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PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estudio Sobre Tendencias Anticorrupción y Proyectos del PNUD

Versión Actualizada al 2012

P R O GR AM A S AN T I C O R R U P C I Ó N E N AM É R I C A LA T I N A Y E L C A R I B E 2


PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Estudio sobre tendencias anticorrupción y proyectos del PNUD

Versión Actualizada al 2012

Autor: Miguel Peñailillo


PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD

CENTRO REGIONAL PNUD - PANAMA Freddy Justiniano DIRECTOR a.i PNUD CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Gerardo Berthin ASESOR DE POLITICAS DE GOBERNABILIDAD LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN Maria Angélica Vásquez CONSULTORA - DESCENTRALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL DIRECCIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD - NUEVA YORK Gerardo Noto OFICIAL A CARGO DEL AREA DE PRÁCTICA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA AUTOR Miguel Peñailillo

DICIEMBRE 2012

Los análisis y recomendaciones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las

opiniones de Naciones Unidas o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).


Contenido

Listado de Acrónimos .................................................................................................................................... 9

Presentación ............................................................................................................................................... 11

Agradecimientos ......................................................................................................................................... 13

Introducción ................................................................................................................................................ 15

Capítulo 1

Aproximación a un Estado de la Corrupción en América Latina y El Caribe ............................................... 19

Capítulo 2

Tendencias Anticorrupción en América Latina y El Caribe ......................................................................... 39

Capítulo 3

Dimensionando los Proyectos Anticorrupción y los Socios del PNUD en la Región ................................... 65

Capítulo 4

Desafíos y Recomendaciones ...................................................................................................................... 79

Referencias .................................................................................................................................................. 87

ANEXOS ....................................................................................................................................................... 91


Listado de Acrónimos

ALC América Latina y EL Caribe

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BGC Barómetro Global de la Corrupción

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICC Convención Interamericana Contra la Corrupción

CNUCC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

IdPC Índice de Percepción de la Corrupción

OEA Organización de Estados Americanos

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

ONU Organización de las Naciones Unidas

OMS Organización Mundial de la Salud

PIB Producto Interno Bruto

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PACDE Programa Temático Global de Anti-Corrupción para la Efectividad del Desarrollo (siglas

en inglés)

MESICIC Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana

Contra la Corrupción

TRAALOG Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales

(siglas en inglés)


Presentación

La Iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG)

comenzó en abril del 2010. El TRAALOG ha sido financiado por el Fondo Fiduciario Temático de

Gobernabilidad Democrática (Democratic Governance Thematic Trust Fund, DGTTF), el Programa

Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (Global Thematic Programme on

Anti-Corruption for Development Effectiveness, PACDE), y el Fondo Fiduciario España-PNUD. El TRAALOG

es una iniciativa del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática de la Dirección Regional para

América Latina y el Caribe del PNUD (RBLAC) y es implementada por el Centro Regional para América

Latina y el Caribe, PNUD en Panamá.

El TRAALOG apunta a iniciativas pequeñas a nivel local que pueden ser ampliadas al ámbito nacional a

través de políticas públicas, desarrollo de capacidades y alianzas. Una de las principales actividades del

TRAALOG es promover el desarrollo y la sistematización de productos y herramientas de conocimiento,

concentrándose en iniciativas específicas destinadas a aumentar la transparencia y rendición de

cuentas, así como incorporar cuestiones de lucha contra la corrupción en otras áreas, tales como al

acceso a la información, ética, cambio climático, salud, Objetivos de Desarrollo del Milenio y auditoría

social. La idea es que estos productos de conocimiento sirvan como medios para generar interés y

debate entre las oficinas de país del PNUD, dentro y fuera de la región, en Centros de Servicios

Regionales y otras unidades del PNUD y de todo el sistema de las Naciones Unidas, así como

profesionales de desarrollo y gobernabilidad democrática.

Del mismo modo, se espera que estos productos de conocimiento sirvan como referencia en el

seguimiento de iniciativas y en la búsqueda de oportunidades para una replicación. Estos también pueden

ser utilizados para desarrollar y apoyar proyectos y programas, así como actividades regionales. Estos

productos de conocimiento son el resultado de alianzas con una serie de Oficinas de País del PNUD,

donantes, consultores y expertos asociados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Todos ellos ayudaron a identificar experiencias que proporcionan información práctica y valiosa referente

a mejorar la gobernabilidad democrática e incrementar transparencia y la rendición de cuentas.

Estos productos de conocimiento no pretenden ser prescriptivos. Más bien, su objetivo es:

• Proporcionar ejemplos de actividades de transparencia y rendición de cuentas; • Generar debate y diálogo de políticas; • Ilustrar prácticas; • Presentar herramientas, metodologías, enfoques y estructuras; • Resaltar estudios de caso; • Guiar a lectores a recursos adicionales.

Gerardo Berthin

Asesor de Políticas Área de Gobernabilidad Democrática

Centro Regional para América Latina y el Caribe, PNUD


Agradecimientos

La elaboración de este estudio ha sido posible gracias al apoyo del Programa Temático Global de Anti-

Corrupción para la Efectividad del Desarrollo (PACDE, por sus siglas en inglés), y ha contado con el apoyo

del equipo del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática del Centro Regional para América Latina

y el Caribe del PNUD, en particular Gerardo Berthin, y María Angélica Vásquez. El estudio se ha

beneficiado de comentarios y sugerencias de funcionarios del PNUD: Pablo Gago, Diana Torres, Diego

Antoni, Marcela Ríos, María Angélica Vásquez, y Gerardo Berthin. De igual forma, el estudio se ha

enriquecido aún más con los aportes de otras personas de amplia experiencia en el campo

anticorrupción: Karen Hussmann (Alemania), Lorenzo Calderón (Colombia), Patricia Lima Oliveira

(Brasil), Ángel Saldomando (Chile), y Andrés Hernández (Colombia). Debe agradecerse también la

colaboración brindada por funcionarios y autoridades nacionales entrevistadas en el contexto de la

Segunda Conferencia sobre Avances y Desafíos en la Cooperación Hemisférica contra la Corrupción

celebrada el 21 de junio de 2011 en Cali, Colombia. La revisión de indicadores contó con el apoyo de

Sergio Contreras.


Introducción

Durante las últimas dos décadas se ha producido en Latinoamérica y el mundo una mayor conciencia

sobre los efectos perniciosos de la corrupción. Esta circunstancia ha motivado a organizaciones de la

sociedad civil y el sector privado, a organismos internacionales y gobiernos, a impulsar iniciativas para

combatir la corrupción. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas ha llevado adelante

iniciativas decisivas para promover que los Estados adopten medidas para fortalecer la integridad de los

funcionarios públicos, la transparencia y la buena gestión pública. En tal sentido, la negociación y

aprobación en 2003 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), el acuerdo

internacional de mayor alcance en este campo, constituye su mayor logro.

En dicho marco general, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) busca mejorar la

gobernabilidad democrática, focalizando muchas de sus acciones en el combate contra la corrupción. El

Programa Global Anticorrupción del PNUD para el período 2008-2011, ha buscado además hacerse

cargo de la mayor demanda de apoyo proveniente de los países, luego de la aprobación en el año 2005

de la CNUCC. Dicho Programa, denominado Programa Temático Global de Anti-Corrupción para la

Efectividad del Desarrollo (PACDE por sus siglas en inglés), tiene como objetivo incrementar la capacidad

institucional y estatal de los países para comprometerse más efectivamente en la reducción de la

corrupción, mejorando la gobernabilidad y el desarrollo sostenible. Para ello busca que el PNUD

colabore con los países en el fortalecimiento de las capacidades, sistemas e instituciones de los niveles

nacionales, regionales y locales, para mejorar la gobernabilidad mediante la implementación de

iniciativas anticorrupción. Este esfuerzo adquiere importancia si se considera que casi todos los países

del continente, excepto algunos países del Caribe, han suscrito y ratificado la Convención de las

Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), el tratado anticorrupción más importante del globo, y

que sólo Barbados no ha ratificado la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), la primera

de su tipo.

Dentro del esfuerzo global del PNUD, y en particular el regional a través de la Iniciativa Regional de

Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) promovida por el Centro

Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática del PNUD,

se ha considerado necesario actualizar la información sobre la profundidad y alcance de la corrupción en

la región, a fin de mejorar las capacidades del PNUD para la prestación de apoyo técnico y financiero en

programas y proyectos anticorrupción. En dicha línea, el presente estudio persigue ser un aporte al

análisis que el PNUD efectúa en América Latina y el Caribe sobre sus actividades en el campo del

combate a la corrupción.

El presente estudio tiene como objetivo general actualizar el Estudio sobre Tendencias Anticorrupción y

Proyectos del PNUD en América Latina y el Caribe1 Más específicamente, en ésta su versión actualizada

al 2012, el estudio tiene como principal objetivo actualizar la contextualización de las principales

tendencias de la corrupción en la región e identificar y sistematizar las iniciativas del PNUD. Igualmente

persigue dotar al PNUD de información sobre las tendencias y desafíos de la anticorrupción en la región

1Ver http://www.regionalcentrelac-undp.org/images//stories/DESCENTRALIZACION/herramientas/Programas%20AC%20en%20ALC.pdf

http://www.regionalcentrelac-undp.org/images/stories/DESCENTRALIZACION/herramientas/Programas%20AC%20en%20ALC.pdf


a la luz de la CNUCC, un mapa contextualizado de las principales iniciativas del PNUD en temas de

transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción en la región en los últimos dos años, e identificar

los principales actores y socios del PNUD en la materia. Este estudio, por su amplitud, no está destinado

a examinar en profundidad áreas específicas, como la justicia, los derechos humanos o el diagnóstico de

países o subregiones. Asimismo, dado el carácter limitado de este estudio, se ha accedido a fuentes

reconocidas y a los informes disponibles sobre la región.

En consecuencia, se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de la corrupción y de las principales

tendencias anticorrupción, así como de las iniciativas del PNUD, basado en la revisión de fuentes

secundarias relevantes sobre la materia, en la información del PNUD, así como en la revisión de la

actividad anticorrupción publicada de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de la

sociedad civil. Se ha consultado asimismo a expertos calificados. Tal análisis incluye el acceso y análisis

de datos obtenidos de las encuestas e índices, regionales y mundiales, más reconocidos. El análisis

reconoce como base el concepto amplio de corrupción del PNUD, y como marco de clasificación y

análisis las categorías y conceptos de la CNUCC. Utilizando tales herramientas, el estudio busca, más allá

de precisiones nacionales, exhibir una imagen regional de la dialéctica corrupción-anticorrupción, que

permita situar las iniciativas PNUD y comprender mejor su aporte y potencial en un escenario regional

diverso.


APROXIMACIÓN A UN ESTADO DE LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


Capítulo 1

Aproximación a un Estado de la Corrupción en América Latina y El Caribe

Antecedentes

La corrupción es una expresión que evoca una gran variedad de actos. Estos incluyen el fraude público y

privado, el tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, la malversación de fondos públicos, el

nepotismo, el enriquecimiento ilícito, y el tráfico de influencias, por mencionar los más comunes.

Individualmente considerados, cada uno de estos actos es anormal, en tanto vulnera lo debido, sea

porque quebranta un precepto legal, atenta contra el bien común o transgrede la noción de aquello que

el grupo social considera correcto. Tomados en conjunto, su ocurrencia en el tiempo es un proceso

complejo y anormal, con causas históricas, culturales, económicas, políticas y sociales, y que afecta la

forma de vida de las personas, sus posibilidades de desarrollo humano y los fines colectivos de una

comunidad política.

Desde una perspectiva general y aplicable a este estudio, la corrupción puede ser entendida como un

“abuso de autoridad para obtener un beneficio personal.” Esta noción tiene la ventaja de considerar las

diversas modalidades del acto corrupto así como comprender el sentido que lo anima, cual es hacer uso

indebido de una autoridad entregada por otros con el propósito de obtener algún tipo de beneficio

particular. Se trata de una noción de corrupción utilizada por el PNUD y que permite fácilmente

comprender qué es la corrupción dentro de una empresa, de una organización política o de una

institución pública, nacional o internacional. Este concepto amplio comprende la serie de modalidades

específicas que puede adoptar el acto corrupto, ya que el concepto de corrupción adquiere un contorno

más nítido cuando se trata de un acto corrupto específico, que es identificado mediante la tipología de

delitos usados en las leyes nacionales y los tratados internacionales (soborno, fraude, peculado, etc.).

El contexto de la corrupción en la región

América Latina y el Caribe (ALC) es una región joven con un territorio equivalente a Oceanía y Europa

juntos, dividido en una treintena de países que albergan a casi 600 millones de habitantes. Sus países

fueron colonias españolas,2 portuguesas,3 inglesas,4 francesas5 y holandesas6 durante cuatro siglos, y

cuentan con una gran diversidad étnica.

ALC tiene algunas características generales que deben ser tomadas en cuenta al examinar el fenómeno

de la corrupción. Una de ellas es que la región no es pobre, pero tiene muchos pobres. Sus actividades

económicas son fundamentalmente secundarias y terciarias, cuenta con abundantes recursos naturales,

2 Casi todos los países de Centroamérica, Sudamérica, y Cuba y República Dominicana en el Caribe 3 Brasil 4 Bahamas, Belice, Trinidad y Tobago, Guyana, por citar algunos. 5 Haití, Guayana Francesa, Dominica, Santa Lucía; Martinica, por citar algunas. 6 Surinam o Guayana Holandesa.


y económicamente es la tercera región más rica del planeta, con un Producto Interno Bruto (PIB)

aproximado de US $ 6 billones anual. Sus principales economías son Brasil, México y Argentina,

Colombia y Perú. Sin embargo, según varios estudios recientes la pobreza de la región alcanza a 174

millones de personas, o el 30% de la población7 (y hasta un 45% de los niños menores de 18 años).8

Junto con lo anterior, ALC es una de las regiones más desiguales del mundo. A nivel de países, aunque su

PIB per cápita promedio es de US$8,952,9 hay diferencias que van desde los US$15,260 en Chile a los

US$1,370 en Haití. Al interior de los países la desigualdad económica es aún más profunda. Por ejemplo,

el 10% más rico tiene el 48% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo el 1.6%; ALC es la

región del mundo con la mayor inequidad en la distribución de la propiedad de la tierra; y la mitad de los

niños que comienzan la primaria no la terminan, y sólo terminan la universidad el 0.9% de los

estudiantes provenientes del quintil más pobre.10 Como se deriva del Primer Informe Regional sobre

Desarrollo Humano del PNUD, en esta región la desigualdad es tan alta y tan persistente que,

combinada con una baja movilidad social, se vuelve hereditaria de una generación a otra.11

Asimismo, es una región democrática pero con problemas de gobernabilidad. Si bien desde hace dos

décadas, casi todos los países del subcontinente viven en democracia, y sus ciudadanos gozan de

libertades civiles básicas y prensa libre, hay serias dudas sobre su estabilidad y la capacidad de satisfacer

las crecientes necesidades de la gente. De acuerdo al Segundo Informe del PNUD sobre la Democracia

en América Latina la región enfrenta serios retos que han llevado a una profunda insatisfacción popular

con los líderes elegidos democráticamente. El crecimiento económico insuficiente, las profundas

desigualdades y los sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular

y socavado la confianza en la democracia electoral.12

Factores de Vulnerabilidad y el Fenómeno de la Corrupción

Examinando algunas características de la región con mayor detalle, se puede afirmar que, la mayoría de

los países de ALC comparten ciertos aspectos que los hacen vulnerables y pueden facilitar la corrupción

pública y/o privada.

El primero de estos aspectos de vulnerabilidad ante la corrupción es la existencia de sistemas de

gobierno democráticos que muestran un agotamiento en términos de desempeño. El Segundo

Informe del PNUD sobre la Democracia en América Latina publicado el 2010 señala que los

gobiernos democráticamente electos de la región aún no pueden cumplir las aspiraciones

políticas, sociales y económicas de la mayoría de sus poblaciones. Las enormes disparidades en

materia de ingreso en América Latina representan también una amenaza directa para la

consolidación de la democracia de participación ciudadana, una situación que no ha tenido

cambios significativos durante la década.

7América Latina, evolución de la pobreza y la indigencia 1980-2011”, CEPAL, 2012. 8Arletty Pinel, UNFPA, declaraciones en Santiago, Chile, 2011. 9Según FMI, 2011. 10Indicadores para América Latina, Niños en situación de pobreza extrema y pobreza total, CEPAL, 2011. 11PNUD, Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, 2010. 12OEA-PNUD. Nuestra Democracia, 2010.


El segundo aspecto es una aún débil capacidad de los Estados para llevar adelante sus políticas y

hacer efectiva la ley. La efectividad del gobierno es baja en la mayoría de sus países, y casi todos

los países muestran un bajo nivel de imperio de la ley, sus poderes judiciales son calificados de

corruptos, y el acceso a la justicia es restringido para amplias masas de la población,

especialmente para los más pobres. De acuerdo al último Índice de Gobernabilidad del Instituto

del Banco Mundial,13 Perú, Argentina, , Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Honduras y

Guatemala, muestran un indicador de efectividad del gobierno inferior al 50%, y Paraguay,

Nicaragua, Venezuela y Haití muestran un indicador inferior al 20% (y Haití un 2,8%). Lo mismo

sucede con el índice de imperio de la ley respecto de Trinidad y Tobago, Jamaica, México,

Argentina, Perú, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y Paraguay, que están por debajo

al 50%, y respecto de Honduras, Bolivia, Guatemala, Ecuador, Haití y Venezuela con niveles

inferiores a un 20% (éste último con un 1.4%). Sólo seis países de América Latina y el Caribe

muestran un nivel de imperio de la ley superior al 50% (Chile, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica,

Brasil y Panamá). Junto con lo anterior, en muchos países se considera que el sistema de

designación de los integrantes de los tribunales superiores está sometido fuertemente a la

influencia política, y que esta situación genera riesgos de corrupción posterior, a lo que se

suman una gestión ineficaz y malas prácticas en los niveles medio e inferior de los sistemas

judiciales.14 En la mayoría de los países de la región existe un déficit de respeto por la ley y de

confianza en la justicia, factores que facilitan la perpetración de actos corruptos.

Un tercer aspecto ampliamente presente en la región es la inseguridad debido a la criminalidad

y la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), América Latina y el Caribe es la

segunda región más violenta del mundo, y en donde existen altos índices de violencia

interpersonal y criminal. Según el Latinobarómetro,15 el 35.9% de los encuestados ha sido, o su

familia, víctima de un delito en los últimos 12 meses. Los mayores niveles en este estudio los

muestra Venezuela (52%) y luego Argentina, Brasil, México, Honduras y Perú, con cifras

levemente superiores al 40%. Asimismo, la región cuenta con una alta tasa promedio de

homicidios, aunque con grandes diferencias, donde en Latinoamérica y el Caribe las mayores

tasas16 se encuentran en Honduras (82), El Salvador (64), Jamaica (52), Venezuela (45),

Guatemala (41) y Belice (41 ).17 Por su lado, el Caribe es quizás la sub-región más violenta del

mundo, donde el número de asesinatos cada 100.000 habitantes supera el número en regiones

con países en conflicto, y con cifras similares a las de Colombia o El Salvador.18 Junto con esta

13Anti-corruption & Governance Index, World Bank Institute, 2011. 14“Controles y descontroles de la corrupción judicial. Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá,” Fundación para el Debido Proceso Legal, 2007. 15Latinobarómetro, 2007-2010. Asimismo, es destacable que, a pesar que en 2010 el problema económico aparece como el más importante en la región, en varios países se señala a la delincuencia como el principal problema, a saber: Venezuela, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Argentina, México, Guatemala, Uruguay, Honduras, Chile y República Dominicana. Por otra parte, La percepción de inseguridad personal es muy alta en América Latina: un tercio de la población cree que puede ser víctima en cualquier momento, otro tercio que le puede suceder algunas veces, y un 21% ocasionalmente. Según el informe 2010, se vive en un continente asustado por la delincuencia. 16Medido en homicidios (H) cada 100.000 habitantes al año 2010. Fuente: UNODC Homicide Statistics 2012. 17Ibid. 18“Crime, violence and development; trends, costs, and policy options in the Caribbean,” UNODC and World Bank, 2007. Según UNODC, los países con mayor tasa de homicidios del Caribe son Jamaica, Saint Kitts & Nevis, Trinidad & Tobago y República Dominicana,


situación, cada vez adquiere más importancia como riesgo para la seguridad ciudadana y la

estabilidad política la incidencia de la producción, distribución y consumo de drogas en toda la

región, así como los conflictos de poder entre grupos territoriales y entre estos y grupos

narcotraficantes. Esto resulta especialmente preocupante si se toma en cuenta que en los

últimos años se verifica una contracción del consumo de drogas en países desarrollados, lo que

ha incrementado su comercialización en los países subdesarrollados, sin que estos cuenten con

condiciones suficientes para luchar contra este problema. De acuerdo a la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),19 en América del Sur se detecta un

aumento del consumo de cocaína, y más al norte, si bien existe gran violencia relacionada con la

droga en México, la situación en el Triángulo Norte de América Central integrado por

Guatemala, Honduras y El Salvador es aún más grave, con un índice de homicidios muy superior

al de México. Por otra parte, fuentes20 señalan que Venezuela ha pasado a ser uno de los

principales puntos de partida del tráfico de cocaína con destino a Europa. Otro estudio

menciona al crimen organizado, el tráfico de drogas, el terrorismo y la debilidad del Estado

como impedimentos para el desarrollo económico y político de Latinoamérica.21 El Caribe

también es mencionado como una zona fuertemente afectada por el tráfico de drogas, donde la

seguridad de la población, la actividad turística y los modos de vida de la juventud se ven

perjudicados por esta situación.

En cuarto lugar, la región de ALC cuenta con una alta concentración de la riqueza y una amplia

distribución de la pobreza. A pesar de ser una región con un PIB de seis billones de dólares

anuales, la desigualdad de ingresos es una de las más altas del mundo. El 20% más rico22 de

Colombia obtiene el 62% de los ingresos (2006), similar al de Bolivia (61%; 2007), Honduras

(60.8%; 2007), Brasil (58%; 2009), Guatemala (57.8%; 2006), Panamá (56.8%; 2009), Paraguay

(56.5%; 2008), México (56%; 2008), República Dominicana (53%; 2007), Perú (52%; 2009), El

Salvador (51.9%; 2007) y Argentina (50%; 2009).23 Por otra parte, según el Informe Mundial de la

Riqueza 2008,24 en el transcurso de los años 2005 a 2008 los individuos más acaudalados de

Latinoamérica incrementaron su fortuna en un 20.4%. Según el mismo informe, los ricos de los

países petroleros del Medio Oriente vieron aumentar sus ingresos en un 17.5% en el mismo

período, en África un 15%, en Asia un 12.5%, en Europa 5.3% y en Estados Unidos y Canadá en

un 4.4%. Asimismo, y de acuerdo a este informe, la riqueza total de los ricos latinoamericanos,

definidos como las personas que tienen más de un millón de dólares en ahorros líquidos,

aumentó de US$420 trillones en el 2005 a US$620 trillones en el 2007. El informe proyecta que

esta situación seguirá en ascenso, ya que la riqueza de los ricos de la región ALC crecerá un

10.8% anual, más que la de otros ricos del globo.

19Informe Mundial sobre las Drogas 2010, UNODC, 2010. 20Informe Mundial sobre las Drogas, op. cit. 21Strategic Challenges in Latin America. Assessing the Threats and Managing the Responses.” John Chipman, Conference on Strategic Perspectives on Latin America, IISS, 2009. 22World Bank database, http://data.worldbank.org/ 23Sólo muestran mejores índices en este aspecto específico, Uruguay, Venezuela y Chile (a pesar que observando el índice de Gini, Chile está entre aquellos más desiguales de la región, junto a Brasil, Bolivia y Colombia). 24Estudio realizado por Capgemini y Merril Lynch.

http://data.worldbank.org/


Además de los cuatro aspectos mencionados, se han señalado otras características más específicas y

especialmente asociadas a la corrupción pública en los países de la región, y que son:25 la existencia de

una función pública en transición; leyes engorrosas, superposición de responsabilidades de diferentes

organismos gubernamentales y confusión sobre leyes; procedimientos burocráticos y reglamentaciones

complejas y excesivas; debilidad de las instituciones de control y fiscalización; legislaturas inefectivas;

sistemas judiciales disfuncionales que no son eficientes ni independientes; controles sociales débiles,

escasa articulación y falta de voz; más conciencia, pero actitudes mixtas hacia la corrupción; y, ausencia

de voluntad política para controlar la corrupción.

Efectivamente, los aspectos generales mencionados, así como estas características más específicas

favorecen la corrupción, en tanto generan condiciones e incentivos para la desviación y abuso del poder

en la gran mayoría de los países de la región. Asimismo, y como se verá más adelante, las encuestas e

índices internacionales recogen no sólo una impresión del alcance de la corrupción en la región, sino

que múltiples constataciones sobre condiciones facilitadoras de la corrupción, como son la baja

confianza en la democracia, en las instituciones, y en la eficacia del gobierno, así como la baja aplicación

de la ley y bajos niveles de rendición de cuentas.

El Fenómeno de la Corrupción en América Latina y el Caribe

Una vez considerados algunos hechos relevantes de la región asociados a la corrupción, resulta

necesario describir la situación actual del fenómeno, mirando el presente y, cuando es posible, los

últimos diez años. Primeramente entendiendo que la corrupción no es un problema nuevo, pero que

hoy en día es más estudiado y las encuestas e índices nos pueden mostrar mejor su grado de extensión y

su localización que en el pasado.

Se puede afirmar que la corrupción ha estado tan honda y tradicionalmente presente en la región, que

durante décadas pasadas tuvieron aceptación las visiones que atribuían a la corrupción en América

Latina un fundamento cultural. Existen en todos los países frases tradicionalmente utilizadas por la

población para describir, e incluso valorar la corrupción: desde el conocido “hoy por ti, mañana por mí,”

en Chile, hasta “al pendejo ni Dios lo quiere,” en Nicaragua. En un nivel político mayor, son muy

conocidas en la región las expresiones “nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos”26 y “a mis amigos

todo, a mis enemigos la ley.”27

Durante la última década del siglo XX ha habido escándalos de alta corrupción donde han aparecido

directa o indirectamente implicados gobernantes latinoamericanos. Así ocurrió en Brasil (1991) donde el

Presidente Fernando Color de Mello fue acusado constitucionalmente por soborno, y destituido de su

cargo de Presidente; en Venezuela (1993) el ex Presidente Carlos Andrés Pérez fue acusado, junto a

algunos de sus ministros, de malversación de fondos públicos y fraude a la nación; en Chile (1994) luego

de la dictadura del General Augusto Pinochet se conocieron pagos millonarios al hijo del general en

transacciones realizadas por las Fuerzas Armadas; en México (1995) se dio el caso que implicó a Raúl

25“La Corrupción en América Latina: Estudio Analítico Basado en una Revisión Bibliográfica y Entrevistas.” Parker, Berthin, de Michelle, y Mizrahi; 2004. 26Atribuida al Presidente mexicano Álvaro Obregón (1880-1924). 27Atribuida al dictador peruano Oscar Benavides (1876-1945).


Salinas de Gortari, hermano del Presidente de la época, con acusaciones de homicidio y enriquecimiento

ilícito; en Ecuador (1997), donde el Presidente Abdalá Bucaram fue acusado de corrupción y depuesto

por el Congreso pero se asiló en Panamá; en Perú (2000) el Presidente Alberto Fujimori fue acusado de

delitos de lesa humanidad y corrupción, huyendo a Japón y posteriormente a Chile, desde donde fue

extraditado a Perú y hoy cumple condena; en Argentina (2001), el ex Presidente Carlos Saúl Menem fue

acusado de corrupción y tráfico de armas a Ecuador y Croacia; en Nicaragua (2002), donde se produjo el

caso de Arnoldo Alemán, en que el ex Presidente nicaragüense fue acusado de enriquecimiento ilícito y

apropiación de fondos públicos por US $100 millones.28

Estos escándalos, denuncias e investigaciones provocaron en la región descontento e indignación pero

también, por su recurrencia, se creó una percepción más o menos generalizada de que la corrupción era

parte del sistema político democrático, afectando negativamente el veredicto sobre la democracia. El

Latinobarómetro de 2001 describía esta percepción al mostrar que “la satisfacción con la democracia

baja de 37% en 2000 a 25% en 2001 en el promedio de la región (…) Las diferencias por países y la

manera cómo evolucionaron son enormes y están directamente correlacionadas con el desempeño de

cada gobierno en el respectivo país (…)” El informe concluyó que las debilidades de los sistemas

democráticos de la región son “la baja importancia de los bienes políticos, la alta correlación entre el

desempeño económico y el apoyo al sistema democrático, la baja confianza en las instituciones y los

personeros que gobiernan, el reconocimiento de que los militares tienen influencia en el acontecer

político, junto con la confusión de su función dentro del sistema democrático”. El informe de 2001

concluía que “América Latina ha mirado las reformas estructurales y económicas como el objetivo

central para conseguir el desarrollo y la estabilidad política, pero al mismo tiempo ha descuidado la

atención a la construcción de bienes políticos.”

Diez años después, el mismo informe (2010) afirma que “la corrupción es uno de los puntos que afectan

a la democracia y su apoyo.” Sin embargo también destaca que la región percibe que hay progreso en la

reducción de la corrupción. Efectivamente, hubo un importante aumento de esa percepción a lo largo

de los años 2004–2007, cuando aumentó de 26% a 39%, y desde entonces esa percepción de progreso

está más bien estancada, manteniéndose en 37% en el año 2010, con un leve descenso en la percepción

respecto del 2009, cuando alcanzó 39%. A pesar de las buenas noticias de los últimos años, el estudio

confirma que existe desde 1995 una cantidad significativa y permanente de demócratas insatisfechos,

que fluctúan entre el 34% (1996) y 15% (2009). La corrupción es una de las causas que genera este

descontento con la democracia.

En suma, durante la década del 90 las renacientes democracias fueron afectadas por múltiples casos de

corrupción, que dañaron la legitimidad de los gobiernos y el veredicto de la democracia, y que en

algunos países significaron la repulsa popular y, a veces, la expulsión de sus cargos de gobernantes

elegidos. La corrupción en la democracia puso en riesgo la gobernabilidad democrática en la región, ya

que abrió frentes de inestabilidad y oportunismo político. En la década siguiente se muestran señales de 28En muchos casos, luego de largos procesos judiciales, no se pudo comprobar fehacientemente la participación directa de estos altos dirigentes en los actos de corrupción, algunas veces con vuelcos debido a la retractación de testigos o su muerte, o porque los tribunales superiores de justicia acogieron los recursos de los acusados. En cualquier caso, lo que quedaba en la opinión pública era una percepción de corrupción y de impunidad.


recuperación, donde la democracia está afectada principalmente por las crisis económicas, y en la mitad

de la década una percepción de que los gobiernos de la región tuvieron un mejor desempeño, a la vez

que un avance en la reducción de la corrupción.

El Estado de la Corrupción en los Últimos Diez Años

Luego de contar con antecedentes contextuales sobre la corrupción en la región, es posible esbozar una

figura acerca de la extensión del fenómeno. Para ello, se toman en cuenta los más reconocidos índices y

encuestas aplicadas regionalmente.29 Primeramente se examinará cuál es el nivel general de la

corrupción, sus tendencias y algunos casos notables de países, para luego visualizar aquellos actores que

parecen más sindicados como vinculados a la corrupción. Finalmente, se constatará cuál es la

percepción de los ciudadanos acerca del estado de la corrupción y de los avances en materia de

anticorrupción.

La Corrupción es un Fenómeno Extendido en la Región

América Latina y el Caribe (ALC) es una región extensamente afectada por la corrupción. Se puede

afirmar que en esta región la corrupción es un problema con características endémicas, en cuanto se

trata de un fenómeno localizado en toda la región y con un alto número de personas afectadas.

Asimismo, comparada con otras regiones del mundo, ALC es una región caracterizada por altos niveles

de corrupción.

La extensión del fenómeno es reconocida por funcionarios internacionales y expertos, y percibida

claramente por la población. Los índices más reconocidos internacionalmente recogen esta visión de la

ciudadanía. El Índice de Percepción de la Corrupción (IdPC) 2010, de Transparencia Internacional, muestra

que en la gran mayoría de los países de la región se percibe un alto nivel de corrupción (Gráfico 1).

Gráfico 1

29Por una razón práctica se incluye en los gráficos a países con población superior a un millón de habitantes.

0123456789

10

Fuente: Transparency International

Índice de Percepción de la Corrupción (2011)

Promedio Regional 2011


El IdPC, mide anualmente desde 1995 la percepción de corrupción en varios países utilizando una escala

del 1 al 10, donde 1 es alta y 10 es baja. En la mayoría de los países de ALC el IdPC no alcanzan una

calificación de 5. Las únicas excepciones corresponden a Chile y Uruguay y en menor medida Puerto

Rico. Un segundo grupo, el más numeroso, estaría conformado por aquellos países cuya calificación los

ubica entre los 2.6 y los 5.0 puntos. Por último, se observa un grupo de cuatro países que lograron una

calificación de 2.5 puntos o menos. Dentro de este grupo, los países con menor calificación

corresponden a Venezuela y Haití.

Observando las diferencias del IdPC intra-regiones (Gráfico 2), se puede observar que en la sub-región

de Centroamérica y México, ningún país se encuentra sobre los 5 puntos. Costa Rica, El Salvador y

Panamá aparecen dentro de los países cuyos puntajes los ubican levemente sobre el promedio de la

sub-región. Las calificaciones más bajas corresponden a Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Gráfico 2

En los cinco países del Caribe considerados para observar la subregión, las puntuaciones del IdPC están entre Puerto Rico, que por mucho supera el promedio de la sub-región con 5.6, y Haití, con 1.8 que es el más bajo, como se puede apreciar en el Gráfico 3. Para el caso de Sudamérica (ver Gráfico 4) los países que superan el promedio sub-regional del IdPC

(3.7) son Chile y Uruguay. Significativamente por debajo de éstos se encuentran Brasil, Colombia, Perú y

Argentina. El resto de los países no supera los 2.8 puntos, siendo los más bajos Paraguay y Venezuela.

0

1

2

3

4

5

6

Costa Rica El Salvador Panama Mexico Guatemala Honduras Nicaragua


Índice de Percepción de la Corrupción México y Centroamérica (2011)

Promedio Subregional 2011


Gráfico 3

.

Gráfico 4

0

1

2

3

4

5

6

Puerto Rico Jamaica Trinidad & Tobago RepúblicaDominicana

Haiti


Índice de Percepción de la Corrupción Caribe (2011)


0

2

4

6

8

10


Índice de Percepción de la Corrupción Sudamérica (2011)



Esta visión sobre la extensión del fenómeno es corroborada por otras fuentes. El más reciente Índice de

Gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial, muestra que la mayoría de los países de la región

exhiben bajos indicadores en materia de control de la corrupción30 (Ver Gráfico 5).

Gráfico 5

Para el indicador Control de la Corrupción, las calificaciones varían entre 92 (Chile) y 6 (Haití). Sólo Chile

y Uruguay presentan una calificación considerablemente mayor a la del resto de los países de la

subregión. Por su parte, los países con calificaciones más bajas corresponden a Nicaragua, República

Dominicana, Honduras, Ecuador, Venezuela y Haití. Estos resultados en general coinciden con los del

IdPC, y sus diferencias son únicamente de grado.

La percepción sobre la extensión de la corrupción es persistente. La corrupción en la región es un

fenómeno con presencia permanente. Los datos de los últimos diez años muestran que el panorama de

la corrupción no ha cambiado sustancialmente, salvo muy raras excepciones.

Acudiendo nuevamente al IdCP, se puede ilustrar en el Gráfico 6 la evolución del índice promediado de

todos los países de la región, entre los años 2002 y 2011.31 Como se puede observar a lo largo de una

década, el promedio del IdCP de la región no ha alcanzado en ningún caso el 4 en la escala, aunque ha

exhibido una pequeña tendencia a la mejora a partir del año 2007.

30El Índice de Gobernabilidad del instituto del Banco Mundial, utiliza seis indicadores, que son: voz y rendición de cuentas; calidad regulatoria; estabilidad política; imperio de la ley; efectividad gubernamental; y, control de la corrupción. 31El promedio incluye todos los países de ALC considerados en el Índice.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Control de la Corrupción - América Latina y el Caribe (2010)


Gráfico 6

La persistencia del problema es evidenciado también en los datos del Banco Mundial. Los seis

indicadores (Voz y Rendición de Cuentas, Calidad Regulatoria, Efectividad Gubernamental, Control de la

Corrupción, Estabilidad Política, y el Imperio de la Ley) del Índice de Gobernabilidad del Instituto del

Banco Mundial corroboran esta tendencia, y en particular como ya se mencionó, el indicador de control

de la corrupción que es persistentemente bajo a lo largo de la última década. De una manera

preocupante, la misma persistencia la muestran los indicadores de estabilidad política e imperio de la

ley, como se verifica en el Gráfico 7.

Gráfico 7

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Promedio Índice de Percepción de la Corrupción en la Región (2002-2011)

Voz y Rendición de cuentas

Calidad Regulatoria

Efectividad Gubernamental

Control de la Corrupción

Estabilidad Política

Estado de Derecho

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Variación en los Indicadores de Gobernabilidad en América Latina y el Caribe (2000 - 2009)

2000 2003 2006 2009

Fuente: Banco Mundial - Worldwide Governance Indicators

Fuente: Transparencia Internacional


Observando los datos más en detalle (ver Gráficos 8, 9 y 10 respectivamente) se puede apreciar la

diversidad de tendencias de estas áreas (indicadores) en los distintos países y sub-regiones.

Gráfico 8

Gráfico 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama

Indicadores de Gobernabilidad para México y Centroamérica (2011)

Voz y Rendición de Cuentas Estabilidad Política Efectividad Gubernamental

Calidad Regulatoria Imperio de la Ley Control de la Corrupción

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

RepúblicaDominicana

Haiti Jamaica Puerto Rico Trinidad & Tobago

Indicadores de Gobernabilidad para el Caribe






Gráfico 10

A pesar de todo, en algunos países se perciben cambios. El IdPC ha variado de manera importante en algunos países entre los años 2002 y 2011 (Gráfico 11). Esta variación puede dar indicios sobre posibles casos de países más y menos efectivos en el control y/o combate a la corrupción, o al menos, de cambios significativos en la percepción en un largo periodo. Un modo simple de examinar si un país ha tenido una variación positiva o negativa en el IdPC en los últimos diez años resulta de comparar sus puntuaciones, como en este caso, entre los años 2002 y 2011.32 El Gráfico 12 muestra una variación promedio por sub-región.33 Examinando la variación por subregiones, se puede observar una relativa estabilidad en la escala de los promedios de Sudamérica, México y Centroamérica y el Caribe de entre 3 a 4. Luego de un decreciente ciclo en el Caribe entre el 2005-2007, se advierte a partir del 2008 una tendencia ascendiente en el promedio del IdPC.

32Para cada país se ha calculado la variación del índice entre los años 2002 y 2011 (cuando los datos lo han permitido).. 33No se han incluido los datos de algunos países del Caribe, por cuanto no existen series de datos completas para esta sub-región.

0102030405060708090

100

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Indicadores de Gobernabilidad para Sudamérica (G&AC Index, 2011)





Gráfico 11

Gráfico 12

012345678

Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción en América Latina (2002 - 2011)

2002 2011

0

1

2

3

4

5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Promedio del Índice de Percepción de la Corrupción - Por Subregión (2002 - 2011)

México y Centroamérica Caribe Sudamérica


Gráfico 13

Como se puede observar en el Gráfico 13 donde se muestra las tendencias para algunos países pre-

seleccionados, se exhibe una notable variación positiva en el caso de Uruguay, así como variaciones de

relativa consideración para los casos de Bolivia y Paraguay. En el otro extremo, Jamaica, Trinidad y

Tobago, República Dominicana y Venezuela presentan variaciones negativas sostenidas y en total

superiores a -0.5 puntos (Gráfico 14).

Gráfico 14

1

2

3

4

5

6

7

8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Variación Positiva del Índice de Percepción de la Corrupción 2002-2011 (Países seleccionados y Promedio Regional)

Uruguay Bolivia Paraguay Promedio Regional

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Variación Negativa del Índice de Percepción de la Corrupción 2002-2011 (Países seleccionados y Promedio Regional)

Jamaica Trinidad y Tobago República Dominicana Promedio Regional



En suma, de acuerdo al IdPC se puede observar una persistente extensión del fenómeno de la

corrupción en ALC, así como la inexistencia de una variación significativa a favor de mejores IdPCs a lo

largo de la década. Si bien, Uruguay y Costa Rica muestran incrementos positivos en el IdPC, y 6 países

(Bolivia, Paraguay, Ecuador, Panamá, Guatemala y Argentina) registran mejoras relativas en el IdPC

entre 2002 y 2011, en general no son significativos. . La revisión de los indicadores permite observar

adicionalmente sus limitaciones para describir modalidades de corrupción. Asimismo, este tipo de

índices si bien son útiles para hacer comparaciones entre países, no permiten detectar específicamente

áreas o sectores de mayor corrupción o de mejoras reales, una labor que sí se puede encontrar presente

en otro tipo de estudios de país,34 tales como aquellos que tratan de medir la corrupción cotidiana

(petty corruption).35

Actores de la Corrupción en la Región, según la Percepción Ciudadana

Cuando se trata de identificar a los principales actores de la corrupción normalmente se acude a los

lugares comunes, lo que involucra apuntar con el dedo a funcionarios corruptos y empresarios

ambiciosos. Si bien existe un gran sustrato de realidad en esta premisa, resulta también necesario

reconocer que los actores clave en la temática son más diversos y que para identificarlos es necesario

establecer algunos alcances y categorías. El alcance tiene que ver con delimitar lo que se entenderá por

corrupción, y las categorías por diferenciar tipos de corrupción que permitan identificar actores clave.

Como se ha señalado anteriormente, el concepto de corrupción que se utiliza en este estudio es amplio,

e involucra actos efectuados por agentes públicos y privados para ganancias personales por sobre la

colectiva. Esto significa que teóricamente los corruptos pueden ser empleados, gerentes y empresarios

al interior de sus organizaciones, funcionarios públicos de cualquier rango, directivos y autoridades,

sean nacionales, extranjeros o internacionales, dirigentes políticos, sociales, religiosos y gremiales, y en

general, cualquier persona que ejerza algún nivel de autoridad o poder otorgado en representación de

una colectividad. Se debe considerar asimismo, que los actores de la corrupción pueden serlo activa o

pasivamente, es decir, como corruptores o ser sujetos de corrupción. Por eso una metáfora que se

utiliza con frecuencia es que como en el tango, en la corrupción se necesitan “dos para bailar.”

En ALC se llevan a cabo tradicionalmente actos de gran corrupción, corrupción administrativa y pequeña

corrupción (petty corruption),36 con la intervención de varios de los actores señalados más arriba. Sin

embargo, hoy se pueden hacer algunas precisiones acerca de qué actores pueden ser percibidos como

los más propensos a involucrarse en prácticas corruptas. El Barómetro Global de la Corrupción (BGC)

34Un ejemplo es el último diagnóstico sobre la corrupción en Nicaragua patrocinado por el Programa Fondo conjunto de Donantes para la Anticorrupción en el 2009. 35Ver por ejemplo, el Índice de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana en http://www.transparenciamexicana.org.mx/ 36La primera es la que involucra a agentes de poder económico y de la política y que persigue comúnmente transar en las grandes decisiones políticas, y en algunos casos, afectar las regulaciones y controlar el aparato estatal, hasta llegar a lo que se denomina la captura del Estado. En este tipo de corrupción le cabe participación a grandes empresarios, grupos económicos e inversionistas extranjeros, junto a dirigentes políticos, congresistas, altos magistrados y autoridades políticas de primer nivel. La segunda categoría es aquella que persigue normalmente afectar las decisiones de entidades públicas o el uso de sus recursos presupuestarios de las mismas para un beneficio económico directo o indirecto ilegítimo, como se da en los fraudes, estafas, y las malversaciones de caudales públicos. La tercera consiste en pequeñas transacciones económicas indebidas para acceder a un beneficio del Estado u organización, o para evitar el cumplimiento de la función pública y comúnmente evadir la ley. Aquí los actores son los escalafones funcionarios más bajos o aquellos que se relacionan con el público, y los ciudadanos y clientes de empresas.

http://www.transparenciamexicana.org.mx/


2010 consultó sobre instituciones y sectores clave que puedan ser más propensos a involucrarse en

prácticas corruptas37 y resaltó que en América Latina38 los partidos políticos son considerados los más

propensos. Le siguen muy de cerca el sistema judicial, el congreso y los empleados públicos, siendo la

percepción regional coincidente con los resultados a nivel global. En menor medida en la Región, pero

de manera importante también, son señaladas las empresas privadas. En el BGC 2010, la policía en

general aparece, pero menos expuesta. De acuerdo al BGC, los países en que los partidos políticos

aparecen como los más expuestos de todos los actores son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El

Salvador y México. El sistema judicial fue el mencionado como más propenso en Bolivia y Perú; el

congreso/la asamblea nacional lo fue en Brasil y Colombia; los empleados públicos también en Brasil, así

como la policía, pero asimismo en Colombia.

De acuerdo a la misma fuente, las instituciones y sectores clave que serían menos propensas son los

medios de comunicación, las ONG, las organizaciones religiosas, el ejército y el sistema educativo.

Junto con lo anterior, es importante tomar en cuenta que en el BGC 2010, la mayoría de los encuestados

señalaron a los medios de comunicación como el actor en el cual confiaban más para luchar contra la

corrupción, y 25% afirmó que no confiaba en ninguna institución para esta tarea.

Según el BGC 2010, en todo el mundo se percibe que los niveles de corrupción han aumentado en los

últimos tres años. En Latinoamérica esta percepción es menor que en otras regiones, A pesar de esto, la

mitad de los encuestados cree que la corrupción ha aumentado, siendo esta creencia notablemente más

marcada en Venezuela (86%), Perú (79%) y México (75%). Junto con ello, casi cuatro de diez personas

creen que el nivel de corrupción se ha mantenido. Estos datos guardan cierta correspondencia con los

obtenidos por el Latinobarómetro 2010, en el que se registran mayoritariamente respuestas negativas

sobre una reducción de la corrupción en los organismos del Estado en la mayoría de los países de la

región, representando mejor esta tendencia Argentina, Perú, Honduras y Guatemala. Eso sí, también se

verifican en el Latinobarómetro algunos países con una percepción de reducción de la corrupción

pública en los dos últimos años, especialmente Uruguay, Panamá, El Salvador, Bolivia y Colombia.

La población cree que la corrupción es generalizada, aunque su experiencia es distinta. Los ciudadanos

en LAC están acostumbrados a la corrupción y tienen una opinión de que se encuentra generalizada.39

Según el mismo BGC, en el año 2010 un 23% de los latinoamericanos habría pagado un soborno para

acceder a servicios públicos, un nivel muy alto comparado con el de Norteamérica, pero inferior a lo que

pagarían por los mismos servicios en el Medio Oriente y África del Norte, el África Subsahariana o

algunos países de los Nuevos Estados Independientes (ex repúblicas soviéticas).40 Otros estudios

muestran niveles similares de victimización promedio en la región,41 y en el nivel nacional mayor de

victimización se registra en Haití (53%), México (35%), Bolivia (32%), Perú (32%) y Paraguay (27%), y

menor en Chile (5%), Uruguay (7%), Jamaica (7%), Trinidad y Tobago (9%), y Panamá (9%)

37Las instituciones y sectores considerados en el Barómetro son los partidos políticos, el congreso, la policía, los empresarios/sector privado, los medios de comunicación, los empleados públicos, el sistema judicial, las ONGs, las organizaciones religiosas, el ejército y el sistema educativo. 38En el estudio sólo se consideró a nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela. 39Los datos de la encuesta LAPOP/Universidad de Vanderbilt de 2006, 2008 y 2010, muestran que de manera constante un porcentaje superior al 60% de los encuestados en la región consideran que la corrupción de los funcionarios públicos está algo generalizada o muy generalizada en sus países. 40Barómetro Global de la Corrupción 2010, Transparencia Internacional. 41LAPOP 2010, Universidad de Vanderbilt.


respectivamente. En este sentido, existen grandes diferencias en victimización en los distintos países de

la región.

Al momento de comparar los indicadores de percepción con los de victimización de la corrupción es

habitual encontrarse con discrepancias importantes, debido a diferencias metodológicas y

conceptuales.42 Los datos expuestos deben así ser interpretados considerando las limitaciones propias

de este tipo de estudios, pero tomando en cuenta que en cualquier caso se trata de cifras significativas,

que retratan un problema generalizado de corrupción en la región, con variaciones en los grados y

modalidades en cada país.

42Adicionalmente, la mayoría de los datos sobre percepción no la definen, y los de victimización se refieren únicamente a una de sus múltiples modalidades, el soborno.


TENDENCIAS ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE


Capítulo 2

Tendencias Anticorrupción en América Latina y El Caribe

Antecedentes

Esbozar las tendencias de la acción anticorrupción en ALC requiere al menos tomar en cuenta el proceso

histórico que se ha desarrollado en las últimas dos décadas en el combate a la corrupción, la postura de

los gobiernos y organismos internacionales, y detectar aquellas áreas en las que se ha producido

focalizaciones de esfuerzo. A continuación se desarrolla una breve descripción del proceso de

incorporación de la corrupción como un área de política gubernamental en la región, para

posteriormente analizar las principales tendencias de la acción anticorrupción gubernamentales e

intergubernamentales en los últimos cinco años.

La historia reciente muestra casos de gran corrupción recurrentes en la región, la persistencia de la

corrupción cotidiana (petty corruption) y aprendizajes en la búsqueda de soluciones. Como se señaló en

el capítulo anterior, en la región hubo una serie de escándalos de gran corrupción, a medida que

transcurría la última década del Siglo XX. Tales escándalos afectaron y sindicaron generalmente a las

máximas autoridades políticas de los países, creando un riesgo de gobernabilidad y llamando

posteriormente la atención sobre la gravedad del fenómeno y su efecto sobre la gobernabilidad

democrática. Sin embargo, dicho proceso ha sido largo y ha tenido diversas etapas. La primera de ellas,

durante gran parte de década del 90, estuvo caracterizada por la advertencia del problema, que iniciaba

con el escándalo político y la búsqueda de justicia, y la suscripción de un acuerdo regional

anticorrupción. En esta etapa, los países de la región se percataron que sus leyes nacionales eran

precarias, pero que además que no existían instrumentos internacionales que facilitaran la aprehensión

en el extranjero de las ex altas autoridades acusadas de corrupción una vez que abandonaban el país. La

iniciativa de contar con un tratado internacional hemisférico contra la corrupción nació en la Primera

Cumbre de las Américas celebrada en 1994, y se negoció en el seno de la Organización de Estados

Americanos (OEA), para ser adoptada finalmente en el año 1996. Se trató de la Convención

Interamericana Contra la Corrupción (CICC) es un hito político, al ser la primera convención

anticorrupción en el mundo, a la vez que un desafío que dio lugar a una segunda etapa, aquella

destinada a implementarla y darle seguimiento a la implementación.

La CICC comprendía una serie de compromisos gubernamentales, destinados a la prevención de la

corrupción, a la penalización de actos corruptos, y a la cooperación internacional en la materia. Su

puesta en práctica dio lugar, primeramente, a la discusión y aprobación de nuevas leyes en la mayoría


de los países de la región. Se trató de leyes cuyo objetivo era hacer más transparente, eficiente e íntegra

la gestión pública,43 y también de leyes que criminalizaban diversas modalidades de corrupción.44

Comenzaron a surgir iniciativas de ley en la región, algunas de ellas promovidas por la OEA, que alentó la

elaboración de leyes modelo. Se aprobaron leyes anticorrupción en diversos países durante la década

del 90, y en muchos casos se crearon oficinas gubernamentales anticorrupción, encargadas de su

implementación a la vez que de proponer políticas públicas anticorrupción a los gobiernos.45

En otros países se asignaron o fortalecieron funciones de oficinas encargadas del control superior, como

las Contralorías, que sumaron a sus funciones tradicionales otras asociadas a la lucha contra la

corrupción, como son las declaraciones de patrimonio, o la investigación de casos de corrupción. Esta

segunda etapa de creación legislativa y de puesta en marcha de organismos especializados se inició a

fines de los 90 y se prolongó entrada la década siguiente. Pero al mismo tiempo una nueva etapa se fue

forjando, al crearse en el seno de la OEA un mecanismo de seguimiento de la CICC y al iniciarse las

negociaciones para un futuro tratado internacional anticorrupción de alcance global.

De esta manera, los años de discursos, leyes e inauguraciones dieron paso a la necesidad de verificar si

los recursos políticos y económicos invertidos en el combate a la corrupción tenían un resultado

verificable. Varios gobiernos quisieron seguir el ejemplo de la Convención de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de Combate al Soborno Transnacional, y de otras como

la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y establecer un

mecanismo que permita monitorear o hacer seguimiento a las medidas que los Estados de la región

estaban tomando en el combate a la corrupción. Por ello, en 2001 se creó el Mecanismo de Seguimiento

de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), como un

mecanismo de cooperación intergubernamental, el que, con la ayuda de la OEA, haría un examen

periódico de la implementación de las provisiones de la CICC y emitiría recomendaciones para su mejor

implementación. A la fecha actual, el MESICIC ha celebrado dos rondas de examen entre 2002 y 2008 y

se encuentra en la tercera. De este mecanismo se pueden extraer ciertas lecciones, como se verá más

adelante.

Coetáneamente, se habría ido fraguando en Naciones Unidas la convicción de que era necesario contar

con un instrumento anticorrupción de carácter global. Entre los años 2001 y 2003 se negoció dicho

instrumento, aprobándose en Mérida, México, el texto de la CNUCC. Dicho tratado recogió las lecciones

aprendidas en diversas regiones del mundo y se constituyó en el instrumento más amplio y de mayor

alcance en la lucha contra la corrupción, estableciendo desde su inicio la necesidad de monitorear su

implementación. Eso sí, la aprobación y puesta en marcha del mecanismo de seguimiento tardó seis

43 Las medidas preventivas contempladas en la CICC apuntaban a la dictación de normas para prevenir los conflictos de interés, mejorar el control de los recursos públicos, alentar la denuncia de los actos de corrupción, fortalecer los organismos de control superior, transparentar los activos y pasivos de las autoridades públicas, desestimular la exención tributaria de los pagos corruptos, y promover la participación de la sociedad civil, entre otros. 44 La CICC criminalizaba el soborno, el lavado de activos, el peculado y la malversación de fondos públicos, el uso indebido de información privilegiada o reservada, el soborno transnacional y el enriquecimiento ilícito. 45 Por ejemplo, en Colombia se creó el Programa Presidencial Anticorrupción, ubicado en la Vicepresidencia; en Argentina se creó la Oficina de Ética Pública, más adelante reemplazada por la Oficina Anticorrupción, en el Ministerio de Justicia; en Ecuador nació la Comisión Anticorrupción, posteriormente denominada Comisión de Control Cívico de la Corrupción.


años. Recién a fines de 2009 se aprobó la regulación del mecanismo, el cual comenzó a operar en 2010.

Así, se pueden distinguir tres etapas en la respuesta regional que los gobiernos han dado al problema de

la corrupción. La primera caracterizada por la sensibilización frente al problema y la reacción

gubernamental, la segunda por la dictación de normas domésticas y acuerdos internacionales, y una

tercera que se enfoca en el seguimiento y la evaluación de las normas y tratados.

Este proceso de dos décadas ha significado avances en el combate contra la corrupción en la región. En

un primer nivel de carácter estratégico, ha habido consensos en la región sobre la influencia negativa

que la corrupción puede ejercer sobre la gobernabilidad democrática, y sobre la necesidad de tener

normas regionales e internacionales en materia de anticorrupción, de darles implementación nacional y

de hacerles seguimiento periódico. Hoy en día, nadie discute la necesidad de adoptar tales medidas, y

los organismos internacionales y multilaterales sostienen líneas permanentes de acción destinadas a

apoyar los esfuerzos anticorrupción de los países. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID) han apoyado a los gobiernos de la región para efectuar reformas administrativas para

mejorar la gestión pública y fortalecer institucionalmente el aparato anticorrupción de numerosos

países. La OEA y las Naciones Unidas han impulsado programas y proyectos a nivel hemisférico para

apoyar con asistencia técnica a gobiernos y congresos en la implementación de leyes anticorrupción.

Otro avance importante es que se ha desarrollado un mundo nuevo de actores internacionales,

gubernamentales, sociales y privados, dedicando esfuerzos a la lucha contra la corrupción, lo que

constituye un capital social que favorece las iniciativas en la materia. La colaboración entre entidades

públicas y privadas, entes gubernamentales y sociedad civil, gobiernos, donantes y organismos

internacionales, es ya una realidad del trabajo anticorrupción en la región, y la actuación colaborativa y

las redes de apoyo han demostrado ser un factor de sostenibilidad de los proyectos e iniciativas.

Un tercer avance de importancia es la existencia de una arquitectura jurídica internacional que favorece

el diseño y rediseño de las legislaciones nacionales anticorrupción. Se puede decir que en América Latina

las convenciones anticorrupción fueron los motores y canales por los cuales se iniciaron las grandes

reformas en materia de prevención y represión de la corrupción. La CICC (1996), la Convención de la

OCDE (1997) y la CNUCC (2003) fueron sucesivamente marcando una ruta que, si bien tienen desafíos,

no tiene marcha atrás. Este hecho da fundamento jurídico y político a los ciudadanos, organizaciones y

gobiernos para demandar e impulsar agendas anti-corrupción en sus respectivos países.

Las Tendencias Anticorrupción

El fenómeno de la corrupción ha generado respuestas de diversa naturaleza en la región. Movilizaciones

ciudadanas, discursos, juicios políticos, anuncios de reforma legal, procesos judiciales por corrupción y

peticiones de extradición, han sido las más comunes. Pero también, y posteriormente, se han llevado a

cabo reformas sustanciales de las legislaciones domésticas, se han implementado planes de

fortalecimiento institucional, campañas de difusión y educación, acciones concertadas de organizaciones

de la sociedad civil, generándose flujos de política pública y actividad especializada anti-corrupción. Los

gobiernos de la región, desde fines de los 90, han asumido que la anticorrupción y la transparencia son

temas ineludibles de la agenda pública, y en muchos casos se han comprometido con líneas de acción y


programas, construyendo políticas que facilitan la alineación y orientación de los actores estatales y no

estatales en la materia.

En el nivel internacional, la actividad de la OEA, la OCDE y las Naciones Unidas en anti-corrupción ha

ayudado a formar un lenguaje común, a difundir mecanismos y herramientas de prevención y de

combate a la corrupción, y a sentar las bases de algunas plataformas de cooperación.46 Las Naciones

Unidas, especialmente desde 2005, con la entrada en vigor de la CNUCC, ha desplegado una actividad

incesante de promoción del tratado internacional, de asesoría y apoyo técnico a los gobiernos, y

facilitando que se ponga en funcionamiento el mecanismo de seguimiento de su implementación.

Desde el nivel nacional, las políticas públicas anticorrupción en los países de la región son variadas y en

la mayoría de los casos, y a lo largo de los años, muestran modificaciones y cambios de énfasis derivadas

de los cambios de gobierno y de los subsecuentes cambios en las políticas de éstos (excepciones a lo

anterior han ocurrido en Brasil, debido a los gobiernos consecutivos del Presidente Ignacio “Lula” Da

Silva; y en Chile, debido a cuatro gobiernos consecutivos de la concertación de Partidos por la

Democracia). A pesar de ello, existen indicios importantes acerca de ciertas tendencias anticorrupción,

que encuentran su motor dinamizador en la actividad de organismos internacionales,47 en la actividad

de entidades gubernamentales con responsabilidades específicas en la lucha contra la corrupción, y en

organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional y regional.

Las tendencias anticorrupción en la región son así un proceso complejo de las diversas iniciativas que

impulsan actores nacionales e internacionales, cuya descripción constituye, más que el listado

exhaustivo de estas, una descripción de grandes áreas de acción en curso.

I. Tendencias desde una perspectiva internacional intergubernamental

En ALC una fuente importante de acciones anti-corrupción son las iniciativas intergubernamentales que

se acuerdan en el marco de la OEA, a través del MESICIC. Desde 2001 a 2011, veintiocho de los treinta y

tres Estados suscriptores de la CICC48 han llevado adelante un seguimiento de su implementación, y han

efectuado recomendaciones para su efectiva implementación. De este modo, un fuerte énfasis

gubernamental ha estado dado por los acuerdos regionales para implementar en los países las diversas

provisiones de la CICC. Durante los primeros cinco años (2002 a 2005) el MESICIC promovió la

implementación de medidas preventivas y de cooperación específicas, para luego, y en paralelo a las

anteriores, alentar la implementación de medidas de prevención y de represión penal (2006 a 2011).

46Desde comienzos de la década del 90, la OEA ha sido una instancia intergubernamental de diálogo y promoción de la lucha contra la corrupción, y desde el año 2001 viene desplegando una labor de seguimiento a la implementación de la CICC a través del MESICIC. La OCDE por su parte ha impulsado un combate al soborno transnacional desde 1997 en adelante, influyendo sobre las políticas e iniciativas de Brasil, Chile y México (Chile y México son miembros plenos de la OCDE; Brasil es un Estado en adhesión y cooperación reforzada). 47Siendo los gobiernos un socio preferente del PNUD, se han excluido de este estudio las áreas de acción de la banca multilateral y donantes, aunque en algunos países tienen fuerte presencia en las decisiones públicas. 48Barbados es el único Estado miembro de la OEA que, a pesar de haber suscrito la CICC en 2001, aún no la ratifica de manera que tenga vigencia nacional.


Las medidas preventivas, represivas y de cooperación internacional sobre las que el mecanismo de

seguimiento enfocó su acción pueden observarse, en un flujo de tiempo, en el cuadro siguiente:49

Verde: medidas preventivas; Naranja: disposiciones penales; Celeste: medidas de cooperación internacional.

Bajo el marco de la CICC, las medidas anticorrupción impulsadas se enfocan fuertemente sobre el

sector público, y dentro de él, sobre la rama Ejecutiva. Estas han generado una demanda

intergubernamental hacia los Estados, dirigida de manera privilegiada a la prevención y luego a la

represión de la corrupción.

49El mecanismo de seguimiento fija rondas en las que por un lapso determinado examina la implementación de ciertas provisiones de la CICC, a la vez que se revisa el grado de implementación que han tenido las recomendaciones efectuadas a cada país en la ronda anterior. En consecuencia, el examen del mecanismo recae acumulativamente sobre todas las provisiones tratadas en las diversas rondas, adquiriendo eso si un mayor énfasis aquellas seleccionadas para cada ronda. 50Se mencionan las diversas medidas anticorrupción contempladas en la CICC y que han sido seleccionadas para cada ronda de examen. En algunos casos las provisiones comprenden implícita o explícitamente más de una materia, y en estos casos el cuadro las ha diferenciado. Es importante tomar en cuenta que siendo la CICC la primera convención de su tipo, adolece de algunas materias consideradas importantes hoy en día, como es la transparencia en la política y en el sector privado. Para ver más información sobre las diversas rondas del MESICIC ver http://www.oas.org/juridico/spanish/lucha.html

Medidas examinadas50

2002-2005 Primera Ronda

2006-2008 Segunda Ronda

2008-2011 Tercera Ronda

Normas de conducta funcionaria Sistemas de compras públicas

transparentes

Impedimento de beneficios

tributarios

Prevención de conflictos de intereses Sistemas de contratación

funcionaria

Mecanismo de prevención de

soborno

Control de recursos públicos Mecanismos de protección de

denunciantes

Delito de soborno transnacional

Denuncia de actos de corrupción Delito de soborno Delito de enriquecimiento

ilícito

Declaración de patrimonio e

intereses

Delito de tráfico de influencias Extradición

Organismos superiores de control Delito de lavado (asociado a

actos de corrupción)

Acceso a la información

Consulta ciudadana

Participación de sociedad civil

Cooperación técnica mutua

Asistencia recíproca

Autoridades centrales de

cooperación y asistencia

http://www.oas.org/juridico/spanish/lucha.html


La prevención ha sido alentada a través de la promoción del establecimiento, perfeccionamiento y

aplicación de marcos normativos nacionales, como son los estatutos funcionarios, los códigos de

conducta destinados a prevenir conflictos de intereses, las normas para el uso adecuado de los recursos

públicos y la prohibición de beneficios tributarios a privados por actos de corrupción; de mecanismos de

control interno y de detección, como son la denuncia de actos de corrupción, la protección a

denunciantes, las declaraciones de patrimonio e intereses, los sistemas de ingreso de funcionarios y de

contratación pública; y, de mecanismos de control externo, como son los mecanismos de transparencia

y de participación ciudadana, y el fortalecimiento de los órganos de control. No ha habido examen y

recomendaciones especialmente dirigidas al sector privado (en tanto potencial corruptor) ni a la

corrupción privada (aquella entre privados), seguramente porque la CICC no establece provisiones

específicas para ese sector, aunque tal vez habría sido posible promover una línea de acción en ese

sentido (basándose en las medidas del artículo III numerales 1051 y 11,52 y en las medidas represivas de

los artículos VI, VIII y XI).53

La represión de la corrupción ha sido estimulada fortaleciendo el marco normativo, mediante la

tipificación penal de delitos especialmente asociados a la corrupción, como son el soborno nacional o

transnacional, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el lavado de activos, así como a

través del examen de las condiciones nacionales para la extradición y la asistencia recíproca. Aquí

también el foco se dirige con algún mayor grado de fuerza sobre los funcionarios y autoridades

corruptos, aunque haciéndolo extensivo en general a todo el sector público. Como ya se mencionó el

sector privado y la corrupción privada no están en el foco de la represión penal, como tampoco la

recuperación de activos.

Indudablemente, estas grandes áreas de acción anticorrupción se han impulsado con mayor fuerza en

los países de la región debido al apoyo jurídico que provee la CICC, y el apoyo político de la OEA como su

organismo promotor.54

La tendencia de los últimos diez años muestra una disposición de los gobiernos a implementar las

medidas anticorrupción de la CICC, aunque a la vez resulta evidente que tal disposición no se ha

traducido en una mayoría de procesos y resultados exitosos, como se verá más adelante. Para ello es

necesario que la voluntad formal de los gobiernos se asiente en la voluntad política de los actores

anticorrupción domésticos, comenzando por las más altas autoridades, y permeando el proceso de

gestión de las políticas públicas55 de una manera sostenida.

Los informes de seguimiento de la OEA muestran que en algunas materias las recomendaciones del

MESICIC se enfocaron sobre diversas etapas del proceso de gestión de medidas anticorrupción. En

algunas materias, las recomendaciones instaron a la dictación de normas, la ampliación de la cobertura

51Aplicación de medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 52Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 53Sobre actos de corrupción, soborno transnacional, uso indebido de información privilegiada y tráfico de influencias. 54La focalización de la actividad intergubernamental sobre estas materias ha llevado al desarrollo de otros aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, ya que se ha generado un consenso regional en la cooperación anticorrupción, en la valoración del intercambio de información sobre los problemas de corrupción nacionales y sobre la participación de la sociedad civil en la tarea, y la aceptación de los gobiernos – al menos formal – de la posibilidad de recibir recomendaciones y apoyo de los otros Estados. 55Que incluye la asignación de recursos y la capacidad burocrática para sostener el desarrollo técnico y operativo de cada iniciativa.


institucional del marco normativo o de su aplicación a funcionarios durante o después del desempeño

de la función pública; en otras materias el énfasis de las medidas estuvo dado por dar mayor efectividad

a los ordenamientos jurídicos nacionales existentes; y en otras, el énfasis estuvo en su difusión, el

establecimiento de procedimientos y sistemas operativos y en el fortalecimiento institucional.

Así, durante el periodo anterior a 2006, el MESICIC demandó frecuentemente a los gobiernos:

Un marco normativo que favoreciera la denuncia de actos de corrupción, una ampliación de la

cobertura de las normas sobre acceso a la información a la mayor parte de las entidades

públicas, y un alcance mayor de las normas sobre prevención de conflictos de intereses para que

sean aplicables a otros funcionarios. Estas fueron demandas que requieren la intervención del

gobierno, pero especialmente la voluntad del poder legislativo. En estos casos, la

responsabilidad de llevar adelante las recomendaciones estaba radicada las más de las veces en

el Congreso Nacional/legislatura y el gobierno.

Una mayor efectividad estatal en materia de resguardo y control de recursos públicos, y en el

cumplimiento de las normas existentes sobre declaraciones de patrimonio e intereses. Esta

responsabilidad de efectividad recae especialmente sobre el gobierno, pero también sobre los

órganos encargados del control financiero y de tales declaraciones, como son en muchos casos,

las Contralorías Generales y los Tribunales de Cuentas, los cuales a veces son independientes del

Ejecutivo.56

También se demandaron acciones de implementación política y operativa, como son las de

difusión, regulación administrativa y fortalecimiento institucional en materia de Declaraciones

de Patrimonio e Intereses, de organismos superiores de control, participación de la sociedad

civil y asistencia y cooperación. Estas son materias que requieren una voluntad y acción

esencialmente gubernativa.

Luego de constatar lo anterior, un examen más detenido de los avances del mecanismo de la OEA,

evidencia aspectos que están siendo tomados en cuenta por los gobiernos de una manera más efectiva

que otros. Lamentablemente, los informes de seguimiento muestran que la mayoría de las

recomendaciones efectuadas a los gobiernos no son implementadas satisfactoriamente, o no son

debidamente reportadas al MESICIC, tejiendo un manto de duda sobre la real voluntad o capacidad de

adhesión de los gobiernos a ellas.57

Al respecto, la OEA58 muestra que en todas las materias de la Primera Ronda existe un nivel promedio

relativamente bajo de cumplimiento de las recomendaciones del MESICIC.59 Sus valiosos informes

permiten concluir que, revisando aquellas recomendaciones más frecuentes, entendiendo por ellas

56En Chile la Contraloría General de la República es el órgano encargado del control externo del buen uso de los recursos públicos y es un órgano de la Administración pero autónomo del Ejecutivo. La Auditoría General de la Nación Argentina depende del Congreso de la Nación. 57Para un examen de la mayor o menor implementación de la CICC en un país resulta necesario un examen detallado de cada uno de los informes de país, así como de los informes alternativos de las OSC. 58Informe Hemisférico, Segunda Ronda del MESICIC, OEA, 2008. 59A la fecha de este informe no ha concluido la Tercera Ronda, luego de la cual se obtendrán datos sobre el grado de implementación de las recomendaciones de la Segunda Ronda.


aquellas que fueron efectuadas a más de la mitad de los países del mecanismo en cada materia, los

resultados son aún más preocupantes, ya que en promedio la mitad (52%) de los países a los que se les

efectuó una recomendación informaron un cumplimiento que no fue satisfactorio, contrastando con un

cuarto de ellos (26%) en que se consideró satisfactorio, cómo se aprecia en el Gráfico 15.60

Gráfico 15

Como se evidencia en el Gráfico 15, los Estados parte del mecanismo constatan en el año 2008 un bajo

nivel de cumplimiento de las recomendaciones más frecuentes efectuadas y, dentro de dicho rango, con

variaciones según la medida anticorrupción de que se trate.61

Se evidencia una tendencia más favorable a los mecanismos preventivos de consulta ciudadana y

participación de la sociedad civil, y la asistencia y cooperación internacional, aunque siempre dentro

60Los Informes regionales de cada ronda del MESICIC entregan información sobre la mayor frecuencia con que los Estados Parte (gobiernos) efectúan recomendaciones a otros Estados sobre una serie de materias de la CICC. Los gráficos muestran en que porcentaje de países aparece

siendo implementada satisfactoria o insatisfactoriamente una misma recomendación, o en qué porcentaje no fue informada su implementación, al Comité de Expertos del MESICIC, luego de aproximadamente tres años de efectuada a los gobiernos. En la gráfica se utiliza la categoría de implementación insatisfactoria para facilitar la comprensión, ya que el Informe regional utiliza una frase menos clara y relacionada con que el Estado debe prestar especial atención a la implementación de la recomendación sobre la que se le pide informar al Comité. 61Un detalle no menor de observar es que, en promedio, en un 34% de los casos no se entrega información por el Estado parte al MESICIC, lo que indica una deficiente capacidad de numerosos países para hacer seguimiento a las recomendaciones en el nivel doméstico.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Prevencion C.de Intereses

Control derecursospúblicos

Denuncia decorrupcion

Decl. Depatrimonio e

intereses

Organossuperiores de

control

Acceso a lainformación

Consultaciudadana

Participaciónciudadana

Asistencia ycooperación

Nivel de cumplimiento de recomendaciones más frecuentes del MESICIC

satisfactorio insatisfactorio no informa

Fuente: OEA


de rangos bajos (inferiores al 30%). Por otra parte, aparece un nivel preocupantemente bajo de

cumplimiento satisfactorio de las recomendaciones (menos de 10%) en materias centrales para la

prevención de la corrupción, como el acceso a la información, el fortalecimiento de los organismos

superiores de control y la prevención de conflictos de intereses.

Durante el periodo 2006-2008 la actividad intergubernamental para la implementación de la CICC de la

etapa anterior, se vio complementada con las nuevas áreas en revisión del mecanismo de seguimiento.

Las recomendaciones del MESICIC a los países se caracterizaron por lo siguiente:

Un pronunciado impulso al establecimiento de marcos normativos para, en primer orden, que

los países de la región cuenten con sistemas de protección a los denunciantes de actos de

corrupción. Esta área constituyó claramente un vacío normativo en la región, el que aún se

mantiene. Adicionalmente, se demandaron cambios normativos para el establecimiento de

sistemas de contratación de funcionarios transparentes y basados en la equidad, y de sistemas

de compras públicas transparentes y eficientes. Asimismo, se demandaron cambios normativos

para incluir todas las figuras denominadas como actos de corrupción, 62 en numerosas

legislaciones penales nacionales.

También se recomendó a varios países una mayor efectividad en la aplicación de las normas ya

existentes sobre sistemas de contratación de funcionarios. En numerosos casos, las leyes

existentes no se aplican en la práctica, o son suspendidas indefinidamente en sus efectos

mediante la frecuente aplicación de normas excepcionales y de naturaleza transitoria.63

Junto con lo anterior, el mecanismo demandó una mayor voluntad de implementación

recomendando la regulación de los procedimientos, en aquellos países donde existía una

legislación que protegiera a aquellos que denuncian actos de corrupción. También demandó

mayor difusión a la población y capacitación a los funcionarios sobre los sistemas de compras y

de contratación de funcionarios, y un mayor control sobre los sistemas de compras. Estos

sistemas, que inciden fuertemente en el gasto público y en la confianza de las empresas y la

ciudadanía en las entidades públicas, adolecen de suficientes garantías de efectivo

funcionamiento y con frecuencia son objeto de denuncias de soborno, tráfico de influencias y

nepotismo.

En resumen, el seguimiento de la implementación de la CICC ha ayudado a centrar las miradas de los

gobiernos y de la banca multilateral en varias áreas temáticas anticorrupción, y más específicamente en

aquellas sometidas a examen en cada Ronda de Análisis. En ese marco, las tendencias regionales

impulsadas desde la OEA se caracterizan por su enfoque hacia la corrupción pública, con un fuerte

aunque no exclusivo acento en la rama Ejecutiva. Dentro de ese espacio de acción, los gobiernos han

62Estos actos de corrupción comprenden en la CICC los delitos de soborno, activo y pasivo, tráfico de influencias, y lavado de activos producto de las dos figuras penales anteriores. 63Así se ha dado en los casos de Argentina y Nicaragua, por ejemplo.


aceptado promover normas legales y administrativas, procedimientos, mecanismos y sistemas de

prevención y represión penal, que contempla la CICC.

Las tendencias en materia de prevención se han enfocado al establecimiento de marcos jurídicos

domésticos en materia de normas de prevención de conflictos de intereses, compras públicas,

contratación de funcionarios y protección a los denunciantes. También han buscado fortalecer el

control externo sobre los actos de las entidades públicas, mediante la promoción del acceso a la

información, la participación ciudadana y el fortalecimiento de los organismos superiores de control.

Junto con lo anterior, se ha perseguido dar mayor cumplimiento y difusión a otros mecanismos de

transparencia, como las declaraciones de patrimonio e intereses, los sistemas de compras públicas y

de contratación de funcionarios, y el acceso a la información. En materia de represión penal, ha

existido una tendencia a uniformar legislaciones penales para sancionar modalidades de corrupción,

como son el soborno nacional y transnacional, el tráfico de influencias, el lavado de activos y el

enriquecimiento ilícito. Las medidas adjetivas, procesales y operativas para cooperar en la persecución

de la corrupción más allá de las fronteras ha estado presente aunque de menor manera.

II. Una perspectiva desde los programas y planes nacionales anticorrupción

Por otra parte, los gobiernos también muestran tendencias anticorrupción más específicas. Numerosos

países han desarrollado programas anticorrupción y planes de acción que privilegian ciertas opciones

dentro de un amplio “catálogo de medidas anticorrupción” que ofrecen las convenciones vigentes, tales

como la CICC y la CNUCC. Estas son algunas de las principales tendencias:

1. La búsqueda de aumentar el control externo social sobre el Estado

La mayor transparencia y el acceso a la información

Existe un consenso regional en que la transparencia es una herramienta altamente eficaz y eficiente

para el escrutinio de los actos públicos, a la vez que una manera de relación entre Estado y ciudadanos

que fortalece la gobernabilidad democrática. La transparencia activa, denominada así porque implica

una entrega voluntaria y activa de información del Estado hacia los miembros de la comunidad, está

incorporada en los programas e iniciativas de gobierno sobre gobierno electrónico, atención ciudadana y

participación. Una de las grandes virtudes de la transparencia activa es que, salvo los recursos

habitualmente necesarios para la entrega de información, sólo requiere voluntad política para llevarse

adelante. A diferencia del acceso a la información, la transparencia activa no requiere leyes para la

entrega voluntaria de información en manos del Estado.64 Más aún, la transparencia activa facilita la

relación con los usuarios de las entidades públicas y permite una mejor entrega de servicios, por lo que

resulta ser un agente que favorece la eficiencia en la gestión pública y por ende beneficia a los

miembros de la comunidad. En Brasil, Bolivia, Chile y Perú también se han implementado iniciativas para

entregar información a los ciudadanos, sobre las funciones, personal y servicios brindados por entidades

públicas, aumentando la información a disposición de las personas y alentando el escrutinio público

sobre la gestión estatal.

64Salvo que determinada información sea legalmente reservada o secreta para proteger derechos o intereses considerados relevantes.


En Brasil se viene desarrollando hace años una política de transparencia activa, uno de cuyos mejores

exponentes es el Portal de la Transparencia, que permite a cualquier persona conocer la ejecución de los

programas y acciones del Gobierno Federal, del nivel estatal y del nivel municipal. Mediante la entrega de

abundante información presupuestaria, se pretende que cada ciudadano sea un vigilante de la correcta

aplicación de los recursos públicos en los asuntos que afecten a su comunidad. También se puede acceder

a abundante información sobre gastos públicos, funcionarios públicos, adquisiciones y empresas

proveedoras sancionadas, entre otros. Este portal es una iniciativa de la Contraloría General de la Unión

lanzada en noviembre de 2004, para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos. Se puede

acceder a ella en la siguiente dirección: http://www.portaltransparencia.gov.br

El acceso a la información también ha tenido un fuerte desarrollo en la región. Chile, Ecuador,

Guatemala, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, al

menos, cuentan con leyes específicas de acceso a la información. Prácticamente todas las leyes han sido

aprobadas durante la última década. Existe una corriente internacional creciente de promoción del

derecho de acceso a la información, y en ese marco se implementan políticas y programas

gubernamentales dirigidos a contar con una ley de acceso a la información y promover su ejercicio.

En el caso de Bolivia, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción elaboró un

proyecto de ley que se encuentra en debate legislativo. En Jamaica, se han efectuado campañas

ciudadanas para promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información, (por

ejemplo mediante avisos televisivos y campañas, como el Access to Information National High School

Essay Competition. En: http://www.ati.gov.jm/essay-competition.html. En Chile, los órganos de la

Administración del Estado recibieron en poco más de dos años de vigencia de la ley, más de 70.000

solicitudes de acceso a la información (fuente: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile, julio

2011) y existe una iniciativa para crear un sitio web que libere datos generados por todas las entidades

públicas.

La promoción de la participación de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos

Otro eje de actividad importante son las iniciativas gubernamentales para aumentar la participación de

la sociedad civil en la gestión pública y la rendición de cuentas de las autoridades. El control social

desincentiva prácticas corruptas y ayuda a generar redes de apoyo y capital social valioso para el

bienestar de comunidades locales y grupos de ciudadanos con intereses comunes, como el medio

ambiente, las obras viales o la entrega de mejores servicios. Algunos gobiernos parecen reconocer lo

obvio, que el Estado no se basta a sí mismo para controlarse y que requiere de otros actores que

colaboren en la tarea. Los planes y programas de anti-corrupción de numerosos países de la región

contemplan políticas y mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública. Así ocurre en el

caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú, donde en algunos casos se busca

explícitamente contar con un monitoreo ciudadano de las políticas públicas, especialmente en el ámbito

local.

http://www.ati.gov.jm/essay-competition.html


La política anticorrupción del gobierno en Bolivia tiene como uno de sus ejes de acción el fortalecimiento

de la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y herramientas de auditoría y control social,

el fomento a la participación ciudadana y la asociatividad, y la incorporación de mecanismos de rendición

de cuentas. En Perú, la Contraloría General de la República (CGR) ha impulsado desde el año 2007 las

veedurías ciudadanas, como actividades de control preventivo a través de las cuales la sociedad participa

en la supervisión de la gestión de los recursos del Estado en apoyo al control gubernamental, con el

acompañamiento y soporte técnico de la CGR. Las áreas de incidencia priorizadas para las veedurías

ciudadanas son los Programas Sociales, Obras Públicas y Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En

Brasil, el Programa Olho Vivo no Dineiro Público (Programa Ojo con el Dinero Público) es una iniciativa de

la Contraloría que promueve el control social, capacitando a más de 30.000 funcionarios públicos

municipales, consejeros y líderes sociales desde el año 2004, para efectuar un control social de los más de

cinco mil municipios del país. Más información en http://www.cgu.gov.br/olhovivo/OPrograma/index.asp

También existen algunas iniciativas complementarias a las del gobierno. Por ejemplo, en Paraguay, el

Proyecto de la Sociedad Civil Topu’a Paraguay65 persigue fortalecer a la sociedad civil paraguaya en su

capacidad de demandar rendición de cuentas al sector público, promover alianzas y mejorar su

interacción con el sector público.66

La búsqueda de un cambio en las conductas socialmente aceptadas

Las campañas educativas y de sensibilización buscan afectar favorablemente a la sociedad, modificando

las conductas perniciosas por otras beneficiosas. En algunos países de la región se llevan a cabo

campañas sostenidas sobre valores y sobre una cultura de la legalidad, para hacer coherentes los

esfuerzos a favor de la integridad efectuados desde dentro del aparato público, y para disminuir los

casos de corrupción, especialmente de la pequeña corrupción. Los gobiernos de Colombia, Brasil,

México y Perú, por ejemplo, han promovido líneas de actividad anticorrupción en este sentido.

La importancia de la educación y de la formación ciudadana como componentes de una estrategia

anticorrupción son evidentes en México, donde la Secretaría de la Función Pública lleva a cabo

sostenidamente hace años campañas promoviendo la cultura de la legalidad, mediante videos

ampliamente difundidos (“Que hubiera pasado si,” en 2008; ) y mediante la iniciativa Cien Minutos contra

la corrupción que consiste en una serie de cortos (“Con trampas No,” ”Hagamos lo correcto” y “Siempre

podemos ser honestos”) difundidos en salas de cine de todo el país.

2. El fortalecimiento de la capacidad estatal de control y de prevención de la corrupción

El fortalecimiento de los órganos de control externo e interno

Existe una tendencia clara de fortalecimiento de los órganos que efectúan una función preferente de

control. Los órganos superiores de control, como los denomina la CICC, comprenden normalmente las

Contralorías Generales de la República, los Tribunales de Cuentas, y las Procuradurías, aunque también

65“Que se levante Paraguay” en guaraní. 66El Proyecto, financiado por el Programa de Democracia de USAID-Paraguay está orientado a ejecutar actividades durante 2011 a 2013 en las áreas de Democracia, Derechos ciudadanos, Género, Transparencia y Anticorrupción. Ver http://www.semillas.org.py/lista_proyectos/proyecto-sociedad-civil-topua-paraguay/

http://www.cgu.gov.br/olhovivo/OPrograma/index.asp

http://www.semillas.org.py/lista_proyectos/proyecto-sociedad-civil-topua-paraguay/


pueden considerar otras entidades a las cuales el ordenamiento jurídico nacional entrega facultades

privativas de control administrativo, financiero o legal. Se ha hecho evidente en los foros especializados

que estos órganos desempeñan una función clave e indispensable en la prevención y detección de la

corrupción, debido a su nivel de especialización, a su injerencia en los procesos de gestión pública, y a su

relativa autonomía del Ejecutivo. Los tratados anticorrupción también otorgan importancia a tales

organismos, y comprometen a los Estados a dotarlos de suficientes recursos, capacidad, personal

especializado y autonomía para el desempeño de sus funciones. Como tales entidades buscan defender

su autonomía del Ejecutivo a la vez que buscan recursos, acceden frecuentemente a fondos otorgados

por la banca multilateral (BID, Banco Mundial) para sus planes estratégicos de fortalecimiento

institucional. Algunas líneas de política gubernamental anticorrupción ponen el acento en fortalecer

estas entidades superiores de control, dándole mayores atribuciones, concediendo recursos o

facilitándoles la conducción de iniciativas o políticas anti-corrupción, como ocurre en Argentina (la

Oficina Anticorrupción), Colombia (Programa Presidencial) y República Dominicana (Procuraduría).

La incorporación de políticas anticorrupción en los planes de gobierno

Si bien en el pasado el diseño de políticas anticorrupción no era considerado un elemento necesario

para la actuación de los gobiernos, ahora sea considerado prácticamente indispensable hacerlo. La

ciudadanía exige cada vez más un pronunciamiento de los gobiernos sobre cómo luchará contra la

corrupción y quiénes serán los responsables de tal tarea. Adicionalmente, la CNUCC incorporó como

imperativo para los Estados firmantes la elaboración y coordinación de una política de prevención de la

corrupción.67

Hoy en día es más fácil la identificación de órganos que elaboran y coordinan las políticas de

prevención, como ocurre en Brasil, con la Oficina de la Contraloría (CGU), y en Venezuela con la

Contraloría General de la Republica (CGR); en Colombia, con el Programa Presidencial de

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; en Argentina, con la Oficina

Anticorrupción; en República Dominicana, con la Procuraduría General de la Republica (PGR); o en

Bolivia, con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción; o la Secretaría

de la función pública en México; por mencionar algunos. Existen países en los cuales la identificación

de un solo órgano gestor de políticas es más difícil, sea por su sistema político (donde el Parlamento

puede compartir responsabilidades con el Ejecutivo) o por la división de funciones entre diversos

órganos públicos, lo que exige un esfuerzo de coordinación mayor entre ellos.

El diseño, implementación y revisión constante de las políticas anticorrupción orienta a los actores

públicos y privados, genera información útil para la ciudadanía, y permite una actuación más coordinada

de los órganos estatales a cargo del control político, financiero y administrativo.

La búsqueda de mayor coordinación entre órganos en el Estado.

Actualmente hay una aceptación por expertos, autoridades y organismos de que la corrupción es un

fenómeno complejo. Asimismo, el estudio de las modalidades y procesos de corrupción ha dejado de

manifiesto que cada organismo público cumple sólo una parte de la gran labor de lucha contra la

67Para un análisis detallado del artículo 5 de la CNUCC y sus implicancias, ver “Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for implementing Article 5 of UNCAC?” Karen Hussmann, 2007.


corrupción y que en consecuencia, la efectividad en esta lucha depende también de la capacidad de las

entidades de coordinarse y brindarse apoyo en una tarea común. Las operaciones conjuntas para

detectar casos de corrupción han mostrado ser útiles en Colombia y en Brasil. La coordinación entre

agencias del Estado ha sido declarada como un objetivo en los planes preventivos de Paraguay y Bolivia,

así como en los planes de fortalecimiento investigativo en México y República Dominicana.

En Chile, tres organismos autónomos se encuentran coordinando esfuerzos en la lucha contra la

corrupción. La Contraloría General de la Republica (CGR), un órgano de control legal y administrativo,

autónomo del gobierno; el Consejo de Defensa del Estado, un organismo encargado de representar

judicial y extrajudicialmente al Estado de Chile; y el Ministerio Público, encargado de la investigación

de delitos. Los tres acordaron fortalecer la coordinación interinstitucional en la detección e

investigación de actos de corrupción. Uno de los efectos de este acuerdo es la colaboración que se

prestan hoy en día la Contraloría y el Ministerio Público, donde se facilita la presentación de

denuncias penales por parte de la Contraloría General, además de colaborar con ella en actividades

de capacitación anticorrupción. La Contraloría debe facilitar el acceso a la fiscalía a declaraciones de

patrimonio e intereses de funcionarios públicos y a la base de datos del organismo. Esta actividad de

mejora en la coordinación se basó en el diagnóstico que la Contraloría efectuó en 2008 sobre la

capacidad institucional del país para implementar la CNUCC advirtiendo que, dadas las exigencias del

instrumento internacional, resultaba necesario fortalecer la coordinación con otros órganos con

competencias en la materia.

El aumento de las acciones entre órganos del Estado, academia y el sector privado.

La coordinación con otros actores se ha mostrado un elemento relevante de políticas e iniciativas

gubernamentales en la región. La sociedad civil organizada se ha mostrado un aliado calificado y con

importancia política en la lucha contra la corrupción. Si bien en los años 90 la red de capítulos nacionales

de Transparencia Internacional contribuyó sustancialmente a la vigilancia ciudadana y a la promoción de

la transparencia, ahora existen muchas otras organizaciones activas en iniciativas directa o

indirectamente vinculadas a la lucha contra la corrupción. Actualmente, numerosas universidades de la

región enfocan sus centros de estudios e investigación hacia el tema de la corrupción generando

conocimiento, bases de datos, pero también integrándose a proyectos, en alianza con organismos

estatales o la sociedad civil. En Guatemala y El Salvador, el seguimiento de la sociedad civil a la

implementación de la CICC obtuvo mayor solidez técnica gracias a la participación de prestigiosas

universidades, y al diálogo entre estas instancias de la sociedad civil y las oficinas gubernamentales

responsables del seguimiento. En Chile, las universidades prestan al Estado chileno de importantes

servicios asesoría, formación y capacitación en probidad, transparencia y lucha contra la corrupción. Por

otra parte, el sector privado, un actor normalmente asociado a la oferta de corrupción, y que no ha

estado presente en los planes anticorrupción de los gobiernos, ahora aparece aunque tímidamente en la

región, siendo invitado a participar en iniciativas y campañas por la ética en los negocios y la

responsabilidad social empresarial. En Brasil, México y Argentina se promueven acuerdos con el sector

privado para disminuir la corrupción y adoptar buenas prácticas en los negocios, así como en Colombia

se siguen promoviendo pactos de integridad en el ámbito de las compras públicas, una buena práctica

que se reproduce en otros países.


En Brasil se está desarrollando hace algunos años una cooperación entre el gobierno y la sociedad civil

organizada, que persigue la promoción de la ética en los negocios, la prevención y combate a la

corrupción, y el estímulo a la implantación de medidas de integridad en las relaciones comerciales. La

Oficina de la Contraloría (CGU) ha llevado adelante actividades de cooperación con el sector privado a

través de la organización Ethos, como es la elaboración del Manual de Combate a la corrupción en el

sector privado y la realización del Curso Virtual para pequeñas y medianas empresas. También se han

desarrollado actividades entre la CGU, el Instituto Ethos y Confea (Consejo Federal de Ingeniería,

Arquitectura y Agronomía), para el desarrollo de mecanismos para la prevención y combate a la

corrupción en las licitaciones, contrataciones y ejecución de obras públicas, así como en acciones de

promoción de la ética e integridad para las empresas constructoras y profesionales de la área de

ingeniería. La más importante iniciativa en curso es el Proyecto “Juegos Limpios Dentro y Fuera de los

Estadios,” mediante la participación de las empresas firmantes del Pacto Empresarial por la

integridad y contra la corrupción, que persigue el combate a la corrupción por intermedio de acciones

colectivas, educación y formación, y la promoción de la transparencia e integridad en las obras de

infraestructura de la Copa del Mundo del 2014 y las Olimpiadas del 2016. (Iniciativas para la

cooperación entre los sectores público y privado: el caso de Brasil; Mario Vinícius Spinelli, 2011).

3. El interés sobre los recursos humanos estatales y sus modos de actuación

La importancia de la carrera funcionaria pública y de los límites de actuación

Durante casi dos décadas se vienen llevando a cabo en la Región reformas en materia de carrera

funcionaria y gestión de personas. Es un impulso ya permanente originado en la introducción de

tecnologías de gestión de recursos humanos promovidas y financiadas por la banca multilateral, y

adoptadas por gobiernos en el marco de procesos de modernización y reforma del Estado. A su vez, el

impulso de la carrera funcionaria, enfatizando un sistema de ingreso y promoción al servicio civil basado

en el mérito, y por la estabilidad en el empleo, ha sido considerado en los foros internacionales un

elemento central para disminuir la corrupción, ya que puede facilitar la separación entre la dirección

política del gobierno y la entrega regular e igualitaria de servicios públicos a la comunidad.

Este interés por la gestión de las personas en la función pública se ha complementado y profundizado

por un marcado interés de expertos y gobiernos por establecer marcos jurídicos sobre la conducta ética

de funcionarios y autoridades. En toda la región se han llevado a cabo reformas legales, estableciendo

limitaciones a la conducta de los funcionarios y a su ingreso a la función pública. Esto es especialmente

valido desde la suscripción de la CICC y luego de la primera Ronda del MESICIC, en 2002, ya que fue un

tema de revisión. Los ordenamientos nacionales han establecido normas sobre inhabilidades de ingreso,

incompatibilidades y prohibiciones, fundamentalmente destinadas a garantizar la integridad funcionaria

y prevenir conflictos de intereses. Junto con normas legales, se han creado códigos de ética o manuales

de integridad, que facilitan la difusión de las normas legales entre los funcionarios a través de la

capacitación. Más recientemente, en países como Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile y República

Dominicana, los gobiernos han realizado en los últimos dos años reformas de las normas existentes,

para ampliar su alcance a otros funcionarios públicos, endurecer las sanciones administrativas y penales,

y/o para regular mejor algunas actividades del servicio.


Chile es uno de los países con mejores indicadores en materia de transparencia, y se ha dotado desde

1999 cuando se aprobó la Ley de Probidad y se modificó el Código Penal, en materia de corrupción; en

2006 se ratificó la CNUCC y se enviaron múltiples proyectos de Ley al Congreso, uno de los cuales se

tradujo en la actual Ley Nº 20.285 sobre transparencia publica y acceso a la información. Chile cuenta

con leyes que regulan el ingreso a la función pública de los funcionarios públicos y autoridades de

todos los poderes del Estado, que establecen requisitos, inhabilidades e incompatibilidades asociados

a la prevención de conflictos de intereses; que fijan conductas prohibidas como son el uso indebido de

información privilegiada, el tráfico de influencias, el uso de personal o de recursos para fines distintos

a los institucionales, la recepción de regalos, la participación en asuntos en que hubiera implicancia

para conflicto de interés, la prohibición de vulnerar la licitación pública en materia de compras, y la

infracción a deberes de eficacia, eficiencia y legalidad. Se ratificó el deber de denunciar actos de

corrupción, y se estableció el deber de prestar declaraciones de intereses y de patrimonio. El año 2011

el gobierno ha ratificado su voluntad de legislar sobre materias de largo debate en el país, como es el

lobby y el fideicomiso ciego para las más altas autoridades (fuente:

http://www.imaginaccion.cl/seminario/comunicado.pdf).

4. El interés sobre las operaciones de gasto público: las compras públicas y las transferencias

Un eje de actividad importante en muchos países es la transparencia y el control sobre los gastos

públicos

Muchas iniciativas gubernamentales, y no gubernamentales, están enfocadas sobre las compras públicas

y el control sobre el uso de los recursos presupuestarios de las entidades públicas. Los mecanismos de

compras del Estado han sido objeto de reformas durante los 90 y después, con una fuerte incorporación

de tecnologías de información como herramientas de transparencia y eficiencia. Por ejemplo, los

gobiernos de Colombia, Perú, República Dominicana y Jamaica han generado política y han reforzado el

control de los procesos de compra, especialmente incorporando el control ciudadano a nivel local o el

apoyo de organizaciones de la sociedad civil en pactos de integridad.

En Colombia, por ejemplo, el Programa Presidencial anticorrupción focaliza esfuerzos de control con

ayuda de la sociedad civil en las inversiones en Salud, Vivienda, Educación y Medio Ambiente,

mediante el programa de Auditorías Visibles. Asimismo, busca acompañar procesos contractuales de

alto impacto y grandes cuantías, haciendo uso de herramientas de comprobada eficacia en Colombia

en épocas anteriores como son los Pactos de Integridad (fuente: Programa Presidencial de

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/PPLCC.aspx)

En materia de gasto público también destacan algunas iniciativas para el control del gasto a través de las

transferencias, transparentando los montos transferidos desde el nivel central a entidades,

departamentos y municipios. En algunos países los gobiernos han centrado esfuerzos, alentando un

control ciudadano mediante las rendiciones de cuentas, como en Bolivia, y transparentando los recursos

asignados a entidades, proyectos e inversiones, como ocurre en Brasil con el Portal de la Transparencia y

los portales de transparencia de las entidades públicas. El control de los recursos es una base de trabajo

para la auditoria ciudadana, y que en diversas modalidades se ha implementado en la Región. Por

ejemplo, el Índice General Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria (IGTP) de 2009 consideró a

http://www.imaginaccion.cl/seminario/comunicado.pdf

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/PPLCC.aspx


Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República

Dominicana y Venezuela. El IGTP mide el nivel de transparencia presupuestaria definida como la

existencia de un marco normativo y prácticas claras en el proceso presupuestal, al acceso del público a

la información y a los mecanismos formales de participación durante el proceso presupuestal. Los

resultados de este estudio muestran percepciones reprobatorias para todos los países de la región con

excepción de Costa Rica.68 La importancia de la transparencia presupuestaria está claramente explicada

por los autores del IGTP al señalar la gran relevancia que tiene para la rendición de cuentas “…porque la

disponibilidad de la información sobre las distintas fases, procesos y resultados de los presupuestos

públicos es un componente esencial para conocer el instrumento de política pública más importante de

los gobiernos. En el presupuesto se definen las prioridades del gobierno en términos monetarios y se

puede saber quiénes serán ganadores y perdedores de la política presupuestaria.”

5. El desarrollo de capacidades para detectar y prevenir la corrupción pública

Más que leyes, ojos y brazos.

Otra tendencia visible en la región ALC es la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades de

detección e investigación de actos de corrupción. Una vez creada una base jurídica para sancionar

prácticas corruptas, los gobiernos se han dado cuenta que las mejores leyes requieren que el Estado

cuente con ojos que puedan ver oportunamente las prácticas corruptas, y brazos fuertes y ágiles para

apresar y castigar. De otro modo, las leyes serán sólo “papel mojado.” Las instancias investigadoras y

sancionadoras requieren procesos y entidades fuertes y tecnificadas para luchar contra la corrupción.

De esto han dado cuenta las convenciones anticorrupción, y con especial vigor la CNUCC.

Recientemente, en México, Argentina, República Dominicana y Bolivia, entre otros, los gobiernos se

encuentran desarrollando iniciativas para fortalecer esta capacidad investigadora y hacer eficaz la

detección y represión de la corrupción. Esto implica la capacitación y especialización de los recursos

humanos de las Procuradurías, Fiscalías y Contralorías; la asignación de mayores presupuestos a estas

entidades; el establecimiento de acuerdos de cooperación y de intercambio de información; y el

desarrollo de técnicas modernas de detección e investigación. Pero además, las entidades deben contar

con herramientas que les permitan obtener información valiosa para la detección y represión, como son

las denuncias y las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos y altas

autoridades. En los mismos países señalados, pero también en Brasil, Chile y Jamaica, se percibe un

mayor interés por el cumplimiento del deber de presentar tales declaraciones y el uso efectivo de ellas

para detectar conflictos de intereses y prácticas corruptas. Los organismos responsables de la

verificación del cumplimiento de esta obligación funcionaria están más alertas, y en algunos casos

utilizan regularmente las declaraciones en sus funciones de control y detección.

68http://www.iltpweb.org/

http://www.iltpweb.org/


En Argentina, la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y Recursos Humanos, utiliza desde

hace años las declaraciones de patrimonio en sus tareas de prevención y detección. La Dirección de

Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción efectúa un control de las declaraciones juradas

patrimoniales. En 2010 verificó 157 casos de declaraciones en las que existían datos que apuntaban a

la probable comisión de delitos. Por otra parte, la Dirección de Investigaciones tiene como misión la

investigación de casos de corrupción, y utiliza la información de las declaraciones juradas

patrimoniales para querellarse y/o hacerse parte de procesos penales por corrupción. En Brasil, una

de las medidas más importantes de fortalecimiento de la capacidad investigadora podría ser la

creación, en 2006, de la Secretaría de Prevención de la Corrupción e Informaciones Estratégicas, que

ha perseguido dar mayor coordinación y unidad de acción a las labores de inteligencia contra la

corrupción, así como promover técnicas innovadoras en prevención de la corrupción.

La promoción de la denuncia de actos de corrupción es otra tendencia regional, en la que algunos países

implementan mecanismos novedosos para obtener denuncias y para proteger a los denunciantes. En

2003, el informe de Chile ante el MESICIC afirmaba que más de un cuarto de las denuncias de corrupción

efectuadas ante el consejo de Defensa del Estado provenían de dirigentes sindicales del sector público,

ya que los verdaderos denunciantes conducían sus denuncias ante representantes con fuero legal ante

el temor de represalias. En otro contexto y recientemente, la Oficina de Anticorrupción en Argentina ha

afirmado que la mayoría de los denunciantes son personas que tienen un vínculo laboral o comercial

con la Administración Pública. Asimismo, que estas personas sienten temor de represalias físicas,

laborales o económicas, y que esta circunstancia dificulta la obtención de información útil para

complementar o dirigir las investigaciones. Por esta misma razón, se promueve la denuncia y la protección

de denunciantes en los países de la región, en particular México, Argentina, Bolivia y Colombia.

6. Una búsqueda de mayor adhesión a estándares internacionales

Hoy en día existe un mayor reconocimiento político a los acuerdos internacionales. Prácticamente la

totalidad de los gobiernos de la región reconocen que la CICC y la CNUCC son un fundamento valioso de

la acción pública en general, y de la acción anticorrupción en particular. Las organizaciones de la

sociedad civil fortalecen sus posiciones basándose en las exigencias de los estándares internacionales, y

ejercen una vigilancia por su implementación en el medio nacional. Este proceso rápido e intenso de

vinculación de las normas internacionales con las nacionales ha sido promovido mediante acciones

regionales de la OEA, que a través de su Secretaría de Asuntos Jurídicos brinda apoyo, asistencia y

coordinación a iniciativas en ALC, y una acción sostenida del Programa de Convenciones Anticorrupción

para las Américas, de Transparencia Internacional, que a través de sus capítulos en la región ejerce una

vigilancia constante sobre la implementación de la CICC. Hoy en día 26 países de la Región integran el

MESICIC. Por otra parte, la acción de promoción de la CNUCC efectuada por las Naciones Unidas, a

través del programa de acciones ejecutado por UNODC, también ha generado un efecto importante y

positivo en los gobiernos, instándolos a tomar medidas de implementación y de fortalecimiento del

marco jurídico y de capacidades en la recuperación de activos.69 Algunos países además, contemplan

69UNODC brinda asistencia técnica a los países para el diseño de políticas anticorrupción y el fortalecimiento institucional para la implementación de la CNUCC. Asimismo, promueve políticas preventivas, instituciones y una mayor conciencia de la corrupción y sus efectos. Pero además establece integra y asociaciones con organizaciones internacionales y regionales para la lucha contra la corrupción, como la Asociación Internacional de Autoridades Anticorrupción, GOVNET, OCDE, GRECO, y GOPAC. También lleva a delante desde 2007, en asociación


explícitamente en sus políticas y programas la necesidad de incorporarse activamente en el medio

internacional anticorrupción, obtener cooperación e incluso intervenir con propuestas de alcance global.

Actualmente, las convenciones anticorrupción son el fundamento político, técnico y jurídico de políticas

gubernamentales e iniciativas de la sociedad civil.

En México, la Secretaría de la Función Pública tiene como una de sus acciones gubernamentales

prioritarias, inhibir y sancionar las prácticas corruptas. Específicamente ha resuelto que la reducción

de los niveles de corrupción en la Administración Pública federal es un objetivo estratégico para el

periodo 2007-2012. Por esto, el gobierno de México envió al Parlamento, en 2010, un proyecto de ley

de Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que

contempla normas sobre protección a denunciantes y personas que aporten información relacionada

con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. El proyecto contempla

también otorgar beneficios económicos, estímulos y recompensas a favor de los denunciantes que

proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de faltas

administrativas. Fue aprobado en el Senado, y la Cámara de Diputados debe pronunciarse en 2011.

Otras iniciativas apuntan a la participación de la sociedad civil como testigos civiles para la posible

identificación de actos de corrupción, y a la aplicación de la técnica del “usuario simulado”, estrategia

operativa mediante la cual se realiza la detección y captura en flagrancia de servidores públicos

corruptos dentro de la Administración Pública Federal, cuando existe evidencia jurídica real y probada

de una solicitud de dinero o dádiva, por parte de un Servidor Público Federal.

La CGU en Brasil ha definido como uno de sus ejes de acción el cumplimiento de los compromisos

internacionales anticorrupción, y el acompañamiento de la evolución de la sociedad internacional en

el tratamiento de la corrupción. Coherentemente, ha suscrito la CICC, la Convención de la OCDE para

el combate al soborno transnacional, la CNUCC (Argentina, Chile y México también han adherido a

estas tres convenciones), y el acuerdo de Cooperación India, Brasil y África del Sur (el Acuerdo de

Cooperación trilateral India, Brasil y África del Sur se estableció con el objetivo de alcanzar diversos

sectores de políticas públicas, conforme consignado en el Memorando de Entendimiento entre los

Gobiernos de India, Brasil y África del Sur, para cooperación en las áreas de administración y

gobernanza pública en las siguientes áreas específicas:

1- Monitoreo y evaluación integrados

2. E-gobernanza

3. Desarrollo de recursos humanos

4 Prestación de servicios orientados al ciudadano

5. Ética y combate a la corrupción

6. Responsabilidad social y transparencia

Se ha elaborado propuestas de reforma legal en sintonía con estos instrumentos jurídicos

internacionales.

Fuente: CGU).

con el Banco Mundial, la StAR Initiative, para la recuperación de activos. Más información sobre las actividades de UNODC en “Thematic Programme. Action against Corruption & Economic Crime (2010-2011)”, UNODC.


III. Una visión desde la actividad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Las OSCs de la región desarrollan una indispensable y amplia labor anticorrupción. Los tipos de

organizaciones actuando en estas materias son variadas, por ejemplo: organizaciones no-

gubernamentales (ONGs), sindicatos, universidades, organizaciones gremiales, colegios profesionales,

organizaciones defensoras de los derechos humanos, fundaciones y organizaciones comunitarias. En

general, estas organizaciones tiene el potencial de incidir en las políticas anti-corrupción y de promover

reformas legales, particularmente si trabajan juntas en algún tipo de coalición. También impulsan el uso

de herramientas anticorrupción, y buscan fortalecer su propia capacidad de acceder a información,

incidir y ejercer control social sobre el gobierno, los demás poderes del Estado y el sector privado. Si

bien las áreas de acción de estas organizaciones normalmente son más imprecisas y cambiantes que las

de los gobiernos,70 se visualizan ciertas áreas de mayor coincidencia.71

La transparencia en la política es uno de los temas más convocantes. En algunos países se han

producido alianzas entre OSC para efectuar vigilancia ciudadana de los procesos electorales.72 En otros

países organizaciones lo suficientemente fuertes han asumido iniciativas permanentes de monitoreo

electoral y del financiamiento de las campañas impulsando la vigilancia de los comicios y la denuncia de

irregularidades, como es el proyecto Viva el Voto, que gane el voto, en Nicaragua,73 y en otros casos se

han creado herramientas tecnológicas para transparentar el financiamiento de la política, como sucede

con el proyecto As Claras,74 una iniciativa de Transparencia Brasil, destinada a transparentar quién

financia a quien en las elecciones. El Proyecto Crinis, una iniciativa conjunta de Transparencia

Internacional y el Centro Carter, evalúa los niveles de transparencia en la legislación y las prácticas de

financiamiento de las campañas electorales, detectando vulnerabilidades y fortalezas.75

Otra área de actividad importante es la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos

públicos, la transparencia y el monitoreo ciudadano. Transparencia Venezuela evalúa periódicamente los

niveles de transparencia presupuestaria de los organismos del Estado, mediante su participación en el

proyecto Índice Presupuestario Abierto y en actividades con Alcaldías para acordar buenas prácticas

70Las áreas de acción de estas organizaciones son más imprecisas, ya que a diferencia de los Estados, que tienen organismos especializados o responsables de áreas de política, estas son múltiples y variadas en cada país, y operan nacionalmente y a veces internacionalmente apoyadas en redes, variando sus ejes temáticos dependiendo de definiciones propias de política. 71 Para estos efectos se examinaron las páginas Web de 16 reconocidas OSC e iniciativas colectivas de 14 países de la Región:, Transparencia Mexicana (México), Acción Ciudadana (Guatemala), Ética y Transparencia (Nicaragua), Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Panamá), mi Panamá Transparente (Panamá), Finjus (República Dominicana), Participación Ciudadana (República Dominicana), Transparencia Venezuela (Venezuela), Transparencia por Colombia (Colombia), Grupo Faro (Ecuador), Transparencia Brasil (Brasil), CIRD (Paraguay), Proética (Perú), Participa (Chile), Chile Transparente (Chile), Poder Ciudadano (Argentina). Adicionalmente, se tomó en cuenta la recopilación de iniciativas anticorrupción de la Segunda Reunión Regional de Especialistas en Transparencia, Rendición de Cuentas y Lucha contra la Corrupción en América Latina, contenida en el documento “Anticorrupción: actualizando los desafíos”, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile,2009, que recogió las iniciativas de otras 24 organizaciones: Fundar (México), Alianza Cívica (México), Recrea (Costa Rica), Fundación Acceso (Costa Rica), Alianza Ciudadana por la Justicia (Panamá), Sinergia (Venezuela), Parcomun (Colombia), Red ONG por la Transparencia (Colombia), Congreso Visible (Colombia), Corporación Participación Ciudadana (Ecuador), Coalición Acceso (Ecuador), Contas Abertas (Brasil), Ibase (Brasil), IPYS (Perú), Asociación Civil Transparencia (Perú), Comisión Andina de Juristas (Perú), Humanas (Chile), CIPPEC (Argentina) ADC (Argentina), CEDES (Argentina), ACIJ (Argentina) CIPCE (Argentina), Centro Latinoamericano de Economía Humana (Uruguay), e, ICD (Uruguay). 72Iniciativa Bolivia transparente, un consorcio de once organizaciones bolivianas dedicadas a hacer vigilancia electoral ciudadana, con la cooperación de Partners of the Americas, NED, AECID, IDEA, y ASDI. Más información en www.boliviatransparente.org 73Iniciativa de la ONG Ética y Transparencia. Más información en www.eyt.org.ni 74Más información en http://www.asclaras.org.br 75La metodología se aplicó en ocho países en 2006, dando lugar al reporte “CRINIS: dinero en la política, asunto de todos”. En 2009 se inició como proyecto en Honduras.

http://www.boliviatransparente.org/

http://www.eyt.org.ni/

http://www.asclaras.org.br/


presupuestarias;76 Transparencia Brasil ejecuta la iniciativa Excelencias,77 un sitio Web que entrega

abundante información sobre los parlamentarios en ejercicio, sus patrimonios, viajes, votaciones y

posiciones frente a proyectos de ley, en el ámbito federal y estatal.78 El Centro de Información y Recursos

para el Desarrollo, en Paraguay, por su parte, dedica sus acciones a fortalecer la participación de la

sociedad civil mediante el programa de apoyo a las iniciativas ciudadanas, el debate y el diálogo entre

ciudadanos y sectores políticos y público, y la colaboración entre organizaciones.79 En Colombia, con un

enfoque diferente, la organización Parcomun80 persigue el fortalecimiento de la participación y la

autogestión de las comunidades y de las organizaciones populares.

El acceso a la información y la transparencia pública también convocan actualmente a muchas OSCs.

Este eje de acción se ha ido fortaleciendo año tras año, tanto por que se han dictado leyes en la región

que reconocen el derecho a estar informado, como por el consenso acerca que la transparencia de la

gestión pública es una condición de eficacia de la participación, la vigilancia ciudadana y la prevención

de la corrupción. Algunas organizaciones promueven activamente el derecho de acceso a la información,

como es el caso de Proacceso en Chile,81 principal promotora de la ley chilena sobre transparencia y

acceso a la información, y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de Nicaragua, que lideró la

coalición por la transparencia que logró la aprobación en la Asamblea de la ley de Acceso a la

Información en el 2007.82 Esta organización además desarrolla un nutrido programa de trabajo con

periodistas y medios de comunicación.83 Como esta organización, otras OSCs han verificado que la

promoción de la transparencia en alianza con periodistas y medios da valiosos resultados en la lucha

contra la corrupción, como lo ejemplifica la experiencia de Proética e IPYS, 84 en Perú, quienes

desarrollaron acciones promoviendo el periodismo de investigación. Por su parte, IPYS en asociación con

Transparencia Internacional, organiza todos los años el Premio Latinoamericano de Periodismo de

Investigación y posee un gran banco de datos regional sobre la materia. Una gran cantidad de

organizaciones pro transparencia se unen en iniciativas amplias como fue la Declaración de Atlanta y Plan

de Acción para el avance del Derecho de Acceso a la Información. Más de un centenar de organizaciones

pro-transparencia, recomendaron a los donantes internacionales apoyar los esfuerzos que los países hagan

para implementar, hacer cumplir y monitorear el derecho de acceso a la información, brindando asistencia

técnica y fondos a de largo plazo. A los Estados los llamó a incluir la promoción del derecho de acceso a la

información como parte de las estrategias nacionales de desarrollo y crecimiento, y de las políticas

76Ver http://www.transparencia.org.ve 77Para mayor información acceder a http://www.excelencias.org.br 78http://transparency.globalvoicesonline.org/project/excel%C3%AAncias 79Para este eje de acción recibe apoyo de USAID. Más información en http://www.cird.org.py 80Ver http://www.parcomun.org 81Proacceso se ha convertido en el principal referente de la sociedad civil chilena en la promoción exitosa de una ley sobre acceso a la información (Ley Nº 20.285, de 2009) y ha participado en el diseño de políticas y estrategias de implementación de la normativa vigente desde abril de 2009. Ver en http://www.proacceso.cl 82También actúan en la promoción de la transparencia en la gestión pública Poder Ciudadano, Transparencia Bolivia, Faro, Transparencia Venezuela, Acción Ciudadana y Participa. 83 Más información sobre sus actividades y programas sobre libertad de expresión y transparencia en la página web http://www.violetachamorro.org.ni 84El IPYS es una sociedad de periodistas que promueve la libertad de prensa y el periodismo de investigación. Originada en el Perú, sus miembros son profesionales independientes de varios países latinoamericanos. Ver más en http://www.ipys.org

http://www.transparencia.org.ve/

http://www.excelencias.org.br/

http://transparency.globalvoicesonline.org/project/excel%C3%AAncias

http://www.cird.org.py/

http://www.parcomun.org/

http://www.proacceso.cl/

http://www.violetachamorro.org.ni/

http://www.ipys.org/


sectoriales,85 un aspecto interesante que permitiría aumentar la demanda ciudadana de información y

vincular acceso a la información con mejores condiciones para el ejercicio real de los demás derechos.

La transparencia de la justicia es otro eje de acción de alta relevancia en la Región. La impunidad es uno

de los principales problemas, y a la vez, existe una fuerte percepción ciudadana sobre la opacidad y el

mal funcionamiento del poder judicial.86 Diversas iniciativas de la sociedad civil buscan atacar este

problema. Acción Ciudadana, en conjunto con Global Integrity, elaboró indicadores de transparencia en

la justicia en Guatemala como una manera de mejorar las malas prácticas del poder judicial y disminuir

la impunidad.87 En Argentina, el Centro de Investigación y Prevención de la Delincuencia Económica

mantiene un observatorio social contra la impunidad de la corrupción88 en el cual publica información

actualizada sobre causas judiciales de corrupción e iniciativas legales. Elección Visible89 por su parte, es

un frente de ciudadanos para vigilar y fomentar mayores niveles de transparencia en la selección de

magistrados y dignatarios de altas Cortes y otras autoridades en Colombia.90 En República Dominicana,

FINJUS, en un consorcio de siete organizaciones, participa del Programa Acción Ciudadana por la Justicia

y la Transparencia, con el propósito de contribuir a la profundización de las reformas del Estado,

incrementar la participación ciudadana y estimular una cultura de la transparencia y rendición de

cuentas en el sector justicia y gubernamental.91 Existen además otras iniciativas, destinadas a brindar

mayor eficacia a la acción investigativa de los actos de corrupción. Uno de ellos es el proyecto para la

difusión de las declaraciones de bienes de los funcionarios entrantes y salientes,92 de Participación Ciudadana

en República Dominicana destinando a transparentar las declaraciones, y a facilitar la detección de conflictos

de intereses o delitos de corrupción en autoridades. Otra iniciativa la lleva a cabo Acción Ciudadana, en

Guatemala, mediante el proyecto denominado Asistencia Legal Anticorrupción,93 para la recepción de

denuncias de corrupción, y la entrega de asistencia legal y acompañamiento a los denunciantes.

La promoción e implementación de tratados internacionales anticorrupción es otra área de acción de

las OSCs, las que encuentran en los estándares internacionales un punto de apoyo para sus líneas de

acción y actividades. Muchas OSCs han ido conociendo la existencia, contenidos y valor de las

convenciones anticorrupción, y las utilizan para enfocar sus actividades, participar en los foros

internacionales y mecanismos de seguimiento, así como para incidir en la agenda gubernamental. El

Programa de Convenciones Anticorrupción para las Américas,94 de la organización Transparencia

Internacional ha brindado soporte técnico a numerosas OSCs, capacitación y apoyo en el uso de las

convenciones y en el monitoreo de su implementación. Esta coalición internacional ha participado

85International Conference on the Right to Public Information,” Centro Carter, 2008. 86Para información sobre Panamá y Centroamérica, se puede consultar “Controles y descontroles de la corrupción judicial”, Fundación para el Debido Proceso Legal, 2007. También sobre la vinculación derechos humanos y corrupción y los efectos distorsivos del sistema judicial sobre víctimas y testigos, ver “Corrupción y Derechos Humanos,” Christian Gruenberg y Pedro Biscay, Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos, 2007. 87Ver los informes en http://www.transparenciajudicial-gt.org/sobre 88El CIPCE es una organización no gubernamental dedicada al desarrollo de políticas de prevención de la criminalidad económica y a la promoción de mecanismos de recuperación de activos de la delincuencia económica o la corrupción. 89Ver más en http://www.eleccionvisible.com 90También actúan en el área de justicia y corrupción: Poder Ciudadano, Transparencia por Colombia, Alianza Ciudadana por la Justicia y la Comisión Andina de Juristas. 91Finjus también ejecuta otros proyectos en el sector justicia y de educación legal popular; más información en http://www.finjus.org.do/ 92Este proyecto contó con financiamiento del PNUD y apoyo de Transparency international. 93Este proyecto contó con financiamiento del PNUD y apoyo de Transparency international. 94Ver más en http://www.transparency.org/regional_pages/americas/convenciones

http://www.transparenciajudicial-gt.org/sobre

http://www.eleccionvisible.com/

http://www.finjus.org.do/

http://www.transparency.org/regional_pages/americas/convenciones


activamente en todas las rondas del MESICIC, interviniendo en los foros multilaterales y colaborando en

la presentación de informes nacionales de seguimiento, y ha participado en los debates para el

mecanismo de seguimiento de la CNUCC. Aún más, han alentado a que los donantes internacionales

integren las recomendaciones del MESICIC a sus estrategias de asistencia.95 Junto con esta labor, las

OSCs en la región han mostrado un progreso en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas en

diversas áreas, y proveen de abundante información útil para el examen del fenómeno de la corrupción

y para su control. Así, numerosas organizaciones publican mediciones, informes y diagnósticos de la

corrupción, e inciden sobre la opinión pública, alentando el debate y la participación en la discusión de

las medidas anticorrupción o cuando se dan escándalos de corrupción.96

A diferencia de los gobiernos que desarrollan políticas anticorrupción que son transversales, las OSCs

enfocan sus limitados recursos a áreas o sectores específicos, desarrollando así ciertos focos sectoriales

de acción. Por ejemplo, los servicios sociales y el combate a la pobreza son ejes de trabajo en diversos

países. Proética, en Perú, desarrolla actividades de prevención de la corrupción en salud,

promocionando planes de lucha anticorrupción en gobiernos locales y regionales; en educación,

impulsando el control de la gestión de los establecimientos educacionales; y, vinculando lucha contra la

corrupción con el combate a la pobreza, buscando reducir los riesgos de corrupción en la provisión de

servicios sociales en contextos de pobreza.97 En una línea similar, en Chile la Corporación Participa

desarrolló en 2009 un proyecto para transparentar la asignación de subsidios de riego campesino.98 La

transparencia y el debate sobre la política energética y sus beneficios es otro tema que está siendo

promovido por OSCs, en particular en países productores de energía, como ocurre con el petróleo, foco

de trabajo de Transparencia Venezuela99 y Grupo Faro de Ecuador.100 La transparencia en las políticas y

gestión de los recursos naturales también ha concitado la acción de las OSCs, especialmente en el agua,

aunque se ha incrementado el interés por la prevención de la corrupción en el sector forestal. Los

bosques y la industria forestal pueden ser más vulnerables a las irregularidades y prácticas corruptas,

especialmente en países con condiciones difíciles de fiscalización. En Honduras, la organización Global

Witness y la Comisión Nacional por los Derechos Humanos han realizado visitas a las regiones más

deforestadas y efectuado recomendaciones a las autoridades para controlar la tala indiscriminada de

árboles. En Nicaragua, se efectuó en 2006 un Proyecto Piloto de Monitoreo Forestal Independiente, con

el apoyo de la GTZ. La Red de Integridad del Agua101 es una red de organizaciones que respalda las

actividades contra la corrupción en el sector del agua en todo el mundo promoviendo coaliciones. Esta

red busca establecer mecanismos de transparencia y prevención de la corrupción en el sector, y

95Nancy Boswell, presidenta de TI USA, citada en “Esfuerzos contra la Corrupción en América Latina. Lecciones Aprendidas”, Peter De Shazo, documentos de política sobre las Américas, 2007. 96Transparencia Brasil, Transparencia Mexicana y Acción Ciudadana entrega abundante información. También Transparencia Venezuela en el nivel local. En general, numerosas organizaciones difunden índices sobre participación, de transparencia presupuestaria, judicial y de compras, así como diagnósticos e informes técnicos de gran utilidad. 97Ver más antecedentes sobre estos proyectos en http://www.proetica.org.pe/Index.html 98Ver en http://www.participa.cl/archives/category/proyectos-2009 99Transparencia Venezuela, a través de su labor de vigilancia en materia de transparencia presupuestaria a puesto de relieve la opacidad de las cifras de la producción estatal de petróleo en Venezuela, y en general la opacidad del Estado venezolano en materia presupuestaria. 100Grupo Faro convoca a debate sobre la eficiencia energética, y llevó a cabo con apoyo del BID la Conferencia Internacional de Transparencia en el Sector Petrolero: Nuevos Desafíos y Oportunidades. 101Water Integrity Network (WIN) formada inicialmente por Transparencia Internacional, el Centro Internacional de Agua Potable y Saneamiento, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, y el Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial.

http://www.proetica.org.pe/Index.html

http://www.participa.cl/archives/category/proyectos-2009


promover prácticas de Integridad del Agua a favor de los más pobres.102 El medio ambiente es otro foco

sectorial de creciente interés para las OSCs de la región, ya que ALC es una región rica en recursos

naturales pero con Estados débiles y/o dificultades regulatorias, lo cual genera incentivos para la

corrupción en industrias extractivas, contaminación y degradación del medio ambiente. La iniciativa

Acces Initiative es una muestra del interés internacional y nacional que concita la corrupción en materia

medioambiental. Está destinada a perseguir el acceso a la información, participación y justicia en los

procesos de decisión medioambiental, e involucra a numerosas organizaciones de 15 países de la región.103

Otras áreas de actividad anticorrupción de las OSCs son la prevención de la corrupción en el sector

privado,104 la cooperación con el gobierno en la elaboración de propuestas legislativas y políticas,105 la

transparencia y el control en las compras públicas,106 la ética y la transparencia a nivel municipal,107 y la

educación en valores y en una cultura de legalidad.108

Los planes de organizaciones de la sociedad civil de alcance internacional también han sido una fuente de

tendencias anticorrupción en la medida que han generado iniciativas conjuntas sobre áreas específicas.

TILAC por ejemplo, la red de Transparencia Internacional para ALC, ha trabajado en muchas de las áreas

señaladas109 y desde el 2007 ha enfocado su trabajo en aumentar la transparencia en el financiamiento de

los partidos políticos y las campañas electorales, aumentar los mecanismos y las prácticas de rendición

de cuentas de los parlamentos, generar información sobre la captura del Estado, asociar la actividad

anticorrupción al combate a la pobreza, y promover el cumplimiento y rendición de cuentas de los

compromisos internacionales.110 Respecto de algunos países del Caribe, Transparencia Internacional ha

llamado la atención sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en los partidos

políticos y el sistema de gobierno; reformas políticas y constitucionales para reducir la discrecionalidad

gubernativa y empoderar la sociedad civil; construir capacidad institucional en entidades críticas, como la

Oficina del Auditor y la oficina del Fiscal General; y, efectuar una educación pública contra la corrupción.111

Como se puede apreciar, existen fuertes complementariedades entre las actividades anticorrupción

gubernamentales y no-gubernamentales, con algunas diferencias en los grados de implementación y

adhesión a los diversos componentes del catálogo de medidas anticorrupción, y con especial énfasis en

elementos preventivos. Asimismo, se identifica actividades anticorrupción sectoriales en la sociedad civil,

si se tiene en cuenta que focalizan sus áreas de intervención en atención a sus escasos recursos, y que los

gobiernos implementan iniciativas que generalmente son transversales y afectan a toda la administración

pública.

102Fuente: Marco Estratégico de Acción 2009– 2015, Red de Integridad Del Agua, 2008 103Más información en http://www.accessinitiative.org 104Chile transparente, Transparencia Mexicana y Transparencia por Colombia cuentan con líneas de trabajo con sector privado, una mediante la promoción de buenas prácticas, otra mediante índices de reputación empresarial, y la tercera mediante pactos de integridad en las contrataciones. 105Por ejemplo, Transparencia Brasil, Chile Transparente (en 2006), y Transparencia Mexicana. 106Poder ciudadano, Transparencia Brasil, Transparencia Mexicana y Transparencia por Colombia. 107Proética, Participación Ciudadana, Transparencia por Colombia, Chile Transparente. 108Proética, Participación Ciudadana, Transparencia por Colombia, Chile Transparente. 109Transparencia en compras públicas, corrupción en el financiamiento de la política, promover la integridad en el sector privado, promover el periodismo investigativo vinculado a la corrupción. 110“Estrategia de Transparencia Internacional en Latinoamérica y el Caribe”, TILAC 2012. 111Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts y Nevis, Santa Lucia y St. Vincent and the Grenadines. “The National Integrity System TI Caribbean Composite Study”, TI, 2004.

http://www.accessinitiative.org/


DIMENSIONANDO LOS PROYECTOS ANTICORRUPCIÓN Y LOS SOCIOS DEL PNUD EN LA REGIÓN


Capítulo 3

Dimensionando los Proyectos Anticorrupción y los Socios del PNUD en la Región

El PNUD trabaja diligentemente para apoyar las iniciativas de los gobiernos en ALC. En la actualidad y

desde el 2010 alrededor de 36 proyectos relacionados de una u otra forma con la lucha contra la

corrupción están siendo implementados en la Región. Estos proyectos tienen un valor económico

aproximado de USD $67.6 millones.112 . De estos, el 90% están dirigidos a proyectos nacionales y el 10%

a proyectos regionales. Para llevar a cabo las iniciativas el PNUD se apoya en la actividad colaborativa

con contrapartes nacionales junto a socios y actores internacionales, lo que será analizado en este

capítulo.

I. Los proyectos

Para comprender el alcance y tipo de aporte que los proyectos del PNUD113 hacen a la lucha contra la

corrupción en los países de ALC resulta necesario hacer algunas distinciones. Estas se relacionan primero

con los destinatarios directos de los proyectos y con el tipo de temas que abordan; en segundo lugar,

con el nivel de inversión; y en tercer lugar, con el tipo específico de problema que pretender abordar.

Siguiendo tales criterios, se pueden observar algunas características generales de los proyectos

nacionales del PNUD en la región. Primeramente, están destinados a organismos gubernamentales, sean

estos ejecutivos, legislativos o de justicia. Si bien las organizaciones de la sociedad civil y las

comunidades pueden ser los destinatarios finales de las actividades de los proyectos, pero salvo

excepciones son los entes públicos y/o contrapartes los que administran, canalizan y aplican los

recursos, mayoritariamente dedicados a la generación de capacidades gubernamentales en diversas

áreas anticorrupción. Asimismo, estos proyectos se llevan adelante en los diversos niveles territoriales

de los países, sean estos nacionales, estatales, provinciales o locales. Por otra parte, las materias que

abordan son variadas pero caben dentro de la cooperación para el desarrollo, buscando esencialmente

contribuir a la generación de capacidades en los órganos estatales y comunidades. Éstos tienen el

propósito de fortalecer los procesos electorales y el ejercicio de los derechos, la actividad reguladora y

administrativa del gobierno, la actividad legislativa, la administración de justicia, la gestión local, la

transparencia de los actos públicos y la participación de la sociedad civil.

Luego de esta caracterización, se pueden señalar algunas características particulares:

112La información presentada en este informe es una actualización del Informe del 2011, incluyendo los 31 proyectos que están abiertos entre el 2010 al 2012, y/o más allá del 2012. Estos proyectos son en gran medida del área de Gobernabilidad Democrática y relacionados con la lucha contra la corrupción. Los montos son aproximados, y están basados en la información disponible en el sistema Atlas. Una breve descripción, por país, puede encontrarse en el Anexo 1. 113

El estudio se enfocará principalmente en los proyectos nacionales, ya que significan la inmensa mayoría de los recursos económicos totales

invertidos.


1. Los recursos involucrados en los proyectos PNUD ascienden a USD$ 67,647,229. Actualmente se

ejecutan alrededor de 32 proyectos nacionales y 4 regionales en un periodo de tiempo que, salvo

excepciones, va entre los 2 a 4 años, y la mayoría de estos estarán finalizándose entre el 2011 y el 2012.

De acuerdo a la sistematización que se hizo, los países que cuentan con más proyectos del PNUD son

Colombia (4), Guatemala (4), Argentina (3), Brasil (3), República Dominicana (3), seguidos por Honduras,

México y Perú con 2 proyectos cada uno; y Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Nicaragua,

Uruguay y Venezuela, cada uno con un proyecto. 2. Simplemente para propósitos ilustrativos se puede

argumentar que el promedio monetario de los proyectos PNUD es de US $2.1 millones en 16 países, ,

aunque la distribución de los recursos no es uniforme como se aprecia en el Gráfico 16 (Ver lista

completa en Anexo 1).

Gráfico 16

3. Cuando se examina el tipo de proyectos que se están ejecutando se pueden diferenciar entre los

proyectos anticorrupción propiamente tales, y los proyectos para el desarrollo con componentes

anticorrupción. Los primeros son aquellos cuyo objetivo central es contribuir a la implementación de

capacidades anticorrupción, dando vida por ejemplo a alguna de las medidas contempladas en las

convenciones.114 Las segundas obedecen a objetivos más amplios, propios de la cooperación para el

desarrollo, y que se enfocan básicamente en la generación de capacidades institucionales en una serie

de materias, como son, por ejemplo, la provisión de mejores servicios de salud, la descentralización o la

114En este estudio se toma como punto de referencia y base para la clasificación de medidas, la CNUCC, por consistir en el más amplio catálogo de medidas anticorrupción a nivel global.

Argentina 21%

Brazil 46%

Cololombia 8%

Dominican Rep. 7%

Uruguay 7%

Other countries

11%

Distribución de recursos en proyectos anticorrupción del PNUD en América Latina y el Caribe


implementación de sistemas tecnológicos para la gestión gubernamental. Este tipo de proyectos, si bien

no son estrictamente proyectos anticorrupción, contienen en una importante proporción elementos que

justifica denominarlos proyectos para el desarrollo con componentes anticorrupción. Se trata de

iniciativas que contemplan entre sus ejes de actividad, o entre las características de los procesos de

gestión sobre los que recaen, exigencias de transparencia, de participación ciudadana o de monitoreo y

evaluación.

Basándose en la misma distinción, se constata que en la región el 10% (US$ 6,825,226) de los recursos

considerados en proyectos PNUD nacionales están destinados a proyectos Anticorrupción

propiamente tales. Este tipo de proyectos tiene como objetivo implícito o explícito implementar alguna

de las medidas contempladas en los tratados anticorrupción,, y especialmente la CNUCC. La mayoría de

estos proyectos se enfoca en la transparencia y el control externo de los órganos públicos. La mayor

recurrencia temática de estos proyectos se presenta en el fortalecimiento de la sociedad civil y de las

entidades superiores de control y oficinas anticorrupción, así como la implementación de mecanismos

de transparencia en la gestión pública. Las siguientes fichas de resumen describen este tipo de

proyectos:

Fortalecimiento Institucional Oficina Anticorrupción (III)

País: Argentina

Tipo de proyecto: Anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento de organismos superiores de control (Oficina de Anticorrupción)

Implementación de herramientas de prevención El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Oficina, para el diseño e implementación de políticas preventivas y punitivas de promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción a través del desarrollo en las siguientes áreas: un sistema de información y documentación, la educación en valores, la capacitación a distancia de funcionarios públicos y la cooperación y asistencia técnica con gobiernos sub nacionales y con el sector privado.

Monto: USD$ 8192,951 Plazo: Marzo2013

Quince proyectos basados en temas anticorrupción propiamente, están siendo implementados en 11

países, el 83% de estos recursos están focalizados en Nicaragua, Colombia, Perú y Uruguay, como lo

muestra el gráfico a continuación. Junto a lo anterior, se verifica que el 90% de los recursos asignados

Contraloría General de la República: Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a

través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de CNUCC

País: Chile

Tipo de proyecto: Anticorrupción

Énfasis: Fortalecimiento de organismos superiores de control

Implementación de herramientas de prevención

Asistencia, acompañamiento y fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República de Chile, fortaleciendo la transparencia y probidad en la gestión pública del país a través del desarrollo de consultorías, estudios y publicaciones sobre el tema; sistematización y difusión de experiencias de buenas prácticas en el ámbito internacional; y realización de talleres de capacitación e instancias de discusión.

Monto: USD$ 305,250 Plazo: 2012


(US $ 60,822,003) asignados está dirigido a proyectos para el desarrollo, con componentes

anticorrupción. En estos casos, los proyectos se inclinan fuertemente por la generación de capacidades

institucionales, dotando a entidades públicas de análisis y evaluaciones, capacitación, sistemas

tecnológicos, por mencionar algunos, pero también acompañadas de elementos de transparencia,

control y participación de la sociedad civil, como por ejemplo, los descritos en las siguientes fichas

resumen.

Mejoramiento de la Gestión Pública a Nivel Local

País:

Colombia Tipo de proyecto:

Desarrollo con componentes anticorrupción Énfasis:

‐ Fortalecimiento institucional

‐ Participación de Sociedad Civil

La iniciativa busca brindar apoyo técnico a las Gobernaciones de La Guajira, Santander, y a la Alcaldía de Cartagena

para el desarrollo de las capacidades de gestión pública y el ejercicio de la ciudadanía política a nivel departamental. Se

espera fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para lograr un mejor desempeño en materia de

eficiencia administrativa y financiera, planeación y gestión de políticas públicas territoriales. Además se busca instaurar

mecanismos regulares y eficaces de participación, concertación y control ciudadano de políticas públicas locales.

Monto: USD$ 1,065,274 Plazo: Diciembre 2012

Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

País:

Guatemala Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

‐ Fortalecimiento institucional

‐ Transparencia

El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal mediante el

fortalecimiento de la posición financiera del gobierno, la creación de alianzas estratégicas con diversos actores del

ámbito nacional e internacional y la implementación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.

Monto: $USD 559,035 Plazo: 2011

Diecisiete proyectos de desarrollo con componentes anticorrupción están siendo implementados en 16

países, donde el 95% de los recursos se concentran en Argentina, Brasil, Colombia, República

Dominicana y Uruguay, como lo muestra el siguiente Gráfico:


Gráfico 17

4. Por su parte, los proyectos anticorrupción, que implican la inversión de US $6.8 millones están

dedicados en su totalidad a la prevención de la corrupción (ver la distribución en el Gráfico 18)

Argentina 23%

Brasil 51%

Colombia 7%

Costa Rica 1%

El Salvador 0%

Guatemala 1%

México 1%

República Dominicana

8%

Uruguay 7%

Venezuela 1%

Distribución de los Recursos en los Proyectos de Desarrollo con Componentes Anticorrupción (por país)


Gráfica 18

En efecto, ninguno de los proyectos está relacionado con el lado de la represión de la corrupción.115 En

cuanto a los mecanismos de prevención incorporados en los proyectos anticorrupción, estos son

variados116 pero principalmente están enfocados en:

la participación de la sociedad civil el fortalecimiento de organismos superiores de control y

oficinas anticorrupción

la transparencia gubernamental y el acceso a la información, la implementación de

herramientas específicas de lucha contra la corrupción

la implementación de políticas públicas anticorrupción la coordinación entre entidades; y,

la transparencia electoral.

115Que normalmente lleva aparejada la reforma de las normas penales y el establecimiento de medidas de apoyo a la investigación penal, en el nivel doméstico, como con la cooperación internacional contra la corrupción, que comprende normalmente la cooperación transfronteriza en investigaciones, procesos de extradición y repatriación de activos, así como la prestación de asistencia técnica. 116 Basado en la CNUCC, este estudio considera que las medidas preventivas anticorrupción pueden consistir esencialmente en: a) el diseño e implementación de políticas públicas anticorrupción; b) el establecimiento o fortalecimiento de órganos anticorrupción o de control superior; c) el establecimiento de normas éticas y de comportamiento funcionario; d) sistemas de carrera funcionaria basada en el mérito y la transparencia; e) sistemas de compras públicas eficientes y transparentes; f) herramientas específicas de prevención (capacitación, sistemas de denuncia, declaraciones patrimoniales, etc.); g) transparencia y acceso a la información; h) mecanismos de participación de la sociedad civil; i) coordinación entre actores para la prevención y detección; e, i) mecanismos de transparencia electoral.

Colombia 17%

Guatemala 12%

Nicaragua 27%

Perú 16%

Uruguay 12%

Otros países 16%

Distribución de los Recursos en Proyectos Anticorrupción (por país)


A modo de resumen, y como un resultado del examen de los datos y del contenido de los proyectos, se

pueden extraer algunas conclusiones que pueden resultar útiles sobre el tipo y el volumen de proyectos

anticorrupción del PNUD en ALC:

a. Existe una cantidad importante de proyectos y recursos enfocados en aportar mecanismos

anticorrupción contemplados en la CNUCC, sean estos proyectos anticorrupción o proyectos que

contienen componentes. Esta conclusión es relevante por cuanto la implementación de estos

proyectos cuenta con fundamentos jurídicos y políticos de primer orden, que favorecen su

conveniencia política, legitimidad y exigibilidad.

b. La gran mayoría de los proyectos nacionales del PNUD en la región son proyectos para el desarrollo,

de los cuales un 40% contienen elementos anticorrupción, enfocados especialmente en mecanismos

que favorecen el control externo de los actos de gobierno. Esto refleja una tendencia del PNUD que

se encuentra en sintonía con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde existe una

mayor exigencia y control de las instituciones y la sociedad sobre las autoridades públicas.

c. La casi totalidad de los recursos de proyectos anticorrupción están dirigidos en beneficio de países

con fuerte percepción de corrupción, tales como Nicaragua, Colombia, Perú y Guatemala quienes

están calificados con una nota inferior a 3.5 en el IdPC de Transparencia Internacional. Al mismo

tiempo, la mayoría de los países de la región cumplen con esta característica y podrían ser

destinatarios de iniciativas similares.

d. Los proyectos anticorrupción se enfocan especialmente en la prevención, especialmente en el

fortalecimiento de la sociedad civil, la mayor transparencia de las entidades públicas, y el

fortalecimiento de los organismos superiores de control y las oficinas anticorrupción.

e. Esta tendencia guarda relación con la importancia que ha adoptado el apoyo a organismos

coordinadores de acciones anticorrupción, la probada eficacia de la transparencia como mecanismo

habilitante para estrategias colaboradoras en el combate a la corrupción, y el aporte que las

organizaciones de la sociedad civil han demostrado en dicha tarea. En menor medida, los proyectos

se destinan al diseño e implementación de políticas anticorrupción, una exigencia novedosa de la

CNUCC a los países signatarios, y el desarrollo de herramientas específicas de prevención de la

corrupción, la coordinación entre entidades y la transparencia electoral.

f. Los proyectos de desarrollo con componentes anticorrupción se enfocan principalmente en e

fortalecimiento institucional, y sus componentes se centran en las entidades públicas de

transparencia, una alta participación de la sociedad civil y en menor medida en la prevención de las

prácticas de corrupción y control.

g. Existen áreas anticorrupción potencialmente útiles que no están incorporadas en los proyectos

PNUD, como son las medidas de represión penal de la corrupción y de cooperación internacional

contra la corrupción.


En efecto, ninguno de los proyectos está relacionado con la represión de la corrupción, que

típicamente van de la mano, en el nivel doméstico, la reforma de las normas penales y el

establecimiento de medidas de apoyo a la investigación penal, y en el nivel internacional, la

cooperación internacional contra la corrupción, que comprende la cooperación transfronteriza en

investigaciones, procesos de extradición y repatriación de activos, así como la prestación de

asistencia técnica. De otro lado, hay que tener en cuenta, que con algunas excepciones, estos temas

son más relevantes para otras agencias especializadas de las Naciones Unidas (UNODC).

h. Finalmente, existen áreas de prevención que no se contemplan en los proyectos anticorrupción.

Entre ellas, el establecimiento de códigos de conducta y normas de control, acaso por ser materias

que ya han tenido un amplio desarrollo en la región en las últimas dos décadas. Tampoco sobre la

carrera funcionaria, que resulta un desafío pendiente en la región y claramente de mayor

complejidad en su implementación, pero indispensable para poner freno a la corrupción política y

gubernamental. Asimismo, no se contemplan proyectos especialmente dirigidos a implementar o

fortalecer sistemas de compras públicas, aunque se han llevado a cabo múltiples y cuantiosas

reformas en la región desde mediados de la década de los 90 hasta ahora. Asimismo, no existen

proyectos anticorrupción que desarrollen elementos preventivos de la corrupción en el sector

privado, una asignatura pendiente en la región.

II. Los socios del PNUD en la Región

Desde una perspectiva amplia (2009 – 2014), lo proyectos en donde se encuentra envuelto el PNUD en

la región de ALC son implementados mediante un trabajo colaborativo con socios estratégicos. Estos

socios ejecutan y/o participan de la ejecución de los proyectos nacionales y regionales, y

Socios PNUD México

Alianza Cívica

Articulo XIX México

Auditoría Superior de la Federación

Centro de Gobernabilidad de Oslo PNUD

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Fundar

INFODF

Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales (IFAI)

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

México Evalúa

Secretaría de Desarrollo Social México (SEDESOL)

Secretaría de la Contraloría de Oaxaca

Transparencia Mexicana


mayoritariamente son los destinatarios de los recursos aportados.

Cada Oficina de País del PNUD en la región cuenta con tales socios estratégicos (ver listado de socios por

Oficina de País en Anexo II). Asimismo, el Centro Regional del PNUD en Panamá y la Escuela Virtual del

PNUD en Colombia cuentan con sus propios socios estratégicos, varios también actores regionales. Estos

socios suman 127 en toda la región, y consisten en entidades públicas y Ministerios, organismos

internacionales unidades y programas del PNUD, y del sistema de Naciones Unidas, organismos de

cooperación nacionales, centros de estudios, universidades, organizaciones de la sociedad civil y

entidades privadas sin fines de lucro. Sin embargo, no todas las oficinas del PNUD cuentan con una

diversidad de socios. Algunas solo cuentan con uno o dos socios, vinculados a proyectos y programas en

ejecución. Tal es el caso de la Oficina del País Bolivia, que cuenta con el Ministerio de Autonomía y el

Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esto no necesariamente significa una

vulnerabilidad o limitación a sus objetivos en el país, ya que el socio puede tener la fuerza política y las

capacidades necesarias para llevar adelante los proyectos o puede tener mandatos amplios más allá de

la misma entidad. Evidentemente, dicha situación contrasta con la situación de otras Oficinas de País,

como la de México, que cuenta con una multiplicidad de socios, como se puede apreciar a continuación:

La composición de los socios de cada Oficina de País también puede resultar relevante, en la medida que

la corrupción es un fenómeno complejo y cuyo estudio y tratamiento exige visiones multidisciplinarias.

La elaboración de normas jurídicas muchas veces requiere del apoyo de centros de estudios, el debate

con OSCs reconocidas y con el mundo académico, a la vez que su aprobación involucra a los órganos

legisladores. Luego la implementación de las normas exigirá establecer mecanismos y sistemas, muchas

veces apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y la coordinación de

entidades públicas, como las Contralorías Generales de la República o las Oficinas anticorrupción de los

países. De allí que el contar con una multiplicidad y diversidad de socios es una ventaja potencial para

las Oficinas del PNUD.

Observando los socios del PNUD en la región, resulta evidente que la mayoría de ellos (90 de 127) son

organismos estatales e internacionales públicos, lo que se corresponde con la naturaleza pública del

PNUD y su misión. Los demás socios son organizaciones de la sociedad civil, centros de estudios,

fundaciones y universidades.

Una composición fuertemente pública (estatal) de socios puede ser un elemento favorable,

dependiendo de los objetivos de los proyectos, pero también puede haber un riesgo. Los proyectos

anticorrupción deben no solamente buscar resultados, sino tener cierta seguridad de que no generarán

a su vez otras formas de corrupción. La existencia de socios con capacidad de vigilar y apoyar procesos

de cambio, como son ONGs reconocidas o universidades, pueden hacer disminuir ese riesgo. Dos

ejemplos de Oficina de País con alta presencia gubernamental entre sus socios son las República

Dominicana y Argentina (pero también Colombia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Bolivia, Paraguay,

Perú y Venezuela).


Socios PNUD REPUBLICA DOMINICANA

Suprema Corte de Justicia

Escuela Nacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana

Presidencia de la Republica Dominicana

Cámara de Diputados de la Republica Dominicana

Senado de la República

Socios PNUD ARGENTINA

Oficina Anticorrupción – Gobierno Nacional

Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la

Democracia – Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la

Democracia (SRIFD)

Subsecretaria de Coordinación – Ministerio del Interior de la Nación

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la

Provincia de Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la

Nación

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de

la Nación

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Red Nuestra Córdoba

Una composición más equilibrada de socios, en cambio, comprendería a más actores. Este es el caso de

la Oficina de País de Jamaica,117 que cuenta con una Universidad, organizaciones de la sociedad civil, la

prensa y agencias públicas, como se puede apreciar en la siguiente ficha:

117 También México y El Salvador.


Socios PNUD JAMAICA

Centre for Leadership & Governance, University of the West Indies, Mona

National Association of Parish Development Committees (civil society)

Department of Local Government, Office of the Prime Minister

Social Development Commission

Press Association of Jamaica

Planning Institute of Jamaica (PIOJ)

Una multiplicidad de organismos de investigación y universidades puede ser una gran fortaleza cuando

lo que se requiere es entregar y gestionar el conocimiento. Tal es el caso del Centro Regional del PNUD y

de la Escuela Virtual, que suman entre sus socios a varias universidades, centros de investigación y otros

organismos del sistema PNUD, como se aprecia a continuación:

Socios PNUD CENTRO REGIONAL

Universidad Externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y Exteriores

Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Panamá

FLACSO - México

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

PNUD México

Universidad Indígena Boliviana “Tupak Katari”

PNUD El Salvador

PNUD Bolivia

PNUD Colombia

Democratic Governance Thematic Trust Fund

PNUD Global Thematic - Programa Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del

Desarrollo (PACDE)

PNUD Costa Rica

Escuela de Liderazgo Juvenil - Nicaragua

PNUD Nicaragua

PNUD- Oslo Governance Center

PNUD-DGG/BDP

Fondo Fiduciario España-PNUD

Generalitat Valenciana

Escuela Virtual PNUD


Socios ESCUELA VIRTUAL

PNUD-DGG/BDP.

PNUD Honduras.

PNUD Guatemala

PNUD Colombia

PNUD México

Centro Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA)

Fundación Carolina.

Universidad de los Andes - CIDER. Colombia.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México.

One World Trust.

IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

PNUD- Oslo Governance Center

Democratic Governance Thematic Trust Fund

Centro Regional del PNUD-Panamá

Como se puede apreciar (para mayor información ver Anexo II), las oficinas del PNUD en la región suman

una gran cantidad de socios. Su distribución en número y composición es la que varía de un país a otro,

pudiendo constituir una limitación o riesgo en algunos casos la uniformidad y escasez de socios

estratégicos cuando se trata de fortalecer el componente anticorrupción en las líneas de trabajo del

PNUD. Ampliar la red de socios a aquellos potenciales, incorporándolos formalmente a la comunidad de

práctica que por ello les genere beneficios, podría ser una herramienta práctica que aumente la

capacidad potencial del PNUD para ampliar su cartera de proyectos anticorrupción, o de una manera

más relevante aún, en proyectos de desarrollo con elementos anticorrupción.

Finalmente, el hecho de que el PNUD cuente con la diversidad y fortaleza de tales socios estratégicos,

puede constituirse en una oportunidad para detectar buenas prácticas y efectuar benchmarking. Las

reuniones de análisis e intercambio con organismos estatales, así como la detección de proyectos de

asociación entre entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil, pueden en última instancia

fortalecer y proyectar los resultados de las iniciativas anticorrupción del PNUD a nivel regional.


DESAFÍOS Y CONCLUSIONES


Capítulo 4

Desafíos y Recomendaciones

El análisis del proceso de implementación de las convenciones anticorrupción y las políticas que han

desarrollado países para luchar contra la corrupción, entregan algunas ideas sobre los desafíos de la

región ALC. Por otra parte, las opiniones de expertos consultados para este estudio también entregan

información valiosa sobre aspectos no siempre considerados en los esquemas intergubernamentales.118

A continuación en este último capítulo, se analizan las principales conclusiones sobre desafíos

regionales, y las recomendaciones respectivas dentro del marco de actuación del PNUD.

I. DESAFÍOS REGIONALES

Mejorar el diseño y evaluación de las políticas e iniciativas anticorrupción

- Primero, la necesidad de una mejor comprensión estratégica del vínculo entre el problema y la

iniciativa anticorrupción. Estas iniciativas en muchas ocasiones parecen obedecer más a objetivos

financieros o de supervivencia de una entidad gubernamental o de un patrocinador, que a un objetivo

institucional mayor o de más sostenibilidad. En estos casos la anticorrupción se puede traducir en una

ejercicio vacío de sentido con un alto gasto y o inversión. Asimismo, en ocasiones los encargados de la

anticorrupción tienen una gran fortaleza técnica, que les impide ver más allá de las propias medidas

anticorrupción, con lo que la tarea se convierte en la finalidad. En estos casos, la lucha contra la

corrupción se convierte en esfuerzos burocráticos formales o altamente técnicos que no alcanzan a

modificar las condiciones en que se desarrolla la corrupción.

Los actores nacionales e internacionales interesados en la lucha contra la corrupción no deben olvidar

que Latinoamérica y el Caribe es una región con importantes desafíos políticos, económicos y sociales.

Alrededor de tales desafíos y sus respectivas soluciones se aglutinan los esfuerzos de desarrollo

humano y gobernabilidad democrática, y en esas corrientes de acción se deben integrar los esfuerzos

anticorrupción. El buen funcionamiento de los mercados y de las economías nacionales, el

mejoramiento de los bienes y servicios que el Estado brinda a la población, y la profundización y

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, son los grandes objetivos de los gobiernos, banca

multilateral y organismos internacionales. Al momento de diseñar políticas e iniciativas anticorrupción

es preciso comprender que tales esfuerzos debieran aportar a dichos objetivos, mediante la

incorporación de mayores capacidades estructurales anticorrupción en lo económico, político y social,

y/o diseñando mecanismos anticorrupción al servicio de objetivos políticos específicos, como son la

superación de la pobreza y la desigualdad, el mejoramiento de la seguridad de la población, o la

creación de empleos y mayor actividad económica. Las iniciativas anticorrupción sin vinculación a los

118 Para esta sección se efectuaron entrevistas y consultas a una serie de expertos en la materia, mencionados al comienzo de este informe.


problemas y necesidades de cada país sólo devienen en un incremento de burocracia o en soluciones sin

sustento real.

- Asimismo, la promoción de políticas anticorrupción en ALC muchas veces no considera las

características de los países destinatarios y sus recursos. Proyectos sin diagnósticos, o con diagnósticos

meramente jurídico-formales, son crónicas de una muerte anunciada, al no responder a las condiciones

políticas y sociales de cada país o institución.119 Otra condición importante que parece ausente en los

análisis previos de las políticas y/o iniciativas anticorrupción es la fortaleza institucional de un país,

especialmente si requerirá del esfuerzo, coordinación o protagonismo de varios actores

gubernamentales.

De allí la importancia de contar con diagnósticos contextualizados de países e instituciones, que

contemplen por ejemplo, información sobre los principales desafíos en materia de corrupción, sus

posibles causas y manifestaciones; los impactos negativos y los principales grupos de la población

afectados. Sobre las características, fortalezas y recursos de las entidades responsables, así como de los

actores que apoyarían o se opondrían a iniciativas anticorrupción

- El diseño de las políticas debe contemplar un rol permanente de la prevención. La búsqueda de

resultados en el corto plazo, y la visibilidad que dan los escándalos de corrupción, con frecuencia invitan

a los gobiernos a utilizar políticas persecutorias y de corto plazo, las que no tendrán efecto duradero ni

eficacia si no se integran dentro de una estrategia integrada y de mayor alcance, en la que la

prevención, y el fortalecimiento de instituciones y de la capacidad de vigilancia ciudadana, sean un

motor permanente de acción. Para ello, resulta además importante buscar los mecanismos de diálogo

para la continuidad de las políticas anticorrupción aún más allá de cada periodo gubernamental.

- Más adelante en el proceso, resulta necesario fortalecer la capacidad y voluntad de los gobiernos de

proveer información confiable, íntegra y oportuna sobre los avances y desafíos en sus programas

anticorrupción. Aún son muchos los casos en que los gobiernos no entregan información ni a la OEA o

Naciones Unidas, o a los ciudadanos de sus países, sobre el grado de implementación de las provisiones

de los tratados anticorrupción; o ésta es insuficiente o difiere de aquella entregada por otras fuentes120

tales como las OSC. Este desafío requiere fortalecer la capacidad de las entidades responsables de las

iniciativas anticorrupción para recolectar, procesar y entregar información relevante para la evaluación.

Pero a la vez requiere generar incentivos políticos o presupuestarios para la entrega de información

íntegra, confiable y oportuna. Ante la precariedad de algunas entidades gubernamentales o de la

sociedad civil, las universidades y centros de estudios están en condiciones de brindar un importante

apoyo técnico y de recursos.

119 Iniciativas de reforma legal, por ejemplo, pueden tener un costo y un impacto significativamente diferentes si se implementan en un país con muy bajo o alto nivel de imperio de la ley. Desde esa perspectiva, las expectativas, plazos y recursos de proyectos anticorrupción pueden ser muy distintos si se implementan en Guatemala o en Uruguay. 120 Así se desprende de los informes hemisféricos de la Primera y Segunda Ronda del MESICIC. Algunos otros antecedentes sobre esta debilidad regional pueden consultarse en “¿Cuán preparados estamos para evaluar la real implementación de las convenciones anticorrupción? Lecciones desde las Américas” Miguel Peñailillo, CMI, 2009. Versión en español.


Comprender mejor el fenómeno delictivo y sus posibles antídotos

- Muchas veces las iniciativas contra la corrupción carecen de un diagnóstico nacional sobre las áreas

más expuestas a la corrupción, el tipo de práctica corrupta y los actores involucrados. Tal como se ha

verificado en este estudio, existe una carencia importante de estudios de diagnósticos sobre la

corrupción de suficiente profundidad y alcance. A nivel nacional abundan los estudios sobre el marco

legal, pero se carece de suficientes estudios y datos sobre los hechos de corrupción. Es en el nivel local y

sectorial donde adquiere más utilidad la identificación del fenómeno en sus formas más recurrentes y

graves, para comprender sus dinámicas y actores y seleccionar, de manera informada, las opciones más

eficaces y factibles para contrarrestarlas.

Un desafío ineludible y de largo plazo es enfrentar la gran corrupción y la captura del Estado. Los

grupos ilegales, y algunos grupos legales pero con prácticas corruptas, son contrarios a los esfuerzos

anticorrupción. Buscan sesgar las decisiones públicas hacia sus intereses particulares, afectando la

calidad de las políticas públicas y la gobernabilidad democrática. El vínculo dinero- poder político debe

incorporarse en la agenda de trabajo, pero tomando en cuenta que el combate a la gran corrupción

requiere crear fortalezas institucionales y sociales previas para ser efectiva. También, considerar que la

captura del Estado requiere crear capacidades y condiciones de largo plazo, incluidas políticas de Estado,

para su desmantelamiento progresivo.121 Asimismo, como sugiere TILAC en su plan 2007-2012, resulta

necesario analizar las estrategias de acción de los diferentes grupos y focalizar esfuerzos e iniciativas,

afirmando que la posición de la anticorrupción frente a estos grupos con intereses particulares, se

puede reforzar con la existencia de una institucionalidad internacional, con lo que apuntan al valor que

tienen los acuerdos y actores internacionales.

Pasar desde la legislación a la acción

- Varios estudios de los procesos de implementación de las convenciones anticorrupción arrojan

información relevante, que apunta a que ya pasó el tiempo de las grandes reformas legales, para

ingresar a una etapa en que lo que se requiere es la real y efectiva aplicación de las leyes anticorrupción

y acción. Los seguimientos a la implementación de los tratados internacionales, y los indicadores

internacionales sobre imperio de la ley, muestran que un gran desafío de los Estados es garantizar el

cumplimiento de las leyes.

Esto implica poner el acento en lograr un buen desempeño de las entidades responsables de aplicar las

leyes, pero también de contemplar acciones que afecten favorablemente la adhesión a las normas

legales en el entorno social o en un sector. Este mejor desempeño de las entidades responsables de

hacer cumplir la ley está relacionado con generar capacidades institucionales, mediante la capacitación,

la entrega de herramientas tecnológicas y de mayores recursos. Pero también requiere que la entidad

asuma un compromiso de construir procesos reales y resultados útiles. El trabajo de escritorio, los

indicadores de actividad y las evaluaciones meramente formales de los marcos jurídicos, tan frecuentes,

deben dar paso a instancias de diálogo y participación, y al compromiso con resultados e impactos que

den cuenta del aporte de cada iniciativa a la disminución y/o control de la corrupción. En resumen, el

121 A juicio del autor, los peces gordos sólo podrán ser fritos si se tienen suficiente fuego y aceite.


desafío es más acción y resultados de los gobiernos, y menos palabras. En cuanto a afectar

favorablemente el entorno o un sector específico, esto implica lograr mayores grados de apoyo político

a la entidad responsable, y llevar a cabo acciones que deliberadamente busquen cambiar los hábitos de

los ciudadanos, comunidades y/o sectores.

- Otro desafío importante sigue siendo la mayor correspondencia entre la información sobre los avances

y desafíos de la anticorrupción entre el nivel nacional y el internacional, y el acceso a esa información. A

pesar de los esfuerzos realizados, es frecuente que los debates sobre la corrupción de un país en los

foros internacionales no sean ampliamente conocidos por los actores nacionales, y viceversa,

reduciéndose su conocimiento a los asistentes a tales foros, la mayor parte del tiempo expertos

gubernamentales que no cuentan con medios o intenciones de difundir información que puede resultar

políticamente sensible. La difusión más amplia posible de los informes gubernamentales y no

gubernamentales entregados en foros y mecanismos de seguimiento, y la incorporación de otros

actores relevantes a los debates nacionales e internacionales, es una práctica que fomenta la

transparencia y favorece el diálogo, la detección de puntos en común y la generación de acuerdos

nacionales con mayor legitimidad.

Dar un mayor sentido a la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción adquiere mayor fuerza y adhesión en las personas y organizaciones cuando

se comprende el valor que aporta a la vida política y cotidiana de las personas.- Esto se relaciona con

asociar las iniciativas anticorrupción con bienes públicos, como son el desarrollo humano, la

gobernabilidad democrática y los derechos humanos. Exhibir los vínculos entre corrupción política, baja

transparencia electoral y derecho al voto, resulta vital para dar fuerza y dirección a los esfuerzos

anticorrupción en pro de la gobernabilidad democrática. Asimismo, es preciso facilitar la asociación

entre la lucha anticorrupción y la recepción satisfactoria de bienes y servicios públicos. Cuando las

organizaciones y las personas comprenden el vínculo entre discrecionalidad estatal en la entrega de

servicios de salud, educación, vivienda y subsidios, y los derechos a un acceso libre, transparente y

equitativo a los mismos, se logra una más sólida reacción frente a los posibles abusos. Lo mismo sucede

al vincular anticorrupción con medio ambiente y acceso a agua y energía.

II. RECOMENDACIONES AL PNUD

Esta sección está destinada a efectuar recomendaciones para la actividad del PNUD en ALC en materia

de lucha contra la corrupción, para el fortalecimiento de las potencialidades de trabajo del organismo en

posibles áreas de intervención común con entidades estatales. Asimismo, las recomendaciones son

formuladas tomando en cuenta que el PNUD puede aportar como agente de diálogo en el nivel regional,

nacional y local, así como generar conocimiento que ponga de relieve la conveniencia de la participación

de las OSCs, academia, y otros actores, en proyectos con entidades públicas.


1. Reducción de la pobreza y anticorrupción

Se produce una coincidencia en la lucha contra la pobreza. Los objetivos del PNUD sobre la reducción de

la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio (ODM), son coincidentes con aquellos de las

entidades públicas dedicadas a implementar políticas sociales, y las organizaciones nacionales e

internacionales anticorrupción que tienen dentro de su marco de acción el combate a la pobreza y la

lucha contra la desigualdad. Desde un nivel estratégico, resulta altamente conveniente considerar la

transparencia y prevención de la corrupción como un elemento central en las políticas de desarrollo

humano, ya que aumenta el control sobre el uso de los recursos de cooperación, fortalece la cohesión

social de los grupos destinatarios, y facilita la apropiación nacional y local de las iniciativas.

Por una parte, las convenciones internacionales anticorrupción otorgan una justificación política y

jurídica para introducir de manera permanente elementos anticorrupción en los planes y programas de

cooperación, en las políticas y proyectos de desarrollo, y en la cooperación ante desastres. Aquellos

gobiernos que estén comprometidos interna o internacionalmente con medidas específicas

anticorrupción, o que estén sometidos a otro tipo de incentivos para transparentar su gestión, se

encontrarán más dispuestos a este tipo de iniciativas.

Las OSCs cuentan con una mayor flexibilidad para participar y liderar iniciativas anticorrupción. Pueden

aportar mediante campañas ciudadanas sobre legalidad y cultura de transparencia, a través de la

formación de líderes, ejerciendo vigilancia ciudadana sobre los presupuestos públicos y de la

cooperación, y alentando la participación en la gestión pública y en la toma de decisiones. Sus focos de

acción privilegian el desarrollo humano, y la defensa de los derechos de los más postergados, y de las

mujeres y niños. En el nivel local, estas organizaciones favorecen la sostenibilidad de iniciativas de

participación, al brindar apoyo a los gobiernos locales para incrementar sus capacidades de gestión

participativa.

Estas circunstancias representan una oportunidad para fortalecer los ODM, mediante la integración en

proyectos de desarrollo humano de los componentes anticorrupción, aplicados a sectores prestadores

de servicios sociales, como salud y educación, o de provisión de agua.

2. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática

La mayor participación electoral, el incremento del voto femenino, y la independencia de los medios

de comunicación pueden ser impulsados desde los gobiernos, pero con más incentivos desde la

sociedad civil. Los gobiernos se encuentran en una posición de interés en los procesos eleccionarios,

donde no tienen incentivos para promover el cambio del poder político y se encuentran en una posición

de poder privilegiada para decidir sobre hechos y propuestas electorales. Esto es especialmente cierto

en aquellos países donde existe la reelección presidencial. Por lo general los gobiernos tampoco tienen

incentivos para alentar la autonomía y fortalecimiento de los medios de comunicación. Esto no implica

que no puedan ser aliados valiosos en la expansión de la democracia y en la libertad de los medios, sin

embargo no cuentan con la motivación para ello, y en algunos casos promueven iniciativas que buscan

más bien limitar o controlar a los medios. Por ello, en esta materia resultan valiosas las alianzas y

proyectos de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática con los partidos políticos y las


organizaciones promotoras de las elecciones, el voto informado y la transparencia en la política, así

como con centros de estudios y universidades. También son actores relevantes las asociaciones de

medios de comunicación, asociaciones de periodistas y colegios profesionales. Estos actores pueden

fortalecer la difusión de una agenda democrática y participativa, defender el derecho a la libertad de

expresión y ejercer una vigilancia sobre los órganos electorales y los partidos políticos.

El acceso a la información y la consulta ciudadana se encuentran en una situación similar. Esta

situación hace conveniente que el PNUD aliente la promoción de vínculos entre universidades,

organizaciones de la sociedad civil y conglomerados pro acceso a la información y a la participación

ciudadana en la gestión pública. Lo anterior con el fin de generar focos de acción pública que se

fortalezcan entre sí. En este sentido, los resultados positivos en la promoción de alianzas entre sociedad

civil y medios de comunicación en la región, aconsejan alentar este tipo de iniciativas, para fortalecer la

agenda pública de participación, transparencia y libertad de expresión. El intercambio de experiencias

internacionales también resulta provechoso en aquellos países donde aún las herramientas de

participación no se desarrollan suficientemente.

La reforma y transparencia de la justicia es un desafío posible y de largo plazo. No cabe duda que la

situación del acceso a la justicia es deficiente y la percepción de la corrupción en el sector es

persistentemente negativa. De no existir voluntad política suficiente para reformas radicales del sistema

de justicia, tales sistemas seguirán funcionando sin mayores variaciones, perjudicando a especialmente

a amplios grupos de población pobre. Los gobiernos, y en algunos casos los partidos políticos, pueden

estar favorablemente dispuestos a tomar la bandera de la reforma judicial, entendiendo que se trata de

una oportunidad políticamente beneficiosa para impulsar medidas en favor de los más desprotegidos.

Asimismo, es preciso incorporar en los análisis la magnitud corruptora del crimen y el narcotráfico, toda

vez que tales grupos ilícitos trabajan activamente para debilitar al Estado. Pero estas reformas requieren

actores que apoyen la reforma, que demanden mayor acceso, que efectúen propuestas, y que

denuncien la corrupción y la ineficiencia judicial. Las universidades, a través de sus escuelas de derecho,

y las organizaciones especializadas en justicia, derechos humanos y anticorrupción, pueden ser

importantes aliados en una tarea de largo plazo.

Existe una convergencia de intereses en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y sub-

nacionales para implementar medidas anticorrupción. Las Naciones Unidas y la OEA, y la banca

multilateral, están promoviendo y apoyando la implementación de las convenciones anticorrupción, y

estas ponen un especial interés en el fortalecimiento de los organismos superiores de control y

anticorrupción. Por otra parte, tales convenciones son un imperativo político y jurídico para los

gobiernos, especialmente cuando, en la ALC, prácticamente todos los países las han suscrito. Esta área

de acción se ve reforzada por la existencia de OSCs, y redes como TILAC y otras mencionadas en este

estudio, que cuentan con experiencia en la incidencia y monitoreo a los estándares internacionales. Las

universidades también pueden ser aliadas, especialmente en la fase de diseño de políticas y propuestas.

El PNUD debería alentar en algunos países el fortalecimiento de la mejor coordinación inter-

institucional, proveyendo análisis sobre capacidades institucionales para implementar convenciones

anticorrupción, tomando en cuenta el marco legal, pero muy especialmente en los órganos y


mecanismos de aplicación. Este tipo de iniciativas debería tener un fuerte énfasis en el proceso de

implementación

3. Cuidado al medio ambiente, acceso a la energía y al agua

Medio ambiente, energía y agua son áreas de interés en crecimiento para diversos actores

anticorrupción. Las riquezas en recursos naturales, como agua (energía eléctrica), abundan en América

Latina y el Caribe. Globalmente se ha producido un mayor interés en estas materias. Organismos

internacionales y la banca multilateral en la región, centran su atención en la generación de condiciones

de explotación sostenible de recursos hídricos, forestales y energéticos, a la vez que hay un creciente

movimiento internacional por la defensa del medio ambiente, de los animales y de los bosques. Hasta

hace dos décadas aún no existían políticas gubernamentales y organismos supervisores de las normas

ambientales, pero hoy aún hay países que carecen de ellas, a pesar del creciente interés ciudadano en

ello. La generación de una institucionalidad ambiental es un desafío necesario, y se pueden aprovechar

las experiencias de unos países que llevan más terreno ganado en favor de otros.122 La transparencia de

la información ambiental es otro desafío, ya que se ha demostrado que inhibe prácticas corruptas,

como la tala ilegal, la ausencia deliberada de fiscalización, y la opaca asignación de tierras y concesiones.

El desafío de la transparencia es igual de importante en materia de agua y energía. Pero la

transparencia en todas estas materias implica más que entregar o recibir información, sino contar con

capacidad para procesarla y traducirla en acción. Resulta indispensable que los debates y decisiones no

se den únicamente entre los organismos especializados de los gobiernos y las empresas interesadas en

una inversión con impacto social y ambiental. Deben crearse mecanismos permanentes de

participación y opinión que permita integrar al debate, e incluso la negociación, a organizaciones locales

(perjudicados/beneficiados), a las autoridades locales, OSC anticorrupción y a centros de investigación y

universidades. Atendido que la creación de institucionalidad, políticas y mecanismos de participación es

una demanda que requiere tiempo y recursos en mayor escala, adquiere importancia el interés que

estas iniciativas pueden tener en las entidades financieras internacionales. Por otra parte, para alentar a

empresas privadas a involucrarse en negocios transparentes debe incorporarse la Responsabilidad Social

Empresarial y la ética en los negocios como un elemento que les agregue valor, mediante la

diferenciación de la empresa, el mejoramiento de la imagen corporativa y la generación de barreras

positivas de entrada a los negocios

4. Información sobre diagnósticos y actores

Para llevar adelante planes de acción resulta favorable acrecentar la información disponible para la

evaluación y toma de decisiones. Un punto de partida es efectuar una revisión de la información

existente sobre diagnósticos nacionales y sectoriales, y sobre potenciales socios en proyectos y

programas de desarrollo asociado a la lucha contra la corrupción. Una base de datos y mapa nacional y

sub-regional de actores actualizado favorecerán la capacidad planificación, de decisión y acción de las

oficinas nacionales del PNUD y del Centro Regional del PNUD. Estudios que permitan comprender sobre

122 Una contribución a la prevención de la corrupción en la respuesta al cambio climático, con recomendaciones para los países basadas en la CNUCC, se puede encontrar en el interesante documento del PNUD “Manteniendo el Rumbo: El manejo de riesgos de corrupción relativos al cambio climático,” 2011.


los procesos anticorrupción y sus factores de éxito también pueden fortalecer la labor de apoyo técnico

del PNUD. Las experiencias de países de herencia inglesa, francesa y holandesa pueden arrojar

diferencias importantes con aquellos de herencia española y portuguesa, así como arrojar luces sobre

países del Caribe sobre los cuales no existe suficiente experiencia documentada. Desde esta perspectiva,

resulta conveniente alentar el acceso a informes anticorrupción de donantes y organismos

multilaterales que actúan en la región, de manera de diseminar conocimiento y fortalecer la capacidad

de asesoría del PNUD.


Referencias

Capgemini y Merril Lynch (2011), Informe sobre la Riqueza en el Mundo.

CEPAL (2011), América Latina, evolución de la pobreza y la indigencia 1980-2010.

_____.(2011), Indicadores para América Latina, Niños en situación de pobreza extrema y pobreza total.

Chipman, John (2009), Strategic Challenges in Latin America. Assessing the Threats and Managing the

Responses. International Institute for Strategic Studies.

Consejo Nacional Anticorrupción del Perú (2007), Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Ética

Ciudadana.

Cr. Michelsen Institute (2009), ¿Cuán preparados estamos para evaluar la real implementación de las

convenciones anticorrupción? Lecciones desde las Américas.

De Shazo, Peter (2007), Esfuerzos contra la Corrupción en América Latina. Lecciones Aprendidas. Center

for Strategic and International Studies.

Del Pino, Eloisa (2007), Políticas de lucha contra la corrupción en Centroamérica y República Dominicana.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC.

Fundación para el Debido Proceso Legal (2007), Controles y descontroles de la corrupción judicial.

Evaluación de la corrupción judicial y de los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá.

Fruhling, Hugo (2009), La criminalidad en los países de América Latina. Instituto de Asuntos públicos,

Universidad de Chile.

Gruenberg, Christian y Biscay, Pedro (2007), Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos

Humanos, Corrupción y Derechos Humanos.

Hussmann, Karen (2007), Anti-corruption policy making in practice: What can be learned for

implementing Article 5 of UNCAC.

Latinobarómetro, (2007), (2008) y (2010).

Ministerio de la Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia (2010). Plan

Operativo Anual 2010.

OEA (1996), Convención Interamericana Contra la Corrupción.

______.(2006), Informe Hemisférico de la Primera Ronda de Análisis.

______.(2008), Informe Hemisférico de la Segunda Ronda de Análisis.


______.(2002-2010), Informes Nacionales Primera, Segunda y Tercera Ronda.

OEA - PNUD (2010), Nuestra Democracia.

ONU (2003), Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Parker, Norma; Berthin, Gerardo; de Michelle Roberto; y Mizrahi, Yemile, (2004). La corrupción en

América Latina: estudio analítico basado en una revisión bibliográfica y entrevistas.

Peñailillo, Miguel (2008), La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: Desafíos

Institucionales. GIZ.

PNUD (2004), Informe La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y

ciudadanos.”

_____. (2010), Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010.

_____. (2011), Manteniendo el Rumbo: El manejo de riesgos de corrupción relativos al cambio climático.

Programa Fondo conjunto de Donantes para la Anticorrupción de Nicaragua (2009), Diagnóstico de la

corrupción en Nicaragua.

Red de Integridad Del Agua (2008), Marco Estratégico de Acción 2009– 2015.

Secretaría de la Función Pública de México (2010), Cuarto Informe de Labores y Plan Nacional de Labores

2007-2012.

Transparency International de Latinoamérica y el Caribe TILAC (2008), TILAC 2012 Estrategia de

Transparency International en Latinoamérica y el Caribe hasta 2012.

Transparency International (2004), the National Integrity System TI Caribbean Composite Study.”

Transparency International y Centro Carter (2007), CRINIS: dinero en la política, asunto de todos.

Universidad de Vanderbilt (2006-2010), Encuestas LAPOP.

UNODC. (2010), Thematic Programme. Action against Corruption & Economic Crime (2010-2011).

UNODC y World Bank (2007), Crime, violence and development; trends, costs, and policy options in the

Caribbean.

UNODC (2010) Informe Mundial sobre las Drogas.

World Bank Institute (2009). Worldwide Governance Indicators.


ANEXOS


ANEXOS

ANEXO 1

PROYECTOS NACIONALES/REGIONALES DEL PNUD EN AMÈRICA LATINA Y EL CARIBE

FICHAS POR PAÍS

ARGENTINA

Fortalecimiento Institucional de la Oficina Anticorrupción (II)

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

-Anticorrupción

Énfasis:

- Preventivo

Fortalecimiento de organismos superiores de control (OA)


Coordinación en la prevención

El proyecto tiene como objetivo principal el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Oficina, para

el diseño e implementación de políticas preventivas y punitivas de promoción de la transparencia y lucha contra

la corrupción a través del desarrollo en las siguientes áreas: un sistema de información y documentación, la

educación en valores, la capacitación a distancia de funcionarios públicos y la cooperación y asistencia técnica

con gobiernos sub nacionales y con el sector privado.

Monto USD $ 192,951 Plazo Marzo 2013

Modernización Tecnológica del Archivo General de la Nación

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:

Fortalecimiento institucional TICs

El objetivo del proyecto es diseñar, desarrollar e implementar un nuevo modelo de gestión archivística basado en

la utilización de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el Archivo General de la Nación.

Monto USD $ 8,486,080 Plazo Diciembre 2012

Modernización Tecnológica e Informatización del Registro Nacional de las Personas

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:

Fortalecimiento institucional

El objetivo del proyecto es el diseño y la implementación de una política tecnológica y de informatización para el

Registro Nacional de las Personas a través del desarrollo de un Sistema integral de gestión, una Base de Datos

Única sobre la cual impactarán todas las transacciones de los sistemas informáticos del Registro y el desarrollo e

implementación de herramientas y recursos compartidos hacia el interior del organismo.

Monto $ 208,319,337 Plazo Diciembre 2013


Desarrollo Institucional de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto apunta hacia el fortalecimiento institucional, apoyo administrativo y capacidad de gestión de la

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para esto se espera lograr un rediseño y mejoramiento

de sistemas, un aporte informático, la implementación de un centro de gestión documental y archivo y de un

programa de desarrollo de la imagen del organismo.

Monto USD $ 31,603,562 Pazo Diciembre 2014

Apoyo al gobierno electrónico de la ciudad autónoma de Buenos Aires

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Transparencia

El proyecto busca contribuir a la reforma, innovación y fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la instalación, puesta en marcha y desarrollo de la Agencia de

Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diseño, implementación y

coordinación de un Plan de Acción de Gobierno Electrónico y la creación de un Observatorio de Gobierno Electrónico.

Monto $ 4,318,098 Plazo 2013

Tecnologías de la Información y comunicaciones (TICs)

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Transparencia

Participación de la sociedad civil

El objetivo del proyecto es lograr la inclusión digital de sectores desfavorecidos de la sociedad facilitando la

participación de comunidades locales en la Sociedad de la Información, a través del desarrollo de nuevas

estrategias de inclusión y el fortalecimiento de proyectos y programas específicos cuyos objetivos apuntan en

esta dirección.

Monto USD USD $ 9,684,265 Plazo: Diciembre 2012

Informatización del MRECIyC

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto busca mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto a través de la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Monto USD $ 6,306,244 Plazo: Junio 2012

Modernización tecnológica e informatización integral del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires

País:

Argentina

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:



BOLIVIA

Proyecto de fortalecimiento de las capacidades Institucionales del Ministerio de Autonomía

País:

Bolivia

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Autonomía para que esta instancia

contribuya a generar condiciones legales y capacidades técnicas - administrativas en las entidades territoriales

autónomas y descentralizadas para la implementación de las autonomías en los departamentos y municipios.

Monto $ 357,352 Plazo 2012

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda

País:

Bolivia

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


Este proyecto busca fortalecer las capacidades de gestión del Ministerio de Obras Públicas a través del

fortalecimiento de sus capacidades de monitoreo y seguimiento gerencial de los proyectos de inversión bajo su

responsabilidad, y estimación de sus impactos en la generación de empleo; y la implementación de un sistema de

“abogacía preventiva” en el Ministerio, orientado a diagnosticar, detectar y corregir los vacíos legales y

procedimentales existentes en los procesos de contratación.

Monto USD $ 140.280 Plazo: 2010

Diseño del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano SAC Bolivia

País:

Bolivia

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Transparencia

El proyecto apunta al diseño e implementación del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano, cuyo objetivo

principal es el diagnóstico de diferentes instituciones públicas en base a un relevamiento de información sobre

la oportunidad y la transparencia del servicio brindado por las mismas.

Monto USD $ 36,943 Plazo: 2010

BRASIL

Modernización y Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Valores Inmobiliarios

País:

Brasil

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento institucional Transparencia de los mercados

El objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad institucional del Registro de las Personas de la Provincia de

Buenos Aires a través del diseño y la implementación de una política tecnológica y de informatización. Dicho

objetivo contempla la ampliación de la red informática, la integración de información y el desarrollo de nuevos

servicios, aplicaciones y herramientas informáticas a la gestión, y la capacitación de recursos humanos en el uso

de nuevas herramientas, sistemas y aplicaciones informáticas.

Monto : USD $ 1,144,948 Plazo: Noviembre 2011


El proyecto apunta a la modernización y el fortalecimiento de la Comisión de Valores inmobiliarios a través de la

actualización del marco regulador de los mercados capitales, la facilitación del proceso de integración regional y el

desarrollo de la competitividad, la modernización de los procesos de registro de datos, el fortalecimiento de la

supervisión en los contratos derivados y la puesta en práctica del sistema de certificación de calidad en el mercado

de valores.

Monto USD $ 809,840 Plazo 2013

Fortalecimiento Institucional para la evaluación y gestión de la información del Ministerio de Desarrollo Social

País:

Brasil

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento institucional Fortalecimiento de políticas Transparencia

El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento institucional del Departamento de Evaluación y Gestión de la

Información (SAGI) del Ministerio de Desarrollo Social, a través del desarrollo de un proceso sistemático de

evaluación y seguimiento de las políticas y programas sociales operados por el Ministerio; un sistema de

información que responda a las necesidades de evaluación, seguimiento y gestión de las políticas sociales; la

capacitación del personal en las políticas y programas sociales; y mecanismos para el acceso público a la

información sobre las políticas y programas sociales.

Monto USD $ 19,388,118 Plazo: 2012

Apoyo a la implementación de la política nacional de información e informática en la Salud

País:

Brasil

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento institucional Transparencia

El proyecto busca ampliar y fortalecer la difusión y utilización de información de salud, además de actualizar y

poner en uso los procesos y herramientas para la integración programática conjunta e institucional del Ministerio

de Salud.

Monto $ 11,018,890 Plazo Junio 2012

CHILE

Contraloría General de la República: Fortaleciendo la Transparencia y Probidad en la gestión pública en Chile a

través de la Cooperación Internacional y Seguimiento de CNUCC

País:

Chile

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento de organismos superiores de control Implementación de herramientas de prevención

Asistencia, acompañamiento y fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República de Chile,

fortaleciendo la transparencia y probidad en la gestión pública del país a través del desarrollo de consultorías,

estudios y publicaciones sobre el tema; sistematización y difusión de experiencias de buenas prácticas en el ámbito

internacional; y realización de talleres de capacitación e instancias de discusión.



COLOMBIA

Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia

País:

Colombia

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Transparencia Participación de Sociedad Civil

El proyecto busca mejorar las condiciones de transparencia en los Departamentos de Santander y de La Guajira y

en el Distrito de Cartagena de Indias, fomentando la transparencia en la gestión pública a nivel territorial. Todo

aquello a través de la capacitación de funcionarios y organizaciones sociales; la adopción de pactos y planes de

mejoramiento; la elaboración de una metodología para el intercambio horizontal de experiencias exitosas de

buen gobierno y de un documento de buenas prácticas de transparencia a nivel local.

Monto USD $ 191,779 Plazo: Junio 2011

Mejoramiento de la Gestión Pública a Nivel Local

País:

Colombia

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento institucional Participación de Sociedad Civil

La iniciativa busca brindar apoyo técnico a las Gobernaciones de La Guajira, Santander, y a la Alcaldía de

Cartagena para el desarrollo de las capacidades de gestión pública y el ejercicio de la ciudadanía política a nivel

departamental. Se espera fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para lograr un mejor

desempeño en materia de eficiencia administrativa y financiera, planeación y gestión de políticas públicas

territoriales. Además se busca instaurar mecanismos regulares y eficaces de participación, concertación y control

ciudadano de políticas públicas locales.

Monto $ 1,065,274 Diciembre 2012

Proyecto Fortalecimiento Democrático Fase II

País:

Colombia

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


El proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia colombiana. Entre sus resultados, se

espera acompañar a los partidos políticos en el diseño e implementación de políticas de transparencia y planes

de acción para su fortalecimiento institucional; mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas

en el Congreso de la República; fortalecer y apoyar iniciativas de evaluación y seguimiento de la gestión de

cuerpos colegiados a nivel nacional y territorial.

Monto USD $ 2,998,567 Plazo: Julio 2014

Fortalecimiento de la política nacional y territorial de transparencia y buen gobierno

País:

Colombia

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento de políticas anticorrupción

Transparencia

Participación de Sociedad Civil


El proyecto busca fortalecer la capacidad del aparato estatal y de la sociedad civil colombiana para el ejercicio

visible, probo y con rendición de cuentas de los servidores públicos. Busca fortalecer el proceso de rendición de

cuentas en diferentes territorios; fortalecer la capacidad institucional del MIJ; definir la naturaleza, alcance y

estructura de un Observatorio anti-corrupción; y producir un documento de formulación de la política pública de

lucha contra la corrupción.

Monto USD $ 937,908

Plazo: Diciembre 2012

COSTA RICA

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica

País:

Costa Rica

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento de políticas locales Participación de Sociedad Civil

El proyecto busca fortalecer las capacidades de planificación y evaluación del desarrollo humano a nivel local y la

descentralización, con equidad de género. Sus resultados incluyen la generación de Planes de Desarrollo

Municipal, participativos e incluyentes, junto a la implementación de un Observatorio Nacional para la

descentralización y su articulación con cuatro observatorios locales.

Monto $ 813,094 Plazo: 2011

ECUADOR

Fortalecimiento Municipal de Guayaquil

País:

Ecuador

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto pretende apoyar la implementación de los nuevos procesos administrativos, técnicos y financieros de

la Municipalidad de Guayaquil, a través del apoyo a iniciativas tendientes a mejorar el transporte público, el

apoyo a la coordinación y promoción de la acción social local y al proceso de consecución de fondos no

reembolsables emprendidos por la MIMG.

Monto $ 958,521 Plazo: 2011

EL SALVADOR

Evaluando la Gobernabilidad Democrática en El Salvador: Transparencia y Rendición de Cuentas

País:

El Salvador

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


El proyecto busca contribuir a la profundización del sistema democrático en el país, a través del desarrollo e

implementación - mediante un proceso participativo- de un sistema de medición de Gobernabilidad Democrática

centrado en la transparencia y rendición de cuentas, así como de la divulgación de sus resultados para la gestión

del conocimiento.



GUATEMALA

Proyecto de Apoyo a la Vicepresidencia de la República en acciones relacionadas con la Transparencia,

Anticorrupción y Acceso a la Información en Guatemala

País:

Guatemala

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

- Preventivo

Fortalecimiento de organismos superiores de control

Implementación de políticas anticorrupción

El proyecto está enfocado al Fortalecimiento de la Vicepresidencia de la República en los temas de transparencia,

anticorrupción y acceso a la información. Pretende institucionalizar en el Organismo y sus dependencias la

promoción de estos temas y propiciar la construcción de un Marco Normativo que contribuya a su promoción.

Monto $ 708,463 Plazo: Julio 2012

Fortalecimiento Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala – CGC

País:

Guatemala

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:


Mejorar la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas a través del fortalecimiento de las

auditorías, la profesionalización de los auditores y la producción de instancias de intercambio de experiencias en

buenas prácticas y generación de acuerdos para el desarrollo institucional.

Monto USD $ 130,356 Plazo:2010

Programa de Alianzas con la Sociedad Civil

País:

Guatemala

Tipo de proyecto:

Con componentes

anticorrupción

Énfasis:


El proyecto busca construir alianzas estratégicas entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones

del Estado, en los temas de discriminación, acceso a la justicia por y para los pueblos indígenas, y auditoria social

y transparencia. Para ello contempla la elaboración de instrumentos y mecanismos de implementación de

políticas públicas relativas a estos temas junto a la identificación de acciones viables y planes de trabajo para su

impulso en los distintos departamentos.

Monto USD$ 186,701 Plazo: 2012

Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

País:

Guatemala

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


El proyecto tiene como objetivo apoyar la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal mediante el

fortalecimiento de la posición financiera del gobierno, la creación de alianzas estratégicas con diversos actores

del ámbito nacional e internacional y la implementación del Observatorio Ciudadano del Gasto Público.


HONDURAS

Transparencia Electoral

País:

Honduras

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Transparencia de procesos electorales

El proyecto busca llevar a cabo una auditoría social del proceso político electoral como mecanismo de rendición

de cuentas con participación ciudadana. Ésta consiste en monitorear, observar y acompañar el proceso electoral


en relación a las propuestas programáticas de los partidos, los aspectos financieros, el rol de los medios de

comunicación y el cumplimiento de la Ley Electoral.

Monto $ 86,351 Plazo: 2010

Sistema de observatorios para el seguimiento de las metas del milenio

País:

Honduras

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:


Observación ciudadana

El proyecto contempla la implementación de tres observatorios en el país, con el fin de generar herramientas

que permitan evaluar el impacto de las políticas e inversiones nacionales y externas orientadas al cumplimiento

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a nivel territorial. Se busca el fortalecimiento de organizaciones

territoriales para el empoderamiento y capacidad de influencia en los procesos de toma de decisión local.

Monto - Plazo: 2011

JAMAICA

Building Civil Society Capacity to support good Governance by Local Authorities

País:

Jamaica

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Transparencia


El proyecto apunta a fortalecer la capacidad de la sociedad civil y las instituciones para monitorear el gasto

público a nivel local a través del desarrollo de políticas y legislación, el desarrollo de comités de apoyo a la

transparencia financiera y rendición de cuentas y el desarrollo de la capacidad de los medios de comunicación

para reportar el uso que hacen las autoridades locales de los fondos públicos.

Monto USD $ 232,185 Plazo: Diciembre 2011

MÉXICO

Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas de México)

País:

México

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

- Preventivo


Transparencia

El proyecto busca crear un marco conceptual y metodológico unificado, que permita la construcción de

indicadores objetivos para el diagnóstico y evaluación de la calidad de la gestión pública y el desempeño de los

gobiernos de México, así como los mecanismos de rendición de cuentas.

Monto $ 284,559 Plazo: 31 de Diciembre 2011

Plataforma de información sobre la institucionalización de la Política Social

País:

México

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Transparencia

Con el fin de fortalecer la institucionalidad de los programas sociales, se busca la definición y registro de criterios

mínimos de institucionalidad para la política social, junto a la creación de mecanismos públicos y abiertos para el

monitoreo de los cambios en dichos estándares.


Monto $ 432.586,21 Plazo: Diciembre 2011

NICARAGUA

Apoyo a la Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción a través del Fondo Conjunto de Donantes para la

Anticorrupción Fase II.

País:

Nicaragua

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:


El objetivo del proyecto es coordinar y aumentar la capacidad de las instituciones del Ejecutivo para prevenir y

combatir la corrupción. Sus resultados incluyen la apertura de oficinas de la Procuraduría General en todas las

regiones del país y la creación, dentro de la Procuraduría, de la Oficina de Denuncia Ciudadana.

Monto: USD$1,811,901 Plazo 2010 (Fase III)

PARAGUAY

Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Interior para la realización del Censo Policial

País:

Paraguay

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto tiene como objetivo apoyar al desarrollo de las capacidades institucionales del Ministerio del Interior,

para brindar un mejor servicio de seguridad a la ciudadanía a través del fortalecimiento de las capacidades

institucionales para la gestión de los recursos humanos policiales.

Monto: USD$ 50,000 Plazo: 2010

PERÚ

Medios de Comunicación y Democracia

País:

Perú

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Transparencia


El proyecto busca la promoción de la transparencia, la autorregulación en los medios de comunicación y la

participación de la prensa en el afianzamiento de un diálogo con el poder judicial, así como el afianzamiento del

proceso de implementación de las leyes de transparencia y acceso a la información pública y de radio y televisión

mediante el fortalecimiento de las capacidades de la prensa, la judicatura, autoridades, funcionarios públicos y

ciudadanos.

Monto USD $ 566,261

Plazo: 2011

Implementación Observatorio Voto Electrónico en América Latina

País:

Perú

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto apunta a la implementación de un Observatorio de Voto Electrónico para la recopilación y

sistematización de información sobre votación electrónica en América Latina y el diseño del aplicativo

informático, para información de votación electrónica.


Monto USD $ 31.674,89 Plazo: 2011

Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel Comunitario

País:

Perú

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto apunta a la implementación del Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación de

los países de la Comunidad Andina, tomando en cuenta las necesidades de los tomadores de decisiones en

políticas y recibir el compromiso de los países de actualizar el observatorio a base regular.


Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para

asegurar la transparencia en la gestión pública Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y

de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública

País:

Perú

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:

Fortalecimiento de organismos superiores de control Transparencia Participación de Sociedad Civil

El proyecto espera lograr un fortalecimiento de las capacidades de supervisión de la Defensoría mediante la

elaboración y validación, de lineamientos de actuación defensorial en acceso a la información pública,

transparencia y rendición de cuentas. También contempla la supervisión de la difusión de información sobre

servicios básicos en los portales de transparencia de los gobiernos regionales. Por último, incluye la capacitación

en estos temas a organizaciones de sociedad civil.


REPÚBLICA DOMINICANA

Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la Escuela

Nacional

País:


Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Transparencia

El objetivo del proyecto es el fortalecimiento institucional en lo referente a la transparencia e integridad en la

gestión de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana por medio de la implementación de sistemas

de gestión computarizados que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos de la población, y aseguren el

acceso rápido, gratuito y seguro a la administración de justicia.


Modernización del IDAC

País:


Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El objetivo del Proyecto es contribuir a la modernización institucional, operativa y técnica del Instituto

Dominicano de Aviación Civil (IDAC), a través del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y la

capacitación del personal para brindar servicios que garanticen mayor seguridad en el tráfico aéreo en la

República Dominicana. Al mismo tiempo, se busca fortalecer a la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas

como institución de educación especializada y la capacidad institucional del IDAC para garantizar que la gestión

de la entidad responda a las necesidades del país y a las políticas del gobierno.

Monto USD $ $ 8,050,000 Plazo: Diciembre 2013

Fortalecimiento de la Cámara de Cuentas de la RD


País:


Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Participación de sociedad civil

Contribuir a una mayor eficiencia, equidad y transparencia de las instituciones del Estado Dominicano, a través

del fortalecimiento general de la Cámara de Cuentas.

Monto USD $ 4,847,892 Plazo: Junio 2013

Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOB

País:


Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


El objetivo del proyecto es el fortalecimiento institucional de la Presidencia de la República Dominicana por

medio de la implementación de sistemas de gestión y desarrollo de capacidades, que propicien transparencia,

aporten a la efectividad de las políticas de Estado, promuevan la interacción equitativa de la ciudadanía y

garanticen el efectivo ejercicio de los derechos políticos, sociales, económicos u jurídicos de la población.

Monto $ 34,279 Plazo: Diciembre 2010

Modernización y Fortalecimiento del Senado de la República

País:


Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El Proyecto busca dotar al Senado de la República de procedimientos operativos que garanticen la prestación de

sus servicios con eficiencia y transparencia, además de contribuir aportando las herramientas necesarias que

faciliten y permitan al personal del Senado satisfacer los requerimientos ciudadanos.

Monto $ 29,688 Plazo: Junio 2011

Fortalecimiento institucional y operativo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

País:


Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto apunta a la modernización y fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados a través de la

mejora de sus capacidades gerenciales y legislativas. Se apoya principalmente en la capacitación de los diputados

y funcionarios administrativos en el enfoque del desarrollo humano, entregando herramientas para la

elaboración de políticas públicas en éste ámbito.

Monto USD $ $ 1,437,597

Plazo Diciembre 2012

SURINAM

Support for implementing the policy plan for protection of Legal Rights and Safety - Legal Protection and Human Rights, and Anti-Corruption.

País: Surinam

Tipo de proyecto: Desarrollo

Énfasis: Derechos Humanos

El proyecto apunta a incrementar el conocimiento, conciencia y habilidades de los tomadores de decisiones y la población en relación a los derechos humanos y su respeto. Además apunta a sensibilizar a las instituciones públicas en los impactos de la corrupción y los mecanismos para su prevención y manejo.

Monto USD $ 915,036 Plazo Diciembre 2013


URUGUAY

Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de calidad del gasto y del proceso presupuestario

País:

Uruguay

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El proyecto busca mejorar la eficiencia de la Administración Central a través de la mejora de la calidad del gasto y

el proceso presupuestario. En este marco busca poner en marcha una Agencia para el desarrollo del gobierno

electrónico; la actualización tecnológica del Portal del Estado uruguayo e integración de nuevos trámites; e

implantar nuevos módulos del sistema de gestión de salud.

Monto USD $ 6,351,012 Plazo Diciembre 2013

Apoyo a la gestión del gobierno electrónico en Uruguay

País:

Uruguay

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:

- Preventivo


Transparencia

El objetivo general del Proyecto es apoyar y fortalecer el desarrollo de la estrategia gobierno electrónico (GE) de

Uruguay. A través de la evaluación de los efectos de la implementación de las diferentes iniciativas de gobierno

electrónico actualmente en ejecución en los servicios públicos y la definición de un estándar de gobierno

electrónico; apoyar el desarrollo de soluciones de gobierno electrónico, y fortalecer a la Agencia para el

Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

Monto $ 3,991,149 Plazo: Diciembre 2011

Apoyo a la ejecución del Sistema Nacional de Inversión Pública

País:

Uruguay

Tipo de proyecto:

De Desarrollo

Énfasis:


El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la calidad de la inversión pública en Uruguay mediante el diseño

y puesta en marcha de un Banco de Proyectos través de un portal público, con información sistematizada y

estandarizada sobre el proceso de inversión pública de la administración central. Además contempla la

constitución de un equipo técnico para apoyar el proceso de implantación del Sistema Nacional de Inversión

Pública.

Monto USD $ 590,647 Plazo Agosto 2012

Proyecto URU/07/009 Apoyo a la ejecución del Programa de País

País:

Uruguay

Tipo de proyecto:

Anticorrupción

Énfasis:



El proyecto incluye un Programa de Capacitación para la implementación de una Red de Funcionarios Públicos

especializados en Normativa Anticorrupción, que busca formar funcionarios dispuestos a colaborar en la difusión

de esta materia en sus respectivos organismos.

Monto USD $ 819,734 Diciembre 2012


VENEZUELA

Apoyo a la Consolidación de la Modernización del Sistema Aduanero

País:

Venezuela

Tipo de proyecto:

Desarrollo con

componentes

anticorrupción

Énfasis:


Control

El proyecto pretende apoyar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en

el proceso de optimización y consolidación de la modernización del sistema aduanero. Para lo anterior se espera

profundizar en los elementos de eficiencia y transparencia del Sistema; incrementar los niveles de vigilancia y

control; adecuar la infraestructura aduanera a los requerimientos de espacio y funcionalidad; e incrementar la

capacidad tecnológica.

Monto $ 436,265 Plazo: Diciembre 2011


PROYECTOS REGIONALES123

PROYECTO SIGOB

El proyecto Regional de Gestión para la Gobernabilidad – SIGOB, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión de la alta dirección de los Gobiernos para la generación de las condiciones de gobernabilidad necesaria para los procesos de transformación hacia el desarrollo humano sustentable .

El SIGOB dispone de varios módulos como propuestas de sistemas de trabajo para la alta dirección de los cuales tres están relacionados directamente a políticas de transparencia y anticorrupción:

1. TRANSDOC, Transparencia Documental 2. TRE: Trámite Regular Estructurado 3. METAS: Sistema de Programación y Gestión de Metas y Resultados

TRANSDOC: Este sistema tiene como objetivo central buscar la mayor transparencia y agilidad en la gestión de la documentación que ingresa, y se producen en la institución ya sea que la misma tenga destino interno o externo, así como mantener un adecuado archivo virtual que permita gestionar la documentación de memoria institucional. Asimismo permite la consulta del ciudadano para conocer el estado de gestión de la correspondencia presentada. Un objetivo adicional de la implementación del Sistema de TRANSDOC, es el de apoyar políticas institucionales de “papel cero”.

TRE: El Sistema de Gestión de Trámites Regulares Estructurados, tiene por objetivo reunir una red de trabajo intra e inter-institucional orientada a fortalecer las capacidades de gestión de los procesos, mejorando la eficiencia y la transparencia de sus servicios. El sistema se basa en un proceso previamente racionalizado orientado a la simplificación, en el cual toma como criterio central las cadenas de valores agregados y la eliminación de intermediaciones burocráticas innecesarias en la línea de producción del servicio.

METAS: El Sistema está orientado a implementar y apoyar la red de gestión para el logro de los objetivos y los resultados de los principales Programas de Acción Gubernamental [PAG] vinculados a la promesa electoral y a los compromisos que asume el gobierno en su ejercicio. El Sistema se basa en métodos de programación y gestión que permite informar acerca del avance del Programa y de sus metas intermedias: sus indicadores de avance, las restricciones políticas, financieras y otras que frenan su logro, las alertas de probabilidad de estas restricciones, y también las oportunidades de generación de acciones comunicacionales o políticas orientadas a la formación de ciudadanía alrededor del quehacer gubernamental.

123 En muchos de los proyectos/programas de las oficinas por país no se hace una diferenciación entre productos y resultados esperados, por consiguiente, se hizo una aproximación de acuerdo a la descripción de cada una de las intervenciones. Adicionalmente, en la mayoría de intervenciones PNUD anticorrupción por país no se hace explícito los antecedentes de otras intervenciones, la sistematización y los impactos. Finalmente, la mayoría de intervenciones están aún en curso o han finalizado recientemente.


PROYECTOS DEL CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

INICIATIVA REGIONAL TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS GOBIERNOS LOCALES –

(TRAALOG)

OBJETIVO

El objetivo del TRAALOG es brindar asistencia y asesoría técnica a Oficinas de País del PNUD en América Latina y el Caribe, y en particular apoyar de manera precisa iniciativas vigentes y/o nuevas iniciativas que aborden la temática de gobiernos locales (municipios, departamentos, condados, provincias, gobernaciones, estados) y transparencia, rendición de cuentas y anti-corrupción.

DESCRIPCIÓN PROYECTO

TRAALOG tendrá dos objetivos específicos: 1. Brindar asesoría a las Oficinas de País del PNUD, ya sea para apoyar iniciativas actuales a nivel

sub-nacional como para nuevas iniciativas; y 2. Desarrollo y sistematización de productos de conocimiento y herramientas diseñadas para

permitirle a los gobiernos sub-nacionales poner en práctica los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las Oficinas de País con las que TRAALOG ha trabajo son: PNUD- Colombia, PNUD – El Salvador, PNUD – México, PNUD – República Dominicana, PNUD=Bolivia, PNUD-Nicaragua, PNUD-Costa Rica, PNUD-Jamaica

DURACIÓN, COMIENZO Y FINAL DEL PROYECTO

Mayo 2010 – Diciembre 2012

NOMBRE DEL CENTRO DE COORDINACIÓN, Y DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe

RESULTADOS y / o PRODUCTOS ESPERADOS

Resultado 1: Sistema para compartir mecanismos exitosos de transparencia y rendición de cuentas, y políticas públicas para elevar el conocimiento y las capacidades Resultado 2: Identificación y promoción de mecanismos de responsabilidad a nivel sub-nacional y local en un número específico de programas y proyectos de Las Oficinas de País.


PROYECTO PROLOGO (Propuestas Locales de Gobernabilidad)

OBJETIVO

El proyecto PROLOGO - Propuestas Locales de Gobernabilidad, es un proyecto regional del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática financiada por la Generalitat Valenciana, que está siendo implementado por tres Oficinas de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo del Centro Regional. PROLOGO es una iniciativa que promueve la gobernabilidad democrática local en el contexto del desarrollo humano a través de la participación incluyente y el fortalecimiento de instituciones responsables en el nivel local.


El Centro Regional ha establecido asociación con las oficinas PNUD de país en Colombia, República Dominicana y El Salvador, y a través de ellas con interesados locales (autoridades y sociedad civil) para crear la red PRÓLOGO, que articula tres componentes. a. La creación y puesta en marcha de tres Centros Locales para analizar y dar seguimiento a las condiciones de la administración local condiciones para el logro de los ODM; difundir y compartir información, y ofrecer un espacio de diálogo entre las autoridades locales y la sociedad civil organizada. b. Creación y puesta en marcha de un Nodo Regional para consolidar la Red de Trabajo PROLOGO. El Nodo Regional proporciona a los Centros Locales herramientas de conocimiento y metodologías sobre la buena gobernabilidad local; consolida, compara y sistematiza la información proporcionada por los centros locales; promueve y facilita la cooperación entre los centros locales; y ofrece a los actores locales un centro de capacitación de liderazgo y temas de gobernabilidad. c. El diseño y puesta en marcha de un sistema de capacitación virtual sobre Democracia Local: El sistema de capacitación proporciona herramientas conceptuales y promueve el desarrollo de habilidades prácticas de los actores locales; brinda un espacio para el encuentro ciudadano utilizando la plataforma de aprendizaje de la Escuela Virtual del PNUD y la del Centro Regional.


Período del programa: 2008 - 2010. Fecha de Inicio: Septiembre 2008. Fecha de Conclusión: Diciembre 2010.


Entidad ejecutora: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y Oficinas PNUD Colombia, El Salvador, y República Dominicana.


El Proyecto PROLOGO ha empoderado nuevos protagonistas ciudadanos comprometidos con el desarrollo humano a nivel local para una participación política activa y un compromiso de seguir capacitándose aún más para asumir roles políticos de mayor envergadura en el futuro. Esta evaluación comprueba la validez de las dos principales hipótesis de cambio que sustentaron al Proyecto PROLOGO:

El enfoque de ‘doble vía’ seguida por PROLOGO, de fortalecer la capacidad estratégica municipal y la organización de grupos excluidos y vulnerables a la vez de promover el ¨partenariado¨ entre las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil es un estrategia efectiva de promover la gobernabilidad local y la inclusión social.

La política seguida por PROLOGO de identificar y respaldar a líderes potenciales ‘campeones’ en


la esfera municipal y en la sociedad civil es un factor crucial en asegurar la necesaria voluntad política, cambio institucional y empoderamiento tanto para promover la transparencia y rendición de cuentas del gobierno local como para asegurar la organización y participación de grupos marginalizados.

ESCUELA VIRTUAL DEL PNUD

NOMBRE DEL CURSO Y/O INICIATIVA

Diseño y pilotaje del curso virtual en Essentials on Anticorruption (Versión Inglés).

OBJETIVO

El curso en Essentials on Anticorruption (Esenciales de Anticorrupción) tiene como objetivo general brindar herramientas conceptuales, analíticas y prácticas en Anticorrupción para programar incluyendo herramientas de medición y evaluación.


El curso es 100% virtual y ocasionalmente estará acompañado por sesiones presenciales de cierre para fortalecer contenidos. Tiene una duración de 10 semanas y demanda una dedicación de 10 horas a la semana por parte de los estudiantes. El público objetivo son especialistas que trabajan en los temas de Anticorrupción y funcionarios del PNUD. El curso estará estructurado en 4 unidades:

Unidad 1. Marco Conceptual. Unidad 2. Metodologías para Medir y Evaluar Corrupción y Anticorrupción. Unidad 3. Puntos de Entrada y Programación para Anticorrupción Unidad 4. Análisis del Contexto Regional


Enero-Diciembre 2011


RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group)


1. Curso virtual (10 semanas) en Essentials on Anticorrupción- English versión. El diseño del curso debe estar finalizado en Agosto 2011.

2. Pilotaje del curso en Essentials on Anticorrupción. El curso será piloteado entre septiembre – noviembre 2011, con estudiantes de todas las regiones. .

Peer review y evaluación del curso. El curso será evaluado por expertos, estudiantes y docentes para realizar ajustes finales entre Noviembre y Diciembre 2011.


Iniciativa Global de Rendición de Cuentas y Derechos de Agua y Saneamiento (Global Initiative on Accountability and Water Rights).

OBJETIVO

El principal objetivo del proyecto, es realizar un estudio aplicado y comparado que evidencie relaciones y sinergias entre mecanismos de rendición de cuentas horizontal y social y cómo estos impactan la prestación de servicios y garantías y acceso al agua. De esta manera se espera contribuir al trabajo des


UNDP-DGG en el marco de la rendición de cuentas.


En la primera fase del estudio se realizarán 4 estudios de caso en diferentes países de la región: México, Colombia, Bolivia, Chile (está por definir la participación de Barbados). Los resultados La iniciativa cuenta con la participación de los siguientes actores:

a. PNUD a nivel Mundial (DGG y OGC) b. Sistema de las Naciones Unidas (ONU-HABITAT y la Campaña del Milenio) c. Regional del PNUD (Escuela Virtual para HD y la Democracia) d. Oficinas de País del PNUD (y otras agencias de la ONU): México, Colombia, Bolivia, Chile y

Barbados (por determinar). e. Think tanks locales-contrapartes en los países: CIESAS (México), CIDER-Universidad de los Andes

(Colombia), Bolivia, Chile y Barbados (por determinar). f. Contrapartes internacionales: IDEA, One World Trust.


Enero 2011-Marzo 2012


RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group)


1. Cuatro estudios de caso que evidencien las sinergias y relaciones entre la rendición de cuentas social y horizontal y su impacto en la protección y garantía de los derechos del agua y saneamiento.

2. Un documento de discusión con recomendaciones de política y programación en materia de rendición de cuentas (versión inglés y español).

3. Diseminación de los resultados y hallazgos en foros internacionales sobre la gobernabilidad del agua.

4. Base de datos de literatura internacional y casos de estudio sobre rendición de cuentas y agua y saneamiento.


Implementación del curso Anticorrupción y Desarrollo Humano en Honduras.

OBJETIVO

La Escuela Virtual teniendo en cuenta los requisitos del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras ha adaptado un curso de capacitación que incluyó los siguientes objetivos:

‐ Comprender los enfoques conceptuales sobre la corrupción, teniendo en cuenta el paradigma del desarrollo humano y los ámbitos institucional, político y normativo en el que se lleva a cabo.

‐ Analizar el impacto de la corrupción en el desarrollo humano y gobernabilidad democrática en el contexto de Honduras.

‐ Comprender la importancia de las herramientas de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta los principios y valores proporcionados por los mecanismos locales e internacionales que luchan contra la corrupción


El curso virtual tiene una duración de 11 semanas. Incluye el desarrollo de una sesión presencial de cierre del curso en donde se profundizarán contenidos y realizarán talleres de aplicación de herramientas.


El público objetivo del curso, son 41 estudiantes, que son miembros del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras y que tienen un variado perfil profesional. El curso hace parte del proceso de fortalecimiento de capacidades de la escuela anticorrupción que el CNA de Honduras lanzará en el mes de septiembre.


Mayo-Agosto 2011


RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe y el Área de Gobernabilidad Democrática –DGG (Democratic Governance Group) Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras.


1. Fortalecimiento de capacidades del concejo Nacional Anticorrupción de Honduras y su Escuela

de formación en Anticorrupción. 2. Fortalecimiento de capacidades al cuerpo docente y de formación de la Escuela Anticorrupción

en Honduras en herramientas conceptuales, analíticas y prácticas Anticorrupción.


Diseño e implementación del curso en Gobernabilidad Local y procesos de descentralización para el Desarrollo Humano

OBJETIVO

El curso en Gobernabilidad Local y procesos de descentralización para el Desarrollo Humano se enmarca dentro de los objetivos del proyecto PROLOGO (Propuestas Locales de Gobernabilidad - iniciativa regional financiada por la Generalitat de Valencia), que es implementado en Colombia, República Dominicana y El Salvador). El curso tiene como objetivo generar un espacio de aprendizaje e intercambio para abordar la dinámica de la Gobernabilidad Democrática Local, los Procesos de Descentralización, y su contribución al desarrollo humano y a la profundización de los procesos democráticos en América Latina y el Caribe. Para esto en la última unidad se ofrecen a los estudiantes herramientas analíticas y prácticas sobre rendición de cuentas y transparencia.


El Curso tiene una duración estimada de trece (13) semanas y se estructura bajo una progresión lógica de 4 unidades temáticas. Cuenta con una metodología de “blended learning,” en la que se combinan modalidades de aprendizaje virtual y presencial; en esta media, el proceso cuenta con 3 sesiones presenciales a modo de taller que complementan sustantiva y metodológicamente los aprendizajes y contenidos del curso virtual. Unidad 1: Definición y conceptos de Desarrollo Humano, Gobernabilidad Democrática y la Dimensión Local Unidad 2: Los procesos de Gobernabilidad Local y Descentralización y su vínculo con el Desarrollo Humano Unidad 3: Políticas Públicas, Gobernabilidad Local, descentralización y Desarrollo Humano


Unidad 4: Instrumentos y Herramientas para fortalecer la Gobernabilidad Local y los procesos de descentralización para el Desarrollo Humano Público: El público objetivo del curso son líderes y lideresas sociales que tengan interés de participar e incidir en los asuntos públicos locales de sus territorios. Versión piloto: Inicialmente, el curso se implementó con una versión piloto con estudiantes de Santa Tecla (El Salvador), El Cercado (República Dominicana) y Cartagena (Colombia). Versión 1: el curso se ha implementado en una segunda versión para Honduras, implementado con 30 estudiantes.


PROLOGO: Abril – Junio 2010 Honduras: Septiembre – Diciembre 2010


RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe Generalitat de Valencia


1. Fortalecimiento de capacidades y de acción de los diferentes centros PROLOGO a nivel local, así como fortalecimiento y creación de redes de apoyo entre los mismos centros.

2. Facilitación del aprendizaje práctico mediante el abordaje de conceptos, herramientas, casos, buenas prácticas y experiencias, como instrumentos para la acción y la aplicación inmediata.


Diseño e implementación del curso en Gobernabilidad Local y Gerencia pública con enfoque de Desarrollo, para el sector salud de Guatemala.

OBJETIVO

En el marco de un proyecto de capacitación en liderazgo y rectoría del sistema de salud en Guatemala, diferentes agencias y entidades (Ministerio de Salud Pública de Guatemala, Agencia USAID, y la Oficina de PNUD de Guatemala) se unieron para fortalecer el desarrollo del Programa de Extensión de Cobertura –PEC del Ministerio de Salud en Guatemala. Uno de los ejes principales de este proceso de fortalecimiento es la capacitación de funcionarios/as del sistema, específicamente del PEC. El curso en Gobernabilidad Local y Gerencia Pública con enfoque de Desarrollo Humano para el sector salud de Guatemala tiene el objetivo de fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y gerenciales desde un enfoque de desarrollo humano del personal técnico de las direcciones de área y distritos municipales de salud en Guatemala. El curso en la última unidad se ofrecen a los estudiantes herramientas analíticas y prácticas sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia como herramientas claves de gestión y gobernabilidad.


El Curso tiene una duración estimada de trece (12) semanas y se estructura bajo una progresión lógica de 4 unidades temáticas. Cuenta con una metodología de “blended learning”, en la que se combinan


modalidades de aprendizaje virtual y presencial; en esta media, el proceso cuenta con 3 sesiones presenciales a modo de taller que complementan sustantiva y metodológicamente los aprendizajes y contenidos del curso virtual. Unidad 1: Desarrollo Humano y Gobernabilidad Democrática: el nuevo rol del Estado Unidad 2. Políticas Públicas, planificación institucional y gestión para el Desarrollo Humano. Unidad 3: Herramientas de Gerencia Pública para el sector saludo con enfoque de Desarrollo Humano. Unidad 4: Gestión Pública participativa a nivel local. Público: En total, el proyecto busca capacitar a 400 funcionarios con las características mencionadas, durante el desarrollo de 10 cursos virtuales: 5 en 2011, 5 en 2012 2011 Versión piloto: Inicialmente, el curso se implementa con una versión piloto, que cuenta con dos aulas virtuales, cada una con una capacidad de 40 estudiantes, para completar un proceso de formación para 80 estudiantes en Guatemala 2011 Versión I: Implementación del curso bajo la misma modalidad anterior: dos aulas virtuales, cada una con capacidad de 40 estudiantes; en total 80 estudiantes. 2011 Versión II: Implementación del curso con un aula virtual de capacidad para 40 estudiantes.


2011 Versión piloto: Marzo – Junio 2011 2011 Versión I: Julio – Septiembre 2011 2011Versión II: Septiembre – Diciembre 2011


RBLAC: PNUD - Centro Regional para América Latina y el Caribe CO- Guatemala Agencia USAID


1. Promoción de la gestión pública local orientada hacia el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática, con enfoques de fortalecimiento de la participación ciudadana en los asuntos de interés público: rendición de cuentas, participación e incidencia, gestión pública participativa.

2. Capacitación de 400 funcionarios: personal técnico de las Direcciones de Área y los Distritos Municipales de Salud en Guatemala. El curso está especialmente dirigido a: Directores de área (Gerentes de Recursos Humanos, Gerentes Administrativo-Financieros, Gerentes de Provisión de Servicios, y Coordinadores del Programa de Extensión de Cobertura – PEC); y Coordinadores municipales (Coordinadores Municipales de Salud y Enfermeras de Distrito).

3. Implementación de 10 cursos virtuales: 5 en 2011 y 5 en 2012


Anexo 2

Socios Estratégicos de las Oficinas de País del PNUD

PNUD MÉXICO

Socio Proyecto y/o Programa

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas en las Entidades Federativas de México Centro de Gobernabilidad de Oslo PNUD

Agencia Transparencia Mexicana Plataforma de información sobre la institucionalización de la Política Social

Secretaría de Desarrollo Social México (SEDESOL)

Auditoría superior de la federación

México Evalúa

Fundar

Alianza Cívica

Instituto federal de acceso a la información y protección de datos personales (IFAI)

INFODF

Instituto mexicano para la competitividad A.C. (IMCO)

Articulo XIX México

Instituto de transparencia y acceso a la información de Tamaulipas

Colegio de la Frontera Norte (COLEF)

Secretaría de la controlaría de Oaxaca

Transparencia mexicana

Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM

DECA Equipo Pueblo, A.C.

PNUD COSTA RICA


Ministerio de Planificación (MIDEPLAN)

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales para la Planificación del Desarrollo Humano Local en Costa Rica

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal Descentralización Democrática y Fortalecimiento Local (IFAM)

ONU - HABITAT

Unión Europea

Unión Nacional de Gobiernos Locales

PNUD EL SALVADOR


Instituto Nacional de Fomento Cooperativo

Centro de Estudios Democráticos de América Latina (CEDAL)


PNUD GUATEMALA


Vicepresidencia de la República Proyecto de Apoyo a la Vicepresidencia de la República en acciones relacionadas con la Transparencia, Anticorrupción y Acceso a la Información en Guatemala

Controlaría General de Cuentas de la República Fortalecimiento Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala – CGC

Ministerio de Finanzas Públicas Apoyo a la implementación de la estrategia de Modernización Fiscal

PNUD HONDURAS


Centro de Investigación y de Estudios Nacionales CIEN

Transparencia Electoral

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Alianza por la Justicia AJ

Movimiento Cívico para la Democracia MCD

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH

Gabinete Social Sistema de observatorios para el seguimiento de las metas del Milenio

PNUD PANAMÁ


Asamblea Nacional Fiscalización, Transparencia y Acceso a la Información de la Asamblea Nacional de Panamá

Ministerio de Economía

Universidades de Panamá

Fundación para la libertad ciudadana

Alianza Ciudadana Projusticia

Secretaría anti corrupción.

PNUD JAMAICA


Centre for Leadership & Governance, University of the West Indies, Mona

Building Civil Society Capacity to support good Governance by Local Authorities

National Association of Parish Development Committees (civil society)

Department of Local Government, Office of the Prime Minister

Social Development Commission

Press Association of Jamaica

Planning Institute of Jamaica (PIOJ)


PNUD SURINAME


The Ministry of Justice and Police Support for implementing the policy plan for protection of Legal Rights and Safety - Legal Protection and Human Rights, and Anti-Corruption

PNUD REPUBLICA DOMINICANA


Suprema Corte de Justicia Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional

Escuela Nacional

Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) Modernización del IDAC

Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana Fortalecimiento de la Cámara de Cuentas de la RD

Presidencia de la Republica Dominicana Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOB

Cámara de Diputados de la Republica Dominicana Fortalecimiento institucional y operativo de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

Senado de la Republica Fortalecimiento de las Capacidades de gestión de la Presidencia de la Republica Dominicana DIAPE-SIGOB

PNUD ARGENTINA


Oficina Anticorrupción – Gobierno Nacional Fortalecimiento Institucional Oficina Anticorrupción

Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia – Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Auditoría Ciudadana. Calidad de las Prácticas Democráticas en Municipios

Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia (SRIFD)

Construyendo Puentes: Planificación colaborativa para fortalecer los lazos entre el gobierno local y la sociedad civil en la Argentina

Subsecretaria de Coordinación – Ministerio del Interior de la Nación.

Modernización Tecnológica Del Archivo General De La Nación Modernización Tecnológica E Informatización Del Registro Nacional De Las Personas

Organismo Provincial de Ejecución: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Desarrollo Institucional De La Agencia De Recaudación De La Provincia De Buenos Aires

Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad de Buenos Aires

Apoyo al gobierno electrónico de la ciudad autónoma de Buenos Aires

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

Tecnologías de la Información y comunicaciones (TICs)

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

Informatización Del MRECIyC

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Modernización tecnológica e informatización integral del registro de las personas de la provincia de Buenos Aires

Red Nuestra Córdoba


PNUD BOLIVIA


Ministerio de Autonomía Proyecto de fortalecimiento de las capacidades Institucionales del Ministerio de Autonomía

Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Diseño del Programa de Servicio de Atención al Ciudadano SAC Bolivia

PNUD BRASIL


Comisión de Valores Inmobiliarios Modernización y Fortalecimiento Institucional de la Comisión de Valores Inmobiliarios

TJDFT (Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios)

Modernización del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y de Territorios

Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Fortalecimiento Institucional para la evaluación y gestión de la información del Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Salud Apoyo a la implementación de la política nacional de información e informática en la Salud

PNUD COLOMBIA


Ministerio de Hacienda y Crédito Público Apoyo al fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial

Alcaldía de Cartagena Transparencia en la gestión pública a nivel territorial en Colombia Mejoramiento de la Gestión Pública a Nivel Local Fortalecimiento de la política nacional y territorial de transparencia y buen gobierno

Gobernación de La Guajira

Gobernación de Santander

Congreso de la República Proyecto Fortalecimiento Democrático

PNUD ECUADOR


Municipio de Guayaquil Fortalecimiento Municipal de Guayaquil

Secretaria Nacional de Transparencia de la Gestión.

Asociación de Municipalidades del Ecuador

Contraloría General Del Estado

Consejo Nacional del Transparencia y Control Social.


PNUD PARAGUAY


Ministerio de Hacienda

Plan de Acción Anticorrupción de Unidades de Transparencia y Participación Ciudadana

Contraloría General de la República

Administración Nacional de Navegación y Puertos

Ministerio Público

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Corte Suprema de Justicia

Ministerio del Interior Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Interior para la realización del Censo Policial

PNUD PERÚ


Contraloría General de la República Veedurías Ciudadanas Aplicación piloto de veedurías ciudadanas en JUNTOS

Consejo de la Prensa Peruana (CPP) Medios de Comunicación y Democracia

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Implementación Observatorio Voto Electrónico en América Latina

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a nivel Comunitario

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública Fortalecimiento de las capacidades de los Gobiernos Regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia en la gestión pública

Defensoría del Pueblo

Gobiernos Regionales: Ayacucho, Ancash, Apurímac, Lambayeque, San Martín y Tacna

PNUD URUGUAY


Ministerio del Interior Apoyo al proceso de reforma del Ministerio del Interior

AECID

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay

Apoyo a la ejecución del Programa de mejora de calidad del gasto y del proceso presupuestario Apoyo a la ejecución del Sistema Nacional de Inversión Publica

BID

Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC)

Apoyo a la gestión del gobierno electrónico en Uruguay

Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) Apoyo a la ejecución del Programa de País

PNUD VENEZUELA


Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

Apoyo a la Consolidación de la Modernización del Sistema Aduanero

Instituto Nacional de Estadística Fortalecimiento Institucional y Gerencial del Instituto Nacional de Estadística


PNUD ESCUELA VIRTUAL


UNDP-DGG/BDP.

UNDP CO Honduras.

UNDP CO Guatemala

UNDP CO Colombia

UNDP CO México

Centro Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA)

Fundación Carolina.

Universidad de los Andes - CIDER. Colombia.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México.

One world Trust.

IDEA - International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

UNDP- Oslo Governance Center

Democratic Governance Thematic Trust Fund - DGTTF

PNUD CENTRO REGIONAL


Universidad externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y Exteriores

Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Panamá

FLACSO - México

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

El acceso a la información gubernamental en América Central y México-PROYECTO TRAALOG

UNDP CO México

Universidad Indígena Boliviana “Tupak Katari” Proyecto TRAALOG

UNDP Bolivia

UNDP Colombia

Democratic Governance Thematic Trust Fund - DGTTF

UNDP Global Thematic Programme on Anti-Corruption for Development Effectiveness (PACDE)

PROYECTO TRALOG

UNDP Costa Rica

Escuela de Liderazgo Juvenil - Nicaragua

UNDP Nicaragua


Centro Regional para América Latina y El Caribe, Panamá

Área de Gobernabilidad Local y Descentralización / Gobernabilidad Democrática Proyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) Sitio en Internet: http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/gobernabilidad-local-y-descentralizaci%C3%B3n Fotos de Portada: Charlotta Sandin y Gerardo Berthin

http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/gobernabilidad-local-y-descentralizaci%C3%B3n

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PROGRAMAS ANTICORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE programas anticorrupciÓn en amÉrica...

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