales con las nacionales ha sido promovido mediante acciones regionales de la OEA, que a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos brinda apoyo, asistencia y coordinación a iniciativas en ALC, y una acción sostenida del Programa de Convenciones Anticorrupción para las Américas, de Transparencia Internacional, que a través de sus capítulos en la región ejerce una vigilancia constante sobre la implementación de la CICC. Hoy en día 26 países de la Región integran el MESICIC. Por otra parte, la acción de promoción de la CNUCC efectuada por las Naciones Unidas, a través del programa de acciones ejecutado por UNODC, también ha generado un efecto importante y positivo en los gobiernos, instándolos a tomar medidas de implementación y de fortalecimiento del marco jurídico y de capacidades en la recuperación de activos.67 Algunos países además, contemplan

67 UNODC brinda asistencia técnica a los países para el diseño de políticas anticorrupción y el fortalecimiento institucional para la implementación de la CNUCC. Asimismo, promueve políticas preventivas, instituciones y una mayor conciencia de la corrupción y sus efectos. Pero además establece integra y asociaciones con organizaciones internacionales y regionales para la lucha contra la corrupción, como la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, GOVNET, OCDE, GRECO, y GOPAC. También lleva a delante desde 2007, en asociación

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explícitamente en sus políticas y programas la necesidad de incorporarse activamente en el medio internacional anticorrupción, obtener cooperación e incluso intervenir con propuestas de alcance global. Actualmente, las convenciones anticorrupción son el fundamento político, técnico y jurídico de políticas gubernamentales e iniciativas de la sociedad civil.

En México, la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus acciones gubernamenta les prioritarias, inhibir y sancionar las prácticas corruptas. Específicamente ha resuelto que la reducción de los niveles de corrupción en la Administración Pública federal es un objetivo estratégico para el periodo 2007-2012. Por esto, el gobierno de México envió al Parlamento, en 2010, un proyecto de ley de Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que contempla normas sobre protección a denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. El proyecto contempla también otorgar beneficios económicos, estímulos y recompensas a favor de los denunciantes que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identif icación y acreditación de faltas administrativas. Fue aprobado en el Senado, y la Cámara de Diputados debe pronunciarse en 2011. Otras iniciativas apuntan a la participación de la sociedad civil como testigos civiles para la posible identificación de actos de corrupción, y a la aplicación de la técnica del “usuario simulado”, estrategia operativa mediante la cual se realiza la detección y captura en flagrancia de servidores públicos corruptos dentro de la Administración Pública Federal, cuando existe evidencia jurídica real y probada de una solicitud de dinero o dádiva, por parte de un Servidor Público Federal.

La CGU en Brasil ha definido como uno de sus ejes de acción el cumplimiento de los compromisos internacionales anticorrupción, y el acompañamiento de la evolución de la sociedad internacional en el tratamiento de la corrupción. Coherentemente, ha suscrito la CICC, la Convención de la OCDE para el combate al soborno transnacional, la CNUCC (Argentina, Chile y México también han adherido a estas tres convenciones), y el acuerdo de Cooperación India, Brasil y África del Sur (el Acuerdo de Cooperación trilateral India, Brasil y África del Sur se estableció con el objetivo de alcanzar diversos sectores de políticas públicas, conforme consignado en el Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de India, Brasil y África del Sur, para cooperación en las áreas de administración y gobernanza pública en las siguientes áreas específicas:

1- Monitoreo y evaluación integrados 2. E-gobernanza3. Desarrollo de recursos humanos4 Prestación de servicios orientados al ciudadano5. Ética y combate a la corrupción6. Responsabilidad social y transparencia

Se ha elaborado propuestas de reforma legal en sintonía con estos instrumentos jurídicos internacionales. Fuente: CGU).

con el Banco Mundial, la StAR Initiative, para la recuperación de activos. Más información sobre las actividades de UNODC en “Thematic Programme. Action against Corruption & Economic Crime (2010-2011)”, UNODC.


III. Una visión desde la actividad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Las OSCs de la región desarrollan una indispensable y amplia labor anticorrupción. Los tipos de organizaciones actuando en estas materias son variadas, por ejemplo: organizaciones no-gubernamentales (ONGs), sindicatos, universidades, organizaciones gremiales, colegios profesionales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, fundaciones y organizaciones comunitarias. En general, estas organizaciones tiene el potencial de incidir en las políticas anti-corrupción y de promover reformas legales, particularmente si trabajan juntas en algún tipo de coalición. También impulsan el uso de herramientas anticorrupción, y buscan fortalecer su propia capacidad de acceder a información, incidir y ejercer control social sobre el gobierno, los demás poderes del Estado y el sector privado. Si bien las áreas de acción de estas organizaciones normalmente son más imprecisas y cambiantes que las de los gobiernos,68 se visualizan ciertas áreas de mayor coincidencia.69

La transparencia en la política es uno de los temas más convocantes. En algunos países se han producido alianzas entre OSC para efectuar vigilancia ciudadana de los procesos electorales.70 En otros países organizaciones lo suficientemente fuertes han asumido iniciativas permanentes de monitoreo electoral y del financiamiento de las campañas impulsando la vigilancia de los comicios y la denuncia de irregularidades, como es el proyecto Viva el Voto, que gane el voto, en Nicaragua,71 y en otros casos se han creado herramientas tecnológicas para transparentar el financiamiento de la política, como sucede con el proyecto As Claras,72 una iniciativa de Transparencia Brasil, destinada a transparentar quién financia a quien en las elecciones. El Proyecto Crinis, una iniciativa conjunta de Transparencia Internacional y el Centro Carter, evalúa los niveles de transparencia en la legislación y las prácticas de financiamiento de las campañas electorales, detectando vulnerabilidades y fortalezas.73

Otra área de actividad importante es la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, la transparencia y el monitoreo ciudadano. Transparencia Venezuela evalúa periódicamente los niveles de transparencia presupuestaria de los organismos del Estado, mediante su participación en el proyecto Índice Presupuestario Abierto y en actividades con Alcaldías para acordar buenas prácticas

68 Las áreas de acción de estas organizaciones son más imprecisas, ya que a diferencia de los Estados, que tienen organismos especializados o responsables de áreas de política, estas son múltiples y variadas en cada país, y operan nacionalmente y a veces internacionalmente apoyadas en redes, variando sus ejes temáticos dependiendo de definiciones propias de política.69 Para estos efectos se examinaron las páginas Web de 16 reconocidas OSC e iniciativas colectivas de 14 países de la Región:, Transparencia Mexicana (México), Acción Ciudadana (Guatemala), Ética y Transparencia (Nicaragua), Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Panamá), mi Panamá Transparente (Panamá), Finjus (República Dominicana), Participación Ciudadana (República Dominicana), Transparencia Venezuela (Venezuela), Transparencia por Colombia (Colombia), Grupo Faro (Ecuador), Transparencia Brasil (Brasil), CIRD (Paraguay), Proética (Perú), Participa (Chile), Chile Transparente (Chile), Poder Ciudadano (Argentina). Adicionalmente, se tomó en cuenta la recopilación de iniciativas anticorrupción de la Segunda Reunión Regional de Especialistas en Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción en América Latina, contenida en el documento “Anticorrupción: actualizando los desafíos”, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile,2009, que recogió las iniciativas de otras 24 organizaciones: Fundar (México), Alianza Cívica (México), Recrea (Costa Rica), Fundación Acceso (Costa Rica), Alianza Ciudadana por la Justicia (Panamá), Sinergia (Venezuela), Parcomun (Colombia), Red ONG por la Transparencia (Colombia), Congreso Visible (Colombia), Corporación Participación Ciudadana (Ecuador), Coalición Acceso (Ecuador), Contas Abertas (Brasil), Ibase (Brasil), IPYS (Perú), Asociación Civil Transparencia (Perú), Comisión Andina de Juristas (Perú), Humanas (Chile), CIPPEC (Argentina) ADC (Argentina), CEDES (Argentina), ACIJ (Argentina) CIPCE (Argentina), Centro Latinoamericano de Economía Humana (Uruguay), e, ICD (Uruguay).70 Iniciativa Bolivia transparente, un consorcio de once organizaciones bolivianas dedicadas a hacer vigilancia electoral ciudadana, con la cooperación de Partners of the Americas, NED, AECID, IDEA, y ASDI. Más información en www.boliviatransparente.org71 Iniciativa de la ONG Ética y Transparencia. Más información en www.eyt.org.ni72 Más información en http://www.asclaras.org.br73 La metodología se aplicó en ocho países en 2006, dando lugar al reporte “CRINIS: dinero en la política, asunto de todos”. En 2009 se inició como proyecto en Honduras.

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presupuestarias;74 Transparencia Brasil ejecuta la iniciativa Excelencias,75 un sitio Web que entrega abundante información sobre los parlamentarios en ejercicio, sus patrimonios, viajes, votaciones y posiciones frente a proyectos de ley, en el ámbito federal y estatal.76 El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, en Paraguay, por su parte, dedica sus acciones a fortalecer la participación de la sociedad civil mediante el programa de apoyo a las iniciativas ciudadanas, el debate y el diálogo entre ciudadanos y sectores políticos y público, y la colaboración entre organizaciones.77 En Colombia, con un enfoque diferente, la organización Parcomun78 persigue el fortalecimiento de la participación y la autogestión de las comunidades y de las organizaciones populares.

El acceso a la información y la transparencia pública también convocan actualmente a muchas OSCs.Este eje de acción se ha ido fortaleciendo año tras año, tanto por que se han dictado leyes en la región que reconocen el derecho a estar informado, como por el consenso acerca que la transparencia de la gestión pública es una condición de eficacia de la participación, la vigilancia ciudadana y la prevención de la corrupción. Algunas organizaciones promueven activamente el derecho de acceso a la información, como es el caso de Proacceso en Chile,79 principal promotora de la ley chilena sobre transparencia y acceso a la información, y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de Nicaragua, que lideró la coalición por la transparencia que logró la aprobación en la Asamblea de la ley de Acceso a la Información en el 2007.80 Esta organización además desarrolla un nutrido programa de trabajo con periodistas y medios de comunicación.81 Como esta organización, otras OSCs han verificado que la promoción de la transparencia en alianza con periodistas y medios da valiosos resultados en la lucha contra la corrupción, como lo ejemplifica la experiencia de Proética e IPYS, 82 en Perú, quienes desarrollaron acciones promoviendo el periodismo de investigación. Por su parte, IPYS en asociación con Transparencia Internacional, organiza todos los años el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación y posee un gran banco de datos regional sobre la materia. Una gran cantidad de organizaciones pro transparencia se unen en iniciativas amplias como fue la Declaración de Atlanta y Plan de Acción para el avance del Derecho de Acceso a la Información. Más de un centenar de organizaciones pro-transparencia, recomendaron a los donantes internacionales apoyar los esfuerzos que los países hagan para implementar, hacer cumplir y monitorear el derecho de acceso a la información, brindando asistencia técnica y fondos a de largo plazo. A los Estados los llamó a incluir la promoción del derecho de acceso a la información como parte de las estrategias nacionales de desarrollo y crecimiento, y de las políticas

74 Ver http://www.transparencia.org.ve75 Para mayor información acceder a http://www.excelencias.org.br76http://transparency.globalvoicesonline.org/project/excel%C3%AAncias77 Para este eje de acción recibe apoyo de USAID. Más información en http://www.cird.org.py78 Ver http://www.parcomun.org79 Proacceso se ha convertido en el principal referente de la sociedad civil chilena en la promoción exitosa de una ley sobre acceso a la información (Ley Nº 20.285, de 2009) y ha participado en el diseño de políticas y estrategias de implementación de la normativa vigente desde abril de 2009. Ver en http://www.proacceso.cl80 También actúan en la promoción de la transparencia en la gestión pública Poder Ciudadano, Transparencia Bolivia, Faro, Transparencia Venezuela, Acción Ciudadana y Participa.81 Mas información sobre sus actividades y programas sobre libertad de expresión y transparencia en la página web http://www.violetachamorro.org.ni82 El IPYS es una sociedad de periodistas que promueve la libertad de prensa y el periodismo de investigación. Originada en el Perú, sus miembros son profesionales independientes de varios países latinoamericanos. Ver más en http://www.ipys.org


sectoriales,83 un aspecto interesante que permitiría aumentar la demanda ciudadana de información y vincular acceso a la información con mejores condiciones para el ejercicio real de los demás derechos.

La transparencia de la justicia es otro eje de acción de alta relevancia en la Región. La impunidad es uno de los principales problemas, y a la vez, existe una fuerte percepción ciudadana sobre la opacidad y el mal funcionamiento del poder judicial.84 Diversas iniciativas de la sociedad civil buscan atacar este problema. Acción Ciudadana, en conjunto con Global Integrity, elaboró indicadores de transparencia en la justicia en Guatemala como una manera de mejorar las malas prácticas del poder judicial y disminuir la impunidad.85 En Argentina, el Centro de Investigación y Prevención de la Delincuencia Económica mantiene un observatorio social contra la impunidad de la corrupción86 en el cual publica información actualizada sobre causas judiciales de corrupción e iniciativas legales. Elección Visible 87 por su parte, es un frente de ciudadanos para vigilar y fomentar mayores niveles de transparencia en la selección de magistrados y dignatarios de altas Cortes y otras autoridades en Colombia.88 En República Dominicana, FINJUS, en un consorcio de siete organizaciones, participa del Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, con el propósito de contribuir a la profundización de las reformas del Estado, incrementar la participación ciudadana y estimular una cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el sector justicia y gubernamental.89 Existen además otras iniciativas, destinadas a brindar mayor eficacia a la acción investigativa de los actos de corrupción. Uno de ellos es el proyecto para la difusión de las declaraciones de bienes de los funcionarios entrantes y salientes,90 de Participación Ciudadana en República Dominicana destinando a transparentar las declaraciones, y a facilitar la detección de conflictos de intereses o delitos de corrupción en autoridades. Otra iniciativa la lleva a cabo Acción Ciudadana, en Guatemala, mediante el proyecto denominado Asistencia Legal Anticorrupción,91 para la recepción de denuncias de corrupción, y la entrega de asistencia legal y acompañamiento a los denunciantes.

La promoción e implementación de tratados internacionales anticorrupción es otra área de acción de las OSCs, las que encuentran en los estándares internacionales un punto de apoyo para sus líneas de acción y actividades. Muchas OSCs han ido conociendo la existencia, contenidos y valor de las convenciones anticorrupción, y las utilizan para enfocar sus actividades, participar en los foros internacionales y mecanismos de seguimiento, así como para incidir en la agenda gubernamental. El Programa de Convenciones Anticorrupción para las Américas,92 de la organización Transparencia Internacional ha brindado soporte técnico a numerosas OSCs, capacitación y apoyo en el uso de las convenciones y en el monitoreo de su implementación. Esta coalición internacional ha participado

83 International Conference on the Right to Public Information,” Centro Carter, 2008.84 Para información sobre Panamá y Centroamérica, se puede consultar “Controles y descontroles de la corrupción judicial”, Fundación parael Debido Proceso Legal, 2007. También sobre la vinculación derechos humanos y corrupción y los efectos distorsivos del sistema judicial sobre víctimas y testigos, ver “Corrupción y Derechos Humanos,” Christian Gruenberg y Pedro Biscay, Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, 2007.85 Ver los informes en http://www.transparenciajudicial-gt.org/sobre86 El CIPCE es una organización no gubernamental dedicada al desarrollo de políticas de prevención de la criminalidad económica y a la promoción de mecanismos de recuperación de activos de la delincuencia económica o la corrupción. 87 Ver más en http://www.eleccionvisible.com88 También actúan en el área de justicia y corrupción: Poder Ciudadano, Transparencia por Colombia, Alianza Ciudadana por la Justicia y la Comisión Andina de Juristas.89 Finjus también ejecuta otros proyectos en el sector justicia y de educación legal popular; más información en http://www.finjus.org.do/90 Este proyecto contó con financiamiento del PNUD y apoyo de Transparency international.91 Este proyecto contó con financiamiento del PNUD y apoyo de Transparency international.92 Ver más en http://www.transparency.org/regional_pages/americas/convenciones

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activamente en todas las rondas del MESICIC, interviniendo en los foros multilaterales y colaborando en la presentación de informes nacionales de seguimiento, y ha participado en los debates para el mecanismo de seguimiento de la CNUCC. Aún más, han alentado a que los donantes internacionales integren las recomendaciones del MESICIC a sus estrategias de asistencia.93 Junto con esta labor, las OSCs en la región han mostrado un progreso en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en diversas áreas, y proveen de abundante información útil para el examen del fenómeno de la corrupción y para su control. Así, numerosas organizaciones publican mediciones, informes y diagnósticos de la corrupción, e inciden sobre la opinión pública, alentando el debate y la participación en la discusión de las medidas anticorrupción o cuando se dan escándalos de corrupción.94

A diferencia de los gobiernos que desarrollan políticas anticorrupción que son transversales, las OSCs enfocan sus limitados recursos a áreas o sectores específicos, desarrollando así ciertos focos sectoriales de acción. Por ejemplo, los servicios sociales y el combate a la pobreza son ejes de trabajo en diversos países. Proética, en Perú, desarrolla actividades de prevención de la corrupción en salud, promocionando planes de lucha anticorrupción en gobiernos locales y regionales; en educación, impulsando el control de la gestión de los establecimientos educacionales; y, vinculando lucha contra la corrupción con el combate a la pobreza, buscando reducir los riesgos de corrupción en la provisión de servicios sociales en contextos de pobreza.95 En una línea similar, en Chile la Corporación Participa desarrolló en 2009 un proyecto para transparentar la asignación de subsidios de riego campesino.96 La transparencia y el debate sobre la política energética y sus beneficios es otro tema que está siendo promovido por OSCs, en particular en países productores de energía, como ocurre con el petróleo, foco de trabajo de Transparencia Venezuela97 y Grupo Faro de Ecuador.98 La transparencia en las políticas y gestión de los recursos naturales también ha concitado la acción de las OSCs, especialmente en el agua, aunque se ha incrementado el interés por la prevención de la corrupción en el sector forestal. Los bosques y la industria forestal pueden ser más vulnerables a las irregularidades y prácticas corruptas, especialmente en países con condiciones difíciles de fiscalización. En Honduras, la organización Global Witness y la Comisión Nacional por los Derechos Humanos han realizado visitas a las regiones más deforestadas y efectuado recomendaciones a las autoridades para controlar la tala indiscriminada de árboles. En Nicaragua, se efectuó en 2006 un Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente, con el apoyo de la GTZ. La Red de Integridad del Agua99 es una red de organizaciones que respalda las actividades contra la corrupción en el sector del agua en todo el mundo promoviendo coaliciones. Esta red busca establecer mecanismos de transparencia y prevención de la corrupción en el sector, y

93 Nancy Boswell, presidenta de TI USA, citada en “Esfuerzos contra la Corrupción en América Latina. Lecciones Aprendidas”, Peter De Shazo, documentos de política sobre las Américas, 2007. 94 Transparencia Brasil, Transparencia Mexicana y Acción Ciudadana entrega abundante información. También Transparencia Venezuela en el nivel local. En general, numerosas organizaciones difunden índices sobre participación, de transparencia presupuestaria, judicial y de compras, así como diagnósticos e informes técnicos de gran utilidad.95 Ver más antecedentes sobre estos proyectos en http://www.proetica.org.pe/Index.html96 Ver en http://www.participa.cl/archives/category/proyectos-200997 Transparencia Venezuela, a través de su labor de vigilancia en materia de transparencia presupuestaria a puesto de relieve la opacidad de las cifras de la producción estatal de petróleo en Venezuela, y en general la opacidad del Estado venezolano en materia presupuestaria.98 Grupo Faro convoca a debate sobre la eficiencia energética, y llevó a cabo con apoyo del BID la Conferencia Internacional de Transparencia en el Sector Petrolero: Nuevos Desafíos y Oportunidades.99 Water Integrity Network (WIN) formada inicialmente por Transparencia Internacional, el Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, y el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial.


promover prácticas de Integridad del Agua a favor de los más pobres.100 El medio ambiente es otro foco sectorial de creciente interés para las OSCs de la región, ya que ALC es una región rica en recursos naturales pero con Estados débiles y/o dificultades regulatorias, lo cual genera incentivos para la corrupción en industrias extractivas, contaminación y degradación del medio ambiente. La iniciativa Acces Initiative es una muestra del interés internacional y nacional que concita la corrupción en materia medioambiental. Está destinada a perseguir el acceso a la información, participación y justicia en los procesos de decisión medioambiental, e involucra a numerosas organizaciones de 15 países de la región.101

Otras áreas de actividad anticorrupción de las OSCs son la prevención de la corrupción en el sector privado,102 la cooperación con el gobierno en la elaboración de propuestas legislativas y políticas,103 la transparencia y el control en las compras públicas,104 la ética y la transparencia a nivel municipal,105 y la educación en valores y en una cultura de legalidad.106

Los planes de organizaciones de la sociedad civil de alcance internacional también han sido una fuente de tendencias anticorrupción en la medida que han generado iniciativas conjuntas sobre áreas específicas. TILAC por ejemplo, la red de Transparencia Internacional para ALC, ha trabajado en muchas de las áreas señaladas107 y desde el 2007 ha enfocado su trabajo en aumentar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, aumentar los mecanismos y las prácticas de rendición de cuentas de los parlamentos, generar información sobre la captura del Estado, asociar la actividad anticorrupción al combate a la pobreza, y promover el cumplimiento y rendición de cuentas de los compromisos internacionales.108 Respecto de algunos países del Caribe, Transparencia Internacional ha llamado la atención sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los partidos políticos y el sistema de gobierno; reformas políticas y constitucionales para reducir la discrecionalidad gubernativa y empoderar la sociedad civil; construir capacidad institucional en entidades críticas, como la Oficina del Auditor y la oficina del Fiscal General; y, efectuar una educación pública contra la corrupción.109

Como se puede apreciar, existen fuertes complementariedades entre las actividades anticorrupción gubernamentales y no-gubernamentales, con algunas diferencias en los grados de implementación y adhesión a los diversos componentes del catálogo de medidas anticorrupción, y con especial énfasis en elementos preventivos. Asimismo, se identifica actividades anticorrupción sectoriales en la sociedad civil, si se tiene en cuenta que focalizan sus áreas de intervención en atención a sus escasos recursos, y que los gobiernos implementan iniciativas que generalmente son transversales y afectan a toda la administración pública.

100 Fuente: Marco Estratégico de Acción 2009– 2015, Red de Integridad Del Agua, 2008101 Más información en http://www.accessinitiative.org102 Chile transparente, Transparencia Mexicana y Transparencia por Colombia cuentan con líneas de trabajo con sector privado, una mediante la promoción de buenas prácticas, otra mediante índices de reputación empresarial, y la tercera mediante pactos de integridad en las contrataciones. 103 Por ejemplo, Transparencia Brasil, Chile Transparente (en 2006), y Transparencia Mexicana.104 Poder ciudadano, Transparencia Brasil, Transparencia Mexicana y Transparencia por Colombia.105 Proética, Participación Ciudadana, Transparencia por Colombia, Chile Transparente.106 Proética, Participación Ciudadana, Transparencia por Colombia, Chile Transparente.107 Transparencia en compras públicas, corrupción en el financiamiento de la política, promover la integridad en el sector privado, promover el periodismo investigativo vinculado a la corrupción.108 “Estrategia de Transparencia Internacional en Latinoamérica y el Caribe”, TILAC 2012.109 Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia y St. Vincent and the Grenadines. “The National Integrity System TI Caribbean Composite Study”, TI, 2004.

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DIMENSIONANDO LOSPROYECTOS ANTICORRUPCIÓNY LOS SOCIOS DEL PNUD EN LAREGIÓN


Capítulo 3

Dimensionando los Proyectos Anticorrupción y los Socios del PNUD en la Región

El PNUD desarrolla una amplia labor de apoyo a las iniciativas de los gobiernos en ALC. Actualmente cuenta con unos 70 proyectos en la Región relacionados de una u otra forma con la lucha contra la corrupción, los que involucran un monto aproximado de recursos económicos de US $ 216110 millones. De estos, el 97% están dirigidos a proyectos nacionales y el 3% a proyectos regionales. Para llevar a cabo las iniciativas el PNUD se apoya en la actividad colaborativa con contrapartes nacionales junto a socios y actores internacionales, lo que será analizado en este capítulo.

I. Los proyectos

Para comprender el grado y tipo de aporte que los proyectos del PNUD hacen a la lucha contra la corrupción en los países de ALC resulta necesario hacer algunas distinciones. Estas se relacionan primero con los destinatarios directos de los proyectos y con el tipo de materia que abordan; en segundo lugar, con el nivel de inversión; y en tercer lugar, con el tipo de problema que pretender abordar.

Siguiendo tales criterios, se pueden observar algunas características generales de los proyectos nacionales del PNUD en la región.111 Primeramente, están destinados a organismos gubernamentales,sean estos ejecutivos, legislativos o de justicia. Si bien las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades pueden ser los destinatarios finales de las actividades de los proyectos, pero salvo excepciones son los entes públicos y/o contrapartes los que administran, canalizan y aplican los recursos, mayoritariamente dedicados a la generación de capacidades gubernamentales en diversas áreas anticorrupción. Asimismo, estos proyectos se llevan adelante en los diversos niveles territoriales de los países, sean estos nacionales, estatales, provinciales o locales. Por otra parte, las materias que abordan son variadas pero caben dentro de la cooperación para el desarrollo, buscando esencialmente contribuir a la generación de capacidades en los órganos estatales y comunidades, para fortalecer los procesos electorales y el ejercicio de los derechos, la actividad reguladora y administrativa del gobierno, la actividad legislativa, la administración de justicia, la gestión local, la transparencia de los actos públicos y la participación de la sociedad civil.

Luego de esta caracterización, se pueden señalar algunas características particulares:

1. Los recursos involucrados en los proyectos PNUD ascienden a US$ 216 millones. Actualmente se ejecutan alrededor de sesenta proyectos nacionales y diez regionales en un periodo de tiempo que, salvo excepciones, va entre los 2 a 4 años. De acuerdo a la sistematización que se hizo, los países que cuentan con más proyectos del PNUD son Argentina (11), Perú (6), República Dominicana (6), Uruguay

110 Se trata de proyectos que en su mayoría pertenecen al área de gobernabilidad democrática. Los montos son aproximados, de acuerdo a la información disponible. Las fichas de proyectos por país pueden verse en el Anexo I.111 El estudio se enfocará principalmente en los proyectos nacionales, ya que significan la inmensa mayoría de los recursos económicos totales invertidos.


(5), Brasil (4), Colombia (4) y Guatemala (4). Les siguen Bolivia (3), Paraguay (3), Honduras (2). México (2) y Venezuela (2). Finalmente, se ejecuta un proyecto en Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Surinam.

2. Simplemente para propósitos ilustrativos se puede argumentar que el promedio monetario de los proyectos PNUD es de US $3.6 millones por proyecto, en una veintena de países, aunque la distribución de los recursos no es uniforme como se aprecia en el Gráfico 15 (Ver lista completa en Anexo 1).

Gráfico 15

3. Más aún, resulta útil hacer una tercera distinción, destinada a mostrar el tipo de proyectos y su correspondencia con los mecanismos anticorrupción reconocidos internacionalmente, para así lograr una visión más precisa de los tipos de proyectos y los recursos asociados.

Este criterio permite revisar los contenidos específicos de los proyectos y distinguir dos tipos elementales: los proyectos anticorrupción propiamente tales, y los proyectos para el desarrollo. Losprimeros son aquellos cuyo objetivo central es contribuir a la implementación de capacidades

Argentina17%

Bolivia1% Chile

2%

Colombia4%

Guatemala39%

Honduras12%

Jamaica1%

Mexico2%

Nicaragua12%

Peru10%

Distribución de recursos en proyectos anticorrupción del PNUD en América Latina y El Caribe: 10 países seleccionados

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anticorrupción, dando vida por ejemplo a alguna de las medidas contempladas en las convenciones.112

Las segundas obedecen a objetivos más amplios, propios de la cooperación para el desarrollo, y que se enfocan básicamente en la generación de capacidades institucionales en una serie de materias, como son, por ejemplo, la provisión de mejores servicios de salud, la descentralización o la implementación de sistemas tecnológicos para la gestión gubernamental. Este tipo de proyectos, si bien no son estrictamente proyectos anticorrupción, contienen en una importante proporción elementos que justifica denominarlos proyectos para el desarrollo con componentes anticorrupción. Se trata de iniciativas que contemplan entre sus ejes de actividad, o entre las características de los procesos de gestión sobre los que recaen, exigencias de transparencia, de participación ciudadana o de monitoreo y evaluación.

Basándose en la misma distinción, se constata que en la región solo el 7% (US$ 14 millones) de los recursos considerados en proyectos PNUD nacionales están destinados para proyectos Anticorrupciónpropiamente tales. Este tipo de proyectos tiene como objetivo implícito o explícito implementar alguna de las medidas contempladas en los tratados anticorrupción,, y especialmente la CNUCC. La mayoría de estos proyectos se enfoca en la transparencia y el control externo de los órganos públicos. La mayor recurrencia temática de estos proyectos se presenta en el fortalecimiento de la sociedad civil y de las entidades superiores de control y oficinas anticorrupción, así como la implementación de mecanismos de transparencia en la gestión pública. Las siguientes fichas de resumen describen este tipo de proyectos:

Fortalecimiento Institucional Oficina AnticorrupciónPaís:Argentina

Tipo de proyecto:Anticorrupción

Énfasis:� Fortalecimiento de organismos superiores de control (Oficina de

Anticorrupción)

� Implementación de herramientas de prevenciónEl proyecto apunta al fortalecimiento institucional de la Oficina Anticorrupción a través de la capacitación y concientización de funcionarios públicos a través de una plataforma virtual, la concientización de la sociedad civil y la elaboración de un documento que identifique riesgos y problemas en las contrataciones públicas.

Monto: USD$ 150.000 Plazo: Marzo 2009

112 En este estudio se toma como punto de referencia y base para la clasificación de medidas, la CNUCC, por consistir en el más amplio catálogo de medidas anticorrupción a nivel global.

Contraloría General de la República: Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de CNUCC

País:Chile


Énfasis:� Fortalecimiento de organismos superiores de control

(Contraloría General de la Republica)

� Implementación de herramientas de prevención

Asistencia, acompañamiento y fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República de Chile, fortaleciendo la transparencia y probidad en la gestión pública del país a través del desarrollo de consultorías, estudios y publicaciones sobre el tema; sistematización y difusión de experiencias de buenas prácticas en el ámbito internacional; y realización de talleres de capacitación e instancias de discusión.

Monto: USD$ 300,000 Plazo: 2011


Junto a lo anterior, se verifica que el 93 restante (US$ 202 millones) de los recursos asignados está dirigido a proyectos para el desarrollo. De este tipo de proyectos, una proporción importante (más de un tercio o US$70 millones) pertenece a proyectos para el desarrollo con claros componentes anticorrupción. En estos casos, los proyectos se inclinan fuertemente por la generación de capacidades institucionales, dotando a entidades públicas de análisis y evaluaciones, capacitación, sistemas tecnológicos, por mencionar algunos, pero también acompañadas de elementos de transparencia, control y participación de la sociedad civil, como por ejemplo, los descritos en las siguientes fichas resumen.

Mejoramiento de la Gestión Pública a Nivel Local

País:Colombia

Tipo de proyecto:Desarrollo con componentes anticorrupción

Énfasis:- Fortalecimiento institucional- Participación de Sociedad Civil

La iniciativa busca brindar apoyo técnico a las Gobernaciones de La Guajira, Santander, y a la Alcaldía de Cartagena para el desarrollo de las capacidades de gestión pública y el ejercicio de la ciudadanía política a nivel departamental. Se espera fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para lograr un mejor desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera, planeación y gestión de políticas públicas territoriales. Además se busca instaurar mecanismos regulares y eficaces de participación, concertación y control ciudadano de políticas públicas locales.

Monto: USD$ 600,000 Plazo: Diciembre 2011

Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

País:Guatemala


Énfasis:- Fortalecimiento institucional

- Transparencia

El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal mediante el fortalecimiento de la posición financiera del gobierno, la creación de alianzas estratégicas con diversos actores delámbito nacional e internacional y la implementación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.

Monto: $USD 600,000 Plazo: 2011

4. Por su parte, los proyectos anticorrupción, que implican la inversión de US $14 millones están dedicados en su totalidad a la prevención de la corrupción. En efecto, ninguno de los proyectos está relacionado con el lado de la represión de la corrupción.113 En cuanto a los mecanismos de prevención incorporados en los proyectos anticorrupción, estos son variados 114 pero principalmente están enfocados en:

113Que normalmente lleva aparejada la reforma de las normas penales y el establecimiento de medidas de apoyo a la investigación penal, en el nivel doméstico, como con la cooperación internacional contra la corrupción, que comprende normalmente la cooperación transfronteriza en investigaciones, procesos de extradición y repatriación de activos, así como la prestación de asistencia técnica.114 Basado en la CNUCC, este estudio considera que las medidas preventivas anticorrupción pueden consistir esencialmente en: a) el diseño e implementación de políticas públicas anticorrupción; b) el establecimiento o fortalecimiento de órganos anticorrupción o de control superior; c)

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la participación de la sociedad civil (11 proyectos);

el fortalecimiento de organismos superiores de control y oficinas anticorrupción (10);

la transparencia gubernamental y el acceso a la información (7);

la implementación de herramientas específicas de lucha contra la corrupción (5);

la implementación de políticas públicas anticorrupción (3)

la coordinación entre entidades (1); y,

la transparencia electoral (1).

A la hora de examinar la distribución de los recursos en los proyectos anticorrupción propiamente tales, llama la atención su concentración. Estos se encuentran localizados en 10 países, de los cuales 5 concentran el 90% de la totalidad de los recursos, como se puede apreciar en el Gráfico 15.

A modo de resumen, y como un resultado del examen de los datos y del contenido de los proyectos, se pueden extraer algunas conclusiones que pueden resultar útiles sobre el tipo y el volumen de proyectos anticorrupción del PNUD en ALC:

a. Existe una cantidad importante de proyectos y recursos enfocados en aportar mecanismos anticorrupción contemplados en la CNUCC, sean estos proyectos o con componentes. Esta conclusión es relevante por cuanto la implementación de esto proyectos cuenta con fundamentos jurídicos y políticos de primer orden, que favorecen su conveniencia política, legitimidad y exigibilidad.

b. La gran mayoría de los proyectos nacionales del PNUD en la región son proyectos para el desarrollo, de los cuales un 40% contienen elementos anticorrupción, enfocados especialmente en mecanismos que favorecen el control externo de los actos de gobierno. Esto refleja una tendencia del PNUD que se encuentra en sintonía con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde existe una mayor exigencia y control de las instituciones y la sociedad sobre las autoridades públicas.

c. La casi totalidad de los recursos de proyectos anticorrupción están dirigidos en beneficio de países con fuerte percepción de corrupción, tales como Guatemala, Argentina, Honduras, Nicaragua y Perú, quienes están calificados con una nota inferior a 3.5 en el IdPC de Transparencia Internacional. Al mismo tiempo, la mayoría de los países de la región cumplen con esta característica y podrían ser destinatarios de iniciativas similares. Asimismo, se detecta que, salvo Surinam, los otros dos países

el establecimiento de normas éticas y de comportamiento funcionario; d) sistemas de carrera funcionaria basada en el mérito y la transparencia; e) sistemas de compras públicas eficientes y transparentes; f) herramientas específicas de prevención (capacitación, sistemas de denuncia, declaraciones patrimoniales, etc.); g) transparencia y acceso a la información; h) mecanismos de participación de la sociedad civil; i) coordinación entre actores para la prevención y detección; e, i) mecanismos de transparencia electoral.


que no han adherido a la CNUCC, Belice y Barbados, no aparecen explícitamente participando en los proyectos del PNUD examinados.115

d. Los proyectos anticorrupción se enfocan especialmente en la prevención, especialmente en el fortalecimiento de la sociedad civil, la mayor transparencia de las entidades públicas, y el fortalecimiento de los organismos superiores de control y las oficinas anticorrupción. .

Esta tendencia guarda relación con la importancia que ha adoptado el apoyo a organismos coordinadores de acciones anticorrupción, la probada eficacia de la transparencia como mecanismo habilitante para estrategias colaboradoras en el combate a la corrupción, y el aporte que las organizaciones de la sociedad civil han demostrado en dicha tarea. En menor medida, los proyectos se destinan al diseño e implementación de políticas anticorrupción, una exigencia novedosa de la CNUCC a los países signatarios, y el desarrollo de herramientas específicas de prevención de lacorrupción, la coordinación entre entidades y la transparencia electoral.

e. Existen áreas anticorrupción potencialmente útiles que no están incorporadas en los proyectos PNUD, como son las medidas de represión penal de la corrupción y de cooperación internacional contra la corrupción.

En efecto, ninguno de los proyectos está relacionado con la represión de la corrupción, que normalmente lleva aparejada, en el nivel doméstico, la reforma de las normas penales y el establecimiento de medidas de apoyo a la investigación penal, y en el nivel internacional, la cooperación internacional contra la corrupción, que comprende la cooperación transfronteriza en investigaciones, procesos de extradición y repatriación de activos, así como la prestación de asistencia técnica.

f. Finalmente, existen áreas de prevención que no se contemplan en los proyectos anticorrupción. Entre ellas, el establecimiento de códigos de conducta y normas de control, acaso por ser materias que ya han tenido un amplio desarrollo en la región en las últimas dos décadas. Tampoco sobre la carrera funcionaria, que resulta un desafío pendiente en la región y claramente de mayor complejidad en su implementación, pero indispensable para poner freno a la corrupción política y gubernamental. Asimismo, no se contemplan proyectos especialmente dirigidos a implementar o fortalecer sistemas de compras públicas, aunque se han llevado a cabo múltiples y cuantiosas reformas en la región desde mediados de la década de los 90 hasta ahora. Asimismo, no existen proyectos anticorrupción que desarrollen elementos preventivos de la corrupción en el sector privado, una asignatura pendiente en la región.

115Aunque si Barbados tuvo un par de proyectos anticorrupción PNUD hasta hace uno tres años analizados en el Estudio del 2009.

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II. Los socios del PNUD en la Región

Los alrededor de setenta proyectos anticorrupción en que se encuentra envuelto el PNUD en la región de ALC son realizados mediante un trabajo colaborativo con socios estratégicos. Estos socios ejecutan y/o participan de la ejecución de los proyectos nacionales y regionales, y mayoritariamente son los destinatarios de los recursos aportados.

Cada Oficina de País del PNUD en la región cuenta con tales socios estratégicos (ver listado de socios por Oficina de País en Anexo II). Asimismo, el Centro Regional del PNUD en Panamá y la Escuela Virtual del PNUD en Colombia cuentan con sus propios socios estratégicos, varios también actores regionales. Estos socios suman 127 en toda la región, y consisten en entidades públicas y Ministerios, organismos internacionales unidades y programas del PNUD, y del sistema de Naciones Unidas, organismos de cooperación nacionales, centros de estudios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades privadas sin fines de lucro.

Sin embargo, no todas las oficinas del PNUD cuentan con una diversidad de socios. Algunas solo cuentan con uno o dos socios, vinculados a proyectos y programas en ejecución. Tal es el caso de la Oficina del País de Surinam, que tiene únicamente como socio al Ministerio de Justicia y Policía, o Bolivia, que cuenta con el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esto no necesariamente significa una vulnerabilidad o limitación a sus objetivos en el país, ya que el socio puede tener la fuerza política y las capacidades necesarias para llevar adelante los proyectos o puede tener mandatos amplios más allá de la misma entidad. Evidentemente, dicha situación contrasta con la situación de otras Oficinas de País, como la de México, que cuenta con una multiplicidad de socios, como se puede apreciar a continuación:

Socios PNUD México

Alianza CívicaArticulo XIX MéxicoAuditoría Superior de la FederaciónCentro de Gobernabilidad de Oslo PNUDCentro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)Colegio de la Frontera Norte (COLEF)DECA Equipo Pueblo, A.C.FundarINFODFInstituto de Investigaciones Jurídicas – UNAMInstituto de Transparencia y Acceso a la Información de TamaulipasInstituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI)Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)México EvalúaSecretaría de Desarrollo Social México (SEDESOL)Secretaría de la Contraloría de OaxacaTransparencia Mexicana


La composición de los socios de cada Oficina de País también puede resultar relevante, en la medida que la corrupción es un fenómeno complejo y cuyo estudio y tratamiento exige visiones multidisciplinarias. La elaboración de normas jurídicas muchas veces requiere del apoyo de centros de estudios, el debate con OSCs reconocidas y con el mundo académico, a la vez que su aprobación involucra a los órganos legisladores. Luego la implementación de las normas exigirá establecer mecanismos y sistemas, muchas veces apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y la coordinación de entidades públicas, como las Contralorías Generales de la República o las Oficinas anticorrupción de los países. De allí que el contar con una multiplicidad y diversidad de socios es una ventaja potencial para las Oficinas del PNUD.

Observando los socios del PNUD en la región, resulta evidente que la mayoría de ellos (90 de 127) son organismos estatales e internacionales públicos, lo que se corresponde con la naturaleza pública del PNUD y su misión. Los demás socios son organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios, fundaciones y universidades.

Una composición fuertemente pública (estatal) de socios puede ser un elemento favorable, dependiendo de los objetivos de los proyectos, pero también puede haber un riesgo. Los proyectos anticorrupción deben no solamente buscar resultados, sino tener cierta seguridad de que no generarán a su vez otras formas de corrupción. La existencia de socios con capacidad de vigilar y apoyar procesos de cambio, como son ONGs reconocidas o universidades, pueden hacer disminuir ese riesgo. Dos ejemplos de Oficina de País con alta presencia gubernamental entre sus socios son las República Dominicana y Argentina (pero también Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela):

Socios PNUD REPUBLICA DOMINICANA

Suprema Corte de JusticiaEscuela NacionalInstituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)Cámara de Cuentas de la Republica DominicanaPresidencia de la Republica DominicanaCámara de Diputados de la Republica DominicanaSenado de la República

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Socios PNUD ARGENTINA

Oficina Anticorrupción – Gobierno NacionalSubsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia – Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia (SRIFD)Subsecretaria de Coordinación – Ministerio del Interior de la NaciónOrganismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos AiresAgencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos AiresMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la NaciónMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la NaciónMinisterio de Gobierno de la Provincia de Buenos AiresRed Nuestra Córdoba

Una composición más equilibrada de socios, en cambio, comprendería a más actores. Este es el caso de la Oficina de País de Jamaica,116 que cuenta con una Universidad, organizaciones de la sociedad civil, la prensa y agencias públicas, como se puede apreciar en la siguiente ficha:

Socios PNUD JAMAICA

Centre for Leadership & Governance, University of the West Indies, MonaNational Association of Parish Development Committees (civil society)Department of Local Government, Office of the Prime MinisterSocial Development CommissionPress Association of JamaicaPlanning Institute of Jamaica (PIOJ)

116 También México y El Salvador.


Una multiplicidad de organismos de investigación y universidades puede ser una gran fortaleza cuando lo que se requiere es entregar y gestionar el conocimiento. Tal es el caso del Centro Regional del PNUD y de la Escuela Virtual, que suman entre sus socios a varias universidades, centros de investigación y otros organismos del sistema PNUD, como se aprecia a continuación:

Socios PNUD CENTRO REGIONAL

Universidad Externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y ExterioresCentro de Políticas Públicas de la Universidad de PanamáFLACSO - MéxicoCentro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)PNUD MéxicoUniversidad Indígena Boliviana “Tupak Katari”PNUD El SalvadorPNUD BoliviaPNUD ColombiaDemocratic Governance Thematic Trust FundPNUD Global Thematic - Programa Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (PACDE)PNUD Costa RicaEscuela de Liderazgo Juvenil - NicaraguaPNUD NicaraguaPNUD- Oslo Governance CenterPNUD-DGG/BDPFondo Fiduciario España-PNUDGeneralitat ValencianaEscuela Virtual PNUD

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Socios ESCUELA VIRTUAL

PNUD-DGG/BDP.PNUD Honduras.PNUD GuatemalaPNUD ColombiaPNUD MéxicoCentro Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA)Fundación Carolina.Universidad de los Andes - CIDER. Colombia.Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México.One World Trust.IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance.PNUD- Oslo Governance CenterDemocratic Governance Thematic Trust Fund Centro Regional del PNUD-Panamá

Como se puede apreciar (para mayor información ver Anexo II), las oficinas del PNUD en la región suman una gran cantidad de socios. Su distribución en número y composición es la que varía de un país a otro, pudiendo constituir una limitación o riesgo en algunos casos la uniformidad y escasez de socios estratégicos cuando se trata de fortalecer el componente anticorrupción en las líneas de trabajo del PNUD. Ampliar la red de socios a aquellos potenciales, incorporándolos formalmente a la comunidad de práctica que por ello les genere beneficios, podría ser una herramienta práctica que aumente la capacidad potencial del PNUD para ampliar su cartera de proyectos anticorrupción, o de una manera más relevante aún, en proyectos de desarrollo con elementos anticorrupción.

Finalmente, el hecho de que el PNUD cuente con la diversidad y fortaleza de tales socios estratégicos, puede constituirse en una oportunidad para detectar buenas prácticas y efectuar benchmarking. Las reuniones de análisis e intercambio con organismos estatales, así como la detección de proyectos de asociación entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, pueden en última instancia fortalecer y proyectar los resultados de los proyectos anticorrupción del PNUD.

DESAFÍOS YCONCLUSIONES


Capítulo 4

Desafíos y Recomendaciones

El análisis del proceso de implementación de las convenciones anticorrupción y las políticas que han desarrollado países para luchar contra la corrupción, entregan algunas ideas sobre los desafíos de la región ALC. Por otra parte, las opiniones de expertos consultados para este estudio también entregan información valiosa sobre aspectos no siempre considerados en los esquemas intergubernamentales.117

A continuación en este último capítulo, se analizan las principales conclusiones sobre desafíos regionales, y las recomendaciones respectivas dentro del marco de actuación del PNUD.

I. DESAFÍOS REGIONALES

Mejorar el diseño y evaluación de las políticas e iniciativas anticorrupción

- Primero, la necesidad de una mejor comprensión estratégica del vínculo entre el problema y la iniciativa anticorrupción. Estas iniciativas en muchas ocasiones parecen obedecer más a objetivos financieros o de supervivencia de una entidad gubernamental o de un patrocinador, que a un objetivo institucional mayor o de más sostenibilidad. En estos casos la anticorrupción se puede traducir en una ejercicio vacío de sentido con un alto gasto y o inversión. Asimismo, en ocasiones los encargados de la anticorrupción tienen una gran fortaleza técnica, que les impide ver más allá de las propias medidas anticorrupción, con lo que la tarea se convierte en la finalidad. En estos casos, la lucha contra la corrupción se convierte en esfuerzos burocráticos formales o altamente técnicos que no alcanzan a modificar las condiciones en que se desarrolla la corrupción.

Los actores nacionales e internacionales interesados en la lucha contra la corrupción no deben olvidar que Latinoamérica y el Caribe es una región con importantes desafíos políticos, económicos y sociales.Alrededor de tales desafíos y sus respectivas soluciones se aglutinan los esfuerzos de desarrollo humano y gobernabilidad democrática, y en esas corrientes de acción se deben integrar los esfuerzos anticorrupción. El buen funcionamiento de los mercados y de las economías nacionales, el mejoramiento de los bienes y servicios que el Estado brinda a la población, y la profundización y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, son los grandes objetivos de los gobiernos, banca multilateral y organismos internacionales. Al momento de diseñar políticas e iniciativas anticorrupción es preciso comprender que tales esfuerzos debieran aportar a dichos objetivos, mediante la incorporación de mayores capacidades estructurales anticorrupción en lo económico, político y social, y/o diseñando mecanismos anticorrupción al servicio de objetivos políticos específicos, como son la superación de la pobreza y la desigualdad, el mejoramiento de la seguridad de la población, o la creación de empleos y mayor actividad económica. Las iniciativas anticorrupción sin vinculación a los

117 Para esta sección se efectuaron entrevistas y consultas a una serie de expertos en la materia, mencionados al comienzo de este informe.


problemas y necesidades de cada país sólo devienen en un incremento de burocracia o en soluciones sin sustento real.

- Asimismo, la promoción de políticas anticorrupción en ALC muchas veces no considera las características de los países destinatarios y sus recursos. Proyectos sin diagnósticos, o con diagnósticos meramente jurídico-formales, son crónicas de una muerte anunciada, al no responder a las condiciones políticas y sociales de cada país o institución.118 Otra condición importante que parece ausente en los análisis previos de las políticas y/o iniciativas anticorrupción es la fortaleza institucional de un país, especialmente si requerirá del esfuerzo, coordinación o protagonismo de varios actores gubernamentales.

De allí la importancia de contar con diagnósticos contextualizados de países e instituciones, que contemplen por ejemplo, información sobre los principales desafíos en materia de corrupción, sus posibles causas y manifestaciones; los impactos negativos y los principales grupos de la población afectados; y sobre las características, fortalezas y recursos de las entidades responsables, así como de los actores que apoyarían o se opondrían a iniciativas anticorrupción

- El diseño de las políticas debe contemplar un rol permanente de la prevención. La búsqueda de resultados en el corto plazo, y la visibilidad que dan los escándalos de corrupción, con frecuencia invitan a los gobiernos a utilizar políticas persecutorias y de corto plazo, las que no tendrán efecto duradero ni eficacia si no se integran dentro de una estrategia integrada y de mayor alcance, en la que la prevención, y el fortalecimiento de instituciones y de la capacidad de vigilancia ciudadana, sean un motor permanente de acción. Para ello, resulta además importante buscar los mecanismos de diálogo para la continuidad de las políticas anticorrupción aún más allá de cada periodo gubernamental.

- Más adelante en el proceso, resulta necesario fortalecer la capacidad y voluntad de los gobiernos de proveer información confiable, íntegra y oportuna sobre los avances y desafíos en sus programas anticorrupción. Aún son muchos los casos en que los gobiernos no entregan información ni a la OEA o Naciones Unidas, o a los ciudadanos de sus países, sobre el grado de implementación de las provisiones de los tratados anticorrupción; o ésta es insuficiente o difiere de aquella entregada por otras fuentes119

tales como las OSC. Este desafío requiere fortalecer la capacidad de las entidades responsables de las iniciativas anticorrupción para recolectar, procesar y entregar información relevante para la evaluación. Pero a la vez requiere generar incentivos políticos o presupuestarios para la entrega de información íntegra, confiable y oportuna. Ante la precariedad de algunas entidades gubernamentales o de la sociedad civil, las universidades y centros de estudios están en condiciones de brindar un importante apoyo técnico y de recursos.

118 Iniciativas de reforma legal, por ejemplo, pueden tener un costo y un impacto significativamente diferentes si se implementan en un país con muy bajo o alto nivel de imperio de la ley. Desde esa perspectiva, las expectativas, plazos y recursos de proyectos anticorrupción pueden ser muy distintos si se implementan en Guatemala o en Uruguay.119 Así se desprende de los informes hemisféricos de la Primera y Segunda Ronda del MESICIC. Algunos otros antecedentes sobre esta debilidad regional pueden consultarse en “¿Cuán preparados estamos para evaluar la real implementación de las convenciones anticorrupción? Lecciones desde las Américas” Miguel Peñailillo, CMI, 2009. Versión en español.

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Comprender mejor el fenómeno delictivo y sus posibles antídotos

- Muchas veces las iniciativas contra la corrupción carecen de un diagnóstico nacional sobre las áreas más expuestas a la corrupción, el tipo de práctica corrupta y los actores involucrados. Tal como se ha verificado en este estudio, existe una carencia importante de estudios de diagnósticos sobre la corrupción de suficiente profundidad y alcance. A nivel nacional abundan los estudios sobre el marco legal, pero se carece de suficientes estudios y datos sobre los hechos de corrupción. Es en el nivel local y sectorial donde adquiere más utilidad la identificación del fenómeno en sus formas más recurrentes y graves, para comprender sus dinámicas y actores y seleccionar, de manera informada, las opciones más eficaces y factibles para contrarrestarlas.

Un desafío ineludible y de largo plazo es enfrentar la gran corrupción y la captura del Estado. Los grupos ilegales, y algunos grupos legales pero con prácticas corruptas, son contrarios a los esfuerzos anticorrupción. Buscan sesgar las decisiones públicas hacia sus intereses particulares, afectando la calidad de las políticas públicas y la gobernabilidad democrática. El vínculo dinero- poder político debe incorporarse en la agenda de trabajo, pero tomando en cuenta que el combate a la gran corrupción requiere crear fortalezas institucionales y sociales previas para ser efectiva. También, considerar que la captura del Estado requiere crear capacidades y condiciones de largo plazo, incluidas políticas de Estado, para su desmantelamiento progresivo.120 Asimismo, como sugiere TILAC en su plan 2007-2012, resulta necesario analizar las estrategias de acción de los diferentes grupos y focalizar esfuerzos e iniciativas, afirmando que la posición de la anticorrupción frente a estos grupos con intereses particulares, sepuede reforzar con la existencia de una institucionalidad internacional, con lo que apuntan al valor que tienen los acuerdos y actores internacionales.

Pasar desde la legislación a la acción

- Varios estudios de los procesos de implementación de las convenciones anticorrupción arrojan información relevante, que apunta a que ya pasó el tiempo de las grandes reformas legales, para ingresar a una etapa en que lo que se requiere es la real y efectiva aplicación de las leyes anticorrupcióny acción. Los seguimientos a la implementación de los tratados internacionales, y los indicadores internacionales sobre imperio de la ley, muestran que un gran desafío de los Estados es garantizar el cumplimiento de las leyes.

Esto implica poner el acento en lograr un buen desempeño de las entidades responsables de aplicar las leyes, pero también de contemplar acciones que afecten favorablemente la adhesión a las normas legales en el entorno social o en un sector. Este mejor desempeño de las entidades responsables de hacer cumplir la ley está relacionado con generar capacidades institucionales, mediante la capacitación, la entrega de herramientas tecnológicas y de mayores recursos. Pero también requiere que la entidad asuma un compromiso de construir procesos reales y resultados útiles. El trabajo de escritorio, los indicadores de actividad y las evaluaciones meramente formales de los marcos jurídicos, tan frecuentes, deben dar paso a instancias de diálogo y participación, y al compromiso con resultados e impactos que den cuenta del aporte de cada iniciativa a la disminución y/o control de la corrupción. En resumen, el

120 A juicio del autor, los peces gordos sólo podrán ser fritos si se tienen suficiente fuego y aceite.


desafío es más acción y resultados de los gobiernos, y menos palabras. En cuanto a afectar favorablemente el entorno o un sector específico, esto implica lograr mayores grados de apoyo político a la entidad responsable, y llevar a cabo acciones que deliberadamente busquen cambiar los hábitos de los ciudadanos, comunidades y/o sectores.

- Otro desafío importante sigue siendo la mayor correspondencia entre la información sobre los avances y desafíos de la anticorrupción entre el nivel nacional y el internacional, y el acceso a esa información. A pesar de los esfuerzos realizados, es frecuente que los debates sobre la corrupción de un país en los foros internacionales no sean ampliamente conocidos por los actores nacionales, y viceversa, reduciéndose su conocimiento a los asistentes a tales foros, la mayor parte del tiempo expertos gubernamentales que no cuentan con medios o intenciones de difundir información que puede resultar políticamente sensible. La difusión más amplia posible de los informes gubernamentales y no gubernamentales entregados en foros y mecanismos de seguimiento, y la incorporación de otros actores relevantes a los debates nacionales e internacionales, es una práctica que fomenta la transparencia y favorece el diálogo, la detección de puntos en común y la generación de acuerdos nacionales con mayor legitimidad.

Dar un mayor sentido a la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción adquiere mayor fuerza y adhesión en las personas y organizaciones cuando se comprende el valor que aporta a la vida política y cotidiana de las personas.- Esto se relaciona con asociar las iniciativas anticorrupción con bienes públicos, como son el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. Exhibir los vínculos entre corrupción política, baja transparencia electoral y derecho al voto, resulta vital para dar fuerza y dirección a los esfuerzos anticorrupción en pro de la gobernabilidad democrática. Asimismo, es preciso facilitar la asociación entre la lucha anticorrupción y la recepción satisfactoria de bienes y servicios públicos. Cuando las organizaciones y las personas comprenden el vínculo entre discrecionalidad estatal en la entrega de servicios de salud, educación, vivienda y subsidios, y los derechos a un acceso libre, transparente y equitativo a los mismos, se logra una más sólida reacción frente a los posibles abusos. Lo mismo sucede al vincular anticorrupción con medio ambiente y acceso a agua y energía.

II. RECOMENDACIONES AL PNUD

Esta sección está destinada a efectuar recomendaciones para la actividad del PNUD en ALC en materia de lucha contra la corrupción, para el fortalecimiento de las potencialidades de trabajo del organismo en posibles áreas de intervención común con entidades estatales. Asimismo, las recomendaciones son formuladas tomando en cuenta que el PNUD puede aportar como agente de diálogo en el nivel regional, nacional y local, así como generar conocimiento que ponga de relieve la conveniencia de la participación de las OSCs, academia, y otros actores, en proyectos con entidades públicas.

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1. Reducción de la pobreza y anticorrupción

Se produce una coincidencia en la lucha contra la pobreza. Los objetivos del PNUD sobre la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), son coincidentes con aquellos de las entidades públicas dedicadas a implementar políticas sociales, y las organizaciones nacionales e internacionales anticorrupción que tienen dentro de su marco de acción el combate a la pobreza y la lucha contra la desigualdad. Desde un nivel estratégico, resulta altamente conveniente considerar la transparencia y prevención de la corrupción como un elemento central en las políticas de desarrollohumano, ya que aumenta el control sobre el uso de los recursos de cooperación, fortalece la cohesión social de los grupos destinatarios, y facilita la apropiación nacional y local de las iniciativas.

Por una parte, las convenciones internacionales anticorrupción otorgan una justificación política y jurídica para introducir de manera permanente elementos anticorrupción en los planes y programas de cooperación, en las políticas y proyectos de desarrollo, y en la cooperación ante desastres. Aquellos gobiernos que estén comprometidos interna o internacionalmente con medidas específicas anticorrupción, o que estén sometidos a otro tipo de incentivos para transparentar su gestión, se encontrarán más dispuestos a este tipo de iniciativas.

Las OSCs cuentan con una mayor flexibilidad para participar y liderar iniciativas anticorrupción. Pueden aportar mediante campañas ciudadanas sobre legalidad y cultura de transparencia, a través de la formación de líderes, ejerciendo vigilancia ciudadana sobre los presupuestos públicos y de la cooperación, y alentando la participación en la gestión pública y en la toma de decisiones. Sus focos de acción privilegian el desarrollo humano, y la defensa de los derechos de los más postergados, y de las mujeres y niños. En el nivel local, estas organizaciones favorecen la sostenibilidad de iniciativas de participación, al brindar apoyo a los gobiernos locales para incrementar sus capacidades de gestión participativa.

Estas circunstancias representan una oportunidad para fortalecer los ODM, mediante la integración en proyectos de desarrollo humano de los componentes anticorrupción, aplicados a sectores prestadores de servicios sociales, como salud y educación, o de provisión de agua.

2. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

La mayor participación electoral, el incremento del voto femenino, y la independencia de los medios de comunicación pueden ser impulsados desde los gobiernos, pero con más incentivos desde la sociedad civil. Los gobiernos se encuentran en una posición de interés en los procesos eleccionarios, donde no tienen incentivos para promover el cambio del poder político y se encuentran en una posición de poder privilegiada para decidir sobre hechos y propuestas electorales. Esto es especialmente cierto en aquellos países donde existe la reelección presidencial. Por lo general los gobiernos tampoco tienen incentivos para alentar la autonomía y fortalecimiento de los medios de comunicación. Esto no implica que no puedan ser aliados valiosos en la expansión de la democracia y en la libertad de los medios, sin embargo no cuentan con la motivación para ello, y en algunos casos promueven iniciativas que buscan más bien limitar o controlar a los medios. Por ello, en esta materia resultan valiosas las alianzas y proyectos de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con los partidos políticos y las organizaciones


promotoras de las elecciones, el voto informado y la transparencia en la política, así como con centros de estudios y universidades. También son actores relevantes las asociaciones de medios de comunicación, asociaciones de periodistas y colegios profesionales. Estos actores pueden fortalecer la difusión de una agenda democrática y participativa, defender el derecho a la libertad de expresión y ejercer una vigilancia sobre los órganos electorales y los partidos políticos.

El acceso a la información y la consulta ciudadana se encuentran en una situación similar. Esta situación hace conveniente que el PNUD aliente la promoción de vínculos entre universidades, organizaciones de la sociedad civil y conglomerados pro acceso a la información y a la participación ciudadana en la gestión pública. Lo anterior con el fin de generar focos de acción pública que se fortalezcan entre sí. En este sentido, los resultados positivos en la promoción de alianzas entre sociedad civil y medios de comunicación en la región, aconsejan alentar este tipo de iniciativas, para fortalecer la agenda pública de participación, transparencia y libertad de expresión. El intercambio de experiencias internacionales también resulta provechoso en aquellos países donde aún las herramientas de participación no se desarrollan suficientemente.

La reforma y transparencia de la justicia es un desafío posible y de largo plazo. No cabe duda que la situación del acceso a la justicia es deficiente y la percepción de la corrupción en el sector es persistentemente negativa. De no existir voluntad política suficiente para reformas radicales del sistema de justicia, tales sistemas seguirán funcionando sin mayores variaciones, perjudicando a especialmente a amplios grupos de población pobre. Los gobiernos, y en algunos casos los partidos políticos, pueden estar favorablemente dispuestos a tomar la bandera de la reforma judicial, entendiendo que se trata de una oportunidad políticamente beneficiosa para impulsar medidas en favor de los más desprotegidos. Asimismo, es preciso incorporar en los análisis la magnitud corruptora del crimen y el narcotráfico, toda vez que tales grupos ilícitos trabajan activamente para debilitar al Estado. Pero estas reformas requieren actores que apoyen la reforma, que demanden mayor acceso, que efectúen propuestas, y que denuncien la corrupción y la ineficiencia judicial. Las universidades, a través de sus escuelas de derecho, y las organizaciones especializadas en justicia, derechos humanos y anticorrupción, pueden ser importantes aliados en una tarea de largo plazo.

Existe una convergencia de intereses en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y sub-nacionales para implementar medidas anticorrupción. Las Naciones Unidas y la OEA, y la banca multilateral, están promoviendo y apoyando la implementación de las convenciones anticorrupción, y estas ponen un especial interés en el fortalecimiento de los organismos superiores de control y anticorrupción. Por otra parte, tales convenciones son un imperativo político y jurídico para los gobiernos, especialmente cuando, en la ALC, prácticamente todos los países las han suscrito. Esta área de acción se ve reforzada por la existencia de OSCs, y redes como TILAC y otras mencionadas en este estudio, que cuentan con experiencia en la incidencia y monitoreo a los estándares internacionales. Las universidades también pueden ser aliadas, especialmente en la fase de diseño de políticas y propuestas. El PNUD debería alentar en algunos países el fortalecimiento de la mejor coordinación inter-institucional, proveyendo análisis sobre capacidades institucionales para implementar convenciones anticorrupción, tomando en cuenta el marco legal, pero muy especialmente en los órganos y

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mecanismos de aplicación. Este tipo de iniciativas debería tener un fuerte énfasis en el proceso de implementación

3. Cuidado al medio ambiente, acceso a la energía y al agua

Medio ambiente, energía y agua son áreas de interés en crecimiento para diversos actoresanticorrupción. Las riquezas en recursos naturales, como agua (energía eléctrica), abundan en América Latina y el Caribe. Globalmente se ha producido un mayor interés en estas materias. Organismos internacionales y la banca multilateral en la región, centran su atención en la generación de condiciones de explotación sostenible de recursos hídricos, forestales y energéticos, a la vez que hay un crecientemovimiento internacional por la defensa del medio ambiente, de los animales y de los bosques. Hasta hace dos décadas aún no existían políticas gubernamentales y organismos supervisores de las normas ambientales, pero hoy aún hay países que carecen de ellas, a pesar del creciente interés ciudadano en ello. La generación de una institucionalidad ambiental es un desafío necesario, y se pueden aprovechar las experiencias de unos países que llevan más terreno ganado en favor de otros.121 La transparencia de la información ambiental es otro desafío, ya que se ha demostrado que inhibe prácticas corruptas, como la tala ilegal, la ausencia deliberada de fiscalización, y la opaca asignación de tierras y concesiones. El desafío de la transparencia es igual de importante en materia de agua y energía. Pero la transparencia en todas estas materias implica más que entregar o recibir información, sino contar con capacidad para procesarla y traducirla en acción. Resulta indispensable que los debates y decisiones no se den únicamente entre los organismos especializados de los gobiernos y las empresas interesadas en una inversión con impacto social y ambiental. Deben crearse mecanismos permanentes de participación y opinión que permita integrar al debate, e incluso la negociación, a organizaciones locales (perjudicados/beneficiados), a las autoridades locales, OSC anticorrupción y a centros de investigación y universidades. Atendido que la creación de institucionalidad, políticas y mecanismos de participación es una demanda que requiere tiempo y recursos en mayor escala, adquiere importancia el interés que estas iniciativas pueden tener en las entidades financieras internacionales. Por otra parte, para alentar a empresas privadas a involucrarse en negocios transparentes debe incorporarse la Responsabilidad Social Empresarial y la ética en los negocios como un elemento que les agregue valor, mediante la diferenciación de la empresa, el mejoramiento de la imagen corporativa y la generación de barreras positivas de entrada a los negocios

4. Información sobre diagnósticos y actores

Para llevar adelante planes de acción resulta favorable acrecentar la información disponible para la evaluación y toma de decisiones. Un punto de partida es efectuar una revisión de la información existente sobre diagnósticos nacionales y sectoriales, y sobre potenciales socios en proyectos y programas de desarrollo asociado a la lucha contra la corrupción. Una base de datos y mapa nacional y sub-regional de actores actualizado favorecerán la capacidad planificación, de decisión y acción de las oficinas nacionales del PNUD y del Centro Regional del PNUD. Estudios que permitan comprender sobre

121 Una contribución a la prevención de la corrupción en la respuesta al cambio climático, con recomendaciones para los países basadas en la CNUCC, se puede encontrar en el interesante documento del PNUD “Manteniendo el Rumbo: El manejo de riesgos de corrupción relativos al cambio climático,” 2011.


los procesos anticorrupción y sus factores de éxito también pueden fortalecer la labor de apoyo técnico del PNUD. Las experiencias de países de herencia inglesa, francesa y holandesa pueden arrojar diferencias importantes con aquellos de herencia española y portuguesa, así como arrojar luces sobre países del Caribe sobre los cuales no existe suficiente experiencia documentada. Desde esta perspectiva, resulta conveniente alentar el acceso a informes anticorrupción de donantes y organismos multilaterales que actúan en la región, de manera de diseminar conocimiento y fortalecer la capacidad de asesoría del PNUD.

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Referencias

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UNODC (2010) Informe Mundial sobre las Drogas.

World Bank Institute (2009). Worldwide Governance Indicators.

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ANEXOS


ANEXOS

ANEXO 1

PROYECTOS NACIONALES/REGIONALES DEL PNUD EN AMÈRICA LATINA Y EL CARIBE

FICHAS POR PAÍS

ARGENTINA

Fortalecimiento Institucional Oficina Anticorrupción

País:Argentina

Tipo de proyecto:-Anticorrupción

Énfasis:Fortalecimiento de organismos superiores de control (OA)Implementación de herramientas de prevención

El proyecto apunta al fortalecimiento institucional de la Oficina Anticorrupción a través de la capacitación y concientización de funcionarios públicos a través de una plataforma virtual, la concientización de la sociedad civil y la elaboración de un documento que identifique riesgos y problemas en las contrataciones públicas.

Monto: USD$ 150.000 Plazo: Marzo 2009

Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción (II)

País:Argentina

Tipo de proyecto:-Anticorrupción

Énfasis:- Preventivo� Fortalecimiento de organismos superiores de control

(OA)� Implementación de herramientas de prevención� Coordinación en la prevención

El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Oficina, para el diseño e implementación de políticas preventivas y punitivas de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción a través del desarrollo en las siguientes áreas: un sistema de información y documentación, la educación en valores, la capacitación a distancia de funcionarios públicos y la cooperación y asistencia técnica con gobiernos sub nacionales y con el sector privado.

Monto: USD$ 161.650 Plazo: Septiembre 2011

Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios

País:Argentina


Énfasis:Participación de Sociedad Civil

El propósito del proyecto es institucionalizar el mecanismo de Auditoría Ciudadana para realizar el seguimiento y la evaluación de las prácticas democráticas locales. Mediante la participación en foros comunitarios locales, se pretende brindar a los ciudadanos y al gobierno local un panorama detallado de las fortalezas y debilidades de sus prácticas democráticas; resaltar las buenas prácticas y difundirlas en el ámbito nacional; brindar apoyo a las comunidades locales a fin de fortalecer su participación informada en el gobierno local.

Monto: USD$ 1.477.748 Plazo: Diciembre 2009

Construyendo Puentes: Planificación colaborativa para fortalecer los lazos entre el gobierno local y la sociedad civil en la Argentina

País:Argentina


Énfasis:Participación de Sociedad Civil


Fortalecer y mejorar la gobernabilidad democrática del país al reducir la brecha entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad del gobierno local para satisfacerlas, a través del fortalecimiento de los Foros Cívicos Locales (FCLs), como instancias de participación democrática e incidencia en el desarrollo de las políticas públicas y la asistencia prestada a estos mismos foros en la planificación, ejecución y la evaluación de las acciones proyectadas.

Monto: USD$ 774.561,35 Plazo: Abril 2009

Modernización Tecnológica del Archivo General de la Nación

País:Argentina

Tipo de proyecto:De Desarrollo

Énfasis:Fortalecimiento institucionalTICs

El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un nuevo modelo de gestión archivística basado en la utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el Archivo General de la Nación.


Modernización Tecnológica e Informatización del Registro Nacional de las Personas

País:Argentina


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional

El objetivo del proyecto es el diseño y la implementación de una política tecnológica y de informatización para el Registro Nacional de las Personas a través del desarrollo de un Sistema integral de gestión, una Base de Datos Única sobre la cual impactarán todas las transacciones de los sistemas informáticos del Registro y el desarrollo e implementación de herramientas y recursos compartidos hacia el interior del organismo.

Monto: USD$ 33,320.000 Plazo: Diciembre 2011

Desarrollo Institucional de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

País:Argentina


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional TICs

El proyecto apunta hacia el fortalecimiento institucional, apoyo administrativo y capacidad de gestión de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para esto se espera lograr un rediseño y mejoramiento de sistemas, un aporte informático, la implementación de un centro de gestión documental y archivo y de unprograma de desarrollo de la imagen del organismo.


Apoyo al gobierno electrónico de la ciudad autónoma de Buenos Aires

País:Argentina


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional� Transparencia

El proyecto busca contribuir a la reforma, innovación y fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la instalación, puesta en marcha y desarrollo de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diseño, implementación y coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico y la creación de un Observatorio de Gobierno Electrónico.


Tecnologías de la Información y comunicaciones (TICs)

País:Argentina


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional� Transparencia� Participación de la sociedad civil

El objetivo del proyecto es lograr la inclusión digital de sectores desfavorecidos de la sociedad facilitando la participación de comunidades locales en la Sociedad de la Información, a través del desarrollo de nuevas

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estrategias de inclusión y el fortalecimiento de proyectos y programas específicos cuyos objetivos apuntan en esta dirección.

Monto: USD$ 10,256.018 Plazo: Diciembre 2012

Informatización del MRECIyC

País:Argentina


Énfasis:


El proyecto busca mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a través de la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Monto: USD$ 15,026.936 Plazo: Junio 2012

Modernización tecnológica e informatización integral del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires

País:Argentina


Énfasis:


El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad institucional del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires a través del diseño y la implementación de una política tecnológica y de informatización. Dicho objetivo contempla la ampliación de la red informática, la integración de información y el desarrollo de nuevos servicios, aplicaciones y herramientas informáticas a la gestión, y la capacitación de recursos humanos en el uso de nuevas herramientas, sistemas y aplicaciones informáticas.

Monto: USD$ 1.644.040 Plazo: Noviembre 2011

BOLIVIA

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades Institucionales del Ministerio de Autonomía

País:Bolivia


Énfasis:


El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Autonomía para que esta instancia contribuya a generar condiciones legales y capacidades técnicas - administrativas en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas para la implementación de las autonomías en los departamentos y municipios.

Monto: USD$ 370.000 Plazo: 2011

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda

País:Bolivia


Énfasis:


Este proyecto busca fortalecer las capacidades de gestión del Ministerio de Obras Públicas a través del fortalecimiento de sus capacidades de monitoreo y seguimiento gerencial de los proyectos de inversión bajo su responsabilidad, y estimación de sus impactos en la generación de empleo; y la implementación de un sistema de “abogacía preventiva” en el Ministerio, orientado a diagnosticar, detectar y corregir los vacíos legales y procedimentales existentes en los procesos de contratación.


Diseño del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano SAC Bolivia

País:Bolivia


Énfasis:

� Transparencia

El proyecto apunta al diseño e implementación del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo principal es el diagnóstico de diferentes instituciones públicas en base a un relevamiento de información sobre la oportunidad y la transparencia del servicio brindado por las mismas.



BRASIL

Modernización y Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Valores Inmobiliarios

País:Brasil


Énfasis:Fortalecimiento institucionalTransparencia de los mercados

El proyecto apunta a la modernización y el fortalecimiento de la Comisión de Valores inmobiliarios a través de la actualización del marco regulador de los mercados capitales, la facilitación del proceso de integración regional y el desarrollo de la competitividad, la modernización de los procesos de registro de datos, el fortalecimiento de la supervisión en los contratos derivados y la puesta en práctica del sistema de certificación de calidad en el mercado de valores.

Monto: USD$ 3,827,390 Plazo: 2010

Modernización del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de Territorios

País:Brasil


Énfasis:Fortalecimiento institucional

El proyecto tiene como objetivo apoyar la modernización del poder judicial, a través de la informatización de los tribunales y la estandarización de procedimientos para el establecimiento de mecanismos que midan el rendimiento del sistema.

Monto: USD$ 25,031,952 Plazo: Diciembre 2009

Fortalecimiento Institucional para la evaluación y gestión de la información del Ministerio de Desarrollo Social

País:Brasil


Énfasis:Fortalecimiento institucionalFortalecimiento de políticasTransparencia

El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento institucional del Departamento de Evaluación y Gestión de la Información (SAGI) del Ministerio de Desarrollo Social, a través del desarrollo de un proceso sistemático de evaluación y seguimiento de las políticas y programas sociales operados por el Ministerio; un sistema de información que responda a las necesidades de evaluación, seguimiento y gestión de las políticas sociales; la capacitación del personal en las políticas y programas sociales; y mecanismos para el acceso público a la información sobre las políticas y programas sociales.

Monto: USD$9.865.246 Plazo: Marzo 2009

Apoyo a la implementación de la política nacional de información e informática en la Salud

País:Brasil


Énfasis:Fortalecimiento institucionalTransparencia

El proyecto busca ampliar y fortalecer la difusión y utilización de información de salud, además de actualizar y poner en uso los procesos y herramientas para la integración programática conjunta e institucional del Ministerio de Salud.

Monto: USD$ 13,996,600 Plazo: Marzo 2009

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CHILE

Contraloría General de la República: Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de CNUCC

País:Chile


Énfasis:Fortalecimiento de organismos superiores de controlImplementación de herramientas de prevención

Asistencia, acompañamiento y fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República de Chile, fortaleciendo la transparencia y probidad en la gestión pública del país a través del desarrollo de consultorías, estudios y publicaciones sobre el tema; sistematización y difusión de experiencias de buenas prácticas en el ámbito internacional; y realización de talleres de capacitación e instancias de discusión.


COLOMBIA

Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia

País:Colombia


Énfasis:TransparenciaParticipación de Sociedad Civil

El proyecto busca mejorar las condiciones de transparencia en los Departamentos de Santander y de La Guajira y en el Distrito de Cartagena de Indias, fomentando la transparencia en la gestión pública a nivel territorial. Todo aquello a través de la capacitación de funcionarios y organizaciones sociales; la adopción de pactos y planes de mejoramiento; la elaboración de una metodología para el intercambio horizontal de experiencias exitosas de buen gobierno y de un documento de buenas prácticas de transparencia a nivel local.

Monto: USD$ 250,000 Plazo: Junio 2011

Mejoramiento de la Gestión Pública a Nivel Local

País:Colombia


Énfasis:Fortalecimiento institucionalParticipación de Sociedad Civil

La iniciativa busca brindar apoyo técnico a las Gobernaciones de La Guajira, Santander, y a la Alcaldía de Cartagena para el desarrollo de las capacidades de gestión pública y el ejercicio de la ciudadanía política a nivel departamental. Se espera fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para lograr un mejor desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera, planeación y gestión de políticas públicas territoriales. Además se busca instaurar mecanismos regulares y eficaces de participación, concertación y control ciudadano de políticas públicas locales.

Monto: USD$ 600,000 Plazo: Diciembre 2011

Proyecto Fortalecimiento Democrático

País:Colombia



El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia colombiana. Entre sus resultados, se espera acompañar a los partidos políticos en el diseño e implementación de políticas de transparencia y planes


de acción para su fortalecimiento institucional; mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en el Congreso de la República; fortalecer y apoyar iniciativas de evaluación y seguimiento de la gestión de cuerpos colegiados a nivel nacional y territorial.

Monto: USD$ 2.726.553 Plazo: Julio 2014

Fortalecimiento de la política nacional y territorial de transparencia y buen gobierno

País:Colombia


Énfasis:

� Fortalecimiento de políticas anticorrupción� Transparencia� Participación de Sociedad Civil

El proyecto busca fortalecer la capacidad del aparato estatal y de la sociedad civil colombiana para el ejercicio visible, probo y con rendición de cuentas de los servidores públicos. Busca fortalecer el proceso de rendición de cuentas en diferentes territorios; fortalecer la capacidad institucional del MIJ; definir la naturaleza, alcance y estructura de un Observatorio anti-corrupción; y producir un documento de formulación de la política pública de lucha contra la corrupción.

Monto: USD$ 294.000 Plazo: Diciembre 2012

COSTA RICA

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica

País:Costa Rica


Énfasis:Fortalecimiento de políticas localesParticipación de Sociedad Civil

El proyecto busca fortalecer las capacidades de planificación y evaluación del desarrollo humano a nivel local y la descentralización, con equidad de género. Sus resultados incluyen la generación de Planes de Desarrollo Municipal, participativos e incluyentes, junto a la implementación de un Observatorio Nacional para la descentralización y su articulación con cuatro observatorios locales.

Monto Plazo: Septiembre 2010

ECUADOR

Fortalecimiento Municipal de Guayaquil

País:Ecuador



El proyecto pretende apoyar la implementación de los nuevos procesos administrativos, técnicos y financieros de la Municipalidad de Guayaquil, a través del apoyo a iniciativas tendientes a mejorar el transporte público, el apoyo a la coordinación y promoción de la acción social local y al proceso de consecución de fondos no reembolsables emprendidos por la MIMG.

Monto: - Plazo: 2011

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País:El Salvador

Tipo de proyecto:Desarrollo


El proyecto busca contribuir a la profundización del sistema democrático en el país, a través del desarrollo e implementación - mediante un proceso participativo- de un sistema de medición de Gobernabilidad Democrática centrado en la transparencia y rendición de cuentas, así como de la divulgación de sus resultados para la gestión del conocimiento.

Monto: USD$400,000 Plazo: Junio 2012

GUATEMALA

Proyecto de Apoyo a la Vicepresidencia de la República en acciones relacionadas con la Transparencia, Anticorrupción y Acceso a la Información en Guatemala

País:Guatemala


Énfasis:- Preventivo� Fortalecimiento de organismos superiores de control� Implementación de políticas anticorrupción

El proyecto está enfocado al Fortalecimiento de la Vicepresidencia de la República en los temas de transparencia, anticorrupción y acceso a la información. Pretende institucionalizar en el Organismo y sus dependencias la promoción de estos temas y propiciar la construcción de un Marco Normativo que contribuya a su promoción.

Monto: USD$500,000.00 Plazo: Julio 2012

Fortalecimiento Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala – CGC

País:Guatemala


Énfasis:

� Fortalecimiento de organismos superiores de controlMejorar la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas a través del fortalecimiento de las auditorías, la profesionalización de los auditores y la producción de instancias de intercambio de experiencias en buenas prácticas y generación de acuerdos para el desarrollo institucional.

Monto: $USD 98,985.36 Plazo:2010

Programa de Alianzas con la Sociedad Civil

País:Guatemala

Tipo de proyecto:Con componentes anticorrupción

Énfasis:

� Participación de Sociedad Civil

El proyecto busca construir alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado, en los temas de discriminación, acceso a la justicia por y para los pueblos indígenas, y auditoria social y transparencia. Para ello contempla la elaboración de instrumentos y mecanismos de implementación de políticas públicas relativas a estos temas junto a la identificación de acciones viables y planes de trabajo para su impulso en los distintos departamentos.

Monto: $USD 5,000,000 Plazo: 2012

Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

País:Guatemala



El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal mediante el fortalecimiento de la posición financiera del gobierno, la creación de alianzas estratégicas con diversos actores del ámbito nacional e internacional y la implementación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.

Monto: $USD 600,000 Plazo: 2011

EL SALVADOR

Evaluando la Gobernabilidad Democrática en El Salvador: Transparencia y Rendición de Cuentas


HONDURAS

Transparencia Electoral

País:Honduras


Énfasis:

� Transparencia de procesos electoralesEl proyecto busca llevar a cabo una auditoría social del proceso político electoral como mecanismo de rendición de cuentas con participación ciudadana. Ésta consiste en monitorear, observar y acompañar el proceso electoral en relación a las propuestas programáticas de los partidos, los aspectos financieros, el rol de los medios de comunicación y el cumplimiento de la Ley Electoral.

Monto: USD$ 500,000 Plazo: Mayo 2009

Sistema de observatorios para el seguimiento de las metas del milenio

País:Honduras


Énfasis:

� Participación de Sociedad Civil� Observación ciudadana

El proyecto contempla la implementación de tres observatorios en el país, con el fin de generar herramientas que permitan evaluar el impacto de las políticas e inversiones nacionales y externas orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a nivel territorial. Se busca el fortalecimiento de organizaciones territoriales para el empoderamiento y capacidad de influencia en los procesos de toma de decisión local.

Monto: USD$1,200,000 Plazo: 2011

JAMAICA

Building Civil Society Capacity to support good Governance by Local Authorities

País:Jamaica


Énfasis:

� Transparencia� Participación de Sociedad Civil

El proyecto apunta a fortalecer la capacidad de la sociedad civil y las instituciones para monitorear el gasto público a nivel local a través del desarrollo de políticas y legislación, el desarrollo de comités de apoyo a la transparencia financiera y rendición de cuentas y el desarrollo de la capacidad de los medios de comunicación para reportar el uso que hacen las autoridades locales de los fondos públicos.

Monto: USD150,000 Plazo: Diciembre 2011

MÉXICO

Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas de México)

País:México


Énfasis:- Preventivo� Implementación de herramientas de prevención� Transparencia

El proyecto busca crear un marco conceptual y metodológico unificado, que permita la construcción de indicadores objetivos para el diagnóstico y evaluación de la calidad de la gestión pública y el desempeño de los gobiernos de México, así como los mecanismos de rendición de cuentas.

Monto: USD$300,000 Plazo: 31 de Diciembre 2011

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Plataforma de información sobre la institucionalización de la Política Social

País: México

Tipo de proyecto: Desarrollo con componentes anticorrupción

Énfasis:

� Fortalecimiento institucional � Transparencia

Con el fin de fortalecer la institucionalidad de los programas sociales, se busca la definición y registro de criterios mínimos de institucionalidad para la política social, junto a la creación de mecanismos públicos y abiertos para el monitoreo de los cambios en dichos estándares.

Monto: USD$334,615.21 Plazo: Diciembre 2011

NICARAGUA

Apoyo a la Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción a través del Fondo Conjunto de Donantes para la Anticorrupción Fase II.

País: Nicaragua

Tipo de proyecto: Anticorrupción

Énfasis: Fortalecimiento de organismos superiores de control

El objetivo del proyecto es coordinar y aumentar la capacidad de las instituciones del Ejecutivo para prevenir y combatir la corrupción. Sus resultados incluyen la apertura de oficinas de la Procuraduría General en todas las regiones del país y la creación, dentro de la Procuraduría, de la Oficina de Denuncia Ciudadana.

Monto: USD$1,811,901 Plazo 2010 (Fase III)

PANAMÁ

Fiscalización, Transparencia y Acceso a la Información de la Asamblea Nacional de Panamá

País: Panamá

Tipo de proyecto: Desarrollo con componentes anticorrupción

Énfasis: Fortalecimiento institucional Transparencia

El proyecto apunta al Fortalecimiento institucional de la Asamblea Nacional de Panamá, mejorando la labor constitucional de control y fiscalización mediante un nuevo reglamento interno, mejorando el acceso a la información generada dentro de este órgano y desarrollando la capacidad de gestión, análisis y aprobación de políticas públicas contra la pobreza desarrollada.

Monto: USD$ 125,367.85 Plazo: 2009

PARAGUAY

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gobernabilidad Democrática en el Paraguay

País: Paraguay

Tipo de proyecto: De Desarrollo

Énfasis: Fortalecimiento institucional Generación de indicadores

El proyecto busca apoyar un proceso nacional de monitoreo y evaluación de la gobernabilidad democrática en el país, a través del desarrollo de capacidades de los actores nacionales en el uso de indicadores de gobernabilidad; la implementación nacional de Sistemas de indicadores de Gobernabilidad; y el impulso de mecanismos de monitoreo y evaluación de dichos indicadores.



Plan de Acción Anticorrupción de Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana

País:Paraguay


Énfasis:

� Implementación de políticas anticorrupción

El proyecto se propone apoyar técnicamente a las Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana, tendientes a la realización de un Plan de Acción anti corrupción Dicho plan contempla un seguimiento de los lineamientos de la CNUCC (Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción); un trabajo sobre medidas preventivas y un componente de difusión y comunicación.

Monto: - Plazo: 2009

Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Interior para la realización del Censo Policial

País:Paraguay


Énfasis:

� Fortalecimiento institucionalEl proyecto tiene como objetivo apoyar al desarrollo de las capacidades institucionales del Ministerio del Interior, para brindar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de los recursos humanos policiales.


PERÚ

Veedurías Ciudadanas

País:Perú


Énfasis:Fortalecimiento de organismos superiores de control

� Participación de Sociedad CivilEl proyecto se propone colaborar con la Contraloría General de la República, en la implementación de las "Veedurías Ciudadanas" como mecanismo democrático, que permita a los ciudadanos, ejercer vigilancia sobre la gestión pública.


Medios de Comunicación y Democracia

País:Perú


Énfasis:

� Transparencia� Participación de Sociedad Civil

El proyecto busca la promoción de la transparencia, la autorregulación en los medios de comunicación y la participación de la prensa en el afianzamiento de un diálogo con el poder judicial, así como el afianzamiento del proceso de implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública y de radio y televisión mediante el fortalecimiento de las capacidades de la prensa, la judicatura, autoridades, funcionarios públicos y ciudadanos.

Monto: USD$ 917,269.08 Plazo: 2011

Aplicación piloto de veedurías ciudadanas en JUNTOS

País:Perú


Énfasis:Fortalecimiento de organismos superiores de control

� Participación de Sociedad CivilEl proyecto busca promover la vigilancia y la participación ciudadana en el Programa social JUNTOS, a través de la capacitación y la aplicación piloto de veedurías ciudadanas, a fin de contribuir con la adecuada gestión pública en programas sociales del Estado.


100


Implementación Observatorio Voto Electrónico en América Latina

País:Perú



El proyecto apunta a la implementación de un Observatorio de Voto Electrónico para la recopilación y sistematización de información sobre votación electrónica en América Latina y el diseño del aplicativo informático, para información de votación electrónica.


Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel Comunitario

País:Perú


Énfasis:


El proyecto apunta a la implementación del Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de los países de la Comunidad Andina, tomando en cuenta las necesidades de los tomadores de decisiones en políticas y recibir el compromiso de los países de actualizar el observatorio a base regular.


Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública

País:Perú


Énfasis:Fortalecimiento de organismos superiores de controlTransparenciaParticipación de Sociedad Civil

El proyecto espera lograr un fortalecimiento de las capacidades de supervisión de la Defensoría mediante la elaboración y validación, de lineamientos de actuación defensorial en acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. También contempla la supervisión de la difusión de información sobre servicios básicos en los portales de transparencia de los gobiernos regionales. Por último, incluye la capacitación en estos temas a organizaciones de sociedad civil.


REPÚBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional

País:República Dominicana


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional� Transparencia

El objetivo del proyecto es el fortalecimiento institucional en lo referente a la transparencia e integridad en la gestión de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana por medio de la implementación de sistemas de gestión computarizados que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la población, y aseguren el acceso rápido, gratuito y seguro a la administración de justicia.


Modernización del IDAC




El objetivo del Proyecto es contribuir a la modernización institucional, operativa y técnica del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a través del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y la capacitación del personal para brindar servicios que garanticen mayor seguridad en el tráfico aéreo en la


República Dominicana. Al mismo tiempo, se busca fortalecer a la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas como institución de educación especializada y la capacidad institucional del IDAC para garantizar que la gestión de la entidad responda a las necesidades del país y a las políticas del gobierno.


Fortalecimiento de la Cámara de Cuentas de la RD



Énfasis:

� Fortalecimiento institucional� Participación de sociedad civil

Contribuir a una mayor eficiencia, equidad y transparencia de las instituciones del Estado Dominicano, a través del fortalecimiento general de la Cámara de Cuentas.

Monto: USD$ 3,419,503.00 Plazo: Junio 2013

Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOB




El objetivo del proyecto es el fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República Dominicana por medio de la implementación de sistemas de gestión y desarrollo de capacidades, que propicien transparencia, aporten a la efectividad de las políticas de Estado, promuevan la interacción equitativa de la ciudadanía y garanticen el efectivo ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos u jurídicos de la población.

Monto: USD$62,439.00 Plazo: Diciembre 2010

Modernización y Fortalecimiento del Senado de la República



Énfasis:

� Fortalecimiento institucionalEl Proyecto busca dotar al Senado de la República de procedimientos operativos que garanticen la prestación de sus servicios con eficiencia y transparencia, además de contribuir aportando las herramientas necesarias que faciliten y permitan al personal del Senado satisfacer los requerimientos ciudadanos.

Monto: USD$ 260,000.00 Plazo: Junio 2011

Fortalecimiento institucional y operativo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.



Énfasis:

� Fortalecimiento institucionalEl proyecto apunta a la modernización y fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados a través de la mejora de sus capacidades gerenciales y legislativas. Se apoya principalmente en la capacitación de los diputados y funcionarios administrativos en el enfoque del desarrollo humano, entregando herramientas para la elaboración de políticas públicas en éste ámbito.


SURINAM

Support for implementing the policy plan for protection of Legal Rights and Safety - Legal Protection and Human Rights, and Anti-Corruption. País:Surinam

Tipo de proyecto:Desarrollo

Énfasis:Derechos Humanos

El proyecto apunta a incrementar el conocimiento, conciencia y habilidades de los tomadores de decisiones y la población en relación a los derechos humanos y su respeto. Además apunta a sensibilizar a las instituciones públicas en los impactos de la corrupción y los mecanismos para su prevención y manejo.Monto: USD$1,031,000 Plazo: Junio 2011

102


URUGUAY

Apoyo al proceso de reforma del Ministerio del Interior

País:Uruguay



El proyecto se propone contribuir al diseño e implementación de la reforma del Ministerio del Interior y de las políticas públicas de seguridad que se desarrollan en ese marco. Busca construir un nuevo marco jurídico-institucional para la reingeniería organizacional del Ministerio; crear un Sistema Nacional de Formación Policial; integrar activamente a la ciudadanía en el debate de modelos de seguridad ciudadana; y constituir un espacio de coordinación entre el Ministerio y los demás actores del sector justicia.


Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de calidad del gasto y del proceso presupuestario

País:Uruguay



El proyecto busca mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y el proceso presupuestario. En este marco busca poner en marcha una Agencia para el desarrollo del gobierno electrónico; la actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites; e implantar nuevos módulos del sistema de gestión de salud.

Monto: USD$ 2.667.500 Plazo: 2010

Apoyo a la gestión del gobierno electrónico en Uruguay

País:Uruguay


Énfasis:- Preventivo� Fortalecimiento institucional� Transparencia

El objetivo general del Proyecto es apoyar y fortalecer el desarrollo de la estrategia gobierno electrónico (GE) de Uruguay. A través de la evaluación de los efectos de la implementación de las diferentes iniciativas de gobierno electrónico actualmente en ejecución en los servicios públicos y la definición de un estándar de gobierno electrónico; apoyar el desarrollo de soluciones de gobierno electrónico, y fortalecer a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).


Apoyo a la ejecución del Sistema Nacional de Inversión Pública

País:Uruguay



El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública en Uruguay mediante el diseño y puesta en marcha de un Banco de Proyectos través de un portal público, con información sistematizada y estandarizada sobre el proceso de inversión pública de la administración central. Además contempla la constitución de un equipo técnico para apoyar el proceso de implantación del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Monto: USD$ 460,000 Plazo: Noviembre 2011


Proyecto URU/07/009 Apoyo a la ejecución del Programa de País

País:Uruguay


Énfasis:

� Fortalecimiento de organismos superiores de control� Implementación de herramientas de prevención

El proyecto incluye un Programa de Capacitación para la implementación de una Red de Funcionarios Públicos especializados en Normativa Anticorrupción, que busca formar funcionarios dispuestos a colaborar en la difusión de esta materia en sus respectivos organismos.

Plazo: Mayo 2011

VENEZUELA

Apoyo a la Consolidación de la Modernización del Sistema Aduanero

País:Venezuela


Énfasis:

� Fortalecimiento institucional� Control

El proyecto pretende apoyar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en el proceso de optimización y consolidación de la modernización del sistema aduanero. Para lo anterior se espera profundizar en los elementos de eficiencia y transparencia del Sistema; incrementar los niveles de vigilancia y control; adecuar la infraestructura aduanera a los requerimientos de espacio y funcionalidad; e incrementar la capacidad tecnológica.


Fortalecimiento Institucional y Gerencial del Instituto Nacional de Estadística

País:Venezuela


Énfasis:

� Fortalecimiento institucionalEl objetivo del proyecto es fortalecer el Instituto Nacional de Estadística, específicamente, en las áreas administrativa y gerencial. Sus resultados esperados contemplan el diseño y puesta en práctica de políticas y manuales de normas y procedimientos; el diseño de un sistema administrativo que suministre integralmente la información contable y presupuestaria; el establecimiento de un Sistema de Control Interno; la reorganización y actualización del archivo general; la revisión del archivo de expedientes del personal y el desarrollo de un programa de capacitación y entrenamiento del personal del Instituto.


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PROYECTOS REGIONALES122

PROYECTO SIGOB

El proyecto Regional de Gestión para la Gobernabilidad – SIGOB, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión de la alta dirección de los Gobiernos para la generación de las condiciones de gobernabilidad necesaria para los procesos de transformación hacia el desarrollo humano sustentable .El SIGOB dispone de varios módulos como propuestas de sistemas de trabajo para la alta dirección de los cuales tres están relacionados directamente a políticas de transparencia y anticorrupción:

1. TRANSDOC, Transparencia Documental2. TRE: Trámite Regular Estructurado3. METAS: Sistema de Programación y Gestión de Metas y Resultados

TRANSDOC: Este sistema tiene como objetivo central buscar la mayor transparencia y agilidad en la gestión de la documentación que ingresa, y se producen en la institución ya sea que la misma tenga destino interno o externo, así como mantener un adecuado archivo virtual que permita gestionar la documentación de memoria institucional. Asimismo permite la consulta del ciudadano para conocer el estado de gestión de la correspondencia presentada. Un objetivo adicional de la implementación del Sistema de TRANSDOC, es el de apoyar políticas institucionales de “papel cero”.

TRE: El Sistema de Gestión de Trámites Regulares Estructurados, tiene por objetivo reunir una red de trabajo intra e inter-institucional orientada a fortalecer las capacidades de gestión de los procesos, mejorando la eficiencia y la transparencia de sus servicios. El sistema se basa en un proceso previamente racionalizado orientado a la simplificación, en el cual toma como criterio central las cadenas de valores agregados y la eliminación de intermediaciones burocráticas innecesarias en la línea de producción del servicio.

METAS: El Sistema está orientado a implementar y apoyar la red de gestión para el logro de los objetivos y los resultados de los principales Programas de Acción Gubernamental [PAG] vinculados a la promesa electoral y a los compromisos que asume el gobierno en su ejercicio. El Sistema se basa en métodos de programación y gestión que permite informar acerca del avance del Programa y de sus metas intermedias: sus indicadores de avance, las restricciones políticas, financieras y otras que frenan su logro, las alertas de probabilidad de estas restricciones, y también las oportunidades de generación de acciones comunicacionales o políticas orientadas a la formación de ciudadanía alrededor del quehacer gubernamental.

Análisis Instituciones - Producto

# Cliente - Producto Totales METAS TRANSDOC TRE

47 23 20 4

1 Presidencias 17 9 8 0

2 Gobierno local 13 8 4 1

3 Ministerios 8 3 3 2

4 Otros 7 2 4 1

5 Sistema de Justicia 2 1 1 0

122 En muchos de los proyectos/programas de las oficinas por país no se hace una diferenciación entre productos y resultados esperados, por consiguiente, se hizo una aproximación de acuerdo a la descripción de cada una de las intervenciones. Adicionalmente, en la mayoría de intervenciones PNUD anticorrupción por país no se hace explícito los antecedentes de otras intervenciones, la sistematización y los impactos. Finalmente, la mayoría de intervenciones están aún en curso o han finalizado recientemente.


En Funcionamiento


36 13 20 3

1 Presidencias 12 4 8 0

2 Gobierno local 11 6 4 1

3 Ministerios 5 1 3 1

4 Otros 7 2 4 1

5 Sistema de Justicia 1 0 1 0

Porcentaje de Funcionamiento


77% 57% 100% 75%

1 Presidencias 71% 44% 100%

2 Gobierno local 85% 75% 100% 100%

3 Ministerios 63% 33% 100% 50%

4 Otros 100% 100% 100% 100%

5 Sistema de Justicia 50% 0% 100%

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Módulos por País

# País Totales

1 Argentina 3

2 Brasil 6

3 Chile 2

4 Colombia 14

5 Ecuador 3

6 El Salvador 1

7 Guatemala 1

8 México 5

9 Panamá 2

10 Paraguay 3

11 Perú 1

12 República Dominicana 6

TOTAL 47

PROYECTOS DEL CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INICIATIVA REGIONAL TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES –(TRAALOG)

OBJETIVOEl objetivo del TRAALOG es brindar asistencia y asesoría técnica a Oficinas de País del PNUD en América Latina y el Caribe, y en particular apoyar de manera precisa iniciativas vigentes y/o nuevas iniciativas que aborden la temática de gobiernos locales (municipios, departamentos, condados, provincias, gobernaciones, estados) y transparencia, rendición de cuentas y anti-corrupción.DESCRIPCIÓN PROYECTOTRAALOG tendrá dos objetivos específicos:

1. Brindar asesoría a las Oficinas de País del PNUD, ya sea para apoyar iniciativas actuales a nivel sub-nacional como para nuevas iniciativas; y

2. Desarrollo y sistematización de productos de conocimiento y herramientas diseñadas para permitirle a los gobiernos sub-nacionales poner en práctica los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las Oficinas de País con las que TRAALOG ha trabajo son: PNUD- Colombia, PNUD – El Salvador, PNUD –México, PNUD – República Dominicana, PNUD=Bolivia, PNUD-Nicaragua, PNUD-Costa Rica, PNUD-Jamaica


DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTOMayo 2010 – Diciembre 2011NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMAPNUD - Centro Regional para América Latina y el CaribeRESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOSResultado 1: Sistema para compartir mecanismos exitosos de transparencia y rendición de cuentas, y políticas públicas para elevar el conocimiento y las capacidadesResultado 2: Identificación y promoción de mecanismos de responsabilidad a nivel sub-nacional y local en un número especifico de programas y proyectos de COs.

PROYECTO PROLOGO (Propuestas Locales de Gobernabilidad)

OBJETIVOEl proyecto PROLOGO - Propuestas Locales de Gobernabilidad, es un proyecto regional del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática financiada por la Generalitat Valenciana, que está siendo implementado por tres Oficinas de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo del Centro Regional. PROLOGO es una iniciativa que promueve la gobernabilidad democrática local en el contexto del desarrollo humano a través de la participación incluyente y el fortalecimiento de instituciones responsables en el nivel local. DESCRIPCIÓN PROYECTOEl Centro Regional ha establecido asociación con las oficinas PNUD de país en Colombia, República Dominicana y El Salvador, y a través de ellas con interesados locales (autoridades y sociedad civil) para crear la red PRÓLOGO, que articula tres componentes.a. La creación y puesta en marcha de tres Centros Locales para analizar y dar seguimiento a las condiciones de la administración local condiciones para el logro de los ODM; difundir y compartir información, y ofrecer un espacio de diálogo entre las autoridades locales y la sociedad civil organizada.

b. Creación y puesta en marcha de un Nodo Regional para consolidar la Red de Trabajo PROLOGO. El Nodo Regional proporciona a los Centros Locales herramientas de conocimiento y metodologías sobre la buena gobernabilidad local; consolida, compara y sistematiza la información proporcionada por los centros locales; promueve y facilita la cooperación entre los centros locales; y ofrece a los actores locales un centro de capacitación de liderazgo y temas de gobernabilidad.

c. El diseño y puesta en marcha de un sistema de capacitación virtual sobre Democracia Local: El sistema de capacitación proporciona herramientas conceptuales y promueve el desarrollo de habilidades prácticas de los actores locales; brinda un espacio para el encuentro ciudadano utilizando la plataforma de aprendizaje de la Escuela Virtual del PNUD y la del Centro Regional.

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTOPeríodo del programa: 2008 - 2010. Fecha de Inicio: Septiembre 2008. Fecha de Conclusión: Diciembre 2010.NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMAEntidad ejecutora: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y Oficinas PNUD Colombia, El Salvador, y República Dominicana.

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RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOSEl Proyecto PROLOGO ha empoderado nuevos protagonistas ciudadanos comprometidos con el desarrollo humano a nivel local para una participación política activa y un compromiso de seguir capacitándose aún más para asumir roles políticos de mayor envergadura en el futuro. Esta evaluación comprueba la validez de las dos principales hipótesis de cambio que sustentaron al Proyecto PROLOGO:

• El enfoque de ‘doble vía’ seguida por PROLOGO, de fortalecer la capacidad estratégica municipal y la organización de grupos excluidos y vulnerables a la vez de promover el ¨partenariado¨ entre las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil es un estrategia efectiva de promover la gobernabilidad local y la inclusión social.

• La política seguida por PROLOGO de identificar y respaldar a líderes potenciales ‘campeones’ en la esfera municipal y en la sociedad civil es un factor crucial en asegurar la necesaria voluntad política, cambio institucional y empoderamiento tanto para promover la transparencia y rendición de cuentas del gobierno local como para asegurar la organización y participación de grupos marginalizados.

ESCUELA VIRTUAL DEL PNUD

NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVADiseño y pilotaje del curso virtual en Anticorrupción y Desarrollo Humano para América Latina.

OBJETIVOCurso en Anticorrupción y Desarrollo Humano: El propósito del curso es brindar elementos técnico conceptuales sobre la corrupción, los ámbitos institucionales, políticos y normativos en los que tiene lugar; sus impactos en el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática; y relevar la importancia de la lucha contra la corrupción en el marco de los principios y valores que proveen los mecanismos internacionales.DESCRIPCIÓN PROYECTOEl curso es 100% virtual, tiene una duración de 10 semanas y demanda una dedicación de 10 a 12 horas a la semana por parte de los estudiantes.El público objetivo del curso está dirigido a profesionales trabajando en Anticorrupción en la región de Latino América.

El curso está estructurado en 4 unidades que siguen en secuencia lógica: Unidad 1: Marco de referencia conceptual sobre corrupción.Unidad 2: Corrupción, desarrollo y gobernabilidad: La corrupción y el impacto económico, social y político del fenómeno.Unidad 3: La Lucha contra la corrupción y programación de los puntos de entrada: Introducción al análisis del contexto institucional.Unidad 4: Lucha contra la corrupción: Medición y evaluación.

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTO2009 - 2010NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMARBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group)


RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS1. Curso virtual (10 semanas) en Anticorrupción y Desarrollo Humano dirigido a practicantes y

personas que tengan interés en conocer y profundizar en el estudio de la lucha contra la corrupción y su relación con el Desarrollo Humano desde una perspectiva regional para América Latina y el Caribe.

2. Pilotaje del curso en Anticorrupción y Desarrollo Humano. La versión piloto del curso se realizó entre Octubre 26 y Diciembre 22 de 2009. Contó con la participación de 38 estudiantes, de los cuales 31 tenían origen y trabajaban en la región de América Latina y el resto tenían procedencia europea. Todos los estudiantes estaban vinculados directa o indirectamente en proyectos Anti-corrupción desde agencias de cooperación, estatales o de la sociedad civil.

Peer review y evaluación del curso. El primer semestre de 2010 se realizó una evaluación exhaustiva del curso para identificar necesidades de ajustes para su finalización. Los resultados y valoración del curso fue positiva en general, solo sugirieron algunos ajustes en la literatura y tiempo de dedicación del curso.Los ajustes fueron discutidos en un una reunión con expertos en el tema.NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVADiseño y pilotaje del curso virtual en Essentials on Anticorruption(Versión Inglés).OBJETIVOEl curso en Essentials on Anticorruption(Esenciales de Anticorrupción) tiene como objetivo general brindar herramientas conceptuales, analíticas y prácticas en Anticorrupción para programar incluyendo herramientas de medición y evaluación.DESCRIPCIÓN PROYECTOEl curso es 100% virtual y ocasionalmente estará acompañado por sesiones presenciales de cierre para fortalecer contenidos. Tiene una duración de 10 semanas y demanda una dedicación de 10 horas a la semana por parte de los estudiantes. El público objetivo son especialistas que trabajan en los temas de Anticorrupción y funcionarios del PNUD. El curso estará estructurado en 4 unidades:

Unidad 1. Marco Conceptual.Unidad 2. Metodologías para Medir y Evaluar Corrupción y Anticorrupción.Unidad 3. Puntos de Entrada y Programación para AnticorrupciónUnidad 4. Análisis del Contexto Regional

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTOEnero-Diciembre2011NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMARBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (DemocraticGovernance Group)RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

1. Curso virtual (10 semanas) en Essentials on Anticorrupción- English versión. El diseño del curso debe estar finalizado en Agosto 2011.

2. Pilotaje del curso en Essentials on Anticorrupción. El curso será piloteado entre septiembre –noviembre 2011, con estudiantes de todas las regiones. .

Peer review y evaluación del curso. El curso será evaluado por expertos, estudiantes y docentes para realizar ajustes finales entre Noviembre y Diciembre 2011.

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NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVA Iniciativa Global de Rendición de Cuentas y Derechos de Agua y Saneamiento (Global Initiative on Accountability and Water Rights). OBJETIVO El principal objetivo del proyecto, es realizar un estudio aplicado y comparado que evidencie relaciones y sinergias entre mecanismos de rendición de cuentas horizontal y social y cómo estos impactan la prestación de servicios y garantías y acceso al agua. De esta manera se espera contribuir al trabajo des UNDP-DGG en el marco de la rendición de cuentas. DESCRIPCIÓN PROYECTO En la primera fase del estudio se realizarán 4 estudios de caso en diferentes países de la región: México, Colombia, Bolivia, Chile (está por definir la participación de Barbados). Los resultados La iniciativa cuenta con la participación de los siguientes actores:

a. PNUD a nivel Mundial (DGG y OGC) b. Sistema de las Naciones Unidas (ONU-HABITAT y la Campaña del Milenio) c. Regional del PNUD (Escuela Virtual para HD y la Democracia) d. Oficinas de País del PNUD (y otras agencias de la ONU): México, Colombia, Bolivia, Chile y

Barbados (por determinar). e. Think tanks locales-contrapartes en los países: CIESAS (México), CIDER-Universidad de los Andes

(Colombia), Bolivia, Chile y Barbados (por determinar). f. Contrapartes internacionales: IDEA, One World Trust.

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTO Enero 2011-Marzo 2012 NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMA RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group) RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

1. Cuatro estudios de caso que evidencien las sinergias y relaciones entre la rendición de cuentas social y horizontal y su impacto en la protección y garantía de los derechos del agua y saneamiento.

2. Un documento de discusión con recomendaciones de política y programación en materia de rendición de cuentas (versión inglés y español).

3. Diseminación de los resultados y hallazgos en foros internacionales sobre la gobernabilidad del agua.

4. Base de datos de literatura internacional y casos de estudio sobre rendición de cuentas y agua y saneamiento.

NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVA Implementación del curso Anticorrupción y Desarrollo Humano en Honduras. OBJETIVO La Escuela Virtual teniendo en cuenta los requisitos del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras ha adaptado un curso de capacitación que incluyó los siguientes objetivos:

- Comprender los enfoques conceptuales sobre la corrupción, teniendo en cuenta el paradigma del desarrollo humano y los ámbitos institucional, político y normativo en el que se lleva a cabo.

- Analizar el impacto de la corrupción en el desarrollo humano y gobernabilidad democrática en el contexto de Honduras.


- Comprender la importancia de las herramientas de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta los principios y valores proporcionados por los mecanismos locales e internacionales que luchan contra la corrupción

DESCRIPCIÓN PROYECTOEl curso virtual tiene una duración de 11 semanas. Incluye el desarrollo de una sesión presencial de cierre del curso en donde se profundizarán contenidos y realizarán talleres de aplicación de herramientas.

El público objetivo del curso, son 41 estudiantes, que son miembros del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras y que tienen un variado perfil profesional.

El curso hace parte del proceso de fortalecimiento de capacidades de la escuela anticorrupción que el CNA de Honduras lanzará en el mes de septiembre.DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTOMayo-Agosto 2011NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMARBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group)Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

1. Fortalecimiento de capacidades del concejo Nacional Anticorrupción de Honduras y su Escuela de formación en Anticorrupción.

2. Fortalecimiento de capacidades al cuerpo docente y de formación de la Escuela Anticorrupción en Honduras en herramientas conceptuales, analíticas y prácticas Anticorrupción.

NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVADiseño e implementación del curso en Gobernabilidad Local y procesos de descentralización para el Desarrollo HumanoOBJETIVOEl curso en Gobernabilidad Local y procesos de descentralización para el Desarrollo Humano se enmarca dentro de los objetivos del proyecto PROLOGO (Propuestas Locales de Gobernabilidad - iniciativa regional financiada por la Generalitat de Valencia), que es implementado en Colombia, República Dominicana y El Salvador).

El curso tiene como objetivo generar un espacio de aprendizaje e intercambio para abordar la dinámica de la Gobernabilidad Democrática Local, los Procesos de Descentralización, y su contribución al desarrollo humano y a la profundización de los procesos democráticos en América Latina y el Caribe. Para esto en la última unidad se ofrecen a los estudiantes herramientas analíticas y prácticas sobre rendición de cuentas y transparencia.DESCRIPCIÓN PROYECTO

El Curso tiene una duración estimada de trece (13) semanas y se estructura bajo una progresión lógica de 4 unidades temáticas. Cuenta con una metodología de “blended learning,” en la que se combinan modalidades de aprendizaje virtual y presencial; en esta media, el proceso cuenta con 3 sesiones presenciales a modo de taller que complementan sustantiva y metodológicamente los aprendizajes y contenidos del curso virtual.

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Unidad 1: Definición y conceptos de Desarrollo Humano, Gobernabilidad Democrática y la Dimensión Local

Unidad 2: Los procesos de Gobernabilidad Local y Descentralización y su vínculo con el Desarrollo Humano

Unidad 3: Políticas Públicas, Gobernabilidad Local, descentralización y Desarrollo Humano

Unidad 4: Instrumentos y Herramientas para fortalecer la Gobernabilidad Local y los procesos de descentralización para el Desarrollo Humano

Público:El público objetivo del curso son líderes y lideresas sociales que tengan interés de participar e incidir en los asuntos públicos locales de sus territorios.

Versión piloto: Inicialmente, el curso se implementó con una versión piloto con estudiantes de Santa Tecla (El Salvador), El Cercado (República Dominicana) y Cartagena (Colombia).

Versión 1: el curso se ha implementado en una segunda versión para Honduras, implementado con 30 estudiantes.DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTOPROLOGO: Abril – Junio 2010Honduras: Septiembre – Diciembre 2010NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMARBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe Generalitat de ValenciaRESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

1. Fortalecimiento de capacidades y de acción de los diferentes centros PROLOGO a nivel local, así como fortalecimiento y creación de redes de apoyo entre los mismos centros.

2. Facilitación del aprendizaje práctico mediante el abordaje de conceptos, herramientas, casos, buenas prácticas y experiencias, como instrumentos para la acción y la aplicación inmediata.

NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVADiseño e implementación del curso en Gobernabilidad Local y Gerencia pública con enfoque de Desarrollo, para el sector salud de Guatemala.OBJETIVOEn el marco de un proyecto de capacitación en liderazgo y rectoría del sistema de salud en Guatemala, diferentes agencias y entidades (Ministerio de Salud Pública de Guatemala, Agencia USAID, y la Oficina de PNUD de Guatemala) se unieron para fortalecer el desarrollo del Programa de Extensión de Cobertura –PEC del Ministerio de Salud en Guatemala.

Uno de los ejes principales de este proceso de fortalecimiento es la capacitación de funcionarios/as del sistema, específicamente del PEC.

El curso en Gobernabilidad Local y Gerencia Pública con enfoque de Desarrollo Humano para el sector salud de Guatemala tiene el objetivo de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y gerenciales desde un enfoque de desarrollo humano del personal técnico de las direcciones de área y distritos municipales de salud en Guatemala.


El curso en la última unidad se ofrecen a los estudiantes herramientas analíticas y prácticas sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia como herramientas claves de gestión y gobernabilidad.DESCRIPCIÓN PROYECTOEl Curso tiene una duración estimada de trece (12) semanas y se estructura bajo una progresión lógica de 4 unidades temáticas. Cuenta con una metodología de “blended learning”, en la que se combinan modalidades de aprendizaje virtual y presencial; en esta media, el proceso cuenta con 3 sesiones presenciales a modo de taller que complementan sustantiva y metodológicamente los aprendizajes y contenidos del curso virtual.

Unidad 1: Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática: el nuevo rol del Estado

Unidad 2. Políticas Públicas, planificación institucional y gestión para el Desarrollo Humano.

Unidad 3: Herramientas de Gerencia Pública para el sector saludo con enfoque de Desarrollo Humano.

Unidad 4: Gestión Pública participativa a nivel local.

Público:En total, el proyecto busca capacitar a 400 funcionarios con las características mencionadas, durante el desarrollo de 10 cursos virtuales: 5 en 2011, 5 en 2012

2011Versión piloto: Inicialmente, el curso se implementa con una versión piloto, que cuenta con dos aulas virtuales, cada una con una capacidad de 40 estudiantes, para completar un proceso de formación para 80 estudiantes en Guatemala

2011Versión I: Implementación del curso bajo la misma modalidad anterior: dos aulas virtuales, cada una con capacidad de 40 estudiantes; en total 80 estudiantes.

2011Versión II: Implementación del curso con un aula virtual de capacidad para 40 estudiantes.

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTO2011 Versión piloto: Marzo – Junio 20112011 Versión I: Julio – Septiembre 20112011Versión II: Septiembre – Diciembre 2011

NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMARBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe CO- GuatemalaAgencia USAIDRESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

1. Promoción de la gestión pública local orientada hacia el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática, con enfoques de fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos de

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interés público: rendición de cuentas, participación e incidencia, gestión pública participativa.2. Capacitación de 400 funcionarios: personal técnico de las Direcciones de Área y los Distritos

Municipales de Salud en Guatemala. El curso está especialmente dirigido a: Directores de área (Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes Administrativo-Financieros, Gerentes de Provisión de Servicios, y Coordinadores del Programa de Extensión de Cobertura – PEC); y Coordinadores municipales (Coordinadores Municipales de Salud y Enfermeras de Distrito).

3. Implementación de 10 cursos virtuales: 5 en 2011 y 5 en 2012


Anexo 2

Socios Estratégicos de las Oficinas de País del PNUD

PNUD MÉXICO

Socio Proyecto y/o ProgramaCentro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas de México

Centro de Gobernabilidad de Oslo PNUDAgencia Transparencia Mexicana Plataforma de información sobre la institucionalización de

la Política SocialSecretaría de Desarrollo Social México (SEDESOL)

Auditoría superior de la federaciónMéxico EvalúaFundarAlianza CívicaInstituto federal de acceso a la información y protección de datos personales (IFAI)INFODFInstituto mexicano para la competitividad A.C. (IMCO)Articulo XIX MéxicoInstituto de transparencia y acceso a la información de TamaulipasColegio de la Frontera Norte (COLEF)Secretaría de la controlaría de OaxacaTransparencia mexicanaInstituto de Investigaciones Jurídicas – UNAMDECA Equipo Pueblo, A.C.

PNUD COSTA RICA

Socio Proyecto y/o ProgramaMinisterio de Planificación (MIDEPLAN)

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Descentralización Democrática y Fortalecimiento Local (IFAM)ONU - HABITATUnión EuropeaUnión Nacional de Gobiernos Locales

PNUD EL SALVADOR

Socio Proyecto y/o ProgramaInstituto Nacional de Fomento CooperativoCentro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL)


PNUD GUATEMALA

Socio Proyecto y/o Programa

Vicepresidencia de la República Proyecto de Apoyo a la Vicepresidencia de la República en acciones relacionadas con la Transparencia, Anticorrupción y Acceso a la Información en Guatemala

Controlaría General de Cuentas de la República Fortalecimiento Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala – CGC

Ministerio de Finanzas Públicas Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

PNUD HONDURAS

Socio Proyecto y/o ProgramaCentro de Investigación y de Estudios Nacionales CIEN

Transparencia ElectoralUniversidad Nacional Autónoma de Honduras Alianza por la Justicia AJMovimiento Cívico para la Democracia MCDCentro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEHGabinete Social Sistema de observatorios para el seguimiento de las metas

del Milenio

PNUD PANAMÁ

Socio Proyecto y/o ProgramaAsamblea Nacional

Fiscalización, Transparencia y Acceso a la Información de la Asamblea Nacional de Panamá

Ministerio de EconomíaUniversidades de PanamáFundación para la libertad ciudadanaAlianza Ciudadana ProjusticiaSecretaría anti corrupción.

PNUD JAMAICA

Socio Proyecto y/o ProgramaCentre for Leadership & Governance, University of the West Indies, Mona

Building Civil Society Capacity to support good Governance by Local Authorities

National Association of Parish Development Committees (civil society)Department of Local Government, Office of the Prime MinisterSocial Development CommissionPress Association of JamaicaPlanning Institute of Jamaica (PIOJ)

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PNUD SURINAME

Socio Proyecto y/o Programa

The Ministry of Justice and Police Support for implementing the policy plan for protection of Legal Rights and Safety - Legal Protection and Human Rights, and Anti-Corruption

PNUD REPUBLICA DOMINICANA

Socio Proyecto y/o ProgramaSuprema Corte de Justicia Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional

Escuela Nacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) Modernización del IDACCámara de Cuentas de la Republica Dominicana Fortalecimiento de la Cámara de Cuentas de la RDPresidencia de la Republica Dominicana Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la

Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOBCámara de Diputados de la Republica Dominicana Fortalecimiento institucional y operativo de la Cámara de

Diputados de la República Dominicana.Senado de la Republica Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la

Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOB

PNUD ARGENTINA

Socio Proyecto y/o ProgramaOficina Anticorrupción – Gobierno Nacional Fortalecimiento Institucional Oficina AnticorrupciónSubsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia – Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios

Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia (SRIFD)

Construyendo Puentes: Planificación colaborativa para fortalecer los lazos entre el gobierno local y la sociedad civil en la Argentina

Subsecretaria de Coordinación – Ministerio del Interior de la Nación.

Modernización Tecnológica Del Archivo General De La Nación Modernización Tecnológica E Informatización Del Registro Nacional De Las Personas

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Desarrollo Institucional De La Agencia De Recaudación De La Provincia De Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires

Apoyo al gobierno electrónico de la ciudad autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

Tecnologías de la Información y comunicaciones (TICs)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

Informatización Del MRECIyC

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Modernización tecnológica e informatización integral del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires

Red Nuestra Córdoba


PNUD BOLIVIA

Socio Proyecto y/o ProgramaMinisterio de Autonomía Proyecto de fortalecimiento de las capacidades

Institucionales del Ministerio de AutonomíaMinisterio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Diseño del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano SAC Bolivia

PNUD BRASIL

Socio Proyecto y/o ProgramaComisión de Valores Inmobiliarios Modernización y Fortalecimiento Institucional de la

Comisión de Valores InmobiliariosTJDFT (Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios)

Modernización del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de Territorios

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Fortalecimiento Institucional para la evaluación y gestión de la información del Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Salud Apoyo a la implementación de la política nacional de información e informática en la Salud

PNUD COLOMBIA

Socio Proyecto y/o ProgramaMinisterio de Hacienda y Crédito Público Apoyo al fortalecimiento del Sistema de Información

Financiera TerritorialAlcaldía de Cartagena Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en

ColombiaMejoramiento de la Gestión Pública a Nivel LocalFortalecimiento de la política nacional y territorial de transparencia y buen gobierno

Gobernación de La GuajiraGobernación de Santander

Congreso de la República Proyecto Fortalecimiento Democrático

PNUD ECUADOR

Socio Proyecto y/o ProgramaMunicipio de Guayaquil Fortalecimiento Municipal de GuayaquilSecretaria Nacional de Transparencia de la Gestión.Asociación de Municipalidades del EcuadorContraloría General Del EstadoConsejo Nacional del Transparencia y Control Social.

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PNUD PARAGUAY

Socio Proyecto y/o ProgramaMinisterio de Hacienda

Plan de Acción Anticorrupción de Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana

Contraloría General de la RepúblicaAdministración Nacional de Navegación y PuertosMinisterio PúblicoMinisterio de Obras Públicas y ComunicacionesCorte Suprema de JusticiaMinisterio del Interior Fortalecimiento de capacidades institucionales del

Ministerio del Interior para la realización del Censo Policial

PNUD PERÚ

Socio Proyecto y/o ProgramaContraloría General de la República Veedurías Ciudadanas

Aplicación piloto de veedurías ciudadanas en JUNTOSConsejo de la Prensa Peruana (CPP) Medios de Comunicación y DemocraciaOficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Implementación Observatorio Voto Electrónico en América

LatinaInstituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel Comunitario

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública

Defensoría del PuebloGobiernos Regionales: Ayacucho, Ancash, Apurímac, Lambayeque, San Martín y Tacna

PNUD URUGUAY

Socio Proyecto y/o ProgramaMinisterio del Interior

Apoyo al proceso de reforma del Ministerio del InteriorAECIDOficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay

Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de calidad del gasto y del proceso presupuestarioApoyo a la ejecución del Sistema Nacional de Inversión Publica

BID

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

Apoyo a la gestión del gobierno electrónico en Uruguay

Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) Apoyo a la ejecución del Programa de País

PNUD VENEZUELA

Socio Proyecto y/o ProgramaServicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Apoyo a la Consolidación de la Modernización del Sistema Aduanero

Instituto Nacional de Estadística Fortalecimiento Institucional y Gerencial del Instituto Nacional de Estadística


PNUD ESCUELA VIRTUAL

Socio Proyecto y/o ProgramaUNDP-DGG/BDP.UNDP CO Honduras.UNDP CO GuatemalaUNDP CO ColombiaUNDP CO MéxicoCentro Nacional Anticorrupción de Honduras

(CNA)Fundación Carolina.Universidad de los Andes - CIDER. Colombia.Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México.One world Trust.IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance.UNDP- Oslo Governance CenterDemocratic Governance Thematic Trust Fund -DGTTF

PNUD CENTRO REGIONAL

Socio Proyecto y/o ProgramaUniversidad externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y ExterioresCentro de Políticas Públicas de la Universidad de Panamá FLACSO - MéxicoCentro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

El acceso a la información gubernamentalen América Central y México-PROYECTO TRAALOG

UNDP CO MéxicoUniversidad Indígena Boliviana “Tupak Katari”

Proyecto TRAALOGUNDP BoliviaUNDP ColombiaDemocratic Governance Thematic Trust Fund -DGTTFUNDP Global ThematicProgramme on Anti-Corruptionfor Development Effectiveness(PACDE)

PROYECTO TRALOG

UNDP Costa RicaEscuela de Liderazgo Juvenil - NicaraguaUNDP Nicaragua

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Centro Regional para América Latina y El Caribe, Panamá

Área de Gobernabilidad Local y Descentralización / Gobernabilidad Democrática Proyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) Sitio en Internet: http://www.regionalcentrelac-undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=6&lang=es Fotos de Portada: Charlotta Sandin y Gerardo Berthin

http://www.regionalcentrelac-undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=6&lang=es

http://www.regionalcentrelac-undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=6&lang=es

Programas anticorrupción en América Latina y el Caribe

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